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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 686, de 11/12/2018
cve: DSCD-12-CO-686
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 686
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
11 de diciembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001334) ... (Página2)

- Sobre el tratamiento de las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001390) ... (Página7)

- Relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002398) ... (Página11)

- Sobre el rescate integral de la Función Pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003062) ... (Página16)

- Relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para iniciar el diálogo para la transferencia de competencias pendientes a Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003547) ... (Página20)


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- Sobre la necesidad de despolitizar la Administración Pública y la necesidad de estatuto del directivo público. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003678) ... (Página24)

- Sobre la eliminación de las diputaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003739) ... (Página28)

- Relativa al reconocimiento de la labor de las diputaciones provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003844) ... (Página32)

- Por la que se insta al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003862) ... (Página36)

Votaciones ... (Página39)

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Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la celebración de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, que estaba señalada para el día de hoy, y vamos a proceder a empezar según el orden del día tal y como estaba fijado.

He de advertirles a sus señorías que no tenemos las señoras estenotipistas y, por tanto, se va a grabar y después se pasará, según me indican. Y estamos a la espera de recibir también el agua, que ha sido solicitada, y de que la calefacción también se baje un poquito, de tal manera que hagamos más cómoda la celebración.

No obstante, pasemos inmediatamente porque me consta que varias de sus señorías son muchas las comisiones que tienen en el día de hoy.

Recuerdo que son siete minutos para exponer la proposición, cinco para la explicación de las enmiendas y tres para fijar posición.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/0013 34).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo en primer lugar con la Proposición no de Ley relativa a la derogación de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que presenta el Grupo Socialista y tiene la palabra la señora Serrano para la defensa de la Proposición no de Ley.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista lleva en su ADN el municipalismo y con esta iniciativa pretendía reparar el mayor ataque provocado al municipalismo por un Gobierno de España. El Gobierno del Partido Popular legisló en contra de los municipios, de la autonomía local y queriendo reducir las competencias de los mismos, pretendía impedir el ejercicio legítimo de los alcaldes y alcaldesas para diseñar su modelo de ciudad y los servicios públicos que querían prestar a sus ciudadanos. Los auténticos conocedores de la realidad local son los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas y en una situación de crisis económica como la que hemos vivido a las personas más afectadas solo les queda la desesperación y


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acudir a su ayuntamiento a solicitar ayuda, a pedir que se les solucionen los problemas que les acucian, problemas de paro, angustia por no poder pagar la luz, los suministros básicos o la desesperación ante un desahucio. Lamentablemente, las políticas austericidas del Partido Popular y de culpabilizar de todos los males a la Administración local, que es la más cumplidora, solo han supuesto un castigo más a la ciudadanía, que no entiende cómo los ayuntamientos, aún teniendo remanente en sus cuentas, no pueden gastarlo. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que no solo fue la crisis económica la que llevó al Gobierno del Partido Popular a aplicar estas políticas, también es su ideología y la falta de apuesta por los servicios públicos y por el municipalismo.

Ante esta situación el Partido Socialista siempre ha defendido la derogación de la LRSAL, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la modificación de la regla de gasto y el poder contar con una autonomía para gastar el superávit y, por supuesto, no dudamos en interponer en aquel momento el recurso ante el Tribunal Constitucional ante el ataque a la auxiliar local que suponía la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la autonomía local, porque entendíamos que era una injerencia en las competencias de los ayuntamientos y un atentado, como digo, a la autonomía local. El tiempo nos demostró que no estábamos equivocados.

Afortunadamente, ahora hay un Gobierno sensible al municipalismo, que tiene en su ADN el mismo y una profunda vocación municipalista, y así lo ha demostrado la ministra de Política Territorial y Función Pública en su reciente comparecencia en el Senado el pasado 29 de octubre, donde dejó claro el compromiso y la necesidad de recuperar una política del Gobierno para los municipios y el resto de entidades locales de España. Y desde esa convicción se destacaron en dicha comparecencia dos prioridades para esta legislación: recuperar las capacidades de acción de los municipios y diputaciones e impulsar sus actuaciones en materia de servicios públicos y dinamización económica, dos prioridades para una finalidad fundamental, recuperar y reforzar la cohesión económica y sobre todo la cohesión social tanto en el interior de cada municipio como en el conjunto de España y es que, según la ministra, están comprometidos como Gobierno en recuperar las políticas de proximidad que dan sentido a los gobiernos locales y ello pasa necesariamente por la recuperación de las capacidades políticas de nuestros municipios y pasa de modo necesario y urgente por la reforma de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.

Es verdad que con la modificación o con la regulación que imponía la LRSAL desaparecía la posibilidad de prestar numerosos servicios públicos, especialmente en materia social, y eso preocupa soberanamente a este Gobierno y preocupa en gran medida al Grupo Parlamentario Socialista, porque asestaba un golpe intenso a las capacidades de actuación de todos los municipios españoles, la austeridad se lograba con el fácil expediente de reducir los servicios públicos a los colectivos más afectados por la situación económica, despojando a los alcaldes y alcaldesas de la posibilidad de actuar con sus propios medios económicos para paliar esas situaciones.

Es cierto que, como decía yo anteriormente, el Tribunal Constitucional puso un primer remedio a esta situación, sometiendo la reforma a una interpretación conforme a la Constitución, que de hecho venía a revertir sus efectos y permitir la actuación municipal en buena parte de los casos, especialmente cuando así lo determinaban las comunidades autónomas. Sin embargo, este texto legal, aun reinterpretado por el Tribunal Constitucional, continúa, a nuestro modo de ver, condicionando la actuación autónoma de los municipios a eventuales decisiones autonómicas y sigue ocasionando importantes obstáculos en la tramitación de decisiones municipales y, por tanto, provoca confusión en los ayuntamientos y en sus órganos de control y gestión, por tanto, resulta enormemente disfuncional para la actuación de los ayuntamientos.

Por tanto, los compromisos están claros, pero hay que articular esta reforma no como una mera derogación, sino también como un reflexionar, un repensar el papel de los ayuntamientos y articular un texto legislativo que con carácter urgente reponga la plenitud de la autonomía local redactando nuevamente a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto mediante la redacción de aquellos artículos de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que es lo que está trabajando el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Y voy terminando, señoría, no sin antes manifestar que es vocación de este Gobierno, por tanto, traer una reforma urgente para que se aclaren todas las cuestiones más lesivas y las dudas que haya en los ayuntamientos y, como digo, trabajar en una reforma en profundidad que sea consensuada, que sea apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas de esta Cámara y que den a los ayuntamientos el papel que verdaderamente tienen que cumplir como administración más cercana al ciudadano, como administración que debe resolver toda la problemática de los ciudadanos y ciudadanas, que no entienden de competencias cuando tienen dificultades económicas o cuando tienen dificultades en el día a día de su existencia. Y, por


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tanto, pretendemos que esa autonomía local sea una verdadera autonomía para poder ejercer el modelo que cada fuerza política quiera, que cada alcalde o alcaldesa quiera para mejorar las condiciones de sus ciudadanos y ciudadanas y que resuelva la problemática que tienen los mismos. En ello es en lo que estamos empleados y ello es lo que solicitamos, que todas las fuerzas políticas también sean sensibles con la necesidad de apoyar una senda de estabilidad para que puedan tener mayor recurso en los ayuntamientos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Las enmiendas que han propuesto. Por Ciudadanos, el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.

La verdad es que nos dice la proponente que no quieren una mera derogación y en su primer punto lo único que dicen es: derogar la Ley del 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Son ustedes unas máquinas de derogar, es todo lo que saben proponer, no son capaces de hacer nada propositivo, solo destruir lo demás. Y nosotros creemos que es oportuna y necesaria una reforma del mundo local, claro que sí, cómo no va a ser así, una reforma a nivel competencial, una reforma también que asegure la estabilidad financiera, por supuesto que sí. Y yo creo que es posible, señorías, alcanzar un consenso positivo para el país en este sentido, ahora, ustedes, este PSOE podemizado, están instalados aún, y lo volvemos a ver, en la derogación sistemática de toda normativa de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y a nosotros nos parece una enorme equivocación.

La iniciativa lo primero que dice es derogar la Ley 27/2013, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, primero derogar y luego ya veremos. Nosotros creemos que debe ser al revés, no estamos de acuerdo en derogar por derogar, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tiene unos objetivos que se pueden compartir, uno de ellos evitar duplicidades, nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con evitar duplicidades, quizás yo creo que no ha sido todo lo eficiente que debería en este sentido, asegurar la viabilidad financiera de los municipios creemos que es algo en lo que todos podemos ponernos de acuerdo porque entendemos que es algo esencial, entre otras cosas para el propio funcionamiento de las Administraciones Locales, pero no estamos de acuerdo en cómo se ha desarrollado ni con muchos de los preceptos de la ley actual, ahora, en estos objetivos que hemos mencionado y que yo les he dicho antes, evitar duplicidades y asegurar la viabilidad financiera yo creo que estamos de acuerdo y debemos de seguir trabajando para tener unos municipios más fuertes, con independencia económica y que además permita esa independencia política que se reclama.

En su punto 2 nos aborda una cuestión clave para nosotros, que es garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas. Compartimos el diagnóstico de la necesidad de una reforma de la Administración local en España, en la que hace falta un rediseño de las competencias, pero este rediseño debe ser con un criterio básico, que es el criterio de eficacia, que es algo que ustedes obvian siempre, la eficacia. Las competencias no están mejor si están en los ayuntamientos por sistema ni están mejor si están en el Gobierno central por sistema ni son mejores si están en la Administración autonómica por sistema, aunque ustedes parece que siempre defienden una cosa o la otra. Yo creo que hay que analizar cada competencia, ver qué administración es capaz de satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos porque para eso está al final la Administración Pública, no para hacer guerras de administraciones locales contra centrales o de centrales contra autónomas, sino para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es necesario abordar el debate sobre la simplificación administrativa, que el PSOE ahora en estos momentos evita, creemos que se debe hablar de esa simplificación de niveles administrativos y, por tanto, debemos de hablar también de las diputaciones. Recordemos que en las diputaciones el 60 % de los recursos se quedan en pagar estructura y solo el 40 % va a financiar servicios. Queremos unas estructuras, unos niveles administrativos que permitan que el 100 % de esos recursos lleguen a los municipios para mejorar los servicios que tienen los ciudadanos. ¿Qué fue de aquel PSOE de Rubalcaba que proponía recortes en el gasto de diputaciones provinciales?

Y, por supuesto, entendemos que es necesario el debate sobre la financiación de las Haciendas locales, lo que pasa es que el señor Sánchez es el primero que ha venido al Congreso a decir que quiere quedarse en la Moncloa el mayor tiempo posible porque en ninguno de los casos le dará tiempo a abordar la reforma de la financiación autonómica y local, lo dijo en varias sesiones de control la propia ministra. A nosotros nos parece lastimoso ver al Partido Socialista instándose a sí mismo a algo que él mismo sabe


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que no piensa ni remotamente hacer y que además lo han dicho públicamente. Llevamos ya 20 reales decretos ley en 2018 y ninguno para derogar esta ley.

Por último, creemos necesario completar esta discusión con la lucha contra la corrupción. ¿Por qué siguen ustedes bloqueando nuestra Proposición de Ley de lucha integral contra la corrupción? En ella se desarrolla un sistema de protección del denunciante que también es importante para reformar y modernizar las Administraciones, incluidas las locales.

Por todo esto, señorías, nosotros hemos presentado nuestra enmienda de supresión del punto 1, si ustedes aceptan eliminar la mera derogación, que es lo primero que se les ocurre, pues nosotros votaremos a favor de su proposición, en caso contrario, evidentemente, no podremos votar a favor de ella.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Vendrell para defender la enmienda.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente. Buen día, buenos días a todos y a todas.

La conocida LRSAL, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, forma parte de lo que podríamos llamar el núcleo duro de las leyes que supusieron una contrarreforma y que se aprobaron en la legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular y que junto con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria suponen la concreción, la plasmación del artículo 135 de la Constitución, que constitucionalizaba las políticas de austeridad para que el único criterio básicamente de las políticas públicas fuera ese, fuera la estabilidad presupuestaria. Una ley que supuso una involución democrática con un marcado carácter antisocial y además impuesta de forma autoritaria, hay que recordar que 3000 municipios interpusieron un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, hay que recordar que se impuso sin diálogo con el resto de los grupos parlamentarios. Hay que recordar ya las sentencias adversas contra esta ley del Tribunal Constitucional y los recursos también presentados por los parlamentos de Extremadura, de Cataluña, de Navarra, de Asturias o de Canarias. Su contenido suponía una involución, es decir, ¿por qué tanta oposición de grupos, incluso de ayuntamientos gobernados por el propio Partido Popular? Pues porque era una ley claramente antimunicipalista, no pretendía, como ahora se ha dicho, evitar duplicidades y clarificar competencias, lo que quería era eliminar competencias, reducir las competencias de los gobiernos locales, ese era el objetivo, que los ayuntamientos no pudiesen desarrollar políticas de servicios sociales, en educación, en atención primaria, en inspección sanitaria, o políticas de fomento del empleo, aunque eso posteriormente no se llegó a concretar. El otro objetivo que tenía esta ley era impulsar el control presupuestario sobre los ayuntamientos. Y una cuestión muy importante, que era abrir la puerta a las privatizaciones y a las externalizaciones de servicios públicos, cuando se ha demostrado, hay informes del Tribunal Constitucional que demuestran que estas privatizaciones y externalizaciones suponen un sobrecoste y no suponen mayor calidad en la prestación de los servicios, un sobrecoste de entre el 22 % y el 71 % del coste, cuando en estos momentos en Europa hay incluso una corriente a favor de la remunicipalización, por ejemplo del servicio del agua, en ciudades como Berlín, París, Hamburgo o Londres.

¿Cuál era el objetivo político profundo de esta ley? Esta ley tenía dos objetivos, que son coherentes con el modelo de Estado y de sociedad del Partido Popular, que era la recentralización de competencias, para el Partido Popular los Gobiernos locales no son gobiernos como tales, con competencias políticas, sino que deberían ser puras gestoras administrativas sin contenido política real, y el otro objetivo, evidentemente, es la reducción del estado social, la reducción del gasto social, del gasto que pueden desarrollar los ayuntamientos, era debilitar el mundo local, era recentralizar. Ese era el objetivo, coherente digo, con el modelo de Estado y el modelo de sociedad del Partido Popular.

Estamos de acuerdo con lo que plantea la Proposición no de Ley en el sentido de que no solo se trata de derogar, sino que se trata de que tengamos una nueva Ley de Bases del Régimen Local, que debería ser una auténtica ley de Gobiernos locales que descentralizara aun más, fortaleciera el municipalismo, porque hay una cuestión fundamental, que es que el grado de descentralización de un país, la fortaleza que tengan los Gobiernos locales es un elemento para valorar la calidad democrática de un país, es una medida de la calidad democrática de un país. Por tanto, este país necesita para mejorar la calidad democrática y la prestación de servicios una nueva ley de Gobiernos locales y una nueva ley de Haciendas locales. Pero hemos añadido otra cuestión, que nos parece más urgente aun, todo es urgente, pero esta nos parece muy urgente y que el Gobierno debería ya impulsarla, que es la modificación de la regla de gasto, que es un verdadero problema ahora mismo para los Gobiernos locales, que, incluso estando


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saneados, muchos ayuntamientos no tienen limitada su capacidad de gasto y que se aplica en España como no se aplica en ningún otro país de Europa.

Por tanto, les decía, votaremos favorablemente a esta Proposición no de Ley, somos una fuerza municipalista y, de hecho, nosotros presentamos, termino ya, una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, que en su momento el Partido Socialista se abstuvo a esa Proposición de Ley porque dijeron que se quedaba corta. Bueno, esperemos que la derogación que lleven ustedes de la LRSAl sea como mínimo igual, sino mejor, que la que nosotros presentamos.

Gracias.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señor presidente. Egun on. Buenos días a todos y a todas.

En la medida en la que la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista viene a pedir lo mismo que Euskal Herria Bildu demandaba en la proposición que debatimos en comisión allá por marzo de 2017, es decir, la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, nuestro grupo apoyará la misma.

Coincidimos, ya si lo venimos defendiendo en los múltiples debates que sobre el papel de las entidades locales hemos tenido en los dos últimos años, en los que la mencionada Ley es recentralizadora y contraria a los intereses de las entidades locales. Uno de los motivos es que el principio de sostenibilidad prevalece sobre el de subsidiariedad y ello nos lleva a no coincidir en los términos que se utilizan en el segundo punto de la propuesta socialista, pese a lo cual, como ya he dicho, ante la apuesta que se hace por la derogación votaremos a favor.

Sobre el tercero de los puntos en nuestro caso nosotros no tenemos ningún problema en que las entidades locales participen de alguna manera en la política fiscal, en la medida en la que esta condiciona su nivel de financiación, un elemento importante, porque las entidades no tienen problemas para dar servicio a la ciudadanía, para asumir más competencias en esa tarea, lo que tienen es problemas de financiación suficiente que las acompañen.

Desde Euskal Herria Bildu defendemos leyes que apuesten por reforzar la autonomía municipal, por dotar a los municipios de amplias competencias, acompañadas, insisto, de financiación suficiente, porque lo uno sin lo otro atenta igualmente contra la autonomía municipal, que no es tal si no hay condiciones para ejercer las competencias.

Es por ello que nosotros aprobamos en el Parlamento de Gasteiz la Ley de Instituciones Locales de 2016, que nos ayuda a profundizar en esa vía en sentido opuesto a lo que la Ley de Racionalización que pretendemos derogar defiende, que pretende vaciar de competencias a los municipios con la excusa de la sostenibilidad, reducirla a la mínima expresión con la supresión de las competencias llamadas no propias.

La actual ley limita las potencialidades de la aprobada del Parlamento Vasco, por tanto, todo paso que se dé para su derogación será positivo, igualmente, cualquier ley futura del ámbito estatal deberá no priorizar en exceso y sobre todo la estabilidad presupuestaria, que, como estamos viendo en la actualidad, es la vía que se utiliza para dejar en segundo plano lo verdaderamente importante, el servicio que presta el municipio a su población, los servicios necesarios para responder a la demanda social existente en los mismos, que estos conocen mejor que nadie y vienen gestionando, lo han demostrado en los últimos años, de manera eficaz, mucho más incluso que otros niveles administrativos que se empeñan en seguir tutelándoles. Por ello decimos que nos parece un avance la derogación de esta ley para el conjunto de los municipios del Estado, que nosotros seguiremos trabajando para dotarnos de los instrumentos legislativos que nos ayuden a mejorar la autonomía municipal desde nuestro hecho diferencial y que entendemos que aquello que se legisla a nivel estatal debería hacer lo propio poniendo dar respuesta a las demandas sociales por encima de la propia estabilidad presupuestaria. Por cierto, si se puede y si se me permite un consejo al Partido Socialista, en la medida en la que está en el Gobierno, que más allá de PNLs traiga leyes que apuesten por derogaciones como esta, que desde luego Euskal Herria Bildu la apoyará.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Y tiene ahora la palabra por el Partido Popular la señora Madrazo.


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La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Miren, señores del Grupo Socialista, si tuvieran un mínimo de coherencia política retirarían ahora mismo el debate de esta iniciativa y, por supuesto, la votación, porque se nota que esta iniciativa la hicieron cuando ustedes estaban en la oposición, pero resulta que ahora están en el Gobierno y llevan seis meses que aparte de anuncios y rectificaciones no proponen absolutamente nada porque, claro, que propongan ustedes reformar la financiación autonómica y local cuando la ministra, la señora Batet, ha dicho ya que no se va a abordar la reforma de la financiación autonómica y local me parece que es una auténtica tomadura de pelo, por tanto, debieran retirar esta iniciativa y ni siquiera llegar a votarla si tuvieran un mínimo de coherencia. Y, miren, del Partido Socialista no vamos a admitir lecciones de municipalismo, no las vamos a admitir, porque el objetivo del Partido Popular precisamente al aprobar esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local era evitar la duplicidad de competencias entre Administraciones Públicas e impulsar y reforzar el municipalismo, además, la reforma fue fruto de un amplísimo proceso de diálogo en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, sí, así fue, un proceso en el que PSOE e Izquierda Unida abandonaron en plena negociación con el Gobierno porque se quedaron sin argumentos, como hoy siguen, sin argumentos ni sin propuestas para seguir oponiéndose tan radicalmente a esta ley, porque se olvidan ustedes muy a menudo que el Gobierno de Mariano Rajoy se encontró una situación dramática en la Administración local, de asfixia financiera, prácticamente en quiebra los ayuntamientos, ponía en grave riesgo los servicios públicos prestados por las corporaciones locales. Esa parte siempre la ignoran. Se anunciaba por parte de ustedes grandes catástrofes para nuestros municipios, para nuestros vecinos cuando se aprobó esta ley, pero no, los ayuntamientos no han desaparecido, no ha desaparecido ningún municipio y no se ha suprimido, por mucho que se empeñen, ningún servicio público y además no se ha perdido empleo, gracias a esta reforma de la Administración local y gracias también al esfuerzo y al trabajo de cientos y miles de concejales de todos los partidos y de miles de alcaldes y gracias también a las ayudas que el propio Ministerio de Hacienda ha puesto a su disposición, porque durante estos años les quiero recordar que con el plan de pago a proveedores 4000 entidades locales han pagado 2 millones de facturas a 123 000 proveedores y esto salvó cientos de empleos en pequeñas y medianas de empresas y a miles de autónomos les salvó también de la quiebra y la financiación de las entidades locales, como saben muy bien, aunque lo quieran ignorar, se ha incrementado un 24 % entre 2011 y 2018.

Por tanto, retiren ustedes esta iniciativa, de verdad, y sobre todo ese tercer punto en el que piden una nueva financiación local y una nueva financiación autonómica cuando la propia ministra en la última reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias el 27 de noviembre, hace nada, no hace un mes, anunció que no se iba a abordar en esta legislación esa reforma, oiga, es que es una auténtica tomadura de pelo.

Por tanto, no es tiempo de incertidumbres, señorías, no es tiempo de derogar, es tiempo de hacer propuestas, no es el momento de desmantelar el crecimiento en el que se había instalado España, el crecimiento, la creación de empleo, no nos pasemos dos años paseando en Falcon por España, hasta el año 2020, es tiempo de que convoquen elecciones ya, para que haya un gobierno responsable que tome decisiones para mejorar la vida de los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Serrano, ¿acepta las enmiendas que se han propuesto o las rechaza?

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Voy a hablar con los grupos proponentes y les daremos a lo largo de la sesión la posición de este grupo. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Perfecto.

- SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS COOFICIALES EN LAS PÁGINAS WEB DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001390).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda Proposición no de Ley, sobre el tratamiento de las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado, presentada por el Grupo Socialista, y tiene la palabra para intervenir en nombre de ese grupo para la defensa de la Proposición no de Ley el señor Meijón.


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El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, como ustedes ya conocen, esta Proposición no de Ley del Grupo Socialista pretende instar al Gobierno a recuperar una política dirigida a garantizar a los ciudadanos sus derechos derivados del régimen de oficialidad de las diferentes lenguas españolas y a difundir en la sociedad los valores del plurilingüismo, todo ello a través de la reactivación del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado. Los fundamentos de la misma están en la propia Constitución española, que consagra la pluralidad lingüística como patrimonio objeto de especial respeto y protección en las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia y la jurisprudencia existente sobre el tema y en los acuerdos internacionales firmados por España, de los que destacaríamos la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias de 1992, que en este país entró en vigor en el año 2001. Hablamos pues de obligaciones que rigen no solo para aquellas comunidades autónomas que cuentan con lengua propia cooficial distinta del castellano, sino también para la Administración General del Estado en relación con todas las lenguas de España.

No ponemos en duda los importantes avances producidos en este campo, debiendo citar expresamente la creación en el año 2005 en el Gobierno de Zapatero en el seno del Instituto Nacional de Administraciones Públicas de una comisión de expertos para el uso de las lenguas cooficiales en la AGE, que elevó sus conclusiones al entonces ministro de Administraciones Públicas a mediados de 2006. Además, en 2007 se crearon un Consejo de las Lenguas Oficiales y una Oficina para las Lenguas Oficiales, adscritos a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, con la misión de analizar las actuaciones de los departamentos ministeriales e impulsar una política idónea y coordinada en materia de lenguas cooficiales. Ya en su reunión de 6 de julio de 2010 el Consejo de Lenguas Oficiales establecía la necesidad de completar la oferta de contenidos y servicios de las series electrónicas de los ministerios y organismos públicos una recomendación que todavía no se ha completado. En mayo del pasado año 2017 se reunió el Consejo de las Lenguas Oficiales y se comunicaba la voluntad del Gobierno del señor Rajoy de impulsar el funcionamiento de este órgano, loable intento de maquillar una realidad que no se correspondía con los hechos, pues debemos recordar que ese mismo Gobierno había dejado pasar un periodo de seis años sin haber celebrado ninguna reunión de dicho Consejo, lo cual no parece el mejor procedimiento para impulsar nada. De ahí que celebremos que en la reunión mantenida hace muy pocos días, exactamente el pasado 3 de diciembre, se manifieste la intención del Gobierno de proceder a recuperar el carácter anual de las reuniones del Consejo de Lenguas Oficiales, cumpliendo así, por cierto, con la norma de creación de este órgano. Cualquiera que realice un recorrido por el panorama actual de la AGE podrá darse cuenta de que son todavía arduas las tareas pendientes en materia de información y uso de lenguas cooficiales, algo a lo que sin duda hay que poner remedio, puesto que hablamos entre otras cosas de hacer efectivo el derecho de al ciudadanía, escoger el idioma con el que quiere dirigirse a la Administración y también del reconocimiento de la propia Administración a la riqueza y prioridad lingüística de nuestro país, porque, y creemos que es de vital importancia reafirmarlo, todas, repito, todas las lenguas del Estado son lenguas del Gobierno y de su Administración.

Conocemos, por supuesto, el último informe del Consejo, el quinto informe sobre el incumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, del Consejo de Europa 2014-2016, conocemos también los objetivos del nuevo Gobierno en cuanto a políticas de impulso real y con recursos respecto de estos ámbitos de actuación, pero también entendemos que debe haber un pronunciamiento favorable del Congreso desde esta Comisión que refrende, refuerce e impulse las políticas dirigidas a garantizar a los ciudadanos sus derechos derivados del régimen de oficialidad de las diferentes lenguas españolas y a difundir en la sociedad los valores del plurilingüismo. Y por ese camino van los puntos que ustedes conocen de nuestra iniciativa y que hacen referencia, concretamente el primero de ellos, a aspectos ya recomendados en el año 2010, pero que aún distan de su grado de optimización, como son adecuar las páginas web de la Administración General del Estado y organismos dependientes para ofrecer la información que contienen en las lenguas que sean oficiales en el Estado además del castellano y en especial se asegurarán que estén disponibles en su versión en castellano y en todas las lenguas españolas oficiales. Ahí hablamos de los contenidos completos de la información institucional y también de la información especializada que se ofrezca a través de internet u otros medios electrónicos o telemáticos.

Si cualquiera de ustedes realiza un recorrido por las páginas web de los distintos organismos de la Administración General del Estado, contemplarán cómo resta mucho trabajo que hacer en este campo, las más de las veces nos encontramos con que el primer o segundo nivel de los _____ estáticos sí presentan


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opciones en los distintos idiomas cooficiales del Estado, pero también cómo esta pluralidad desaparece cuando seguimos navegando en otros niveles de las páginas web. El segundo punto no podría ser otro que el de reactivar e impulsar la actividad del Consejo de Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y de la Oficina para Lenguas Oficiales con, reseñamos e insistimos, con la dotación de recursos materiales y humanos necesarios para que pueda cumplir con su misión, algo que, como hemos dicho ya, figura expresamente en la agenda del Gobierno. Y además en nuestra proposición figura otro punto en el que incluimos otra declaración que entendemos no menos importante, y me refiero a la que señala que asimismo el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que con objeto de procurar una mejor atención y garantía de los derechos de los ciudadanos todos los poderes públicos de ámbito estatal ofrezcan también en el mínimo plazo posible los contenidos de sus páginas web en su versión en castellano y en todas las lenguas españolas oficiales, esto es, un compromiso con nuestras lenguas, con todas nuestras lenguas, no solo de la AGE, sino del conjunto de todos los poderes públicos de ámbito estatal, una de las mejores fórmulas, sin duda, será la revisión y actualización de la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, en colaboración con el Consejo de las Lenguas, con el fin de establecer el carácter obligatorio de aquellos servicios que se consideren de alto impacto para la ciudadanía siguiendo los modelos de la Unión Europea.

Finalizo expresando el deseo de que el mito de Babel, que consideraba la proliferación de idiomas como una maldición bíblica, quede desterrado para siempre de nuestros pensamientos y florezca el concepto de la pluralidad y diversidad lingüística como fuente de riqueza compartida, de comunicación intercultural y patrimonio colectivo común de todos los pueblos que conforman nuestro país.

Máis nada. Moitas grazas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, interviene, para la defensa de la enmienda, [El micrófono no está encendido].

La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Meijón, nos traen ustedes una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a garantizar a los ciudadanos, y leo, sus derechos derivados del régimen de oficialidad de las diferentes lenguas españolas y difundir en la sociedad los valores del plurilingüismo. Como idea está bien, pero vamos a aclarar algunas cosas.

Tal cómo se ha abstenido el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, la lengua oficial del Estado es el castellano, nuestra Carta Magna nos recuerda que todos los españoles tienen el derecho a usarla y el deber de conocerla, el español es el vehículo de comunicación entre los poderes públicos y las lenguas cooficiales lo son en sus respectivas comunidades autónomas.

Presentan una iniciativa que habla de la importancia capital que tiene para ustedes que las Administraciones del Estado ofrezcan su información online en todas las lenguas cooficiales, y me remito a su texto, para difundir los valores del plurilingüismo. Me choca un poco esa declaración de intenciones cuando en varias de las comunidades en las que gobiernan se maltratan sistemáticamente los derechos de los castellanohablantes sin que ustedes se manifiesten al respecto, resulta que les parece más importante que una página del Ministerio de Defensa esté en euskera que el hecho de que haya padres en Baleares, donde ustedes tienen mucho que decir, que tienen que contratar a profesores particulares de español para que sus hijos aprendan a escribir en la lengua oficial del Estado. Ven urgente que los contenidos web de la página de Presidencia del Gobierno estén en catalán, pero todavía no sabemos qué opinan de que el señor Torra llamase bestias taradas a quienes usamos el español para comunicarnos. Jamás les he visto inquietarse lo más mínimo por el hecho de que el español esté siendo progresivamente eliminado de las comunicaciones oficiales en Cataluña, en Baleares, en Euskadi, en Galicia o en la Comunidad Valenciana, pero en cambio sí que les preocupa muchísimo que una web de la Administración Central solo pueda consultarse en español. Por cierto, a mí me gustaría saber si han hecho ustedes un cálculo aproximado de lo que puede costar esa búsqueda de simetría lingüística. ¿Cuánto costaría adecuar las webs de la Administración General del Estado y organismos dependientes a todas las lenguas cooficiales? ¿Lo saben? ¿Tienen un cálculo aproximado o esta es una de las frivolidades que son marcha de la casa del "sanchismo"?

Yo, ¿saben lo que creo? Que ustedes traen aquí esta propuesta para seguir pasando la mano por el lomo de los caseros del señor Sánchez. Me gustaría saber el tiempo que pasan cada día devanándose los sesos sobre el modo de proporcionar pellizcos de satisfacción a los que en cualquier momento le pueden quitar al doctor Sánchez las llaves del avión privado. Ustedes tienen con los socios nacionalistas


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unas hipotecas muy difíciles de pagar e intentan encontrar en cualquier rincón una forma de renegociar las condiciones de pago.

Hoy juegan a crear una simetría artificial entre todas las lenguas del Estado, pero dejen que les recuerde que por mucho ejercicio de trileros, para deleite de sus socios, España no es un Estado con una pluralidad de lenguas oficiales, hay una única lengua oficial en todo el territorio y una serie de lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas, lenguas que hay que respetar, proteger y colaborar en su difusión y en su uso, eso lo compartimos. A ustedes les parece importante difundir los valores del plurilingüismo, perfecto, a nosotros también nos parece importante y también nos parece importante asegurar el derecho de todos los españoles a usar el castellano en cualquier rincón de España y por eso hemos presentado una enmienda a su PNL, para pedirles que se comprometan a garantizar que todos los ciudadanos podrán acceder a una versión en castellano de la información emitida por cauces oficiales en cualquier lugar del Estado. Me gustaría saber si aceptan esta enmienda y en ese caso nos gustará también mucho votar a favor de su Proposición no de Ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Acto seguido, en trámite de toma de posesión y en nombre de sus respectivos grupos tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Sorprende que hoy, 40 años después de la aprobación de la Constitución y del recurso de las lenguas cooficiales aún estemos discutiendo de cuestiones tan elementales como es el pleno reconocimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, porque entendemos que de eso se trata, de los derechos lingüísticos de personas que conocen el castellano y hablan el catalán, el euskera y el gallego y que tienen derecho a relacionarse con la Administración Pública en la lengua que deseen y eso para nosotros el verdadero plurilingüismo sería que en todos los ámbitos la Administración General del Estado, los órganos e instituciones del Estado asumieran ese pluralismo lingüístico, no solo en la información y en las páginas web, sino incluso en la propia relación con la ciudadanía.

Confiamos que esta PNL se va a llevar a cabo porque quien la firma es la actual ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas y, por tanto, entendemos que la propia ministra que ha firmado esta PNL la va a llevar a cabo, porque en la parte expositiva se citan los avances que se han producido en estos años, pero, mire, según informes de la Plataforma por la Lengua de Cataluña, solo el 1,6 % de las páginas web están traducidas completamente al catalán y solo el 14,2 % parcialmente al catalán. Por tanto, hay mucha tarea para hacer, llevamos un retraso evidente, y hay que cumplir también con los acuerdos, el acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y nuestro grupo parlamentario también prevé una partida para impulsar la producción entre las diferentes lenguas del Estado. Porque, efectivamente, España es una realidad plurilingüística, plurinacional, creemos que eso es positivo, que eso es una riqueza y que hay que contar la verdad, que no se puede engañar a la gente diciendo que el castellano está discriminado por ejemplo en Cataluña, porque no es cierto, es mentira, literalmente, mentira, eso no es verdad, o está discriminado en la escuela catalana, que es mentira, todos los datos educativos confirman que todos los alumnos al acabar el ciclo escolar saben perfectamente el catalán y el castellano. Yo les invito a que ustedes vayan a Cataluña, creo que la visitan poco, tendrían que ir más, y conocer exactamente cuál es la realidad de nuestro país, porque creo que en política y con estos temas lo que no se puede hacer es engañar y mentir sistemáticamente.

Lo que hay detrás de esto es un debate también sobre qué idea de España tenemos. Claro, es que a ustedes en realidad, lo digo por la intervención de ciudadanos, no les gusta España tal y como es, a ustedes les gustaría que el catalán, el gallego o el euskera o el asturiano por ejemplo fuesen simplemente lenguas familiares, lenguas en el ámbito privado y familiar y no lenguas perfectamente normalizadas porque, y termino, presidente, aquí de lo que se trata es de garantizar los derechos de la ciudadanía y a poder expresarse en la lengua que los ciudadanos y las ciudadanas quieran en su relación con la Administración Pública.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.

Y tiene la palabra el señor Roca, por el Grupo Popular.


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El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señor presidente.

Debatimos una Proposición del Partido Socialista para que todas las webs de los ministerios estén en todas las lenguas cooficiales. La verdad es que es difícil saber qué votar a esta cuestión porque no dice cuánto va a costar, ni siquiera va a decir si la información será de calidad, si habrá que cerrar las webs que estén desactualizadas.

Lo que pasa es que esta es la enésima concesión al nacionalismo por parte del Partido Socialista y habría que preguntarnos a cuántos ciudadanos les va a cambiar la vida si tienen todas las webs de todos los ministerios traducidas a todos los idiomas. Pues no lo sé, pero en Cataluña a muchos, sí que es verdad que seguramente no nacionalistas, nos preocupa la inmersión obligatoria. ¿Y qué es la inmersión obligatoria? Si uno va a cualquiera de los cientos de planes educativos que hay en Cataluña por cada colegio encontrará cuál es el modelo lingüístico, que es este: dos horas en castellano, dos horas en catalán, dos horas en castellano, dos horas en inglés y el resto en catalán.

Múltiples sentencias de los tribunales y muchos partidos políticos creemos que como mínimo el modelo debería ser un poco más respetuoso con el castellano, es decir, dos horas en inglés, seis en castellano, el resto en catalán, habrá variaciones. La diferencia entre esto y el que defiende esta es que si defiendes esta te llaman fascista, anticatalán, enemic del poble de Catalunya.

Pero, ¿alguien me puede decir de verdad que esto es ir en contra del catalán? ¿Alguien puede mirar este cuadro y decir que esto atenta contra la permanencia y la pervivencia del catalán? El catalán es en amarillo, dos en inglés, seis en castellano y el resto en catalán.

Pero ¿dónde llevan las élites nacionalistas a sus hijos? ¿Las llevan al modelo de inmersión obligatoria? No. ¿Las llevan a un modelo bilingüe mínimo, que es el que sentencian los tribunales? No. Les llevan a elitistas colegios trilingües, en el que se trata igual el inglés que el castellano que el catalán, porque para ellos sus hijos sí que son importantes. ¿Por qué? Porque la intención del nacionalismo con el modelo de imposición lingüística es tener controlada a la población mediante el lenguaje porque, claro, si uno sabe castellano, domina el castellano y se puede ir a trabajar a Burgos, oiga, a lo mejor vuelve a Cataluña y acaba votando al PP y, claro, se convierte en un peligroso fascista que expulsa del poder a los corruptos y a los incompetentes.

En definitiva, el PSOE, que siempre habla de igualdad, de cultura, claro, un modelo que pretende eliminar el castellano de Cataluña, está claro, ¿no? Se ve, no hace falta ser un lince para darse cuenta. El PSOE que habla de libertad, de igualdad, ¿esta es la igualdad, los niños de los que se lo pueden pagar escuela trilingüe y para el resto inmersión obligatoria? ¿Esto es igualdad? Yo ya sé que el Partido Socialista no habla de libertad, claro, ya les va bien controlar a la población, sea con el idioma o sea con la propaganda, pero el debate no es si las webs están en todos los idiomas posibles, porque eso es muy complicado y sabemos que es muy caro y las webs, ya nos cuesta mantenerlas actualizadas y hay que intentar que todo el mundo se sienta cómodo. El debate es la libertad, la igualdad, (el señor presidente: Vaya terminando), y el respeto a la cultura. Señorías, ese es el debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.

Y tiene la palabra el señor Meijón para ver si acepta o rechaza la enmienda que se ha propuesto.

El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, señor presidente.

Yo lamento que se utilice esta propuesta para hablar de cosas que no tienen que ver con la parte propositiva de nuestra Proposición no de Ley, por lo tanto, se votará en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meijón.

- RELATIVA A REFORZAR LOS COMPORTAMIENTOS DE LEALTAD Y CONFIANZA POLÍTICA CON LAS INSTITUCIONES BÁSICAS DEL ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES, PARTICULARMENTE CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002398).

El señor PRESIDENTE: Y pasamos a la tercera Proposición no de Ley, relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento.

Tiene la palabra el señor Píriz por el Grupo Popular para la defensa de esta Proposición no de Ley.


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El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

En ese año que se celebra, que hemos celebrado ya los 40 años de la Constitución española, merece la pena recordar que nuestro texto fundación está trufado de valores y principios, que convergen en él conceptos de lealtad institucional. Precisamente el buen funcionamiento del sistema parte de la premisa de entender que todos los operadores públicos, con independencia del lugar y responsabilidades que tengan encomendadas proceden el desempeño de sus funciones de acuerdo a criterios de buena fe y lealtad al sistema, respetando el sistema constitucional y legal de distribución de competencias. Lealtad expresada en el ejercicio de las responsabilidades asignadas de acuerdo a un proceder amistoso y cooperador con el sistema institucional que supone el armazón de nuestra democracia. Estas afirmaciones son particularmente importantes para aquellos órganos de nuestra estructura institucional en cualquier nivel territorial cuya función se vincula al control, la fiscalización o el asesoramiento en el desempeño de las funciones de gobierno o en general en la adopción de decisiones públicas. De estos órganos depende en gran medida el acierto de las decisiones públicas y en su caso su evaluación y mejor orientación hacia el futuro, órganos que, en definitiva, desde su especialización técnica y altura institucional, no sujeta en principio a intereses o a presiones de naturaleza política o partidista, actúan como un eficaz navegador que orienta el acierto frente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y, por tanto, a la generación y credibilidad en las instituciones. Someter a estos órganos a las tensiones e intereses de la alternancia o la rivalidad política supone aceptar una pared maestra de nuestra legitimidad institucional, que una democracia madura y asentada debe manifestar ante quienes se debe, esto es los ciudadanos, que con todo el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones la respaldan. Y los ciudadanos sí ejercen sus derechos y cumplen con sus obligaciones de manera real y cooperativa con el sistema, de forma mucho más ejemplar de lo que infelizmente quienes somos sus representantes en ocasiones hacemos.

Los órganos de control, fiscalización y asesoramiento a través del nombramiento de sus miembros y el correcto desempeño durante el periodo para el que fueron nombrados no puede quedar sometido a las variables propias de la oportunidad política del momento y sin ningún límite, mucho más cuando estas instituciones en su inmensa mayoría suponen la cristalización de una realidad institucional de gobierno en el nivel territorial que competencialmente corresponda. Mantener el sistema de botín político seguido en algunas comunidades autónomas, entidades locales y también, cómo no, en el ámbito de la Administración General del Estado, puede ser un formal empleo de titularidades activas, pero, sin duda, es un ejercicio espurio a la lealtad y a la confianza institucional que la democracia demanda y es que la modulación a la carta de las instituciones y concretamente las que ejercen funciones de control, asesoramiento y garantía en la acción de gobierno y a la racionalidad democrática es irresponsable y demoledor para la democracia que todos decimos defender. Pero, aun más, precisamente cuando en el conjunto de los ordenamientos de nuestro entorno la tendencia es establecer garantías institucionales inmunes al juego de la alternancia política, haciendo que la fortaleza y la calidad democrática sea determinada por la permanencia de este tipo de instituciones, hoy por hoy se admite que en todo caso y en cualquier momento se pueden alterar su composición y régimen de funcionamiento por intereses estrictamente partidistas o por un entendimiento espurio de lo que debe ser la política y el servicio a los ciudadanos a través de al ejemplaridad democrática. Entendemos que las iniciativas legislativas y las actuaciones gubernamentales deben suponer un enriquecimiento para el derecho y el buen funcionamiento de las instituciones, evitándose que las propias leyes o la acción gubernamental concreta se vuelva autodestructiva para el propio sistema, al preferir valores y principios que son antecedentes y orientación de su existencia, principios y valores constitucionales como los contemplados en los artículos 1.1, 9.1, 9.3, 81 y 147 de la Constitución, sin los cuales no se puede identificar los perfiles de un estado democrático y de derecho. Tratar de moldear los órganos de control, fiscalización y asesoramiento a imagen y semejanza del gobierno de turno, buscando la docilidad de sus miembros en una mirada miope, cortoplacista, socava, como decía antes, una pared maestra del sistema democrático y es una auténtica traición a nuestra Constitución y a los valores de lealtad institucional que en ella se recogen y que no hace muchos días se repetían y se elogiaban en este edificio. No hagamos bueno lo que pone de manifiesto Rosanvallon en su trabajo contra la contrademocracia, al apuntar que el único objetivo de la política es reemplazar al Gobierno existente y sustituir las instituciones a través de sus miembros en un entorno de prioridad mediática y mirada cortoplacista una actividad muy alejada de lo que tiene que ser una actividad política pública activa y efectiva. Nosotros, los servidores públicos, los representantes de los ciudadanos, debemos ser dignos ejemplos de esos nombres, servidores, representantes, no meros camaldulenses ávidos de un botín


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institucional que tiene como preciadas piezas a los órganos de control, fiscalización y asesoramiento. Nosotros debemos ser capaces de generar confianza y ser dignos servidores de esta Constitución, que ha cumplido 40 años, y de los frutos democráticos que generan términos de confianza y legitimidad institucional.

Por este motivo, el Partido Popular propone impulsar y reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento, y ello garantizando algo tan elemental como que la elección de sus miembros se efectúe entre profesionales de acreditada competencia y de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, estudiando la conveniencia de regular la participación de quienes han desempeñado funciones públicas de naturaleza política en los años anteriores a su posible nombramiento. En este año, hoy en concreto, es un buen momento para corregir errores, para empedrar un camino que tal vez nosotros hemos embarrado, con los firmes adoquines de la lealtad y la confianza institucional a largo plazo, sin pensar no tanto en nosotros como el futuro que habrá de llegar y que sus bondades o perversiones serán las que nosotros mismos estemos sembrando en un sentido u otro con nuestros actos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.

A continuación, tiene la palabra por el Grupo de Unidos Podemos para la defensa de su enmienda la señora Díaz.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Entiendo que cuando el portavoz del Partido Popular señala, dice literalmente que hay que corregir errores en un camino en el que quizás, bueno, que han embarrado, habla directamente de un nombre, habla del Partido Popular, porque no podemos olvidar, presidente, que esta PNL viene registrada en fecha 30 de octubre del año 2017 y viene rubricada por quien fue hasta ahora el portavoz hasta hace poco, con el cambio de Gobierno, el portavoz del Partido Popular, el señor Rafael Hernando. Lo digo porque quizás el debate de esta iniciativa debería de traer un mea culpa del Partido Popular, hablar de los órganos de fiscalización, muy particularmente, obviamente, del Tribunal de Cuentas y su relación con el OCEX desde luego merece cuando menos una rectificación y una entonación de mea culpa por parte del Partido Popular. Efectivamente, si alguien ha en su gestión embarrado estos órganos de fiscalización, un actor clave, una forma de corrupción, como dicen muchos administrativistas y muchos profesionales, es la gestión que ha practicado el Partido Popular. Claro que es evidente que es clave fomentar como pide el espíritu de la iniciativa las relaciones de lealtad, de cooperación, en definitiva, el mandato constitucional respecto de los órganos de fiscalización, el problema es que ustedes han gobernado con una maraña de relaciones de nepotismo, que no solamente es que lo digan los medios de comunicación y lo señalemos nosotras en esta intervención, sino que, como ustedes conocen, viene rubricada por múltiples sentencias del máximo tribunal de nuestro Estado, del Tribunal Supremo, en el que, obviamente, condenan por, evidentemente, múltiples irregularidades en la gestión, en los nombramientos, en las contrataciones, que, casualmente, para entrar en el Tribunal de Cuentas, por señalar el órgano de fiscalización máximo, llevan el marchamo de familiares, el requisito fundamental es ser familiar o mantener alguna relación del afinidad con algún miembro del Partido Popular. Esto es una relación de absoluto descrédito, más allá, no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo en sus sentencias, si es necesario invoco todas y cada una de ellas, aunque nos hemos tomado la molestia, presidente, de desglosarlas en la justificación de nuestra enmienda.

Con todo y con esto, bienvenido, Partido Popular, a tomar las medidas, ahora que están en la oposición, que son necesarias. Es evidente y está todo escrito respecto de las modificaciones que hay que hacer, creemos, en nuestro país en el Tribunal de Cuentas. Nuestra posición es conocida, la del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, estamos hablando de la afectación a una ley orgánica, a dos leyes, en definitiva, y nos merece que el planteamiento serio, riguroso, también trasladando las conclusiones del informe entre pares, debe ser la constitución de una ponencia para el estudio, debate y profundización de las reformas que merecería el Tribunal de Cuentas, recogido en el artículo 136 de nuestro texto constitucional. En este sentido nosotros planteamos una enmienda justamente de sustitución para generar esa ponencia de estudio y en la que en la misma podamos reformular, reconsiderar, obviamente, los mecanismos de selección, organización, gestión de personal, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el personal de libre designación, etcétera, así como también alguna irregularidad que se


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tiene cometida respecto de lo que es, digamos que mezcla, entre las secciones de fiscalización y enjuiciamiento que se han propiciado en el propio Tribunal de Cuentas.

En este sentido vamos a esperar al señalamiento o la decisión que toma el grupo proponente respecto de la estimación o no de nuestra enmienda y en función de ello veremos cuál es la emisión de nuestro voto, porque obvio es que la reflexión, no la petición que hace, en el petitum lo que plantea el Partido Popular es tanto como decir nada, es decir, es simplemente reforzar, impulsar comportamientos de lealtad, señor presidente, es tanto como que queramos que la gente sea buena, es un deseo que compartimos, pero en el que de forma concreta nosotras pedimos materializarse en una ponencia de estudio, insistimos, si no invocara o no implicara la reformulación de dos normas, una de ellas de carácter orgánico, pediríamos simplemente la modificación legislativa, pero insistimos en que creemos que es profunda la reflexión que hemos de hacer y en este sentido, como viene siendo conocido, instamos a la creación de esta ponencia.

Y bienvenido, Partido Popular, a reconocer, en esa propia definición que ha dicho el ponente, que han embarrado uno de los organismos claves de la fiscalización y de la gestión pública, además de ser un mandato del Constitucional, tal y como, bueno, parece que estamos imbuidos de un espíritu constitucional absoluto, pues cumplamos también con los mandatos del artículo 136 y otros de nuestra Magna Carta.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la normalidad institucional se produce cuando hay lealtad institucional, sin lealtad institucional es imposible alcanzar esa normalidad. Nosotros nos parece lamentable que el Partido Popular nos traiga aquí esta PNL, ya que ha sido incapaz de hacerlo desde el Gobierno cuando tenía los resortes, la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. La deriva secesionista, por poner un ejemplo en Cataluña, exponente máximo de la deslealtad que les mencionaba antes, no tiene una causa en algo reciente ni es cosa del 2010, sino de una erosión planificada de la lealtad y confianza entre administraciones, permitida por dejación de funciones tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista durante muchísimos años. Ya como colofón, que Torra, que considera a los españoles bestias con taras genéticas, diga hora, mientras ordena Mossos que dejen tranquilos a los CDR, que su apuesta es yugoslava, la independencia a tiros, demuestra hasta qué punto ha sido un error 40 años de apaciguamiento con el nacionalismo.

Hay dos planteamientos políticos opuestos entre ellos, uno es el que defiende el bipartidismo, caduco, de seguir dando concesiones al nacionalismo, y otro de quienes consideramos que es necesario mantener la aplicación del artículo 155, porque no hay lealtad ni normalidad institucional. Hay que seguir con el control de las cuentas, asegurar que los Mossos cumplen la ley y no se reabren embajadas en el exterior para difamar a nuestro país.

El Partido Popular nos propone dos cuestiones para garantizar esta lealtad, que nos parecen muy bien, pero yo creo poco tienen que ver con los hechos. En primer lugar, colaborar los órganos de control, fiscalización y asesoramiento, y, en segundo lugar, garantizar que la elección de sus miembros se efectúe entre profesionales de acreditada competencia. Señorías, señores del Partido Popular, señor proponente, no podemos estar más de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero es que es lo de siempre, ustedes dicen una cosa y luego hacen otra, es que esto no guarda ningún parecido con lo que hacen ustedes luego. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Hablan de mejorar la colaboración con los órganos de fiscalización; nosotros presentamos una Proposición no de Ley el 27 de diciembre de 2017, casi hace un año, para instar alguno objeto del Partido Popular entonces a que llevara a cabo una serie de cambios legales bien concretos y señalados por el Tribunal de Cuentas para mejorar la colaboración de las administraciones con el propio Tribunal y ustedes votaron en contra. Esas reformas, como por ejemplo que la AETA o la Seguridad Social colaboren con el Tribunal más allá de cuando están siendo fiscalizadas por el mismo, no se han realizado. Luego ustedes hablan de independencia y mérito en los nombramientos de los supervisores independientes, faltaría más, pero es que no es eso lo que han votado ustedes aquí cuando hemos propuesto modificar el procedimiento de nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear, no es eso lo que han hecho ustedes cuando han recurrido al dedazo para cubrir nombramientos al Tribunal de Cuentas, al Banco de España o a repartirse con el Partido Socialista el Consejo General del Poder Judicial. No tienen ustedes ninguna credibilidad en este tema, no sé cómo se atreven a traer una Proposición no de Ley nuevamente hablando de la independencia y hablando de la elección meritocrática de estos organismos.


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Yo creo que seguramente el Partido Socialista les votará a favor esta PNL, a pesar de que el cambio de Gobierno, resultado de la moción de censura en junio, ha supuesto un festival de dedazos. El último cambio de color en el Palacio de la Moncloa fue una demostración de por qué la OCDE opina que España es el país. (El señor presidente: Vaya terminando, señor Gutiérrez). Sí, ya acabo, presidente. Que España es el país donde más cambios hay en altos cargos de la Administración tras un cambio de Gobierno, junto a Turquía y Chile. El Partido Socialista ha puesto las instituciones y las empresas públicos de todos al servicio del partido en el Gobierno. Ahí están los nombramientos conocidos de amigos personales y acólitos del partido, estamos hablando de Paradores, hablando de CIS, hablando de la Empresa Nacional de Uranio.

Señorías, a raíz de estos dedazos vergonzosos, que minan nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos en los partidos, nosotros llevamos al Pleno una moción para reducir al mínimo los puestos de libre designación y desarrollar el Estatuto del Directivo Público de garantizarse la independencia y el mérito. El Partido Socialista votó en contra y el Partido Popular se abstuvo. (El señor presidente: Ha terminado, señor Gutiérrez). Finalizo ya, presidente. Ciudadanos no ha entrado en _____de dedazos. (El señor presidente: Ha rebasado con creces el tiempo). Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación, también en el mismo trámite de toma de posesión, tiene la palabra la señora López, por el Partido Socialista Obrero Español.

La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.

Señorías, la verdad es que en el poco tiempo que llevo en el escaño, desde junio de este año, nunca pensé que me iba a tocar debatir una iniciativa tan surrealista, surrealista primero por el autor, que el Grupo Parlamentario Popular se presente como el adalid de la lealtad institucional me parece una broma de muy mal gusto, surrealista también, señorías, por el contenido, se trata de una iniciativa, como decía la compañera de Podemos, presentada en octubre del año pasado, pero que se ha reactivado para esta Comisión. Pero aquí hemos venido a hablar de lealtad institucional y yo, señorías, no voy a rehuir el debate.

Comienza su Proposición no de Ley con un enunciado de nuestra estructura, tanto institucional como territorial, señalan de manera acertada que en nuestro sistema político español existen órganos como el Tribunal de Cuentas, que tienen una función fiscalizadora de las cuentas y de la gestión económica del sector poco. A continuación, exponen también, de una manera muy acertada, que la labor de dichos órganos merece respeto y que sus integrantes deben actuar con objetividad, con independencia de su nombramiento. Nada que añadir al respecto. Comparto que nuestros órganos institucionales merecen respeto y que sus integrantes también y coincido, como no podía ser de otra manera, que, aunque sean de extracción parlamentaria, su actitud debe observar tanto la objetividad como el respeto a la legalidad. Y, cómo no, también estoy de acuerdo en que el revanchismo político se tiene que desterrar del ejercicio de sus funciones. no creo, señorías, que nadie en esta Cámara esté en contra de tales afirmaciones, ahora bien, más allá de los lugares comunes que ustedes enuncian en su PNL que hoy debatimos, la credibilidad, señorías, está en los hechos, por eso, no vamos a respaldar el texto que nos presentan, porque, verán, ustedes carecen de toda legitimidad para hablar de lealtad institucional. Vamos por partes. Llamar "okupa" a un presidente del Gobierno no es lealtad institucional, dejar pasar siete años sin reunirse con las comunidades autónomas en conferencias bilaterales porque no les gusta quién les gobierna no es lealtad institucional, estrangular a los ayuntamientos financieramente para que dejen de prestar servicios públicos esenciales a los ciudadanos porque tienen que maquillar sus cuentas, señorías del Partido Popular, no es lealtad institucional, pero además de carecer de legitimidad, yo me pregunto, y creo que los miembros de esta Comisión estamos de acuerdo por las intervenciones que he escuchado, ¿qué buscan con esta PNL? Porque abundan los tópicos, los lugares comunes y su conocida ética de su responsabilidad ajena, claro, pero faltan las propuestas y esta PNL no tiene ninguna. Señorías, les recuerdo la Constitución, el reglamento de la Cámara y las leyes, si un grupo parlamentario considera insatisfactorio el sistema de elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, establecido y regulado en su propia Ley Orgánica, siempre podrá promover su reforma mediante la presentación de una proposición de ley, pero, es más, resulta contrario a la lealtad institucional, debida también por las Cortes Generales al Tribunal de Cuentas, intentar aludir a la aplicación de la vigente Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas o cuestionar su legitimidad mediante juegos de palabras tópicos sobre el sistema de designación de sus miembros.


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Señorías del Partido Popular hagan un favor a los ciudadanos que representan, pero también háganse un favor a sí mismos, vengan con las iniciativas estudiadas y trabajadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Para aceptar o rechazar tiene la palabra el señor Píriz, la enmienda que se había propuesto.

El señor PÍRIZ MAYA: No, la enmienda no, porque además no hablamos del Ayuntamiento de Madrid cuando hablamos de los enchufes, estamos hablando de otra cosa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Se rechaza.

- SOBRE EL RESCATE INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003062).

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a pasar a debatir la Proposición no de Ley sobre el rescate integral de la Función Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y tiene la palabra la señora Díaz para la defensa de su Proposición no de Ley.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Sin lugar a dudas, podríamos dar un titular, y es que la Administración Pública española en general en todos y cada uno de sus sectores digamos que está en coma, está en coma ver las condiciones en las que trabajan el personal facultativo, las condiciones en las que se trabaja en la justicia, las condiciones en las que se trabaja en la dependencia, las condiciones en las que se trabaja en muchos ayuntamientos, las condiciones en las que se trabaja en prácticamente todos los servicios públicos, digamos que merecen cuando menos la atención.

Desde este grupo somos conscientes que hemos llevado ya a debate esta iniciativa instando el rescate de la función pública española en Pleno el 29 de mayo del 2018, pero creemos que las urgencias o las alarmas siguen encendidas, si hay un lugar en el empleo en general en el que hay dos características fundamentales, aunque parezca bastante extraño, que definan ahora mismo la situación de las mismas, la precariedad y al distancia retributiva entre hombres y mujeres, esto, lamentablemente, aunque estemos en el siglo XXI, se encuentra en la Administración Pública española en todos y cada uno de sus sectores. Parecería insensato que un país que es permanentemente condenado, el Reino de España, muy recientemente, por los niveles de precariedad en la Administración española por el Tribunal de Justicia Europeo, parecería que deberíamos de tomarnos en serio los niveles insoportables de precariedad que tenemos en la misma. Hablar de personal de Administraciones Públicas es hablar de servicios públicos de calidad, parece bastante evidente, pero, aunque lo decimos, es cierto que la excusa de la crisis durante 10 largos años, muy dirigidas y cosidas por el señor Montoro, lo acabamos de ver en el debate sobre LRSAL, en realidad todo fue una excusa, ahora no hay ningún argumentario, cualquiera de las normas que leamos con atención y sigamos la exposición de motivos de los recortes que ha propiciado el Partido Popular, traían como única causa una enorme crisis que ha sufrido nuestro país, entre ellos los afectados y las afectadas, los funcionarios y funcionarias públicas y los empleados y empleadas públicas. Ahora ya vemos que da igual, España crece más que Alemania, pero da igual, el Partido Popular y Ciudadanos quieren seguir recortando, porque forma parte de la estrategia. Creemos, sinceramente, que ahora no hay ninguna excusa y merece la atención el rescate de la Administración Pública.

En este sentido, la iniciativa que traemos desde el Grupo Confederal a debate, como pueden observar, contiene seis puntos, en el que en el primero de ellos pedimos, obviamente, la eliminación de la tasa de reposición. Somos conscientes y conocedores de los avances que hay en esta materia y lo que se planteó por el anterior Gobierno en el acuerdo de presupuestos del 2018, pero es evidente que necesitamos eliminar la tasa de reposición para acomodarnos a esas necesidades de empleo que tenemos, que cifran los sindicatos, perdimos 170 000, y cifran los sindicatos que para prestar los servicios públicos de calidad en España necesitaríamos como nuevos 350 000 personas al ámbito de la Administración Pública. Por cierto, no hay excusas tampoco, es como las pensiones, España está a una gran distancia en gasto público en estas cuestiones en todas las ratios con Europa.


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Segundo, pedimos la recuperación del poder adquisitivo y personal de las Administraciones Públicas; ustedes me dirán: en marzo del año pasado en los Presupuestos Generales se llegó a un acuerdo con los sindicatos; es cierto, pero es insuficiente ese acuerdo. Los empleados y empleadas públicas en todos los sectores han perdido mínimo entre un 15 y un 25 % de pérdida de poder adquisitivo, por tanto, necesitamos ir acompañando esta recuperación del poder adquisitivo de un personal, insisto, que cuida de nuestros hijos e hijas, que dicta sentencias, que nos cuida en los hospitales y en muchos lugares que son básicos.

Tres, pedimos que se recupere en su integridad los derechos de las incapacidades temporales de los funcionarios y funcionarias y personal público, somos conscientes también del avance en los Presupuestos Generales del Estado, ahora bien, lo que no nos satisface, y ahí es la diferencia que tenemos, es que no puede estar sujeto a condicionantes como la consolidación fiscal y la estabilidad financiera por ejemplo de los ayuntamientos. Desde luego, los españoles y las españolas somos iguales ante la ley y no podemos castigar a funcionarios y funcionarias públicas de mi ciudad por ejemplo, Ferrol, en el caso de que no cumpliera con las leyes de estabilidad financiera, o el caso de Cádiz o el caso de Madrid, pongamos el ejemplo que fuere. Por tanto, igualitarios los derechos que tengan y no discriminar, que les demos una protección en materia de IT a unos funcionarios, a un personal público, porque radica en un ayuntamiento, y a otros no por no sé qué cosas. Por tanto, iguales todas ante la ley.

Exactamente igual con la jornada, daría para mucho hablar de la jornada y sus necesarios cambios en España en general, y en particular en la función pública. También somos conocedoras del avance en los Presupuestos Generales del Estado del 2018, pero con el mismo condicionante. Por tanto, lo que queremos es que los funcionarios y personal público sea igual, más allá de que se cumpla o no la estabilidad financiera. Insisto, son derechos de los trabajadores y las trabajadoras y no pueden estar circunscritos a las fronteras administrativas en las que se encuentren. Por tanto, instamos a retomar esa jornada de 35 horas.

Igualmente, la tasa adicional de reposición en el empleo público, somos conscientes también de lo que se contempla en los Presupuestos Generales del 2018, pero sin tutelas, sin tutelas, es decir, aquí dejemos margen a las Administraciones Públicas para que puedan ellas decidir cuáles son sus servicios prioritarios.

Y, finalmente, aprobar una OP extraordinaria en el ámbito de la Administración General del Estado, digamos que camine frente a la recuperación del empleo que se ha destruido. Desde luego, es una vergüenza la situación de la Administración Pública de nuestro país, no porque nos condene Europa, que da como vergüenza recibir sentencias permanentemente que cuestionan nuestros servicios públicos, es una enorme tristeza, pero, sin lugar a dudas, o cambiamos el marasmo de la mala entendida austeridad, ser austeros no es lo que ha hecho Montoro, es otra cosa, ser austeros es administrar recursos públicos con diligencia y con eficacia y sin derroches, eso es otra cosa, pero, o realmente redimensionamos las necesidades de personal que tienen todas y cada una de nuestras administraciones, o nos equivocaremos.

Y ya, presidente, por economía de tiempo, adelantamos que ha presentado una enmienda el Partido Socialista que tiene que ver con la modificación del sexto ordinal, y se la vamos a aceptar, de sustitución.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.

Y para la defensa de su enmienda a la Proposición, primero por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, presidente.

Desde Ciudadanos compartimos la importancia que tienen los empleados públicos y, por lo tanto, de las funciones que desempeñan, nos estamos refiriendo a un colectivo que tiene como función principal ejecutar y desarrollar todas las acciones y funciones englobadas en las políticas públicas y, por tanto, de los servicios públicos, nos estamos refiriendo a nuestros maestros, a nuestro personal sanidad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros funcionarios de prisiones, en definitiva, a todos nuestros servidores públicos, y desde nuestro grupo parlamentario queremos poner en valor a estos empleados públicos y, desde luego, tenemos que desterrar al creencia absurda de que en España tenemos demasiados funcionarios. No es cierto. En realidad, el porcentaje de funcionarios en relación con la población está entre los menores de la Unión Europea. Es cierto que la crisis costó a los funcionarios la paga extra de 2012, un recorte del 5 % de los salarios de 2010, la posterior congelación de los salarios en 2011, 2012, 2013 y 2014, la reducción de los días de moscosos y el recorte de plantillas por falta de reposición. Lo dijimos hace unos meses en el Pleno y lo decimos ahora, como casi siempre, sus señorías de Podemos llegan tarde y además no son creíbles, nada de lo que proponen es novedoso y además su


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grupo parlamentario, Podemos, votó en contra de unos presupuestos que incluían muchas de estas medidas. Señorías de Podemos, deberían haber apoyado estas reivindicaciones, votaron en contra de unos presupuestos con subidas salariales, no apoyaron unos presupuestos con una tasa de reposición del 100 % en administraciones saneadas y en los sectores prioritarios como sanidad y educación, y de un 75 % en el resto, se opusieron a unos presupuestos que ahondaban en el proceso de estabilización del empleo público, aspirando a un 8 % en la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas para 2020, se negaron a apoyar unos presupuestos que mediante la negociación colectiva abrirían la puerta a la recuperación de las 35 horas semanales y a la recuperación del 100 % de las retribuciones en caso de incapacidad temporal, votaron en contra de todas estas medidas que estaban en los Presupuestos Generales del Estado. Estamos de acuerdo en revertir las situaciones negativas creadas al albur de la crisis, que ah perjudicado la calidad de los servicios públicos de que disfrutábamos los ciudadanos de este país, lo dijimos en su día y lo repetimos ahora.

Dado que es la segunda vez que debatimos esta Proposición no de Ley, que ya fue aprobada con un amplísimo consenso, hemos propuesto una enmienda con el texto de la transaccional, apoyada por casi todos los grupos. Esperamos que el grupo proponente la acepte en este momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Gracias, señor Maura.

Y tiene la palabra para la defensa de la enmienda la señora Guinart, por el Grupo Socialista.

La señora GUINART MORENO: Gracias, presidente.

La PNL que se presenta hoy, como se ha dicho, ya fue debatida y aprobada en mayo pasado por el Pleno del congreso y nos encontramos ahora con un conjunto de peticiones que en su mayoría han sido ya acordadas y comprometidas por el actual Gobierno. En contraposición con la política llevada a cabo en los últimos años por el anterior ejecutivo se ha iniciado desde junio un claro proceso de reversión de medidas anteriormente adoptadas. La ministra Meritxell Batet se ha mostrado decidida a garantizar al funcionariado público la recuperación de derechos que le fueron arrebatados o disminuidos de manera considerable por el Gobierno del PP, un Gobierno que mermaba esos derechos funcionariales, a la vez que recortaba el estado del bienestar, porque ambas medidas iban indefectiblemente de la mano, las políticas del PP de limitar y asfixiar a las Administraciones Públicas, de mermar derechos de sus trabajadores y recortar plantillas ocasionaron un irremediable deterioro de los servicios públicos y de su calidad. Muy al contrario, a primeros de este mes de septiembre la ministra de Política Territorial y Función Pública garantizó la subida salarial mínima del 2,25 % para las personas empleadas públicas. De esta manera se dará cumplimiento en 2019, aun en el caso de que no pudieran prosperar los nuevos presupuestos, a los acuerdos alcanzados hace unos meses con las organizaciones sindicales.

El ministerio que encabeza Meritxell Batet está negociando con los sindicatos el convenio único para personal laboral y el reparto de los fondos adicionales, un 0,2 % de la masa salarial, con la finalidad de mejorar las retribuciones de 2018. Este acuerdo, que podría cerrarse en breve, se unirá a los seis ya firmados en los últimos seis meses con el Gobierno socialista. El pasado mes de julio la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado alcanzó acuerdos sobre el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal, como apunta el punto tercero de esta PNL; con este acuerdo se establecía la plenitud retributiva para el personal funcionario en caso de incapacidad temporal, de manera que el complemento retributivo se perciba desde el primer día de la IT, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social. También el Gobierno ha alcanzado acuerdos con la representación sindical de la función pública en materia de oferta de empleo público para 2018 y sobre estabilización de empleo, junto a la mayor oferta de empleo público de la última década, el Real Decreto de 27 de julio 6/2018, aprobó una oferta extraordinaria para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, con la creación de más de 200 puestos para el Ministerio de Interior y casi un centenar para el de empleo. En el mes de octubre se consensuaron acuerdos sobre movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado, el acuerdo para ampliar el permiso de paternidad a 16 semanas y el acuerdo para la aplicación de la bolsa de horas de libre disposición. Como ven, la actuación del Gobierno no solo cumplimenta, sino que incluso sobre pasa en algunos aspectos las peticiones de esta iniciativa.

En cuanto a la tasa de reposición y el establecimiento de una tasa adicional, de conformidad con el segundo acuerdo para la mejora de empleo público y condiciones de trabajo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año universaliza el proceso de estabilización para las Administraciones


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Públicas y sectores para el 100 % de las plazas, siempre que hayan estado ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal y se correspondan con necesidades estructurales. El acuerdo de presupuestos para el año que viene, alcanzado con Unidos Podemos, mejora las tasas de reposición, no solo para todos los sectores, funciones y servicios, en el caso de corporaciones locales que cumplan objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto, además, podrán incorporarse nuevos efectivos en sectores y ámbitos que estimen que necesiten un refuerzo adicional, incluye este acuerdo otras mejoras en la tasa de reposición, como es el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicos y locales hasta el 115 %.

Nuestra enmienda abunda en la urgente necesidad de cobertura de determinados ámbitos prioritarios para instar a la aprobación de una convocatoria extraordinaria de oferta de empleo público para 2019.

Votaremos a favor de esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guinart.

Y en el trámite de toma de posesión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popular, la señora López Ares tiene la palabra.

La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad que hoy hemos asistido o estamos asistiendo al debate de esta Proposición no de Ley en la que yo tengo que decir que personalmente pocas veces he oído faltar tantas veces a la verdad o he oído tantas mentiras, eso por un lado. Y, por otro lado, en pocas ocasiones he visto a un grupo parlamentario apropiarse de medidas de otro partido y encima medidas a las que ese partido que ahora está en el Gobierno votó en contra. Y voy a explicar a qué me estoy refiriendo.

Como bien se ha dicho, esta proposición no de ley se debatió ya en el Pleno, es decir, estamos viendo grupos parlamentarios que debe ser que no tienen iniciativas y lo que hacen es primero las debaten en el Pleno y luego debe ser que tienen que venir a la Comisión y entonces la vuelven a traer a la Comisión, pero es que además ni siquiera escuchan cuando van al Pleno y se debaten en el Pleno, porque es que traen exactamente la misma iniciativa, que corresponde a marzo de 2018, tanto en Comisión como en Pleno, pero es que con posterioridad ha habido unos Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular, a los que, por cierto, el Partido Socialista y Podemos votaron en contra, donde se han incorporado prácticamente todas las peticiones de esta Proposición no de Ley, y no solamente tenemos que ver esto, sino que encima el Partido Socialista ahora dice que son propias todas esas medidas que venían en los Presupuestos Generales del Estado y que resulta que ellos votaron en contra. Y luego también vemos Ciudadanos, que incorporan en la enmienda parte de esas medidas, que resulta que acordamos en unos presupuestos que votamos conjuntamente. Con lo cual yo, señorías, la verdad que no salgo esta mañana de mi asombro. Y les voy a poner algunos ejemplos.

Hablan de tasas de reposición del 115 %. Señora portavoz el Grupo Socialista, ¿sabe usted dónde estaba esto? EN el artículo 19 de los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular; votaron ustedes en contra. Hablan ustedes de recuperar el poder adquisitivo, se está recuperando el poder adquisitivo gracias a un acuerdo del Partido Popular con la Mesa de Negociación de la Función Pública, donde tenemos subidas salariales de hasta un 9 %. Están ustedes hablando de la integridad de la prestación por incapacidad temporal, si se pudo acordar eso por parte de la actual ministra, la señora Batet, fue porque eso estaba en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, en la disposición adicional quincuagésima, a la que ustedes votaron en contra, es decir, que voten en contra y que vengan ahora ustedes a decir que es que es mérito suyo, la verdad que vuelvo a repetir que no salgo de mi asombro. Capacidad de negociación de la jornada laboral. ¿Saben ustedes gracias a qué se puede hacer eso? Pues a la disposición adicional centésimo trigésima segunda de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, ustedes votaron en contra. Después, ustedes hablan también de tasas de reposición adicionales en algunos cuerpos, eso viene recogido también en los Presupuestos Generales del Estado. (El señor presidente: Vaya terminando, señora López Ares). Finalizo, señor presidente. Y ustedes hablan también por otro lado de estabilización. ¿Estabilización gracias a quién? A los presupuestos del año 2017 del Partido Popular.

Finalizo, señor presidente. Nosotros vamos a votar en contra, vamos a votar en contra porque no les vamos a consentir que ustedes digan que son propias medidas que ya están acordadas, que están incorporadas por el Partido Popular y a las que ustedes votaron en contra. Nosotros no vamos a participar en esta pantomima ni en esta falta de respeto a los Ciudadanos.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.

Pasamos, puesto que se había aceptado la enmienda que se había propuesto, se había aceptado, del Partido Socialista.

¿Respecto de la de Ciudadanos?

La señora DÍAZ PÉREZ: No, presidente, lo dije al principio ya, toda vez que ha cambiado el Gobierno, he señalado que aceptábamos, tiene sentido incorporar justamente con la actualización el ordinal sexto del Partido Socialista. Gracias.

- LEY RELATIVA A LA ACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PARA INICIAR EL DIÁLOGO PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENDIENTES A GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003547).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la quinta Proposición no de Ley, relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para iniciar el diálogo para la transferencia de competencias pendientes a Galicia.

Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para la defensa de la Proposición no de Ley la señora Díaz.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias nuevamente, presidente.

Obviamente, pasamos a defender desde En Marea una iniciativa bien querida para nosotras y creemos que de extrema importancia para mi país. Digo esto y lo digo en un marco, si me permiten, de absoluto constitucionalismo y absoluto respeto institucional a las normas de este Estado, que digamos son el texto constitucional, pero son también el Estatuto de Autonomía de Galicia, en concreto su artículo 36 y su disposición transitoria cuarta, así como múltiples normas que aderezan el mandato que hoy traemos aquí.

Digo esto, presidente, porque una, cuando escucha algunas intervenciones en esta sala, escuché con mucha atención la reflexión de la portavoz de Ciudadanos respecto del plurilingüismo y las lenguas oficiales, cooficiales en este Estado, debí de perderme las clases de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, por la deficiente interpretación jurídica que se hace respecto de las mismas, hablamos de cooficialidad y, por tanto, el galego, el catalán, el euskera, igual que la iniciativa que vamos a defender ahora, es auténticamente constitucional. Y en este sentido, señor presidente, quiero poner en valor que hay una autonomía que se llama Galicia que tiene enorme relevancia en materia por ejemplo pesquera, somos una potencia mundial, como ustedes saben, somos España, fíjese, el segundo país productor de productos, si se me permite la expresión, de elaborados del mar, después de Tailandia, y España lo es gracias a la producción de Galicia, de tal manera que lo que pedimos en esta iniciativa, más allá de ser constitucional, es justamente defender cuestiones que para Galicia son fundamentales porque tienen que ver con la vida real de los gallegos y de las gallegas y con las necesidades que tenemos permanentemente.

Hemos de señalar también que traemos esta iniciativa instando al Ministerio y al Gobierno de España a la activación de la Comisión Bilateral entre el Estado y Galicia para debatir sobre las necesidades, la agenda galega, pero también sobre las transferencias pendientes que tiene Galicia, obviamente, después de una época de desierto, si se me permite, que incluso ciframos desde hace diez años, en los que Galicia desde que presidía la Comunidad Autónoma de Galicia Emilio Pérez Touriño no ha vuelto a ver transferida ninguna de sus competencias. No hablamos de la luna ni hablamos de extraterrestres, hablamos de cuestiones muy importantes, insisto, para Galicia. Por ejemplo, hablamos, y esta tarde lo veremos el debate en el Pleno, de la transferencia de la arteria principal que tiene Galicia de conexión entre el norte y el sur y la conexión con Portugal con la AP-9, no solo de la gestión de la transferencia, sino también de la gestión de la titularidad de una vía que debe pasar a estar residenciada para poder ser gestionada en debidas condiciones y con el interés general de los gallegos y las gallegas por la Xunta de Galicia, una vía que es insoportablemente cara, la más cara del conjunto de España, y una vía además que no tiene alternativa de tránsito respecto por ejemplo de mi ciudad, noroeste peninsular, Ferrol, insisto, con la ciudadanía de Vigo. Por tanto, hablar de estas transferencias es hablar de las cosas reales de Galicia.

No les voy a citar el tránsito que tenemos entre ciudades, por ejemplo Ferrol y Coruña, a diario, son ciudades hermanas y necesitan, insisto, de esta transferencia. Pero pedimos también de la iniciativa para el despliegue a fondo del Estatuto de Autonomía y del valor constitucional, pues por ejemplo de la


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competencia de Salvamento Marítimo. Supongo que esta Comisión conoce que por el Corredor Atlántico, por el Finisterre galego transitan a razón de 35 buques diarios que trasladan material peligroso. Esto es a diario, algunas personas indican, y lo digo con cierta tristeza, que ha transcurrido ya el tiempo suficiente para que volvamos a tener otra catástrofe marítima y ambiental, como fue el caso del Prestige. Como recordarán también ustedes, se celebró un consejo de ministros en su día en la ciudad de Coruña, en el que se acordó que se iba a trasladar la transferencia de Salvamento Marítimo, obviamente, a Galicia. Bueno, creemos que como potencia pesquera, con la peligrosidad que sufrimos todos los días en nuestras costas, desde luego esta competencia, que no es de En Marea, está pedida y todas las que hemos citado y vamos a citar por unanimidad en el Parlamento de Galicia, desde luego tienen que hacerse carne y por eso le pedimos al Gobierno de España que las ponga en marcha. También pedimos la transferencia de la competencia de la seguridad vial y de tráfico. Supongo, están mis compañeros del PSdeG de Galicia, Galicia no es como el resto de las autonomías, tenemos, obviamente, peculiaridades geográficas, que nos convierten, por gracia o por desgracia, en el punto negro de siniestralidad de tráfico del Estado, es una competencia además que ha sido transferida a Cataluña, a Euskadi y va a ser ahora mismo transferida a Navarra, pues tendrán que explicarnos por qué razón los gallegos y las gallegas, siguiendo con el mandato de nuestro artículo 1 del Estatuto de Autonomía, que somos una nacionalidad histórica, no vamos a poder residenciar la competencia en materia de tráfico y de Seguridad Social.

También estamos, la transferencia por ejemplo en la salud penitenciaria, fue dramático, saben ustedes que están implicados altos cargos del Gobierno de Feijóo de la gestión sanitaria, con la privación de los fármacos de la hepatitis C, bueno, pues es dramático ver cómo con absoluta arbitrariedad se priva en algunas autonomías de los fármacos de la hepatitis C, o se privó en su momento a la población reclusa; bueno, pues nos parece que desde luego Galicia tiene que poder ejercer su autogobierno y residenciar también esa competencia. O por ejemplo también lo que tiene que ver con el Instituto Oceanográfico, se me va acabando el tiempo, en este caso, y termino ya, señor presidente, desde luego lo que le pedimos al Gobierno de España es que active esta Comisión y no solo que la active, todas y cada una de estas cuestiones que hemos planteado vienen avaladas por la unanimidad de los galegos y de las galegas, viene avalada por el Parlamento de Galicia, desde el Partido Popular hasta En Marea, y, por tanto, merecen democráticamente el respeto de esta Cámara y, por supuesto, su materialización.

Y, en definitiva, termino, señor presidente, esto es un ejercicio de constitucionalismo y de respeto institucional al Estatuto de Autonomía que nos dimos los galegos y las galegas, y en nombre de mi país desde luego no nos gustaría o no vamos a permitir que se convierta una nacionalidad histórica, con todos los respetos a los demás, en una región de segunda, desde luego, no lo vamos a permitir. En este sentido esperamos que sea estimada con cariño esta iniciativa y sea apoyada por los restantes grupos de la Cámara.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.

A continuación, interviene para la defensa de su enmienda a la Proposición el señor Fole.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Asistimos en su exposición de motivos a una redacción típica de propuestas e iniciativas del Grupo de Podemos, hacer ver que hacen, visualizar una preocupación por Galicia, de pantalla queremos decir, como hacen habitualmente, y, como siempre, con poca memoria y aplicando una visión negativa de Galicia, comparándonos incluso en algunas cuestiones con la actual situación de Cataluña o anterior del País Vasco. Ejemplo, dicen en su exposición de motivos que el modelo territorial está agotado, enseguida se agota en este grupo, urgente modernización, avance de desarrollo autonómico, transferencia de competencias, yo le preguntaría: ¿avance hacia dónde y competencias cuáles y cómo las aplican después? Y me gustaría explicar esto como ejemplos. Hablan de modelo agotado, de modernización, de avance, uso de competencias, hablaba la portavoz de Podemos ahora de la transferencia de la AP-9, no ella a lo mejor, pero sí antecesores suyos, en su partido, sino en anteriores formaciones de esas continuas disgregaciones que tienen sus formaciones, yo recuerdo que hace mucho tiempo respecto a la AP-9 se le denominaba en Galicia a navajada a Galicia, la navajada a Galicia, que quiere decir que iban a dividir Galicia en dos, y era el no por el no y era una contra absoluta a esta infraestructura. Hoy es la principal vía de comunicación, tanto desde el punto de vista económico como social. Cómo cambian los tiempos, cómo cambian las formas y ese modelo agotado que ustedes dicen. En aquel momento y gracias a


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gobiernos populares en la Xunta de Galicia, evidentemente, se llevaron a cabo y hoy sí, efectivamente, es la principal vía de inserción y de comunicación de Galicia.

Sobre competencias, aplicación y uso de las mismas, un ejemplo que ponen siempre ustedes el Grupo de Podemos, Ayuntamiento de La Coruña, competencias y emergencias sociales del Ayuntamiento, destinan y cambian una parte importantísima del presupuesto, nada más y nada menos que 1,8 millones de emergencia social a cuadrar las cuentas del servicio de bicicletas. ¿Quieren ustedes competencias para eso o, efectivamente, se van a asumirlas para lo que efectivamente son y son prioritarias? Y no se arroguen ustedes digamos que las competencias de Galicia, ustedes siempre creen que hablan por toda Galicia y, evidentemente, no, ni nosotros tampoco, pero por de pronto estamos continuamente siendo avalados por la mayoría absoluta de todos los gallegos.

Decían ustedes en rueda de prensa, que la seguí con interés, señora Díaz, a usted y su compañero, el señor Gómez-Reino, que presumían de que tenían 344 000, lo habían utilizado, 344 000 votos para echar al PP, para echar a un gallego, ya que dicen que quieren también diálogo con Galicia. (Rumores). Bueno, vale, para echar dijeron. 344 000 votos para hablar de Galicia, 344 000 votos para iniciar la agenda gallega, pero siempre 344 000 votos para destruir a un Gobierno que funcionaba, a un Gobierno que aprobaba presupuestos y a un Gobierno que recuperaba la economía española. ¿Por qué no utilizan esos 344 000 votos para construir? ¿Por qué hoy esta PNL, señores de Podemos? ¿Por qué no usaron estos 344 000 votos desde el primer momento de la moción de censura? ¿Por qué no estaba en ese momento de la moción de censura la agenda gallega? ¿Por qué no estaba la urgente modernización? ¿Por qué no estaba la urgente transferencia de competencias? ¿Por qué no estaba la urgencia del diálogo? ¿Por qué no estaba la urgencia de la financiación de la comunidad autónoma? ¿Por qué no estaba en los acuerdos para la moción de censura todas estas cosas? ¿O es que era más importante para ustedes la Radiotelevisión Española que Galicia, que tanto le ponen en su boca? Pues creemos que, efe, tienen que ser coherentes con lo que piden, coherentes con lo que plantean y coherentes con el diálogo que piden. ¿Cómo le traen a un socio de Gobierno un tema para ustedes vital, siendo un socio de Gobierno, al otro socio de Gobierno un tema para ustedes vital a través de una PNL? Yo creo que, efectivamente, ahí se ve su importancia, su coherencia y su falta de rigor.

Dice también, en la rueda de prensa decían que querían un diálogo igual que con el País Vasco y que con Cataluña, justo eligen dos comunidades autónomas para poner como ejemplo que plantean como modo de diálogo un planteamiento secesionista con el resto de España. ¿Y cree que Galicia es igual? No, perdone, pero Galicia no es igual y, evidentemente, no paso por ahí que nos plantee ahora mismo que su forma de diálogo es ir a una cárcel para que su vicepresidente del Gobierno intente hablar de transferencia de competencias de Galicia con otras personas que no tienen nada que ver con nuestra comunidad autónoma. Si esa es su forma de dialogar, entienda que nosotros no podemos compartirlo. Pero sí con el diálogo, sí es bueno dialogar, sí es bueno tener un diálogo en un marco, en un marco concreto, que es el marco de la Constitución y el marco del Estatuto de Autonomía. Y en 2003 se aprueba un reglamento unas normas de organización y funcionamiento de esta Comisión Bilateral, que de cinco de sus capítulos hace mención en dos de ellos a lo que es la Constitución y, digamos regirse por sus normas.

Y también tenemos que decirle que hay diálogo en esta Comisión Bilateral. Traigo aquí ejemplos en la resolución del 7 de julio de 2014 sobre el emprendimiento y competitividad económica de Galicia, en abril de 2016 sobre carreteras de Galicia, todas estas son resoluciones de la Comisión Bilateral, que usted dice que no tiene actividad. ¿Podemos tener más? Muchísimas más. ¿Podemos hablar de competencias? Podemos hablar de ellas, pero no digan cosas que, efectivamente, no son. (El señor presidente: Vaya terminando, señor Fole). Sí presidente.

Quería plantear que nosotros estamos de acuerdo con la parte dispositiva de esta propuesta, estamos de acuerdo con que tiene que regirse, y por eso nuestra enmienda, bajo la norma de la Constitución y del Estatuto Autonómico de Galicia. Pero no estamos de acuerdo en absoluto con las competencias que plantea en la exposición de motivos, pero sí sentarnos, iniciar el diálogo, iniciar la transición, iniciar la comunicación y a partir de ahí que sea fructífera, con toda la dinámica e intensidad que quiera el Grupo de Podemos, insisto, en ese marco, pero no mezclemos unas competencias que incluso ellos cuando hacen al rueda de prensa dicen unas competencias diferentes, una transferencia de competencias a las que ponen en la exposición de motivos. Sí a la parte expositiva, sí a iniciar el diálogo, pero, evidentemente, con un marco cero.

Muchas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fole.

Y para toma de posesión tiene la palabra el señor Maura, por el Grupo de Ciudadanos.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, presidente.

Empezaré recordando que las Comisiones Bilaterales de Cooperación comenzaron a constituirse a finales de los años 80, como órganos bilaterales de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, son, en definitiva, órganos de cooperación, como queda dicho, de composición bilateral y de ámbito general, que reúnen a miembros del Gobierno en representación de la Administración General del Estado y a miembros del Consejo de Gobierno que representan a la Administración de la respectiva comunidad autónoma. En lo que hace referencia al Estatuto de Autonomía para Galicia, aprobado en el año 1981, se contiene una disposición transitoria cuarta que prevé la creación, y cito textualmente: "De una comisión mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma gallega, con la finalidad de transferir a Galicia las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al Estatuto. Por lo tanto, lo primero que ha de recordarse es que, como reconoce la propia exposición de motivos de la Proposición no de Ley, no es competencia de esta Cámara, de este Parlamento, la activación de la mencionada Comisión Bilateral, el artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Galicia establece claramente que es la Comunidad Autónoma gallega la que puede solicitar del Estado la transferencia o denegación de competencias no asumidas en este Estatuto, y que en concreto corresponde al Parlamento de Galicia la competencia para formular las anteriores solicitudes y para determinar el organismo de la Comunidad Autónoma gallega, a cuyo favor se deberá atribuir en cada caso la transferencia o la competencia transferida o denegada. Por lo tanto, dicha solicitud es competencia del Parlamento de Galicia, no del Parlamento español en el que nos encontramos.

La propuesta de Podemos, que, debo decir, está repleta de ambigüedad y es de una explícita ambición competencial, se asemeja más a la creación de un modelo confederal, ni siquiera federal, con el que no estamos de acuerdo, entre otras cosas porque no concuerda en modo alguno con el marco territorial consagrado en la Constitución. Es por eso que mantenemos una diferencia no menor con la propuesta que se ha hecho por parte del Grupo Podemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maura.

Y tiene la palabra para el trámite de toma de posesión, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidente.

Como bien sabe el grupo proponente, si por algo se caracteriza la acción de este Gobierno y concretamente el Ministerio de Política Territorial y Función Pública es por la puesta en valor real de las comisiones bilaterales, Administración General del Estado, comunidades autónomas, que en los pocos meses que se lleva desde la toma de posesión ha multiplicado con creces las convocatorias realizadas de este órgano respecto de las efectuadas por el Gobierno anterior en todos los años de duración de su mandato. Cierto que el Grupo Parlamentario Socialista no puede decir que estemos de acuerdo en todos y cada uno de los argumentos expresados en la exposición de motivos de su iniciativa y con los cuales podríamos manifestar nuestras diferencias o matices según los casos, pero sí concordamos con el petitum principal, esto es, con la parte propositiva de esta Proposición no de Ley, que no es otro que de poner en valor las Comisiones Bilaterales entre la Administración General del Estado y las autonomías y, lógicamente, Galicia debe estar integrada en esta fórmula de funcionamiento deseable para el conjunto del Estado.

De todas formas, y anunciando de antemano nuestro voto favorable, querríamos realizar dos consideraciones, la primera, que las Comisiones Bilaterales no son el órgano adecuado para plantear posibles traspasos de competencias, para eso está la Comisión Mixta de Transferencias, que era encargada de atender estas cuestiones, lo cual no quiere decir que en las Comisiones Bilaterales puedan comentarse estos asuntos. La segunda, que hablar de las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas es hablar de un asunto que afecta a las dos partes, no solo a una, y la verdad, y seguro que usted, señora Díaz, lo convendrá conmigo, la postura del actual ejecutivo gallego no es precisamente la de una postura activa o propositiva en estos campos.

Finalmente, decir que el actual Gobierno sí pretende tener un papel activo y, de hecho, los contactos previos y los estudios necesarios para afrontar una comisión bilateral con Galicia ya se están realizando


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y además en aquellos asuntos que ni pueden ni deben esperar las actuaciones se están dando desde el minuto cero, sin más dilación que las estrictamente necesarias para afrontar cada uno de los temas. Puedo citar a modo de ejemplo la declaración de zona afectada por el accidente de la pirotecnia de Tui, los compromisos con el AVE para 2019, loados incluso por el presidente de la Xunta, el señor Feijóo, el trabajo permanente de la ministra de Industria en el caso de la COA, la tramitación de las fragatas F-110, que sabe usted muy bien que hablamos de 8000 puestos de trabajo directos y casi el doble indirectos, o, pendiente de la aprobación de los presupuestos, el compromiso para aumentar la participación estatal en dependencia tan importante para nuestra tierra.

Finalizo reiterando nuestro voto favorable a esta Proposición no de Ley.

Moitas grazas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meijón.

Señora Díaz, ¿se pronuncia en este momento sobre la propuesta de enmienda del Partido Popular?

La señora DÍAZ PÉREZ: Sí, por supuesto. Ya le había anunciado a la compañera que estaríamos dispuestas a una enmienda transaccional, tengo el texto, se lo paso ahora a la Mesa, en la que incorporaríamos la frase: "En el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía". Y, si se me permite, presidente, para explicarle al señor Fole, porque se ve que no está atento a lo que pasa en nuestro país, es que todas las competencias que aquí pedimos están sostenidas por unanimidad por el Parlamento de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.

- SOBRE LA NECESIDAD DE DESPOLITIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA NECESIDAD DE ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003678).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la tramitación de la Proposición no de Ley sobre la necesidad de despolitizar la Administración Pública y la necesidad de Estatuto del Directivo Público.

Tiene la palabra el señor Roldán, que interviene en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la defensa de esta Proposición no de Ley.

El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.

Hemos presentado iniciativas similares en numerosas ocasiones en esta Cámara, recientemente lo hicimos en el Congreso, hemos registrado también una ley para tirar adelante esta iniciativa, para esencialmente acabar con los dedazos en la Administración Pública. En esta Proposición no de Ley no es un argumento el que defendemos que sea exclusivo de Ciudadanos, sabemos que en España según la OCDE hay más cambios de altos cargos en la Administración tras un cambio de Gobierno que en todos, repito, en todos los países de la OCDE, exceptuando Turquía, la Federación de Cuerpos Superiores del Estado, FEDECA, a raíz de los nombramientos del señor Sánchez después de la entrada en el Gobierno sacó un informe muy rotundo y muy claro, con un mensaje nítido, que decía que basta de cambiar entre el 95 y el 100 % de personal de confianza, de cambiar también a secretarios de Estado, subsecretarios, la mitad de directores generales, que hay que tener un criterio establecido, por una razón muy sencilla, y esto es algo que hemos aprendido esencialmente en la lucha contra la corrupción y también en la defensa de la calidad de las instituciones. En la Administración tiene que haber un equilibrio entre los nombramientos políticos y entre los funcionarios, por una causa sencilla, los funcionarios se tienen que preocupar por el largo plazo de la institución, mientras que los políticos tienden a tener incentivos más cortoplacistas, lógicamente, porque hay elecciones. Si los altos cargos de la Administración dependen de nombramientos a dedo y los políticos colonizan la Administración a todos los niveles, entonces desaparece un equilibrio esencial, que es el control mutuo que se hacen políticos y burócratas.

¿Y eso es esencial para el buen funcionamiento de la democracia? Es lo que dice la evidencia empírica, es lo que dicen los estudios comparados, es lo que sabemos y hemos aprendido.

El señor Sánchez vino al Gobierno, llegó al Gobierno con una moción de censura supuestamente para luchar contra la corrupción. No hay nada, insisto, nada más importante que la despolitización de las instituciones, no solo a nivel de la Administración, sino a nivel de los reguladores, sino a nivel de la Administración local, a nivel del Tribunal de Cuentas, a nivel de secretarios e interventores, nada, insisto,


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nada más importante para luchar contra la corrupción que la despolitización para que se recupere ese equilibrio, para que se nombren los cargos por mérito y no por interés político, y eso es exactamente lo que tendríamos que hacer, y no lo contrario, que es lo que ha hecho Sánchez, que ha sido si cabe todavía peor que Rajoy en su colonización de todas y cada una de las instituciones del Estado. Hasta ahora llevamos más de 500 nombramientos en los pocos meses que lleva el Gobierno, y en muy pocos casos o en casi ninguno se han tomado criterios de mérito y capacidad, no pedimos nada muy raro, pedimos que se premie el esfuerzo, es algo muy sencillo, que no sea le carné del partido lo único que prime para tener altos cargos en la Administración y en las empresas públicas.

No creo que sea necesario abundar demasiado en algunos de los ejemplos que hemos conocido más visibles de los problemas de la politización y su impacto en el deterioro institucional, podemos pensar en el caso del señor Tezanos en el CIS, en el que después de más de 20 años de una misma metodología decide transformar la metodología para pagar encuestas, para que los españoles le paguemos encuestas al PSOE a través del CIS, manipulando los resultados de las encuestas. Pero hay muchos más ejemplos, tenemos la empresa ENUSA, que es la Empresa Nacional de Uranio, ahora dirigida por un señor filósofo, que, con mucho respeto por ese señor, pero no creo que tenga demasiado criterio en gestionar cómo funcionan los residuos, en este caso nucleares, etcétera, imagínense que haya una crisis y tenemos a un señor que no tiene ni idea de lo que habla en estas cuestiones.

En definitiva, nosotros pensamos que la regeneración es algo muy distinto a lo que está haciendo Sánchez, creo que esto es un síntoma más, no ha habido ninguna reforma significativa, si no le insto al portavoz del Partido Socialista que la diga, para abordar las causas de la corrupción en España, para mejorar las instituciones, para dar un salto adelante en lo que ha sido el problema principal de España durante los años del boom, que es, como digo, la pérdida del equilibrio de los contrapesos de los checks and balances en todas las instituciones por culpa del abuso de la politización y de la colonización de los políticos en todas las instituciones. No hemos visto cambios ni en los reguladores, no hemos visto cambios en la Administración, no hemos visto cambios en diputaciones, no hemos visto cambios a nivel local, ni de secretarios ni interventores, insisto, las instituciones son lo más importante, no lo digo yo, hay dos variables esenciales para el proceso de los países, una es el capital humano y la otra es nuevas instituciones imparciales, neutrales, que realmente respeten el equilibrio democrático y, como digo, esa es la clave para el crecimiento económico y también para la lucha contra la corrupción. Y por eso llevamos esta iniciativa, que espero que apoyen.

En concreto son tres puntos, que resumo muy rápidamente. Pedimos algo muy sencillo, que es que se cumpla le mérito y la capacidad para acceder a los directivos, a los altos directivos, pedimos el desarrollo del Estatuto del Directivo Público para separar lo que tiene que ser, y que tienen que ser pocos, los altos cargos puramente políticos, de los que hacen puramente gestión, directivos, y pedimos que haya una autoridad independiente que garantice que ese proceso es realmente meritocrático, emulando lo que hacen las mejores prácticas de algunos países europeos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.

Para la defensa de la enmienda a la Proposición tiene la palabra la señora López Ares.

La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.

De nuevo estamos con una iniciativa que ya es la segunda vez que se debate, exactamente igual que la que he sido portavoz anteriormente, pues resulta que esta también se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados este pasado mes de octubre. Lo que sí es cierto, señor Roldán, parece que usted en el Pleno es mucho más ambicioso que en la Comisión, porque hay unos cuantos puntos que estaban en la Proposición no de Ley del Pleno que no están en esta Proposición no de Ley, a lo mejor es porque esta Proposición no de Ley es previa a la que se debatió en el Pleno. Lo que sí hay que destacar, es cierto que esta Proposición no de Ley no la firma usted, la firma el señor Ten, pero sí lo que yo quisiera destacar en esta Proposición no de Ley es que por lo menos no aparece ese famoso párrafo, que sí aparecía en la que se debatió en el Congreso, donde ustedes hablaban de los funcionarios públicos, que tenían o teníamos incentivos perversos que lleven a la connivencia o la permisividad de los segundos, es decir, de los funcionarios públicos, frente a los primeros, que son los políticos, como medio de progresar hasta los puestos superiores de la Administración, es decir, menos mal que en esta Proposición no de Ley no está, no ha desaparecido porque esta es previa, pero por lo menos no está ese párrafo en el que ustedes le faltaban al respeto a los más de 3 millones de empleados públicos de este país.


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Nosotros hemos presentado, efectivamente, una enmienda, una enmienda que va en el mismo sentido de la que se presentó en el Pleno, y donde incorporamos diferentes puntos, efectivamente, nosotros planteamos y siempre hemos defendido, y en eso hemos regulado, en potenciar y defender claramente los principios de igualdad, mérito, capacidad y formación continua de los empleados públicos y, efectivamente, trabajar en ese sentido con los representantes sindicales y también con las asociaciones profesionales, en este caso de asociaciones profesionales estamos hablando precisamente de FEDECA, de la Federación de los Cuerpos Superiores del Estado, porque representantes sindicales, asociaciones y gobiernos y partidos políticos tenemos la obligación de trabajar para mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y para ello tenemos que contar con los mejores empleados públicos.

También nosotros en esta enmienda incorporamos la necesidad de desarrollar esa figura del directivo público profesional, garantizando la capacitación, la imparcialidad y la independencia en su actuación y en su carrera profesional, desarrollar ese concepto que se había incorporado en el Estatuto Básico de la Función Pública y que realmente queda todavía mucho por hacer, nosotros, a diferencia de ustedes, creemos firmemente en el diferente papel que tienen que jugar los técnicos, los empleados públicos, del papel que tenemos que jugar los políticos y por eso nosotros entendemos que hay que definir claramente y de forma objetiva qué puestos deben ser ocupados por empleados públicos y qué puestos deben ser ocupados por políticos, por el tipo de tarea que realiza cada una de estas figuras. Por eso nosotros en nuestra enmienda incorporamos que se defina de forma objetiva qué puestos pueden ser cubiertos por el procedimiento de libre designación, a fin de no condicionar el ascenso de los empleados públicos a los niveles más altos de la carrera profesional y al mismo tiempo poder tener puestos de decisión política a personas cualificadas de máxima confianza. Y luego también en ese camino iniciado por el Partido Popular, de quitar gastos, en algunos casos innecesarios en administraciones, pues, efectivamente, como ya se ha hecho en muchas comunidades autónomas, ayuntamientos y en la Administración General del Estado, reducir la presencia de personal eventual en las Administraciones Públicas a fin de limitarlo al número estrictamente necesario.

Este es nuestro planteamiento, este es el planteamiento del Partido Popular. Sin embargo, quitamos, y ya se lo dije en el Pleno en la intervención anterior, quitamos, porque ustedes quieren eliminar cosas, pero luego siempre crean algo y siempre crean una autoridad teóricamente independiente, y en este tema en concreto, se lo dije en el Pleno y se lo vuelvo a repetir ahora, ustedes ya hablan, han hablado en diferentes iniciativas de una comisión independiente de nombramientos del Estado, en otra iniciativa han hablado de la autoridad independiente de integración pública, en esta hablan de autoridad administrativa independiente, es decir, yo creo que querer reducir por un lado para acabar creando chiringuitos, le dije en el Pleno y se lo vuelvo a repetir ahora, yo creo que tenemos que ser todos un poco coherentes.

Y ya finalizo, señor presidente, hemos incorporado otro punto, porque usted ha hablado aquí, efectivamente, de los organismos reguladores independientes, nosotros volvemos a pedir que no pueda ocurrir que exista en un organismo independiente una persona que tiene relación familiar con una ministra que tiene relación los informes que firma esa persona con esa ministra. Por eso nosotros incorporamos de nuevo la necesidad de establecer mecanismos de controles, nombramientos y en el mantenimiento de los miembros de los organismos reguladores... (El señor presidente: Vaya terminando). Finalizo, señor presidente, de forma que se garantice que no existan incompatibilidades entre estos y los miembros del Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.

Tiene la palabra para la toma de posición, en nombre del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Vera.

La señora VERA RUÍZ-HERRERA: Gracias, señor presidente.

Parece que cada cierto tiempo y a partir del estallido de la crisis económica resuenan en esta Cámara los conceptos de puestos de libre designación y del Estatuto del Directivo Público como si se tratase de viejos fantasmas. Yo creo que la última vez que se abrió este debate en el 2013, con Mariano Rajoy, y anteriormente también con el Gobierno del PSOE, lo que se evidenció fue la falta de necesidad de la creación de un organismo que supone además una sobredimensión del concepto de legislación básica del Estado, porque el Estado está habilitado constitucionalmente para establecer las bases del régimen jurídico de la función pública, pero solo las bases, única y exclusivamente las bases, sin entrar en injerencias, cuya competencia recaería en todo caso sobre las propias comunidades autónomas, en todo


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caso, yo creo que lo que ha quedado claro tras los anteriores debates sobre este tema es que se trata de una figura de indudable difícil implementación en el ordenamiento jurídico relativo a la función pública. El artículo 13 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, no la sitúa para las entidades públicas que requieren unidad de mando o dirección, como pueden ser los organismos autonómicos, los entes públicos, las sociedades y las fundaciones públicas, tal es así que el propio Estatuto Básico del Empleado Público habla de esta figura, pero renuncia absolutamente a su regulación, porque lo que proponen ustedes, señor diputado de Ciudadanos, no es ni más ni menos que la posibilidad de poner en marcha la figura y el reglamento del directivo público, una cuestión que no es competencia de esta Cámara, ni más ni menos. Y ya hemos visto además en toda la etapa del Gobierno del señor Rajoy como el propio Gobierno del Estado ha consumido la confianza además que se le podía dar para legislar en temas que afectan a otras administraciones con las que comparten competencias. Y, por otro lado, desde mi grupo parlamentario no creemos que haya que adoptar ese concepto de despolitización porque nos parece peligroso, justamente quienes suelen criticar la politización de determinadas Administraciones Públicas son precisamente quien más interés tiene por hacer lo contrario y politizarla, por tanto, nosotros pensamos que es necesario que hablemos de fortalecer la profesionalización de las Administraciones Públicas a través de la regulación de determinados aspectos o medidas que garanticen el justo acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo, pero siempre en torno a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que nos debería ocupar si queremos hablar de una función de la Administración Pública sana. Creemos que es necesario acotar estrictamente el ámbito de la libre designación, pero sin caer en posiciones que pasen por considerarlo un elemento perturbador, tengamos en cuenta que además, si se trata de un sistema que precisamente el legislador básico consideró como un sistema excepcional y subsidiario del sistema del concurso público, se debe ajustar a los principios constitucionales que acabamos de citar. Y lo que no queremos es que precisamente bajo ese concepto de despolitización se agrave por conseguir cosas que no nos convienen yo creo que a ninguno, que es abrir la puerta a intentos de extender un sistema más allá de unos límites moderados y adecuados para el funcionamiento directivo de la Administración Pública que acaben por generar precisamente un sistema (El señor presidente: Vaya terminando, señora Vera). De acuerdo, señor presidente, voy acabando. Si me queda poco tiempo quería destacar.? (El señor presidente: No le queda ninguno). ¿Me queda una frase por lo menos? (Asentimiento). Le agradezco por lo menos. Creemos que tenemos que mejorar otro tipo de cuestiones en la Administración Pública, que tienen que ver con garantizar los derechos laborales, que tienen que ver con hablar de la conciliación familiar, con el régimen de permisos, con los derechos de jubilación y con revisar de manera urgente las pensiones del sector público. Creemos que eso es lo que nos tiene que ocupar y dejar de camuflar bajo conceptos que pueden ser peligrosos otro tipo de cuestiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vera.

Tiene la palabra para el trámite de toma de posesión por el Grupo Socialista el señor Serrano.

El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

No apoyaremos esta iniciativa del Grupo de Ciudadanos, de hecho, no hemos ni presentado enmienda a la misma. No lo haremos porque no compartimos ni la coartada que proporciona la exposición de motivos, césar al 95 % del personal asesor de confianza. ¿Qué quiere que estos asesores que asesoran políticamente, un nuevo Gobierno tenga que ser asesorado por los que lo han hecho con el anterior? Cese masivo de altos cargos; pues le daré el dato, de los 691 altos cargos que hay en la Administración General del Estado 385, es decir, el 55,7 %, siguen ejerciendo sus funciones porque estaban designados antes del 1 de junio, este es el cese masivo. Tercero, porque en la exposición de motivos y en el texto de la proposición se confunde, y no sé si es desconocimiento o falta de experiencia, se confunde lo que son altos cargos de la Administración y personal directivo, tanto que deciden arrasar con los altos cargos de la Administración, solo dejan los que no lo son, ministros y secretarios de Estado, que en la terminología legal nuestra son Gobierno, y sus secretarios, etcétera, etcétera, desaparecen. No compartimos tampoco el diagnóstico, la Administración no está politizada, la Administración no está politizada, todo ministro que llega a su cargo sabe que tiene que trabajar con los funcionarios que tiene en el ministerio, porque si no están en ese ministerio estarán en el de al lado, no hay incorporaciones o salidas, la masa funcionarial es siempre la misma, siempre. Entonces, lo que hay aquí es un problema de otro tipo, que es que se trata de, como se dice ahora, desempoderar al Gobierno, al que la Constitución atribuye la capacidad y la facultad


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de dirigir la Administración civil y militar y para dirigir tiene que tener directivos, que no pueden serle impuestos por una autoridad independiente, son los que él decide, porque si no, no estaría dirigiendo. En este sentido ustedes añaden dos o tres cosas que me interesa resaltar, uno, la supresión de la libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo.

Le diré también un dato, hay 10 802 puestos en la Administración susceptibles de ser cubiertos por este sistema de provisión de puestos, 10 802, de los 172 630, es decir, el 6,2 %. No parece que sea ese el problema, salvo para funcionarios que tengan un alto concepto de sí mismos y que vean que reiteradamente un Gobierno y otro y otro de distinto signo político nadie les promueve. Alguna razón habrá.

Segundo, ustedes, la autoridad independiente, lo he dicho ya y con esto acabo. (El señor presidente: Vaya terminando). Acabo en una frase, señor presidente. Las autoridades independientes están para lo que nos corresponde al Gobierno, pero dirigir la Administración le corresponde a él y solo a él, tampoco al Congreso de los Diputados, que lo único que puede hacer es controlar esa dirección.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.

Tiene la palabra el proponente para aceptar. ¿Acepta o rechaza la enmienda propuesta?

El señor ROLDÁN MONÉS: Déjeme que lo valore porque no he tenido tiempo de mirarlas. Gracias.

El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema.

- SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS DIPUTACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003739).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al séptimo punto del orden del día, Proposición no de Ley sobre la eliminación de las diputaciones.

Tiene la palabra el señor Baldoví, que interviene en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su Proposición no de Ley.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Cuando vino la democracia habilitamos con el estado de las autonomías tres niveles de la Administración, la estatal, la autonómica y la local y pervivió un modelo en algunas comunidades autónomas, no en todas, porque solo hay diputaciones provinciales en 8 de las 17 comunidades autónomas, pervivió a nuestro modo de ver una institución que ahora mismo ha perdido su razón de ser, ha perdido su razón de ser porque en muchos casos tienen duplicidades de competencias, se solapan competencias, bien con la Administración local, bien con la Administración autonómica. Ha sido una institución que tradicionalmente y en algunos sitios ha funcionado de una manera clientelar, y lo digo como exalcalde y como exregidor de mi pueblo, porque he tenido que padecer en carne propia la manera de gobernar las diputaciones por algún partido, por ejemplo, veíamos que las subvenciones se repartían siempre y siempre llegaban a los pueblos que eran del mismo color del diputado o del partido que tenía mayoría en la diputación y los que no pertenecíamos a esas mayorías tradicionalmente nos quedábamos sin recibir, no nosotros, sino nuestros ciudadanos, sin recibir las subvenciones que por el mero hecho de ser ciudadanos tenían derecho a ellas. Pongo un ejemplo muy claro, la Diputación de Alicante ahora mismo, con muchas de sus decisiones tumbadas por los tribunales porque se daban subvenciones a dedo a pueblos precisamente de los vicepresidentes de la Diputación. A más a más, es una institución en la que sus miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos y además es una institución que el mismo artículo 141 de la Constitución prevé claramente: "El Gobierno y la Administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo".

Nosotros entendemos que todas estas duplicidades al final acaban costando también costes duplicados y, por tanto, desde Compromís, que siempre apostamos por eliminar esta institución y por apostar por otras instituciones, mucho más naturales, con son las mancomunidades comarcales, lo que pedimos en esta Proposición de Ley, lo que pedimos nosotros es impulsar una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para permitir que las comunidades autónomas puedan eliminar las diputaciones provinciales. En nuestro caso además decimos que podamos diseñar las comunidades autónomas nuestra propia estructura de Gobierno territorial en el marco de lo que marca el artículo 141 de la Constitución, es decir, nosotros decimos que cada comunidad autónoma pueda tomar la decisión libremente de decidir si quiere continuar con estas diputaciones o si puede proceder a su eliminación.


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En segundo lugar, los que hemos estado en la Administración local entendemos que hay agrupaciones mucho más naturales, mucho más cercanas, mucho más naturales, como son las comarcas y, por tanto, impulsar y promover las entidades locales como las mancomunidades y además dotarlas de una financiación que les permita ofrecer servicios comunes a los diferentes ayuntamientos que la conforman en razón básicamente de su proximidad y por su economía a la hora de aplicar estos servicios. Esto es lo que nosotros pedimos.

Entendemos que no estamos obligando a ninguna comunidad autónoma con nuestra petición, con nuestra PNL, no estamos obligando a ninguna comunidad autónoma a que elimine las diputaciones, pero sí permitir que las diferentes comunidades autónomas puedan tomar la decisión sobre eliminar una institución que a nuestro modo de ver ya es mucho más de hace dos siglos que del siglo XXI.

Moltes gràcies.

(La señora vicepresidenta ocupa la Presidencia).

La señora VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

A continuación, interviene para la defensa de su enmienda a la Proposición la señora Patricia Reyes.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Señorías, se presenta por parte del Grupo Parlamentario Mixto a instancias de Compromís una Proposición no de Ley con un propósito bien explícito, la eliminación de las diputaciones provinciales. Como bien saben, Ciudadanos siempre ha mostrado su intención de suprimirlas, en la medida en que no son el único sistema existente que puede garantizar unos mejores servicios públicos más baratos y, por supuesto, exentos de la corrupción, que, lamentablemente, a menudo ha afectado a estos organismos. Es indudable que la dudosa utilidad de estos organismos por un lado y el foco de corrupción desarrollado en su seno por otro, es consecuencia del escaso control democrático al que están sujetas, así como a la casi inexistente rendición de cuentas que estas practican. Resulta, por tanto, urgente que se proceda a la racionalización del gasto en la Administración, tanto estatal como autonómica y local porque, no lo olvidemos, esto se ha venido produciendo repetidamente en todos los niveles de la Administración. Afortunadamente, la evidencia científica avala este discurso. Ya existen diversos estudios sobre la materia que demuestran que hay un funcionamiento muy disperso y desigual en estas entidades, todo lo anterior es resultado del elevado componente político de las mismas, que se refleja en el predominio de los cargos de confianza de contenido poco definido y, como avanzábamos anteriormente, de la ausencia de rendición de cuentas. La falta de autonomía en su financiación y la ausencia de competencias propias claramente definidas. Se ha identificado además una cierta irracionalidad e inconsistencia en las políticas públicas que a veces diseñan y ejecutan las diputaciones, a lo que se une su ya de por sí difícil encaje en nuestro modelo territorial. Todo ello, en definitiva, invita a abordar una reforma en profundidad de estas instituciones, que desde luego contempla su supresión en un plazo determinado. Es preciso promover el recorte de duplicidades, chiringuitos políticos y gastos superfluos. Me gustaría recordar en este sentido que está calculado que la supresión de las diputaciones provinciales generaría en el medio plazo un ahorro muy significativo en el gasto público, pero, sin perjuicio de lo anterior, la supresión de las diputaciones no debe suponer en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios, al contrario, la supresión de estas entidades debe abordarse no solo con el propósito exclusivo de reducir el gasto, sino especialmente para racionalizar el dinero de los ciudadanos y de esa manera avanzar en la construcción de un estado del bienestar más eficiente y útil a los ojos de los ciudadanos. Esto cobra especial importancia en los tiempos que corren, en los que las instituciones están siendo continuamente cuestionadas, y muy a menudo con razón.

Por tanto, aunque coincidimos con el objeto principal de la Proposición no de Ley del Grupo Mixto, sin embargo, en línea con lo previamente referido, consideramos que la misma es susceptible de mejora y por esa razón hemos presentado una enmienda con dos objetivos fundamentales, uno, que se impulse a la supresión de estas diputaciones y, dos, que en tanto esto no ocurra, en el periodo transitorio se proceda a una reforma de las mismas a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en su gestión, así como de dotar a estas de una mayor transparencia y de un mejor sistema de rendición de cuentas. Esperamos que los grupos de esta Comisión coincidan con el propósito de la enmienda presentada por mi grupo.

Muchas gracias.

(El señor presidente ocupa la Presidencia).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reyes.

Y a continuación tiene la palabra para toma de posesión, en nombre de los respectivos grupos, en proposición de ley el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Una de las contradicciones de la Constitución de 1978 es la superposición entre el estado de las autonomías, la descentralización y la pervivencia de la vieja planta territorial del Estado centralizado, las provincias, que es un modelo territorial implantado en el siglo XIX a imitación de los departamentos franceses. La afirmación que a veces se hace de que España es un estado cuasi federal, que algunos defienden, queda desmentido, entre otras cuestiones porque la organización territorial de las comunidades autónomas no está interiorizada, no está regulada por los estatutos, sino directamente en la Constitución, y este, junto con el Senado, es uno de los elementos desfederalizantes de la Constitución. Nosotros entendemos que la organización territorial debería ser una cuestión interna de cada comunidad autónoma, responder a crisis de proximidad y eficacia en la prestación de los servicios, responder a la pregunta de cuál es el mejor, el más eficaz ámbito para la prestación de servicios y para la cooperación entre los municipios. Hay comunidades autónomas que está interiorizado que la división territorial propia es las provincias, en otros casos, Valencia, como se nos decía ahora, Galicia o la propia Cataluña, bueno, esconden realidades territoriales diversas, realidades territoriales, sociales y económicas como ______ Val d'Aran o las Terres de l'Ebre.

En el Estatuto de 2006 se establecía un sistema propio de gobiernos locales que era un tímido intento de interiorización de la organización territorial dentro de la Constitución, con la creación de consells de veguerías que sustituyeran a las diputaciones y que fueran regulados por el Parlamento de Cataluña, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2010 no declaró nulos estos artículos, que regulaban la veguería como ámbito territorial específico, sino que los vaciaron de contenido, porque venían a decir la provincia está garantizada constitucionalmente como ente local y las consagra como división territorial de Cataluña y es el Estado, en definitiva, quien tiene que regularlas.

¿Esto quiere decir que no se puede hacer nada en materia de organización territorial? Bueno, la sentencia nos da como tres salidas para afrontar esta cuestión: crear organismos propios diferentes de las diputaciones, que creemos que sería un error, un elemento de duplicidad, de complejización aun más del entramado territorial y de confusión, simplemente cambiar el nombre de las diputaciones, en nuestro caso por el de veguerías o por lo que fuera, sería una medida de maquillaje que no tendría tampoco ningún sentido.

Y hay otra solución, que es la que viene a plantear la Proposición no de Ley de Compromís, que nos parece muy acertada, que es cierto que el artículo 141.2 de la Constitución establece que el Gobierno y la Administración autónoma de las provincias estará encomendado a diputaciones o a otras corporaciones de carácter representativo, y se podría establecer mediante la reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local el reconocimiento (el señor presidente: Vaya terminando), y acabo, de un régimen especial para aquellas comunidades autónomas que quieran disponer de una organización territorial singular. Creemos que eso es perfectamente constitucional, perfectamente posible y que solo depende de la voluntad política.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.

Tiene la palabra la señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

La Constitución configura nuestro modelo territorial del Estado sobre la base de la existencia de tres niveles territoriales de Gobierno, el estatal, el autonómico y el local y el nivel local se articula sobre el reconocimiento del municipio como una entidad básica en la organización territorial del Estado, de tal manera que los municipios se convierten en una pieza clave a los que se les atribuye además todas las competencias de prestación de servicios de proximidad a los ciudadanos, que, dicho sea, tienen una notable incidencia en la calidad de vida de los vecinos de estos municipios.

¿Y por qué hago esta reflexión? Porque sobre la base de esta concepción institucional en España hablar de diputaciones provinciales en la actualidad es hablar de una institución esencial, porque de los 8124 municipios que existen en nuestro país, casi el 84 % cuentan con menos de 5000 habitantes y ante esta realidad, la respuesta que ha dado nuestro modelo territorial del Estado ha sido la existencia de


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unas diputaciones provinciales cuyo papel esencial ha sido garantizar la prestación integral de servicios mínimos obligatorios municipales en todo el territorio provincial y estamos hablando de unos servicios que configuran el entorno de todas aquellas personas en el que desarrollan su vida, o sea, estamos hablando abastecimiento domiciliario de agua, de alumbrado público, de recogida y tratamiento de residuos, de pavimentación de vías, de prevención y extinción de incendios y también estamos hablando de un papel fundamental de las diputaciones provinciales a la hora de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, a través de una elaboración de unas políticas propias que garantizan el desarrollo equilibrado de estos municipios. En definitiva, las diputaciones provinciales en la actualidad hoy en día realizan una función fundamental en el ámbito provincial y además garantizan la prestación de servicios municipales en el ámbito en el que desarrollan su función.

Y quisiéramos el Grupo Parlamentario Socialista decir que desde el punto de vista de organización administrativa el papel de las diputaciones provinciales es fundamental en gran parte además del territorio nacional y que para comprender su verdadera utilidad que es necesario analizarlo, no solamente desde el punto de vista de los grandes municipios o de territorios donde grandes mancomunidades realizan unos servicios similares, sino que es necesario ponerse a pensar en los pequeños municipios, (el señor presidente: Por favor, si pueden bajar el tono de las conversaciones), y cuya existencia se basa en muchos casos en las funciones que realiza la propia diputación provincial, y allí es donde juegan un papel clave estas diputaciones, en la lucha contra el abandono del mundo rural y contra la despoblación en importantes zonas de nuestro territorio, por lo que son, pensamos, esenciales para garantizar los principios de solidaridad y de igualdad entre territorios, y además favorecen el equilibrio entre municipios.

Quisiéramos también el Grupo Parlamentario Socialista señalar que desde un punto de vista económico la eliminación de las diputaciones no supondría ningún ahorro efectivo para el Estado, pues su desaparición no implicaría una disminución de cargos públicos, (el señor presidente: Vaya terminando), y al final sus funciones deberían ser realizadas por otra administración u otros entes que se crearan a tal efecto. Y desde un punto de vista jurídico la eliminación de las diputaciones provinciales no bastaría con modificar la legislación en materia de régimen local, como plantea la iniciativa que aquí estamos debatiendo, sino que requiere una reforma constitucional, lo que exige amplias mayorías, que no se dan ni en este momento en esta Cámara ni en la sociedad española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.

Y tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario el señor Barrios.

El señor BARRIOS TEJERO: Muchas gracias, presidente.

Nosotros votaremos no a esta PNL porque el Partido Popular defiende las diputaciones provinciales y las defiende en base a que hay 15 millones de españoles que viven en el medio rural y las diputaciones son las que le prestan unos servicios indispensables en ese medio.

Esta PNL bajo nuestro punto de vista transmite un desconocimiento de lo que es la España del interior, la España despoblada y la España envejecida. Mire, no es lo mismo Boadilla del Monte, Pozuelo o Majadahonda que Mahíde, Fresno de Sayago o Flechas, que quizás no les suenen de nada, pero son tres pueblos pequeñitos de la provincia de Zamora. Mire, la provincia de Zamora tiene más de 10 000 kilómetros cuadrados, y permítame que le dé algunos datos de mi provincia, porque creo que son reflejo de lo que es la España despoblada, envejecida, de la que hablaba antes. En toda la provincia hay 175 000 habitantes, 248 ayuntamientos y 509 núcleos de población, de esos 175 000 habitantes, el 50 % viven entre Zamora, Benavente y Toro y solamente 15 municipios superan los 1000 habitantes, el resto imagínense ustedes que la media no supera los 300 habitantes por municipio y que además cada municipio en muchos de los casos está compuesto de varios núcleos de población. Por lo tanto, como decía, poca población, muy dispersa y muy envejecida.

La diputación presta servicios básicos, esenciales, cualquiera de esos municipios de menos de 300 habitantes, de los que le hablaba antes, tiene servicios de la diputación tan importantes como la ayuda a domicilio, que hay mucha gente mayor, envejecida, que esta ayuda a domicilio supone que pueda seguir viviendo en su casa en vez de tener que ir a una residencia. Por cierto, esta competencia la delega la comunidad autónoma en la diputación porque entiende que es mucho más cercana al territorio que la propia comunidad autónoma. Servicios como la teleasistencia, importantísimo también en el medio rural, o como centros municipales integrados, los CERMI que llamamos, que son comedores y zonas de convivencia, mire, hay mucha gente en el medio rural en pueblos pequeños que vive sola, gente mayor


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que no se apaña en su casa y que, por lo tanto, todos estos servicios son fundamentales y es fundamental que se lo dé una administración cercana. También la diputación se encarga de los más de 2000 kilómetros de carreteras que llegan a casi todos esos núcleos de población, por ejemplo, la Alta Sanabria, que sufre muchas nevadas, ¿saben quiénes van a ayudar a esos pueblos de 30 o 40 habitantes cuando quedan aislados? Pues los funcionarios de la Diputación, son los que van, quitan la nieve, no solo de la carretera, sino también de las calles de su pueblo. Y, mire, los alcaldes de esta provincia, y de muchas otras de España, son gente que está pendiente siempre de las obras municipales de la diputación, tienen asesoramiento legal en la institución provincial, la institución le hace la recaudación municipal, cuando tienen un problema de abastecimiento, que los hay, algunas veces por escasez (el señor presidente: Vaya terminando, por favor) y otras veces por contaminación, desde luego solamente la diputación es quien le ayuda.

Yo creo que son suficientes argumentos para retirar esta PNL, pero, por si no son suficientes, decirle que nuestro partido, el Partido Popular, siempre está defendiendo el medio rural, porque está en el territorio, porque estos problemas que tiene el medio rural hay que conocerlos, y yo creo que ustedes han presentado una PNL desde el desconocimiento total del medio rural de la España de interior y, por lo tanto, yo creo que los problemas no se arreglan eliminando diputaciones, sino además potenciándolas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrios.

Se había presentado una enmienda. ¿Nos puede adelantar si la acepta?

El señor BALDOVÍ RODA: Sí. Sin que sirva de precedentes, acepto la enmienda de Ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y LA NECESARIA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE INCREMENTEN SU EFICIENCIA PARA PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003844).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente Proposición no de Ley, relativa al reconocimiento de la labor de las diputaciones provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social.

Les ruego por favor que bajen el tono de voz cuando estén negociando alguna enmienda transaccional para no entorpecer a quien está en el uso de la palabra.

Para defender esta Proposición no de Ley tiene la palabra el señor Fole para lo mismo.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.

La verdad que ya, como venimos continuando en el punto anterior, a veces sorprenden algunas manifestaciones, sobre todo de personas que han tenido responsabilidad en el ámbito local, como el señor Baldoví, que decía que había sido alcalde de su ciudad y que va en contra absolutamente de las diputaciones, aquí parece como si a mí no me dan pues que me la cargo, o sea, yo creo que ese razonamiento un poco infantil y un poco irresponsable del señor Baldoví. Yo creo que habría que poner en valor la historia, la experiencia y la aceptación, la aceptación social y política que tiene las diputaciones, independientemente que si de repente le hacemos una pregunta a Ciudadanos, como decía la portavoz de Ciudadanos, de que vamos a reducir significativamente la cuantía económica, sin saber ni cuantificar, pues a lo mejor a la gente en el momento de crisis que padecimos dice que sí, que las eliminemos, pero hay que explicar las cosas bien.

Las diputaciones coordinan servicios en aquellos ayuntamientos de población inferior a 20 000 habitantes, 7718 ayuntamientos en España, el 95 % de los ayuntamientos está en esta situación. ¿Han consultado esta cuestión o esta propuesta de eliminación de las diputaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias? ¿Están de acuerdo? Creo que no. ¿Les van a pasar las competencias y la financiación a ayuntamientos, como decía mi compañera, de 500 habitantes, el abastecimiento, la limpieza viaria, la pavimentación, el alumbrado, el acceso a vías públicas, le van a pasar, a personas que no pueden casi ni asumir la gestión del núcleo rural en el que están viviendo? Es cierto que hay una cohesión social importante, la dispersión geográfica, lo que lleva también al envejecimiento de muchas zonas del rural e interior, la dispersión de servicios, muchísimos más caros, efectivamente, cuando más dispersión


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hay en la población. ¿Le van a pasar esa responsabilidad y esa competencia y la financiación a los ayuntamientos, al 95 % de los ayuntamientos? ¿Qué alternativas proponen, creación de nuevos entes? Hablaban de chiringuitos. ¿Y ahora se pretende crear nuevos entes? Ya la Administración central en una configuración administrativa crearon las áreas metropolitanas, la Administración autonómica configura las comarcas, la Administración local configura las mancomunidades y los consorcios y queremos seguir, entonces, si eliminamos las diputaciones, ¿qué hacemos? ¿Dónde pasamos todas las competencias, a dónde pasamos todo el personal, a dónde pasamos toda la maquinaria, a dónde pasamos todo el patrimonio que tienen todas las diputaciones provinciales?

Y creo que habría que hacer una reflexión. ¿Pueden funcionar mejor? Creo que sí. ¿Se pueden modificar? Sí. ¿Se pueden hacer mejores servicios a menor coste? Creemos que sí. Y lo que se hablaba aquí también y yo planteaba, una aceptación política, cuanto más disminuimos el ente, más localista se vuelve, si hacemos una distribución territorial y competencial provincial, estamos todos de acuerdo en la forma de elección, ¿podemos cambiarla? Bueno, pues se podría hablar, en la forma de elección en esas diputaciones provinciales, de ese presidente provincial, de las competencias cómo las ejecutan, pero tenemos asumido que se hace una perspectiva provincial, general y se plantea un interés general de la provincia, cuanto más reduces el ámbito competencial más localista se vuelve el ayuntamiento que forma parte de ese ente. Y creo que deberíamos plantear unas alternativas. ¿Hay alternativas? Pues en la Diputación Provincial de La Coruña se han planteado comunidades intermunicipales de servicios, esto son agrupaciones voluntarias de ayuntamientos para poner en común algún tipo de servicio, prioritario normalmente para esos ayuntamientos, sin crear una entidad jurídica nueva, planteando un consejo de dirección que puede ser similar al consejo de alcaldes que plantean otros grupos políticos y que no dificulte en absoluto la coordinación provincial, sino que conjuntamente con esas agrupaciones voluntarias se establece una mejor eficacia en el servicio, una mayor eficiencia, un menor coste y posiblemente una mayor calidad del mismo. Por eso creo que como conclusión, ¿se puede modernizar? Sí. ¿Se pueden definir mejor las competencias? Sí. ¿Se puede mejor definir la financiación? Posiblemente también. ¿El seguimiento y el control? Les recomendaría a muchos compañeros de esta Comisión que se leyeran los informes del Tribunal de Cuentas a ver si continuamente no hacen referencia a cómo se establece la supervisión jurídica y económica de estos pequeños ayuntamientos si no es por la aportación de los interventores por parte de la diputación provincial; a esa ejecución y control, efectivamente, habría que hacer un mayor seguimiento. Por eso creo que vale la pena poner en valor su función, vale la pena poner en valor su historia, su cohesión social hasta ahora y su utilidad en el futuro.

Nada más y muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.

Tiene la palabra para defender la enmienda propuesta por el Grupo de Ciudadanos la señora Reyes.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidente.

Señorías, se presenta por parte del Grupo Parlamentario Popular una Proposición no de Ley que pretende a estas alturas del partido poner en valor la función desempeñada por las diputaciones provinciales. Como bien saben y ya he explicado anteriormente, por eso no me voy a extender demasiado, creo que ha quedado clara la postura de Ciudadanos, nosotros siempre hemos mostrado nuestra intención de suprimir las diputaciones y es indudable que la dudosa eficiencia de estos organismos por un lado y el foco de corrupción que han desarrollado en su seno a través de diferentes partidos políticos, es consecuencia del escaso control democrático al que están sujetas, así como la inexistente rendición de cuentas que practican. Por tanto, es urgente que se proceda a la racionalización del gasto en la Administración estatal, autonómica y local. Decía que no me iba a extender, pero sí quiero recalcar que, sin perjuicio de nuestra postura, la supresión de las diputaciones no debe suponer en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios, al contrario, la supresión de estas entidades debe abordarse no solo con el propósito exclusivo de reducir el gasto, sino especialmente para racionalizar el dinero de todos los ciudadanos y de esa manera avanzar en la construcción de un estado del bienestar más eficiente y útil a sus ojos. Esto, decía antes también, cobra importancia en estos tiempos que corren, que se están poniendo en duda muchas instituciones. Pero, sin embargo, comprobamos que, pese al cambio, la dirección del Partido Popular la política que promueve sigue siendo exactamente la misma, el Partido Popular pretende seguir manteniendo sus innumerables chiringuitos. Pues bien, desde Ciudadanos mostramos nuestro más absoluto desacuerdo con su protesta, que está exenta de toda


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crítica, de toda intención de regenerar la vida pública y de todo propósito de gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más eficiente posible, aunque ahora pretendan disfrazar ustedes esta postura con copos de nieve, por cierto, me gustaría recordar que el Partido Popular, que ustedes mismos, el Partido Popular, pactó con Ciudadanos un acuerdo de investidura que decía que la reforma de la Administración, voy a leer lo que ponía: "La reforma de la Administración, al objeto de garantizar", cito textualmente, "una prestación eficiente y racional de las competencias y servicios prestados por todos los niveles administrativos", entre los que se incluían las diputaciones, y ahora, perdonen que se lo diga, yo leo en esta propuesta exactamente todo lo contrario.

Por esa razón nosotros hemos presentado una enmienda en el mismo sentido que la que hemos presentado en la Proposición no de Ley debatida previamente, con dos objetivos fundamentales, que se impulse a la supresión de las diputaciones y que en tanto esto no ocurre, en el periodo transitorio se proceda a una reforma de las mismas a fin de lograr esa mayor eficiencia y eficacia en su gestión, así como de dotar a estas de una mayor transparencia y de un mejor sistema de rendición de cuentas. Esperamos nuevamente que los grupos de esta Comisión coincidan con el propósito de la enmienda presentada por nuestro grupo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reyes.

Y acto seguido, para el trámite de toma de posesión y en nombre de los respectivos grupos, tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Esta PNL del Grupo Popular va en el sentido radicalmente contrario a la que hemos visto antes de Compromís, sacraliza a las diputaciones y lo hace de forma demagógica, llega a decir que los que pretendemos la desaparición de las diputaciones lo hacemos por interés electoral para que desaparezcan los municipios y las provincias y que para el PP esto es una cuestión de respeto a las personas que viven en los pequeños y medianos municipios. Pues no, lo que queremos no es que desaparezca la cooperación municipal, lo que queremos es que eso pueda ser una decisión de cada comunidad autónoma, la decisión de cómo se organiza territorial. Por tanto, la pregunta de dónde pasamos sus funciones, bueno, pues en el caso de Cataluña sus funciones se pasarían, como era la previsión estatutaria, a las veguerías, en el caso de Valencia, como ha dicho antes el señor Baldoví, a las comarcas, porque es imprescindible que haya ámbitos de cooperación local y que sean lo más próximos posibles y que sean eficaces. Porque si no, miren, ¿qué pasa en las comunidades uniprovinciales, donde no hay diputaciones, nadie se ocupa de los pequeños y medianos municipios? Yo creo que no se puede hacer demagogia de esta manera.

Las comunidades autónomas que quieran mantener la fórmula diputaciones pueden mantenerla y las que no que la legislación estatal prevea regímenes especiales para, como decíamos en la anterior PNL, poder tener una fórmula de organización territorial más adecuada a su propia realidad. ¿Por qué no tenemos tener en Cataluña una veguería de las Terres de l'Ebre o del Alt Pirineu, que refleja mucho más cuál es la realidad social, económica y política de unos determinados territorios?

Tenemos que preguntarnos por qué le gusta tanto al PP esto de las diputaciones, y quizás sea por tres razones, la primera, porque es el vestigio del estado centralista y quizás ustedes añoran el viejo Estado centralista, el viejo Estado de la división provincial antes de la aparición del Estado autonómico. Recuerdo hace unos años unas declaraciones del señor Mariano Rajoy en las que decía que las comunidades autónomas deberían ser grandes diputaciones, dedicarse a las carreteras interesantes, a la cooperación local, subvenciones, etcétera, esa es su concepción del Estado autonómico y del autogobierno. Pues bien, las provincias, las diputaciones en su actual configuración es un vestigio de ese Estado centralista. En segundo lugar, las diputaciones son una administración de segundo grado, de legitimación indirecta, sus órganos de gobierno no son elegidos directamente por la ciudadanía, sino indirectamente, gestionan muchos recursos, pero no están sometidos o muy poco sometidos al control de la opinión pública, a los presidentes y presidentas de las diputaciones se les exige muy pocas explicaciones, mucha opacidad en este sentido. Y relacionado con lo anterior, y, en tercer lugar, en determinados territorios, y eso ha sucedido también en Cataluña y en otros territorios, a partir de las diputaciones se han creado redes clientelares y tramas de corrupción. Será por estas tres razones que a ustedes les gustan tanto las diputaciones.


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En definitiva, y termino, lo que creemos es que tienen que haber ámbitos de cooperación municipal y las comunidades autónomas tendrían que tener un papel a la hora de decidir cuáles son esos ámbitos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.

Señora Serrano, tiene la palabra, por el Grupo Socialista.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo va a presentar una enmienda in voce, que lamentamos que ya nos haya dicho de antemano el Grupo Parlamentario del Partido Popular, que es el proponente de esta iniciativa, que no va a aceptar. No obstante, le decimos al Grupo Parlamentario Popular que gracias por venir a defender el mundo rural, el mundo municipal y los pueblos pequeños y las diputaciones. La verdad que con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no deja uno de sorprenderse, porque, como ya hemos estado viendo aquí hoy mismo en esta Comisión a lo largo de toda la mañana y en el debate, a pesar de lo que sus señorías del Partido Popular manifiestan ahora, ustedes han cometido el mayor atentado a la autonomía local cuando estaban en el Gobierno, sin embargo, con esta iniciativa quieren convertirse en el mayor adalid del mundo rural y del municipalismo. Bienvenidos, por tanto, les reitero, a esta defensa, pero para defender el mundo rural y el municipalismo no solamente hace falta decirlo, sino también actuar con hechos y cuando gobernaban crearon normativas y leyes muy restrictivas para la autonomía municipal y también para las diputaciones y, si tanto les preocupaba ese mundo rural y las diputaciones, no entiendo esas restricciones al superávit, esa regla de gasto infame y la propia Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No es cuestión de reproducir aquí debates anteriores, pero sí deberíamos abordar una reforma integral de la Administración local, una reforma en profundidad. Y el Gobierno actual es sensible en esta cuestión, ahora bien, mientras no se den las condiciones políticas recuperará para los ayuntamientos y las diputaciones aquellas competencias que entendemos deben tener y nunca se les debió quitar y facilitará que ese superávit se pueda reinvertir en aquellas cuestiones que necesitan los ayuntamientos y, por tanto, las diputaciones par aprestar esos servicios a los municipios menores de 20 000 habitantes, que son tan necesarios, y que ahora mismo se lo impide la normativa.

También decirles al resto de fuerzas políticas, como Ciudadanos, Compromís o incluso Podemos, que desde un punto de vista económico las diputaciones no supondrían un ahorro efectivo al Estado, pues su desaparición no implicaría la disminución de cargos públicos y sus funciones, al final deberían ser realizados por otra administración u otros entes que se crearan a tal efecto, entonces, no tiene sentido destruir unos entes que ya están funcionando para crear unos nuevos que hagan las mismas funciones que los que ya tenemos, y desde un punto de vista jurídico para la eliminación de las diputaciones provinciales no bastaría con modificar una legislación en materia de régimen local, como planteaba la anterior Proposición no de Ley de Compromís, sino que se requeriría una reforma constitucional, lo que exige de amplias mayorías que no se dan en este momento ni en la Cámara ni en la sociedad. Por tanto, creemos que no es el momento de ese debate, sino es el momento de seguir apostando por el municipalismo y seguir apostando por los servicios que dan las diputaciones a esos pueblos pequeños.

Nosotros no estamos en contra de la filosofía que presenta el Partido Popular en su iniciativa, lo que sí queríamos es presentar esa enmienda in voce, que paso a leer para que conste en acta para mejorarla. (El señor presidente: Vaya terminando). Y término, señor presidente. Así, nosotros proponíamos que en primer lugar se reconozca el importante papel que realizan las diputaciones provinciales para garantizar el adecuado ejercicio de las competencias municipales, que permiten la efectiva autonomía local de todos los municipios, especialmente de los menores de 20 000 habitantes, así como la prestación de servicios públicos de forma igualitaria a toda la población, sin diferenciar por causas económicas, técnicas o de ubicación territorial, posibilitando la vertebración y cohesión territorial y el mantenimiento de la población en el ámbito rural, con igualdad de oportunidades con independencia de dónde se resida. En segundo lugar, se considera necesario que en el marco de una posible reforma de las Administraciones Públicas es imprescindible incluir la revisión del marco competencial y de financiación de las entidades locales y especialmente el de la necesaria modernización de las diputaciones provinciales, reivindicando su papel de apoyo a los municipios, especialmente a los menores de 20 000 habitantes, y revisando sus competencias para mejorar al eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos municipales, de conformidad con los principios de transparencia, democracia y racionalidad. Y, tercero, impulsar el estudio y debate de dicho papel de las diputaciones provinciales del siglo XXI, buscando el mayor grado de consenso y respaldo de todas las instituciones y entidades implicadas, en el entendimiento de que


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constituyen una escala transversal adecuada para generar consenso entre los diferentes intereses municipales afectados, así como para crear conciencia colectiva y aportar visión estratégica. Y, cuarto, dar traslado, como no puede ser de otra manera, de este acuerdo a las Presidencias del Congreso y Senado, para su remisión a todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a todas las federaciones de municipios que sean de las diferentes comunidades autónomas, y, por tanto, termino, presidente, llegar a un consenso en esa mejora. (El señor presidente: 5 minutos, 34).

Pues nada más. Agradeciendo su generosidad, muchas gracias por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy amable, pero ha quedado reflejada esa enmienda que no la habían aceptado, queda todo reflejado, con lo cual, no hay ningún problema.

Entiende la Presidencia que como ella misma ha dicho que no se le acepta, que no se acepta.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL DESTINADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003862).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última de las proposiciones no de ley que figuraban en el orden del día de hoy, por la que se insta al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Tiene la palabra el señor Marí para proceder a...

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro país es diverso y son diversas las realidades que desde el Gobierno de la Nación han de tratarse, hay que atender en unas zonas al despoblamiento, en otras a la superpoblación, hay que atender en unos territorios a regímenes económicos diversos y en otros a las desventajas de la insularidad o de la ultra "perificidad" o simplemente de hallarse, como Ceuta y Melilla, situados en un continente distinto. El Estado debe atender todo ello, señorías, y debe hacerlo con equidad, y el Estado lo hace, o debería hacerlo, a través del principio de solidaridad y en concreto atendiendo al mandato que impone la Constitución en su artículo 138, cuando dice que: "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular".

De eso trata esta Proposición no de Ley, señorías, de hacer efectivo el principio de solidaridad, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular y en concreto en el ámbito de nuestra función pública y de los empleados del sector público estatal en las Islas Baleares. Esta realidad de la insularidad ha venido siendo tratada desde antiguo en el ámbito de nuestra administración, reconociéndola, reconociendo los mayores costes de la insularidad, así como otros supuestos a través de la indemnización por residencia que figura como concepto retributivo de nuestros empleados públicos.

Señorías, los costes de insularidad que sufren los ciudadanos de las Islas Baleares son muy superiores a los que a fecha de hoy reconoce el Estado, hay una mayor carestía de la cesta de bienes de consumo y servicios y no solo se produce en las Islas Baleares una mayor carestía de la cesta de bienes y consumos y servicios, sino, derivado de esos efectos de la mayor insularidad, sino también que en los últimos años se ha producido un encarecimiento muy agudo de los precios del mercado inmobiliario. Todo ello hace que la provisión de plazas de empleados del sector público estatal en las Islas Baleares se vea muy dificultada por los costes crecientes derivados de esa insularidad. Señorías, hoy los empleados del sector público en Baleares son un 26 % menos que la media estatal, los que han estado al mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado conocen perfectamente las dificultades de provisión de policías y guardias civiles en nuestras islas, derivados de esos mayores costes de insularidad, de esa mayor carestía de la vida, de esa mayor carestía también del mercado inmobiliario. Y teniendo en cuenta estas y otras especiales circunstancias, es necesario favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que, como Islas Baleares, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, esto se sabe, se conoce, el Estado lo sabe, lo conoce, y por ello estableció el concepto retributivo de indemnización por residencia. Se sabe eso, se sabe que hay que actualizar también las cuantías, y lo que nos sorprende al Grupo Parlamentario


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Popular es que no lo sepa el Partido Socialista y presente la enmienda que presenta, que es básicamente no decir nada, se le va a caer la cara de vergüenza a la presidenta socialista del Gobierno de las Islas Baleares, la señora Armengol, que ustedes presenten esta enmienda, que básicamente no dice nada, cuando se ha dedicado durante cuatro años a lamentar y ahogarse en lamentos, pidiendo precisamente que se actualice la indemnización por residencia.

El Gobierno del Partido Popular, siendo muy consciente estos últimos años de la gravísima crisis económica que hemos padecido de retornar nuestro país a la senda del crecimiento y a la género de empleo, cuando hemos podido poner este país en crecimiento hemos también mejorado las condiciones laborales de nuestros servidores públicos, lo hicimos con el Pacto de interinidad para convertir interinos en fijos en nuestra Administración y, por lo tanto, dar estabilidad a las plantillas, lo hicimos con el Pacto de equiparación salarial de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo hicimos también con el Pacto retributivo de 8 de marzo de 2018. Ahora se trata, y es lo que pedimos, de que el Gobierno en 2018 haga el estudio que actualice dichas cuantías y que dota las partidas pertinentes en 2019. Y también se trata de reconocer la doble y triple insularidad de las islas menores, como tienen reconocida esa doble y triple insularidad las islas menores del archipiélago canario desde hace muchos años, señorías.

Por tanto, yo les pido su voto afirmativo a esta Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí.

A continuación, interviene para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista la señora López.

La señora LÓPEZ SOMOZA: Muchas gracias, presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender la enmienda que presentamos a esta Proposición no de Ley. Señorías, en mi grupo nos tomamos en serio, muy en serio, a los empleados públicos, porque fueron gobiernos socialistas los que han desarrollado en nuestro país el estado de bienestar y los servicios públicos, fueron gobiernos socialistas los que incrementaron los catálogos de policías y guardias civiles, los que dignificaron el ejercicio de la vocación de millones de personas hacia la ciudadanía de su país, aprobando el Estatuto básico del empleado público y son gobiernos socialistas los que a fecha de hoy están comprometidos con la modernización de nuestra Administración Pública y con la mejora continua de la situación de sus empleados.

Por esta razón, señorías, los socialistas, mi grupo, mi partido, nunca hará electoralismo con los empleados públicos, porque, verán, podemos compartir, y compartimos además, que es evidente que existen territorios con indemnizaciones por residencia más elevadas, ahora bien, la estabilidad de los puestos de trabajo también es menor. Pero lo que nos sorprende son sus prisas, señorías del Grupo Popular, durante los seis primeros meses de este año, es decir, gobernando su partido, y tras siete años de recortes de servicios públicos y de sus empleados, ustedes no han presentado ni una sola iniciativa en relación a este tema. Ahora, a pocos meses de unas elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular ha descubierto que, en por lo menos, en Baleares, como en el resto de España, han subido los precios del alquiler y que además se han encontrado de repente que han subido los precios de la cesta de los bienes de consumo y los hogares españoles. Lo más sorprendente es que después de que allí donde pudieron y gobernaron fueron enemigos de la estabilidad y del ejercicio digno de la función pública, con recortes, con congelación de salarios, con eliminación de plazas, ahora se autoproclaman los defensores de los empleados públicos de nuestro país.

Nos traen hoy al debate una iniciativa que pretende revisar las cuantías por indemnización de residencia, en este caso en Baleares, sin embargo, esta iniciativa llega tarde, este Gobierno ha puesto en marcha un incremento salarial del 1,75 % en el año 2018, está previsto el 2,25 % en 2019 y el 2 % en el año 2020. A ello hay que sumarle además la parte variable, que estará en función del crecimiento de la economía. Les suena, ¿verdad? Porque está dentro del segundo acuerdo para la mejora del empleado público, que fue en marzo de este año, pero que ha sido mi partido el que lo ha puesto en marcha. Pero no solo llega tarde, lo que es peor, esconde un modelo ideológico, su modelo, señorías, ignora que la mejor política sobre las condiciones laborales es aquella que aparte de los derechos básicos, se desarrolla a través de una negociación colectiva, como lo hace la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, por cierto. Además, ignora otra cosa, cualquier incremento tiene que reflejarse en unos presupuestos y hoy por hoy no les veo muy dispuestos a apoyar los que el Gobierno ha anunciado


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y donde está, por cierto, incluida esta medida. ¿O es esta PNL un cambio de postura? Señores del Partido Popular, ¿están intentando tratar de anunciarnos algo?

Concluyo, presidente. Somos sensibles a las demandas de los empleados públicos, por eso apostamos por la mejora de sus condiciones laborales y salariales, somos conscientes de que residir en un determinado territorio puede suponer un coste adicional para los empleados públicos que prestan servicio allí, compartimos la necesidad de mejorar sus condiciones, pero hagámoslo bien, desde la negociación colectiva y con el rigor presupuestario sin electoralismo. En esta línea es en la que va nuestra enmienda, en la que les pido su apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

El señor Baldoví, por el Grupo Mixto, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegación).

Tiene la palabra para el trámite de toma de posesión la señora De la Concha.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Gracias, presidente. La insularidad genera una serie de inconvenientes sobre movilidad, promoción personal y laboral y un incremento den el coste de la vida, por ese motivo existe un número elevado de denuncias y peticiones de traslado de los trabajadores de la Administración General del Estado destinados en Baleares, el resultado es que las Illes presentan un 26 % menos de efectivos que la media de las comunidades autónomas equiparables.

Con el objetivo de paliar estos efectos ya en el año 1965 se creó un complemento de indemnización por residencia de carácter compensatorio y no retributivo, que actualmente no da respuesta a las necesidades reales, ya que no se calcula en base a datos económicos objetivos y es claramente discriminatorio. Saludamos la iniciativa que trae hoy aquí el Partido Popular para aumentar las indemnizaciones a los funcionarios destinados en Illes Balears, pero, no obstante, no deja de llamarnos la atención que traigan esta iniciativa precisamente en estos momentos cuando hasta hace muy poco se encontraban en el Ejecutivo con la mayoría parlamentaria para haber aprobado una medida así sin mayor problema. Nos llama la atención poderosamente el hecho de que no se incluyese en el instrumento jurídico especialmente creado para la implementación de medidas economías de este tipo, como eran los Presupuestos Generales del Estado 2018, y que se proponga que se incluya ahora en los del 2019 mediante una PNL en vez de vía enmiendas.

Nuestro Grupo Confederal presentó diversas enmiendas en este sentido, no solo para Illes Balears, sino también para la Islas Canarias, enmiendas que, evidentemente, no fueron aprobadas por su grupo parlamentario ni por sus socios de facto en el Gobierno, Ciudadanos. En ellas, entre otras cosas, se solicitaba específicamente para el territorio de Illes Balears la adopción de medidas tendentes a paliar la gravísima situación deficitaria de las islas en lo referente al número de empleados públicos de sus diversas administraciones, que es alarmantemente escaso en determinados sectores, como el de la Administración de Justicia, por ejemplo, el personal del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Palma se ha visto suspendido de actividad por falta de personal, pendiente también el aumento de 10 plazas de inspectores de trabajo, cifra mínima para controlar un sector como el terciario y turístico, masivo en las islas en determinadas épocas del año. Se trata de ámbitos de actuación, la violencia de género y la precariedad laboral, absolutamente determinantes para el conjunto de la sociedad balear. Es también muy extraño que sea ahora cuando lo plantean, después de las graves consecuencias de los fenómenos meteorológicos que tanto daño han hecho al archipiélago en los últimos meses. Parece una manera de apuntarse un tanto ahora que no están en el Gobierno central y que ya no pueden aparecer como los grandes salvadores y tienen que buscar otras maneras de figurar frente a una sociedad como la balear, que cada vez les va arrinconando electoralmente. Lo que se necesita, lo que es imprescindible para que el personal público recupere su nivel retributivo, (el señor presidente: Vaya terminando, por favor), y su calidad de vida y estatus laboral, no son este tipo de medidas parciales, sino que se derogue definitivamente toda la normativa aprobada por ustedes, teóricamente para luchar contra la estabilidad presupuestaria y que en realidad solo ha servido para depreciar la calidad del sector público de este país y de los hombres y mujeres que lo componen y que lo mantienen gracias al gran sacrificio económico y personal que llevan a cabo día a día. Nos cuesta mucho votar a favor de iniciativas que nos suenan a tomadura de pelo, así que en esta ocasión nos abstendremos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra en el trámite de toma de posición el señor Navarro, del Grupo de Ciudadanos.


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El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Asistimos con cierta sorpresa a un espectáculo singular, como se ha cambiado el Gobierno sin haber unas elecciones, como no ha habido solución de continuidad, podemos ver cómo Gobierno y oposición, el PP y el PSOE, siguen en el mismo baile, pero han cambiado de posición en las parejas, lo que antes todo era generosidad por parte del PSOE, ahora la tiene el PP, y más cuando se acercan las elecciones.

Dicho esto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa por tres razones, la primera, se ha dicho, son los graves problemas que tenemos en Baleares para atraer personal, se multiplican las renuncias y se multiplican los traslados. En primer lugar, por el alto coste de la vida y muy especialmente por el coste de la vivienda, creo que todos saben que la situación en Ibiza es particularmente dramática, es muy, muy difícil atraer trabajadores y, por si fuera poco, la presidenta Armengol añade otras dificultades de su cosecha, me refiero a su empeño en anteponer las políticas identitarias a los derechos de los ciudadanos, que ya han provocado una fuga de médicos, en Ibiza, una vez más, se han quedado sin neuropediatra, últimamente a los funcionarios de limpieza también se les exige dominio del catalán como requisito, se les exige a todo el mundo, por cierto, incluso a los (el señor presidente pide silencio). Gracias, presidente. Digo que se le exige a todo el mundo, incluso a los técnicos en anatomía patológica, que son los encargados de analizar tejidos y cadáveres, pero bueno, esto es lo que hay.

La segunda razón es que se refiere a los funcionarios de la Administración General del Estado, que son, junto con el personal de sanidad, los que más están padeciendo el problema, tanto Policía como Guardia Civil como personal de los juzgados y personal de prisiones, nos hemos reunido con todos ellos en Baleares y consideramos que sus reivindicaciones son legítimas. Ya hablaremos más adelante del personal de sanidad. Y la tercera razón es que, sin querer hacer un discurso de agravio, aun considerando la lejanía y la condición de territorio ultraperiférico, lo cierto es que la diferencia con el plus de Canarias, con las indemnizaciones por residencia en Canarias, son enormes y creemos que es necesario cerrar un poco esa brecha.

Por todo ello, como decíamos, vamos a apoyar la iniciativa, que, a fin de cuentas, nos parece necesario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.

Señor Marí, ¿acepta o rechaza la enmienda del Grupo Socialista?

El señor MARÍ BOSÓ: No la aceptamos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí.

Vamos a proceder a las votaciones.

A la Mesa nos genera todavía la incertidumbre sobre si el Grupo Parlamentario Ciudadanos acepta las enmiendas pendientes en la proposición que se ha visto en el punto del orden del día sexto.

El señor ROLDÁN MONÉS: Aceptamos la enmienda número 2 planteada por el Partido Popular, el punto 2 de la enmienda del Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a las votaciones. Hemos estado esperando un tiempo prudencial.

VOTACIONES:

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la Proposición no de Ley relativa a la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, número de expediente 161/001334/0000). Se va a votar la Proposición no de Ley con la enmienda del Grupo Podemos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de Ley sobre el tratamiento de las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado. Se somete a votación la Proposición de Ley en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de Ley relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Se repite la votación, al amparo del 88.2, 88.1, en relación con el 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En segunda votación ha sido rechazada.

Proposición no de Ley sobre el rescate integral de la Función Pública. Se somete a votación la Proposición no de Ley con la enmienda del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de Ley relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para iniciar el diálogo para la transferencia de competencias pendientes a Galicia.

Hay una enmienda transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El punto sexto del orden del día, por tanto, sometemos a votación la Proposición no de Ley sobre la necesidad de despolitizar la Administración Pública y la necesidad de Estatuto del Directivo Público, con el punto segundo de la enmienda del Grupo Popular. Se somete, por tanto, en esos extremos la Proposición no de Ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 9; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto séptimo del orden del día, Proposición no de Ley sobre la eliminación de las diputaciones, con la enmienda de Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto octavo del orden del día, Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la labor de las Diputaciones Provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 11; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, pasamos a votar la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Se va a votar en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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