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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 15, de 15/11/2016
cve: DSCD-12-PL-15
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 15
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 14
celebrada el martes,
15 de noviembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- De las Cortes de Aragón, por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 4-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 125/000001) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 11-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000001) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000135) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 12 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000004) ... (Página31)


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Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2.º del Reglamento:

- Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2.º del Reglamento. (Número de expediente 023/000001) ... (Página42)

Declaración institucional:

- Declaración institucional de apoyo a la construcción del Telescopio de Treinta Metros y la instalación de este proyecto en las islas Canarias. (Número de expediente 140/000005) ... (Página47)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página47)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página48)

SUMARIO

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

La señora doña Carlota Merchán Mesón adquiere la condición plena de diputada al prestar acatamiento a la Constitución.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)

De las Cortes de Aragón, por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil ... (Página5)

En turno a favor intervienen la señora Herrero Herrero, del Grupo Parlamentario Aragonés; el señor Briz Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Vallés Cases, del Grupo Parlamentario Popular, representantes de las Cortes de Aragón.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; los señores Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Moya Matas y Luis Bail, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Galeano Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página18)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (Orgánica) ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Cruz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón y Baldoví Roda, y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Hace uso de la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo).

Proposiciones no de ley ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un Pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género ... (Página31)

Defienden las proposiciones no de ley las señoras González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Alli Martínez y la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición las señoras Oramas González-Moro, Beitialarrangoitia Lizarralde y Ciuró i Buldó, del mismo grupo; las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Álvarez Álvarez.

Hace uso de la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).


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Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2.º del Reglamento ... (Página42)

Informe acerca del cumplimiento del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2.º del Reglamento ... (Página42)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) presenta el resumen del informe sobre el cumplimiento del presupuesto de la Cámara.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Intervienen los señores Rufián Romero y Heredia Díez.

Declaración institucional ... (Página47)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos de apoyo a la construcción del Telescopio de Treinta Metros y la instalación de este proyecto en las islas Canarias.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página47)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil, se aprueba por 289 votos a favor y 54 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (Orgánica), se aprueba por 208 votos a favor, 133 en contra y 2 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la enmienda transacional a las proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un Pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género, se aprueba por 344 votos a favor.

Se levanta la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, pregunto a doña Carlota Merchán Mesón si jura o promete acatar la Constitución.

La señora MERCHÁN MESÓN: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias y enhorabuena. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN CON EL ESTATUTO PERSONAL Y DE VECINDAD CIVIL. (Número de expediente 125/000001).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto primero del orden del día, relativo al debate de toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil. Es por ello que nos acompañan tres representantes de las Cortes de Aragón que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy, en nombre de toda la Cámara, la bienvenida.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer término, la señora Herrero Herrero. (Rumores).

Silencio, por favor.

La señora REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Herrero Herrero): Gracias, presidenta.

Es un honor subir a esta tribuna en esta primera intervención de la iniciativa que abre el primer Pleno ordinario de la legislatura. Intervengo como representante de las Cortes de Aragón y como diputada del Partido Aragonés, impulsor además de la iniciativa que hoy defendemos. Esta es una de tantas aportaciones que este pequeño gran partido, el PAR, con nuestra singular opción de ser aragonesistas de centro, sin perder el sentido de Estado y desde esta tierra de gente noble -el viejo Reino de Aragón, pueblo milenario de hondas raíces, nacionalidad histórica incuestionable- hemos hecho a España y a los españoles. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Herrero Herrero): En Aragón, hablar de identidad es hablar de nuestro derecho propio, del derecho foral que históricamente ha presidido nuestra convivencia, como manifestó el insigne Joaquín Costa. Los aragoneses nos definimos por nuestra ley, así ha sido desde hace mil años y así lo sentimos los aragoneses hoy en día. Somos una sociedad en la que los principios inspiradores de nuestro derecho foral -el pacto, la libertad y la lealtad- se han convertido en rasgos definitorios de nuestra personalidad colectiva e identitaria. Pueden reconocer estos principios rectores en nuestra historia más reciente y en el día a día en el devenir sociopolítico de Aragón con España.

Hoy venimos aquí a hablar de vecindad civil y a proponerles un cambio en el Código Civil, un cambio, a nuestro juicio, muy sensato. Estoy segura de que mucha gente no es consciente de su vecindad civil y de la utilidad de esta. En muchas ocasiones se desconoce, hasta que uno se lleva la sorpresa -especialmente en el caso de haber perdido la vecindad originaria ante un asunto hereditario, de régimen económico matrimonial, de viudedad o de régimen familiar- de que las leyes civiles que le afectan no son las que creía. En España coexiste el derecho común con el derecho foral, especialmente en aquellos territorios que, en virtud de su historia, lo tengan. En Aragón, además de conservar nuestro derecho foral, lo hemos desarrollado y tenemos leyes propias de eficacia personal que se aplican día a día y que tienen su repercusión en aspectos cotidianos de las personas.


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Hete aquí nuestro Código del Derecho Foral aragonés. (Muestra un ejemplar). Estas son nuestras leyes, estas son las leyes que se aplican a los aragoneses, a los aragoneses con vecindad civil; estas y no otras, y estas queremos que se les sigan aplicando. No se trata simplemente de una cuestión de permanencia en nuestra legislación de instituciones antiquísimas como la fiducia, el pacto sucesorio o la viudedad universal, se trata también de leyes tan vanguardistas o actuales como la Ley conocida como de custodia compartida, impulsada también por el Partido Aragonés, con la que, como saben, fuimos pioneros en Aragón. Son leyes, todas ellas, que afectan a las personas en función de su vecindad civil y no en función del lugar en el que viven.

Según establece el Código Civil, la vecindad civil, entre otros supuestos, se adquiere por residencia continuada de diez años sin declaración en contrario durante ese plazo. Esto es totalmente injustificable, es injustificable que, de forma automática, se pierda la vecindad civil que se tuviera previamente desde el silencio, el desconocimiento y la involuntariedad, sin ninguna averiguación de si se quiere o no cambiar de régimen jurídico y de estatuto personal. También planteamos, en relación con la adquisición de la vecindad civil de los hijos, que, una vez cumplidos los catorce años y hasta que transcurran cinco años desde su emancipación, puedan optar no solo por la última vecindad civil de cualquiera de sus padres, sino también por la vecindad civil que originariamente estos pudieran haber tenido. Los hijos deben poder conservar la opción de reivindicar su origen foral con independencia de que sus padres se hayan trasladado a otra comunidad. Además, proponemos un régimen transitorio para que todas aquellas personas que hubieran perdido la vecindad civil sin haberlo deseado puedan recuperarla.

Señorías, somos una comunidad autónoma poco poblada y extensa, y no nos gustan los conflictos, pero defendemos con terquedad las causas justas cuando nos sentimos indebidamente agraviados o amenazados. Hace justamente ahora -en este mes- doce y diez años respectivamente que una delegación del Parlamento aragonés -como hoy- defendió en esta tribuna sendas propuestas, reivindicando un trato financiero justo para Aragón. Señorías, nos dieron la razón y con eso nos quedamos. Les brindamos, para que lo hagan suyo, este principio tan querido y tan nuestro de lealtad: standum est chartae, estar a lo pactado, para que hoy, además de darnos la razón, nos ofrezcan el compromiso de llevar a cabo efectivamente esta modificación con los matices que, por supuesto, puedan considerar en su tramitación.

Muchas gracias, señorías. Espero que traten con cariño y con afecto esta proposición, y aprovecho para saludar especialmente a los diputados y diputadas aragoneses, a las senadoras aragonesas y a la delegación de las Cortes de Aragón que nos acompañan. Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Briz Sánchez.

El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Briz Sánchez): Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Es un honor defender una propuesta de Aragón en el Congreso de los Diputados en un momento clave político en el que se está debatiendo la arquitectura institucional de España. Muchas gracias, señorías.

Siguiendo la estela de relevantes compañeros aragonesistas que han dejado su impronta en esta Cámara como José Antonio Labordeta, Chesús Yuste y el querido Emilio Gastón, me dirijo a ustedes. Creo que es absolutamente innecesario que destaque la importancia del derecho foral aragonés, un símbolo de identidad de los aragoneses para Aragón. Quiero remontarme a cuando Felipe V derogó en 1707 los fueros de Aragón por derecho de conquista. En ese momento, Aragón desapareció como sujeto político -muy moderno este concepto-; dejó de ser un país independiente, fue incorporado a Castilla. En ese momento, Aragón perdió sus instituciones propias: las Cortes, la Diputación del Reino, el Justicia, nuestro derecho financiero, nuestro derecho local; en definitiva, el derecho público, algo que conseguimos recuperar hace unos años. Pero el derecho civil, el derecho que regula las relaciones de los particulares entre sí, jamás lo perdimos. Nunca los aragoneses nos hemos regulado por un derecho diferente del nuestro; jamás, a pesar de ser un país independiente como he dicho antes, con los fueros y observancias después, con el apéndice y después con la compilación, después con leyes aprobadas en estas Cortes, y finalmente, con el Código de Derecho Foral, que hoy venimos aquí a defender. Así que, desde luego, es algo esencial en la vida jurídica y en la vida diaria de los aragoneses, aunque la Constitución española atribuye, en el artículo 149.1.8.ª, a las comunidades autónomas "la conservación, modificación


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y desarrollo [...] de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan", como sucede con el derecho foral aragonés.

Hay también una reserva y competencia exclusiva del Estado para resolver los conflictos de leyes interregionales que puedan existir. El Tribunal Supremo en sentencias reiteradas ha declarado que las normas sobre vecindad civil tienen naturaleza imperativa, de modo que la adquisición, la pérdida y el cambio de vecindad se rigen por las normas establecidas en el título preliminar del Código Civil. En todo caso, esta proposición de ley pretende modificar el Código Civil del Estado español, por eso debe tramitarse en esta Cámara. Esta es una ley positiva para los aragoneses y las aragonesas del presente y del futuro.

Hay cien mil afectados por la pérdida de vecindad civil en este momento. El objetivo de esta proposición de ley es que la vecindad civil no se pierda involuntariamente, señorías, sino que solo se pueda adquirir una vecindad civil voluntariamente, es decir, que no se pierda directamente, sin saberlo, por residencia continuada de diez años, y que únicamente pueda adquirirse una vecindad civil, y lógicamente perder la que se tenga en ese momento, con voluntad, con declaración de voluntad después de dos años de residencia. En definitiva, señorías, lo que se plantea es cambiar el régimen, que solo haya adquisición voluntaria de la vecindad civil y no haya pérdida involuntaria de la misma.

En todo caso, nos parece muy interesante la reforma del artículo 14.3, de tal forma que la pérdida de la vecindad civil por los padres no influya en el hijo, que el hijo pueda seguir recuperando la vecindad civil aragonesa perdida por los padres, aquello que decíamos del derecho de sangre. Esta propuesta es compartida por Chunta Aragonesista, pero pensábamos que faltaba una parte. En todo caso se solucionaba el futuro, nadie perdía en el futuro sin querer la vecindad civil, pero no se solucionaba la situación de aquellos aragoneses y aragonesas que ya habían perdido su vecindad por residencia continuada de más de diez años fuera de Aragón, incluso sin saberlo. Ya hicimos una enmienda en la Ley de comunidades aragonesas a través de una transacción. Se quedó en una disposición adicional cuarta, según la cual se promoverán -decía- las actuaciones necesarias al objeto de que quienes hayan perdido la vecindad civil aragonesa puedan recuperarla. No se había hecho nada todavía y hoy es cuando se va a dar cumplimiento a esta previsión legal.

En definitiva, lo que se debe tomar en consideración hoy para conseguir que después no se pierda involuntariamente, como planteaba el Partido Aragonés, es que se pueda recuperar, como proponía Chunta Aragonesista, a través de un régimen de seguridad jurídica con tres requisitos: que se haga constar en el Registro Civil, no deberá ser reiterada y por supuesto... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Briz.

Señorías, por favor, guarden silencio.

Continúe, señor Briz.

El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Briz Sánchez): Decía que no debe ser reiterada y, por último, no puede ser revocada una vez que se ha hecho la declaración.

Termino. Esto es lo que hoy deberíamos tomar en consideración. Es una ley muy importante. Estamos hablando de algo que, como digo, llevamos quince años planteando en el Parlamento aragonés y que tiene mucha repercusión en la mayoría de edad, en el matrimonio, en el consorcio conyugal, en la fiducia, en la viudedad, etcétera.

Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Aragonés esta proposición y las enmiendas apoyadas mayoritariamente en el Parlamento aragonés.

Quería terminar con un mito aragonés, que es Joaquín Costa, que en un rinconcico del mundo, en Graus, durante la mayor parte de su vida gritó las verdades y representó el pundonor insobornable del arquetipo aragonés. Cuando se lo llevaban a Madrid para enterrarlo, se lo quedaron en Torrero, y Bescós le dedicó este epitafio que quiero leerles a ustedes para que no ocurra esto aquí: "Aragón a Joaquín Costa. Nuevo Moisés de una España en éxodo. Con la vara de su verbo inflamado alumbró la fuente de las aguas vivas en el desierto estéril. Concibió leyes -como les traemos desde Aragón- para conducir su pueblo a la tierra prometida." Lo que pasa es que "no legisló".

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Vallés Cases.


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La señora REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Vallés Cases): Gracias, señora presidenta.

Señorías, comparto con mis compañeros diputados de las Cortes de Aragón el sentimiento de responsabilidad y el honor que supone poder dirigirme esta tarde a todos ustedes, representantes de la soberanía nacional. Como ya han expuesto brillantemente mis compañeros, nuestro papel aquí es sencillo y complicado a la vez. Es sencillo porque se trata de defender un acuerdo unánime de las Cortes de Aragón de 4 de diciembre de 2014, por el que se aprobó esta proposición de ley, y la defendemos con argumentos políticos, históricos y jurídicos. Y es complicado porque debemos convencerles para su toma en consideración en un momento de complejidad de los equilibrios políticos de esta Cámara. Somos conscientes de que estamos hablando de modificar puntualmente el Código Civil, y tanto ustedes como nosotros somos conocedores de las tácticas parlamentarias legislativas. Pero ello no nos puede hacer reblar ni a ustedes ni a nosotros dada la importancia de esta iniciativa. Así que les pido su voto favorable y, si es posible, la unanimidad alcanzada en Aragón.

Esta iniciativa, como ya se ha dicho, tiene por objeto la modificación de algunos criterios de adquisición y variación de la vecindad civil, con un fundamento y finalidad principal, como es adecuar su regulación a nuestra realidad y conciencia social. Hoy nadie puede defender que se pueda modificar el estatuto personal de cualquier ciudadano sin que este haya manifestado su voluntad al respecto, simplemente por el transcurso del tiempo y su residencia en otro territorio. Debemos recordar que la vecindad civil junto a la nacionalidad son los conceptos jurídicos que determinan nuestro estatuto personal. Como todos sabemos, para adquirir una nacionalidad o para perder la existente, siempre se exige la manifestación clara de la voluntad.

Señorías, la vecindad civil se recogió por primera vez en el vigente Código Civil de 1889, como criterio de defensa y mantenimiento de uso de los derechos forales, ante la corriente centralista francesa de codificación única del derecho civil, de tal manera que la vecindad civil determina la aplicación del derecho civil a cada uno de los ciudadanos españoles, sea este el derecho civil común o cualquiera de los derechos forales vigentes en España. Con esta regulación, el derecho foral pasa a tener naturaleza personal y no territorial, algo que se mantiene en nuestra Constitución de 1978, distinguiéndose claramente la vecindad civil de la vecindad administrativa, que sí tiene un componente fundamentalmente territorial, como no podía ser de otra manera, pues recoge la regulación de los derechos políticos y la acción administrativa, derechos forales que, lejos de ser reminiscencias del pasado, siguen vigentes, están desarrollados, algunos codificados y enraizados en la tradición y costumbre de gran parte de los españoles. De hecho, señorías, 194 diputados de estas Cortes tienen vecindad civil en un territorio con derecho foral o bien representan territorios donde el derecho foral regula importantes ámbitos de la persona, de las relaciones de familia, del régimen económico-matrimonial, de las sucesiones o de algunos derechos reales. Estamos hablando de garantizar que instituciones jurídicas, como el pacto sucesorio o el usufructo viudal aragonés, el régimen económico de separación de bienes catalán, el estatge balear, la administración de bienes del ausente o la veciña gallega, la unidad familiar y el régimen de conquistas navarro, la libre disposición de bienes vasco, por mencionar algunas, y sin olvidarnos de las especialidades de uso de Valencia y la comunidad universal de bienes en el territorio de Baylío, en Extremadura, unido al importante trabajo desarrollado por los diferentes parlamentos territoriales en defensa y mantenimiento de nuestra identidad y tradición jurídica, que es el derecho foral, que estas instituciones jurídicas, nuestro derecho foral nos acompañe, si es ese nuestro deseo, cualquiera que sea nuestro lugar de residencia o que puedan ser asumidos voluntariamente y por convicción por quienes vivan en estos territorios, desterrando de la regulación vigente desde hace ciento veintisiete años -ahí es nada- la adquisición automática por residencia continuada de diez años.

Señorías, los tiempos han cambiado. Hemos pasado de una movilidad estable a una movilidad social y laboral muy variable a lo largo de nuestra vida. Además del importante argumento de preservar el derecho a decidir, que modifica la Ley personal, que ya de por sí bastaría para aceptar esta iniciativa, también se encuentra el principio de seguridad jurídica que inspira nuestro ordenamiento. Dado que la vecindad civil determina importantes ámbitos del estatuto personal del tráfico privado, que puede afectar a terceros de buena fe, es necesario dotarle de suficiente garantía jurídica, algo que se mejora en esta propuesta legislativa, pues la vecindad civil solo se adquirirá por nacimiento -y la prueba de lugar de nacimiento es clara e inequívoca, basta presentar el documento nacional de identidad- o por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste que es esa su voluntad, constando en el Registro Civil, que es un registro público, desapareciendo las dificultades de la prueba de residencia


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continuada o no durante diez años, que ha sido objeto de diferentes sentencias del Tribunal Supremo en cuanto a medios y evidencias de prueba. La defensa del derecho a manifestar nuestra voluntad ante la posible variación de nuestra vecindad civil y la seguridad jurídica también determina el resto de las disposiciones previstas en esta propuesta legislativa.

Señorías, terminaré como he empezado, pidiendo su apoyo a una propuesta que viene de una tierra que tiene el derecho como seña de identidad y donde los acuerdos y la concordia han sido clave y enseñanza de nuestra historia y de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, en primer término, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Damos la bienvenida a los representantes del Parlamento aragonés en el debate y la defensa de hoy de esta iniciativa que nos traen a esta Cámara. El partido al que represento, el Partit Demòcrata de Catalunya, nunca se ha opuesto a tramitaciones de cuestiones procedentes de otros parlamentos, porque no hay nadie mejor que ellos para defender lo que convenga a sus intereses. Por tanto, respetamos al máximo todas las iniciativas que vienen de los parlamentos autonómicos. Además, una admisión a trámite es eso, una admisión a trámite, una iniciativa que entra en esta Cámara para someterse a la consideración de un trámite parlamentario en el que se van a presentar diferentes enmiendas y mejoras del texto, atendiendo cada uno a aquello que considera que debe defender.

Digo esto porque en este caso nos cuesta admitir a trámite esta cuestión. Desde la solidaridad y el respeto máximo al derecho foral aragonés, como no puede ser de otra manera, las realidades del pueblo aragonés y del pueblo catalán son realmente distintas. Nosotros en este caso somos tierra de acogida y hasta ahora, como tierra de acogida que somos -nos orgullece hacer bandera de ello-, no ha habido ni se ha presentado ningún tipo de problema a la hora de aplicar el Código Civil en los términos en que se ha hecho, es decir, en lo que respecta a la cuestión de la vecindad civil. No ha habido ningún problema por parte de los operadores jurídicos ni ninguna demanda por parte de los distintos agentes intervinientes en cada cuestión en la que se susciten temas que afecten a los derechos personalísimos de los ciudadanos y, por tanto, nunca hemos tenido la necesidad de plantear esta cuestión aquí, porque realmente no es algo controvertido. Al contrario, hay un consenso generalizado en cuanto a que la vigencia del Código Civil aporta seguridad jurídica. El hecho de un arraigo de diez años o más a una tierra parece que manifiesta voluntad de cierta permanencia, al menos por un tiempo, por lo que parece lógico que opere aquel derecho vigente en aquella tierra a la cual se desplaza. Pero ya digo que no es una cuestión a la que nos queramos oponer, sino que simplemente vemos el tema desde distinta perspectiva.

Les anuncio que si la tramitación concluye en los términos en que se ha presentado, nuestro voto el día en que esto se produzca será en contra de la modificación, pero estamos abiertos a defenderla, a trabajarla y a respetar todo aquello que persigue el Parlamento aragonés sin que por ello tengan que verse afectados otros tipos de derechos forales de otras zonas en las que no ha habido ningún tipo de problema en la aplicación del Código Civil. Por tanto, presentaremos las enmiendas que consideremos mejores para encontrar la máxima satisfacción por parte de todos los agentes intervinientes, porque al final la política es esto, presentar los problemas desde distintos puntos de vista, buscar soluciones, aportarlas y conseguir que el bien común sea el que impere desde el respeto a aquellas especificidades de cada tierra, que por supuesto lo único que hacen es enriquecer aquel territorio que puede tener tanta variedad lingüística, jurídica, etcétera. Nuestro voto será de abstención en esta cuestión y esperaremos a ver cómo evoluciona en el trámite parlamentario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

El sistema jurídico español en materia de derecho civil se ubica en el grupo de los ordenamientos complejos o pluralistas, en el que conviven distintas legislaciones civiles, esto es, el llamado derecho civil común y los llamados derechos civiles forales o especiales en ciertas comunidades autónomas, convivencia


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de distintas legislaciones civiles que conlleva la presencia de conflictos internos de carácter interterritorial entre estos ordenamientos. A fin de solucionar estos conflictos, es preciso determinar tres cuestiones: cuál de ellos será aplicable a determinadas relaciones jurídicas, determinar las normas que delimitan la vigencia temporal de las distintas legislaciones civiles y, por último, determinar el ámbito personal; es decir, las personas que están sujetas al derecho común y las que están sujetas a cada uno de los derechos civiles forales o especiales.

De conformidad con el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, es el Estado el competente para establecer las normas de convivencia de estos ordenamientos civiles y para establecer un sistema único estatal de derecho interregional, a fin de asegurar un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles y una posición de paridad o igualdad entre todos ellos y, en definitiva, los puntos de conexión conforme a los cuales han de articularse aquellas reglas. A tal fin, es el Código Civil el que ha establecido las normas para resolver los llamados conflictos interregionales de leyes civiles. Entre ellas, es la de la vecindad civil de las personas físicas la norma clave y el elemento básico para la determinación del ordenamiento civil aplicable. Así como la nacionalidad en el derecho internacional privado lo es para determinar la ley personal, la vecindad civil de las personas físicas determina la ley personal en el derecho interregional privado. La vecindad civil, en definitiva, determina la pertenencia al círculo o comunidad de personas que se rigen por el mismo ordenamiento civil. Así, la vecindad civil es el punto de conexión que determina el estatuto personal de los ciudadanos, su estatus civil con respecto a los distintos ordenamientos civiles vigentes en España y, al definir la ley aplicable, influye en la capacidad de obrar de las personas, origina ciertos derechos y deberes de familia y de otra naturaleza y rige la sucesión mortis causa.

El Código Civil, para determinar la vecindad civil de las personas físicas, tanto para su adquisición como para su pérdida y cambio, establece una serie de normas que son imperativas. Algunas de ellas son objeto de esta proposición de ley a efecto de su modificación; en concreto, las que rigen la adquisición de la vecindad civil con posterioridad al nacimiento, bien por opción o bien por residencia, y sin que la reforma pretendida afecte a los modos originarios de su adquisición ni a la posterior adquisición derivada de las relaciones conyugales.

La vecindad civil adquirida por opción, en su actual regulación, tiene dos limitaciones que se pretenden solventar. La primera es el plazo para ejercitar la opción por el hijo una vez que haya cumplido los catorce años y hasta transcurrido un año desde su emancipación, tiempo que se considera escaso, puesto que en el supuesto de la emancipación a los dieciséis años, solo contaría con tres años para realizar la opción. Por ello, se considera que el plazo debiera ampliarse respecto al vigente en cuatro años, que sumados al año actual, darían un nuevo plazo de cinco años. La segunda limitación que nos encontramos en el actual Código Civil se refiere al objeto de la opción. En la redacción actual se puede optar por la vecindad civil del lugar de nacimiento o por la última de cualquiera de sus padres, lo que se quiere sustituir por la vecindad civil que hubieran tenido cualquiera de sus padres, no por la última de cualquiera de sus padres. Entendemos que esto es más favorecedor para la recuperación del derecho civil foral que cualquiera de sus padres hubiera podido tener en cualquier momento.

También se propone otro cambio, que es suprimir el supuesto de adquisición de la vecindad por residencia continuada de diez años, al considerar que la adquisición ipso iure, cuando no se haya hecho manifestación en contra, afecta a la buena fe y a la seguridad jurídica. Así, se deja el precepto con el único supuesto de la adquisición por residencia de dos años, siempre que el interesado manifieste que esa es su voluntad, es decir, solo debe tenerse en consideración la autonomía de la voluntad.

Por último, y como clausura del cierre, se propone una disposición transitoria para la recuperación de la vecindad para aquellas personas que la hubieran perdido por residencia continuada de más de diez años sin declaración en contrario y, obviamente, por su desconocimiento.

En definitiva -y concluyo, señora presidenta-, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Civil por considerar que la propuesta coadyuva de mejor manera a la conservación de los derechos civiles forales.

Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, representantes de las Cortes de Aragón, las catalanas y los catalanes sabemos muy bien que hablar de raíces y de identidad es hablar de derecho civil, de derecho privado (Rumores); es lo que


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nos quedó tras la Guerra de Sucesión y lo único que quedó fuera del Decreto de Nueva Planta. De hecho, recientemente... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Capella.

Por favor, guarden silencio, no se puede oír a la oradora.

Adelante, señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.

Decía que, de hecho, recientemente el Govern de Catalunya ha aprobado el proyecto de ley del libro VI del Código Civil de Cataluña. Una vez que el Parlament de Catalunya haya aprobado definitivamente dicho proyecto, habrá finalizado la compilación del dret civil de Catalunya y contaremos ya con un Código Civil propio y completo. Ello sucederá le guste o no le guste hoy al ausente Gobierno del Estado español, le guste o no le guste al Tribunal Constitucional. Digo esto porque el Tribunal Constitucional ya ha suspendido parte del libro V del Código Civil de Cataluña, que también fue aprobado recientemente por el Parlament de Catalunya. Nuestra preocupación no es pues ya la vecindad civil, es en definitiva que el Tribunal Constitucional deje de actuar como segunda Cámara parlamentaria, que deje de entrometerse y nos permita desarrollar el derecho civil propio de Cataluña.

Esquerra Republicana no entiende que en estos momentos se deba modificar el actual sistema de asignación de la vecindad civil. Seguramente presenta algunos problemas, pero no estamos convencidos de que esta nueva regulación que nos proponen las Cortes de Aragón sea adecuada y venga a mejorar el sistema que tenemos en la actualidad, entre otras cosas -viendo la propuesta que se nos plantea-, porque nos lleva a la disociación indefinida entre la vecindad civil y la vecindad administrativa y porque a criterio de Esquerra Republicana generará inseguridad jurídica. De hecho, visto desde Cataluña, nosotros creemos -a nadie se le escapa- que debemos pensar en la regulación de la adquisición y pérdida de la nacionalidad española. No les desvelo ningún secreto si les digo que en Cataluña estamos viviendo un proceso de independencia, les guste o no les guste. En septiembre del año próximo la ciudadanía votará, y ello sucederá quiera o no el Gobierno del Estado español. Como les decimos a menudo, referéndum o referéndum. Ante tal situación, la conexión entre el derecho civil catalán y el derecho civil español ya no será un problema interregional, sino un problema de derecho internacional. Por ello, desde Esquerra Republicana consideramos que debemos hablar ya de nacionalidad, del hecho de que la ciudadanía de Cataluña pueda tener derecho a una doble nacionalidad en cuanto sea proclamada la república catalana y, por qué no, de la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de los països catalans puedan optar por la nacionalidad catalana y conservar la española si así lo desean.

Respetamos la propuesta de las Cortes de Aragón, aunque, como decía, no la compartimos. Desde Esquerra Republicana consideramos que la actual regulación respecto a la vecindad civil no es un problema, como no podía ser de otra manera. Por ello, y aquí voy a matizar mis afirmaciones, no pondremos trabas a que la propuesta que se nos plantea desde las Cortes de Aragón pueda ser tramitada y, por tanto, debatida. De hecho, como decimos muchas veces, nosotros nos vamos, y su probable aprobación ya no nos va a competir ni a alcanzar.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Quisiera saludar y dar las gracias expresamente a los compañeros diputados de las Cortes de Aragón que hoy nos acompañan y que han defendido esta proposición de ley, a la presidenta de las Cortes de Aragón y al resto de autoridades de Aragón.

La proposición que aquí se debate es una iniciativa de las Cortes de Aragón. No voy a destacar la importancia del derecho foral aragonés, que por supuesto la tiene, ni me voy a remontar a la Corona de Aragón para explicar la historia y la tradición del derecho foral aragonés. Por cierto, parece que algunos olvidan que pertenecieron a esa Corona, o le cambian el nombre para así intentar negar la historia (Aplausos), y parece que otros, precisamente hoy, se despiertan y se convierten en sus máximos defensores y hasta reclaman un supuesto derecho de autodeterminación para Aragón.

Señorías, esta proposición no trata del derecho foral aragonés ni de su defensa, aunque algunos nos lo quieran vender así a los aragoneses para intentar sacar rédito político ahora que están en horas bajas.


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Sinceramente y con todos los respetos, ¿ustedes creen que lo que más importa a los aragoneses en el día de hoy es la vecindad civil? He pasado por dos campañas, he tenido debates, he tenido entrevistas, pero en ninguna me han preguntado por la vecindad civil, se lo aseguro. El cupo que tienen las Cortes de Aragón para presentar esta iniciativa se podía haber dedicado a otra cosa. A los aragoneses lo que les preocupa es la despoblación, que nuestros pueblos se mueran día a día; les preocupan las infraestructuras, la lucha contra la corrupción y el clientelismo, de lo que, por desgracia, en Aragón sabemos mucho, y les preocupan la educación y la sanidad. Pero parece que de todo eso no interesa hablar. Lo que aquí se discute únicamente es la modificación del artículo 14 del Código Civil, modificación que afecta a todos los españoles, sean aragoneses, catalanes, vascos o madrileños; un artículo que, nada más y nada menos, se encuadra dentro del título preliminar del Código Civil, es decir, dentro de lo que es la base de nuestro derecho civil y, por tanto, tiene una gran tradición y debe ser modificado con las más altas cotas posibles de consenso. En la regulación de esta institución debemos conjugar dos principios, el primero la capacidad de cada ciudadano de elegir libremente qué vecindad quiere tener, si aragonesa, valenciana o andaluza, y, por tanto, qué derecho rige su vida. Ciudadanos está de acuerdo en dar a los ciudadanos mayor capacidad para decidir sobre los temas que afectan a su persona, pero esto se debe conjugar con una adecuada seguridad jurídica.

Señorías, el derecho foral regula las cuestiones más íntimas de las personas, pero estos son aspectos que también tienen trascendencia sobre terceros, por ejemplo, a quién corresponde la custodia de los hijos en caso de crisis de pareja, cómo hacer testamento o la legítima. Tendremos que reconocer todos los que aquí estamos que esto de la vecindad civil, y por lo tanto del derecho civil que se te aplica, no es algo que conozcan todas las personas y, por ello, no parece muy razonable que a un aragonés que nació allí pero que a los dos años se vino a Madrid se le aplique en su fallecimiento, automáticamente, sin más, el derecho aragonés, cuando lo más normal es que él, en vida, ni supiera que se le iba a aplicar ni conociera las consecuencias que eso tenía.

La proposición presenta lagunas y puede generar problemas e inseguridad, pero respetamos que fuera aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón, aunque Ciudadanos no tenía en ese momento representación en las mismas y, por lo tanto, no pudo pronunciarse al respecto. Como digo, respetamos esa unanimidad y, por ello, no nos vamos a oponer a su tramitación. La proposición, tal y como está redactada, puede generar problemas y conflictos, y para intentar resolverlos y, a la vez, respetar la capacidad de decisión de los ciudadanos sobre los temas que afectan a su persona, nosotros abogamos más por un sistema de recuperación de la vecindad civil para aquellas personas que hayan perdido su vecindad sin saberlo o por desconocimiento y que quieran recuperarla; algo que, por cierto -algún interviniente lo ha dicho ya aquí- se defendió así en el trámite parlamentario de las Cortes de Aragón.

Señorías, el derecho foral no se defiende intentando imponer a toda costa su aplicación; el derecho foral se defiende desde el legislador, aprobando unas buenas normas y, por lo tanto, haciendo que los ciudadanos prefieran que se les aplique ese derecho porque consideren que es el mejor para regular sus vidas y no porque se les imponga. En este sentido, también debemos destacar la regulación que se ha hecho en Aragón de la custodia compartida, una materia en la que ha sido pionera y, además, ejemplo para España, para el Estado y para el resto de comunidades autónomas; una regulación cuya aprobación en toda España defenderemos y promoveremos desde Ciudadanos. Así es como se defiende el derecho foral. Por ello, les aplaudimos.

Creemos que hay aspectos del Código Civil que deben ser revisados y mejorados. Consideramos que la modificación del Código Civil no se debe limitar únicamente a la vecindad civil; también debemos modificarlo, por ejemplo, para conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles en el exterior que así lo deseen o, como he dicho, para establecer la preferencia de la custodia compartida de los hijos en caso de separación o de divorcio de los progenitores. Por ello, nos abstendremos en la votación y presentaremos en el trámite parlamentario las enmiendas que creemos necesarias, como también trataremos de introducir en el Código Civil el resto de modificaciones que consideramos importantes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en primer lugar, tiene la palabra el señor Moya Matas.


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El señor MOYA MATAS: Buenas tardes a todos. Saludos a los representantes de la buena gente de Aragón. (Continúa saludando en catalán y aragonés).

Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar adelantando que no nos vamos a oponer; al contrario, vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de la proposición de ley, máxime teniendo en cuenta que viene respaldada por la unanimidad del Parlamento aragonés. En favor de la participación democrática y la corresponsabilidad de todos y todas y de todas las instituciones en la tarea legislativa, vamos a votar a favor. Sin embargo, les adelantamos también que vamos a ser constructivamente críticos, puesto que la redacción alternativa que proponen al artículo 14 del Código Civil... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señor Moya, un momentito.

Por favor, señorías, guarden silencio.

Adelante, señor Moya.

El señor MOYA MATAS: Como les decía, vamos a ser constructivamente críticos. Debemos estudiar y plantear la presunta injusticia que detectan, que analizan y que diagnostican en el artículo 14 del Código Civil y, para ello, voy a relacionar una serie de dudas que se nos plantean y que en su caso trabajaremos -si se aprueba la toma en consideración- en la Comisión de Justicia.

La ignorancia del derecho no excusa de su cumplimiento. Este es un principio general no discutido que nos genera seguridad jurídica. La dejación en el ejercicio de unos derechos no obsta y no es causa para considerar injusta una ley. Al contrario, es responsabilidad de las administraciones, en este caso de los Gobiernos autonómicos, informar a sus ciudadanos y a sus ciudadanas de las consecuencias que conlleva abandonar su territorio, en su caso, la pérdida de la vecindad civil.

En segundo lugar, está la cuestión de la seguridad jurídica en cuanto a la apariencia del derecho respecto a la realidad jurídica, que tiene amplia tradición en el ordenamiento español. La primera reacción del Código Civil en 1889 ya marcaba el criterio de la pérdida de la vecindad civil a través de la residencia continuada durante diez años en un territorio. Es cierto que únicamente se daba en caso de vecindad común, pero debemos tener en cuenta la larga tradición y la garantía de los terceros de buena fe, que también podría lesionar. En nuestra opinión, la norma debería ser la sumisión de la vecindad civil al territorio en el que se reside, y la reforma que proponen vendría a plantear lo contrario, vendría a ser la excepción.

En tercer lugar, está la participación democrática. La sujeción al derecho civil del territorio de residencia tiene su derivada en el ejercicio de la condición política, y es que cabe entender como lógico que el sufragio activo en el ámbito autonómico vaya condicionado a la elección de los diputados y las diputadas del parlamento autonómico cuya tarea legislativa va a influir en la evolución de ese derecho civil aplicable a la persona. El caso contrario es el de quien tiene una vecindad civil pero reside en otro territorio diferente y no puede votar a los diputados y las diputadas que pueden influir en aquella legislación, cuestión que tampoco nos parece del todo correcta.

Nos encontramos también con una cuestión de identidad. Leyendo la fundamentación de la propuesta, nos preocupa que vinculen algo tan subjetivo, tan íntimo y tan personal como la identidad territorial a la vecindad civil. Creemos que no hay un ordenamiento que pueda atribuir a la esfera íntima de una persona el sentimiento de pertenencia a un territorio o a una comunidad. Además, esto no tiene que ser considerado como algo excluyente, sino que incluso puede ser considerado como algo acumulativo. ¿Qué problema hay en que una persona que haya nacido en Aragón y resida en Cataluña pueda tener en su foro íntimo la doble consideración, la doble identidad catalana y aragonesa? En este sentido, el artículo 2 de la Ley de relaciones con las comunidades aragonesas del exterior atribuye la aragonesidad a todas las personas que se sientan vinculadas a Aragón -a su cultura, su historia, tradiciones, gentes, etcétera- y no a la vecindad civil. Respecto a la transmisión a los hijos y a las hijas, en caso de derogar esta disposición del artículo 14, la transmisión supondría perpetuar a los ciudadanos y a las ciudadanas en una vecindad civil distinta a la del territorio de residencia. Además, esto se perpetuaría vía ius sanguinis a sus hijos, por lo que esta inseguridad jurídica que hemos detallado se perpetuaría más allá.

Por último, podríamos entender -así me ha parecido interpretar a través de la intervención de los representantes del Parlamento de Aragón- que prácticamente están blindando la vecindad civil, de la misma manera que el artículo 11 blinda la condición de nacional español. Si no he entendido mal -así lo ha dicho la primera interviniente-, prácticamente estarían estableciendo la nacionalidad aragonesa, es decir, estarían reconociendo un Estado plurinacional. Si quieren entrar en este jardín, saben que en


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nuestro grupo estamos encantados de hablar de un Estado plurinacional, de una nación de naciones, pero comprenderán que la mejor puerta para entrar no es una reforma del Código Civil.

Termino ya, señora presidenta. Vamos a votar a favor de la toma en consideración, pero vamos a tratarla dentro de una reflexión constructiva, participativa y responsable en el seno de la Comisión de Justicia.

Muchas gracias. (Continúa dando las gracias en catalán y aragonés). ¡A plantar fuerte! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.

El señor LUIS BAIL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora presidenta de las Cortes de Aragón, delegación de las Cortes de Aragón, estoy orgulloso -imagino que como el resto de los aragoneses y aragonesas de esta Cámara- de que sea una iniciativa emanada de nuestra tierra la que nos permita subir a esta tribuna para acompañarla. Comparto además mi tiempo en este punto con nuestro portavoz de Justicia, Jaume Moya, con quien compartimos historia -la de la antigua Corona de Aragón, confederal para su época- y hoy justicia poética, porque a través de nuestras confluencias, En Comú Podem y Alto Aragón en Común, defendemos principios comunes en un grupo parlamentario también confederal.

Les adelanto -lo ha hecho ya el señor Jaume Moya- el voto favorable a la tramitación y también un debate interesante. Nuestro grupo considera que la cuestión de fondo a tratar con esta proposición de ley no es en absoluto menor; la iniciativa surge del espíritu de nuestro estatuto de autonomía sobre el derecho foral aragonés, que es un reflejo de los valores aragoneses del pacto, la lealtad y la libertad, como en él se dice, valores universalizables de dignidad y de empoderamiento que las Cortes de Aragón intuyen que han de proteger, por una parte, en un contexto de comunidad donante de población en un territorio cada vez más despoblado en su medio rural, un medio rural explotado demográfica, ecológica y culturalmente y, por ello, hambriento de un reconocimiento justo, y por otra parte, en un contexto socioeconómico en el que aumenta cada vez más la desigualdad y en el que por tanto es necesario defender más que nunca los derechos de todos y de todas, independientemente de donde vivan. Creo que las Cortes de Aragón intuyen pues de forma bastante correcta.

Entrando ya en la argumentación de cara a su trámite, que ha desarrollado mi compañero, diré brevemente a su favor, por un lado, que la modificación que se propone no equipara vecindad civil con nacionalidad, puesto que sigue siendo posible perderla con una manifestación expresa de voluntad en este sentido; de hecho, esta modificación estaría favoreciendo una mayor seguridad jurídica, ya que con la redacción actual del artículo 14.5 del Código Civil la vecindad civil se pierde la mayor parte de las veces sin conocimiento de la persona afectada. Por otro lado, este es un esfuerzo de las Cortes Aragonesas por dar amparo frente a la desprotección que pueden sufrir aquellas personas que solo son conscientes de su cambio de vecindad civil en los trámites más complicados de su vida. De ello un ejemplo claro sería la imposibilidad del disfrute del derecho de usufructo vidual que otorga el derecho foral aragonés a un viudo o viuda -aunque la realidad nos obliga a referirnos particularmente a ellas- y que, por defecto del artículo 14.5, pierde por desconocimiento de su vecindad. Es por tanto una medida de acceso a la ley que beneficia con discriminación positiva hacia las mujeres. Lo mismo podríamos decir respecto al aumento del plazo de tiempo para decidir esa vecindad civil en menores emancipados, ya que se orienta a permitir decidir con mayor consciencia. Es justo reconocer por tanto la aportación que esta modificación supone en aras de mejorar las condiciones de vida de al menos una parte de la población a la que afecta.

Para terminar, no quiero dejar la tribuna sin recordar un poco de nuestra historia, como han hecho otros intervinientes antes, aludiendo al juramento con el que en Aragón investíamos a los reyes: "Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos [...] Rey [...], con tal que guardéis nuestros Fueros y Libertades; y si no, no". Ese "y si no, no" es muestra de que en Aragón ni cuando éramos reino nos gustaba el absolutismo, y guarda relación con aquello que decíamos desde el escaño cuando comenzó la legislatura: "Nunca más un país sin sus pueblos y sin sus gentes". Y le diremos al señor Rajoy: "y si no, no".

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano Gracia.


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El señor GALEANO GRACIA: Señora presidenta, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brinda mi Grupo Parlamentario Socialista de intervenir desde esta tribuna en un asunto, además, de tanta trascendencia para un aragonés como soy yo. Quiero, asimismo, manifestar el agradecimiento y dar la humilde bienvenida a esta Casa a las autoridades de las Cortes de Aragón que nos acompañan: presidenta, vicepresidentes y resto de autoridades; por supuesto, también a los tres parlamentarios representantes del Parlamento aragonés, vecinos en este caso de Aljafería, y que tan brillantemente han expuesto esta materia que aquí nos ocupa, aunque sean unas horas un poquito intempestivas para cuestiones de derecho civil.

Señorías, nos encontramos ante una proposición de ley que se somete a la aprobación en virtud del artículo 87 de la Constitución española y que, de tenerse en cuenta, implicaría una reforma del Código Civil y sería aplicable, lógicamente, al resto de comunidades autónomas de nuestro país, universalizando esta iniciativa aragonesa para todos los españoles, cumpliendo así uno de los pilares sobre los que se asienta la mejor política aragonesa, esto es, que la inclusión y adquisición de un derecho por los aragoneses se expanda en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos de nuestro país. En este sentido, señorías, quiero destacar que los aragoneses siempre fuimos gentes de pacto y de leyes como consecuencia de tradiciones mantenidas durante mucho tiempo. Es uno de nuestros rasgos más definitorios que llevamos con orgullo como bandera; una bandera que queremos que arrope al conjunto de nuestro Estado, de nuestro país, y que impregne cada rincón de esta España tan plural y tan diversa. Trataremos, señorías, de aragonesizar España.

Desde que Aragón existe como territorio organizado políticamente, esto es ya desde hace unos siglos, nuestra comunidad ha ido desarrollando unas instituciones jurídicas propias. El derecho aragonés, por tanto, es tan antiguo como Aragón mismo. Traigo aquí una frase, creo que ya citada por algún parlamentario anteriormente, de un célebre aragonés, montisonense él, Joaquín Costa: Aragón se define por su derecho. Es decir, lo que nos identifica y nos define a los aragoneses es nuestro propio derecho, una seña de identidad propia y exclusiva que ha conseguido sobrevivir durante siglos a todo tipo de acontecimientos políticos.

Señorías, la Constitución española atribuye en su artículo 149.1.8.ª a las comunidades autónomas la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales o especiales allí donde existan, como es el caso del derecho foral aragonés. Desde el Grupo Socialista respetamos la legitimidad que tienen los representantes de las Cortes de Aragón en función de su estatuto de autonomía para defender su derecho foral y conservar su aplicación al mayor número de personas. Valoramos, como no puede ser de otro modo, la unanimidad de la que hace gala esta propuesta, remitida por el Parlamento aragonés y que recibimos en el Congreso para su posterior tramitación. Además, los socialistas somos conscientes de que compartimos ese carácter de naturaleza personal, que es este derecho foral, su importancia como seña identitaria aragonesa y la trascendencia que tiene la vecindad civil como categoría determinante de su aplicación. En ese sentido, señorías, hay que recordar que el Código Civil establece en sus artículos 9 y 16 que la ley personal regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte, y que será ley personal la determinada por la vecindad civil. Por tanto, señorías, será la vecindad civil la que determine la sujeción al derecho civil común o al especial o foral y, precisamente por ello, el aragonés puede utilizar su derecho foral aragonés y los vascos, gallegos o valencianos sus respectivas compilaciones de derecho civil, todo ello aunque se carezca de una relación de permanencia en ese territorio.

No quiero, señorías, volver a repetir la exposición que ya han realizado, como he dicho, los parlamentarios autonómicos, pero sí quiero incidir en una cuestión que nos parece clave, como es la forma automática o involuntaria de la pérdida y posterior adquisición de la vecindad civil, en este caso de la aragonesa, conforme la actual redacción que tiene el Código Civil. Nos parece, cuando menos, objeto de debate y de mejora, habida cuenta de las consecuencias que se derivan de dicho acto y en el contexto de una opinión bastante generalizada en la doctrina en cuanto a su necesidad de reforma. Cabe preguntarse, señorías, el porqué del diferente trato en cuanto a la pérdida de la nacionalidad respecto de la vecindad civil, por ejemplo. Por qué, salvo determinados casos, se debe renunciar expresamente a la nacionalidad española para adquirir otra nacionalidad y se permite la pérdida de la vecindad civil sin una declaración directa de la misma. Por otra parte, señorías, y analizando la actual movilidad geográfica obligada en muchas ocasiones por las situaciones de desigualdad de oportunidades entre todos nuestros territorios españoles, consideramos que aunque es deseable el arraigo en el territorio en el que se desarrollan de forma habitual las relaciones sociolaborales de esas personas, mucho más importante


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parece que ese arraigo se produzca de una manera voluntaria y natural y no de un modo prácticamente, o cuasi, imperativo. Resumiendo: solicitamos tomar en consideración y aprobaremos que la vecindad civil, que tiene un carácter eminentemente personal, no se pierda involuntariamente, casi por desconocimiento, y que solo se pueda adquirir aquella con algún tipo de declaración de voluntad, atendiendo de este modo al principio de voluntariedad en la adquisición de una vecindad distinta a la de origen.

Finalizo, señorías. Aunque no lo parezca en ocasiones, estamos ante un tema muy importante para los ciudadanos de este país. La vecindad civil determina la sujeción de las personas a un derecho u otro; en función de cuál sea su vecindad civil, se le aplicarán unas normas o unas leyes en aspectos tan trascendentales como la ley que regula nuestro matrimonio, nuestra sucesión y herencia, las relaciones paternofiliales, etcétera. Consideramos que este proyecto de ley ha sabido recoger de forma acertada una de las demandas de la sociedad a este respecto, como es dar una mayor relevancia a la libertad de elección del individuo. Apoyamos pues una futura reforma del régimen actual, teniendo en cuenta el proyecto que aquí se nos remite y con las oportunas mejoras que se pudieran introducir en su tramitación parlamentaria, atendiendo siempre a los necesarios criterios de igualdad para todos los territorios y asumiendo, eso sí, la competencia del Estado en esta materia.

Gracias, señora presidenta; gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Cortés Bureta.

La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mis primeras palabras esta tarde también van a ser para dar la bienvenida a la presidenta de las Cortes de Aragón, a sus vicepresidentes, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular allí en las Cortes y, cómo no, a los representantes de los distintos grupos parlamentarios con representación en dichas Cortes que han tomado la palabra en la tarde de hoy.

Digo que mis palabras van a ser de bienvenida, señorías, pero también de felicitación. Me explicaré: es perfectamente legítimo que una comunidad autónoma, en este caso la de Aragón, quiera defender y mejorar una de sus señas de identidad como es el derecho civil propio, el derecho foral y, dentro de ese derecho foral, una institución como es la vecindad civil aragonesa. Para esa mejora, en este caso, las Cortes de Aragón nos han traído una iniciativa que pretende reformar el Código Civil. Y el ordenamiento jurídico español tiene un procedimiento para hacer viable esa pretensión, se ha dicho en esta tribuna: es la vía del artículo 87.2 de la Constitución, que regula la iniciativa legislativa de las comunidades autónomas y que abre la posibilidad de que puedan remitir a la Mesa del Congreso proposiciones de ley, y eso es lo que han hecho las Cortes de Aragón. Y lo han hecho de una manera ejemplar, porque ha sido un ejemplo de cómo las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas pueden, si quieren, presentar iniciativas para modificar leyes de ámbito estatal. Es un ejemplo de participación o, si prefieren, de incorporación de los intereses territoriales a la decisión común; un ejemplo en el que los intereses políticos territoriales y su defensa inciden en la conformación de la decisión estatal. Un ejemplo, señorías, en definitiva, de cómo la parte puede influir y puede modificar el todo. Y todo eso, señorías, hecho con el máximo respeto a la Constitución y a la ley, siguiendo los procedimientos legal y constitucionalmente establecidos, y por eso tienen la felicitación del Grupo Parlamentario Popular.

Señorías, Aragón es una comunidad autónoma con historia, con mucha historia se ha dicho aquí; mucha más historia que otras comunidades autónomas que presumen de tenerla, y tiene unas señas de identidad fuertemente arraigadas que los aragoneses sienten y defienden, entre ellas -usted lo decía al principio- su derecho foral y la institución de la vecindad civil aragonesa. Pero, miren, en el conjunto del territorio español coexisten una pluralidad de derechos civiles y por eso es necesario precisar qué españoles están sometidos a cada uno de ellos, y esa es precisamente la función que cumple la vecindad civil como condición o cualidad de los españoles que determina la aplicabilidad en cuanto a ley personal de alguno de los ordenamientos civiles coexistentes en nuestro país.

Vecindad civil -se ha dicho aquí- no puede ser confundida con vecindad administrativa, que es la resultante de la inscripción en el padrón municipal del municipio en el que se reside habitualmente, y que comporta una serie de derechos y obligaciones que la ley prevé pero que nada tienen que ver con la aplicabilidad del derecho civil territorial. Tampoco debe confundirse o debe intentar colarse como una condición política de los españoles que formen parte de una comunidad autónoma, a la que se hace referencia en los estatutos de autonomía y que tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos. La vecindad civil designa la ley personal de los españoles que regirá la capacidad, el estado civil, las


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obligaciones o los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte, por eso es importante que exista seguridad jurídica en torno a la vecindad civil.

La iniciativa que hoy debatimos, y que ha sido expuesta además de manera exhaustiva y brillante por los representantes de las Cortes de Aragón, pretende modificar el Código Civil que regula las normas sobre adquisición, conservación y recuperación de la vecindad civil. Por lo tanto, señorías, al intentar modificar el Código Civil, estamos modificando una norma que va a afectar a todos los ciudadanos españoles, que va a afectar a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos.

En cuanto a la pretensión que incluye la proposición, yo adelanto que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta iniciativa, pero nos gustaría dejar encima de la mesa algunas reflexiones para que luego en trámite parlamentario, si llega el caso, podamos debatirlas, podamos reflexionar y podamos discutirlas de una manera mucho más sosegada. Es verdad -y se ha dicho aquí también- que el Código Civil regula la pérdida automática de la vecindad y la adquisición automática de otra vecindad por la residencia continuada en un territorio distinto de la vecindad originaria por un período de diez años si no hay manifestación en contrario, y desde algunos sectores de la doctrina se apela a que no debería haber un cambio en esa vecindad civil sin contar con la voluntad y a veces incluso con el conocimiento de los propios interesados, que no saben, como se ha dicho aquí también, precisamente qué vecindad se les aplica. Por tanto, en aras de dar una seguridad civil, de dar una seguridad jurídica, habrá que conocer con exactitud la vecindad civil, y quizá tenga mayor fiabilidad la que figura en el Registro Civil porque los padres hicieron la inscripción o porque alguien manifestó su voluntad de adquirirla o la del lugar de su nacimiento. De manera que en ese sentido quizá se pueda discutir que esa seguridad esté así más garantizada.

En cambio, cuando ustedes hablan del segundo supuesto que se intenta modificar en cuanto a que el hijo pueda optar, no me gustaría dejar de comentar algunas dudas que nos han surgido al leer la proposición. Tal y como está redactado ahora el Código Civil, el hijo puede optar, desde que cumple catorce años hasta un año después de su emancipación, por la vecindad civil de origen de su nacimiento o la última que tenían sus padres. Lo que se pretende es que el hijo pueda optar entre la de su origen de nacimiento -hasta ahí todo igual, pero luego se amplía la posibilidad de optar- y cualquiera que hubiesen tenido los padres, y además se amplía el plazo para poder optar, no un año a partir de la emancipación, sino cinco años. En cuanto al plazo, es obvio que un plazo hay que poner, porque no se puede dejar sine die la posibilidad de optar; estaríamos hablando de un derecho a la carta y un plazo hay que poner. En cuanto al cómputo de plazo, se hace depender de la emancipación. Teniendo en cuenta que más del 99 % de los supuestos de emancipación se producen con la mayoría de edad, estaríamos hablando desde los catorce años hasta la mayoría de edad, cuatro, más cinco, en total nueve años para poder optar. En el caso de que la emancipación sea anterior, a los dieciséis años, se está rebajando el plazo, pero tampoco se está vulnerando ningún derecho. Creemos que quizá cualquier ampliación de plazo puede llevar aparejada una mayor inseguridad, sobre todo para los interlocutores que interactúen con el que tiene derecho a elegir.

Por último, cuando se habla de que la opción del hijo pase por la del lugar de su nacimiento o la última de sus padres, si tenemos en cuenta que la justificación de la exposición de motivos se presenta como que el hijo pueda conservar la vecindad civil de sus bisabuelos, de sus abuelos y de sus padres, quizá -lo dejo encima de la mesa- hubiese sido más razonable dejar la elección entre la vecindad civil de su nacimiento, la del nacimiento de sus padres o la última de sus padres y no dejar abierta la posibilidad a todas esas vecindades de tránsito que ha podido adquirir durante ese periodo.

Señorías, como decía, son observaciones que se nos han planteado dada la envergadura de la reforma que se plantea que, como decía en un principio, es del Código Civil, una norma de ámbito estatal y que va a afectar a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos. Estamos dispuestos a apoyar la reforma del Código Civil y a debatirla, pero en los términos de la propia proposición, sin abrir la puerta a otras posibles modificaciones de esa norma, del Código Civil, que nada tengan que ver con esta proposición.

Señora presidenta, señorías, termino como empecé, agradeciendo y dando la bienvenida a los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón, los que nos acompañan en el hemiciclo y los que nos escuchan desde la tribuna.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Muchas gracias a toda la delegación de las Cortes de Aragón.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000001).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, amigos y asociaciones de la comunidad educativa, el Partido Socialista viene acreditando desde hace años su voluntad inequívoca de alcanzar un consenso en materia de educación que otorgue perdurabilidad y estabilidad a nuestro sistema educativo. Lo ha intentado siempre que ha tenido la oportunidad, siendo la más reciente la etapa en la que Ángel Gabilondo ocupaba el Ministerio de Educación. Fueron entonces ustedes, señores del Partido Popular, los que le pusieron la proa a un acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado, hasta el punto de que incluso algún consejero de Educación de su partido se atrevió a decir que, aunque no se había firmado, el acuerdo ya estaba cerrado.

Cuando poco después llegaron ustedes al poder, hicieron exactamente lo contrario a nosotros. Con el rodillo de su mayoría absoluta, aunque con el rechazo frontal de la oposición, tramitaron y aprobaron en el Congreso de los Diputados, una ley, la Lomce, que si algo puso en evidencia, fue la incapacidad de este Gobierno -ausente- para buscar un consenso en materia de educación y volvió a dejar constancia de su desprecio al diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo. Unido a ello, ese mismo Gobierno impuso a toda prisa un calendario de implantación, que se ha revelado a todas luces inasumible para las comunidades autónomas y para los propios centros, poniendo en evidencia, una vez más, que la reforma se había llevado a cabo sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas de la comunidad educativa. De hecho, todavía el día 13 de agosto de 2015, el ministro de Educación, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación rechazaba la propuesta presentada por doce comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación absolutamente precipitada de la ley. El Gobierno, con semejante actitud, seguía dando la espalda al consenso al no alterar el calendario ni flexibilizarlo, así como al no abordar el cuestionamiento de las medidas más polémicas, tal como estaban concebidas en la Lomce.

En consecuencia, nada tiene de extraño la enorme cantidad de desencuentros que dicha ley ha cosechado no solo entre toda la comunidad educativa, sino también entre los interlocutores sociales y las fuerzas políticas. La actitud unilateral del Gobierno del Partido Popular en prácticamente todos los ámbitos ha dado lugar a manifestaciones, declaraciones, encierros, protestas y la convocatoria, sin precedentes, de huelgas generales de la educación, en las que han participado sindicatos, profesores, padres, madres y alumnos, desde la educación infantil hasta la universidad. Pero no se confundan, ustedes no han cosechado tantos desencuentros, no han obtenido tanto rechazo en la sociedad únicamente por razones formales o de procedimiento, especialmente por su absoluta falta de disposición al diálogo, sino sobre todo por los contenidos concretos de sus políticas, de los cuales, en cierto sentido, la Lomce constituye el epítome o la expresión más destacada, porque en esta ley, una ley profundamente ideológica, regresiva, elitista, excluyente, segregadora, recentralizadora y confesional, se manifiesta con claridad la concepción que el Partido Popular tiene de la educación, y más allá de la sociedad misma. En efecto, durante estos años el Gobierno del Partido Popular ha tomado decisiones y ha puesto en práctica políticas que, lejos de garantizar una educación pública de calidad, con igualdad de oportunidades para todos y todas, ha provocado el mayor retroceso en materia de educación de nuestra historia democrática, dejando patente que su objetivo último ha sido y es desmantelar la educación pública, dejándola a niveles predemocráticos.

Señorías, la contrarreforma a la que el Gobierno del Partido Popular ha sometido a nuestro sistema educativo ha supuesto una serie de recortes de recursos materiales y humanos que han causado un descenso irreparable en la calidad educativa, mermando la equidad y la igualdad de oportunidades. El Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, fue el primer golpe con el que el Gobierno emprendió sus recortes en educación, y posteriormente ha ido agravando la situación imponiendo todavía más recortes a nivel estructural, al comprometerse con la


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Unión Europea en los sucesivos programas de estabilidad a que nuestro país fuera recibiendo su inversión, hasta llegar al 3,76 % del PIB previsto para 2019. Todas ellas son cifras que nos retrotraen a la realidad educativa de finales de los años setenta.

A esta política de recortes y de incremento de la desigualdad le siguen unos Presupuestos Generales del Estado que han ido reduciendo la inversión en educación más del 25 % respecto al último presupuesto socialista. A ello hay que añadir los recortes inducidos por el Gobierno, y aplicados por las comunidades autónomas, que han traído como consecuencia el grave deterioro de los servicios educativos al eliminar o dejar bajo mínimos las ayudas para libros de texto, material escolar, ayudas para comedor o transporte, el cierre y degradación de las redes de escuelas rurales, el aumento de la ratio profesor-alumno, las becas Séneca, las becas de colaboración, las becas Erasmus o las FPU, entre otras muchas y devastadoras consecuencias, que como siempre, por cierto, han afectado especialmente a las familias con menos recursos. (Aplausos). Y qué decir, por no hacer esta relación interminable, de la reducción drástica de las ayudas estatales al programa Erasmus, de la elevación del precio de las tasas de las matrículas universitarias y de la introducción de criterios no económicos para las becas, además de otras medidas que dificultan el acceso, mantenimiento de las mismas y la supresión de otras existentes, medidas todas ellas que han hecho de los últimos años los más regresivos en materia educativa de nuestra historia.

No intenten, señores del Grupo Popular, darnos el abrazo del oso a los socialistas. Ustedes y nosotros no somos iguales y menos aún si cabe en materia educativa. Un par de botones de muestra bastarán para hacer evidente la enorme distancia que nos separa. Mientras que la política del Gobierno socialista fue la de apostar por la igualdad de oportunidades, incrementando constantemente las partidas de becas y ayudas al estudio, así como la defensa de la beca como derecho, el Gobierno del PP no ha dejado de reducir año tras año el presupuesto, convirtiendo la beca en un premio. Segundo botón de muestra. Mientras que la LOE establecía la garantía de la existencia de -abro comillas- "plazas públicas suficientes en la educación obligatoria" -cierro comillas-, la Lomce sustituye esta garantía por la de la -abro comillas- "existencia de plazas suficientes" -cierro comillas-, aunque no sean públicas, propiciando de este modo que la escuela pública se convierta en residual respecto a la concertada. (Aplausos). Se lo diré de otra manera. La Lomce no es una anomalía ni una iniciativa desafortunada o extravagante de un ministro de infausta memoria. Ha sido el conjunto de las políticas del Partido Popular el que ha llevado a nuestro sistema educativo a una situación de asfixia y desamparo, de la que todos tenemos la obligación de sacarlo. Por eso, el Grupo Socialista ha presentado esta proposición de ley, que confiamos que toda la Cámara apoye y en consecuencia sea tomada en consideración y pueda tramitarse normalmente.

Señorías, venimos defendiendo desde antes incluso de la entrada de la Lomce en el Congreso, en mayo de 2013, toda una serie de reivindicaciones que estamos convencidos que ahora deberían servir para corregir aspectos que consideramos que están devaluando el sentido del derecho a la educación y que atentan contra la igualdad de oportunidades. Algunas de estas reivindicaciones son las que tienen que ver directamente hoy con el proyecto de ley que presentamos: oposición frontal a la evaluación de sexto de Primaria y a las reválidas de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, y restablecimiento de la actual prueba de acceso a la universidad para garantizar las condiciones de igualdad y seguridad jurídica, pero no olvidamos otras, como por ejemplo la eliminación con carácter inmediato de la posibilidad de segregación de niños y niñas en el sistema educativo sostenido con fondos públicos, el restablecimiento del carácter no evaluable de la asignatura de Religión para que su calificación no pueda tener ningún tipo de repercusión académica, posibilitar la titulación en la ESO de quienes sigan los programas de formación profesional básica, la eliminación del modelo de nombramiento de directores y directoras Lomce y la restitución de las competencias de los consejos escolares y, finalmente, la recuperación de la diversificación curricular en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.

Los socialistas trabajaremos además para garantizar que no se vuelvan a producir nuevos recortes en la educación pública, así como para recuperar los recursos materiales y humanos que le fueron arrebatados por el Partido Popular. Para ello exigimos al Gobierno la recuperación progresiva del gasto público en educación, comprometiendo un suelo de gasto en torno al 5 o el 5,5 % del PIB y un objetivo a largo plazo por encima del 6 %; la restitución del verdadero sentido de las becas como derecho subjetivo, sin dificultar a los estudiantes el acceso y mantenimiento de las mismas, garantizando una subida en los fondos de becas y ayudas al estudio, eliminando los criterios académicos injustos y promoviendo el incremento progresivo de las cuantías; así como la recuperación de las ratios, horarios y condiciones de trabajo para todo el profesorado previas al Real Decreto-ley 14/2012. Además, exigiremos al Gobierno que convoque


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de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Educación para acordar la aplicación de estas mentiras y definir todas aquellas a las que se destinará el incremento de fondos. Aquí incluiremos programas de cooperación territorial -especialmente los destinados a combatir el fracaso y el abandono escolar, como son los programas de refuerzo, orientación y apoyo escolar-, la generalización de la oferta educativa de cero a tres años y las ayudas y apoyo a las familias.

Voy terminando. Señorías, les aseguro que el Grupo Socialista está comprometido con la tarea de iniciar una nueva etapa y, para ello, trabajará en serio y concienzudamente para lograr un pacto social y político por la educación a través del diálogo constante con el Gobierno y con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Ante esta tribuna, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista pide la misma colaboración y el mismo compromiso de todos los grupos de la Cámara. Juntos podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita. (Aplausos).

Señor ministro, el presidente del Gobierno del que usted forma parte se pasó la práctica totalidad de la legislatura durante la que gobernó con mayoría absoluta refugiándose al menor reproche o crítica que se le dirigía en el burladero de la herencia recibida. Y -¡lo que son las cosas!-, en realidad, a poco que se piense, para herencia recibida gravosa, la que a usted le dejó el señor Wert; tan gravosa que tal vez merecería más bien que la denomináramos con el término coloquial de marrón, un auténtico y genuino marrón. Pero no se preocupe, señor Méndez de Vigo. Le ofrecemos nuestro apoyo para trabajar juntos y estamos dispuestos a ayudarle a salir de tan engorrosa situación. Aunque no de cualquier manera, claro está, sino de la única que a nuestro juicio tiene sentido. Por eso precisamente reclamamos la paralización del calendario de aplicación de la Lomce y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas que desarrollan su implantación y que no tuvieran vigencia efectiva. Reclamamos dicha paralización -merece la pena reiterarlo- como paso previo y prioritario que permita comenzar a reconstruir un acuerdo común entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas; un acuerdo orientado a lograr un sistema educativo estable y de calidad. Por definición, un pacto educativo ha de ser un pacto con todos, no puede dejar a nadie fuera, del mismo modo que no puede ser un pacto contra nadie. Pero el asunto es demasiado importante y serio como para andar mareando la perdiz y confundiendo a la ciudadanía con propuestas equívocas o directamente engañosas, como la de anunciar una suspensión de los efectos académicos de las reválidas que ya estaba prevista en la propia ley.

Se lo diré de forma clara e inequívoca: un pacto educativo sobre la base de la Lomce no es un pacto, es un oxímoron como la copa de un pino, o como una catedral si le parece más adecuado a la ideología que inspiraba la ley. En fin, señor ministro, no pretenda que la oposición se coma el marrón que le dejó a usted en herencia el señor Wert. Pero, sobre todo, no pretenda que se lo coman los estudiantes de este país, que son los que menos culpa tienen de los desaguisados que generó su antecesor en el cargo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer término la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy viene una proposición de ley del Grupo Socialista en la que todos coincidimos. La educación es un tema que excede a posiciones políticas, que excede a un Gobierno y que excede a una legislatura, y sobre todo una ley como la Lomce, que salió sin consenso social y sin apoyo de ningún tipo, ni de las comunidades autónomas, ni de los partidos políticos, ni del profesorado, ni del alumnado. Se quiso imponer en un país donde todavía necesitamos luchar contra el fracaso escolar, donde necesitamos -después vamos a hablar de ello- políticas de igualdad y donde en una ley se ponía hasta la segregación de los niños en los colegios por sexo, en pleno siglo XXI. Además con unas reválidas que eran un disparate, sin tener en cuenta los entornos socioeconómicos y territoriales de cada una de las comunidades o de dentro de cada una de ellas. En el caso de Canarias ya no les digo, donde se planteaba que los profesores fueran externos, de tal manera que si había que mandar profesores a La Gomera para hacer los exámenes no se tenían en cuenta las especificidades ni cuál era el ámbito o las consideraciones que debían tener. Pero no solo eso, sino también todo el tema de intermediación y tantas y tantas otras cosas.

Yo me alegro de que hoy no tengamos un Gobierno de mayoría absoluta, ni del PSOE ni del Partido Popular, porque la historia de España ha sido la imposición de leyes de educación cuando han gobernado unos u otros. Lo que quiero decir es que se suspendan inmediatamente las pruebas de reválida y que entre todas las fuerzas políticas, entre todos los ciudadanos, entre todos los colectivos que tienen que ver con la educación, seamos capaces de hacer una ley de educación para las próximas generaciones de


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niños y niñas, de hombres y mujeres de este país, para que sean educados en la igualdad y, sobre todo, que no exista el fracaso escolar que tiene este país.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista reitera ante el Pleno del Congreso una iniciativa con la que trata de derogar, paralizar o bloquear la Lomce. Con este intento de suspensión de su calendario e implantación no se tienen en cuenta las consecuencias educativas. De hecho, esta proposición de ley, como otra semejante que se presentó en la pasada legislatura, rezuma irritabilidad, voracidad por el control de la enseñanza y ansiedad por que en España vuelva a las andadas la Ley Orgánica de Educación. Esta práctica socialista de bloqueo a una ley educativa tiene precedentes, y no solo el de la fallida undécima legislatura: también el Gobierno de José María Aznar sufrió los embates contra su LOCE. Es decir, los intentos de estrago sobre las leyes educativas ajenas hay que tomarlos como una rutina socialista y, por tanto, los denunciamos en esta tribuna y los rechazamos con nuestro voto, porque, además, si salen adelante, los grandes damnificados serán los alumnos, centro de toda política educativa. Foro discrepó sin ambages de la Lomce en su tortuoso trámite por el Congreso y por el Senado, pero hoy no aceptamos esta pretensión de fumigar la política educativa para que vuelva a estar vigente la LOE, una ley que desmejoró la estructura del sistema escolar, debilitó al profesorado y arrastró a España a preocupantes desniveles educativos. Sin embargo, valoramos que la Lomce incorpore reválidas y pruebas externas de carácter nacional, porque consideramos que estimulan el esfuerzo y la exigencia, objetivos similares a los que se tienen en toda Europa.

Señorías, Foro aboga por forjar los pactos en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación, para que se corrijan las debilidades de nuestro sistema educativo, para desarrollar su normativa y para implicar a toda la comunidad. Mientras ese gran consenso por la educación no se lleve a término o, lo que es peor, ni siquiera se intente por la obstinación de una parte sustancial de la oposición en las Cortes Generales, corremos el peligro de profundizar en los males que aquejan a nuestros alumnos, a la estructura, al currículum de asignaturas, a la organización de aula y de centro, al profesorado y también a la formación profesional. No a la paralización del calendario, no al sectarismo sobre una materia sacrosanta como es la enseñanza, sí desde Foro al gran pacto escolar de todas las fuerzas políticas y de la comunidad educativa en pos de consolidar la senda de la mejora de los indicadores de calidad.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Arratsalde on guztioi.

Euskal Herria Bildu votará a favor de la proposición de ley del Grupo Socialista para pedir la suspensión del calendario de aplicación de la Lomce, y lo haremos por algo muy obvio: estamos en contra de la Lomce y queremos que se derogue ya. Por tanto, que se paralice el calendario es un mal menor, pero es al menos un paso en una buena dirección. Y lo decimos con claridad porque la comunidad educativa de Euskal Herria en su conjunto ha demostrado no solo que no quiere la Lomce, sino que está dispuesta a hacer un plante, pese a quien le pese y sea cual sea su amenaza. En esos plantes, Euskal Herria Bildu estará con las familias y con los educadores y las educadoras objetoras, como lo ha estado hasta ahora. Pero también somos muy claros y decimos que no estamos a favor de un pacto nacional educativo. No queremos la Lomce, pero no queremos la LOE ni la Logse ni ninguna otra que pueda venir de un pacto nacional o de un pacto educativo nacional, que no trae más que recentralización, uniformización y negación de las realidades plurales que en la actualidad están, en nuestro caso y muy a nuestro pesar, dentro del Estado español. Esa es la realidad que trae y la que permite que tertulianos en medios de comunicación digan que el euskera es un idioma para hablar con las vacas y las berzas, por ejemplo, y que solo el castellano es un idioma de rango y de nivel.

Ante la Lomce y ante cualquier otra ley como esa vamos a defender lo que la mayoría social vasca definió en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que toda persona tiene derecho a acceder a un sistema educativo público en euskera, plural, laico, gratuito, inclusivo de la diversidad e igualitario


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desde el punto de vista de género, la coeducación, y que desarrolle el espíritu crítico y la solidaridad internacionalista en todas las etapas educativas, tanto las obligatorias como las que no lo son. El sistema educativo será propio y desarrollará el llamado currículum vasco. Y no teman, porque en ese currículum vasco no habrá espacio para la exclusión, para no reconocer las grandes obras de la literatura. Sirva como ejemplo reconocer a alguien que fue capaz de escribir hace más de setenta años algo tan certero y tan vigente hoy, por desgracia, como esto: Con el alma de charol / vienen por la carretera. / Jorobados y nocturnos, / por donde animan ordenan / silencios de goma oscura / y miedos de fina arena. Federico García Lorca. Romance a la Guardia Civil.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Los que hemos trabajado en educación sabemos de la importancia de que en los claustros, en los consejos escolares, trabajemos juntos, propongamos juntos, decidamos juntos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Baldoví.

Señorías, no se escucha al señor Baldoví. Por favor, guarden silencio.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Justo lo contrario de lo que hizo el anterior ministro y su partido, que no consensuaron, no compartieron, sino que impusieron; impusieron su mayoría absoluta e imponer es un verbo completamente alejado del verbo educar. Una ley de educación no se puede hacer en contra de la comunidad educativa, en contra de todos los docentes, en contra de todas las demás fuerzas políticas. De esta ley solo queda por implantar las reválidas de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato; y si ustedes fueran razonables, si fueran moderados y no radicales y extremistas con esta ley, apoyarían esta iniciativa. Mantener las reválidas es seguir insistiendo en mantener un modelo pedagógico anticuado; es seguir apostando por dejar fuera del sistema a buena parte del alumnado, aunque haya superado todas las materias; es poner en tela de juicio a los profesores, y no parece una buena idea deslegitimar a los que conocen a los alumnos, a los que trabajan con los alumnos cada día, a los que han convivido con ellos, a los que han evaluado a estos alumnos. Seguir apostando por las reválidas es no tomar en consideración el progreso educativo de un alumno, su esfuerzo de años de estudio y las circunstancias especiales que concurren en cada uno de ellos; es negar a nuestros estudiantes una titulación que se han ganado durante años; es, en definitiva, un freno, un embudo donde se quedarán muchos estudiantes sin poder acceder al bachillerato o a la universidad.

Acabo, señora presidenta. Mantener las reválidas es mantener el último eslabón de una ley que nunca debió de ser aprobada y que marcó un estilo de legislar que es todo lo contrario a los valores que intenta inculcar la educación, a los valores que miles de profesoras y profesores enseñan cada día en sus aulas: acordar, consensuar, convencer. Todo lo contrario de lo que se ha hecho con esta ley, que cuanto antes debemos derogar.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta. Bona tarda.

Mientras la semana pasada el Gobierno español nos anunciaba que no admitirá a trámite la propuesta del Partit Demócrata respecto a la Lomce, el meu Govern, el català, estaba en Estados Unidos invitado por Google para explicar, delante de quince países, cómo la tecnología y los avances en ella pueden ayudar a mejorar un modelo educativo activo, propio, con carencias, evidentemente, pero sobre todo un modelo educativo ambicioso. Algunos lo critican, cuando saben perfectamente que si algo falla estrepitosamente en él es la mano del Gobierno español y su Ley Wert, hecha para españolizar a los alumnos catalanes. Estos son los mismos que critican -de manera fraternal, eso sí- que hayamos aceptado la invitación de Google; los mismos que seguramente preferirían quedarse aquí llorando y quejándose en vez de salir al mundo para compartir el trabajo bien hecho -que hay mucho- y para nutrirse del trabajo que hacen bien otros países.

En la información que nos ofrece el Gobierno español se justifica la no admisión a trámite por motivos presupuestarios. Es decir, nos tenemos que comer la Lomce, cuando a Cataluña le va a costar más


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de 130 millones de euros porque peligran ciertas ayudas europeas. ¿Se dan cuenta ustedes del drama? Vamos a parar la Lomce, la vamos a parar porque va en contra de Cataluña, porque va en contra de la llengua catalana y porque va en contra del progreso, y nosotros no vamos a poner en riesgo el futuro de nuestros hijos. (Continúa su discurso en catalán).

Termino. España apuesta por sacar del sistema a aquellos alumnos que subjetivamente no son buenos, y lo hace plantando encima de la mesa de todas las administraciones un convenio acompañado de un suculento cheque. Cataluña es la única Administración que no ha firmado este convenio, este destructor de futuros. Unos se llenan la boca de palabrerías y otros demostramos con hechos nuestro compromiso con la calidad educativa. Y no puedo irme sin informar a los desinformados de que el cien por cien de los alumnos catalanes hablan y escriben el castellano. Y no, tener acento catalán no significa no saber castellano. Vamos a votar a favor.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Vengo en nombre del Grupo Vasco, una vez más, a defender nuestra posición y a hablar en contra de lo que hasta ahora nos está martirizando en el mundo educativo, que es este artefacto jurídico-educativo que se llama Lomce. Esperemos que desaparezca cuanto antes. Desde el principio mi grupo se mostró contrario a esta ley y hoy el Grupo Socialista nos plantea la toma en consideración de una proposición de ley para que a partir de la misma podamos desarrollar mediante enmiendas y trabajo de ponencia la posición que cada uno tiene respecto a lo que debe ser el sistema educativo, lo que entendemos que debe ser una ley de educación.

La educación, en su más amplia acepción del término, es un bien común inestimable que como tal debe ser preservado, un bien que está en continua evolución y que debe anclarse en la sociedad a la que sirve en clave de acuerdo. Vivimos circunstancias que nos obligan a todos los que tenemos responsabilidades públicas y a todos los agentes concernidos con la educación a una lectura compartida de cómo avanzar en la mejora del sistema educativo. Hasta ahí estamos de acuerdo: cuanto mejor sea la educación de todos, más a favor de la misma estará mi grupo. Pero la educación es uno de los temas centrales en la agenda de cualquier Gobierno y debe tener la mirada larga, tiene que tener una amplitud de miras superior a la que ha tenido hasta ahora. Sin duda alguna, debe ser flexible y adaptable, pero vuelvo a reiterar que debe saber a qué sociedad sirve, de dónde viene, a dónde quiere llegar y qué modelo educativo propone para ello.

Digo que debe estar anclada a la sociedad a la que sirve, y esto para mi grupo es muy importante. Los que defienden el Estado español como tal -lo que hoy en día se entiende por Estado español-, no pueden negar que es diverso y plural. Otros defendemos que el nuestro es directamente un Estado con diferentes naciones que obligatoriamente participan del mismo. Pero que no se sustenta, por muy obligatorio que sea, en una sociedad uniforme, única, pétrea, indivisible, sino que también es plural y diversa cultural, lingüística, social y, sin duda alguna, políticamente. Por tanto, en lo que respecta a la educación, también debe tenerse en cuenta la existencia de pueblos y naciones con diferentes grados de competencia. Son legítimas las propuestas que debe haber, pero no se pueden obviar aquellos sistemas educativos que han funcionado bien. No vemos la necesidad de que vengan a recentralizar, la necesidad de que vengan a imponer modelos educativos que no valen para la sociedad a la que sirven. Por ejemplo, la Lomce no vale para la sociedad vasca, y aquí tengo un ejemplo claro de que no hemos necesitado de lomces. Este es un reportaje de la BBC elaborado por Sean Coughlan, que es el responsable de educación de la BBC, y que se titula: "¿Cómo el País Vasco se ha convertido en una potencia mundial en educación?" Que yo sepa, la BBC no ha realizado reportajes sobre las excelencias del sistema educativo español. Y en él dice, entre otras cosas, que el esfuerzo que hacen los pueblos con identidad para que su sistema educativo esté vinculado, engarzado con esa identidad, después se proyecta en unos resultados superiores. Sin duda alguna, el ejemplo de la Lomce es todo lo contrario; la Lomce es un claro ejemplo de cómo no deben resolverse las cuestiones que rodean a la educación, la Lomce es un monumento a la irresponsabilidad, es impuesta, es recentralizadora, invasiva con respecto a nuestro autogobierno. Este grupo parlamentario al que yo represento la rechazó frontalmente desde el inicio, participamos incluso en aquella serie de reuniones en las que decíamos que esto no podía ser. Pero, lo que es peor, el Gobierno lo que hizo fue actuar sin que le importase nada lo que todos nosotros pensábamos sobre la educación,


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porque tenía una mayoría absoluta que le permitía hacer lo que le daba la gana. Y eso tiene una consecuencia, que hoy en día solo el grupo parlamentario del Gobierno apoya esta ley. El señor ministro, que ha sido reiterado en su cargo, tiene un encargo realmente complicado para ver cómo nos convence a todos los demás para que, sin cambiar la Lomce, podamos estar los demás de acuerdo en la ley educativa. Y verdaderamente sería una irresponsabilidad del grupo parlamentario que lo sustenta no hacer caso a la mayoría de esta Cámara.

La Lomce es una ley que hemos confrontado y que seguiremos rechazando. La Lomce, como digo, es algo que en estos momentos no tiene cabida en algunos modelos educativos, no entra, no hay engarce posible. Y me refiero, entre otras cosas, a sus puntos de partida, retos, objetivos de etapa, perfil de salida del alumnado, contenidos curriculares basados en academicismo, contra la educación por competencias, por ejemplo, currículo específico vasco, que ha demostrado su capacidad para salir adelante, metodología, evaluación, separación temprana del alumnado de las distintas enseñanzas y profesionales a partir de 3.º de la ESO, diversificación curricular, desaparición de los ciclos en Educación Primaria, diseño de la FP básica, autonomía de centros, potestad de consejos escolares y direcciones, etcétera.

Lomce y lo que entendemos por democracia en estos momentos están bastante reñidas, y Lomce y autogobierno vasco son como el agua y el aceite, todo lo contrario. La educación es demasiado seria como para estar sujeta a intereses partidistas, irresponsables y cortoplacistas, que es lo peor. Vuelvo a incidir en por qué el sistema educativo vasco -en el campo de la formación profesional dual, en el método de aprendizaje en lenguas, etcétera- ha triunfado. El resultado son los profesionales que están en las empresas vascas más punteras que están en estos momentos en el mundo trabajando, vendiendo, exportando, apostando por la I+D. Todo eso es fruto de un sistema educativo en el que mi pueblo ha creído desde el principio, en el que la colaboración público privada ha sido fundamental, en el que la concertación ha sido algo entre el sector educativo, los partidos políticos, las instituciones. Los ámbitos sociales han colaborado para que ello sea así.

Aunque nosotros diferimos un poquito de cómo está redactada esta proposición de ley, vamos a apoyar su toma en consideración porque consideramos que es abrir una puerta para poder entrar a desarrollar algo y para que se paralice ese calendario.

Voy a acabar con una frase que seguramente es conocida por todos pero que es bastante importante. La dijo Derek Bok, que fue rector de la Universidad de Harvard durante muchos años: Si invertir en educación es caro, prueben ustedes con la ignorancia.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, senyora presidenta.

Diputadas, diputados, miembros de la comunidad educativa, una vez más subo a esta tribuna para dar en nombre de mi grupo, Esquerra Republicana, el voto a favor de la derogación de la Lomce, y si no me equivoco lo hago por tercera vez. En las dos anteriores se aprobó la derogación, pero la Lomce y el calendario continúan vigentes. Esperemos tener más suerte ahora, con el Gobierno nuevo-viejo, y que lo que acuerde este Congreso hoy se respete y su cumpla.

Puede que les sorprenda, pero empezaré recomendando un libro, el último libro del proponente, Manuel Cruz, Ser sin tiempo. De hecho, he recogido una frase de sus reflexiones que me inspira: Podemos caer en el eterno retorno remasterizado. Esto vale para el viejo-nuevo Gobierno, pero también vale para la falta de memoria, porque podemos entrar en un bucle temporal, presentando una y otra vez la suspensión de la Lomce, las reválidas, etcétera. Espero que lo superemos.

Permítanme una ilusión: un Congreso con más filósofos y menos abogados del Estado, con todos mis respetos por los abogados del Estado. Puede que un Congreso así nos permitiera hablar más y mejor del sentido y del porqué de lo que hacemos, y menos de la forma en que se tienen que hacer las cosas. Nos pierde la discusión interminable de los detalles, resultado de obsesiones variadas -Wert y sus obsesiones; aún las pagamos-, y nos olvidamos de una cosa: que lo sencillo es siempre más eficaz. La Lomce ha sido -y aún colea- el monumento a las obsesiones de los que creen que el tiempo pasado siempre fue mejor, y que confunden el esfuerzo con hacer las cosas complicadas -y a veces mucho-, cuando lo mejor sería hacerlas sencillas, sobre todo si hacemos leyes de bases; sencillas. Se dice -y en este caso la fuente es otra filósofa, Marina Garcés- que las dificultades son el señuelo del deseo, y la complicación en cambio es la trampa de quien se cree poderoso. Estoy de acuerdo, porque quien comparte las


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dificultades hace entrar en un juego de interlocución, aquello de: vamos a pensar juntos. Qué bueno sería que en este Congreso pensáramos juntos y dejáramos aquello del funesto vicio de pensar. En cambio quien viste sus discursos, su obra de complicaciones hace declarar su superioridad e imponerla como inaccesible. Dos modelos de pensamiento. En términos de exministros, sería Gabilondo-Wert: dos modelos de pensamiento. Contra lo que se dice, pienso que la exposición a la dificultad es igualitaria, porque presupone la igualdad de las inteligencias como punto de partida de toda relación, ya sea educativa, afectiva, estética o política. También es buena la igualdad política. Pero con la Lomce no se ha buscado la igualdad, la superación de las desigualdades con esfuerzo y cooperación. No, lo que se busca es la competencia en una sociedad en la que partimos de profundas desigualdades, en la que nuestros niños y niñas no tienen un punto de partida igual. Claro que hay que evaluar, pero la educación -y más aún la obligatoria- debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje. En cambio una carrera constante de pruebas, obstáculos y reválidas al final de cada etapa es antipedagógica, sancionadora y excluyente.

Continúan confundiendo esfuerzo con complicar las cosas y, por favor, basta ya de decir que aquellos que han tenido responsabilidades durante cuarenta años en la enseñanza digan que la enseñanza está muy mal, porque no es verdad. La comunidad educativa ha luchado y lucha por la mejor enseñanza posible, y es un ejemplo. No nos podemos comparar con aquellos países que llevan muchos más años que nosotros luchando por una educación pública y laica, invirtiendo dinero, creando las bases de un sistema escolar de éxito. La comunidad escolar en nuestro país ha sido el esfuerzo permanente y constante para impedir que la política destrozase la educación. Recuerdo de dónde venimos, de los cuarenta años de franquismo, de indigencia cultural y educativa. Mi generación, la que vio morir a Franco con veinte años, sabe de lo que hablamos. De mi pueblo -5.000 habitantes-, de mi clase de primaria -cuarenta y cinco alumnos-, yo fui el único que fue a la universidad, y cuatro más al instituto, el mismo instituto en 1970 que en 1845, el Instituto Provincial. Claro que hay que hacer cambios, queda mucho por hacer, pero hay que hacerlo de forma diferente, con la comunidad educativa, respetando las naciones, que existen y exigen respeto. Porque el tiempo pasado no fue mejor, o al menos no lo fue para la gran mayoría, y el futuro no puede quedar lastrado por una Lomce que se obsesiona, que mira al pasado. Deroguémosla de nuevo -la derogaremos hoy otra vez-, aunque sea a través de un procedimiento para mi gusto excesivamente largo, como propone esta proposición de ley.

Para acabar, parafraseando a un político del mismo partido que el proponente: Por Dios, deroguémosla ya, por Dios. (Risas).

Gracias, señora presidenta. Educació i república. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Miren ustedes -y antes de empezar-, escuchándoles, siento vergüenza. ¿Alguno de nosotros se ha parado a pensar que mientras estamos teniendo este tipo de debates, absolutamente partidistas y anclados en el pasado -decía el compañero de Esquerra Republicana que les gusta recordar, pero Wert ya pasó; ya pasó-, hay niños a los que estamos dejando sin una buena educación? ¿Alguien es consciente de que cada minuto que pasamos aquí debatiendo quién tiene la razón, quién se va a llevar la medalla, hay niños que van a quedar fuera del sistema? Después de esta reflexión empiezo mi intervención. (Aplausos).

Para mí es siempre un honor hablar de educación, primero porque es uno de los valores fundamentales de mi partido, y segundo, porque yo personalmente me lo creo. Sin una buena educación no tendremos una sociedad próspera, no tendremos una sociedad libre y no tendremos una sociedad verdaderamente democrática. Por tanto la educación es fundamental. Dicho esto voy a ser muy clara y muy directa con mi intervención, señor ministro. Nosotros, Ciudadanos, vamos a votar a favor de la toma en consideración de la propuesta planteada por el Partido Socialista, una propuesta que, pese a lo que se está intentando vender, yo quiero recordar que no pide ni más ni menos que aquello que ya hemos conseguido trabajando, negociando un compromiso con el Gobierno: la paralización del calendario de implantación de la Lomce -ojo, aquí no estamos debatiendo la derogación de la Lomce, sino la paralización del calendario de implantación-; la puesta en marcha de un pacto nacional por la educación -que veo que va a ser difícil, después de escucharles a ustedes-, y en tercer lugar, la eliminación mientras dura ese tiempo, en esa moratoria, del carácter académico de las reválidas.

Nosotros vamos a apoyarla por cuatro razones básicas: primero, porque nosotros creemos en el parlamentarismo, y creemos que la toma en consideración de una ley siempre es buena, más allá de que


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luego podamos debatir enmiendas, o estemos o no de acuerdo con el fondo de algunas cuestiones. En segundo lugar, la vamos a apoyar porque esta proposición de ley recoge el fondo del acuerdo que pactamos con el Partido Socialista en aquella investidura fallida que no salió adelante, donde se decía textualmente que íbamos a poner en marcha una mesa para alcanzar un pacto social y político en el plazo de seis meses, y que mientras tanto se paralizaría con carácter inmediato el calendario de implantación de la Lomce en todos los aspectos que no hubieran entrado en vigor. Pero es que también esta proposición de ley recoge en parte el pacto que hemos hecho con el Partido Popular, que en su punto 78 dice textualmente -y esto está ya, no hace falta hacer una proposición de ley- que se impulsará un pacto por la educación en una subcomisión parlamentaria, y que en ese periodo se congelará el calendario de implementación de la Lomce en todos aquellos aspectos que no hubieran entrado en vigor, entre otros las reválidas. Finalmente vamos a votar a favor de la toma en consideración porque esta proposición de ley recoge el fondo de la solución técnica que yo hablé con el ministro para dar una salida al tema de las reválidas. En primer lugar, la suspensión y el planteamiento de la moratoria del calendario; en segundo lugar, la eliminación de los efectos académicos de las reválidas mientras constituíamos un pacto, y en tercer lugar, un pacto donde trabajáramos con seriedad y con consenso por una mejora educativa y no por estar peleándonos. (Aplausos).

Dicho esto, quiero decirles que también me resulta un poco extraña la toma en consideración de esta ley en este momento, porque sinceramente no vemos demasiado sentido en hacer una proposición de ley en estos momentos en que estamos tratando de llegar a un acuerdo para establecer un pacto y poder hacer una mejor ley de educación. Con todos los respetos, y tras lo que he oído, creo que algunas fuerzas parlamentarias están utilizando esto a modo de herramienta de propaganda política, y nosotros ahí no vamos a entrar. Pero también entendemos que como esto recoge el acuerdo que tenemos con el Partido Popular, tampoco tendría mayor problema a la hora de apoyar o dejar que se tramitara la toma en consideración, puesto que esto teóricamente se va a hacer por un acuerdo y se va a hacer antes de que esta ley llegue a tramitarse realmente en el Parlamento, por tanto nos parece inocuo.

Como concusión diré que estamos ante el ejemplo de cómo no podemos seguir abordando la educación. Miren, no podemos seguir haciendo batallas falaces de cara a la opinión pública, vendiendo cada uno nuestra chochona con ganas y con la idea de satisfacer a nuestro público. (Aplausos). ¿Ustedes de verdad creen que a las 40.000 familias que tienen ahora mismo un problema con las reválidas les preocupa si me pongo yo la medalla, si se la pone el señor del Partido Socialista o si se la pone el ministro de Educación? ¿Ustedes creen que de verdad eso les preocupa a los estudiantes? Lo que quieren los estudiantes es saber cómo, de qué y cuándo se van a tener que examinar, y en eso tendríamos que estar trabajando.

Lo que estamos viendo hoy en esta Cámara no traduce a nuestro juicio el espíritu que consideramos necesario para una verdadera mejora de la educación; que los partidos dejen de utilizar el frentismo en la educación y que empecemos a trabajar con inteligencia y con estrategia. Hasta ahora la educación se ha reformado siete veces; desde la entrada en vigor de las leyes ninguna ha durado más de seis años; es verdad que la Lomce se aprobó de manera unilateral, que se hizo sin consenso y de una manera poco responsable bajo nuestro punto de vista, lo que ha llevado a un caos legislativo, pero qué poca responsabilidad han tenido las comunidades autónomas del partido del Gobierno que se han negado a implantar la ley cuando les correspondía. Señorías, basta ya; basta ya de utilizar la educación como un arma arrojadiza. Basta ya de batallas propagandísticas, basta ya de que nos estemos olvidando de los problemas de fondo, basta ya de que nos estemos olvidando de los problemas importantes: del fracaso escolar, de la necesidad de cambiar el acceso del docente, de la convivencia escolar, del bullying -estamos teniendo problemas en estos momentos-. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, es nuestro pasaporte para el futuro, es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra las desigualdades. Es el arma más poderosa que tenemos para combatir la amenaza de los populismos. Es además el alma de la sociedad, lo que va a quedar de una generación a otra. La diferencia entre un país que tiene una buena educación y un país que no la tiene es mayor que la de ese país entre siglos. Por tanto no podemos jugárnosla en esto. Yo les propongo una cosa: cambiemos el chip. Cambiemos todos el chip, y como dice Benedetti en aquel poema tan bonito, el poema del alma, hagamos un trato: yo quisiera contar con usted y usted sabe que en esto puede contar conmigo. Hagamos un trato: al menos en el campo de la educación tratemos de concebir la política no como el ejercicio del poder y no como un conflicto de intereses donde hablemos de enemigos y de amigos. Concibamos la política como una actividad de gente libre e inteligente con capacidad de dar soluciones.

Decía Gabriel Celaya -acabo ya- que educar... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MARTÍN LLAGUNO: ... es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, hay que pensar, hay que equilibrar y hay que poner cosas en marcha. Si queremos de verdad mejorar la educación tendremos que llevar en el alma mucha generosidad, mucha paciencia concentrada, algo de marinos, algo de poetas y nada de piratas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, hoy volvemos a hablar aquí de la Lomce, una ley que ha conseguido cosas que parecían imposibles, y así se lo vamos a reconocer. Parecía imposible poner de acuerdo a toda la comunidad educativa, y sin embargo esta ley lo logró: profesores, asociaciones de padres y madres, sindicatos y estudiantes han manifestado de forma masiva y continua su absoluto rechazo a una ley no dialogada, injusta y educativamente inútil. Parecía imposible por otra parte que los partidos estuviéramos de acuerdo en algo, y con la excepción lógica del Partido Popular la mayoría de los partidos de esta Cámara nos presentamos a las pasadas elecciones prometiendo derogar esta ley educativa, derogar la Lomce, no solo una parte de la Lomce ni solo retrasar su aplicación. Así que con estos antecedentes parecía imposible que la anteriormente conocida como Ley Wert llegara al año 2017. Pero la realidad es que la Lomce sigue adelante, como bien saben y padecen docentes, alumnado y familias.

¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que una ley educativa que nació sin el menor consenso, una ley que ha sido respondida con veintiocho huelgas educativas, una ley rechazada por la mayoría de esta Cámara en dos ocasiones -una la legislatura pasada y otra en esta- siga vigente y goce aparentemente de tan buena salud? Se le podrán dar las vueltas que se quiera, pero hay una realidad que resulta innegable, y es que a una ley educativa la sustituye otra ley educativa, y para eso era necesaria una alternativa de gobierno, una alternativa de gobierno para la que -lo hemos dicho otras veces- había números en este Parlamento, y que sin embargo el Partido Socialista no quiso o no le dejaron explorar. Ahora, dos semanas después del abstencionazo, que ha permitido la continuidad del partido de los recortes y la Lomce al frente del Ejecutivo, los compañeros socialistas nos presentan una proposición de ley para la paralización del calendario de aplicación de la Lomce, un calendario que como saben ya está muy avanzado. El PSOE, con su abstención, parece por tanto haber transitado de pedir la derogación de la Lomce a la modificación de partes orgánicas de la misma y de esta a la paralización del calendario de aplicación. Parafraseando el viejo eslogan de los 80, podríamos decir aquello de: Lomce, de entrada no. Otra vez tarde, señorías del Partido Socialista. Van ustedes con retraso a todas las citas importantes. Llegaron tarde a la conclusión de que podían formar Gobierno con Podemos y miren el resultado. Incluso para ser oposición ya es demasiado tarde para ustedes. Por este camino llegarán tarde a su propio congreso, si es que les dejan convocarlo.

Señorías, hablemos claro, a estas alturas la paralización del calendario de la Lomce significa fundamentalmente la suspensión de los efectos evaluativos de las reválidas, no la suspensión de las reválidas, sino que se sigan realizando sin ser determinantes a la hora de obtener el título. Esto y no otra cosa es lo que estamos debatiendo aquí.

Señorías, nuestro grupo se ha manifestado siempre en contra de las pruebas finales o reválidas, ya que a nuestro juicio representan una concepción obsoleta del proceso educativo, una concepción que no tiene ninguna justificación. La mayoría de docentes y expertos sostienen que es un sinsentido pedagógico hacer que el alumnado se lo juegue todo a la carta de un examen, sin tener en cuenta los resultados obtenidos a través de la evaluación continua, además de lo negativo que sería dejar sin validez los años cursados por suspender una prueba final. Por otra parte las reválidas suponen un descrédito de la labor docente, pues implican interrumpir el proceso de enseñanza con un agente externo, que rompe la idea de proceso educativo continuo. Por otro lado este sistema también perjudica al alumnado con problemas de aprendizaje o con un estilo de aprendizaje diferente, no memorístico, y en este sentido no va a servir para reducir el abandono escolar temprano, una sangría que según todos los indicadores internacionales es uno de los grandes problemas del sistema educativo de nuestro país. En definitiva las reválidas ni sirven para mejorar la calidad de la educación ni van a conseguir que nuestro alumnado alcance los niveles de aprendizaje adecuados, antes bien las reválidas van a ser una carrera de obstáculos de la que muchos de


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nuestro jóvenes se van a descolgar, y lo harán quienes tienen más dificultades de entrada, quienes son más vulnerables y disponen de menos recursos. A esos penalizan sus reválidas: a los de abajo, a los de siempre.

Sabemos la angustia que estas pruebas están generando entre las familias y los alumnos, que temen con razón que su futuro se pueda torcer por un mal examen. Por este motivo vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero queremos ser claros, nos parece una medida insuficiente, una medida que se queda a medio camino, porque la comunidad educativa ha sido muy clara también, ni quiere reválidas, ni quiere simulacros de reválidas. A nuestro juicio sirve de poco posponer el carácter evaluativo de estas pruebas dos o tres cursos, mientras se siguen realizando y de esta manera normalizando. El compromiso de la mayoría de los grupos de esta Cámara con sus electores -lo vuelvo a recordar- no era paralizar un calendario de aplicación, sino derogar la Lomce y así eliminar definitivamente estas pruebas. Señorías, temo que hayamos olvidado nuestros compromisos o, peor, que los hayamos cambiado por guiños lampedusianos, ya saben, cambiar algo para que nada cambie, un guiño que incluso contaría con el visto bueno de Ciudadanos y del propio Partido Popular. De hecho, el pasado 26 de octubre y coincidiendo con la convocatoria de una nueva jornada de huelga, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo la paralización de las reválidas. Luego supimos que no se trataba de paralizar nada, sino solo de suspender sus efectos sobre la titulación, y además solo durante el plazo de seis meses, mientras se acordaba un nuevo pacto nacional por la educación, lo que dicho sea de paso nos da una idea de lo que entiende este Gobierno por pacto educativo, porque seis meses dan para lo que dan, es decir, para un acuerdo por arriba, un acuerdo de partidos y élites, sin abrir el debate a la comunidad educativa o, dicho de otro modo, el inicio de otra ley educativa condenada al fracaso, que es una jugada peligrosa, ya que la paciencia de la comunidad educativa con este tipo de procedimientos hace tiempo que está agotada. Por tanto con esta proposición de ley seguimos el guión fijado por la triple alianza, una triple alianza que ha permitido la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que permite que siga la Lomce, que permite que sigan los recortes en educación. Y ahora nos quieren presentar como una victoria del Partido Socialista que las reválidas sigan, pero que sigan sin efectos evaluativos. Si este es un ejemplo del modelo de oposición que piensan ejercer, señorías del PSOE, no se esfuercen, ni nos convencen a nosotros ni creo que convenzan a nadie. Claro, alguien podrá decir que mejor eso que nada, pero a nuestro juicio estamos desplazando el foco del problema, un problema que se llama Lomce, porque la Lomce, señorías, es algo más que una ley ideológica, que solo busca restaurar las viejas obsesiones de la derecha, ya saben, la catequesis en las escuelas o españolizar a los niños catalanes. Como digo, la Lomce es algo más, es una ley educativa que se enmarca en un modelo de país muy concreto, un país que no pretende salir de la crisis por arriba, innovando y recuperando tejido industrial, sino todo lo contrario, recortando servicios públicos, especializándose en productos de bajo valor añadido y devaluando salarios. La Lomce es una ley subdesarrollada, pensada para un país de la periferia europea. Ustedes, señores del PP, no confían en España; ustedes no confían en los y las españolas, y por eso legislan con una mirada desconfiada, que culpa a los estudiantes de lo que son sus fracasos. Esta ley divide a la sociedad entre élites y precarios, como se demuestra claramente con la elección temprana de los itinerarios educativos en 3º de la ESO, donde se orienta al alumnado, en función de sus resultados, hacia la formación profesional o hacia el bachillerato. Pues bien esta expulsión temprana del sistema educativo, que separa a los que tienen talento de los que no, crea condiciones para una mano de obra poco cualificada, barata y con conocimientos meramente instrumentales, justamente lo que ustedes buscan, una ley que divide y jerarquiza escuelas en función del establecimiento de rankings, unos rankings completamente injustos que no solo no tienen en cuenta los condicionamientos socioeconómicos del proceso de enseñanza, sino que rompen uno de los principales logros de la escuela pública, como reconocen todos los estudios: la capacidad inclusiva de nuestro sistema. De este modo van a derribar el trabajo de décadas en unos pocos años, y sí, van a pasar a la historia como sepultureros de la inteligencia de nuestro país. Una ley por lo demás que equipara educación pública y privada, que permite que la escuela privada pueda cubrir plazas que le corresponden a la pública, que permite incluso que los colegios privados que segregan por cuestiones de sexo puedan recibir financiación. En definitiva la Lomce es una ley que deja de concebir la escuela como espacio de socialización y transmisión cultural, y la acaba reduciendo a un departamento de selección de personal.

Por estas y otras razones mi grupo considera que la respuesta a esta situación no puede pasar únicamente por maquillar la Lomce o hacerla más digerible, alargando los plazos de su aplicación. Por eso, aunque vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, no nos


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hacemos ilusiones. Hace pocos días escuchábamos al ministro de Educación afirmar que la Lomce no se iba a derogar, y que en todo caso el famoso pacto educativo no tenía por qué significar el final de esta ley. Bueno, nosotros creemos justamente lo contrario. Sostenemos que recuperar la educación pública y reparar el daño que se le ha infligido estos años pasa por enterrar definitivamente la Lomce y abrir el debate sobre una nueva ley educativa, un debate no solo entre partidos, no solo entre élites, sino fundamentalmente con la comunidad educativa. Este fue el compromiso con el que llegamos a esta Cámara y es el compromiso que vamos a mantener, nosotros sí.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Moneo Díez.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, las elecciones del pasado mes de diciembre abrieron una nueva etapa en nuestro país. Los ciudadanos expresaron con claridad que el nuevo escenario surgido de las urnas, y ratificado con mayor nitidez el pasado mes de junio, exigía de las diferentes fuerzas una nueva forma de entender y practicar la actividad política. Esta casa, el Parlamento, debía convertirse en el escenario perfecto para la búsqueda de acuerdos, de consensos, desterrando prejuicios pasados y aceptando que, a pesar de las profundas diferencias que nos puedan separar, es mucho más importante lo que nos une. Señorías, en la actividad política y parlamentaria lo que servía hace algunos años me temo que ya no sirve a día de hoy. Todos los que estamos en esta Cámara hemos asumido compromisos con los ciudadanos, todos los hemos defendido apasionadamente, seguramente con el firme convencimiento de que eran estos y no otros los que podían incidir en la mejora de aquellos que habían depositado en nosotros su confianza. Es totalmente legítimo. Ahora bien esta nueva etapa que los ciudadanos han validado con su voto exige ir mucho más allá, porque por encima de las legítimas aspiraciones de unos y otros la sociedad no aceptará aquella iniciativa que no comience por una palabra: acuerdo. Nosotros lo hemos entendido y por eso no nos gustaría, señorías, que la iniciativa que hoy somete a debate el Grupo Parlamentario Socialista cerrase las puertas al acuerdo. No es nuestra intención que así sea, aunque he de decirles que la intervención del portavoz socialista nos lo está poniendo muy difícil. Nosotros, señorías, no vamos a caer en provocaciones. Si alguien quiere excluirse del pacto porque en el fondo quizá ese pacto va a abordar un debate educativo serio, más allá de fundamentalismos, más allá de estereotipos creados, que lo haga. Nosotros no lo vamos a hacer y no es nuestra intención dejar fuera a ningún grupo de esta Cámara. Los españoles no entenderían que, si durante meses hemos hablado de la necesidad de un gran pacto por la educación, pretendiéramos asentar los cimientos de ese pacto sobre un debate bronco cuando ya estamos trabajando en esta Cámara por la constitución de una subcomisión que pueda dar luz verde al acuerdo. Por eso precisamente no entendemos a qué viene esta iniciativa, este debate. Algunas de sus señorías han dicho que carecía de sentido. Si carece de sentido, entonces ¿por qué votarla a favor? ¿Cuál es el sentido de su debate en el día de hoy? Máxime cuando ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, saben que sus efectos pueden ser limitados en algunos casos pero perniciosos en otros. Pareciera que para sentarse a negociar necesitan ciertas condiciones, que la consecución de un pacto debe pasar necesariamente por subir al cadalso a una ley educativa aprobada legítimamente por la mayoría de esta Cámara.

Señorías, sinceramente creo que comienzan esta andadura cometiendo los mismos errores del pasado; errores que desgraciadamente han impedido que nuestro sistema educativo pudiera adelantarse a las necesidades y requerimientos de la sociedad del futuro. Mientras nosotros discutimos, existe una realidad educativa adoptada por aquellos países que han experimentado un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de su sistema y en la mejora de sus resultados; una realidad fundamentada en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la autonomía de los centros, el refuerzo de la figura del profesorado y su formación a lo largo de toda su vida profesional. Nosotros, señorías, no entendemos la educación ni desde planteamientos apriorísticos ni desde trincheras ideológicas. Acudimos al pacto con la firme voluntad de llegar a un acuerdo; sabemos que eso implicará cambios y modificaciones legislativas, pero eso lo decidiremos aquí en esta Cámara entre todos.

Señorías, el Grupo Popular ha dado pasos hacia el acuerdo, pero nosotros damos un paso hacia delante y ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, dan un paso hacia atrás. Hoy han dado varios pasos hacia atrás y así es muy complicado que nos encontremos en el término medio. Estamos trabajando sinceramente para lograr el máximo consenso, porque es el compromiso que hemos asumido


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con los españoles plasmado en nuestro programa electoral; porque es el compromiso adquirido con otras fuerzas políticas de esta Cámara, con el Grupo Parlamentario Ciudadanos; porque es el compromiso del presidente del Gobierno, que en su discurso de investidura no solo abogó por la necesidad del pacto por la educación, sino que dio un paso más solicitando la paralización de los efectos académicos de las evaluaciones hasta que se lograse ese pacto; porque es el compromiso de este grupo parlamentario, que está trabajando por consensuar un texto conjunto para iniciar los trabajos de la subcomisión; y porque es el compromiso del ministro de Educación, que ya ha anunciado la convocatoria de la conferencia sectorial para llegar a un acuerdo con los consejeros.

Señorías del Grupo Socialista, por nosotros no va a quedar, pero para ello voy a tener que quedarme solo con la parte final de su discurso, señor Cruz, y olvidar el aquelarre que usted ha pretendido hacer esta tarde aquí con la Lomce. ¿Creen sinceramente que este es un debate constructivo? Solo le pido que se ponga ante diferentes supuestos. Si esta iniciativa se toma en consideración -como parece que así va a ser- estaremos ante una norma que con toda probabilidad se anticiparía a las propuestas y conclusiones del pacto social y político por la educación resultantes de la subcomisión. ¿Y si, por ejemplo, esas conclusiones dicen que hay que preservar el 85 % de las propuestas del pacto social y político defendido en su día por el ministro Gabilondo que, por cierto, contiene la Lomce? ¿Las paralizamos? ¿Las van a paralizar ustedes, señorías del Grupo Socialista? ¿O las derogamos? Pónganse en el lugar de las familias, de los alumnos y de los profesores. ¿Qué les explicamos? ¿Qué haga lo que haga la subcomisión, la Lomce con la que se están educando sus hijos no sirve? ¿Que el año que viene estudiarán con una ley distinta? Por cierto, ¿con qué ley? ¿Con la LOE? Señorías, la LOE está derogada. Hay que dar tranquilidad al sistema y a las familias. Ustedes saben que la Lomce está totalmente implantada en primaria, en secundaria y en bachillerato y que la formación profesional básica se está desarrollando con absoluta normalidad. ¿Qué hacemos si seguimos su iniciativa, que paraliza el calendario de implantación y deroga después? ¿Qué hacemos con los alumnos? ¿Qué título les damos? ¿Les dejamos promocionar? ¿Hacia dónde? ¿Derogamos también, a mitad de curso después de llegar a un acuerdo, la prueba final de bachillerato para el acceso a la universidad? ¿En qué limbo jurídico y administrativo dejamos a los alumnos de segundo de bachillerato? Por no hablar del tema financiero, que a ustedes les preocupa tanto. Ustedes saben que la implementación de la Lomce está condicionada por la inversión del Fondo Social Europeo. ¿Ustedes saben que la paralización de la misma implicaría para España la pérdida de más de 600.000 millones de euros? (Rumores). ¿Estamos realmente en condiciones de prescindir? (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Moneo.

Por favor, guarden silencio. Señorías, les ruego una vez más que guarden silencio.

Continúe, señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Señorías, esta iniciativa no es sostenible ni en la forma, porque ustedes saben como nosotros que no es posible paralizar ni derogar una norma regulatoria del ámbito educativo sin un nuevo calendario de aplicación e implementación, ni en el fondo, porque además de la falta de rigor técnico estamos hablando de consecuencias personales para los directamente implicados en la educación y económicas para el conjunto del país. Han hecho el discurso -quiero entender- que buena parte de sus votantes, de sus incondicionales, necesitan, pero, con sinceridad, no es el discurso que necesita la educación en nuestro país. La educación, señorías, necesita serenidad y sosiego, necesita mirar al futuro y dejar de lado el pasado, necesita inteligencia y generosidad, porque solo mediante el diálogo será posible la creación y aplicación de políticas educativas eficaces. Para alcanzar un acuerdo hace falta el acuerdo de todos, y ello, señorías, incluye también al Grupo Parlamentario Popular, avalado humildemente por cerca de 8 millones de españoles. (Aplausos).

Finalizo, señora presidenta. Recientemente tuve ocasión de leer unas declaraciones de un ilustre exministro de Educación socialista donde avalaba la necesidad de acuerdo en educación no sin antes señalar que el consenso hay que hacerlo. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero no olvidemos que el consenso es el acto mediante el cual varias partes llegan a un acuerdo que satisface a todos, no lo olviden. Señor Cruz, como le dije antes, me voy a quedar con la última parte de su discurso, precisamente en aras de ese consenso. Solo le digo una cosa: les esperamos en la subcomisión de educación.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo y Montojo, pide la palabra).

Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, he escuchado con todo detenimiento este debate, en el que se han manifestado posiciones a favor o en contra de la Lomce, pero creo que la mayor parte de los intervinientes han coincidido en una cosa, y es que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que pide la suspensión del calendario, no tiene efectos jurídicos inmediatos. Así es, porque si la proposición de ley se toma en consideración comienza un largo procedimiento que llevará en su caso a la modificación de una ley orgánica, puesto que el calendario está en la disposición final quinta de la ley. Por tanto, no tendrá efectos jurídicos.

El Gobierno quiere dar un paso adelante, señorías. El Gobierno ha manifestado su voluntad -lo ha hecho su presidente- de llegar a un pacto nacional por la educación. El Gobierno, además, va a cumplir con los compromisos contraídos entre el Partido Popular y Ciudadanos en el punto 78 -al que se ha hecho referencia aquí- respecto a la suspensión de ese calendario en aquello que no estuviera en vigor. El Gobierno va a auspiciar también en la subcomisión de la Comisión de Educación la búsqueda de ese pacto nacional por la educación. Sabemos -se ha dicho aquí- que es muy difícil y que ha habido muchas intentonas. En el pasado, el constitucionalismo español se caracterizaba por que cuando un partido llegaba al poder derogaba la Constitución del anterior y ponía la suya; sin embargo, en el año 1978 fuimos capaces todos en esta Cámara de lograr la Constitución de la concordia y del consenso, en la que pueden vivir aquellos que incluso no creen en ella. Si fuimos capaces de hacer la Constitución, por qué no vamos a ser capaces de hacer un pacto nacional por la educación. Por tanto, ahí van a ir -he escuchado muchas intervenciones positivas en ese sentido- esos esfuerzos.

Para solventar eficazmente la realidad de la comunidad educativa, que está en estos momentos estudiando los cursos, me comprometo a convocar la conferencia sectorial el próximo 28 de noviembre con la intención de llegar a un acuerdo en la línea de lo marcado por el presidente del Gobierno y, por tanto, suspendiendo los efectos académicos; no solo por un año, por este año, donde ya estaban de hecho suspendidos, donde no hay efectos académicos, como alguien nos ha recordado, sino que lo hará hasta que tengamos un pacto nacional por la educación. Me propongo que en esa conferencia sectorial lleguemos a un acuerdo para dar seguridad a la comunidad educativa y certeza a nuestros estudiantes, así como para mejorar la calidad educativa. Esos acuerdos los traduciremos eficazmente a través de un decreto-ley que presentaremos, una vez que se logre ese acuerdo, en esta Cámara. Al mismo tiempo, señora presidenta, es intención del Gobierno y del grupo parlamentario que lo apoya trabajar en esa subcomisión para lograr ese pacto nacional por la educación.

Ya con el pie en el estribo, señora presidenta, don Miguel de Cervantes decía que en la vida se podía ser camino o ser posada. El Gobierno va a ser camino, y espero que en ese camino, en pro del pacto nacional por la educación, nos encontremos a muchos grupos parlamentarios de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEJORAR Y ACTUALIZAR LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000135).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A PROMOVER UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL QUE RECUPERE EL ESPÍRITU DE CONSENSO DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, VINCULANDO A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PODERES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL EN UN COMPROMISO FIRME EN PRO DE UNA POLÍTICA SOSTENIDA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000004).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar y


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actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover un pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género. Estas iniciativas se van a debatir acumuladamente, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces.

Para la presentación de la primera iniciativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora González Vázquez.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, una mujer quiere comenzar una nueva vida, sin insultos, sin golpes, sin vejaciones. Al llegar al portal piensa, por última vez, en su casa. La recuerda como la acaba de dejar: desordenada. Le sobreviene el convencimiento de que él se pondrá furioso cuando vuelva. Duda, tiembla, da media vuelta, sube de nuevo las escaleras hasta su piso. No le da tiempo a recoger antes de que él llegue. No vuelve a bajar caminando esas escaleras ni ninguna otra. Nadie ha visto lo que no verbalizaba pero que llevaba escrito a golpes en su cuerpo. Lo que ha vivido esta mujer hasta morir también lo han sufrido muchas otras. Los tres hijos de otra mujer crecerán sin ella, y su asesino, cuando cumpla la condena de aproximadamente dieciocho años de cárcel, a la que la legislación española -una de las más avanzadas del mundo-, intentando poner coto a esta tragedia, le ha castigado, no tendrá a quién recurrir y se volverá hacia sus hijos, que, desgraciadamente, tienen un padre que es, además, el asesino de su madre.

Señorías, son demasiadas las mujeres que mueren a manos de sus parejas, demasiadas las que no denuncian a su compañero de vida, al padre de sus hijos, al novio, al compañero del que desearían verse libres pero al que un día, desgraciadamente, quisieron. Estamos de acuerdo en que una sola mujer ya es demasiado. Estamos de acuerdo en que la igualdad no tendría que ser una conquista sino una realidad en 2016. Estamos de acuerdo en que las mujeres deben encontrarse seguras en sus domicilios y no pensar en sus casas como en el peor escenario, un lugar donde viven con temor bajo amenazas. Estamos de acuerdo en que una mujer tiene el derecho a romper una relación en el momento en que lo desee sin que tenga que preocuparse por las consecuencias a las que esa decisión dé lugar. Mientras haya un solo caso de violencia de género no podemos dejar de trabajar para eliminarla, para erradicarla. Porque estamos todos y todas de acuerdo en todo eso y por todas las mujeres, por todas ellas, es por lo que hoy traemos a esta Cámara esta proposición no de ley. De hecho, traemos un texto nuevo, diferente, fruto del acuerdo alcanzado entre los dos grupos proponentes, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, ya que hemos pensado que era absurdo presentar dos iniciativas en este Pleno cuyo objetivo prioritario era el mismo: la seguridad, la vida y la confianza de las mujeres. Era absurdo no intentar llegar a este debate con un acuerdo. Por eso, esta mañana hemos presentado un texto nuevo, consecuencia de una negociación larga en estos días pasados, en el que hemos alcanzado, por fin, un acuerdo entre los dos grupos proponentes. Queremos, además -en eso estamos-, extender ese acuerdo al resto de los grupos, a quienes han presentado enmiendas y a quienes no las han presentado, porque el objetivo fundamental es formar un frente único unido y lanzar un mensaje sólido de rechazo a la violencia de género y firme voluntad de apoyo a las mujeres.

Por esa razón, porque hemos alcanzado un acuerdo sobre un texto que será la base de un trabajo conjunto para mejorar la respuesta que damos a esta tragedia cotidiana, voy a dejar de lado cualquier consideración partidista y, simplemente, voy a decir que, desde que somos conscientes de la magnitud y de la gravedad de la violencia de género, todos los gobiernos y parlamentos que han tenido responsabilidad en esta materia han hecho su trabajo lo mejor que han podido y sabido. De tal manera que, en estos años pasados, hemos configurado un sistema de respuesta judicial y social que está considerado internacionalmente como uno de los más avanzados. Sin duda lo es, pero queremos que sea más eficaz. Queremos ser capaces de dar a las mujeres soluciones que les hagan menos duro ese trance de la denuncia y el proceso judicial posterior; que las fortalezcan en su decisión; que puedan apoyar, incluso, a quienes por una razón u otra hayan preferido no denunciar la situación de maltrato. Queremos también reforzar el mensaje de que hay salida a la violencia de género con el apoyo de nuestro sistema judicial y de las administraciones responsables, así como que las mujeres tienen el derecho y la capacidad de reconstruirse y de construir una vida nueva sin violencia; que sus hijos e hijas merecen crecer en un entorno en el que puedan desarrollarse como personas sin las secuelas que la violencia contra sus madres


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o contra ellos mismos dejan, indefectiblemente, en su personalidad. La capacidad de llegar a acuerdos no es nada nuevo si se está de acuerdo en lo esencial. Se consiguió en el momento de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, y creo que lo conseguiremos ahora cuando, además, nos enfrentamos a un doble reto: reforzar la eficacia del sistema existente y actualizarlo según las exigencias internacionales.

Señorías, en 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el llamado Convenio de Estambul. Ha sido ratificado por cuarenta países, entre ellos varios de la Unión Europea, y su objetivo principal es proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia que sufren por el mero hecho de ser mujeres y promover, además, la cooperación internacional para eliminar esa violencia. El convenio amplía el concepto de violencia sobre la mujer o violencia de género, incluyendo nuevos delitos y conductas más amplias entre sujetos diferentes a los de nuestra legislación. Ya no tendrá que darse una relación de pareja presente o pasada, sino que otros modos de violencia que ahora mismo no eran considerados violencia de género -la violación, los abusos sexuales o forzar a una mujer a la prostitución, por ejemplo- pasarán a ser considerados violencia de género. Esta modificación tan importante nos obliga a replantear la Ley Orgánica 1/2004 o a elaborar una nueva norma, puesto que todo el entramado legal y de protección social que hemos puesto en marcha se ha centrado en aquellas víctimas de violencia en el entorno de la relación de pareja. Y aunque en estos años pasados se hicieron importantísimas modificaciones con la incorporación, por ejemplo, de los menores como víctimas, la inclusión de nuevos delitos en el Código Penal o el importante trabajo realizado en materia de trata, es evidente que ampliar el ámbito de aplicación de la ley orgánica a otras áreas de la vida de las mujeres, como el social o el laboral, supondrá un reto importantísimo para el cual se precisa, en este Parlamento, el mayor acuerdo posible.

Señorías, casi doce años después de la aprobación de la ley orgánica, pensamos que ha llegado el momento de trasladar ese enfoque integral y multidisciplinar a otras violencias que también sufren las mujeres, tal y como nos ha recordado, de manera pormenorizada, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, en su VI congreso, celebrado hace apenas dos semanas. Esta tarea importante, el esfuerzo de actualizar nuestro sistema a través de la firma de un pacto de Estado contra la violencia de género, va a realizarse en esta Cámara a través de la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad, uno de los puntos que hemos acordado con el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda que hemos presentado conjuntamente y que ya estamos mejorando con la aportación del resto de grupos. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista hemos presentado un texto transaccional con el objetivo de borrar nuestras diferencias en este tema y para que el texto que se defienda en esta Cámara sea uno y no dos diferentes y que ese texto tenga como objetivo la elaboración de un pacto de Estado, tal y como pretenden el Gobierno y los grupos parlamentarios. Como decimos en muchas ocasiones, son más nuestros acuerdos que nuestros desacuerdos, más aquellas cosas en las que coincidimos que las que nos separan, y por encima de las diferencias están la vida y la seguridad de muchas mujeres -demasiadas- y de sus hijos e hijas.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señorías, quiero traerles un recuerdo de lo que pasó en la última sesión que tuvimos en esta Cámara. El pasado sábado 29 de octubre, la presidenta de la Cámara abrió la sesión con un minuto de silencio que mostraba la repulsa hacia los crímenes machistas. ¿No les sorprende a sus señorías que ese gesto haya sido criticado en las redes sociales y en diversos artículos de opinión? Esa crítica es un síntoma de que muchas personas vivieron ese minuto de silencio como una impostura de quienes durante años han mantenido desde el Gobierno cierta indiferencia, cierta falta de diligencia y cierta falta de empatía, y no es una opinión. ¿Saben que desde el ministerio responsable en los últimos trimestres no ha salido ninguna condena institucional de los últimos crímenes machistas? Este país ya no quiere más imposturas, quiere respuestas contundentes y respuestas eficaces.

Señorías, en la primavera de 2015, el Partido Socialista, a través de una carta enviada por la diputada Valenciano a la ministra Ana Mato, reclamó que el Gobierno promoviese un acuerdo social, político e institucional contra las violencias de género. Demandamos entonces avanzar más rápidamente en la implementación y la mejora del sistema VioGén, solicitamos la comparecencia del secretario de Estado para informar sobre las disfunciones de seguridad que se habían producido en casos mortales con denuncia previa y presentamos iniciativas para una mejor aplicación de la ley. Nunca se atendieron las


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solicitudes de comparecencia y solo obtuvimos incumplimientos, retrasos y ninguneos a las propuestas de la oposición, que llegaron al extremo de votar en contra iniciativas que buscaban reforzar, por ejemplo, el apoyo educativo a los huérfanos o una mayor implicación del sistema sanitario en la prevención y en la identificación de casos. Pues bien, el Gobierno debe saber que aunque sus antecedentes lo hacen poco fiable, necesitamos avanzar hacia un pacto en esta materia. ¿Por qué? Porque necesitamos enmarcar y acordar las acciones del Estado a largo plazo en un asunto que los socialistas hemos considerado siempre de trascendencia. Llevamos años intentando convencer al Gobierno del Partido Popular de la necesidad de un acuerdo que salvaguarde los esfuerzos y los compromisos sociales y también presupuestarios para combatir una violencia que conmociona con demasiada frecuencia a todo el país, pero el pacto no puede ser una mera declaración. También se equivocan quienes piensen que el pacto es la PNL que hoy estamos presentando de forma conjunta.

Nosotros presentamos en la proposición no de ley lo que creemos que es de urgencia, que no representa ni muchísimo menos todas las aspiraciones que los socialistas tenemos en esta materia. Todas estas propuestas son solo la base para comenzar a negociar y a recuperar el espíritu de consenso de la Ley 1/2004, una ley que se fraguó vinculando a todos y a todas en un compromiso no solo contra la violencia de género sino también contra el sexismo que la alimenta. Por eso es importante dejar claro que el pacto no es esta PNL, pero que esta PNL abre la puerta al pacto. Lo esencial de nuestra iniciativa es traer al marco del Congreso un espacio para negociar el acuerdo. Esta tarde, con la creación de una subcomisión para iniciar los trabajos, lo que estamos mandando es un mensaje de que este pacto será de todos los partidos, de todas las instituciones y de toda la sociedad civil, y, acotando los plazos, también transmitimos el mensaje de urgencia que la sociedad nos está reclamando. Buscaremos comprometer la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que están soportando la mayor carga en materia de prevención y apoyo a las víctimas, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sistema educativo y de un Poder Judicial que debe evitar ser percibido como un obstáculo por las víctimas. Buscaremos hoy, por tanto, la incorporación de la mayoría de las enmiendas posibles, pero el espacio de negociación del pacto será la subcomisión, donde debemos dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, la eliminación del atenuante de confesión para este tipo de delitos, o por ejemplo la modificación de la dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge. Acometeremos las insuficiencias de una reforma del Partido Popular que ha tratado de proporcionar asistencia letrada desde antes de la interposición de la denuncia, pero que, como los abogados les están indicando, no funciona porque ustedes no lo han hecho preceptivo. Desde un pacto de Estado, señorías, reclamaremos transparencia económica en las campañas publicitarias porque sabemos que no siempre se ha hecho el reparto atendiendo a la eficacia de los mensajes sino a otro tipo de intereses. Un pacto va a reclamar muchas cosas. Por ejemplo, necesitamos acuerdos para proteger a las menores de dieciséis y diecisiete años que, siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar, quieren decidir sobre su vida y su maternidad sin pedirle permiso a un posible padre violento.

Señorías, las respuestas a la violencia no pueden ser solo asistenciales porque el asistencialismo no combate el machismo. Este ha sido uno de los principales problemas de las estrategias del Gobierno en los últimos años. (Aplausos). Necesitamos un pacto amplio, un pacto que incorpore a los medios de comunicación porque son claves para la prevención, ya que, junto a las familias y la escuela, son el elemento clave en los nuevos procesos de socialización de los jóvenes. Un pacto de Estado también supondrá cuestionar alguna de las políticas que se han hecho hasta el momento. Por ejemplo, será preciso revisar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local porque quitar las competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos ha sido un error estratégico que pone en riesgo la red de atención a las víctimas. También es preocupante el aumento de asesinatos en los que la víctima había interpuesto previamente denuncia, lo que pone en evidencia un fracaso del sistema de protección que necesitamos revisar con urgencia. Estamos obligados a analizar el papel de los puntos de encuentro familiar y a legislar para hacer efectivas las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial respecto de ese fatídico concepto del síndrome de alienación parental o la imposición de custodias compartidas en casos de violencia. Además, hemos de atender compromisos -como ha dicho la portavoz del Partido Popular y creo que estamos de acuerdo todos los grupos- y recomendaciones internacionales para dar respuesta a todas las formas de violencia de género, porque todas nos reclaman cambios en la legislación civil, penal, procesal y de cooperación jurídica internacional o en la legislación sobre asilo y refugio.


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Voy terminando. Es un buen síntoma que hoy lleguemos a un primer acuerdo, pero tendremos que llegar a más porque nos lo demanda una sociedad que nos reclama inteligencia y recursos contra un machismo infame y criminal. Quiero concluir dando las gracias a todos los grupos por su disposición y compromiso en los acuerdos que estamos tratando de alcanzar esta tarde. Lo esencial, señorías, es que el Parlamento, como máxima expresión de las ciudadanas y los ciudadanos, responda hoy al clamor de las víctimas, de sus familias y de todas las mujeres. Es aquí donde debemos tejer un pacto sólido y un pacto profundo que comprometa a toda una sociedad que desea desterrar este mal intolerable para poder considerarse una sociedad más justa y más digna.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, pensaba que tenía dos minutos, pero me ceñiré al tiempo.

Presentamos una enmienda en la que hacemos la siguiente reflexión: si estamos todos en contra del tráfico y trata de personas, de la violación de los derechos y, por lo tanto, de la cosificación de la mujer, también estaremos todos en contra de los espacios que dan propaganda y publicidad a la prostitución. Así pues, habrá que identificar los espacios en los cuales se hace esa publicidad, como por ejemplo algunos medios de comunicación escrita. Les animo a que hagan esa reflexión, en cuanto a los proponentes, para aceptar la enmienda, y en cuanto a los que van a votar, a todos ustedes, para tomarla en consideración.

Una cosa más. Lógicamente, Unión del Pueblo Navarro está a favor y nos alegra que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan llegado a un acuerdo para crear una subcomisión donde se tomen medidas efectivas y realistas contra la violencia hacia la mujer.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.

Si dos minutos son poco, un minuto aún es menos para poder explicar todo lo que queda por hacer en violencia machista. Pero antes de empezar sí me gustaría felicitar a la ministra de Igualdad por el nombramiento de la nueva jefa de gabinete, una persona militante del Opus Dei, una persona contraria a la libertad de decisión de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, que seguro será una gran aliada de la libertad de las mujeres. (Aplausos).

Hoy el PP se nos vuelve la presentar como parte de la solución, y nosotros discrepamos bastante de que todos los Gobiernos hayan hecho lo que han podido y lo que han sabido, ya que pensamos que el Partido Popular ha sido y es parte del problema. Señorías del Partido Popular, dejen de recortar presupuestos en igualdad y en violencia machista; dejen de tratar a las personas prostituidas como mera mercancía en los Presupuestos Generales del Estado; dejen de focalizar el problema en las víctimas y empecemos a hablar de los agresores; dejen de considerar un buen aliado a un misógino como Trump, o dejen de poner el contador a cero todos los años. Las víctimas del día 31 de diciembre son tan importantes como las del 1 de enero. Dejen de hacer todo esto y empezaremos a ser parte de una solución conjunta, realista y que realmente trabaje para erradicar esta lacra social.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Un minuto de oro para decir que en el año 2003 en Canarias ya considerábamos, en la Ley contra la violencia, la trata, el abuso y el acoso; era del 2003 y, sin embargo, la del Estado no lo contempla. Tenemos que aumentar los supuestos de todo lo que es violencia contra las mujeres. Tenemos que poner partidas presupuestarias, señores del Gobierno, y recuperar el dinero para luchar e integrar. Tenemos que hacer campañas de prevención y tenemos que actuar desde este Congreso, de forma inmediata, en el tema de la custodia y en el de la patria potestad, porque es impresentable lo que está pasando en este país, lo que se fija en los juzgados para mujeres que, comprobada la violencia, agredidas, después de


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salir del hospital, tienen que llevar a sus hijos a esas personas que las han agredido. Eso tiene que ser inmediato.

Por otro lado, se trata de una subcomisión y de un pacto de Estado; no se trata de grupos parlamentarios sino de fuerzas políticas y todos los partidos que estamos en el Grupo Mixto queremos estar en esa subcomisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias.

La posición de Euskal Herria Bildu es de apoyo crítico porque creemos que después de estos doce años es hora ya de que en las instituciones hablemos menos y hagamos más en esta materia, porque podemos seguir suscribiendo acuerdos como el de Estambul -que suponen además superar lo que se está haciendo actualmente en el Estado, como aprobar proposiciones no de ley, normativas-, pero si no vienen acompañados de presupuesto para su ejecución, de indicadores de cumplimiento y de mecanismos de rendición de cuentas, quedarán en papel mojado. Somos de la opinión de que la violencia machista que sufren miles de mujeres y de menores y que fractura una sociedad es lo suficientemente grave como para que realmente los acuerdos que alcancemos supongan avances reales. Por decirlo más claro, no es tiempo de salir al mediodía a denunciar los casos que se vayan conociendo mientras por la tarde se procede a los recortes presupuestarios en materia de igualdad y de equidad o mientras mediante la Lomce se elimina del currículum la coeducación o se sigue permitiendo que representantes públicos denigren y desprestigien a las mujeres.

Es urgente construir espacios de vida comunes donde las mujeres podamos vivir libres de toda violencia machista y de hacer realidad modelos libres de convivencia basados en la igualdad a fin de lograr una estructura social paritaria. Por eso apoyamos esta iniciativa. Entendemos que toda institución tiene que tener este tema como prioritario, porque urge identificar cada una de las violencias y responder de forma contundente desde todos los ámbitos y, aunque no tengamos mucho tiempo, el empeño de Euskal Herria Bildu, aunque no sea en minutos, estará en este tema.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Celebramos -ya era hora- que llegue a esta Cámara la posibilidad de modificar la Ley contra la violencia sobre las mujeres. Llevamos, desde el 2011, cinco años en los que no se ha podido abrir la ley y se siguen sin atender los diferentes motivos de violencia machista contra las mujeres. Cataluña, 2008, una Ley contra la violencia machista que ya recoge, antes del Convenio de Estambul, todos los tipos de violencia contra las mujeres y además ampara a los hijos e hijas víctimas de la violencia. (Muestra un ejemplar). Nos hemos cansado de presentar iniciativas en esta Cámara en este sentido y siempre se han desoído, esperemos que ahora, el pacto sea el modo de canalizar esta necesaria reforma de la Ley contra la violencia. Por otro lado, la Ley 17/2015, una ley pionera a nivel europeo en la igualdad a favor de las mujeres. (Muestra un ejemplar). Es otra de las patas imprescindibles para avanzar contra la violencia de género. El Gobierno del Partido Popular la ha impugnado, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Ha primado la carga ideológica, política, en detrimento de la defensa de las mujeres. Lamentamos muchísimo también que la izquierda en este caso diese la callada por respuesta ante semejante atropello en la aplicación de esta ley catalana, una muy buena ley que es pionera, les repito, a nivel europeo. Son dos herramientas que vamos a utilizar en los pactos, en el pacto de Estado y en la subcomisión que se va a constituir. Ayudaremos a que tengan ustedes también dos buenas leyes. Y les solicitamos -¡cómo no!- que levanten la suspensión de la Ley catalana de 2015 de igualdad de hombres y mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.


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La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Señorías, cuando supe que hoy se iba a tratar aquí esta iniciativa, me vino a la cabeza una persona, una mujer, se llama Kasia. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora REYES RIVERA: Kasia no es como aquella niña de Rajoy... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Reyes, un segundo.

Les ruego, por favor, silencio.

Adelante.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

Kasia no es como aquella niña de Rajoy ni tampoco es como la tal Juana de los mítines de Pedro Sánchez que hoy se llamaba Juana y al día siguiente se llamaba Valeria. Kasia es una persona real, es una mujer muy valiente, está hoy aquí; es una superviviente, como a ella le gusta que la llamen. Ha sufrido en sus propias carnes la violencia de género, y con un enorme coraje quiere dar la cara para ayudar a otras mujeres, por eso he decidido hablar hoy de ella en esta tribuna.

Kasia es una afiliada de Ciudadanos, pero eso da igual, podría haber estado afiliada a cualquier otro partido político, o incluso no haber estado afiliada a ninguno. La violencia de género no discrimina por razón política. El pasado 27 de junio le ocurrió algo terrible. Su exmarido intentó asesinarla, recibió nada más y nada menos que doce puñaladas. Como imaginarán todos ustedes, está viva de milagro; está viva de milagro sobre todo gracias a su fuerza y a sus ganas de luchar. Su presunto asesino -tengo que llamarlo así- tenía una orden de alejamiento impuesta por el juez y yo me pregunto por qué no supimos proteger a Kasia aun sabiendo que esto podía llegar a ocurrir. Señorías, está claro que algo falló en el sistema, algo está fallando en nuestro sistema. Lo que nos cuenta Kasia, además, es que ha sufrido todo tipo de trabas por parte de la Administración, trabas que han dificultado su recuperación y que han hecho que se sintiera doblemente victimizada.

Desde luego que hemos avanzado, claro que sí, pero ya estamos en el año 2016, tenemos una ley que lleva vigente más de diez años y las estadísticas nos dicen que el número de mujeres asesinadas no se reduce. Por otro lado, el 44 % de las mujeres víctimas de violencia de género tachan de ineficaz esta ley. ¿Quiénes mejor que estas mujeres para hacer un diagnóstico? Simplemente, escuchemos a todas esas kasias que hay en España. ¿No creen ustedes que nos están diciendo algo? Nos están diciendo que nos pongamos a trabajar, que, mientras nosotros aquí nos tiramos los trastos a la cabeza, ellas mueren. Hagámonos preguntas y busquemos soluciones que mejoren la ley. Por ejemplo, si solo el 30 % de las mujeres en situación de riesgo acude a un juzgado, ¿qué pasa con el 70 % de mujeres que, por lo que sea, ve imposible denunciar? ¿No será que se habrá judicializado en exceso el procedimiento? ¿No deberíamos volcarnos también en todo lo extrajudicial para ayudar a esas mujeres que no son capaces de denunciar? ¿Qué pasa con los niños que sufren esta violencia, nos estamos ocupando realmente de ellos? Y con ese repunte de machismo que hay entre nuestros jóvenes, trabajemos también en educación. Si un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial dice que algunos de los juzgados de violencia sobre la mujer trabajan al 30 % de su capacidad mientras que otros lo hacen al 150 %, ¿no deberíamos reorganizarlos? Tengamos en cuenta, además, que muchos de estos juzgados de instrucción que asumen también las causas de violencia de género no tienen un equipo psicosocial adscrito al mismo, no disponen siquiera de espacio. Esto lo he vivido yo. Yo he visto cómo algunos funcionarios escondían a mujeres que estaban aterradas porque pensaban que se iban a cruzar con su agresor en el baño. Esto es lo que están sufriendo las víctimas de violencia de género hoy en día. Preguntémonos también algo importante. ¿Se puede luchar contra la violencia de género si no se establecen y promueven políticas activas de igualdad? Difícilmente. La violencia de género no es otra cosa que la consecuencia más grave, más dramática, de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. El señor Rajoy, en el año 2014, entre tantos recortes, eliminó la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. Recorten de otro lado, racionalicen, pero no en políticas de igualdad si verdaderamente quieren luchar contra la violencia de género.

Sinceramente, estas dos iniciativas son un buen comienzo que debe finalizar en ese pacto de Estado que siempre ha reclamado Ciudadanos. Las proposiciones no de ley que debatimos no son de nuestro grupo, pero en realidad sí lo son, porque están en estos dos documentos, están en el pacto con el PSOE y en las exigencias de Ciudadanos al PP, páginas 42 y 43 con el PSOE y páginas 25 y 26 en las exigencias


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de Ciudadanos al Partido Popular. A nosotros nos alegra profundamente que haber dialogado con uno y con otro partido de la Cámara haya servido para acercar posiciones, y pido -termino, presidenta- al resto de grupos parlamentarios que trabajemos juntos y nos centremos en quienes debemos hacerlo, en todas esas mujeres que sufren un infierno en su día a día, a las que podemos y debemos proteger, y también en la memoria de todas aquellas que desgraciadamente no pueden hacerlo. En especial se lo pido al Grupo de Podemos. Desde aquí les lanzo una pregunta: ¿ustedes le pedirían a Kasia su carné de afiliada antes de decidir ayudarla o no?

Salvando por supuesto las grandísimas distancias con lo que a ella le pasó, quería recordar...

La señora PRESIDENTA: Señora Reyes, tiene que terminar.

La señora REYES RIVERA: Termino.

Les voy a recordar lo que nos ocurrió a unos compañeros de Ciudadanos y a mí a la salida del Pleno de investidura. Las mismas personas que a ustedes les vitoreaban, a nosotros, a las mujeres, nos llamaban putas, y discúlpenme si utilizo este término, pero lo creo necesario. ¿Creen ustedes que llamar puta a una mujer por el mero hecho de serlo no es machismo? Yo de verdad creo que sí. Y si realmente apoyan también la lucha contra la violencia de género, lo primero que tendrían que hacer sería denunciar este acto.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Grazas, señora presidenta.

Señorías, compañeros y compañeras, celebrábamos estos días el aniversario del 7-N, esta marcha que hicimos contra la violencia machista, en la que se puso de manifiesto ese gran consenso que había en la sociedad y en los movimientos feministas con las reivindicaciones que todas teníamos y que ya eran de sentido común, como lo que pasó en los Sanfermines de este año, que todas y todos tenemos muy claro que fue machismo, pero que nuestras leyes actuales, a día de hoy, aún no recogen. Celebramos que un año después estas proposiciones del Partido Popular y del Partido Socialista que hoy debatimos aquí se hagan eco de lo que recogían las demandas del 7-N, pero estas proposiciones no de ley, como siempre, son insuficientes y llegan tarde. Haremos un apoyo crítico, pero tenemos que explicitar cuáles son aquellas cuestiones por las que nos parece que son insuficientes.

Primero haré una aclaración. Este pacto puede que sea político e institucional porque lo formulan dos partidos en una institución, pero desde luego no es ciudadano, porque no cuenta con el apoyo de la gente -la gente aún está ahí fuera y no hemos hablado con ella-. Por otra parte, a mí me gustaría que nos preguntáramos aquí si esto es un pacto de Estado, porque con lo que no cuenta -es evidente a raíz de los recortes que sufrimos una y otra vez- es con el apoyo del Estado. Lo primero que nos gustaría decir hoy es que es muy difícil hacer políticas feministas cuando no queremos llamar a las cosas por su nombre. De lo que estamos hablando hoy aquí no es de violencia de género, es de violencia machista. (Aplausos). Creemos que esta diferenciación es importante. La recogen todos los organismos y convenios internacionales a los que nosotras mismas -también las señorías del Partido Socialista y las del Partido Popular- nos referimos. Estamos hablando de muchas más violencias que aquellas que se ejercen en el ámbito de la pareja o de la expareja. Por tanto, llamémosla violencia machista, y no porque sea un capricho nuestro, sino porque es importante que nombremos aquellas cosas que queremos combatir, porque las realidades que no son nombradas no existen. Y desde luego, no querríamos que nos pasasen cosas ridículas, como le pasaron en su momento a la señora vicepresidenta del Partido Popular que, al preguntarla cuál era el mejor consejo que le podemos dar a una chica que ha sido acosada sexualmente por el teléfono, fue decir: Chicas, no miréis los teléfonos cuando os escriban vuestros novios. A nosotros nos gustaría decir hoy que no se trata de que las chicas y los chicos no miremos los teléfonos. De hecho, no se trata solamente de que no sepamos ponerle nombre a esto. Este es el problema, no tenemos recursos suficientes, ni hay una buena gestión para que las chicas y los chicos, cuando eso sucede, le puedan poner un nombre, que, en su caso, es acoso machista o acoso sexual. Por tanto, es muy importante que trabajemos en esos recursos y en esa gestión.


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¿Qué ha pasado con la gestión del Partido Popular? Ha sido una gestión nefasta. Y es curioso, porque cuando una lee lo que dicen todos los organismos a los que nos referimos, lee el Convenio de Estambul o lee lo que dice la ONU respecto a esto, dejan perfectamente claro que sí, que efectivamente hubo una crisis económica que tenía rostro de mujer, pero esto no es suficiente para explicar cuál es ahora mismo la situación de las mujeres de este país. Los recortes en dependencia, en educación, en sanidad, por supuesto, en igualdad y en violencia machista (Aplausos) han hecho que podamos decir que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha hecho que a día de hoy las mujeres en este país vivamos peor. Por tanto, necesitamos nombrar las cosas por su nombre y una mejor gestión.

Por otro lado, ya está bien de hacer ver que la economía es algo que cae del cielo, cuando la economía es una cuestión política, es una decisión política. Por eso nos parece tan importante que estos datos que se reflejan de esa mala gestión hoy los pongamos encima de la mesa: dos de cada tres mujeres que murieron asesinadas por violencia machista en 2015 no habían puesto una denuncia. La mayor parte de las denuncias que se hicieron en 2010 fueron cifras mucho menores que los años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? No estamos diciendo que no queramos que las mujeres pongan denuncias, lo que decimos es que queremos que se den las condiciones de posibilidad necesarias para que, cuando una mujer tenga que poner una denuncia, pueda hacerlo. Esto es independencia económica. Si no tenemos independencia económica y autonomía, si no somos libres, no podemos poner denuncias. Por tanto, las medidas que proponen el Partido Socialista y el Partido Popular hoy no valen de nada, son papel mojado. (Aplausos). Si se me permite, quería dar otro consejo al estilo de Soraya: Chicas, no dejéis que vuestros novios os miren el móvil, pero sobre todo no dejéis que os recorten derechos.

Nos sorprende también que el Partido Popular pida hoy que se ratifique el Convenio de Estambul cuando ya lo ha hecho su Gobierno. A lo mejor es porque las diputadas del Partido Popular tienen que pedirle, vía proposición no de ley, a su propio Gobierno que ratifique un convenio que ya está ratificado desde el año 2014. Esto también nos hace preguntarnos si es que en realidad está pensado que se apruebe o que no se apruebe, o si hay alguna parte de este convenio que no se va a aprobar, aunque en realidad creemos que lo que sucede es que hay cosas que no se quieren decir en esta tribuna. Sé que es muy difícil para la gente del Partido Popular subirse aquí y decir: queremos recortar en violencia machista. Queremos que las abuelas con su pensión de 400 euros tengan que alimentar a sus nietas, porque sus madres no les pueden dar de comer. Por eso lo que hacen es decidir las cosas en otros lugares, porque en esos lugares no importa, y cuando lo que sucede es que nos saltamos los cauces democráticos de los que la ciudadanía se ha dotado para tomar decisiones, lo llaman democracia y no lo es, señores del Partido Popular. (Aplausos). Sabemos que escriben muy bien, escriben tan bien que parece que es ciencia ficción y a veces parece que nos lo creemos, pero les voy a decir una cosa: no vamos a apoyar de forma contundente nada que no implique compromisos reales. Compromisos reales es blindar los Presupuestos Generales del Estado, no recortar un 33 % y dejar los presupuestos en un 0,0005 % de los Presupuestos Generales del Estado.

Para terminar, es escandaloso que pidan que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se hagan cargo de ciertas partidas, cuando sabemos perfectamente que con la Ley Montoro, insisto, esto es ciencia ficción. Así que también me gustaría decir: Chicas, no dejéis que os hagan leyes, cuando lo que está sucediendo es que os están quitando recursos, incluso aunque estos recursos vengan disfrazados de Caperucita Roja.

Por último, quiero dirigirme al Partido Socialista y, en concreto...

La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, tiene que terminar.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Termino ya.

En concreto, a las mujeres socialistas. Gracias por vuestras leyes. Como mujer y como feminista, os doy las gracias, porque las he leído desde fuera, pero ahora que estoy dentro y ahora que hemos sufrido una crisis -y vosotras lo sabéis-, estas leyes no llegan, tenemos que cambiarlas y hay que mejorarlas. Por eso os digo: ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir la línea del artículo 135 y de la abstención u os vais a atrever a hacer políticas feministas con nosotras? (Aplausos). Sí, sí se puede hacer un país...

La señora PRESIDENTA: Señoría.


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La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Sí, sí se puede hacer un país en el que el machismo no llegue en ambulancia. No queremos machismo ni en las camas, ni en las casas, ni en las nóminas, ni en los prostíbulos, ni en los institutos, ni en los platós de televisiones, ni en este hemiciclo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señoría.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Queremos un país con nosotras. Ni una menos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Voy a intervenir muy brevemente, saltándome el turno de Esquerra Republicana, pero no pasa nada.

Subo a esta tribuna una vez más, y ya son muchos no los debates, sino los años que llevo subiendo a esta tribuna, a hablar de este tema. Y como yo, otros muchos compañeros y compañeras de esta Cámara. Sobre la violencia de género podemos decir muchas cosas. Todas las personas que han pasado por aquí han dicho muchas cosas; creo que hemos dicho demasiadas durante demasiado tiempo, pero no sé si hemos hecho tantas cosas como hemos dicho durante tanto tiempo. Cabe decir que estamos en contra, pero todas esas cuestiones son baldías, se las lleva el viento, quedan escritas en el Diario de Sesiones, y punto. Sí somos un poco críticos en un principio con lo que se ha hecho hasta ahora y lo somos más con lo que no se ha hecho. Nosotros -y no es ninguna novedad- no creemos en exceso en lo que vosotros llamáis pactos nacionales. En lo de nacional no creemos claramente y, por lo que se refiere al pacto, la pregunta sería qué vamos a pactar, cuál es el objetivo de ese pacto, ¿hacer una foto, firmar un documento, cambiar una ley, hacer que se cumpla una ley? Cuando hemos subido a esta tribuna y ha estado gobernando ese grupo y ese grupo (Señalando a uno y otro lado de la Cámara), nosotros hemos hecho la misma crítica: ¿cuál es el problema?, ¿por qué no se aplica lo que se dice en la ley? Pues bien, unos echaban a otros las mismas bombas incendiarias según quién estuviera gobernando. Seamos serios y no hagamos que la violencia de género sea un elemento que nos permita hacer unos mítines extraordinarios desde esta tribuna como quien pone dos huevos duros más en el asunto. Lo que verdaderamente tendríamos que hacer es acordarnos seriamente de las víctimas y saber qué ocurre con la legislación que hemos aprobado aquí para que día tras día siga habiendo más mujeres maltratadas, más mujeres asesinadas y el tema de la lacra de la violencia de género siga en esta sociedad.

Durante los años 2008 y 2009 yo participé junto con otros que están aquí en una subcomisión y este es su informe. Por tanto, el tema de la subcomisión no es ninguna novedad, sino que ya creamos una y su objetivo era el estudio y el funcionamiento de la Ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación. Este es el informe. Se celebraron comparecencias, vinieron expertos y se hizo un resumen, unas conclusiones, unas recomendaciones a nivel educativo, a nivel institucional y social, a nivel de tutela judicial, etcétera. Y había un elemento que parece que se ha olvidado, el presupuestario. Evidentemente, si queremos que en los ámbitos judicial, policial, social y familiar se puedan aplicar todas las medidas que aparecen en la ley, que aparecían en las recomendaciones, hay que dotar a todas esas instituciones para que tengan un presupuesto suficiente para poder abordar con garantías la lucha contra la violencia de género. Si no, lo demás es cuento. Cuando por la violencia familiar una pareja se rompe, porque no se puede convivir con alguien que mata o maltrata, la víctima necesita después un apoyo económico aparte del apoyo social, el apoyo psicológico y el apoyo institucional. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Por lo tanto, seamos serios. Podemos hacer todos los pactos y están bien, tendremos que trabajar y no seremos nosotros los que nos pongamos en contra, pero no podemos ponernos de perfil. Seamos consecuentes. La violencia de género es una lacra social que debemos combatir por todos los medios. Para empezar, esperemos que en los siguientes Presupuestos Generales del Estado que traiga el Gobierno haya un apartado en el cual se vea el compromiso institucional de luchar contra ella, con unas partidas presupuestarias que verdaderamente garanticen que se está dispuesto a luchar.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Quiero recordarle al señor Agirretxea que ha tenido la palabra antes que la señora Jordà i Roura porque no han presentado enmiendas.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista nos proponen sendas iniciativas para erradicar lo que denominan con toda la razón una tragedia social. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso quiere mejorar y a la vez actualizar la Ley Orgánica 1/2004, contra la violencia de género -ley orgánica que se cepillaron presupuestariamente-, y el Grupo Parlamentario Socialista reivindica un pacto social, un pacto político y un pacto que llaman institucional para recuperar aquella ley.

Señorías, hablemos claro y hablemos en serio. Hablar de violencia de género es hablar de violencia machista; violencia machista que tiene su más cruel expresión en los asesinatos de mujeres a manos de hombres. Es cierto que en los últimos años hemos avanzado legalmente en la atención y protección de las mujeres que sufren violencia machista con la introducción del problema en la agenda política y en la agenda mediática y, en definitiva, con la concienciación social. No obstante, denunciamos -y debemos seguir haciéndolo- los recortes en prevención de la violencia machista y en atención a las víctimas y reivindicamos la recuperación de todas las partidas presupuestarias recortadas para que las medidas previstas en las leyes estatales y autonómicas sean desarrolladas con plena eficacia. Ante la violencia machista, más efectivos que los minutos de silencio -ya sean uno, dos o tres o sean extremadamente silenciosos- son los recursos para combatirla, pero recursos de verdad.

Más allá de eso y de las nuevas medidas que se aprueben, aprovechando que tenemos estos cinco minutos -ahora ya solo dos y medio- en la tribuna, dejen que hagamos algunas reflexiones. La primera es que la violencia machista se está abordando desde un enfoque absolutamente miope, sin prestar la debida atención a las causas estructurales. La violencia machista no es solo el fruto de intolerantes y salvajes actitudes personales, sino que también es la consecuencia de una sociedad en la que implícita y cotidianamente se viven y se legitiman la violencia y el machismo. Señorías, no podemos obviar la existencia de una sociedad machista como el contexto en el que se produce la violencia contra las mujeres. Es evidente que los roles heteropatriarcales predominan en nuestra sociedad y vinculados a menudo con actitudes violentas. Además, estos roles son reiterados por medios de comunicación como la televisión, en la que se refuerzan los estereotipos patriarcales, incluso en los dibujos animados, permitiendo la transmisión de los mismos a futuras generaciones. Esta cultura heteropatriarcal, señorías, acaba siempre en una idea de masculinidad muy concreta y aceptada mayoritariamente, una idea que se traduce en hegemonía de la dominación. Es justamente aquí, en esta hegemonía de la dominación, donde es imprescindible incidir y reescribir la masculinidad, la deconstrucción del concepto de relaciones hombre y mujer desde la libertad y siempre, siempre desde la igualdad. Todo esto sucede en el contexto de una sociedad machista en la que todavía hoy se mantiene la dependencia o la sumisión de las mujeres hacia sus maridos y en la que estos acaban cargando contra ellas. En este sentido, parte del problema estructural son la falta de igualdad entre los miembros de la pareja, la permanencia de los roles patriarcales y la injusta distribución profesional de roles, valorando más los masculinos que los femeninos, cobrando más los hombres que las mujeres y priorizando a la vez el acceso laboral de ellos, especialmente a los cargos más destacados. A esto hay que sumar la renuncia profesional que muy a menudo hace la mujer a favor de la familia, especialmente en una sociedad en la que no existe la conciliación de la vida laboral y la vida familiar.

Ahora sí que acabo. La legislación debe tener presente el contexto estructural. La lucha no es solo la erradicación de la violencia machista, sino la erradicación del machismo y esperamos que algún día incluso también de la violencia. A las puertas pues del Día internacional para la eliminación de la violencia hacía las mujeres... (Muestra un folleto.-Termina su intervención en catalán).

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora González Vázquez y a la señora Álvarez Álvarez: ¿aceptan sus grupos algunas de las enmiendas presentadas?

Señora Álvarez.


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La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: En estos momentos estamos recogiendo las firmas de todos los grupos para hacer una transaccional que presentará el conjunto de los grupos de la Cámara.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, a los proponentes, a los enmendantes y a los no enmendantes, pues estoy convencida de que se van a sumar, porque hoy es el inicio para llegar a un gran pacto de Estado para que ninguna mujer muera en manos de su maltratador. Este es el compromiso del Gobierno de España, de nuestro presidente Mariano Rajoy.

Hoy es un día de esperanza para las miles de mujeres que nos están mirando, que nos están observando, que están sufriendo desde el silencio. Hoy quiero que transmitamos un claro mensaje a toda la sociedad, y es que desde el diálogo somos capaces de ponernos de acuerdo para luchar contra la lacra de la violencia de género. La violencia no entiende de ideologías y estoy convencidísima de que desde el diálogo lo vamos a conseguir. Van a encontrar siempre a esta ministra en el diálogo.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA CÁMARA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31.1.2.º DEL REGLAMENTO:

- INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA CÁMARA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31.1.2.º DEL REGLAMENTO. (Número de expediente 023/000001).

La señora PRESIDENTA: Por último, pasamos al debate del informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 31.1.2.º del Reglamento.

Para la presentación de un resumen del informe, tiene la palabra la señora secretaria primera de la Mesa.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.

Informe acerca del cumplimiento del presupuesto del Congreso de los Diputados correspondiente al ejercicio 2015. De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado en el artículo 72.1 de la Constitución y en cumplimiento del artículo 31.1.2.º del Reglamento del Congreso de los Diputados, se presenta ante el Pleno el informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara para el año 2015, cuyas líneas generales se exponen a continuación.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del 23 de septiembre de 2014, aprobó el proyecto de presupuestos de la Cámara para el año 2015, que se integró a su vez en los Presupuestos Generales del Estado para ese año, aprobados por la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, con una cuantía global de 84.243.490 euros, lo que supone el 0,04 % del total de los Presupuestos Generales del Estado.

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 73.063.392,47 euros, lo que supone una ejecución del 86,73 % del presupuesto inicialmente aprobado, ascendiendo el saldo no comprometido a 11.180.097,53 euros, lo que supone, a su vez, el 13,27 % del presupuesto. Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2015, se abonaron durante el mismo obligaciones por valor de 68.086.623,95 euros, quedando el resto pendiente a resultas de los correspondientes acuerdos de liquidación. Adicionalmente, señorías, quedan pendientes de abonar, por importe de 110.684,10 euros, expedientes no comprometidos al cierre del ejercicio presupuestario del año 2015, pero, a su vez, imputables al mismo. En consecuencia, señoras y señores diputados, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 73.174.076,57 euros, lo que supone el 86,86 % del mismo, y el saldo no comprometido será a su vez de 11.069.413,43 euros, lo que representa el 13,14 del presupuesto.

Por otra parte, durante el ejercicio 2015, se han solicitado varias transferencias de crédito, aprobadas por la Mesa de la Cámara... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.


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La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, presidenta.

Como decía, por otra parte, durante el ejercicio 2015, se han solicitado varias transferencias de crédito, aprobadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 8 de septiembre y de 5 de octubre de 2015, por un total de 829.000 euros.

Por último, señoras y señores diputados, a lo largo del ejercicio 2015 el Congreso de los Diputados ha recibido 102.237,54 euros en concepto de ingresos extrapresupuestarios, y 81.076,81 euros en concepto de intereses generados por las cuentas abiertas a su nombre.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, podrán intervenir los grupos parlamentarios que así lo soliciten, en un único turno de cinco minutos, de menor a mayor, para fijar posición respecto al informe presentado.

En primer lugar, había pedido la palabra el señor Azpiazu Uriarte. (Pausa).

El siguiente es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidenta.

Señorías, seré breve, no se preocupen. Antes de nada, un recuerdo para la señora de ochenta y un años que este lunes murió porque tuvo que escoger, como tantos otros, entre comer o pagar la luz. Un recuerdo para ellos. No somos antisistema, sino que el sistema es antinosotros. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, le llamo a la cuestión, porque estamos tratando, como usted sabe, el informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara.

El señor RUFIÁN ROMERO: Perdón, presidenta.

Hoy aquí se presenta un informe en torno al cumplimiento del gasto presupuestario de esta casa, el Congreso de los Diputados, unos 84 millones de euros públicos -repito, 84 millones de euros públicos-, de los que se han gastado en todo un año 73 -repito, 73-, y aunque agradecemos los esfuerzos de la Mesa por ampliar la información, nos parecen muchos millones de euros como para despacharlos en un informe de apenas quince páginas, entregado antes de ayer.

Llámennos radicales, pero es que nos gustaría saber un poquito cómo se han gastado estos 73 millones de euros públicos, por ejemplo. Igual estaría bien saber cuánto costó la celebración oficial del Día de la Constitución. Igual también estaría bien saber cuánto costará la apertura oficial de la legislatura, que se celebrará pasado mañana con la presencia de sus reyes. Igual también estaría bien saber cuánto se gastan exactamente en coches oficiales, o en comidas, o en convites, o -y leo textualmente- en gastos de representación y regalos institucionales, como si esto fuera la Torre Trump. Pero en este informe también hay certezas que igual preocupan aún más. Llámennos radicales, pero ¿es necesario que el Canal Parlamentario se emita por satélite? Lo digo porque esto vale un millón de euros. ¿Es necesario tanto viaje oficial en las Comisiones? Lo digo porque esto vale otro millón y medio de euros. ¿Es necesario gastar 75.000 euros en comprar prensa, o 45.000 en transcripciones y cafés, o 35.000 en regalos institucionales, y vuelvo a leer textualmente? Todo esto es algo que trasciende cualquier ideología; es puro sentido común, pura decencia y legalidad, su legalidad, a tenor de la Ley de Transparencia, sobre todo desde el momento en que se trata del dinero que sale del lomo de tanta gente. Y no es cosa nuestra; no es cosa de radicales, sino que es cosa de los millones de personas, que seguro que nos ven ahora mismo ojipláticas mientras piensan qué escogerán este mes, comida o luz. Y dado que esto no se vota, el grupo parlamentario del que tengo el honor de ser portavoz quería expresar su disconformidad.

Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Nosotros no estábamos aquí en 2015, pero nos sorprende la ligereza y la falta de rigor con la que se trata este informe de ejecución presupuestaria de la Cámara, como si se tratara de un mero trámite administrativo, cuando realmente se trata de la asignación de recursos que permite al Poder Legislativo ser un contrapeso del Poder Ejecutivo y que permite dotar de la capacidad de ejercer ese poder a la sede


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de la soberanía popular, que debería ser esta. No nos parece lógico que en un informe de apenas doce páginas, contando la propia portada, se intente despachar este Informe anual de ejecución presupuestaria del Congreso.

Se trata de un informe que en cualquier empresa parecería una broma; un informe que no incluye ningún tipo de memoria de ejecución; un informe que no incluye apenas detalles en el desglose de los gastos. No vale incluir información si no hay previamente unos indicadores en los cuales se explique para qué se utilizan esas partidas. Se dice que hay un 86 % de ejecución. Muy bien. ¿Es mucho? ¿Es poco? No lo sabemos, porque no sabemos cuáles eran los objetivos que se pretendía cumplir con esa ejecución presupuestaria. ¿Se han mejorado la velocidad y la diligencia de los trámites administrativos? No lo sabemos, porque no hay indicadores para medirlo. ¿Los trabajadores de la Cámara tienen mejores condiciones laborales y rinden mejor que en la anterior legislatura o que en el año anterior? No lo sabemos; bueno, perdón, esto sí lo sabemos porque nos lo han contado, y no es así. No tienen mejores condiciones ni sus trabajadores ni los de sus contratas. ¿Se han mejorado los servicios documentales o de información económica? Tampoco lo sabemos, porque no hay indicadores para controlarlo. En definitiva, necesitamos un desglose adecuado de los presupuestos. Y no lo necesitamos solo nosotros; también lo necesita la ciudadanía, que está ahí fuera supervisando lo que hacemos y que, al final, es quien paga. Y quien paga, debería mandar. Aquí mandan los ciudadanos, y por eso les exigimos que publiquen informes con un mayor grado de ejecución, con un mayor desglose. Abramos las puertas y ventanas a la ciudadanía que está ahí fuera. No le tengan miedo. Entiendo que algunos de los señores y las señoras diputados que llevan aquí toda la vida puedan tener miedo a la luz, pero la luz no hace daño; la luz es fuente de vida, y por eso tenemos que abrir las puertas y ventanas para que esa información salga de aquí y para que la ciudadanía, que al final es la soberana, pueda auditar y supervisar lo que hacemos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señora presidenta, señorías, cuenta mi amigo José Andrés Torres Mora que mientras iba al aeropuerto la radio del taxi hablaba de cómo el coste de la casta política doblaba las maltrechas espaldas de la economía del país. Torres Mora le preguntó al taxista: ¿Sabe usted cuál es el presupuesto del Congreso? A lo que el taxista le respondió: No, pero seguro que es mucho.

Según la Unión Interparlamentaria, España es uno de los países que menos gasta en su Parlamento en términos relativos de su población y de su riqueza. Incluyendo las dos Cámaras, Francia gasta 13 euros por habitante y año; Alemania, 8 euros por habitante y año; en España se gastan 3 euros. Estamos hablando de una cantidad que representa para Congreso y Senado el 0,07 % de los Presupuestos Generales del Estado -en el caso concreto del Congreso hablamos del 0,04-, y a algunos les parece excesivo. Por cierto, señor Rufián, ¿va usted a renunciar al coche oficial con el que va a la estación de Atocha? (Rumores.-Aplausos.-Varios señores diputados hacen gestos negativos). Se lo pregunto porque mucho predicar, pero poco dar ejemplo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Heredia.

Guarden silencio, por favor. (Rumores). Señorías, guarden silencio.

El señor HEREDIA DÍAZ: En todo caso, mucho o poco, el dinero público debe ser gastado con honestidad, eficacia y transparencia, y hoy damos cuenta públicamente de ese gasto. Sería bueno que no solo todas las administraciones públicas fueran tan transparentes como el Congreso, sino que también lo fueran todas aquellas organizaciones y entidades que se financian con recursos públicos. Por ejemplo, todos los órganos constitucionales; por ejemplo, los partidos políticos; por ejemplo, las organizaciones sindicales y empresariales, y también, por ejemplo, la Iglesia católica en tanto en cuanto los acuerdos firmados con el Vaticano sigan vigentes. En nuestro grupo parlamentario somos partidarios de la transparencia, pero para todos. Sé que en este hemiciclo hay partidarios de los trenes blindados, pero solo si son sus trenes. Hay aquí a quienes toda transparencia les parece muy poca en España, pero fuera de nuestro país justifican y apoyan regímenes completamente opacos, donde la palabra transparencia no existe.

Seguro que hay mucho que mejorar, pero también es seguro que nuestras cuentas reflejan la realidad de un Parlamento austero y transparente, que gasta con cuidado el dinero de los impuestos de todos. Por


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tanto, la primera valoración positiva que queremos dejar patente en este trámite es la propia elaboración del informe, que sirve para que todos los miembros de esta Cámara conozcan en qué se han gastado y cómo se han gastado los presupuestos de las Cortes, pero inmediatamente después debemos valorar también positivamente que este informe sirve para dar a conocer estos extremos al conjunto de la ciudadanía, a quienes sufragan como contribuyentes, en mayor o menor medida, este coste. Los contribuyentes que aportan sus impuestos deben confiar en las instituciones, que darán buen uso a esos recursos, recursos que les serán devueltos con servicios proporcionales. Esa es la finalidad fundamental de este informe: el ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía a la que representamos.

Insistimos, en todo caso, en que hay que incrementar la transparencia y la dación de cuentas de los parlamentarios en este y en otros ámbitos. Se ha avanzado, y este trámite es prueba de ello, pero hay que avanzar mucho más. Y lamentamos que la mayoría parlamentaria desaprovechara la oportunidad de reformar el Reglamento en la X Legislatura para avanzar en este sentido. Si hay una institución en la que se justifica la transparencia y la dación de cuentas, es esta, como órgano de representación de la soberanía popular. Por eso estamos convencidos de que en esta legislatura se incrementará la transparencia de la Cámara, en línea con un incremento de la misma en todos los poderes públicos. Con ello se reforzará el crédito de las instituciones y también de la propia democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Olano Vela.

El señor OLANO VELA: Gracias, señora presidenta.

Debatimos hoy, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.2.º del Reglamento del Congreso, el informe acerca del cumplimento del presupuesto del Congreso de los Diputados en el ejercicio 2015. Con el de hoy se cierra el debate sobre la ejecución presupuestaria de esta Cámara a lo largo de la X Legislatura, lo que ya es en sí mismo algo positivo, ya que esto no había sucedido en las nueve legislaturas anteriores. Y mi grupo cree que podemos estar razonablemente satisfechos con el ejercicio de transparencia que se hizo en aquella legislatura, no solo por hacer públicos estos debates sino también porque se pusieron en funcionamiento el Portal de la Transparencia del Congreso y la Oficina Presupuestaria de Las Cortes Generales. Este conjunto de instrumentos supone una clara apuesta por la transparencia y el control de las cuentas públicas en el seno de esta alta institución y va en línea con la demanda de los ciudadanos: más información y mayor control sobre los gastos e ingresos de todas las instituciones del Estado. Un ejercicio de transparencia que merece el reconocimiento a la Mesa del Congreso que presidió Jesús Posada de 2011 a 2015.

Señorías, se nos da cuenta hoy de la ejecución de un presupuesto, y el hecho de que se hayan cumplido prácticamente el 87 % de las previsiones contenidas en el mismo supone un grado de cumplimiento satisfactorio, más aún si tenemos en cuenta que las Cámaras fueron disueltas en el mes de octubre por la convocatoria de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Se puede concluir en buena lógica que el presupuesto del Congreso de los Diputados se ha ejecutado correctamente. No es coherente -y hablo con el portavoz de Podemos- decir ahora que venimos aquí a discutir sobre la asignación de recursos públicos. Eso se hace en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Le facilito la información de que en la legislatura pasada no se presentó ni una sola enmienda a la sección II en los Presupuestos Generales del Estado, ni una sola enmienda. Y si no lo hicieron en aquel momento -ustedes ya sé que no, porque no estaban aquí, pero sí el resto de grupos-, que era cuando correspondía, no parece adecuado que vengan a hacerlo ahora.

Señorías, mi grupo parlamentario considera que lo realmente importante es tener unas instituciones que funcionen bien, lo mejor posible, a la altura de nuestros ciudadanos, y que los diputados podamos realizar una buena labor legislativa y de control al Gobierno, y para ello hemos de contar con los medios necesarios, como así ocurre.

En cualquier caso, me gustaría resaltar dos aspectos importantes. En primer lugar que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, es la Cámara legislativa menos costosa de nuestro entorno. No voy a dar las cifras, porque ya las dio el portavoz del Partido Socialista, pero si comparamos nuestros presupuestos con las de las Cámaras legislativas de Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido, comprobaremos cómo aquí, en España, somos mucho más eficientes. Si la comparación la hacemos con las Cámaras legislativas de las distintas comunidades autónomas de nuestro país, se advierte que el coste por diputado es, en la mayoría de los casos, sensiblemente inferior en esta Cámara. Por poner un ejemplo, en el caso del


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Parlamento catalán el coste por diputado es aproximadamente un 87 % superior al coste por diputado en esta Cámara.

Señor Rufián, decía usted que el informe que le entregaron de quince páginas le parece insuficiente. Tengo aquí el informe que figura en la página web de transparencia del Parlamento catalán (Muestra un documento) y son únicamente seis páginas. (Aplausos). Y me gustaría también animarle a que entrara en el Portal de transparencia de las Cortes Generales, porque encontrará más de treinta páginas referidas al presupuesto de las Cortes y con un grado de desglose que supera con creces el del Parlamento de Cataluña . (Muestra otro documento). Por lo tanto, le animo a que abandone la pereza y sobre todo a que se ponga a trabajar y a utilizar las herramientas de las que dispone como diputado de estas Cortes. (Aplausos).

En segundo lugar, me gustaría destacar que año tras año en la X Legislatura se han ido reduciendo los costes, sin menoscabo de los medios disponibles y sin que la calidad de nuestro trabajo haya disminuido, lo que ha dado lugar a unos ahorros importantes, por encima de los 11 millones de euros, en el año 2015, que sumados a otros anteriores alcanzan un total de 84 millones de euros en remanentes de tesorería. Si comparamos el ejercicio pasado con otros lejanos en el tiempo, comprobaremos cómo esta Cámara costó en 2015 a los españoles 25 millones de euros menos que en el año 2008.

Señorías, en el ejercicio 2015 y en el conjunto de la X Legislatura desarrollamos nuestra actividad parlamentaria con absoluta dignidad. Realizamos una intensa y creo que buena actividad parlamentaria, al menos de la misma calidad que en los citados países o comunidades autónomas, y lo hicimos con un coste menor para el ciudadano, lo cual es objetivamente para estar satisfecho.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-El señor Rufián Romero pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: ¿Señor Rufián?

El señor RUFIÁN ROMERO: Señora presidenta, por alusiones, quería contestar al señor Heredia, al portavoz del PP, perdón del PSOE...

La señora PRESIDENTA: Señoría, en el turno por alusiones tiene usted que hacer mención al artículo y a la alusión.

El señor RUFIÁN ROMERO: Es la falsedad que ha comentado el portavoz del Grupo Socialista en torno a que Esquerra Republicana tiene coche oficial, cuando Esquerra Republicana casi desde hace más tiempo del que lleva en esta Cámara renunció a ese coche, y también quería pedir que se retire del Diario de Sesiones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor Heredia, tiene la palabra para contestar a la alusión.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señora presidenta, tengo un vídeo donde el señor Rufián y cuatro diputados más se bajan de un coche oficial. Yo si quiere se lo paso y se lo comento. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados hacen gestos negativos.-El señor Rufián Romero pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Rumores). Señorías, tendré que llamar al orden a algunas de sus señorías. (Continúan los rumores.-El señor Rufián Romero permanece de pie en su escaño). Señorías, guarden silencio. Señor Rufián, siéntese por favor; si no, le llamaré al orden.

Señor Heredia, la pregunta que le hago es: ¿retira o no retira la alusión?

El señor HEREDIA DÍAZ: Evidentemente, no, pero le puedo enseñar el vídeo, señora presidenta. (Aplausos.-Risas).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, en tres minutos comenzará la votación. (Pausa).


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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DEL TELESCOPIO DE TREINTA METROS Y LA INSTALACIÓN DE ESTE PROYECTO EN LAS ISLAS CANARIAS. (Número de expediente 140/000005).

La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños.

Antes de proceder a las votaciones, le pido a la secretaria primera que lea la declaración institucional de apoyo a la construcción del Telescopio de Treinta Metros y la instalación de este proyecto en las islas Canarias.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, señora presidenta.

Señorías, el pasado 30 de octubre del año 2016, el consorcio internacional que gestiona la construcción del Telescopio de Treinta Metros emitió una nota de prensa en la que confirmaba que barajaban diversas alternativas para la realización del proyecto, dadas las dificultades que su ubicación original en montaña sagrada de Mauna Kea, Hawai, Estados Unidos, estaba planteando a causa de la oposición local. En concreto, la dirección del proyecto expresaba que su primera alternativa a Mauna Kea sería la del Roque de Los Muchachos, en la isla canaria de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife y con segunda sede en el observatorio de la isla de Tenerife.

El proyecto de construcción del Telescopio de Treinta Metros supone una enorme aportación económica y científica, no solo para la actividad local de La Palma, Tenerife y las islas Canarias sino para el conjunto de España. La propia dirección del TMT dejó entrever que el presupuesto del telescopio será de unos 1.300 millones de euros, de los cuales un 20 % o un 30 % se gastarían en destino, generando a su vez unos 300 puestos de trabajo temporales y unos 140 puestos de trabajo fijos. A ello hay que añadir una producción científica de vanguardia que colocaría a España en la cabeza mundial en la investigación astronómica.

Por este motivo, señorías, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo para la instalación del proyecto en la isla de La Palma y Tenerife y solicita a todas las administraciones públicas, con especial mención a los Gobiernos municipales e insulares de La Palma y Tenerife, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de España, su colaboración para tomar las medidas necesarias que favorezcan tal objetivo, que no solo será un exponente internacional científico que reforzará a España, sino que vendrá de la mano de la generación de puestos de empleo.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Vamos a proceder a las votaciones. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y algunos del Grupo Parlamentario Mixto muestran unos carteles con la siguiente frase: Libertad, Andrés Bódalo).

Señorías, les ruego retiren los carteles. (Las señoras y los señores diputados continúan mostrando los carteles). Señorías, les ruego retiren los carteles porque se está alterando el orden del Pleno. (Las señoras y los señores diputados retiran los carteles.-Rumores.-Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN CON EL ESTATUTO PERSONAL Y VECINDAD CIVIL. (Número de expediente 125/000001).

La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la proposición de ley de las Cortes de Aragón por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 289; abstenciones, 54.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000001).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 208; en contra, 133; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEJORAR Y ACTUALIZAR LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000135).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A PROMOVER UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL QUE RECUPERE EL ESPÍRITU DE CONSENSO DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, VINCULANDO A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PODERES DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL EN UN COMPROMISO FIRME EN PRO DE UNA POLÍTICA SOSTENIDA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000004).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley: la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a promover un pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género.

Habiéndose presentado una enmienda idéntica a las dos proposiciones no de ley, firmada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto, procedemos a la votación de las dos iniciativas en un único acto con el texto común presentado y conocido por los señores diputados. En consecuencia, señorías, sometemos a votación la enmienda presentada a las dos proposiciones no de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 344.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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