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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 665, de 20/11/2018
cve: DSCD-12-CO-665
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 665
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Sesión núm. 27
celebrada el martes,
20 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario de Estado de Medio Ambiente (Morán Fernández):

- Para informar sobre las medidas que está impulsando el Gobierno en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001831) ... (Página2)

- Para explicar las causas y consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha condenado a España a una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/001142) ... (Página2)

Preguntas:

- Del diputado don Jordi Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre cantidad de dinero pagada por el Gobierno de España al Gobierno francés en concepto de almacenaje de residuos nucleares durante los años 2012 a 2016, así como penalización en caso de que no se termine la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas en el año 2017 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/009513). (Número de expediente 181/001272) ... (Página24)

- De los diputados don Félix Alonso Cantorné y don Josep Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre incendio producido en la central nuclear de Vandellós II el día 03/06/2018 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/034789). (Número de expediente 181/001275) ... (Página24)


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- De los diputados don Félix Alonso Cantorné y don Josep Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre pérdida de refrigerante del reactor en parada de Vandellós II (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/035896). (Número de expediente 181/001276) ... (Página24)

- Del diputado don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fundamentos en los que se basa el Gobierno para analizar una subida fiscal al diésel y efectos de dicha medida en el ámbito del transporte y de los consumidores (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/036103). (Número de expediente 181/001359) ... (Página25)

- Del diputado don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas y actuaciones previstas para estimular las distintas motorizaciones de vehículos alternativas a las que se ofrecen en la actualidad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/036480). (Número de expediente 181/001360) ... (Página25)

- Del diputado don Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre instalación de escolleras o diques en las playas de la Magdalena, Bikinis y Peligros de la ciudad de Santander (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/032880). (Número de expediente 181/001195) ... (Página31)

- Del diputado don Félix Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre previsiones acerca del inicio de las obras del pozo complementario que prevé el plan de restitución de la descontaminación del pantano de Flix para evitar las restricciones en el abastecimiento de agua a los vecinos de Mora la Nova y su preocupación sobre el uso y la calidad del agua que les llega a sus hogares (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/035814). (Número de expediente 181/001281) ... (Página33)

Se abre la sesión a las once de la mañana.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (MORÁN FERNÁNDEZ):

- PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ IMPULSANDO EL GOBIERNO EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001831).

- PARA EXPLICAR LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA QUE HA CONDENADO A ESPAÑA A UNA MULTA MILLONARIA POR TARDAR EN ADECUAR A LA NORMATIVA EUROPEA LOS SISTEMAS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL PAÍS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/001142).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenos días, señorías, bienvenidos, y le damos una especial bienvenida al secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán, que sabe llegar perfectamente a esta casa puesto que fue diputado de ella, y por tanto nos alegramos de volver a verle, en este caso a este lado no diría yo de la barrera, sino del diálogo que hoy se va a producir en torno al saneamiento y depuración de aguas.

Quiero agradecer también al Grupo Ciudadanos, particularmente a su portavoz, José Luís Martínez, que habían solicitado la comparecencia de la ministra, que hayan aceptado que, en nombre del Gobierno, la persona más indicada pueda responder a esa solicitud, que el Grupo Ciudadanos tenía mucho interés en que se sustanciara. Por tanto la petición del Gobierno sobre esta cuestión más la de Ciudadanos nos


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lleva a un debate que, como quedamos en la Mesa, queremos que sea un debate en profundidad y tengan ustedes el tiempo suficiente, no más de diez minutos, y empezaríamos, cuando llegue el turno, con el proponente de esta iniciativa, el Grupo Ciudadanos.

Sin más dilación, dándole de nuevo la bienvenida a nuestro secretario de Estado, le cedemos la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, uno siente una cierta nostalgia al volver a esta casa después de unos cuantos años de haber dedicado tiempo al trabajo en la Cámara. Me resulta relativamente sencillo ponerme en su papel. Creo que me va a resultar más complicado hoy ponerme en el papel del Gobierno que en el papel de diputado, con lo cual espero responder satisfactoriamente a las cuestiones que quieran ustedes plantearme.

A raíz de un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, y con un largo recorrido de tramitación, se produce una resolución final que se traduce en una sanción comunicada al Reino de España, y entendíamos que por su especial interés era obligado dar cuenta a la Cámara de los hechos producidos, de la situación que ello generaba, del impacto en términos presupuestarios y, cómo no, las previsiones de cara al futuro de cómo el Gobierno entiende que deberíamos abordar una solución razonable al problema generado.

Efectivamente tras numerosos apercibimientos la Unión Europea le impuso al Reino de España una multa coercitiva de 10950000 euros por semestre de retraso en la culminación de los objetivos en materia de saneamiento y depuración de aguas, y una suma a tanto alzado de 12 millones de euros por incumplir la normativa comunitaria de saneamiento de aguas en diecisiete aglomeraciones urbanas. Hay otros sistemas de saneamiento y depuración, con carta también de emplazamiento o en fase contenciosa o judicial en distintos momentos procesales, sobre todo en este caso en pequeñas aglomeraciones, en zonas sensibles.

Además del perjuicio para el medio ambiente y las finanzas públicas, lo más preocupante es que estas sanciones erosionan de forma notable la credibilidad del Reino de España en sus compromisos adquiridos en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, lo que dificulta en cierta medida la capacidad de coordinación con los organismos europeos; aparte de que restan recursos que deberíamos dedicar a la mejora de la calidad de las aguas, y representan una amenaza de sanciones mayores y pérdida de acceso a posibles fuentes de financiación. Nuestra voluntad, la voluntad del Gobierno es que tengan una respuesta clara y satisfactoria, que también debería servirnos como una oportunidad para preparar una estrategia integral y decidida de mejora de la calidad de las aguas en nuestro país. Por ello entendemos que debemos dar prioridad y urgencia a resolver los problemas que nos plantean los procedimientos ya abiertos, pero que ello no impida que pongamos en marcha un mecanismo de planificación y anticipación que evite que vuelvan a repetirse situaciones como estas, de tal manera que planteemos una política a medio y largo plazo coordinada de la calidad de las aguas con el conjunto de las administraciones públicas, y que trate todas las fuentes de contaminación, desde las urbanas hasta las industriales o las agrarias. Para ello, como he comentado, es imprescindible trabajar con las administraciones locales, con las administraciones autonómicas, abordar los problemas de financiación y hacer una programación realista de inversiones, y una gestión integral lo más estricta posible.

Saben ustedes que el grueso de la competencia en materia de saneamiento y depuración corresponde a las autoridades locales, y que son las corporaciones locales las que directamente, o en su caso a través de las diputaciones provinciales o de las propias comunidades autónomas, prestan estos servicios, y por tanto son responsables en último término de la depuración de las mismas. Pero a nadie se nos ocultan las graves dificultades que en algunos casos ciertas corporaciones locales tienen para hacer frente a estas obligaciones.

La pregunta fundamental que nos trasladan al Gobierno para esta comparecencia de hoy se refiere a las causas y las consecuencias de la sanción. La directiva de la Unión Europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, Directiva 9/271, tiene como objeto proteger el medio ambiente de las repercusiones que producen las aguas residuales urbanas, por lo que establece una serie de obligaciones a los Estados miembros en función del tamaño de las aglomeraciones urbanas vertientes y de la categoría y consideración de las masas de agua receptoras. Además dispone de un calendario para su cumplimiento, también en función del tamaño de las aglomeraciones y de las obligaciones en materia de recogida de aguas o de tratamiento.


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No se nos oculta que se produce una cierta paradoja, puesto que en la aplicación de los principios de economías de escala, en la categoría temporal de inicio de las actuaciones, precisamente aquellas a las que se debe priorizar la ejecución de proyectos, corresponde a las grandes aglomeraciones urbanas, precisamente aquellas que en principio tendrían más capacidad para hacer frente con recursos propios a la ejecución de este tipo de proyectos, quedando siempre relegados, en función de los calendarios de ejecución, precisamente los espacios, entidades locales y zonas rurales que menos capacidad en principio tienen para atender este tipo de obligaciones, algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de planificar hacia futuro cuáles deben ser los mecanismos de solidaridad territorial que deban de aplicarse en estas y en otras infraestructuras.

Pues bien, la sentencia del pasado 25 de julio, comúnmente denominada de las Zonas normales 1, condena a nuestro país por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales procedentes de diecisiete aglomeraciones urbanas de más de 15000 habitantes equivalentes. Hablamos de zonas normales por contraposición a las zonas sensibles, que son aquellas que por su naturaleza requieren de un mayor control de la contaminación y mayor tratamiento. Mediante esta sentencia el Tribunal de Justicia declara que España ha obviado su obligación de dar cumplimiento a una sentencia previa de 14 de abril de 2011 del mismo tribunal, en la que se declaraba que treinta y ocho aglomeraciones no cumplían con los requisitos de la directiva. Debemos aclarar que esta sentencia condenatoria con multa coercitiva a nuestro país, que se aplicará con carácter semestral, permanecerá hasta que la última aglomeración urbana cumpla con los requisitos establecidos por la normativa. Luego comentaré en qué términos esta cuestión ha sido tratada con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión. Teniendo en cuenta que hay ya una sanción a tanto alzado, más una multa coercitiva con carácter semestral, ello supone que ya en el año 2018 esto representa, en términos de afectación presupuestaria a los Presupuestos Generales del Estado, del orden de algo más de 22 millones de euros, y aproximadamente 11 millones de euros por semestre a partir del primero del próximo año.

Dada la gravedad de la situación el día 19 de octubre mantuve una reunión con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en Bruselas, y le informé personalmente del calendario de ejecución de las depuradoras, pero a su vez estableciendo un compromiso de demostración de resultados para poder minorar progresivamente el impacto de la sanción, de tal manera que la propuesta que le hacemos a la Comisión es que, a medida que vayan entrando en funcionamiento algunas de las depuradoras que en este momento son objeto de sanción, la multa coercitiva pueda ir siendo minorada en función del volumen de habitantes equivalentes que quedarían atendidos con las instalaciones que fuesen entrando en funcionamiento. El mecanismo que aplica la Comisión en estos casos, una vez que se certifica la finalización de la obra y la entrada en servicio de la instalación, es que debe acometerse un periodo de demostración de tratamiento adecuado a los parámetros que establece la directiva marco de tres meses. Es decir, tendríamos que asumir que, a partir del momento de la entrada en funcionamiento de la instalación, durante tres meses esta debería ser sometida a los análisis que deberían ser remitidos a la Comisión, y sería a partir de ese momento cuando, si la Comisión se diese por satisfecha con la entrada en servicio de la misma, podríamos establecer un mecanismo de minoración del impacto de la sanción. En cuanto al pago de la suma a tanto alzado esta ya ha sido adelantada por el Estado, y en estos momentos se está preparando el acuerdo de Consejo de Ministros para la incoación del procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidad entre las administraciones responsables, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y procedimientos para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

Europa nos ha condenado por incumplimiento en diecisiete aglomeraciones, y conviene que sepamos en qué situación nos encontramos en estos momentos. De las diecisiete aglomeraciones incluidas en la sanción hemos podido avanzar -y se ha comunicado ya a la Comisión Europea- que ocho de ellas se encuentran ya en situación de cumplimiento. Serían en este caso Estepona y San Pedro de Alcántara, en Málaga; noreste-Valle de Guerra, en Tenerife; Benicarló, en Castellón; Peñíscola, en Castellón; Teulada y Rada de Moraira, en Alicante; Aguiño, Carreira y Riveira, en A Coruña; Santiago de Compostela y Vigo. De las nueve aglomeraciones restantes que se encuentran en situación de incumplimiento se está trabajando para revertir esta situación; de estas nueve, cuatro están declaradas de interés general, por lo que es el Estado el que tiene la responsabilidad de ponerlas en funcionamiento en el plazo más breve posible, y en ellas se está trabajando en estos momentos: a saber, Nerja, en Málaga; Matalascañas, en Huelva; Barbate, en Cádiz, y Gijón-este. Las cinco restantes son de competencia autonómica: se trata de Alhaurín el Grande, en Málaga; Coín, en Málaga; Isla Cristina, en Huelva; Tarifa, en Cádiz, y Valle de


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Güímar, en Tenerife. Por otro lado, en relación con la depuradora de Tarifa, de competencia autonómica, es importante señalar que ya dispone de su correspondiente estación depuradora de aguas residuales, si bien las muestras obtenidas fuera del periodo estival, en el que la carga es más elevada, no satisfacen las exigencias de la directiva, en relación con lo que antes comentaba de tener durante un periodo de tres meses en pruebas el funcionamiento de las estaciones para que la Comisión las acepte.

Sobre las demás actuaciones en aglomeraciones urbanas en situación de incumplimiento les podemos adelantar la siguiente información. A lo largo de este año 2019 o como máximo en el primer trimestre del próximo año concluirían y entrarían en funcionamiento cinco de las nueve, que serían Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón-este, dependiendo en cada caso de las tramitaciones ambientales que corresponden en algún caso a alguna de ellas. En concreto Nerja está prácticamente finalizada, con un grado de ejecución del 93 %; quedarían pendientes de terminar las estaciones de bombeo de Burriana y Chillar y determinados tramos de colectores que discurren en este caso por el casco urbano. Por lo que se refiere a Gijón-este, a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional, se ha iniciado un nuevo procedimiento de evaluación ambiental, y está en estos momentos en marcha, concluido el periodo de información, el estudio de impacto ambiental, y una vez finalizado se redactará el informe de alegaciones y se someterá a la declaración de impacto ambiental. En 2020 está previsto que se terminen otras dos depuradoras, que son Matalascañas y Valle del Güímar. En el caso de Matalascañas tiene el anteproyecto en redacción, con una previsión de que finalice su redacción a finales de este mismo año 2018, y en cuanto a Barbate la actuación se encuentra en fase de licitación de la redacción del proyecto y de estudio de impacto ambiental. Prevemos que podría estar finalizada su tramitación en el primer semestre de 2019, y con este calendario tenemos la previsión, si no ocurre ninguna inconveniencia por el camino, de que pudiese entrar en funcionamiento en el año 2022; en el caso de Barbate sería la instalación que entraría en funcionamiento más tarde, con lo cual estaría sometida a un procedimiento de sanción más alargado en el tiempo.

Junto con estos hay otros procedimientos abiertos, concretamente cuatro procedimientos de infracción contra nuestro país en materia de saneamiento y depuración. El primero de ellos, el llamado procedimiento de zonas sensibles, afecta a aglomeraciones con población superior a 10000 habitantes equivalentes que vierten en zonas que por sus características requieren de un mayor control de la contaminación. Este procedimiento cuenta con sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016, y actualmente está en fase de carta de emplazamiento por ejecución de la misma, y afecta a cuatro aglomeraciones urbanas de competencia autonómica: Pontevedra, Marín, Poio y Bueu; Berga, en Barcelona; Figueres, en Girona, y el Ter y Banyoles, en Girona. Respecto de la estación depuradora de aguas residuales que depura los vertidos de Pontevedra, Marín, Poio y Bueu, ha sido necesario otorgar una concesión a Augas de Galicia, dado que ocupa dominio público marítimo-terrestre y esta concesión fue otorgada en mayo de este mismo año.

El segundo, el llamado procedimiento de pequeñas aglomeraciones, relativo a aglomeraciones con población entre 2000 y 15000 habitantes equivalentes que vierten en zonas normales, o aglomeraciones con población entre 2000 y 10000 habitantes equivalentes que vierten en zonas sensibles, se abrió en 2012 y actualmente está en fase de dictamen motivado; afecta a seiscientas seis aglomeraciones urbanas, de las cuales ochenta son de competencia estatal. En julio de 2015 se remitió a la Comisión Europea la información aportada por las autoridades españolas y estamos a la espera de conocer respuesta de la Comisión.

El tercero son los procedimientos abiertos en 2016 y 2017 a raíz de la evaluación de los informes bienales sobre el cumplimiento de la directiva que afectan a zonas normales y sensibles, y que en la actualidad están también en fase de carta de emplazamiento. El procedimiento abierto en 2016 afecta a doscientas cuarenta y una aglomeraciones, cincuenta y una de ellas declaradas de interés general. En mayo de 2017 se remitió a la Comisión el informe de respuesta elaborado por el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, junto con el informe de respuesta elaborado por las comunidades autónomas afectadas por este expediente. En cuanto al procedimiento abierto en 2017, con solicitud de prórroga rematado en enero de 2018, dado el aplazamiento que había concedido en contestación a la carta de emplazamiento de la Comisión, implica a ciento ochenta aglomeraciones urbanas, de las cuales dieciocho son de competencia estatal, y en este caso ya se están tomando medidas para cumplir con la directiva, de las cuales se ha dado traslado a la Comisión, información que les apunto por encima. Dos aglomeraciones -en este caso Ibiza y Santa Eulària des Riu- en islas Baleares están actualmente en ejecución; seis aglomeraciones -concretamente Albacete, en Castilla-La Mancha; Avilés,


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Gijón oeste y Las Caldas, en Asturias; Muro Platja en las islas Baleares y Granadilla en las islas Canarias- cuentan con anteproyecto redactado, y siete aglomeraciones -Amarilla Golf, Costa del Silencio, La Bastona y La Quinta, en Canarias, e islas Mayor y Moguer, en Andalucía- tienen en estos momentos el anteproyecto en proceso de redacción. No son estos los únicos casos que podrían ser objeto de sanción económica. De las casi 2100 aglomeraciones de más de 2000 habitantes equivalentes que tienen que depurar sus aguas en España, unas 550 estarían en situación de incumplimiento, según el último informe bienal preparado con información de las comunidades autónomas. Ante esta situación resulta imprescindible hacer frente al reto de mejorar la calidad del agua y reforzar los sistemas de depuración con visión de conjunto, y en estrecha coordinación con todas las administraciones implicadas. Así el Gobierno, en el marco de su política para la transición ecológica y en concreto para el ámbito del agua, sigue trabajando para poner en marcha las actuaciones concretas que antes he mencionado. Trabajamos ya en medidas de actuación a medio plazo, para lo que se ha redactado, y está en estos momentos en exposición pública, un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, proyecto que sabemos que tiene que considerar un elemento sustancial que nos debe llevar a replantearnos el proceso inercial con el cual hemos venido dando respuesta, este y otros países, a problemas de estas características, y que es, ni más ni menos, el que el cambio climático está poniendo ya de manifiesto en los últimos años. Las infraestructuras de depuración no tienen capacidad para gestionar las aguas pluviales; en la mayoría de los casos los núcleos no cuentan con redes separativas, una cuestión que no obedece solamente a problemas generados por meteorología extrema, sino por el hecho de que los modelos de urbanización, en el caso de las ciudades, no tienen en cuenta procesos de permeabilización urbana, con lo cual las calles se convierten en auténticos canales y los drenajes unitarios acaban transformando el agua de tormenta en vertidos directos. Nos encontramos también en zonas costeras con problemas de posible reversión de aguas fecales debido al aumento del nivel del mar, y lo que ello supone para redes que estaban diseñadas para unos desemboques a unas alturas que en estos momentos están claramente superados.

El Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 precisaba de un nuevo plan de actuación, y es el Plan Dsear el que tiene vocación de sustituir a aquel Plan Nacional de Calidad de las Aguas, ya que no había una herramienta normativa que la hubiese sucedido. En este plan prevemos reorientar la forma en que se gestionan las aguas pluviales, de manera que podamos orientarlas hacia sistemas urbanos de drenaje sostenible, de tal manera que la planificación de infraestructuras se adecue a las necesidades reales de depuración de aguas, que en este caso son aguas residuales de vertidos urbanos y no aguas pluviales. En un contexto de cambio climático al que me refería debemos estar preparados para solventar las puntas de las avenidas construyendo ciudades más permeables a través de otro tipo de pavimentos, parques urbanos susceptibles de acoger los excesos de pluviosidad, espacios verdes, que en combinación con las infraestructuras llamadas convencionales aumenten la resiliencia urbana frente a los riesgos del cambio climático. De hecho la directiva de inundaciones constituye una oportunidad, pues promueve estrategias innovadoras basadas en la reordenación de territorios inundables, recuperación de riveras y meandros, ampliación de espacios fluviales, y en definitiva la incorporación de las llamadas infraestructuras verdes en la planificación hidrológica. Además de contribuir a la adaptación al cambio climático tales soluciones pueden suponer ahorros significativos frente a alternativas convencionales, como ha venido siendo el sobredimensionamiento de depuradoras y de tanques de tormentas. Las soluciones tienen que estar en la prevención y en la reducción de riesgos, y no tanto en las soluciones a final de tubería, que suponen un coste incremental que incluso puede ser mayor que los beneficios de las propias actividades que lo generan. Hay que reconsiderar la conveniencia de más tanques de tormenta, más desnitrificación, más tratamiento terciario en zonas sensibles, y abrir la puerta a soluciones alternativas de menor coste que se deben de incorporar en nuestra práctica habitual. La respuesta a los nuevos retos -tampoco es que hayamos descubierto el Mediterráneo- exige más soluciones basadas en la naturaleza y no en contra de ella, como dice el informe de Naciones Unidas, Agua, de 2017. En paralelo somos muy conscientes del reto que implica el despoblamiento en buena parte de nuestro país, en territorios en los cuales la depuración de los núcleos menores de 2000 habitantes equivalentes sigue pendiente, está a la cola. A este tipo de soluciones pertenecen las soluciones más blandas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, los métodos extensivos de depuración como los humedales, lagunajes naturales, que se han implementado en España para pequeños municipios. Son más baratos, menos lesivos que los tratamientos más duros y convencionales, y no impactan en el principio de recuperación de costes en cuya aplicación, por cierto, también vamos retrasados.


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El plan establece los criterios generales, económicos, sociales y ambientales que permitan estudiar la viabilidad de las actuaciones y priorizar su ejecución, y define el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas. En materia de saneamiento y depuración los planes hidrológicos vigentes contemplan hasta 3500 medidas, que suponen una inversión estimada de unos 10000 millones de euros en los próximos dieciocho años. Aproximadamente dos tercios de estas medidas corresponden a las comunidades autónomas, mientras que el otro tercio se reparte entre la Administración General del Estado y las entidades locales. Concretamente la Dirección General de Agua prevé llevar a cabo hasta 2023 ochenta y seis actuaciones que cuentan con una financiación europea de 477 millones de euros. De ellas ya están iniciadas cuarenta y nueve, trece en ejecución, veintinueve en fase de redacción de proyectos, tres en fase de adjudicación de obras y cuatro en fase de adjudicación de proyectos. Por consiguiente hace falta revisar y actualizar las actuaciones planteadas, y para ello, además de priorizar, es importante fijar criterios generales y de coordinación que ayuden a clarificar si las actuaciones son viables. Los resultados de este proceso especial de planificación se integrarán en los mecanismos de planificación hidrológica formalmente establecidos, es decir, los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Dsear será un plan que complementará el proceso general de planificación en línea con lo previsto en la Directiva Marco del Agua sobre la posibilidad de programas y planes que complementen los planes hidrológicos de cuenca.

En conclusión creo que es ineludible que actuemos para mejorar la calidad de nuestras aguas y reforzar los sistemas de saneamiento y depuración. Más concretamente a corto plazo es imprescindible seguir trabajando para hacer frente a las consecuencias de la sentencia del pasado mes de julio y para evitar futuras sanciones. El Gobierno está comprometido en ello. En la reciente celebración del Consejo Nacional del Agua se hizo una puesta en común con el conjunto de los representantes en el consejo, se pusieron sobre la mesa los contenidos de las distintas materias a abordar: el propio plan en su fase inicial ya en información pública y los planes hidrológicos de tercer ciclo también en su fase inicial de participación pública. Comprometimos el proceso de participación dialogada con el conjunto de las comunidades autónomas, las administraciones locales y los agentes económicos y sociales. En estos momentos estamos en un proceso de recogida del retorno de la información de las primeras impresiones del conjunto de los miembros del Consejo Nacional del Agua, con la previsión de poner en marcha las mesas de coordinación, inmediatamente que concluya el primer proceso de información pública en el primer trimestre del próximo año.

En principio esta es la información que creía obligado trasladarles y quedo a su entera disposición.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Morán.

En primer lugar, toma la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Morán.

Le confieso que me hubiera gustado que usted hubiera empezado su intervención pidiendo disculpas a los ciudadanos, a la gente que deposita su confianza en nosotros para que gestionemos con eficiencia sus intereses, a los que nos votan para que gestionemos la cosa pública. Y pienso también que hoy quien debería estar aquí es la ministra para explicarnos a los ciudadanos qué han hecho usted en estos veintisiete años en los que se han ido alternando en los diferentes Gobiernos -tanto en el estatal, el autonómico y municipales- con el Partido Popular. ¿Qué han hecho ustedes en estos veintisiete años y qué responsabilidad han tenido en todo este proceso? Creo que a ustedes les debería avergonzar que desde el año 1991 no se haya aplicado correctamente la normativa 91/271 por la cual todos los municipios españoles mayores de 15000 habitantes debían depurar correctamente sus aguas residuales. ¿Esto cómo debemos entenderlo? ¿Desidia, dejadez, incompetencia? ¿Cómo lo calificaría usted: indolencia, vaguedad política? ¿Usted cree que si fuera gerente de una empresa y dispusiera de veintisiete años para solucionar un problema y este acabara en los tribunales con un quebranto económico para los accionistas de esa empresa usted seguiría su puesto? ¿No tendría que dimitir, no le pedirían responsabilidades? Cualquiera de los que estamos aquí creo que hace tiempo estaríamos en la calle o por dignidad hubiéramos tenido que asumir las responsabilidades y dimitir. No le voy a pedir a usted la dimisión, pero por eso digo que me hubiera gustado que hubiera empezado su exposición pidiendo disculpas a los ciudadanos porque usted ha hecho un relato frío de lo que acontece, de la situación en la que nos encontramos y cómo todo esto ha acabado esa bochornosa sentencia judicial que condena al Reino de España.


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Vamos a ir a la cronología del relato porque creo que los ciudadanos tienen que tener una visión de qué ha ocurrido. En el año 1991 se aprueba la directiva, en el año 2001 -diez años después- las ciudades y aglomeraciones debían tener ya sistemas de recogidas y tratamiento de aguas, en el año 2008 -tras varios apercibimientos de la Comisión Europea- nos demandan judicialmente. A pesar de eso, tenemos un plazo y en el año 2011 es cuando llega la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que nos condena por incumplimiento en treinta y siete zonas urbanas -como usted bien ha dicho- y nos da un nuevo plazo hasta 2013. En 2016 nos vuelven a apercibir; no nos dirá que no nos han avisado y que no hemos tenido suficientes oportunidades en el Reino de España para acometer todo esto a lo que nos estaban emplazando. Y definitivamente la bomba llega en 2017: después de veintisiete años nos multan a pagar los 12 millones que usted dice y los 11 millones que tenemos que pagar semestralmente hasta el pleno cumplimiento de la sentencia de 2011. Esos 11 millones suponen 61000 euros diarios. ¿Usted sabe en estos ayuntamientos y en estas comunidades autónomas la cantidad de políticas sociales que se podrían hacer con 61000 euros diarios? ¿No le abochorna? Se podría ayudar a muchas familias. Además, si la planificación vigente -como usted había dicho- no se altera no se cumplirá plenamente con la Directiva de Depuración de Aguas hasta el año 2022, como se reconoce también la propia ministra. Habrán transcurrido treinta y un años desde el año 1991 hasta cumplir plenamente con las obligaciones que teníamos planteadas por la directiva europea, treinta y un años. ¿No se plantea usted acelerar esos plazos? ¿Tiene previsto un plan de choque dado el interés general?

En Matalascañas y en Barbate, como usted bien ha dicho, ni siquiera están empezadas las obras y en Gijón -que está construida- se está en una maraña judicial que no sabemos cómo va a acabar. Treinta y un años, se recuerdo. Llegados a este punto me pregunto, ¿todo esto quién lo paga? Usted ha hablado de unos plazos y como bien dice el Real Decreto 515/2013 faculta a la Hacienda española para pasar las sanciones a la Administración local y a la administración Autonómica, pero creo que al final esto siempre lo paga el sufrido contribuyente, lo pagamos los ciudadanos, lo pagamos todos y en algunos casos hasta por partida doble y se lo voy explicar. De las siete de las nuevas localidades que todavía están apercibidas por tratamiento de agua urbanas, siete son andaluzas y ustedes, el Partido Socialista, llevan cuarenta años gobernando en Andalucía. Ahí no pueden diluir sus culpas, no pueden decir que las culpas han sido de otro Gobierno que ha llegado y no ha hecho su función. Pues bien, en estas siete aglomeraciones o poblaciones que son: Matalascañas, Isla Cristina, Barbate, Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande y Nerja -como usted ha nombrado- pagan doblemente porque tienen que pagar la sanción, pero previamente en el año 2011 el presidente del Gobierno andaluz, el señor Griñán, pusó un canon para depuración de aguas de 3 euros a pagar trimestralmente. A fecha de 2016 llevan recogidos con ese canon 390,9 millones de euros. ¿Qué han hecho ustedes con todo ese dinero, qué han hecho en Andalucía? Llevan cuarenta años gobernando la mayoría de municipios, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las diputaciones y han dispuesto de 390 millones de euros para depuración de aguas residuales, ¿En qué han invertido ese dinero? ¿Dónde están las depuradoras? Los andaluces van a pagar dos veces, una por el canon y ahora por la multa, porque usted ha dicho que en función del real decreto europeo pasaremos la sanción a los responsables, en este caso la Administración local.

Si Andalucía fuese una empresa, ¿a quién deberíamos despedir? En mi caso lo tengo claro: despediría al PSOE de Chaves, de Griñán y de Susana Díaz. Ustedes, PP y PSOE, que son los que se han alternado en los gobiernos -durante estos treinta y un años casi que estamos a punto de llegar- han puesto a España en depuración de aguas en el puesto número 19 de los 25 Estados analizados de la Unión Europea, porque algunos no han aportado documentación. -En el puesto 19-. ¿Ustedes creen que apoyando mociones como las de Podemos para que sean empresas públicas las que gestionen los servicios vamos a solucionar este problema? Incluso después de haber oído al señor Errejón que hay que sembrar las empresas públicas de cargos para cuando los ciudadanos dejen de votarles, ¿usted cree que así vamos a succionar el problema?

La asignatura pendiente, y usted lo acaba de reconocer, siguen siendo los pequeños municipios; tenemos abiertos cuatro expedientes -como usted dice- con más de 1000 aglomeraciones o pequeños municipios urbanos. ¿Llegaremos a tiempo a solucionar este problema? ¿Cuánto dinero llevamos invertido en depuración, cuánto nos falta por invertir? ¿Es sostenible financieramente el sistema? ¿Me lo puede responder? Cada vez, es evidente, habrá menos dinero y será necesaria colaboración público privada. ¿Qué avances nos puede presentar en esta materia? ¿Podemos esperar algo con PSOE podemizado? Acaban de terminar los trabajos de la subcomisión de aguas y su partido suscribió el dictamen de Podemos dejando fuera el resto de grupos políticos. ¿Ese es el camino? ¿Así van a cumplir con las


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directrices europeas, van a resolver el problema de la calidad de las aguas y van a recuperar los acuíferos y a evitar un desastre hídrico en el sureste español? ¿Sin diálogo, sin consenso y dejando fuera de la solución a una gran parte de la sociedad española?

Acabo enseguida, presidente. Las políticas de agua deben ser fruto de diálogo y de consenso político y deben estar orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad ambiental y financiera para reforzar la seguridad jurídica, y todo desde una perspectiva de solidaridad social y equilibrio territorial. Por eso, desde mi grupo pensamos que es importante una ley de ciclo integral del agua urbana, un regulador independiente, corregir la falta de unidad de mercado y cumplir con la Directiva Marco de Agua, de recuperación de costes también; falta transparencia y una apuesta por el consumidor.

No improvisen con temas tan serios, no obstaculicen -como Podemos- soluciones duraderas fruto del consenso. Convoquen una mesa del agua donde estemos todos y trabajemos sobre el mejor asesoramiento científico. Si van por libre y desprecian la colaboración seguiremos en la chapuza, en la improvisación, en las multas de Bruselas y el deterioro del medio ambiente será imparable. Nos estarán negando el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.

Le advierto que ha empleado aproximadamente nueve minutos, lo digo para la réplica.

Ahora pasaríamos al Grupo Mixto que, si no me equivoco, va a tener dos portavoces. En primer lugar, tomaría la palabra el señor Martínez Oblanca, a quien le damos la bienvenida a esta Comisión -creo que no pertenece a ella-, y con mucho gusto le escuchamos.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor secretario de Medio Ambiente. Sin ánimo alguno de menospreciarle, también coincido en que este es un asunto en el que debería haber comparecido la propia ministra de Transición Ecológica, que es política de gatillo fácil -como bien sabemos- a cuenta de sus irreflexivas decisiones que tienen en jaque a la industria electrointensiva, a las cuencas mineras y a la automoción -entre otros sectores-, pero se ve que en esto de la calidad de las aguas la señora Ribera prefiere delegar.

Señor Morán, es usted asturiano -al igual que yo- y solo por esa condición añadida a las de sus altas responsabilidades políticas le supongo muy preocupado por un asunto que afecta a la población más numerosa de Asturias, a Gijón, que desde hace más de dos décadas tiene un grave problema medioambiental derivado de la gran chapuza político-administrativa construida en forma de depuradora de la costa este de la ciudad en la zona conocida como El Pisón.

En la batalla del Estado de derecho frente al Estado de deshecho va ganando la ley, pero va perdiendo la ciudad, porque en 2018 la cuestión es que las aguas residuales que generan 150000 habitantes no tienen tratamiento alguno y el material orgánico se vierte directamente al mar Cantábrico. Este no es un asunto novedoso, como tampoco lo es la preocupación de muchos ciudadanos y las incógnitas sobre la solución definitiva al problema de esta depuradora. El ayuntamiento, a través de su alcaldesa, se dirigió por carta al ministerio, usted se reunió con ella el pasado verano, pero el caso es que en Gijón seguimos sumidos en la incógnita. Tiene la ciudad el dudoso honor de ser copartícipe de una sanción costosísima para España en términos económicos y costosísima en términos medioambientales, y concretamente sobre la calidad de sus aguas. Usted nos acaba de explicar que el ministerio trata de revertir la situación, como corresponde a las obligaciones del Estado por tratarse de una asunto que es de interés general y, por tanto, competencia del ministerio.

En Foro no creemos en las maldiciones como pretexto para las calamidades que tienen origen político, pero en este asunto de la depuración de las aguas en Gijón, esta calamidad medioambiental impropia del siglo XXI, e inaceptable, mírese por donde se mire, sí sería de aplicación la ley de Murphy: Si algo puede salir mal, pasará. Me temo, señor secretario de Estado, que estamos instalados en la ley de Murphy. Empezó muy mal, allá por 1991 -por situarnos, Gobiernos simultáneos socialistas en Gijón, en Asturias y en España-, con un plan general de saneamiento que dio pie a la división de Gijón en dos cuencas, de las cuales la este derivó en instalaciones cuya ubicación vulneró la ley y, de hecho, reiteradas sentencias judiciales, al más alto nivel incluso, han dado la razón a los vecinos que recurrieron. Por tanto, el problema tiene un origen político y su desarrollo también; nada de maldiciones. Quisiera escuchar del secretario de Estado certidumbres ante un asunto de absoluta prioridad para Gijón, para Asturias y para España. Las preguntas, señor secretario de Estado, son inevitables: ¿Cómo se va a solucionar este grave problema de la falta de depuración en Gijón? ¿Cuándo estima usted que se va a solucionar, es decir, en qué fecha?


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¿Cuánto tiempo hay que sumar al más de un cuarto de siglo que acumula esta lamentable historia? Y una pregunta final: los vecinos han obtenido, inequívocamente, como dije antes, el respaldo de la justicia y han anunciado nuevos recursos ante la información pública del nuevo estudio de impacto ambiental publicado hace exactamente dos meses en el BOPA y en el BOE, y ya no solamente plantean recursos administrativos, sino que advierten de la aplicación del Código Penal ante nuevas medidas que, a criterio de su representante legal, pueden ser objeto de querellas. La pregunta es: ¿Maneja el Ministerio de Transición Ecológica alternativas para dar solución a un problema tan complejo?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.

Señor Bataller, tiene usted unos tres minutos aproximadamente.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.

Señor Morán, buenos días; en nombre de Compromís agradezco su presencia en esta Comisión y le agradezco la claridad de las explicaciones que nos ha ofrecido. Entiendo que, efectivamente, el Gobierno del que usted forma parte lleva poco tiempo en funciones, se ha encontrado con un problema que se arrastra desde hace tiempo, pero no podemos dejar de reparar en que el sistema bipartidista en el que nos hemos movido hasta ahora es el responsable de que se haya tomado con mucha frivolidad el poder coercitivo de las sanciones derivadas de las sentencias que vienen de la Unión Europea. Por eso estamos acumulando una situación que viene de hace muchos años y efectivamente en los últimos tiempos se ha convertido realmente en explosiva por los efectos lesivos que tiene. Y ahora, corriendo, tenemos que intentar repararlos. Coincido con usted en que la solución es, al final, la prevención de riesgos; no ir al final de la tubería sino actuar antes, conseguir unas ciudades más permeables, unos parques urbanos y, en definitiva, aumentar la resiliencia urbana. Todo esto es importante, coincido, y deseo que rápidamente se consiga acabar con las obras que tienen en marcha.

No puedo dejar de referirme a un problema que tenemos a día de hoy, y es que estamos evidenciando los efectos del cambio climático. Las lluvias torrenciales que estamos padeciendo tienen las consecuencias que hoy mismo estamos viendo, con desbordamiento de ríos, por ejemplo el río Xúquer en Valencia, y estamos viendo también que hay una situación en la cual la gota fría ha dejado de ser un fenómeno del otoño, se ha ampliado prácticamente a todo el año y esto nos genera unos grandes problemas por unos retos de gestión hidrológica -hay que conseguir que el agua permanezca más tiempo en los sistemas fluviales para que pueda almacenarse-, hay problemas de adecuada gestión forestal, porque el papel de los bosques es fundamental para conseguir el equilibrio en las cabeceras de los ríos, y es fundamental también que se ejecuten ya los planes antirriada, sobre los cuales quiero centrarme. Actualmente hay 136 municipios valencianos que se hallan en riesgo de inundación, de los cuales 48 tienen un riesgo alto y 88 un riesgo medio. Del Plan Antirriadas siguen sin ejecutarse obras importantísimas, entre ellas el drenaje de la rambla de Alcalà de Xivert, el encauzamiento del barranco Juan de Mora en Nules, la ampliación del desagüe del riu Sec en Castellón, el drenaje de la cuenca del Poyo en el Parque Natural de la Albufera, el encauzamiento del Carraixet en Valencia, el Plan general de inundaciones del Júcar, el drenaje en la rambla de Gallinera, Gorgos, el río Girona... En fin, queda muchísimo por hacer y nos gustaría saber cuándo se va a encarar esto, porque los ayuntamientos no tienen por qué soportar el coste de las reparaciones causadas por la dejación de funciones de las confederaciones hidrográficas y, por ende, del ministerio. Tiene más sentido prevenir que estar cada año haciendo reparaciones y poniendo parches.

Por tanto -con esto concluyo-, le hago tres preguntas muy concretas: la primera es que queremos conocer si el Gobierno va a seguir con la política de sus predecesores de esconder la cabeza debajo del ala y dejar que sean las administraciones locales y particulares quienes paguen los daños o, por el contrario, si va a empezar a abordar las actuaciones pendientes del Plan Antirriadas. La segunda pregunta: por otro lado, ante las previsiones de los presupuestos prorrogados, nuestra preocupación es saber si pretenden utilizar el recurso al decreto urgente para otorgar créditos extraordinarios ante el peligro de los daños producidos por lluvias torrenciales en las últimas semanas en diferentes puntos del país. En tercer y último lugar, también me gustaría saber si se va a calificar alguna zona como catastrófica.

Es todo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.

Nos vamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, si no me equivoco, creo que también toman la palabra dos portavoces. En primer lugar, el señor Arrojo.


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El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señor presidente.

Creo que en este tema más valdría tener una posición de responsabilidad y humildad colectiva y partir -en eso puedo identificar algo de lo que ha dicho Ciudadanos- de una actitud de autocrítica general, porque en esto estamos incumpliendo desde muchos ámbitos de la Administración: desde el Gobierno -mirando para atrás, Gobiernos de distinto tipo-, pasando por comunidades autónomas y municipios. Tenemos responsabilidades muy compartidas. Los nuevos podemos llegar y decir que la culpa es toda de los viejos, pero sería injusto porque en el tiempo que llevamos aquí nosotros, cada uno que vaya mirando, pero hay también responsabilidades. Ciudadanos, por ejemplo, está colaborando activamente en bloquear la Mesa del Congreso y ahí tenemos leyes, en particular una que presenté yo, que fue bloqueada por el anterior Gobierno y que hablaba de estos temas, entre otras cosas. Pero no quiero entrar ahí. Hay que pasar de esa autocrítica colectiva para ser responsables de cara al futuro con responsabilidades concretas, y yo voy a ir a una parte pequeñita de lo que a mí me toca, mi compañero hará otras, y creo que por ahí vamos a avanzar.

Debo decir que estoy de acuerdo plenamente con el diagnóstico y el planteamiento que ha hecho el secretario de Estado. Lo comparto. Son cosas de las que hemos discutido en la subcomisión del cambio climático, que espero que también sea ratificada en el Pleno del Congreso y va en esa línea. En ese sentido estamos de acuerdo. Voy a plantear una explicación respecto al tema, quiero hacer una pregunta y haré alguna sugerencia. Mire, respecto al Plan de saneamiento de Aragón -telegráficamente-: zona declarada de interés general del Estado y, por tanto, obras de interés general del Estado; pueblos del Pirineo por zona sensible; 140 millones de euros enviados a Aragón, que el Gobierno de Aragón dilapida en otros usos con una actitud de comprensión de los sucesivos Gobiernos que ha habido, y no quiero decir de qué partido ni nada porque me da igual.

Las depuradoras no se construyen, los vecinos son multados por no tener las depuradoras que tenían que haber sido construidas, tienen el impuesto de contaminación del agua -un impuesto oscuro donde lo haya- sin ser depuradoras y pagan máximo canon de vertido por no tener depuradoras, cuando tienen, además, cedidas las competencias al Gobierno autónomo. ¡Una vergüenza torera! Y ahí la responsabilidad entiendo que es del Gobierno de Aragón, y lo digo francamente, gobierne quien gobierne. ¡Es una vergüenza! Ahora bien, el Gobierno central es el que vigila el interés general del Estado y ha mandado 140 millones. ¿Qué actitud tiene el Gobierno ante el Gobierno de la Comunidad Autónoma en esta materia? Si no cumple definitivamente después de que el Partido Popular le dio dos años más generosamente, no sé muy bien por qué, si no cumplen los dos años para la construcción de las depuradoras para las que tiene o tenía el dinero, ¿que hará el Gobierno de España respecto a las obras de interés general?

Segunda cuestión muy rápida y es en la línea de decir que hay algo muy positivo, pero no lo estamos aprovechando: el medio rural y los pequeños pueblos. En Aragón, en toda la España interior, tenemos muchos núcleos que no tienen información, que no tienen medios y que, sin embargo, el Gobierno de Zapatero ya, y luego lo ratificó el Gobierno del Partido Popular -ahí está- encomendó a un equipo del Cedex a hacer un libro de recomendaciones a los alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños de menos de 3000 habitantes, documento que está en la clandestinidad. En Aragón ha sido escondido a los alcaldes -ha sido escondido-, y ahí se recomiendan justamente buenas prácticas de depuración extensiva que pueden salir entre diez y veinte veces más barato que lo que se está haciendo y no es la culpa de los alcaldes. Entonces, tenemos un buen documento y pregunto: ¿Hay seguimiento? Porque se podría actualizar con buenas prácticas, pues ya tenemos una evolución. Segundo, hay una sugerencia: hagamos incentivos a buenas prácticas en este campo porque son miles de núcleos, y valdría la pena ahorrar dinero y ayudar a la gente que está ahí abajo, que no tiene medios y que no tiene información.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor López de Uralde, unos tres minutos aproximadamente.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Es evidente, tal y como mi compañero Arrojo ha dicho, que la situación con respecto a las aguas residuales en España es verdaderamente dramática, y llama la atención -teniendo en cuenta que somos un país donde el agua es un recurso escaso y, efectivamente, como consecuencia del cambio climático lo va a ser cada vez más- que esta situación se esté dando desde hace tanto tiempo, es decir, la dejadez sobre la calidad de las aguas en un país donde hablamos mucho de la cantidad y tenemos poca.

Me gustaría centrarme, en concreto, en una comunidad autónoma, que es la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde un total de seis núcleos urbanos se encuentran incluidos en dos procedimientos


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abiertos por la Unión Europea por el incumplimiento de la Directiva en materia de saneamiento de aguas residuales. Todavía no han sido objeto de multa, sin embargo, pueden serlo porque hay iniciados dos procedimientos en los que se incluyen a seis municipios y comarcas vascas. En concreto, en el caso de Euskadi el punto negro, el territorio más conflictivo en materia de aguas residuales, es Álava, donde nos encontramos con que la ausencia de depuradoras en la comarca de Ayala hace que los vertidos de un total de 35000 personas, industrias e instalaciones de la zona se viertan directamente al río Nervión sin ningún tipo de depuración. El estado del Nervión en ese punto es calificado como muy deficiente por parte de la empresa pública vasca URA y el impacto ambiental es permanente, aunque llega a los medios de combinación solo de manera ocasional cuando hay puntos de vertido realmente altos. Los estudios de URA demuestran que en Euskadi el verdadero punto negro -insisto- es Álava y, en concreto, la zona del alto Nervión, Llodio y Amurrio y también el Zahorra, especialmente en Agurain. Analizando los datos de 2017, de los treinta expedientes abiertos, más de la mitad corresponden al territorio de Álava.

Debido a esta falta de depuración de aguas residuales, se están incumpliendo también en Álava las directivas en materia de aguas residuales y las de protección y salud del medio ambiente. Por eso me gustaría hacer unas preguntas concretas específicas sobre la situación de la depuración en estos territorios: ¿Cuál es la situación en que se encuentran los proyectos de depuradoras de Llodio y de Ayala en Álava? ¿Qué fecha tienen de finalización estos proyectos, según estimaciones del ministerio? ¿Se han mantenido contactos con el Gobierno vasco para acelerar los siguientes pasos y que las depuradoras sean una realidad en el menor tiempo posible?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por atenerse estrictamente al tiempo.

Toma la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lamuà Estañol.

El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señor secretario de Estado. Iba a empezar de otra manera, pero no puedo más que cambiar el inicio de la intervención debido a algunas de las intervenciones que me han precedido, porque algunas de ellas han demostrado que uno puede ser crítico y que uno puede ser incisivo en sus preguntas sin que ello desvirtúe la institución en la que nos encontramos y el objetivo al que venimos hoy. Porque pedir cuentas de una manera global del sistema bipartidista cuando uno ha sido muleta aquí y allá del mismo sistema es, cuando menos, indignante. Ha sido un partido muleta de uno de los peores Gobiernos de España, si no el peor en materia de medio ambiente, y venir a dar lecciones de moralidad todavía es más complicado de entender, y más cuando escuchábamos al interviniente del Grupo Ciudadanos pedir cuentas de una manera global de instituciones sobre las que solo tiene el Gobierno que velar para que todo se cumpla. Por tanto, más que venir a interpelar al Gobierno de España, uno diría que han venido a hacer un spot de campaña de las elecciones andaluzas. Puedo entender que algunos tengan candidatos un poco flojos y que les tengamos que dejar prestadas en otras partes del Estado a nuestras candidatas para toda la campaña, pero aquí hoy no venimos a hacer campañas andaluzas, sino a interpelar al Gobierno. La pose de indignados de algunos partidos habría sido creíble quizás hace unos años, pero ahora no parece más que histrionismo mal articulado de un partido que cada semana nos demuestra que está desorientado, sin dirección y con un espacio político que se achica semana tras semana. Les aconsejaría que volvieran a ser útiles para el país en su política y que no estuvieran solo centrados en la competencia dentro del campo de la derecha.

Ahora sí, señor secretario; yo empezaba por el final de su intervención cuando en sus conclusiones usted decía que lo principal ahora es abordar las consecuencias de la sentencia, de manera rápida y eficaz, hallar soluciones y, a la vez, trabajar en paralelo para evitar nuevas sanciones por motivos similares. Me parece la posición más sensata y se lo han reconocido también otros intervinientes.

Empezaba por ahí porque contrastaba vivamente con la actitud de Ejecutivos anteriores, y en lugar de venir a escudarse usted hoy aquí en herencias adquiridas o a gesticular con impotencia, demostraba o creo que ha demostrado en su intervención responsabilidad de Estado. Las situaciones graves se enfrentan y no se limita uno hacer aspavientos ante una situación grave como la encontrada y con sanciones duras solo cabía acción inmediata, como usted nos ha relatado, que se llevó a cabo y puesta al día para evitar males mayores. Además, es evidente, como ha remarcado en la intervención, que a España a día de hoy después de unos años de impasse le hace falta un plan integral de depuración y saneamiento que se ajuste a la situación actual y que permita enfrentar con más garantías las situaciones venideras que ya podemos esbozar o anticipar en el horizonte. No solo que sea efectivo en el marco


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teórico; además, debía prever elementos tan mundanos como imprescindibles, que preocupaban a algún compareciente anterior, como la coordinación entre todas las instituciones a los distintos niveles que deberán enfrentar un mismo reto.

En el caso que nos ocupa hoy, creo que podemos decir que es un ejemplo más de los fallos u olvidos o pereza en la acción que el anterior ministerio de Medio Ambiente, bajo la batuta de la ministra Tejerina, nos dejó. Una de las máximas tareas de ese ministerio era hacer frente al reto de la mejora de la calidad del agua, del refuerzo de los sistemas de depuración y es evidente -de otra manera no estaríamos hoy aquí tratando ese tema- que eso no se llevó a cabo con todas las garantías y con las diligencias que tenía que haber tenido lugar. Esas emisiones cuestan hoy dinero a todos los españoles y a algunos municipios en particular, que deberían haber estado protegidos por la égida de ese ministerio y en realidad estuvieron largo tiempo desamparados por lo que hemos podido ver.

Es un caso similar a la prometida ley de cambio climático, que era comprometida comparecencia tras comparecencia pero que nunca llegó a aparecer. Sin embargo, este Ejecutivo socialista se remangó contrarreloj para tener un proyecto de ley que no solo llegará en tiempo y forma como se había comprometido, sino que además sin duda será mucho más ambicioso de lo que probablemente habríamos encontrado bajo la batuta popular, porque a nadie se le escapa que siempre flirtearon más con posiciones escépticas -cuando no negacionistas- que con la necesaria lucha contra el cambio climático y su origen antrópico. Aunque les puedan doler prendas a las señorías del PP, este Ejecutivo socialista está acabando y cerrando carpetas que estaban encima de la mesa de España y que el anterior Ejecutivo había olvidado algunas veces, dejando en entredicho la capacidad de nuestro Estado para ser un agente proactivo en la protección del medioambiente. Por eso, señor secretario, agradecemos no solo las explicaciones que hoy nos ha detallado aquí, sino también la capacidad de iniciativa demostrada desde que entró este nuevo Ejecutivo en estos temas y que se ha desprendido de su intervención detallada y técnica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.

Por último, la señora De Lara, en nombre del Grupo Popular, toma la palabra.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia para hablarnos tanto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea como para informarnos sobre el futuro plan de saneamiento, depuración, ahorro, eficiencia y reutilización, ya que ustedes así lo han llamado. Yo no voy a referirme a la sentencia del tribunal más que de pasada posteriormente, porque de esto ya se ha hablado aquí de forma reiterada. También se ha hablado aquí del informe de la subcomisión de Cambio Climático, aunque obviamente no era el motivo de la comparecencia. Yo voy a referirme al documento de directrices que ha salido a consulta pública. Yo sí me he leído el documento y me lo he leído varias veces. Leyendo el documento, veo que se refiere a la planificación hidrológica y a la necesidad de compatibilizar la consecución de objetivos ambientales con objetivos socioeconómicos; o sea, en el documento leo todo aquello que está defendiendo el Partido Popular. También en el documento se informa del Reglamento de Planificación Hidrológica, que en sus artículos 87 y 88 regula el seguimiento que los organismos de cuenca deben hacer de los planes hidrológicos y especifica el programa de medidas, el seguimiento que hay que hacer y la recopilación y el análisis de información diversa en cada materia. Señor secretario de Estado, creo que lo que ha salido a consulta pública, como estos anejos de inversiones, recogen las actuaciones y las medidas que plantearon los organismos de cuenca. Lo que ustedes han hecho en estos anejos que han presentado no es más que un corta y pega de todas estas medidas. No obstante, parece que esta vez sí piensan ustedes cumplir con la normativa vigente y presentar la planificación hidrológica del tercer ciclo en tiempo y forma, a la vez que cumplir con la Directiva de aguas residuales, y nos alegramos mucho de ello. Creemos que este es el buen camino.

Digo esto, señorías, porque quiero recordarles que en el año 2012, cuando llegó al Gobierno el Partido Popular, España incumplía las obligaciones europeas en materia de planificación hidrológica, ya que no teníamos aprobado el primer ciclo de planificación que debería haber estado finalizado en el año 2009 y la Comisión Europea había iniciado un procedimiento sancionador en 2010; ello pese a que los Gobiernos socialistas se gastaron cerca de 140 millones de euros en asistencias técnicas para la elaboración de estos planes de cuenca que nunca se hicieron. Sin planificación alguna presentaron su famoso Programa Agua, al que podremos referirnos posteriormente y cuyas consecuencias aún estamos pagando todos los españoles. En apenas cuatro años, señorías, el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo lo que tenía que


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haberse hecho en los ocho años anteriores y cumplió con la Directiva Marco del Agua. Aprobamos el primer y el segundo ciclo de planificación, lo cual no era solo necesario para el cumplimiento de la directiva marco y para evitar la apertura de nuevos procedimientos de infracción, sino para dar respuesta al compromiso asumido por el Gobierno de España en el marco del acuerdo de asociación para el período de programación de fondos europeos 20142020, evitando así que dichos fondos pudieran ser congelados. Asimismo, conseguimos que nuestros ríos estuvieran en mejores condiciones, un aspecto fundamental para la protección de los ecosistemas y la calidad de vida de los ciudadanos.

En materia de saneamiento y depuración, señorías, la situación en 2012 no era mejor. Acumulábamos tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la Directiva de aguas residuales y hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se declaraba que treinta y ocho aglomeraciones urbanas no cumplían con los requisitos de la directiva. Frente a esta problemática que teníamos, la planificación socialista de las inversiones no estaba dirigida a la ejecución de las actuaciones necesarias para poner punto final a estos expedientes ni existía una priorización de las actuaciones requeridas. Pese a la bonanza económica de aquellos años de Gobierno socialista, ustedes no se ocuparon de ello. El señor Zapatero planteó el famoso PlanE, los cheques bebé o el regalo de los 400 euros, pero nada en saneamiento y depuración. Señorías, en la Dirección General del Agua aparecieron deudas no contabilizadas por un importe superior a 350 millones de euros, que se unieron a las restricciones presupuestarias para poder cumplir con el déficit al que nos había llevado el señor Zapatero, al déficit presupuestario derivado de los compromisos adquiridos por más de 500 millones de euros y a los sobrecostes sistemáticos de las obras, ya que en los expedientes analizados la desviación económica media era del 29,72 %.

El Gobierno de Mariano Rajoy inició un cambio de rumbo con una auditoría de todas las comunidades autónomas para conocer la situación real de la depuración en España. De forma clara, objetiva y con visión de futuro se priorizaron las inversiones en función, en primer lugar, de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión al Reino de España, clasificándolas como prioridad 1 a 4. A ellas se sumaron las actuaciones que por su importancia o por su próximo incumplimiento serían las siguientes a acometer con prioridad 5. De forma complementaria, se puso en marcha el Plan Crece, aprobado en 2014 cuando se inició la salida de la crisis para garantizar una inversión de más de 1100 millones de euros en materia de depuración en los siguientes años. Para esta línea de actuación se obtuvieron ayudas comunitarias por un importe de 700 millones de euros. Por ello, señor secretario de Estado, me alegra oírle hablar de saneamiento y depuración para que no vuelva a producirse la situación que encontramos en 2012. A lo que usted llama medidas básicas en el documento que hoy no nos ha explicado -sobre el documento usted ha pasado de largo-, el Gobierno anterior las llamaba medidas prioritarias, pero eran las mismas. Son las medidas exigidas para el cumplimiento de los objetivos ambientales definidos en la directiva marco.

Señoría, por mucho que releo el documento no encuentro este plan de choque que usted anuncia. Veo un listado de actuaciones, todas incluidas en la planificación hidrológica del segundo ciclo y que ahora tocaba revisar, porque es como está establecido que debe hacerse la planificación hidrológica. Sí es novedosa la propuesta de normativas que enumeran, aunque no explica cómo van a aprobarlas con su minoría parlamentaria y con la inestabilidad de su Gobierno, constantemente sometido a los chantajes de los grupos que le apoyaron en la moción de censura a Mariano Rajoy, claramente ganador en los dos últimos procesos electorales. Señor secretario de Estado, nos parece interesante su propuesta de mayor cooperación interadministrativa. Evidentemente, una mayor cooperación entre las distintas administraciones en la gestión del agua es necesaria y en este punto debe quedar bien claro que las administraciones locales son las competentes en saneamiento y depuración y, subsidiariamente, las comunidades autónomas.

Se ha referido prolijamente a la sentencia. Ha sido usted muy claro. Lo lamentamos profundamente, pero hay que decir que de las treinta y ocho aglomeraciones urbanas incluidas en la sentencia en 2011 ahora quedan nueve y, de estas nueve que quedan, la mayoría están en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como aquí se ha dicho. Señor secretario de Estado, las directrices del plan que nos presentó y al que no se ha referido hacen hincapié en dos de los cuatro grandes ejes de actuación en torno a los que la anterior ministra Tejerina pretendía estructurar un pacto nacional del agua; un pacto nacional del agua que pretendía estructurar con usted, señor Morán. Dos de estos cuatro ejes son prioritarios en este documento y por ello nos preguntamos cuál ha sido el motivo por el que usted no quiso aprovechar la ocasión y elaborar con el Partido Popular un gran pacto nacional del agua que de una vez por todas solucionara la política del agua en España.


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Señorías, termino con unas preguntas. Cuando se refiere usted a propuestas de normativas, ¿está pensando en reales decretos? ¿Cómo piensa favorecer el fomento de la reutilización de aguas residuales regeneradas? Para financiar las actuaciones necesarias, ¿va usted a fomentar la colaboración públicoprivada? ¿Cree usted posible el consenso de la comunidad investigadora al que alude reiteradamente? ¿Van a mantener el principio de unidad de cuenca o repetirán lo que hicieron al traspasar las competencias del Guadalquivir a Andalucía? ¿Cómo van a reforzar las medidas de coordinación interadministrativa? ¿Considera oportuna la revisión del Plan Hidrológico Nacional? ¿Qué aspectos quiere revisar? ¿Cuál va a ser el plazo de vigencia de este plan que nos tenía que presentar y no nos ha presentado usted hoy aquí? Supongo que de seis años, como la planificación hidrológica. ¿Espera usted afecciones del cambio climático en este periodo de seis años? ¿Para cuándo las modificaciones normativas que se contemplan en el documento de directrices?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.

Terminado este turno, toma la palabra para la réplica el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoras y señores diputados.

Entiendo que estén decepcionados por que sea el secretario de Estado y no la ministra el que ocupe hoy la tribuna. En todo caso, en la medida de mis posibilidades, intentaré dar respuesta al conjunto de preguntas y cuestiones que han planteado ustedes aquí. Pero les diré que el ministerio, como no puede ser de otra forma, tiene la vocación de funcionamiento como equipo de trabajo, con una asignación de responsabilidades por áreas que a cada quien compete llevar a término, y, por desgracia para ustedes, las competencias de agua le tocan a este secretario de Estado.

Más allá de esta cuestión de principio, quisiera plantear algunas consideraciones respecto a temas que creo que sobrevuelan el conjunto de las intervenciones y, por tanto, obviaría luego ir dando respuesta a las cuestiones particulares que cada uno de ustedes vinieron planteando. Por empezar por la última referencia que hacía la señora Teresa de Lara, ¿esperamos afecciones en los próximos seis años en materia de cambio climático en la planificación en materia hidrológica? No los esperamos, se están produciendo. Tenemos que dar una respuesta en función del conocimiento cabal de la afectación que supone ya en estos momentos el impacto del cambio climático en nuestro país. Yo creo que esto, con carácter general, debe llevarnos a hacer una reflexión de país. Quisiera que, en este caso, trascendiéramos de las posiciones que cada quien, en términos ideológicos, pueda mantener y que son absolutamente legítimas. Creo que el reto de lucha contra el cambio climático trasciende de los muros de esta casa y de los debates en términos de partido. Si no somos capaces de establecer un mínimo acuerdo parlamentario con el Gobierno y de los Gobiernos entre sí, no vamos a ser capaces de implicar al conjunto de la ciudadanía en ese proceso. Si no hay implicación ciudadana, va a ser prácticamente imposible acometer con éxito ese reto que supone el proceso de mitigación junto con los mecanismos de adaptación en los próximos años a algo que va a cambiar radicalmente la forma en la que hemos entendido hasta ahora la relación de los ciudadanos con el medio en el que viven. Eso va a ser así y no es opinable, porque está sucediendo. Con lo cual, con carácter general, tengo que decirles que el cambio climático sí tiene que estar, debe estar y está en el eje de la revisión del modelo de gestión del agua en nuestro país, y por una razón muy sencilla: el agua es el elemento que garantiza la capacidad de desarrollo -básicamente, garantiza la supervivencia- de cualquier territorio. Si no somos capaces de trasladar un mínimo de certidumbre hacia el futuro respecto al aseguramiento del suministro de agua para las distintas actividades para las cuales es imprescindible, estaremos trasladando un mensaje muy inquietante al conjunto de la sociedad y afectando a muchas decisiones de futuro que conciernen al conjunto de la economía de nuestro país, más allá de las necesidades vitales que se nos plantean con carácter general.

Espero que no hayan visto en mi intervención, atendiendo a la del portavoz del Grupo Ciudadanos, ningún atisbo ni intento de diluir responsabilidades o de transferirlas a terceros. En el funcionamiento de un sistema democrático, cada Gobierno es tributario de lo que ha hecho el que le ha precedido y este, a su vez, del anterior y aquel del anterior. Y, lógicamente, el Gobierno que le suceda tendrá que recoger el relevo en las condiciones en las que se las dejan y acometer la gestión sin más. La responsabilidad de la situación de la gestión del agua en este país en estos momentos es del Gobierno de España, y es el Gobierno de España quien tiene que responder a las necesidades que se plantean.


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Permítanme el salto en las intervenciones, pero tengo que decir que el Grupo Popular ha hecho un análisis en su intervención respecto a la situación del país en el año 2012, que ha sido juzgada ya sobradamente por los ciudadanos en sucesivas convocatorias electorales. De alguna manera, ha intentado dar un informe de gestión respecto a lo que han sido los últimos años del Gobierno del Partido Popular, pero no era necesario, yo no se la he cuestionado. En todo caso, nunca viene mal que se haga este tipo de análisis. Si yo emplease tiempo en dedicarme a analizar cuáles han sido las responsabilidades que nos han podido traer hasta aquí sería tiempo que restaría a la necesidad de gestión para dar soluciones de cara al futuro, y no podemos permitírnoslo. Con lo cual, si me lo permiten, no voy a entrar en ese tipo de debates.

Agradezco al portavoz de Ciudadanos que no haya pedido mi dimisión. En todo caso, si la hubiese pedido, estaría en su perfecto derecho de hacerlo. Me gustaría que se hiciese un análisis, en el proceso de responsabilidades en la ejecución de quien tiene asumida en estos momentos la competencia de la gobernación del país, en términos de resultados, por lo cual, más allá de que ustedes entiendan que en determinados momentos deba ser la ministra quien deba comparecer aquí, quedo a su entera disposición para que en cualquier momento y respecto a cualquier cuestión que entiendan ustedes que debe ser sometida a su análisis y a su crítica este secretario de Estado estará siempre dispuesto a comparecer.

Como uno tiene que hacer una planificación de gestión del tiempo que, en términos de calendario democrático, le corresponde, este Gobierno ha hecho una planificación para la ejecución de alguna de sus responsabilidades en el periodo que resta de aquí a lo que sería el final de la legislatura, pero teniendo en cuenta una condición ineludible, y es que la planificación en materia de agua no se mide por periodos legislativos, y menos cuando hablamos de fenómenos de afectación, como son el cambio climático, cuando en el calendario global estamos hablando de necesidad de planificación de previsiones que nos colocan en el año 2050. Entenderán ustedes que tenemos que hacer una planificación que responda a las necesidades del corto, pero también del medio y del largo plazo, y no podemos deslindarlas del marco global que significa la elaboración de una ley de cambio climático como la que en estos momentos inicia su andadura. Pero, efectivamente, es necesario dar respuesta en el corto plazo a esta materia, y se ha hecho alguna pregunta respecto a qué previsiones de inversión tiene el Gobierno en estos momentos, qué compromisos de financiación tiene para acometer algunas de las actuaciones de urgencia. Creo que lo comenté en mi intervención, pero la planificación con la que en estos momentos se cuenta es de 10000 millones de euros para el periodo que afecta a la vigencia del Plan Hidrológico Nacional, que viene desde los planes hidrológicos de primer ciclo hasta la conclusión de los planes hidrológicos de tercer ciclo y que resta de aquí hasta la finalización. La previsión de inversiones en materia de saneamiento y depuración, con la incorporación de las variables de ahorro y eficiencia más la de reutilización, es de 10000 millones de euros. Estos 10000 millones de euros forman parte de un proceso de cooperación con el conjunto de las administraciones, que tienen, a su vez -también se señalaba aquí-, algunas de estas competencias atribuidas por sus estatutos de autonomía, en el caso de las comunidades autónomas, y por legislación estatal, en el ámbito de las corporaciones locales.

¿Quiere esto decir que el Gobierno abdica de su responsabilidad en materia de ejecución de una política que es de país, como es la del agua? En absoluto. Desde el principio venimos manteniendo encuentros periódicos con el conjunto de las administraciones, tanto locales como autonómicas. En los procesos de ofrecimiento de cooperación estamos evaluando las prioridades que marcan tanto las corporaciones locales como las comunidades autónomas. Creemos que es imprescindible establecer mecanismos de planificación que objetiven con claridad cuáles de las actuaciones deben ir antes y cuáles deben ir después, entendiendo que no es posible atender a todas las inversiones al mismo tiempo en el conjunto del territorio. Y en ese proceso de diálogo intentamos resolver, con la mayor eficacia posible, las urgencias que el conjunto de las administraciones nos trasladan. Por lo tanto, no le quepa a usted la menor duda de que en este proceso en el cual el diálogo está abierto con las administraciones que tienen competencias, el diálogo está abierto también con el conjunto de los grupos parlamentarios.

Ha hecho usted primero una descalificación general del documento que sale de la subcomisión de Clima y Agua y luego ha hecho un conjunto de aportaciones que yo, que me he leído el documento, veo que coinciden con las que aparecen recogidas en el documento que finalmente se aprobó por mayoría en la Comisión y que ahora pasa al Pleno. Eso me hace albergar algunas esperanzas de que, si no es posible el acuerdo en materia de agua en el cien por cien de las posiciones que mantengan los grupos parlamentarios, yo creo que no debería renunciarse a alcanzar un máximo esfuerzo en el encuentro, si es en un 70 %, en un 70 %, si es en un 80 %, en un 80 %. Pero, desde luego, no seré yo quien me inmiscuya en los procesos de debate y toma de decisiones del Legislativo. Sencillamente en aquellas cuestiones que


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ustedes consideren que puedan servir para orientar la política del Gobierno, ustedes tienen sus competencias para aprobarlas y remitirlas al Gobierno y el Gobierno tomará buena nota de ello. Si ustedes entienden que, una vez que hayan concluido este proceso, es necesario abrir un espacio de diálogo para evaluar la decisión que ustedes hayan adoptado con el Gobierno, como comentaba inicialmente, estaré a su disposición para poder hacerlo.

Al diputado Martínez Oblanca, que centra sus preguntas en el caso de la ciudad de Gijón -como no podía ser de otra forma, lo entiendo perfectamente-, tengo que decirle que fue una coincidencia el caso de la depuradora de Gijón, de la depuradora Este. No tiene que ver con el hecho de que yo sea asturiano, sino que sencillamente coincide en el proceso de relevo en el Gobierno un problema que emerge respecto a la gestión de las aguas residuales de Gijón. El primer encuentro institucional que me correspondió hacer ejerciendo ya en el cargo de secretario de Estado fue en el Ayuntamiento de Gijón. Intercambiamos -por su parte, la alcaldesa, por la mía, desde el ministerio- las previsiones en las que estábamos trabajando. Por parte del ayuntamiento se manifestó la absoluta voluntad de cooperación en coadyuvar a una solución lo más ágil posible y definitiva -en la medida de lo posible en el deseo coincidente tanto del ministerio como del ayuntamiento-, es decir, no sometida a los procesos de vaivenes judiciales a los que ha estado sometida en los últimos años.

Llegamos a un acuerdo de principios, primero, para evitar que nadie pueda interpretar que se producen situaciones de inseguridad jurídica porque haya decisiones predeterminadas en relación con la solución adoptada, decidimos no interferir en absoluto en el procedimiento administrativo que corresponde a la tramitación ambiental que es obligada una vez que se produce la sentencia correspondiente. No lo hice en aquel momento, lo entendió perfectamente la alcaldesa, y no lo voy a hacer hoy. Vamos a intentar que el procedimiento sea lo más ágil posible, es decir, que no se produzcan interferencias que se deban al procedimiento estrictamente burocrático de traslado de documentación interna. Vamos a intentar cumplir estrictamente con los calendarios que marca el procedimiento de la tramitación ambiental. Vamos a trabajar con la vocación -y así se lo trasladé a la alcaldesa- de que en el estricto cumplimiento de esos plazos, una vez que se produzca la culminación de los mismos, tomaremos la decisión correspondiente. Evidentemente, se incorporan las alternativas que son exigibles en el procedimiento de tramitación ambiental.

En relación con los afectados pasados, presentes y algunos que se entiende que pueden ser previsibles futuros -es tanto como anticipar cuál va a ser la solución pero algunos están diciendo que van a recurrir cuando ni el secretario de Estado ni la ministra saben cuál va a ser la solución ambiental definitiva-, quiero trasladar el absoluto criterio de respeto a la seguridad jurídica del conjunto de los afectados, de tal manera que no pueda haber menoscabo alguno en los derechos que les son atribuidos. En su momento, lógicamente, cada quien podrá hacer uso de lo que en derecho mejor le convenga. Pero en ese calendario, no vamos a aplazar ni un día las tomas de decisiones a partir del momento en el que los procedimientos se vayan culminando. En este momento se está en el proceso de evaluación de las alegaciones presentadas y espero que en un corto plazo de tiempo tengamos la capacidad para dar una respuesta y trasladar lo que usted exige -que comparto totalmente-, que es certidumbre al conjunto de la ciudadanía.

El diputado Bataller se planteaba la cuestión de si se va a volver a esconder la cabeza una vez más en relación con las competencias. No es mi voluntad, ni muchísimo menos. En los aciertos y en los errores reconoceremos nuestras responsabilidades y asumiremos las consecuencias. En estos momentos somos responsables de la gestión, se están produciendo fenómenos que están provocando afectaciones no menores en determinados territorios en nuestro país y van a requerir de respuestas ágiles y efectivas por parte de la Administración. Se ha adelantado la voluntad de solicitar declaraciones de zonas catastróficas en algunos casos, que tienen que ser evaluadas correspondientemente y que tendrán su resolución inmediata. Creo que en fenómenos de estas características -que se han producido, por desgracia, a lo largo de los últimos meses- el Consejo de Ministros ha sido lo suficientemente ágil como para dar respuesta a las peticiones que se nos iban trasladando, y en este caso no va a ser distinto.

Más allá de esto, que son las decisiones en términos paliativos, somos conscientes de que es necesario acometer un proceso de revisión de lo que está sucediendo en nuestro país, en el cual -como bien dice usted- los fenómenos que en determinados territorios se tenían estacionalmente identificados, en estos momentos se producen ya prácticamente a lo largo del año. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos asistiendo a un proceso en el cual identificamos déficits de gestión en materia de garantías que afectan a la preservación del dominio público hidráulico, que esto agrava las consecuencias de fenómenos


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extremos que se están produciendo, que esto nos tiene que llevar a una reflexión, tenemos que aplicar el máximo rigor en la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía. Y eso afecta a que el conjunto de las administraciones tenemos que ser corresponsables a la hora de la aplicación de la normativa. A las confederaciones hidrográficas, en primer término, pero al conjunto de las administraciones a la hora de asumir que los informes de las confederaciones hidrográficas no son caprichosos en ningún caso. Creo que de estas consecuencias debemos aprender todos.

¿Soluciones presupuestarias a los daños? Más allá de la situación en la que se encuentre el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, hay cuestiones que el interés general tiene claro que no deben estar sometidas a ese tipo de procesos. Se habilitarán las soluciones presupuestarias que correspondan, como no puede ser de otra forma, en el escenario presupuestario en que nos encontremos.

Paso a contestar al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Agradezco la intervención del diputado Pedro Arrojo respecto al plan de saneamiento de Aragón. Hay algunas cuestiones que afectan particularmente a algunas comunidades autónomas -y creo que se han puesto de manifiesto aquí específicamente algunas comunidades autónomas en concreto- que nos preocupan, por una parte, porque nos corresponde en términos de interlocución responder de la ejecución satisfactoria de las obligaciones del Reino de España ante la Comisión Europea y, por lo tanto, en esa medida, nos preocupa también hasta dónde las comunidades autónomas o en su caso las administraciones locales son capaces de llegar en tiempo y forma a resolver problemas de gestión que están atribuidos competencialmente a cada una de ellas. Nos preocupa, como no puede ser de otra forma, se ha hecho hincapié en el ámbito de la repercusión presupuestaria, pero nuestra principal preocupación es la solución a las necesidades de una población que -además, yo creo que se ha analizado con carácter general- es la que se encuentra en el proceso de planificación de infraestructuras casi siempre relegada, en una situación de país en la cual el fenómeno del despoblamiento empieza a atisbarse como una crisis territorial de enorme calado. Por las dos razones, por la de repercusión al conjunto de los ciudadanos afectados y por razón de economía de presupuestos y necesidades, el Gobierno de España, desde el ministerio, desde el primer momento puso en marcha un proceso de diálogo con la Comunidad Autónoma de Aragón. Creemos que es necesario dar una solución satisfactoria a ese problema en sus dos vertientes y confiamos en ser capaces de hacerlo en un tiempo razonable. No voy a someter aquí ahora mismo a cuestión de debate la asignación de responsabilidades en términos de administraciones, no lo he hecho en términos de sucesión de responsabilidades en el tiempo en los Gobiernos de la nación y no lo voy hacer tampoco en términos de responsabilidades locales. No obstante, cada uno de ustedes lógicamente tiene toda la libertad para poder incorporarlo en su propia apreciación.

Recojo el emplazamiento que me hace en relación con la necesidad de aportar al conjunto de las administraciones locales elementos de refuerzo que permitan solventar sus carencias en muchos casos. Tomo nota del documento al que hacía específicamente referencia, pero le adelanto que hacia futuro nuestra intención es establecer un proceso de planificación que ponga en primer término la capacidad de distribución, en términos de solidaridad, de mayor compromiso de cooperación precisamente hacia aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable y con menos capacidades para poder desarrollar sus competencias. Creo además que eso estaba recogido en algunas de las reflexiones que tuvieron ustedes a lo largo de los seis meses de funcionamiento de la subcomisión de clima y agua. Me parecen totalmente acertadas. Recogeremos las sugerencias que se nos hagan cuando el documento culmine su tramitación y en los términos en los que nos lo planteen. Me parece que también es necesario no solo repercutir en los términos en los que la legislación prevé las responsabilidades que corresponden a los mecanismos sancionadores sino incentivar las buenas prácticas. De alguna manera tiene que ser visible que quien mejor ejecuta sus competencias tiene que tener un reconocimiento social, público, pero también administrativo y en términos presupuestarios. Por tanto, incorporaremos esa sugerencia en el proceso de debate que se abre hacia las próximas semanas.

Si le parece al diputado, en el caso de las cuestiones específicas que se nos plantean respecto a los proyectos que afectan a Euskadi trasladaré la información referida puntualmente a cada una de las depuradoras que nos plantea, con sus calendarios de ejecución, previsiones presupuestarias y estado actual de la gestión de cada una de ellas.

Agradezco al Grupo Parlamentario Socialista la intervención que hace. Creo que el Grupo Socialista ha demostrado a lo largo de los últimos años su vocación de coadyuvar a un acuerdo lo más amplio posible en materia de agua en este país como derivada de lo que debería ser un gran acuerdo en materia


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de cambio climático en este país y no me cabe la menor duda de que en esta misma línea de colaboración seguiremos trabajando en los próximos meses. Por tanto, en la medida en la que al Grupo Parlamentario Socialista le pueda resultar de utilidad, el Gobierno pondrá toda la elaboración documental tanto a su disposición, como a la del resto de los grupos parlamentarios, por supuesto sin ningún tipo de prioridad o de preferencia, pero también sin ningún tipo de menoscabo.

En la intervención que hace la portavoz del Grupo Popular, más allá de las cuestiones que planteaba inicialmente, el documento de directrices, como no puede ser de otra forma, no puede desligarse de lo que significa el proceso de elaboración del Plan Hidrológico Nacional, que es el vigente. Se nos dice que en algún caso no se adivinan las medidas del plan de choque. Las medidas del plan de choque son las que intentaba trasladar, en los términos del compromiso adquirido con la Comisión Europea, en un calendario de ejecución y de puesta funcionamiento de cada una de las instalaciones que en estos momentos están sometidas a procedimiento de sanción y que en el ámbito de la Comisión Europea no contaban con un calendario de ejecución a fecha comprometida. Reconozco que esto conlleva un riesgo. En los procesos de compromisos de ejecución a fecha fijada con la Comisión, si uno no cumple con las fechas establecidas y comprometidas, la Comisión hace un retorno de exigencia por el incumplimiento. Reconozco que es incómodo establecer estos compromisos con calendarios cerrados, pero entendíamos que era la única forma de recuperar la confianza en un proceso de desconfianza que la comisión tenía instalado respecto al cumplimiento de objetivos por parte del Reino de España, sí por los objetivos ya incumplidos sometidos a sanción, pero también por aquellos que en estos momentos están en procedimientos de infracción abiertos, en la vocación de que estos no concluyan finalmente en un proceso de sanción hacia el Reino de España.

¿Qué mecanismos son los que vamos a incorporar? Podría haberme detenido, pero como el conjunto de diputados y diputadas conocen el documento, la diputada reconoce que se lo ha leído y el documento está colgado en la página web del ministerio, entendía que emplear mi tiempo en reproducir lo que ya está escrito y tienen ustedes a su alcance quizá no era lo más adecuado y, como la solicitud de comparecencia estaba específicamente dirigida a la sentencia y sus consecuencias, a ella me he limitado, pero si considera el Grupo Popular que en un momento determinado merece la pena una comparecencia para una puesta en común y un análisis en profundidad de los contenidos del plan con carácter general, como algunas otras cuestiones que se planteaban antes, quedo a su entera disposición. En todo caso, me atrevería -no condiciona en qué momento lo puedan plantear ustedes- a sugerir que esto se pudiese realizar una vez concluyese el periodo de exposición pública y pudiésemos conocer cuál es el alcance del conjunto de las aportaciones al final del periodo del conjunto de agentes que participen en ese proceso. Pero si ustedes consideran que debe hacerse antes, sin ningún problema lo hacemos antes.

Hay algunas cuestiones específicas que se plantean en relación con cuáles pueden ser las herramientas que se puedan incorporar y al mismo tiempo identificaba la portavoz del Grupo Popular algunas cuestiones que aparecen recogidas en el documento y que forman parte del concepto de política de agua que el Grupo Popular plantea. Por supuesto que sí. En este país, si hay una cuestión en la cual el conjunto de la sociedad viene coincidiendo en que debe ser un proceso que debe contar en un momento determinado con un punto y final es esta especie de sustitución legislatura a legislatura de la planificación en materia de educación. En materia de agua creo que es muchísimo más necesario. Cada Gobierno puede incorporar sus prioridades de gestión o de política de agua, pero yo tengo el convencimiento -es el ofrecimiento que hago- de que en esta materia y por encima de cualquier otra no deberíamos someter el proceso a vaivenes de cambios radicales de posición debido a los cambios de Gobierno, con lo cual si hay un amplio espacio de coincidencia en relación con algunas de las cuestiones que ahí puedan aparecer no solamente no me va a disgustar sino que lo saludo, como no puede ser de otra forma, lo mismo que en el proceso de diálogo abierto en su momento por parte del anterior Gobierno había espacios de coincidencia y había espacios de discrepancia. En los ámbitos de coincidencia, no creo que merezca la pena convertirlos en elementos que sirvan para rechazar de plano cualquier planteamiento en política de aguas. Espero que no lo tomen como un atrevimiento por mi parte, pero yo les invitaría a que todo aquello en lo que estemos de acuerdo lo convirtamos en un acuerdo, no lo sometamos a debate y centremos este básicamente en los puntos de desacuerdo.

A partir de ahí, y concluyo volviendo otra vez a la intervención inicial del Grupo Parlamentario Ciudadanos, los desacuerdos en democracia se solucionan como ustedes saben, conocen y ejercen todos los días aquí. Yo comprendo que cuando un grupo parlamentario entiende que sus posiciones no se ven reflejadas en una conclusión final, descalifique el resultado final en la medida en la que no lo comparte,


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pero eso no quiere decir que quienes hayan adoptado el acuerdo lo hayan hecho por intereses que no correspondan a su visión de lo que se supone es la defensa del interés general el conjunto de los ciudadanos. Como en el caso del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en el caso del Grupo Parlamentario Popular se ha hecho una mención especifica de hasta dónde se contempla la posibilidad de la participación público-privada a la hora de abordar lo que se entiende como limitaciones presupuestarias de cara al futuro en un escenario de disponibilidad de fondos europeos -que no se va corresponder con los que hemos conocido en el pasado-, yo les diría lo siguiente. En primer término, hay una cuestión que tiene abierta la Comisión Europea respecto al Reino de España y es el procedimiento aplicación del principio de recuperación de costes. Por tanto, yo los invitaría a hacer una reflexión inicial de qué puede suponer en la aplicación del principio de recuperación de costes la capacidad que puedan tener los Gobiernos para atender a la puesta en marcha de soluciones a las necesidades que se plantean en esta materia y ver cuáles son las capacidades que tienen los Gobiernos una vez que esto se incorpora como principio irrenunciable en la ejecución de la política de agua y no descartar ninguna otra solución hacia futuro. Si en un momento determinado una solución inmediata requiere de una aplicación de un mecanismo de cooperación, el que sea, es perfectamente aplicable, yo no lo demonizo, lo que no entiendo es por qué demonizan ustedes la capacidad de que haya soluciones que afecten a la constitución de sociedades públicas de agua o a la gestión pública del agua. No rechacemos por principio cuál puede ser la solución más adecuada en cada caso porque yo creo que flaco favor haríamos a la capacidad de gestión del conjunto de las administraciones.

Yo puedo decirles cuál es mi preferencia y yo agotaré, en los términos de mis posibilidades, que desde la respuesta de lo público se pueda dar satisfacción a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, entre otras razones porque el agua es un bien público que está sometido al control público y en la medida en la que en último término, ya que se comentaba inicialmente, deberíamos pedir disculpas al conjunto de los ciudadanos por no haber dado respuesta en tiempo y forma a carencias que ahora se evidencia de forma vergonzante en términos de sanciones, yo lo que les diría lo siguiente. El ámbito en el cual es posible ejercer la petición de responsabilidades a quienes tienen la competencia de ejecución de las políticas y la satisfacción de las necesidades ciudadanas es en el ámbito público. Cada cuatro años, en términos de decisión del conjunto la ciudadanía, y a lo largo del periodo de gestión en los términos de aplicación de los principios democráticos de mociones de censura, se pueden exigir responsabilidades a quienes tienen las competencias en materia de ejecución, también en política de agua.

¿No cabría exigir exactamente los mismos términos responsabilidad en materia de agua cuando hayamos de aplicarlo al ámbito de la gestión privada? Porque, a lo mejor, podríamos establecer el principio de que en ningún caso vayamos a períodos concesionales que superen aquellos que corresponden al ámbito de la gestión pública y, a lo mejor, si alguien en un momento determinado, soberanamente, un ayuntamiento, que es el que tiene las competencias, decide atribuir la gestión a una empresa privada, lo razonable es que lo haga por el mismo periodo al cual va a estar sometido en su proceso de análisis por el conjunto de los ciudadanos y veamos en esa situación si estamos en igual condición para gestionar desde lo público y lo privado. Pero, ya les digo, al igual que yo no rechazo en ningún término cualquier herramienta que pueda servir para satisfacer una necesidad ciudadana, lo antes posible y en las mejores condiciones, les pediría es que hagan exactamente lo mismo en relación con las herramientas de gestión desde el ámbito que lo público.

Por mi parte, nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su prolija respuesta. El último turno de contrarréplica tiene que ser muy breve, no solo por el tiempo del que disponen sus señorías, que es muy escaso, sino por la cantidad de información que ha facilitado el secretario de Estado.

Quiero hacer un paréntesis respecto de las cuatro preguntas que vienen a continuación porque ha habido una petición del señor De Luis, del Partido Popular, en el sentido de adelantar las suyas y como creo que están los demás preguntantes, permítanme la expresión, ¿les daría igual? (Asentimiento). Lo digo a efectos de comunicárselo a quien ha sugerido.

Pasamos directamente al turno de intervenciones. Empezaríamos por el Grupo Mixto, no necesariamente por Ciudadanos, pero sí querría recordarles el tiempo, señor Martínez Oblanca. Minuto y medio.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente quería agradecerle a don Hugo Morán su respuesta y desearle éxito en su gestión.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muy amable. Más rápido, imposible.

Se acaba de incorporar por el Grupo Vasco el señor Agirretxea, que no toma la palabra y entiendo que Esquerra Republicana tampoco interviene en este turno. Por lo tanto, ahora sí, tiene la palabra el Grupo Ciudadanos, que dispondría de un minuto, pero pueden ser dos.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Seré muy rápido. Le emplazo a que algunos temas que se han quedado pendientes nos las pueda responder por correo electrónico, por ejemplo, infraestructuras, presupuestos. Pero querría centrarme en esta última parte respecto de la subcomisión de agua. Por supuesto que yo no cuestiono una mayoría, ¡hasta ahí podríamos llegar porque ya sabemos cómo funciona esto!, pero al final ustedes han comprado un dictamen que tampoco era el suyo. Esa ha sido mi percepción. Al principio en esta subcomisión se hablaba de alcanzar un consenso y no hubo lugar ni siquiera porque no se nos dio lugar a ello. Nosotros presentamos una batería de enmiendas que no se llegaron a discutir, ni se nos dejó que las expusiéramos o que las defendiéramos porque directamente se nos dijo que no se aceptaban. Nosotros, por supuesto, mano tendida. Yo creo que el agua tiene que ser política vertebradora del Estado, que hay grandes líneas maestras en este Estado y que el agua tiene que ser una por toda la afectación que tiene y que requiere de diálogo de consenso. Nosotros en su momento propusimos en el Pleno la creación de la mesa nacional de agua donde estén todos los partidos políticos, donde estén todos los sectores, todas las asociaciones, toda la gente que tenga que decir algo en materia de agua y desde ahí poder renovar el Plan Hidrológico Nacional. Pensamos que esa sería una herramienta potente e importante donde tendríamos todos cabida y donde podríamos sacar el agua del discurso político porque yo vengo de una región donde el agua se utiliza para hacer política. Esa ha sido nuestra idea inicial y yo le pregunto si a usted le parece una buena idea porque, si es así, yo le tiendo la mano para emplazarnos en esa mesa del agua donde se debata este problema de Estado y se intente en la medida de lo posible apartarla del discurso político y tratarla únicamente desde el punto de vista medioambiental, de eficiencia y de eficacia de cara al ciudadano.

Para finalizar, le tomo la palabra respecto de ese monográfico que querría hacer. Me da igual que sea después de la exposición o antes, cuando usted quiera o lo considere la Mesa, pero me parece muy interesante que se haga este monográfico

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy amable, señoría.

A continuación, por el Grupo Podemos dispone de dos minutos y poco.

El señor ARROJO AGUDO: Menos seguramente.

Primero, voy hacer algo, que es un ejercicio de inocencia parlamentaria de un parlamentario inexperto y voy a pedir algo utópico a Ciudadanos y al Partido Popular desde la posición de la humildad. Si realmente este tema es tan importante -habría otros, pero estamos en este-, si tiene tanta trascendencia, me parecería estupendo, pese que es imposible en este Parlamento, que dijeran que es tan importante que nos comprometemos a que estas cuestiones no se bloqueen en la Mesa del Congreso. ¡Sería maravilloso!

Entrando en materia, reitero el acuerdo general y me congratulo de ello. Insisto desde mi punto crítico, yo no le pido que reflexione o valore el pasado de lo que ha ocurrido en Aragón -es una vergüenza compartida por todos los que tengan que compartirla-; estoy hablando de presente y futuro. De cara al presente, el Gobierno, sea del color que sea, tiene una responsabilidad: obras de interés general y 140 millones de euros entregados para ese destino finalista. Tiene esa responsabilidad, sea cual sea el Gobierno, y la DGA tiene una responsabilidad: haberlo recibido y habérselo gastado en otras cosas. Pensando en el presente y en el futuro, no le pido que ahora me lo diga, pero obviamente tienen la responsabilidad de responder.

Sobre el aspecto final del que ha hablado, solo quiero decir una cosa. Sería estupendo que, como continuación de ese excelente documento del Cedex, de tiempo atrás pero que sigue siendo válido, se haga una actualización y un catálogo de buenas prácticas porque no hay mejor maestro para un alcalde o una alcaldesa que otro alcalde o alcaldesa que lo haya hecho bien. No un catedrático ni un profesor de universidad; se necesita un catálogo de buenas prácticas.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, señor Lamuà, dispone de casi cuatro minutos, aunque supongo que no los va a consumir.


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El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Esperemos que no, señor presidente.

Intervengo solo para agradecerle al señor secretario de Estado el tono, la precisión y la demostración de lo que es una intervención con responsabilidad del Estado, con alturas del Estado, que contrasta con algunas de las intervenciones que habíamos tenido de comparecientes de ejecutivos pasados en esta misma Comisión y contrasta incluso con la intervención de las señorías del Grupo Popular que parece que, sea cual sea el tema -pero en este también-, solo atinan en hablar o recordar a Zapatero. Que para mi partido los seis años de Rajoy fueran un paréntesis desgraciado en la política de este país es normal, pero no se entiende tanto en el caso de los representantes del Partido Popular, no se entiende que olviden así que tuvieron un Gobierno y que sigan cargando las tintas sobre un Gobierno muy anterior, en vez de sacar pecho de la gestión que supuestamente habrían hecho ellos estando en el gobierno. Porque capacidad de hablar de los numerosos buenos o malos del Gobierno de Zapatero parece que la tienen toda, pero en relación con los seis años suyos de gobierno, con mayoría absoluta incluida, parece que nada pasó.

En gestión del agua podríamos llegar a entender incluso que realmente nada pasó, pero parece que, al final, el único máster que en realidad se daba en ese partido era el de criticar a José Luis Rodríguez Zapatero y a su Gobierno, porque del resto todavía está por ver. Por tanto, esta autocrítica, esa asunción de responsabilidad y la asunción de que la realidad es la que es y vamos a trabajar en el presente y en el futuro son muy de agradecer y así lo hacemos en el Grupo Parlamentario Socialista.

Buenos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para terminar, la señora De Lara dispone de un par de minutos.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, deseo contestar al portavoz socialista que ha intervenido que, efectivamente, he sacado pecho de las actuaciones de la época del Gobierno de Mariano Rajoy. Léase usted mi intervención y verá que he sacado pecho de todo lo que hicimos y que lo apoyo completamente. En segundo lugar, señor secretario de Estado, me extraña lo que usted ha dicho. Ha dicho que se había pedido la comparecencia para hablar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y para poco más, y esto no es así, porque la primera comparecencia, a petición del Gobierno, es para informarnos sobre las medidas que está impulsando el Gobierno en materia de saneamiento y depuración. Yo creía que el mismo día que someten a consulta pública el documento del futuro plan nacional de saneamiento y depuración nos hablaría de él, pero yo lo creía porque considero que es una cosa absolutamente lógica, dice lo mismo la comparecencia. Pero usted no venía preparado para hablar del plan y otro día nos lo cuenta, pero este es el hecho. Usted se ha dedicado fundamentalmente a hablar del informe de la subcomisión de la incidencia del cambio climático en las políticas de agua, pero es que este no es el lugar para hablar de este informe. Este informe lo hemos debatido en la subcomisión, previsiblemente se debatirá en el próximo Pleno y allí es donde tendremos que tomar postura cada uno de los partidos. Y usted incluso, en buen tono, por supuesto que sí, daba consejos al representante de Ciudadanos y nos insta también a nosotros sobre que, en lugar de los votos particulares, nos uniéramos en lo que tenemos en común. Creo que esto excede el motivo de su comparecencia. Tiene autoridad para hacerlo, yo le agradezco sus consejos, pero efectivamente me ha decepcionado mucho que el plan de choque que he oído que anunciaba tanto la ministra como usted en materia de agua se haya limitado a dar a la Unión Europea el calendario de ejecución de las nueve aglomeraciones urbanas que han sido sancionadas, calendario de ejecución que está en marcha y que, si no hay incidentes, se sabe cuándo van a terminar. No creo que su compromiso haya sido demasiado elevado y creo que lo puede asumir.

Efectivamente, le agradecemos su tono porque ha sido bueno y espero que igual que el nuestro. Pero cuando uno ve las políticas que siguió el Partido Socialista, como he dicho en intervención y lo repito ahora, me alegro del cambio de rumbo que usted ha manifestado, porque si, efectivamente, hay un cambio de rumbo, la planificación hidrológica se llevará a cabo, y si hay un cambio de rumbo, a lo mejor sobre el pacto nacional del agua que usted negó a la anterior ministra Tejerina nosotros sí podremos llegar a un acuerdo, porque no queremos apropiarnos de las cosas, pero sí creemos que sin un pacto nacional del agua nunca habrá una política del agua en España.

Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

En este segundo turno, tiene la palabra el secretario de Estado, el señor Morán.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Gracias, señor Martínez Oblanca.

A Ciudadanos, igual que el compromiso con el diputado López de Uralde, para las cuestiones específicas y concretas que planteó, efectivamente, le remitiremos la documentación por escrito, espero que para su satisfacción. En relación con lo que plantea sobre la posibilidad de la mesa nacional del agua y los espacios de diálogo, me van a permitir que no entre yo en las cuestiones de procedimiento parlamentario porque no me corresponde -ustedes sabrán cómo gestionan sus acuerdos y sus desacuerdos-; simplemente yo les daba mi opinión. Si les gusta, bien, y si no les gusta, sencillamente la desechan sin más. Pero en la parte que le toca al Gobierno, que es la de propiciar el diálogo como materia general, hay algunas cuestiones que sí estamos planteando y que si quieren sencillamente se lo apunto y si quieren el ofrecimiento que usted recogía lo hacemos efectivo. Esperamos tener en un plazo breve de tiempo un documento sobre la nueva gobernanza del agua en este país, en el cual se recogen, entre otras, las necesidades de establecer espacios de diálogo en materia de agua que trasciendan de las cuestiones puramente de debate político. Siempre he dicho aquello de que es mucho mejor hacer política del agua que política con el agua, y sigo convencido de que eso es así y será bueno para el país también. Por lo tanto, en ese ámbito y más allá de que a mí me causaría satisfacción de que ustedes llegasen al más amplio espacio de acuerdo posible en el ámbito parlamentario, no voy a entrar yo ahí. No sé si es que recuerda uno otros tiempos y entonces trasciende de la responsabilidad actual. En ese proceso de habilitación de nuevos mecanismos de diálogo hay una reflexión que tenemos puesta en marcha y que hicimos al conjunto de los miembros del Consejo Nacional del Agua, y es que el Consejo Nacional del Agua necesita ser revisado en su composición, en sus objetivos, en su mecánica de funcionamiento para convertirlo en una herramienta útil de diálogo de país sobre el agua. Tiene que pasar de ser un ámbito de trámite sin más a ser un espacio en el que se propicien debates para algunas de las materias antes de que entren en la tramitación legislativa. Nuestra vocación es darle al Consejo Nacional del Agua un contenido de participación pública de verdad, y eso, aguas abajo -valga la expresión-, trasladado a todos los ámbitos de gestión en las demarcaciones de cuenca. Creo que el país necesita un amplio proceso de reflexión. A algunos les puede gustar más o a otros menos, pero creo que he hecho solo tres o cuatro referencias al cambio climático, señora De Lara, y la verdad es que casi todas las he hecho porque se me han formulado algunas consideraciones al respecto. En el proceso de diálogo previo al que usted se refería, en los encuentros que tuve ocasión de mantener con el Gobierno del Partido Popular, tanto con la ministra como con la secretaria de Estado, siempre mantuve la misma posición: es imposible que este país tenga un acuerdo en materia de agua, que construyamos un pacto de Estado en materia de agua si previamente no tenemos un acuerdo en materia climática. Si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el impacto que supone para este país el problema del cambio climático, difícilmente vamos a poder abstraernos para hacer una planificación en materia de agua que no lo tenga en cuenta.

En cuanto al portavoz del Grupo Unidos Podemos, seño Arrojo, efectivamente el Gobierno tiene una responsabilidad con el conjunto de los ciudadanos de Aragón en la ejecución de las obras y con el conjunto de los ciudadanos de este país en la disponibilidad de unos recursos presupuestarios que son de todos y, por lo tanto, llevará hasta las últimas consecuencias sus competencias en esta materia. Vamos a intentar que esto sea de forma acordada, en este caso, con las administraciones que también resultan concernidas en este proceso. Pondremos en marcha el proceso de actualización de ese documento y lo mejoraremos en la medida de nuestras posibilidades.

Al Grupo Socialista, y en el proceso de debate más de grupos parlamentarios que en este caso con el Gobierno, no era mi intención venir aquí a hacer un recordatorio atrás en el tiempo pero, bueno, ya que parece que estaría uno en una impostura si no manifiesta su agradecimiento hacia la labor de Gobiernos socialistas anteriores, ya que la del Gobierno del Partido Popular se ha puesto en valor, miren si en el último periodo que va del año 2014 al 2017 en este país no se hubiese hecho previamente un plan que se llamaba el Plan Agua, que incorporaba un proceso de construcción de infraestructuras en materia de desalación en unos espacios altamente vulnerables al proceso de afectación de cambio climático -como consecuencia de las sequías-, hubiésemos tenido problemas


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de gestión bastante más graves de los que en último término hubo, que fue la posibilidad con otro Gobierno, que no era del Partido Socialista, de no tener que poner en marcha procesos de cortes de suministro de agua en ámbitos urbanos que en tiempos más pretéritos sí eran más habituales. Es decir, aquí cada quien hace cosas bien y hace cosas mal. De las cosas que se hacen mal cada uno debe hacerse responsable y las cosas que se hacen bien sencillamente hay que ponerlas en valor y sacarles el máximo rendimiento posible. Yo creo que no merece la pena apropiarse... Lo que hicieron los Gobiernos socialistas, ahí quedó, vino otro Gobierno, las gestionó y las herramientas que fueron útiles ahí están.

Respecto a la intervención del Grupo Popular, si se lee mi intervención luego en la reproducción taquigráfica, en el Diario de Sesiones, hay dos partes perfectamente delimitadas, la primera parte básicamente dedicada a la valoración de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y de los procedimientos de infracción abiertos, y una segunda parte referida a la descripción de las líneas generales del Plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. ¿Que podía haber sido más prolijo en la segunda parte que en la primera? Probablemente, tómelo usted con la amabilidad con la que casi siempre se toma lo que yo le digo. Probablemente le resultara a usted más cómodo el espacio de descripción de la parte del documento de depuración que el de los procedimientos sancionadores; en todo caso, a ambos intenté hacer referencia. Si la defraudé en el ámbito del detalle respecto al Plan de saneamiento y depuración, lo lamento, no volverá a ocurrir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señor Morán. Por cierto, le ofrezco la oportunidad de un descanso de un minuto o dos si quiere usted tomar un café o algo. (Denegaciones).

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JORDI SALVADOR I DUCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE CANTIDAD DE DINERO PAGADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA AL GOBIERNO FRANCÉS EN CONCEPTO DE ALMACENAJE DE RESIDUOS NUCLEARES DURANTE LOS AÑOS 2012 A 2016, ASÍ COMO PENALIZACIÓN EN CASO DE QUE NO SE TERMINE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC) EN VILLAR DE CAÑAS EN EL AÑO 2017 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/009513). (Número de expediente 181/001272).

- DE LOS DIPUTADOS DON FÉLIX ALONSO CANTORNÉ Y DON JOSEP VENDRELL GARDEÑES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE INCENDIO PRODUCIDO EN LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II EL DÍA 03/06/2018 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/034789). (Número de expediente 181/001275).

- DE LOS DIPUTADOS DON FÉLIX ALONSO CANTORNÉ Y DON JOSEP VENDRELL GARDEÑES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE PÉRDIDA DE REFRIGERANTE DEL REACTOR EN PARADA DE VANDELLÓS II (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/035896). (Número de expediente 181/001276).

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día. Dos cuestiones previas: entramos en las preguntas, que han pasado a ser orales. El mecanismo recuerdo a sus señorías -es la primera vez que lo sustanciamos en esta Comisión- que es idéntico al de las preguntas al Gobierno en el Pleno, lo que pasa es que en vez de cinco minutos son quince en total. Es cierto que en la Mesa acordamos -como recordarán ustedes- que podría sustanciarse cada pregunta en no más de diez minutos. En cualquier caso, el Reglamento les da a ustedes ese derecho y, por tanto, repartan el tiempo de la manera que crean oportuna, si es posible en esos diez minutos.

En primer lugar, quiero decir que las preguntas cuarta, quinta y sexta, por petición de quienes las habían formulado, se dejan para otra Comisión.


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- DEL DIPUTADO DON TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA EL GOBIERNO PARA ANALIZAR UNA SUBIDA FISCAL AL DIÉSEL Y EFECTOS DE DICHA MEDIDA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE Y DE LOS CONSUMIDORES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/036103). (Número de expediente 181/001359).

- DEL DIPUTADO DON TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA ESTIMULAR LAS DISTINTAS MOTORIZACIONES DE VEHÍCULOS ALTERNATIVAS A LAS QUE SE OFRECEN EN LA ACTUALIDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/036480). (Número de expediente 181/001360).

El señor PRESIDENTE: Por tanto, quedan solo cuatro preguntas. Empezamos por las preguntas del señor De Luis, números 8.º y 9.º, que tienen que ver con los fundamentos en los que se basa el Gobierno para analizar una subida fiscal al diésel y efectos de dicha medida en el ámbito del transporte y de los consumidores, y con las medidas y actuaciones previstas para estimular las distintas motorizaciones de vehículos alternativas a las que se ofrecen en la actualidad, respectivamente.

Tiene usted la palabra, señor De Luis.

El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Únicamente quiero aclarar que, como las dos preguntas están vinculadas en su temática, las voy a acumular y así probablemente ahorraremos tiempo tanto al secretario de Estado como a los demás miembros de la Comisión. Agradezco mucho el detalle de que se haya modificado el orden del día para satisfacer una necesidad particular, quedo muy agradecido al resto de los miembros de la Comisión.

Las preguntas que hoy debatimos en esta Comisión traen causa de unas preguntas escritas que yo formulé en el mes de julio preocupado por alguna de las posiciones que el Gobierno entonces ya estaba marcando en relación con las motorizaciones por combustión interna. Sinceramente, yo pensé que eran simplemente unos sondeos de opinión pero ya en aquel momento asumí mis responsabilidades como miembro de la Cámara para intentar obtener la máxima información posible. Naturalmente, tal y como el Reglamento establece, al no ser respondidas en plazo esas preguntas, culminado el plazo en el mes de octubre, consideré que estaba perfectamente legitimado para hacer uso de lo dispuesto en el Reglamento y convertirlas por tanto en preguntas orales, que es este trámite en el que nos encontramos. Bendito sea Dios que la semana pasada se pusieron absolutamente de moda con el anuncio de la Ley de transición, que ha dado lugar a una presión mediática y a una preocupación considerable entre la opinión pública y los sectores que pueden estar afectados.

Antes de entrar en el desarrollo de las preguntas, que son conocidas por el secretario de Estado, quería hacer una serie de reflexiones porque creo que son aportaciones y por lo menos debemos tenerlas presentes, por lo menos mi grupo quiere dejarlas plasmadas en el Diario de Sesiones. Naturalmente, nuestro compromiso, exactamente igual que el de los demás grupos presentes en la Comisión, es garantizar la salud de los ciudadanos, ese es un objetivo prioritario del Grupo Parlamentario Popular, y ahí está nuestra historia parlamentaria que lo acredita sobradamente, como también tenemos desde hace muchos años la misma firmeza en la defensa de la conservación del medio ambiente, tanto de espacios como de especies y desde luego aguas y también por supuesto de la atmósfera, en la que los ciudadanos de este país se tienen que desarrollar. Por tanto, el objetivo creo que es compartido por todos. También quería dejar sobre la mesa algo que estoy seguro de que el secretario de Estado conoce sobradamente y que todos podemos compartir, y es que el transporte, la movilidad es responsable aproximadamente en una horquilla de un 27 o un 25 % de la contaminación general de la atmósfera. Existen otras fuentes de contaminación como son la industria, la agricultura, la generación de la propia energía y también la manipulación de residuos, y supongo que son otro conjunto de sectores que también deben ser considerados como sectores que contribuyen en el ámbito de una sociedad desarrollada a emitir gases de efectos contaminantes que debemos reducir en aras de los objetivos prioritarios que antes hemos marcado.

Abordando el problema ya más constreñido al ámbito de la circulación o de la movilidad, hay una variable a la que yo me aferro, pero no soy yo el único, hay algunas voces no autorizadas en la opinión pública y con altas responsabilidades, como es el comisario para la Acción Climática y la Energía, don Miguel Arias, que hoy precisamente en un periódico de distribución nacional hace referencia a ello, y son


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las bajas emisiones. El secretario de Estado sabe que un vehículo diésel de nueva generación emite menos contaminación que un vehículo de gasolina. Por lo tanto, yo creo que bajas emisiones es un concepto que tiene que estar presente, es una variable que tiene que estar presente en toda la ecuación, que nos debe ayudar a conseguir los objetivos antes señalados. Creo que es también absolutamente imprescindible reconocer que hoy en la actividad económica ordinaria, quienes son responsables de la oferta del producto que satisface las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos, es decir, los fabricantes y los investigadores que trabajan con los fabricantes, como las empresas de componentes, todo el sector de la automoción está dedicando esfuerzos, recursos e inteligencia a buscar alternativas que disminuyan la contaminación. Hay naturalmente determinadas formas de motorización que están intentando penetrar en el mercado. Quizá la forma de motorización más adelantada sea el coche eléctrico, pero también se sabe que el coche por gas está muy avanzado, tanto como el eléctrico, y también se está trabajando, aparte por supuesto de en el híbrido, -algún fabricante está trabajando en ello con mucho ahínco- en la motorización por hidrógeno.

El otro día en el Club de la Energía -en una reunión que hubo muy cerca de aquí- me quedé muy sorprendido cuando el representante del Gobierno comunicaba que, respecto a los compromisos que tiene España con la Unión Europea para el año 2020, estamos muy sobrados, por decirlo con un término coloquial, es decir, que tenemos un amplio margen para cumplir los objetivos y que estamos muy por encima de lo que se nos demanda en cuanto a reducción de gases. También -y utilizo las palabras de esta voz autorizada en representación del Gobierno- se preveía que, aunque estábamos en un valle, no continuábamos el descenso, quizá porque ha aumentado la demanda de coches de gasolina, que contaminan más que un diesel de nueva generación, como antes he señalado. Asimismo, decía que podíamos llegar con una holgura cómoda al año 2030. Por tanto, en 2020, cumplimos; en 2030, cumplimos, y hay un lío montado de mucho cuidado, que es lo que realmente justifica este debate muy sobradamente. En aquella reunión también se mencionó por un experto en la materia y en el comportamiento de los mercados que era muy importante contar con la colaboración del consumidor, del adquiriente del vehículo. Este experto decía que para lograr el objetivo las medidas de estímulo eran mucho más positivas que las medidas no de estímulo, las medidas punitivas o que encarecieran el producto, tal cual es la posición del Gobierno en cuanto al encarecimiento del diesel se refiere. Yo solo quiero trasladar al ánimo del Gobierno que, desde mi punto de vista -y yo pertenezco al sector liberal de mi partido-, el funcionamiento del mercado es determinante. Si el consumidor no recibe la satisfacción que espera en una decisión de compra en función de la relación calidad-precio, será muy difícil conseguir que el consumidor entre al trapo. Por otra parte, es muy conveniente en estos momentos evaluar las posibilidades. Insisto, para conseguir ese objetivo que asumimos todos y que nos une es importante que el Gobierno considere en algún momento qué hacer con los más de 180000 vehículos llamados kilómetro cero que las empresas de renting mandan al mercado secundario, al mercado de segunda mano, una vez que concluyen los contratos de alquiler. La mayoría de ellos tienen muy bajos niveles de contaminación porque suelen ser vehículos diesel de última o semiúltima generación, sobre todo teniendo presente que nuestro parque móvil tiene una antigüedad muy alta, más de doce años, y es uno de los parques más antiguos de Europa. También hay que tener presente, y estoy seguro de que el Gobierno lo contempla y, si no, lo va a contemplar a partir de esta reflexión, que son precisamente esos vehículos más viejos los que más emisiones contaminantes emiten a la atmósfera.

Entro ya en el contenido de una de las preguntas con relación al coche eléctrico. Como ya he dicho, puede ser una opción válida, porque el planteamiento que estoy desarrollando no va en contra de ninguna alternativa ni de nada, sino simplemente hace una serie de reflexiones que creo que pueden ser positivas. Hoy, para que el consumidor, cualquiera de nosotros, acceda al coche eléctrico se encuentra una barrera de entrada muy importante y es su alto coste. Me interesa saber cuál es la información que tiene el Gobierno respecto a la evolución del coste del coche eléctrico en los próximos años, porque solo si el coche eléctrico en precio se pone en condiciones de competir con otras motorizaciones podrá ser demandado fuertemente por los consumidores españoles. La realidad es que la presencia del coche eléctrico hoy en el conjunto del parque móvil en España es muy poco significativa, y usted sabe igual que yo que las matriculaciones durante este año también están siendo muy poco significativas respecto al conjunto de coches que se están matriculando en nuestro país.

Existe un problema que también lastra la demanda del coche eléctrico, que es la limitación de autonomía. Con las condiciones técnicas que hoy se dan, el coche eléctrico puede ser un coche usable, óptimo o puede llamar la atención del consumidor para ser un segundo coche en una unidad familiar, un


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segundo coche para realizar desplazamientos cortos, para desplazamientos urbanos, pero para desplazamientos interurbanos ya empezamos a complicar la satisfacción que el susodicho vehículo puede dar al consumidor. Otro problema es -es algo por lo que ya he preguntado en la iniciativa que da lugar a este debate- cómo se va a desplegar la red de recarga. Después de la semana pasada y después de las últimas noticias, veo que el Gobierno pretende que sean las empresas distribuidoras de energía las que tengan la obligación durante un periodo de tiempo -penalizadas con una sanción muy notable- de disponer de puntos de recarga, exista o no demanda, lo cual naturalmente a las compañías distribuidoras de energía les va a tensionar su cuenta de explotación y también su valor en bolsa. En definitiva, es un motivo de alteración y de preocupación para empresas que generan mucha renta y empleo en nuestro país.

Además hay otro factor también que es muy conveniente tener presente, y es el excesivo tiempo de recarga. En este momento la recarga de un coche eléctrico, si es una recarga rápida o ultrarrápida, requiere entre veinte o treinta minutos, por lo que he leído. El otro día se nos decía -y lo leía en un periódico- que el 80 % de los usuarios de coche eléctrico utilizaban el tiempo de pernocta para recargar su vehículo. Me preocupa -y quiero llevar al ánimo del Gobierno esta reflexión- que la mayor parte de las ciudades de España tienen un desarrollo vertical, desarrollos que en muchas ocasiones, por la antigüedad de los edificios, no tienen garajes. Por tanto, podemos suponer que una gran cantidad de usuarios de vehículos aparcan en la vía pública. Si la mayor parte de la carga se hace en el tiempo de pernocta y muchos de nuestros ciudadanos viven en el ámbito de las ciudades en desarrollos verticales, cómo tiene pensado el Gobierno solventar este problema. Esto, por supuesto, sin contar con que cuando pretendes cargar el coche en un trayecto entre ciudades -estamos hablando de una recarga de veinte o treinta minutos- es un tiempo más dilatado que el que tardas en llenar tu coche con otro combustible y ello puede significar una aglomeración innecesaria y una demora enorme para suministrar la energía necesaria para que estos coches continúen su ruta. Estas son las reflexiones que quería aportar con relación al coche eléctrico. Todas ellas traen causa de preocupaciones que he ido detectando en el mercado, tanto por parte de los consumidores como de otras personas que pueden tener intereses en ello. Por eso, podrá ser muy interesante conocer cuál es la posición del Gobierno al respecto, porque sus explicaciones pueden resultar esclarecedoras.

La otra pregunta cuyo debate acumulado...

El señor PRESIDENTE: Le quedan dos minutos y medio del total de quince minutos.

El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La otra pregunta es sobre el impacto. Por el encarecimiento del diesel el consumidor sufre un impacto, también el transporte profesional agrícola y las empresas de movilidad de alquiler, como ya he dicho, y los talleres de reparación también van a tener que hacer esfuerzos de inversión y de formación, y naturalmente también los fabricantes y empresas auxiliares.

El tiempo que me queda lo guardo para la réplica y espero obtener una interesante respuesta por parte del secretario de Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Le recuerdo que tiene dos minutos para la réplica. Para aclarárselo a algún diputado, recuerdo que el acuerdo de la Mesa era que las intervenciones fueran de unos diez minutos, pero al haber unido las dos preguntas -y de ahí la sorpresa del señor López Uralde- el señor De Luis se ha ido a casi quince minutos, que es lo que le correspondía según el Reglamento. Queda aclarado este punto.

Para contestar, tiene la palabra el secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias por las reflexiones, de las cuales tomo nota, porque en realidad forman parte del conjunto de las preocupaciones que en un sentido hemos podido ir conociendo a lo largo de estas semanas a través de distintos medios. Hemos identificado preocupaciones en un sentido por el exceso de ambición y preocupaciones en otro sentido por no ser suficientemente ambiciosos.

Intentaré sistematizar la respuesta en función de la agrupación de consideraciones que ha hecho usted en la medida en que puedan ayudar a facilitarle el proceso en su réplica. España no es un país que se incorpore como pionero en la toma de decisión respecto a la fijación de medidas que, en el caso del Reino Unido y Francia, las establecen en el mismo calendario, año 2040, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda en el año 2030, o Noruega en el año 2025, y en un proceso en el cual empezaban a tomarse


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decisiones de ámbito territorial por parte de los ayuntamientos emulando la toma de decisiones de grandes municipios, de grandes capitales en otros países de la Unión Europea que abrieron esta vía de limitación y también con carácter general en el ámbito de las comunidades autónomas en desarrollo de sus competencias legislativas.

Decía usted al inicio de su intervención -y yo creo que en eso coincidimos todos- que la principal preocupación que debe colocarse en el proceso de toma de decisiones que afectan a la regulación de políticas que tienen repercusión en el ámbito de la salud es precisamente colocar por encima de cualquier otro interés el de la preservación de la salud de los ciudadanos. Quizás convenga recordar que las muertes prematuras asociadas a la polución atmosférica en España se sitúan en las 32000 personas anuales; según la Agencia Europea del Medio Ambiente, 5900 de ellas por NO2, 1800 por el ozono y 25500 por las micropartículas. El último informe que hacía público la agencia nos dice que España es el sexto país europeo con fallecimientos prematuros por su calidad del aire, siendo la principal causa de la mala calidad del aire el transporte por carretera. Además entonces la propia Agencia Europea de Medio Ambiente hacia una evaluación clara, que el hecho de desarrollar una estrategia nacional para la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, sería un criterio positivo para España. Eso tanto desde el punto de vista de la salud ambiental como de la salud de la población. Si descendemos al ámbito de la fiscalidad y sus impactos, tampoco es esta una decisión que traiga causa de un proceso que inicia el propio Gobierno de España sin una reflexión previa. No hay que olvidar que la OCDE en su análisis de perspectivas económicas sobre España en 2014 afirmaba que el Gobierno debería incrementar la tributación por litro del diésel para igualar su precio del carbono emitido a la atmósfera con el de la gasolina -hablamos del año 2014-. Pero es que en febrero de 2017 Bruselas advirtió al Gobierno de España que el diferencial diésel-gasolina no está justificado, emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados. De hecho, en marzo de ese mismo año, en la revisión sobre prevenciones y correcciones de desequilibrios macroeconómicos, la Comisión Europea exponía que España tiene poca recaudación por impuestos a la energía, lo que refleja el bajo nivel de imposición a la gasolina sin plomo y el diésel -leo literalmente-, exactamente la mitad que la media de la Unión Europea, siendo los principales beneficiados por las exenciones en la matriculación precisamente los vehículos diésel, el 80 % de estos coches no había pagado el impuesto en 2016. Esto llevó al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a admitir en ese mismo mes de marzo que no había más remedio que equiparar el impuesto del gasóleo con el de la gasolina.

Si vamos al ámbito de la afectación a las empresas, al cual también se refería usted, yo creo que nada mejor en esta materia que tener una visión a larga plazo. A las empresas hay que darles certidumbre, como usted reflejaba en la expresión de su visión liberal dentro del grupo parlamentario que representa, hay que darles las herramientas adecuadas para que tomen decisiones en perspectivas de que los retornos de las inversiones deben contar con un periodo de tiempo suficiente y las decisiones también con un proceso de anticipación previo lo suficientemente largo. Parece razonable pensar que en el caso de la anticipación en la limitación de la venta de vehículos diésel, una señal emitida con veintidós años de antelación no parece excesivamente larga sino más bien todo lo contrario, y reconozco, junto con lo que usted comentaba, que efectivamente es necesario habilitar procesos de ayuda que permitan hacer el tránsito del modelo convencional hacia el nuevo modelo. Es decir, la Administración tiene que coadyuvar a que este proceso sea exitoso. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hacemos frente a un proceso de cambio nada menor, los esfuerzos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público van a ser considerables y entiendo que cuanto más largo sea el periodo de aplicación de las mismas, más capacidad tendremos para aminorar las consecuencias de estos impactos.

Es cierto que hay que tener en cuenta no solo las decisiones por parte de la Administración en este caso, sino por parte del mundo de la empresa e incluso en el ámbito de los consumidores. Veamos en qué ámbito de decisión se mueven las empresas en estos momentos. Comentaba usted cuál puede ser la evolución del coche eléctrico teniendo en cuenta cuál es la actualidad y la penetración que tiene la flota de vehículos eléctricos en estos momentos en nuestro país. Hombre, no es que uno tenga la capacidad para ejercer de analista económico -si no, no estaría aquí sentado, probablemente estaría trabajando en otro ámbito-, pero sí creo que todos estamos en condiciones de hacer una lectura correcta de lo que está sucediendo. Volvo, que forma parte de esas empresas que yo creo que son suficientemente reconocidas, ha anunciado que a partir de 2019 solamente comercializará vehículos eléctricos. Doy por supuesto que la empresa no toma decisiones que vayan en contra de su capacidad de viabilidad a futuro. Seat acaba de anunciar que en el año 2025 contará con cincuenta modelos eléctricos en el mercado. Conociendo cuál


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es la oferta de modelos que tiene Seat, es claro concluir que cincuenta modelos colocados en el mercado en el año 2025 suponen prácticamente el total de la capacidad de colocación de producto en el mercado por parte de esa empresa. Renault, que también ha hecho una apuesta muy importante en el caso de los vehículos de transporte ligero, ya viene haciendo sus apuestas en este mismo sentido a lo largo de los últimos años, y Volkswagen anunciaba, probablemente en una de las mayores debilidades que tenga en este caso el sector del automóvil en la Unión Europea, la voluntad de invertir más de 40000 millones de euros -lógicamente contando con el respaldo del Gobierno alemán- para poner en marcha un gran proceso de incorporación de fabricación de baterías eléctricas, que es el punto flaco al que se enfrenta el sector del automóvil en el caso de la Unión Europea, con el riesgo de quedarse en un momento determinado relegado en el ámbito de la capacidad de ocupación del mercado del automóvil por detrás de los fabricantes asiáticos.

Teniendo en cuenta que con cifras de Anfac más del 85 % de los vehículos que se fabrican en España van destinados al mercado europeo y que en gran medida de ese 85 % que van dirigidos al mercado europeo sus mercados compradores son los que están ubicados en países que ya han anunciado la anticipación del cierre de los mercados de los motores diésel, algunos ya en el año 2025, pero casi ninguno se va más allá del año 2040, la pregunta que cabe hacerse es a quién va a vender el fabricante español ese 85 % de vehículos de exportación. Yo creo que esa reflexión la ha hecho algún fabricante, como es el caso de Seat, y eso trae causa del anuncio de que en el año 2025 colocará cincuenta modelos eléctricos en el mercado.

Dicho esto, ¿cuál debe ser el mecanismo que nos debe llevar a la implementación de este compromiso? Lógicamente, en primer término, la salud ambiental, la salud del conjunto de los ciudadanos. En segundo término, el interés de un país que tiene una hiperdependencia del exterior en materia energética, fundamentalmente por la importación de crudo, y que de alguna manera tiene que poner en marcha los mecanismos que nos liberen de esa dependencia que afecta de forma muy especial al equilibrio de la balanza comercial española. En tercer término, la necesidad de no renunciar a que un sector fundamental, como es el del automóvil, que representa un porcentaje de PIB sustancial en el conjunto del país, no pierda el tren de la modernización, porque estos mismos sectores tienen sus casas matrices en otros países que ya han iniciado estos procesos de adaptación de tránsito hacia el vehículo eléctrico. Este análisis de impactos tenemos que tenerlo en cuenta en el caso de la industria del automóvil, pero también en otros dos ámbitos a los que usted se refería, que están íntimamente conectados: las características del sector de la edificación en nuestro país y el protagonismo en este caso de las empresas eléctricas, que son las que en último término deben habilitar un servicio con el cual en estos momentos no cuenta el parque edificatorio español. Las señales también las podemos leer en estos momentos.

El señor PRESIDENTE: Señor Morán, le quedan apenas tres minutos.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Concluyo. Endesa acaba de anunciar un despliegue de puntos de carga, cien mil puntos de carga, en un proceso en el que yo creo que no debemos tener dudas. Al igual que se ha establecido un mecanismo de competitividad en el sector del automóvil para ver quién llega antes, en el sector eléctrico no me cabe la menor duda de que se producirá exactamente el mismo efecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Ambos tienen casi el mismo tiempo para consumir: dos minutos y medio en su caso, señor De Luis, y dos minutos y medio en el caso del secretario de Estado.

El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, muy rápidamente.

Realmente, las preocupaciones que yo tenía las mantengo vivas. En efecto, el debate puede ser interesante tanto para ustedes como para nosotros aquí, en el Legislativo. Usted ha hecho referencia precisamente al papel de peso de personas que operan en el mercado. Ha mencionado a fabricantes de coches, ha mencionado a distribuidores de energía eléctrica y ha mencionado a Anfac. Esto de Anfac prefiero dejarlo de lado, porque, como saben ustedes, Anfac se ha quedado muy sorprendida por las noticias aparecidas sin que tuviera conocimiento de ellas.


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Yo quiero insistir en la certidumbre y la confianza -es muy importante la confianza- y quiero que también se sepa que esta misma mañana el comisario Miguel Arias señalaba que habrá que consultar a la Unión Europea lo que significa el incremento del precio del diésel. En 2018 ya no es exactamente lo mismo que en 2016 y 2017, por los avances que se han aportado en la combustión por diésel, que -como dicho antes- contamina menos que la gasolina. En este sentido, simplemente quiero llevar al ánimo del Gobierno la reflexión siguiente: la telefonía móvil y la telefonía fija. No hizo falta montar ningún lío, ningún problema, ni dirigir, simplemente fue una respuesta del mercado. La tecnología dio al consumidor un aparato, que era el teléfono móvil, que hizo que el teléfono fijo quedara obsoleto. Y como el teléfono fijo está obsoleto, no hay guías telefónicas, no hay cabinas telefónicas, no hay agendas de bolsillo. Ha sido el propio avance de la oferta el que ha hecho al consumidor inclinarse por esa modalidad. Todos los tránsitos tienen que ser muy moderados. Hay que valorar mucho los impactos y, desde luego, lo de ponernos estupendos no me parece oportuno.

Para terminar, presidente -y concluyo inmediatamente-, quiero insistir en que prevalezca en toda la política del Gobierno en relación con esta materia el interés general de España, el interés general los españoles. Comprendo que es legítimo que el grupo que apoya al Gobierno hoy intente recuperar el voto perdido, intente conciliarse o conectar con quienes defienden unos valores medioambientales muy radicales, pero, por favor, a ustedes, en el ámbito de sus competencias, les corresponde gobernar para el beneficio de todos los ciudadanos. Desde luego, desde mi grupo parlamentario así lo hacemos continuamente, y todos los diputados de mi grupo que han pasado por esta Cámara desde 1982 hasta hoy -cuando estoy yo- siempre han estado comprometidos con el interés general de España. Mi intervención hoy solamente busca preservar y defender los intereses generales de España. El debate ha sido positivo, aun cuando mantenemos nuestras distancias. No soy partidario de dirigir; soy partidario de que los avances y el consumidor puedan ir sustituyendo un producto que entienden obsoleto y malo por un producto bueno. Por lo tanto, creo que es mucho mejor ser muy prudente y muy solvente en cambios como el que nos ocupa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Cierra el debate el señor secretario de Estado con aproximadamente dos minutos y medio.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Quiero hacer tres consideraciones a las tres que ha hecho usted.

Primera. El Gobierno no toma sus decisiones en términos, en este caso concreto, de medición de votos, sino en términos de medición de vidas.

Segunda. En el ejemplo que me pone, en el caso de la telefonía, hay un tema en el que debo emplazarle a su intervención inicial: por encima de cualquier otra cosa están la salud ambiental y la salud ciudadana. En el cambio tecnológico que implicó la telefonía en ninguno de los casos aparecía el vector salud en la necesidad de acometer una toma de decisión por parte de los Gobiernos. Es verdad que los mercados son capaces de calcular sin más cómo deben hacer sus procesos de transición, pero no tienen por qué atender al interés general; es al Gobierno a quien le corresponde preservar el interés general. En este caso, por eso interviene el Gobierno, porque preserva el interés general por encima del legítimo interés de las empresas.

Tercera. En el caso del comisario Arias Cañete, con el que he tenido ocasión de coincidir en las últimas semanas en varias ocasiones, lo que me sorprende es que llegamos los últimos, como Gobierno, en la toma de decisiones de la implementación de calendarios de fechas tope en la puesta en el mercado de vehículos diésel -otros países han ido por delante de nosotros- y no le he escuchado en ningún caso hacer esa referencia respecto a otros países. No sé si tiene una especial preocupación por España. Y en lo que se refiere a la fiscalidad, me gustaría conocer si la Comisión Europea va a modificar las recomendaciones que hizo al Gobierno de España en su momento, porque no tenemos tal notificación, y si la OCDE va a hacer también lo propio. En todo caso, me temo que estamos ante una opinión más personal que institucional del comisario Arias Cañete.

Muchas gracias y muchas gracias por el tono.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a los dos por haberse ajustado los tiempos.


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- DEL DIPUTADO DON FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE INSTALACIÓN DE ESCOLLERAS O DIQUES EN LAS PLAYAS DE LA MAGDALENA, BIKINIS Y PELIGROS DE LA CIUDAD DE SANTANDER (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/032880). (Número de expediente 181/001195).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la pregunta del señor Álvarez Palleiro, que tiene que ver con la instalación de escolleras o diques en las playas de la Magdalena, Bikinis y Peligros de la ciudad de Santander. Tiene usted la palabra, señoría.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, buenas tardes ya, señor Morán. Es un placer conocerle.

¿Conoce usted Santander? Es asturiano y le queda bastante cerca.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Sí.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Entonces convendrá conmigo en que posiblemente Santander sea una de las ciudades más bellas de España; yo creo que la más bella de España, pero habiendo nacido en el barrio pesquero de Santander, me tachará usted de subjetivo. (Risas). Lo que no es discutible es que la bahía de Santander es una de las bahías más bellas del mundo; está incluida, por ejemplo, en el Club de las bahías más bellas del mundo. Son veintinueve y en España solo hay dos: el cabo de Rosas y la bahía de Santander.

Hace algo más de una década, como ha pasado en muchas partes del litoral español, con el aumento de los temporales, de las tempestades, con el aumento de la virulencia del oleaje, la bahía de Santander está sufriendo alteraciones importantes. La playa del Puntal está creciendo mucho, entrando hacia el centro de la bahía; está disminuyendo el calado de la bahía de Santander; el estuario del río Miera está modificando también parte de la bahía; en la playa del Sardinero hay una pérdida importante de arena, que está dejando a la vista construcciones de muelles de principios del siglo XIX; y tenemos un grave problema en los arenales de las playas de la Magdalena, de los Bikinis y de los Peligros, porque en invierno, con estos temporales, parte de esos arenales desaparecen completamente.

Hace más de una década, el ayuntamiento del Partido Popular, entonces con mayoría absoluta, inició los trámites para un proyecto que evitara esa pérdida de los arenales de la playa de la Magdalena. Hubo un informe de la Universidad de Cantabria que daba varias opciones, entre ellas continuar con el rellenado cada primavera -que es una opción que no nos gusta porque es verdad que recuperas la playa en verano, pero para los santanderinos, que la disfrutan todo el año, desaparece en otoño, en invierno y en primavera- y también construir unos diques o unas escolleras. Durante diez años se ha avanzado en este proyecto. Es verdad que nadie dijo nada; no hubo alegaciones de ningún tipo. Es cierto que la consulta popular que se hizo fue realmente pobre. Se hizo un estudio popular, colocando una mesa en la plaza porticada, en el que solo se preguntó a 170 personas y en el que aparecían unas infografías que a mí me recordaban a lo que pides por Internet y lo que luego te llega a casa -pides que aparezca George Clooney y luego aparezco yo-, porque no tenían nada que ver con la realidad de las escolleras. Es cierto que nadie dijo nada. Cuando se inicia la construcción de las escolleras hay un movimiento popular, que tiene un fuerte impacto mediático, y se produce un debate importante en la ciudad con este asunto de las escolleras y con el impacto visual que estaba teniendo sobre la bahía de Santander.

Se presentó un recurso en el Parlamento de Cantabria, en el que se pidió por parte de todos los grupos parlamentarios, menos el del Partido Popular, que se paralizaran esas obras. Nosotros, que nos encontramos en medio, porque cuando se inició aquello sencillamente no existíamos en Cantabria, ante quitar las escolleras o seguir con su construcción, tomamos una posición que yo creo que es muy lógica y de sentido común: ya que hemos esperado diez años, podemos esperar un año más. Así, presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con el fin de que se habilitara una partida para un estudio integral de la bahía, porque, como se está modificando toda ella, los especialistas dicen que cualquier acción que se haga en una parte puede afectar al resto, no sabemos cómo ni cuándo ni con qué intensidad. Ahí tenemos pues esa enmienda aprobada, con 250000 euros, para que se haga un estudio integral de la bahía. Con ese estudio y con todos los informes, más el que hizo la Universidad de Cantabría, queremos sentar en una mesa no solo al Ayuntamiento de Santander, sino también a todos los ayuntamientos que conforman el arco de la bahía, para tomar las medidas necesarias con el fin de intentar paliar los efectos de estos temporales en la naturaleza. Le hago un ruego, que no sé si estará en su mano:


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que esa partida presupuestaria de 250000 euros pueda hacerse realidad para que se lleve adelante ese informe, ese estudio.

No voy a necesitar réplica, porque creo que sé lo que me va a contestar, para mi desgracia; no porque usted me vaya a dar una respuesta que no sea correcta, sino porque va a ser una respuesta que va a dilatar en el tiempo este problema. Dicho esto, nos gustaría saber, por un lado, si hay posibilidades de que salga adelante esa partida presupuestaria y, por otro lado, qué piensan hacer ustedes con esa paralización que se ha llevado a cabo por parte de su Gobierno y que había pedido -es cierto- la mayoría del Parlamento de Cantabria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. Con gusto, le invito a la costa de Huelva, pero ya hablamos después. (Risas). En cualquier caso, le quedan dos minutos, por si quiere hacer alguna aclaración.

Tiene la palabra el secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, presidente.

Coincido con usted: Santander es una de las ciudades más bellas del mundo. Le voy a decepcionar, como tenía usted previsto. Usted hace una afirmación inicial que yo creo que no es correcta. Dice: esto es lo que le puede suceder a alguien que pide a George Clooney y me presento yo. Yo creo que es al revés: imagínese que le piden a usted y luego va George Clooney. Vaya decepción. (Risas). En este caso, pasa lo mismo. No vamos a hacer exactamente lo que usted ha pedido, pero sí casi lo que usted ha pedido.

Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con un cuasiconflicto institucional sobre la mesa en relación con este proyecto, que es la posición del Ayuntamiento de Santander, alineado con los grupos políticos en uno u otro sentido, y justo en la dirección contraria el Parlamento de Cantabria. En una comunidad autónoma como Cantabria, donde Santander tiene un peso específico fundamental en la toma de decisiones -como pasa en Asturias-, tomar una decisión que contraponga de forma tan radical la posición del ayuntamiento con la posición del Parlamento y, por ende, del Gobierno de la región no nos parecía la mejor de las soluciones, y más cuando arrastraba un cierto grado de conflictividad social.

¿Qué es lo que decidimos en aquel momento? Estaba construido el primer espigón, pero las obras estaban paralizadas, de acuerdo con la previsión que tenía el proyecto, durante el periodo estival. Por tanto, no hubo que tomar ninguna decisión, sencillamente no se reactivaron las obras y se encargó al Cedex un informe. No llega al extremo del que usted alude, que probablemente en un momento posterior sea necesario afrontar, porque es verdad que no se conocen muy bien las dinámicas, pero sí sabemos que a lo largo de los últimos años, en el mismo volumen en el que se depositaba arena para la reposición en la playa de la Magdalena, se sacaba arena de la bocana del puerto, porque se colmataba y llegaba un momento en el que se hacía prácticamente inviable la navegación, es decir, se produce un trasiego de arena que en algún momento habrá que determinar, porque lo que no se puede hacer es estar duplicando esfuerzos en esa dirección. ¿Qué es lo que decidimos? Estábamos en esa situación y había bastantes informes; hasta el propio Ayuntamiento de Santander había alegado en contra del proyecto en un momento determinado. Solicitó una revisión del proyecto en su planteamiento de ejecución ante la propuesta ciudadana y nosotros decidimos parar -porque, como bien dice usted, si se esperó diez años, por qué no íbamos a esperar unas semanas más- y solicitar al Cedex que elaborase un informe de contraste sobre todos los que hay sobre la mesa en este momento. Una vez que tengamos el informe, que espero que sea en cuestión de días, vamos a convocar a las administraciones concernidas a la mesa para ver si somos capaces de tomar una decisión consensuada entre el Gobierno de la nación, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno del municipio de Santander. Confío en que eso sea así. A lo mejor soy un poco optimista, pero por lo menos no va a quedar por nuestra parte hacer el esfuerzo de buscar una solución que sea con carácter definitivo, ambientalmente compatible y socialmente admisible.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.

Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Hablamos de algo que nos trasciende a usted, a mí, a los santanderinos y a los cántabros, que es la bahía de Santander, que creemos que es un patrimonio natural que tenemos que preservar por encima de todo, no solamente por la cuestión ecológica, sino también por el turismo, si somos un poco egoístas y hablamos de dinero. Creemos que hay que ir un poco más allá de


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la playa de la Magdalena y entender qué pasa o qué puede pasar en los próximos años en la bahía para así habilitar actuaciones para mejorarla o para evitar que los daños que puedan venir por causas de la naturaleza sean mínimos. Por eso, si tiene usted la posibilidad de empujar esa enmienda, no solo yo, sino todos los santanderinos y los cántabros se lo agradeceríamos al Gobierno, me da igual el color que tenga.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.

Señor secretario.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Tomo nota de su sugerencia, la de empujar. Ya ve usted mi envergadura -puedo empujar lo justo-, pero voy a intentar en la medida de lo posible aprovechar las aportaciones del conjunto de los grupos y desde luego la suya para resolver esta cuestión a satisfacción de la ciudad de Santander y de toda la región cántabra.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morán.

- DEL DIPUTADO DON FÉLIX ALONSO CANTORNÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL INICIO DE LAS OBRAS DEL POZO COMPLEMENTARIO QUE PREVÉ EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE LA DESCONTAMINACIÓN DEL PANTANO DE FLIX PARA EVITAR LAS RESTRICCIONES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS VECINOS DE MORA LA NOVA Y SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL USO Y LA CALIDAD DEL AGUA QUE LES LLEGA A SUS HOGARES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/035814). (Número de expediente 181/001281).

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos con la última pregunta, que formula el señor Alonso Cantorné, sobre la descontaminación del pantano de Flix. Tiene usted la palabra.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor secretario, el pasado mes de julio, a raíz de un problema de abastecimiento de agua en las poblaciones de Móra la Nova y Garcia, le preguntamos al Gobierno por el pozo complementario que preveía el plan de restitución de descontaminación del pantano de Flix. Le quiero recordar que en una noticia del mes de abril de 2015 los medios especializados decían en sus titulares: AcuaMed mejora el abastecimiento de Móra la Nova y Garcia, en Tarragona, y licita dos proyectos dentro de la descontaminación de Flix. La misma noticia, más adelante, decía literalmente: De esta forma se va a solucionar la carencia de alternativas de abastecimiento a Móra la Nova y Garcia, realizando las obras necesarias para su mejora definitiva con la construcción de un nuevo pozo de captación y un nuevo depósito regulador de 1000 metros cúbicos de capacidad, así como las conducciones asociadas al mismo. El plazo de ejecución de las obras es de seis meses. (El señor vicepresidente, Romero Hernández, ocupa la Presidencia).

Como le decía, este verano, el 28 de junio, aparece la noticia de que los habitantes de Móra la Nova tienen restringido durante un tiempo el uso de agua del grifo porque se han detectado rastros de plaguicida. Ciertamente, ustedes nos contestan por escrito, el 18 de octubre, diciendo: En relación con la pregunta de referencia, se informa de que las obras de subactuación, proyecto constructivo Móra la Nova y Garcia-Tarragona Ribera de l'Ebre fueron adjudicadas. Asimismo, se indica que recientemente la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, ha resuelto el contrato, ya que la tramitación realizada hasta el momento no se ajustaba completamente a la legislación vigente. En cualquier caso -continuaba la respuesta-, el Ministerio de Transición Ecológica tiene intención de llevar a cabo la actuación, para lo que requiere de una nueva tramitación y aprobación del proyecto previa a una nueva licitación. La pregunta es sencilla: ¿qué ha pasado y por qué se ha rescindido el contrato?

El señor VICEPRESIDENTE (Romero Hernández): Señor secretario.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Vamos a ver. Le hago referencia a un expediente que, como no lo he seguido... (El señor Alonso Cantorné: Que no es suyo). Tuve ocasión de debatir sobre esta cuestión siendo yo diputado aquí, en la IX legislatura. Recordará


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Teresa de Lara que Flix estuvo presente en buena parte de los debates de la Comisión en aquellas fechas. Le traslado el contenido del informe que me dan. En 2015, la Abogacía del Estado determinó que la legislación vigente impedía que los proyectos aprobados por otras administraciones fueran ejecutados por Acuamed y que debían ser aprobados por el ministerio. En ese momento había siete obras en licitación de las complementarias que corresponden al proyecto de descontaminación de Flix y diecisiete pendientes de licitación; las demás habían sido ejecutadas. Esta situación se trasladó por la sociedad a los ayuntamientos incluidos en el plan. A día de hoy, se está definiendo la tramitación que debe aplicarse de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes para completar la tramitación administrativa de los proyectos y proceder a licitar las obras correspondientes seguidamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

A la vista del procedimiento -y hablo ya de los últimos meses-, en una previsión de una parte de la ejecución de un proyecto no menor que afecta a fondos europeos y que, por lo tanto, debemos justificar en tiempo y forma para no vernos abocados a una hipotética necesidad de tener que devolver los fondos recibidos, hicimos tres procesos de encuentro con administraciones: con la Administración europea, con el Ayuntamiento de Flix y con la Generalitat de Catalunya. A la Comisión Europea le trasladamos el compromiso, que a su vez Tragsa nos hace llegar, de que las obras estarán concluidas en tiempo en el mes de marzo, salvo que ocurran imponderables imposibles de prever, con lo cual cumpliríamos el calendario previsto. También trasladamos tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Flix y, por extensión, a los concernidos por la ejecución del proyecto el compromiso de -en un plazo inmediato a la disponibilidad de la draga, que forma parte indispensable del proceso de descontaminación- convocar la comisión de seguimiento en Flix, de tal manera que estemos en condiciones de aportar un expediente con un calendario de ejecución más avanzado del que en estos momentos disponemos, porque en estos momentos estamos sometidos al procedimiento administrativo de evaluación ambiental.

En último término, tiene que ser la administración ambiental la que sustancie la aprobación de los proyectos, pero el Gobierno de España, en este caso, debe dar el visto bueno a los mismos, y no la previsión que había en su momento, que era que Acuamed ejecutaba los proyectos entregados por los ayuntamientos. Los primeros no fueron reparados, pero en un momento determinado, en 2015, la Abogacía del Estado dice: Esto no puede ser así; Acuamed no puede ser una especie de medio propio al servicio de la ejecución de obras que deciden los ayuntamientos, sino que en último término debe validarlas el ministerio. Y en esas estamos.

Confío en que en un plazo no demasiado largo -vamos a ver si somos capaces de encajarlo en el mes de diciembre- podamos tener una reunión de la comisión de seguimiento sobre el terreno y trasladar las previsiones de ejecución de la obra de descontaminación, que es el eje central de las actuaciones, y además las complementarias que traen causa del propio proyecto, con el interés en responder a dos cuestiones fundamentales: una, la vulnerabilidad en materia de abastecimiento que plantean estos ayuntamientos y, otra, una preocupación que se nos trasladó respecto a las emisiones a la atmósfera, que también hemos tenido en cuenta y que se ha ido incorporando a los mecanismos de seguimiento de la ejecución de las obras.

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso.

El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias.

Señor secretario, me ha contestado y muy bien, pero supongo que lo que me ha contestado tiene relación con la noticia que ayer apareció en Europa Press, que decía: El Tribunal de Cuentas denuncia la elección del Gobierno para mejorar la gestión de Acuamed y Acuaes. ¿Cierto?

El señor PRESIDENTE: Señor secretario.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Yo no he hecho declaraciones. Soy el competente en esta materia y no he hecho declaraciones, con lo cual me parecería una osadía por mi parte hacer un análisis de la noticia, porque no se corresponde exactamente con la situación real de gestión en este momento. (El señor Alonso Cantorné: Ya ha dado la noticia.-Risas).

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cosa más, señor Alonso? (Denegación). Señor secretario de Estado.


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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias. En mis recuerdos son ustedes incluso más amables que los diputados que estaban conmigo en la IX Legislatura, excepto doña Margarita y doña Teresa de Lara, con lo cual quedo bien, porque ninguno de los demás estaba conmigo en aquella IX Legislatura.

Muchísimas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: ha sido un placer.

Se levanta la sesión, señorías.

Eran las dos de la tarde.

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