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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 678, de 28/11/2018
cve: DSCD-12-CO-678
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 678
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO MONTOJO
Sesión núm. 48
celebrada el miércoles,
28 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez):

- Para que explique el proyecto de reforma y modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/001256) ... (Página2)

- Para informar sobre la intención del Gobierno de reformar la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, previa consulta pública por un periodo de quince días. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001257) ... (Página2)

- Para informar sobre el proyecto de reforma de la Lomce. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/001260) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Educación y Formación Profesional.

El orden del día consiste en la celebración acumulada de tres comparecencias de la ministra de Educación y Formación Profesional, a la que agradezco mucho su presencia esta mañana en el Congreso de los Diputados. Estas tres comparecencias son: la primera, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que explique el proyecto de reforma y modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa; la segunda, para informar sobre la intención del Gobierno de reformar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, previa consulta pública por un periodo de quince días, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y la tercera, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar sobre el proyecto de reforma de la Lomce.

Intervendrá primero la señora ministra, y a continuación, por un tiempo de quince minutos, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de menor a mayor. Ya saben ustedes que seré estricto con los quince minutos que tienen asignados. A continuación, contestará la señora ministra y, posteriormente, habrá un turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos, seguido de la contestación final de la señora ministra.

Señora ministra, tiene usted la palabra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, siempre es un placer comparecer ante esta Comisión, y más para exponer uno de los principales proyectos en los que el ministerio que dirijo está trabajando.

Permítanme iniciar esta comparecencia recordando los principios rectores de mi mandato, que tuve la oportunidad de presentarles a sus señorías en la primera comparecencia del día 11 de julio, hace ahora cuatro meses y medio: el primero, la colaboración y el diálogo abierto para trabajar en común con la comunidad educativa y todos los agentes políticos y sociales; el segundo, la firme defensa de la democracia escolar y de la escuela como el lugar de aprendizaje de las virtudes cívico democráticas; el tercero, la obligación de los poderes públicos de atender el derecho a la educación; cuarto, el compromiso decidido con la equidad y la inclusión educativa y contra toda forma de segregación y exclusión; el quinto, el apoyo, la confianza y el desarrollo profesional de nuestro profesorado; el sexto, la apuesta estratégica por la formación profesional como motor del cambio productivo; el séptimo, diálogo y mecanismos de cooperación territorial con las comunidades autónomas; el octavo, modernización de nuestro sistema educativo para afrontar con éxito los desafíos del futuro y de una sociedad más compleja; y por último, la estabilización de nuestro sistema desde el punto de vista normativo con grandes acuerdos para la educación. Les decía entonces y me reitero ahora que todos estos principios rectores tienen como objetivo mejorar los aprendizajes y las titulaciones en un sistema educativo equitativo, moderno, flexible e innovador que capacite a nuestros niños y jóvenes para hacer frente a los desafíos que se les plantearán en este siglo XXI.

La necesidad de una reforma. Es una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la Lomce, los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del objetivo de la equidad. En mi comparecencia del mes de julio adquirí el compromiso de abordar con urgencia esta reforma. Dicha determinación no era solo un propósito de nuestro Gobierno, sino que respondía a una demanda mayoritaria de esta Cámara. En efecto, desde el mismo día en que se aprobó esta ley la totalidad de los partidos políticos, con excepción de Foro Asturias, UPN y UPyD y, obviamente, el Partido Popular, hicieron pública su voluntad de derogarla en cuanto se dieran las condiciones necesarias. Pues bien, el Partido Socialista no se ha olvidado de este compromiso. La Lomce fue una amalgama de medidas de distintos grupos e intereses ideológicos que ni elevó ni podía elevar el nivel de resultados y conocimientos porque se fundamentaba en la segregación y exclusión precoz. Ni confió en la profesionalidad de los docentes ni en el marco de descentralización autonómica, ni estuvo ni está a la altura de los tiempos, con una apuesta que rompía la comprensividad y estandarizaba los aprendizajes, y todo ello en un marco de recortes del gasto público mientras se disparaban las desigualdades y la pobreza infantil hasta casi un 30 % en los menores de dieciocho años. Es incontrovertible que el gasto por estudiante en infantil, primaria y secundaria se redujo en España un 11 % entre 2010 y 2015, mientras que


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en los países de la OCDE creció un 5 % de media. En consecuencia, los demás países avanzaban y no emprendían reformas ideológicas y nosotros, en cambio, retrocedíamos tanto en el gasto público como en nuestra alineación con las políticas educativas de nuestro entorno. Por todo ello, no es de extrañar que la Lomce provocase el rechazo generalizado de la comunidad educativa y el amplio compromiso antes mencionado de derogarla en cuanto cambiase la mayoría del Gobierno.

Señorías, la Lomce fue una apuesta tan equivocada que hasta el propio Gobierno del Partido Popular la dejó inactiva y sin aplicar en todas sus consecuencias. Como saben, antes de que llegase a implantarse la totalidad de la ley, el propio Gobierno popular la modificó mediante el Real Decreto-ley 5/2016, por el que se derogaban parte de los aspectos más significativos. Concretamente se paralizó el calendario de implantación de la ley y se suspendieron las evaluaciones finales llamadas reválidas, lo que supuso que estas dos medidas afectaran a cuestiones tan esenciales como los criterios de titulación, implantación de las etapas y tránsito entre ellas -acceso a la Universidad y a la FP-, introduciendo además distorsiones graves que ahora tenemos que resolver.

Por otro lado, tras dieciocho meses de reuniones, grupos de trabajo, comparecencias de expertos y debate en Congreso, Senado, Conferencia Sectorial de Educación y Consejo Escolar del Estado con el objetivo de alcanzar un pacto de Estado en materia de educación, no se ha llegado hasta la fecha a producir ningún documento consensuado, ningún documento que aportara orientaciones para que el Gobierno pudiera trabajar en las modificaciones que necesita el sistema educativo de nuestro país. No hubo documento, pero las numerosas comparecencias sí nos han proporcionado una información muy valiosa que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este proyecto y, como no podía ser de otro modo, las hemos escuchado con atención. Este proyecto de ley viene, por tanto, a dar respuesta a esta urgente necesidad de resolver los problemas que en el mundo educativo se han expresado con distintas voces. No es una reforma completa del sistema educativo, pero sí permite liberarlo de rigideces, darle aire y apuntar el camino por el que debemos avanzar en el futuro, apoyándonos para ello en las iniciativas de mejora y en las innovaciones curriculares y organizativas -trabajo por proyecto, planes estratégicos- que los centros ya están desarrollando para dar respuesta a las nuevas necesidades que les plantean las comunidades educativas a las que se deben. La urgencia en llevar a cabo estas mejoras y devolver el sistema educativo a la senda de la calidad y la equidad de la que fue tan bruscamente apartado con la Lomce ha impulsado a este ministerio a elaborar un texto articulado en un tiempo récord. Hoy contamos ya con un anteproyecto que todos ustedes conocen. Hemos escuchado, hemos valorado propuestas y este es el resultado que, por supuesto, no está cerrado. Abrimos ahora un tiempo para la aportación y el diálogo.

Modificaciones del anteproyecto. Hemos actuado sobre noventa y tres artículos: sesenta y cuatro artículos propiamente dichos, quince disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y algunas otras disposiciones finales.

Técnica normativa. Señorías, antes de entrar a exponerles el contenido concreto del proyecto, quiero detenerme un momento en la técnica que hemos seguido, considerando que en los últimos días han surgido dudas sobre si con este anteproyecto derogábamos completamente la Lomce o no. La Lomce, como ustedes saben, no es en sí misma una ley reguladora de todo el sistema educativo, sino que se limitó a modificar diversos aspectos, aunque sustanciales, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -la LOE-, así como algunos otros aspectos concretos de la LODE y de la Ley Orgánica de Universidades. Desde el punto de vista jurídico, limitarnos simplemente a derogar la Lomce, que a su vez, como he explicado, modificó parcialmente la ley anterior, la LOE, no resolvería los problemas planteados, puesto que las modificaciones habrían permanecido en la LOE modificada en 2013 y, además, esa decisión de derogación sin otros cambios introduciría una situación jurídica contraria a la deseable claridad que deben perseguir todas las normas jurídicas. Por tanto, lo que debíamos hacer -lo que hemos hecho- para revertir los cambios introducidos por la Lomce era reformar nuevamente la LOE, tal y como había quedado en 2013. Eso es precisamente lo que hace el presente anteproyecto, que viene a dar nueva redacción a la LOE, a través de la modificación y revisión de determinados aspectos tanto de la redacción inicial de dicha ley como de aquellos otros que se incorporaron a la misma por la Lomce y que requieren ahora un nuevo tratamiento, si bien manteniendo aquellos aspectos pacíficos y no cuestionados de ambos textos para la comunidad educativa. Así que, desde el punto de vista de su contenido y en coherencia con el compromiso político anunciado, nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la Lomce incorporó a la LOE, sin perjuicio de que, únicamente desde el punto de vista de técnica jurídica utilizada, se hable de derogación formal completa de la Lomce. Desde la perspectiva jurídica se ha actuado a través de la derogación completa


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de la Lomce. Con mera finalidad pedagógica, vamos a facilitar a todos ustedes y a toda la comunidad un texto consolidado de la LOE tras las modificaciones de la misma que ahora se proponen con este anteproyecto, para facilitar su comprensión y su lectura.

Pasamos ya el contenido de la modificación legal que proponemos. Hablamos de equidad y comprensividad como ejes vertebradores. Entrando ya en el contenido del anteproyecto, queremos hacer hincapié en que nuestra ambición y obligación como Gobierno es elevar el nivel general de conocimientos y hacerlo con equidad, demostrando que excelencia y equidad son perfectamente asumibles y compatibles, son las dos caras de la misma moneda que es la calidad. Equidad y excelencia son desafíos alcanzables, como ya han demostrado otros países avanzados. Existe un amplio consenso respecto a la función del sistema educativo, no solo como instrumento de desarrollo personal y herramienta de cohesión social, sino también como dinamizador de la economía. La propia OCDE nos advierte de que las personas con mayor nivel de escolaridad contribuyen a sociedades más democráticas y economías más sostenibles y son menos dependientes de la ayuda pública y también menos vulnerables a las contracciones económicas. Ningún país de nuestro entorno ha optado por reformas segregadoras y excluyentes en sus sistemas educativos. Romper la comprensividad con itinerarios precoces, callejones sin salida y una fuerte estandarización curricular con reválidas selectivas solo conduce a un aumento del fracaso escolar y de sus repeticiones.

Señorías, la Lomce no se elaboró desde un conocimiento fundamentado en las ciencias de la educación ni en la experiencia de los países con los que compartimos valores y objetivos de futuro. Es una ley sustentada en una lógica darwinista y que bajo la justificación del tan usado eufemismo o mantra de la cultura del esfuerzo, centrado en superar reválidas y pruebas sobre contenidos memorizados, condujo a un modelo que reflejaba una visión muy tradicional y conservadora más propia del siglo XIX que del siglo XXI. La ciudadanía de este país nos reclama un sistema educativo moderno, mucho más abierto, menos rígido, multilingüe, cosmopolita y que desarrolle todo el potencial y todos los talentos de nuestros alumnos. Por eso el proyecto de ley establece que la enseñanza básica, que comprende diez años de escolaridad, tenga como finalidad universalizar los conocimientos y competencias que permitan a todos los alumnos y alumnas a aprender a aprender a lo largo de la vida y faciliten su plena participación social y laboral. El derecho a la educación, señorías, no se satisface solo con garantizar el acceso universal a la educación, sino con la culminación con éxito de al menos las etapas obligatorias. Nuestra propuesta va en esa dirección y aporta importantes novedades de tipo estructural y transversal a todo el sistema. Se las relato a continuación.

En primer lugar y por primera vez en la historia del sistema educativo español, adoptamos un enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, con su cumplimiento efectivo según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, reconociendo el interés superior del niño, su derecho a la educación y la obligación del Estado a asegurarle sus derechos. Este compromiso con la infancia se refleja, además, en la propuesta que el anteproyecto establece en relación con el primer ciclo de la educación infantil, cuando en la disposición transitoria quinta señala lo siguiente: Los centros que atiendan a niños y niñas de cero a dos años y que a la entrada en vigor de esta ley no estén autorizados como centros de educación infantil o lo estén como centros de educación preescolar, dispondrán para adaptarse a los requisitos mínimos que se establezcan del plazo que el Gobierno determine previa consulta a las comunidades autónomas.

El segundo enfoque transversal es la perspectiva de igualdad de género a través de la coeducación, fomentando en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.

El tercer enfoque transversal es elevar los resultados del sistema en una dinámica de mejora continua de los centros y de una mayor personalización del aprendizaje. En este apartado, por su extensión y trascendencia, voy a entrar con más detalle. Nuestro proyecto concede una mayor autonomía a los centros y a unos equipos directivos sólidos para que diseñen planes de mejora de resultados. Las administraciones tendrán en cuenta el contexto socioeconómico del centro para destinar los recursos pertinentes a cada plan de mejora que se considere adecuado. Es esta una primera novedad que personaliza el apoyo del sistema a la realidad concreta de cada escuela, de cada centro. Por tanto, ya en sí misma es una respuesta equitativa. Además, las administraciones educativas y los centros harán un seguimiento y valoración de los planes de mejora, tomando como referencia los objetivos propuestos. Por tanto, aunaremos la mejora, la equidad y la eficacia, que juntas tendrán un efecto multiplicador para todo


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el sistema. ¿Cuál será la base fundamental para los planes de mejora del centro? Pues, entre otras, las evaluaciones diagnósticas de las competencias básicas que se realizarán en 4.º de Primaria y en 2.º de la ESO, que tendrán un carácter informativo y orientador para los centros, las familias y el alumnado. De hecho, los centros podrán desarrollar planes de refuerzo y medidas de atención a la diversidad para aquellos alumnos cuyo nivel competencial lo requiera con el fin de mejorar la equidad. Esta es una segunda medida que personaliza el aprendizaje y la mejora individual y colectiva de resultados. El principal mensaje que quiero destacar aquí es que apostamos por un marco normativo donde el sistema y los centros se pongan al servicio del potencial a desarrollar en cada alumno y alumna atendiendo a sus necesidades y sus singularidades. Pongamos por tanto al alumnado de las nuevas generaciones digitales en el núcleo central del sistema. Esta apuesta implica, en consecuencia, ampliar la autonomía de los centros para que, por un lado, sea cada centro el que elabore sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado atendiendo a su diversidad y ritmos de aprendizaje y favoreciendo el aprendizaje activo, competencial y reflexivo, y por otro, acaben de desarrollar y completar el currículo promoviendo alternativas metodológicas, experimentaciones y flexibilización de espacio y tiempos escolares en los términos que establezcan las administraciones educativas. En definitiva, señorías, se trata de que los centros y sus proyectos educativos puedan compensar siempre las carencias socioculturales detectadas en su entorno inmediato, sea en materia de igualdad de género entre el alumnado o bien en matemáticas o en arte, literatura o incluso en el buen dominio de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales. La escuela, señorías, es el instrumento más potente a nuestro alcance para compensar todas esas carencias culturales y de aprendizaje que sean detectadas, por lo que hemos de potenciar aún más que los centros aporten valor añadido entre el punto de partida y el punto de salida; esa precisamente debe ser y será su responsabilidad y su función social.

Además, señorías, nuestra propuesta contiene otras novedades que redundan en una mayor personalización del nivel de respuesta al alumnado, empezando con la detección precoz y la atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo ya desde la educación infantil, el informe personalizado al finalizar la Educación Primaria e incorporarse a la ESO para mejorar las transiciones o los planes de repetición con medidas orientadas a superar las dificultades detectadas. Todas estas medidas y enfoques transversales servirán para potenciar la calidad educativa en condiciones de igualdad, elevando los resultados del aprendizaje y una dinámica de mejora continua de los centros atendiendo a su contexto socioeconómico. Como han puesto de manifiesto los estudios de la OCDE, cuanto más se retrasa el momento en el que un alumno se ve obligado a elegir una vía académica o profesional, menos posibilidades hay de que esta elección esté condicionada por el nivel sociocultural y otras características de origen. Así que suprimimos la doble titulación, que establecía de facto la Lomce, con sus itinerarios académico y aplicado, que ya venían marcados desde el tercer curso por la selección de las matemáticas. Modificamos también los Pemar, estableciendo los programas de mejora de oportunidades -Promo hemos dado en llamarles- desde el tercer curso de la ESO, con una duración de dos años. Esta vía permitirá obtener el título único de la ESO -único-, que ahora sí posibilitará acceder tanto al bachillerato como a la formación profesional, a diferencia de lo que sucedía con las reválidas académicas y aplicadas que proponía la Lomce. Los alumnos y alumnas que cursen la formación profesional básica, además de alcanzar una cualificación de nivel 1 del Catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Queremos que todos y todas tengan las mismas oportunidades, que los caminos no sean irreversibles en una edad en la que no se ha completado la madurez.

También nos hemos fijado como propósito disminuir el índice de repetición. Tenemos que empezar a generar la conciencia de que la repetición no es la opción que mejor contribuye a mejorar las perspectivas de aprendizaje y evolución de los alumnos y alumnas. Muy por el contrario, es un pequeño fracaso del sistema que, además, perjudica especialmente a los alumnos desfavorecidos. La repetición refleja la idea de que el alumno solo necesita más tiempo para aprender, cuando lo importante es enseñarle de otra manera que se ajuste a sus necesidades específicas. Como nos recuerdan continuamente los organismos internacionales, en el modelo español se abusa mucho de la repetición como fórmula de solución del bajo rendimiento. La repetición debe ser la última ratio, la última de las opciones, y por eso intensificamos las medidas de apoyo y refuerzo. Hay que poner todos los recursos necesarios para que el alumno pueda continuar su trayectoria sin tener que volver a cursar el mismo año. Si de forma excepcional el alumno debe repetir, esta decisión deberá adoptarla de manera colegiada todo el equipo docente, previa constatación de que se han adoptado medidas previas y se han evaluado sus resultados. Si finalmente


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repite, lo hará con un plan individualizado de repetición, plan sobre el que, además, un docente del centro realizará un seguimiento. Asimismo, se pretenden recuperar y rescatar los casos de fracaso escolar del alumnado que deje el sistema educativo sin el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, garantizando una adecuada orientación académica y profesional que dará lugar a un plan personalizado.

Estas medidas contribuirán a reducir el abandono educativo temprano, que junto con el fracaso escolar son dos asignaturas pendientes de la educación en España. Las tasas de abandono se redujeron en los últimos años, pero no debido precisamente a la Lomce ni a medidas de política educativa, sino al comportamiento del mercado de trabajo. Con motivo de la crisis económica y de la disminución del coste de oportunidad que supusieron las altas tasas de desempleo juvenil, muchos jóvenes retornaron o se mantuvieron en los centros, pasando la tasa de abandono temprano del 30,9 en 2009 al 18,3 en 2017. Todavía no cumplimos, señorías, el objetivo europeo de 2020 y tenemos un gran desafío en relación con las mayores tasas de abandono en los varones, en el mundo rural, entre las rentas más bajas y en el colectivo de alumnos inmigrantes que, les recuerdo, señorías, tienen una tasa de abandono del 36 %.

Respecto al bachillerato, seguirá siendo de dos años, pero con la posibilidad de continuar en segundo curso con las asignaturas pendientes en un formato más flexible y modular; así, no hará falta repetir todo un curso. En esta misma meta de flexibilizar y evitar barreras a la titulación de bachillerato, en determinados casos, señorías, muy particulares, se podrá obtener el título con una asignatura pendiente. El artículo dice así, y se lo leo textualmente: El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que excepcionalmente el equipo docente pueda -pueda, señorías- decidir la obtención del título de bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a este título. Señorías, esta es una medida que los centros ya aplicaban de facto sin haber desatado polémica alguna. Por otro lado, esta medida se contempla tanto en el bachillerato internacional como en países como el Reino Unido o Francia, nada sospechosos de no fomentar el esfuerzo meritocrático. Se trata de posibilitar que el equipo profesional de cada centro analice las circunstancias personales de cada estudiante, como de hecho sucede, y decida y valore la posibilidad de que una asignatura no le haga perder un año completo. Es una posibilidad que no se plantea con carácter general sino solo en determinados casos y con las restricciones que marque el Gobierno. Por último, dentro de esta meta de hacer que nuestro sistema educativo sea más inclusivo, en el anteproyecto se amplían y mejoran las medidas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo con el fin de garantizar que puedan realizar la escolaridad en las mejores condiciones.

La ley aborda también, como ustedes saben, algunos desajustes relacionados con la enseñanza de la religión confesional. El tratamiento que el anteproyecto da a la religión se atiene estrictamente a los acuerdos firmados con la Santa Sede. La religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado. Esta regulación, que se mantuvo hasta 2013, era un acuerdo sólido que no planteaba conflicto social. La religión seguirá siendo también evaluable. Como en todo proceso de aprendizaje el docente deberá hacer entender a sus alumnos y alumnas lo que ya han aprendido y aquello en lo que necesitan seguir profundizando y traducirá esa evaluación en una nota. Sin embargo, esta calificación no será computable para la obtención de una beca ni para la prueba de acceso a la universidad, porque ello no sería justo para quienes libremente eligen no cursar esta materia. Por otra parte, el anteproyecto no establece otra asignatura espejo como alternativa a la religión porque, señorías, el derecho de unos a cursar estas enseñanzas religiosas no puede conllevar la obligación de otros a estudiar algo que no han elegido. Y, desde luego -y en esto quiero hacer especial hincapié-, el aprendizaje de los valores no puede ser la alternativa a la religión. La educación en valores es un pilar básico del desarrollo personal y piedra angular de una sociedad moral y democrática, un aprendizaje imprescindible para formar ciudadanos que la escuela tiene, por tanto, que garantizar para todos los alumnos y alumnas. Por ello, en un curso, tanto de la educación primaria como de educación secundaria obligatoria, se impartirá la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, sin perjuicio de que además, por su carácter transversal, estos aprendizajes estén presentes en todas las materias. Responde a una demanda clamorosa de la sociedad europea formar a las futuras generaciones en los pilares esenciales de la ciudadanía del siglo XXI: igualdad, prevención de toda violencia, compromiso con la sostenibilidad y otros, valores todos ellos recogidos en la Agenda 2030.

En relación con la participación, el anteproyecto de ley que presentamos pretende volver a la situación anterior restaurando la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros. Por ello establece un equilibrio entre los representantes de los consejos escolares y se les otorga


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una mayor responsabilidad en la elección del director o directora y la gestión y evaluación de los centros escolares. Queremos que el aprendizaje de la cultura democrática para los alumnos empiece desde la participación e implicación en la gestión de la vida interna de las escuelas. Si vivimos en una democracia, nuestros alumnos también deben aprender en escuelas democráticas organizadas como tales. Se propone también acercarse a un perfil de director que, además de garantizar su competencia para la gestión del centro, pueda asumir realmente el papel de liderazgo pedagógico y de impulsor de la innovación educativa, papeles que sabemos contribuyen decididamente a la mejora de los centros.

En relación con las lenguas, en el modelo territorial que diseña nuestra Constitución existe un equilibrio entre Estado y comunidades autónomas. El modelo de educación descentralizado ha tenido históricamente y sigue teniendo hoy más ventajas que inconvenientes en el desarrollo de un sistema educativo y de calidad. Son las administraciones educativas autonómicas las que tienen el conocimiento del entorno y de las circunstancias históricas, sociales y culturales que concurren en su población. Con el objetivo de llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y de las comunidades autónomas, respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional, se establece de nuevo la competencia del Gobierno de definir las enseñanzas mínimas que abarcarán el 55 % o el 65 % del currículo en todas las etapas, que las administraciones autonómicas completarán con los aprendizajes que consideren necesarios. Este reparto competencial venía funcionando en los diecisiete años anteriores a la Lomce sin generar ningún tipo de polémica. Por supuesto, la descentralización autonómica exige, a su vez, una adecuada evaluación del sistema educativo por parte del Estado. Por ello, en el último curso de educación primaria y de educación secundaria obligatoria las administraciones educativas llevarán a cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por los alumnos y alumnas. Este instrumento permitirá al Estado disponer de una información valiosa para velar por el adecuado equilibrio territorial que establece nuestra Constitución. En el tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta trata de combinar de manera equilibrada la necesidad de garantizar el aprendizaje del castellano, que constitucionalmente todos los ciudadanos tienen el deber de conocer, con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad autónoma y que en sus territorios son de uso común y a las que, por tanto, el sistema educativo tiene también la obligación de proporcionar su aprendizaje. Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación obligatoria con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito tanto en castellano como en las lenguas cooficiales. A lo largo de estos últimos treinta y cinco años se han desarrollado para ello diferentes fórmulas para lograr este objetivo y la legislación ha de amparar todas aquellas que contribuyan adecuadamente a lograr la competencia suficiente en el uso de ambas lenguas. Debemos ser cuidadosos para no caer en regulaciones que no sean escrupulosamente leales con la Constitución y quiero recordar en este sentido que la redacción que hizo la Lomce de la disposición adicional treinta y ocho ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional.

La propuesta incluye, además, la previsión de que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas, el castellano y la lengua cooficial, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros que permita detectar y corregir las disfunciones en su aprendizaje. Se garantiza, asimismo, que la utilización de una u otra lengua en la enseñanza en ningún caso puede ser objeto de discriminación.

Señorías, quiero concluir recordando que en mi comparecencia del pasado mes de julio ya señalaba que no estamos en condiciones de desaprovechar el potencial de capacidades de ninguno de nuestros alumnos y alumnas porque todos ellos son igual de importantes y necesarios para el país, para nuestra economía, para nuestra cultura y para nuestra democracia y todos ellos y ellas tienen el mismo derecho a ser educados.

Considero que el Objetivo 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas al que responde nuestro proyecto, que les invito a debatir y a enriquecer, puede ser el pedestal del futuro consenso educativo de toda la comunidad educativa. Todos los cambios que proponemos en el futuro proyecto de ley se orientan para fortalecer y garantizar un sistema educativo más moderno, más flexible, más equitativo y más a la altura de las exigencias contemporáneas, no de solo una parte sino del conjunto. Con estas medidas vamos a elevar el nivel general de conocimiento, demostrando, como siempre he dicho, que excelencia y equidad son perfectamente asumibles y compatibles. Tal y como recomienda la OCDE, el margen de mejora de la excelencia de los sistemas es elevar los resultados de los alumnos socialmente desfavorecidos, es decir, igualar hacia arriba. Así pues, la finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población española que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y satisfaga la demanda generalizada de toda la


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sociedad española de una educación de calidad para todos. Esos y no otros son sus objetivos centrales. Por tanto, se trata de actualizar y renovar la LOE de 2006, una vez transcurridos estos doce años desde su aprobación y mantener viva la ley como lo está la sociedad a la que sirve y que, en consecuencia, deben evolucionar, al tiempo que lo hace la sociedad, sus demandas y retos educativos y los compromisos que asumimos para el 20-30. Por tanto, esta es la segunda ley orgánica actualizada que define la estructura y el funcionamiento del sistema educativo español desde la aprobación de la Constitución que se renueva como lo hacen las principales leyes educativas de los sistemas democráticos.

Les pido, señorías, que procuremos dejar al margen los apriorismos ideológicos y los intereses de partido y hablemos sobre las mejores soluciones y medidas existentes en la literatura internacional. (El señor Alonso Díaz-Guerra pronuncia palabras que no se perciben.)

Para terminar, intentemos estabilizar el sistema y construir poco a poco una educación pública y concertada que sea la joya y el orgullo de nuestro Estado del bienestar, un orgullo de nuestra ciudadanía democrática. El Gobierno y yo misma estamos convencidos de que ustedes tienen una excelente predisposición y tienen, además, responsabilidad de Estado para abordar este trabajo importante.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su intervención.

Vamos a dar la palabra a los grupos parlamentarios, empezando por el Mixto donde tengo dos intervinientes al parecer, el señor Matute y el señor Miquel. No veo al señor Matute. Está el señor Miquel solo.

Señor Miquel, tiene usted entonces todo el tiempo del Grupo Mixto. Luego se lo dice al señor Matute de nuestra parte, que le hemos querido dar la palabra también, pero que no estaba.

Tiene usted la palabra.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, señor presidente.

No hará falta que usted me corte porque soy conocido por ser breve.

En primer lugar, ministra, muchas gracias por su comparecencia y buenos días.

Mi grupo incluso en los peores momentos en los últimos años ha sido uno de los grupos que se ha comprometido con el desarrollo de grandes temas y, sin duda, la educación es para nosotros uno de ellos alrededor del cual hemos intentado generar consensos, distensiones y poner nuestros votos al servicio de dicha causa. De hecho, es conocido por todos, también por usted, que si el Pacto de Estado por la educación, que nosotros habíamos defendido incluso, a pesar de todo no salió adelante no fue por mi grupo sino por la falta de consenso entre los cuatro grandes grupos de esta Cámara.

La derogación de la Lomce era -y ya se lo he comentado algunas veces cuando hemos tenido ocasión- el segundo punto de nuestro programa electoral. El primer punto con el que nos presentamos a las elecciones de junio de 2016 era echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, conocido por todos, especialmente por usted, que está conseguido y por eso nos comprometemos con el segundo punto de nuestro programa electoral que es derogar la Lomce. No nos parece interesante el debate técnico-jurídico de si eso es técnicamente una derogación o es otra cosa, sino que creemos que lo importante es analizar los artículos y ver cómo aquellos que son más nocivos para la educación, y sobre todo para la educación en Cataluña, podemos revertirlos.

Ustedes han planteado esa derogación en un juego a dos tiempos. El primero ya está en esta Cámara y es un proyecto para revertir los recortes y para revertir la situación a la que nos sometía la Lomce, pero también es conocido por usted que a nosotros nos parece que este primer juego no es suficiente. Hay que asegurar que aquellos temas que son claves y que la Lomce atacaba de forma directa sean revertidos. Usted igual no conoce el día a día de esta Cámara como lo conocemos los que estamos aquí, pero estamos acostumbrados a ver cómo una mayoría parlamentaria que no se corresponde con una mayoría de la Mesa tiene sus consecuencias y es que la Mesa es capaz de bloquear los proyectos de ley que les parecen convenientes al Grupo Popular y a Ciudadanos. Esa es una amenaza que hay que tener en cuenta, que yo quiero hacer notar y que ustedes deben tener en cuenta también a la hora de elaborar su estrategia porque nos podemos encontrar con que la Mesa, que tiene una mayoría que no es equiparable a la mayoría de la Cámara, nos lo bloquee.

De hecho su propuesta -con el tiempo que lleva usted en el ministerio tampoco le podemos pedir mucho más- no es de gran cambio y de gran consenso porque es una propuesta que nos devuelve a 2006 con algunos matices mejorados. Tendremos tiempo para hablar de ello cuando este proyecto de ley llegue a esta Cámara, pero es evidente que esta no es una gran propuesta de ley que mira al futuro, que apuesta


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por grandes cambios y grandes reformas, sino que nos devuelve al año 2006, pero es verdad que en materia educativa después de haber pasado por este ministerio el ministro Wert, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Con lo cual, ahí vamos a estar, estudiando cada una de las propuestas y de los artículos que ustedes se proponen modificar.

Le apunto básicamente tres cosas que para nosotros son importantes y que tendremos tiempo para discutir cuando este texto llegue a la Cámara. La primera, y es básica para nosotros, es poner en valor la formación profesional. Creemos, sin duda, que la Lomce era una de las cosas que más atacaba, la dejaba en un sector casi marginal desde el punto de vista de la dignidad y de las salidas profesionales que eso podía tener para los alumnos cuando a nosotros, que creemos en un modelo en el que la formación profesional pueda convivir con la formación universitaria y con otros modelos y espacios educativos, nos parece absolutamente imprescindible intentar devolver a la formación profesional la dignidad que nunca nadie debió arrebatarle.

La segunda es la concertada. Tendremos tiempo para discutirlo, ministra, y seguramente vamos a discrepar un poco más usted y nosotros. Desde mi punto de vista, en algunos lugares de España se ha hecho un uso de la concertada que es francamente preocupante desde cualquier posición que pretenda defender un modelo de convivencia entre la educación pública, la privada y la concertada. Se ha utilizado la concertada para enriquecer a título personal a algunos miembros de algunos partidos políticos y eso nos parece absolutamente lamentable. Dicho esto, la situación de la concertada en España no es homogénea. La situación de la concertada en Cataluña es seguramente diferente por historia y trayectoria, pero también por la propia gestión y el uso que le dan otras regiones del Estado. Por eso creemos que es importante que eso también se quede reflejado en esta iniciativa, porque al final no podemos tratar a todos los modelos, a todos los territorios igual si el uso y función que se da a cada uno de los modelos no es el mismo.

Por último -y aquí no le voy a sorprender-, quiero referirme a la lengua. Usted lo apuntaba, parte de la disposición adicional trigésimo octava de la Lomce fue anulada por el Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que la Lomce fue pensada con un objetivo muy claro, y de hecho no es intuición sino que, con palabras textuales del ministro Wert, estaba pensada para españolizar a los niños catalanes, lo cual es tremendo que se aproveche una ley educativa para españolizar a los niños catalanes. No me imagino yo a ningún dirigente político catalán diciendo que la Ley de Enseignement de Cataluña se plantea para desespañolizar o para catalanizar a los niños catalanes. Me parecería grave que así fuera. Con lo cual, entendiendo que la Lomce fue creada desde este punto de vista y, en lo que se refiere a la lengua y a la educación en Cataluña, desde una posición muy concreta aprovechando una mayoría del Partido Popular que no responde ni a una mayoría social en Cataluña ni a una mayoría en el Parlament de Catalunya, creemos que es importante ser justos también con eso. Lo digo porque de sus palabras se desprende cierta sensación o sombra de sospecha sobre el conocimiento de la lengua castellana en Cataluña. Yo le diría que no hay ningún indicador que pueda dar la mínima sensación de que el castellano es una lengua que esté retrocediendo en lo que a su conocimiento se refiere en Cataluña sino al contrario. Con lo cual, por qué no analizamos y nos aproximamos sin demasiados prejuicios al modelo de inmersión lingüística y por qué no lo analizamos sin esa sombra de sospecha que algunos han conseguido a base de repetir una y otra vez que el castellano era una lengua desconocida o que estaba retrocediendo en Cataluña. Yo le pediría que se aproximase a esta cuestión desde este punto de vista, sin perjuicios, valorando lo que la inmersión lingüística ha aportado a Cataluña, a generaciones de catalanes, algunos de ellos justamente hoy cuestionando la inmersión lingüística desde este arco parlamentario. Así pues, yo le diría que nos aproximásemos a eso sin prejuicios, analizando aquellos indicadores que nos permiten demostrar que el castellano no es una lengua en retroceso, que hay una capacidad de convivencia, hay espacio para que el catalán y el castellano puedan convivir en Cataluña e incluso que incorporemos otra lengua en la educación en Cataluña, pues sería riqueza lingüística, riqueza cultural para todos, también para aquellos que no formamos parte del sistema educativo.

Yo dejo aquí mi primera parte, espero sus consideraciones. Seguiremos hablando en la réplica. Gracias, ministra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Miquel.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ongi etorri, bienvenida a esta Comisión.


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Cuando ocurren grandes catástrofes naturales, inundaciones, incendios y cosas de esa índole, lo primero que se hace son las reparaciones de urgencia, es decir, las reparaciones de índole personal, las atenciones sanitarias urgentes. Pasado ese trámite, en lo material empieza a arreglarse lo más importante después del desaguisado cometido, a continuación, cuando ya las aguas bajan a su lugar de origen, se hace un análisis de daños causados y, a partir de ahí, se hace un plan. Este símil me parece que podría valer tras el desaguisado que cometió la Lomce en la educación. Podríamos decir que tras la Lomce lo primero que había que hacer eran las reparaciones de urgencia.

Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho usted en cuanto al caos que generó la Lomce y la situación que dejó en la educación, que requería, por un lado, unas reparaciones de urgencia y, por otro, un análisis para determinar cómo se podría solventar el daño causado y cómo se podría perfeccionar todo aquello que no se mejoró, porque usted sabe que lo que no se mejora, empeora. Por lo tanto, en la primera fase, de acuerdo, ningún problema. En los últimos tres años, menos los grupos que usted ha indicado, todos coincidimos e incluso decidimos que había que derogar la Lomce. No me voy a meter tampoco en exceso, como ha dicho el señor Miquel, en si es derogación, si es modificación o si es coger una ley y cambiar cosas, es decir, cambiar lo que modificaba la Lomce de la mejor manera posible sin que los daños colaterales sean excesivos. En eso coincidíamos todos, seguramente no nos poníamos de acuerdo en cuáles eran los mejores remedios.

Usted, como responsable del Gobierno, planteó una serie de reformas, una serie de modificaciones y reparaciones, y en algunas de ellas sin duda alguna coincidíamos. Coincidíamos por ejemplo en aquello que había destrozado la Lomce. Desde un principio, cuando usted hizo la propuesta de modificarla y marcó cuáles eran las líneas generales de lo que usted pretendía, no le voy a negar que la música sonaba bien, y sigo pensando que la música de lo que usted ha planteado sonaba bien, entre otras cosas porque sonaba tan mal la anterior que, a la mínima que se modificaran ciertas cuestiones, ya empezaba a sonar mejor. No voy a repetir aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pero un poquito sí viendo lo desastrosa que fue la Lomce. Nosotros pedimos lo mismo en aquella famosa nonata Comisión para el pacto de Estado y a usted le planteamos lo mismo, siempre hemos tenido el mismo criterio en cuanto a cualquier reforma educativa que se pudiera plantear. En eso hemos sido sinceros y usted lo sabe perfectamente. Independientemente de que usted pueda coincidir más o menos o que en teoría pueda coincidir, aunque después en la práctica veamos que ocurren cuestiones que contradigan aquello que en teoría se defiende, usted sabe que nosotros seremos grandes vigilantes de lo que es el respeto al ámbito competencial en materia educativa. Usted ha sido consejera de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sabe perfectamente cuál es el ámbito competencial. Usted sabe perfectamente que el Estado también ha invadido el ámbito competencial de la educación en Euskadi en otros momentos con leyes como las que hemos planteado y que esto había que resarcirlo urgentemente porque el daño causado era grande. No vamos a negarle que seguiremos defendiendo que el Estado no puede inmiscuirse más allá de lo que la Constitución le indica, pero tampoco vamos a permitir que por medio de planteamientos gubernamentales se decida que aquello que la Constitución fija que se amplíe hasta aquí se haga hasta más allá porque ustedes así lo consideren, lo pongan en marcha y ya vendrá el Tribunal Constitucional luego a decir si se han pasado o no y mientras tanto ejercen su autoridad estatal.

En lo que se refiere ya a la materia concreta, marcado este terreno de juego que usted sabe perfectamente que es el que nosotros le vamos a plantear, sí consideramos interesante por ejemplo el tema de las reválidas. Usted ha hablado mucho de los males de la Lomce. Evidentemente usted sigue planteando aquellas cuestiones que han tenido que modificar, porque precisamente el objetivo de la Lomce era ideológico -y yo comparto que tenía un objetivo ideológico más allá del educativo y que era su principal función-, resarcir ciertas cuestiones para que la educación volviera a ser un ámbito igualador pero en el mal sentido de la palabra igualador, de uniformizador. Además algunos ya se han quitado la máscara. No sé si es porque ahora ya es barra libre o no, pero el líder del Partido Popular ya ha dicho que va a solicitar que la competencia de educación vuelva al Estado, por lo tanto no había que andar con máscaras defendiendo la competencia autonómica con la boca pequeña cuando su líder ya lo ha dicho. Por lo tanto, no hace falta que tengan que desmentir nada los del Partido Popular porque ya sabemos qué es lo que piensan, todo aquello de lo que les hemos acusado y nos decían que no, pero bueno. Señora ministra, ya haremos una lectura más amplia de lo que es el proyecto, sin duda alguna. Evidentemente, plantearemos todas aquellas modificaciones que creemos que son importantes en un principio para la educación básica, pero también para el sistema educativo del Estado, aunque nosotros defendemos que tenemos que tener mucha más autonomía a la hora de organizar nuestro


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propio sistema educativo, porque cada sistema educativo, cada sociedad, requiere de unas singularidades -aunque la palabra singularidad no me gusta en exceso-, requiere de situaciones diferentes porque responden a sociedades diferentes, corresponden a identidades y a culturas diferentes y cada uno debe de adecuarse lo mejor que corresponda.

Comparto también el criterio del compañero del PDeCAT en cuanto a esa cuestión de la dicotomía pública-concertada, evidentemente ya no entramos en la privada. La lectura de la concertada que algunos grupos tienen no responde por ejemplo al sistema educativo vasco. Usted sabe perfectamente que la concertada en Euskadi es un sistema educativo complementario que es casi igual que el público y que no tiene, digamos, ninguna pelea y existe una relación pacífica. La sociedad da confianza al sistema educativo en su globalidad y después decide adónde envía a sus hijos e hijas a la escuela. Además, creo que el servicio es el que es el público, el servicio público independientemente de quién es el titular de esa escuela, para que nos entendamos, y son los programas. La autonomía de cada escuela para su ejercicio curricular es un elemento que incluso yo creo que se está dando porque las circunstancias escolares son diferentes. No voy a entrar en exceso en detalles concretos de las repeticiones, etcétera, voy a hacer una lectura más bien global porque ya tendremos tiempo suficiente para entrar en materia concreta no solamente en fase de enmiendas, sino que supongo que esto tendrá una elaboración en la cual tendremos que ponernos de acuerdo en muchas cuestiones que van más allá de la concreción.

Quiero decirle también que esta ley es la antesala de la universidad, es decir, a partir de esta ley las personas que salgan tienen que enfrentarse -en el buen sentido- a la universidad o a la formación profesional, pero digamos que ya salen del cascarón de la escuela, y creo que es una oportunidad inmensa para que las personas que tengan que acceder tanto a la universidad como a otros sistemas, pero ya fuera de la escuela, puedan salir con la mayor preparación y con la mayor formación en todos los sentidos. Comparto el sistema de los valores, pero no comparto en exceso el intervencionismo, aunque creo que hay ciertas cuestiones que también tienen que estar encima de la mesa. Yo creo que, por ejemplo, en la escuela vasca se ha tenido muy en cuenta y ha sido muy importante.

En cuanto al tema de la lengua, no es que exista el derecho a poder estudiar en una lengua, pero hay gente que pretende que exista el derecho a no saber una lengua, y eso me parece gravísimo; aparte de que intelectualmente es nefasto que la ley permita no tener que estudiar una lengua; eso es muy grave, y creo que en algunos lugares, como Cataluña o Euskadi, algunos defienden eso. Evidentemente, pobres intelectualmente, pero aparte creo que va contra la ley.

En cualquier caso, espero que las modificaciones que se hagan sean buenas, no solo la música sino que la letra también acabe siendo buena. Sin duda alguna, nosotros también haremos aportaciones en la defensa del sistema educativo vasco, que esperemos que también valga para otros sistemas educativos del Estado, así que estaremos al tanto.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Tiene la palabra el señor Olòriz, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidente.

Benvinguda, senyora ministra. Es cierto que lo que usted nos propone es urgente y necesario, reparar -se decía aquí-, reconstruir lo que hemos perdido en el camino por la crisis económica y el mal gobierno político; reparar lo que la Ley orgánica para la mejora de la calidad de la educación nos ha dejado. Es cierto que nació muerta y que, incluso, en los últimos años se ha reconocido así por algunos de sus impulsores, pero adolecía de tres elementos fundamentales que la hacían contraria a los intereses de la educación en España. Primero, la falta de consenso entre partidos y administraciones, que llevó a un cierto caos en su aplicación, o mucho caos en su aplicación; segundo, una financiación inexistente que no la hacía creíble en aquellos elementos de transformación; y, por último, un sesgo ideológico ultraconservador, incluso más que algunos de los miembros de especialistas en educación del propio partido que lo proponía; incluso yo me atrevería a decir que bastante más. Combinar una reforma educativa con recortes presupuestarios le llevó a carecer totalmente de credibilidad y legitimidad, sobre todo por parte de aquellos que la tenían que aplicar, los centros y los profesores.

Es difícil encontrar en los siglos XX y XXI transformaciones en Europa de sistemas educativos con una caída en torno al 15 % del presupuesto público. También es difícil encontrar modelos pedagógicos tan conservadores en alguna reforma educativa de los últimos cuarenta años. Normalmente se apuesta por acompañar las reformas con inversión y con consenso en su aplicación. De hecho, en esta reparación de


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urgencia, la derogación del Real Decreto-ley 14/2012 ha sido un elemento real bien visto por muchas administraciones, especialmente por los profesores y por la comunidad educativa. Hemos empezado a reparar el mal causado, pero la propuesta de hoy va más allá, va a reconstruir. De la mano de los recortes, el laberinto de la Lomce nos deja un erial donde impera una desconfianza de la comunidad educativa, desconfianza en muchas personas fundamentales para la transformación. El error de entender la evaluación del sistema con las reválidas excluyentes ha hecho mucho daño, porque en la educación el concepto de evaluación imprescindible, diagnóstica, imprescindible, se ha visto como una imposición, como situar las escuelas en buenas y menos buenas, y tendremos que romper este prejuicio fundamentado en una realidad muy dura.

Con la propuesta de modificación que se hace de la Lomce o, mejor dicho, con esta derogación que nos retrotrae a la LOE, con cambios interesantes, estamos a grandes rasgos de acuerdo. Tenemos elementos concretos que usted ya sabe que queremos modificar a partir del consenso más amplio posible, y le adelanto dos, que ya conoce pero que para nosotros son fundamentales: El primero es la clarificación de la coeducación -no confundir esto con concertada-, la clarificación del concepto coeducación, que es cierto que se considera como prioritaria a la hora de los conciertos, pero que a nuestro parecer nos gustaría que fuese un requisito para los conciertos. En esto tendríamos que mirar blindar al máximo lo que la práctica de una lectura determinada de la Lomce nos ha generado jurídicamente. La coeducación no es algo anecdótico o circunstancial, es fundamental para un modelo de sociedad que sea realmente integrador, y en esto no podemos caer en errores de principio. El segundo elemento es avanzar más en el concepto de una inspección pedagógica. Necesitamos una estructura de inspección importante, potente. Lo fundamental es esta inspección autonómica, pero que haya una inspección del Estado complementaria no nos parece mal siempre y cuando volvamos al principio fundamental que es pedagógico, que es tener un sistema educativo bueno. También revisar el sistema de oposiciones, porque cuanto más tiempo pase con un sistema de oposiciones obsoleto creamos en el futuro disfunciones que hemos de solventar; asimismo, el concepto de cuerpo docente y encontrar fórmulas que nos permitan unos profesores que tengan contratos indefinidos -sin duda-, no mal pagados ni que tengan problemas de futuro, pero sí que el objetivo fundamental de los equipos docentes y su función pedagógica sea clave. Hay otros temas -aquí se han dicho algunos- pero ya tendremos tiempo de plantearlos, aunque somos partidarios de hacerlo lo antes posible. No pondremos ninguna traba a que estos cambios imprescindibles se hagan. Hay que reparar y reconstruir -cierto-, pero también esta reconstrucción nos ha de permitir avanzar en elementos para dar salida a los retos del siglo XXI. Entiendo que esto será un suma y sigue. Para que una gran transformación política se produzca hacen falta tres ingredientes fundamentales, algunos de momento no los tenemos: primero, políticos que conozcan bien la educación, lo que yo llamaría emprendedores políticos en el mundo educativo. Segundo, ideas concretas y adecuadas al problema en cuestión; hemos avanzado en estos dos años -pienso yo- de la subcomisión, tenemos ideas suficientes para tener fundamentos suficientes. Tercero, una gran demanda pública de lograr soluciones, es decir, que la educación sea un elemento vivo en la sociedad y no solo un elemento de escándalo parcial o de otro tipo.

De los casi dos años de participación escéptica pero activa en la subcomisión de este nonato pacto por la educación, he llegado a una conclusión con la que no partía de entrada: no ha habido seis grandes transformaciones educativas desde la ley de 1978. Yo dije una vez que había habido seis leyes y que eran demasiadas leyes, pero -a diferencia de lo que pensaba hace dos años- hubo una gran reforma, la de 1990 -la LOGSE-, y a lo mejor entre todas media más. Esto lo hemos de completar en la buena línea. Pienso que aquí se adelantan elementos, porque es cierto -a pesar de que algunos políticos no lo comparten- que los sistemas educativos cambian muy lentamente y no cambian por poner negro sobre blanco algo, ayuda o entorpece, pero no lo cambia, y la inercia de los mismos tiene un peso importante desde una perspectiva histórica. No es casual encontrar elementos en el debate educativo de los preámbulos de la Lomce, la LOGSE, la LODE e incluso la lejana Ley General de Educación de la última etapa del franquismo; la paradoja, sin embargo, es que estos cambios legislativos posteriores a 1990 en muchos casos han abordado temas que no son estructurales de fondo, que son intereses más o menos políticos, más o menos ideológicos y en algún caso económico en el sentido de recortar, de tener educación low cost, que no existe en Europa o si existe no es la que queremos. Cuando parecía, a veces, que todo era posible, siempre nos hemos encontrado con no tener los recursos necesarios. Por eso, entiendo que tendremos que esperar un poco -no demasiado- a que este cambio sea posible en su profundidad. Pienso que la comunidad educativa está harta de una falta de coherencia, de mucha burocratización en las tareas educativas y una obsesión por lo accesorio que


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ha secuestrado lo fundamental. Pero hoy, señora ministra, nos toca reparar, nos toca reconstruir y en eso estamos con usted. Luego, si el tiempo y la autoridad no lo impiden, nos tocará avanzar en la dirección que hemos dicho de un gran pacto, esperemos que sea más pronto que tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olòriz.

Tiene la palabra ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora ministra, por su comparecencia en esta Cámara. Antes de empezar a hacer las consideraciones sobre el anteproyecto de ley que plantean ustedes, que sinceramente me parece un absoluto emplasto y una especie de provocación, y anuncio ya que en el momento en que se tramite Ciudadanos hará una enmienda de devolución, me gustaría hacer algunas consideraciones previas sobre el modelo y la fórmula que usted ha utilizado para presentar este anteproyecto, que considero que se aleja bastante de las fórmulas democráticas mínimas y que pese a su discurso es todo lo contrario al consenso. A usted se le ha llenado la boca de hablar de negociación y de consenso pero ustedes tienen el récord del anticonsenso, han hecho ustedes campeón a Wert. Han hecho un paripé de negociación de una ley orgánica en menos de veinte días con 84 diputados y, mire, hay algunas cuestiones que ratifican lo que le estoy diciendo. Ustedes lanzaron un borrador de anteproyecto, unas líneas, antes de que se cerrara el plazo de exposición pública que habían abierto a la comunidad educativa. Sabe usted que no se ha reunido ni ha recibido ni a los profesores ni a los estudiantes ni a los padres que han pedido hablar con usted. A mí me llegó el anteproyecto de ley después de que se hubiera filtrado el borrador a la prensa, esto no es cortesía parlamentaria. Además, usted en algunas declaraciones que ha hecho a El Diario de la Educación dijo que la modificación de la Lomce sería probablemente por procedimiento de urgencia. ¿Cómo puede hablar de consenso si tiene usted 84 diputados y quiere hacer una tramitación de una ley orgánica de educación -que es probablemente la política pública más importante que se tiene que hacer- por urgencia en veinte días y además sin haber consensuado ni revisado lo que -ahora le diré- habíamos expuesto? Solamente le pido una cosa: sea usted sincera, elimine la palabra consenso de sus discursos y diga usted que quieren hacer una imposición, y creo que así todos podremos empezar a hablar con más franqueza. Le tengo que decir que, lamentablemente, esta fórmula de legislar "porque yo lo valgo" a mí no me sorprende, y se lo digo porque ya le comenté en la interpelación que sustanciamos hace unas semanas que el PSOE tiene un problema muy grave y es que piensa que la educación es suya y están ustedes muy equivocados. La educación es la política pública más importante que se puede hacer en un país y es de la ciudadanía porque es el futuro de ese país. Como piensan ustedes que la educación es suya y que están en posesión de la verdad, antes de compartirla deciden hacer sus modelos que, desde mi punto de vista -no soy del PSOE-, lo que van a conseguir es destrozarla. Y ahora se entiende muy bien por qué se levantaron ustedes de la subcomisión de educación. Sus portavoces dijeron que no había garantías suficientes ni voluntad para garantizar la financiación que se necesitaba para hacer una reforma educativa, la del 5 % del PIB. Pues mire usted, son las mismas garantías o menos que las que hay hoy, porque cuando ustedes han mandado sus propuestas económicas a Bruselas el incremento sobre el porcentaje del PIB en educación ha sido cero, por tanto, era claramente una excusa.

Ha dicho usted que han revisado las comparecencias de los ochenta y tres expertos que estuvieron. Permítame decirle que, si las han revisado, se les han debido escapar algunas cuestiones importantes, pero como usted no estuvo yo le voy a citar dos textos literales que aparecen en las comparecencias y que puede usted buscar. Le voy a citar textualmente dos afirmaciones. La primera dice: "Les voy a decir cuál es el mayor enemigo del acuerdo; el mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo [...] frente a la idea del pacto como simple meta, estimo que hay que recuperar la idea de un pacto como generación de espacio". Y la segunda: "Acordar, pactar no es ir a un lugar existente". ¿Sabe usted quién hizo estas afirmaciones? La primera la hizo su exministro de Educación, Ángel Gabilondo. Y la segunda la hizo Mariano Fernández Enguita, que fue un compareciente, un gran experto que llamó el Partido Socialista, hablando de la necesidad de consensuar y de trabajar una ley educativa de mínimos y que fuera pactada sobre cuestiones importantes que ahora le voy a exponer. Ustedes dicen que han atendido las demandas de los expertos; sin embargo, yo les animo a que revisen otra vez las comparecencias porque había cosas en las que no había acuerdo, pero había otras muchas en las que sí había un acuerdo por parte de los expertos. Curiosamente, las cosas que ustedes no han incluido en el anteproyecto de


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reforma de la Lomce como la cuestión docente, el aumento de la financiación, el aumento de la autonomía de centro para establecer algunas cuestiones o, por ejemplo, la educación inclusiva.

Considero que lo que han hecho ustedes es uno de los mayores ejercicios de desprecio a la comunidad educativa que se ha visto en la historia. Por supuesto, igual o mayor que el que hizo Wert. Ustedes han decidido que no van a tener en cuenta -y están en su derecho, porque están en el Gobierno- todo lo que se hizo, y le voy a decir además por qué y por qué lo que usted ha dicho no es cierto. El debate educativo se supone que sigue vivo en el Senado; el Senado tiene que presentar este miércoles las conclusiones de todo un trabajo que se hizo en la Cámara Alta sobre la educación. No han tenido ustedes ni la decencia de esperar a que se presentaran esas conclusiones -porque no se había roto ese pacto, ese pacto seguía- para presentar su anteproyecto de ley. Por tanto, mucha escucha activa no han hecho. Honestamente -ya se lo he dicho-, no entiendo cómo se les puede llenar la boca de consenso y representante de la soberanía nacional con todo lo que han hecho para llegar hasta aquí. Pero vamos a ir al anteproyecto en sí.

Yo me he leído con interés su anteproyecto y les tengo que decir una primera cuestión. Su anteproyecto tiene tan altísimo tinte ideológico que creo que es una provocación y su exposición de motivos -léala usted- no es una exposición de motivos, es un mitin electoral. Ustedes dedican gran parte del texto a denostar al PP, que es su hobby educativo desde hace unos años -del uno y del otro-. Además, en el articulado se centran ustedes en aquellos aspectos que se generan o que se centran en la polarización, dejando de lado todos los aspectos que en la subcomisión sí que se habían acordado, como le he dicho anteriormente. Realmente ustedes lo que quieren es eliminar la Lomce sin derogarla -porque ya han dejado aquí esa técnica legislativa que dicen que sí, pero no, pero no sé- pero quieren volver a su LOE. Sinceramente, usted sabe mucho de educación, ¿usted cree que la reforma educativa que España necesita en estos momentos es una ley de 2006? Han pasado muchas cosas desde 2006 hasta ahora y, con independencia del valor o no -no voy a entrar a valorar si fue o no útil-, lo cierto es que la LOE es una ley obsoleta, que no dio buenos resultados. Por favor, abandonen la postura del Gollum de que es su tesoro y habrán un poco la mente y vean que tenemos que hacer cosas adaptadas a lo que está haciendo el entorno, no a lo que hicimos nosotros hace doce años.

Tienen ustedes una verdadera querencia por el remember preocupante. Son ustedes muy reaccionarios en algunas cosas y vuelven ustedes con su proyecto de ley a los grandes éxitos noventeros; vuelven ustedes a sacar la religión y vuelven ustedes a añadir otra cuestión que es la demanda social. Por cierto, le voy a hacer una pregunta, ¿qué tienen ustedes en contra de la demanda social? ¿Me lo podría explicar? Porque la demanda social es precisamente el concepto que da sentido a la participación de las familias en la programación educativa. Usted ha hecho a veces algunos argumentarios con respecto a algunas cuestiones con las que yo puedo estar de acuerdo, como lo relativo al suelo público. Si a usted le molesta el suelo público, modifiquemos las normativas que afectan al suelo público para la concesión de la concertada y no matemos moscas a cañonazos. Cuestiones que nosotros habíamos hablando en privado con ustedes y a las que, por supuesto, no nos han hecho caso porque han hecho caso a otros socios de Gobierno. Les pedimos por favor que hicieran una regulación pedagógica específica con respecto al 0-3 donde sí había un acuerdo. Por supuesto no nos han hecho caso, pero explíqueselo usted hoy al presidente Sánchez y a Susana Díaz porque hoy ha hecho un anuncio el señor Sánchez en Andalucía y yo quiero decirle a toda Andalucía que podrán prometer lo que quieran desde el punto de vista financiero, pero que ahora mismo les pedimos hacer una propuesta pedagógica para la regulación de este ciclo y no la han hecho. A nosotros no nos han hecho caso; les pedimos dos cosas y no están, pero sí les han hecho caso a sus socios nacionalistas.

Con respecto a la cuestión territorial, le tengo que decir que su propuesta no hace ningún avance. Es más, hace peligrosísimos retrocesos. Ceden ustedes la educación totalmente a las comunidades autónomas: todo el control curricular, toda la evaluación, eliminan los estándares de aprendizaje, eliminan las pruebas finales de etapa y hacen una dejación de funciones brutal incluso en la cuestión de la EBAU, que también le pedimos que lo solucionara. Respóndame, señora Celaá, ¿formaban parte todas estas cuestiones del acuerdo de investidura que ustedes negociaron? Pero, lo más grave de todo esto es que nosotros le pedimos que reforzaran la Alta Inspección Educativa, porque yo recuerdo que en esta Constitución las competencias educativas están compartidas. El Estado tiene una responsabilidad y unas funciones -que ahora voy a mencionar- y las comunidades autónomas tienen otras. Digo esto porque ustedes no refuerzan esto y consolidan la dejación de funciones que se viene haciendo desde hace años. Voy a traer a colación unas declaraciones que se han hecho por parte del Partido Popular con respecto a


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una postura, desde mi punto de vista, absolutamente populista de que hay que centralizar las competencias en educación. Yo no sé si esto forma parte de la campaña electoral, pero obviamente es un absoluto desconocimiento de la regulación educativa. No hay que centralizar las competencias en educación, lo que hay que hacer es hacer cumplir la legalidad vigente y las funciones que tiene el Estado y las que tienen las comunidades autónomas. Lo otro me hace pensar que, efectivamente, alguien no tiene los conocimientos en Derecho suficientes como para hacer algunas declaraciones. Yo le diría al señor Casado que se lo haga mirar.

Les recuerdo, señores del PP y señores del PSOE, que han tenido ustedes una amnesia educativa muy peligrosa y que las competencias educativas en este país están compartidas y el Estado tiene funciones básicas como son las de velar, supervisar y expedir los títulos académicos. Es en la LOE -su ley, la que tanto les gusta- y en los estatutos de autonomía donde se hace mención explícita a la Alta Inspección Educativa. Luego la LOCE lo intentó desarrollar, pero no tuvo éxito. Le leo textualmente lo que aparece en la LOE: Le corresponde a la Alta Inspección Educativa "comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo" y le corresponde a la Alta Inspección Educativa "velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos". Lo digo porque ustedes muchas veces -usted no, que sabe mucho de educación, pero algunos de sus portavoces y algunos de los portavoces de Educación de otras fuerzas políticas- voluntariamente intentan mezclar la Alta Inspección Educativa con la Inspección Educativa. He concretado cuáles son las funciones de la alta inspección. Por cierto, señora Celaá, con respecto a las funciones de la Alta Inspección Educativa, ¿cómo va usted a garantizar las sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que tiene que cumplirse al menos el 25 % de las horas lectivas en castellano? ¿Piensa usted hacer lo mismo que el Partido Popular en Cataluña, es decir, meter los expedientes en el cajón? ¿Tiene usted pensado hacer algo con respecto al adoctrinamiento, además de dejar los informes no publicados? Ayer se presentó un informe -que sale hoy parte de él- sobre el adoctrinamiento, que ya no solamente se produce en Cataluña, pues se produce también en Baleares y, tiempo al tiempo, saldrán informes diciendo que también se da en Valencia. ¿Va usted a hacer algo, al margen de acusar de falta de rigor a la alta inspección sobre estas evidencias? Lo digo porque a algunas fuerzas políticas se les ha llenado la boca diciendo que ahora van a penalizar y van a poner sanciones a aquellas comunidades autónomas que adoctrinen a los niños. La cuestión es que han pasado de decir que eran casos puntuales, luego no hicieron absolutamente nada cuando estuvieron en el Gobierno, y ahora dicen que van a sancionar. Por favor, seamos serios.

Miedo me da, sinceramente, que tanto ustedes como el Partido Popular recentralicen la educación. ¿Para qué, para no hacer nada? ¿Para hacer otra vez dejación de funciones? Por favor, déjense de demagogia barata, pidan perdón por todo lo que pasado y por el caos del sistema educativo que tenemos en estos momentos y siéntense de nuevo a negociar de verdad en lugar de hacer estas propuestas que están presentando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.

Tiene la palabra ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, creo que primero el señor Sánchez y luego el señor Mena. (Asentimiento.) Perfecto. Señor Sánchez, tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señora ministra. Quiero darle las gracias por parte de nuestro grupo por comparecer en esta Comisión para explicar las líneas maestras de este anteproyecto de ley de reforma de la Ley educativa. Después de escuchar con atención su intervención y tras leer los diversos borradores que se han ido publicando, no le puedo ocultar una sensación de cierta amargura porque quizás esperábamos otra cosa. Parece que el debate educativo en nuestro país no termina de salir de un círculo en el que derogamos la Lomce, del año 2012, para volver a la LOE, de 2006, porque este anteproyecto de ley no presenta demasiadas novedades respecto a la Ley educativa de la etapa Zapatero y, sobre todo, no recoge muchos de los consensos de la comunidad educativa, que ya estaban reflejados en un documento importante, en el documento de bases para una ley educativa, firmado por más de cincuenta entidades educativas y que, por cierto, tanto mi grupo Podemos como el Partido Socialista rubricaron en el año 2014. A nuestro juicio, nos encontramos con una reforma más limitada de lo que nos hubiera gustado; es verdad


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que desde este Grupo Confederal siempre hemos fijado como prioridad política la derogación de la Lomce, pero a la vez siempre hemos señalado la necesidad de avanzar hacia una nueva ley educativa pactada con la comunidad educativa, con los agentes educativos, que se hiciera cargo de muchas de las demandas de los que defendieron la educación pública en los años más duros de recortes -de las mareas verdes- y que también presentara un compromiso fuerte con la escuela pública. En este sentido, como le decía, esperábamos algo más de ambición por parte del ministerio y -por qué no decirlo- algo más de colaboración con este Grupo Confederal y con los grupos progresistas de la Cámara, porque ahora mismo se trata de un anteproyecto de ley que cuenta con 84 diputados, y en esto no deberíamos engañar a nadie.

En cualquier caso, y como sabemos que el debate recién se abre ahora, le quería comentar algunos aspectos de la reforma y sugerirle también algunos cambios que creo que mejorarían el texto y que podrían llevar a acercar posturas. En primer lugar, me gustaría referirme al tema de la financiación. Como todo el mundo sabe, la subcomisión para el pacto educativo naufragó por la falta de compromiso presupuestario del anterior Gobierno, lo que llevó a que una serie de grupos -Grupo Socialista y Grupo Parlamentario de Unidos Podemos- abandonáramos esa subcomisión. Por eso nos ha sorprendido que este anteproyecto de ley no incorpore una memoria económica o acaso una disposición transitoria que fije objetivos de inversión y plazos.

En este Grupo Confederal consideramos que se debería establecer el objetivo de equiparación del gasto público a la media europea, es decir, el 5 % del PIB, que tanto el Grupo Socialista como nosotros hemos reivindicado en la subcomisión del pacto educativo. Para ello hay que ponerle plazos, porque a nadie se le escapa que con la inversión actual no es posible recuperar todo lo que recortó el Gobierno del Partido Popular ni abordar las mejoras que nuestro sistema educativo necesita.

En segundo lugar, hay otro tema fundamental: la cuestión de la educación pública y la doble red. En los debates de la subcomisión también fue un asunto muy recurrente; nosotros siempre sosteníamos que la educación como servicio público debía ser garantizada a través de los centros de titularidad pública y debo decir que la mayoría de las ocasiones el Grupo Socialista nos daba la razón. Sin embargo, con esta vuelta a la LOE se vuelve a considerar a los centros públicos y a los concertados como redes complementarias y pensamos que con esa formulación, que ya en su día fue una cesión del Partido Socialista a los sectores educativos más conservadores, se permitió el avance de la escuela privada y se desdibujó la función de la escuela pública. Desde Unidos Podemos, en consecuencia, les vamos a pedir que recuperen la fórmula original de la LODE, de 1985, esto es, definir a la red de centros públicos como la red principal, vertebradora del sistema, y a la concertada como red subsidiaria, no por una cuestión terminológica, sino para revertir de una vez por todas la ola privatizadora del Partido Popular. En este sentido, consideramos igualmente que este anteproyecto debe establecer, por ejemplo, que el régimen de conciertos se limita a las enseñanzas obligatorias, poniéndole fin, desde ya, a los conciertos en bachillerato y formación profesional.

En cuanto a la educación de cero a seis -y aunque el ministerio y el Grupo Socialista siempre se muestran favorables a universalizar esta etapa educativa-, la realidad es que este anteproyecto de ley no crea estructura para ello y lo deja más o menos como estaba. A nuestro juicio, en este punto se podría ir más lejos. Por una parte, habría que recoger el deber de las administraciones educativas de ampliar la oferta de plazas públicas para atender toda la demanda del primer ciclo, y garantizar la generalización del segundo ciclo de educación infantil en la red pública, favoreciendo así la escolarización temprana. Por otra parte, pensamos que la educación infantil debe recuperar el carácter estrictamente educativo que le asignó la Lomce sin retroceder -como ya empezó a hacer la LOE y luego profundizó la Lomce- a una concepción asistencial, es decir, de mera conciliación de la vida laboral y familiar, o a un enfoque preescolar más propio de guarderías aparcamiento.

Respecto a la ordenación curricular que nos presenta este anteproyecto de ley, celebramos la supresión de los itinerarios tempranos que introdujo la Lomce, pero por la misma razón nos preocupa y lamentamos que el ministerio haya decidido mantener la formación profesional básica, que no deja de ser un itinerario segregador, dentro de la ESO, que rompe el principio de la educación obligatoria, de la educación comprensiva, fundamental para garantizar una formación común básica a todo el alumnado. Por otra parte, y también relacionado con el currículum, usted sabe que hace unas semanas esta Comisión aprobó una proposición no de ley para recuperar los estudios de Filosofía en los planes de estudio; se trataba de una proposición que hizo Unidos Podemos, pero que salió con el voto favorable de todos los grupos y levantó cierta expectación.


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Tengo que decirle que nos ha sorprendido para mal la posición del Gobierno de recuperar por una parte la Historia de Filosofía de segundo de bachillerato a costa de eliminar la asignatura de Ética de cuarto de la ESO, ya que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos no es una asignatura propiamente filosófica, sino que se asemeja más bien a una Educación para la Ciudadanía, versión 2018. Esperamos que rectifiquen y que tomen en cuenta lo que aprueba esta Comisión. En este mismo sentido, también queríamos hacerle notar la falta de concreción sobre una de las recomendaciones del Pacto de Estado contra la violencia de género respecto a la necesidad de incorporar contenidos específicos sobre igualdad y contra la violencia machista. Nosotros siempre hemos defendido que hacía falta una asignatura específica de educación afectivo-sexual en algún curso de la ESO. Es otra de las recomendaciones de parte de la comunidad educativa que tampoco recoge este anteproyecto de ley.

Respecto al profesorado, tampoco vemos que este anteproyecto tenga la voluntad ni ponga muchos instrumentos para abordar los problemas que tienen nuestros docentes. Por ejemplo, no hay ni una sola mención a la situación de interinidad de las plantillas docentes ni a la degradación de sus condiciones laborales. En este sentido, nosotros pensamos que se debería habilitar como disposición adicional un proceso extraordinario para la consolidación y estabilización de las plantillas docentes. No es una propuesta original, es justamente lo que aprobamos hace un año en esta Comisión el Grupo Socialista y el Grupo de Unidos Podemos, y creemos que lo que hemos ido trabajando estos años se debería estar plasmando ya en este anteproyecto, y no está siendo así.

Lo voy a dejar aquí para que mi compañero Joan Mena pueda comentar algún otro aspecto de este anteproyecto, pero, en cualquier caso y pese a todos los elementos que he señalado francamente mejorables, sí le queríamos manifestar nuestra voluntad de diálogo y colaboración para derogar de una vez la Lomce. Sabe que cuenta con nosotros para eso y sobre todo para avanzar, no volviendo a la LOE de 2006, sino a una ley de educación del año 2018 que permita reforzar una educación pública bien financiada, una educación pública para todos y para todas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.

Señor Mena, tiene la palabra.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenos días, y gracias también, señora ministra, por su comparecencia.

Coincidimos en eliminar la segregación educativa; debe ser el principal objetivo que debería tener su ministerio. Por lo tanto, nosotras le pedimos que usted, ministra, no se quede en cambios puramente estéticos en esta nueva ley, sino que sea valiente y busque, junto con el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, modificaciones estructurales del sistema; y el tratamiento de la religión es uno de esos elementos y lo tienen ustedes fácil. Esta Comisión aprobó el pasado mes de febrero una proposición no de ley de Europa Laica, presentada por nuestro grupo y el Grupo Mixto, con una enmienda del Partido Socialista que defendió magníficamente el señor Meijón, donde instábamos al Gobierno a derogar los acuerdos con la Santa Sede (el señor Meijón pronuncia palabras que no se perciben), que es uno de los principales obstáculos democráticos porque viene del régimen anterior y mantiene los privilegios que tiene nuestro sistema educativo. (La señora Moneo Díez pronuncia palabras que no se perciben.) Nosotros le pedimos, señora Celaá, que no protejan desde el Gobierno los acuerdos con el Vaticano como están protegiendo los viajes del rey emérito a Arabia Saudí. Pedíamos literalmente, y lo dijo el señor Meijón, dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículum y del ámbito escolar, y el Grupo Socialista votó a favor y colaboró con una enmienda. Solo le pedimos, ministra, que el PSOE cumpla en el Gobierno con lo que ha dicho, lo que ha acordado y lo que ha aprobado siendo oposición. No puede ser que ustedes en la oposición digan una cosa y en el Gobierno se queden siempre en ese camino, porque eso es echar agua al vino y en educación no puede ser. La religión tiene que ir fuera del horario escolar y fuera del ámbito educativo; es sencillo, y solo le pedimos que la futura ley cumpla con ese acuerdo mayoritario de esta Cámara. La religión en las iglesias y la educación en las escuelas.

Nos preocupa también el tratamiento lingüístico en nuestro sistema educativo porque puede ser también una vía de segregación. Lo han intentado Ciudadanos y el Partido Popular con la casilla de la lengua en Cataluña; queremos un modelo educativo que respete los consensos de cada comunidad, no una ley y un Gobierno que venga otra vez a desestabilizar los sistemas educativos, como irresponsablemente ha hecho el Partido Popular con la ayuda de Ciudadanos en Cataluña en el último


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año. El objetivo tiene que ser que el alumnado acabe los estudios obligatorios, siendo competentes en las dos lenguas oficiales, y eso de momento solo lo ha conseguido el modelo de escuela pública en Cataluña; una escuela que ha sido atacada por el anterior Gobierno del Partido Popular con intenciones políticas, pero que también ha sido atacada por el Gobierno de Cataluña en forma de recortes ideológicos porque hay también dos maneras de atacar la escuela pública en nuestro país.

La diversidad lingüística en España es una riqueza, una oportunidad y un legado cultural de los más potentes del mundo y hay partidos que lo ven como una amenaza para su intención de uniformizar España. Nosotras le pedimos resolver y dar estabilidad en lo educativo a esta riqueza cultural que es la diversidad lingüística. Señora Celaá, usted ha hablado constantemente y ha apelado cuando hablaba el tratamiento de las lenguas, a la Constitución española y nosotros lo respetamos; pero le pedimos que incorpore también en su discurso hablar de los mandatos de los estatutos de autonomía, porque forman parte también de la arquitectura jurídica y normativa de esta España plurinacional.

Por último, nos preocupan también los vaivenes competenciales que han sido arma de confrontación política en los últimos tiempos y también en las últimas leyes de educación. Necesitamos dos cosas. Primero, una ley educativa que deje claras de una vez por todas y delimite las fronteras competenciales de las administraciones educativas. No puede ser que el alumnado y el profesorado sean quienes paguen las guerras competenciales entre administraciones porque ni es sano ni es aconsejable. Segundo, necesitamos un Gobierno que respete, como no ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, ese reparto competencial. La estrategia recentralizadora del Partido Popular, alimentada por Ciudadanos, en el ámbito educativo va en detrimento de la comunidad educativa y es contraria a las recomendaciones internacionales, que justamente abogan por la descentralización administrativa, también en el ámbito educativo. (La señora Martín Llaguno realiza signos negativos.)

Acabo. Creo que a nadie se nos escapa, señora ministra, que para aprobar este proyecto de ley, necesitamos mayorías en el Congreso de los Diputados; busquen ustedes esas mayorías y dialoguen más de lo que lo han hecho con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero necesitamos también otra herramienta, que es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que serán fundamentales si de verdad queremos desplegar una nueva ley de educación. Sin esos presupuestos no habrá nueva ley de educación, porque con los presupuestos del señor Mariano Rajoy no puede haber cambio educativo en el Estado español. Me dirijo al Gobierno del Partido Socialista y les digo que no tiren ustedes la toalla en la aprobación de estos presupuestos, porque a veces tenemos la impresión -voy acabando, presidente- que nos pasa como en la moción de censura, que nos la creímos más en Unidos Podemos-En Comú Podem que el propio Partido Socialista.

No tiren la toalla en la defensa de los presupuestos y permítame que también les diga a mis compañeros y amigos de Esquerra Republicana y del PDeCAT que, entendiendo la dificultad de la situación política que vivimos en nuestro país, reflexionen sobre la alternativa de que sea la alianza de la reacción del Partido Popular y de Ciudadanos quien recupere la gestión de la educación en las políticas educativas de nuestro país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Buenos días. Gracias, señor presidente.

Señora ministra, en primer lugar, quiero comenzar por felicitarla a usted y a su equipo por dar el paso tan esperado y deseado por tantas personas dedicadas a la educación española, y que llevamos demandando desde hace años. Así que vaya por delante nuestra enhorabuena por una ley comprometida con la sociedad, con la comunidad educativa y con otros grupos parlamentarios, como hemos visto. Y, ministra, sí hay prisa, y mucha prisa, para que las medidas más lesivas que contempla la Lomce sean revertidas, pero también hay prisa para que se tramite la ley lo antes posible; así que en eso, señor Olòriz, coincidimos plenamente.

La educación española ha sufrido en los últimos años un profundo retroceso que ahora deberemos compensar dando pasos determinantes para revertir esa situación, y pasar de una etapa negra para la educación a la apuesta por la educación y la formación como ejes fundamentales para el desarrollo de la sociedad española. Así lo vemos desde este grupo, y lo vemos con positividad, no con la negatividad que otros grupos parlamentarios han demostrado esta mañana con actitudes negativas de rechazo absoluto, y que desde luego apuestan por una visión estrictamente parcial de la educación española. Lamentamos


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que se parta con esa actitud del Grupo Ciudadanos ante lo que tiene que ser una reforma global y de apuesta por el futuro de la educación española.

Somos plenamente conscientes de que la Lomce generó una gran controversia en toda la comunidad educativa y social y de que por fin se deroga, como así recoge la disposición derogatoria que sentencia la Lomce, aunque somos conscientes de que esta nueva ley lleva incorporada una parte de la Lomce todavía y de que globalmente es una modificación de la LOE, que es la ley vigente. En este anteproyecto al que hemos tenido acceso, dejan corregidos aquellos aspectos que han sido más vulneradores de la igualdad de oportunidades, de la equidad. Se trata, en resumen, de revertir los aspectos más negativos introducidos por la Lomce y de avanzar en una concepción de la educación más inclusiva y de calidad para todos, recogiendo los textos legales las nuevas demandas y necesidades de la sociedad. (La señora Martín Llaguno pronuncia palabras que no se perciben.) Aunque algunos grupos parlamentarios han manifestado su deseo de ir más allá, y nosotros también compartimos que la educación española necesita un proceso de modernización con luces largas que pueden requerir cambios importantes para el futuro, no nos confundamos porque de lo que se trata en esta ley es de reparar lo urgente y poner las bases para el futuro, que haya mayor autonomía, sobre todo para los centros, y poder adoptar medidas ajustadas a su entorno y su contexto. Hay cosas que hay que abordar, pero dejémoslo para más adelante porque de lo que se trata en estos momentos es de que esta ley pueda ser aplicada con la máxima urgencia posible y, a ser posible, el curso que viene.

Señora Martín, no es cierto que no se haya contado con nadie (Un señor diputado: ¡Con nadie!) Se han analizado las ochenta y tres comparecencias de la subcomisión y cuestiones que suscitan más consenso, pero es que lo que a ustedes les interesa -la alta inspección o el centralismo o su mir docente- ya sabemos que no es consenso, puesto que ha sido debatido y rechazado en el Congreso. (La señora Martín Llaguno pronuncia palabras que no se perciben.) Así que no venga a decirnos que se imponen cosas porque imposición sería incluir nuevamente lo suyo cuando ya ha sido rechazado en el Congreso de los Diputados y no cuenta ni con el apoyo parlamentario ni con el apoyo educativo.

Hoy se está exponiendo lo que deberían ser los principios de una ley. Este ministerio ha tenido un plazo de exposición pública y esperemos que en breve, si Partido Popular y Ciudadanos no lo bloquean -aunque ya vemos de entrada su rechazo y la apuesta pública por poner trabas-, empecemos a tramitarla en el Congreso lo antes posible para que pueda aplicarse, como decía anteriormente, el próximo curso.

Esto es método, porque ya hay un documento de partida, y no sigan empeñándose en un pacto que nunca se alcanzó no solo -y usted lo sabe- por falta de voluntad del anterior Gobierno de financiar adecuadamente la educación española, sino por una ausencia total de método. Usted sabe bien que este grupo pidió un documento de bases -y lo requerimos en varias ocasiones- sobre el que poder trabajar y avanzar, y sistemáticamente hubo un rechazo para seguir eternamente en una subcomisión en la que todos sabemos que solo fuimos capaces de acordar, y no del todo, un único bloque, el de principios; y eso en medio año. En fin, dicho está y todos sabemos lo que sucedió en la Comisión, pero dejemos ya de jugar y de utilizarlo. Esta ley tiene varios objetivos y un claro sentido ya comentado que todos debemos tener presente: cumplir el compromiso social y político para derogar la Lomce. Algún compañero anteriormente lo ha dicho, pero es que ya en el año 2013 hubo un compromiso de los representantes de diez grupos parlamentarios, unos cuantos aquí presentes, y nos comprometimos a derogar esta ley lo antes posible y a abrir un periodo de reflexión para caminar hacia un nuevo texto. La reforma que se presenta cumple con el primer compromiso al derogar los aspectos más lesivos de la ley. La Lomce ha sufrido desde su aprobación, como usted ha dicho, ministra, modificaciones en su texto derivadas de distintas leyes, de distintas adaptaciones, y todo ello exige, como no puede ser de otra manera, una adecuación urgente del texto legal, a fin de dar seguridad jurídica a los centros, al alumnado y posibilitar una efectiva ordenación educativa.

Para nosotros uno de los grandes objetivos que se abarcan es sobre equidad e inclusión educativa y, aunque siguen siendo un reto de nuestro sistema educativo, esta ley aporta soluciones, ya que la Lomce ha sido la letra de la música de los recortes educativos aplicados intensamente durante la crisis, y con la excusa de esta, y ampara una financiación regresiva y contraria a la igualdad de oportunidades. La Lomce suponía -ya empiezo a hablar en pasado- un ataque a la inclusión y a la equidad, es decir, medidas que, con la excusa de la atención a la diversidad, segregaban al alumnado tempranamente, impidiéndole el acceso a todas las opciones, como ha sido el caso de Pemar o de la FP básica y que, además, no conducían al título de la Educación Secundaria Obligatoria, algo absolutamente incongruente y contrario a los objetivos europeos.


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Otras cuestiones que deben ser corregidas son las adaptaciones del currículo para los Acnee, los itinerarios que dan lugar a títulos diferentes en el periodo obligatorio, etcétera, es decir, una excesiva compartimentación de las enseñanzas que perjudica a todo el alumnado, en especial a quienes tienen dificultades de aprendizaje y también al alumnado con altas capacidades, del que no hay que olvidarse. Otros ejemplos de medidas que en la Lomce van contra la equidad son la eliminación del título único y la reducción en un curso de la escolarización común, anticipando el momento de elección de itinerarios formativos que perjudica a los más vulnerables; la segregación temprana, que da lugar a distintas titulaciones e incide en la brecha social.

Sobre la repetición, el alto número de repetidores y su composición reflejan las desigualdades sociales y puede alimentar el abandono escolar, como ya nos comentó durante la semana pasada Save the Children en su comparecencia en el Congreso. (La señora Moneo Díez pronuncia palabras que no se perciben.) Y no se trata, como algunos dicen, de acabar con la cultura del esfuerzo; lo que no tiene sentido es fomentar una medida que no soluciona la reducción del fracaso escolar; que no evita el abandono, sino más bien todo lo contrario; que rompe la socialización natural del alumnado y que genera desmotivación y frustración entre los niños y niñas, y en muchas ocasiones cuando los niños son demasiado pequeños y vulnerables incluso para poder entenderlo. En ningún país hay una repetición como en España; por algo será. Así que pongamos en marcha medidas educativas, evitemos repeticiones innecesarias y hagámoslo de manera colegiada, cuando verdaderamente se entienda que la repetición es beneficiosa para el alumno. Para este grupo está muy bien orientado el objetivo de diseñar un sistema que atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, que garantice la equidad y la calidad educativa en todos sus niveles y facilite que ningún estudiante quede excluido, con el fin de lograr un ejercicio efectivo del derecho a la educación. Así que, bienvenida esta reforma que rectifica medidas y potencia la atención a la diversidad sin consecuencias segregadoras.

El tercer objetivo tiene que ver con las enseñanzas y su ordenación, con las evaluaciones. Ministra, todos los presentes en esta Comisión hemos escuchado en comparecencias y hablado entre nosotros de que el currículo derivado de la Lomce conlleva una organización confusa que ha dado lugar a multitud de libros de texto; una organización tensa que impone un currículo academicista y orientado hacia las evaluaciones frente al aprendizaje y la importancia competencial como base de un currículo integrado. Estas son cuestiones que se han abordado en la Comisión de Educación en repetidas ocasiones. Hay tanto lío con la jerarquía de materias que esto provoca una repetición desmedida y, como ha dicho usted, en más de una ocasión hasta promocionar y llegar a tercero de la ESO con ocho materias suspensas, porque, al pertenecer a distintos bloques, no se impide la promoción. Yo entiendo que, ante todo esto, habrá que tomar medidas correctoras; y sobre esas medidas, hasta ahora en esta Comisión todos éramos plenamente conscientes de la necesidad de modificarlas y de llegar a un acuerdo sobre ello.

En cuanto a las evaluaciones, no me voy a extender porque es un tema hiperdebatido en los últimos años, pero, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, no podemos estar de acuerdo con mecanismos de selección y barrera en el acceso a la educación, porque, además, se plantean a finales de etapa, cuando ya no hay posibilidad de mejora, despreciando la necesidad de evaluar el aprendizaje en distintos momentos y con diferentes instrumentos; además, olvidan la adquisición de las competencias básicas.

Qué decir de la pretensión de utilizar la publicación de los resultados de las evaluaciones para establecer la clasificación de centros, sin referencia al contexto ni a otros factores que pueden condicionar tales resultados; es algo que estigmatiza a los centros y al alumnado, que potencia los centros gueto y que inclina la balanza para la escolarización selectiva, por tanto, mostramos nuestro rechazo o y una vez más la necesidad de que esto se modifique de una vez por todas en esa ley.

Sobre los estándares de aprendizaje, ministra, es una gran noticia para los docentes y el alumnado; no solo porque se olvidan de la adquisición de las competencias básicas, sino porque es un criterio inútil que, lejos de hacer una valoración objetiva y adaptada, complican la vida, cargan de burocracia y suponen prácticamente un castigo o incluso una tortura para los docentes, que son los que tienen que aplicarlos. Así que, ministra, es una obligación regular una estructura de currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con las competencias clave, que valore, respete, apoye la diversidad y busque la coherencia entre los criterios de promoción y titulación, así como que ponga la evaluación, tanto la académica como la del sistema educativo, al servicio de la educación y del alumnado, ligándola a medidas educativas y subrayando su papel formativo, como no debe de ser de otra manera.

En cuanto a asignatura de la Religión, ya sabe nuestra opinión y nuestro deseo como Grupo Parlamentario Socialista. Somos conscientes de la dificultad por la existencia de los acuerdos con la Santa


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Sede, pero bien sabe que nos gustaría ir más allá y ofrecer la Religión con carácter extracurricular, fuera del horario lectivo. Esperemos verlo en algún momento del futuro, pero, mientras tanto, aplaudimos las medidas que eliminan los aspectos más lesivos de la regulación de la enseñanza de la religión confesional, que vulneran aspectos del derecho a la educación y colisionan con el carácter disciplinar de las enseñanzas. Entendemos que la formación en Valores Cívicos y Éticos será para todo el alumnado y se cursará independientemente de su tratamiento en los temas transversales, en cada una de las etapas obligatorias. Nos parece muy acertado que, por fin, la opción por una enseñanza confesional no conlleve opción alternativa y, cómo no, acabar con que su nota cuente para el acceso a la universidad.

Otro objetivo esencial es devolver la participación institucional y social de la comunidad educativa y la autonomía y gobierno de centros. Es esencial poner freno a la falta de participación real y efectiva de la comunidad educativa en los órganos de gobierno de los centros para intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, y eso influye en los centros concertados. Nos cuesta entender que los centros que se benefician de financiación pública quieran funcionar de manera diametralmente distinta a los públicos, y resulta curioso que algunos pobres concejales de determinados pueblos en la mayoría de los casos -que son de todas las opciones políticas- se vayan a convertir en comisarios políticos, como algunos han señalado. Qué menos que el hecho de que haya presencia pública en lo que se financia con fondos públicos. En fin... Se trata de aumentar la autonomía de los centros para mejorar sus resultados haciendo real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de estos y exigir una mayor trasparencia en la rendición de cuentas; algo que, según he entendido en los últimos meses, también compartimos todos los grupos parlamentarios. Si esta medida se rechaza ahora es porque no se quiere trasparencia, y eso choca con el principio de rendición de cuentas de los fondos públicos. En resumen, con esta reforma se busca recuperar el necesario equilibrio entre todos los componentes de los órganos colegiados, que deben ser también de gobierno.

El sexto objetivo se basa en los centros, en la admisión, especialización y programación general de la enseñanza, en los conciertos. Somos conscientes de que la Lomce ha presentado un serio problema con la educación, permitiendo esa financiación con fondos públicos a centros que segregan a su alumnado en función del género, algo de lo que usted ya sabe que nosotros no somos en absoluto partidarios y que hemos criticado y además hemos defendido en esta Comisión de Educación, y en lo que también hemos llegado a acuerdos con otros grupos parlamentarios. Compartimos el objetivo de mejorar el sistema de admisión con políticas activas, con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización del centro, algo que nos ha parecido muy oportuno en esta reforma. Y, señora Martín, todos sabemos bien que la redacción del artículo 109.2 de la Lomce y la demanda social ha generado un desequilibrio entre las dos redes financiadas con fondos públicos, de esto ya hemos hablado en múltiples ocasiones. Y es que nosotros apostamos por que haya un equilibrio entre ambas redes y que no se genere un negocio a costa de lo que permite la ley educativa.

Voy a ir finalizando haciendo referencia a una cuestión más que ha introducido la señora Martín del Grupo Ciudadanos. Este proyecto garantiza el castellano y las lenguas oficiales, pero permite la autonomía para regularlo, como no puede ser de otra manera. Y este borrador, este anteproyecto, no limita la enseñanza del castellano a la lengua sino que implica la enseñanza de materias en plural, y es más, plantea la revisión por los centros para hacer planes de mejora o refuerzo donde se detecten necesidades de mejora, lo que con la Lomce ni se planteaba. Es más, señora Martín, estoy convencida de que en cualquier comunidad con lengua cooficial comparten con usted y conmigo el deseo de que el alumnado tenga plenas competencias, como marca este anteproyecto de ley, en ambas lenguas, y lo comparten porque son conscientes de la riqueza de un Estado plurilingüe y de la importancia del castellano como lengua de comunicación común en el Estado español y la lengua de comunicación mundial. En definitiva, el objetivo es llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional para la configuración del currículum y evitar incurrir en la regulación de materias de competencia autonómica.

Finalizo. Se trata de una ley que reforma pero que avanza a la vez, pero sobre todo una ley necesaria y urgente, por lo que la felicito una vez más y transmito todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para el desarrollo de esta ley y su tramitación, así como para trabajar con el resto de los grupos parlamentarios que sí apuestan por una mejora educativa.

Gracias. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión y quiero agradecerle la comparecencia. Aunque sí debo decirle que me hubiera gustado que esta intervención, tanto en relación con el fondo como con la forma, se hubiese producido en diferentes circunstancias, y me explico, señora ministra. Usted comparece aquí después de que su ministerio haya enterrado de forma casi definitiva -y se lo digo, además, con profundo pesar- la posibilidad de lograr un gran pacto de Estado por la educación. Es más, lo acaecido en las últimas semanas nos da una explicación certera a nosotros y al conjunto de la sociedad de por qué el Grupo Socialista, el grupo que apoya al Gobierno, se levantó de manera intempestiva de la mesa de negociación del pacto de Estado después de año y medio de trabajo, después de ochenta y tres comparecencias y después de que todos los grupos políticos pudiésemos comprobar cómo los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo, que no son sino la traslación de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto, requerían de un ejercicio reflexivo de generosidad, de altura de miras, que aparcase las legítimas aspiraciones de cada uno de nosotros para llegar a confluir en la defensa del interés común.

Señora ministra, fue este y no otro el objetivo que movió al Grupo Parlamentario Popular tanto en el acuerdo de la constitución de la propia subcomisión del pacto de Estado como en los intensos meses de trabajo que siguieron a continuación. Es evidente que ni antes ni ahora ustedes compartían ese objetivo. Me temo que a ustedes solo les interesa el acuerdo cuando o bien ostentan el poder o bien están a punto de perderlo. El resto simplemente responde a una puesta en escena perfectamente calculada, eso sí, con el fin de que nada cambie en esta idílica concepción que tienen de la educación de este país. Por cierto, a día de hoy usted ha hecho referencia a la falta de existencia de un documento; pues mire, señora ministra, si a día de hoy no tenemos un documento consensuado es porque ustedes, su grupo parlamentario, rompieron el mayor acuerdo y la mayor posibilidad de pacto de la historia de nuestra democracia. Sí, señora ministra, por eso ustedes ni siquiera han sido capaces de guardar las formas, han sometido a consulta pública un documento de bases cuyas conclusiones fueron públicas antes de que finalizase el periodo de alegaciones. Es decir, las aportaciones de las diferentes organizaciones y asociaciones de padres, de profesores, de alumnos, de los centros, de los ciudadanos que a título particular decidieron aportar su granito de arena ante uno de los asuntos que más preocupan, y usted lo sabe bien, al conjunto de la sociedad española se encontraron ante una gran farsa, la misma que ustedes practicaron en esta Cámara haciendo creer al conjunto de la sociedad que estaban interesados en lograr un gran pacto de Estado por la educación cuando simplemente estaban ganando tiempo mientras buscaban la fórmula de desalojar de la Moncloa a un Gobierno legítimamente elegido en las urnas.

Pero lo peor de todo, señora ministra, es que ahora estamos conociendo la cara B de este plan: el enorme precio que ustedes han pagado a sus socios de Gobierno, a aquellos que con sus votos les permiten sentarse en la mesa del Consejo de Ministros. Es un precio muy alto, señora ministra, altísimo, que en lo que se refiere al sistema educativo supone no solo una vuelta al pasado o a un modelo educativo que arrojó tasas de fracaso escolar en nuestro país y de abandono educativo temprano superiores al 30 %, que ahonda también en un claro recorte de las libertades educativas, sino la clara rendición de su partido -sí, señora ministra, del Partido Socialista- ante aquellos que sueñan con la ruptura total y absoluta de nuestro país. Esta es la triste realidad, la misma que se refleja ya en el texto articulado que conocimos hace unos días, y que pretenden someter a la consideración de los órganos consultivos con una celeridad realmente pasmosa, evidentemente muy lejos del sosiego que requeriría el diseño de un nuevo modelo educativo para un nuevo tiempo en el que todos pudiésemos encontrar un margen para el acuerdo.

Señora ministra, debo decirle algo más. Todas estas cuestiones que le he planteado y que no son cuestiones menores, de índole formal algunas y de mayor profundidad conceptual otras, podrían tener cierta justificación si su propuesta fuese más allá, es decir, si respondiese, por una parte, a la lógica evolución que cualquier alternativa política puede plantear a los ciudadanos fruto de la madurez y de la experiencia en la aplicación de sus propios planteamientos y conocimientos, y, por otra, a la finalidad de dar respuesta a los objetivos en los que se mueven los sistemas educativos más innovadores; en definitiva, si el texto -el que conocemos- diese respuesta a todos los retos y desafíos a los que se enfrenta la educación hoy día.


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Ustedes y nosotros en ese escenario podríamos debatir sobre educación, pero podríamos debatir sobre educación en mayúsculas. Podríamos debatir, por ejemplo, lo que se refiere a una nueva ordenación académica, a cómo podríamos adelgazar el currículum, a la incorporación de las disciplinas STEM, aquellas que son precursoras de lo que serán los nuevos yacimientos de empleo. Podríamos discutir sobre los nuevos modelos de aprendizaje, del llamado aprendizaje colaborativo; de la progresiva digitalización del sistema, una digitalización por cierto ya incorporada en muchos centros y en muchos currículums, que está permitiendo desarrollar a nuestros alumnos el pensamiento computacional. Podríamos discutir sobre un nuevo modelo de evaluación y usted sabe, como sabemos nosotros, que hemos tenido profundas diferencias en relación con esta cuestión, pero también sabe que la inmensa mayoría de los comparecientes en esta Cámara abogaron por la necesidad de que la transparencia estuviese presente en el sistema educativo como fórmula eficaz, absolutamente eficaz, de dar respuesta a la mejora de la calidad del sistema. Porque la evaluación, señora ministra, no es un fin en sí mismo, es un medio, un medio para la mejora de los resultados y para que la administración educativa actúe. Si ustedes pretenden, como dice su texto, imponer un sistema opaco ocultando a equipos directivos, a profesores y a padres la realidad del sistema educativo y de la posición del alumno y del propio centro en relación con el sistema educativo en su conjunto, van a degradar la calidad de la educación en España, sí, porque la opacidad, señora ministra, es incompatible, absolutamente incompatible con la calidad.

El debate sobre las titulaciones. Podríamos debatir sobre ello, señora ministra. ¿Seguimos ustedes, nosotros, el conjunto de la Cámara pensando en que el título de la ESO es un fin en sí mismo o damos un paso y evolucionamos más allá? Porque alguno de los comparecientes en esta Cámara -por cierto, cercanos a usted- también hablaron de esas posibilidades. De la mayor autonomía de los centros, tal como dice el propio informe McKinsey y los sucesivos informes a los que ha hecho referencia la OCDE. También ha hablado usted de autonomía, señora ministra, pero no es cierto, porque hablar de autonomía recortando la capacidad de actuación de los directores es hablar de una falsa autonomía. También podríamos hablar del fortalecimiento de la figura del docente, pero parece que ustedes ya han renunciado al sistema de selección del mir docente, tal y como puede establecerse para garantizar no solo el posterior desarrollo de una carrera profesional, sino uno de los elementos de mayor vertebración del sistema, que es el reconocimiento de la función directiva. Ustedes quitan competencias al director del centro y diluyen la responsabilidad individual en aras de una responsabilidad colectiva en la que nadie es responsable absolutamente de nada. Por cierto, señora ministra, ¿dónde están las adaptaciones curriculares para los niños con necesidades educativas especiales? ¿Les vamos a meter a todos en una especie de cajón de sastre, unos titulando y otros no? ¿Les vamos a reconocer algún título o alguna certificación profesional? ¿Vamos a flexibilizar su presencia en el sistema educativo? Respecto a la progresiva gratuidad de cero a tres años, ustedes no dicen nada más allá de lo que hasta ahora hemos conocido y este es uno de los debates más importantes. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Como una medida de equidad que permita la recuperación y la incorporación al sistema de aquellos alumnos que más lo necesitan o como un sistema de conciliación o corresponsabilidad para las familias? Ese es el gran debate y en su ley tampoco lo abordan.

Ha hablado usted de bachillerato, señora ministra, pero lo cierto es que ustedes degradan el título de bachillerato al permitir que los alumnos aprueben con una asignatura suspensa. Dice que esto se da en países de nuestro entorno, pero se le ha olvidado puntualizar otra serie de cosas. Ha hablado de Francia y de Reino Unido, pero Francia y Reino Unido tienen pruebas finales de bachillerato, exactamente igual que Portugal, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Austria e Italia. Son pruebas que permiten la homologación conjunta del sistema más allá de las etapas posobligatorias. Esto, por no hablar de la financiación. ¿Dónde está la memoria económica que debería acompañar la ley? Ustedes no hacen ni siquiera una referencia mínima al objetivo de alcanzar el 5 % por el que ustedes se levantaron del pacto de Estado por la educación. En definitiva, señora ministra, ¿cómo piensa usted conjugar un modelo de exigencia con la equidad, la libertad con la igualdad de oportunidades, la autonomía con la cohesión del sistema y la cohesión territorial? Me temo que son preguntas sin respuesta a las que no pudieron contestar ustedes hace doce años y a las que siguen sin dar respuesta ahora.

La realidad es que ustedes acuden a esta Cámara no con un proyecto de futuro, sino con una reedición del pasado; un modelo antiguo y obsoleto que ya vivió su momento en esta Comisión; un modelo que ya ha sido testado y cuya eficacia en la mejora de las políticas educativas es más que cuestionable. Usted ha señalado que es acorde con lo que ocurre en el resto de Europa. No, señora ministra, no es cierto. La comprensividad ha sido desterrada en el resto de Europa. Le voy a dar solo unos datos. ¿Sabe lo que ocurre en Europa? En Alemania los niños pueden elegir entre diferentes opciones a partir de los once


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años; en Francia, a los quince años; en Italia, a los catorce años; en Países Bajos, a los doce años; en Reino Unido, a los catorce años; y en España, a los dieciséis años. Señora ministra, esa es la realidad y ahí están los datos. Usted ha hablado de la urgencia para derogar la Lomce, pero lo cierto es que nosotros heredamos un sistema con tasas de abandono educativo temprano superiores al 26 %, tasas que usted ha recibido en torno al 18 %. Esa es la realidad. Ustedes sustituyen un modelo de éxito -que tiene sus carencias, sus fallos y que debe ser perfeccionado; nosotros ya lo dijimos aquí en la Comisión- por un modelo que está claramente comprobado que provocó en nuestro país una de las tasas de abandono y de fracaso escolar más altas de nuestra historia. Si paralizamos algunos aspectos de la Lomce -entre ellos, señora ministra, el que usted ha hecho referencia-, fue por la búsqueda de acuerdo, no porque pudiesen producir efectos adversos. Esa es la realidad.

Seguimos creyendo en las evaluaciones. Señora ministra, creemos en las evaluaciones censales al final de cada etapa sin efectos académicos para los alumnos, pero con obligaciones para el sistema educativo para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Mientras tanto, ustedes siguen pivotando sobre las mismas recetas abandonadas e impregnando nuestras aulas de esa falsa comprensividad que se ocupa de los alumnos hasta que finalizan la enseñanza obligatoria para luego abandonarlos a su suerte. Destierran la cultura del esfuerzo y la excelencia y piensan que rebajando o haciendo desaparecer los estándares de calidad e igualando a los alumnos por abajo darán satisfacción a las familias y al conjunto del sistema. La realidad es que ustedes con este proyecto de ley primarizan la enseñanza secundaria y trasladan el modelo de secundaria al bachillerato. Se lo digo con profundo pesar. ¿Cómo es posible que quieran otra vez repetir los mismos errores del pasado? ¿Cómo quieren ustedes condenar al sistema educativo al más absoluto de los fracasos? Ustedes hablan de pactos -usted ha hablado de pacto-, pero le debo decir que la brecha que nos separa es cada vez mayor, porque usted ha dado cien pasos hacia atrás y nosotros hemos dado mil pasos hacia adelante.

Eso sí, señora ministra, hemos de reconocer que en algunos aspectos sí se han movido. La gran frustración es que ustedes solo salen de su inmovilismo para dar satisfacción a sus socios de legislatura. Dan respuesta mirando a la izquierda -o a la extrema izquierda, como quiera definirla- mediante el mayor recorte de libertades educativas de la historia de nuestra democracia y a sus socios nacionalistas delegando de facto todas las competencias que la Constitución reconoce al Estado en las comunidades autónomas. Por cierto, algunas de esas comunidades autónomas han hecho de la falta de lealtad institucional su forma permanente de operar. Ustedes con este proyecto renuncian a desarrollar las competencias del Estado en materia educativa y, además, algunas cosas de forma sorprendente. Suprimen la especialización curricular de los centros y limitan su autonomía, pero -eso sí- se la trasladan a las comunidades autónomas. Hablan del 65 % de horarios comunes, pero no de enseñanzas comunes en sus propios términos. Ni una sola prueba a lo largo de toda la enseñanza obligatoria recae sobre el Ministerio de Educación. ¿Me puede decir, señora ministra, qué instrumento se reserva el Estado para garantizar la cohesión y la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo español? Se lo voy a decir: ninguno. Esto, por no hablar de las competencias en materia lingüística, señora ministra. Está consolidada la doctrina de que corresponden al Estado y de que este debe velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, por el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, que es el castellano. Desde el año 1982 sucesivas sentencias van consolidando este derecho fundamental.

En cuanto a la libertad, señora ministra, ¿qué quiere que le diga? Ya se lo dije en una anterior comparecencia. No la he oído hablar en su intervención de la palabra libertad y la palabra libertad aparece en la Constitución española y aparece al mismo nivel que el derecho a la educación. Creo, sinceramente, que su posición no es responsable. Señora ministra, le digo con claridad que nosotros nos vamos a oponer frontalmente a cualquier intento de limitar las libertades educativas. La libertad no es solo que los padres puedan elegir el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, sino que la libertad es que las familias puedan hacerlo con la máxima información, transparencia e igualdad de oportunidades. Pero ¿qué podemos esperar de ustedes? Ustedes han suprimido entre los principios del sistema educativo el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, a las madres y a los tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. La libertad también es que puedan existir centros de titularidad diferente de la pública. La libertad es que las administraciones educativas cuenten con los agentes implicados, que son las familias, a la hora de la planificación educativa.

Voy finalizando, presidente. Señorías, ya lo hemos anunciado y se lo quiero decir con meridiana claridad. No vamos a apoyar este proyecto de ley. Vamos a presentar una enmienda a la totalidad con un


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texto alternativo, porque somos conscientes de que este país se merece una nueva ley que fortalezca las competencias del Estado frente a una realidad de falta de lealtad institucional que se ha producido por parte de algunas comunidades autónomas. Yo me sorprendo de algunas intervenciones que he tenido que oír aquí. Mi grupo ha tenido responsabilidades de gobierno y yo pido perdón por todo por lo que lo tenga que pedir, como nos ha solicitado el Grupo Ciudadanos. Me flagelo si hace falta, pero les recuerdo que ustedes, señora Martín, se posicionaron a favor de paralizar la Lomce. (La señora Martín Llaguno: ¡Claro!) Y aplaudieron con pasión que se paralizasen las evaluaciones, entre ellas, la prueba final de bachillerato, que es una de las pruebas que vertebran al sistema educativo español. Eso sí, luego se fueron ustedes a Valladolid a manifestarse a favor de una EBAU única. (La señora Martín Llaguno hace gestos negativos.) Señorías, creo que aquí hay que ser coherente. El Estado tiene un potencial extraordinario para desarrollar todas sus competencias. Esa es la posición del presidente del Partido Popular y de todo mi grupo y es lo que vamos a trasladar a nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo: fortalecer las competencias del Estado dentro del marco constitucional, garantizar la calidad del sistema, la libertad y la igualdad de oportunidades.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señora ministra, ya ha visto usted que la vamos a hacer trabajar esta mañana. Ya se ha tomado usted un café reparador y ahora tiene usted la palabra para contestar a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Le traemos otro café, si quiere usted.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señorías, por todo su discurso. Veo que hay posicionamientos de principio -no digo de principios, digo de principio-, lo cual no es muy alentador. Concretamente, no puedo resistirme a hacer referencia al inciso que se ha hecho en último término en relación con la izquierda como no defensora de las libertades. Me causa estupor y sonrisa. Además, si todo esto fuera así, si efectivamente la Lomce hubiera sido un bálsamo, ni la comunidad educativa se habría puesto en contra, ustedes la habrían tenido a favor, ni el propio Gobierno del Partido Popular habría suspendido sus efectos, ni en este momento estarían pidiendo una nueva ley. Por tanto, vayamos por partes.

La primera parte es reconocer la situación. El reconocimiento de la situación es que si un cirujano se encuentra con una persona que tiene una dolencia grave, lo primero que tiene que hacer es extirpar, actuar u operar sobre la dolencia grave; si es una apendicitis, habrá de extraerse el apéndice. Esta es la cuestión. La cuestión es que la Lomce no fue una ley orgánica autónoma, una ley que se tenía por sí misma. La Lomce fue una incrustación, una incorporación, una ley orgánica que se reclinaba sobre otras leyes orgánicas. Por tanto, había ciertas disposiciones, finales, adicionales, transitorias, de la Lomce que aparecían exentas. Pero en ese artículo único también había otras disposiciones muy vulneradoras de derechos -he de decirlo- que habían consolidado artículos de la LOE; se habían incorporado artículos de la LOE y formaban un texto único. Esa es la razón por la que decimos que hay una derogación total jurídica de la Lomce y que se ha trabajado sobre los artículos en los que estaba consolidada la Lomce con la LOE. Eso no se podría haber hecho, para que entendamos perfectamente la cuestión, cuando llegamos; a priori no podíamos decir que derogábamos la Lomce, porque, entonces, ¿con qué nos quedábamos? Se ha podido hacer cuando se ha tenido texto alternativo. Por tanto, con ese texto alternativo hemos derogado formalmente, jurídicamente la Lomce.

Trabajamos, por tanto, con el texto de la LOE. Eso no quiere decir vuelta atrás, señorías. Es la legislación que teníamos y que recogía la Lomce, pero sobre la que se ha actuado para abrir caminos de futuro. ¿Qué caminos de futuro? Entre ellos está el poner el foco en los intereses de los alumnos, con dos objetivos: el de fomentar su motivación en el aprendizaje -que no estaba, señorías- y, a la vez, el de contribuir a que se mantengan en el sistema educativo y logren más titulación, más capacitación, más conocimientos. Hay una serie de medidas en la propuesta por las que se hace. Esto no estaba, señorías. Por tanto, de esta forma se contribuye a que, a medio plazo, pueda elevarse el nivel educativo de los jóvenes españoles. No se les deja transitar sin título. Es decir, se proponen o se amplían toda una serie de medidas para acompañar al alumno en su orientación, en su adquisición del título. Que salgan a la vida para un empleo digno significa que, efectivamente, lleven una capacitación. Ese seguimiento, incluso a los repetidores, no estaba, señorías. Por tanto, se incorporan una serie de elementos modernizadores -ustedes lo pueden comprobar si recorren el articulado, que para eso lo tienen- que no estaban. Hay


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pasarelas abiertas en todo el sistema, de ida y de vuelta. La formación profesional básica se llama así porque tiene relación con los fondos europeos, pero la formación profesional básica que ahora se propone es una formación conducente no solo al certificado profesional 1, sino también al título de la ESO. Esta es una diferencia de fondo, señorías. Aquí somos todos expertos en educación, somos conocedores de la educación, y hemos de apreciar y valorar lo que significan los cambios, que, aparentemente, pueden resultar más pequeños pero que, ciertamente, llevan grandes evoluciones, grandes conversiones, grandes transformaciones.

Hay repetición ligada a un plan personalizado para el alumno con un tutor, que tampoco estaba, señorías, o un bachillerato que ustedes parecen menospreciar, pero que, curiosamente, no afecta ni siquiera al 1 % del alumnado. La posibilidad de que un alumno adquiera titulación al final del bachillerato con una asignatura, de las diecinueve o veinte que viene a cursar a lo largo de sus dos años de bachillerato, supone una proporción insignificante. Esto está aceptado urbi et orbi, se diga lo que se diga. Está aceptado y, además, es excepcional, y, además, es el equipo docente, el que conoce al alumno, el que puede o no hacerlo.

Respecto al título único de la ESO, ¿qué hacía la Lomce? La Lomce hacía una primaria que era básica, que todo el mundo tenía que cursar, y, al final, le colocaba una reválida. ¿Qué hacía respecto a la enseñanza secundaria? La enseñanza secundaría rompía el título al establecer ya dos títulos, el de aplicadas y el de académicas, y si ibas por aplicadas, ibas a formación profesional, sí o sí. En estos momentos, el título es único, señorías. Se puede llegar por el circuito regular, o bien por promo o bien por la FP básica. Esto es un gran avance, en términos de comprensividad, en términos de dar a cada quien lo que necesita, lo que le corresponde, con muchísimos más apoyos; en términos de mejorar la autonomía de los centros y la enseñanza personalizada.

¿Y qué decimos de la FP? Aparte de lo que hemos dicho de la FP básica, se dibuja una FP de ciclo medio, muy conectada con la FP básica, muy conectada también con el título de la ESO y con una FP superior, que se abre a la universidad y que, además, retoma alumnos y alumnas que puedan venir de la universidad. Ustedes conocen, además de lo que en esta ley se establece, el movimiento o el impulso que el ministerio está dando a la formación profesional en relación con el mundo de la empresa, a poner en conexión con todo lo que significa todo el proceso de la empresa con la formación profesional, para hacer avanzar la formación profesional dual y el compromiso de la empresa en la formación profesional y en la formación de los jóvenes.

Señor Miquel, le agradezco muchísimo el tono, así como su aportación. Efectivamente, somos conscientes de que no toda la concertada es igual, como venimos diciendo desde que tenemos capacidad para hacer discurso. La concertada es muy diversa. Hay concertada, la mayoría, que cumple sus funciones sociales como se requiere y que, por tanto, lleva instalada históricamente en las distintas comunidades autónomas, y lo hace bien. Y hay otra nueva, concertada se llama, que ha surgido como una diversificación en el mundo de los negocios, y eso también hemos de admitirlo. Por tanto este Gobierno no tiene nada en contra de la concertada, que cumple su función social, pero sí en contra de aquellos que están diversificando su negocio con el mundo de la educación.

Respecto a las lenguas hemos mencionado la Constitución porque en su artículo 3 la Constitución habla precisamente de la protección de las lenguas cooficiales y de la valoración de las mismas. De facto la Constitución es la primera que introduce las lenguas cooficiales en los sistemas educativos y en el sistema educativo español. Las lenguas cooficiales las incorpora la Constitución, pero naturalmente hay que hablar de la Constitución y de los estatutos de autonomía, que son parte del bloque de constitucionalidad, cosa que no podemos olvidar.

No hay nada en contra de la inmersión lingüística, sino todo lo contrario. La inmersión lingüística es un procedimiento de aprendizaje de las lenguas, la inmersión lingüística está perfectamente legitimada por el Tribunal Constitucional, si bien lógicamente ha de ser compensatoria. Cuando una familia envía a sus hijos a Inglaterra lo que va a hacer el niño o la niña es inmersión lingüística. Cuando un inmigrante que tiene una lengua distinta a la española viene a un colegio en España lo que hace es inmersión lingüística. Por tanto vamos a ver si empezamos a retirar ese prejuicio. Es decir, la inmersión lingüística está perfectamente aceptada dentro de lo que significan las herramientas para el aprendizaje de una lengua. Es más, generalmente se utiliza el método CLIC, que es la lengua con el contenido, es decir, la utilización vehicular de una lengua para aprender contenido. Ahora bien, luego está la inmersión lingüística en aquellas comunidades que tienen lengua cooficial, o sea, propia, pero no porque el castellano no sea propia, sino porque cuenta con otra lengua propia. Imaginemos el País Vasco, que tiene el euskera, y que


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por eso se llama lengua propia; pero no porque el castellano no lo sea, sino porque esta solo es del País Vasco. En esas comunidades es obligatorio que el alumno aprenda las dos lenguas, es decir, la lengua cooficial y la lengua del Estado, que es el castellano, y que sea eficiente, que tenga desarrolladas las destrezas al finalizar su enseñanza obligatoria. Por tanto es a las comunidades autónomas a las que corresponde desarrollar los instrumentos necesarios para lograr esas destrezas en el alumnado al final de la enseñanza obligatoria, y naturalmente al Estado le corresponde velar por que eso sea así.

Agirretxea jauna, mila esker, efectivamente aunque yo había puesto otra imagen, puede hacerse la lectura de que aquí se había producido un incendio. Lo cierto es que la comunidad educativa estaba muy insatisfecha con la Lomce. Sabía que era un obstáculo importantísimo para avanzar en términos de progresividad, de equidad, de dar a cada uno lo suyo, y eso no solo significa igualar por abajo -como bien sabemos-, sino sobre todo igualar por arriba, porque el sistema educativo no hace ningún esfuerzo cuando sitúa en ambientes estancos a los alumnos y a las alumnas en función de sus ritmos de aprendizaje. Ahí no hay ningún esfuerzo, señorías. Si construimos un sistema en el cual en una cubeta tenemos a los más rápidos y en otra a los más lentos, el sistema no hace ningún esfuerzo; no tiene ningún mérito. Hablar de esfuerzo supone esfuerzo para el alumno y esfuerzo para el sistema, y eso significa que los alumnos tienen que avanzar, no estar cómodamente situados entre los que tienen el mismo ritmo que ellos. Por tanto esta es una cuestión bien importante, porque el derecho a la educación es igual a cada una de las personas, también respecto a aquellos niños con necesidades educativas especiales, que tienen el mismo derecho a la educación. En consecuencia Agirretxea jauna, estamos de acuerdo.

Respecto a la cuestión de la pública y la concertada le digo lo mismo que le he dicho al señor Miquel: la concertada es muy variada; es muy distinta una concertada que la otra. Y en relación con la defensa de los valores y de la lengua ya he comentado que sabemos que las leyes básicas en ocasiones se han extendido más de lo conveniente, y lo que hacemos aquí es valorar las competencias de las autonomías y la función de cohesión que tiene el Estado; las dos cosas.

Señor Olòriz, coincido básicamente con su discurso y con que aquí ha habido una falta de consenso importante. En los distintos foros que se han abierto, tanto por parte de Congreso y del Senado como en conferencia sectorial, ustedes han tenido hasta dieciocho meses, por lo que no se puede imputar el hecho de que no se haya llegado a una propuesta al abandono de alguna fuerza política, cuando ya había habido ochenta comparecencias y no se había llegado a propuesta alguna, y se quisieron celebrar más. Nosotros lo hemos mirado con atención y desde luego no creo que en la sala nadie que haya formado parte de la subcomisión pueda decir que en los temas que se tocan en la propuesta que ahora mismo tienen sus señorías encima de la mesa no estén los elementos a los que ustedes hicieron mención y respecto de los que llegaron a determinados acuerdos.

Es verdad que hay que reconstruir confianzas, señor Olòriz, y efectivamente las reválidas supusieron una vulneración de la confianza del profesorado. Una reválida como la que se hizo a partir de primaria con efectos académicos discriminadores no se comprendía por ser completamente incoherente con el principio de evaluación continua. Por tanto esto ha sido rechazado, tanto por familias como por profesionales.

Sí hay que clarificar algunas cuestiones. En este sentido la propuesta se abre ahora a sus señorías, se abre a las comunidades autónomas. La Comisión general está convocada. Habrá una conferencia sectorial en breve en la que estaremos con todas sus señorías, con todos los grupos, salvo que ustedes se autoexcluyan, y ahí habrá posibilidad de dialogar sobre algunas de las cuestiones que ustedes han subrayado.

El tema de la coeducación también es muy importante para nosotros, pero con relación a la educación diferenciada -como así la llama el Tribunal Constitucional- tenemos algunas sentencias y algunos acuerdos internacionales que ustedes conocen, como el de la Unesco, etcétera. Nuestro propósito es que la inspección sea pedagógica -ese es nuestro objetivo- y no confundir la alta inspección con la inspección general de los centros. La alta inspección sigue estando en la propuesta igual que estaba, con las mismas funciones.

Sí que habrá que hablar del sistema de oposiciones y del cuerpo docente. Como sabe usted hemos abierto un foro para tratar precisamente todo el tema del profesorado, desde su formación inicial hasta su inducción y evaluación con incentivos. La estabilidad en un centro es la joya. Es decir, tener profesores comprometidos con el proyecto del centro supone calidad.

Yo ya tuve la oportunidad de decir, tanto en el Senado como aquí mismo, que no ha habido ocho reformas, sino que en España está la reforma de la LOGSE de 1990, que es la que amplía la enseñanza obligatoria e introduce la comprensividad de manera profunda, y luego está la LOE. Todo lo demás han


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sido modificaciones parciales, porque lo cierto es que en el sistema educativo español hay mucha más estabilidad, hay mucha más proporción consensuada que discrepancia. Así pues esta es una cuestión que sí deberíamos tener en cuenta, porque lo suyo es que, si las sociedades cambian, haya modificaciones, y lo hace también la Constitución federal a través de enmiendas. Yo creo que esto es lo que estamos pretendiendo hacer en este momento, es decir, ponernos en pista, poner el equipo a punto para salir a jugar al campo, pero aprovechando que el equipo tenga un mejor entrenamiento, y esto es lo que hace la propuesta. La propuesta incorpora elementos de modernización que nos permiten asomarnos a nuevas propuestas y seguir trabajando.

Señora Martín, quiero contestarle con toda la cortesía, a pesar de que a veces me cuesta. No sé cómo me dice las cosas que me dice, porque yo tuve -nosotros, el equipo- la disposición para mantener una reunión con su grupo, y la tuvimos, y solo me habló de la alta inspección, pero resulta que la alta inspección, como le ha podido decir la señora Martínez Seijo, justamente fue una cuestión que ustedes trataron en la subcomisión de esta Cámara para el pacto y en la que no llegaron a acuerdo alguno. Usted dijo que la alta inspección era un elemento sine qua non, sin el cual no se podía hablar de nada más, es decir, era el elemento clave, pero resulta que si hablamos de la alta inspección y usted sigue retomando esto como punto de acuerdo y ha sido un punto de desacuerdo, fíjese a qué paradero me lleva, fíjese en qué itinerario nos mete, a mí y al equipo del ministerio.

Me habla también de adoctrinamiento. Sus elementos favoritos son: adoctrinamiento, las funciones de la alta inspección, los libros de texto... Si alguien ha hecho libros de texto en esta comunidad ha sido el efecto de la Lomce con las asignaturas de especialidad, de libre configuración y troncales: la heterogeneidad es máxima. Eso es lo que también hace la ley, ordenando las competencias en un reparto que viene de la Logse, del año noventa -pero ha funcionado-, que como ustedes saben son el 65 y el 55 en función de reserva del Estado, en función de las competencias, en función de si las comunidades autónomas tienen lengua propia o no. Usted lo reduce todo prácticamente a estas cuestiones. Me habla de consenso -perfecto-, de imposición... No sé por qué me dice que esto es una imposición. A mí ya me habría gustado -y llevo bastantes años en educación, en temas parlamentarios y sentándome ahí, y aquí como Gobierno-, me habría encantado que en algún momento empezara un debate teniendo a mi disposición todo el articulado de lo que se va a debatir; a mí me habría encantado. Si ustedes van a empezar a entrar en detalles sobre si un día se recibieron las propuestas antes de terminar el periodo de consulta pública o sobre si un grupo lo recibió el jueves por la tarde y otro el viernes por la mañana, le diré que este ha sido un trabajo hecho en tiempo récord, como ustedes pueden reconocer, si es que están en disposición de reconocer algo. Esto no es irrelevante. Si se ha hecho en un tiempo récord es porque se quiere, porque se pretende, porque queremos que se apruebe en tiempo récord. Conocemos las dificultades que en este momento proporciona la Mesa del Congreso lamentablemente para que estos debates, que deberían ser ultrarrápidos y de gran importancia, puedan pasar a ser debatidos finalmente, pero esperamos, confiamos en que haya sentido común suficiente como para saber que este es un obstáculo de la educación en el sistema educativo español que hay que retirar, porque el propio Partido Popular suspendió sus efectos, y en este momento si algo tenemos que arreglar es la situación de alumnos y alumnas que con ocho suspensos no se han podido titular, y no se sabe cómo sacarlos del sistema. Con la titulación suficiente habrá que proveer fórmulas para que eso se pueda solucionar, porque como algunas asignaturas eran de libre configuración y otras troncales tenemos alumnos que han llegado a la desembocadura con ocho suspensos, y como no tienen reválidas... Hay que proveer. Por tanto esto es algo que debería interesar al propio Partido Popular, al propio Grupo Ciudadanos si es que de verdad se creen la educación, más allá de los modelos que cada uno de estos grupos parlamentarios pueda tener: si quieren un sistema que penda exclusivamente del Estado -es decir, centralizado absolutamente- o si registran la posibilidad de que, a través de la alta inspección, siga en las comunidades autónomas como hasta ahora, lo cual modifica bastante una posición que Ciudadanos tenía al principio.

Más allá del modelo que se tenga, este es un obstáculo para todos. No puedo comprender, señora Martín, en qué, de todas las cosas tratadas esta mañana, no está de acuerdo, porque la alta inspección sigue como estaba -por lo tanto está ahí con todas sus funciones-, el adoctrinamiento no es materia y efectivamente está establecido que tiene que haber una educación en libertad, en sentido crítico, etcétera -lo digo respecto a la modificación, a la propuesta-, y en relación con la comprensividad, la autonomía y la personalización de la educación tampoco comprendo en qué puede no estar de acuerdo. Me habla de un come back, de un remembre preocupante, dice usted de manera nostálgica, con el que yo no me


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identifico para nada: me habla de que la demanda social es la participación de las familias. Le voy a decir una cosa: el Gobierno tiene que preocuparse no de la demanda social, sino de las necesidades sociales, de la necesidad social. Demanda y mercado a la par. Por tanto de las necesidades sociales, de la necesidad social es de la que tiene que preocuparse un Gobierno responsable.

Respecto a la regulación específica de cero a tres todo se andará. El hecho de haber metido ya un enfoque de la educación infantil, como le he dicho, no está mal.

Señor Sánchez, de Podemos, ya sé que ustedes van más allá. Me habla de la financiación desde su propia perspectiva -para otros será quedarse más acá-; desde su propia perspectiva usted me habla de la necesidad de la financiación. He de decirle que en el ministerio se está trabajando todavía en la memoria, que ustedes tendrán en tiempo y forma y lo más rápidamente que se pueda.

Respecto a la educación pública y a la educación concertada ustedes saben cuál es el concepto que tiene y maneja el Gobierno. Ya he dicho que la educación concertada, que cumple su función social, lleva instalada y estable a lo largo de la historia, desde el año 1985, desde la LOE; y respecto de la otra efectivamente hay que combatir entre todos, porque es más negocio que sistema educativo.

Sabe usted también que para nosotros la educación infantil es fundamental, muy importante, porque es ahí donde comienza la lucha contra la desigualdad, y es más importante todavía porque la necesitan los sectores más vulnerables. Sabe también que la OCDE afirma que de tres a seis España está bien, porque tiene escolarizada prácticamente la totalidad del periodo, de la segunda etapa. Es verdad que hay una gran desproporción entre las comunidades autónomas en cuanto a la escolarización de cero a dos fundamentalmente, porque el dos a tres también está bastante cubierto. Pero usted sabe que a través de las comunidades autónomas se han propuesto muy distintas fórmulas para la escolarización de cero a dos. En unas están más en régimen asistencial sin quitar lo educativo y en otras se ha seguido manteniendo el elemento educativo de manera potente. Trabajamos en un campo muy heterogéneo a estas alturas del curso 2018. Las comunidades autónomas han ido atendiendo las necesidades con diferentes respuestas. Pero este proyecto ya incorpora dos cuestiones importantes, y una es el primer principio rector del que les he hablado, que es ese enfoque de la educación infantil, la educación del niño inscrito en el texto de derechos del niño, y el segundo enfoque es que nos comprometemos a hacer una regulación con las comunidades autónomas de todos aquellos centros que -escolarización es una palabra muy fuerte tengan niños de cuatro meses a dos años y que no estén tipificados como centros de educación infantil. Por tanto hay dos compromisos dentro del proyecto que hacen referencia a esta preocupación que usted mantiene.

La FP básica como ya le he dicho incorpora elementos que no tenía la Lomee y no rompe nada. Desde la FP básica se va a circular a la FP media y a la FP superior, pero además desde la FP básica se va a poder circular con el título de la ESO, que se puede adquirir, a bachillerato. Por tanto está perfectamente incardinada en lo que es la ordenación del sistema, porque como sabe en la FP básica, además de dar una profesión de primer nivel, se van a incorporar elementos estándares básicos para el crecimiento educativo de la persona. Es decir, que sería un modo de poder hacer que todo el mundo llegue a esa titulación de la ESO.

En cuanto a la filosofía y la ética, que sé que a usted le importan mucho, la filosofía tal y como pidió esta Comisión se dará en 1.º y en 2.º, y la ética se dará en 3.º o en 4.º Ahora queda saber qué profesores se harán cargo de la ética. Esto será en todo caso algo que podremos llegar a determinar.

El pacto de Estado contra la Violencia de Género es otro de los elementos rectores que he enunciado. Usted sabe que hemos abierto un foro para tratar del profesorado en todas las secuencias que le afectan, y que se incorporará también a todo el corpus educativo que venimos haciendo. No necesariamente tienen que pasar a esta ley. El profesorado se trata en esta ley, como se venía tratando, además con autonomía, con medios y con recursos, porque eso es la autonomía de los centros, y cuando lleguemos a una fórmula de carrera profesional, que acordaremos, el profesorado será también incorporado de otra manera a lo que a nosotros nos interese.

Por Joan Mena se ha puesto de manifiesto que si algo hace esta propuesta es luchar contra la segregación escolar. En cuanto a la religión usted dice que se haga fuera del horario escolar, y habla del Gobierno y del Parlamento. Exacto. El Gobierno tiene que quedarse en la línea de las leyes vigentes. Por tanto yo de ahí no me puedo mover. Sin embargo el Parlamento puede y debe incorporar propuestas o iniciativas. Son ustedes el Legislativo. Pero el Gobierno claramente tiene que circular por los carriles legales vigentes.


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Con respecto al tratamiento lingüístico y a la escuela catalana -creo que hemos tenido oportunidad de decírnoslo más veces- la diversidad lingüística es riqueza, la escuela catalana maneja el catalán y el castellano, de facto no hay inmersión en la secundaria, el profesor y el alumno se dirigen, igual que en la universidad, en las lenguas de su elección. El propósito en las comunidades autónomas, el objetivo irrenunciable y la obligación de cumplir la ley, es que ambas lenguas sean de conocimiento y uso. Eso es lo que viene siendo.

Con respecto a la estrategia recentralizadora nosotros estamos en contra, muy en contra. Creemos que la Constitución y los estatutos de autonomía, que son constituciones para esos territorios y forman parte del bloque de constitucionalidad, son las cartas de naturaleza que permiten esta cohesión, este equilibrio entre los elementos de cohesión del Estado y las comunidades autónomas en lenguas, en educación y en todo lo demás. Sabemos que en educación se han conseguido mucho mejores resultados con este sistema de reparto competencial, precisamente por el acercamiento a las necesidades de las personas, que en sistemas más centralizados.

Agradezco a la señora Martínez Seijo su intervención. Efectivamente estamos de acuerdo con los términos que ella ha situado en su discurso. La cultura del esfuerzo es un mantra, he de decirles, si no se entiende como esfuerzo de todo el sistema: esfuerzo del alumnado y esfuerzo del sistema educativo. El fracaso escolar es en parte fracaso del sistema educativo; el abandono escolar temprano es también en parte fracaso del sistema educativo. Los alumnos tienen que ampliar sus conocimientos y para ello tienen que estirarse. Eso significa que el sistema también tiene que ayudarles, orientarles y aportar recursos para que puedan llegar a mejores cotas de conocimiento.

Estamos absolutamente en contra del ranking de centros, pensamos que no vale para nada. Esta es otra de las cuestiones que el propio Partido Popular suspendió. Por tanto también volvió sobre sus pasos en esta cuestión, igual que en las reválidas y en el calendario. Los estándares de aprendizaje han supuesto un conflicto para el profesorado a la hora de evaluar. Se ha aumentado la dificultad sin necesidad.

Estamos con los valores cívicos y éticos. El Consejo de Ministros de Educación europeo el otro día volvió a resaltar la importancia de mantener una materia con valores cívicos y éticos, tratando también de lo que para Europa es un problema, el antisemitismo. Hicieron mucho hincapié en este asunto.

Este proyecto de ley aumenta la participación. La presencia de concejales no es más que una forma de instalar conscientemente el centro educativo en un ámbito local. No se delimita de qué partido pueda ser esa persona. Es muy escandaloso que se diga que el concejal vaya a ser un comisario político. Los centros educativos deben estar perfectamente incardinados en sus sociedades.

Con respecto al artículo 109.2 creo que ya saben ustedes en qué ha quedado el texto, y es perfectamente asumido desde las sentencias del Tribunal Constitucional. Así que muchas gracias por el apoyo, señora Martínez Seijo.

Señora Moneo, he de decirle que me gustaría que usted destacara de la propuesta que he puesto encima de la mesa exactamente qué le molesta. Por ejemplo, dice que tenemos que tener el objetivo de dar respuesta a las ideas más innovadoras. Lo hace. Una nueva ordenación académica. Lo hace, podemos avanzar más, pero lo hace. Competencias STEM. ¿Qué problema hay para que se desarrollen unas competencias STEM, si luego tenemos que entrar al currículum? Ahora estamos en la ley. La digitalización del sistema, ¿Cómo que no? Sí está. La transparencia en la evaluación. Hay pruebas censales y hay pruebas muestrales. ¿Que usted quiere que las pruebas muestrales en vez de ser bianuales sean anuales? Pues eso es motivo de debate. Pero, por dios, el sistema se reserva el análisis a través de las pruebas muestrales y no solo a través de ellas, sino también a través de las pruebas censales. ¿O es que la Administración educativa no conoce lo que pasa en los centros sin necesidad de ordenarlos por ranking?

Superar un sistema opaco. ¿Dónde está el sistema opaco? Las pruebas diagnósticas son pruebas conocidas para el centro, con ellas elaboran el plan de mejora de los centros y cada uno de los alumnos y las familias tienen exactamente el resultado de esas pruebas; exactamente. Y con eso se elabora el plan de mejora de los centros -que son ayudados por todo el sistema, por la inspección educativa, por la Administración, viceconsejerías o direcciones- para mejorar los resultados escolares. ¿Dónde está el sistema opaco? ¿Qué es el sistema opaco? ¿Que no se publique en un periódico o en un boletín cuál es el ranking de los centros: este es el que saca mejores resultados escolares, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto? ¿Así medimos a los centros? No, a los centros se les mide por el valor añadido. No se trata de ver el resultado final, sino la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Por tanto, no entiendo por qué usted me hace esta serie de advertencias con interrogación para decirme esto dónde está, porque


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se lo pudo mostrar en una reunión con el articulado delante. Mayor autonomía de los centros. Absolutamente. Dice: recortan las competencias del director. ¿Dónde? ¿Dónde recortamos las competencias del director? ¿O es recortar las competencias del director que la comunidad educativa tenga un poco más de impacto que el que tenía para poder nombrarlo? El director va a tener que hacer un curso especifico también para ser director, cuando sea nombrado director tendrá que hacer un curso especifico. ¿Y el docente? Dice que quita competencias al director. Y ha preguntado que dónde están las adaptaciones curriculares a los Acnee. Las tiene, están en el texto articulado. Creo que hay que viajar a la ley, pero están ahí, señora Moneo. Además, se dice específicamente que personas con necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo tendrán la posibilidad de mantener adaptaciones curriculares, por lo que les llevará más tiempo transitar por la ordenación del sistema. Se dice específicamente así.

Progresiva gratuidad de los cero a los tres años. Eso no se dice, pero se han puesto dos principios rectores importantes; habrá que avanzar. En este momento ya le he dicho por qué campo avanzamos, por una heterogeneidad de respuesta en las comunidades autónomas que, por cierto, tienen competencias, las han tenido, las han ejercitado y las tienen. Ahora, ¿vamos a restarles las competencias y hacemos una ordenación de cero a tres uniformizadora y centralizada? A ver, esa posición habrá que ganarla por parte de quienes la defienden y yo le adelanto que estoy en contra.

Degradan el título de bachillerato. ¿Cómo se puede decir que se degrada el título de bachillerato porque el equipo docente deje excepcionalmente a un alumno, tras tenerlo dos años con veinte materias y que no haya superado al cinco -igual al tres sí, pero no al cinco-, haciendo el segundo para que coja el título? De verdad, me parece un despropósito. Entre los objetivos de la educación está, efectivamente, conseguir que la persona que salga sea una persona equilibrada, no una persona que sale ya con prejuicios o con complejos de que no puede con la materia. Fíjese de lo que estamos hablando, una materia de entre veinte, que no la ha abandonado porque es "pueda y excepcionalmente" y el equipo docente es el que decide. Por favor, si esto se hace en el ámbito universitario, se hace en todos los sitios. Es preferible perfectamente salvar al sujeto, a la persona, que no salga cohibido del centro educativo, porque cuando se le suspende lo único que se hace es suspender, pero realmente lo que se hace es maltratar a esa persona que ha podido llegar a un tres. Me parece un despropósito hacerle repetir un curso entero por una cuestión de este porte.

Autonomía y libertad. Claro, señora, ¡cómo no! La libertad es algo que está implícito en toda la propuesta de modificación. Y que hable del consenso... ¿Qué fue la Lomce, señora diputada? Nos la encontramos de la noche a la mañana. (Rumores.) Sí, primero se avanzó que el sistema educativo era pésimo; el sistema educativo español es pésimo, nos lo han dejado hecho unas trazas, es pésimo. Esto lo he vivido yo siendo consejera y el señor Wert siendo ministro. Una cuestión, por cierto, que era falsa, es falsa, lo dijo PISA. El sistema educativo español, si usted lo mira, está en la media, no es que esté de sobresaliente pero tampoco está de suspenso. Fíjese, se lo digo yo, después de llegar aquí en 2018. Esto es así. Estaba pésimo y como estaba pésimo había que introducir un elemento para modificarlo de la a a la zeta y ese elemento es la Lomce. La Lomce es la que ha destruido toda posibilidad de pacto, no el abandono de una fuerza política después de dieciocho meses de esa subcomisión. (Rumores.) No, no, esto es clarísimo. Es la Lomce la que perjudica los pactos. No tiene más que verlo, esto es incontrovertible, señores. La Lomce solo fue apoyada por el Partido Popular, todas las demás leyes orgánicas que ha habido han sido acordadas con todas las fuerzas políticas excepto por el Partido Popular. Creo que esto, que es objetivo, habla por sí solo. ¿Por qué será? ¿Por qué la comunidad educativa estuvo en contra de la Lomce? ¿Por qué las fuerzas políticas estaban todas en contra de la Lomce, excepto ustedes? Esto es a lo que hay que contestar. Si fuese tan buena, ahora estaríamos con ella y no habría problema. No me diga que la comprensividad ha sido desterrada en Europa porque no es cierto y podemos mostrarle multitud de directrices y de informes de la OCDE y de Europa que afirman lo contrario. No me hable de Alemania, porque usted sabe, señora Moneo, que muchos länder han cambiado precisamente el sistema para procurar mayor comprensividad. Porque no es que tengamos la experiencia, sino que todas las directrices que emanan de la OCDE afirman que cuanto más tarde se ejerza la selección, es decir la separación, cuanto más lejos vayamos en el momento de la comprensividad, más se separa el ejercicio de elección del alumno de sus determinaciones de origen. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es precisamente que ni el asunto socioeconómico sea un predictor ni tampoco el cultural. Por lo tanto, si no queremos que sean predictores de fracaso o de éxito la diferencia socioeconómica o la diferencia sociocultural, lo que tenemos que hacer es que cuando vayamos a hacer la nota de corte esté lo más separada de esa determinación de origen. Por eso el sistema educativo español tiene una fortaleza


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-¡una!- muy importante que es la equidad, y se la reconoce PISA. Esa es la mayor fortaleza del sistema educativo español; por cierto, ha venido estando estancada en los últimos años y lo veremos en el siguiente PISA.

Y no me diga que efectivamente los resultados de la Lomce son los que nos han proporcionado estos índices de abandono escolar temprano porque he de recordarle, señora, que realmente la implantación de la Lomce no se produce hasta el curso 2015-2016 para 1.º y 3.º y 2016-2017 para 2.º y 4.º curso. Por tanto, no hemos visto todavía más que el efecto que ha tenido el mercado durante la crisis y que ahora va a actuar también en contra del sistema educativo al abrirse el mercado. Cuando el mercado se cierra, los alumnos se quedan en las aulas de manera automática. Cuando el mercado se abre, los alumnos se van al mercado. Este es uno de los mayores desafíos que hemos de enfrentar.

Con respecto al acuerdo, señora, sabe que esto no prejuzga nada, que nosotros seguimos trabajando por el pacto educativo. Lo seguimos haciendo, pero lo que teníamos que hacer primero era sanar al enfermo, sanarlo y luego seguir. Creo que le he contestado a casi todo.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra.

Vamos a comenzar inmediatamente el turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios y vamos a comenzar con el señor Miquel. Tiene la palabra por cinco minutos como máximo, pero usted seguro que utiliza menos porque ya he visto que usted es muy rápido; a ver si los demás aprenden de usted, señor Miquel.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Voy a intentar no ensuciar mi nombre, presidente.

Gracias, ministra; intuía yo que era una mala idea que compareciera usted antes de las elecciones en Andalucía, porque desde hace unos meses no sé que pasa, pero todo lo que pasa en el mundo -especialmente en España y en Andalucía- tiene que ver con Cataluña y sospechaba yo que aquí pasaría hoy una cosa muy parecida. Efectivamente ha sido así. Es evidente que parte del problema del sistema educativo español tiene que ver con la inmersión lingüística, tiene que ver con una Alta Inspección Educativa que no permite inspeccionar -valga la redundancia- lo que pasa en Cataluña y tiene que ver con unos libros que adoctrinan. Por eso me hubiese gustado a mí que usted hubiese comparecido después de las elecciones andaluzas, porque creo que eso hubiese distensionado un poco la situación.

Le pedían a usted coherencia. Yo me pregunto qué coherencia hay en aquellos grupos que veían con buenos ojos l'Estatut d'Autonomia de Catalunya -al que presentaron recursos; pero no entraron a cuestionar las competencias educativas del mismo- o dónde estaban cuando la Llei d'Educació de Catalunya definía de forma muy clara cómo había que trabajar las lenguas cooficiales y el catalán en la educación en Cataluña; y no presentaron ningún recurso contra esa ley en ese sentido. Me pregunto dónde estaban y dónde está la coherencia, porque al final uno tiene la sensación de que se generan problemas alrededor de situaciones que funcionan, de indicadores que dan la razón a aquella normativa, a aquella ley vigente y aprobada y que lo único que intentan es ganar votos a costa de poner la educación catalana en el ojo del huracán.

Decía usted, ministra, que es la Constitución la que sitúa por primera vez el catalán como lengua cooficial en la educación. Yo le diría que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1932 ya hablaba de eso, con lo cual, es anterior a la Constitución y anterior a la recuperación de la democracia el uso del catalán en la escuela en Cataluña. Creo que eso es un elemento y un argumento a favor de seguir preservando este sistema educativo.

Respecto a la concertada -y termino ya con estos dos temas-, usted apuntaba a su función social. Creo que ese elemento es clave para entender y para no hacer pagar a justos por pecadores. Es evidente -se lo he reconocido yo en mi primera intervención- que hay quien ha hecho un mal uso de la concertada, pero no por eso deben pagar justos por pecadores, y a aquellos que han hecho un buen uso y han puesto la concertada al servicio de esa función social a la que usted ha hecho referencia no hay que premiarlos, pero sí hay que dejar que sigan trabajando y que sigan defendiendo un modelo educativo que funciona y que nos permite dar cierta flexibilidad y descompresionar un sistema educativo que está saturado en muchos sentidos.

Para terminar, le pediría consensos en estos grandes temas. Yo me he ofrecido para ayudarla en este sentido; he puesto los votos de nuestro grupo parlamentario a su disposición, si los necesitaba, para generar un gran consenso sobre grandes políticas educativas. Creo que hoy hemos visto aquí que ese gran consenso no va a suceder; por nosotros no va a quedar, no tenga la menor duda. Hoy hemos tenido


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aquí un debate anticipado sin mucho sentido, un debate que deberíamos haber tenido cuando la ley entre en esta Cámara y se discuta en los términos en los que deba ser discutida. Lo de hoy al final ha sido una comparación de posiciones sin mucho sentido y, sobre todo, sin ningún resultado práctico al que poder aplicar este debate, que va más allá de lo interesante que pueda parecer.

Lo dejo aquí. Le agradezco de nuevo, ministra, sus intervenciones y le pido disculpas porque somos ocho diputados en el grupo y esta sesión se me solapa con otra Comisión, por lo que no podré quedarme a escuchar su última intervención. Le agradezco de nuevo su predisposición y buen tono y nos ponemos a su disposición.

Muchas gracias y buenos días.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Miquel. Le comunico que ha salvado usted su buen nombre, ha cumplido usted. (Risas.) Muchas gracias.

Señor Agirretxea, tiene usted la palabra.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias. Espero no quedar peor que el señor Miquel.

Señora ministra, le agradezco la contestación que me ha dado en torno a las cuestiones planteadas. Tengo un par de cosas que sugerirle. Evidentemente, creo que cualquier ley educativa tiene que tener un respaldo. No se puede dar la espalda principalmente a las comunidades autónomas y a la comunidad educativa, que son las que, independientemente de aquello en lo que nosotros podamos diferir aquí, tienen que responder ante la sociedad. Las comunidades autónomas, como competentes en la materia, no solo tienen que ser escuchadas, es que tienen que participar porque ellas van a vivir día a día la gestión de la educación.

Sobre el tema de la gestión de la educación, asimismo, quiero recordar algo, y ahora voy a contestar al Partido Popular. Evidentemente, estamos en la comparecencia de la ministra, pero como la diputada, señora Moneo, ha hecho ciertas afirmaciones, quiero comentar dos cuestiones muy claras. El Partido Popular ha dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad. Si su enmienda a la totalidad es una Lomce 2, evidentemente no creo que aquí vaya a suscitar mucho apoyo. Si es una cuestión política en la cual van a dejar claramente establecido que el Estado vuelva a asumir la competencia, si su defensa va a ser que las competencias educativas vuelvan al Estado, nosotros no lo vamos a aceptar. Lo dejo así de claro. Tampoco vamos a aceptar que, trufadamente, el competente sea el Estado y que las comunidades autónomas sean una especie de agencias reguladoras o agencias administrativas de aquello que el Estado como tal decida. Eso sí que no, porque además eso va en contra del estatuto, y el estatuto es una ley orgánica. Por tanto, mientras que el estatuto diga lo que dice, eso es antiestatutario.

Se llenan la boca los miembros del Partido Popular diciendo que son los grandes defensores del estatuto; es más, como hasta ahora estaban incumpliendo tanto el estatuto, ahora lo que dicen ya, para no volverlo a incumplir, es que el estatuto ya está completado con creces, como dijo ayer el señor Alonso. No sé quién es el señor "creces", no le conozco de nada, debe ser algún ladrón que tiene retenido el estatuto, porque todavía, como usted sabe perfectamente, está incompleto, y eso ya se lo digo a usted también, señora ministra, porque ustedes también tienen responsabilidades para que el estatuto se complete de una vez por todas.

Quiero señalar lo siguiente. Ha dicho usted que el euskera es la lengua del País Vasco, pero el país del euskera es más amplio que la Comunidad Autónoma de Euskadi, el país del euskera incluye Navarra y también Iparralde. Evidentemente, cuando se hablaba euskera había personas que no sabían en qué comunidad autónoma estaban porque no existían ni las comunidades autónomas ni los Estados ni los países, existía una comunidad cultural que, evidentemente, algunos consideramos que es el origen de lo que nosotros llamamos Euskal Herria o País Vasco, sea en Nafarroa, sea en Iparralde o sea en lo que actualmente es la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Por último, quiero decirle que, ante ciertas cuestiones que contradicen y hacen como si fueran alternativas, la excelencia, el esfuerzo y la calidad no deben de ser la alternativa u otra cara del esto o inclusión, equidad, etcétera. Creo que son compatibles y, además, tienen que serlo porque si no la apuesta por una sola de las dos cuestiones hace flaco favor a la educación.

Nada más. Una cosa es que hoy estemos de acuerdo con el discurso que usted ha hecho, pero eso no quiere decir que después tenga que ser un paseo triunfal del proyecto del Partido Socialista, como diciéndonos que hemos dicho que estamos de acuerdo. No, no, daremos guerra -entre comillas- en aquellas cuestiones que estimemos oportunas y que sean enriquecedoras para el proyecto de ley.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El señor Olòriz tiene la palabra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, señora ministra.

Estaba dando vueltas a cómo empezar mi intervención y lo haré con una cita que seguro le gusta al presidente, como buen cinéfilo. Campanadas a medianoche, Orson Welles, Falstaff le dice a su amigo: ¡Jesús, las cosas que hemos visto! En estos dos últimos años hemos visto muchas cosas. Es cierto que yo no soy tan, como diría yo, optimista como Sergi Miquel que decía que cuando acaben las elecciones andaluzas usted podría venir aquí tranquilamente a hablar de educación; él es mucho más optimista que yo. Lo que sí es cierto es que en estos años ha habido un Gobierno del Partido Popular porque el Partido Socialista se abstuvo; fue una abstención controvertida, pero se abstuvo. La verdad es que la generosidad del Partido Socialista no se corresponde demasiado con la actuación del Partido Popular ahora, porque tan legítimo debía ser un Gobierno del Partido Popular, con la abstención del Partido Socialista, que un Gobierno con una mayoría parlamentaria diferente. Pero las cosas siempre se ven con el cristal con el que se miran y esto a mí me plantea algunas dudas, porque cuando oigo a la señora Moneo hablar de su proyecto pedagógico educativo yo no creo que sea la misma con la que hemos hablado durante dieciocho meses sobre otros temas. Como nunca he oído al Partido Popular en la Comisión hablar de centralizar la educación; nunca lo había oído. Por tanto, de la misma manera que pensé que dieciocho meses eran muchos y que había gente que no tenía prisa porque la Lomce continuaba, ahora sí que pienso que hay una cierta prisa.

Señor Mena, lo bueno a veces es enemigo de lo mejor, es decir, estaría bien un presupuesto. También estaría bien que no hubiese presos políticos y que la discusión entre Cataluña y España fuese política. A lo mejor, con el tiempo y unas nuevas elecciones las cosas vuelven a su cauce en la medida en que los partidos políticos acaben consolidando su fuerza parlamentaria, porque aquí vemos a veces que no es del todo claro quién será qué o quién será quién a partir de las próximas elecciones, no solo las andaluzas.

Por tanto, es importante que haya un proyecto que se convierta en ley orgánica que permita ir más allá de los avatares de unas próximas elecciones. Porque yo soy un optimista -en eso sí que coincido con el señor Miquel-, pienso que el futuro de España y Cataluña ha de ser bueno, estoy seguro de que ha de ser bueno, y por tanto habrá elementos de reconciliación, espero. En este sentido vale la pena hacer un esfuerzo. Nosotros seremos críticos, no sé si tanto como el Partido Nacionalista Vasco, que es un especialista en negociar, pero tenemos la voluntad de llegar a un buen acuerdo sabiendo que este será el primer paso para un pacto por la educación clarificando quién es quién en el futuro.

Sartori decía que para un pacto tiene que haber consenso procedimental, consenso básico y consenso político. Es obvio que el último no existe hoy. Estoy seguro de que nos podíamos poner de acuerdo en el procedimental pero, hoy por hoy, necesitará más tiempo y que los interlocutores vuelvan a su pensamiento original, a ser posible. Estoy seguro de que se puede llegar a más acuerdos. Desde esta perspectiva, cuenten con nosotros en la negociación y esperemos que el tiempo, que es escaso, no nos impida la aprobación necesaria de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.

La señora Martín tiene la palabra.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.

Yo intervengo siempre con toda cortesía y siempre lo interpreta como una descortesía. Tiene usted un problema si la discrepancia la entiende como la descortesía, en ningún momento es descortesía, es discrepancia y forma parte del juego democrático y político.

Voy a empezar diciéndole una cosa: usted no me ha hecho un favor, ni a mí ni a nadie de la comunidad educativa ni a ninguno de los grupos políticos que están sentados aquí. Usted tiene una obligación recogida en el artículo 26 de la Ley de Gobierno de hacer un periodo de exposición pública de los anteproyectos de ley, es decir, lo que usted ha hecho de hablar es lo que se espera de todo Gobierno cuando va a sacar un proyecto de ley. Por tanto, es verdad que yo tuve una reunión con usted pero no es verdad que en esa reunión yo solamente le hablara de dos cuestiones que salieron. Ciertamente yo le dije que estaba muy preocupada por el tema del respeto, que exigía un estricto respeto a la distribución competencial de las competencias educativas y que eso implicaba dos cuestiones previas para poder hablar del proyecto: en primer lugar, efectivamente, el refuerzo de la Alta Inspección Educativa, porque


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dice usted que en su anteproyecto está como está, es decir, mal, fatal; tan mal como que, obviamente, si no hubiera estado mal, no habrían pasado cosas que han pasado, como la vulneración de derechos educativos en parte de España. Y en segundo lugar le hablé del cumplimiento de la Constitución, del 25 % del castellano, porque lo más revolucionario que nosotros queremos es que se cumpla la Constitución. Pero le hablé también del 0,3, le hablé de la reforma del currículum y le dije que yo consideraba que tenía que ser integral y no parcheadamente. Le hablé de que no estaba de acuerdo con que eliminaran en lugar de reformar los estándares curriculares básicos. Le hablé también del tema de las pruebas de selectividad, le hablé de los niños con necesidades de educación especial y con necesidades de atención educativa específica y le dije, por ejemplo, que por favor volviera a hacerles adjudicatarios potenciales de las becas, que ya lo habíamos pactado. Hablamos de muchas cosas, no solamente de las dos que ha mencionado, y ninguna de ellas las ha recogido en el anteproyecto de ley.

No he podido darle detalles de lo que considero sobre el anteproyecto porque tengo quince minutos y no tengo tiempo ilimitado, pero voy a intentar, en estos tres minutos que me quedan, hacerle algunas consideraciones que son importantes. Le he dicho que vamos a hacer una enmienda de devolución a diferencia del Grupo Popular, que ha dicho que va a hacer una enmienda propositiva. ¿Sabe por qué vamos a hacer una enmienda de devolución? Porque yo sí me creo el consenso educativo, y si hago una enmienda de devolución quiere decir que no me gustaba la Lomce -es verdad, no me gustaba la Lomce-, y es verdad, señora Moneo, que yo negocié con el señor Méndez de Vigo cuando era ministro la paralización de las reválidas, no porque no me gusten las pruebas evaluativas, sino porque la Lomce ha generado el mayor caos educativo que ha habido en este país durante años y, por tanto, no me parecía correcto evaluar a los alumnos en esas circunstancias, pero tampoco me gusta la LOE, y si hago una enmienda de devolución y no propositiva es porque entiendo que cuando hago una enmienda propositiva voy a poner encima de la mesa mi modelo educativo, aunque tampoco sería una solución que cada partido político quiera imponer sin negociar y sin consensuar una serie de propuestas que no llevarían a ninguna parte. Por tanto, como yo sí me creo el consenso, voy a presentar una enmienda de devolución no propositiva y le voy a volver a pedir que ustedes vuelvan a la cordura, se vuelvan a sentar y vuelvan a negociar en el pacto en el sistema que habíamos establecido.

Dicho esto, paso a las cuestiones sobre su ley. Calidad. No me da tiempo, porque tengo dos minutos, pero tengo una cita en relación con el título de la ESO y el título de Bachillerato. Yo sería partidario de ir a un sistema de certificación de lo que uno ha conseguido que dejase la vía abierta a que uno pudiese después en otro momento completar con otras cosas, al estilo de lo que hacen los ingleses con los títulos con las A, B y C. Eso, que es una propuesta que nosotros también hicimos, lo dijo en la comparecencia su Secretario de Estado, el señor Tiana. Ustedes en lugar de ir a lo difícil, que es hacer una reforma del sistema de titulación, han ido a lo fácil, que es a decir que ya si eso con una asignatura menos que saquen el título. No se pueden devaluar los títulos, hay que calentarse la cabeza y hacer los deberes, no hacer un parcheado.

Es tan burda -me ha puesto la luz roja el presidente- esta estrategia y tan polarizada que quiero pensar que esto esconde algo más. Creo que ustedes han sacado este anteproyecto de ley no para que sea aprobado, sino para que no sea aprobado y para luego poder decir que no ha sido aprobado y que no les dejan hacer sus políticas reformistas. Es tan burdo lo que han hecho, la falta de consenso y la polarización de la ley, que quiero creer que esto forma parte de un juego político y no del modelo educativo que ustedes quieren para este país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.

Señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.

Gracias también a la ministra por responder a las cuestiones que le hemos planteado es verdad que de forma sucinta, pero intentaremos en estos cinco minutos tocar de nuevo algunos temas.

Creo que ustedes son conscientes de que se está presentando un anteproyecto de ley de reforma educativa muy de mínimos. De hecho, hay gente del Partido Socialista que así lo reconoce en privado y esto es parte del problema. Es parte del problema porque ustedes están mirando más las reacciones del Partido Popular y Ciudadanos, las reacciones de las derechas, que contando y colaborando con los que apoyaron la moción de censura. Este es un problema que no solo estamos viendo en esta Comisión de Educación. Hay un Gobierno, es verdad que solamente se apoya en ochenta y cuatro diputados, que está


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atemorizado viendo las reacciones de las derechas y creo que les puede pasar lo mismo que les pasó con la LOE del año 2006, donde después de esa gran campaña comunicativa del Partido Popular y de la caverna contra la Educación para la Ciudadanía que parecía que iba a convertir prácticamente a los niños en no sé qué, el Partido Socialista cedió mucho en esa negociación, por ejemplo, con el tema que le planteaba antes de considerar la pública y la concertada como redes complementarias. Eso no estaba así en el ideario del Partido Socialista desde el año 1985 que dejaba meridianamente claro en la LODE que la educación pública juega un papel principal y vertebrador del sistema educativo. Por tanto, les quería advertir tanto al Gobierno como al Grupo Socialista de que este anteproyecto va a salir adelante si ustedes miran más y pactan más con sus socios, con los que sacaron adelante la moción de censura, y no están tan preocupados por si el Partido Popular dice que no se habla de libertad, cuando sabemos perfectamente que hablan de libertad para no decir la palabra privilegio.

Me ha sorprendido lo que ha dicho sobre la financiación, que sabemos que es un tema fundamental. La profesora Elena Martín en su comparecencia en la subcomisión por el pacto educativo decía que muchas de las cosas que habían querido hacer con la LOGSE no habían sido posibles por falta de financiación y que cualquier otro proyecto de ley tendría que venir acompañado por una memoria económica. Nos sorprende que ustedes no hayan acompañado este primer borrador con una memoria económica. Nos pasa lo mismo que nos pasaba en la subcomisión por el pacto por la educación, que se quería separar la financiación del resto de la propuesta educativa. En ese sentido, esperamos que venga con una propuesta para alcanzar el 5 % en un plazo de tres o cuatro ejercicios presupuestarios. Creo que es una cosa que no se puede dilatar ya por más tiempo.

En cuanto a la cuestión de la doble red, usted me habla de la función social de la concertada. Ese es el sistema que hay implementado, pero no es el mismo sistema el que hay ahora que el que había hace veinte años y tenemos que analizar por qué. Tenemos que analizar por qué ese avance de la privada. Usted me tiene que responder si le parece que hay una función social en concertar etapas no obligatorias o si la concertación se tiene que limitar, como se decía en origen, a la educación obligatoria. Se tiene que ver si el módulo del concierto se reforma de alguna manera para garantizar que la educación concertada sea al menos tan inclusiva como es la pública y no tengamos los problemas que estamos teniendo ahora mismo porque una parte importantísima -más del un 90 %- del alumnado vulnerable y de los migrantes van solamente a la red educativa pública. Todo eso hay que verlo y no se puede despachar de forma rápida diciendo que hay concertada buena y concertada mala. No se trata de juzgar cada centro concertado, sino de regular para hacerlo mejor.

Como me queda poco tiempo, solamente quiero comentarle la cuestión de la FP básica. No nos ha convencido su respuesta. Creemos que el problema de la formación profesional básica no solamente es titular o no titular -aunque es una cuestión importante-, sino poner ya una etiqueta en 4.º de la ESO -es decir, en la educación secundaria obligatoria- a los chicos que entran en una vía de servicio antes incluso de que tengan edad para trabajar, que es a los dieciséis años. Por tanto, pediríamos una revisión de esta idea de la formación profesional básica que también fue muy criticada por el Partido Socialista cuando el Partido Popular presentó la Lomce.

Ustedes han hecho una ley que es la ley del Grupo Parlamentario Socialista, una ley muy parecida -no voy a decir calcada, pero sí muy parecida- a la LOE del año 2006. Esa propuesta que hoy nos presentan tiene 84 diputados. Si ustedes quieren que llegue a 176 diputados para salir adelante, tienen que dialogar más, aceptar algunas de las propuestas que les vamos a hacer y, sobre todo, tienen que hacer una ley del año 2018. Hay muchas cuestiones que no está demandando Unidos Podemos u otro grupo, sino la comunidad educativa y que no se ven reflejadas aquí. Por tanto, insisto en que si quieren que salga adelante esta ley esas cuestiones tendrán que verse reflejadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Sánchez.

Tiene la palabra ahora la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, compañeros de otros grupos, francamente me hallo perpleja ante algunas de las intervenciones que he tenido que escuchar a lo largo de esta mañana. Me hallo perpleja porque he visto un cambio de discurso, de talante, de forma, de voluntad e incluso de proyecto educativo político. Creo que es preocupante que los representantes de la ciudadanía puedan lanzar un mensaje a la sociedad -concretamente, a la comunidad educativa- de que hoy digo A y mañana digo B. Me llama francamente


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la atención que aquellos grupos que hace escasos meses estaban demandando y reclamando el talante, el consenso y la posibilidad de alcanzar un pacto educativo y renunciar a ciertos principios por tener algo que todos debemos compartir, estén instalados en la más absoluta negación de cualquier tipo de reforma, de consenso, de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos en estos momentos.

Voy a empezar por aclarar una serie de cuestiones, señora Moneo. Le debo recordar que el acuerdo que verdaderamente se rompió y que más cerca ha estado de llegar a alcanzar un pacto educativo fue con el exministro Gabilondo. En aquel momento sí había un texto ya acordado. En aquel momento se había llegado ya al acuerdo de una serie de medidas y fue su grupo parlamentario el que precisamente lo rompió. No volvamos a engañar a la sociedad, aquí no ha habido ningún pacto, no ha habido ningún acuerdo, no se ha alcanzado ningún acuerdo, se ha estado debatiendo durante una serie de meses sobre documentos aportados por distintos expertos en materia educativa y solo se han alcanzado acuerdos en torno a un bloque, que era el de los principios del sistema educativo, y no estaba cerrado, así que dejemos de engañar a la ciudadanía con que el Partido Socialista ha roto un pacto que nunca ha existido.

Señora Martín, yo le pediría que cuando hablemos del pacto educativo o del talante en cuestión de consensos educativos, sea un poco más clara, porque a mí verdaderamente me ha sorprendido que la semana pasada ya anunciara el rechazo más absoluto a este anteproyecto de ley y hoy nos avance que no va a ser una enmienda a la totalidad, pero que sí se atienen a poder hablar de una serie de cuestiones. (La señora Martín Llaguno: No, era de devolución, lo he dicho públicamente.) O sea, no, siguen en el rechazo absoluto. Bueno, pues entonces le vuelvo a decir lo mismo, señora Martín, dónde queda ese talante, dónde está esa reclamación de pacto, dónde está esa reclamación de acuerdo, que ni siquiera nos hemos puesto a hablar y a debatir sobre aquello que podemos acordar y su grupo parlamentario ya está tirándolo por tierra ante una serie de necesidades que ustedes han dicho en esta Cámara que era necesario revertir con la máxima urgencia y que van a estar incluidas en este proyecto de ley. (La señora Martín Llaguno: No están.) Así que un poquito más de coherencia, señora Martín.

Señora Moneo, me parece muy peligroso ese cambio de discurso que están haciendo en su partido en materia educativa. Yo le aconsejo que asesore un poco mejor al señor Casado, porque ese discurso de castigar a las comunidades autónomas que no cumplen, esa imitación, casi mímesis del proyecto que ha ido anunciando Ciudadanos en estos últimos meses con su defensa del desarrollo de la alta inspección, de la recentralización en materia educativa, de pruebas únicas, de todo único, de todo igual, de todo uniforme, señora Moneo, creo que no beneficia a su partido, que hasta ahora nunca se habían alejado de ese modelo constitucional que defiende el Estado de las autonomías y las competencias de las autonomías. Yo les pregunto si verdaderamente van a seguir defendiendo que son ustedes los partidos constitucionalistas. ¿Constitucionalistas en base a qué, a lo que defienden pero luego no quieren cambiar? ¿O constitucionalistas de aquellas partes que sí que les interesa pero no de las que no? En fin, creo que nos lo tienen que aclarar. No entiendo qué problema tienen con los modelos educativos basados en la comprensividad. Es que están permanentemente atacando, lanzando mala propaganda contra el sistema educativo, contra la escuela pública y contra los proyectos progresistas que precisamente son los que han demostrado en todo momento que permiten mayores tasas de titulación, mayores porcentajes de escolarización y que además siguen las recomendaciones de informes internacionales y de la OCDE. Por tanto, dejen de atacar a sistemas progresistas que buscan una mayor escolarización y mayor igualdad de oportunidades para todos los jóvenes.

Esta ley plantea muchos cambios. Yo entiendo que hay una urgencia y que todos nos tenemos que comprometer con esto. Era un compromiso de todos, hay que recordarlo y por eso se ha tramitado con esta urgencia, pero verdaderamente hay alumnos y alumnas que no pueden seguir con este modelo educativo. Ese es el objetivo; intentemos revertirlo lo antes posible. Yo estoy de acuerdo con usted, habría que abrir un debate más amplio. Quizás haya que ir hacia otras cuestiones de gran importancia que hay que abordar con más sosiego, con más tranquilidad. Yo creo que habrá tiempo de hacerlo, pero centrémonos en lo que es verdaderamente importante en estos momentos y pulsemos el botón de la velocidad para que esto pueda ser revertido. Yo creo que hay cosas que miran hacia el futuro. Ha habido avances en la educación infantil, en la participación de los padres y madres. También ha habido avances en la atención temprana que se plantea ya en la educación infantil cero-dos. Nos parecen fundamentales los pasos que se están dando en la autonomía de los centros educativos, no simplemente en la propia organización de los espacios, de los horarios, sino también a la hora de posibilitar adaptaciones del mismo currículo a las condiciones de los entornos de los centros educativos. Yo creo que se avanza mucho también en el concepto del aprendizaje competencial, que me parece básico, y en aquellos métodos de


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enseñanza o aprendizaje que permitan que nuestros alumnos y alumnas reflexionen mucho más y no que se centren en un aprendizaje excesivamente memorístico. Por supuesto que se avanza en equidad, es básico, hay que recuperarla, y también en la inclusión, pues se hace un apartado específico de reconocimiento de la inclusión educativa dando un paso más allá de lo que es la atención a la diversidad.

En definitiva, yo he estado contabilizando y hay más de sesenta propuestas nuevas que van más allá de la LOE. Hay que mirarlas. Hay que leer el anteproyecto de ley con intención, con la voluntad de encontrar aquello que permite mirar al futuro. Les invito a que lo hagan. Vamos a tener mucho tiempo para poder hablar de esta ley y lo que espero es que el resto de los grupos tengan una visión más abierta que la que han demostrado Partido Popular y Ciudadanos y que seamos capaces entre todos de cumplir con un compromiso que ya estaba adquirido no solo políticamente sino también con la sociedad y con la comunidad educativa.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Yo sí que voy a perder mi reputación de ser inflexible con los tiempos después de los dos minutos que se ha pasado usted.

Señora Moneo, tiene usted la palabra.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, qué quiere que le diga. El discurso que mantiene en esta Cámara no se corresponde con la realidad de la ley. Esa es la verdad. Le dije con claridad que íbamos a leer muy bien el texto y que íbamos a buscar marcos de acuerdo, pero usted no puede buscar un marco de acuerdo con el Partido Popular cuando lo que trae aquí es una reedición de la LOE. Si le dijimos hace doce años al Partido Socialista que no era el modelo adecuado, cómo no se lo vamos a decir ahora, doce años después. Porque ustedes siguen incidiendo en los mismos errores de ese modelo, que, efectivamente, señora ministra, no existe ni en los países más avanzados ni en aquellos que obtienen mejores resultados y que han iniciado una senda de mejora en el conjunto del sistema educativo. Esa es la realidad, señora ministra. No hay oposición por oposición, sino la constatación de que la ley es lo de siempre, más de lo mismo. Ustedes pretenden reeditar un pacto sobre su modelo, no sobre el modelo de todos.

Dice la señora portavoz del Partido Socialista, la señora Seijo, que aquí se ha cambiado el talante. Es que hay que desarrollar mucha paciencia después de lo que hemos visto. Son dieciocho meses de trabajo, ochenta y tres comparecencias, una paralización de la Lomce, la voluntad de esta portavoz, en público y en privado, de elaborar con el conjunto de esta Comisión una nueva ley si la consensuábamos entre todos. Pero usted pone encima de la mesa un texto articulado y dice: y ahora, traguen ustedes con esto. ¿Esta es una ley de futuro? No, es una ley de hace doce años, y nos dice: pacten ustedes sobre lo que hace doce años dijeron que no. ¡Hombre!, esto es una tomadura de pelo.

Por cierto, nosotros estamos dentro del marco constitucional, señora Seijo, son ustedes los que se han movido dentro de ese marco, son ustedes los que impidieron el pacto del señor Gabilondo, precisamente, por no permitirle pactar dentro del marco constitucional: ni enseñanzas comunes; ni sistema de evaluación; ni defensa de los cuerpos nacionales del profesorado; ni la presencia de la lengua oficial, que es el castellano, en el marco del sistema educativo. Esa es la realidad, señora Seijo, la misma realidad que quieren ustedes. Nosotros no tenemos problemas con los pactos, los tienen ustedes. Nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer las competencias del Estado en el marco constitucional, porque la Constitución da muchas competencias al Estado que, por vía de los hechos, se han ido desarrollando y cediendo a las comunidades autónomas Algunas comunidades autónomas han actuando con absoluta lealtad y han incidido en la mejora del conjunto del sistema y en la vertebración del mismo, pero otras han incidido en la ruptura. Los de la ruptura son sus socios en estos momentos, señora Seijo. Por eso, ustedes atacan al Partido Popular, con el que tendrían que estar pactando un modelo educativo, porque ustedes y nosotros hemos tenido y tendremos responsabilidades de Gobierno. Pero, claro, ustedes se deben a los que se deben. Por tanto, no cambien ustedes, ni hablen de talante, ni hablen de recentralización. Pacten y cumplan la Constitución. Eso es lo que viene a decir el Partido Popular. Queremos que se cumpla la Constitución. Queremos que el Estado tenga sus competencias. Queremos un sistema educativo vertebrado y vertebrador. Creemos en la libertad y en la igualdad de oportunidades. Creemos que los padres tienen que elegir el centro educativo y el modelo educativo que quieran para sus hijos. Lo dice la Constitución, no está fuera de la Constitución. Son ustedes los que se han movido, no nosotros, y ahora pretenden que sobre su ley pactemos. ¿Y por qué no pactamos sobre la ley de todos, que es lo que le dijimos nosotros? La señora ministra dice que el gran problema ha sido la Lomce, que es


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la Lomce la que ha partido el pacto. Señora ministra, la Lomce se aprobó dos años después de que el Partido Popular ganase las elecciones. Ustedes, en tres semanas, han puesto encima de la mesa un papel de propuestas y un texto articulado, una nueva ley. Dos años frente a tres semanas.

¿Y tenemos que creernos que ustedes tienen voluntad de acuerdo? ¡No, señora ministra, no pretenda usted cambiar la realidad! La realidad es que el pacto fue una estrategia por parte del Partido Socialista, en la que algunos creímos -como creímos en su momento en el ministro Gabilondo, del que no podemos decir, por parte de este grupo, nada absolutamente en contra- que podíamos llegar a un acuerdo entonces y ahora. ¡Pero la realidad es que siempre les pesa a ustedes lo mismo! Les pesa que necesitan pactos con aquellos que no se mueven dentro del marco constitucional. Esa es la realidad, señora ministra. Ustedes han elegido a sus compañeros de juego; sus compañeros de juego son ellos, no somos nosotros. Nosotros creemos en otro modelo educativo más moderno, más innovador. Usted ha hablado de ello, pero es que ese modelo moderno, innovador y exigente no es el que está en su ley. Su ley es la de hace doce años, no es la ley de ahora.

El señor Agirretxea, con el que yo discuto de la mejor forma y manera, dice que si nosotros pretendemos recentralizar. Nosotros pretendemos que se cumpla la Constitución, señor Agirretxea. Usted hoy no lo ha dicho, pero suele venir a esta Cámara a decir que ustedes tienen competencia exclusiva en materia educativa. Pues mire, no, no la tienen. El estatuto es una ley orgánica, pero la Constitución española también lo es, y ustedes tienen el deber de cumplirla. Esa es la realidad de nuestro sistema, y si no empezamos a marcar las reglas del juego y a hablar de educación dentro del marco común que nos dimos hace cuarenta años todos los españoles, realmente tendremos un futuro muy complicado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Para cerrar el debate y la sesión de la Comisión, tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, agradezco su vigor. Al señor Miquel he de decirle que le agradezco su disposición al consenso. Efectivamente, es ahora cuando se abre el libro; ustedes tienen todas las páginas a su disposición y, por lo tanto, es el momento de hablar, aunque lamento que la disposición de algunos sea la de devolver el libro antes de leerlo.

Señor Agirretxea, yo ya sé que ustedes dan guerra habitualmente, pero estaremos en la batalla, porque esta ley o sale con respaldo o no sale. Por lo tanto, también depende de sus señorías, así de claro. Efectivamente, cuando alguien tiene al enfermo en la mesa de operaciones del quirófano, sabe cómo puede curarlo y tiene que curarlo o se muere, pues lo primero es lo primero. Yo también soy partidaria de que lo mejor es enemigo de lo bueno y esta es una cuestión bien importante. Esta modificación de ley es buena, señorías; ustedes recórranla con talante abierto y observarán que, desde luego, no es la LOE de hace doce años, sino que modifica aquellos términos de la LOE para modernizarlos y abrirse al futuro.

Señor Olòriz, le agradezco también su discurso y ese reconocimiento de que, efectivamente, hay que hacerlo pronto; hay que hacerlo pronto porque estorba, porque la Lomce incrustada sobre la LOE es muy mala para la educación y para el sistema educativo español; es mala, perjudica.

Señora Martín, me habla usted de burdo, etcétera. Bueno, podemos hablar de contenidos sin necesidad de calificarlos desde su perspectiva exclusivamente. Claro que sí hablamos de más cosas, pero le he mencionado aquellas líneas que para usted eran rojas. Usted quiere hacer una enmienda de devolución, y dice que la hace porque si no tendría que poner su propuesta; y claro, como no quiere poner su propuesta porque entonces sería suya, si todos hiciéramos lo mismo hablaríamos sobre la nada. Por lo tanto, he de decirle que el Gobierno tiene la obligación de poner una propuesta encima de la mesa, que es exactamente lo que hemos hecho.

Señor Sánchez, también le agradezco sus avisos -ya sabemos cuántos somos-, y he de decirle que no tenemos complejos, es decir, que no estamos preocupados por las derechas. Sabemos cómo puede sacarse esta ley. Esta ley lleva la concepción educativa del Gobierno socialista y del Partido Socialista. Ya sé que tenemos que entrar en más detalle en relación con la concertada y la pública, porque tampoco todos los centros públicos son iguales; también los hay elitistas, también hay centros públicos que, más que ser elegidos por las familias, eligen ellos. Así pues, vamos a verlo todo, y los mimbres para poder verlo todo están en este proyecto.


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Señora Martínez Seijo, le agradezco mucho su intervención, que ha aclarado gran parte de las cosas ocurridas en la subcomisión del pacto en la que yo no estuve presente y, por tanto, para mí es esclarecedor conocer matices y resultados.

Señora Moneo, usted también prejuzga mucho. Lo que usted vierte sobre la mesa es un prejuicio, porque ya tienen el camino de salida acordado, es decir, ustedes van a presentar una enmienda a la totalidad, y dice además que presentan la enmienda a la totalidad porque si dijeron que no a la LOE hace doce años, como ahora también es la LOE siguen diciendo que no. Yo le pregunto: ¿Cómo es posible que sus leyes nunca sean respaldadas más que por ustedes y, sin embargo, la LOE, que era tan mala para ustedes, fuese respaldada por el resto de grupos parlamentarios en la comunidad educativa? Esta es una cuestión que permanece en el aire. Ustedes nunca reciben más respaldo que el suyo propio. Ya me dirá usted qué forma de hacer consenso es esa.

Ustedes están hablando todo el tiempo del marco común y de aquellos que han vulnerado y que vulneran sistemáticamente la Constitución, pero cuando estuvieron en el Gobierno no se aplicó aquello que decían ustedes para las lenguas, ni la casilla del castellano, ni el tema del 25 %. Por cierto, no es sentencia del Tribunal Constitucional sino del Tribunal Supremo, que, como saben ustedes, es un tribunal que no opera en positivo sino que, lógicamente, opera en negativo; por tanto, aquí está estableciendo una cosa en positivo que debe corresponderle al legislador. Pero aquí no se han recurrido nunca los artículos de la ley catalana; nunca los han recurrido. (La señora Moneo Díez: El estatut.) Tenían ustedes la aplicación del 155 y no se hizo nada de eso. Entonces, que vengan ahora haciendo un discurso de escarmiento, de arrepentimiento y de que ahora sí lo vamos a poner bien, no es creíble en absoluto.

Yo, genuinamente, le digo que recorra el proyecto que tiene usted encima de la mesa, porque no le auguro ninguna buena salida a una propuesta unilateral del Grupo Popular sobre los goznes que usted nos ha anunciado. No le auguro buen resultado, no le auguro buen futuro. Yo creo que sería mucho más útil que ahora mismo aprovecháramos la oportunidad para extraer este elemento que vulnera la igualdad de oportunidades de los más débiles en el sistema educativo español y siguiéramos construyendo. No digo que nos pongamos a construir, sino que sigamos construyendo, porque los elementos que están en esta propuesta que tienen ustedes encima de la mesa, lejos de ser obstaculizadores son facilitadores para avanzar en la igualdad de oportunidades, en la comprensividad, en el derecho a la educación que tienen todas las personas, también las que tienen necesidades educativas especiales, también las que son más lentas, también las que tienen menos recursos económicos o menos recursos culturales. Con esto concluyo, no sin antes apelar a que todavía hay una oportunidad para llegar a acuerdos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra. Hoy es siempre todavía, como diría el poeta.

Muchas gracias, por su presencia. Han sido tres horas intensas pero tres horas, no han sido más, con lo cual espero que lo valoremos todos... (Rumores.) Han sido cuatro horas, sí. Se me ha hecho corto.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidente. Muy amable.

El señor PRESIDENTE: A mí me tenían ustedes más tiempo.

Una última cosa, antes de levantar la sesión. Recordarán ustedes que había prevista una reunión de Mesa y portavoces con una diputada argentina. La diputada argentina nos ha dado plantón, no ha podido venir. Con lo cual, como decía mi profesor de Matemáticas: Váyanse, que se enfría la sopa.

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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