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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 26, de 31/01/2017
cve: DSCD-12-PL-26
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 26
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 24 (Sesión extraordinaria)
celebrada el martes
31 de enero de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. ("BOE" núm. 310, de 24 de diciembre de 2016). (Número de expediente 130/000005) ... (Página3)

- Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. ("BOE" núm. 310, de 24 de diciembre de 2016). (Número de expediente 130/000006) ... (Página19)

- Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. ("BOE" núm. 18, de 21 de enero de 2017). (Número de expediente 130/000007)... (Página35)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página50)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página3)

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil ... (Página3)

La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, el señor Martínez Oblanca, la señora Sorlí Fresquet y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista, y Hoyo Juliá del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica ... (Página19)

El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Nadal Belda) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación interviene el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; las señoras Rodríguez Hernández (doña Melisa), del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo ... (Página35)

El señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación interviene el señor Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Girauta Vidal, del


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Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se aprueba por 243 votos a favor más 2 votos telemáticos, 24; 1 voto telemático en contra y 93 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 88 votos a favor más 1 voto telemático, 89; 242 en contra más 2 votos telemáticos, 244, y 8 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, se aprueba por 245 votos a favor más 3 votos telemáticos, 248; 77 en contra y 15 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 88 votos a favor más 1 voto telemático, 89; 246 en contra más 2 votos telemáticos, 248 y 5 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, se aprueba por 164 votos a favor más 2 votos telemáticos, 166; 88 en contra y 87 abstenciones más 1 voto telemático, 88.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 88 votos a favor más 1 voto telemático, 89; 245 en contra más 1 voto telemático, 246, y 6 abstenciones más 1 voto telemático, 7.

Se levanta la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO LEY 6/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente 130/000005).

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. (Rumores). Silencio, señorías. Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, quiero empezar felicitando a la presidenta del Congreso y a todos los diputados de esta Cámara por haber tenido la buena iniciativa de comenzar los plenos a las tres de la tarde. Es un ejemplo de racionalización y conciliación de la vida laboral y personal, no solo familiar. Me parece bien que avancemos en España, empezando por esta Cámara, con horarios laborales compatibles con la vida. Eso también es importante para la calidad en el empleo y por supuesto para que contemos en España siempre con todo el talento. Inicio, pues, mi intervención con esta cariñosa felicitación.

Permítanme que continúe con un recuerdo esta tarde. Este fin de semana ha fallecido una gran mujer, compañera nuestra, diputada en dos legislaturas y la primera alcaldesa de la democracia, Pilar Pulgar.


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Desde aquí, como compañera, como mujer y como amiga quisiera tener un testimonio de cariño y de afecto para su familia, y deseo que descanse en paz. (Aplausos).

Sin más, señorías, paso a presentar el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, que constituye la primera norma para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se va a convalidar en esta legislatura; como también en su día la estrategia de emprendimiento y empleo joven fue el primer gran acuerdo de la legislatura anterior en nuestro país. Por tanto, seguimos con lo que es tarea de todos: una España de las oportunidades contando con todo el talento, especialmente con el talento joven. (Rumores). Señorías, esta misma mañana hemos tenido conocimiento de los datos de paro de Eurostat, que siguen señalando que la gran prioridad de nuestro país es trabajar por el empleo. Es el gran anhelo de toda la sociedad española y, por supuesto, la gran prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy. (Rumores). España hoy, gracias al compromiso y al esfuerzo de todos los españoles, está traduciendo intensamente todo el crecimiento económico en creación de empleo. Hoy hemos conocido que España es el país donde en el último año más se ha reducido... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra, un segundo, por favor.

Señorías, les ruego que guarden silencio, porque no se escucha a la señora ministra.

Adelante, ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Bánez García): Muchas gracias, presidenta.

Les decía que hoy hemos conocido, según los datos de Eurostat, que España es el país de Europa donde más se redujo el desempleo en el último año. Uno de cada dos europeos que abandonaron el paro en la zona euro lo hicieron en nuestro país. Además, esos datos también nos dicen que ocho de cada diez jóvenes que en el último año abandonaron el desempleo en la zona euro lo hicieron en España. Eso nos anima a seguir trabajando con confianza y esperanza por las oportunidades de todos los españoles y, especialmente, por las oportunidades de los jóvenes. El empleo sigue siendo el gran objetivo de toda la sociedad española. Ha sido también y es la prioridad de este Gobierno. Vamos a hacer frente a cuatro grandes desafíos, que son las líneas básicas de actuación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes, fundamentalmente a través de la formación; aumentar la calidad y la estabilidad en el empleo; promover la igualdad de oportunidades en el acceso a nuestro mercado laboral y, por supuesto, fomentar el espíritu emprendedor. Ese es el gran objetivo estratégico que tenemos por delante.

Señorías, como saben muy bien, desde su primera fase allá por el año 2011, nuestro país sufrió una terrible crisis económica transformada en una dura crisis social, especialmente si hablamos del talento joven. Se pasó de una tasa de paro del 18 % a casi el 50 %; supuso un incremento del desempleo juvenil de casi 30 puntos. Se destruyeron un millón de empleos entre los menores de veinticinco años, de tal manera que la pérdida de talento joven fue una tragedia en esos años. Eso nos obligaba, como Gobierno, pero sobre todo como sociedad, a tomar decisiones rápidas a favor del empleo y de las oportunidades de los jóvenes. Quiero señalar aquí que durante los últimos cinco años la suma de esfuerzo y compromiso de toda la sociedad española, de todas sus instituciones y de los interlocutores sociales ha hecho posible un cambio de tendencia en el empleo joven. Los grandes acuerdos y las grandes medidas en materia de empleo juvenil han venido de la mano de acuerdos y de consenso.

Desde el Gobierno, nosotros pusimos en marcha una estrategia que significaba buscar oportunidades para los jóvenes. Lo hicimos en la nueva regulación del Estatuto de los Trabajadores con la modernización del contrato de formación y aprendizaje, que, junto a la del Ministerio de Educación, era una de las dos vías para implementar la formación dual en España. Lo hicimos en 2013 en ese gran acuerdo social, el primer pacto social de la legislatura pasada, que se denominó la estrategia de emprendimiento y empleo joven, cien medidas a favor de la orientación, la formación, la contratación y el emprendimiento entre los jóvenes. Lo hemos movilizado también desde el Gobierno de España, y especialmente su presidente, Mariano Rajoy, para que los europeos también tengamos un programa que acompañe a las iniciativas nacionales de compromiso con los jóvenes; así nació la garantía juvenil en Europa. En febrero de 2013, esa iniciativa de empleo juvenil 2014-2020 fue dotada con 6.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea y nuestro país, España, fue de los primeros en acogerse a esa iniciativa con el Plan nacional de implantación de la garantía juvenil. Por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, y después con la Ley 18/2014, de octubre, se sentaron las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. Esta iniciativa se amplió en el año 2015 en la Ley 25/2015, en la que se extendieron los beneficios de la


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garantía juvenil a los jóvenes de entre veinticinco y treinta años, todas ellas actuaciones a favor de la intermediación laboral, de la mejora de la empleabilidad, de apoyar a la contratación y, como decía, de iniciativas emprendedoras por los jóvenes. Desde entonces no hemos hecho más que aprender juntos; hemos perfeccionado esas iniciativas, hemos reforzado la comunicación y mejorado su implementación en España.

El real decreto-ley que hoy queremos convalidar en esta Cámara da un nuevo impulso a la implantación de la garantía juvenil en nuestro país. Este real decreto-ley nace del consenso previo con los interlocutores sociales y con todas las comunidades autónomas, porque somos muy conscientes de que cuando sumamos voluntades se multiplican los resultados en España. Ahí están los resultados. Como les decía, nuestro país afronta la necesidad de oportunidades entre los jóvenes con dos grandes programas: la estrategia de emprendimiento y empleo y la garantía juvenil, que a día de hoy ha dado más de 1.700.000 oportunidades de empleo y formación a muchos jóvenes en España. Eso ha ayudado a dos cosas fundamentales. Por una parte, a corregir las deficiencias de nuestro mercado laboral y los problemas que se encontraban los jóvenes para acceder a un empleo y, por otra, a que en nuestro país bajara la alta tasa de abandono escolar, que ya se ha reducido en 6 puntos y por primera vez ha descendido del 20 %.

Hemos ganado peso relativo en la formación profesional en España. Por eso el contrato de formación y aprendizaje, que es la vía de la formación profesional en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha contado con más de 543.000 contratos para dar oportunidades de empleo y formación a los jóvenes. En estos años hemos conseguido que el empleo entre los jóvenes vaya aumentado su calidad. En el último año -y me parece que es una buena noticia- ha crecido a un ritmo del 25 % la contratación indefinida entre los jóvenes, casi el doble de lo que creció la contratación indefinida con tasa general. Todo este conjunto de correcciones y deficiencias han ayudado a que podamos describir los resultados en forma de datos positivos para los jóvenes. En el último año se crea empleo a un ritmo del 7,1 % entre los menores de veinticinco años, el doble de la tasa general. La tasa de desempleo juvenil se ha reducido en 14 puntos en los tres últimos años, y hoy España, como les decía, con datos de Eurostat, lidera la reducción del paro juvenil en Europa: ocho de cada diez que abandonaron el paro en la zona euro lo hicieron en el último año en nuestro país.

Estamos avanzando, pero somos profundamente inconformistas. Estos datos solo nos animan a seguir trabajando con fuerza y con intensidad, porque estamos en el buen camino, pero las tasas de desempleo juvenil en España son todavía inaceptables. Por eso, la garantía juvenil supone una enorme oportunidad para que todos juntos, comunidades autónomas, agentes sociales y Gobiernos, seamos capaces de seguir dando oportunidades a nuestros jóvenes. En el sistema de garantía juvenil ya contamos con más de 420.000 inscritos, y de ellos 145.000 han encontrado un empleo: uno de cada tres que entra en el sistema de garantía juvenil termina volviendo al mercado de trabajo. Vamos en la buena dirección, pero necesitamos seguir sumando oportunidades, y hacerlo rápidamente, y por eso este nuevo real decreto-ley que convalidamos esta tarde impulsa medidas para mejorar la inscripción en el sistema y seguir uniendo voluntades con el fin de mejorar la eficiencia entre todas las administraciones públicas.

Señorías, a través de ese programa operativo de empleo juvenil, España tiene asignado por la Comisión Europea un total de 2.360 millones de euros. La cifra inicial que fijó la Comisión Europea fue de 1.887 millones, pero el Gobierno de España quiso sumar otros 473 millones a ese programa de oportunidades para los jóvenes. Además, en las próximas semanas el Parlamento Europeo tiene previsto una nueva asignación a la garantía juvenil por valor de 900 millones de euros, lo que podría incrementar los recursos para España en un total de 3.260 millones de euros. De esa dotación total, en diciembre de 2017 deberemos haber justificado y certificado como país, entre todas las administraciones públicas y organismos intermedios del Fondo Social Europeo, 1.082 millones de euros. En diciembre de 2018, 849 adicionales, más el total de recursos adicionales, esos 900 a los que he hecho referencia que podría terminar aprobando el Parlamento Europeo.

Debemos aprovechar al máximo esos recursos que van a venir a nuestro país, y cuanto antes. Se lo debemos a los jóvenes. Por eso, el real decreto que hoy convalidamos introduce medidas urgentes, ese nuevo impulso que les decía al principio. ¿Para qué? Primero, para facilitar el incremento de jóvenes beneficiarios eliminando trabas y requisitos de inscripción en el sistema de garantía juvenil. En segundo lugar, para aprovechar de manera más eficiente esos recursos que estamos recibiendo poniendo en marcha nuevas actuaciones a través de organismos intermedios, comunidades autónomas y el propio Gobierno de España. Es importante que lo hagamos rápido y que lo hagamos juntos para que la eficiencia de todas esas políticas la vean los jóvenes en forma de resultados. Esta norma es fruto de la reflexión y


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de la experiencia compartida en los últimos años, del acuerdo entre todos en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del diálogo social constructivo. Por tanto, lo que estamos haciendo es una reflexión y un análisis de la experiencia pasada y, a partir de ahí, seguir apostando y sumando oportunidades con nuestros jóvenes.

Esta norma introduce algunas novedades. Por una parte, como les decía, se simplifican los requisitos de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por ejemplo, antes hacía falta que un joven no estuviese recibiendo formación o no tuviese un empleo tres meses o treinta días antes para que se pudiera dar de alta; ahora bastaría que no lo hiciera el día inmediatamente anterior. Aumentamos también los puntos de inscripción que se pueden hacer en el sistema, bien a través de las comunidades autónomas y sus servicios públicos de empleo, bien a través de los propios interlocutores sociales, cámaras de comercio, entidades locales, organismos intermedios en general, que gestionan también el Fondo social europeo. Cualquiera de ellos puede dar la inscripción de un joven en ese fichero único. Pero con este real decreto queremos llegar más lejos y permitir también la inscripción automática en el sistema de aquellos jóvenes que en cualquier servicio público de empleo, estatal o autonómico, sean hoy demandantes de empleo, con lo cual facilitamos la posibilidad de que, desde el primer momento, un joven pueda recibir orientación, formación y apuesta por el empleo.

Lo que hacemos con este real decreto es incorporar medidas que dan respuesta a las necesidades y a la experiencia de la implantación de la garantía juvenil para hacerla más eficiente. A su vez, incorpora otro compromiso puesto en marcha y dado a conocer por el Gobierno al inicio de la legislatura, que es también un cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que significa que todas aquellas reducciones de cotización que facilitaban la empleabilidad o, con tarifa plana, el emprendimiento entre los jóvenes se conviertan, a través de este real decreto, en bonificaciones del Sistema Nacional de Empleo, y así podamos consolidar y fortalecer también nuestro modelo de pensiones. Este es un compromiso, insisto, del Pacto de Toledo y también del Gobierno en el inicio de esta legislatura.

Este real decreto lo que hace es sumar un nuevo impulso de iniciativas por los jóvenes y conseguir, con ello y con el esfuerzo de todos, que cada día los jóvenes tengan más oportunidades. Les quiero indicar que desde la aprobación de este real decreto-ley por el Consejo de Ministros, en poco más de un mes, se han inscrito quinientos jóvenes cada día en el sistema. Por tanto, entre todos debemos sumar esos esfuerzos y ese compromiso por los jóvenes en nuestro país. También les quiero dejar clara una cosa: en cuanto a los recursos que vengan de Europa desde la garantía juvenil a España para transformarlos en oportunidades o en inversión para los jóvenes, de ninguna de las maneras vamos a perder ni un euro de inversión por el empleo, por la formación o por la orientación para los jóvenes. Se trata de renovar nuestra responsabilidad para afrontar los problemas en la implementación de la garantía juvenil en España, así como trabajar, como es nuestra obligación, para que ese talento joven que ha sufrido y ha sido uno de los colectivos más vulnerables a lo largo de la crisis y al inicio de la recuperación vea compensado, con oportunidades, estos nuevos años de esperanza y de confianza.

Desde esta tribuna, pido el compromiso también de los grupos parlamentarios convalidando este real decreto-ley, que, como decía, nace del consenso social y nace del consenso y del diálogo con las comunidades autónomas. Sigamos sumando por los jóvenes. Lo necesitan los jóvenes, pero también lo necesita España para poder contar con todo el talento, con ese talento que va a ser nuestro futuro, pero que tiene que tener ya, desde hoy, presente: nuestros jóvenes.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, interviene la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, en el año 2013 el Consejo Europeo pone en marcha el Plan de empleo juvenil 2014-2020. En el año 2015 se extendió a los mayores de veinticuatro años y menores de treinta, después de un debate en este Congreso en el que muchas fuerzas políticas decíamos que no tenía sentido, después de los años de crisis, que se excluyera a la gente entre veinticuatro y treinta años, porque era gente que había acabado sus estudios y que no había tenido la oportunidad de trabajar en ningún momento, dada la crisis económica. Seguimos teniendo las tasas más altas de desempleo juvenil en este país, el 46 %, pero en Canarias llegamos a más del 50 %. Yo he intervenido reiteradas veces aquí, he presentado proposiciones no de ley en Comisión y en Pleno explicando que el sistema de garantía juvenil en este país no estaba funcionando debido al sistema


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de inscripción, que además era complicadísimo y excluía a una parte muy importante de los jóvenes, a aquellos que están en riesgo o en situación de exclusión social sin capacidad económica para tener los conocimientos tecnológicos adecuados, y por supuesto también debido a fallos del sistema, cuestiones que me fueron negadas reiteradamente. Asimismo, nosotros advertimos también de que gran parte del dinero que había dado la Comisión Europea a este país se iba a tener que devolver porque no había sido ejecutado.

Hoy nos traen este real decreto, que resuelve en parte las denuncias que habíamos realizado: facilita la inscripción, que un mayor número de jóvenes se puedan acoger al plan de garantía juvenil, el papel que tienen que jugar determinadas instituciones, agentes sociales y comunidades autónomas y se ha alcanzado un acuerdo dentro marco del diálogo social y de la conferencia sectorial. Nosotros lo vamos a apoyar, pero nos sigue pareciendo insuficiente. Creemos que este tema lo tienen que gestionar las comunidades autónomas con políticas específicas y teniendo en cuenta los criterios y el perfil de los jóvenes parados en cada uno de los territorios, que son distintos. En cualquier caso, no entendemos por qué cuando la Comisión Europea distribuyó los fondos en función de los índices de paro de los países de Europa no se produjo también un reparto de fondos en función de los índices de paro juvenil de las comunidades autónomas. En nuestra opinión, estas cuestiones se tendrían que gestionar al cien por cien por las comunidades autónomas. No tiene sentido un servicio de inscripción centralizado, como se ha estado haciendo. Por eso, lo vamos a apoyar -creemos que es un avance-, pero tendremos que evaluar resultados en los próximos meses para intentar que el mayor número de jóvenes parados de este país pueda acceder a un empleo lo más rápidamente posible y justificar así las ayudas europeas en tiempo y en plazo.

Muchas gracias, señora presidenta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Señorías, este real decreto-ley responde a una gran necesidad, por lo que está más que justificada su convalidación. Es urgente mejorar la empleabilidad y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, bien sea como trabajadores por cuenta ajena o bien a través del autoempleo. No podemos eludir el gravísimo problema que tenemos en España, con un volumen de jóvenes ocupados cercano a los niveles más bajos de las últimas décadas, hasta el punto de que somos uno de los países europeos con mayor número de jóvenes desempleados de Europa tanto en valores absolutos como en porcentajes de desempleo.

Pero si alarmantes son estas cifras y porcentajes europeos -y los nacionales también-, más aún lo son en el caso de Asturias, que es una comunidad que lleva varios años consecutivos instalada en el farolillo rojo de la tasa de población activa. De hecho, la última EPA, publicada la pasada semana, vuelve a reflejar que cada vez hay menos asturianos trabajando o en disposición de hacerlo, hasta el punto de que la comparación con el mismo periodo de 2015 señala una reducción de la población activa de 10.100 personas; un menos 2,15 %, el mayor dato negativo del conjunto del país y alejadísimo del registro total en el total nacional, que fue del menos 0,56 %. Una parte sustancial de las víctimas de este indicador oficial fueron los jóvenes. En 2015 se fueron de Asturias 7.750 jóvenes, que allí son conocidos como leyendas urbanas, tras la lamentable definición de un antiguo presidente autonómico socialista. El éxodo de los jóvenes asturianos incide además en el proceso de decadencia de la comunidad y en el gravísimo problema demográfico que supone tener el envejecimiento de la población más acusado de España y uno de los más altos de Europa.

Por todo ello, Foro votará a favor de este real decreto-ley porque sus medidas incentivan la cotización de los jóvenes inscritos en este programa financiado por fondos europeos, que en España se aplicará vía subvenciones a la Seguridad Social para las empresas que hagan ofertas de trabajo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.

España ha sido el Estado que más dinero ha recibido de la Unión Europea para la garantía juvenil para conseguir reducir las cifras de paro totalmente indignantes, consecuencia de la mala gestión del Partido


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Popular. (Rumores). Pero en la última legislatura se ha hecho poco para mejorar esta situación. Para ustedes, señora ministra, la garantía juvenil representa una subvención, representa una fuente de ingresos a costa de quien no tiene trabajo. Después de tres años sin hacer prácticamente nada, ahora vienen las prisas y las urgencias para cambiar el Plan de garantía juvenil que nunca se han creído. Lo que esconden estas prisas y estas urgencias es que Europa ha dicho que o se ponen las pilas o tendrán que devolver todo el dinero. Lo que es lo mismo, una lavada de cara a un sistema que nunca se han creído. No es un problema de inconformismo, sino de incompetencia. Quienes nos creemos la garantía juvenil, la necesidad de la inserción laboral de los jóvenes, ponemos en marcha planes como Avalem Joves o como Jove Oportunitat, de L´Institut Valencià de la Joventut y de la Conselleria de Economía, planes transversales que buscan un trabajo integral a nivel social, a nivel de formación y a nivel de inserción laboral, planes que buscan mejorar la vida de la gente más joven. Lo que nos sorprende es que se presenten aquí como salvadores, que digan continuamente que las políticas de empleo son su prioridad cuando están dejando fuera a las personas más jóvenes, cuando las están dejando fuera de tener un presente y un futuro dignos. Y eso demuestra que son unos gestores nefastos. Europa además así lo ha dicho, gestionan mal las ayudas que reciben, porque al final para ustedes la garantía juvenil, como he dicho antes, es una simple subvención. Así que, señorías del PP, señora ministra, háganselo mirar, son peores por incompetentes que por corruptos.

La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al señor Campuzano i Canadés, le pregunto a la señora Sorlí Fresquet si está dispuesta a retirar las últimas palabras que ha manifestado. (Pausa). Espero a que llegue a su asiento. (Pausa).

La señora SORLÍ FRESQUET: No voy a retirar las palabras porque es mi valoración política de la gestión que se ha hecho hasta ahora.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, señora ministra.

Hubiésemos preferido un cierto tono de autocrítica en la intervención de la señora Báñez porque, como le han recordado diversos portavoces del Grupo Mixto, este real decreto es fruto de la constatación de que la garantía juvenil no estaba funcionando en España y las comunidades autónomas hacía tiempo que reclamaban flexibilidad en la ordenación de la misma. En el caso concreto de Cataluña, el Servicio de Ocupación de Cataluña y los agentes sociales hace ya meses que pidieron esa rectificación. En esta Cámara se aprobaron proposiciones no de ley que instaban en esa dirección y el Consejo de la Juventud se mostró crítico, además -y lo que es más relevante-, la Unión Europea ha llegado a plantear que España devolviese el dinero que había avanzado, en la medida en que no se estaban haciendo las cosas bien. Es bueno que digamos eso. No es que sea fruto exclusivamente de una reflexión del Gobierno, es que se nos estaba diciendo que las cosas no se estaban haciendo bien. Además, señorías, el elemento preocupante es que, siendo España líder en desempleo juvenil, la tasa de cobertura del programa de la garantía juvenil está quedando lejos de las perspectivas que teníamos. La ministra hablaba de cerca de 420.000 jóvenes inscritos, siendo beneficiarios 125.000. Estamos muy lejos de los 800.000 o 900.000 jóvenes que deberían beneficiarse de este programa, pero si evaluamos la calidad de los servicios que se terminan ofreciendo a estos jóvenes en términos de empleo, de prácticas y de formación, los datos nos indican que ese empleo, esa práctica o esa formación no van más allá de los seis meses. Por tanto, lo que nos tememos, señora ministra, es que este esfuerzo europeo, esa cantidad para nada desdeñable de recursos que España está recibiendo y que va a recibir en los próximos años no resuelva las causas estructurales que explican nuestro elevado desempleo juvenil. Cuando la ministra saca pecho poniendo el acento y el valor en que estos recursos van a ser destinados no a reducción a cotizaciones a la Seguridad Social, sino a bonificaciones del empleo -la misma técnica de política activa financiada de manera distinta- debemos volver a recordarle que nuestro problema de desempleo juvenil no se explica fundamentalmente por esa cuestión, por el coste de las bonificaciones a la Seguridad Social, sino por la incapacidad de transitar bien del sistema educativo al mercado de trabajo y que los recursos de la garantía juvenil no van a servir para revertir esas causas de fondo. (Rumores).


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Lo lamento. Además me temo que el real decreto-ley no va a ser tramitado como proyecto de ley y, por tanto, no va a contar con nuestro voto favorable, sino con nuestra abstención y nuestra demanda para que lo tramitemos como proyecto de ley y profundicemos en esa discusión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías; buenas tardes, señora presidenta.

Se nos emplaza hoy para la ratificación de un real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, decisión que en este caso supone una sustancial modificación de las características de ese instrumento que a su vez provienen de otro anterior, del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, que fue posteriormente reconvertido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Me sucede lo mismo que le ha ocurrido al señor Campuzano, a mi antecesor, y es que en la valoración que se ha hecho de este real decreto-ley ha faltado una cierta autocrítica por quienes lo están proponiendo, por el Gobierno. La primera advertencia que conviene hacer es que dichas modificaciones tienen como antecedente y razón de ser hacer posible una mayor utilización de las ayudas contempladas, en su día, ante las dificultades detectadas a lo largo de los años transcurridos desde su puesta en marcha para hacerlas efectivas, así como a la vista del deficiente resultado que ha ofrecido la gestión de dichos fondos.

En su momento, y como señala la propia exposición de motivos, el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020 supuso un incremento de recursos financieros para España. Lo fue en el marco de la política de cohesión y lo fue además en un marco en el que -decía- debían ser prioritariamente destinados o utilizados en el ámbito del empleo juvenil. Continúa la exposición de motivos recordando que la revisión de dicho marco ha supuesto incluso un incremento de dichos fondos, lo que se ha decidido mediante una comunicación de 30 de junio de 2016. Se habla, por tanto, de que esos fondos pueden alcanzar los 1.900 millones de euros. Por ello, y si bien dicha exposición de motivos dice que la razón de las modificaciones es fortalecer los mecanismos propios de dicho sistema de garantía juvenil, lo cierto es que lo que motiva dicha reforma es, en lo sustancial, modificar los aspectos relativos a la inscripción de los potenciales beneficiarios en un fichero o registro -tras acreditar el cumplimiento de unos requisitos-, ya que la simplificación de los trámites de tal inscripción durante esos dos años ha sido no solo complicada y dificultosa, sino que ha entorpecido excesivamente el acceso a la condición de beneficiario del sistema a muchos jóvenes, y ha determinado, en consecuencia, una utilización notoriamente baja de los fondos de la Unión Europea destinados a financiar este sistema de garantía. Esa es, por tanto, la razón última de la existencia de esta modificación: el bajísimo porcentaje de jóvenes desempleados que se han dirigido al sistema y, por ello, la escasísima utilización de los fondos dispuestos para ello.

El real decreto-ley ha dispuesto para este fin varias modificaciones en las cuales coincidimos. Se simplifican los requisitos para ser beneficiario del sistema y reduce para ello a un solo día la exigencia de un periodo anterior a la inscripción de treinta días sin haber trabajado ni recibido acciones formativas o educativas. Basta para ello su inscripción como demandante de empleo. En segundo lugar, permite que todas las entidades participantes establezcan procedimientos específicos y abre el abanico a la posibilidad de facilitar el acceso al registro también a la Administración local, a los interlocutores sociales e incluso a entidades del ámbito privado y no únicamente a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas. En tercer lugar, se posibilita la inscripción de forma prácticamente automática en el sistema de todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en cualquiera de los servicios públicos, siempre y cuando reúnan esos requisitos. Se otorga un papel y se reconoce el papel relevante de los interlocutores sociales, lo cual suma legitimidad a esta iniciativa. Finalmente y de modo estratégico, porque afecta a otro debate pero creemos que es importante, establece la conversión de las reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones de cuotas sociales para el caso de formalización de contratos para la formación o el aprendizaje. Esta conversión, además de ajustar a su propia naturaleza de medidas de fomento de empleo las que son políticas activas de empleo, evita el quebranto en la recaudación de las cuotas de Seguridad Social.

Faltan, sin embargo, un par de cuestiones sustantivas. A nuestro juicio, falta alguna precisión relativa a la garantía de los trazados laborales para los jóvenes. Hoy en día no se garantiza que ese trazado laboral de los jóvenes atienda a características de dignidad, porque el trabajo joven hasta ahora ha sido un trabajo precario. Estas modificaciones no inciden en esa situación y creemos que se debería haber dado mayor relevancia.


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Desde nuestro punto de vista, particular también, en su momento el Grupo Vasco advirtió que aquella ley en la que se ampara este real decreto-ley, la 18/2014, contenía dos aspectos que ignoraban competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por un lado, el relativo a los artículos 92, 98 y 102 en cuanto a la gestión del fichero del sistema, que se encuadraba en un ámbito de ejecución en la legislación laboral que no fue respetado, incumpliendo con ello el artículo 12 de nuestro Estatuto de autonomía. También advertimos que el artículo 107, en sus párrafos 6, 12 y 13, vulneraba transferencias ya materializadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los reales decretos 1441 y 895 de 2010 y 2011, en lo relativo tanto a la utilización de los fondos como a la inspección de trabajo.

Aquella disputa quedó solucionada, al menos de forma aparente, con la interpretación que hizo la Comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma, pero a pesar de que este decreto-ley se limita a modificar aspectos que no parecen hacer referencia a estos artículos -92, 98 y 102-, e incluso a pesar de que dibuja determinada caracterización de las bonificaciones que compartimos también ampliamente, creemos que no incide en todos los aspectos de la garantía juvenil ni en todos los aspectos de la garantía de las competencias de la comunidad autónoma que hubieran debido ser atendidas. Por ello, y en orden a la tramitación de este real decreto-ley, entendemos -al igual que lo ha hecho el señor Campuzano- conveniente plantear su mejora, tanto en su aspecto sustantivo como en cuanto a la salvaguarda de las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante la posibilidad de introducir en el texto las oportunas disposiciones adicionales, o las que fueran, por las que se reconozcan de forma expresa estas cuestiones. A tal fin, dicha posibilidad queda sometida a la condición de que sea tramitado como proyecto de ley, lo que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 151.4 del Reglamento de esta Cámara, se podrá realizar si así se pronuncia esta Cámara previa votación realizada al efecto, que solicitamos desde este momento a la presidenta de la Cámara.

Esta es nuestra valoración. Esperaremos a la contestación que se dé respecto de esta última cuestión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

Una vez más, vamos a poner parches a unas políticas económicas que no producen empleo suficiente y el que producen es, en gran medida, precario. El viernes pasado su Gobierno nos presentaba una economía que va tan, tan bien que solo permite subir las pensiones un 0.25 %, es decir, las pensiones continúan casi congeladas un año más. Hoy nos presentan un real decreto-ley, un trámite de urgencia, una vez más -en 2014 también fue de urgencia-, porque la economía va tan, tan bien que se debe mejorar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil porque el número de parados jóvenes sigue siendo de los más altos de Europa. Después de años del programa, se ha producido otro éxito más de sus políticas económicas.

El real decreto-ley que hoy nos presentan mejora -hay que decirlo- el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (Rumores). Valoramos positivamente su rectificación de los requisitos, para inscribirse en el sistema, relativos a no haber trabajado ni recibido acciones educativas o formativas en determinados periodos antes de presentar la solicitud que se limitan al día anterior. También valoramos positivamente que se elimine el requisito de presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el programa de garantía juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en el caso de los jóvenes inscritos como demandantes de empleo, trámite burocrático que solo generaba trabas a los jóvenes y no tenía, a nuestro parecer, razón de ser. Sin embargo, a pesar de estas pequeñas mejoras, ustedes no han atendido, por ejemplo, las peticiones de la Generalitat de Catalunya o la de los sindicatos. Nos dicen que hay consenso pero mis fuentes me dicen lo contrario, tanto la parte sindical como la parte de la Generalitat. Por ejemplo, la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya ha trasladado un mínimo de tres modificaciones importantes y necesarias en el sistema que ustedes no han atendido. En primer lugar, la incorporación de los jóvenes contratados a tiempo parcial. El término no ocupado debería incluir a las personas con empleo cuya jornada sea inferior a las veinte horas semanales, en consonancia con el objetivo europeo de empleo de calidad y para cubrir las necesidades de mejora de empleo y de empleabilidad que ofrecen los programas de garantía juvenil. La situación de precarización del trabajo de nuestros jóvenes, ampliamente descrita y cuantificada por estudios contrastados, debe justificar ante la Comisión Europea la inclusión en los programas de garantía juvenil de este amplio colectivo de jóvenes como manera de salir del círculo de precarización en el que se encuentran.


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En segundo lugar, facilitar la inscripción de todos los jóvenes que dispongan de permiso de residencia. Hasta el momento se ha facilitado que los jóvenes que están bajo la tutela de la Administración puedan ser incorporados al fichero de garantía juvenil. Nos parece bien, pero el problema reside en el momento en que cumplen dieciocho años, ya que estos jóvenes dejan de estar bajo la tutela de la Administración -situación ya de por sí muy complicada- a la que hay que añadir que tampoco tienen opción de mejorar su empleabilidad mediante las medidas de garantía juvenil, que es lo que a la mayoría les puede permitir una oportunidad laboral en un futuro próximo y que puedan salir de la exclusión, como decíamos. Hay que enfatizar que estos jóvenes tienen una mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Por eso, todos los jóvenes con permiso de residencia deberían obtener el permiso de trabajo y se debería asegurar su acceso al fichero. Consideramos que se trata de un colectivo de atención preferente que no puede quedar excluido de estos programas.

En tercer lugar, ampliar el requisito de empadronamiento a los jóvenes que residen en el extranjero. En relación con el empadronamiento como requisito para acceder a los programas de garantía juvenil, proponemos habilitar un sistema para incluir como beneficiarios a los jóvenes residentes en el extranjero que estén registrados en la embajada correspondiente, con el fin de que puedan acogerse a programas de retorno para trabajar, pues la garantía juvenil como incentivo para el retorno del talento puede ser un buen instrumento. Ustedes siguen inmersos en su visión centralista y homogeneizadora pese a que el Estado no gestiona las políticas activas de ocupación, más allá de un fichero único de registro que la Unión Europea, por cierto, nos obligó a crear.

Lo más grave es que se apropian del 50 % de los recursos del sistema de garantía juvenil. De hecho, la situación es aún más perversa, en Cataluña el dinero lo adelanta la Generalitat; sí, la Generalitat, es la que debe adelantar los recursos para hacer frente al programa de garantía juvenil y lo hace a costa de aumentar el endeudamiento. Supongo que debe ser una estrategia más de su operación diálogo, por lo cual es importante que los recursos que llegan a Cataluña sean inferiores a las competencias transferidas para mantener la infrafinanciación, expolio o llámenlo como quieran. Lo peor es que después de años de implantación del sistema de garantía juvenil, el Gobierno del Estado a día de hoy no sabe en qué gastarse el 50 % de los recursos del sistema -prefirió no gastarlo de hecho- en vez de trasladar los recursos a las comunidades autónomas, auténticas gestoras del sistema. Pues bien, sin ningún debate -se podía haber presentado, repito, como propuesta de ley-, con los recursos que nos han traspasado a las comunidades autónomas, pretenden ahora financiar las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social de los jóvenes a cuenta del sistema de la garantía juvenil. Más políticas de bonificación perniciosas e inútiles a nuestro parecer y al de muchos miembros de esta Cámara. Bonificar, dar ayudas para contratar jóvenes, esto va siempre en perjuicio de otras edades, y este no es el problema ni la solución; lo podíamos haber debatido, como decían también mis compañeros del Partit Demòcrata Europeu Català y del Partido Nacionalista Vasco.

Para finalizar, su operación diálogo parece una vez más una operación monólogo. Si querían diálogo podían haber empezado presentando un buen informe con los datos reales del programa de garantía juvenil y hacerlo como un proyecto de ley para debatirlo y mejorarlo con los agentes sociales de verdad y en el Parlamento. Pero no, siguen anclados en la cultura del real decreto-ley y el desprecio al Parlamento según nuestra manera de ver.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, una vez más volvemos a hablar en esta Cámara de la garantía juvenil como mecanismo para suavizar una situación dramática sin duda, en nuestro país, como es el desempleo juvenil. Según los datos de Eurostat, la tasa de desempleo juvenil en España -jóvenes entre 15 y 24 años- es del 48,3 %, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de la de Grecia y muy por encima de la de otros países de nuestro entorno como Alemania, que está en un 7,2 o como Dinamarca, que está en un 10,8, o Reino Unido que está en un 14,6. Además, los jóvenes que trabajan en nuestro país lo hacen en unas condiciones tremendamente inestables: en torno al 75 % de los jóvenes entre las edades a las que nos hemos referido tienen un contrato temporal, frente al 34,5 de Dinamarca, el 31,7 de Austria o el 15 % de Reino Unido. La tasa de temporalidad española solo es superada en la Unión Europea por Polonia. Sin embargo, el problema de la temporalidad en nuestro mercado laboral no solo radica en su intensidad sino


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también en su naturaleza. Incluso en aquellos países con una tasa de temporalidad relativamente alta, como Alemania, se trata de una temporalidad en gran parte voluntaria; sin embargo, en nuestro país, en el caso de España la mayoría de los contratos temporales son involuntarios, es decir, nuestros jóvenes preferirían encontrar trabajos permanentes y la razón por la que no los encuentran es simplemente porque nuestro mercado laboral no puede ofrecérselos. Me dirijo a usted, señora ministra, estamos dejando sin oportunidades a una generación entera, lo cual, primero, no es de justicia y, segundo, no podemos permitírnoslo como país. (Aplausos).

Eso no es todo, sin embargo. Además, el desempleo juvenil en España se ve complicado por debilidades particulares como son: primero, una tasa de abandono escolar que dobla la media europea; segundo, el escaso peso de la formación profesional y, tercero, un bajo conocimiento de idiomas extranjeros. Las consecuencias de la precariedad laboral en nuestro país son dramáticas; a lo largo de todo el espectro educativo los trabajadores jóvenes se encuentran con un mayor riesgo, en primer lugar, de permanecer desempleados; en segundo lugar, de quedarse atrapados entre contratos temporales durante largos períodos de tiempo; en tercer lugar, de experimentar penalizaciones salariales y, por último, de estar sobrecualificados para su trabajo. -En otro momento podremos hablar de la fuga de cerebros y las consecuencias que supone esa fuga para nuestro país-. Por eso, de manera urgente tenemos que aprovechar los instrumentos con los que contamos.

La garantía juvenil se aprobó en el Consejo de la Unión Europea con un ambicioso objetivo y una importante dotación presupuestaria para nuestro país, lo que generó expectativas que posteriormente no se han visto cumplidas. El programa no se puso en marcha en España hasta finales del año 2014, un año y medio después de su aprobación. El registro de jóvenes fue una misión imposible para muchos y los beneficiarios de acciones concretas comenzaron a llegar con cuentagotas, lo que hizo del programa una propuesta globalmente ineficaz. En el desarrollo de dicho sistema se pusieron a disposición de España 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos de fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea durante el periodo 2014-2020. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se han pasado de 200.000 solicitudes y 180.000 resoluciones positivas, a 31 de diciembre de 2015, a 439.000 solicitudes y 405.000 resoluciones positivas a 31 de diciembre de 2016 frente a más de un millón de potenciales beneficiarios. Es decir, no llegamos ni a la mitad de las resoluciones de los potenciales beneficiarios. Respecto del número de atenciones recibidas por los beneficiarios, a fecha 31 de diciembre de 2015 fue de 379.000, de los cuales tan solo 69.000 eran atenciones de carácter finalista y 310.000 de atenciones de carácter no finalista; es decir, que a pesar de los medios disponibles la efectividad de este programa hasta ahora ha sido marginal.

España debe aprovechar los 3.260.000 euros que recibirá de Bruselas para la dotación del programa operativo de empleo juvenil hasta el año 2023; si no alcanzasen estos importes, la diferencia será reducida de la asignación inicial. En mi grupo parlamentario tenemos una especial preocupación por el desempleo de larga duración y, en particular, por el desempleo juvenil. Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo. (Rumores). En primer término, reducir el desempleo, especialmente el desempleo de larga duración; en segundo, acabar con la precariedad fomentando la creación de empleo estable y de calidad y, finalmente, potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación que sean verdaderamente eficaces. Así quedó plasmado en el apartado 42 del acuerdo al que llegamos con el Partido Popular, en el que se incluyeron varias medidas englobadas dentro de un plan de choque contra el desempleo, entre las que cabe destacar: el impulso de los planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el marco de la que hoy estamos debatiendo, la garantía juvenil europea. En concreto, y de manera urgente, primero, mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de treinta años en el registro telemático. Segundo, la integración de los datos del registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de su eficacia y, tercero, establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de las comunidades autónomas en la aplicación del sistema juvenil.

Vuelvo en este punto a dirigirme a usted, señora ministra, porque hemos tenido que ser nosotros, hemos tenido que venir nosotros, diputados de Ciudadanos, para obligarles a cumplir con su trabajo y decirle que a partir de ahora, por suerte, se acabaron las mayorías absolutas y, por lo tanto, los rodillos para este país, y eso es un motivo de celebración para nosotros. (Aplausos).

Con la aprobación de este decreto-ley se cumple con el citado punto del acuerdo, facilitando la inscripción de los jóvenes en el sistema de garantía juvenil. También se establece la conversión de reducciones a la cotización de la Seguridad Social en bonificaciones a cargo del servicio público de


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empleo y, por lo tanto, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, lo que sin duda mejorará las cuentas de nuestra maltrecha Seguridad Social y aumentará la utilización de los fondos europeos disponibles. No obstante, para convertir este programa en una historia de éxito es necesario ir más allá. Creemos necesario elaborar una nueva estrategia de emprendimiento y empleo joven para el periodo 2017-2020 que sustituya a la vigente ante la próxima finalización. Es necesario además que, previa valoración de sus resultados, se actualice el catálogo de medidas e incentivos a la contratación en función de su eficacia en los términos de inserción formativa y laboral. Asimismo, esperamos la puesta en marcha lo antes posible de reformas de calado en nuestro mercado de trabajo -me vuelvo a dirigir a la señora ministra- y seguimos esperando las conclusiones de los expertos que nombraron a efectos de dar cumplimiento a las sentencias de la Unión Europea y de más medidas de contratación. (La señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, Báñez García: Yo también). Creemos que sería necesario también fomentar los contratos formativos y apostar por la formación profesional dual como en la renta de inserción de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo. Le digo desde aquí que sería igualmente necesario poner en marcha cuanto antes ese comprometido complemento salarial para jóvenes, así como el programa estadístico para realizar propuestas personalizadas de itinerarios formativos y laborales. Así que le instamos desde aquí, le animamos a que cuanto antes ponga en marcha también estas medidas. En definitiva, para terminar, creemos que es importante la convalidación de este decreto-ley y por eso votaremos a favor del mismo. Igualmente es importante seguir avanzando en el establecimiento de medidas que favorezcan las oportunidades de nuestros jóvenes. No obstante, señora ministra, solo cuando todos y cada uno de los jóvenes inscritos se haya beneficiado de una intervención exitosa y estén trabajando o formándose para trabajar podremos realmente decir que estamos satisfechos con la medida.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.

Buenas tardes, señora ministra; vemos que continúa usted con el tono exultante del pasado viernes y no deja de llamarnos la atención. El Plan de garantía juvenil que presenta hoy, la convalidación de su real decreto, debería hacerle pensar o cuando menos rectificar o bajar esa alegría en su tono, porque desde luego no tiene nada que ver con lo que están viviendo los jóvenes de este país. Por mucho que usted se muestre exultante, señora ministra, el emperador va desnudo. Usted en este caso metafóricamente también va desnuda y el balance que este grupo formaliza sobre la gestión del Plan de garantía juvenil es la historia de un auténtico fracaso. Sí, un auténtico fracaso; así lo dicen todos los organismos. Ha sido usted capaz de poner de acuerdo a todo el mundo. Hasta la OCDE está de acuerdo en que la gestión que ha practicado el Estado español ha sido nefasta con lo que tienen que ver importantes fondos públicos para nada más y nada menos que crear empleo para nuestros jóvenes y para nuestras chicas, que desde luego no tienen ningún futuro en este país más que abandonarlo, emigrar o buscarse el futuro fuera de casa.

Señora ministra, este plan ha sido mal parido, ha nacido sin el consenso o el diálogo social. Los sindicatos llevan mucho tiempo alertándole de sus errores. Es un plan que como bien sabe puso todo tipo de obstáculos para favorecer la casi imposible inscripción de las personas que serían receptoras de este programa, casi imposible porque con la normativa que antes tenían los jóvenes de este país bastaba simplemente con que tuviesen un contrato de un día, por ejemplo en un Telepizza, o fueran receptores de un contrato como médico durante un día para que automáticamente quedaran expulsados del mismo. Y no solamente eso. Fue un plan pensado -así se lo decían los orientadores laborales- con un fichero exclusivo, separado de lo que era la lista única del SEPE, la gestión que tenían que formalizar diariamente los profesionales de los servicios públicos de empleo en este país. Es decir, ha sido un auténtico fracaso, señora ministra, pero no solamente ha sido un fracaso, sino que lo más sorprendente es que usted comparece hoy aquí y ni siquiera ejerce un poquito de autocrítica con lo que ha sido poner en riesgo la devolución de importantes cantidades para nuestro país. Ha sido un fracaso en lo que tiene que ver con la inscripción de jóvenes. Uno de cada diez se inscribe, un balance más que negativo. Está usted en muy malas condiciones, pero lo más tremendo es que en un país democrático no disponemos de balances objetivos que nos digan cuál fue la resultante de su actuación. Así lo están denunciando todos los organismos. Y, señora ministra, ¿sabe por qué no formalizan esos informes públicos? Pues sencillamente


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porque tienen demasiadas cosas que ocultar. Las oficinas públicas de empleo señalan que probablemente no dan esos datos públicos por una realidad que es profundamente asfixiante. Esa realidad tiene que ver con algo tan tremendo como que los beneficiarios de ese programa lo que realmente hacían era ejecutar prácticas no laborales, y eso no tiene nada que ver con lo que pretendía el Plan de garantía juvenil.

Señora ministra, a pesar de su pretendida solvencia y de sus lecciones al resto de Gobiernos de cambio, ustedes son muy malos gestores, gobiernan muy mal. Si usted estuviera en una empresa privada con este plan estaría despedida y sin indemnización, porque su resultado es demasiado malo. Señora ministra, comete usted los mismos errores. Para crear empleo para jóvenes en este país no se acude a la fórmula que usted vuelve a traer en este real decreto. Insistió en el real decreto anterior e insiste en este con coeficientes reductores y también con bonificaciones. Es cierto que ahora por lo menos enmiendan algunos de sus errores y pasan de los coeficientes reductores a las bonificaciones, pero, señora ministra, la vía es profundamente inadecuada y así lo están denunciando los profesionales. A través de la financiación y de las fórmulas de bonificación fiscal a las empresas no se crea empleo; lo que se hace sin lugar a dudas es financiar indirectamente -cuando no directamente- a las empresas. Si usted quiere seguir financiando a las empresas, hágalo, pero esta medida no sirve para crear empleo.

Señora ministra, usted continúa con las mismas medidas: evitar, dificultar o penalizar la salida del mercado laboral. Con la situación de paro estructural que tenemos en nuestro país no necesitamos penalizar las jubilaciones anticipadas, porque es preciso que nuevas personas se incorporen al mercado laboral y para eso otras deben salir. Señora ministra, su medida estrella, la compatibilidad de la vida laboral con la jubilación, es otro desastre que provocará que todavía tengamos más jóvenes que no tienen futuro en este país. Señora ministra, insiste usted también en una vía que para nosotros es profundamente inadecuada: lo que ustedes denominan emprendimiento. Nosotros decimos alto y claro que para empezar a crear empleo de calidad para nuestros jóvenes necesitamos derogar el contrato de emprendimiento; ese contrato que permite que durante un año nuestras gentes estén en prácticas, y por supuesto no tengan ningún derecho asociado a su contrato. Señora ministra, si usted quiere crear empleo, ya le hemos dicho en varias ocasiones que lo que tiene que hacer es cambiar el modelo productivo de este país e incentivar y trabajar desde una perspectiva integral para poder tomarnos en serio la realidad que tenemos de paro y de precariedad, el 26 % de precariedad, tras Polonia, y esa cifra casi se duplica -usted conoce estos datos- cuando hablamos de los jóvenes de este país. Señora ministra, ¿sabe qué hizo para paliar la situación de paro de nuestros jóvenes? Nos dictó esta norma (Muestra un documento) el 15 de diciembre de 2012 por la que usted bonificaba los viajes de los jóvenes para que se fueran al extranjero a trabajar, en función del país del que se tratase. Por ejemplo, si un joven emigraba a Suecia usted le daba 1.030 euros; si un joven emigraba a Francia le daba usted 990 euros. Esto lo denominó movilidad exterior. Nosotros no creemos en este modelo, señora ministra. Creemos que es necesario derogar las dos reformas laborales, la suya y la del Partido Socialista, derogar también el contrato de emprendimiento, y tomarse en serio una estrategia pactada con los sindicatos de clase que permita con seriedad empezar a crear empleo de calidad en nuestro país.

Señora ministra, no sé si usted conoce los datos de destrucción de empleo juvenil en nuestro país; supongo que los conoce. Fueron cerca de cinco millones de jóvenes los que perdieron su trabajo. Sí, señora ministra, cinco millones con los datos de la última EPA. No sé si sabe usted que con este Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hoy nos trae no van a paliar el problema que tenemos en nuestro país. Señora ministra, nosotros tenemos la consciencia de que hay un problema grave de emigración de jóvenes en España, pero también hay un problema gravísimo de envejecimiento en el mercado laboral de nuestro país, que tiene que ser inmediatamente atacado y con estas medidas no se va a paliar. Las personas que nos han antecedido han dicho que este real decreto subsana alguna de las deficiencias que tenía el anterior, y es cierto; entre ellas, por ejemplo, el hecho de que usted reconozca que es mejor incorporarse a la lista única de demandantes de empleo, y desde ahí dirigir directamente a todos los jóvenes del país al Plan de garantía juvenil, pero hasta este real decreto ha tardado usted tres años en reconocer que se habían equivocado. Con todo, señora ministra, no conocemos cuál es la realidad de estos contratos; no sabemos si son contratos de formación, si son contratos de aprendizaje, si son en prácticas, si son becas, si son prácticas no laborales, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que está hablando usted de un programa que se basa en la mera supervivencia, es decir, en cubrir los mínimos vitales de una persona joven de un país, y así no se puede construir el futuro.

Termino. Señora ministra, nosotros no creemos en su modelo social, va por la línea equivocada. Creemos que el futuro no puede consistir en tener que elegir entre un contrato basura precario o estar en


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el desempleo; nosotros defendemos la vida, y como la defendemos le pedimos que actúe con carácter inmediato por decencia y por los contratos de calidad para las personas jóvenes de España. Creo que se lo merecen, y cuando menos debería reconocer que se ha equivocado. Este grupo cree que este real decreto tiene demasiados matices, tiene demasiada profundidad como para ser tramitado -como ya se ha pedido aquí- como una proposición de ley. Si no lo conseguimos seguramente su aliado de Gobierno, el Partido Socialista, hoy le dará el sí a esta propuesta y conseguirá que le convaliden el real decreto-ley. Si es así desde luego nosotros nos abstendremos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.

La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Señora ministra, hoy se trae aquí, a esta Cámara, el Real Decreto-ley 6/2016, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pero bien lo podrían haber denominado cómo rectificar un desastre de gestión, tarde, mal y a rastras. Reconózcalo, señora ministra, la realidad es que el impacto del Sistema de Garantía Juvenil en los jóvenes desempleados ha sido muy pobre. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha cometido graves errores en el diseño de este programa. No lo decimos solo nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, sino que así se lo advertían desde la Comisión Europea en noviembre del año pasado en un informe sobre la garantía juvenil en España, demostrando que esta iniciativa no ha logrado ningún éxito ni ninguna mejora en la empleabilidad de los jóvenes españoles. Este informe concede un rotundo suspenso a España e indica lo que no debe ser un programa de garantía juvenil. Este informe lleva consigo una posible sanción de la Unión Europea que nos podría dejar con menos fondos para el siguiente periodo. Se daría la paradójica situación de que al país de Europa con mayor tasa de desempleo juvenil, solo superado por Grecia, le sobran los fondos europeos para luchar contra este grave problema. Por si esto fuera poco ayer conocimos un informe del Fondo Monetario Internacional que dice, entre otras cosas, que la disparidad de ingresos y el riesgo de pobreza o exclusión social han aumentado notablemente en nuestro país debido a la crisis financiera y la caída del empleo que afectó desproporcionadamente a los jóvenes. Ese mismo informe añade que la evolución del empleo entre los jóvenes y los pocos formados se está quedando rezagada respecto a los demás, y que se debe hacer un uso más efectivo de la garantía juvenil.

Tras tres años de aplicación la cobertura del programa apenas alcanza un 10 %, las cifras son muy elocuentes. La implantación de este programa también ha obtenido el rechazo unánime de los distintos grupos políticos, las comunidades autónomas o los agentes sociales. Pero si hay algo que habla por sí solo y no necesita más argumentos es la tasa de desempleo juvenil: según la última EPA es de un 43 %. Estamos ante la constatación más evidente de que el Sistema de Garantía Juvenil no ha funcionado en España. Están inscritas 400.000 personas, frente a los casi un millón que contemplaba inicialmente el Gobierno como posibles beneficiarios; es decir, un escaso 40 %. Y eso sin contar a los que no han tenido más remedio que irse fuera de España en busca de una oportunidad laboral que aquí no encuentran: 500.000 jóvenes exiliados durante la última y penúltima legislatura, su famosa movilidad exterior. Por no hablar de los que se plantean emigrar o los pocos que consiguen emanciparse.

El empleo juvenil lejos de ser un problema resuelto continúa siendo una cuestión prioritaria y urgente. Las malas condiciones laborales, la precariedad laboral, la incertidumbre, marcan la realidad de las personas jóvenes en España. Una de las peores consecuencias de la crisis económica es la inaceptable tasa de paro en los jóvenes menores de veinticinco años. Las cifras como digo hablan por sí solas. El programa, que era una buena herramienta para intentar aliviar esta dura realidad, ha tenido falta de transparencia, falta de difusión, dificultad en el proceso de inscripción o ausencia de datos que permitan realizar una evaluación continuada. Se creó una página web donde era misión imposible acreditarse correctamente. Se ha derrochado dinero público en campañas de autobombo, mientras se escatimaba en medios publicitarios para dar a conocer este programa. La falta de difusión y divulgación ha sido evidente. Ustedes han elaborado listados, números de inscritos, de usuarios registrados, a la espera de que tengan la suerte de que les llegue una oportunidad. Pero para algo sí ha servido: para la creación de un registro paralelo, opaco, manipulable y confundible para enmascarar las cifras de paro. Cuando se ha gestionado por el Gobierno, en esa ansia recentralizadora que tiene, ha funcionado mal; muy pocos jóvenes inscritos, y de esos un escaso número ha sacado provecho. Un auténtico despropósito.

El paro juvenil es una problemática mucho más compleja. Precisa de medidas que aborden de una forma estructural soluciones al empleo juvenil. Tenemos la convicción de que se ha perdido una buena


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oportunidad para que el Sistema de Garantía Juvenil no se quedara solo en bonificar o en subvencionar la creación de empleo para jóvenes, sino también en introducir aquellas reformas necesarias para que la transición de la escuela al mercado de trabajo fuera más efectiva. De nada ha servido, señora ministra, como ha dicho usted aquí hoy, que España fuera una de las primeras en presentar este tipo de iniciativa si luego ha dejado mucho que desear. Nada para sentirnos orgullosos. El balance nos dice que no solo ha sido un fracaso, sino que además ha sido una seria muestra de irresponsabilidad. Ha dicho además en esta Cámara que el modelo español ha sido copiado por muchos países. ¿Se refería a Francia, donde ha llegado a una cobertura del 80 %? ¿O quizá se refería a Alemania, con un 60 %? Pues para habernos copiado lo han hecho mejor que nosotros. En estos casos podemos decir que vale más la copia que el original. Quizá le convendría aprender de estos países, donde se han conseguido aprovechar estos recursos de una manera más eficaz.

Hay que decir alto y claro que el Sistema de Garantía Juvenil no se hubiera rectificado si hubiera sido por ustedes, señores del Partido Popular. Si no llega a ser porque ya no tienen el rodillo que le daba la mayoría absoluta, y por la presión entre otros de mi grupo, de los agentes sociales y de las distintas comunidades autónomas, ustedes seguirían malgastando el dinero público de los fondos europeos. Más irresponsabilidad si cabe. El resultado final es que están en juego miles de millones de euros de fondos europeos que podrían invertirse en nuestro país en uno de sus principales problemas, el paro juvenil, y que van a pasar de largo si no somos capaces de corregir las actuales deficiencias. En la Conferencia Sectorial de Empleo se consiguió que el borrador que llevaba el Gobierno se mejorara sustancialmente. ¿Qué se consiguió? En primer lugar, simplificar los requisitos para que los jóvenes desempleados puedan acceder a las políticas que están incluidas dentro de la garantía juvenil, que me parece un paso insuficiente, pero positivo. También se consiguió que un joven que se inscriba en cualquier registro de un sistema público de empleo de cualquier comunidad autónoma pase automáticamente al nacional, incluso con efectos retroactivos. Además la conversión de reducciones a la cotización en la Seguridad Social en bonificaciones con cargo a presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal se consiguió gracias también a la presión en este caso de los sindicatos, cuya participación como interlocutores sociales también se ve más respaldada en este real decreto-ley.

Otra mejora acordada es que cualquier posible beneficiario solo tiene que acreditar que no trabajaba ni estaba en formación el día anterior a su inscripción en la plataforma; y no en el último mes, como así lo exigía la normativa hasta ahora. Por cierto un requisito que no se recoge en ningún otro país de la Unión Europea. Es decir, se ha conseguido flexibilidad. Y de algo de lo que nos sentimos especialmente satisfechos es de haber conseguido que no entrara en vigor, en este real decreto-ley, el cheque formación. La reforma del Sistema de Garantía Juvenil preveía la puesta en marcha de un cheque formación, que supone que a otros agentes, como las empresas de formación privada, también se les permitiera formar parte en esta materia y que pudieran obtener los certificados de profesionalidad sin tener en cuenta la realidad socioeconómica de cada territorio.

El sentido de nuestro voto va a ser favorable, porque aun no gustándonos nada cómo ha funcionado, consideramos que esta rectificación, aunque haya sido forzada e insuficiente, es algo mejor de lo que había y que ahora sí va por el camino correcto; y porque así se ha votado en la Conferencia Sectorial de Empleo, previamente negociada con las distintas comunidades autónomas, donde se ha conseguido que este borrador se mejore sustancialmente gracias a las distintas aportaciones realizadas. Como somos responsables y no venimos aquí a hacer postureo, como hacen otros grupos políticos, queremos que el Sistema de Garantía Juvenil sea eficaz, que llegue al mayor número posible de jóvenes que están sin empleo y, lo que es peor, sin garantías de encontrarlo. Esta rectificación llega tarde, pero puede suponer, en el caso de que esta vez sí se gestione con eficacia, que los jóvenes encuentren una salida laboral, pero esto no quita para que nos parezca insuficiente e incompleto. De los errores se debe aprender y rectificar todo aquello que no ha funcionado correctamente. El ministerio en su día no escuchó a algunas comunidades autónomas que no compartían el modelo diseñado. Creemos necesario que el nuevo rumbo del sistema vaya encaminado a dar más pasos a favor de la gestión autonómica, que se ha demostrado más efectiva. Por lo tanto nos congratulamos de que ante las presiones se hayan visto obligados a rectificar, aunque no podemos dejar de decir que se ha hecho tarde y no del todo. Nos queda la sensación de que se ha perdido mucho tiempo, demasiado tiempo por no hacerlo bien desde un principio. Esta vez no hay excusa de disponibilidad presupuestaria. El dinero venía de Europa; ustedes solo tenían que gestionarlo bien. Estaremos atentos y haremos un seguimiento exhaustivo para que no se derroche más


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dinero ni se produzcan más oportunidades fallidas para tantos jóvenes que están esperando a que su Gobierno les dé una oportunidad laboral.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.

La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, al Gobierno le preocupa y le ocupa el empleo juvenil. Que hoy se debata este real decreto-ley, y que este real decreto-ley sea de los primeros que se haya aprobado esta legislatura no es casualidad, como ha dicho la ministra; igual que no fue casualidad que la pasada legislatura una de las primeras iniciativas del Gobierno fuera la Estrategia de emprendimiento y empleo joven. Ambos hechos son una muestra de que, como bien dice siempre el presidente, el Gobierno del Partido Popular está comprometido con los jóvenes y con la mejora de sus oportunidades. Estos hechos y este trabajo, mucho trabajo hecho ya en la anterior legislatura, en la X Legislatura, desde luego han dado sus frutos. Como ha dicho la ministra, según los datos de Eurostat España es el país europeo donde más se ha reducido el empleo juvenil en el último año. Desde 2011 se ha reducido el paro 15 puntos, y desde luego uno de cada dos jóvenes que abandona el desempleo en Europa lo hace en España, y la contratación indefinida de jóvenes se está incrementando un 30 % desde 2011. Estos datos muestran que la línea de trabajo es la adecuada; que mediante la mejora en la empleabilidad de los jóvenes, el aumento en la calidad y la estabilidad del empleo, la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral, y el fomento del espíritu emprendedor se consiguen resultados en materia de empleo juvenil. En junio de 2014 se puso en marcha en nuestro país el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Respecto al mismo es importante recordar que, a pesar de que era una herramienta para luchar contra el desempleo juvenil aprobada por el Consejo de Europa, España fue uno de los principales impulsores de esta iniciativa y consiguió que la prefinanciación se elevase del 1,5 % al 30 % en 2015. Bien sabe esto la ministra, porque le tocó ir a pelearlo a Europa.

Como se ha dicho la finalidad del plan es muy buena, ya que permite que los jóvenes que acaban de terminar su formación formal o han quedado desempleados puedan adquirir más formación y experiencia o encontrar un empleo que se adecue a su perfil. En la actualidad hay algo más de 400.000 jóvenes inscritos en el sistema. Es cierto que en proporción a los potenciales beneficiarios el tanto por ciento no es alto, pero no son pocos, así que no creo que se deba menospreciar la cifra. Hay muchos jóvenes que lo están llevando a cabo de forma satisfactoria, y desde luego un tercio de esos jóvenes consigue continuar con un empleo estable. Pero es cierto que el objetivo debe estar en intentar llegar a todos, por ello el Gobierno trae aquí este real decreto-ley, que como ha dicho la ministra obedece al consenso alcanzado con todos los colectivos sociales y con todas las comunidades autónomas. El paso del tiempo es siempre el que nos dice, y más en un sistema que se pone en marcha por primera vez, cómo se puede mejorar. Por ello en 2015, a pesar de que suponía hacer un esfuerzo adicional, aprobamos ampliar la edad hasta los veintinueve años, y si aprobamos hoy este real decreto-ley contribuiremos a favorecer el acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil mediante la simplificación de los requisitos, la ampliación a todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo, la participación directa de los interlocutores sociales, por una parte, en la inscripción de los jóvenes en el sistema, y por otra parte, participando en la Comisión delegada de seguimiento y evaluación del sistema o la conversión de las reducciones a la cotización social en bonificaciones.

Señorías, tras escuchar sus intervenciones he de decir que coincido con algunos diagnósticos y pronósticos. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que aumentar la estabilidad laboral y lograr una mayor calidad del empleo son dos metas irrenunciables, inexcusables, pero ante todo alcanzables. Ha habido intervenciones en tono constructivo que debo agradecer, con aportaciones cuyo objetivo es contribuir a la mejora del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Lo que no puedo compartir -y si me apuran, no se puede consentir-, y por ello debo rebatirlo, es que elaboran un diagnóstico y un pronóstico obviando y olvidando desde la ideología la difícil y ruinosa situación que se encontró el anterior Gobierno de España, y especialmente la señora Báñez cuando llegó al Ministerio de Empleo. Señorías, esas críticas desmesuradas, infundadas y oportunistas no son creíbles y además son injustas. El futuro de España, del empleo y de sus políticas habría sido bien distinto, mucho más sencillo y fructífero, de no haber tenido las cifras aberrantes de millones de parados y las historias de paro y desesperación que heredó el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre del año 2011. En el año 2011 España no tenía oportunidades ni opciones


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para los jóvenes, las expectativas de prosperidad eran prácticamente nulas. Desde luego un joven ni encontraba empleo ni veía que pudiera encontrarlo en un futuro.

Señora Ferrer, le diré que su grupo no puede dar ninguna lección en materia de empleo; ninguna. Los datos están aquí. (Muestra un documento). Esta gráfica representa la evolución del paro juvenil en España en los últimos diez años. En los primeros cinco gobernaban ustedes, el Partido Socialista, y como ven el paro juvenil subía. En los últimos cinco años, desde 2012, gobierna el Partido Popular, y como ven el paro juvenil baja. Estos son los datos. Hay otras cuestiones sobre las que puede haber debate, porque son cuestiones subjetivas, pero en cuestiones de empleo los datos son objetivos, y los datos están aquí; estos son los datos. Les podría dar muchos más, les podría dar el dato de paro por comunidades autónomas, pero usted es andaluza, y en Andalucía gobiernan ustedes, por eso sabrá que Andalucía es la región de España que siempre va a la cabeza respecto a todo tipo de desempleo, juvenil y no juvenil. Bueno, en el último mes le ha superado por muy poco Extremadura, donde casualmente también gobiernan ustedes.

Señora Díaz, a usted y a su grupo les diré que efectivamente saben de empleo. Bueno, más que de empleo, de cómo perder empleo. ¿O acaso no sabe lo que está suponiendo para Barcelona la política errática en materia de turismo que está llevando a cabo la señora Colau? Se está perdiendo mucho empleo. La paralización de 29 proyectos hoteleros va a suponer aproximadamente una pérdida de 10.000 puestos de trabajo potenciales. ¿Acaso no sabe lo que ha supuesto para Madrid la suspensión de la operación Chamartín? Aproximadamente la pérdida de 120.000 empleos. Sí, señoría, su grupo sabe de empleo, igual que sabe de garantía juvenil, porque ustedes, igual que son los que más representan a los ciudadanos, también son los que más saben de todo. Por eso, en materia de garantía juvenil, saben mucho. ¿Pero cómo aplican la garantía juvenil en las administraciones donde gobiernan? ¿Le digo cómo la aplican? Garantizando a los suyos, a sus familiares, a sus amigos, a sus afiliados el empleo. (Rumores.-Aplausos). Sí, así es como aplican donde gobiernan la garantía juvenil; así la aplican. Hablaba usted de que los jóvenes salen al extranjero. ¿Habla usted de los jóvenes que se van a Venezuela para aprender cómo se pincha un teléfono y luego vienen y están contratados por las instituciones donde ustedes gobiernan? ¿Habla usted de esos jóvenes? (Rumores). Esa es la realidad.

Hablaba también de las empresas. En materia de empleo hay algo básico que todo el mundo debería conocer pero de lo que creo que ustedes todavía no se han dado cuenta. Las administraciones ponen las herramientas para que se cree empleo, no lo crean, porque los que crean empleo son las empresas y el sector privado. Ya sé que esas son palabras que a algunos de ustedes les salen sarpullidos al escucharlas, pero es la realidad. Las empresas y el sector privado son los que crean empleo, y las administraciones están para poner las herramientas al servicio de esas empresas y del sector privado para que crezcamos y creemos empleo. Sí, señora Díaz.

Señorías, han coincidido todos ustedes en una cuestión que es cierta. Todavía queda mucho por hacer, todavía hay muchas personas desempleadas esperando que les llegue una oportunidad. Por ello, no observarán ustedes, señorías, ni orgullo ni alegría ni alivio -ni en el Gobierno ni en el Grupo Parlamentario Popular- por haber finalizado una tarea, porque no estamos del todo satisfechos. Pero sí convendrán conmigo en que la situación en la que nos encontramos dista mucho de la que se encontró el Gobierno en 2011 y el hecho -si bien no en sus intervenciones de hoy, no en público sino más bien en privado- es que sí se reconoce por parte de sus compañeros de bancada. Igual que sus conciudadanos, sus vecinos e incluso sus votantes, todos reconocen que la situación económica y su plasmación en empleo es favorable, positiva, real y sobre todo esperanzadora.

Creemos que para continuar creando empleo joven, tenemos que seguir el mismo rumbo, abordando nuevas reformas y sin albergar triunfalismo. En esta senda, en este barco, necesitamos a todos aquellos que quieran aportar, colaborar y sumar. Pero, créanme, su crítica aprovechada y selectiva es un equipaje innecesario y pesado, cuyo espacio sin duda puede resultar más útil para la búsqueda de acuerdos, consensos y nuevas medidas. Tenemos un gran país, un gran potencial. Algún grupo de esta Cámara se empeña en dibujar siempre nuestro país en blanco y negro, pero la realidad es que tenemos un gran país.

Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar con su voto favorable esta convalidación del real decreto-ley, un real decreto-ley que ha sido alumbrado y generado desde el necesario consenso y entendimiento al que los ciudadanos nos instaron y nos convocaron el pasado mes de junio y que sin duda amplía las medidas llevadas a cabo a favor de los jóvenes en materia laboral. Va a mejorar la vida de cientos de miles de jóvenes que aún necesitan y quieren un empleo estable, duradero y de calidad...


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La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando, por favor.

La señora HOYO JULIÁ: Sí, ya termino, presidenta.

... que les permita libremente escoger y moldear sus vidas, construir hogares y proyectos. Un fin que merecería por sí mismo el apoyo unánime de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

- REAL DECRETO-LEY 7/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL MECANISMO DE FINANCIACIÓN DEL COSTE DEL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de expediente 130/000006).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el Real Decreto-ley 7/2016, 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): Muchas gracias, señora presidenta.

Comparezco ante todos ustedes, señorías, para la convalidación del Real Decreto-ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Como todos ustedes saben, este real decreto-ley se aprobó por parte del Gobierno después de un proceso de diálogo con las fuerzas parlamentarias en el que, después de dos o tres reuniones con todos los grupos y tras una serie de contactos bilaterales, se llegó a un texto en el que hubo valiosísimas aportaciones tanto del Grupo Socialista como del Grupo Ciudadanos, que han sido incorporadas al mismo, aparte de conocer de primera mano en todas estas reuniones la opinión de los diferentes grupos. En esto no puedo hacer otra cosa que agradecer la colaboración de todos los grupos parlamentarios porque este es un tema que nos preocupa a todos. Estamos hablando de cómo combatir en nuestro país la pobreza energética; es decir, de aquella situación en la que, además de tener un difícil acceso a la renta, determinadas familias tienen una especial vulnerabilidad en el caso de acceso a los servicios energéticos. Por tanto, es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto mayor consenso tenga este apoyo social, cuantos mas grupos parlamentarios se sumen al mismo, siempre será mejor porque hace al sistema más robusto.

Es un sistema que se encontró en un momento determinado con una dificultad, con una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que el sistema que estaba en vigor desde el año 2009 tenía alguna deficiencia que era necesario subsanar. Este es el punto de arranque del propio real decreto-ley. Es decir, lo primero que necesitamos es un sistema robusto, fuerte, con amplio consenso parlamentario, que le dé no solo valor jurídico sino político al hecho de que necesitamos una financiación para el bono social. Esta financiación se mantiene en esencia tal y como estaba, pero subsanando los problemas que el propio Tribunal Supremo nos comunica en su sentencia. Para el cumplimiento de esta sentencia, lo que se ha hecho en este real decreto-ley es evitar el escollo fundamental que nos ponía de manifiesto, y es el hecho de que, a pesar de que el bono social está financiado por el 94 % del mercado -es decir, por aquellas comercializadoras que estaban integradas en grandes grupos energéticos-, sin embargo se consideraba que no participar en el otro 6 % suponía una discriminación. Esto es lo que, de entrada, corrige el real decreto-ley. Lo que está buscando es precisamente dar esa robustez, como decía anteriormente, a esa financiación. Sin financiación, no tendremos bono social porque, aunque ninguno de los consumidores perdió el bono social que estaba en vigor desde el año 2009 y que se ha seguido aplicando, si no existiese una financiación adecuada, evidentemente el sistema en su conjunto estaba en peligro.

De todas maneras, el proceso judicial no ha acabado aquí. En su día, el Gobierno interpuso un incidente de nulidad al propio Tribunal Supremo que, como era de esperar, no aceptó, y en próximas fechas, antes del 2 de febrero, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ya que el Gobierno considera -y esto evidentemente es una opinión jurídica por parte de los servicios jurídicos del Estado- que tendría que haber sido el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que hubiese interpretado y aplicado la directiva, pues esa habría sido la vía procesal correcta. Esto va a seguir su curso, pero gracias a este real decreto-ley damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y mantenemos la financiación, como decía anteriormente.


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Pero, evidentemente, el real decreto-ley va mucho más allá porque no era una cuestión solamente de garantizar la financiación del bono social. Era también importante una reforma del mismo, y hay un consenso al cien por cien de esta Cámara de que es necesaria esa modificación del actual bono social, que, como decía, viene desde el año 2009, y nosotros queremos que este cambio sea duradero, se reforme y se haga con un amplio consenso. Lo primero que nos permite el real decreto-ley es un desarrollo normativo, reglamentario. Sin embargo, dada su importancia, ya hemos iniciado el pasado día 17 de este mes contactos con las diferentes formaciones políticas para consultarles de qué manera tenemos que hacer los desarrollos reglamentarios de este decreto-ley, aunque corresponde al Gobierno ese desarrollo reglamentario, sin duda alguna queremos hacerlo con el máximo consenso posible. Como decía anteriormente, esto nos va a permitir, primero, establecer diferentes categorías de clientes vulnerables, algo que la anterior regulación no definía adecuadamente bien, y que quedaría clarificado. Por otro lado, tenemos que hacer que el desarrollo de este real decreto-ley sea compatible con las nuevas orientaciones que nos da la Comisión Europea en el llamado paquete de invierno. La definición de lo que sería un bono social o una ayuda social queda más constreñida, más limitada en la manera de actuar en el ámbito energético, no así en el ámbito social por parte de la propuesta de la Comisión. Aunque esta propuesta todavía no es evidentemente normativa comunitaria en vigor, lo más sensato es que hagamos un desarrollo reglamentario que ya sea compatible con lo que va a ser en el futuro y, por tanto, no la tengamos que volver a cambiar. En este sentido, la Comisión Europea busca que la señal de precios, es decir, el precio que pagan por la energía los distintos consumidores, sea igual para todos, lo cual no impide, por lo menos a nuestro entender, que se apliquen rebajas, como es el antiguo bono social y lo que querríamos desarrollar, aunque con diferentes categorías de consumidores, como decía anteriormente.

Según Eurostat, lo que tenemos en España es un 8,8 % de población que incurre en retrasos en el pago de los suministros energéticos, una cifra muy similar a la de la Unión Europea, que es del 8,4 %. Por otro lado, también según Eurostat, en España estaríamos en torno al 10 % de población en situación de pobreza energética, con dificultad de acceso a los servicios energéticos, igualmente una cifra más o menos en línea con la media de la Unión Europea, que es del 9,4 %. Estaríamos hablando en España de en torno a unos cinco millones de personas -el actual bono social se aplica a 2,4 millones de hogares, lo que significa unos siete millones de ciudadanos- y de que el orden de magnitud del bono social actual corresponde, en grandes cifras, con lo que Eurostat nos está diciendo de acceso a la pobreza energética. No se trata, por tanto, de un cambio cuantitativo sustancial, pero sí de un cambio cualitativo, es decir, que seamos capaces de dar la ayuda a aquellos que realmente se encuentren en situación de pobreza energética.

El sistema anterior establecía bono social para aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo, para pensionistas con pensiones mínimas, familias numerosas o consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Yo creo que hay un consenso amplio en toda la Cámara de que esta lista debe modificarse, debe atender de una manera más exhaustiva a las verdaderas necesidades sociales y sobre todo aplicar un criterio de renta. El criterio de renta está implícito en la actual clasificación, pero no tan explícito como todas las fuerzas políticas han manifestado que desean. El Gobierno prevé a grandes rasgos -luego cada categoría de consumidor podría tener su categoría, pero todo esto tiene que ser discutido con la Unión Europea; por cierto, este decreto-ley ya fue enviado a Bruselas y no han manifestado hasta ahora ninguna salvedad- tres tipos de categorías de consumidores vulnerables. Además, a instancias del Grupo Ciudadanos podría establecerse un registro a nivel nacional de este tipo de consumidores que se sitúan en una situación de vulnerabilidad.

Una primera categoría vendría a coincidir ampliamente con el actual grupo. Estamos hablando de varios millones de hogares, en cifras similares a lo que estamos viendo de pobreza energética, que mantendría la actual situación con un 25 % de descuento y que va a tener como novedad que el tiempo entre que se produce un impago y el corte del suministro se ampliará de dos a cuatro meses. En segundo lugar, podríamos pensar en una segunda categoría de consumidores entre los cientos de miles que van a necesitar una intensidad de ayuda menor porque su nivel de renta o su capacidad de acceso a la energía es más complicado. Está claro que tendríamos que buscar niveles de intensidad de ayuda mayores. En esta recomposición por renta y de algunos grupos que a lo mejor no tiene demasiado sentido que pertenezcan al actual bono social, tendríamos lo que corresponde a la competencia de la Administración General del Estado y a las Cortes Generales, que es la política energética y la aplicación de estas ayudas sociales dentro del ámbito de dicha política energética.


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Pero este real decreto-ley va más allá, busca unir dos mundos que hasta ahora han estado bastante separados y han generado una enorme conflictividad jurídica y entre administraciones. Por un lado tenemos la competencia de la Cortes Generales y del Gobierno en materia energética. Todo lo que afecta al conjunto de los consumidores solo puede ser regulado en estas Cortes por vía reglamentaria, o por orden ministerial por parte del Gobierno. Por otro lado, la competencia en materia social es exclusiva de las comunidades autónomas, asumida por los estatutos de autonomía y en muchos casos conveniada o cedida a corporaciones locales. Nos hemos encontrado con dos mundos que muchas veces han entrado en conflicto o no han tenido la capacidad de entenderse adecuadamente entre sí. Esto es lo que se hace en esta tercera parte del real decreto-ley, se busca unir. El objetivo de la política es buscar soluciones y no crear problemas o conflictos jurídicos entre administraciones. Lo que vamos a hacer es el tratamiento de aquellos consumidores que están en una situación especialmente severa, que son vulnerables en una situación mucho más difícil que la que citaba anteriormente, personas que ya tienen una grave dificultad para atender al pago. No es que el pago sea costoso para ellos, es que tienen una enorme dificultad para atender al pago. Son personas que se sitúan bajo el ámbito de los trabajadores sociales, de las políticas sociales, de los servicios sociales de comunidades autónomas y corporaciones locales. Básicamente, la novedad consiste en que se establece un mecanismo general para todo el territorio nacional que operaría de la siguiente manera: En el momento en que se produce el impago de un suministro eléctrico, la compañía tiene obligación de comunicárselo al usuario; aunque sorprenda, esta obligación no existe a día de hoy. Luego es importante, primero, que pueda comunicarse al usuario y decirle: usted está en una situación de impago. La inmensa mayoría de los impagos se resuelven en las siguientes horas o en los siguientes pocos días. Sin embargo, evidentemente, nos encontramos con casos complejos, con casos que hay que atender socialmente. Al mismo tiempo que se comunica ese impago, se avisará a los servicios sociales de la comunidad autónoma que tendrán esos cuatro meses para responder. Mientras tanto, no se puede proceder a la interrupción del suministro para aquellos consumidores que están en PVPC. En todo caso, los servicios de la comunidad autónoma, si se encuentran con que ese consumidor no está en PVPC, por cuenta de ese consumidor lo podrán pedir. Este es un tema muy importante para darle la máxima protección al consumidor. Los servicios de la comunidad autónoma, a partir de entonces, se encargan; ahí es donde somos respetuosos con las competencias autonómicas, ya es trabajo de la propia comunidad autónoma evaluar. Si no tenían evaluados a estos consumidores va a servir como un sistema de alerta temprana, porque los servicios sociales no tienen por qué haber detectado todos los casos socialmente complejos. Este sistema va a ayudar también a detectarlos y si ya los tenían detectados ya tienen la evaluación hecha. Hecha la evaluación, la comunidad autónoma -y también las corporaciones locales- se encarga de la atención energética de estos consumidores con sus propios fondos, como ya viene ocurriendo.

Pero la novedad es, además, que el bono social aporta una cofinanciación. El Estado no tiene una capacidad de gestión en el ámbito autonómico social, primero, porque no es su competencia y, segundo, porque no tiene trabajadores sociales, eso es de las comunidades autónomas. Pero sí podemos poner recursos del bono social a disposición de comunidades autónomas y corporaciones locales y esto es lo que tenemos que desarrollar, precisamente, con las administraciones autonómicas. Es un tema complejo pero que tiene que llevarse a cabo. La gran novedad es que, primero, tenemos un sistema; ese sistema permite una alerta de los servicios sociales; los servicios sociales se encargan y, además, van a recibir una cofinanciación adicional desde el bono social que hasta ahora mismo no existía. Estas en esencia son las principales novedades en este aspecto, las cuestiones de vulnerabilidad que consistirían, como decía anteriormente, en dos elementos. Una rebaja, un descuento sobre el precio para aquellos que tienen dificultad de acceso y, segundo, una prohibición de corte en el suministro en dos fases hasta cuatro meses -por supuesto están atendidos por los servicios sociales-, más una ampliación del bono social tanto por la intensidad de ayuda, como decía anteriormente, como por el hecho de que ayuda a financiar las situaciones más severas, más vulnerables de las cuales se encargan los servicios sociales.

Finalmente, tiene una última deshabilitación de desarrollo reglamentario muy importante que es una protección al conjunto de los consumidores, no solo a los vulnerables. Es una mejora de la normativa sobre comercialización en el caso del sector eléctrico en el que aumentaríamos, a través de reglamento, la transparencia en la contratación y la obligación de informar a los consumidores sobre las desventajas y ventajas de las diferentes ofertas, incluido el hecho de que el PVPC incluye el bono social y, además, qué ventajas y derechos se tiene al pasar a un contrato libre con todas sus consecuencias. También se desarrollará algún tipo de indicador de fácil uso por parte de los consumidores para comparar entre las


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diferentes ofertas, algo similar a lo que en el ámbito financiero se hizo cuando se creó el TAE para comparar unas hipotecas con otras. Serían una serie de indicadores energéticos sencillos y fácilmente entendibles para que se puedan comparar las diferentes ofertas que los distintos comercializadores, tanto en el mercado libre como el propio PVPC, pueden ofrecer a los consumidores y, por último, como decía anteriormente, las mejoras en los procedimientos de suspensión de suministro dándoles más garantías al conjunto de los consumidores.

Como digo, es un paquete amplio que va a requerir más consenso porque a pesar de que el desarrollo reglamentario, por supuesto, le corresponde al Gobierno, es una materia tan sensible y que ha tenido tan buena predisposición por la inmensa mayoría de los grupos que creo que es conveniente incluso que el ámbito reglamentario se siga discutiendo con ellos, recibamos las distintas aportaciones -hemos recibido ya alguna- y en función de eso iremos sacando estos desarrollos reglamentarios. También hay que discutirlo, evidentemente, con las comunidades autónomas que son las que tienen una capacidad en el ámbito social.

Les pido el voto favorable para una materia tan importante en la que el nivel de consenso que hemos encontrado ha sido amplio, en la que las posturas no las he encontrado tan distantes aunque legítimamente cada uno tiene su opinión de qué es lo que se tiene o no que hacer, a quién se tiene que cubrir más o menos o las intensidades de ayuda. Evidentemente en esto cada grupo tiene su propia opinión y es cien por cien respetable, pero también es verdad que creo que el diálogo ha sido muy fructífero. Fruto del mismo es este real decreto-ley que hoy venimos a convalidar y, como he dicho anteriormente, que seguimos dialogando en este aspecto con los grupos parlamentarios.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para ello tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.

En España hay más de cinco millones de personas que sufren pobreza energética, que viven situaciones de vulnerabilidad energética, que no pueden garantizar que sus viviendas estén a una temperatura adecuada. En España, en un país del llamado mundo desarrollado y miembro de la Unión Europea, se producen 7.100 muertes anuales asociadas a la pobreza energética. Hemos visto con tristeza, con rabia, cómo en este país mujeres y hombres mayores perdían la vida por una vela mal apagada, como la señora de Reus que murió hace unos meses en un incendio porque una empresa, Gas Natural, no cumplió la ley catalana que impedía cortar el suministro energético. Hemos compartido la indignación de millones de personas ante una factura de electricidad abusiva que se ha incrementado un 76 % en los últimos diez años. Somos, según Eurostat, uno de los cuatro países con la energía más cara de Europa.

Hablar de energía es hablar de dignidad y de derechos sociales. La pobreza energética no permite tener una vida digna; la dificultad para acceder a los suministros básicos como el agua, la luz o el gas afectan a la higiene, a la salud y a menudo generan sobreendeudamiento, sobremortalidad y aislamiento social. Y, ¿por qué en España tenemos esta situación? Creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Porque la desigualdad energética es una de las dimensiones de la desigualdad. El FMI nos decía que en España el 20 % más rico es siete veces más rico que el 20 % más pobre, lo decían los señores de negro del FMI. Millones de personas están atrapadas en el triángulo formado por una energía cara, bajos ingresos -incluso entre la gente que trabaja tenemos un 14 % de pobreza laboral- y edificios de mala calidad con nula eficiencia energética. Precios altos, ingresos bajos y una legislación estatal que continúa sin contemplar que los derechos energéticos son derechos humanos que no pueden vulnerarse bajo ninguna circunstancia, esa es la cuestión fundamental.

Mientras eso sucede, las tres grandes empresas eléctricas se forran: Endesa, Iberdrola y Gas Natural ganaron, de 2008 a 2015, 37.000 millones de euros entre España y Portugal. Se forran los miembros de sus consejos de administración, se forran los grandes accionistas al tiempo que ordenan el corte de suministros por deudas irrisorias. Las empresas españolas son las empresas eléctricas con las tasas de beneficios más altas de Europa, mientras que sus clientes tienen también los niveles de pobreza energética más altos de Europa. Y ganan mucho no por lo bien gestionadas que están sino por una mala regulación decidida tanto por Gobiernos del PSOE como del Partido Popular, que ha permitido cosas como los beneficios caídos del cielo o los famosos costes de transición a la competencia. Estas grandes


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empresas aún tienen la caradura de recurrir sistemáticamente a los tribunales cualquier medida por mínima que sea, ya sean los reales decretos de 2009 o 2012 o el reglamento, mucho más ambicioso, de la ley catalana.

El problema de fondo es que el objetivo real de la política energética en España no ha sido garantizar derechos y la prestación de un servicio público de calidad sino mantener, garantizar y maximizar la tasa de beneficios de las grandes eléctricas. Y hoy, ¿por qué la pobreza energética está en la agenda política? La pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular no aprobó ninguna, ninguna, de las propuestas en materia de pobreza energética de la oposición. Es cierto que ustedes no tienen mayoría absoluta, pero es verdad que hoy la pobreza energética está en la agenda política porque nuestra sociedad no asume ya como normal que una persona muera por una vela mal apagada o que haya familias que pasen frío. La mayoría exige poner fin a lo que hemos oído tantas veces y que es tan cierto: que la pobreza energética mata. Poner todo esto en la agenda política se ha conseguido gracias a movimientos sociales, organizaciones de consumidores, sindicatos, movimientos por un nuevo modelo energético, la Plataforma de afectados por la hipoteca y la Alianza contra la pobreza energética. Modestamente, que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sea el tercer grupo de esta Cámara, a poca distancia del segundo, también hace que la indiferencia ya no sea posible.

Hoy nuestra sociedad ya no consiente la insensibilidad social pero, ministro, nosotros creemos que estamos llegando tarde -usted mismo hablaba de las deficiencias de los anteriores reales decretos que regulaban el bono social- y estamos llegando mal a medidas efectivas contra la pobreza energética. Llegamos tarde y mal porque este real decreto-ley que se presenta no es una verdadera ley de mitigación y de reducción de la pobreza energética. Solo hace falta leer el preámbulo para ver que el objetivo fundamental de este real decreto, el primero, es ante todo resolver el problema de financiación después de que el Tribunal Supremo declarase inaplicable la financiación del bono social por ser contrario al derecho europeo. ¡Claro que es necesario legislar sobre pobreza energética, sí, pero no así! Nosotros creemos que con este real decreto-ley no se va a resolver ni la financiación del bono social ni la pobreza energética con plenas garantías. No lo resolveremos así porque parte de una concepción restrictiva de la pobreza energética solo referida a la electricidad cuando el consumo de electricidad representa el 35 % del consumo de los hogares, siendo el 65 % restante consumos de gas natural, gasóleo, butano y otros combustibles destinados a mantener las condiciones térmicas de las viviendas. Tampoco lo resolveremos así porque la señora de Reus, Rosa, no estaría protegida por este real decreto-ley en su literalidad porque este real decreto-ley establece condiciones restrictivas para ser considerado consumidor vulnerable severo. Para ser beneficiario del bono social -lo dice el real decreto-ley- es preciso estar atendido por los servicios sociales por hallarse en riesgo de exclusión social. La señora de Reus no tenía bono social, tenía un contrato en el mercado libre y los servicios sociales no tenían constancia de su situación. Se corre el riesgo de dejar fuera a buena parte de la población afectada.

El bono social en España, a diferencia de otros países, como Portugal, no es automático en función de la renta, sino voluntario. Tenemos un grave problema porque muchas empresas, como usted sabe -y creo que antes ha hecho mención a ello-, realizan ofertas engañosas para que sus clientes pasen del PVPC, del precio voluntario del pequeño consumidor, a un contrato en el mercado libre. Además, ¿sabe usted cuántas personas en riesgo de impago están siendo atendidas y registradas en los servicios sociales? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona solo el 20 %, y es de las ciudades que más población atiende con esa circunstancia. Usted me dirá que esto se puede precisar o resolver en el reglamento, pero la literalidad del real decreto-ley deja poco margen, al menos en lo relativo al bono social.

Ministro, no puede pretender que los servicios sociales hagan ahora de comercializadores pasando a los usuarios de un tipo de contrato a otro; se necesita un procedimiento claro, sencillo, que no desincentive a las personas afectadas por caer en una maraña burocrática. La protección del consumidor vulnerable no se puede establecer en función de la relación comercial de la persona afectada con cualquier empresa, no puede estar sometido a qué tipo de relación comercial tenga una persona. La protección frente a los recortes debe ser para todos los consumidores vulnerables, sin más requisitos que el criterio de renta, y esta es una cuestión fundamental. El principio de precaución debe aplicarse con claridad. Tome ejemplo usted de la ley catalana; debe quedar clara la protección ante los cortes, debe aplicarse el silencio positivo incluso cuando pase el término temporal -los cuatro meses establecidos- y debe ser la empresa, y no la persona afectada, la que se ponga en contacto con los servicios sociales, y ello sin generar nuevas deudas impagables para las familias afectadas. Es necesaria una tarificación en el diseño del bono social


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a partir de la renta, con descuentos que puedan llegar al cien por cien en caso de unidades familiares sin ingresos. Es necesaria una tarifa que tenga en cuenta que en el hogar viven personas mayores y dependientes o personas que por motivos de salud requieren de un consumo elevado de energía; una tarifa que mediante ley establezca la garantía de acceso de toda la población a un suministro básico de gas y electricidad, que promueva la eficiencia energética y que no suponga más del 10 % de los ingresos del hogar. Todos estos criterios deberían estar en el real decreto-ley.

En cuanto a la otra cuestión, la financiación, en esta ocasión la opción del Gobierno ha sido que la misma recaiga solo en las comercializadoras y no en las empresas que realizan actividades de generación, transporte o distribución. La financiación del bono social debe recaer en las empresas y no en los presupuestos del Estado -en eso estamos de acuerdo-, pero el problema es que la hacen recaer en las pequeñas comercializadoras, medida en su cuota de cliente -en todas las comercializadoras, también en las pequeñas-, de modo que una comercializadora que venda a pequeños consumidores domésticos o a pymes pagará proporcionalmente más que una comercializadora que venda a grandes industrias que representan a menos clientes. Eso es una bomba para las pequeñas comercializadoras locales y para las cooperativas, como Energía de Cádiz, Goiener o Som Energia, que tendrán que destinar más de la mitad de su margen de beneficio al bono social, que por otra parte no pueden ofrecer a sus clientes; solo lo pueden hacer las grandes comercializadoras de referencia, con el riesgo añadido de que eso repercuta en la factura eléctrica. Por cierto, se trata de pequeñas comercializadoras que no se han beneficiado nunca de las trampas del sistema, de los beneficios caídos del cielo o de los costes de transición a la competencia. Además, los grandes consumidores que compran directamente su electricidad en el mercado sin comercializadora no están incluidos, nuevo argumento de las empresas para presentar un recurso ante los tribunales y hacer la pelota aún más grande. Es necesaria una forma de financiación que no sea discriminatoria, que sea proporcional y justa. La financiación del bono social debe recaer en las empresas. Ayer leíamos en una información periodística que se estaban planteando que la financiación del bono social, todo el bono social, también recayese en las administraciones públicas, algo que nos parecería no solo injusto, sino un gran error.

Los grupos que voten a favor de la convalidación de este real decreto-ley están dando un cheque en blanco al Gobierno. Si este real decreto-ley no se tramita como nosotros proponemos, como un proyecto de ley, firmarán un cheque en blanco al Gobierno, pues la parte que afecta a la pobreza energética más directamente -definición de consumidor vulnerable en sus tipologías-, así como la financiación que deberán asumir las compañías, los cortes y los procedimientos estará en manos exclusivamente del Gobierno. Es cierto que el ministro nos ha invitado a participar en una mesa sobre el reglamento, pero todos sabemos que el Gobierno tiene plena capacidad para aprobar esos reglamentos. Lo fundamental no está en la ley, sino en los reglamentos y eso es potestad exclusiva del Gobierno, aunque los grupos parlamentarios tenemos la garantía de la capacidad de intervención que da una tramitación parlamentaria. Nosotros no firmamos cheques en blanco basados en una confianza ciega en el Gobierno que no compartimos, y tengo que decir que lamentamos mucho que el Gobierno no haya dialogado con las organizaciones sociales, con la Alianza contra la pobreza energética, con los sindicatos, con organizaciones que están al pie del cañón, que conocen de primera mano lo que está sucediendo con la pobreza energética y que la están gestionando. Lamentamos muchísimo que no haya dialogado con esas organizaciones, a pesar de que se lo pidieron, y que el PSOE haya sido cómplice de esa falta de diálogo; pero no nos extraña, lo mismo hicieron ustedes con el salario mínimo, con el tema de las pensiones y con las cláusulas suelo. La operación diálogo no se produce con las organizaciones y los movimientos sociales. Lamentamos que el PSOE haya optado por el acuerdo con el PP y no por una alianza con nosotros, con otros grupos y con movimientos sociales para ir más allá de este insuficiente real decreto-ley. ¿Dónde ha quedado eso de gobernar desde el Congreso, señoras y señores del PSOE? ¿Dónde ha quedado la voluntad de liderar la oposición? Entre construir la alternativa para el cambio o apuntalar el estatus, ustedes se deciden siempre o casi siempre por apuntalar el orden establecido. Y no nos digan que es por responsabilidad o utilidad. La responsabilidad y la utilidad es garantizar de una vez por todas derechos, acabar con la pobreza energética y con los privilegios del oligopolio eléctrico. Esa es la responsabilidad de los y las progresistas.

A nuestro modo de ver, hemos perdido una oportunidad para garantizar el derecho a la energía y para legislar una verdadera tarifa que garantice el derecho al consumo de un mínimo de energía vital con criterios de renta y eficiencia energética. Pero tenemos aún una posibilidad, que es tramitar el real decreto-ley como proyecto de ley para mejorarlo y precisarlo, contar con la opinión de las organizaciones


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sociales y llegar a un verdadero pacto contra la pobreza energética. Nuestro voto estará condicionado a si se tramita o no como proyecto de ley en este Congreso, a si se tramita o se empecinan en aprobar un real decreto-ley que no está a la altura del grave problema social de la pobreza energética y de las demandas de una sociedad que no admite más parches. No vamos a avalar un real decreto-ley que pretenda anestesiar y diluir el debate sobre la pobreza energética haciendo ver que todo está solucionado cuando esto no es verdad. Vamos a continuar presionando en las instituciones y en la calle para acabar de una vez con la pobreza energética, porque nuestro objetivo es algo tan revolucionario como que se cumplan los compromisos internacionales suscritos por España, como la Observación general n.º 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que señala que un nivel de vida digno...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino, presidenta.

... que señala que un nivel de vida digno requiere una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como el alumbrado o la calefacción. Queremos lo que dice la Ley catalana 24/2015 contra la pobreza energética: que las administraciones públicas han de garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial. Ese es nuestro objetivo.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señor ministro, como tengo menos tiempo del que pensaba, no hace falta que le indique lo que opina una parte sustancial de esta Cámara sobre el modelo energético español, ¿verdad? Mucho coste, muchos beneficios, alta desregulación, una orgía de los mercados de vez en cuando, como la que ha repercutido en el escandaloso incremento de precios, etcétera. Sin embargo, estamos hablando de algo que afecta ni más ni menos que a cinco millones de personas -a 100.000 especialmente- y Nueva Canarias reconoce que es necesario abordarlo. Creemos que hay algunos elementos a valorar en todo esto que no tengo tiempo de destacar ahora. Solo le diré que estaremos atentos a la evolución de las cosas y que en este caso nos parece que hay elementos que justifican el apoyo a la convalidación de este real decreto, confiando en que luego entremos en el fondo del problema, que es que el sistema energético español no responde a los intereses generales.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, en este minuto y medio quiero decirle, en primer lugar, que nos parece adecuado y urgente el decreto que trae. Las eléctricas recurrieron y, si el problema es que no estaba un 6 %, pues ponemos a todas. Efectivamente.

En segundo lugar, el bono social, en este momento en el que hay tanta sensibilidad, tiene que estar resuelto ya. Por eso viene un decreto urgente. Se determina además la nueva figura de consumidores vulnerables severos acogidos, que va a ser fundamental en su desarrollo reglamentario, como se acordó en la Conferencia de Presidentes, en la que había presidentes autonómicos de todos los colores políticos. Tenemos que llegar a ese consenso en el reglamento para determinar todos los criterios y el procedimiento y el protocolo que deben tener las comunidades autónomas, porque al final este es un tema en materia social, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Nos parece adecuado el papel de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en esta materia.

No me queda más que decir que espero que ese consenso que ha habido hasta ahora, esa transparencia y esa aportación no solo de las fuerzas políticas -porque esto no es solo de aquí- sino de todas las comunidades autónomas sea lo que al final determine que en este país no haya pobreza energética y no se corte la luz a gente que no puede pagarla y la necesita.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Estamos ante un inequívoco avance, que cobra mayor valor si cabe tras las grandes y sucesivas subidas del recibo de la luz. Son medidas que llegan tras la anulación judicial que dio la razón a las compañías eléctricas en relación con el mecanismo de financiación del coste del bono social vigente, un mecanismo contrario al derecho de la Unión Europea. Son una opción para aliviar la factura que en Asturias tiene registrados en el orden de 36.000 beneficiarios. Estando de acuerdo en que paulatinamente se aplique el criterio de renta y se profundice en otras medidas, es muy relevante una reforma que introduce en la legislación del sector eléctrico la prohibición de suspensión del suministro a los consumidores vulnerables. Pero no es suficiente, señor ministro de Energía, y el Gobierno tiene que seguir avanzando en las reformas para que en España se establezca un mercado eléctrico homologable con los países europeos y que ponga fin a que los hogares españoles paguen la tercera electricidad más cara de Europa antes de impuestos o que nuestra industria esté severamente amenazada de deslocalización, que es el camino más rápido para ir al desempleo y, por tanto, la forma más veloz hacia la pobreza energética.

Concluyo señalando que el ministro de Energía se ha implicado personalmente en este rápido avance sobre el bono social, como prueba la celebración de varias reuniones monográficas con los grupos parlamentarios. Foro fue partícipe y nos parece que este es un real decreto-ley que ha puesto en el centro de su atención las soluciones para proteger al consumidor vulnerable.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Buenas tardes y gracias, señora presidenta.

Daré siete ideas a velocidad de la luz. En primer lugar, quiero anunciar nuestro voto favorable. En segundo lugar, quiero saludar el amplio acuerdo político que precede a este acuerdo, que responde a lo que nosotros siempre hemos dicho cuando afrontamos un problema importante, y es que hay que olvidarse de partidismos y ponernos a trabajar todos juntos dando propuestas, con diálogo y buscando soluciones. Yo creo que es lo que se ha hecho ahora de manera abierta, sincera y empática, porque este es un problema social muy importante. En tercer lugar, yo creo que este acuerdo dignifica la acción política. Hoy podemos decir que la política y los políticos servimos para resolver problemas. En cuarto lugar, yo creo que también rompe un tabú, ese tabú que solemniza que entre la izquierda y la derecha no es posible ponerse de acuerdo. Yo creo que hoy también es importante, tanto en el real decreto anterior como en el posterior, dar esa imagen de que juntos podemos colaborar a presentar soluciones a problemas importantes. En quinto lugar, creo que si es posible ponernos de acuerdo en un tema concreto, tal vez podríamos sugerir ampliarlo a otros temas más genéricos que afectan también a su ministerio con esa misma filosofía. En sexto lugar, es importante decir que debemos plantear la aritmética parlamentaria como una oportunidad para el acuerdo y no como un enfrentamiento o una pelea de boxeo dialéctico permanente. Por último, demuestra otra cosa, y es que la bandera de lo social no es patrimonio de nadie sino un compromiso de todos, y yo creo que acertamos cuando todos ponemos en común ese mismo afán para ayudar a los más vulnerables, a los más desfavorecidos y a las familias que están pasándolo peor.

Termino con una reflexión. Es verdad que va a haber un desarrollo reglamentario en el que a nosotros también nos gustaría participar y presentar nuestras ideas. En especial nos gustaría pedir que en ese desarrollo algunas realidades, como son las familias numerosas, vean reconocida su contribución al progreso y a la renovación de nuestra sociedad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

No podemos concluir, atendiendo al carácter raquítico de la medida que se presenta, que este sea un tema que preocupe mucho a los gobernantes actuales del Estado español, como nos quisieron hacer creer durante la ola de frío. Lo que presentan es realmente una modificación de un bono social que ya


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existe desde 2009, dejando toda su capacidad de acción a esa medida, que además, permítame que lo señale, tiene más un tufo de ayuda caritativa o asistencialista que estructural.

Si de verdad les preocupara la pobreza energética, si de verdad entendieran lo que es la pobreza energética, habrían presentado una propuesta integral. Tendrían aquí una propuesta integral que hablaría, por ejemplo y entre otras cosas, de las tarifas sociales partiendo de la progresividad, algo que parece que no se plantean aún; que hablaría de un plan de choque para la eficiencia energética. Expliquen a los ciudadanos y a las ciudadanas del Estado español por qué en el Estado español, junto a otros países del sur de Europa, hay mayor pobreza energética que en los países del norte de Europa, que sufren inclemencias climatológicas mucho peores que las que sufre el Estado español. Expliquen por qué el Estado español está a la cola de la eficiencia energética. Expliquen también por qué no hay una apuesta por un modelo energético basado en renovables y por qué se plantean reabrir nuevamente centrales nucleares obsoletas, como la de Garoña, o mantener otras que deberían ir camino de su cierre.

Les falta, en cualquier caso, iniciativa y pulso para influir de manera determinante como Gobierno en un sector estratégico. Pero si no hacen eso, seguirá creciendo la pobreza energética. En Gipuzkoa, que es la provincia con menos paro, ya hay más de 112.000 personas en situación de pobreza energética, el 20 % de la población. Baste como ejemplo. Pero también seguirá creciendo el número de muertes que van vinculadas a la pobreza energética. La OMS habla de un 30 % de muertes en el pico invernal; eso da para muchos cientos de personas en el Estado español.

Termino ya. Ustedes prometen aquí iniciativas que son tiritas, mientras siguen dejando el bisturí en manos de los oligopolios que actúan como psicópatas con la mayoría de la población; con la mayoría, porque algunos tienen la suerte de tener puertas giratorias y sillones en sus consejos de administración. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Han sido los ayuntamientos, básicamente los servicios sociales, los que con dinero público han parado los cortes y pagado los recibos. Algunos ayuntamientos del cambio, a los que ustedes llaman populistas -por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia- han pagado este año 2016 dos mil quinientos recibos por valor de más de 315.000 euros. Populismo en estado puro. Mientras en 2105 ha habido 500.000 cortes de luz y la pobreza energética afectaba ya al 1 % de la población, a 7 millones de hogares con dificultades, las empresas han ganado muchísimos millones. El esfuerzo de la luz tan cara lo han pagado las familias, las empresas, las pymes, los autónomos, los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Este decreto tiene algún aspecto positivo, como la obligación del informe de servicios sociales antes de cortar o la necesaria definición de consumidor vulnerable, pero es insuficiente, porque no responde íntegramente al drama de la pobreza energética y se circunscribe al consumo eléctrico, solo el 35 % de los hogares, cuando debería proteger mucho más allá del precio voluntario al pequeño consumidor. Es decir, se quedan clientes fuera.

Acabo. Se debería elaborar una ley contra la pobreza energética. Señor ministro, insisto en la apuesta por las energías renovables, porque ayudaría a que tuviéramos más soberanía energética y menos dependencia, y por el autoconsumo, que ayudaría a las familias vulnerables, porque siempre es mejor ayudar a que las familias ganen en independencia que seguir pagando recibos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, hay que agradecer su actitud en esta discusión que ha permitido intercambiar opiniones con los grupos parlamentarios, pero mi grupo no va a poder apoyar este real decreto y se va a abstener. El Gobierno llega tarde en esta materia. Es evidente que si el Gobierno hubiese tenido esa misma actitud durante los peores años de la crisis y hubiese configurado un bono social adecuado, probablemente hubiésemos minimizado las consecuencias de la pobreza energética. Han sido las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los movimientos sociales los que han empujado. En la época en la que el bono social no funcionaba, Cataluña fue pionera en el compromiso político para reducir las consecuencias


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de esta pobreza energética y nos hemos encontrado en tres ocasiones con las impugnaciones del Estado. Finalmente, en la última ocasión, hubo un acuerdo político que salvó la legislación catalana, la de 2015, pero en otras dos ocasiones los intentos de Cataluña de hacer frente a esta situación han sido frustrados, castrados y eliminados por la política del Gobierno.

Además, en parte se llega mal; se llega mal -ya lo han dicho otros portavoces- porque dejamos demasiadas cuestiones abiertas al desarrollo reglamentario. Lo razonable sería que hoy este real decreto-ley lo tramitásemos como proyecto de ley y determinásemos en el seno del Parlamento y con acuerdo de todos los grupos el umbral del consumidor vulnerable, el umbral del consumidor altamente vulnerable y los procedimientos que nos permitiesen salvaguardar las competencias autonómicas en esta materia.

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Ustedes nos invitan a que hagamos esta regulación en el Reglamento. Ahí, señor, nos pide demasiada confianza vista su trayectoria en la pasada legislatura. Lo siento.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.

¿Por qué un nuevo decreto para regular el bono social? ¿Porque han establecido o analizado diferentes situaciones o problemas que ya tenían? No; por la sentencia del Tribunal Supremo contra el real decreto que regulaba el régimen de financiación del bono social de la luz, que deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno. El decreto aborda un problema: la pobreza energética. Es una pobreza fruto de la crisis económica y que están sufriendo las familias. Hay factores determinantes que han llevado a esta situación -la crisis, el precio de la energía, el desempleo y, por tanto, la renta-, pero la nueva regulación del bono social es fruto también, como he dicho, de la sentencia del Tribunal Supremo que deja en evidencia nuevamente el fracaso del modelo energético, cuyos principales perjudicados son los consumidores. Es un modelo que ha generado y genera inseguridad y que no protege a los ciudadanos en un servicio tan esencial como es la electricidad. Este fracaso ya lo habíamos anunciado en numerosas ocasiones.

En este tema debemos trabajar en una solución integral, con un sistema de protección social solidario que cohesione la sociedad y que no deje a nadie atrás. Debemos establecer las condiciones o medios para generar empleo, para poder tener una sociedad solidaria y no una sociedad subsidiada. La tendencia ha de ir encaminada a no tener que vernos en la obligación de establecer este tipo de medidas. Como ya he comentado y dado que el problema entre otros viene dado por el aumento del precio de la energía, ¿no es el momento de abordar la revisión del sistema de tarifas?, además no solo para este colectivo sino también para la industria, para que esta sea más competitiva, genere riqueza y empleo y ayude a disminuir este tipo de situaciones. Hay que identificar y proteger al consumidor vulnerable, mejorar la eficiencia energética de los hogares e implementar medidas sociales para paliar los efectos de estas nuevas situaciones que están aflorando.

Nosotros, en Euskadi, ya abordamos estas situaciones a través de la renta de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social, para vivir con dignidad, con ayudas a la vivienda, al agua y también a los gastos de energía; para atender a situaciones derivadas de la denominada pobreza energética, que incluye gastos de suministro eléctrico, de gas y de otro tipo de combustibles de uso doméstico. Estas medidas nos permiten mejorar la distribución de la prestación para atender nuevas formas de pobreza; modular el acceso a las ayudas de emergencia social atendiendo a la valoración profesional sobre la idoneidad de la ayuda; racionalizar el procedimiento de las transferencias de capital o de dinero entre los niveles locales y los niveles autonómicos; y también remitir información entre las entidades locales y el Gobierno vasco para poder mejorar y establecer mejores medidas en caso de ser necesario. Son ayudas, por tanto, coordinadas con los distintos niveles institucionales; el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos fijan los requisitos de acceso, y los servicios sociales de base realizan la valoración del caso concreto para evaluar si una persona cumple con los requisitos para poder acceder a este tipo de ayudas. Además, en Euskadi hemos logrado también un convenio por el que se establecen los mecanismos


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de coordinación necesarios para evitar la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos. Asimismo, hay un compromiso de no suspender el suministro de electricidad y gas a clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión de la prestación económica.

En definitiva, como ya hemos venido diciendo, creemos que tiene que haber un diálogo entre las políticas energéticas y las de asistencia social, teniendo en cuenta además que en el País Vasco la política energética es una competencia compartida y la de asistencia social es exclusiva. Es en este equilibrio donde nos tendremos que encontrar, pero dado que este real decreto trata de regular aspectos en los que tenemos competencia exclusiva, entendemos que puede ser un intento de recentralización por parte del Gobierno y que se puede inmiscuir en competencias atribuidas sobre todo a nivel de administraciones locales, que además funcionan y conocen perfectamente la realidad de este tipo de situaciones y colectivos. Por todo ello y teniendo reguladas este tipo de ayudas, nos vamos a abstener en la convalidación de este decreto.

Gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda. Buenas tardes.

Votaremos no a este real decreto porque sigue beneficiando a las cinco grandes empresas del oligopolio eléctrico y no protege de forma fiable al consumidor vulnerable respecto a los cortes de luz.

Para empezar, queremos dejar claro que cuando se habla de pobreza energética la mirada debería ser un poco más amplia, más transversal. Las medidas no pueden ir por separado. La necesidad de disponer de un trabajo digno, de disponer de una vivienda digna, de un sistema de salud digno, de una educación digna, es tan importante como desarrollar un sistema de bono social respecto a los consumidores vulnerables. La pobreza energética es una manifestación más del fenómeno integral de la pobreza, pobreza entendida como exclusión social por las barreras al mercado del trabajo digno o la falta de vivienda asequible.

El bono social no deja de ser más que un parche respecto al problema de la energía en el Estado español. Si no aplicamos esa mirada amplia que les pedíamos todos, tenemos claro que el precio de la luz es como una especie de agujero negro en el que están incorporados los beneficios ocultos del oligopolio del sector eléctrico. La auditoría del déficit de tarifa -señor ministro, pienso convertirme en su gota malaya, lo siento-, sobre el cual seguiremos insistiendo, es básica para que al final los ciudadanos dispongan de un precio de la luz más justo. Más que un bono social, la ley debería obligar a la corresponsabilidad necesaria de unas compañías para asegurar un suministro tan fundamental que debería ser un derecho básico. Las compañías deberían implicarse por ley en la difusión de información de los derechos de sus clientes, en la contribución para financiar ayudas en especie y en aportaciones para minimizar los problemas de los cientos de miles de familias afectadas. Deberían hablar menos y con menos cinismo de la RSC y aplicarla más.

Finalmente, y antes de entrar a analizar cuatro puntos de su real decreto-ley, déjenme que les señale que no es más que otro de los múltiples laberintos jurídicos, normativos, por los que el sector eléctrico está constituido y que hacen impenetrable a cualquier ciudadano conocer y comprender qué le están cobrando realmente. El laberinto no es solo normativo sino también jurídico, y creo que aquí vamos a encontrar un punto en común con el ministro. Con intención de arrojar luz al respecto, este diputado presentaba la semana pasada una pregunta escrita, que esta mañana ha sido calificada, interesándose por cuántos recursos han interpuesto las empresas eléctricas que operan en España contra normas jurídicas estatales en los últimos diez años, qué disposiciones administrativas, qué normas con rango de ley han sido recurridas y cuáles han sido las empresas recurrentes.

Entrando en el detalle de varios artículos, quisiera empezar por el apartado 4 del artículo 45, que indica que el bono no será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica. Los catalanes debemos algunas cosas importantes a Josep Pla, entre otras, el consejo que solía dar a los catalanes cuando venían a Madrid. Nos repetía que siempre nos hiciéramos la misma pregunta, que es: ¿y esto, quién lo paga? Pues con el bono social, lo mismo. Desde el punto de vista de Esquerra Republicana la respuesta es muy sencilla: si el objetivo es hacer llegar la luz a personas que no pueden asumir este coste, este coste lo tenemos que asumir entre todos los que hacemos que les llegue la luz. Y aquí entran, claro está, las actividades de generación,


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transporte, distribución, además de la comercialización. Por tanto, el reparto de cantidades se debería hacer a partir de las actividades de toda la cadena de valor de la energía: generación, transporte, distribución y comercialización -repito-, incluyendo la parte del Estado que también participa en el proceso. En la fórmula concreta no entrarían las compañías pequeñas y únicamente comercializadoras, que tan solo deberían pagar la parte que les correspondiese según la facturación global para el conjunto de actividades sumadas y no solo por el número de clientes. El argumento que se utiliza es que si se excluyen las comercializadoras que no pertenecen a grupos societarios, la norma incurre en discriminación. El argumento es cierto, pero el problema es que estamos repartiendo un coste entre empresas muy diferentes. Los grandes grupos societarios tienen negocios de generación, distribución y comercialización de la electricidad y la parte del bono que les corresponde será repartida entre sus diferentes negocios. Este no sería el caso de las comercializadoras pequeñas, que sentirán un impacto mayor del bono. El trato no es igual, como se nos pretende hacer ver.

Sobre el apartado 3 del artículo 52, que dice que si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento -que bien ha explicado el señor ministro que es el de la compañía con el cliente- el pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro. Un plazo de cuatro meses puede parecer aceptable para alcanzar alguna solución mediante los servicios sociales para los consumidores vulnerables. ¿Pero qué ocurre si el mes cuatro coincide con el invierno y no se ha encontrado una solución? La legislación de muchos países establece que no se puede cortar los servicios a los consumidores vulnerables de ninguna manera durante los meses de invierno. Es la conocida tregua invernal. Debería introducirse el principio de precaución, tal y como señala la Ley catalana 24/2015, de emergencia habitacional y pobreza energética, según la cual las compañías deben comunicar a las áreas básicas de servicios sociales los avisos de corte a los consumidores, a fin y efecto de pedir un informe de vulnerabilidad social. Mientras no se demuestre si el consumidor se encuentra en situación de pobreza energética, no se puede efectuar ningún corte de suministro. En la práctica, el real decreto-ley debería recoger que los entes locales titulares de los servicios sociales son los que instrumentan ayudas o compensan la capacidad de pago de las familias afectadas, pagando ellas directamente las facturas.

También expresamos nuestras dudas en referencia al apartado 4 del artículo 52, párrafo j), que habla de aplicación de recargos. Aplicar recargos o intereses a una deuda es normal en cualquier mercado, pero nos preocupa que no se establezca ninguna pauta de cuántos recargos se pueden aplicar. La competencia en el sector eléctrico está lejos de ser perfecta, pues es susceptible de abusos, y nuestra experiencia con el sector eléctrico es que, en general, no tienen este concepto muy claro.

Quedan muchos flecos para conseguir la efectividad buscada con el bono social, no solo para evitar el fraude, que seguramente se produciría, sino también para que realmente consiga llegar a la mayoría de población afectada y evite que en ningún caso se corte la luz a ninguna persona vulnerable. Recordaré también, como decía al principio, que esta medida debería ir acompañada de otras, algunas muy claras de formación e información a los ciudadanos sobre lo que supone la factura de la luz -ya proponíamos al ministro en su comparecencia el pasado jueves alguna medida sencilla al respecto-, otras para mejorar e incentivar la eficiencia energética de las viviendas y la educación sobre ahorro energético.

Concluimos reiterando que nuestro grupo votará no a la convalidación de este real decreto-ley. En caso de que se convalide, pediremos que sea tramitado como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, miembros de la Mesa, señorías, estamos aquí para hablar del bono social. Algunos compañeros ya han dado datos bastante significativos, como que más de 4,5 millones de españoles tienen problemas para pagar los recibos de los servicios básicos como, por ejemplo, el recibo de la luz. Si acercamos esos datos a los términos que conocemos mejor todos nosotros, podemos decir que uno de cada diez hogares de este país tiene problemas para pagar esos recibos, también el de la luz. Al final, esto es la consecuencia de la crisis económica que hemos vivido y de las tasas de paro que tenemos, pero si esto se relaciona con la subida de los precios de los dos últimos años, cuando el gas ha aumentado un 22 %, el agua ha aumentado un 8,5 %, el butano ha aumentado un 23 % o el recibo de la luz de este mes de enero que acaba hoy puede aumentar un 28,56 %, son razones más que suficientes para que hoy estemos debatiendo sobre qué es el bono social.


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La Unión Europea ya hizo el diagnóstico en 2009 con las directivas Europeas 2009/72 y 2009/73, con las cuales se obliga a los países miembros a tomar medidas para paliar esta situación. También el Comité Económico y Social Europeo dijo en 2011 que la situación de vulnerabilidad es una prioridad social y necesita el apoyo de los países; y en el informe de 2013 decía que la energía es un bien común y esencial que permite al ciudadano tener una vida digna, y precisamente por eso estamos hoy hablando de bono social. Sucesivos Gobiernos de este país no han establecido políticas efectivas en esta materia y al final se ha acabado con una improvisación constante que ha evitado que se hagan previsiones para prevenir la situación que estamos debatiendo hoy. Hay muchos hogares que no pueden pagar esos recibos e independientemente de que tengan un patrón de consumo eficiente o de que no enciendan demasiado la luz, los costes fijos del sistema van a seguir subiendo y nosotros continuamos sin hacer ningún plan de prevención. La realidad y el resumen es que no existe planificación y, como no existe, repito, hoy estamos debatiendo sobre bono social.

Este real decreto-ley es fruto del acuerdo y eso es positivo porque es necesario transmitir no solo a sus señorías sino también a la gente que está fuera de este Congreso que hay temas importantes de los que sí somos capaces de sentarnos a hablar, más allá de las ideologías del resto de partidos políticos. Desde Ciudadanos queremos agradecer las sugerencias y pensamientos que nos ha hecho llegar parte de la sociedad civil sobre qué se puede hacer y cómo. El primer documento que se facilitó por parte del Gobierno modificaba solo cuatro apartados muy concretos en dos artículos. Esto nos parecía insuficiente, pero como ese documento se abrió para su debate entre el resto de formaciones políticas, entendemos que quería ir a máximos y partir de una base de mínimos, o eso es lo que pensamos. Por eso, para Ciudadanos era imprescindible introducir la referencia explícita sobre la situación de los consumidores vulnerables, porque no se tenía como tal. Con los criterios anteriores a este real decreto -para que lo sepan, porque hay muchas personas que no lo saben-, cualquier familia que tuviese una buena nómina, con tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios o, por ejemplo, ser familia numerosa, podía acogerse al bono social, con lo cual nos podemos plantear el siguiente interrogante: ¿realmente el bono social tenía unos criterios para que llegase a quien tenía que llegar o se siguieron unos criterios determinados que hacían que muchas personas que no lo necesitaban se acogiesen a él? Por eso para nosotros -ahora lo recoge este real decreto y también la exposición de motivos, y esperamos que lo contemple también el reglamento- es necesario que se redefina qué es el consumidor vulnerable y que se vincule a los criterios de renta. Por supuesto, a partir de ahí, habrá atenuantes, pero el criterio de renta es imprescindible para que esto salga adelante.

También es necesaria la coordinación con las comunidades autónomas, porque luego vemos fuerzas políticas que vienen aquí y siempre están haciendo la división entre la competencia autonómica y la competencia nacional. ¿Qué quieren que les diga? En cuestión de pobreza, de derechos sociales y de que se aplique el bono social a los ciudadanos de toda esas comunidades autónomas creo que tiene que primar un criterio de colaboración, de compartir documentación y sobre todo de ser eficientes para que se eviten casos como el de Reus, que ya han comentado otros compañeros, que al final fue un compendio de mala comunicación entre distintas administraciones. Entre las comunidades autónomas y el Estado tiene que haber colaboración y no estar siempre con la sensación de que van a invadir nuestras competencias. Hay temas en los que tenemos que colaborar. Por eso -así también lo dijo el señor ministro en su exposición- se ha introducido, a instancias de Ciudadanos, que ese periodo para realizar el corte, en lugar de dos meses, sea de cuatro meses, para que los servicios sociales tengan más tiempo para elaborar esos informes. Si no les damos más tiempo, si no hay comunicación, difícilmente podrán hacer su trabajo.

En conclusión, para no alargarme, en el primer borrador entendemos que se incluían unos cambios mínimos que buscaban salvar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero gracias al acuerdo y a la aportación de distintas fuerzas políticas se ha llegado a un real decreto más ambicioso. Ciudadanos ha apostado por que esa tarifa sea progresiva en función del tipo de consumidor vulnerable -todos lo sabemos, hay distintos tipos de consumidor y distintos tipos de necesidades para obtener esas ayudas-; por ese aumento de carencia a cuatro meses hasta que se emite el informe; por que el consumidor vulnerable severo también tenga su definición, porque, como comprenderán -así lo recoge este real decreto-, a los consumidores que estén en situación extrema no se les podrán realizar cortes -creo que tenemos que empezar a dejar la demagogia a un lado y a leer bien todas las pautas del acuerdo- y, por supuesto, por el registro de la administración de consumidores vulnerables. Es necesario saber a cuántas


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personas tenemos que ayudar, quiénes son nuestros ciudadanos y sobre todo cuánto dinero nos va a costar todo para poder ayudarles.

En resumen, en este real decreto también se fija un periodo de tres meses para desarrollar ese reglamento, que esperamos que también surja del acuerdo. Ya se preveía en una antesala de ese real decreto, en esa exposición de motivos. Ciudadanos ya envió la semana pasada al Partido Popular nuestra propuesta de reglamento, nuestra aportación -esperamos que nos sentemos a negociarla, a ver cómo va-, y en ella se incluía la definición de consumidor vulnerable con criterios de renta y con atenuaciones en función de número de familiares, que existan menores, que existan dependientes en esa familia... En definitiva, que el bono social le llegue a quien le tiene que llegar y que no pase lo que está sucediendo en la actualidad; que esas ayudas también sean progresivas y justas atendiendo a las particularidades de cada caso, y también la diferenciación -lo introduce Ciudadanos en esta propuesta que le ha hecho llegar al ministerio- entre lo que es consumidor vulnerable extremo y lo que es consumidor vulnerable, porque tienen tipos de ayudas totalmente diferentes. El bono social no tiene que ser igual, tiene que ser diferente en función de los consumidores y de las necesidades. Por eso hemos propuesto que haya distintos porcentajes de ayudas, como el señor ministro también comentó en su exposición, y sobre todo una cosa muy importante y que parece que nos estamos saltando: que se comunique a partir del primer impago al ciudadano, al afectado, hará que toda la Administración funcione de una manera más ágil, porque si es un ciudadano que no ha sido detectado por los servicios sociales, con esta primera carta de impago acudirá directamente a los servicios sociales y podrá poner en alerta su caso en el supuesto de que sea beneficiario del bono social.

Me permitirán que hable de eficiencia. Hablo de eficiencia porque no solo se trata de tomar medidas urgentes sino de buscar la senda para reducir el número de personas que necesitan esa ayuda, porque podrán salir adelante. La eficiencia energética tendrá un papel muy importante no solo en la transición sino también en la ayuda a los consumidores vulnerables. Al final, señorías, lo que pretende este real decreto, y lo que esperamos que también diga el reglamento, aparte de contar con el consenso de las fuerzas políticas, es que el bono social finalmente llegue a quien lo necesite porque hoy en día, como bien saben, hay personas que no lo necesitan y se acogen a él; que los criterios obedezcan a las tipologías de familia; que exista más información y más transparencia en el sector y también en bono social.

Han hablado de llegar tarde, otros llegan muy temprano; nosotros, Ciudadanos, acabamos de llegar pero el problema no es llegar tarde o llegar temprano, el problema es no llegar; el problema es sentarse y no hacer nada; el problema es quejarse sin ser proactivo y acabar siendo anodino. Ese es el problema que podemos tener en este hemiciclo. (Aplausos). Tomando medidas urgentes como estas por supuesto que vamos a estar para resolver los problemas que tiene la ciudadanía, pero lo que pedimos realmente es que se establezca una planificación, porque no solo se trata de paliar lo que está pasando ya sino también de prevenir que no siga pasando en el futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, antes de comenzar mi intervención quisiera hacer un reconocimiento a todas las entidades y organizaciones sociales que pusieron en el tablero político la pobreza energética. Con todas ellas el Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado y a todas ellas queremos agradecer su implicación y su tesón. Quisiera destacar el trabajo realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, que con un enorme esfuerzo ha puesto números y caras a este fenómeno surgido durante la crisis económica. También a las asociaciones de consumidores y usuarios, a los sindicatos, a la Plataforma por un nuevo modelo energético y a todas las entidades que están dentro de ella, a la Fundación renovables y a otras muchas entidades que han pasado por nuestro grupo y con quienes hemos diseñado nuestras propuestas. Durante estos años hemos presentado distintas iniciativas en el Congreso y hemos trabajado desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y comunidades autónomas gobernadas por los socialistas para atender a las familias que están pasando por esta penuria. También hemos apoyado y participado en las movilizaciones sociales en la calle junto con la sociedad civil que se manifestaba contra esta injusticia. Lo que nunca haremos, es cierto, será pelear por una pancarta pudiendo, como diputados, cambiar las normas.


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La primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley de protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética fue en abril de 2014, hace tres años. Desgraciadamente, esa iniciativa fue votada en contra por la mayoría del Partido Popular porque simplemente no estaba entre sus prioridades. Sin embargo, sí lo estaba hacer una contrarreforma del sector eléctrico, la de 2013, que ha ahondado en la debilidad del sistema, en el aumento de los costes para consumidores y empresas y en el aumento de la inseguridad jurídica para los inversores. El Gobierno tuvo la oportunidad en aquel momento de incorporar el artículo 52.j) que blinda a las familias vulnerables frente a los cortes de luz, pero no lo hizo. Y pudo haber desarrollado el reglamento que especifica quiénes son las familias vulnerables, pero simplemente no estaba entre sus prioridades. Pero las cosas han cambiado; han cambiado y mucho. La necesidad de diálogo ha abierto las puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda a que nuestras decisiones políticas mejoren su vida.

El real decreto-ley que hoy debatimos modifica la forma de financiación del bono social que, como todos sabemos, es una medida para la reducción de la tarifa eléctrica en una serie de supuestos. Este bono social ha estado financiado por las cinco grandes compañías eléctricas de comercialización de este país, pero una sentencia del Supremo establece que el modo de financiación es discriminatorio. Por tanto, el Gobierno ha decidido que se extienda la financiación a todas las comercializadoras para evitar esa discriminación. El Grupo Socialista hubiera preferido que la financiación se hubiese extendido a todas las actividades del sector por una cuestión de seguridad jurídica y de reequilibrio en la corresponsabilidad frente a la pobreza energética; esto es la actividad parlamentaria. Para el Grupo Socialista, a pesar de que no se han cumplido exactamente sus expectativas, la prioridad han sido la prohibición de los cortes de luz y la redefinición de cuáles son las familias que deben percibir el bono social. Ambas cosas serán posibles gracias a las modificaciones propuestas por el Grupo Socialista y que están incorporadas en este real decreto-ley. A pesar de que estas son las prioridades, también estamos preparando una propuesta reglamentaria para proteger a las comercializadoras más pequeñas que se incorporan ahora a la financiación del bono social. Esta propuesta pretende que el pequeño espacio que existe para la competencia en el sector eléctrico -estamos hablando de entre un 4 y un 6 %- no se vea perjudicado con esta medida.

Señorías, ante el grave problema de la pobreza energética existen diferentes posicionamientos: uno, mirar para otro lado, que es lo que el Gobierno quiso hacer en un principio, defendiendo que no tenía competencia para legislar en esta materia; dos, plantear una solución de coyuntura como las que se han puesto en marcha desde los niveles local y autonómico; tres, oponerse a dar soluciones simplemente porque las proponen otros grupos parlamentarios, o cuatro, adoptar medidas estructurales que remedien definitivamente las situaciones dramáticas que provocan la pobreza energética, medidas estructurales que se solucionan con legislación. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, es nuestra función y es nuestra obligación.

El real decreto-ley que estamos debatiendo incorporará en la Ley del Sector Eléctrico la prohibición expresa de cortar la luz a las familias en situación de pobreza. Y sí, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos sentimos satisfechos por haberlo conseguido; en la negociación parlamentaria, claro, pero es un objetivo de enorme calado social. Tiene mucha importancia para nosotros como socialdemócratas conseguir atacar la pobreza desde todos los ámbitos sectoriales posibles, e incorporar este artículo en la Ley del Sector Eléctrico es un avance importantísimo en la lucha contra la desigualdad y un hito legislativo. Por eso y para eso al menos nosotros estamos sentados en esta bancada.

A partir de ahora seguiremos trabajando con las comunidades autónomas en la definición de ese reglamento que tendremos disponible en esta semana para entregar al ministerio, porque lo que pretendemos es que este reglamento se apruebe cuanto antes y que permita tener un procedimiento lo más eficaz posible para que nunca más vuelva a ocurrir un caso como el de la fallecida en Reus. Por cierto, estaría bien que no se hiciese un uso torticero de este caso. Sabemos todos, o al menos deberíamos saberlo, que aún no se ha definido cuál es el perfil de los hogares vulnerables, que se hará en el desarrollo reglamentario al que estamos todos convocados a participar; por lo tanto, no podemos hacer extrapolaciones injustas. Agradecemos al Gobierno que favorezca la participación de todos los grupos en el diseño y elaboración de estos reglamentos ya que todos compartimos el diagnóstico de que el bono social no ha funcionado correctamente, porque no ha llegado a quienes realmente lo necesitaban. Tenemos, por tanto, la oportunidad de hacer nuestras propuestas para que las medidas de lucha contra la pobreza energética funcionen y no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Reus, a pesar de que sí había legislación autonómica al respecto.

Señorías, este real decreto-ley evitará la interrupción del suministro a familias vulnerables y además permitirá que accedan a un precio de la electricidad en función de sus ingresos y no del mercado. Con


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esta modificación se da un paso más para asegurar el derecho a unas necesidades básicas de la ciudadanía, entre las que contemplamos, sin duda, las necesidades básicas en el hogar. Es un importante paso hacia una política integral de lucha contra la desigualdad. En aquellas propuestas encaminadas a esa lucha integral contra la desigualdad estaremos los socialistas, lo proponga quien lo proponga.

Señorías, y sobre todo señores diputados de Unidos Podemos, si ustedes hubieran sido los promotores de esta iniciativa o quienes hubiesen logrado ese acuerdo, sepan que el Grupo Socialista hubiese votado a favor. Los socialistas nunca estaremos en contra de avanzar en el sistema de bienestar por intereses partidistas. No sé si ustedes pueden decir lo mismo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.

Este real decreto es una medida que no está pensada solamente para esta legislatura ni para las próximas elecciones; es una medida que refleja claramente la decisión de la mayoría de esta Cámara, de la amplísima mayoría, en defensa de los consumidores vulnerables. Es una medida que está garantizando ese derecho a las próximas generaciones porque todos sabemos que, según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 10 % de personas que tiene dificultades para abonar las facturas vinculadas al hogar. Por eso queremos consolidar ese descuento del 25 % en la factura para aquellas personas que tengan pensiones mínimas, para todas aquellas familias u hogares con todos sus miembros en paro -aun teniendo en cuenta que desde 2011 esa cifra se ha reducido en 500.000 hogares, pero aún así creemos que es muy importante- y también para las familias numerosas. Por tanto, esto pertenece al bloque de política social que este partido, el Partido Popular, ha venido impulsando durante la pasada legislatura y en esta y que permite que casi catorce millones de personas tengan un ingreso dependiente de la Administración General del Estado gracias a la solidaridad de los otros treinta y dos millones de españoles.

Señorías, las leyes que se aprueban en esta casa definen quiénes somos los españoles, cómo nos comportamos y qué queremos ser. Por tanto, me parece que hoy es un día feliz, es un día en el que esta Cámara responde a un problema grave intentando buscar el acuerdo del mayor número posible de grupos parlamentarios. Yo estudié y fui representante de alumnos en un instituto público en Las Palmas de Gran Canaria, el Pérez Galdós, y también en la Universidad de Las Palmas y, por tanto, sé lo que significa protestar, denunciar. Yo sé lo que significa el activismo estudiantil, lo conozco, porque impulsa en gran medida la acción política... Se ve que al señor Iglesias le parece curioso que un diputado del Partido Popular pueda estudiar en una escuela pública y encima ser representante de alumnos. (Risas y aplausos). Bienvenido a la realidad, señor Iglesias, bienvenido. Pues bien, quiero decirles a los que van a votar en contra que ya están ustedes en este lado de la mesa, que la política es presentar respuestas, no hacer preguntas. La política es presentar propuestas, es trabajar codo con codo junto a otros, es escuchar, es equivocarse, es arriesgarse, es tomar decisiones. Eso es la política. Hace poco el padre constitucional Pérez Llorca decía refiriéndose a la Transición -y lo leo y lo llevo a esta situación actual- que hemos estado de acuerdo en llegar a un acuerdo y los acuerdos no son automáticos, se intentan, se vuelven a intentar y al final se consigue el éxito, y hoy por fin vamos a aprobar el texto. Fíjense si hay voluntad de acuerdo que la competencia reglamentaria es exclusiva del Gobierno. El señor Nadal, el ministro, ha invitado -y lo saben todos- a participar a todos los grupos en el proceso reglamentario, algo absolutamente novedoso en la historia política de nuestro país.

Ahora vamos a ir a los 'hay que', porque hay mucho hay que hacer, hay que hacer mucho, pero propuestas y papeles todavía no se han visto ni en el Gobierno ni por parte de este grupo parlamentario. Esos tres reglamentos que ha presentado exhaustivamente el ministro hacen referencia a varias cuestiones. Primero, esa defensa del consumidor vulnerable y la nueva tipología -el consumidor con vulnerabilidad severa- y aventura que la factura de esas personas será pagada al 50 % por el sistema eléctrico -y miro al portavoz de Podemos- y el otro 50 % por las comunidades autónomas, en un respeto competencial exquisito y también buscando el compromiso de los actores autonómicos. Creo que eso es relevante. En segundo lugar, hay un reglamento -creo que han aludido a ello el señor Capdevilla o el señor Vendrell o los dos- que trata de mejorar el conocimiento que tiene el consumidor sobre la factura, sobre los precios y sobre los contratos, lo que, unido a la puesta en marcha del nuevo contador electrónico, empoderará a los consumidores para poder elegir cuándo y qué cantidad de energía quieren consumir. Esto, evidentemente, traerá consigo una reducción de precios y una demanda mucho más eficiente.


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En tercer lugar, todo lo relacionado con el procedimiento de corte, que se eleva hasta cuatro meses. Quiero decirle al señor Vendrell que no es momento de traer aquí situaciones dramáticas como la ocurrida recientemente en Reus. Yo no soy partidario de hacer esto en política aunque creo que es importante señalarlo -y el señor Vendrell estaba sentado en la mesa con el resto de portavoces de energía cuando se trató de este asunto con el ministro- y sabe perfectamente, señor Vendrell, que con el actual reglamento aprobado esa situación no se hubiese producido. Y no se hubiese producido porque usted sabe, señor Vendrell -estaba sentado en la mesa conmigo y con el ministro cuando se explicaron los reglamentos-, que, una vez que se produzca el impago, la compañía en un procedimiento de alerta temprana tiene que notificar a los servicios sociales esa situación y a raíz de esa notificación durante cuatro meses identificar en qué clase de vulnerabilidad se encontraba esta persona o las personas que se encuentren en esa situación. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que hoy aprobamos una medida que garantiza que en ningún caso en España ninguna persona va a tener un corte de luz por motivos relacionados con la incapacidad para poder hacer frente a las facturas.

Se ha hecho referencia también de las pequeñas comercializadoras. El 80 % de la energía la despachan las grandes compañías, pero tienen el 94 % de los clientes. Si hacemos caso de lo que usted dice, libramos una cantidad muy importante de dinero a estas compañías y se la trasladamos a las pequeñas comercializadoras.

Han hablado de eficiencia energética. Este es el Gobierno que ha puesto en marcha el Fondo nacional de eficiencia energética, con 260 millones, que aportan todas y cada una de las compañías sin excepciones -miro a mis compañeros del PSOE-, sin excepciones. Es una apuesta decidida por mejorar la edificabilidad y, por tanto, reducir el consumo energético de las familias.

Ustedes saben perfectamente que cuando hablamos del PVPC el margen de las empresas lo establece el Gobierno mediante un reglamento y por ese motivo son esas compañías las que tienen la responsabilidad del bono social. En definitiva, este es un asunto de interés general, que exige que entendamos el triángulo cuando hablamos de energía, el triángulo político que debe definir la actuación en esta materia en esta casa: sostenibilidad económica y evitar las situaciones de déficit que hemos vivido recientemente, sostenibilidad medioambiental y garantía de suministro veinticuatro horas, siete días a la semana, si queremos que la energía se convierta en la palanca transformadora que garantice el crecimiento, la riqueza y, por tanto, la generación de empleo.

He escuchado a alguna fuerza política hablar de la necesidad de hacer más competitiva la economía, los mismos que plantean que no exista competencia en el mercado eléctrico y que sea la Administración General del Estado la que fije el precio. Es realmente curioso. Eso es porque no conocen lo que decía Benjamin Franklin sobre que no existe ninguna nación que por culpa del comercio se haya arruinado. Sí existen las que por culpa de no tener comercio se han arruinado o están en la ruina, y ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo.

Es evidente que la sostenibilidad medioambiental es una prioridad del Gobierno y por ese motivo el próximo mes de marzo, como ustedes conocieron en la reunión con el ministro, se va a impulsar una nueva subasta de energía renovable de 3.000 megavatios, que unido al 17,3 % que existe en el sistema energético español nos hace estar en la punta de lanza del sistema energético renovable en toda Europa.

Señorías, la seguridad de suministro veinticuatro horas, siete días a la semana no es gratis, no se puede hacer depender de una sola tecnología y exige evitar los prejuicios y no politizar las tecnologías. En definitiva, señorías, para ese pacto con el que todos estamos de acuerdo -la energía es una materia que exige que todos lleguemos a un acuerdo que permita que esta política trascienda esta legislatura y llegue a las siguientes generaciones-, les pido un compromiso mayor con el presente y con el futuro de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. (Número de expediente 130/000007).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Para presentarlo tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.


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El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.

Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, una norma que profundiza en la protección a los consumidores de productos bancarios. En concreto, se establece una vía alternativa para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria. Con esta norma se pretende dar a los consumidores un instrumento que responda de manera rápida a sus reclamaciones.

Antes de pasar al contenido específico de esta norma, permítanme referirme al contexto y a los antecedentes que nos han traído hasta aquí. Como saben, las llamadas cláusulas suelo se establecen en un umbral mínimo por debajo del cual no puede situarse el tipo de interés variable. A partir del año 2009, como consecuencia de las sucesivas bajadas del euríbor, la activación de ese suelo motivó la proliferación de demandas solicitando la nulidad de dichas cláusulas. El Tribunal Supremo declaró en mayo de 2013, con ocasión de una acción colectiva, la nulidad de determinadas cláusulas suelo no porque fueran abusivas per se, sino por la falta de transparencia material exigible de su contenido. Además, la sentencia especificó que no producía efecto retroactivo, quedando, por tanto, excluidos de la compensación los pagos ya efectuados con anterioridad a la fecha de publicación del fallo judicial. Los criterios que determinarán si las citadas cláusulas están incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma son los que ha establecido el Tribunal Supremo en la mencionada sentencia de mayo del año 2013, que define además la opacidad de las cláusulas. Así, por ejemplo, se consideran opacas las que aparezcan entre una abrumadora cantidad de datos que no permitan que el consumidor les preste la suficiente atención, la ausencia de simulaciones de escenarios o la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

Tras esa sentencia, dos tribunales españoles plantearon sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la doctrina del Tribunal Supremo y su limitación temporal con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas. Como todos ustedes conocen, el Tribunal de Justicia Europeo falló el pasado 21 de diciembre que los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula no se pueden limitar en el tiempo. Por lo tanto, se aplicarán de forma retroactiva a las reclamaciones que afecten a pagos realizados con anterioridad a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Por todo ello, el Gobierno, mediante esta norma que hoy convalidamos, ha establecido un marco extrajudicial para que los afectados puedan reclamar la devolución del importe de determinadas cláusulas suelo y todo ello sin tener que recurrir a los tribunales, en el mínimo tiempo y con el menor coste posible para los ciudadanos afectados. Además, estamos ante una ley de urgente necesidad, ya que, según cálculos del Banco de España, la devolución de determinadas cláusulas suelo puede afectar a alrededor de millón y medio de personas que, de no establecerse este cauce, podrían haber doblado los litigios civiles que existen en España colapsando la justicia en nuestro país. En cualquier caso, el consumidor, como no podía ser de otra manera, sigue teniendo intacto su derecho a la tutela judicial efectiva ante los tribunales nacionales.

Señorías, paso ya a detallarles el contenido de este real decretoley. El principal objetivo de esta norma es establecer un mecanismo de reclamación alternativo a la interposición de demandas judiciales. Es voluntario para el consumidor afectado, pero obligatorio para las entidades de crédito, que deben ponerlo en marcha en el plazo máximo de un mes. Además, los bancos deben garantizar que este sistema sea conocido por todos los consumidores que tengan cláusulas suelo en sus contratos. El procedimiento que hemos articulado es el siguiente. El consumidor puede dirigir una reclamación a su entidad de crédito que, una vez recibida, deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluidas necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso de que la entidad considere que la devolución no es procedente, tendrá que comunicar la razón que motiva su decisión. Una vez recibida la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. De ser así, la entidad realizará la devolución del efectivo. El período de tiempo establecido para todo el proceso es de un máximo de tres meses desde que el consumidor realiza la reclamación a la banca. Alternativamente, el consumidor y la entidad pueden acordar medidas compensatorias distintas de la devolución en efectivo como, por ejemplo, la novación de las condiciones de la hipoteca. En este caso, la aceptación por parte del cliente será de su puño y letra, tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa. Como ya he mencionado, el


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mecanismo es voluntario para el consumidor, que por supuesto puede decidir acudir a la vía judicial directamente. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento y hasta que se haya resuelto, las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial alternativa en relación con la misma reclamación. Asimismo, se establece la posibilidad de que en los procedimientos judiciales que ya estuvieran en curso a la entrada en vigor de esta norma las partes de común acuerdo puedan solicitar la suspensión del procedimiento para someterse a la reclamación previa.

Señorías, reitero que uno de los objetivos de esta norma es que tenga el mínimo coste posible para el consumidor. Por ello, el procedimiento de reclamación extrajudicial tiene carácter gratuito. Además, se prevé una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de las novaciones de contratos que puedan resultar de la adopción de medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo. De la misma manera, en el caso de que finalmente se llegue a un proceso judicial, esta norma también regula las costas judiciales para incentivar acuerdos entre el consumidor y la entidad y que se resuelva de la forma más adecuada y de buena fe. Por un lado, si el consumidor demanda a la entidad y, tras rechazar la cantidad a devolver, la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, la entidad será condenada en costas. Por otro lado, si el consumidor acude a la vía judicial directamente sin usar la reclamación previa y la entidad de crédito se allana totalmente antes del trámite de contestación a la demanda, la entidad no será condenada en costas. Este real decreto-ley también introduce una reforma del impuesto sobre la renta para que en el caso de devolución de las cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor, una neutralidad que se extiende a cualquier acuerdo celebrado con las entidades financieras, ya sea en aplicación de esta norma o no, así como en el caso de cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales. En este sentido, la devolución en efectivo, incluidos los intereses indemnizatorios o las medidas compensatorias pactadas, no se integrarán en la base del IRPF. En caso de que el consumidor se hubiera deducido esas cuantías en ejercicios anteriores, la regularización será sin sanción, ni intereses de demora, ni recargos de ningún tipo. Por último, la norma que hoy convalidamos habilita al Gobierno para regular el establecimiento de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas. En él estarán en todo caso presentes los consumidores y los abogados y deberán emitir un informe semestral. Su función es velar por que las entidades cumplan sus obligaciones de información, sobre todo con respecto de las personas y colectivos vulnerables. Este órgano de seguimiento podrá proponer las medidas que a su juicio son necesarias para impulsar una correcta implementación del mecanismo extrajudicial previsto en el real decreto-ley.

Señorías, concluyo ya. Hoy convalidamos una norma que pretende dar una respuesta eficaz a los consumidores afectados por determinadas cláusulas suelo que no fueron comercializadas con adecuada transparencia. Como he dicho en múltiples ocasiones, en el sistema financiero aún más importante que el capital es la propia transparencia. Ese fue uno de los principios que llevó la reforma del sistema financiero que acometimos, gracias a la cual hoy las entidades españolas pueden hacer frente a esta situación sin generar ningún tipo de incertidumbre, algo totalmente impensable hace solo unos años. De hecho, señorías, como ya he dicho en otras ocasiones, si esta medida de transparencia que aprobamos en el año 2013 la hubiéramos tenido antes, nos habríamos evitado muchos problemas.

En cualquier caso, me gustaría poner en valor que casi el 80 % de las familias españolas tienen una vivienda en propiedad, unos diez puntos por encima de la media europea. Por lo tanto, creo que tenemos un sistema que funciona, pero que, como todo, podemos perfeccionar. En este sentido, y como ya he avanzado en mi comparecencia en la Comisión de Economía esta misma mañana, el Gobierno prepara la aprobación de una ley de crédito inmobiliario para trasponer la normativa europea. En ella favoreceremos la información precontractual con especial referencia a las cláusulas y elementos especialmente sensibles para evitar que se repitan errores en el futuro.

Por último, señorías, me gustaría agradecer las contribuciones realizadas por los diferentes grupos que nos han permitido una mejora sustancial del texto y alcanzar un amplio consenso. Creo que es fundamental que este decreto-ley se convalide como tal, ya que abrir la posibilidad de modificaciones hubiera introducido retrasos e importantes dosis de incertidumbre, y en última instancia habría acabado perjudicando a los consumidores. Por todo ello, señorías, solicito su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señor ministro, señorías, sé que usted debe conocerlos a la perfección, pero, por si acaso, permítame leerle dos puntos del artículo 51 de la Constitución española. Dice dicho artículo, en su punto 1: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo -incido sobre esto-, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos". Y, en su punto 2: "Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos en que la ley establezca". (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Señor ministro, con todo el respeto, ¿qué parte de esos dos puntos de dicho artículo no han entendido ustedes cuando decidieron que la mejor forma de hacer efectiva la sentencia de 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea era este Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo? Y se lo pregunto porque nos resulta muy llamativo que en todo el real decreto no se aluda en ningún momento a este artículo de la Constitución española, cuando precisamente debería ser el artículo que fuera el norte en la redacción del mismo. Pues no. Ni la más mínima mención. Sorprendente, ¿verdad?

Estoy seguro de que usted me va a contestar que entiende perfectamente el artículo, que este mecanismo de resolución que se han inventado se ajusta perfectamente a la letra del mismo. Si esa fuera la respuesta, lo que sorprendería también es que la mayor parte de las asociaciones de consumidores, esas mismas que, según el punto 2 del artículo 51 de la Constitución española deberían haber sido oídas, se hayan posicionado en contra de este real decreto y de este mecanismo. Se han posicionado en contra la OCU, Ceaccu, UCA-UCE, Facua o Adicae, pero también sindicatos, como el de letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, que han hecho pública su profunda discrepancia -entrecomillado- respecto al decreto por no cumplir las garantías mínimas. Tiene usted el extraño honor de haber conseguido que la mayoría de las asociaciones de consumidores piensen que este real decreto es puro humo y que este Gobierno sigue legislando a golpe de reales decretos a favor del sistema bancario y en contra de la ciudadanía, concretamente de los afectados por la estafa inmobiliaria que se ha producido en este país. Como en este país conseguir la unanimidad de casi todo el mundo es una cosa cada vez más complicada, le doy la enhorabuena. Ha conseguido que esa unanimidad venga de la mano de sus socios de Gobierno, Ciudadanos y el Partido Socialista, un apoyo sobre el cual hablaremos más tarde. Además, ha conseguido usted que todas las asociaciones de consumidores adviertan a las personas afectadas que no se les ocurra dar ningún paso sin consultar con un especialista en la materia, porque cualquier movimiento en falso les puede perjudicar.

En lugar de haberse preocupado por garantizar que el proceso fuera transparente y gratuito y por que estableciera medidas coercitivas que obligaran al sistema bancario a devolver el importe cobrado indebidamente como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo, usted ha concedido una prórroga violentando hasta el extremo las costuras de nuestro Estado de derecho, como le explicaré después. Por tanto, le adelanto ya que el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario respecto a la convalidación de este real decreto va a ser en contra, pero no por capricho, sino porque se ha realizado de espaldas a la ciudadanía, privilegiando nuevamente los intereses del sistema bancario frente a los afectados por las malas prácticas de este y por una serie de elementos concretos de este real decreto que le voy a pasar a detallar. Es más, solicitaremos que la votación del mismo se tramite como proyecto de ley, para tratar de dar voz a esas reivindicaciones de las asociaciones de consumidores que ustedes han desoído. En su defecto, si no se aprueba, trabajaremos con ellas para presentar una proposición de ley que regule adecuadamente esta materia, porque pensamos que este real decreto no lo hace.

Vamos a votar en contra por una serie de motivos que le detallo. En primer lugar, el real decreto vuelve a imponer la asimetría entre consumidores y sistema bancario en la relación entre ambos. Mientras que para el consumidor la mera petición al banco tiene consecuencias a partir del 21 de enero, para el banco no tiene ninguna. Frente a esa asimetría, tanto en poder de negociación como de información por parte del sistema bancario, el Gobierno no articula ningún mecanismo de supervisión y arbitraje que garantice que lo que se ofrece por parte del banco al consumidor estafado para tratar de cerrar un acuerdo se


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corresponde efectivamente con lo que le corresponde legalmente. Tanto es así que podría ocurrir que el banco pudiera volver a estafar al cliente y no ocurriría absolutamente nada, porque, después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su contra, ustedes vuelven a permitir que sea la banca la que decida quién, cuándo y cuánto cobra por el uso fraudulento, por el uso y el abuso de las cláusulas nulas. Mientras que las asociaciones de consumidores reclaman transparencia e independencia de cara a la fijación de las cantidades, ustedes vuelven a permitir que la banca se convierta en juez y parte, y rehúyen su responsabilidad como garante y responsable último de los intereses de los consumidores. Señor ministro, cualquier mecanismo de devolución que se establezca en el ámbito público debe mantenerse en el ámbito público como garantía de los derechos de los consumidores. Como esto no ocurre en el marco de este real decreto, nos tenemos que oponer al mismo.

En segundo lugar, el real decreto no incluye ningún mecanismo coercitivo para que los bancos informen a los consumidores que tengan la cláusula suelo de que la misma es nula y tampoco del importe que les correspondería cobrar. Es más, ya hay entidades, Caixabank o el Banco Sabadell, que se han declarado en rebeldía y que han dicho que ninguna de sus cláusulas -ninguna de ellas- es nula y que, por tanto, este real decreto entienden que no es de aplicación y no piensan acogerse al mismo, lo que se convierte, para este caso concreto y para esas cláusulas suelo, en papel mojado. Sería muy interesante saber qué piensa hacer usted, señor ministro, frente a esa declaración de rebeldía del sistema bancario. Fíjese adónde hemos llegado. Ustedes han creado un mecanismo tan laxo, han sido tan pusilánimes en la propuesta que, en lugar de regular o de evitar de forma efectiva que la cuestión se judicialice, en el caso de estos bancos y de los consumidores afectados se les va a conducir a la judicialización de las mismas, saturando aún más nuestros juzgados. A ver cómo evitan ahora que los juzgados se colapsen, que los ciudadanos se vuelvan a sentir desamparados por un Gobierno que dice que vela por el interés general y al que, sin embargo, le tiembla la mano cuando tenía todos los elementos a favor para haber limpiado hasta su propia imagen. Que a nadie se le olvide, señor ministro -y lo sabe usted perfectamente-, que fueron su ministerio y su Gobierno los que se posicionaron en contra de la retroactividad total de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, presentando un informe y presentándose ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes se apoyaron sobre la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo de 2013, en la que se establecía esa curiosa doctrina de que los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula llegaban hasta donde ustedes querían que llegaran. Ese día, todas las instituciones del derecho civil desde los tiempos de Ulpiano se tambalearon, y han tenido que venir desde Luxemburgo a recordarnos que la nulidad de las cláusulas nulas llega desde el momento en que se firma esa cláusula. Y, en lugar de tratar de dar una salida que les devolviera a usted y a su Gobierno un mínimo de credibilidad, ustedes vuelven a ponerse del lado de la banca.

Lo curioso es que ha tenido que ser un banco, precisamente un banco, señor ministro -un banco que le recuerdo, como dije en mi última intervención, que queremos que siga siendo público-, Bankia, el que lance la señal de que si el sistema bancario quiere lavar su reputación, lo que tiene que hacer es devolver todo el dinero estafado de una forma ágil e inmediata. Ellos ahorran en costes de tramitación y de reclamación judicial; nosotros nos liberamos de los juzgados ocupados con estas materias; y parece, solo parece, o a mí me lo parece, que Bankia está más preocupada por el interés general y por la reputación general que su ministerio. Por lo tanto, por esta cuestión, tampoco vamos a poder votar a favor.

En tercer lugar, creo que usted debería aclararnos mucho mejor qué es lo que han aprobado realmente con este real decreto, porque no crea ningún sistema extrajudicial de resolución de conflictos ni ningún mecanismo de supervisión para que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sea realmente efectiva. Ustedes han creado -y hago mías las palabras de la profesora de Derecho Civil, Verónica del Carpio- un sistema extrajudicial anómalo y sin precedentes, sin tramitación legislativa y con consecuencias judiciales impuestas sobre las partes. Han creado un mecanismo extrajudicial que no es automático, que deja fuera del mismo a personas físicas que no son consumidoras, como los autónomos o las propias pymes. Ninguno de los dos colectivos aparecen recogidos en este real decreto. ¿Qué ocurre, ministro, que las hipotecas firmadas por los autónomos o por las pymes están exentas de la posibilidad de nulidad de las cláusulas suelo? ¿Qué ocurre, señor Rivera -que no está en la sala-, que su defensa de los autónomos llega hasta el momento en que se encuentran con la banca enfrente? ¿A los consumidores les engañaba la banca y a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, no? Explíquenoslo, porque no terminamos de entenderlo.

Además, para someterse a este procedimiento no valen las reclamaciones previas que los ciudadanos hayan podido hacer anteriormente, sino que tienen que iniciar nuevamente el trámite; hay que empezar


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de nuevo. El real decreto, además, marca cuál será el sistema de costas al que estarán sometidas todas las reclamaciones por vía judicial que se lleven a cabo a partir del 21 de enero, y una vez que el consumidor entra voluntariamente en el marco de este mecanismo extrajudicial el banco puede hacer algo para devolverle el dinero, o no. Da exactamente igual que lo haga o que no lo haga, porque en última instancia todo va a depender de la decisión del banco. Es más, una vez que el consumidor entra en el proceso, no podrá reclamar judicialmente hasta pasados tres meses de iniciada la reclamación. Creo que se trata de una nueva retahíla de argumentos que nos impiden votar a favor.

Pero no acaba aquí la cosa -seguimos-: el real decreto suspende el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva para el consumidor, de forma que si este decide acogerse a este mecanismo, como le decía hace un momento, aunque no le conteste el banco, no podrá reclamar ante los tribunales hasta pasados tres meses. Así pues, uno escribe una comunicación al banco diciéndole: Oiga, por favor, si no es mucha molestia, ¿me devuelven el dinero que me han robado? Y si el banco no contesta en el momento o no contesta positivamente, no se puede ir a los tribunales a pedir dicha tutela judicial efectiva. Fíjese la paradoja, la parte fuerte del contrato, el banco, obtiene una moratoria en el pago, puede retrasar el pago hasta tres meses, y a la parte débil del contrato, el consumidor, se le impone material y temporalmente la imposibilidad de reclamar judicialmente. Esto hubiera estado bien aplicarlo cuando se estaban produciendo -y como se siguen produciendo- tantísimos procesos de lanzamiento y ejecuciones hipotecarias en este país.

Sinceramente, señor ministro, ¿no cree que se les ha ido nuevamente la mano legislando a favor de la banca? ¿No cree que, si ya hay un banco que asume que lo que hay que hacer es pagar y pedir perdón, lo que ustedes están haciendo es proteger al resto del sistema bancario y permitir que incluso algunos bancos se declaren en rebeldía y les digan directamente a la cara que esto no va con ellos? ¿De verdad cree que a estas alturas puede alguien en este país pensar que la banca sigue mereciendo un trato de favor como el que ustedes les están otorgando con este real decreto? Fíjese en el CIS y sabrá -sé que lo sabe- lo que piensan los españoles de sus bancos y, por favor, trate de obrar en consecuencia.

Por último, y como decían los dibujos animados: No se vayan porque todavía hay más. Aunque usted defienda que este real decreto implementa un mecanismo extrajudicial voluntario para el consumidor, sin embargo, si el consumidor no lo sigue, modifica todo el sistema de costas procesales en vigor para el resto de casos de deuda. Hasta el arbitraje de consumo, que es voluntario, carece de algún tipo de consecuencias sobre el consumidor, es una elección que este hace o no. Sin embargo, en el momento en el que el consumidor entra en el mismo, el proceso se ve afectado por los procedimientos de costas que ustedes han regulado perfecta y milimétricamente en el artículo 4 del real decreto, que le animo a que lo mire si no lo ha estudiado detenidamente.

Voy terminando, señora presidenta. No solo los bancos tienen un tratamiento fiscal favorable respecto a las costas procesales, sino que ahora este real decreto directamente les permite evitarlas y, lo que es más grave aún, incentiva el hecho de que se judicialicen las reclamaciones de los consumidores. Así que, no, señor ministro, en estas condiciones nuestro grupo parlamentario no puede votar positivamente este real decreto. Pero no se preocupe, porque este real decreto va a salir de aquí convalidado. Termino, señora presidenta.

En unos minutos, la portavoz del Grupo Socialista va a subir a la tribuna, hará un discurso tan duro, o incluso más, contra este real decreto que el que he hecho yo; le dirá que esto no puede ser, que es imposible, que es el fin del mundo, aparentará que se opone al mismo. Y ¡oh, sorpresa!, cuando llegue el momento se abstendrán para permitir su convalidación.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Montero, tiene que ir usted acabando.

El señor MONTERO SOLER: Termino, señor presidente. No sabía que era usted y apelaba a la señora presidenta. (Risas).

Una vez más ustedes jugarán a que son la oposición en los discursos y se convertirán en la gran coalición en el momento de la votación. ¿Saben cuál es, señor ministro, la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros cuando decimos que no, es que no; lo argumentamos, lo defendemos y votamos en consecuencia. Y ellos cuando dicen que no, lo argumentan, lo defienden y, cuando llega el momento de la votación dicen: bueno, vale, pues me abstengo. Esa es la diferencia, téngala usted en cuenta en el futuro.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.

En turno de fijación de posiciones intervienen, a continuación, los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Foro fue el primer partido en incluir en 2011 en su programa electoral -mucho antes que el Parlamento y el Tribunal Europeo- la modificación de la Ley Hipotecaria, vigente desde 1946, para que, en caso de hipoteca sobre vivienda habitual, se altere un principio de responsabilidad universal, recayendo esta solo sobre los bienes hipotecados, con el fin de aliviar las dificultades derivadas de la crisis. Partiendo de la sentencia de la justicia europea, la sucesión de mandatos judiciales en relación con las cláusulas suelo precisaba la adopción de medidas urgentes para proteger a los consumidores, por lo que reclamamos también el diligente cumplimiento de las sentencias sin dilaciones leguleyas ni trucos procedimentales. Con especial decreto-ley el Gobierno cumple con la obligación de tratar de que aquellas entidades bancarias que han vendido préstamos hipotecarios con cláusulas suelo, las devuelvan de forma activa porque entre otros aspectos, como han señalado los jueces, son abusivas, faltas de transparencia y tampoco se informó adecuadamente al consumidor. Son ilegales, en definitiva, y por tanto nulas. Estamos ante un asunto crucial porque se suma a otros escándalos recientes en un sector que ha recibido en seis años grandes ayudas públicas en torno a los 61.500 millones de euros. En este caso, no solo está en juego la rápida devolución a los afectados de los aproximadamente 4.000 millones de euros que el Banco de España ha estimado como impacto de las cláusulas suelo, también lo está la credibilidad presente y futura de las instituciones y empresas financieras y, por supuesto, la de los responsables políticos que deben velar por el cumplimiento de la ley. Este conjunto de medidas es toda una guía de buenas prácticas, que tiene que servir de orientación para que a la avalancha de consumidores afectados se les devuelva mediante procedimientos ágiles su dinero indebidamente cobrado y con los intereses correspondientes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, señores diputados, señores ministros, les confirmo que Unión del Pueblo Navarro votará sí a la convalidación que este Real Decreto-ley 1/2017, aunque tenemos algunas dudas sobre si el mecanismo es absolutamente mejorable en el sentido de dar garantías y seguridad jurídica a los usuarios. Voy a hacer dos reflexiones antes de finalizar mi brevísima intervención. No he escuchado todavía a ningún portavoz -y espero que los que después tengan el uso de la palabra lo hagan- romper una lanza a favor de los profesionales de las entidades financieras y las entidades de crédito -subdirectores, directores, asesores, gestores, interventores- que hacen una magnífica labor de asesoramiento, pese a las tensiones comerciales y a los objetivos mensuales que tienen en sus oficinas. Por tanto, señores diputados, ni todos los profesionales engañaron o, mejor dicho, faltaron a la transparencia ni todos los usuarios que hoy van a acogerse a este real decreto-ley para restituir las cuantías asociadas a esas cláusulas, entre comillas, abusivas desconocían esa falta de transparencia.

Insisto, votaremos a favor, señor ministro. Nos parece correcto que jurídicamente esté incluida esa excepción fiscal en el IRPF para esas personas -algo que también Unión del Pueblo Navarro ha solicitado en el Parlamento Foral de Navarra-, para que Unión del Pueblo Navarro se lleve esa propuesta a su comunidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

Por fortuna, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su sentencia de diciembre, que declaraba la nulidad de una cláusula: no se pueden poner límites a sus efectos y debe considerarse como si nunca hubiera existido. Una vez más ha tenido que ser Europa la que falle a favor de los consumidores, poniendo límites a la continuada actuación a favor de la banca por parte de las autoridades españolas. Y es que no hay más que leer las conclusiones del abogado de Estado que se han mencionado antes, y su intervención en contra de los intereses de los consumidores, en el caso que nos ocupa, para comprobar una vez más que el Gobierno actúa siempre a favor de la banca. Por fortuna, Europa ha invalidado interpretaciones como las realizadas por las autoridades españolas que pretendían limitar los derechos de


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los hipotecados en el abono de las cantidades cobradas fraudulentamente. Como en todo lo que tiene que ver con la actuación de la banca en temas de hipoteca, el Gobierno va dando pasos a favor de los consumidores obligado, tarde y a regañadientes cuando no queda otro remedio. Pero actúa igualmente buscando poner mecanismos para ayudar a la banca a hacer frente a sus responsabilidades, cuando lo que las entidades deberían hacer es anular las cláusulas suelo y devolver lo cobrado por estas. El Gobierno, lejos de establecer esta obligación, da una prórroga de cuatro meses, deja en manos de las entidades decidir quién tiene derecho a cobrar el cálculo de las cantidades, la posibilidad de realizar una propuesta y, si esta no es aceptada por el cliente, es este último, una vez más, el que tiene que recurrir a los tribunales para defenderse, ya que quienes deberían hacerlo, es decir, el Gobierno, no tienen interés en hacerlo. Es, por tanto, este decreto, aunque intenten ponerle un envoltorio atractivo, el último favor que le hace el Gobierno a la banca y, desde luego, no va a contar con el apoyo de Euskal Herria Bildu.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, president.

Mando un saludo al presidente de Adicae.

Señor De Guindos, leído este real decreto sobre las cláusulas suelo, lo único que me queda por preguntarme es en qué consejo de administración usted acabará cuando se le acabe ser ministro, porque de dónde viene ya lo sabemos. La verdad es que ya sabíamos que ustedes son unos maestros del saqueo de dinero público, pero no sabíamos que también lo son del dinero privado, del saqueo del dinero de los estafados por las cláusulas suelo. De verdad, lo hacen ustedes muy pero que muy bien. En fin, permítame que no analice al detalle este real decreto porque en dos minutos comprenderán que es difícil, pero le voy a poner un ejemplo muy concreto. Con este real decreto en la mano las entidades no tendrán que comunicar a todos los afectados que pueden reclamar su dinero de las cláusulas suelo. Con poner un aviso en las oficinas o en alguna página web es suficiente. ¿Usted cree que esto es serio? A miles y miles de ciudadanos les han estafado con una cláusula ilegal y ustedes están regalando a la banca la posibilidad de que los estafados no se enteren de que se la pueden devolver y, si se enteran, la tasación vendrá únicamente por parte del banco. Pero hay más. Ayer nos enterábamos de que Bankia y Mare Nostrum iban a devolver íntegras las cláusulas suelo a los clientes estafados, comunicándoles directamente uno por uno su decisión para -cito literalmente- ahorrarse largos procesos judiciales.

A uno le saltan las alarmas: dos bancos que van más allá del real decreto para evitarse procedimientos judiciales. Algo pasa. Lo que pasa es que son dos bancos propiedad del Estado y ustedes quieren dejárselos limpitos a sus amiguitos toda vez que los privaticen.

Acabo con dos cosas, señor ministro. Esta es una herramienta inútil, ineficaz e insatisfactoria, una farsa más. Permítame dirigirme a la diputada Belén Hoyo, porque hay que tener muy poca vergüenza para acusar a las fuerzas del cambio de enchufismo y de clientelismo cuando ustedes robaron el dinero de la cooperación internacional en Valencia. (El señor Candela Serna termina su intervención en valenciano.-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señor ministro, muy brevemente, simplemente para manifestarle que nuestra formación política va a votar en contra porque entendemos que es un avance muy modesto. Cargan la iniciativa al consumidor. Entendemos que a estas alturas de la película la iniciativa la deberían tener, como ha tenido alguna entidad financiera, las propias entidades financieras. Nos genera muchas dudas cómo queda regulada la cuestión de las costas. También este un elemento mejorable, como algún otro. Si al final hubiesen accedido a que se tramitase como proyecto de ley y hubiésemos podido presentar enmiendas, quizás nos habríamos planteado una abstención con tono constructivo, pero esto no va a ser así.

A usted, señor ministro, a todo el Gobierno ausente, pero sobre todo al Grupo Popular, les debo felicitar porque ustedes son los protagonistas de la paradoja de la XII Legislatura. ¿Saben cuál es esa paradoja de la XII Legislatura? (Rumores). Que ustedes seguramente, desde la recuperación de la democracia, son el Gobierno con menos apoyo parlamentario en su grupo parlamentario, ciento treinta y cuatro diputados; en


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cambio, sus socios parlamentarios -ya no digo de Gobierno-, Ciudadanos y el Partido Socialista, les están permitiendo legislar a base de real decreto-ley. Esta es la paradoja. El Gobierno con más minoría gobierna a base de real decreto-ley. Repasemos, ¿sabe cuántas iniciativas legislativas han aprobado desde que ustedes son el nuevo Gobierno? Se lo recuerdo: ocho. ¿Sabe cuántas se han aprobado mediante real decreto-ley? Se lo recuerdo: ocho. ¿Sabe cuántas de estas no han sido tramitadas como proyecto de ley? Ocho. Eso se lo deben agradecer a su socio, Ciudadanos, y a su socio pasivo, el Partido Socialista, porque incluso, como en esta ocasión, no votando a favor del real decreto-ley van a permitir que no se tramite como una iniciativa legislativa en esta Cámara para presentar las correspondientes enmiendas.

En todo caso, alguien se quejaba en la anterior legislatura de que un Gobierno con mayoría absoluta abusaba del real decreto-ley y ahora les debo decir que no solo abusan, sino que de momento solo aprueban iniciativas legislativas mediante real decreto-ley. Eso se lo deben agradecer a sus socios parlamentarios, Ciudadanos y el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on.

Desde el estallido de la crisis, el sistema financiero ha estado en el centro del debate económico. Si hay un sector en la economía con la imagen deteriorada es la banca y no es de extrañar, entre otras cosas, por el coste de la recapitalización de la banca, las pérdidas millonarias, la mala gestión, sentencias sobre cláusulas abusivas. Aunque también tengo que decir que no toda la banca ha tenido el mismo comportamiento. Kutxabank, que no está entre las cajas intervenidas, es un ejemplo de que los negocios pueden hacerse de otra manera. Es en este sector en el que una vez más nos encontramos con que los tribunales, Supremo y Europeo, consideran que las cláusulas suelo no superan el control y transparencia material exigible en las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores. Entendemos que este decreto trata de encauzar una situación que afecta a una institución clave en la economía y en nuestra sociedad, como es la concesión de crédito, y que la solución extrajudicial que en él se desarrolla no es obligatoria y, por tanto, persiste el derecho de acudir a los tribunales.

No tenemos que olvidarnos de que las entidades de crédito son empresas y como tales su negocio principal es combinar operaciones crediticias de activos y pasivos para obtener beneficios, si bien esas operaciones deben hacerse con un marco regulatorio seguro que proteja al consumidor. Las cláusulas suelo no son abusivas porque establezcan interés alto, sino porque no cumplieron con un obligado control de transparencia. El decreto que hoy se presenta para su convalidación trata de ofrecer una salida sencilla, rápida y gratuita a los afectados por estas cláusulas, lo cual valoramos positivamente. (Rumores). Sin embargo, también entendemos que deja en el aire algunas cuestiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señoría, un momento.

Les ruego silencio, por favor.

Continúe.

La señora SAGASTIZABAL URIZETABARRENETXEA: La norma no especifica cómo proceder ante casos de cosa juzgada o pactos previos. La banca no tiene obligación de contactar individualmente con cada cliente con cláusula suelo y, en el caso de que se reciba la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver, cantidad que ha de ir desglosada y que ha de incluir las cantidades que corresponden en concepto de intereses, y no tenemos claro -el decreto tampoco lo regula- qué tipo de interés se va a utilizar. Pese a todo, y dado que es un mecanismo extrajudicial con el objetivo de evitar la saturación judicial y entendiendo que los bancos, ante la posibilidad de una derrota casi segura en los tribunales, preferirán hacer una buena oferta a los afectados y no arriesgarse a ir a un juicio en el que acabarían pagando la indemnización y las costas, y que para los particulares esta posibilidad también tiene aspectos interesantes a poco que la oferta de la entidad financiera sea mínimamente atractiva, lo normal es que los clientes la acepten porque se ahorran el juicio, cobrarán antes y no se arriesgarán a perder el caso ante los tribunales.

Con todas estas salvedades y matizaciones expresadas, nuestro grupo va a abstenerse en esta convalidación del real decreto-ley.

Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, president.

Si me permite, señor ministro, hoy empezaré por el final y es que, precisamente ayer, el presidente de Bankia les hizo a ustedes un spoiler como no habíamos visto con anterioridad. Resulta que al final Bankia les ha dejado a todos ustedes -al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista y a aquellos partidos que darán apoyo a la convalidación de este real decreto-, además de al resto del sistema bancario, en fuera de juego poniendo en evidencia a las entidades empecinadas en seguir cobrando la cláusula suelo y en no reconocer que es una cláusula nula. Precisamente ellos no han puesto condicionantes o limitaciones para la devolución, lo que conlleva la restitución íntegra de las cantidades más los intereses, así como el envío de una comunicación a todos los clientes afectados para informarles de la apertura del proceso extrajudicial. Por ello, algunas organizaciones, entre ellas Adicae, organizaciones de defensa de los consumidores, ya proponen que hagan ustedes extensible a todas las entidades financieras la anunciada devolución de las cláusulas suelo, es decir, les están diciendo que permitan tramitar este real decreto como proyecto de ley para que pueda incorporarse una adicional en este sentido.

Resulta que no era tan difícil regular un mecanismo extrajudicial para la devolución de cuantías cobradas abusivamente por las entidades. Señor ministro, les animamos a hacerlo, tramiten este real decreto como proyecto de ley. Si puede hacerlo Bankia, ¿por qué no pueden hacerlo el resto de las entidades bancarias, de los bancos, que en teoría se encuentran en mejor situación que Bankia? Ustedes han pactado un acuerdo que ahora, como se ve, es insuficiente, pues favorece de nuevo a los bancos y deja en la estacada a miles de ciudadanos. Empiezo por decirles que rectifiquen, que aún estamos a tiempo.

La existencia de este real decreto y, por tanto, su convalidación hoy aquí, trae causa de la necesidad de garantizar el cumplimiento, por las entidades bancarias, de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que enmendó la plana al Tribunal Supremo -es bueno recordarlo y decirlo-, pues este decía que una cláusula era nula a partir del momento de la sentencia y no desde el mismo momento en que era interpuesta dicha cláusula en un contrato.

En definitiva, haciendo lo que hoy estamos haciendo aquí, permitirán que les diga que se pliegan de nuevo a los poderosos, a las entidades financieras. Y es que hoy han perdido, o perderemos todos, una oportunidad de oro de demostrarnos, de demostrarse, sensibles con la ciudadanía. Tenían ustedes una posibilidad y no han querido, podían establecer la obligatoriedad de un procedimiento extrajudicial -definirlo-, un procedimiento sancionador para quien no cumpla y han preferido no hacerlo, ya que son complacientes.

Esquerra Republicana presentó una proposición no de ley el 22 de diciembre donde se establecía la necesidad de regular un procedimiento que fuera un mecanismo rápido, universal, colectivo y eficaz que garantizase la protección de los consumidores, evitando que la carga del proceso recayera sobre los ciudadanos o los clientes afectados, que exigiese la preceptividad de informar a cada uno de los clientes afectados de los derechos que les corresponden, es decir: que existiese una obligación de la entidad bancaria; que existiese la supervisión de asociaciones de consumidores y usuarios del proceso de retorno; que se estableciesen mecanismos de supervisión y, en su caso, un procedimiento sancionador a aquellas entidades que incumpliesen la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y como resultado, nos dejan un procedimiento que genera bastante dudas y que puede causar inseguridad jurídica. Ustedes invocan a menudo, la inseguridad jurídica y, después, a la hora de la verdad, el hecho de que se haga o no ley no quiere decir que se garantice tal seguridad jurídica.

Existen dudas más que razonables sobre la bondad de este real decreto y, por tanto, del procedimiento que se regula en el mismo. Por ejemplo, hay dudas más que razonables sobre la forma en que informará la banca de esta vía extrajudicial para resolver las reclamaciones. El decreto-ley dice que es necesario informar -repito- que es necesario informar, no que sea obligatorio hacerlo personalmente. Entonces, ¿cómo deberemos entender que la entidad bancaria ha cumplido, colgando un simple cartel en la oficina bancaria o colgando un banner en la página web de esa entidad bancaria? Insisto, no existe la obligatoriedad de que la banca se dirija a cada uno de sus clientes y, por tanto, habrá quien lo haga y habrá quien no lo haga. ¿Cómo se evitarán los pleitos? ¿Pondrán fin a los litigios? ¿Todos los bancos cumplirán? Hay bancos que ya de entrada se niegan a admitir que sus cláusulas suelo no fueran legales, por ejemplo, el Banco de Sabadell. ¿La solución arbitrada da respuesta a todo? ¿Qué pasa con las sentencias que han


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devenido firmes dictadas con anterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo? ¿Son cosa juzgada, son revisables? La vía propuesta es similar al supuesto de las preferentes, ¿tiene el ministro, el ministerio, las estimaciones sobre la proporción de hipotecas con cláusula suelo? ¿Qué ocurre con las hipotecas canceladas y con aquellas en las que los bancos llegaron a un acuerdo con el deudor hipotecario? ¿Qué ocurre con los vencimientos anticipados?

De hecho, como conclusión solo podemos pensar que no han tenido en cuenta para nada a las mismas organizaciones de consumidores cuando, por ejemplo, definieron, indicaron, sugirieron qué elementos fundamentales deberían contemplar en un mecanismo eficaz y justo para los consumidores hipotecarios. Algunas decían: obligación de los bancos de informar a todos los consumidores, el carácter universal de la solución para todos los consumidores, sometimiento generalizado de las entidades al sistema.

Este sistema extrajudicial no debería abordar el carácter transparente o no de las cláusulas suelo. Repito, este sistema extrajudicial no debería abordar el carácter transparente o no de las cláusulas suelo, pues esa cuestión queda zanjada por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En estos momentos ya hay entidades bancarias que cuestionan si sus cláusulas son o no susceptibles de serles aplicado este procedimiento. Al final, ya ven, su castillo de naipes se ha desmoronado con un solo soplo del presidente de Bankia, una lección para todos ustedes. Queda claro que, en definitiva, sí se podía, pero que no han querido.

Votaremos que no a la convalidación del real decreto. (Aplausos).

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Señor presidente, señoras y señores diputados, antes que nada, déjenme que les diga que algunas cosas que estoy oyendo aquí claman al cielo. (Rumores). Hay gente que mira los toros desde la barrera, gente que no ha querido o no ha sabido -yo más bien creo que no ha querido- negociar, que no es consciente de que hay millones de personas a las que se les tiene que restituir un derecho y que hay que hacerlo de modo que no colapse el orden jurisdiccional civil y que prefieren revolcarse en la demagogia por motivos que ni siquiera merecen el calificativo de políticos. En todo caso, lo merecen con minúscula porque estamos ante un asunto muy grave al que por fin se le puede encontrar una solución. El asunto es muy grave porque constituye un abuso masivo, lesivo y prolongado en el tiempo sobre millones de personas. Esta norma viene a corregirlo, bien es cierto que después de todo tipo de resistencias y de errores en el enfoque jurídico, teniendo que ser finalmente la justicia europea la que nos empuje a esta solución, lo que viene a confirmar que, de nuevo, todo aquello que viene de Europa a España le sienta bien, y en este caso es indudable. (Aplausos).

¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de contratos de préstamo o crédito que se garantizan con hipotecas inmobiliarias que tienen un tipo variable al que se le pone un tope por abajo en su variabilidad. Esto que ha parecido normal a las entidades financieras -si bien a otros muchos no-, que más allá de ninguna otra discusión hoy sabemos que es nulo, nulo, es decir, hoy es nulo, -da igual lo que discutamos, nunca han existido esas cláusulas- nos obliga, nos empuja, nos impele a restituir en sus derechos a los afectados para que queden en la misma situación en la que estarían si todo eso no se hubiera producido. (Rumores). A partir de ahí, de lo que se trata es de establecer las medidas que permitan esa restitución y de hacerlo a través de un cauce sencillo, previsible, voluntario para el consumidor, obligatorio para las entidades y -repito-, sobre todo, tratando de evitar un incremento de la litigiosidad que sería fatal para nuestro sistema. Y de eso, por pura responsabilidad política y ciudadana, había que participar, había que negociarlo, había que intentar que funcionara del mejor modo posible, de la forma más ágil, más rápida y que permitiera el cobro en efectivo, si ese es el deseo del afectado, y por eso hemos entrado en la negociación. En consecuencia, estas etiquetas que yo he escuchado sobre aquellos que hemos participado y que hemos conseguido cosas, no las acepto y les devuelvo un par. A quienes solo saben calificar esto yo les digo que son unos insensatos y unos irresponsables. (Rumores.-Aplausos).

Ciudadanos presentó -porque a nosotros nos preocupa esto desde que llegamos al Congreso- una iniciativa que en su día instaba al Gobierno a adoptar tres medidas. En primer término, a reconocerlo y a reconocer también la importancia social del problema; en segundo, instábamos al Gobierno a defender los derechos de los afectados por las cláusulas abusivas en cuantos procesos judiciales tuvieran audiencia a nivel nacional y europeo y, a facilitar mecanismos extrajudiciales, que finalmente ha sido la solución.


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Es decir, precisamente -repito- el mecanismo que establece ahora el real decreto que el Gobierno viene a convalidar. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señoría. Un momento. Les ruego silencio, por favor, señorías. Les ruego silencio. Tenemos que escuchar a quien tiene el uso de la palabra, que es exclusivamente el orador. Muchas gracias.

El señor GIRAUTA VIDAL: Por último, en ese momento también instábamos al Gobierno a iniciar los trámites urgentes necesarios para la modificación legislativa española, una modificación que garantizara de forma efectiva los derechos de los consumidores y usuarios. Esta PNL fue aprobada en la Comisión de Justicia el día 20 de diciembre de 2016, justo un día antes -casualidades de la vida- de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicara la tan esperada sentencia que al final nos ha traído aquí. Debo decir que esto fue previsto por nosotros y pactado con el Grupo Popular, constituyendo la cláusula número 15 de nuestro pacto de investidura, en la que se acordó la creación de una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero. Esta autoridad independiente vendría a unificar y reforzar los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros -banca, valores y seguros- para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios, y establecer -esto es muy importante y repito que estaba previsto, que está previsto pues está vigente en nuestro acuerdo con el Grupo Popular- contratos tipo de servicios financieros para minoristas que eviten los fraudes y acaben con el engaño de la letra pequeña. Pues bien, a pesar de que todo esto que acabo de explicar puede parecer obvio y pacífico, en un primer momento el real decreto pactado inicialmente por el Partido Popular y por el Partido Socialista no contemplaba alguna de las condiciones más elementales en estos extremos. En efecto en un primer momento el real decreto preveía que el banco pudiese compensar a sus clientes -cito textualmente- con medidas compensatorias distintas a la devolución de efectivo. Por otra parte se establecía una obligación general de comunicación por parte de los bancos a los clientes, pero no quedaba claro qué procedimiento debía utilizarse para llevar a cabo esa comunicación. Ese real decreto por tanto que se preparaba era mejorable en su redacción, y si hubiera quedado así nosotros no lo estaríamos convalidando. Sin embargo hemos podido negociar cinco condiciones fundamentales que hacen que vayamos a votar a favor de su convalidación, las cuales quiero recordar. Primera, el real decreto es potestativo para los consumidores y obligatorio para las entidades de crédito. Segunda, los bancos están obligados a proporcionar información previa a todos los clientes cuyos préstamos contengan o hayan contenido una cláusula suelo. Tercera, se garantiza la gratuidad del procedimiento y la posibilidad de acudir a cualquier sucursal -repito, a cualquier sucursal- de la entidad para solicitarlo. Este punto es muy importante, pues es en la sucursal y con el delegado de la misma con quien el ciudadano de a pie -que no tiene por qué saber nada de los entresijos financieros ni de letras pequeñas- firma, y tiene que ser en el mismo lugar donde vea restituidos sus derechos y, si puede ser, pedir explicaciones a la misma persona. Cuarta, el cobro tiene que poder ser siempre en metálico, incluyendo intereses, sin costo fiscal añadido, todo lo cual debe ser supervisado por un órgano con representación de abogados y de asociaciones de consumidores. Y la quinta condición, que ha sido aceptada, es que se prevé la posibilidad de acudir a las acciones judiciales sin penalización alguna en lo que a costas se refiere.

Por lo tanto es gracias a lo aportado en la negociación por mi grupo por lo que el contenido del real decreto protege eficazmente el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, prevé un mecanismo rápido y gratuito al alcance de todos los consumidores, zanja cualquier posibilidad de nuevos abusos en este sentido, alivia una carga de trabajo al sistema judicial -que seguramente habría sido insoportable y lo habría colapsado-, y justifica a mi modo de ver la convalidación de este decreto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Girauta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Robles Fernández.

La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista no va a dejar para el final -como han hecho algunos- indicar cuál es su posición. Va a ser una posición bien clara, la de abstenerse en este momento de la convalidación, y se va a abstener por varias razones que vamos a explicar. Lo primero que le quiero decir al señor ministro es que no es aceptable el aire triunfalista con el que ha llegado aquí. No lo podemos aceptar en ningún caso. Ustedes se han visto obligados por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a resolver un problema que se


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había creado a más de 1.950.000 familias. Se ha dicho aquí que el Tribunal Supremo español se había quedado corto. Sí, se había quedado corto, pero han sido jueces españoles los que han planteado una cuestión prejudicial que ha permitido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya pronunciado. Ustedes, señores del Gobierno, se han visto obligados a dar una solución, pero permítanme que les diga que las propuestas que ustedes inicialmente hicieron eran todas a favor de la banca, para proteger exclusivamente los derechos de la banca. Ustedes nos pasaron un texto con un código de buenas prácticas y un protocolo de actuación según el que la banca podía hacer sencillamente lo que quisiera. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, como usted sabe, se le dijo que en ningún caso íbamos a pasar por esos procedimientos que dejaban absolutamente en manos de la banca cualquier decisión. El Grupo Parlamentario Socialista tiene un sentido de la responsabilidad y un conocimiento de la realidad, y no vamos a aceptar a ningún otro grupo que nos dé elecciones de defensa de los consumidores. Mucho antes de que ustedes se crearan, muchos de los que estamos en el Grupo Parlamentario Socialista llevábamos años trabajando en defensa de los consumidores. Y si hemos hecho esa aportación a esta reclamación extrajudicial lo hemos hecho desde ese sentido de la responsabilidad. No podíamos dejar a 1.950.000 familias al albur de lo que ocurriera en un sistema judicial al que ahora me voy a referir.

Señor ministro, no le puedo aceptar su complacencia, porque hay que decir claramente que tenemos un sistema hipotecario que cuando menos debería producir un sonrojo de carácter jurídico. ¿Qué podemos decir cuando los tribunales españoles y los tribunales europeos declaran nulas las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado y ahora la obligación que se imponía a que fuera el consumidor el que hiciera frente a los gastos de constitución de la hipoteca? Ustedes en el Gobierno no han hecho nada. Ahora nos dicen que van a presentar una modificación de la Ley Hipotecaria, y yo les pregunto, ¿a qué esperan? La directiva es de febrero de 2014 y el plazo para incorporar al ordenamiento jurídico español esa directiva era marzo de 2016. ¿Qué están haciendo ustedes?

Es importante que digamos también, porque así lo entenderá todo el mundo, cómo tienen ustedes, señores del Gobierno, el sistema judicial español. Tenemos una justicia absolutamente colapsada en la que desde 2014 no crean ni un juzgado unipersonal. El señor ministro de Justicia estaba y ha salido, quizá porque tenga algo de vergüenza de la situación en la que se encuentra la justicia. Hay 1.970.000 asuntos en la jurisdicción civil. No se crean juzgados. Tenemos una justicia absolutamente colapsada y sin medios. Ahora a algunos les resulta muy fácil y sencillo decir que las personas vayan a los tribunales. ¡Qué más le gustaría al Grupo Parlamentario Socialista que se pudieran resolver las cuestiones que han planteado el sistema financiero español y el sistema hipotecario con su pasividad, con ese sonrojo por lo menos jurídico! Desde la responsabilidad nosotros no podíamos aceptar que las reclamaciones de las personas que tienen legítimo derecho a que se les devuelva aquello que indebidamente se creó en la banca con las cláusulas suelo no tuvieran una respuesta ágil y eficaz, y no solamente son las cláusulas suelo, tenemos las cláusulas de vencimiento anticipado, sobre las que el tribunal de la Unión Europea ha vuelto a decir que son abusivas. Como decía antes también los gastos a los que ustedes estaban obligando, permitiendo que el sistema hipotecario cayera en manos de los consumidores. Esto es importante que los ciudadanos lo sepan, porque aquí al Parlamento se viene a decir las cosas claras, se viene a dar respuesta asumiendo responsabilidades, conociendo la realidad, no haciendo discursos teóricos. Ese más de millón y medio de personas que tienen una cláusula suelo tienen que saber que los tribunales españoles -porque ustedes, el Gobierno, no les dan medios- están colapsados, que no sabemos cuándo tendrían una respuesta a sus pretensiones, y que por el camino algunos pretenderían hacer un negocio extra cobrando a lo mejor los intereses de aquellas personas que tenían derecho a que se les devolvieran esos intereses, porque todos sabemos que este decreto-ley que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto es por aquellos que se frotaban las manos pensando que a lo mejor podían hacer un negocio con las reclamaciones judiciales. Desde la responsabilidad el Grupo Parlamentario Socialista tiene que decir a los ciudadanos que tienen cláusulas suelo que si van a los tribunales a lo mejor les dan respuesta, pero se la darán dentro de año y medio o de dos años, y resulta que a lo mejor los intereses se los quedan los que están asumiendo su defensa. Por eso nosotros entendemos que este decreto-ley -y el procedimiento extrajudicial que regula- ayuda a resolver ese problema de los consumidores -y digo bien, los consumidores-, porque aquí se ha preguntado también por qué no se aplica a todos; sencillamente porque las sentencias de los tribunales españoles dicen que se aplica a los consumidores exclusivamente.


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Este decreto-ley, gracias al apoyo, gracias a las iniciativas y gracias a la presión del Grupo Parlamentario Socialista ha establecido un procedimiento extrajudicial que es voluntario. (Rumores). Esto es muy importante; a nadie se le obliga a acudir a este procedimiento como consumidor,...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Robles, un momento, por favor.

Les ruego silencio, por favor.

La señora ROBLES FERNÁNDEZ: ... sin embargo es obligatorio para los bancos. Por tanto a aquel que le parezca tan mal y entienda que se vulneran sus derechos constitucionales que no acuda a este procedimiento. Ahora bien, este procedimiento es ágil, es gratuito y es voluntario, y de esta manera vamos a evitar que otros hagan determinados negocios.

Se decía que los bancos iban a evitar las responsabilidades que tienen. No, los bancos no lo van a poder evitar, porque expresamente se recoge la obligatoriedad que tienen de informar a los consumidores. Yo les digo desde ese sentido de la responsabilidad que este decreto-ley y el procedimiento extrajudicial dan una respuesta muy ágil y con protección plena de los derechos de los consumidores. Ahora bien, nosotros nos vamos a abstener, porque tenemos dudas de lo que van a hacer los bancos y de lo que van a hacer ustedes como Gobierno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por eso yo ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista va a ser absolutamente exigente en el control de lo que vayan a hacer las entidades bancarias, como va a ser absolutamente exigente en esa comisión de control que se tiene que crear ya. Señor ministro, no crea que poniendo una habilitación normativa nos vamos a olvidar de esa comisión de control. Vamos a exigir que esa comisión de control haga un seguimiento muy detallado de lo que están haciendo los bancos. Vamos a pedir y a exigir que den cuenta, por medio de comparecencias, de lo que están haciendo los bancos y del trabajo de la comisión de control.

De la misma manera vamos a exigir que de una vez por todas se traiga el texto de la Ley Hipotecaria adaptada a la directiva de 2014. Todas las asociaciones de jueces están conformes con este decreto, como lo está el Partido Socialista en una parte. Es necesario, pero es absolutamente insuficiente. Por tanto no sean ustedes más complacientes con el sistema hipotecario español, y traigan de una vez por todas la nueva Ley Hipotecaria. Es absolutamente imprescindible que la transparencia se eleve a categoría general para que desaparezcan las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado. No duden los consumidores, que son los que exclusivamente importan al Grupo Parlamentario Socialista, que haremos un control exhaustivo, de la misma manera que haremos un control exhaustivo de la Ley 1/2013, de la moratoria que se ha concedido a aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y a las que se les han suspendido los desahucios.

Por tanto, nos vamos a abstener...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora ROBLES FERNÁNDEZ: ... desde la responsabilidad, pero el Grupo Socialista no acepta que nadie, que ningún grupo le dé lecciones sobre la defensa que hacemos y que vamos a hacer de los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, me gustaría iniciar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular agradeciendo al Gobierno, así como al resto de grupos parlamentarios con los que el Gobierno ha negociado, el importante esfuerzo que han realizado para poder dar solución a un problema que preocupaba, y mucho, a muchas familias españolas, en concreto a 1,5 millones de personas, según datos del Banco de España. Son todas estas personas las que se vieron afectadas por una situación caracterizada por las denominadas cláusulas suelo, es decir, cláusulas incluidas en contratos de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria a un tipo variable, aunque ese tipo variable tenía un límite a la baja, tenía un suelo. Estas cláusulas ya en 2013, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, se declararon abusivas por su falta de transparencia e información al consumidor, por su asimetría, cuando existe una cláusula suelo pero no existe cláusula techo, o por su desproporción, si se considera que aunque existe cláusula techo esta es tan lejana que al final es inoperativa. De este modo la sentencia del Tribunal Supremo


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declaraba la nulidad de esas cláusulas opacas y desproporcionadas, si bien no podía aplicarse con carácter retroactivo, sino solo a partir de la fecha de la sentencia. Tres años después, el pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la restitución de las cláusulas suelo abusivas debía producirse desde la fecha de la firma del contrato de la hipoteca, es decir, durante toda la vida de la hipoteca.

Tras esta última sentencia el Gobierno, con buen tino, decidió tomar las riendas ante el previsible incremento de reclamaciones por parte de los consumidores afectados. Del resultado del trabajo realizado, del esfuerzo que creo que debemos reconocer al Gobierno y a todos aquellos que se han sentado a negociar con el Gobierno surge este cauce extrajudicial regulado en el decreto-ley que hoy traemos a esta Cámara. Este decreto-ley, este cauce extrajudicial tiene como objetivo resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las sentencias judiciales que he mencionado, y hacerlo de una forma rápida, sencilla y gratuita. (Rumores). Precisamente en esta necesidad de rapidez en la solución, en esta necesidad de respuesta rápida al consumidor está el motivo de que lo tramitemos vía decreto-ley y no vía proyecto de ley, como en algún momento ha comentado el ministro, aunque vale la pena volver a recordarlo, porque lo han comentado varios portavoces. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

La señora PALMER TOUS: El Gobierno, debo decir que de una forma extraordinariamente rápida y eficaz, ha tomado la decisión de establecer este procedimiento extrajudicial, y lo ha hecho con dos objetivos esenciales. En primer lugar, ayudar a evitar que se colapsen los juzgados. Pensemos que judicializar el cien por cien de las cláusulas suelo, solo un millón y medio de demandas nuevas en juzgados, supondría doblar prácticamente los litigios civiles, y elevaría el tiempo medio de respuesta de los juzgados de primera instancia de unos nueve meses a treinta y nueve y pico. Y en segundo lugar -y no por ello menos importante, sino todo lo contrario-, favorecer la devolución de las cantidades indebidamente cobradas de una forma rápida -menos de tres meses-, de una forma eficaz y de una forma gratuita para el cliente, garantizando así la adecuada protección del consumidor y cumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido es importante subrayar que quien tiene la última palabra es el consumidor, dado que es él quien decide. Por un lado, si está de acuerdo con la cantidad ofrecida por la entidad puede negociar el modo de devolución, bien sea a través de efectivo o bien negociando otro sistema de compensación distinta de la devolución de la cantidad cobrada indebidamente, como puede ser una rebaja de las cuotas hipotecarias pendientes. Por otro lado, en el caso de que no esté de acuerdo con lo ofrecido por la entidad, siempre, siempre, siempre puede acudir a la vía judicial para dirimir las diferencias, con lo cual la decisión última siempre -repito- es del consumidor, y no se limita ninguno de sus derechos iniciales, lo que considero por cierto bastante relevante, y algunos se empeñan en negar ese aspecto.

En el caso de acudir al procedimiento judicial el real decreto también es incentivador para que la entidad financiera resuelva y actúe de forma correcta y de buena fe. Esto es así porque se ha determinado que se impone la condena en costas judiciales a la entidad, en el caso de que la sentencia sea económicamente más favorable que lo que se había ofrecido inicialmente por parte de la entidad, o bien no tiene que soportar esas costas en el caso de que se allane antes de la respuesta judicial.

En cuanto al tratamiento fiscal de las cantidades percibidas creo que el mecanismo diseñado consigue el objetivo de neutralidad fiscal, y además creo que es ventajoso para el contribuyente. Así, solo en el caso de devolución en efectivo y solo en el caso de que el cliente se hubiera deducido las cantidades cobradas por el banco en su declaración de IRPF por algún concepto, bien sea por deducción en vivienda o por alquiler de inmueble en propiedad, este deberá regularizar su situación fiscal y lo hará sin ningún tipo de recargo. En cualquier caso, cuando lo haga devolverá cantidades que en su momento se ahorró en el pago de impuestos, que en su momento dejó de pagar, por lo que fiscalmente su situación será neutra. Cabe destacar que evidentemente solo se deberá hacer esa regularización para los años no prescritos; es decir, los últimos cuatro. Asimismo los intereses de demora ligados a las cantidades devueltas por el banco no están sujetos a tributación, lo que sin duda supone una ventaja del sistema en términos fiscales.

En suma, con la aprobación del decreto-ley que hoy discutimos el Gobierno ha pretendido dotar de seguridad jurídica al proceso de reclamaciones, para que este se lleve a cabo con todas las garantías para el consumidor, a la vez que aspira a reducir la carga judicial y evitar el colapso judicial, a través del diseño de un mecanismo extrajudicial que es rápido, sencillo, ágil y sin coste para el ciudadano, gratuito y fiscalmente neutral; un ciudadano que además ostenta en todo momento la capacidad de decisión en


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cuanto al procedimiento a seguir. Por otra parte, es un mecanismo extrajudicial obligatorio para el banco -se ha repetido aquí bastantes veces- y voluntario para el consumidor. Por tanto, repito, es este quien tiene la última palabra en cuanto al procedimiento.

Cabe señalar también, porque creo que está muy relacionado con lo que tratamos ahora, que el Ministerio de Economía -lo ha comentado el señor ministro- trabaja en un nuevo proyecto de Ley Hipotecaria. (Rumores). El objetivo de este proyecto de ley es aumentar la transparencia de cualquier cláusula en un contrato de hipoteca. Se trata de mejorar el funcionamiento del sistema hipotecario para que la financiación para adquirir una vivienda siga fluyendo, tal y como se ha hecho históricamente en España.

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Ruego silencio. Un segundo, señoría.

Silencio, por favor. Adelante.

La señora PALMER TOUS: La idea es conseguir que los clientes bancarios tengan claras desde el primer momento todas las características de la hipoteca. Se establecerán todos los requisitos para asegurar que así sea, que el consumidor conoce todos los aspectos que le pueden afectar. ¿Qué se pretende con ello? Evidentemente que no vuelvan a producirse situaciones como las que hemos vivido con las cláusulas suelo.

En suma, y para acabar, señorías, la necesidad de establecer un marco para atender una doble decisión judicial que afecta a 1,5 millones de españoles ha sido asumida por el Gobierno del Partido Popular, dándole una respuesta sencilla a pesar de la complejidad del objetivo. Son como digo 1,5 millones de españoles, con 1,5 millones de hipotecas y 1,5 millones de cláusulas. No era por tanto un objetivo nada sencillo. No era posible, como he oído aquí y defienden algunos, una resolución automática y generalizada tras las sentencias judiciales, porque cada caso es particular y debe ser tratado individualmente. Repito, no era fácil, pero el Gobierno asumió la necesidad de hallar una solución, y con esta intención en mente el Gobierno contactó, negoció y pactó una solución, la que hoy traemos. Por tanto este decreto-ley es fruto del diálogo, la negociación y el acuerdo, una línea de acción que caracteriza lo que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende que sea la forma de trabajar de esta legislatura.

Los que no quisieron participar en esta solución -porque eso es lo que es, una solución- deben reflexionar sobre cuál es su motivación. La protección del consumidor es un objetivo fundamental en la política de este Gobierno, y así lo ha reflejado sin duda en este asunto. Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy está centrado en dar solución a los problemas reales de los españoles, otros están en la crítica y el reproche continuos o metidos en sus propios conflictos internos, conflictos que en nada benefician a la sociedad ni suponen aportación alguna en la mejora de vida de los ciudadanos españoles. Este Gobierno, el del Partido Popular, sí está en ello y lo estamos demostrando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, antes de iniciar las votaciones quisiera decirles que, como sus señorías conocen, este fin de semana ha fallecido la que fuera nuestra compañera diputada durante dos legislaturas y primera alcaldesa de nuestra democracia, Pilar del Pulgar. Creo que recojo el sentir de todos si traslado a sus familiares en nombre de la Cámara nuestro más sentido pésame, y le rendimos desde aquí nuestro homenaje en reconocimiento a su trayectoria en la política española.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 6/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente 130/000005).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.

Votamos, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 3 votos telemáticos, 339; a favor, 243 más 2 votos telemáticos, 245; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 93.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Por haber sido solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia procedemos a su votación. (Rumores). Señorías, les ruego silencio, si no tendré que parar la votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 3 votos telemáticos, 341; a favor, 88 más 1 voto telemático, 89; en contra, 242 más 2 votos telemáticos, 244; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 7/2016, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL MECANISMO DE FINANCIACIÓN DEL COSTE DEL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de expediente 130/000006).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 3 votos telemáticos, 340; a favor, 245 más 3 votos telemáticos, 248; en contra, 77; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado que este real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pasamos a votarlo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 88 más 1 voto telemático, 89; en contra, 246 más 2 votos telemáticos, 248; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO. (Número de expediente 130/000007).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 164 más 2 votos telemáticos, 166; en contra, 88; abstenciones, 87 más 1 voto telemático, 88.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Pasamos a su votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 88 más 1 voto telemático, 89; en contra, 245 más 1 voto telemático, 246; abstenciones, 6 más 1 voto telemático, 7.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Al ser una sesión extraordinaria, se levanta la sesión.

Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

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