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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 29, de 14/02/2017
cve: DSCD-12-PL-29
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 29
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 27
celebrada el martes,
14 de febrero de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Modificación del orden del día ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 20-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000010) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 49-1, de 21 de octubre de 2016. (Número de expediente 122/000038) ... (Página19)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 91, de 24 de enero de 2017. (Número de expediente 162/000296) ... (Página33)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 36, de 21 de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000200) ... (Página43)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil. (Número de expediente 173/000013) ... (Página50)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España. (Número de expediente 173/000014) ... (Página57)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana. (Número de expediente 173/000015) ... (Página66)

Minuto de silencio ... (Página73)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página73)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página73)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página74)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

La señora doña María Torres Tejada adquiere la condición plena de diputada al prestar acatamiento a la Constitución.

Modificación del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día correspondiente a interpelaciones urgentes, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista se debata en primer lugar, pasando a debatirse en último lugar la del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, lo que se aprueba por asentimiento.

Página

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local ... (Página19)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Honorato Chulián y el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro, el señor Martínez Oblanca, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página33)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley el señor Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, Candela Serna y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra el señor Domènech Sampere.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil ... (Página43)

Defiende la proposición no de ley el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Carreño Valero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Galovart Carrera, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Barrionuevo Gener, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Gómez.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página50)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil ... (Página50)

Defiende la moción el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y el señor Salvador Armendáriz, del mismo grupo; y los señores Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España ... (Página57)

Defiende la moción el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bataller i Ruiz, del mismo grupo; el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mayoral Perales.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana ... (Página66)

Defiende la moción el señor González Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Rivera Andrés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Pastor Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor González Ramos.

Página

Minuto de silencio ... (Página73)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio ante los últimos crímenes por violencia de género, en señal de homenaje a todas las víctimas.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página73)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, se aprueba por 341 votos a favor más 2 votos telemáticos, 343, y 1 en contra.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local, se rechaza por 86 votos a favor, 171 en contra más 1 voto telemático, 172, y 85 abstenciones más 1 voto telemático, 86.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página73)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario, se rechaza por 164 votos a favor, 177 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por todos los grupos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil, se aprueba por 342 votos a favor.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página74)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil, se aprueba por 327 votos a favor y 13 abstenciones.

Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de transponer la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los procedimientos


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de ejecuciones hipotecarias en España, se aprueban los puntos número 2, 3, 4, 9 y 10, y se rechazan los número 1, 5, 6, 7 y 8.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencia que han padecido miles de ciudadanos españoles, con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana, se aprueba por 260 votos a favor, 1 en contra y 80 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña Ángeles Isac García pregunto a doña María Torres Tejada si jura o promete acatar la Constitución.

La señora TORRES TEJADA: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: Doña María Torres Tejada ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena, señoría. (Aplausos).

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la parte correspondiente a interpelaciones, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, que figura en el orden del día como punto 28, se debatirá en primer lugar, pasando a debatirse en último lugar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, que figura como punto 26 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 DE REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Número de expediente 122/000010).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos, señorías, la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley; en concreto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, muy buenas tardes.

Se trae a la toma en consideración de esta Cámara una reforma de la Ley del indulto, ley de 1870. Su contenido afecta a cinco artículos de la citada ley, con una disposición transitoria y otra final. Señorías, si me permiten, explicaré los puntos concretos cuya alteración se trata. En primer lugar, no conceder indultos, ni totales ni parciales, por dos tipos de delitos: los delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, y los delitos relacionados con la violencia de género. Es una manifestación y expresión de eso que decimos tantas veces de tolerancia cero con la corrupción y con la violencia de género. Evitar que estos condenados puedan ser indultados es una manifestación de ese rechazo total que inspiran tales comportamientos. Les seré sincero, mi grupo parlamentario no


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sabe -ojalá que sí- si con ello vamos a evitar delitos, pero desde luego estamos seguros de que va a funcionar la prevención general y, en este caso, será una manifestación de soberanía, como toda ley es, y mandando un mensaje inequívoco de que las sentencias y sus fallos en estos delitos se cumplirán inexorablemente. En segundo lugar, la modificación legal, bajo sanción de nulidad, tiene que hacer referencia a unas menciones. Primero, a la pena que se indulta; segundo, al delito cometido; tercero, al estado de ejecución; cuarto, al título de imputación; quinto, al origen de la solicitud de ese indulto y, lo que es el nudo gordiano, a la motivación que, a juicio del Gobierno, merece su justificación y que así debe de aparecer en el Boletín Oficial del Estado. Hay un tercer paquete relativo a lo que afecta la modificación. Esta modificación legal exige que para que se pueda conceder un indulto total ha de contar con el parecer favorable del tribunal o del juez sentenciador, indicando que existen razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado que así lo aconsejen.

Señorías, intentaré ser breve, pero permítanme algunas consideraciones. Sé que el instituto del indulto nos genera a muchos una suerte de contradicción, una primera de rechazo y otra de absoluta necesidad. Efectivamente, por ser una institución originariamente unida a las concepciones teocráticas y absolutistas del poder, fue objeto de una cerrada crítica a partir de la Ilustración; crítica a la que se sumaron la Escuela Correccionalista y la Escuela Positivista. Así, por ejemplo, el marqués de Beccaria, en su Tratado de los delitos y las penas, o el propio Kant. Hoy podemos decir que ese rechazo aún subsiste. Dicho lo cual, adelantamos su enorme necesidad; necesidad sí, aunque de uso excepcional. Se dice de la existencia casi inmemorial de la gracia, que el perdón, la clemencia, es contemporánea al delito, aunque realmente lo es más bien al propio poder, pues la clemencia tanto como el castigo son igualmente manifestaciones de ese. Hablar de indulto es hablar de la historia de la humanidad y del poder. Todos -sobre todo los algo ya mayores- recordamos cuando nos enseñaron aquello del libro del Génesis: pecado original y expulsión del paraíso terrenal. Adán y Eva estaban conminados a no comer el fruto del árbol prohibido -¡no comáis de él, no lo toquéis, so pena de muerte-, pero cuando comieron del árbol prohibido simplemente fueron expulsados del paraíso. Fue el primer indulto o conmutación de la pena de la historia. Pero es que existen remotas manifestaciones en los libros sagrados de la India, en las prerrogativas de los reyes de Israel, del antiguo Egipto. De Grecia proviene el término amnistía, regulada en la llamada ley del olvido, que Trasíbulo hizo votar a los atenienses, una vez expulsados los treinta tiranos. También en Roma, tanto en la de los reyes como en la republicana, existieron formas de ejercicio del supremo derecho de gracia que, establecido el Imperio, con el apoyo del Senado, se fue haciendo cada vez más absoluto y más completo y residenciándolo en la persona del emperador. Durante la Edad Media el soberano y, por extensión, los señores feudales y las municipalidades administraban conjuntamente la potestad de sancionar y el privilegio de perdonar. Juzgaban y perdonaban sin garantías; perdonaban al libre albedrío. Ninguna norma sometía o reglaba tales atribuciones. Estas facultades fueron progresivamente concentrándose en los reyes, de forma que en el periodo de las monarquías absolutas y del derecho divino se desarrolló y aplicó enteramente esta doctrina. Los primeros reflejos del derecho de gracia en el derecho positivo español se remontan al siglo XIII con el Fuero Juzgo. Con el Fuero Real, promulgado en 1254 por Alfonso X el Sabio, el rey se arroga para sí la potestad legislativa y se convierte en fuente creadora del derecho, aunque hay que recordar que el Fuero Real jamás llegó a ser derecho castellano propiamente dicho. En Las siete Partidas la clemencia aparece como una competencia no solo del monarca, sino también de los nobles y los señores, pues todos eran cotitulares del ius puniendi del Estado.

Avanzando en este zum histórico, diremos que la nueva recopilación incluye importantes disposiciones sobre los perdones, apareciendo en ellas la clemencia como una facultad regia en su expresión de los indultos y perdones reales, pero es en el Estado absolutista cuando la gracia alcanza su mayor consideración en cuanto a manifestación de dicho sistema de poder. El barón de Montesquieu en El espíritu de las leyes considera el derecho de gracia como el más bello tributo de la soberanía. Por su parte, Bodin, en su obra Los seis libros de la República, entre los derechos reservados a la soberanía señala que está indudablemente el de otorgar gracia a los condenados. Llegó el constitucionalismo y con él los límites a los poderes absolutos. Solo unas pinceladas: el Estatuto de Bayona de 1808; cómo no, la Constitución de Cádiz de 1812, que estableció como principal facultad atribuir al rey la de indultar a los delincuentes, pero, he aquí lo importante, con arreglo a las leyes, de manera que aparece por primera vez en coherencia con el signo liberal del texto, la necesidad de sometimiento a la ley en el ejercicio de la gracia. En las constituciones de 1837 y 1856 aparece la prohibición de los indultos generales. Por su parte, el Real Decreto de 7 de diciembre de 1866, donde el ministro de Gracia constituye la primera disposición del siglo XIX que ofrece una regulación sistemática de los límites a la facultad de indultar. Ese decreto estaría


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en vigor hasta la aprobación de la Ley de 1870, y sus límites impuestos al ejercicio de la gracia de indulto general y de amnistía volvieron a reaparecer en la Constitución de 1869. Es en este periodo constitucional cuando se aprueba la ley que hoy pretendemos reformar, la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Es un texto legislativo que, como tantos de ese año, nació con vocación de ser provisional y cuya vigencia se extiende hasta nuestros días, con la tímida y única excepción de la supresión de todos los indultos, salvo para los supuestos de pena de muerte, durante el periodo de cinco meses, implantado en la Ley de 1873, y transformada tan solo por la del contenido del 22 de abril de 1938 y en la Ley 1/1988. La Constitución de 1876 reprodujo las líneas generales ya aludidas. La II República dará un nuevo giro a la regulación de la gracia, entre otros aspectos porque atribuye la facultad general de conceder los indultos particulares por primera vez en la historia del constitucionalismo a un órgano del Poder Judicial, concretamente al Tribunal Supremo, extendiendo dicha facultad, excepcionalmente, al presidente de la República. El franquismo supuso la atribución al jefe del Estado de modo exclusivo y excluyente. Y con ello, y con ligeras modificaciones, llegamos a la Constitución de 1978. Se vuelve a atribuir el ejercicio de la prerrogativa de gracia al monarca, con arreglo a las leyes. Se prohíben expresamente los indultos generales. Se omite cualquier referencia a la amnistía. Se excluye al presidente y a los demás miembros del Gobierno de los sujetos susceptibles de beneficiarse de la gracia. Y se excluye expresamente la prerrogativa de gracia en las materias objeto de la regulación por la vía de la iniciativa legislativa popular. De manera que podemos concluir, señorías, que los institutos de clemencia son residuos del poder absoluto subsistente en el Estado constitucional, pero son necesarios en su excepcionalidad. Así, cumple varias finalidades. Son instrumentos de corrección de ciertos preceptos legales. En otros casos, también es utilizado el indulto como respuesta al cambio de una doctrina jurisprudencial, al no ser posible la revisión de las sentencias en tales casos. A veces, los jueces y tribunales, cuando consideran que la aplicación correcta de una ley es excesiva, solicitan el indulto.

Discúlpenme por este excurso, pero me parecía oportuno traer a colación la historia para no hacer buena aquella frase de Hegel de que los Gobiernos nunca aprendían nada de la historia; de eso y de que siempre la gracia nos acompaña, y de paso disipar esa tensión de supresión de la institución, basados en la ilusión racionalista de que el legislador omnisciente, guiado únicamente por la razón, podía instruir e iluminar al juez lo bastante como para evitar cualquier necesidad de consideración ulterior del caso. Hoy sabemos sobradamente -después volveré sobre ello- que esto no es así. Pero también sabemos de su excepcionalidad y de que ha llegado la hora de vetar su posibilidad en aquellos supuestos que generan verdadera repugnancia en nuestra ciudadanía. Nuestro texto constitucional, vía 62, letra i), otorga al rey ejercer el derecho de gracia, conforme a la ley, y en su artículo 102.3, impide, como he dicho, que tal gracia llegue al presidente del Gobierno y a los miembros del Gobierno. Pero nada impide que, vía legal, se amplíen los supuestos donde la gracia no alcance, y quiero señalar que la corrupción y la violencia de género... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Campo.

Señorías, nos quedan horas por delante de Pleno. Llevamos diez minutos de Pleno. Ruego silencio. Es casi imposible escuchar al orador.

Adelante, señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.

Quiero señalar que la corrupción y la violencia de género piden a gritos ser excluidos de tal medida. Esto es lo que ahora pretende mi grupo parlamentario. Como ya anticipé, el indulto continúa ejerciéndose conforme a las disposiciones de la Ley de 1870. No obstante, la aprobación de la Ley 1/1988, de 14 de enero, modificó parcialmente la Ley de 1870. Dio lugar a cambios procedimentales, flexibilización y agilización del procedimiento, pero lo verdaderamente trascendente de esa reforma y de donde, a mi juicio, vienen muchos de los problemas que actualmente padecemos es que se suprimió la necesidad de motivación del real decreto de concesión. Con ello, introduzco el segundo de los puntos de la innovación que con esta modificación legal se pretende. La Ley de 1988 modificó el artículo 30, y donde decía "decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros" se cambió solo por la expresión "real decreto"; supresión de la motivación con la que -escribió Requejo Pagés- se terminaba con casi ciento veinte años de indultos motivados y se volvía -y en ella seguimos- a las maneras propias de los tiempos de la real gana. La eliminación de la motivación de los reales decretos de concesión de la gracia invita, sin duda, a un ejercicio más libérrimo -y utilizo la acepción como atrevido o desenfrenado-, y si cabe, que la utilice el Gobierno. Esto supuso un retroceso en cuanto a la excepcionalidad que


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debería ser la gracia y reduce hasta el extremo la responsabilidad política que se asume mediante la concesión, porque el ciudadano, mediante la publicación en el BOE, va a conocer que se le ha concedido un indulto a una determinada persona, pero desconocerá por completo cuáles han sido las razones de justicia, de equidad o de utilidad pública que establece la ley. Por otra parte, algún autor sostiene que de nada sirve exigir la motivación de los reales decretos sin la previsión de mecanismos de control. Mi grupo parlamentario entiende que hay que volver a una cierta exigencia de motivación, que al menos ya podría dar lugar a un control siquiera formal sobre su existencia, lo que supondría un freno a la arbitrariedad. Si hoy repasamos cualquier página donde se recojan los reales decretos de indulto, veremos que después de citar la causa, el juzgado, la persona y la pena aparecen -porque aparecen- razones de justicia y equidad, pero no se nos dice cuáles son las razones de justicia o equidad que concurren en el caso concreto. Por eso, es necesario distinguir la motivación de lo que establece el texto constitucional en el artículo 120, punto tercero, sobre la motivación de las sentencias. No se trata de explicar al órgano superior, no, no discutimos la naturaleza graciable del acto, lo que discutimos es que tenemos que explicar a la ciudadanía que, como ciudadanos, tenemos derecho a conocer, a entender y a comprender qué razones de justicia o de equidad se dan en una determinada persona que recibió el castigo de los tribunales para que no cumpla o se le conmute parcialmente la pena. Insisto, es preciso reconocer el carácter graciable del indulto. No obstante, ello no es obstáculo para que se expliquen a la ciudadanía las razones que concurren en un determinado indulto. Insisto, no hablamos de ese carácter constitucional de la motivación de las sentencias, aquí estamos hablando de hacer más ciudadanía, estamos hablando del derecho a comprender que tenemos los ciudadanos. En este sentido, debe aprovecharse esta oportunidad para que la ciudadanía coteje que el uso graciable por el Gobierno constituye en sí mismo un modelo de buenas prácticas en materia de justicia. Ha de volverse a la motivación del real decreto de concesión, siquiera sea por referencia al cumplimiento de los presupuestos legales establecidos para el indulto, que se explique a la ciudadanía qué se entiende por razones de justicia o de equidad.

Por eso, señorías, ha llegado la hora de modificar esa vieja ley. En primer lugar, para que garantice y corrija lagunas, insuficiencias, anacronismos, inconcreciones, contradicciones, generalidades e indeterminaciones. En segundo lugar, para que la institución del indulto sea utilizada con finalidades constitucionalmente legítimas, impidiendo que al amparo de lagunas jurídicas el Poder Ejecutivo invada competencias que correspondan al Poder Judicial o a sus órganos de gobierno o infrinja los principios de seguridad jurídica y separación de poderes. Y en tercer lugar, la institución debe reafirmarse como medida excepcional. Los motivos de concesión deben ser restrictivos y la indeterminación de la ley, al no precisar los supuestos de hecho, debe salvarse en una concreta y detallada justificación, rechazándose, pese a su genérica legitimación, su paulatina conversión en instancia final.

Muy brevemente. En la ya apuntada se procura que la gracia total quede circunscrita...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor CAMPO MORENO: Un segundo, señora presidenta. No me paró el tiempo cuando pidió silencio a los diputados, le pido, por favor, un minuto, treinta segundos.

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Campo.

La Presidencia contó los segundos, que fueron treinta y cuatro, y usted lleva más de un minuto. Le recuero que soy yo la que controla los tiempos. Puede usted terminar.

El señor CAMPO MORENO: Se lo agradezco, señora presidenta. Treinta segundos.

En la línea apuntada se procura que la gracia quede circunscrita y exigimos que el indulto total solo pueda ser real si cuenta con el parecer del tribunal que en nombre de la sociedad lo condenó. No es un retorno a la vía jurisdiccional, sino una manera de confrontar las sentencias dictadas en nombre del rey con el indulto ejercido por el monarca.

Termino, señorías. El 22 de diciembre de 1849 Dostoyevski fue situado frente al pelotón de fusilamiento para cumplir la sentencia de muerte a la que había sido condenado. En el último momento, casi sonando los disparos, llegó el indulto. De no haber sido así no habríamos leído Crimen y castigo, El Jugador o Los hermanos Karamazov. Exijamos una nueva regulación legal y un ejercicio ajustado, entendible y razonable del derecho de gracia.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Se plantea la toma en consideración de una reforma de la Ley de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, iniciativa sobre la que el Grupo Socialista ha venido persistiendo en los últimos años. De hecho, una parte sustancial de la exposición de motivos y de las reformas que se plantean al articulado son parecidas o iguales a las presentadas en la X Legislatura, que fue cuando al Grupo Socialista le entró el fervor antiindulto con cinco proposiciones de ley en Pleno y Comisión, una de ellas retirada posteriormente. Llama la atención que antes del 20 de noviembre de 2011, fecha en la que ganó sus primeras elecciones el señor Rajoy, no existan precedentes del frenesí en pos de la modificación de esta institución, que es el ejercicio de la gracia de indulto, lo cual induce a pensar que en tiempos de los Gobiernos socialistas servía la ley tal cual, pero cuando comenzó a gobernar el señor Rajoy había que cambiar las reglas. En esas estamos hoy, en un ejercicio de oportunismo sobre un tema en el que incluso hay pactos políticos firmados por medio sobre la investidura.

Ha habido algún cambio respecto a las anteriores propuestas de reforma. Resulta significativa la incorporación del rechazo al indulto en el que la condena sea por un delito relacionado con la violencia de género, lo cual cabe compartir, naturalmente, o no, porque con esta propuesta socialista, tal y como está redactada, probablemente no se hubiese podido aplicar en 2015 al conocido caso de la madre coraje sevillana, mujer maltratada, condenada por hacer frente a su maltratador. Se critica asimismo la concesión de indultos por el Consejo de Ministros, pero el dato irrefutable es que el Gobierno concedió el pasado año un total de veintisiete indultos, la cifra más baja en lo que va del siglo XXI, muy lejos de los doscientos cuarenta y cinco otorgados en 2011 o los quinientos cuarenta y tres del año 2007 por los Gobiernos que entonces presidía el señor Rodríguez Zapatero.

Finalmente, con el paso de los años, hay sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional y del Supremo que justifican el estudio y el análisis de posibles reformas de la aplicación del indulto. Hubiera sido deseable que este trayecto hacia nuevas adaptaciones se hubiese impulsado con una iniciativa conjunta y consensuada de los grupos parlamentarios -probablemente hubiese sido compartida masivamente-, pero el Grupo Socialista ha preferido el efecto fotocopia para ser los más rápidos y colgarse la medalla. La vetusta Ley de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto y su reforma se merecían algo mejor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Quiero iniciar mi intervención haciendo una apuesta: me apuesto lo que sea a que seguramente el próximo indultado va a ser Miguel Ángel Ordóñez, exgobernador del Banco de España. Tardará poco o tardará mucho, pero ya verán cómo ganaré la apuesta.

Este es un tema polémico. Desde el principio de la democracia ha habido dieciocho mil indultados y ha habido casos polémicos. Convendría recordar y refrescar la memoria de qué casos polémicos se han indultado: Alfonso Armada, imputado por el 23-F; tres condenados por el caso Filesa de financiación ilegal; Barrionuevo y Vera por el secuestro de Segundo Marey; el banquero Alfredo Sáenz, que primero lo indulta un Gobierno que ya estaba en funciones y luego le hacen la ley adrede para que pueda seguir siendo banquero; dos condenados del caso Treball; dos oficiales del caso Yak-42; policías por torturas y malos tratos; conductores kamikazes; condenados por infracciones urbanísticas o por corrupción política, recordemos al señor Gil y Gil; o gente condenada por prevaricación como el magistrado Gómez de Liaño. Se ha indultado incluso con informes desfavorables del tribunal y a algún presidente del Gobierno se le ha oído justificarse después de un indulto diciendo: se entendió que era razonable concederlo y punto. Seguramente esa persona perdonó alguna deuda de alguien. Se entendió que era razonable. ¿Quién entendió? ¿Por qué lo entendió? El Gobierno de turno entendió. No había razones o las razones son inconfesables.

Este es el quid de la cuestión, los indultos son discrecionales, no necesitan razonarse, y cuando se razonan hay motivos tan peregrinos como los de un ministro de Justicia del PP, que en un día indultó a


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1.333 condenados y cuyas razones fueron: por el veinticinco aniversario de la coronación de Juan Carlos, por el año jubilar o por el cambio de milenio; razones, como todos entenderemos, absolutamente 'muy razonables'. Urge -insistimos- una reforma legal que marque límites y que emita pautas objetivas a la hora de acometer un indulto. Por tanto, votaremos sí a esta proposición de ley.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Moltes gràcies, senyora presidenta.

En el Partit Demòcrata votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque es cierto que es una ley a la que le convienen reformas, de hecho es del año 1870 y se le han hecho poquísimas modificaciones, la última en el año 1988 por parte del Grupo Socialista y que iba en la línea de tachar con típex lo relativo a la motivación del indulto. Celebramos este cambio de criterio y, por tanto, saludamos la iniciativa.

La institución del indulto viene de por sí revestida de arbitrariedad, que precisamente está censurada por los poderes públicos. Por tanto, estamos a favor de regular esta arbitrariedad en beneficio de la transparencia. De hecho, el indulto supone la injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Judicial, por tanto, conviene que se dote esta injerencia de garantías. Para ello conviene hacer reformas y no poner parches. La figura del indulto existe en ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por tanto hay derecho comparado en el que inspirarse para una eventual reforma de esta cuestión. Estamos a favor de que se incluya la motivación, como se anuncia por parte del proponente. También que se incluya quién lo solicita y por qué. Nos dice la proposición de ley que se excluya expresamente un numerus clausus de delitos, los de corrupción y los de violencia de género. ¿Por qué solo estos? ¿Por qué no otro tipo de delitos que hayan creado especial alarma social, por ejemplo? ¿Y por qué no incluir una valoración de la motivación del Gobierno, que, como bien dice el proponente, tenga que informar a la ciudadanía del porqué se adopta este indulto? ¿Qué mejor que pasara por esta Cámara legislativa el tercer poder del Estado en una suerte de comisión específica del indulto para poder conocer las razones que motivan dicha adopción por parte de la autoridad competente? Por tanto, votaremos sí a modificar el indulto para dotar de transparencia a esta figura que ha sido objeto de mucha controversia, respecto de la que se ha sobreactuado y sobremanipulado en beneficio de discursos políticos de unos y de otros, y en la que conviene poner serenidad y seriedad a la hora de ser abordarla. Por tanto, sí a esta modificación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos propone la toma en consideración de una reforma de las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. La institución del indulto está recogida en todas las constituciones contemporáneas y también en España en todas las constituciones habidas desde 1812 hasta la actual de 1978. Esta última no la ha abolido pero mantiene su carácter excepcional ilimitado al prohibir los indultos generales o al presidente del Gobierno y sus miembros en los supuestos del artículo 102.3, o al requerir una ley reguladora, justificándose su existencia como medida o remedio de excepción en casos extraordinarios para responder a las necesidades de corrección de la Administración de Justicia, establecer concreciones de política criminal o procurar la convivencia social o la utilidad pública. Es decir, otras consideraciones de interés general como -y se han dado casos- asegurar la colaboración de confidentes de organizaciones criminales, suavizar los conflictos en las relaciones internacionales e incluso resolver graves problemas públicos que pueden afectar a la convivencia nacional. Ahora bien, todas estas razones han de predicarse en cada caso concreto para determinar las consecuencias que haya de producir el indulto bajo el aspecto de la equidad, la utilidad pública o la reinserción. La motivación queda circunscrita a cada supuesto específico -el del reo al que se refiere- y a ver cómo ese supuesto específico beneficia el indulto en esos otros valores o intereses. Por eso el indulto no es un derecho del penado, aunque tampoco es un acto de contenido de finalidad libre y menos aún un acto arbitrario carente de cualquier justificación. Sin embargo, el tipo de motivación exigible a la concesión de un indulto no es en nada parecido al que debe exigirse a cualquier otro acto administrativo. El indulto, en cuanto facultad del rey que precisa el refrendo


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del Gobierno, es una potestad del Gobierno y esta no se manifiesta en actos administrativos típicos sino en una prerrogativa cuyo núcleo esencial y ratio essendi es su carácter discrecional y por tanto nunca es un acto debido. Por ello, el Tribunal Supremo dice que el derecho de gracia presenta rasgos de atipicidad; al no ser el ejercicio de una potestad administrativa típica no es ni siquiera un acto administrativo discrecional. El indulto no es tampoco un poder fiduciario cuyo legítimo fin sea satisfacer el interés general legalmente determinado. Por eso no puede usarse la figura de la desviación de poder como técnica de control ni tampoco imponérsele al Gobierno. La motivación, por ello, no puede ser en el sentido técnico exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo para cualquier acto administrativo y a su vez justificar el control judicial. No puede extenderse la justificación al núcleo esencial de la gracia, a la decisión del indulto, aunque sí al control en su caso de la arbitrariedad de la decisión. Y también podrán controlarse judicialmente los elementos o trámites reglados para su adopción.

Lo dicho viene a colación porque la reforma propone introducir la exigencia de motivación. Consideramos que esa motivación debe anudarse al efecto de la interdicción de la arbitrariedad, entendida esta no como los defectos de motivación en que en su caso pueda haberse incurrido, ni tampoco como la discrepancia sobre la valoración de los requisitos sustantivos que el Gobierno haya realizado, aunque sí para comprobar que las razones legales que justifican la concesión de un indulto se han conseguido, pero solo desde la coherencia lógica y la racionalidad jurídica, a la vista de los hechos que consten en el expediente, aunque sin entrar a enjuiciar la libre estimación subjetiva de las razones que realice el Gobierno. Este ámbito de la libre estimación subjetiva de las razones por parte del Gobierno consideramos que también queda incidido incorrectamente cuando la total remisión de la pena se condiciona al informe favorable que el tribunal sentenciador efectúe sobre el grado de realización que el indulto particular ha de suponer en la equidad u otras razones de utilidad pública. Este informe se convierte en vinculante para el Gobierno, ya que este no lo puede conceder si aquel informe es negativo.

El ejercicio del derecho de gracia es un acto no debido y su contenido -esencialmente político- es de política criminal. Por eso un Gobierno en funciones no puede conceder indultos y por eso el Gobierno no está obligado a concederlos ni tribunal alguno a imponérselos. Su núcleo esencial es la discrecionalidad, sin perjuicio -como ya he señalado- de que el poder judicial pueda velar por la efectividad de la sujeción del Gobierno a la ley en cuanto que aquella habilitación al Gobierno supone una cierta derogación del principio de generalidad de la ley penal y también una derogación de la exclusividad de la jurisdicción, pero circunscribiéndose el control judicial a los elementos reglados, es decir, sin alcanzar a la valoración de los requisitos sustantivos de cada indulto o, dicho de otro modo, a la valoración de sus consecuencias sobre la equidad o la utilidad pública, salvo que se trate de decisiones sin de ninguna coherencia lógica con los hechos del expediente, pero sin entrar en la estimación subjetiva de las razones, vuelvo a insistir. La labor judicial se cumple cuando se pena al inculpado y la labor gubernamental cuando se restituyen al penado derechos de los que había sido justamente privado y solo es controlable en sus aspectos formales o cuando se incurre en arbitrariedad al estar totalmente carente de cualquier justificación desde la lógica irracionalidad jurídica, es decir, cuando los actos del Gobierno sean irracionales jurídicamente, y esto sucede cuando no se da un proceso lógico, como señala el Tribunal Supremo, entre los hechos del expediente y la concesión del indulto, cuando es una construcción en el vacío, una irracionalidad lógica o una clara incongruencia o discordancia de la decisión elegida, basada en las citadas razones legales con la realidad plasmada en el expediente. En este sentido, la lógica jurídica en el proceso de decisión es un parámetro exterior de control judicial pero sin adentrarse en las valoraciones subjetivas; no son criterios legales objetivos los que maneja el Gobierno, sino una estimación subjetiva basada en criterios metajurídicos como la equidad o satisfacer el interés público. Así también lo ha entendido el mismo Tribunal Constitucional cuando dice que esas decisiones no son fiscalizables sustancialmente por los órganos judiciales, incluyéndose a él mismo, el Tribunal Constitucional. Por ello, lo que cae fuera del ámbito de la legalidad objetiva debe caer también fuera de la facultad judicial de control, pero también de la facultad de condicionar al Gobierno con informes vinculantes sobre valoraciones subjetivas que el tribunal sentenciador no puede hacer. Por ello propondremos la supresión del artículo 11.

Sin embargo, que la motivación solo esté al servicio del control judicial, de los elementos de procedimiento y de la arbitrariedad no significa que esa motivación no esté al servicio de explicaciones democráticas, máxime en un Estado social y democrático de derecho como el que proclama el artículo 1.1 de la Constitución. Por ello, también plantearemos la modificación de la disposición adicional de la Ley del indulto, introducida en 2015 en una modificación del Código Penal, porque no nos parece suficiente en un Estado democrático en el siglo XXI que el Gobierno informe a esta Cámara solo cada seis meses de los


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indultos concedidos en ese periodo de tiempo. Creemos que debe constreñirse más el papel del Gobierno y al menos que la concesión de determinados indultos requieran debate parlamentario previo. Por último, tampoco compartimos las prohibiciones que se proponen desde una aproximación de la interdicción de la desigualdad en la ley, que está también proscrita en el artículo 14 de la Constitución y así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Por qué hay penados autores de algunos delitos a los que la concesión del indulto no realice el principio de equidad o el interés público? ¿Por qué el indulto de determinados penados no puede satisfacer estas metas metajurídicas y en algunos otros delitos sí? Entendemos que no hay una racionalidad en esa discriminación y tampoco una motivación y creemos que son, con dudas ciertamente, inconstitucionales.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy hablamos de la figura del indulto y de la ley que lo regula, razón por la cual vaya por delante que los republicanos y las republicanas catalanes y catalanas exigimos y reclamamos el indulto para el compañero Bódalo (Muestra un cartel con una foto, junto a la cual se lee: Libertad para Andrés Bódalo.-Aplausos), víctima de un juicio político o, lo que es lo mismo, víctima de la judicialización de la política. Activista, sindicalista, condenado a años de cárcel por defender los intereses de los trabajadores... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señor Tardà. Estamos en el uso de la palabra. Todo es bienvenido, pero utilice la palabra, por favor.

Adelante.

El señor TARDÀ I COMA: Decía que víctima de una ofensiva por parte del poder en un contexto en el que el norte se situaba en cercenar las libertades democráticas, los derechos civiles. Recuerden el paralelismo existente entre el juicio y la sentencia y la legislación de la ley mordaza. Nada es casual. Quiero recordarles también que el pleno del Ayuntamiento de Jódar, por unanimidad, con los votos del Grupo Socialista, también solicitó el indulto.

Dicho esto -importante-, debo añadir que nosotros votaremos a favor de la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Socialista. De hecho, este mismo debate, en relación con una proposición de ley idéntica, ya se realizó en el mes de mayo del año 2015. Entonces, la mayoría absoluta del Partido Popular impidió que esta iniciativa fuese aprobada. Hoy tenemos la esperanza de que, en la medida en que ha cambiado la correlación de fuerzas en este Parlamento, pueda salir victoriosa. Entonces votamos a favor y ahora volveremos a hacerlo. Sin embargo, también debemos decir que esta iniciativa es corta y además llega tarde. Pero estamos de acuerdo con ella y votaremos a favor porque no puede concederse el indulto a personas que hayan cometido delitos de corrupción, es decir, personas condenadas por cometer delitos en ejercicio de cargo público. Tampoco estamos de acuerdo -luego coincidimos con el Partido Socialista- con la opacidad. Exigimos transparencia, razón por la cual no puede indultarse sin una resolución que haga mención al delito cometido, al origen del delito e incluso un razonamiento extensivo de las razones que promueven el indulto por parte del Gobierno. Además, compartimos la exigencia de la debida reinserción y su publicación en el BOE de manera extensiva, es decir, con todo el contenido de la resolución. Es más, nosotros entendemos que el Gobierno debería informar previamente a la Comisión de Justicia del Congreso de cuales son sus voluntades respecto a la concesión de indultos. ¿Se imaginan ustedes al señor Ruiz-Gallardón informando sobre el indulto al conductor kamikaze, aquel que provocó la muerte de un joven, o cuando indultó al guardia civil que, en ejercicio de sus funciones, se mofó de una agresión sexual? ¿Se imaginan al señor Ruiz-Gallardón ante la Comisión de Justicia informando -digo solo informando- de cuál era su voluntad? ¿O se imaginan al ministro Caamaño informando en la Diputación Permanente, justo cuando estaba su Gobierno en funciones, de la voluntad de indultar al consejero delegado del Banco de Santander que había sido condenado por acusación y denuncia falsa contra un grupo de empresarios, aquella misma persona que luego se jubiló con cerca de 90 millones de indemnización? Así pues, si acaso esta iniciativa parlamentaria fuese aprobada y se iniciase su tramitación, nosotros vamos a enmendarla. Pretendemos, repito, que el Gobierno tenga que informar a la Comisión de Justicia sobre los indultos que tiene programados. Es evidente que la institución del derecho de gracia es


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excepcional -lo es- porque puede actuar ante un fallo del proceso judicial cuando es evidente que ha existido una falta de equidad, de justicia o de reinserción del condenado. Luego, atendiendo al hecho de que es excepcional, creo que convendrán conmigo en que en un sistema judicial realmente justo no tendría cabida el indulto. Pero la realidad es que hoy por hoy el sistema judicial español está muy alejado de la excelencia, porque el sistema judicial español adolece de financiación para con la justicia gratuita. Impone tasas, además, para recurrir en segunda instancia, con lo cual hay sectores de la sociedad que deben asumir sentencias injustas sin posibilidad económica de recurrirlas. En definitiva, una justicia para ricos y una justicia para pobres. De hecho, se trata de una justicia condicionada por la capacidad económica, distinta, de los propios ciudadanos. Todo ello sin mencionar el colapso en los tribunales por falta de inversión, lo que provoca procedimientos eternos. Recordarán aquella máxima de justicia demorada, justicia denegada. Todo ello, por no recordarles cómo se ha restringido incluso la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Da vergüenza que la solución haya sido restringir el acceso al Tribunal Constitucional en vez de dotarlo de más medios. Por supuesto, si se tratara de recursos contra la Generalitat de Catalunya seguro que medios económicos no faltarían.

En definitiva, votaremos a favor de esta proposición de ley del Grupo Socialista porque no queremos indultos para los chorizos, no queremos indultos para los corruptos y porque, además, exigimos transparencia. Quédense, pues, con nuestra propuesta de que sea el Gobierno, a través de su ministro, quien informe a la Comisión de Justicia y que no pueda volver a ocurrir nunca más aquel espectáculo lastimoso cuando a Rodríguez Zapatero le preguntaron por qué razón había indultado al consejero del Banco de Santander, y Zapatero, que ya estaba en las últimas, creo que un tanto avergonzado, respondió a la prensa -cito textualmente-: Se entendió que era razonable y punto. Pues bien, gracias a esta propuesta del Grupo Socialista creo que esto quizá no volverá a ocurrir nunca más. Esta bien que los socialistas enmienden o se autoenmienden a sí mismos.

Finalmente, recuerden: indulto para Andrés Bódalo, indulto para Andrés Bódalo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, tratamos hoy la modificación de la Ley de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia del indulto; una ley decimonónica -lleva a gala ese título- que fue reformada de forma muy leve en el año 1988.

Por lo que veo por los discursos vertidos hasta ahora en la tribuna, habrá una mayoría amplia que votará a favor de la toma en consideración e iniciar la tramitación de esta proposición de ley. Lo que no sé es si vamos a compartir las motivaciones últimas de por qué pedir esta modificación. Desde luego, no compartimos las motivaciones con el señor Tardà, pero sí me gustaría empezar diciéndole que en España no hay juicios políticos. Ese héroe al que usted ha ensalzado aquí y para el que ha pedido esa gracia del indulto fue condenado por lanzar puñetazos y patadas a otro cargo público. Para nosotros, eso no debe formar parte de la actividad política. No sé si para ustedes las coces y las patadas sí son herramientas políticas (Aplausos); para nosotros, en absoluto. Son delitos de los llamados comunes que puede cometer cualquier ciudadano. La razón última por la que vamos a votar a favor de esta toma en consideración es, precisamente, por la defensa del principio de igualdad ante la ley, de que cualquier ciudadano, sea un cargo público o no, haya cometido un delito de corrupción o no, tiene derecho a recibir el mismo trato. Lo que no podemos aceptar es que por la vía del indulto el poder se acabe autoabsolviendo. Es de eso de lo que estamos hablando, señor Tardà. (Aplausos). Y usted lo que está pidiendo es un trato injusto, un trato desigual; usted lo que pide es que a su héroe político que lanzó puñetazos y patadas se le aplique la gracia del indulto por afinidad ideológica y política, algo que quiebra radicalmente con lo que nosotros entendemos que es la aplicación del principio de igualdad. (Aplausos).

Señores del Grupo Socialista, bienvenidos a esta reforma. Como ustedes saben, esto formaba parte del acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso que ustedes alcanzaron con nosotros para la fallida investidura de don Pedro Sánchez. El punto 54 era la modificación de la Ley del indulto para prohibir la concesión en cualquier delito vinculado a los supuestos de corrupción. También forma parte de las 150 medidas que pactamos con el Partido Popular, con esa dicción: acabar con los indultos por corrupción política. En ambos casos, tanto con ustedes como con ustedes (Señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Socialista), lo que hacíamos era traerles a un terreno en el que ustedes no han habitado en los últimos cuarenta años. Si algo ha habido


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durante los últimos años es que este asunto de los indultos por corrupción política ha sido lo que ustedes han usado con fruición. Lo han utilizado desde el año 2000 -solo me referiré al pasado siglo XX y a este siglo XXI- con el famoso -ya ha sido citado aquí- indultazo del milenio, en el cual un Gobierno socialista indultó a 1.328 personas. Entre ellas estaban personas que tenían alguna vinculación con el partido, como los condenados por Filesa, por financiación ilegal del Partido Socialista; también condenados por asociación ilícita, falsedad documental o por delitos contra la hacienda pública. Esa característica de la transversalidad se la han aplicado entre ustedes de forma muy ardua. Está también el famoso caso por el que se indultó a un expresidente de una comunidad autónoma, en este caso del Partido Popular, el señor Hormaechea, condenado por malversación de caudales públicos y que fue indultado no una vez, sino dos. También hay que hacer referencia a indultos de los compañeros políticos, como el indulto a la militante socialista Dolores Mateos, trabajadora del servicio andaluz de empleo y condenada también por malversación, en el año 2011. En esto también hay una conjunción de intereses con los partidos nacionalistas, llamémosles así. Ahí está el caso de Josep María Servitje, alto cargo de los gobiernos de Jordi Pujol, condenado a cuatro años y medio de cárcel por desviar dinero público a empresas afines en el marco del denominado caso Treball. En el año 2012 fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy y se le acabó conmutando la pena por una multa de 3.600 euros, señorías. Toda esta generosidad transversal entre ustedes a lo largo de todos estos años ha servido para inocular ese virus de la desafección, esa deslegitimación de nuestro sistema democrático, esa sensación entre los ciudadanos comunes, entre los ciudadanos que nos están escuchando, de que los cargos públicos tienen un último blindaje precisamente en esa figura del derecho de gracia, en ese indulto que sus conmilitones políticos pueden utilizar en último caso para librarles de los rigores de la prisión. Esa es la razón, señorías, porque podríamos hoy discutir aquí la figura del indulto en nuestro moderno derecho penal sobre si hay razones de fondo, razones de justicia o razones procesales o de otro tipo, pero, señorías, para nosotros es restaurar el principio de igualdad, restaurar la credibilidad en las instituciones y que nunca más estos comportamientos absolutamente reprochables encuentren el blindaje de la gracia -vuelvo a repetir- de los compañeros políticos.

También se ha dicho aquí, y es verdad, que uno de los grandes defectos de nuestra Ley del indulto es esa absoluta falta de motivación de los decretos de indulto. No es necesaria la motivación y así ha sucedido que en los últimos años se han producido indultos absolutamente inexplicables y sobre todo que no necesitaban explicación, y esto es lo que no puede continuar durante más tiempo. Seguramente en el trámite de esta ley procederemos a alguna reforma porque creemos que hay algunas cuestiones que mejorar. Por ejemplo, en el artículo 3, ustedes no hacen referencia a tipos delictivos, hacen referencia a comportamientos pero no a tipos delictivos. A nosotros nos parece que en una ley como esta es necesario ser preciso y quizá lo mejor es que no describamos conductas sino que describamos tipos delictivos que quedan excluidos de la posibilidad de ser objeto de indulto. En ese caso seremos mucho más precisos, evitaremos conflictos posteriores y seguramente pasará que según la modificación que ustedes plantean queden fuera delitos que a nosotros nos parece que no pueden ser objeto de indulto en ningún caso como pueden ser los delitos de terrorismo. Ustedes no los contemplan como aquellos que no pueden ser objeto de indulto. Nosotros creemos que sí debe haber una mención expresa a ese tipo de delitos. Por lo tanto, votaremos a favor. No renunciamos a mejorar en la tramitación parlamentaria esta ley y también les digo que no nos parece suficiente; por eso, la semana que viene habrá ocasión de debatir con profundidad en esta Cámara la toma en consideración de una iniciativa de ley de nuestro grupo parlamentario, una ley integral contra la corrupción en la cual tocamos estos aspectos relativos a la supresión de los indultos por corrupción política, pero también otro tipo de medidas porque nos parece que hay que actuar de forma integral, de forma rápida y de forma urgente para atajar el cáncer de la corrupción y para atajar en definitiva la deslegitimación de nuestro sistema democrático, que es lo que estas conductas reiteradas a lo largo de tanto tiempo, amparadas en esta Ley del indulto que hoy vamos a empezar a reformar, han inoculado en nuestro sistema democrático.

En definitiva, señorías, reinstauremos el principio de igualdad, que los corruptos tengan desde el principio la sensación de que no encontrarán un lugar donde esconderse ni siquiera gracias a la amistad con sus compañeros de partido o por otro tipo de capacidad de presión sobre el Poder Ejecutivo y que al final seamos capaces de restaurar esa credibilidad y esa sensación de los ciudadanos de que las autoridades públicas, sus representantes, estamos a su servicio y no para servirnos de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes.

Nos encontramos aquí discutiendo una ley nada menos que del siglo XIX, de 1870, que, desde nuestro punto de vista, merecería un enfoque bastante más integral e integrador del que ahora mismo se propone. Nosotros hemos examinado las dos grandes tendencias de utilización del indulto que actualmente existen como derecho de gracia sin entrar en disquisiciones históricas. Hay una que viene de la sensación de injusticia de la gente cuando se dan procedimientos de lo que los romanos llamaban summa lex, summa iniuria, que traducido es que el ejercicio rigurosísimo de la ley genera un sentimiento de injusticia muchas veces. Eso se siente y a veces se reivindica, por ejemplo, en el caso de Andrés Bódalo -y ahí tengo que agradecer a mi compañero Cañamero toda esa fuerza que le pone- (Aplausos.-El señor Cañamero Valle muestra una pancarta con el siguiente texto: Libertad para Andrés Bódalo), y se reivindica en otra serie de asuntos que se han ido dando en el tiempo y que podría mencionar de forma profusa, como es el caso de los manteros, que acababan en prisión por vender cedés, o de aquellas personas drogodependientes de menudeo, que estaban rehabilitadas y de repente les caían condenas de tres años o más de prisión, o de aquellas personas sobre las que recaía una ejecución de condena después de quince años, cuando ya habían rehecho su vida o de aquellas personas que tenían largas condenas y que no podían evitar una ejecución rigurosa y excesiva de la pena de otra manera. Eso es importantísimo en épocas de populismo punitivo y de especial rigurosidad en este sentido.

También se ha hecho otra utilización del indulto y no hay más que ver las estadísticas. La mayor incidencia de indultos se ha dado en temas de malversación, en temas de prevaricación, en temas relacionados con la corrupción política -ya se han mencionado aquí, por lo que no les aburriré con ello-, que son casos absolutamente escandalosos. Por lo tanto, no es el indulto en sí, sino el uso que se ha hecho del mismo durante estos tiempos de bipartidismo feroz que, de alguna manera, ha generado una cuestión de escándalo ciudadano y que, además, ha desmotivado a jueces y fiscales, a los que cuesta tanto en muchas ocasiones perseguir los delitos de corrupción política como para que después se den estas situaciones, en muchas ocasiones de manera muy veloz y muy descarada. Por tanto, hay que evitar estos usos y es necesaria una reforma.

Ustedes nos proponen una reforma y ya le adelanto que vamos a votar a favor de su toma en consideración, pero ahí se acaban las buenas noticias, porque esa reforma no nos satisface de ninguna de las maneras y se lo vamos a justificar en pocas palabras. Si nos leemos la exposición de motivos de la propuesta que ustedes presentan, ustedes proponen limitar los casos de corrupción, pero supongo que alguien se ha dado cuenta -y usted como experto jurista que puede llegar a ser y es lo sabe- de que en el Código Penal no existe un epígrafe de corrupción, por lo que habría que delimitar, y encima, cuando vamos al texto articulado de la ley, ustedes se refieren a casos de corrupción pura y simplemente de funcionarios públicos y además con ánimo de lucro. Bajemos a la práctica. El ánimo de lucro en la transacción económica es lo más difícil de demostrar muchas veces y por eso en muchas ocasiones nos quedamos en tipos como la prevaricación, etcétera, que son tipos instrumentales de todo el negociete que hay detrás. ¿Qué pasa, que exclusivamente vamos a poder indultar a todas estas personas y a las personas que pillemos por malversación o algo similar no? Además, si el criterio fuera que son funcionarios públicos y, por tanto, que el Poder Ejecutivo no debiera indultarse a sí mismo, ¿qué pasa con todos esos funcionarios públicos que cometen otro tipo de delitos, como el rigor innecesario de torturas, que también tienen una prevalencia estadística muy grande? ¿A ellos no les vamos a indultar o sí les vamos a indultar? ¿O vamos a indultar únicamente a una parte o no? No entendemos cuál es el criterio, que consideramos excesivamente abierto, restrictivo y que no nos lleva absolutamente a nada. Por no hablar de otro tipo de personas que, por ejemplo, están condenadas por delitos urbanísticos o medioambientales y que realmente son la punta de lanza de otro tipo de negocios donde sí está el dinero, aunque en muchas ocasiones no se pueda demostrar. Por lo tanto, nos parece absolutamente demagógico hablar de corrupción en una exposición de motivos, restringirlo después en los artículos y además indefinirlo de tal manera que va a crear un problema mucho mayor del que ustedes pretenden solucionar con un titular en este momento.

Este sería el primer planteamiento que deberíamos hacer, pero es que sucede prácticamente lo mismo cuando ustedes hablan de violencia de género. Vale, muy bien, el titular está ahí y no nos vamos a poner a discutir sobre este tema, pero ¿vamos a dejar fuera otro tipo de delitos como la prostitución o la trata?


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¿Vamos a dejar fuera la violación o no, y con qué criterios? Porque el criterio de proporcionalidad de pena desde luego se nos va. Yo no he oído aquí cuál es la motivación real para que metamos unos delitos, no metamos otros, y además apliquemos una desigualdad evidente cuando los criterios para la concesión del indulto evidentemente no tienen que ser el tipo de delito, y después me voy a referir a esto.

Por último, en la proposición ustedes también hablan de la motivación. Nos alegra el propósito de enmienda, porque fue el Gobierno de Felipe González y el grupo que le sustentaba en el año 1988 el que quitó la exigencia de motivación de los indultos. Lo que nos ha faltado es su propia motivación, es decir, el acto de contrición, que dirían los curas, en ese momento, ¿por qué en ese momento valía y cuáles fueron las razones y por qué en este momento ya no vale, cuando ustedes están en la oposición y piensan que pueden tener una mayoría suficiente? Evidentemente, nosotros estamos a favor de esa motivación que quitaría situaciones como las que ya se han descrito aquí por el compañero Baldoví cuando ha dicho que ha motivado indultos, como el de Gómez de Liaño, camuflándolos con insumisos y hablando de que como es año jubilar, adelante. Claro que esto ha generado conflictos con el Poder Judicial porque al final es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ninguna de estas tres cuestiones que ustedes han planteado nos parecen razonables ni a tener en cuenta.

¿Qué es lo que nosotros entendemos que debería haber? En primer lugar, una reforma de la ley integral, que se basaría en una serie de puntos que le paso a resumir esquemáticamente para que los tenga en cuenta cuando tengamos que discutir sobre este tema. En primer lugar, el criterio no debe ser el tipo de delito, sino que tiene que ser la necesidad de pena, la prevención general y la prevención especial. Traducido, vamos a ver si con ese indulto evitamos o no una pena que en ese momento no es necesaria para cumplir los fines del derecho penal, para que la gente lo entienda. Hay un ejemplo muy claro, si ya un drogodependiente que se ha rehabilitado, que cometió un delito de menudeo -es decir, pasar una papelina- por el que cayeron cinco años de condena, le cae una condena dentro de diez o quince años por sucesivos recursos, etcétera, tiene familia y va a entrar a cumplir, tendremos que valorarlo. Como tendremos que valorar también los fines de prevención general, es decir, si con el indulto lo que estamos haciendo es generar a la sociedad una sensación de impunidad, como ha pasado, por ejemplo, con famosos indultos a banqueros, etcétera, que también se ha mencionado aquí y que tampoco entran en esa prohibición de indulto que ustedes pretenderían hacer. Por último, la prevención especial, es decir, en qué medida las exigencias de reinserción de una persona hacen que merezca la pena o no en ese momento concederle un indulto.

Todo eso, evidentemente, tiene que ser motivado, y tiene que serlo -y esto ya lo discutiremos- por un órgano que sea por fin independiente del Ejecutivo, posiblemente un órgano mixto judicial y administrativo, cuyas decisiones sean además susceptibles de control judicial sobre la base de esa motivación. También tenemos que aprobar una reglamentación en la que se establezcan plazos razonables, porque no es posible que se demore sine die la concesión del indulto y que aquí nadie sepa si se va a conceder, cuándo se va a conceder y en qué plazo. Entendemos que con todo esto podría ser más factible que esa concesión de indultos esté fuera de injerencias partidistas y que sirva a los fines que el indulto pueda llegar a tener, que es corregir la excesiva rigurosidad de una ley que ni el legislador ni la aplicación del derecho han podido prever en su momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Tizón López.

El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, como han dicho todos los que han intervenido con anterioridad, este debate tiene por objeto una proposición de ley presentada el 1 de agosto por el Grupo Socialista, muy parecida a la que presentó el 18 de diciembre de 2013 y que fue rechazada por el Pleno de la Cámara. Por tal motivo, valdría quizás que este grupo diera por reproducida la intervención que pronunció en aquel debate en orden a su toma en consideración y que tuvo lugar el 12 de mayo de 2015. Sin embargo, algo ha cambiado en esta proposición, poco, y en la composición de la Cámara, bastante, lo que obliga a este grupo a añadir alguna que otra consideración adicional a las que ya hiciera en aquella otra ocasión.

Sobre la ampliación de la excepción de la gracia de indulto, cuando se trate de delitos cometidos por autoridad en el ejercicio de su función, cargo público o prevaliéndose del mismo para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, y las condenas por delito relacionadas con la violencia de género, volvemos a decir aquí lo que ya señalábamos en la pasada legislatura. Aceptamos que no existe numerus


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clausus en esta materia, porque el artículo 62, letra i) de la Constitución remite el ejercicio de la potestad real de gracia a lo que disponga la ley, pero no está tan claro que con esta proposición se dé plena satisfacción a una eventual demanda social de lo que se exige para la prevención general y especial de los delitos. ¿Solo deben de quedar exceptuados de la gracia de indulto los delitos de corrupción o de violencia de género, como entiende el grupo proponente? ¿Al hacer esta limitación de supuestos estima el Grupo Socialista, sensu contrario, que sí cabe el indulto en los delitos de terrorismo, crimen organizado, agresión, tráfico sexual, pederastia o violencia sobre menores, por poner algunos ejemplos? ¿No tienen estos delitos un rechazo social al menos tan fuerte como los delitos de corrupción y de violencia de género? Desde otro punto de vista, ¿hay acaso una alarma social por la política que en materia de indulto está realizando el Gobierno en el tratamiento de estos delitos y que justifique esta proposición? Ciertamente, señorías, no. En el año 2016 se ha concedido el 0,72% de las solicitudes presentadas, menos aún que en el año 2015, que fue del 1,27%, muy similar a la del año 2014, que fue del 1,05%, datos muy alejados, por cierto, de los años 2009, del 7,85, y 2010, del 6,41, de los Gobiernos socialistas. Pero es que, además, el 99% de los indultos concedidos por el Gobierno del Partido Popular han contado con el parecer favorable del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, o de ambos; y aún más, en los últimos años 2014, 2015 y 2016 se han rechazado todas las solicitudes de indulto encuadrables en las categorías delictivas a que se refiere esta proposición de ley.

Sobre la incorporación de esa nueva razón habilitante de reinserción social del condenado, la exposición de motivos de esta proposición justifica la modificación, reconociendo que el indulto es y debe ser un recurso excepcional para dar cumplimiento total o parcialmente a la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los juzgados y tribunales, y que solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, ya exigidas en la Ley de 1870, pero también su incidencia en la reinserción social del condenado para así cumplir con la finalidad que la Constitución atribuye a toda pena. A estos efectos, entiende este grupo que, aun reconociendo la posibilidad del indulto en casos como el señalado, su incorporación al texto de los artículos 11 y 30 nada nuevo añade a las previsiones legales de la actual Ley del indulto, y puede entenderse redundante con las otras circunstancias tradicionalmente recogidas. Esta reinserción social puede perfectamente subsumirse en los supuestos de equidad, justicia o utilidad pública que contempla la ley actual, y ni siquiera la invocación a la finalidad que el artículo 25.2 de la Constitución atribuye a toda pena añade nada nuevo ni distinto a dichas circunstancias.

Otra modificación es la exigencia de la motivación de los reales decretos de concesión. El indulto, en verdad, por su propia naturaleza es un acto político, no administrativo, plenamente admitido por la Constitución, y nunca afecta al delito ni a la culpabilidad del reo, y que solo puede limitar en ciertos casos la aplicación de una determinada pena. Por tal motivo su ejercicio puede convertirse perfectamente en un instrumento de determinada orientación política. El limitado alcance que pueden ejercer los tribunales -que no podrá afectar al núcleo esencial de la gracia, porque las razones de justicia, equidad y utilidad pública han de estar siempre reconocibles en los elementos formales- en la actualidad está solamente referido a los aspectos reglados del procedimiento sin que sea exigible ni controlable que las decisiones favorables o desfavorables tengan que estar motivadas al modo que exige el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común para los actos administrativos.

No obstante todo lo dicho, este grupo está dispuesto a valorar -como ya anunciaba en la fijación de posición de la anterior proposición de ley- la oportunidad política de profundizar en esta motivación y, por consiguiente, en el control de los acuerdos de concesión, incluyéndose en los reales decretos algún tipo de referencia genérica con arreglo a un catálogo de motivos preestablecidos más concretos que esas alusiones a razones de justicia, equidad o utilidad pública, actuales y similares a los que está teniendo en cuenta el Gobierno en su actual política de concesión de indultos. Con ello se corregiría la inconveniente reforma llevada a cabo por el Gobierno socialista mediante la Ley de 14 de enero de 1988, que con la excusa de una mera adaptación terminológica suprimió la exigencia de esta motivación.

En resumen, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente esta nueva proposición de ley, pero anuncia ya un paquete de enmiendas en línea con la posición mantenida en este debate y la incorporación al texto de la proposición de las circunstancias que de facto viene considerando el Gobierno en la concesión o denegación de los indultos, tales como en los casos de concesión de la gracia, informes favorables del órgano sentenciador y ministerio fiscal, la reinserción social del condenado, antigüedad de los hechos o de la pena, inexistencia de otros antecedentes penales, dependencia de terceros, especialmente de menores que puedan quedar en desamparo, abono de las responsabilidades civiles


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circunstancias personales de especial gravedad, por poner algunos ejemplos; o bien en los casos de denegación, la gravedad del delito, informes desfavorables del órgano sentenciador y del ministerio fiscal, oposición de la víctima en los delitos contra la integridad de las personas o multirreincidencia.

En definitiva, señorías, el Grupo Popular acepta la tramitación y va a votar favorablemente esta proposición de ley, pero reconociendo que es una ley incompleta, que es una ley escasa y que requiere de modificaciones más profundas que las que nos propone el Grupo Socialista. En el trámite de las enmiendas tendremos ocasión de llevar a cabo estas observaciones. Por lo tanto, esperemos que con la colaboración de los otros grupos podamos dar a esta iniciativa un trato, un alcance y una consecuencia mayor que la que inicialmente ha previsto el Grupo Socialista. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL. (Número de expediente 122/000038).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. (Rumores).

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra en primer término la señora Honorato Chulián.

Silencio, señorías.

La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, si hay una ley que ha suscitado un rechazo continuado fuera y dentro de esta Cámara ha sido la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la comúnmente llamada Ley Montoro; numerosas entidades, movimientos sociales, hasta 3.000 municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias e incluso el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en dos ocasiones declarando inconstitucional parte de esta ley. Las razones que en su momento llevaban a pedir que no se tramitara esta ley siguen estando en pleno vigor. Es preciso derogar esta ley, es preciso derogar la Ley Montoro, porque es una ley profundamente antimunicipalista y contraria a nuestra realidad plurinacional, además de que camina en sentido contrario al de la mayoría de las reformas que desde Europa se impulsan de acuerdo con la Carta Europea de la Autonomía Local, que prescribe además fortalecer los Gobiernos locales. Es preciso derogar la Ley Montoro porque ha favorecido la privatización de los servicios públicos provocando una cadena infernal de efectos perversos. Se han endurecido las condiciones para que los ayuntamientos puedan prestar por sí mismos los servicios públicos y además se ha reducido la calidad de la prestación de estos servicios, obligando a disolver empresas públicas que prestaban servicios esenciales.

¿Qué es lo que proponemos? Proponemos en realidad algo modesto, pero eficaz. Proponemos romper la ventanilla de emergencia del municipalismo. Somos conscientes de que derogar esta ley no implica volver a una situación ideal y también somos conscientes de que esto es tan solo algo urgente y transitorio, que la verdadera tarea que hay encima de la mesa es abordar una verdadera reforma local, una nueva legislación municipalista. ¿Qué proponemos derogar? En primer lugar, proponemos acabar con la imposición de un techo competencial. Es necesario volver a un suelo competencial que permita a los ayuntamientos tener capacidad para poder atender las necesidades de sus vecinos y vecinas y por eso abordamos una modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Ley de bases. Tan solo el nuevo artículo 28 justificaría esta iniciativa, esta modificación, porque con la Ley Montoro se ha prohibido y cercenado la posibilidad de actuar con competencias complementarias por cada uno de los ayuntamientos en este país. Además, es necesario eliminar la obligación de que el Ministerio de Hacienda tenga que intervenir según el artículo 25 para poder desarrollar competencias propias los propios ayuntamientos. En segundo lugar, es necesario acabar con la privatización cuasiforzosa que impone la Ley Montoro. En el artículo 85.2 de la Ley de bases se dispone toda una sádica yincana para aquellos ayuntamientos que quieran abordar los servicios de forma propia. ¿Sabían ustedes que el Tribunal Constitucional, seguro que sí que lo saben, en reiterados informes ha demostrado cómo las externalizaciones y las privatizaciones suponen sobrecostes para la prestación de los servicios públicos? Entre un 22 y un 71% nos cuestan esas externalizaciones a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Estamos viviendo en toda Europa una era remunicipalizadora de servicios públicos que se atiende además en razón de ahorrar y sanear las cuentas


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públicas. Ayuntamientos como los de Berlín, Hamburgo, Londres, Atlanta, Indianápolis, París y hasta de treinta y ocho ciudades francesas han acometido esta remunicipalización de servicios como el agua. En París concretamente se redujo hasta un 8% en las facturas y se consiguieron beneficios de hasta 35 millones que se reinvirtieron en la prestación del propio servicio.

El tercer aspecto que abordamos es una suerte de vacío legal que existe y que no es otro que la definición de qué se pueden considerar servicios públicos esenciales a efectos de la Ley de Presupuestos para poder, de alguna manera, reconfigurar la tasa de reposición de efectivos y así se puedan cubrir aquellos puestos esenciales en la prestación de servicios por cada uno de los ayuntamientos. No estamos hablando de endeudarnos más, no estamos hablando de gastar más, sino de que los municipios con disponibilidad presupuestaria puedan elegir cuál es la vía por la cual prestan sus servicios, cuando además la externalización no es la más eficaz ni la más barata como hemos puesto antes de ejemplo.

En último lugar, hemos abordado en una disposición adicional una modificación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014 para permitir que se puedan cancelar los planes de ajuste una vez se ha cumplido con todos los requisitos y no teniendo que estar permanentemente atados a una foto fija del año 2013. ¿Qué es lo que mantenemos en la ley? Lo que mantenemos son dos grupos de artículos, uno relacionado con las limitaciones en gasto de cargos públicos y personal eventual y otro relativo a los funcionarios de habilitación nacional. Nos parece que ambos aspectos sí requieren de una cierta racionalización.

Somos conscientes de que la derogación de la Ley Montoro es solo una de las patas que debe ser necesariamente acompañada de una segunda pata que sería la modificación, la derogación de aquellos artículos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que asfixian también el funcionamiento de nuestros entes locales y de nuestros ayuntamientos. También somos conscientes de que no podemos dejar para más tarde la tarea también imprescindible de abordar una nueva legislación sobre el régimen local y por eso mandatamos en este texto, en una disposición adicional también, la necesidad de presentar un nuevo proyecto participado de régimen local en un plazo de ocho meses. Pero hemos empezado por romper al menos, como decimos, la ventanilla de emergencia para derogar los aspectos más urgentes y lesivos de esta Ley Montoro. Para que entre el aire, porque hay que echar a rodar las ruedas; porque muchas veces lo excelente es enemigo de lo bueno, como dice el refranero popular. Señorías, no es casual que nuestro grupo promueva esta iniciativa, pues su alma es eminentemente municipalista. Nuestras candidaturas nacieron en las calles y las plazas a partir de movimientos ciudadanos y formaciones arraigadas en las luchas vecinales. Hoy estamos en Gobiernos de ciudades como Barcelona, Madrid, Ferrol o Cádiz, que expresan un municipalismo transformador y radicalmente democrático.

Señorías, no esperamos ni del señor Montoro ni del PP otra cosa que privatizaciones y ataques a la autonomía, pero nos parece que el resto de los diputados de esta Cámara deberíamos cuidar ese municipalismo y cuidar y atender la defensa de la autonomía local. Así, en los últimos meses, diferentes mociones en ayuntamientos como el de Sevilla, Córdoba, La Higuera, Cazorla, Móstoles, y así hasta cien municipios, grupos de diferente signo político -incluso desde el Partido Popular y Partido Socialista, pasando por Ciudadanos- han apoyado la necesidad de tramitar esta proposición de ley. Por tanto, les pedimos que no dejen naufragar el municipalismo en el estrecho del país creado por Montoro y Rajoy. Es necesario no darles la espalda a los ayuntamientos.

Señorías del Partido Socialista, con el corazón en la mano, un día como hoy les pregunto si van a volver a declarar su amor al Partido Popular. (Risas.-Aplausos). Esperemos que no lo hagan y que podamos mejorar esta ley juntos, que no dejemos pasar esta oportunidad y que no chafen una mayoría parlamentaria que puede acabar con el sufrimiento de muchas personas. Solo pido que seamos valientes y que hoy terminemos pasando página a un capítulo oscuro de la historia del municipalismo en nuestro país.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: También para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Bonas tardes a tots. Gràcies, presidenta.

La calidad democrática de un país se mide también por su grado de descentralización y por la fuerza de sus Gobiernos locales. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado en este país, cómo hubiésemos afrontado la crisis económica y social con el raquitismo de los ayuntamientos de hace treinta o cuarenta años? Hubiese sido una auténtica catástrofe social. Pero, además, hoy el municipalismo es fundamental para atender demandas sociales, demandas de participación ciudadana muy diversas, más personalizadas


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y comunitarias, ligadas a la vida cotidiana. Decir que somos un grupo parlamentario municipalista en nuestro caso no es retórico, es una convicción profunda, porque hemos recibido el impulso de ayuntamientos del cambio como Barcelona, Madrid, Santiago, Cádiz o Ferrol, entre otros municipios, que expresan un municipalismo radicalmente democrático, transformador e innovador.

Les decía que el municipalismo es una medida de poder de los Gobiernos locales, de calidad democrática de un país. Pues bien, la calidad democrática de este país sufrió un fuerte retroceso -uno más- cuando se aprobó esta Ley Montoro, cuando se aprobó la LRSAL. Su objetivo no fue en absoluto adaptar el municipalismo a los retos del siglo XXI, no fue mejorar las prestaciones a la ciudadanía o los servicios públicos, no fue fortalecer los Gobiernos locales; el objetivo fundamental de su ley es la aplicación estricta de los recortes y de las políticas de austeridad, su objetivo son las privatizaciones. Esta es una deriva contraria a la demanda de la ciudadanía, que reclama más transparencia, más participación, más y mejores servicios sociales y de proximidad. Esta Ley Montoro es un instrumento más que nace de la reforma del artículo 35 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo de la ley es que los ayuntamientos tengan el menor poder político posible sin que puedan desarrollar sus competencias en servicios sociales, educación, inspección sanitaria, atención primaria o políticas de fomento del empleo. Querían convertir a los ayuntamientos en meros entes administrativos, en puras gestorías sin poder político real. ¿Detrás de esto, qué es lo que hay? La derecha nunca desaprovecha una crisis para impulsar contrarreformas y la LRSAL es un golpe claro contra el municipalismo y por tanto también contra una democracia de calidad. Esta ley, su ley, es un elemento fundamental del proyecto del PP, adelgazar el Estado social que gestionan en buena medida comunidades autónomas y ayuntamientos y fortalecer el poder del Estado central. Su respuesta ante la crisis -que es la precariedad laboral y los recortes sociales- necesitaba de recentralización y de autoritarismo. La LRSAL no es que sea una ley anticonstitucional sino que es una ley deconstituyente, como deconstituyentes son todas las leyes que el grupo parlamentario con mayoría absoluta aprobó, porque rompen los pactos sociales y territoriales. Me refiero a las reformas laborales, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley Mordaza o la Lomce. Además esta es una ley contraria a la Carta Europea de la Autonomía Local.

Decía que es una ley autoritaria, autoritaria en el planteamiento porque la LRSAL establece el control de la Administración del Estado sobre los entes locales, vulnera la autonomía local y las competencias autonómicas. Autoritaria fue también su aprobación, con todos los grupos parlamentarios en contra a excepción del Grupo Popular; con más de 3.000 municipios de todo el Estado en contra, que plantearon ante el Tribunal Constitucional un conflicto de defensa de la autonomía local. El 90% de los ayuntamientos de Cataluña, con Barcelona a la cabeza, rechazó la LRSAL. No fue una reforma para y con los ayuntamientos sino una reforma contra los entes locales y sus competencias. Es una ley que surge de la desconfianza hacia los ayuntamientos, quizás -ustedes lo conocerán mejor- por la mala gestión del Partido Popular y las deudas que dejaron en Ayuntamientos como el de Madrid o el de Valencia.

¿Por qué ahora es necesaria y planteamos esta ley de medidas urgentes en materia de régimen local? Porque la LRSAL es una ley antisocial, que va contra la autonomía local y supone una involución democrática. Entre los objetivos de la ley estaba el de evitar duplicidades. En realidad lo que quisieron fue acabar con las competencias locales, eliminando servicios de proximidad. Pretenden impedir un principio fundamental de cualquier ayuntamiento: que nada de lo que se vive en cada municipio es ajeno a la política local. Y esto lo hicieron poniendo un techo competencial a los ayuntamientos. Pero, ¿quién va a impedir a una alcaldesa o a un alcalde preocuparse y dar una respuesta política a la atención sanitaria, al desempleo, a la emancipación juvenil o a la violencia machista, cuando son demandas claras de la ciudadanía? El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales parte de esas disposiciones por vulnerar las competencias autonómicas. Su ley ignora las competencias, por ejemplo, que en régimen local tiene la Generalitat de Cataluña, las competencias que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como otros estatutos de nueva generación, que en determinados aspectos del régimen local tienen competencias exclusivas para desarrollar políticas propias y que con esta ley se vulneran.

La Ley Montoro no racionalizaba, lo que hacía era el traspaso generalizado de competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones. La paradoja es que la ley cuestionaba, deslegitimaba la autonomía local -legitimada democráticamente por la ciudadanía directamente- y legitimaba la de las diputaciones provinciales, que tienen una legitimación indirecta, a diferencia de lo que se hace en toda Europa, que es fortalecer los Gobiernos locales y limitar los ámbitos intermedios. Lo que sí había era mucho control presupuestario, que es lo que ustedes ponen siempre por encima de la prestación de los servicios públicos, cuando los ayuntamientos, en el conjunto de la deuda del Estado


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español, solo representan el 3,3%. Les recuerdo que solamente el Ayuntamiento de Madrid supone el 13,6% de la deuda municipal. El objetivo era disciplinar el nivel más débil de las administraciones públicas para mejorar el margen de déficit del Estado y quedar bien con Bruselas y, eso sí, favorecer la iniciativa privada. Muchos obstáculos a la iniciativa pública, a la creación de servicios públicos; puertas abiertas a las externalizaciones para mercantilizar ámbitos como el agua, la energía o la gestión de residuos. Es necesaria una ley municipal, claro que sí. Derogar esta Ley Montoro es solo un primer paso. Hace falta una ley municipal que garantice competencias y recursos a los ayuntamientos. Por eso, por todas estas razones, solicitamos su voto favorable a esa toma en consideración. Especialmente se lo pedimos al PSOE, al Partido Socialista, en coherencia con su propio programa, que dice literalmente -y de forma diferenciada a otro punto, que es aprobar una nueva Ley de Bases de Régimen Local-: derogar la LRSAL, Ley de Régimen Local, llevada a cabo por el PP.

La señora PRESIDENTA: Señoría, señor Vendrell, tiene que terminar.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino.

¿No se trataba de legislar, incluso de gobernar desde el Congreso? Pues ahora tenemos, aprobando esta iniciativa, una oportunidad para eso. Háganlo en nombre de sus concejales, de sus alcaldes; denles un gusto a sus alcaldes, a sus concejales y a sus electores y démosle hoy un disgusto al Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes a todas y a todos.

Plantea el grupo proponente una cuestión de la máxima envergadura, ni más ni menos que actuar contra la contrarreforma que se inició en relación con las corporaciones locales con la Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, aprobada en la pasada legislatura. Nueva Canarias criticó tanto esta ley que se sumó al recurso de inconstitucionalidad que formularon numerosos grupos de la Cámara en su momento, por dos razones: porque había un grave ataque a la autonomía local y, en segundo lugar, porque se producía un estrangulamiento financiero absolutamente irracional e inaceptable cuando precisamente son las corporaciones locales las que tienen de verdad que estar pegadas a los ciudadanos en los momentos más duros.

Ahora bien, una iniciativa de esta envergadura, precisamente la envergadura de esta iniciativa -se lo digo con todo respeto- justificaría la necesidad de haber trabajado en la línea de consensuar las cosas con los agentes implicados. Yo pertenezco a Nueva Canarias y les tengo que decir que uno lamenta muchísimo ver en una propuesta como esta que no existen los cabildos insulares. Ustedes saben que no hay diputaciones en Canarias, hay cabildos insulares, que tienen más competencias que las diputaciones, y tenemos algunas singularidades que necesitamos que estén reconocidas. En la misma medida creemos que el objetivo no puede ser volver a lo anterior. El objetivo necesariamente tiene que ser adaptarnos a la realidad y a las necesidades de las corporaciones locales en este momento en cuanto a sus competencias y a sus garantías de financiación. Por ese motivo, Nueva Canarias, estando de acuerdo en el fondo de la cuestión -que es necesario acabar con esta ley, con esa contrarreforma que en su momento formuló el Partido Popular-, también creemos que este, de verdad, no es el instrumento, creemos que este es un instrumento insuficiente y por ese motivo, estando de acuerdo en el fondo, nos vamos a abstener; es necesario mejorar el texto y, por lo tanto, anunciamos nuestra abstención.

Gracias.

La señora PRESIDENTA. Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Aquí no viene nadie a dar lecciones ni a descubrir el mundo. Los nacionalistas canarios y esta diputada somos de los pocos que quedan en esta Cámara que votamos en contra del artículo 135 y de las modificaciones de la Ley de Estabilidad y de la Ley de racionalización y sostenibilidad. Una cosa es defender el municipalismo, como hizo y lideró el actual presidente de Canarias dentro de la Federación


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Española de Municipios -Coalición Canaria firmó, junto con otras fuerzas políticas, cuando ustedes todavía no estaban aquí, el recurso de inconstitucionalidad- y otra cosa es lo que ustedes plantean, y sobre todo la exposición de motivos, la filosofía municipal. Nosotros desde luego no estamos de acuerdo con su modelo municipal en aspectos de externalización, en materia de empleo, en materia de vivienda, y vamos a seguir en la línea de decir al PP que un ayuntamiento -y se lo dice una persona que fue alcaldesa once años- puede dejar de asfaltar las calles en momentos de crisis, incluso de encender las luces, pero lo que no va a hacer nunca es cerrar guarderías, cerrar centros de día de mayores o no dar ayudas de emergencia social, como se pretendió en determinado momento con esas leyes. Hay que trabajar en otra línea, con consenso, y no venir aquí a decir: o conmigo o están en contra de los ayuntamientos. Nosotros, el Partido Socialista, Coalición Canaria y el resto de las fuerzas políticas, tenemos muchos alcaldes que se movilizaron, que lucharon y que han solventado la crisis y que han ganado con lo que quieren sus ciudadanos, que es la cercanía de una Administración, la más cercana y que tiene que tener las competencias. Todas las fuerzas políticas vamos a seguir luchando en esto con consenso, con acuerdos, como hicimos cuando recurrimos al Tribunal Constitucional. Ahí está el camino.

Yo me voy a abstener porque no comparto su exposición de motivos, pero si sale el proyecto de ley desde luego trabajaré para el modelo que quieren los alcaldes y no el que quiere Podemos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Martínez Oblanca, también por el Grupo Mixto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Se pretende modificar una ley que trasladó a las corporaciones locales el principio de estabilidad presupuestaria introducido en 2011 en la Constitución española. Quiero aclarar que yo voté en contra de la reforma del artículo 135, lo que me da cierta autoridad moral para afirmar esta tarde que, siendo necesarios los mecanismos de control de las finanzas públicas, entidades locales incluidas, no hacía falta reformar la Constitución. Hubiese bastado con reeditar las leyes que a principios de este siglo nos distinguieron ante Europa por ser precursoras, serias y rigurosas y que pusieron en marcha una cultura de la estabilidad para las finanzas públicas, a la par que en España se crecía económicamente y se creaban millones de puestos de trabajo. Como en aquel entonces, hoy necesitamos de ese estilo de gobernanza, pero si aceptásemos la propuesta de Podemos estaríamos ante un importante retroceso en el doble objetivo de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que no es otro que unos servicios esenciales de calidad y unas haciendas locales saneadas, sostenidas y sostenibles. La ley es mejorable, pero no debería ser triturable, como pretenden los autores de esta iniciativa parlamentaria. La propuesta es, además, injusta con lo mucho que se ha hecho a favor del municipalismo y singularmente con el proceso que impulsó el que era ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, dentro del Gobierno de José María Aznar, que consistió en un conjunto consensuado de noventa y dos medidas legislativas y administrativas que impulsaron una amplia descentralización de poder que dejó en el ámbito competencial y exclusivo de las comunidades autónomas muchas competencias y una gran mayoría a favor de los entes locales. Es oportuno recordar, y lo hago con mucho agrado, que se aprobó aquel pacto local cuando estaba al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias una de las grandes figuras de la política española, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

La calificación de competencias municipales para evitar duplicidades con las comunidades autónomas o con la Administración General del Estado responde a la premisa de una Administración, una competencia. En este caso el camino pasa por la cesión autonómica a los ayuntamientos de recursos administrativos, financieros y políticos y por la eliminación de un peligroso hábito del que en Asturias tenemos un gran practicante, el presidente del Principado, Javier Fernández, que se distingue por repartir ayudas sectarias en función del color político o de la simpatía hacia una corporación local u otra. Por tanto, cambios legislativos, pero no de la forma que plantea Podemos. Definitivamente lo que hace falta es un cambio de conducta política a favor de los ayuntamientos. Votaremos en contra, señora presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.


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La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Arratsalde on a todos.

Nuestro voto será favorable por considerar positiva la propuesta para evitar y paliar las consecuencias de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, fuente de tantas penurias para los ayuntamientos. Se trata de una ley con un marcado carácter recentralizador, cuya derogación hemos pedido también desde Euskal Herria Bildu por medio de una iniciativa por tratarse de una ley que supone un ataque frontal a las competencias y autonomía de las entidades locales. A su vez, esta ley es responsable de la instauración del principio de sostenibilidad por encima del principio de subsidiariedad, pone en serio riesgo a los ayuntamientos menores y supone un riesgo real de centralización y privatización de la mayoría de competencias y servicios. Ante ello, entendemos que es imprescindible incidir en la necesidad de que los municipios tengan la opción de gestionar políticas públicas de primera necesidad, sobre todo aquellas dirigidas a responder a las necesidades de los más desfavorecidos. Es importante tener competencias para ello y contar con las consiguientes fuentes de financiación, principio este que ha quedado establecido en la Ley de Instituciones Locales de la Comunidad Autónoma Vasca, recientemente aprobada. Por ello, nos parece importante recuperar y mejorar los artículos que la Ley de Racionalización había derogado, cuyo objetivo debe ser dotar de contenido a la autonomía de los municipios. Creemos que por medio de esta iniciativa debemos profundizar en la dirección, principios y filosofía de la ya mencionada hoy aquí Carta Europea de Autonomía Local. También podemos constatar que la ley aprobada en la Comunidad Autónoma Vasca aporta elementos más avanzados que, entendemos, no se pueden dejar de tener en cuenta en relación con el empoderamiento de los ayuntamientos en materia de competencias y financiación, para profundizar en ello y que la ley, una vez reformada, no sea fuente de limitación para el desarrollo óptimo de la que ya ha sido aprobada en la Comunidad Autónoma Vasca.

Por eso, como decía, apoyaremos esta propuesta como opción para mejorar las condiciones de los municipios de todo el Estado ante las graves consecuencias que la Ley de Racionalización está teniendo. Euskal Herria Bildu muestra así su disposición a profundizar en las mejoras que hay que realizar en la misma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Vaya por delante que nuestro grupo va a votar a favor de la toma en consideración, aunque, evidentemente, no compartimos íntegramente el texto propuesto, pero en todo caso se abre una puerta. En campaña electoral, en Cataluña, auspiciados por la Associació de Municipis de Catalunya y la Federació de Municipis de Catalunya, las dos entidades municipalistas que abarcan el cien por cien de los ayuntamientos, la mayoría de las formaciones políticas en Cataluña, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, firmamos un compromiso para derogar esta ley. Por tanto, aunque nosotros no compartimos -y se lo digo claramente- algunos aspectos no solo de la exposición de motivos sino del articulado, ahora lo sustancial no es compartir al cien por cien ni la exposición de motivos ni el articulado, lo sustancial es iniciar el trámite legislativo para derogar una ley que no contó prácticamente con el apoyo de ningún grupo parlamentario, más allá del Partido Popular, en la anterior legislatura.

Esta es una ley sobre la que prácticamente el cien por cien de los ayuntamientos de Cataluña se ha pronunciado en contra, que ha sido llevada al Tribunal Constitucional y todos, señorías, tenemos el compromiso de derogarla. Nosotros -repito- no estamos de acuerdo con el articulado presentado, pero entendemos que en estos momentos lo más importante es dar un mensaje claro a los alcaldes, a los concejales, a los conciudadanos de cada uno de nuestros municipios de que, en relación con esta ley -que les hemos dicho que era una ley pésima, que nos perjudicaba a alcaldes, concejales y vecinos-, empieza el trámite parlamentario para su derogación. Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa y espero que tenga recorrido. Y si no lo tiene, todos estos que bienintencionadamente pedimos consenso mañana mismo nos tendremos que sentar en una mesa y generar el consenso para una iniciativa parlamentaria idéntica o parecida a la actual.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on.

La crisis económica, política e institucional ha alcanzado también al mundo local y más concretamente al municipal. Ejemplo de ello es la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Una parte de la doctrina venía a decir que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad constituía, desde la legislación básica estatal, una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, porque de forma indirecta pretendía modificar el sistema de competencias municipales y provinciales e incidir también en las autonómicas, una cuestión parcialmente resuelta por la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera. La citada ley ha sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad y de un conflicto en defensa de la autonomía local y, por ello, las comunidades han venido dictando normas que han propiciado un rechazo a la aplicabilidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Esta ley introdujo también cláusulas de excepción, arraigadas sobre todo en los derechos históricos, que han abierto el camino para la profundización de la autonomía foral y municipal vasca y que han llevado, además, a la aprobación de la Ley Municipal Vasca.

En la Constitución no existe una atribución competencial expresa a los municipios, son la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, y el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales -actualmente reformada por la Ley de Sostenibilidad y Racionalización-, junto con la jurisprudencia y las leyes estatales y autonómicas quienes van configurando en cada momento el ámbito sustantivo propio de la autonomía local y fijando también ese reparto competencia local. A nivel normativo, el contenido competencial de la autonomía local viene determinado por un sistema de fuentes propio, que consiste en la conjunción de la legislación básica estatal, la sectorial, la de articulación interna propia de cada comunidad autónoma y la normativa supraestatal de la Carta Europea de la Autonomía Local. En el ámbito vasco este sistema de fuentes adquiere complejidad respecto al ámbito municipal de régimen común y ello se deriva de las peculiaridades del entramado interinstitucional vasco, recogidas en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978, el Estatuto de Autonomía de Gernika y la Ley de Territorios Históricos y, hoy en día, la Ley sobre Régimen Local de Euskadi. Las peculiaridades del sistema de fuentes en el País Vasco respecto a los municipios y provincias de régimen común derivan, como señalan algunos autores, de tres cuestiones. En primer lugar, la especial naturaleza de la que están provistos los territorios históricos, que con un reconocimiento expreso de la jurisprudencia constitucional adolecen de naturaleza distinta respecto a la provincia de régimen común, pues son organizaciones territoriales autónomas con una posición institucional y política cualificada respecto a las entidades locales provinciales y provistas de sus órganos forales, por lo que en el País Vasco intervienen las normas forales como instrumento que determina, junto a la legislación que emana del Parlamento vasco, el ámbito competencial de los municipios vascos.

El concierto económico regula las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y el País Vasco, lo que hace que en la Comunidad Autónoma del País Vasco las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos se conviertan en actores principales en materia económico-financiera. Las propias peculiaridades de distribución competencial operan en el propio estatuto de autonomía respecto a otras comunidades autónomas -el artículo 10.4 enuncia como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi el régimen local-, sin perjuicio de lo derivado del artículo 149.1.ª18 de la Constitución y las competencias derivadas de los derechos históricos, en virtud de la garantía institucional del régimen foral vasco reconocido en la disposición adicional primera de la Constitución Española. La legislación básica de régimen local del Estado ha reconocido la singularidad foral tanto desde la Ley reguladora de bases de régimen local como desde la Ley de Haciendas Locales de 1988. También lo hace la Ley de Racionalización y Sostenibilidad cuando se incorpora el principio de diferenciación en su aplicación territorial. En este sentido contiene para el País Vasco cláusulas explícitas y decisivas de excepción que configuran una situación jurídica propia y diferenciada del resto del municipalismo estatal. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad contiene tres cláusulas de excepción, las dos primeras -artículos 1.34 y 2.4 de la misma- implican la modificación de la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local así como la modificación de la disposición adicional octava de la Ley de las Haciendas Locales, respectivamente, y supone una adaptación a las excepciones forales preexistentes de la nueva regulación y exigencias derivadas de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. La tercera cláusula de excepción para el País Vasco contenida en la disposición adicional primera de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad crea nuevas excepciones al hilo de los nuevos límites y controles sobre los municipios que establece la propia Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Es en este escenario jurídico descrito cuando se aprobó en el año 2014 el proyecto de


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ley municipal de Euskadi, fruto de la transacción política, y el sistema de fuentes en el que se enmarca hace referencia expresamente a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a la redacción derivada de la modificación de la Ley de bases de régimen local, operada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Estas normas han contribuido de forma esencial en la conformación del régimen local en la Comunidad Autónoma del País Vasco y posibilitan la actualización de los derechos históricos en materia local. Por tanto, queda claro que la realidad del sistema de fuentes del derecho local en Euskadi atiende a la singularidad propia en cuanto a la dimensión institucional, competencial, económico-financiera y presupuestaria, y en especial a la tutela financiera de los municipios, ejercida por las diputaciones forales.

Pero parece que ustedes no han tenido en cuenta esta realidad y eliminan nuestra especificidad foral recogida en la Ley 27/2003, artículo 1.34, lo que implica la eliminación de la disposición adicional segunda de la Ley de bases de régimen local, que habla del Régimen Foral vasco. Por lo tanto, el texto de su proposición de ley suprime la singularidad del régimen local de Euskadi. En 2013 se consiguió con mucho esfuerzo preservar la reserva foral y por tanto tener en el ámbito local un sistema diferenciado del resto del Estado, que además nos ha llevado a la aprobación de la Ley Municipal en el año 2016, una ley que supone un avance para el municipalismo vasco porque refuerza el papel del municipio en el entramado de la Comunidad Autónoma del País Vasco... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Adelante.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: ... Para que ahora vengan ustedes y nos quieran quitar de un plumazo nuestra especificidad y singularidad. ¿Dónde quedan nuestras garantías? ¿O es que pretenden acaso una nueva reconstrucción del nivel local? Desde luego con nosotros no cuenten para eso. Queremos que nuestro régimen foral se respete porque permite unas especificidades y peculiaridades que para nosotros son condición sine qua non y permiten una situación armónica con el resto de instituciones. Por todo ello votaremos en contra de su iniciativa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda, senyora presidenta.

Señoras y señores diputados, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local es una ley -y no descubro nada- que ataca a la autonomía local, que a la vez recorta la democracia y evidentemente también aleja el poder de la ciudadanía. Una ley que obvia las competencias autonómicas en Gobiernos locales y en la Administración territorial y no resuelve el problema de financiación de los entes locales. Debo decir, pues, que rechazamos una ley que fue aprobada sin ningún consenso, a golpe de mayoría absoluta, y una ley que ha provocado un nivel de conflictividad nunca visto. Fue rechazada por el Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat, que la han recurrido, y también por prácticamente toda la oposición; incluso logró el Partido Popular algo que parecía imposible: poner de acuerdo a cerca de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado y al 90% de los municipios catalanes para rechazar la conocida LRSAL y presentar un conflicto en defensa de la autonomía local. Necesitamos, pues, medidas urgentes en materia de régimen local. La más urgente, sin lugar a dudas, derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Necesitamos afrontar el verdadero problema de sostenibilidad financiera de los entes locales, que no es otro que su sistema de financiación.

Los gobiernos españoles, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, nunca han pretendido garantizar la suficiencia financiera y la autonomía de los entes locales. Después de más de treinta años de la recuperación de los ayuntamientos democráticos, el Estado español ha sido incapaz -repito: incapaz- de configurar un sistema de financiación adecuado. Debemos, pues, afrontar el problema. Señorías, no descubro nada si afirmo que la emergencia de la crisis se empezó a notar notablemente en los presupuestos públicos locales; de hecho, antes de acabar la primera década del siglo XXI, aunque fue justamente en los ejercicios 2011 y 2012 cuando más se acentuó. Las causas son ya más que conocidas: un descenso de ingresos vinculados al sector de la construcción, acompañado posteriormente del descenso de la participación en los impuestos del Estado, la bajada de las subvenciones corrientes y el cierre absoluto y total de los mercados financieros, fruto evidentemente del colapso


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financiero, un sector, cabe recordarlo, que rescatamos entre todos y todas. Y todo esto, señoras y señores diputados, aliñado con el elevado número de competencias, las mal llamadas competencias impropias, sin la correspondiente financiación, que en algunos casos podría llegar a representar más -digo más- del 30% del gasto corriente. Así pues, en el año 2011 nos plantamos, tras los resultados de la crisis para los ayuntamientos, con: aumento de déficit público, falta de liquidez y, a la vez, generalización de la morosidad. Y es, ante este miserable espectáculo, cuando llegan ustedes, los altos mandos de la bancada azul, con su numeroso ejército y capitaneados por el infalible Montoro inventan la Ley 27/2013, la llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una ley que nace -repito- de la más absoluta desconfianza hacia los Gobiernos locales. De hecho, lejos de resolver el problema estructural de financiación de los entes locales, la crisis fue justamente la excusa para situar a la Administración General del Estado en una posición de tutela de la Administración local en el centro, lo que ha supuesto un importante retroceso sobre los servicios que prestaban hasta la fecha las corporaciones locales o, dicho de otra forma, los servicios que prestaba la Administración más cercana al ciudadano.

Lejos de lo hecho hasta la fecha, debemos poner en valor de una vez por todas la autonomía local. No todo vale en nombre de la crisis. La crisis sí que fue, y de hecho lo sigue siendo, una oportunidad para racionalizar la Administración local. Como decía, nuestros ayuntamientos, todos ellos, necesitan reformas estructurales, un nuevo sistema de financiación más justo, más equilibrado con los servicios que prestan las corporaciones locales. El concepto racionalizar, como se ha visto, no es el mismo para todos los mortales; de hecho, los populares, con la excusa de racionalizar las administraciones públicas, lo que hicieron directamente fue lapidar muchos de los servicios públicos que prestaban estas administraciones.

El mundo municipalista es, señorías, un universo identitario de determinados servicios públicos, por lo que tiene de cercano y próximo a las necesidades sociales de los ciudadanos, y a la vez porque es quien conoce mejor la comunidad que, por voluntad popular, le ha tocado gestionar. La LRSAL amputó garantías democráticas, garantías de representación y, a la vez, de participación ciudadana, recortando los servicios sociales que se prestaban en los pueblos y en las ciudades de manera satisfactoria y, atentando, en consecuencia, contra el ámbito competencial de las comunidades autónomas contra dicha autonomía local.

La reforma del Partido Popular nos ha llevado fundamentalmente a degradar más la calidad democrática de nuestra sociedad convirtiendo a los ayuntamientos en simples gestorías, vaciándolos de contenido político y, alejando, en consecuencia, aún más el poder de los ciudadanos. Además, ha agudizado los procesos de privatización de recursos y de empresas públicas, haciendo uso del criterio de suficiencia o de sostenibilidad financiera, reduciendo de forma significativa la red de recursos públicos y, por tanto, la red de recursos para la mayoría de la población. Todo, además, obviando la singularidad catalana.

La Generalitat de Catalunya tiene, señorías -por si no lo saben se lo volvemos a explicar- competencias exclusivas en materia de organización territorial y de régimen local. Los entes locales forman parte de su sistema institucional, sin embargo, una vez más -repito- el Estado español sigue con su política profundamente homogeneizadora imponiendo una regulación homogénea a una realidad territorial que no lo es, que no es homogénea sino heterogénea. Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, pero es la Generalitat -repito también- la que debe regular los entes locales en Cataluña. Tenemos un modelo propio de Gobiernos locales, lo queremos desarrollar y tenemos las competencias para hacerlo. Esta proposición de ley peca de homogeneidad y, por eso, presentaremos enmiendas. (Rumores). Aunque el modelo español de régimen local impulsado por Podemos sea mucho mejor, infinitamente mejor -que no cuesta mucho- que el del Partido Popular, Cataluña no va a renunciar ni ahora ni nunca a su singularidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, debatimos la toma en consideración de la proposición de ley de medidas urgentes en materia de régimen local. En primer lugar, vaya por delante que creemos que el debate es oportuno y que incluso podría haber coincidencia, en la inmensa mayoría de los grupos, sobre la necesidad de una reforma del mundo local, de una reforma a nivel competencial y de una reforma también que asegure la estabilidad financiera.


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Me gustaría plantear cierta sorpresa por el marco que se presenta con esta propuesta. La iniciativa nos plantea la derogación de la mayor parte de la ley 27/2013, la LRSAL, aunque mantiene algunos artículos. Por otro lado, también pretenden una modificación muy concreta de determinados artículos de la Ley de Bases de Régimen Local. Luego tocan algunos temas puntuales también importantes, y por último, nos vamos a la disposición adicional tercera, que quizás es la que enmarca toda esta presunta reforma, en la que se da un mandato de nueve meses al Gobierno para que haga una reforma con profundidad de las bases de régimen local y nos traiga una propuesta con un rediseño de competencias y de la financiación de las entidades locales. (Continúan los rumores). ¿De verdad estamos trayendo ahora la discusión de esta ley para, de aquí a nueve meses, hacer la reforma buena? ¿De verdad traemos ahora, en un tema tan importante como este, una ley que se dedica únicamente a derogar la LRSAL para luego, dentro de nueve meses, ponernos a trabajar de verdad en la auténtica reforma necesaria que precisa el mundo local en España? Nosotros creemos que no debería ser esa la forma de funcionar. ¿Por qué no nos ponemos a hacer la reforma buena? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar directamente, nos olvidamos de la obsesión derogatoria y nos centramos en la reforma del mundo local, que es lo que necesita este país? (Aplausos). Como he dicho, estamos sorprendidos del marco o de la fórmula de trabajo que se propone con esta iniciativa, y desde luego en desacuerdo con ella. Así pues, anuncio que nuestro voto será contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley.

En todo caso, compartimos el diagnóstico de la necesidad de una reforma de la Administración local en España; compartimos el diagnóstico de que hace falta un rediseño de las competencias, pero ese rediseño debe ser con un criterio básico, que es el criterio de eficacia. Las competencias no están mejor si están en los ayuntamientos por sistema, ni están mejor si están en el Gobierno central por sistema, ni están mejor si están en la Administración autonómica por sistema, aunque parece que algunos defienden siempre una cosa o la otra. Hay que analizar cada competencia y ver qué Administración es capaz de satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos, porque para eso está al final la Administración pública, no para hacer guerras de Administración local contra Administración central o de central contra autonómica, sino para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por eso es bueno que se produzca el debate sobre ese criterio competencial, pero debe hacerse con este criterio de eficacia y de satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

¿Es preciso un debate sobre la financiación de las haciendas locales? Por supuesto que sí; tenemos que ponernos a debatir y tenemos que dar un sistema claro y seguramente un sistema conjunto de financiación para administraciones autonómicas y administraciones locales, que permita que cada una de esas competencias que hemos dicho antes que tenemos que repartir con un criterio de eficacia esté suficiente financiada. (Rumores). Estamos dispuestos a hacer propuestas en todos los sentidos de esta reforma; de hecho, llevamos propuestas en esa línea en nuestros programas electorales y parte de ellas están también contempladas en el acuerdo que se firmó con el Partido Popular en el pacto de investidura o en el acuerdo que se firmó en su día con el Partido Socialista.

Como digo, estamos dispuestos a ponernos a trabajar y a afrontar ese debate, a hablar de la ordenación, del reparto de competencias, pero con el criterio de eficacia al que nos hemos referido, así como a hablar de evitar duplicidades, una de las razones... (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, les ruego que ocupen sus asientos. En segundo lugar, guarden silencio, y se lo pido encarecidamente. No creo que lo tenga que repetir más veces. Señorías, aquí se está para escuchar a quien tiene el uso de la palabra. No lo voy a repetir más veces esta tarde. Les pido, sobre todo, que si tienen que hablar con sus señorías, por favor, abandonen el hemiciclo. Este no es un lugar para conversaciones bilaterales o trilaterales. Este es un lugar para que el orador hable y para que el resto escuchemos.

Continúe, señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Decíamos que tenemos propuestas sobre reparto de competencias, que tenemos propuestas sobre la simplificación administrativa, que no está recogida en esta propuesta que discutimos hoy. Creemos que se debe hablar de esa simplificación de niveles administrativos, que se debe hablar de las diputaciones. Recordemos que, en las diputaciones, el 60% de los recursos se quedan en pagar estructura y solo el 40 va a financiar servicios. Queremos unas estructuras, unos niveles administrativos que permitan que el cien por cien de esos recursos llegue a los municipios para mejorar los servicios que tienen los ciudadanos.


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Estamos dispuestos también a hablar de cómo se fortalece ese mundo local para que todos los municipios y ayuntamientos tengan autonomía y capacidad de salir adelante. Además creemos que se debe hablar de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué no? No se menciona en la reforma ni tampoco en la que realizó el Partido Popular, pero todos tenemos experiencia y hemos vivido lo que ha pasado con la corrupción en el mundo local y, en consecuencia, tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado y poner soluciones para que no vuelva a repetirse. Una de las propuestas que hacen ustedes en su proyecto de ley es recuperar y fortalecer las competencias de urbanismo de los municipios. Igual habría que discutirlo y ver si ese es el mejor nivel para tomar decisiones que suponen tanta generación de beneficios, ese nivel tan próximo. En definitiva, habría que hablar de lucha contra la corrupción y, por supuesto, de esa financiación suficiente. Estamos dispuestos a hablar de todo eso. Tenemos propuestas -insisto-, no un parche para nueve meses. Vamos a hablar de esa reforma integral del mundo local y vamos a empezar a hablar ya.

Hay algunos aspectos puntuales en la exposición de motivos que podríamos criticar y con los que no estamos de acuerdo, pero es normal, y lo ha dicho la proponente en su discurso. Parece que hay como una criminalización de la colaboración entre lo público y lo privado. Parece que queremos pasar de un lado, en el que se privilegia esa colaboración público-privada, al otro, en el que se quiere criminalizar y decir que eso siempre encarece los costes del servicio que se presta. Pues no. Habrá que estudiar cómo resulta más efectivo realizar cada servicio, si directamente por la Administración pública o si es más eficiente y más efectiva esa colaboración público-privada. Insisto en que desde el sectarismo haremos un flaco favor a los ciudadanos. Analicemos la forma en que somos capaces de gestionar mejor en cada caso los recursos y el dinero público, que no es que no sea de nadie -como decían algunos-, sino que es de todos, y por tanto debemos cuidarlo más que nunca.

Hablan ustedes de recuperar algunas competencias -ya lo hemos hablado- en el tema del urbanismo. Insisto en que tenemos que hacer un debate global sobre qué competencia es mejor que esté en el Estado central, qué competencias son más eficientes en las comunidades autónomas y qué competencias son más eficientes en los municipios, pero sin apriorismos ni sectarismos. Por otra parte, está la derogación, que es lo más importante de este proyecto de ley. Nosotros no estamos de acuerdo en derogar por derogar. La LRSAL tenía unos objetivos que se pueden compartir, uno de ellos, evitar duplicidades, como hemos dicho, con el que estamos de acuerdo. Quizá no ha sido todo lo eficiente que debería en ese sentido. Asegurar la viabilidad financiera de los municipios. No estamos de acuerdo en cómo se ha desarrollado ni con muchos de los preceptos de la LRSAL, pero está claro que en estos objetivos que he mencionado sí que estamos de acuerdo y, que debemos seguir trabajando para tener unos municipios más fuertes, con una independencia económica que permita además esa independencia política que se reclama.

Por lo tanto -y concluyo-, de acuerdo con que se abra el debate de la reforma de la Administración local, de acuerdo con la necesidad de un nuevo modelo de reparto de competencias, de acuerdo con la necesidad de acabar y de dotar de una nueva fórmula a la financiación local, pero en contra del sistema que nos plantean los proponentes de poner ahora un parche para en nueve meses empezar a trabajar en la ley buena. Empecemos ya a trabajar en la ley buena. Creemos que si dejamos los dogmatismos y los apriorismos de lado hay espacio para el consenso, hay espacio para el acuerdo, hay espacio para mejorar las competencias y la financiación de la Administración local. Pongámonos ya a ello, pongámonos ya a trabajar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pradas Torres.

El señor PRADAS TORRES: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Hace un par de semanas terminé aquí mi intervención en relación con una moción sobre la regla de gasto de los ayuntamientos, diciendo que el camino hacia el municipalismo no es tal, sino que el municipalismo es el camino. Entonces citaba a Gandhi. Posiblemente sea un poco exagerado citar a Gandhi en un asunto tan prosaico como pueden ser las administraciones públicas, pero es que el camino hacia el municipalismo real y efectivo -al menos como yo lo entiendo- está siendo tan tortuoso en este país que caben este tipo de exageraciones. De verdad, no sé qué tienen que hacer los ayuntamientos en España para tener el reconocimiento del resto de las administraciones del Estado, porque el reconocimiento de la sociedad española sí lo tienen, lo vienen teniendo desde hace mucho


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tiempo. Nadie ha hecho más daño al municipalismo que el Gobierno del señor Rajoy, al menos que yo conozca. Miren que conocí el Gobierno del señor Aznar estando yo de alcalde, pero como el Gobierno del señor Rajoy, como el Gobierno del señor Montoro y como el Gobierno del señor Beteta -no me quiero olvidar del señor Beteta- nadie ha hecho tanto daño a los ayuntamientos, nadie ha hecho tanto daño a los corporaciones locales menores, nadie ha hecho tanto daño a las diputaciones ni a las entidades autónomas. Cuanto más pequeño es el municipio más daño se le ha hecho con esta reforma que hoy estamos analizando. Tan grande ha sido el perjuicio, señora Honorato y señor Vendrell, que esta proposición que ustedes nos presentan, sin duda bien intencionada, es insuficiente, totalmente insuficiente. Eso con independencia de algunas cuestiones técnicas en las que entraré un poco más adelante.

La llamada Ley de racionalización o mal llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local está suponiendo ya, después de tres años de funcionamiento, una involución gravísima de la concepción que sobre el mundo local se había alcanzado en este país desde la constitución de los ayuntamientos, allá por el año 1979. La nueva ley del Gobierno del PP ha supuesto la negación de este espacio que habían conseguido los ayuntamientos. Está suponiendo en muchos casos el desmantelamiento del servicio, privatizaciones, el estrangulamiento de los pequeños municipios y supresiones de puestos de trabajo; en definitiva, ayuntamientos en libertad vigilada, donde los servicios básicos y los vecinos han pasado a ser algo secundario. Y está provocando algo más grave -si cabe- que no me cansaré de repetir: en la fase del proyecto de esta ley abrieron el falso debate de la reducción de concejales y pusieron el foco en el sueldo de los alcaldes, dando a entender a los ciudadanos que ahí estaba el motivo de los males que estaban padeciendo en ese momento como consecuencia de la crisis. Eso es algo injusto y cruel para los ayuntamientos y para los municipios.

Los socialistas hemos liderado la lucha del municipalismo contra la reforma del Partido Popular desde el minuto cero y, por eso, nos hemos propuesto derogar esta ley desde el mismo momento en que fue aprobada por este Congreso de los Diputados. Las autonomías gobernadas por el Partido Socialista han interpuesto recursos contra la ley ante el Tribunal Constitucional y nuestros ayuntamientos son la mayoría -quiero recordárselo- de los 3.000 que han planteado ese conflicto de defensa de la autonomía local a que ha hecho referencia alguno de los oradores.

Hemos presentado multitud de iniciativas en esta Cámara y en el Senado. Hemos presentado mociones en todos los ayuntamientos para ir contra esta norma totalmente injusta. Pero los socialistas queremos impulsar una reforma local de verdad y queremos hacerlo dentro de un proceso responsable, transparente y participativo, en el que activamente puedan intervenir todos los agentes implicados desde el principio: los grupos parlamentarios, la FEMP y, por supuesto, todas aquellas entidades municipales y expertos que tengan algo que decir y que aportar. Aquí se ha invocado eso, pero no se ha consultado a nadie. Entendemos que la nueva Ley de Régimen Local ha de reforzar la autonomía local, garantizar un sistema de financiación estable sobre la base de unas competencias bien definidas para los entes locales, y además exigimos la aprobación de una nueva ley de haciendas locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales de forma coordinada con la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los tributos de las propias comunidades autónomas. Ahora, por cierto, se ha abierto un trabajo muy importante en el seno de la Comisión de Hacienda. Es muy importante esta Comisión y los acuerdos que esta Comisión alcance.

Lo más llamativo de esta proposición de ley, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, es que insiste en una consideración subordinada y vigilada de los ayuntamientos españoles. Como muestra no hay más que acudir a la exposición de motivos de la proposición de ley que, en su primera frase, se refiere al mundo local con la denominación de administraciones locales, eliminando así la relevancia política del mundo local que los socialistas siempre hemos puesto de manifiesto llamándolos Gobiernos locales. Esto podría ser una anécdota, pero es que esa consideración subordinada se refleja en el articulado de forma peligrosa al salvar de la derogación la regulación que hizo sobre los medios financieros de los ayuntamientos, que son los que posibilitan realmente el papel en el mundo local y del papel que el mundo local tiene que jugar. Me refiero a que en esta proposición de ley se salva al completo el artículo 2 de la ley, es decir, toda la reforma que se operó en la Ley de Haciendas Locales y que suponía a nivel financiero la consideración del municipalismo como una realidad dependiente y tutelada del Estado -es decir, por el señor Montoro- e imagino que eso será un error. ¿O es que el son no va con las castañuelas como dicen en nuestra tierra, señora Honorato? Ustedes hablan mucho de la independencia y, sin embargo, mantienen todas las herramientas que ha puesto el ministerio precisamente para eliminar


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la autonomía municipal. Salvan ustedes de la derogación la regulación que la ley hizo de los habilitados a los que esta ley configura poco menos que en comisarios y vigilantes de los municipios españoles. Se ve con total nitidez cuando establecen que el Gobierno central establecerá normas sobre los procedimientos, metodología de aplicación y criterios de actuación, así como del estatuto de derechos y deberes del personal controlador. Hablan de personal controlador o permiten que se siga hablando de personal controlador, y ustedes lo aceptan.

En relación con los artículos que ustedes proponen modificar, lo que hacen fundamentalmente es volver a la Ley del año 1985, una ley que ya en el último mandato de la época del Gobierno socialista se intentó modificar, porque estaba totalmente obsoleta y no respondía a la actualidad de los municipios del siglo XXI. Retrocedemos treinta y dos años y, por eso, les decimos que para ese viaje no hacen falta alforjas.

Señores de Unidos Podemos, lo que ustedes nos plantean no nos gusta nada y queremos llegar mucho más lejos, queremos apostar con fuerza por una reforma local que nuestras corporaciones locales necesitan y, sobre todo, nuestros vecinos y vecinas. De verdad, señoría, los Gobiernos locales no están para más parches, sobre todo, para parches de siete u ocho meses que vuelvan a crear inseguridad jurídica.

El Grupo Socialista se va a abstener en esta votación de toma en consideración de esta proposición de ley que posiblemente tenga muy buenas intenciones, pero muy poca técnica, y que les aseguro que no va en consonancia con lo que está reclamando en este momento el mundo local. Por cierto, ustedes, que tanto hablan de participación, ¿de verdad han consultado a los alcaldes antes de registrar esta proposición? Porque hay alcaldes suyos que me han dicho que no les han consultado absolutamente para nada, y les puedo decir después cuáles son para que no consten en el Diario de Sesiones. ¿De verdad quieren que sus alcaldes y ayuntamientos sigan limpiando y manteniendo los colegios de infantil y de primaria, cuando esta es una competencia de las comunidades autónomas?, ¿les han preguntado a los alcaldes si quieren seguir manteniendo y limpiando los colegios o querrían mejor que se haga como con los institutos y que los limpie, en este caso, la Junta de Andalucía, la Comunidad Valenciana o la comunidad catalana?, ¿están dispuestos los alcaldes de municipios de 4.000 o 5.000 habitantes, como es el caso de Gilena o de Pedrera, en los que gobiernan ustedes, a prestar en todo caso, como establece el artículo 2, el servicio de bomberos, el de depuración de aguas, o el de reciclaje? Esos mismos alcaldes han delegado esas competencias en las mancomunidades, y ellos mismos las presiden en algunos casos. Primero financiación y luego competencias. Ese es el eslogan que ha nacido de la desconfianza de los ayuntamientos hacia otras administraciones.

En otro orden de cosas, ¿han explicado bien a los alcaldes de Navarra y Euskadi cómo quedará el Régimen Foral si suprimen el artículo 1, párrafo 34, y las disposiciones adicionales? -Cuestión en la que no voy a profundizar porque se me acaba el tiempo y lo ha explicado perfectamente la señora Sagastizabal-. Señorías, demasiados interrogantes que responden a un planteamiento, con todos mis respetos, atropellado, falto de ambición y que carece del debate necesario en el corazón del municipalismo. No se puede caer en el mismo error que el PP. Para legislar sobre lo local no se debe dar la espalda a los alcaldes y a los concejales.

Señorías, termino. Los socialistas queremos que esta sea la legislatura del municipalismo; así lo expresaron nuestros alcaldes y alcaldesas el pasado sábado de forma mayoritaria y vamos a dar esa batalla; no les quepa ninguna duda. En el camino de esa lucha seguro que nos encontraremos y coincidiremos, pero hoy solo podemos abstenernos en esta proposición que, siendo generoso, solo podría calificar de manifiestamente mejorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí Sáez.

El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy encontró una Administración local en situación dramática y prácticamente en quiebra -por cierto, señor Prada, después de ocho años de gestión del señor Rodríguez Zapatero-. La crisis económica, un obsoleto marco legal, los problemas de financiación y muchas, muchas decisiones equivocadas habían convertido a las entidades locales en un obstáculo para la recuperación y en un grave riesgo para la supervivencia de muchos servicios públicos que son prestados por las corporaciones locales.


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Hoy hemos vuelto a escuchar algunas de esas mismas falsedades y los mismos discursos demagógicos sobre las reformas en el ámbito local que hizo el Partido Popular en la pasada legislatura. Señorías, ninguna de las grandes catástrofes anunciadas y hoy reiteradas por ustedes se han producido. Ni ha desaparecido ningún municipio, ni se ha perdido ninguna competencia por parte de ningún municipio, ni se han suprimido servicios sociales, ni se ha producido la privatización masiva de servicios públicos, ni se han perdido los miles de empleos que ustedes decían que se iban a perder. Además -esto es muy importante y no se tiene en cuenta-, los problemas de constitucionalidad que pudiera tener la ley ya los ha resuelto el Tribunal Constitucional, al pronunciarse ampliamente y declarando por cierto constitucionales la inmensa mayoría de los preceptos objeto de controversia de los distintos recursos presentados.

Señorías, no nos parece que haya razones que aconsejen modificar esta ley en la dirección que marca esta proposición presentada por el Grupo Parlamentario Unidos-Podemos, más bien todo lo contrario. Con la tramitación de esta iniciativa llenaríamos de incertidumbres a las corporaciones locales y correríamos serios riesgos de volver a los viejos problemas que la Administración local hoy está felizmente superado. Hoy en este turno voy a intentar demostrarles lo equivocados que están. Lo podría hacer con datos generales y le podría decir por ejemplo que se ha puesto orden en la Administración local suprimiendo 1.500 entes innecesarios -sí, sí, señorías, innecesarios-, o que el 97% de las entidades locales presentan hoy superávit presupuestario, o que el conjunto de la Administración local ha pasado de un déficit del 0,4% a un superávit del 0,5%, o que se han ahorrado muchos cientos de millones de euros en el pago de intereses. Podría decirles también, por ejemplo, que se han pagado 2 millones de facturas pendientes por las corporaciones locales, por valor de 11.500 millones de euros a más de 123.000 proveedores, salvando cientos y cientos de empresas y miles y miles de puestos de trabajo, señorías. (Aplausos). También podría utilizar argumentarios prefabricados, como los que hemos escuchado aquí esta tarde, o con esa retórica fácil y demagógica que ha utilizado, por ejemplo, la señora Honorato esta tarde en esta tribuna, pero creo que les voy a convencer mejor si les hablo de dos municipios de mi provincia, Almería, del municipio de El Ejido y del municipio de Macael. Usted, señora Honorato, nos ha hablado de París, de Berlín, de ciudades europeas; yo voy a hablarles de municipios españoles. Les voy a contar brevemente cómo estaban esos ayuntamientos en 2011 y cómo están hoy, después de cinco años de gestión de dos grandes alcaldes y después de cinco años en los que se ha puesto en marcha no solo la ley cuya derogación hoy se pretende empezar sino también un montón de medidas aprobadas por el Gobierno de España y que han servido para garantizar los servicios públicos que reciben los vecinos de esos municipios y de los 8.125 que componen España.

Municipio de Macael, de 5.800 habitantes, 5,6 millones de presupuesto. Lo conocerán ustedes porque es muy apreciado su famoso mármol, el mármol de Macael. En 2011, el nuevo equipo de Gobierno del Partido Popular se encontró con un presupuesto de 4,5 millones de euros y una deuda de 18 millones de euros, 627 euros en las cuentas municipales, señorías, 3.700.000 euros en facturas sin contabilizar. Se debían cuatro nóminas a todos los trabajadores municipales, se debían las ayudas a todas las asociaciones culturales y deportivas, había amenazas de corte de suministro eléctrico al ayuntamiento y hasta una plaza pública del pueblo estaba embargada por orden judicial. Pues bien, después de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local y las medidas de liquidez y apoyo financiero adoptadas por el Gobierno, el Ayuntamiento de Macael ha podido pagar 6 millones de euros de facturas pendientes, lo que lógicamente ha contribuido al mantenimiento de empresas locales y al mantenimiento y creación de muchos puestos de trabajo en la comarca, como conoce muy bien mi compañera Carmen Navarro, que es de Macael. Hoy el Ayuntamiento de Macael está al día con los trabajadores locales, hay tesorería suficiente para su correcto funcionamiento, no existe ninguna factura sin contabilizar, se levantó el embargo sobre la plaza, se cumple la Ley de morosidad y hay liquidez para mejorar los servicios públicos. Y escuchen bien, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Macael se ha creado un fondo social, dotado con 30.000 euros, destinado a vecinos que no pueden pagar la luz, el agua o los alimentos de primera necesidad e higiene; un fondo que se nutre, por cierto, con recursos propios del ayuntamiento. Todo esto, señorías, insisto, gracias al Gobierno de España y a una gran gestión de un equipo de Gobierno del Partido Popular que dirige su alcalde Raúl Martínez. Por cierto, como información complementaria les diré también que el Ayuntamiento de Macael está pagando además parte de los servicios que son competencia, señor Pradas, de la Junta de Andalucía: el Centro Comarcal de Drogodependencia, el Centro de Información de la Mujer, la Unidad de Empleo de la Mujer, servicios de guardería, etcétera. Son, en fin, competencias autonómicas que, como pasa en tantos sitios, tienen que asumir las corporaciones locales.


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Aprovecho para volver a hacer una referencia al tema de los recursos de inconstitucionalidad. Por mucho que se diga lo contrario, señorías, las sentencias ya emitidas por el tribunal han venido a convalidar la constitucionalidad de la mayor parte de los preceptos impugnados, dejando a salvo -les guste o no les guste- los aspectos esenciales de la reforma local.

Otro municipio, El Ejido; municipio de 90.000 habitantes, con 78 millones euros de presupuesto; municipio que también conocerán ustedes, porque tiene muchos invernaderos y es conocido por sus verduras y sus hortalizas y por ser la huerta de Europa. En 2011 este ayuntamiento estaba en quiebra: 300 millones de deuda, negativa de los proveedores a prestar servicios, cortes mensuales en el suministro eléctrico, servicios públicos de mala calidad afectados por impagos y huelgas de trabajadores, imposibilidad de hacer inversiones ni siquiera de mantenimiento. Pues bien, como en el caso de Macael, gracias a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de El Ejido, después de cinco años de gestión de su alcalde, Paco Góngora, y su equipo de gobierno y gracias a las medidas del Gobierno del Partido Popular, hoy ese ayuntamiento ha cerrado en 2016 pagando en treinta días, con remanente de tesorería positivo. Pagó más de 5.000 facturas a más de 400 proveedores por valor de 122 millones de euros; se trataba de muchas empresas a punto de desaparecer y de muchos trabajadores a punto de perder su puesto de trabajo. Gracias a las medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular se ha podido incrementar el presupuesto en más del 30% para servicios básicos como limpieza o recogida de basuras y se ha recuperado la capacidad de inversión hasta el punto de que han podido solicitar ayudas para estrategias de desarrollo sostenible. Todo eso ha sido gracias a lo que se hizo en la pasada legislatura por el Gobierno del Partido Popular.

Señorías, hay muchos ejemplos en toda España de ayuntamientos y alcaldes que están haciendo lo mismo. Yo podría seguir hablando de miles de ayuntamientos y de miles de alcaldes que hoy prestan mejores servicios que hace cuatro años. Lo que no sé es si ustedes podrían volver a subir a esta tribuna y poner ejemplos de ayuntamientos que hayan recortado o privatizado servicios públicos durante estos años por culpa de esas reformas que ustedes dicen del Partido Popular. Me valdría que pusieran el ejemplo del Ayuntamiento de Rivas, en la Comunidad de Madrid, gobernado desde el año 1983 por Izquierda Unida, que tiene privatizado, según su vocabulario, el mantenimiento de equipos de iluminación, el servicio de envíos de correos y notificaciones, el servicio de señalización viaria y también la gestión de las escuelas deportivas y el servicio de ayuda a domicilio. Y, por cierto, después de entrar en vigor la reforma local, el ayuntamiento ha podido recuperar sin ningún problema la Empresa Municipal de la Vivienda, que estaba externalizada o privatizada, como a usted le gusta decir. Por tanto, menos demagogia, señorías del Grupo de Podemos.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular -y termino, señora presidenta- va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley porque es errónea, porque es innecesaria y porque pone en serio riesgo la buena marcha de las corporaciones locales y, lo que es más importante, la prestación de los servicios que hoy reciben los vecinos de esos ayuntamientos. Derogar lo que funciona y lo que da buenos resultados por razones ideológicas, señorías, es un grave error que perjudica gravemente a los ciudadanos. Señorías, las medidas urgentes en materia de régimen local ya se tomaron durante la legislatura anterior, medidas que ofrecen hoy resultados positivos como los que yo les he comentado de municipios como El Ejido y Macael. Señorías, todo eso -insisto- ha sido gracias a las reformas impulsadas efectivamente por el ministro Montoro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN POLO PÚBLICO BANCARIO. (Número de expediente 162/000296).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público bancario. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Domènech Sampere.


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El señor DOMÈNECH SAMPERE: Buenas tardes, señorías.

Escucho un poco atónito a muchos grupos parlamentarios declararse radicalmente en contra de la LRSAL y a la vez explicar que van a votar en contra de la derogación de la LRSAL. Podrán explicar los motivos que quieran, pero el titular de hoy va a ser que la Ley Montoro la mantiene gente que dice que está en contra de la propia Ley Montoro. No se explica para nada. (Aplausos).

Hace dos semanas le pregunté al ministro de Economía, al señor Luis de Guindos, sobre el rescate bancario. La pregunta era muy sencilla: cómo pensaba recuperar el Gobierno los 60.000 millones de euros que se habían inyectado al sistema bancario español desde 2009. La pregunta era sencilla y la respuesta fue la nada; no hubo respuesta en el control parlamentario. Esa nada en la que se convirtieron todas la declaraciones de los representantes del Gobierno de España, que habían dicho que los contribuyentes no pagarían esos 60.000 millones de rescate bancario, es un silencio no menor, teniendo en cuenta que la historia de nuestra crisis, por mucho que nos hayan contado otras cosas, es básicamente la historia de la crisis financiera y bancaria. Es verdad que cuando empezó la crisis rápidamente dijeron que era culpa nuestra, que la culpa de la crisis era que todos nosotros habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero todos sabemos que la verdad es que quien había gastado, especulado y estafado por encima de nuestras posibilidades no era otro que el sistema financiero y bancario mundial y también de nuestro propio país. Esto no es solo un problema del Estado español, evidentemente, es un problema global, y el problema se llama, en palabras de Keynes, el capitalismo de casino, el conjunto de políticas desregulatorias sobre el sistema financiero que se practicaba en los años ochenta y noventa, que acabaron con todo aquello que se había implementado a partir de las lecciones del crack del 29 y de los años treinta; esa sinrazón y esa irresponsabilidad que se aplicó durante esas décadas nos llevó a un capitalismo de casino, a una especulación global. Cabe recordar -porque ahora ustedes pensarán que estoy haciendo un discurso de extrema izquierda; tampoco pasa nada- que un presidente como Eisenhower, un republicano de derechas, un general, gravaba los beneficios de las transacciones a corto en la bolsa con un 80%. Seguramente para muchos de ustedes Eisenhower a día de hoy sería un podemita un poco totalitario y con tintes venezolanos, pero todos sabemos que ese no era el tema. En todo caso, era alguien que sabía que no se podía permitir un capitalismo de casino.

La magnitud del problema que tenemos, que no se ha afrontado aquí ni en ningún sitio, se explica muy brevemente con un solo dato, y con ese solo dato lo voy a intentar explicar. En 1982 el conjunto de activos financieros del planeta Tierra valía cinco veces más que la producción real del planeta Tierra. En 2008, cuando empieza la crisis, el conjunto de activos financieros del planeta Tierra valía dieciséis veces más que la producción real del planeta Tierra. Ese es el problema, esa es la crisis. Por eso, cuando nos decían que nos rescataban, en realidad nos estaban secuestrando; estaban diciendo: ¿quién va a pagar la factura de esa especulación? (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). El problema, efectivamente, es global, y no se ha hecho nada para solucionarlo a pesar de las alegrías actuales de pensar que ya hemos salido de esa crisis. Pero en España ese problema revistió también una cualidad especial, que era la del sistema bancario español, ese sistema bancario que consiguió, en medio de la autarquía y posteriormente bajo la dictadura, los márgenes de beneficios más grandes de Europa; esos seis grandes grupos bancarios que controlaban el 40% de los activos industriales del país; ese sistema bancario que no tenía ningún problema en socializar pérdidas y privatizar beneficios a favor del INI, una práctica que seguimos viviendo todavía hoy, que no ha cambiado con el paso de la dictadura a la democracia. Es más, durante el periodo democrático se acabó también, para ayudar al sistema bancario, con la banca pública. La banca pública tenía una cuota de mercado del 20% y se privatizó. Y ustedes dirán: Es que eso se tenía que acabar. En Alemania actualmente la banca pública tiene esa misma cuota y ha permitido hacer políticas anticíclicas que aquí no se han podido hacer. (Aplausos). De hecho, mientras teníamos que inyectar 60.000 millones a ese sistema financiero porque si no nos íbamos todos a la ruina, el sistema bancario español sacaba unos beneficios de 95.000 millones de euros. No está mal para estar en crisis, no está nada mal. Esto se llama el mayor robo perpetrado en la historia en nuestro sistema económico. La realidad fue que eso que se vendía como que se tenía que salvar el sistema financiero para que volviera el crédito, que no volvió, conllevó desahucios, acumulación de pisos en manos de los bancos, estrangulamiento de la economía productiva, cláusulas suelo y puertas giratorias, muchísimas puertas giratorias, con tarjetas black incluidas. Ese fue el agradecimiento de ese sistema financiero a todos nosotros, que le estábamos dando nuestros recursos.

De hecho, ante todo ello -como tengo poco tiempo, voy a intentar centrar el tema-, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo en estos años se ha concentrado aún más el sistema bancario. Hemos visto


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cómo se vendían bancos o cajas rescatadas que habían valido 2.000 millones de euros por un solo euro. Hemos visto cómo de nuevo, como siempre, se privatizaban beneficios y se socializaban pérdidas, todo ello con la colaboración necesaria, sin duda, de este Gobierno y de los reguladores. ¿Cuál es nuestra propuesta ante todo esto? Regulación. ¿Cuál es nuestra propuesta ante todo esto? Banca pública. Es un tabú, como era o es tabú hablar de nacionalización. Solo es tabú hablar de nacionalización cuando es a favor de los más, porque nacionalizar hemos nacionalizado como nunca cuando ha sido a favor de los menos. (Aplausos). Aquí hay un Estado de bienestar organizado, pero no para la ciudadanía; es para los ricos de este país. Ante esto -y voy terminando-, nuestra propuesta es crear un polo bancario a partir de Bankia y de Mare Nostrum, un polo bancario público. A lo mejor les parece radical, pero el propio Banco Mundial reconoce el papel positivo que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito, compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados, así como la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos, una oportunidad que aquí no teníamos. Vamos a intentar hacer políticas nuevas para tiempos nuevos, para superar realmente esta crisis y no para vivir solo en el cinismo organizado del sistema financiero.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Domènech Sampere.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en relación con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo bancario público, hay que decir que en España ya existe banca pública. El Estado, a través del FROB, detenta la mayoría accionarial en Bankia y Banco Mare Nostrum, como resultado del proceso de nacionalización de las antiguas cajas de ahorro integradas en esos bancos para salvarlos de la quiebra, y está el ICO, que tiene carácter de banco público de inversión, es decir, ya existe banca pública en España. La cuestión de fondo, sin embargo, no es tanto la creación de un polo público bancario -que ya existe- como si queremos mantener el carácter público de esos bancos y desarrollar o no o en según qué condiciones y circunstancias una banca pública y qué tipo de banca pública; si queremos analizar qué fallos de mercado pueden existir en el sistema financiero español y cómo darles respuesta y si queremos ver de qué forma se pueden cubrir algunos aspectos de aportación social y desarrollo económico-territorial que la desaparición de las cajas de ahorro han dejado sin atender y definir qué modelo de sistema financiero puede ser el más adecuado para el desarrollo económico de este país. Este debate nos parece sustancial.

Hemos visto que si algo atenta contra el desarrollo económico de un país y supone un riesgo gravísimo para los trabajadores y trabajadoras y para la ayuda de las personas es la quiebra del sistema financiero o de alguno de sus bancos, ya sea público o privado, ya sea alguna fundación privada con contenido social como eran las cajas, como hemos podido comprobar en los últimos años con la crisis financiera y el advenimiento de la conocida como gran recesión. Esto nos debería llevar a aprender las lecciones del pasado y a no insistir en políticas que nos han llevado al fracaso. En consecuencia, si algo no hay que hacer es restablecer el sistema de cajas de ahorro tal y como estaba concebido con anterioridad o establecer una nueva banca pública que operase como aquellas. Pero también es verdad que no debemos dejar todo en las manos de un mercado que solo, sin control ni regulaciones, se convierte en una selva y nos lleva al precipicio, como así se ha visto en la crisis financiera internacional. La crisis financiera mundial no nació del colapso de las cajas de ahorro españolas ni de la quiebra de los escasos bancos públicos existentes, sino que se produjo en el corazón del capitalismo financiero mundial y afectó a bancos privados gestionados por consejeros privados. En el caso español tocó de pleno al sistema de cajas de ahorro, excesivamente apalancadas tras un proceso de expansión territorial y de crédito vinculado a la burbuja inmobiliaria, con muy escasa capacidad de resistencia financiera ante un shock de esas magnitudes y con un sistema de gobernanza y de comportamientos empresariales y personales en algunos casos manifiestamente mejorables y denunciables. El Banco Mundial, en un informe del año 2013 -que usted ha mencionado-, hace referencia al carácter contracíclico de bancos públicos en países en vías de desarrollo y también dice que introducir bancos públicos cuando no existe fallo de mercado o con una gestión ineficaz puede generar importantes riesgos para el sistema financiero, las finanzas públicas y la economía.


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El Grupo Socialista defiende, como siempre ha hecho, el carácter mixto del sistema económico y financiero y entiende que, dado el carácter sistémico de la banca, que hace que disponga de una red de seguridad pública, introducir donde existen fallos de mercado actuaciones o actores públicos sujetos a una buena gobernanza, a una buena regulación, a la existencia de contrapesos, competencia y controles adecuados y estrictos puede ser positivo para el conjunto de la economía española. Además, la potenciación de una banca más social, como pueden ser las cooperativas de crédito y la banca ética, junto a nuevas estructuras extrabancarias que amplíen el espectro de financiación del tejido económico, siempre de acuerdo a parámetros de eficiencia, solvencia y rigor, puede enriquecer y ampliar la oferta financiera a las personas y a las empresas de nuestro país, reducir la concentración bancaria, aumentar la competencia y, en definitiva, generar un sistema financiero más sólido, diversificado y solvente.

En este contexto de debate sobre el futuro del sistema financiero español, en el que nos van a encontrar, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda en la que instamos al Gobierno a apoyar la fusión de las entidades financieras Bankia y Banco Mare Nostrum, a no proceder a la desinversión en Bankia y BMN a un precio que no permita recuperar las ayudas públicas concedidas a ambas entidades, a potenciar los recursos del ICO como banco público de inversión en la financiación de proyectos de infraestructuras y equipamientos, en proyectos empresariales estratégicos y en proyectos de pymes, emprendedores y autónomos, e instamos al Gobierno, entre alguna otra cosa más, a habilitar líneas de financiación especiales para evitar la exclusión financiera de personas, colectivos o sujetos económicos con dificultades de acceso al crédito.

Hemos llegado a un acuerdo con el grupo proponente a través de una transaccional que fusiona las propuestas de los dos grupos y, en consecuencia, vamos a apoyar la iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Lasarte Iribarren.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Decía el señor Domènech, de En Comú Podem, que esta iniciativa pudiera parecer un poco radical y sé que no estaba pensando en gente como nosotros y nosotras, en las gentes de Euskal Herria Bildu, sino más bien en otras bancadas. Sinceramente, a nosotros no nos parece muy radical, no nos lo parece en absoluto. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). No vamos a votar en contra; no lo íbamos a hacer de la propuesta original y tampoco lo haremos de la transacción, pero en cualquier caso sí le digo que nos parece muy tímida para la realidad actual. Nosotros y nosotras seguimos diciendo algo que es muy básico en la izquierda y es que creemos en la intervención del poder público, creemos en la intervención del Estado en la economía y creemos en la necesidad de la banca pública, de la banca pública fuerte, de la banca pública capaz de intervenir y de determinar los sectores estratégicos o de influir en los sectores estratégicos de un país. Eso es lo que queremos para nuestro país, para Euskal Herria; eso es lo que pretendíamos y pretendemos tener y eso es lo que estábamos cerca de tener hasta que decidieron arrebatarnos algunos de los instrumentos que estaban en nuestras manos, como las cajas de ahorro, a través de la bancarización, a través de la Ley de fundaciones bancarias. Esa es una realidad que echamos en falta en este texto, porque es verdad que ustedes hablan del Decreto 26/2013, pero no hacen alusión al Decreto 24/2012, que también habla de cómo se lleva la privatización a entidades bancarias que quizás no funcionaban de manera tan desastrosa, de manera tan vergonzosa, yo diría que de manera tan delictiva como lo han hecho algunas entidades bancarias de las que hoy se está hablando, pero que también podrían ser sujetos del motivo de carácter público y que por esta Ley 26/2013 se ven abocadas hacia un escenario de privatización, desposeyendo a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de tener instrumentos públicos.

Señalaba usted una cuestión con la que estamos de acuerdo. Hemos vivido tiempos de socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Curioso. Es curioso que en esta Cámara, donde tantas veces se ensalza la lógica neoliberal, que dice que hay que dejar intervenir a la iniciativa privada, que hay que apostar por la colaboración público-privada, que siempre es la detracción de dinero público hacia manos privadas, recurran al papá Estado, que recurran a las instituciones públicas cuando la gestión de sus negocios es ruinosa. Hemos vivido ayudas bancarias para Rato, hemos vivido jubilaciones millonarias y sueldos millonarios y quieren que nos pongamos de uñas, que nos enfademos con lo que cobran los estibadores, que ellos se lo han ganado y ellos lo han luchado.


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Termino con una cuestión. El problema de las entidades bancarias no es que fueran públicas y que por eso estuvieran mal gestionadas, sino que algunos utilizaban su carácter público para gestionarlas intencionadamente mal, para colocar a sus amigos en los consejos de administración y para detraer el dinero de todos y todas y llevarlo a unos bolsillos muy concretos y muy particulares: los de unos pocos. Nosotros creemos que eso es lo que habría que atacar y por eso decía que nos parece tímida.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyor president.

Señorías, el primero en abrir la boca fue el ministro de Economía allá por mayo de 2012; el señor De Guindos tuvo a bien decir que en aquella desmesurada cantidad de dinero público que le iban a dar a los bancos no había coste ninguno para los contribuyentes. Poco después, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría nos decía que ese rescate encubierto se hacía con un objetivo fundamental: que no costase ni un euro a los contribuyentes. Y la guinda la puso como siempre el señor Rajoy, que en noviembre de 2012, en pleno debate con el candidato del Partido Socialista, afirmó con total rotundidad: Yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público. Pues bien, más de 61.000 millones, señorías. Por cierto, súmenles ustedes los 300 millones en cláusulas suelo que ahora se han dado prisa en devolver para poder privatizar Bankia y Mare Nostrum sin cargas para sus amiguitos.

Señor Rajoy -no está usted presente, como siempre-, en cualquier democracia avanzada, usted, su vicepresidenta y el ministro de Economía habrían dimitido, pero, claro, parece que en una democracia avanzada no estamos. Y hay una cosa muy grave que pasó ayer. ¿Cómo es posible que en una democracia un organismo independiente y con funciones reguladoras como el Banco de España pueda autorizar la salida a bolsa de Bankia sabiendo por sus técnicos que iba a ser un auténtico desastre? Su gente en el Banco de España, la gente del Partido Popular, es responsable de esta estafa. Ustedes pusieron a los estafadores al frente del Banco de España.

Termino. Vamos a apoyar esta proposición de ley, aunque sea mejorable, por dos motivos fundamentales. Uno, el gasto excesivo que ha supuesto el rescate bancario y, dos, porque pensamos que es necesario músculo financiero para recuperar este país en términos industriales tal y como hacen, por ejemplo, los länder alemanes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Seré breve. Sin duda, el sector bancario tiene una función social, dar crédito, dar oportunidades, impulsar la economía, y los grandes errores del sector bancario en estos últimos años se han ocasionado por no ser controlados, no ser supervisados. Señor Domènech, los grandes errores se han producido por la Dirección General de Cajas del Ministerio de Hacienda o por parte del Banco de España y esos grandes errores, esas negligencias pueden llevar a responsabilidades penales. De hecho, el anterior director gerente del Banco de España desde ayer está investigado -en terminología antigua, imputado- por posibles irregularidades en esta función de supervisión. El servicio se puede prestar desde lo público o desde lo privado, lo que se debe hacer es poner el acento en una mayor supervisión de estas negligencias.

La historia de las cajas es la historia de cómo hubo una voluntad política de destrucción de un sistema que era público, que tenía sus aspectos positivos, pero también sus aspectos clientelares muy vinculados con el poder local. Desgraciadamente, ustedes en la exposición de motivos hablan del modelo alemán de cajas, que no es lo que ha sucedido en estos últimos años en España. También hablan de la concentración bancaria, pero si lo miramos desde la óptica española, sí que se puede hablar de los cinco grandes bancos españoles, pero nosotros somos partidarios de la integración europea, que implica que uno de los tres pilares de la libre circulación sea la libre circulación de servicios y, por tanto, también la apertura del mercado español, uno de los más cerrados, a los bancos del conjunto de Europa.

En definitiva -y con esto finalizo, señor presidente-, no es quien presta el servicio, sino la calidad de la supervisión. Se tiene que reforzar el ICO porque presta un servicio muy importante a las administraciones locales y a la financiación de proyectos de las administraciones locales, pero si tenemos que fomentar la


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libre competencia, lo tenemos que hacer entre iguales, que pueden ser perfectamente privados si están bien supervisados.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenas tardes.

Nuestro grupo convalidó el Real Decreto 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera, al entender que, según las previsiones del mercado, era prudente ampliar plazos para hacer una venta correcta de los activos derivados de la reestructuración bancaria y maximizar el beneficio que se pudiera obtener sin entrar a debatir sobre la unión bancaria o el motivo para la creación de los instrumentos Sareb-FROB. El objetivo, por tanto, debe ser que la pérdida pública sea la menor posible y garantizar y maximizar la recuperación de las ayudas públicas otorgadas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español.

La crisis financiera global puso de manifiesto una serie de debilidades de la regulación, entre las que podemos destacar el elevado apalancamiento de los bancos, un crecimiento excesivo del crédito, potenciado, entre otros, por unos estándares laxos en la concesión de crédito, un alto grado de riesgo sistémico y niveles insuficientes de liquidez. Por todo ello, el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Basilea han venido desarrollando un conjunto de reformas consistentes, por un lado, en la adopción de criterios más exigentes en cuanto a los niveles y calidad de capital requerido a las entidades, y por otro, a un replanteamiento del marco general, reconociendo de este modo la necesidad de complementar los ratios de solvencia con otras medidas. Debemos ser conscientes de que una entidad de crédito, adopte la forma que adopte, estaría plenamente afecta a los requerimientos dictados desde instancias internacionales dentro del marco conocido como Basilea. Esto afecta a todos los resortes de una entidad -solvencia, idoneidad, liquidez, gestión de riesgos, divulgación a mercados-, por ello se debe realizar un análisis más exhaustivo si se quiere recuperar un instrumento financiero -caja pública-, que no ha sido precisamente ejemplo de nada, ya que han sido entidades financieras más preocupadas por la financiación de determinadas operaciones que por su solvencia.

El Estado español contaba con las cajas de ahorros -lo más cercano a lo que puede ser la banca pública-, ya desaparecidas y propiedad de ayuntamientos, diputaciones, comunidades. Por tanto, sus asambleas generales estaban compuestas por representantes de dichas administraciones, que eran los que determinaban la composición de sus consejos de administración. Las cajas que conocíamos realizaban operaciones de depósito y préstamo de forma similar a los bancos, actuando con criterios de competencia. No obstante, una parte importante de su beneficio se reinvertía a la sociedad a través de su obra social, que incluía la concesión de becas, recuperación de patrimonios, atención a personas mayores, por lo que además de su función financiera realizaban una labor benéfico-social. Estaban especializadas en canalizar el ahorro popular y en financiar a familias y pequeñas y medianas empresas, al contar con una amplia red de oficinas a nivel local. Sin embargo, la experiencia de las cajas de ahorros españolas -aquí hacemos la excepción de las cajas vascas, lamentablemente no podemos decir lo mismo de la CAM, que desapareció- demuestra que se caracterizaron por ser instituciones completamente politizadas y muy mal gestionadas. Se situaron en la vanguardia de la concesión del crédito hipotecario y promotor durante el boom del ladrillo en condiciones abiertamente laxas y antieconómicas. Los responsables de las cajas destinaron generosos fondos y asumieron demasiados riesgos en operaciones que podemos tildar de más que dudosas. Si entendemos banca pública como banca de titularidad pública, ha habido ya en España, en Europa y en Estados Unidos, pero, evidentemente, en el Estado español su comportamiento no ha evitado la crisis. En este proceso de reestructuración todas las ayudas financieras se han otorgado a las antiguas cajas de ahorros. Las entidades intervenidas que no eran cajas eran propiedad de cajas de ahorros, es decir, todo el dinero del rescate ha ido a parar básicamente a las entidades públicas.

En la proposición no de ley se menciona también a las pymes. Es verdad que el 72% de las pymes que demanda crédito lo obtiene, pero el resto no logra financiación y la principal causa, según diferentes estudios, es la falta de avales y garantías. Por tanto, un 28% de los negocios se han quedado sin financiación o porque se la deniegan, porque no llegan a pedirlo o porque aún están esperando la respuesta. Es necesario, por tanto, contar con sistemas que permitan el acceso de las pymes al crédito, ya que la puesta en marcha de nuevos negocios y el mantenimiento de los existentes se erige en un factor determinante para consolidar la senda del crecimiento y el empleo, pero no necesariamente deben ser el


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modelo bancario. Existen otras alternativas, se puede ir a modelos de intermediación financiera extrabancaria, con sistemas de uso intensivo de capital-riesgo, garantía recíproca, riesgos compartidos, inversores institucionales con apoyo financiero dirigido a las pymes con convenios con sociedades de garantía recíprocas y las entidades financieras.

También mencionan ustedes con la creación de un polo público bancario que quieren priorizar la financiación de proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos, proyectos empresariales a largo plazo dentro de una política industrial coherente que favorezca las pymes, pero esto, a nuestro entender, debe hacerse también desde los distintos niveles de gobierno e incluso con una colaboración público-privada. Nos parece, eso sí, imprescindible disponer de una adecuada política industrial que oriente a las pymes hacia estrategias avanzadas y que las apoye en sus procesos de crecimiento, internacionalización y mejoren su competitividad, pero nos parece arriesgado utilizar un polo público bancario como instrumento de política económica sin haber realizado un análisis de las perspectivas de mercado, posibilidades legales y capacidad presupuestaria o forma de gestión, entre otras. En el momento en que se manejan recursos ajenos hay que ser muy cauto, riguroso y prudente a la hora de conceder un crédito, de tal manera que el análisis del riesgo debe presidir esta concesión, además de contar con profesionales especializados al efecto. Un banco que no busque rentabilidad y solvencia en poco tiempo puede tener un agujero enorme. Un banco, también uno público, evidentemente, debería buscar la rentabilidad y la solvencia. Además, como ya he comentado anteriormente, la creación de cualquier instrumento público deberá estar sometido a las limitaciones europeas en materia de ayudas públicas sujetas al criterio de inversor privado en una economía de mercado, es decir, que a la hora de otorgar financiación en el capital de un proyecto privado no lo puedes hacer a pérdida. Hay que plantearse la recuperación de la inversión como lo haría un inversor privado, por lo que tener un banco público también limitaría la concesión de financiación. Más que un banco público o polo público bancario, por lo que hay que abogar es por planes de inversión pública desde las instituciones para crear una industria capaz de sustentar el Estado del bienestar. Una industria competitiva es fundamental para la generación de riqueza, empleo y bienestar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.

A alguien podría parecerle una mera casualidad que hoy estemos aquí hablando de Bankia y que justo ayer por la tarde-noche dimitiera media cúpula del Banco de España precisamente por el caso Bankia. Pues no lo es. La necesidad de una banca pública es una opción ideológica, pero tristemente no solo ideológica; es el resultado de un cúmulo de circunstancias en cuya cima y como supervisor de la banca estaba el Banco de España. Hoy nos han traído para debatir esta proposición no de ley relativa a la creación de un polo público bancario. Insistimos, es por la codicia y la usura del sistema financiero internacional y en particular del español lo que ha llevado a un proceso de concienciación ciudadana, que ha visto cómo ha tenido que pagar la fiesta de beneficios indecentes del sistema financiero español, la pasada década sobre todo. La gente ha tenido que vivir en sus carnes cómo el que se autollamaba el mejor sistema financiero del mundo, el español, y el que para algún presidente del Gobierno se encontraba en la Champions de la economía mundial, llevaba a un Estado entero a las puertas de la bancarrota y a la pobreza a millones de personas, situación que aún hoy arrastramos. No fue una crisis, fue la avidez del sistema financiero español, su apetito de beneficios insaciables y a cualquier precio, tan insaciables que tuvo que pedir más crédito a la banca europea para que la fiesta no parase. De aquí viene la deuda pública impagable que hoy arrastramos, una deuda que nos es obligado pagar, y cuyo pago se antepone a cualquier otro gracias a la modificación del artículo 135 de la Constitución española aprobada por el Partido Popular y el PSOE. A los Gobiernos que hemos tenido les importa mucho más que Cataluña pueda ejercer su soberanía que perder la soberanía respecto a la banca o a lo que llaman los mercados, que no les importa nada. Se pulieron todos los ahorros de los ciudadanos que habían confiado en este sistema financiero, para seguir dando créditos, que nunca perdía. La fiesta no fue para todo el mundo: si el cliente no pagaba, se quedaban con su casa, y encima debía continuar pagando la deuda; y si el banco perdía, era demasiado grande para que lo dejasen caer, y era rescatado. Las pérdidas se socializaban.

Todos los contribuyentes tuvimos que pagar los errores de un sistema financiero criminal a costa de nuestros servicios públicos básicos. Hasta el momento, su práctica delictiva le ha costado un mínimo de 122.000 millones de euros al erario público. Por eso estamos aquí, para proponer lo que nunca se


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debió perder y sí construir y fortalecer, una banca pública que ayude realmente a las pequeñas empresas y a las personas, una banca con vocación de servicio público en lugar de una cueva de Alí Babá que solo pretendía lucrarse a cualquier precio, y repartiéndose unos beneficios obscenos que no les pertenecían por el trabajo hecho, ni mucho menos. De ahí sale esta iniciativa, de la voluntad popular de recuperar una institución que creemos necesaria para ayudar al crecimiento económico de la mayoría de las personas. Tenemos el convencimiento de que una actividad bancaria pública es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y familias, ayudar a las inversiones de las pymes o financiar la vivienda social o el alquiler social. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la banca pública y evitar así la obstrucción financiera. Y si fuera el caso, que se rescate una palabra como es la expropiación. Hay cosas que no pueden estar en manos privadas, y menos según de qué manera. Del mismo modo, defendemos la sanidad y la educación públicas, la atención a la dependencia, los servicios sociales, el transporte público, las pensiones y todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras conquistados a lo largo de la historia.

Esquerra exige una banca pública, una banca con mayores garantías, frente a una banca privada que tiene la finalidad de repartir las mayores ganancias en el menor tiempo posible entre sus accionistas, no entre la gente; una banca para la que no valga todo, como prestar muy por encima de los depósitos, especialmente en el negocio inmobiliario, y con arriesgadas operaciones en el mercado de capitales que sabían que llevaban a la bancarrota. Bankia, cuyo accionista mayoritario ahora es el Estado, puede ser una oportunidad, como decía el ponente, para ello es necesario que el Estado no malvenda el último vestigio que le queda de la banca pública, Bankia, convencidos de que Bankia en el momento presente, unido al ICO, puede jugar un papel en la movilización de un crédito social. Ver hoy al señor Fernández Ordóñez imputado no nos sorprende, a ese señor que pedía que abaratasen nuestros despidos, nuestros salarios, mientras ellos cobraban unos sueldos indecentes, puestos por ellos mismos, e intentaban al mismo tiempo beneficiarse del conjunto de personas que habían confiado sus inversiones y ahorros a las entidades bancarias.

Voy acabando. Un banco público es imprescindible, y la primera de las infraestructuras que el estado de Cataluña, si el referéndum sale a favor de la independencia y si estamos en el Gobierno, va a crear. Mientras tanto, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley relativa a la creación de un banco público en el Reino de España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Hay un dicho que afirma que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pues bien, se diría que es lo que sus señorías de Unidos Podemos pretenden con esta proposición, que volvamos a tropezar en la misma piedra, una piedra que nos ha salido carísima a todos los españoles. ¿No han tenido ustedes suficiente con que el rescate bancario nos haya costado más de 60.000 millones de euros? Es lo que viene a ser quince veces el presupuesto de sanidad, veinticuatro veces el presupuesto en educación o cuarenta y ocho veces el presupuesto en dependencia. Todo este rescate, todo este coste, esos 60.000 millones de euros son imputables a las cajas de ahorros, unas cajas de ahorros que funcionaban como bancos públicos gestionados por los miembros de los viejos partidos o empresarios afines con criterios políticos y no de gestión; banca pública, señorías de Unidos Podemos. A saber: Catalunya Caixa, presidida por Narcís Serra, exministro de Defensa del Partido Socialista Obrero Español; Bankia, presidida por Rodrigo Rato, vicepresidente y ministro de Economía del Partido Popular, y Miguel Blesa, amigo de Aznar; Novacaixagalicia, presidida por Mauro Varela, exdiputado del PP; Caja de Ahorros del Mediterráneo, presidida por Modesto Crespo, empresario afín al Partido Popular; Caja Castilla-La Mancha, presidida por Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado del PSOE. Y así, si quieren, señorías, podemos seguir hasta los 60.000 millones de euros. (Aplausos).

Pero hablemos de Bankia, la antigua Caja Madrid, que ahora quieren ustedes convertir en un polo público bancario. ¿Les suena el nombre de José Antonio Moral Santín? El señor Moral Santín, militante en tiempos del Partido Comunista de los Pueblos de España y, por tanto, miembro fundador de Izquierda Unida, fue colocado en la vicepresidencia de Caja Madrid en 1996 merced a un pacto entre PP, PSOE e IU. La verdad es que es difícil encontrar un mejor ejemplo del chanchullo que fueron las cajas de ahorros, acuerdos entre golfos de toda ideología y procedencia para llevárselo crudo a costa de todos los


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ciudadanos. (Aplausos). No es poca cosa pasar en diez años del Partido Comunista de los Pueblos de España a vicepresidente de una caja de ahorros y apoyar a todo corazón la gestión del señor Miguel Blesa. ¿Y ustedes quieren volver a esto? Igual es que sus compañeros de Izquierda Unida o algún otro compañero les han comentado que eso de estar en los consejos de administración de las cajas de ahorros molaba; ya saben, por las extras que suponía. ¿Les suena a ustedes el nombre de don Ramón Espinar senior, no? (Risas.-Aplausos).

Señorías de Unidos Podemos, vamos a ser un poco serios. Para lo que ustedes proponen ya tenemos el ICO, que funciona razonablemente bien. Hablan en la exposición de motivos de que en Alemania, Italia o Francia hay bancos públicos, pero no citan a los Landesbanken alemanes, bancos públicos que fueron rescatados como nuestras cajas de ahorros. Su gurú económico sí que los citó en algún artículo que escribió, pero ahora quitan ese ejemplo porque no interesa. No, señorías, no debemos tropezar en la misma piedra, no debemos crear bancos públicos que sirvan para colocar a los familiares o a los amigos de los políticos, para financiar proyectos faraónicos y ruinosos que den préstamos por un interés personal a empresas que seguro que no pagarán o a partidos que más adelante tendrán que devolver los favores. Por cierto, señorías de Unidos Podemos, este fin de semana hemos escuchado a algún miembro de su partido presumir de que no tienen deudas con los bancos, eso debe ser en algún universo alternativo, porque en el mundo real Izquierda Unida, que están sentados en su bancada, tiene una deuda cercana a los 11 millones de euros. (Aplausos).

No, señorías, lo que debemos hacer es abrir una comisión de investigación, analizar todo lo que ha pasado en las cajas, tomar nota, depurar las responsabilidades políticas que pudieran desprenderse de esa investigación y aprender para evitar cometer los mismos errores que hemos cometido. En eso, señores de Podemos, nos podremos poner de acuerdo. Hasta ahora el PP y el PSOE habían bloqueado esa comisión de investigación hasta en dos ocasiones y está bien que a la tercera por fin haya sido la vencida, pero hoy también amanecemos viendo que el PSOE quiere una comisión de investigación sobre la salida a bolsa de Bankia. Señores del PSOE, investiguemos todo y a todas las cajas, no solo la salida a bolsa de Bankia. ¿Por qué ustedes han estado bloqueando esta comisión sistemáticamente? Quizá es porque ambos partidos, tanto PP como PSOE, querían tapar la basura poniéndola debajo de la alfombra. Igual es que tanto PP como PSOE presidían cajas de ahorros que han sido rescatadas e igual es que a ambos partidos les fueron condonados préstamos y créditos. Caja Madrid perdonó más de 16 millones de euros al PP y al PSOE.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Gómez, tiene usted que ir acabando.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Sí, señor presidente.

Pero también tenemos a Izquierda Unida a quien asimismo se le perdonaron créditos. Quizá también es porque en plena crisis en el año 2008 cuando se cerraba el grifo a las empresas y a los particulares, el crédito a los partidos políticos de las cajas aumentó un 22%, repito, cuando se cerraba el grifo a los particulares y a las empresas. Igual es por todo esto por lo que se quiere tapar esa comisión de investigación, aunque celebramos que esta mañana por fin se haya desbloqueado.

En definitiva, señorías -y con esto termino, señor presidente-, no debemos caer en el mismo error, porque para lo que pretenden ustedes ya tenemos el ICO y lo que debemos hacer es abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades y evitar que el escándalo del rescate a las cajas vuelva a suceder. Porque, si lo que en realidad pretenden es otra cosa, es decir, volver a montar chiringuitos políticos para financiar y enchufar a sus amigos y a sí mismos, ahí ya les decimos que nos van a tener siempre en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez García.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo Baena.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Domènech, hoy traemos aquí a debate una PNL presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No deja de ser una reproducción de la PNL que se presentó en el año 2012 por Izquierda Unida y permítame que la una un poco para el debate de lo que es el polo público bancario.


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Los objetivos que transmiten los compartimos: financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos, proyectos empresariales y colectivos con problemas de acceso al crédito y todo esto bajo el paraguas del empleo. Se lo compramos, señor Domènech, estamos de acuerdo. Solo cambia una cosa, cómo lo quieren hacer ustedes y cómo lo hace el Partido Popular, porque muchas cosas de estas ya las hemos conseguido.

Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué hizo el Partido Popular? Lo primero, antes que dar crédito lo que hicimos fue pagar, porque a algunos señores se les había olvidado pagar más de 40.000 millones de euros en facturas, y eso fue lo primero que hicimos. (Aplausos).

Además, tenemos otro elemento. Usted quizá por incorrección en el concepto habla de que no hay banca pública. Señor Domènech, ¿qué es el ICO si no es una entidad pública de crédito? Y no solamente eso, ¿y qué es Fonpyme? ¡Que es para financiar las inversiones del exterior! Más valiente aún, señor Domènech, tenemos fondos de capital riesgo públicos. Y no solamente hablemos de España, hablemos del ámbito europeo. ¿Qué es el Banco Europeo de Inversiones y qué son los fondos Feder, si no es público? Análisis de la situación, señor Domènech. ¿Con qué se encontró el Gobierno del Partido Popular en el año 2012? Se encontró con que salieron 250.000 millones de euros de enero a agosto de 2012 de España y que si no ayudábamos a Bankia, a Novacaixagalicia y a Catalunya Caixa, los que perdían de verdad eran los pequeños inversores. ¿Sabe cuánto tenían depositado, señor Domènech? Unos 380.000 millones de euros. Además, había 61.000 trabajadores que se hubieran podido ir a la calle. Evidentemente, había que reestructurar el sistema financiero.

Señor Domènech, creo que hoy en la bancada del Partido Popular estamos de enhorabuena con ustedes. Han hecho referencia a Alemania, a Francia y a Italia. Enhorabuena, esa es la línea, señor Domènech, mirar a esos países, no a otros que no nos aportan. Además, usted ha hablado de Estados Unidos. Creo que hoy es un día en el que nosotros estamos especialmente contentos, pero permítame que le diga que ha equivocado el tiro en la banca alemana. El referente de la reestructuración bancaria es España y le voy a dar tres argumentos de Alemania. Se ríe, pero escúcheme un poquito, por favor. ¿Sabe cuánto ha costado la reestructuración bancaria alemana? Unos 140.000 millones de euros. ¿Sabe qué hicieron los bancos cuando se hizo el control de estrés de la Unión Europea? Los españoles, todos se sometieron; en cuanto a los alemanes, hubo muchos que no quisieron, señor Domènech, por algo sería. Y en tercer lugar, señor Domènech, actualmente hay entidades bancarias -lo puede ver en los medios de información-, algún banco de reconocido prestigio, que todavía no tiene clara su situación financiera, con lo cual no nos apoyemos tanto en la banca alemana y menos si es pública.

Por otro lado, sus compañeros en la PNL del año 2012 decían que reconocían que las cajas de ahorros, lo más parecido a la banca pública, habían sido utilizadas políticamente y que además no habían funcionado. Entonces, señor Domènech, ¿por qué no aprendemos, por qué no miramos para adelante, corregimos los errores e intentamos que no se vuelvan a repetir nunca más? Además, señor Domènech, permítame que le diga que ustedes han intentado marear con el tema del rescate, los importes que se han abonado, etcétera. Eso ya se ha discutido, usted hizo una pregunta, en la Comisión el otro día el ministro De Guindos también volvió a hablar de ello, pero vamos a referirnos a lo que ustedes propusieron, a ver si les ha hecho caso o no el Gobierno.

El señor Garzón decía: Es mejor una banca pública por la situación del sistema financiero; si no, no funcionará. Señor Domènech, juego con ventaja, pero cinco años después el sistema financiero ha funcionado, y muy bien. El señor Garzón decía que no iba a fluir el crédito. Señor Domènech, el Banco de España en el año 2014 -no ahora, que la cosa va muy bien- decía que lo había incrementado en un 32%. (Muestra un documento). Además, ustedes decían que era necesario para la creación de empleo. Pues bien, un millón y medio de puestos de trabajo recuperados. Asimismo, decía: Luchemos por limitar el sobreendeudamiento de las familias y de las empresas. Aquí lo tiene, señor Domènech (Muestra un gráfico), desde el año 2012 está en continua bajada. Eso era lo que ustedes proponían y les hemos hecho caso. Y decía: Limiten los salarios de los directivos de banca y las cláusulas abusivas. Señoría, reales decretos-leyes 2/2012 y 3/2012, disposición adicional séptima y artículo 5; también les hemos hecho caso. Protejan a los empleados de la banca. Señor Domènech, los hemos protegido, hemos hecho una regulación sensata y coherente en esta materia. Y por último, apostaba más fuerte el señor Garzón, como economista que es y de máximo respeto, y decía: Hay una previsión de recesión económica si no aplicamos esta medida. Señor Domènech, juego con ventaja, repito, pero cinco años después somos el país que más crece de la Unión Europea, hemos superado el 3% en el año 2016 y los últimos estudios dicen que en el año 2017 seguiremos creciendo. Por cierto, se me olvidaba: ¿Usted no comparte con


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Esquerra Republicana lo de la expropiación, verdad? El portavoz ha dicho que, si no, expropiación. Digo yo que Podemos no habla de expropiación, ¿verdad? En todo caso, con Bankia y con BMN.

Por último, el señor De Guindos ha escuchado todo lo que usted pedía, les ha dado respuesta bajo un sistema no de banca pública sino bajo nuestro sistema, por lo que creo que le puedo pedir ahora que confíe en el señor De Guindos, que confíe en su política, porque le ha ido bien a España y le va a ir mucho mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bravo.

Le pregunto al señor Domènech si acepta o rechaza la enmienda presentada.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Se ha presentado una transaccional, por tanto, la aceptamos como transaccional.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Nos consta que se ha presentado una enmienda transaccional. Se votará en su momento, entonces, en función de la enmienda que ha sido remitida a la Mesa.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CÓDIGO CIVIL. (Número de expediente 162/000200).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.

Señorías, la propuesta que trae Ciudadanos hoy aquí obedece a una reivindicación que sostienen millones de personas. En casi la mitad de los hogares españoles se convive con animales. Cuando un país alcanza determinadas cotas de madurez y modernidad comienza a preocuparse de asuntos como el que traemos hoy aquí a esta tribuna. El bienestar de los animales es un objetivo que nos planteamos gracias al grado de progreso de los españoles. Los seres humanos somos una especie única por muchas razones, una de ellas es el grado de empatía del que la evolución nos ha dotado. De la capacidad de comprender el sufrimiento de otros seres vivos deriva la obligación moral de evitarlo.

Por este motivo, traemos hoy aquí una serie de medidas orientadas a mejorar la vida y el trato que damos a los animales. En primer lugar, quiero centrarme en la definición que de ellos hace el Código Civil, que los encuadra dentro de los bienes muebles, esto es, cosas. Las consecuencias legales que de ello se derivan son inadmisibles. Reciben de la ley el mismo tratamiento que cualquier otro objeto de nuestra propiedad. Hace pocos días en la puerta del Congreso un abogado me relataba cómo en un proceso de embargo presenció cómo retiraban a un perro que aullaba al ser separado de su familia. ¿Esta es la ley que queremos? Mi compañera, Marta Rivera, cuando hablamos de este tema me contó cómo su padre quiso adoptar a un perro en una protectora y no pudo porque era fruto de un embargo. También ocurre que si adquieres un animal y viene con alguna enfermedad congénita, te lo sustituyen por otro, puesto que es como si hubieras comprado un microondas roto, te lo sustituyen por otro que funcione. ¿Les parece normal?

Sé que el señor Rajoy no cree que su perro Rico sea igual que su sillón. El presidente lo presentó orgulloso en sociedad y no dijo a continuación: y ahora les voy a enseñar mi alfombra, que es muy alegre y muy amable. (Aplausos). Pero el amor a los animales no entiende de ideología. Muchos hemos conocido a Tirso, el perro del señor Iglesias, que se hartaba de ser expulsado de la habitación cuando grababan vídeos para sus campañas. Ahora aparece en alguna de ellas. Estoy seguro de que el señor Iglesias quiere más al pequeñajo Tirso que a sus pack de Juego de Tronos. Mi compañero José Manuel Villegas en estos días tiene una nueva compañera de piso, se llama Tucky. Como todo perro pequeño, en vez de dientes tiene alfileres y José Manuel viene marcado con arañazos, pero no renuncia a seguir jugando con ella. Cuando te enseña las pequeñas marcas, sonríe. Seguro que si se cortara con un cuchillo le haría menos gracia, pero tanto su cubertería como Tucky, a ojos de la ley, son cosas. Yo mismo estos días tengo el corazón en vilo porque mi perra, Minerva, tiene una enfermedad que no sabemos si es grave o no.


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Espero resultados y les aseguro que mi miedo es muy superior a cuando se me estropeó el calentador eléctrico. Ojala tuviera todos mis electrodomésticos rotos y mi perra estuviera sana. Ni Tirso, ni Rico, ni Tucky, ni Minerva, ni ninguno de la perros y gatos de los españoles son cosas, y así lo piensan multitud de ciudadanos. Una prueba de la necesidad de cambiar esta norma son las 243.189 firmas que entregaron aquí los miembros del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, a quienes queremos felicitar aprovechando que están aquí en la tribuna. (Aplausos). Hoy, gracias a vosotros, entre otras muchas cosas, esta propuesta está aquí.

Es necesario abrir otros debates, como por ejemplo una ley marco que indique las bases sobre las que han de legislar los Gobiernos autonómicos y que asegure la protección y el bienestar de los animales. Hace un par de años leí en la revista Science, un estudio de la Universidad de Azabu en Japón, que dilucidaba la razón de por qué los perros quieren tanto a sus dueños. Se trata de la hormona de la oxitocina, que es la que genera los vínculos afectivos entre una madre y un bebé o entre una pareja de enamorados. Es la misma reacción la que se genera en nuestros perros y en menor medida en nuestros gatos. Otro objetivo que tenemos que marcarnos en este Parlamento, en este Congreso, es terminar con la lacra de los 140.000 abandonos que se producen cada año, 140.000 desalmados que cada año demuestran ser inmunes a esta oxitocina. Personas que llevan en el maletero del coche al perro o al gato, le hacen bajar en un páramo desconocido para el animal, le quitan el collar, para no dejar señas de su vergüenza, y le lanzan un palo para que se vaya a buscarlo. A continuación, se suben al coche y aceleran. No sé qué hormona opera en el cerebro de quien ve correr por el retrovisor a un perro persiguiendo su coche, pero deberían estudiarla bien también porque esa hormona está en el sustrato esencial del mal. Desconozco qué mecanismos hay en el interior del cerebro de quienes abandonaron a una perra en una gasolinera. Los empleados vieron a la perra salir corriendo detrás del coche de su familia y cómo horas después volvió con las patas ensangrentadas, agotada y asustada. La adoptaron, hoy vive en la gasolinera, pero cada vez que se acerca un coche a la gasolinera, la perra levanta las orejas y está atenta a ver si es su familia que viene a recogerla porque, a pesar de esta alta traición, ella les sigue esperando y lo hará hasta el final de sus días. (Aplausos). Todos conocéis historias como la de Hachiko, un perro que estuvo nueve años en una estación de tren esperando a su dueño, que había fallecido de un infarto. O la del gaditano Canelo, el perro de un mendigo que falleció en el Hospital Puerta del Mar, de Cádiz, y estuvo doce años esperándole en la puerta. Hoy tiene una placa y una calle en la ciudad. Hay que concienciar contra el abandono y fomentar la adopción. Tenemos que evitar la adquisición por impulso. Los cachorros no deben ser expuestos en escaparates para evitar el fomento del capricho momentáneo. Tener un animal conlleva responsabilidades. Las peleas de perros es otra de las actividades repulsivas que organiza a veces el hombre. Leí en un libro que dedica a los canes Pérez-Reverte que una especie de instrucción para que el perro lo dé todo es que su amo esté cerca. Este mismo amo arrojará los despojos de su perro agonizante a un contenedor. Esta gente infame debe sufrir un castigo ejemplar y, una vez cumplido este, figurar en un registro que les impida volver a hacerse cargo de un animal.

La conmiseración con los animales está íntimamente unida a la bondad del carácter, de tal manera que se puede afirmar que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Por eso mismo, porque la sociedad española sí entiende de bondad y agradece la lealtad y el amor sin reservas y la entrega absoluta de estos seres tan magníficos cargados de oxitocina, hoy quiero agradecer la buena disposición de todos los grupos para afrontar estos asuntos. Estas medidas nos harán buenos ciudadanos, pero sobre todo, señorías, seremos mejores personas.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Díaz.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, Compromís es una formación firmemente defensora del bienestar animal y, por este motivo, nosotros, en Valencia y en otros muchos municipios en los que estamos impulsando gobiernos del cambio, hemos creado concejalías de Bienestar Animal, y por eso nosotros aquí, hace fechas recientes, apoyamos una propuesta para que se rebajase el IVA de los servicios veterinarios y asimismo apoyaremos en esta institución y en todas las otras en las que tenemos representación todas cuantas medidas vayan en favor del bienestar animal. Por ello, esta proposición que nos trae Ciudadanos nosotros la miramos con simpatía, compartimos plenamente el fondo de la misma,


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si bien debo decir que en su parte propositiva encontramos algunos aspectos desenfocados porque, en primer lugar, se habla de animales de compañía y no de la categoría más amplia de los animales como seres sintientes, seres sensibles, los cuales deberían ser objeto de una especial atención por parte del ordenamiento. También es importante recalcar que en esta propuesta se focaliza todo en la reforma del Código Civil español. Como ustedes saben, ese Código Civil es un venerable fósil que viene del siglo XIX, que no está cumpliendo actualmente las funciones que le corresponden, que son las de ordenación del tráfico jurídico-económico, y por este motivo poco podemos esperar del Código Civil, que ha sido superado por numerosa legislación sectorial, que ha sido superado también por códigos civiles vigentes en algunas comunidades autónomas y porque, en definitiva, de ese texto realmente pocas categorías generales podemos extraer en la materia que nos ocupa.

Advertidas estas deficiencias, entendemos que será posible, en línea con la enmienda que hemos presentado en Compromís, llegar a una transacción con el grupo proponente, a la que me gustaría que se sumara el resto de formaciones, porque entendemos que sí es posible hacer una reforma del código en aquello que puede seguir siendo útil, establecer una categoría diferenciada de los animales con respecto a la de bienes o cosas para dispensarles un tratamiento específico y, al mismo tiempo, incidir en la necesidad de reformar otras muchas normas como, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil -artículo 605 y concordantes- para que se establezca la inembargabilidad de estos seres. Por tanto, espero que se alcance esa transacción y pueda ser votado el texto por unanimidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

El Partit Demòcrata ha presentado una enmienda de sustitución, pero, señor Díaz, no hemos tenido ningún contacto ni ninguna noticia sobre su voluntad o no de aceptarla. Quizá después del debate tengamos noticias de Ciudadanos, del grupo proponente de la iniciativa. Hemos hecho una enmienda de sustitución, si bien hacemos nuestras sus palabras, y cito: cuando una sociedad llega a un nivel de madurez y progreso, da un paso más y empieza a preocuparse por el bienestar de los animales. Fin de la cita. Bienvenidos, les decimos. El Codi Civil de Catalunya ya regula que los animales son seres sintientes y además tenemos una ley propia, la Ley de Protección de los Animales, que los considera, como digo, como seres sintientes y que además es de 2008. Por tanto, bienvenidos al progreso, bienvenidos a preocuparse por el bienestar de los animales. ¿Por qué es necesario procurar el bienestar de los animales? Pues porque, efectivamente, es propio de sociedades maduras, avanzadas, porque favorece una responsabilidad como sociedad avanzadísima, porque favorece conductas más cívicas, porque los animales domésticos, o no, son seres vivos, porque nadie puede provocar sufrimiento o maltrato o causarles ansiedad o miedo. Por eso, les digo que para el Codi Civil de Catalunya los animales no son cosas y, por tanto, tienen la protección de las leyes. El Código Civil de Cataluña es de aplicación en Cataluña, y solo subsidiariamente lo es el Código Civil. Lo digo porque ustedes, en su afán de homogeneizar, homogeneizan por encima de sus posibilidades. Si quieren homogeneizar -el sentido de nuestra enmienda va por ahí-, háganlo como lo hacen las sociedades avanzadas, que han alcanzado un nivel de progreso: consideren a los animales como bienes sintientes, tanto a los domésticos como a los que a ustedes gusta torturar y lo llaman fiesta nacional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño Valero.

La señora CARREÑO VALERO: Muchas gracias, presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea valoramos positivamente que esta Cámara acoja hoy una iniciativa para mejorar la consideración de los animales domésticos. Pero debemos decir también que consideramos esta iniciativa insuficiente. El propio ponente de esta iniciativa ha hablado de maltrato y abandono, cuestiones que no se abordan en ningún caso en esta proposición no de ley. Por eso, proponemos una enmienda de sustitución para abordar de una vez por todas la elaboración de una ley marco de bienestar animal. Es necesario modificar el Código Civil,


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puesto que actualmente califica a los animales como bienes muebles, es decir, como meras cosas, como objetos inertes. Los animales de compañía desde luego no son cosas, son nuestros amigos, nuestros compañeros, a veces incluso son sentidos como miembros de la familia. Además, los animales, todos los animales, son seres dotados de sensibilidad. Por eso, la razón para modificar nuestra legislación no puede basarse únicamente en el afecto que sentimos las personas hacia algunos animales, sino en el reconocimiento de que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y, por tanto, sujetos de consideración moral que merecen respeto. No podemos, por tanto, limitarnos a hablar de unas especies u otras. Sería hipócrita limitar la consideración de seres sintientes a aquellos que conviven con los humanos. Todos los animales sin excepción son seres sensibles. Lo avala la evidencia científica y además diversos países han modificado sus ordenamientos jurídicos en este sentido. Pero más allá de su consideración como seres dotados de sensibilidad necesitamos una regulación más amplia, como existe ya en muchos otros países. Dentro de la Unión Europea, el artículo 13 del Tratado de Lisboa reclama a los Estados miembros que tengan en cuenta las exigencias del bienestar de los animales, como las llamadas cinco libertades que la Organización Mundial de la Salud Animal adoptó en el año 2004. Sin embargo, España ha tardado más de treinta años en ratificar el Convenio europeo de protección de los animales de compañía. Por tanto, yo les pido que no tardemos un día más en abordar este tema.

Necesitamos, además, una ley marco estatal porque actualmente la ausencia de la misma provoca una dispersión de normativas y fomenta que existan grandes diferencias entre los distintos territorios del Estado, con distintas legislaciones autonómicas y multitud de ordenanzas municipales al respecto. Así, mientras Madrid y Barcelona se sitúan a la vanguardia en muchas de las necesidades de protección animal prohibiendo el sacrificio de animales sanos, en comunidades como Castilla-La Mancha aún es legal disparar a un perro que esté en el campo, algo que sin duda llama la atención y refleja la disparidad normativa en nuestro territorio. Por eso, les pido hoy, señorías, que no cerremos en falso un debate que ya está en la sociedad, que es una demanda de muchas asociaciones y de personas amantes de los animales desde hace ya demasiado tiempo, sin que se haya dado jamás una solución eficaz al problema existente a pesar de que tanto en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos, o incluso en el programa del PSOE desde el año 2004, se recoge la promesa de elaborar una ley de bienestar animal. Por tanto, como hemos sido informados de que promoverán que no se acepte nuestra enmienda, querríamos saber cuál es el motivo de esto, si eran simplemente falsas promesas en su programa o si el problema es que no ha sido su propia iniciativa. (Aplausos).

No es la primera vez que en esta Cámara se debate la necesidad de dotar de protección a los animales o incluso si los mismos pueden ser sujetos de derecho. Somos conscientes de que existe un gran debate respecto a este tema pero es hora de abordarlo. En esta misma tribuna, el diputado Toni Cantó, precisamente miembro del grupo proponente, en una intervención que muchos animalistas no olvidarán jamás, argumentó que los animales no pueden tener derechos en cuanto son seres irracionales, en cuanto no se les exigen obligaciones. Sin embargo, la capacidad de obrar, y por tanto de contraer obligaciones, no es obstáculo para ser objeto de derechos. Tampoco los derechos humanos se fundamentan en ninguna capacidad sino en la dignidad que se le reconoce sin excepción desde su nacimiento. Además, las leyes no son más que el fruto de una construcción humana y social y, por ello, está en nuestra mano hoy dotar a esta Cámara, dotar a este país, de una verdadera ley marco de bienestar animal. Por eso, nosotros reclamamos una ley que les proteja y que les permita vivir dignamente, sin que puedan ser sometidos a malas tratos ni a actos crueles. Esta teoría encuentra además sustento en el artículo 337 del Código Penal que castiga a quien maltrata injustamente a un animal. Pero la pregunta es: ¿cuándo es un animal maltratado justamente? Nosotros no creemos que, en ningún caso, deba permitirse la crueldad hacia los animales. No es permisible tolerar comportamientos no éticos hacia otros seres vivos por el mero hecho de que no sean seres humanos y, por ello, reclamamos que exista, de una vez por todas, una ley de bienestar animal, como viene reclamando un gran sector de la sociedad.

Por tanto, señorías, espero que rectifiquen y que acepten nuestra enmienda de sustitución y podamos así elaborar de una vez por todas una ley marco de bienestar animal, consensuada y trabajada con la sociedad civil y que incluya un mínimo de siete puntos, que serían, además de la modificación propuesta del Código Civil, el aumento de la protección de los animales, prohibiendo y sancionando el abandono y maltrato a los mismos y apostando por políticas públicas que combatan el abandono. Recordemos que más de 300.000 animales son abandonados cada año en nuestro país. Reclamamos también avanzar hacia el sacrificio cero de animales sanos en centros de protección animal en todo el Estado, así como la mejora de las condiciones de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos,


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priorizando los métodos alternativos a la experimentación animal. También reclamamos el cambio de modelo de los parques zoológicos y delfinarios a partir de criterios científicos y pedagógicos. Por último, la eliminación de las subvenciones para los espectáculos con animales que no aseguren el bienestar de estos, de acuerdo con el Convenio europeo de protección de los animales y, entre ellos, la eliminación de las figuras de patrimonio cultural, artístico o patrimonial de los espectáculos taurinos. Utilizando palabras de Immanuel Kant, una sociedad se define por el trato que le da a sus animales; una sociedad tolerante es una sociedad que se preocupa de todos los seres vivos, los humanos y los no humanos. La sociedad ya ha avanzado.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Carreño, tiene que ir acabando.

La señora CARREÑO VALERO: Ahora termino.

La sociedad ya ha avanzado. Más del 80% de la población española rechaza los espectáculos taurinos, según la última encuesta de Ipsos MORI. No nos quedemos ahora nosotros por detrás de la sociedad, no tardemos más en abordar la protección, la defensa y el respeto del bienestar de los animales. Si nosotros y nosotras no apostamos por una verdadera legislación completa en este tema, por erradicar la crueldad hacia los animales y tratar al resto de los seres vivos desde un punto de vista ético y respetuoso, entonces nosotros y nosotras seremos los seres irracionales.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Galovart Carrera.

La señora GALOVART CARRERA: Buenas tardes, boa tarde, arratsalde on, bona tarda.

Que los animales sientan placer, emociones, sufrimiento y alegría es una realidad que ha venido siendo constatada con más o menos intensidad a lo largo de los tiempos. Así recordamos que el primer ser en reconocer a Ulises tras su viaje a Ítaca fue su perro fiel Argos. Sabemos que los animales han servido de inspiración en las fábulas grecolatinas, en los cuentos persas, en la Biblia y en el Corán. Son muchos los escritores que han tenido una especial relación afectiva con los animales, Zola, Virginia Woolf, Chandler, Juan Ramón Jiménez con su Platero, Cortázar, Delibes con milana bonita, Cabrera Infante, Soseki y así una lista interminable. Sin embargo, lo sucedido en la literatura y en el arte no ha ocurrido en el derecho, y es que la consideración del sentimiento animal fue reconocida en Europa en 2009 con el artículo 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y en el Estado español la reforma de la condición jurídica de los animales fue realizada por primera vez en 2008 por la Ley catalana de protección de los animales. Indudablemente, se trató de una ley pionera que ha servido de pauta a las restantes leyes autonómicas. Por cierto, esa ley establece solo la inembargabilidad y ahora parece ser que se quiere que el Código Civil vaya por otros derroteros jurídicos.

Con la proposición no de ley que espero que vayamos a transar, que en lo fundamental recoge nuestra enmienda de modificación, cerraremos un círculo, porque arte, literatura, realidad social y derecho por fin van a caminar juntos. Son varias las razones que justifican nuestra postura. La primera, es necesario e imperativo adaptar nuestro Código Civil al Tratado de funcionamiento para que deje de considerarse a los animales como cosas muebles. La segunda, es preciso adecuar el Código Civil a la realidad social vigente. Esto es algo evidente. La tercera, es inexcusable evitar sufrimientos innecesarios a los animales en litigios de liquidación de patrimonios comunes. La cuarta, discrepamos en que un animal de compañía pueda estar fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales, tal y como propugna la PNL de Ciudadanos. Se trata de un limbo jurídico. La quinta, los socialistas abogamos por la protección y el bienestar de los animales y por favorecer hacia los mismos una conducta más responsable y más cívica de toda la sociedad y de sus dueños. Está también en nuestro programa electoral.

Señoras y señores, permítanme, por alusiones, hacer un inciso a la PNL que vamos a pactar, pues quiero significar que la propuesta de Unidos Podemos de elaborar una ley de bases relativa a la protección animal requiere de otro debate distinto del que nos ocupa y que, además, plantea algún otro problema competencial de calado, lo que exigiría una reflexión más seria. Esto no es una carta a los Reyes Magos. El programa electoral socialista ya hablaba de una ley marco del bienestar social -Sí, señora de Podemos-, pero previamente exigía unos estudios sólidos entre los que debía incluirse la concurrencia de distintos ámbitos competenciales. Mi grupo entiende que la aprobación de esta ley debe contar con un consenso previo de las comunidades autónomas ya que en otro caso se pueden generar más problemas


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de los que resuelve. La propuesta de nuestra enmienda -que, repito, recoge la proposición no de ley transada- se circunscribe a la materia que recogía la proposición y a un ámbito competencial, el Derecho Civil, que el artículo 149.1.8.ª atribuye al Estado. No obstante, estamos abiertos a continuar hablando de este tema en futuras PNL.

Antes de finalizar querría hacer una puntualización: nuestro reconocimiento a las asociaciones del bienestar animal por su labor a favor de la descosificación de los animales. Y en concreto a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales -a la que pertenezco-, por su propuesta para instaurar la consideración de animales como seres sintientes y que, por estar totalmente de acuerdo con ella, hemos recogido en nuestra enmienda de modificación. También, como no podía ser de otra manera, quiero agradecerle al Grupo Parlamentario Ciudadanos el haber podido estar todos aquí en este debate tan necesario para esta sociedad. Ahora, para finalizar, señor presidente, una cita de Lewis Carroll, el Gato de Cheshire. Dice así: ¿Tendría usted la bondad de decirme por qué sonríe así su gato?, preguntó Alicia con cierta timidez. Es un gato de Cheshire, repuso la duquesa. Es que no sabía que esos gatos estuvieran siempre sonrientes, de hecho no sabía que los gatos pudieran sonreír. Todos los gatos pueden sonreír, dijo la duquesa, y la mayoría de ellos sonríen. Y es que es verdad, sonríe el gato de la duquesa pero también podrían hacerlo todos los animales si de verdad el Parlamento se compromete a protegerlos. Hoy, señoras y señores diputados, es un buen día para ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Galovart.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Barrionuevo Gener.

El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de iniciar mi intervención quería saludar también a los miembros del Observatorio de justicia y Defensa Animal, con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos mi portavoz y yo. Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Popular considera que los animales domésticos son seres vivos, dotados de sensibilidad y por tanto no pueden ser considerados cosas. El Grupo Parlamentario Popular está a favor de regular y fomentar la protección adecuada a los animales de compañía, tal como recoge nuestro punto número 16 de nuestra ponencia social que fue aprobado en nuestro 18.º congreso el pasado sábado. El Partido Popular está comprometido en la lucha contra el abandono y el maltrato de los animales domésticos. Prueba de ello fue que en el año 2015 iniciamos la reforma del Código Penal. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modifica el artículo 337 del Código Penal agravando las penas hasta dieciocho meses de prisión para aquellos que provocasen la muerte injustificada de un animal doméstico, añadiendo una pena adicional de inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales o para la tenencia de estos. Pues bien, señorías, si bien el Código Penal se ha adaptado al sentir de la ciudadanía en cuanto a la protección penal de los animales de compañía reconociéndoles un estatus especial a estos animales respecto a las cosas, nuestro Código Civil, que data del año 1889, se ha quedado obsoleto. El Código Civil considera a las mascotas como cualquier otro bien patrimonial, pudiendo ser estos embargados o ejecutados por el acreedor para el resarcimiento de una deuda, o subastarlos para liquidar una sociedad de gananciales. Por todo ello, entendemos que hay que afrontar una modificación del régimen jurídico de los animales en el Código Civil y adecuarlo a las exigencias de la actual sociedad en cuanto a las relaciones con los animales domésticos se refiere. La proliferación de los mismos y la especial relación de afectividad con sus dueños hace necesario dotar a los animales de compañía de un estatus especial en nuestro Código Civil, alejándolos de la consideración de cosas. Es indudable la mayor sensibilidad que la sociedad tiene hoy hacia los animales domésticos de compañía; no hay más que acudir a nuestra jurisprudencia, donde ya se analizan cuestiones de lazos afectivos bien para atender en los casos de crisis matrimoniales, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 465/2014, de 10 de julio, o bien para eximir al adquirente de un animal enfermo a proceder a su devolución ante el incumplimiento del contrato.

En conclusión, señorías, existe la necesidad de dar una solución jurídica a los animales de compañía y así lo ha considerado la legislación de los países de nuestro entorno, como Austria, en 1988; Alemania, en 1990; Suiza, en 2003; Bélgica, en 2009; Francia, en 2015, y recientemente Portugal, que ha adaptado sus textos normativos a tiempos actuales. Voy a poner un ejemplo. En el código francés, que tiene inspiración en nuestro Código Civil, se ha modificado el artículo 515 estableciendo que los animales domésticos no pueden ser considerados cosas porque son seres dotados de sensibilidad. Todo ello de


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conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, conocido como Tratado de Lisboa.

Nuestro grupo parlamentario ha formulado una enmienda de modificación, donde apuntamos la necesidad de proteger, incluso con sanciones penales, para evitar situaciones de abandono animal. Tras las negociaciones con el Grupo Ciudadanos hemos llegado a una enmienda transacional para promover las reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil distinta a la ya referida de los animales, donde se les defina como seres vivos dotados de sensibilidad. Además, se deberán prever las reformas necesarias para que los animales de compañía no puedan ser objeto de embargo en ningún procedimiento judicial. Señorías, hay personas que tienen una relación de afectividad con las mascotas como si de un hijo se tratara, y si a nuestros hijos no nos los embargan, por qué van a embargar a una mascota.

Quiero terminar, señorías, agradeciendo al diputado Guillermo Díaz esta proposición no de ley referente a la modificación del régimen jurídico de los animales, así como al resto de los grupos políticos, que sé que se van a sumar a la misma.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De Barrionuevo.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Seré muy breve. Se nos plantea una proposición no de ley para la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil. Ya adelantamos que votaremos a favor pues hemos firmado una enmienda transaccional junto al grupo parlamentario proponente y otros grupos de la Cámara. Esta proposición no de ley parte de la existencia de una regulación civil, la del Código Civil, que considera a los animales de compañía como cosas del patrimonio de su titular. Esto quizá no signifique mucho para un profano del derecho, pero puede tener unas consecuencias desastrosas tanto para el dueño de la mascota como para la mascota misma porque significa que, si soy deudor, el acreedor puede pedir que se me embargue mi mascota -perro-, acabando este en una perrera sin que nadie pueda siquiera adoptarlo porque está embargado. En definitiva, el acreedor no obtiene ningún beneficio; el deudor se ve privado de su animal, que era parte de su familia; y el perro, en muchas ocasiones, acaba muriendo de desamparo emocional. Podría poner más ejemplos de situaciones kafkianas, pero con uno creo que ya es suficiente. Debemos considerar si este tipo de situaciones, que a nadie benefician y a todos perjudican, merece la pena que se mantengan. Debemos también considerar si es aceptable, desde la actual sensibilidad social, que un animal de compañía sea separado de su núcleo familiar de convivencia de esta manera tan traumática, llegando en casos a morir, porque desarrollan afectividades reconocibles hacia el entorno humano en el que viven y crecen. Son seres vivos, como ya se ha indicado, dotados de sensibilidad. También debemos tener en cuenta si no son los animales de compañía en muchos casos un soporte para la realización de las personas. Piénsese en discapacitados, en personas que viven solas, en mayores o en niños respecto a sus mascotas. Hay sectores del ordenamiento jurídico que ya han tenido en cuenta esta nueva perspectiva de respeto al bienestar de los animales de compañía, y así, como se indica en la exposición de motivos de la proposición, el Código Penal sanciona como delito la tortura, el maltrato y también el abandono. Se les da un estatus diferente a las cosas. Queda pendiente que esa aproximación, que ya se ha hecho desde el derecho penal, se haga ahora desde el derecho civil.

Muchas gracias. Votaremos a favor de la proposición no de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias.

Bona tarda. Buenas tardes. Decía Albert Camus que no ser amado es un infortunio y no saber amar una tragedia, y es de un modo trágico como en España se trata a los animales, y más trágico aún que su ordenamiento jurídico lo ampare. El Código Civil español considera a los animales como si fueran bienes muebles, como meras cosas o utensilios; una concepción anacrónica propia del derecho romano que también amparaba la propiedad de las personas y que obviamente ha quedado obsoleto. Los animales son seres que sienten, tienen sensaciones físicas y psíquicas complejas y pueden percibir y transmitir


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emociones y estados de ánimo. Así lo establece la ciencia y así lo recoge la legislación de muchos países avanzados, entre los que se encuentra Cataluña.

El 10 de mayo de 2006, como ya les ha recordado la diputada Ciuró, el Parlament de Catalunya aprobó el libro quinto del Código Civil de Catalunya, cuya regulación es propia de la tradición jurídica catalana más reciente, que establece que los animales no tienen la consideración de cosas y que deben estar bajo la protección de las leyes; una concepción actualizada, humanitaria, científica, sensible de y con los animales, que fue incorporada a nuestro derecho civil histórico, el único que se salvó de la derrota de 1714 y que, no sin dificultades, la sociedad catalana y sus representantes han sabido adaptar a la realidad de nuestros tiempos. No podemos decir lo mismo del Código Civil español, que mantiene la regulación que hoy nos ocupa, como se ha repetido, desde el año 1889. Atendiendo a este razonamiento -esta no es nuestra legislación, esta legislación no nos afecta-, comprenderán que nuestra posición natural sea, tal y como hemos mantenido siempre en esta Cámara, la de abstenernos en todo aquello que nos es ajeno, por ello no hemos presentado enmiendas a esta iniciativa, aunque creemos que es mejorable. Sin embargo, por motivos de humanidad y de sensibilidad con cualquier legislación que actualice y racionalice el vínculo humano animal que descosifique a los animales, no nos podemos mantener al margen. Por tanto, daremos apoyo a las enmiendas impulsadas por la asociación parlamentaria de defensa de derechos de los animales, que recoge la inquietud de tantas asociaciones animalistas, y con ellas, como parece que así se sustancia, a la transacción que surja del diálogo entre los grupos. Es una suerte que esta vez no hayamos caído en una argumentación de baja estofa, como cuando se recurrió a la estadística de las enfermedades de transmisión sexual no zoonóticas para oponerse a la rebaja del IVA veterinario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, tengo que preguntarle al señor Díaz Gómez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Vamos a presentar una enmienda transaccional que haremos llegar a la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Tomamos nota de que se presentará una enmienda transaccional.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA PRECARIA SITUACIÓN SALARIAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 173/000013).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde debatir, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a decirles una cosa que me entristece mucho. Me entristece ver cómo algunos utilizan el buen nombre de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para alimentar rencores y debates interesados. Permítanme que hable claro. Me niego a hacer partidismo con quienes dan la vida por España; con aquellos que hacen que este sea un país donde merece la pena vivir; con quienes cuidan de nuestros hijos, incluso cuando no les vemos. Me niego a creer a quienes hablan de diferencias insalvables. Quiero aprovechar hoy estos minutos en la tribuna para recordar todo lo que une a nuestros guardias civiles y a nuestros policías nacionales. Todos ellos tienen en común su voluntad inquebrantable de servicio, su capacidad de sacrificio, llegando incluso a arriesgar la vida propia sin vacilar para proteger a todos los ciudadanos. Les recuerdo un video que ha estado circulando desde hace dos días por Internet y que seguro que han visto. Es de un guardia civil que tiene que saltar un guardarraíl para que no le pille un coche cuando estaba señalizando otro accidente. Les une además de esto su amor a esta patria y a nuestra bandera, que representa los valores del Estado de derecho. En los momentos más difíciles, cuando los demás tenemos miedo, les une su coraje, y en las horas de incertidumbre, cuando los demás


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dudamos, les une su templanza, su excelente formación, su honradez, su compromiso democrático y su humildad, que han hecho de la Guardia Civil y de la Policía Nacional las instituciones mejor valoradas por los españoles. (Aplausos). Y a muchos les une, por supuesto, la amistad. Como a Félix García Cid y Pablo Galego Estévez, policía nacional y guardia civil, respectivamente, que decidieron compartir sus vacaciones en Puerto Rico el pasado verano. No imaginaban que aquel país, al que habían llegado como turistas, les despediría como héroes después de salvar la vida de dos ancianos en un incendio que se declaró cerca de su hotel. Esas son las fuerzas de seguridad de las que estamos tan orgullosos; las que hacen gala de una humanidad que llevan allá donde viajan y que no conoce ni de fronteras ni de horarios laborales. (Aplausos).

Señorías, la amistad y la colaboración estrecha han protagonizado las relaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante todo el periodo democrático. Fruto de esa colaboración son los mayores hitos de nuestra historia en la lucha contra el terrorismo y contra el crimen. Gracias a la unión entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, por ejemplo, hoy podemos decir que ETA pertenece al pasado; un pasado negro, eso sí, porque nuestros guardias civiles y nuestros policías saben muy bien qué más les une, saben que son los dos colectivos que han tenido que llorar a más compañeros por culpa del terror macabro de ETA. Entre ambos cuerpos suman 413 asesinados por la banda, prácticamente la mitad de las 829 víctimas totales. Policías y guardias civiles han quedado para siempre hermanados en su dolor, y el dolor merece respeto. Por eso sería indigno que los partidos políticos viniéramos a esta Cámara a generar polémica sobre las funciones y diferencias retributivas de ambos cuerpos.

Señorías, hace dos semanas exigí desde esta misma tribuna una mejora salarial para nuestros guardias civiles y hoy voy a reiterar esa exigencia. Si los guardias civiles trabajan cada día para que España siga siendo un lugar tranquilo y seguro, si entregan su vida por este país, ¿no es lo mínimo que puede hacer este país que corresponderles con un salario decente? ¿No le parece razonable al Gobierno que quienes tienen que protegernos estén también protegidos por medios materiales y económicos suficientes? ¿No merece tan noble desempeño un trato digno por parte del Estado? Vuelvo a reiterar mi exigencia de hace dos semanas, señorías, pero en modo alguno estoy dispuesto a tolerar que alguien quiera encontrar razones en ella para una confrontación con la Policía Nacional, porque también nuestros policías cuidan de nosotros cada día y entregan su vida en el ejercicio de su trabajo. Exijo también para ellos más y mejores medios; salarios dignos, herramientas para continuar su formación, políticas de conciliación para que los padres y madres del cuerpo puedan hacer compatibles su trabajo con su familia. Ciudadanos quiere un cuerpo de policía igualitario que se vuelque con sus mujeres, que afortunadamente cada vez son más, y que se las dote de medios de autoprotección adaptados a su anatomía. (Aplausos).

Todas estas cosas quiero para nuestros guardias civiles y para nuestros policías. Sé que el Estado habrá de abordar estas demandas de forma específica. Soy consciente de que cada cuerpo tiene sus particularidades y sus necesidades ligadas a su especificidad de desempeño, función y demarcación territorial. No he venido a negar diferencias, he venido para decirles a sus señorías que tenemos unas fuerzas de seguridad ejemplares precisamente gracias a sus diferencias y no a pesar de ellas, que es en la diversidad donde ambos cuerpos se complementan y benefician en su colaboración. Habrá quien quiera empeñarse en hacer de la particularidad conflicto, pero estará perdiendo el tiempo; querer forjar una rivalidad construida sobre las diferencias solo nos hará más débiles en nuestra tarea compartida de proveer seguridad, porque los criminales no conocen de competencias ni de demarcaciones territoriales. Por ello, la mejor forma de que el Estado sea eficaz combatiendo la delincuencia es teniendo cuerpos de seguridad unidos y dotados de los mejores medios materiales, económicos y humanos al servicio de su tarea. A este fin, resulta inaplazable abordar una reforma durante demasiado tiempo olvidada.

Señorías, nuestro modelo policial se rige por una norma del año 1986; no hace falta que les enumere todas las cosas que han cambiado en España desde entonces. Las amenazas que han de afrontar nuestros cuerpos de seguridad han quedado transformadas por el progreso tecnológico y el avance de la globalización. Hoy tenemos nuevos retos de seguridad que van desde el terrorismo internacional hasta la penetración de bandas de ciberdelincuentes; retos que ya no pueden circunscribirse a las fronteras nacionales, sino que son globales. Desde 1986 también se ha operado un cambio demográfico que ha tendido a concentrar a la población en torno a grandes núcleos urbanos y se produce un hecho muy importante, que es la creciente incorporación de la mujer a las fuerzas de seguridad. Todos estos hechos han generado nuevas demandas y necesidades de adaptación en la Guardia Civil y la Policía Nacional; los nuevos tiempos requieren la actualización del modelo policial. Por eso, Ciudadanos ha demandado al Gobierno la creación de una mesa en la que puedan sentarse los partidos políticos y representantes de


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todos los cuerpos afectados para diseñar un nuevo modelo consensuado, un modelo del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI Esa mesa, señorías, debería articularse, en opinión de mi partido, sobre tres principios: diálogo, negociación y acuerdo. Tres principios que son las señas de identidad de Ciudadanos y que hemos traído a este Parlamento. Es posible que el Gobierno se sintiera más cómodo ignorando este reforma necesaria, como viene haciendo desde hace años, o como acostumbra en la penumbra de su trastienda. Esta vez me temo que no podrá ser así. Ciudadanos ha venido a hacer política de otra manera, ha venido a exigir transparencia y se lo voy a repetir a sus señorías del Partido Popular: diálogo, negociación y acuerdo. Estas son las maneras que ha traído Ciudadanos a las instituciones y los miembros del Gobierno lo saben bien, pues si hoy ocupan esos sillones es gracias a la aplicación de este principio. Diálogo, negociación y acuerdo son los valores que deberán presidir la actualización de nuestro obsoleto modelo policial.

Señorías, no podemos perder más tiempo. Los retos de una sociedad del siglo XXI no pueden abordarse desde un modelo policial de 1986; postergar esta reforma solo beneficiará a los interesados en sembrar divisiones. Nuestras fuerzas de seguridad necesitan un acuerdo marco que garantice el correcto desempeño de sus funciones y de su colaboración. Señorías, protejamos a nuestros agentes; solo así ellos podrán protegernos a nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gutiérrez.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.

Buenas tardes. Un saludo a todos y a todas y un saludo también a la grabadora que Sánchez-Camacho nos ha dejado aquí antes de salir por la puerta porque hoy es un mal día para dar la cara y es un mal día para estar en la Cámara.

Señorías, nosotros estamos de acuerdo en mejorar los sueldos y en acabar con las diferencias salariales entre iguales, pero en lo que no estamos de acuerdo es en abrir la puerta -es lo que hace, a nuestro juicio, esta iniciativa- a permitir que esta Cámara o que el Gobierno central se meta donde no debe meterse. Este es un principio muy liberal progresista, que cada cual debe tocar lo suyo. ¿Qué es lo que nos da miedo? Nos da miedo abrir la puerta a que el Gobierno central se atreva a decidir qué debemos pagar en Cataluña a nuestros cuerpos de seguridad. En ese sentido iba nuestra enmienda, en apoyar y en mejorar la propuesta, acompañándola de un estudio técnico que no solo hable de condiciones salariales sino también de prestaciones de servicio. Nuestra enmienda tiene otro matiz que queremos destacar y subrayar, pero ya se nos ha dicho que será rechazada, con lo cual nuestro voto a esta iniciativa no podrá ser favorable.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. Nueva Canarias va a apoyar esta moción que ha planteado el Grupo Ciudadanos. Hace unos días me reuní con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Canarias que planteaban un tema adicional que señalo por si tiene algún interés para negociaciones futuras. En el complemento de residencia en Canarias hay algunos funcionarios dependientes de la Administración del Estado que cobran lo que deben y otros no, entre ellos a los que nos estamos refiriendo. Esto es un elemento más y veo por ahí que esto se asume, ¿verdad? No deja de ser completamente lamentable que a alguien no se le pague lo que hay que pagarle y además estemos esperando al santo advenimiento para que eso se resuelva. Esto nos parece una cuestión de justicia elemental.

Después hay otra cuestión clara y es que a igual trabajo, igual salario. Además, es necesario entender que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la reciente historia democrática española han incrementado su prestigio de una forma sensible y creo que han sido leales colaboradores en muchos más aspectos que exclusivamente la seguridad ciudadana. Apoyaremos esta moción y hemos visto alguna


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enmienda que tiene interés; no sabemos qué hará el grupo proponente, pero nos parece que sería muy acertado que la aceptasen por ser más amplia que lo que plantea en inicio la moción.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Como muy bien ha dicho mi compañero Pedro Quevedo, hay un problema importante de los funcionarios del Estado en Canarias en concreto. También cobran el concepto de indemnización por residencia en Ceuta, Melilla y parte de Baleares. Se subió la de Ceuta y Melilla, se subió la de Baleares y se subió hace dos años la de los funcionarios del Estado, fiscales y jueces; sin embargo, los guardias civiles, los policías nacionales y el resto de funcionarios del Estado en Canarias no han recibido esa modificación que parece de derecho. La propuesta de Ciudadanos que vamos a apoyar recoge ese compromiso de modificación. Pero hay otro tema importante, y es el complemento que cobran determinados guardias civiles por especial peligro o dedicación que no están ejerciendo porque trabajan en oficinas, y sin embargo hay compañeros en las mismas circunstancias que no tienen esas retribuciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ha llegado el momento de analizar de forma común, global -escuchando a todas las partes y analizando la situación-, el hecho de que los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país tengan una retribución laboral adecuada a la responsabilidad, a la dedicación y al riesgo que corren.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Mixto, finalmente, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Quiero hacer un paréntesis. Como saben, en el Grupo Mixto nos repartimos los turnos para hablar y no pude hacerlo en la primera proposición de ley, que hablaba sobre el indulto. Si es verdad y al final se aprueba esta iniciativa, nosotros también pediremos que se excluya de la posibilidad de indulto a aquellas personas condenadas por terrorismo.

Quiero agradecer a Ciudadanos esta iniciativa que me permite dar las gracias a la Guardia Civil por su trabajo y mostrar nuestro apoyo, el de Unión del Pueblo Navarro, a todos los guardias civiles, desde aquellos que están destinados en Alsasua hasta los que están destinados en Ayamonte, y decir que no vamos a consentir que exista un relato de odio contra la Guardia Civil. Nosotros estamos a favor de la dignificación del trabajo, de la profesionalidad tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, así como de otros cuerpos autonómicos y locales; estamos a favor de que se mejoren sus condiciones laborales, retributivas o asistenciales. Sí propondríamos alguna limitación o algunas condiciones. No quisiéramos que estos debates sirvieran para enfrentar policías, para generar nuevos agravios. Nosotros -aunque no lo dice la propuesta-, defendemos la naturaleza militar de la Guardia Civil. Por tanto, estamos a favor de la dignificación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a favor de eliminar las asimetrías, a favor de la equidad y la igualdad de todas ellas y del respeto competencial debido. Pedimos, igual que lo ha hecho el proponente, un esfuerzo para llegar a un acuerdo político que al final nos permita aprobar un texto del que podamos estar orgullosos nosotros y las personas que se vean afectadas por el mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes):

Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Trevín Lombán.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente, y gracias también por su recomendación en cuestión de tiempo.

Señorías, ha llegado el momento de saldar deudas pendientes con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El pasado 18 de octubre, en la Comisión de Interior, el grupo al que represento presentó una PNL en la que, entre otras propuestas, decía: Mejorar las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de los miembros de la Guardia Civil para que estos puedan ejercer su trabajo policial en condiciones dignas y desarrollar sus derechos asociativos sin limitación alguna. Por ello, manifestamos nuestra sintonía y ofrecemos nuestro apoyo a este acuerdo marco que iguala los niveles


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salariales y las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solicitada hoy por el Grupo Ciudadanos. Tendrán nuestro apoyo, y a buen seguro el de las asociaciones de la Guardia Civil y de buena parte de los sindicatos policiales. Es necesario corregir los desequilibrios salariales que pudieran existir entre ambos cuerpos. El Gobierno tiene los datos reales, así que es el momento de ponerse manos a la obra. Debe comparar toda la casuística con criterios homologables y acabar con los eventuales agravios comparativos. No tiene que empezar de cero, no tiene excusa. El trabajo está hecho. En 2011 ya se hizo un estudio orientado a la revisión de los complementos específicos singulares del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil y este análisis planteaba mejoras retributivas a los guardias con sueldos más bajos, así como a mandos intermedios y a determinadas especialidades. Si no se llevó a cabo entonces fue como consecuencia de la crisis económica, pero ahora ha llegado el momento. El crecimiento de nuestra economía, de la que tanto presume el Gobierno, nos lo permite.

Hemos de ser justos con las personas que hacen de España uno de los países más seguros del mundo, pese a la erosión que viene produciéndose en los últimos años de desnortada gestión del Partido Popular al frente del Ministerio del Interior. Nunca está de más que somos un país seguro precisamente por el trabajo de la Policía y la Guardia Civil. Cuerpos separados, con funciones y despliegues diferentes pero con un objetivo común de preservar nuestra seguridad y nuestras libertades. En toda Europa envidian su funcionamiento, así que nuestra obligación es garantizar que todas estas personas se vean justamente recompensadas por su trabajo y en este sentido hemos de reconocer que en los últimos años, al igual que ha pasado con otros colectivos de funcionarios, nuestros guardias y policías han visto cómo perdían poder adquisitivo. Las soluciones que se adopten en ningún caso deben generar nuevos conflictos entre estos dos cuerpos de la seguridad del Estado.

El buen trabajo de la Policía y de la Guardia Civil sí que es marca España, de la buena, sí que nos diferencia para bien del resto de países europeos. Así que, para que esta situación no se deteriore, pedimos al Gobierno que corrija la desastrosa gestión que desde 2012 hasta hoy viene desarrollando el Partido Popular en materia de coordinación y cooperación entre ambos cuerpos. La Secretaría de Estado de Interior tiene que reparar de una vez el daño hecho por el anterior equipo ministerial, que entendía la coordinación entre ambos cuerpos como competición desenfrenada y la colaboración como confrontación desatada. Pero este no es el asunto que preocupaba en exceso ni al anterior director general de la Policía ni al de la Guardia Civil. Lo del primero, el señor Cosidó, era vivir sumergido en algo parecido a una película de espías, afanado en el espionaje y la investigación de todo posible adversario del PP, con una camarilla que actuaba como policía política y alentaba el trabajo partidista de una brigada de análisis y revisión de casos muy especiales, creada ilegalmente, a nuestro criterio. Y al señor Fernández de Mesa en la Guardia Civil solo le preocupó pasar a la posteridad en un cuadro, luciendo la banda de la Gran Cruz Naval, con los colores de nuestra bandera, guantes, medalla en la pechera y bastón de mando. (Aplausos). La profusión de oropeles es tal que nos extraña mucho que el cuadro no sea un retrato ecuestre. Creo que comparecer a caballo hubiera sido más apropiado para reflejar la verdadera imagen que el anterior director general de la Guardia Civil, señor Fernández de Mesa, tenía de sí mismo.

Acabo defendiendo la enmienda de adición que ha presentado mi grupo a esta moción. Pedimos por tanto que se convoque en el plazo máximo de quince días un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil para tratar los graves errores causados en el abono de las retribuciones a miles de guardias. Fue solicitado ya en forma, pero arbitrariamente denegada, a nuestro juicio. Lo que estamos pidiendo al Gobierno no es nada del otro mundo, pedimos que se cumpla la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de la Guardia Civil, de 2007, que dice que es necesario acompañar los valores y pautas propias de un instituto armado de naturaleza militar con el desenvolvimiento diario de unas funciones básicamente policiales, ligadas a una sociedad dinámica, innovadora y celosa de sus derechos democráticos, como es la de esta España del siglo XXI. Además, dicha ley otorga al consejo las funciones de analizar y valorar propuestas planteadas por los guardias civiles sobre el régimen de personal o sobre sus derechos. Lo cierto, señorías, es que dicha ley de derechos y deberes, contiene muchas facultades que el Ministerio del Interior está ignorando o negando. Desde 2012, están limitando las potencialidades del consejo y eso nos parece muy grave. No se pueden restringir las facultades de un órgano de participación hasta el punto de convertirlo en un órgano de frustración. Para evitar todo ello, les pido el voto a esta moción y a la enmienda socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Trevín.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Martín-Toledano Suárez.


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El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dejar claro y patente que el Grupo Popular está y estará siempre a favor y en coordinación con el Gobierno y el Ministerio del Interior para mejorar las condiciones laborales y de todo tipo que necesita la Guardia Civil y también la Policía Nacional. Quiero saludar también a algunos representantes de las asociaciones de la Guardia Civil, hoy invitados en el Congreso, y quiero trasladar desde el Grupo Popular a todos los guardias civiles el respeto y consideración a su gran labor. La Guardia Civil es esencial junto con la Policía Nacional en la preservación de la seguridad ciudadana. Han hecho una labor encomiable, una labor que hay que valorar porque han sido punta fundamental para acabar con el terrorismo de ETA y con muchas mafias delictivas.

Para resolver los problemas primero hay que conocerlos, por eso yo personalmente y otros miembros de mi grupo nos hemos reunido no una vez sino varias veces con los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil y hemos participado incluso en actos abiertos a sus asociados donde hemos debatido cara a cara los problemas que padece la Guardia Civil, porque para poder resolverlos hay que conocerlos. Uno de esos problemas que nos plantearon fue la diferencia en los complementos específicos singulares que ellos creen que hay respecto a la Policía Nacional, y nos comprometimos -y nos comprometemos- a hablar con el Gobierno para que lo primero que se haga sea un estudio serio -creo que lo compartimos todos los grupos-, riguroso y actualizado de las condiciones laborales de todos los puestos de trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional para detectar las posibles diferencias retributivas en esos complementos. Es un trabajo que hay que realizar de forma urgente. No es el único problema que tiene la Guardia Civil, pero nuestro grupo entiende, y así se lo hemos trasladado a sus representantes, que primero hay que detectar el problema; segundo, ver qué medios son necesarios para poder solucionarlos y, tercero, marcar un calendario de prioridades para poder llevarlas a cabo porque sabemos -y nadie puede negarse- que todas esas problemáticas no se pueden acometer de forma conjunta y de una tacada. Hay que estudiar las prioridades y hay que acometer esas reformas de forma progresiva.

Estos problemas que padece la Guardia Civil no son nuevos, son problemas que ya se arrastran del pasado, en concreto este de los complementos específicos, el de una mejora de los complementos de la Policía Nacional acometidos por el Gobierno socialista en 2007 y que no se aplicaron a la Guardia Civil en 2008 a pesar del compromiso que había establecido. Se argumentaron problemas de crisis económica -y, por cierto, era así- y no se han podido acometer pero no creo que sea procedente por parte del Grupo Socialista reprochar al Grupo Popular y al Partido Popular que este problema exista, porque lo creó el propio Partido Socialista. Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdieron poder adquisitivo fue con el Real Decreto de 2010 donde el Gobierno de Zapatero redujo de media un 5% las retribuciones de los empleados públicos. Ahí es donde se produce esa pérdida de poder adquisitivo. En cuanto al error en el pago de las nóminas de la Guardia Civil, el ministro ya dio explicaciones en el Congreso, y estamos de acuerdo en que se reúna el consejo de la Guardia Civil. No va a ser como quiere el Grupo Socialista porque hay una transacción: no será en un consejo extraordinario, será en un consejo ordinario que se celebrará antes de marzo porque no tiene sentido tener dos consejos en menos de diez días.

El Grupo Popular desde luego considera que la moción de Ciudadanos es bienintencionada, pero debería ser mejorada. Por eso presentamos una enmienda que pretendía modificar algunos aspectos y algunas frases que podrían hacer imposible el cumplimiento de lo que se quiere, que es la mejora de las retribuciones de la Guardia Civil mediante los complementos específicos singulares, y al mismo tiempo promover otra cuestión que ha sido rechazada pero que consideramos esencial, y es que hay que aumentar gradualmente las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante oferta pública. No va a ser incluido en la transacción, pero vamos a hacer de ello una prioridad del Grupo Popular.

Coincidimos con algunos de los que han hablado hoy aquí. No se puede enfrentar a cuerpos policiales, no debemos caer en ello. No se puede hacer demagogia ni se puede hacer uso partidista de la solución de unos problemas reales que existen. Hay que aceptar diálogo, consenso y responsabilidad para resolver la problemática que existe desde hace tantos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martín-Toledano.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Intervendré desde el escaño, señor presidente, porque lo haré de manera breve.

Dos cuestiones. En cuanto al tema propiamente de la moción, nuestro grupo se guía con un principio general, y es que si hay elementos de igualdad la consecuencia debería ser un trato igualitario. Que se estudie la cuestión y si efectivamente se llega a esa conclusión que se obre en consecuencia. En segundo lugar, cogiendo el pie que ha introducido el portavoz del Grupo Popular, saben que preocupa al Gobierno vasco la cuestión de la plantilla de la Ertzaintza. La tenemos congelada, tenemos muchísimas jubilaciones, y también en el País Vasco la seguridad está comprometida por esta cuestión.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Delgado Ramos.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Gutiérrez, se lo voy a decir meridianamente claro. Todo lo que sea para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil siempre va a ser apoyado por nosotros, hoy también. Vamos a votar sí. Dicho esto, me temo, por esa iniciativa que su Grupo Ciudadanos presenta hoy aquí, que ustedes pretenden seguir la misma trayectoria que han seguido durante estos años el Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, mucho reconocer la labor de los agentes, mucho alabar la institución, y luego todo queda en un brindis al sol. Se lo digo porque cuando se presentó en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para equiparar los sueldos de la Guardia Civil a los de la Policía Nacional ustedes votaron en contra. Claro, sí, y ahora vienen aquí ustedes a decir que hay que mejorarles las condiciones sociolaborales a los guardias civiles. Claro que sí, pero ¿me puede explicar por qué entones votó en el Senado en contra? Pues yo se lo voy a decir. Aquella enmienda, de haber sido aprobada, habría sido vinculante y de obligado cumplimiento. Esta que ustedes presentan aquí hoy, aunque sea aprobada por mayoría, es un brindis al sol. Esta puede servir para que usted se haga una foto, para un titular, pero aquella no, aquella era la buena.

Le voy a poner un ejemplo. En el año 2009 se aprobó en esta misma Cámara una proposición no de ley para que el Gobierno readmitiera al sargento José Morata, expulsado de la Guardia Civil en el año 1997 por intentar poner en marcha un sindicato. Veinte años después nuestro compañero José Morata sigue esperando justicia y dignidad. Y eso que aquella proposición no de ley fue por unanimidad. Nosotros queremos la de verdad.

En ese sentido, le anuncio que vamos a presentar una enmienda a los próximos Presupuestos Generales del Estado para equiparar -insisto, de verdad- los sueldos de la Guardia Civil a los de la Policía, pero esta vez espero que ustedes voten a favor y en contra. Porque los guardias civiles ya están hartos de estas estrategias; hartos de alabanzas y de promesas; hartos de ser ninguneados por unos y por otros; de que se persiga a sus representantes legales y legítimos. Desde el año 2004 se ha abierto a los guardias civiles más de trescientos expedientes por faltas graves y muy graves, únicamente por hacer uso de la libertad de expresión. Están hartos de desarrollar su trabajo sin medios, sin chalecos antibalas, en dependencias inadecuadas y cuando no en ruinas, de trabajar sin unos protocolos claros de actuación que les permitan hacer su trabajo correctamente y con garantías jurídicas, como es en el caso de Ceuta y de Melilla. Están hartos de que su esfuerzo y su sacrificio sirva para que algunos jefes se llenen la pechera de medallas. Están hartos de que los que están a pie de calle sean los peor retribuidos en el salario excepto, eso sí, la élite de la Guardia Civil y me refiero a la cúpula de la Guardia Civil, los altos mandos, los generales, que son los mejor retribuidos de todos los cuerpos de policía en este Estado.

Señorías, ya está bien. Los guardias civiles no quieren que nosotros vengamos aquí a reclamar y a reivindicar por ellos; lo que quieren es dignidad y que nosotros les dotemos de garantías para que ellos mismos puedan reivindicar su dignidad profesional. Tenemos que permitir que la democracia, con todos sus derechos, entre en los cuarteles de la Guardia Civil (Aplausos) porque eso es altamente saludable para los agentes y para la sociedad. Me refiero a la no aplicación del Código Penal Militar, al reconocimiento al derecho sindical que ustedes tampoco apoyaron, señores de Ciudadanos. En fin, se trata de cambiar algunas leyes y es cuestión de voluntad política. Con estas dos sencillas iniciativas se podría avanzar en el resto de cuestiones: unas remuneraciones justas, acabar con el déficit de derechos, establecer una jornada laboral digna y un plan para reducir el elevado índice de suicidios en la Guardia Civil. Mire, cada veintiséis días se suicida un guardia civil. No todo es dinero, no todo se soluciona con dinero.


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En definitiva, nosotros no buscamos ni una foto ni un titular, buscamos dignificar el empleo de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Pero aun así, y aunque sabemos que esto no va a servir de mucho, vamos a votar que sí para dejar claro nuestro compromiso con los trabajadores y con las trabajadoras de la Guardia Civil.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Delgado.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas tengo que preguntarle al señor Gutiérrez Vivas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.

Estamos redactando una enmienda transaccional que se va a firmar por parte de algunos grupos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Espero que la hagan llegar a la Mesa en cuanto dispongan de ella.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA CONOCER SI EL GOBIERNO TIENE INTENCIÓN DE TRANSPONER LA DIRECTIVA 2014/17/UE DE 4 DE FEBRERO DE 2014, PARA MEJORAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TRANSPARENCIA DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ASÍ COMO DE CUMPLIR DIVERSAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000014).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Corresponde a continuación debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para conocer si el Gobierno tiene intención de trasponer la Directiva 2014/17 de la Unión Europea, de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España.

Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Buenas tardes. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señorías.

Quiero saludar la buena actitud y predisposición de todos los grupos a la hora de poder dialogar en torno a los puntos planteados por nuestra moción. Entendíamos que existían diferentes puntos de vista sobre varias cuestiones planteadas y vamos a proponer la votación por puntos. Creemos, además, que puede servir para clarificar a la opinión pública española asuntos que afectan a cuestiones centrales en la vida de nuestro país.

En primer lugar, venimos a plantear que en nuestro país se han cometido abusos financieros, abusos fianncieros que fueron los que derivaron en una crisis que fue una auténtica estafa a la mayoría social de nuestro país. No lo decimos nosotros y nosotras. El otro día el ministro me preguntaba si me atrevía a mantener que en los juzgados de nuestro país se había violado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa y, la verdad, nada más lejos de mi intención, no lo he dicho yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiteradas sentencias. (Aplausos). Les invito a que las lean, el caso Aziz, Sánchez Morcillo, Penalva, vencimiento anticipado, cláusula suelo... Tienen para elegir y ver dónde se han violado todos esos derechos de las personas. En esa medida, creíamos que es necesario que todos esos abusos que se han producido se esclarezcan. Por eso hemos planteado que, habiendo violaciones de derechos humanos, se tiene que cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos -verdad, justicia y reparación- y, al mismo tiempo, registramos a principios del mes de enero una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los abusos financieros y la crisis financiera para que se de cuenta ante esta Cámara. La verdad, me sorprendió mucho que el señor ministro en la interpelación no supiera lo que era una subprime, habiendo sido directivo de Lehman Brothers. Pues Lehman Brothers compareció en el Congreso de los Estados Unidos para dar cuenta de qué habían hecho con las subprime. Por tanto, lo único que planteamos es algo análogo a lo que tuvo que hacer la entidad para la que trabajaba este señor.


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Nos parece especialmente interesante que seamos capaces de adquirir el compromiso del cumplimiento de la legalidad, del cumplimiento de las sentencias. Es sencillo, dejar de saltarnos la ley porque se está poniendo en peligro al país. Limitar la responsabilidad al bien hipotecado, nuevamente hemos visto que no existe acuerdo. Parece que hay varios grupos que están de acuerdo en cumplir la observación general 7 del Comité DESC de Naciones Unidas que prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, no sabemos si tendrá el punto mayoría suficiente. Al mismo tiempo, quiero agradecer la buena disposición de todos los grupos para que, por fin, nos informe el Gobierno de algo que es de trascendencia para el conjunto de la sociedad española, que es el hecho de si el incumplimiento reiterado de la normativa europea, acreditado en reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha tenido como resultado la apertura de un procedimiento sancionador contra nuestro país. En 2015, la comisaria de Justicia ya amenazaba con la posibilidad de la apertura de ese procedimiento sancionador -decía: si España no cumple las sentencias igual hay que abrir un procedimiento sancionador- por cosas tan sencillas como que si una persona en nuestro país ha demandado a su banco por, por ejemplo, una cláusula suelo, es decir, el banco le debe dinero, que el banco no le pueda ejecutar, no le pueda aplicar un procedimiento de ejecución hipotecaria, algo tan sencillo como que a alguien no le ejecuten cuando es el banco quien le debe el dinero. Pues no hemos sido capaces desde 2013 de trasponer esa sentencia y de cumplir en sus términos la sentencia del caso Aziz. (Aplausos). ¿Eso qué hace? Eso pone a nuestro país en peligro. Frente a este tipo de informaciones que publica el diario ABC -que precisamente no es un diario izquierdista- en abril de 2016, hemos realizado en sede parlamentaria una pregunta oral al señor De Guindos, una interpelación al señor De Guindos y esta mañana le hemos preguntado al señor Moragas en la Comisión de Seguridad Nacional, por aquello de la seguridad y estabilidad del sistema financiero, y seguimos sin respuesta. Queremos agradecer la voluntad del conjunto de los grupos de que se esclarezca si nuestro país está en peligro porque este Gobierno ha aplicado una legislación a favor de los bancos saltándose la legislación europea. (Aplausos). Creo que los españoles y las españolas tienen derecho a saberlo.

En esa medida, nosotros y nosotras creíamos que cuando hablábamos de violaciones de derechos humanos quizás nos miraban raro. Yo les quiero recomendar a las señoras y señores del Partido Popular, y en particular al señor ministro, una lectura muy interesante, muy interesante, muy interesante, que es el dictamen del Comité de derechos económicos, sociales y culturales, a tenor del Protocolo facultativo del pacto internacional, la comunicación 2/2014, donde, primero, recomienda la modificación de la legislación española en materia hipotecaria por violación de derechos fundamentales, pero además le pide al Gobierno que lo publique. La verdad, es una pena que ni el ministro supiera que hay un dictamen que dice que en los procedimientos judiciales las comunicaciones no se hacen por el BOE, sino que se comunican con todas las garantías al justiciable. Lamento mucho que no se conozca este tipo de resoluciones que son obligatorias para el Estado. En esa medida les puedo recomendar las sentencias del Tribunal de Justicia.

En cuanto a violaciones de derechos humanos, les podría dar los dos informes de la Plataforma de afectados por la hipoteca, donde se denuncian las violaciones de derechos humanos en España. Pero dirán: Son gente que lucha y que defiende los derechos humanos a pie de calle, y quizá no les valga; les recomiendo entonces el informe que tiene emitido Amnistía Internacional, que creo que sí les vale, y el informe de Human Rights Watch, quizá este sí les sirva también. Es decir que diferentes organismos de derechos humanos denuncian que en nuestro país se han violado sistemáticamente los derechos de las personas para proteger a las entidades financieras y se ha puesto en peligro a nuestro país. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Agradezco a todos los grupos que permitan que se esclarezca de una vez por todas esta incógnita que es si hay o no hay un procedimiento sancionador contra España por que el Gobierno ha legislado a favor de las entidades financieras y en contra de los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Porque, señores y señoras, les puedo asegurar que si hay sanción no la van a pagar ni los Botín ni los González, la va a pagar la gente trabajadora de nuestro país y eso es absolutamente inaceptable. Por eso es importante que se inicie cuanto antes la trasposición de las sentencias y de las directivas.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor MAYORAL PERALES: Treinta segundos.

El otro día el señor ministro nos hablaba de la trasposición de las directivas. Se cuenta en decenas de meses el tiempo que ha tenido disponible el Gobierno antes de las elecciones del 20 de diciembre para


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trasponer las directivas en materia hipotecaria. Y no lo han hecho. No lo han hecho porque no existía voluntad, porque existía la voluntad de proteger a la gente que ha abusado de la población de nuestro país: a las entidades financieras, a los especuladores, a los bancos y a los fondos buitre.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

El contenido de esta moción consecuencia de interpelación es de tal extensión y complejidad que hace imposible analizar en una hora de intervención todos y cada uno de los diez capítulos que el grupo parlamentario del diputado señor Mayoral somete a la consideración del Pleno. El revolutum es de tal magnitud que diluye absolutamente lo que para Foro debería ser el objeto principal de una iniciativa que hablara del sistema hipotecario español. Un sistema que necesita sin lugar a dudas una revisión que permita la modificación de la Ley Hipotecaria del año 1946, para que en caso de hipotecas sobre vivienda se altere el principio de responsabilidad universal recayendo esta solo sobre los bienes hipotecados.

He presentado una enmienda que centra lo que, a nuestro juicio, debe tratarse como una prioridad para que en caso de garantía hipotecaria sean los bienes hipotecados los que respondan de la obligación asegurada, al menos cuando se den una serie de circunstancias. Finalmente, ante la elaboración para dentro de diez meses de un plan de vivienda nuevo, pretendemos que sea fruto de un amplísimo consenso administrativo, político, social y sectorial para atender el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna, y que incluya entre otros aspectos ayudas específicas a las personas desahuciadas y colectivos más vulnerables. Somos en definitiva, con ello concluyo, señora presidenta, un Estado de derecho, en España se cumple la ley, a nosotros nos parece que las consideraciones del señor Mayoral expresadas en la tribuna son puros aspavientos y por tanto confiamos en el Estado de derecho español.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà. Tiene un minuto.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias.

En un minuto es muy fácil decir, señorías, que estamos a favor de que se cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el año 2013 hasta el año 2017, que han reiterado que no es una cuestión de discusión o de seminario, sino que simplemente se tiene que cumplir una regulación a la que el Estado español está sometido.

Hemos presentado una enmienda para el respeto al marco autonómico. También les tengo que decir, señorías, que tendríamos que haber trasladado a la legislación española la Directiva del año 2013, de protección de los consumidores, antes del 21 de marzo de 2016, si bien, el Código de consumo aprobado por el Parlament de Catalunya en buena medida ya ha incorporado esa directiva de protección de los consumidores, a la vista de la inoperancia legislativa por parte del Gobierno español. Para finalizar, señora presidenta, estamos muy de acuerdo, y queremos subrayarlo, con el punto número 10: El Gobierno debe informar a las Cámaras y a la opinión pública española sobre si existe algún procedimiento sancionador contra el Estado español por incumplimiento de la Directiva 90/2013. No se puede esconder la realidad ante la opinión pública y ante este Parlamento.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: La nula voluntad del Gobierno de defender a los consumidores frente a la banca es más que evidente. Prueba de ello es la directiva de 1993, pieza angular del sistema de protección de los mismos. Su trasposición se realizó tres años y medio más tarde de la fecha límite establecida y se hizo sin realizar los cambios correspondientes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo que no se puso freno a los abusos y eso llevó a cientos de miles de ejecutados hipotecarios a perder su vivienda y a engrosar unos ficheros de morosos que les han convertido en excluidos sociales.

La sentencia Aziz obligó a realizar cambios para que se pudieran oponer a las ejecuciones por la existencia de cláusulas abusivas, pero solo se les dieron diez días y se publicó en el BOE. ¿Cuántos


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desahuciados leen el BOE? Han sido reformas hechas para molestar lo menos posible a la banca y que han dejado a miles de personas sin poder defenderse, sin vivienda, con una deuda impagable y sin futuro. Muchos, si las reformas se hubieran hecho a tiempo, no hubieran perdido su vivienda. Por tanto, es necesaria una dación en pago retroactiva, una moratoria de desahucios. Es urgente una política de vivienda que apueste por un alquiler asequible, por viviendas sociales dignas, por garantizar suministros mínimos si queremos que la vivienda sea en realidad lo que dice el papel: un derecho básico. Es lo que vienen pidiendo las plataformas antidesahucios hace años y ahí está la solución.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALADE: Termino diciendo que resulta vergonzoso escuchar al ministro decir que el sistema funciona por el mero hecho de que un 80% tiene una vivienda en propiedad, cuando existen más viviendas vacías que nunca y cuando hay más gente que nunca sin vivienda. Por eso apoyaremos la moción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Capitalismo de amiguetes. Esta es la denominación que cabe dar al sistema económico que rige todavía en España. Abusos bancarios, omisión de controles, legislación procesal desfavorable para los consumidores, especulación, ineficiencia de empresas con tintes de oligopolio, todos ellos son elementos que se amalgaman en el cemento omnipresente de la corrupción. Qué desprecio sistemático a la Constitución, al artículo 47, que habla de la vivienda; al artículo 33, que habla de la función social de la propiedad; al artículo 51, que protege a los consumidores y usuarios y, sobre todo, qué desprecio a la dignidad de las personas. ¡Cuánta dificultad para muchas personas supone salir de esta crisis que no acaba! Y qué vamos a decir a las decenas de miles de familias que están destrozadas por la aplicación salvaje de los desahucios y de todas las medidas de presión que ponemos en manos de la banca, esa misma banca a cuyo rescate -volvemos a decir- hemos dedicado más de 60.000 millones de euros. La moción que tenemos aquí produce vergüenza, porque da vergüenza que ahora se tenga que estar diciendo al Gobierno que cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incorpore las directivas comunitarias a nuestro acervo normativo, que dé defensa justa a los desahuciados; en suma, que incorpore transparencia a las relaciones económicas en nuestro país.

La señora PRESIDENTA: Señoría, debe terminar.

El señor BATALLER I RUIZ: Debemos apoyar esta moción porque ya es hora de que salgamos de esta burbuja que nos impide avanzar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, seamos serios, el título de esta moción es conocer si se va a trasponer una directiva, que es la Directiva 2014/17 de la Unión Europea. El ministro De Guindos dijo el otro día que la iban a trasponer, pero uno va a la web del Ministerio de Economía, en concreto a la de la Secretaría General del Tesoro, y ve que hay un anteproyecto de una ley reguladora de contratos inmobiliarios, que dice en su artículo 1 que es para trasponer esta directiva. Por otra parte, en cuanto a trasponer la directiva, si no se hace en plazo, esta directiva, como parte del derecho comunitario, tiene efecto directo y por tanto, puede ser alegada por los justiciables. Por supuesto, nosotros sí creemos que los tribunales españoles hacen caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por tanto, aplican sus sentencias, como de hecho se ha visto en la cuestión de las cláusulas suelo. En este sentido, nosotros pediríamos seriedad, porque se habla de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero si uno los busca en Google la respuesta que sale es que son los principios inspiradores del acuerdo entre el Gobierno colombiano y la narcoguerrilla terrorista de las FARC (Aplausos), y a mí me parece que son temas que no tienen nada que ver con el sistema hipotecario español. Nosotros hemos presentado una enmienda, que ya nos ha comunicado el


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Grupo Parlamentario Podemos que no va a aceptar, relativa a enmendar este punto y otros dos más de esta moción. En cualquier caso, si no se aceptan, pediremos la votación por puntos porque hay puntos con los que no estamos de acuerdo -en los que ahora insistiré un poco más- pero hay otros que nos parecen aceptables.

Por otra parte, ya que el señor Mayoral ha dicho que no se habían traspuesto las directivas desde el 20 de diciembre, quiero hacer un inciso para decirle que si el Gobierno está en funciones no puede presentar proyectos de ley. El Grupo Ciudadanos está colaborando en trasponer estas directivas y algunos de los anteproyectos los puede encontrar en la web del ministerio. Con lo que no estamos de acuerdo, hemos enmendado y votaremos en contra es, por ejemplo, con confundir -en el punto 5- la garantía que se tiene en las hipotecas con la responsabilidad que tiene un deudor por todos sus bienes presentes y futuros. Evidentemente, esto se puede limitar, pero, por cierto, la responsabilidad del deudor por todos los bienes presentes y futuros no está en la Ley Hipotecaria, está en el artículo 1911 del Código Civil, que sería lo que habría que modificar. Por otra parte, nos parece que se puede limitar la responsabilidad por acuerdo, pero si se hace de forma indiscriminada, todos los deudores pagarán más caros los créditos.

Otro punto discutible es que se pongan los pisos vacíos necesariamente en alquiler social. A mí me parece bien, pero esto, al fin y al cabo, es una expropiación de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución y en nuestro país esto tiene que llevar un justiprecio y hay que arbitrar los sistemas para financiarlo. Por tanto, tampoco estamos a favor.

Por otra parte, consideramos que las directivas europeas y el derecho europeo priman y que hay que transponerlos. También consideramos, por supuesto, que las sentencias deben cumplirse. Por tanto, en esos puntos sustanciales estamos muy a favor de la moción. Asimismo, estamos a favor de que el Gobierno informe de si hay en estos momentos expedientes sancionadores abiertos al Reino de España por incumplir la transposición de directivas, pero también le pediría al Grupo Podemos que esto se lo aplicasen, porque hay otra directiva que está pendiente de trasponer, que es la Ley de contratos, que llega aquí pasado mañana y ustedes han presentado una enmienda a la totalidad sin texto alternativo; es decir, no están de acuerdo con la transposición y pretenden que el Gobierno no la trasponga. Nosotros creemos que hay que trasponer todo el derecho europeo porque es obligatorio.

En resumen, ya que no se nos admiten las enmiendas, vamos a solicitar votación por puntos. Creemos que el sistema hipotecario español y el sistema de crédito inmobiliario han tenido graves fallos y hay que corregirlos. Hay que trabajar para resolverlo, por ejemplo, con nuestra propuesta recogida en el acuerdo de investidura de crear una autoridad independiente que vele por el consumidor financiero y colaborando en la medida de lo posible y no presentando enmiendas de devolución en la transposición de las directivas europeas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez. (Rumores).

Señorías, antes de que comience la señora Botella Gómez, les pediría que por favor ocupen sus escaños o, si no, salgan del hemiciclo. Les recuerdo, por si alguno no me está escuchando o no me quiere escuchar -¡señor Vera!-, que falta una hora de Pleno y que debemos guardar silencio.

Adelante, señoría.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, esta moción que nos presenta el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea podría decirse que tiene marca de la casa. Es un tema de gran interés social y que cuenta con una interpretación mediática que genera muchas expectativas, pero luego llega una moción que no siempre termina en buen puerto. Tiene muchos puntos, mezcla cuestiones y competencias tanto europeas como nacionales, autonómicas o locales, y al final acaba siendo una especie de fondo de armario de los grandes argumentarios del grupo, que sacan y unen todo, pero desde nuestro punto de vista les falta rigor para poderlos abordar con la dimensión que requieren. En cualquier caso, nuestra voluntad ha sido desde el primer momento ir desbrozando esta relación de diez puntos, que eran los puntos a acordar, y hemos hecho dos consideraciones. Primera. Partimos de la idea de que esta moción se presenta llena de buenas intenciones, pero ahora mismo, con un Gobierno como el del Partido Popular, no deja de ser un brindis al sol. Señorías, si cuando ustedes tuvieron la posibilidad de votar a un presidente socialista lo hubieran apoyado, esta moción sería ahora una ley. (Aplausos). Esto sería así. De hecho, en las comunidades autónomas en las que estamos gobernando gran parte de estas medidas son ley. No hace falta que se lo


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recuerde porque en algunas hemos contado con su apoyo: en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, incluso en el País Vasco, a propuesta... (El señor Mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, si no hemos contado con su apoyo, en Andalucía la hemos sacado adelante. Son leyes que ayudan a resolver los problemas concretos, problemas que en esta moción aparecen muy mezclados; son leyes muy recientes que establecen medidas para frenar el drama hipotecario y el desahucio, que afecta a miles de personas; para regular el derecho subjetivo de acceso a la vivienda; para vincular la propiedad a la función social de la vivienda; para promover la vivienda pública; para penalizar las viviendas vacías; para regular ayudas que eviten la pobreza energética. Todo eso es lo que, por ejemplo, acaba de aprobarse en una ley en la Comunidad Valenciana, de la que el presidente, Ximo Puig, ha dicho con legítimo orgullo que es una de las leyes más avanzadas en materia de vivienda en España. A eso nos referimos; estas leyes, la andaluza y la de la Comunidad Valenciana, son los rotundos testimonios de cómo los socialistas gobernamos y queremos transformar la realidad en defensa del interés general, en defensa de los más desprotegidos y de acuerdo con las legítimas reivindicaciones de la sociedad, de la mano de aquellos que están especialmente afectados por estas causas, como las plataformas de afectados por la hipoteca. Todo ello frente a un Gobierno del Partido Popular que ha recurrido hasta en cinco ocasiones estas nuevas leyes del derecho de la vivienda en las comunidades autónomas. Señorías de Podemos, nosotros, los socialistas, no nos vamos a conformar con los brindis al sol que suponen este tipo de mociones.

La segunda consideración hace mención a otro tipo de cuestiones que ustedes plantean, lo que va a recogerse como futura ley de crédito hipotecario, algo que el ministro ya expuso aquí con motivo de la interpelación y que va de lleno a la trasposición de la Directiva 2014/17 de la Unión Europea. Creemos que este momento de la trasposición de la directiva es un momento de trabajar intensamente por mejorar la estructura hipotecaria en España y que el objetivo de la directiva coincide no solo con los anhelos y los deseos de los consumidores, sino de todos los intermediarios financieros: avanzar en la consecución de un mercado único, aumentar la protección de los consumidores, promover la concesión responsable de crédito y que disminuyan los embargos y las ejecuciones hipotecarias. Esta es la tarea en la que nos tenemos que emplear y que debe centrarse más allá de estas mociones, que no dejan de ser un brindis al sol.

El Grupo Parlamentario Socialista está comprometido firmemente con medidas que mejoren la protección de los consumidores y que garanticen la transparencia de los créditos hipotecarios, por supuesto con la exigencia del cumplimiento de la normativa europea y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han traído un rayo de esperanza y de justicia a los consumidores.

Termino ya. Anuncio que tal y como estaba planteada esta moción nosotros no podíamos apoyarla. Hemos presentado una serie de enmiendas que tampoco han sido aceptadas. Nuestra voluntad de contribuir a todo aquello que mejore a los consumidores se reflejará en la votación, que pedimos que sea por puntos y votaremos favorablemente aquellos que consideremos que en este momento pueden aportar algo a la sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.

Es cierto que la incertidumbre que viene afectando a la ejecución hipotecaria ha terminado por trasladarse sobre todo a la fase de constitución de la hipoteca, de tal forma que en los últimos años se ha visto que no deben figurar en la escritura cláusulas cuya legalidad hasta hace poco era indiscutida. El Tribunal Supremo y los tribunales europeos han puesto en entredicho la propia legislación hipotecaria. Estos vaivenes hacen que sea necesaria y urgente -esto es algo que quiero subrayar desde aquí- una reforma normativa que otorgue una protección efectiva al consumidor. Por otra parte, no podemos conformarnos con remedios puntuales ante injusticias que han provocado en algunos casos situaciones muy complicadas; muchas personas, por las sacudidas de la crisis, han perdido su empleo, su vivienda habitual, etcétera, con todas las consecuencias de marginación y exclusión social que en algunos casos se han producido. Hay que abordar, por tanto, una reforma profunda que se ponga al día con la normativa europea y sea adecuada a las necesidades sociales. Sin embargo, la moción consecuencia de interpelación es un parche más, yo diría que un parche además nada concreto, sino muy generalista. Creemos que hay


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que abordar la reforma de la Ley Hipotecaria y, desde luego, queremos que el ministro cumpla su promesa de traer en un plazo breve esa reforma aquí; desde luego, mi grupo parlamentario lo va a exigir. Pero en la moción planteada lo único que se hacen son menciones muy generalistas, no hay propuestas concretas con soluciones prácticas en un tema de tanta trascendencia.

La nueva regulación hipotecaria y aquellas otras leyes conexas deberán trasponer la directiva comunitaria y deberemos estar atentos al refuerzo de transparencia en las hipotecas, a la eliminación de los recargos por amortización anticipada, dación en pago, limitación de intereses de mora, establecimiento de un plazo razonable antes de iniciar un desahucio, la eliminación de la venta cruzada o vinculadas. Son situaciones de emergencia social en las que se deben establecer los mecanismos de coordinación necesarios de cara a evitar la suspensión de servicios básicos y eso exige una coordinación -quiero subrayarlo también- de los distintos niveles competenciales, porque no es esta Cámara ni es únicamente el Gobierno del Estado el que tiene estas potestades. Habrá que regular el sector energético identificando y protegiendo al consumidor vulnerable, sí, pero mientras tanto se deben implantar medidas sociales que palien las dificultades de acceso a los servicios básicos.

La moción son una serie de parches, de asuntos inconexos que se nos presentan de manera muy general, sin medidas concretas, y en ese sentido algunos de los puntos podrán tener nuestra aquiescencia, pero en su conjunto creemos que no va a conseguir el objetivo buscado ni tampoco está acertada en todos los puntos que aparecen en la misma. Hay que avanzar, sí, en una legislación hipotecaria, en la protección del consumidor, en el cumplimiento de las observaciones contenidas en el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, pero hay que alejarse de los grandes eslóganes y, sobre todo, hay que asegurarse de que conductas de cargos públicos no enturbien la defensa de colectivos que puedan estar en una situación de vulnerabilidad y por las que se reclaman todas las garantías para los mismos. Porque, claro, aquí se puede salir a la tribuna a exigir mucho, a pedir mucho, pero queda en evidencia esa reclamación, por ejemplo, cuando una senadora no paga la renta de un piso de alquiler público y no comunica su nueva situación en relación con su derecho a ese piso y la percepción de la renta de garantía. Y ustedes no han dicho ni mu, aquí no pasa nada; sin embargo, salen aquí como si fueran los paladines. Creo que hay que dar ejemplo porque eso quita legitimidad. (Rumores). Yo todavía no he oído ni una sola palabra y el caso existe y se ha producido. Por tanto, ante tamaña contradicción, no esperen que nosotros votemos entusiásticamente sus puntos. A algunos de ellos, que nos pueden parecer lógicos, votaremos afirmativamente, pero, insisto, tal y como están planteados son inefectivos. Y, desde luego, lo que no vale es chillar mucho en la tribuna y luego, en el día a día, en las actitudes de los cargos públicos, hacer exactamente todo lo contrario. Eso sí que es sangrante y eso sí que quita legitimidad.

Muchas gracias, señora presidenta. (El señor Mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Esteban Bravo: Si no lo hubieras presentado, no lo hubiera dicho, pero como lo has presentado tú...).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta. (Los señores Mayoral Perales y Esteban Bravo continúan hablando entre ellos).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

¡Señor Mayoral y señor Esteban! (El señor Mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben). Señor Mayoral. ¡Señor Mayoral! (El señor Mayoral Perales continúa hablando). ¡Señor Mayoral, le llamo al orden!

Adelante, señoría.

La señora SURRA SPADEA: Señoras y señores diputados, a nadie le puede extrañar ya en este recinto que los republicanos catalanes estemos siempre con los más humildes del Estado español. Para apoyar a los más ricos ya están el PP, Ciudadanos y la muletilla de la gestora. La dación en pago, la cancelación de la deuda con la entrega del bien hipotecado, prácticamente inexistente en el Estado español, está incluida sin condiciones en la directiva europea que obliga a reformar la Ley Hipotecaria. El Gobierno de Rajoy y de De Guindos tenía que haber adoptado esa directiva a más tardar el 21 de marzo de 2016. Aún no lo ha hecho y podría ser sancionado por ello. Ciudadanos y la gestora no molestan en nada al Gobierno sobre este tema. La Ley Hipotecaria española es una ley franquista, procede de un


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decreto de 1946, cuya aplicación ha permitido a las entidades financieras estafar a millones de clientes: gastos hipotecarios, cláusulas suelo, etcétera, y expulsar a cientos de miles de familias de sus hogares, especialmente a partir de la burbuja hipotecaria que comenzó a finales de los noventa. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se han acumulado más de medio millón de desahucios desde que comenzó la crisis en 2007, llegando a contabilizarse en algunos años más de 500 al día. Medio millar de dramas diarios que conllevan personas dependientes desatendidas, enfermedades físicas y mentales, violencia de género, menores sin escuela, desestructuración familiar, suicidios. Los afectados por la hipoteca cifran el número de ejecuciones hipotecarias en más de 700.000. En definitiva, millones de viviendas vacías mientras hay miles de personas en la calle. Millones de euros públicos para rescatar a bancos sin exigirles garantizar el derecho que establece su Constitución a una vivienda digna.

La directiva en cuestión es la 2014/17, de la UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. En su artículo 28, la directiva, que ya tendría que estar adoptada, dice literalmente en su punto 4 que los Estados miembros no impedirán que las partes en un contrato de crédito puedan acordar expresamente que la transferencia de la garantía o ingresos derivados de la venta de la garantía al prestamista basten para reembolsar el crédito. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara nula la cláusula en la que se han basado todas las ejecuciones hipotecarias. Posteriormente, ya en enero de 2017, ha llegado otra sanción más del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas. Es la cláusula que permite a la banca reclamar la totalidad de la deuda pendiente más los intereses correspondientes una vez que se han dejado de pagar tres cuotas, olvidándose de que muchas familias -y entre ellas muchas familias inmigrantes- llegaron a pagar cuotas de más de 1.000 euros al mes para conseguir el sueño de una vivienda propia.

El Gobierno del Partido Popular se pasa el día hablando de la ley, con sus cómplices de Ciudadanos y la gestora, pero hay algo más importante que la ley y es la justicia. Ustedes representan el reino de la injusticia. Nosotros luchamos por una república con justicia social (Rumores), por eso no hay ley ni constitución, ni diálogos, ni nadie que nos convenza de que debamos abandonar nuestra lucha por una república con justicia social. Más claro, échenle agua.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta ante esta Cámara una moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno de España, moción que nuestro grupo no va a apoyar y que voy a intentar desmontar en sus argumentos, y creo, señorías, que me será fácil porque el objetivo de la moción no es mejorar nuestra legislación, como luego descubriremos, sino, como siempre, seguir con su campaña de desprestigio hacia diversos objetivos que les aportan réditos ante su target electoral.

El principal objetivo de la directiva que proponen trasponer, y que el Gobierno ya había comunicado antes de su presentación que lo iba a hacer, es avanzar en la consecución de un mercado único de créditos hipotecarios y aumentar la protección de los consumidores. A la vez, se promueve la concesión responsable del crédito por parte de las entidades financieras con el objetivo final de que disminuyan los embargos y ejecuciones hipotecarias. Y por último, también se impide la venta cruzada, por ejemplo, que las entidades condicionen la concesión de una hipoteca a la adquisición de productos paralelos como seguros, planes de pensiones, etcétera. Parte de estos objetivos ya se han legislado y el resto se hará en la nueva reforma que -vuelvo a recordarles- el ministro ya ha confirmado que se está preparando.

En primer lugar, quiero destacar que en España más del 80% de las familias tienen vivienda en propiedad. Hay cosas que no se han hecho bien -perfecto-, pero hay otras muchas cosas que sí se han hecho bien. Si no, ¿cómo es que tenemos este parque de viviendas en propiedad muy por encima de la media europea? ¿Y cómo es que está creciendo el número de hipotecas concedidas a un ritmo del 30%? Por algo será. El ministro de Economía ya detalló incluso en la interpelación urgente, presentada por su grupo y que fue debatida el día 1 de este mes, el alcance de las modificaciones que se prevén realizar en la nueva normativa. No voy a detallarles de nuevo lo que se va a hacer, solo destacar que se va a ir más allá de los cambios que la directiva promueve y que se han solicitado por


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el ministro todas aquellas aportaciones que mejoren el articulado y se ha ofrecido consenso a todos los grupos parlamentarios. -Por cierto, no he oído ninguna propuesta en el día de hoy-.

Respecto a las sentencias, por ejemplo, en el caso de la de 2013, el Gobierno lo legisló dos meses después de dictarse. En el caso de la sentencia de julio del año 2014, fue un año después. La sentencia de octubre de 2015, se contemplará en la nueva ley, y la sentencia de diciembre de 2016 no implica cambio legislativo y ya se ha aprobado un decreto-ley para tener un procedimiento extrajudicial. En cuanto a la sentencia del pasado mes de enero, el Gobierno ya se anticipó en la reforma de 2013, limitando los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero y, por tanto, vamos dando cumplimiento a las sentencias, alguna por anticipado. Se realizará la trasposición de la directiva europea. Hemos establecido un código de buenas prácticas en el año 2012, y el pasado mes aprobamos el Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Como les decía, no podemos apoyar una moción que solicita legislar sobre situaciones inexistentes, como en el caso de la supuesta impunidad. Tampoco podemos apoyar que se establezca como obligatoria la garantía de responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados, porque haría inviable la mayoría de las solicitudes y desarmaría este mercado que tan buenos datos y tan buenos resultados ha tenido para España. Quiero recordarles que ya se puede pactar esta limitación a la responsabilidad.

En cuanto al punto 8, les informo que la definición de consumidor que establece la ley española es la que marcan las directivas europeas estrictamente. Respecto al punto número 4, ya lo estamos haciendo. La Ley de 2013 ya determinó la suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desahucios a las familias que se encontraban en especial riesgo de exclusión. Esta suspensión fue ampliada en el año 2015, en la Ley 25, y el ministro de Economía, el pasado día 1, señaló que el Gobierno está dispuesto a prorrogar la suspensión de los lanzamientos por desahucios, como ya hiciera en 2015. Además ha habido otras medidas como la creación del Fondo social de viviendas, el código de buenas prácticas y las subvenciones al alquiler social incluidas en el Plan de vivienda. Sobre el punto 7, desconozco la razón de su inclusión en esta moción, puesto que no tiene nada que ver con el tema que se plantea, salvo que sea el mismo objetivo en sí de la iniciativa que, como estamos viendo, no es legislar ni mejorar nuestra legislación. Y por supuesto no apoyamos el punto 6 porque es contrario al artículo 33 de nuestra Constitución. Además hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre este asunto, del año 2015, que ratifica esta imposibilidad. En segundo lugar, porque tendría consecuencias muy negativas para nuestra economía, para nuestra credibilidad y, por lo tanto, para nuestro bienestar. Les recuerdo en este punto que la moción lo que solicita es la posibilidad de poder expropiar viviendas. Me parece curioso que algunos partidos no hayan planteado ninguna enmienda a este punto de la moción, y en concreto que el Partit Demòcrata lo apoye, pues creo que su deriva es algo que está rondando el infinito.

Al presentarlo por partes -por puntos, como ha dicho usted-,...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: ... apoyaremos aquellos puntos que ya se están realizando o que se ha dicho en este Parlamento que se van a realizar.

Las diferencias fundamentales entre ustedes y nosotros son dos: todo lo que proponen es de cara a la galería, todo es un show dirigido hacia sus simpatizantes, hacia sus colectivos, hacia sus fans. Ustedes ponen el foco en un objetivo que les aporta ese concepto de poder contra el que luchar o simular que luchan. Incluso en una pregunta que se le hizo al ministro de Hacienda llegaron a preguntar por Cristiano Ronaldo; si es que esto es un show habitualmente. Mientras, nosotros nos dedicamos a trabajar para mejorar la vida de los españoles -incluso de la gente-, y lo hacemos reformando y legislando -por ejemplo, trasponiendo directivas europeas-, mientras que ustedes quieren trasponer a nuestro país leyes implantadas en países que no respetan la libertad individual y los derechos fundamentales, países en los que sus políticas han llevado a estos a la ruina económica. Mientras, el Gobierno al que apoya este grupo parlamentario ha conseguido rescatarnos de la mayor crisis económica de las últimas décadas, ha conseguido devolver la esperanza a la mayoría de las empresas y a la mayoría de los españoles y ha conseguido el unánime reconocimiento internacional a su gestión y a su programa de reformas. Estas son las diferencias entre ustedes y nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Mayoral Perales si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.


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El señor MAYORAL PERALES: No; por puntos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE PREVISIÓN Y LA DESCOORDINACIÓN DEL GOBIERNO Y LA INSUFICIENCIA DE LOS DISPOSITIVOS PUESTOS EN MARCHA PARA EVITAR LAS CONSECUENCIAS QUE HAN PADECIDO MILES DE CIUDADANOS ESPAÑOLES, CON OCASIÓN DEL TEMPORAL DE FRÍO Y NIEVE DURANTE LA PASADA SEMANA. (Número de expediente 173/000015).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a debatir la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor González Ramos.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.

Ya decíamos hace apenas un par de semanas en esta misma tribuna durante la interpelación que el Gobierno, en concreto el ministro de Fomento, han dejado clara su incapacidad para coordinar una situación de nevadas copiosas, una situación que había sido anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, que advirtió del riesgo de nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos para el sureste peninsular y las islas Baleares. Los técnicos de la Aemet acertaron con sus previsiones: se anunciaron el día, la cota de nieve y las temperaturas mínimas que se iban a alcanzar, por lo que ni yo ni mi grupo ni muchos ciudadanos llegamos a entender si el señor ministro no estuvo al tanto de la información meteorológica, si hizo oídos sordos a dicha información o simplemente decidió que su ministerio no hiciera lo que demandaba la situación prevista.

Quedaron completamente cortadas las principales conexiones de Valencia con las provincias de Cuenca, Albacete y Teruel. En total catorce provincias españolas se vieron afectadas por los cortes de tráfico en carretera de la red nacional o autonómica. Además, cinco trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia -Madrid-Levante-, con unos 1.500 pasajeros, quedaron parados en la provincia de Albacete. En larga y media distancia se vieron afectados en la zona de Levante al menos 18 trenes y 2.206 pasajeros. Como resultado de los cortes producidos en trenes y carreteras, miles de ciudadanos tuvieron que pasar la noche en la carretera en distintos lugares de Valencia, Murcia, Cuenca y Albacete. En este país no se recuerda en décadas un caos de estas características, poniendo claramente de manifiesto la mala gestión, imprevisión y descoordinación ante un fenómeno meteorológico imprevisto, porque lo excepcional no fue el hecho de las nevadas -como se escudaba el ministro-, lo excepcional fue que el delegado de Gobierno no aceptara hasta las once de la noche del día 20 los medios del Gobierno valenciano cuando 1.500 conductores ya llevaban atrapados más de seis horas en la autovía; lo excepcional fue que, por falta de previsión del Ministerio del Interior, se mande a la Guardia Civil a auxiliar a los ciudadanos con pocos efectivos, escasos medios y sin ninguna información, con jornadas de doce horas de trabajo en situaciones extremas y poniendo en peligro sus vidas -Esto no lo dice el Partido Socialista, sino la Asociación Unificada de la Guardia Civil-; lo excepcional fue la pésima gestión realizada por Renfe y ADIF de la situación producida en la línea de Levante, en la que se dispusieron de muchas horas para preparar un plan efectivo de contingencia sin dotar de suficientes trenes de tracción diésel para paliar la situación bien conocida de absoluto caos en nuestras vías de ferrocarril.

Insistimos, insistimos en el grave daño ocasionado por los recortes del Gobierno del señor Rajoy que han llevado a una merma de los servicios esenciales públicos. Lo dice el PSOE, pero también lo dicen los propios trabajadores. Así queda explícito en los comunicados de los representantes sindicales de los trabajadores. Así queda explícito en el comunicado de los representantes sindicales, trabajadores que hoy están con nosotros -como Juan y Miguel Ángel, que nos acompañan en la tribuna esta tarde- de los sectores de conservación y explotación de la autovía A-3 en la Comunidad Valenciana, sector V2 y sector V6, donde ponen de manifiesto -cito textualmente- que los medios técnicos y humanos para atender este tipo de incidencias, así como la retirada de nieve de la calzada, son insuficientes con motivo de los recortes que se han efectuado y a los que se está sometiendo los de reciente licitación. Sigue el


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comunicado diciendo que todo ello repercute gravemente, y que ante algún accidente o incidente de estas vías -refiriéndonos a vidas humanas- se aumenta el tipo de reacción y se retrasa el tiempo de atención y auxilio a las víctimas.

Sin embargo, esta situación precaria en los medios y recursos humanos ya se puso de manifiesto también en un oficio de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana, fechado a finales de noviembre de 2015, y en referencia a la reducción del presupuesto en los sectores V2 y V6. Dicho oficio decía -vuelvo a citar literalmente-: el menoscabo ocasionado a estos contratos tendrá una repercusión negativa en el servicio ofrecido a los usuarios de la vía, por ejemplo, debido a la mayor distancia en los recorridos de vigilancia y en el mantenimiento del estado de conservación de las carreteras incluidas en estos sectores. Todo este empobrecimiento en la calidad de los servicios públicos, que comenzó en el ejercicio de 2012 con sus drásticos recortes, también en carreteras, viene de la resolución del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

¿Adivinan ustedes quién era el secretario de Estado? El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá. Dicha resolución proponía -textual también- una reducción del 20% en el capítulo 453 C de la Dirección General de Carreteras destinado a la conservación y explotación de las mismas. Este fue el inicio de los tijeretazos presupuestarios, que continúan en este capítulo, reduciendo los trabajadores destinados al mantenimiento de estos sectores mencionados y de otros de la Red de Carreteras del Estado, lo cual ha afectado negativamente a la seguridad vial.

Por todo lo relatado y ante las incidencias de las nevadas de 18, 19 y 20 de enero en el este del país, el PSOE trae esta moción, que es consecuencia de la interpelación al Gobierno, que insta al Ejecutivo a: Uno, mejorar los sistemas de coordinación entre los órganos de la Administración General del Estado con el resto de administraciones públicas en el desarrollo de funciones dirigidas a asegurar la vialidad en la Red de Carretera del Estado, en casos de nevadas y otros fenómenos meteorológicos extremos que puedan afectar a la citada red. Dos, evaluar y corregir las deficiencias en la aplicación de los planes de actuación frente a contingencias invernales de hielo y nieve en carreteras y ferrocarril, de forma que se garantice el tránsito seguro ante situaciones de intensas nevadas. Tres, incrementar la dotación de medios mecánicos, materiales y humanos de los planes de actuación frente a contingencias invernales de hielo y nieve. Cuatro, mantener las instalaciones del centro V2 y también del centro V6 de conservación y explotación de la A-3 y mejorar la dotación de medios mecánicos, materiales y humanos para el ejercicio de las labores de conservación y explotación que tienen encomendadas. Cinco, analizar las necesidades de aparcamiento de vialidad invernal en todo el territorio español e iniciar los trámites para la construcción de aparcamientos de emergencia para vialidad invernal en la A-3 en la provincia de Valencia y en la A-31 en la provincia de Albacete. Finalmente, un sexto punto donde se insta a adoptar urgentemente las medidas necesarias para hacer efectivas las ayudas, compensaciones y beneficios comprometidos a los afectados por temporales, inundaciones y otras circunstancias similares, así como para la reparación de infraestructuras, no solo las relativas a los últimos meses, sino también las que queden por abonar en los últimos años.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas noches. Gracias, presidenta.

El sentido de nuestras enmiendas no es otro que mejorar y ampliar el alcance de su iniciativa que, de hecho, nos parece genial. Nos parecen reprobables las actuaciones y las iniciativas que tomó el Gobierno que, como usted ha mencionado, llegaron tarde para solventar los problemas en las provincias de Valencia y Albacete en los últimos días del temporal. Creemos que esa iniciativa es compatible con hablar también de los perjuicios que generó el temporal en Cataluña, porque si hablamos de los daños que causó el temporal en la Península creo que es interesante hablar también de lo que pasó en Cataluña. Y si reclamamos mejoras de infraestructuras en Valencia y Albacete, nos parece que podemos hacer algunas recomendaciones para la costa del Garraf y la costa del Maresme, que es el sentido en el que van nuestras enmiendas.

¿Qué es lo que pedimos? Pedimos, en primer lugar, recuperar una propuesta y un compromiso del Gobierno español del año 2015 de invertir 32 millones para proteger la costa del Maresme. Eso es lo que perseguimos con nuestra enmienda. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se reparen los daños causados


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por el temporal en Deltebre y en San Jaume d'Enveja y en las comarcas de Tarragona, porque el temporal llegó para todos. Si al final solo nos centramos en mejorar las infraestructuras o en reparar los daños fruto del temporal en dos de las provincias no vamos a llegar a ningún lado.

Sabemos que las enmiendas van a ser rechazadas, aunque no por eso vamos a votar en contra, porque nos parece legítima la reivindicación que presenta el texto inicial. Pero aún así, sí que insistimos en que creemos importante mantener nuestro litoral, el litoral catalán, también en las mejores condiciones, como me parece legítimo que aquí cada cual pida sus mejoras en infraestructuras o en equipamientos. Por lo tanto, nuestro voto, sabiendo que las enmiendas van a ser rechazadas, no será contrario porque nos solidarizamos con cualquier desperfecto, con cualquier mala gestión del Gobierno español en ese sentido, pero lamentamos que no se puedan incorporar a este texto nuestras reivindicaciones que creemos que son tan legítimas como las de Albacete y las de Valencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera Andrés.

La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. Las previsiones meteorológicas de la Aemet sobre el temporal de frío y nieve del pasado mes de enero no evitaron que hubiese cortes de tráfico en catorce provincias, cinco trenes de AVE paralizados en Albacete, dieciocho trenes en Levante y más de cuatro mil viajeros afectados. En su defensa, el Partido Popular alegó -seguramente hoy también lo alegará-, que la Agencia Estatal de Meteorología calificó el temporal de excepcional, el más severo de los últimos treinta años. Pues, señorías, esto no es del todo cierto. Se puede discutir hasta el infinito si lo que ocurrió en el pasado temporal era previsible o imprevisible, pero la realidad es que la preocupación por la vialidad invernal no es algo nuevo, sucede periódicamente -casi todos los años y casualmente en invierno- y llega a las páginas de la prensa. Incluso los expertos en seguridad vial le han dado un nombre, se llama síndrome de Saelices. Señorías, bajo el síndrome de Saelices se engloban este tipo de episodios, mezcla de incompetencia, desorganización, falta de previsión y frustración profesional. Su historia viene de la madrugada del 4 de diciembre de 1997 -hace diecinueve años, por cierto, y no treinta- en que varios miles de personas quedaron atrapadas en el monumental atasco de más de cuarenta kilómetros. Noche eterna en Saelices, es un titular de hace diecinueve años. (Mostrándolo). Ese día más de 600 personas, ocupantes de entre trescientos y cuatrocientos coches y unos doscientos camiones, quedaron atrapadas en este tramo de Saelices, no recibieron comida ni mantas hasta el amanecer porque los helicópteros no pudieron volar de noche y las máquinas quitanieves no podían entrar debido a la obstrucción de la calzada por los vehículos.

Finalmente, a las 8:30 de la mañana, del día 5 de diciembre, los helicópteros del ejército llegaron por fin a esa zona -tuvo que ser de nuevo el ejército-. Otro ejemplo más cercano en el tiempo es del año 2008. La nieve mantiene atrapados a centenares de coches en la autopista entre León y Asturias. (Muestra un papel con ese título): Visto lo visto parece obvio que los temporales no son imprevisibles ni tampoco son sucesos aislados, sino una preocupación que potencialmente ocurre cada invierno en nuestras carreteras. Señorías, que nieve en invierno no es imprevisible.

Sin embargo, este no es el mayor problema que tiene su Gobierno en seguridad vial. Señorías, en 2016 los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.160 personas, 1.160 tragedias, 1.160 familias rotas, 5.067 personas necesitaron hospitalización y puede que aún hoy se estén recuperando. Además, estos no son datos provisionales, con lo cual, sin duda van a aumentar. De hecho, los datos consolidados de la propia Dirección General de Tráfico demuestran que las víctimas de accidentes de tráfico no han aumentado solo en 2016, sino que llevan aumentando desde 2014, año en el que fueron 1.688 -8 más que en 2013-, y 1.689 en 2015 -una más que en 2014-. Señorías, este aumento era previsible desde 2013. Les voy a enseñar un gráfico más. (Así lo hace). El año 2013 -aquí lo pueden ver claramente- ya auguraba un estancamiento de las políticas viales. Desde el año 2013 la curva se convierte en una asíntota que no consigue vencer la barrera de 2.000 personas fallecidas al año. Más de 3 personas pierden la vida al día en nuestras carreteras. Señores del Partido Popular -insisto a su Gobierno- las políticas viales de los últimos tres años no han funcionado. Hoy por hoy en la Dirección General de Tráfico se conoce dónde están los problemas y se tienen las herramientas para solucionarlos, pero cuando se junta lo imprevisible con la improvisación, el escenario resultante es el caos.

Esto ocurre también en el Ayuntamiento de Madrid. Les voy a poner otro ejemplo. La contaminación en Madrid no es un problema de Madrid, nos afecta a todos y no sirve, como ya hemos visto, un absurdo


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plan Carmena del cierre del tráfico. Necesitamos un plan integral en el que todas las instituciones seamos capaces de ponernos de acuerdo. De nada sirve la planificación si solamente se usa para cubrir el expediente, de nada sirve la planificación si no se engrasa vía simulaciones, si no se toman acciones rápidas -a veces, las decisiones se deben tomar en cuestión de minutos- y, de nada sirve, sobre todo, si en el Estado diecisiete comunidades autónomas y treinta y ocho diputaciones provinciales tienen sus propios servicios pero no los comparten, dándose incluso a veces situaciones absurdas.

Les propongo la solución, se la propongo al Partido Popular: de la misma manera que el ministro de Fomento -voy terminando, señora presidenta- ha reconocido la necesidad de un gran acuerdo nacional de infraestructuras y una oficina nacional de evaluación en el punto 21 del acuerdo de investidura con Ciudadanos, es el momento de crear una unidad específica de vialidad invernal, dependiente de la Dirección General de Tráfico. -Este modelo ya funciona en Francia-. La fórmula es sencilla: acuerdos entre todos los actores, Estado, comunidades autónomas y las, en teoría, útiles diputaciones que, en muchos casos, no comparten ni siquiera recursos entre ellas. Debe existir el compromiso de que todos los recursos en materia de vialidad invernal...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora RIVERA ANDRÉS: ... tienen que estar disponibles. -Termino ya mismo-. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología era muy acertada; apuntaba a nevadas por debajo del nivel del mar en Levante y, si todos los recursos se hubieran transferido al sureste de España la situación hubiera sido previsiblemente distinta. O el Gobierno toma medidas o el síndrome de Saelices ocurrirá en nuestras carreteras cada invierno como el día de la marmota.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Pastor Muñoz.

La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Bona vesprada, senyors y senyores diputats. Al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le parece oportuno el tema que el Grupo Socialista trae al Pleno: las graves consecuencias del temporal de nieve, lluvia y viento que azotaron en enero las comunidades autónomas de Illes Baleares, Catalunya, la Región de Murcia, la provincia de Albacete y muy especialmente a la Comunitat Valenciana. Creemos que requieren la atención preferente de este Gobierno. No hablamos de una cuestión coyuntural y de corto plazo. Los efectos del temporal comprometen incluso los ingresos agrícolas y turísticos de este año y la causa no es una tempestad imprevisible, sino la dejación y la mala gestión prolongada del Gobierno. Nos sorprende, en cualquier caso, que la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista se centre en el caos que se produjo en la A-3 y que haya obviado la amplitud de la situación catastrófica que nos ocupa: trenes detenidos, interrupción del suministro eléctrico, cauces desbordados, acequias totalmente anegadas, producción agraria maleada, paseos y playas devastados y costas sin protección, además de los daños personales y materiales a cientos y cientos de personas, autónomos y pequeñas empresas para las que es muy difícil asumir una pérdida más y que ahora viven pendientes del Consorcio de Compensación de Seguros y de la incapacidad de la acción del Gobierno.

Desde este Grupo Confederal trabajaremos por que se cumplan todos los compromisos adquiridos con los diferentes sectores afectados. El Gobierno ha pedido disculpas, eso sí, achacando la nefasta gestión a la excepcionalidad de las condiciones meteorológicas, pero a la ciudadanía en general y a los valencianos y valencianas, en particular, ya no nos venden más el discurso de que son muy buenos gestores. (Aplausos). La bondad de sus gestiones se dirime hoy en todos los juzgados de España. Los efectos de los sucesivos temporales se habrían minimizado si las infraestructuras y los servicios públicos hubieran funcionado. En lugar de eso, se vieron lastrados por deficiencias y un mantenimiento insuficiente, producto de una falta de inversión pública. Sin embargo, el Gobierno del PP sigue recortando y se juega nuestra seguridad y nuestra protección a la ruleta meteorológica. Y no lo decimos solo nosotros, lo han dicho el sindicato, la Asociación unificada de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana cuando en su comunicado expresa preocupación por la falta de previsión, por carencias en el servicio y falta de personal, por la nefasta gestión del Gobierno. Lo dicen también los representantes de los trabajadores de


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conservación de carreteras de la A-3 cuando denuncian la falta de coordinación y que parte de los percances se podrían haber evitado si la delegación del Gobierno hubiese dado instrucciones para cortar las carreteras, la A-3, entre las dos y las tres de la tarde del día 20, en lugar de dos horas después como sucedió, y evitar dejar atrapadas y obligadas a pernoctar en las carreteras a más de 1.000 personas. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

Los trabajadores de conservación nos refieren también que la falta de recursos técnicos y humanos obligó en los sectores V2 y V6 a jornadas laborales de entre doce y veinticuatro horas. Relatan también que se bloquearon la autovía y los accesos a la carretera que van a la central nuclear de Cofrentes. La central quedó aislada durante horas debido a los recortes de personal por la fusión de los sectores B4, V4 y V7.

Ustedes, señoras y señores del PP, del Gobierno, ustedes recortan poniendo en peligro a la ciudadanía, menoscabando la seguridad de instalaciones vitales y sometiendo a los trabajadores públicos a una presión inasumible. Las emergencias las paliaron: la Guardia Civil, los trabajadores de conservación, los bomberos, Protección Civil, el personal de los hospitales donde se fue la luz, de los ayuntamientos y de los pequeños municipios. Ellos y ellas fueron los que se preocuparon por las personas y realizaron un trabajo admirable, a pesar de la falta de indicaciones y de coordinación del Gobierno. ¡Qué extraño sentido del patriotismo tienen ustedes cuando se trata de proteger a las personas! (Aplausos).

En mi grupo hemos planteado al Grupo Socialista trece enmiendas: dos de ellas de mejora, una de ellas referida a la definitiva desvinculación de los sectores V2 y V6 y, otra, a supervisar el papel que deben jugar los aparcamientos de vialidad invernal; la tercera enmienda, de adición, consiste en realizar una inversión del cumplimiento de contratos y ofertas en las adjudicaciones de los servicios de las carreteras de titularidad estatal.

Voy acabando. En resumen, nuestro grupo cree que el temporal ha sacado a la luz la precariedad de un sistema de infraestructuras en la vertiente mediterránea. Unas infraestructuras en buen estado y unos equipos de emergencia no se improvisan, son fruto de una correcta gestión, de una correcta financiación, y eso la Comunitat Valenciana lleva años reclamándoselo al Gobierno del señor Rajoy. Dotar de financiación al sistema de infraestructuras es lo que hubiera hecho una administración responsable que pusiera a la ciudadanía en el centro de sus políticas y de la acción de su Gobierno. Lo excepcional no han sido los daños del temporal ni las condiciones meteorológicas, lo excepcional hubiese sido que hubiéramos salido indemnes con su falta de gestión, con su pésima gestión y la falta de infraestructuras. Eso hubiera sido lo excepcional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Pastor.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bernabé Pérez.

El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señorías.

Son necesariamente mis primeras palabras de presentación de mis respetos y de salutación a todos los miembros de la Cámara por tratarse de la primera ocasión en la que tengo el honor y el privilegio de intervenir en la misma desde esta tribuna ante todos ustedes.

Entrando directamente en la moción que nos ocupa y viendo el evidente carácter torticero de querer sacar rédito político a un temporal con unas dimensiones verdaderamente extraordinarias, me permito hacerles, señorías, una serie de consideraciones y una serie de preguntas, para que luego, tras reflexionar, vote cada cual en conciencia, si lo estima oportuno, a la vista de esta moción.

En primer lugar, señorías, ¿consideran ustedes de verdad que no había medios suficientes? Quédense con este dato: 1.359 máquinas quitanieves, que son de las que dispone el Ministerio de Fomento, y 26.000 kilómetros en la red viaria estatal. Hagan ustedes la división porque es muy sencilla: tenemos una máquina quitanieves cada 19 kilómetros y todas, absolutamente todas estaban operativas. ¿Es eso escasez de medios? Parece evidente que no.

En segundo lugar, nos tenemos que preguntar qué es lo que ocurrió. Que se dio la conjunción de dos factores, señorías. En primer lugar, un temporal que la Agencia Estatal de Meteorología ha calificado de extraordinario, de excepcional, con registros de nevada que no se conocían en nuestro país en los últimos treinta años. Fíjense que en el cuadrante sureste peninsular, de donde es quien les habla, se alcanzaron espesores de nieve de 50 centímetros de grosor y que en Albacete se registraron temperaturas de hasta 26 grados bajo cero, que por mucho frío que haga en la hermosa región de La Mancha, indudablemente no ha sido nunca la estepa siberiana, de la que eran más propias las temperaturas que se dieron durante


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esos días. Junto con estas temperaturas y estas condiciones extremas, señorías, hay un segundo factor: el bloqueo físico, material, con obstáculos en las autovías, que impidió el paso de las máquinas quitanieves. En este caso, esto se produjo por dos factores: por un lado, se produjeron una serie de accidentes de tráfico en diversos puntos kilométricos en los que estuvieron implicados siempre camiones de gran tonelaje, que quedaron atravesados en las vías y que impedían el tránsito en uno y otro sentido; por otro lado, varias torres y líneas de alta tensión -hasta un centenar en total de la zona- colapsaron, se hundieron, cayeron encima de las carreteras que atravesaban, siendo nuevos obstáculos que impedían el paso. No es que no hubiera medios, estaban todos los del Ministerio de Fomento, estaba hasta la Unidad Militar de Emergencias, que se movilizó con cerca de 300 efectivos desde Bétera, en Valencia, con sus camiones oruga, con sus máquinas quitanieves y con toda su logística. Estaba la Guardia Civil, estaban Emergencias, Protección Civil, Policía Nacional, estaban todos los medios necesarios, pero no podían acceder a los lugares que se encontraban bloqueados por el tráfico.

Ante eso nos debemos preguntar, señorías: ¿hubo imprevisión? La respuesta rotundamente es no, y es no porque, en primer lugar, ninguna agencia meteorológica, ninguna, predijo que el temporal podía tener dimensiones tan colosales. En segundo lugar, porque se aplicaron los tratamientos de prevención previstos para estos casos. Así, en un total de 25.000 kilómetros de los 26.000 de la red se esparcieron 7.000 toneladas de sal y 4,5 millones de litros de salmuera. En tercer lugar -no lo olvidemos porque es muy importante-, porque se siguió fiel y escrupulosamente lo establecido en los protocolos de actuación en caso de emergencias; protocolos que se aprobaron en el año 2006, gobernando los hoy proponentes de esta moción que quiere criticar la acción del Gobierno.

Lo cierto y verdad es que, no obstante esto, cientos de vehículos quedaron colapsados en la A-3 y en la A-31 y sus conductores indudablemente vivieron horas -fueron horas, no días- de zozobra, de preocupación, de inquietud y de nerviosismo. Y ante ello, ¿qué es lo que hizo el Gobierno de España? En primer lugar, en un gesto que le honra y que aplaudimos de corazón desde el Grupo Popular, pedir perdón a todos los afectados. En la Comunidad Valenciana, donde tampoco gobierna el Partido Popular, estuvieron tres, cuatro y hasta cinco días bloqueados decenas de pueblos y aislados miles de habitantes que todavía no han oído ni una sola explicación, ni siquiera unas disculpas. Indudablemente, diferentes formas de entender la vida y distintas maneras de hacer las cosas. Pero el Gobierno no solo pide perdón, el Gobierno ha puesto a trabajar ya a los ministerios de Fomento y de Interior conjuntamente para revisar esos protocolos y mejorarlos en la medida que sea posible para que en el futuro no se reproduzcan situaciones de este tipo. Y sobre todo y lo más importante -y lo vamos a tener aquí pasado mañana, jueves-, el Gobierno en un tiempo récord, en apenas dos semanas, ha aprobado el Real Decreto-ley 2/2017. Esperemos que las señorías que tanto se han preocupado por el temporal estén el jueves a la altura de las circunstancias y voten lo que tienen que votar, que a fin de cuentas es ayudar a los damnificados por esos temporales, que fue lo que hizo el Gobierno dando solución inmediata a los problemas de quienes más padecieron las consecuencias de esas nevadas y heladas. (Aplausos).

Termino ya, señora presidenta. Por todo ello el Grupo Popular, compartiendo el espíritu general de la moción -desde luego, mejor si fuera en un tono más constructivo-, ha optado por no enmendar los puntos 1 y 6, aunque sí los puntos 2 a 5, para darle una redacción más lógica, más coherente, más entendible y comprensible y para que mire mucho más por el interés general de los ciudadanos españoles, que es a lo que siempre se ha dedicado y se va a dedicar el Partido Popular.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bernabé Pérez.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un protocolo de actuación invernal activado desde septiembre hasta abril de todos los años, igual que lo tienen el resto de diputaciones forales de Vizcaya y de Álava, y como consecuencia de él ha habido diferentes actuaciones. No se conocen situaciones de riesgo, no se conocen incidentes graves, pero al fin y al cabo lo que se ha intentado ha sido lo mismo a lo que se refiere esta moción, en el sentido de mejorar los sistemas de coordinación, corregir las deficiencias de aplicación de los planes, incrementar la dotación de medios mecánicos, tener en cuenta los centros de conservación y explotación. Es decir, las diputaciones forales vasca y navarra, en virtud de sus competencias en materia de carreteras, han llevado a cabo una


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serie de actuaciones que han sido ampliamente reconocidas. Por eso entendemos perfectamente el sentido de esta moción y no vamos a dudar en apoyarla.

No obstante, hay un último apartado respecto al que me gustaría hacer un último apunte. Habla también de ayudas, compensaciones y beneficios a los afectados por el temporal, inundaciones, etcétera. Evidentemente, también lo consideramos necesario. Es cierto además que el próximo jueves se verá el Real Decreto-ley 2/2017, en el que parece que se van a concretar algunas de estas medidas. Simplemente quería apuntar que está bien que se contemplen estas ayudas, las del Real Decreto-ley 2/2017, si bien rogaría al Gobierno que previamente hiciera efectivas las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 2/2014, que se aprobó con ocasión de los temporales en las costas cantábrica y atlántica, del que se hicieron efectivos los pagos a todas las administraciones públicas beneficiarias, excepto a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que aún tiene pendientes de cobro las cantidades que le han sido reconocidas expresamente por resolución del Ministerio de Administraciones Públicas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barandiaran.

En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Señora presidenta, diputadas y diputados, bona nit.

Las situaciones excepcionales nos sirven para medir la eficacia y los límites de los instrumentos de aplicación en circunstancias excepcionales, y estos mecanismos no funcionaron bien. La virulencia de algunos fenómenos naturales recientes ha revelado la debilidad de los protocolos de actuación de las administraciones en situaciones de emergencia. El espectáculo que han dado los responsables no ha estado tampoco a la altura de la gravedad. Más que analizar qué fallos se produjeron en la cadena de respuestas, lo que se ha hecho ha sido echar balones fuera y acusar a los demás. Culpar al Gobierno porque llueve es una broma clásica. Piove, porco Governo! Sabiduría popular. Lo que han mostrado los recientes episodios meteorológicos, sin embargo, es que para actuar han de coordinarse administraciones gobernadas por fuerzas políticas diferentes, y de eso los señores del Partido Popular no saben o, por lo visto, no quieren aprender. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido disculpas a los ciudadanos afectados por estas condiciones adversas del temporal. Eso está bien. Pero ha atribuido las situaciones a condiciones meteorológicas excepcionales e históricas, llegando a la siguiente conclusión: la situación es excepcional porque se ha producido en áreas donde normalmente no se producen nevadas. Obvio; si no, no sería excepcional.

En resumen. El centralismo es ineficacia. Llueve sobre mojado, nunca mejor dicho. Les daremos el voto a favor. Y como muestra, un botón más. De lo extraordinario a lo ordinario: su forma de gobernar. Han empezado el corredor mediterráneo por Madrid. El corredor mediterráneo, que se inicia en Algeciras y va hasta Francia, pasando por Murcia, Valencia y Barcelona, aglutina el 50% de la población, el 45% del PIB español, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportación y el 63% del tráfico de mercancías. ¿Lo sabe el ministro Catalá? Parece que no. ¿Lo sabe el Gobierno? Lo dudo. ¿Lo sabe el presidente Rajoy? No sabe, no contesta. Y, sin embargo, ir hoy de Valencia a Barcelona, por ejemplo, cuesta tres horas y media, media hora más que hace diez años, mientras que la misma distancia de Valencia a Madrid con AVE es de solo una hora y treinta minutos, si no nieva. Es importante aclarar una cosa. El corredor mediterráneo que se quiere ejecutar es un sucedáneo, no es el que piden los empresarios. ¿Les harán caso a los empresarios, que en Tarragona les exigen un cambio de política: dejar el tercer hilo en paz y hacer un corredor de doble vía que permita en un lado instalar la alta velocidad para pasajeros y dejar el otro para mercancías? Sin embargo, el Gobierno del PP decidió optar, como en temas excepcionales, por la solución más barata, de menos costes; ineficacia en las situaciones extraordinarias, como las pasadas tormentas, e ineficacia mayor con las ordinarias, las fundamentales. Un amigo directivo de una empresa me decía que, en una conversación, un alto funcionario del Ministerio de Energía le había dicho que no se podía tocar la factura eléctrica porque alteraba la matriz, y aquella, la matriz, era intocable. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En definitiva, quería decir que no se puede tocar el statu quo, porque si se toca el statu quo, todo cae. Esta es la clave; ni soluciones excepcionales en situaciones difíciles, ni buen gobierno en las ordinarias, ni en el eje mediterráneo, ni en las eléctricas, ni con Cataluña. El centralismo conservador en el siglo XIX dejó pasar la Primera Revolución Industrial; en el siglo XXI vamos por la cuarta, y ustedes con lo mismo, con su matriz.

Progrés y república. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor González Ramos si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Se incorpora la redacción del apartado 4 y 7 de la enmienda del Grupo de Unidos Podemos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzaremos las votaciones. (Pausa).

MINUTO DE SILENCIO.

La señora PRESIDENTA: Señorías, el Congreso de los Diputados, ante los crímenes por violencia de género ocurridos en estos días pasados y en señal de homenaje a todas las mujeres víctimas y a sus hijos y de respeto y solidaridad con sus familias, ha decidido guardar un minuto de silencio en este Pleno, expresando además nuestra voluntad y nuestro firme empeño por trabajar para acabar con esta cruel manifestación de la desigualdad que sigue existiendo aún en nuestra sociedad.

Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DE LA LEY DE 18 DE JUNIO DE 1870 DE REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO. (Número de expediente 122/000010).

La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342 más 2 votos telemáticos, 344; a favor, 341 más 2 votos telemáticos, 343; en contra, 1.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración la proposición de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL. (Número de expediente 122/000038).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342 más 2 votos telemáticos, 344; a favor, 86; en contra, 171 más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 85 más 1 voto telemático, 86.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN POLO PÚBLICO BANCARIO. (Número de expediente 162/000296).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un polo público


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bancario. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 164; en contra, 177; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL CÓDIGO CIVIL. (Número de expediente 162/000200).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación del régimen jurídico de los animales de compañía en el Código Civil. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley. (Aplausos).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA PRECARIA SITUACIÓN SALARIAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 173/000013).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la precaria situación laboral de la Guardia Civil. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 327; abstenciones, 13.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA CONOCER SI EL GOBIERNO TIENE INTENCIÓN DE TRASPONER LA DIRECTIVA 2014/17/UE DE 4 DE FEBRERO DE 2014, PARA MEJORAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TRANSPARENCIA DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ASÍ COMO DE CUMPLIR DIVERSAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000014).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para conocer si el Gobierno tiene intención de trasponer la Directiva 2014/17, de la Unión Europea, de 4 de febrero de 2014, para mejorar las medidas de protección de los consumidores y transparencia de los créditos hipotecarios, así como de cumplir diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con relación a los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en España. Se va a votar por puntos.

Votamos, en primer lugar, el punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 86; en contra, 172; abstenciones, 84.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el punto número 2.


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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 339; en contra, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos al punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos al punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 254; en contra, 1; abstenciones, 87.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 86; en contra, 171; abstenciones, 85.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el punto 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 86; en contra, 171; abstenciones, 85.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Pasamos a votar el punto 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 118; en contra, 139; abstenciones, 85.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Pasamos al punto 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 118; en contra, 139; abstenciones, 85.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Pasamos a votar el punto 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos, por último, al punto 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 342.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA FALTA DE PREVISIÓN Y LA DESCOORDINACIÓN DEL GOBIERNO Y LA INSUFICIENCIA DE LOS DISPOSITIVOS PUESTOS EN MARCHA PARA EVITAR LAS CONSECUENCIAS QUE HAN PADECIDO MILES DE CIUDADANOS ESPAÑOLES, CON OCASIÓN DEL TEMPORAL DE FRÍO Y NIEVE DURANTE LA PASADA SEMANA. (Número de expediente 173/000015).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar a continuación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana. (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).

Señor secretario del Grupo Popular.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Como ya conoce el grupo proponente, nosotros nos vamos a oponer a la tramitación de esta transacción y solicitamos que se vote el texto original de la moción del Grupo Socialista en sus términos originales. Y anunciamos que la vamos a respaldar.

La señora PRESIDENTA: Pregunto al Grupo Socialista los términos de la votación. Adelante.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Mantenemos la moción en sus términos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Rumores). Señorías, guarden silencio.

Pasamos, por tanto, a votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno y la insuficiencia de los dispositivos puestos en marcha para evitar las consecuencias que han padecido miles de ciudadanos españoles con ocasión del temporal de frío y nieve durante la pasada semana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 260; en contra, 1; abstenciones, 80.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Se suspende la sesión hasta las nueve horas de mañana.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

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