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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 14/03/2017
cve: DSCD-12-PL-37
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 37
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 35
celebrada el martes,
14 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 78-1, de 30 de enero de 2017. (Número de expediente 122/000061) ... (Página6)

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los grupos de interés. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 96-1, de 3 de marzo de 2017. (Número de expediente 410/000006) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 105, de 17 de febrero de 2017. (Número de expediente 162/000331) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaborar un protocolo específico para los supuestos de sustracción internacional de menores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 120, de 10 de marzo de 2017. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 107, de 21 de febrero de 2017. (Número de expediente 162/000364) ... (Página39)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno respecto del modelo de contratación del personal investigador predoctoral. (Número de expediente 173/000019) ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de discriminación de las personas LGTBI, especialmente las mujeres. (Número de expediente 173/000020) ... (Página54)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad destinadas a favorecer la captación y recuperación de talento en el contexto del brexit y la Presidencia de Donald Trump. (Número de expediente 173/000021) ... (Página62)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página71)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página71)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página72)

SUMARIO

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página18)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los grupos de interés ... (Página18)

Defiende la toma en consideración la señora Bonilla Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz, Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Campuzano i Canadés, del mismo grupo; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Perea i Conillas.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaborar un protocolo específico para los supuestos de sustracción internacional de menores ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y para fijación de posición el señor Xuclà i Costa, del mismo grupo; así como las señoras Millán Salmerón, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Carreño Valero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Moro Almaraz.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno respecto del modelo de contratación del personal investigador predoctoral ... (Página47)

Defiende la moción el señor Urquizo Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Urquizo Sancho.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de discriminación de las personas LGTBI, especialmente las mujeres ... (Página54)

Defiende la moción la señora García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Cuello Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Dueñas Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora García Puig.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad destinadas a favorecer la captación y recuperación de talento en el contexto del brexit y la Presidencia de Donald Trump ... (Página62)

Defiende la moción el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posición el señor Salvador Armendáriz, del mismo grupo; y los señores Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Roldán Monés.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un


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procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social, se aprueba por 175 votos a favor más 1 voto telemático, 176, y 161 en contra más 1 voto telemático, 162.

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Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página71)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés, se aprueba por 270 votos a favor más 2 votos telemáticos, 272, 2 en contra y 64 abstenciones.

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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página71)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, se aprueba por 172 votos a favor, 132 en contra y 33 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaborar un protocolo específico para los supuestos de sustracción internacional de menores, se aprueba por 269 votos a favor y 68 abstenciones.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página72)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno respecto del modelo de contratación del personal investigador predoctoral, se aprueba por 337 votos a favor.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de discriminación de las personas LGTBI, especialmente las mujeres, se aprueba por 205 votos a favor, 1 en contra y 129 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad destinadas a favorecer la captación y recuperación de talento en el contexto del brexit y la Presidencia de Donald Trump, se aprueba por 255 votos a favor, 1 en contra y 81 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las tres de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA GARANTIZAR LA POSESIÓN DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE PROPIETARIOS PERSONAS FÍSICAS Y PARA ASEGURAR A LAS ENTIDADES SOCIALES Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA DISPONIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN SU HABER DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 122/000061).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

Comenzamos con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley, en concreto, a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.

Para la presentación de la iniciativa y, en su caso, para fijación de posición tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando hablamos de ocupaciones de viviendas, generalmente pensamos en dos temas: en los centenares de viviendas vacías, como consecuencia de los desahucios, que son propiedad de entidades financieras y en familias en situación de exclusión habitacional -es decir, sin vivienda- y que ven en la ocupación una posibilidad de acceder a una. Sin embargo, hoy les queremos hablar de otra realidad; una realidad a la que no podemos cerrar los ojos ni podemos dar la espalda. Me refiero a la realidad que está viviendo, por ejemplo, José Manuel, propietario de una vivienda en Cubelles a la que se desplazaba los fines de semana con su familia y a la que no puede ir más porque se encuentra ocupada ilegalmente. Su abogada le dice que tiene como mínimo dos años de litigios, y él nos escribió un correo electrónico cruel y duro que decía que cómo podía ser que él y su familia no estuviesen lo suficientemente protegidos; que se sentían débiles y desamparados y sin ningún recorrido legal ágil para hacer valer sus derechos. Entendemos que hay que dar una respuesta para que la ley del más fuerte no sea la que impere. Queremos proteger a personas como José Manuel, que tienen una propiedad fruto del ahorro, así como proteger a las personas que tienen una vivienda social adjudicada a la que no pueden acceder porque se encuentra ocupada ilegalmente.

Otro ejemplo es el del municipio de Mataró, gobernado por el Partido Socialista. Su concejala de vivienda se lamentaba y decía: Tenemos ochenta viviendas que nos han cedido las entidades financieras con mucho esfuerzo; las tenemos todas ocupadas; no podemos hacer política social. Ella decía que están en manos de mafias que abusan de la vulnerabilidad de las personas. Hoy hay cientos de viviendas en manos de administraciones públicas destinadas a políticas sociales, pero que no pueden cumplir esta finalidad porque están ocupadas. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, tiene 322 en estos extremos. Resulta que hay una realidad a la que no podemos cerrar los ojos, y es que existen redes organizadas, auténticas mafias, que localizan pisos vacíos, sean de quien sean, los cambian el bombín y los ceden a cambio de 600 euros o de 1.000 euros si el ocupante quiere además conexión -pirata, por supuesto- a los suministros básicos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Ciuró.

Señorías, guarden silencio, por favor, no se escucha a la señora Ciuró.

Adelante.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Como decía, existen mafias que cobran ingentes cantidades de dinero, evidentemente en forma de economía sumergida, aprovechándose a veces de personas en situación administrativa irregular y cuya circunstancia económica vital nadie sabe exactamente cuál es. Hoy existe una economía sumergida organizada que actúa con total comodidad y que obtiene un lucro elevadísimo a costa de la precariedad ajena, porque ofrece tiempo, ya que resulta que no hay ningún mecanismo eficaz para poder desalojar a las personas que ocupan ilegalmente. Los procedimientos son largos, son costosos y, sobre la base de la dilatación en el tiempo de estas actuaciones judiciales, alardean de poder


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instalar a personas en viviendas que no les corresponden y les garantizan además que nadie va a perturbarles en su ocupación, porque no hay ningún trámite civil ágil que ampare esta situación.

Hoy queremos afrontar de cara este problema, esta realidad. Queremos modificar la ley, para poder efectuar el desalojo de las ocupaciones ilegales de pisos propiedad de personas físicas y también de los que están en manos de administraciones u ONG y que tienen un destino de vivienda de uso social. Quienes deben tener herramientas efectivas para hacer política social son las distintas instituciones, no los propietarios pequeños, no las mafias. Queremos dar una solución a este problema, porque es dramático y tremendamente injusto ver que alguien ocupa tu casa -tanto si se trata de la vivienda habitual como si es una segunda vivienda, fruto del ahorro- y que no puedes hacer nada.

Desde algunas plataformas nos han criticado y nos han dicho que estamos amparando a los grandes tenedores, porque resulta que hay personas físicas que tienen diez, quince o veinte viviendas en su haber y a estos también los amparamos. A lo mejor existe algún caso de alguna persona que tenga todas estas viviendas, pero normalmente, por una simple cuestión de gestión patrimonial y de ahorro fiscal, estos activos inmobiliarios suelen volcarse en patrimoniales, en fondos de inversión o en sociedades limitadas, y a ellos no va destinada esta proposición de ley. Tampoco va destinada a aquellos que no pueden pagar las cuotas hipotecarias o a aquellos que no pueden pagar las rentas de alquiler. ¿Cuál es su destino? Proteger a pequeños propietarios y proteger la efectividad de las políticas sociales de vivienda.

Es compromiso del Partit Demòcrata hacer políticas para garantizar una vivienda digna a las personas en riesgo de exclusión habitacional es incuestionable -no en vano hemos destinado 109 millones de euros en el presupuesto de este año de la Generalitat para estas políticas-, pero también es responsabilidad de la Administración pública velar por que este dinero público se destine a políticas eficaces. Por este motivo, debemos atender los efectos colaterales que deterioran la convivencia, atentan contra la propiedad y condenan a la ineficacia las políticas públicas en materia de vivienda, y esto es así les guste o no.

No puede imperar la ley del más fuerte, porque condena a las familias más vulnerables a ser carne de cañón de las organizaciones delincuenciales. Con esta proposición de ley queremos articular un mecanismo ágil por la vía civil -que no existe- que permita garantizar que quien tenga una vivienda pueda recuperarla a la mayor brevedad si esta se encuentra ocupada por alguien de manera ilegal. Queremos reforzar la disponibilidad inmediata del parque de viviendas destinadas a alquiler social de las administraciones públicas y de las ONG, para que puedan ponerlas al servicio de las personas que han visto reconocido este derecho pero que no pueden acceder a él porque están, como les digo, ocupadas. El largo proceso judicial, penal o administrativo no puede amparar más a las mafias que consiguen instalar personas en viviendas, lucrarse de la desgracia ajena y de la vulnerabilidad ajena; de hecho, nuestra obligación es remover estos obstáculos.

Además -si lo quieren ver, me entenderán-, también hay una garantía para las personas que tengan que ser desalojadas. ¿Qué garantía es esa? Que el juez encargado del asunto deberá comunicar a la Administración competente la existencia de la apertura de este proceso, para que sea la Administración la que pueda identificar a estas personas, evaluar si realmente se encuentran en riesgo habitacional y otorgarles una vivienda social bien por vía de las mesas de emergencia social o bien por el trámite reglamentario que la Administración tiene a tal efecto. Por tanto, detectar el fenómeno permitirá perseguir a estas mafias. Ahora están ocultas, están en la clandestinidad. Por tanto, planteamos un proceso con todas las garantías, y decir lo contrario es simplemente una falsedad. A la vez, con ello permitimos desarmar a las mafias organizadas, puesto que no podrán ofrecer viviendas con la excusa de que el tiempo de demora en el proceso va a facilitar su imperturbabilidad en las mismas. No querer entender en estos términos la proposición es simplemente incomprensible y solo lo ampara, si me lo permiten, la demagogia. No criminalizamos la pobreza, queremos acabar con las mafias; existe incontable casuística realmente exasperante, y antes contaba el caso de la vivienda pública de Mataró. El ayuntamiento se ve impotente para poder hacer política habitacional con las ochenta viviendas que ha conseguido rescatar o que le cedieron los bancos. Sin duda alguna, las administraciones competentes deben tener inmediata disponibilidad de las viviendas destinadas a alquiler social para garantizar los derechos de aquellas personas a las que se les ha reconocido el derecho a tener una, y todo ello por los circuitos establecidos. Es obligación, como decía, del legislador remover los obstáculos.

Estas ocupaciones delincuenciales -muchos de ustedes lo saben y lo tienen que reconocer- están generando muchos problemas en las comunidades de vecinos y en los barrios donde tienen lugar, ya que para abastecerse, como les he dicho, de los servicios básicos -agua, luz, gas- manipulan fraudulentamente las instalaciones con el consabido riesgo que ello supone. La existencia de abusos es


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conocida y, sin embargo, son de difícil detección e investigación. Debemos proteger a los pequeños propietarios, debemos proteger a las personas que tienen derecho a una vivienda social. Por ejemplo, otro tema que ha salido en la prensa en los últimos días es el de La Llagosta. Resulta que unos pequeños propietarios pudieron adquirir unas viviendas después de haber conseguido un crédito -cosa que no les fue fácil-, después de dar señal y además de pagar la consabida tasación para poder peritar la vivienda, y resulta que, cuando tenían la vivienda lista para que dispusieran de ella, dos organizaciones se adelantaron y ocuparon estas viviendas, dejándolos en la calle. Todo el pueblo se abalanzó contra esas viviendas. Estos no son los cauces que debemos favorecer para conseguir que se respete el derecho a tener una vivienda digna; de hecho, el propio responsable de la PAH, en La Llagosta, dijo que este tipo de ocupaciones son indignas y causan un grave daño a los colectivos que trabajan por una vivienda digna, y eso es así exactamente.

Insisto, hoy y siempre nos encontrarán a la hora de reclamar más y mejores políticas en materia de vivienda; de garantizar el equilibrio de las partes en la relación contractual y que se reintegren todas las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo; de garantizar un parque público suficiente y, por tanto, que se incrementen los pisos cedidos a las administraciones públicas por parte de las entidades financieras que al final los tienen porque abusaron de su poder a la hora de ejecutar hipotecas -y se ha visto- con cláusulas abusivas. Esto es lo que reivindicamos.

Paralelamente, es necesario no cerrar los ojos a la realidad, que es lo que hoy les venimos a explicar. El voto en contra de esta proposición de ley lanza el siguiente mensaje: Sí, permitimos a las mafias seguir lucrándose a costa de los más débiles, que impere la ley del mas fuerte o del más listo si cabe; sí, queremos evitar que personas que tienen adjudicada una vivienda social puedan acceder a ella, abocándolas con ello a alimentar la rueda de las mafias, porque necesitan una vivienda. Además, señores del Partido Socialista, no sé qué van a hacer finalmente, pero si votan no a esta proposición de ley a quien dejan a los pies de los caballos es al Partido Socialista de Cataluña, que precisamente ha presentado una moción consecuencia de interpelación en el Parlament que pide exactamente lo mismo: la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta casa, que es la que hoy por hoy tiene las competencias.

Algunos están obsesionados con los poderosos, dicen que esta ley favorece a los poderosos. Pues miren, sí, favorece a los poderosos como José Manuel, a los poderosos como los de La Llagosta, que el único poder que tienen y que quieren tener es el de poder acceder a su vivienda. Si esta es su defensa de los derechos humanos, que baje Dios y lo vea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

La necesidad de articular vías sumarias más adecuadas para la recuperación de viviendas objeto de ocupación sin consentimiento y contra la voluntad de su propietario o usufructuario es sin duda un debate que creemos inaplazable y urgente, porque llevamos demasiado tiempo sumergidos en un debate de otra índole, aun cuando se revista de apariencia social, unido a un fenómeno como el de la ocupación sin título ni justificación, que debe ser deslindado de la acreditación de la necesidad real de vivienda y que no ha sido ni será nunca un movimiento alternativo de solución al problema de carencia de vivienda. Como denuncia la proposición de ley, este ha sido a veces un método de obtención de compensaciones y por tanto de lucro de quienes han materializado actos semejantes. Por eso este debate es también de naturaleza política, porque afecta en gran medida a valores de relieve básico y constitucional, como son tanto la protección del derecho a la propiedad como el de la propia solidaridad y la garantía del derecho a la vivienda desde modelos democráticos y desde el respeto a la ley y al derecho.

Resulta legítimo discrepar y denunciar estas políticas cuando se muestran ineficaces, como ha sucedido en muchos casos, como aquel relativo a la garantía de la vivienda, pero es inadmisible distorsionar esas políticas hasta intentar hacerlas irreconocibles en un sistema de garantías que se contempla en el derecho. Es importante, por ello, a mi juicio, distinguir que la proposición de ley se dirige en exclusiva a reducir los efectos de supuestos de ocupación de viviendas en ausencia de ningún título jurídico válido. La proposición de ley tiene la virtud, a mi juicio, de proponer al Poder Legislativo un sistema reforzado de protección del usuario de una vivienda, que está más o menos difuso en derecho hoy en día, y expone que esa corrección resulta necesaria porque el vigente derecho es ineficaz, tanto a causa del abuso de


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derecho que ha existido como de una falta de respuesta efectiva tanto del legislador como de los propios tribunales.

Señala además, desde el punto de vista de la legitimación del particular proceso que instrumenta, una restricción relativa a que la posibilidad de utilización de esa particular vía se limita a personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas, y esa nos parece en principio una primera respuesta acertada y ponderada para evitar situaciones de indefensión. Pero sobre todo, lo que nos ha parecido acertado de esta proposición es que une el problema con una modificación que propone introducir en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativa a que la autoridad judicial, de forma simultánea al traslado de la demanda, debe comunicar un auto de desocupación a los servicios sociales competentes para que estos puedan adoptar las medidas correspondientes, se supone que para la atención de una eventual situación de desprotección de los ocupantes, que estarían desocupados si se diera tal circunstancia. Ello supone por su parte el direccionamiento adecuado de las obligaciones sociales hacia sus verdaderos responsables, porque lo que resulta improcedente es desviar hacia los particulares el problema de la vivienda, como ocurre hoy con el fenómeno de la ocupación ilegal, ya que es a los poderes públicos, y no a los particulares, a quienes corresponde la tutela del contenido del derecho al que se refiere el artículo 47 de la Constitución.

La proposición de ley además es consciente de la urgencia de una solución eficaz. Es una medida urgente no solo por la proliferación de casos en los que la respuesta jurídica no ha sido lo suficientemente clara o efectiva, sino también porque resulta necesario precisar a los intérpretes del derecho, tanto a los ciudadanos como a juzgados y tribunales, que hay una solución reconocida como eficaz de forma inequívoca. Siendo hoy en día como es, es también un problema de naturaleza procesal. Por tanto, su solución se encamina hacia la modificación de esos parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tanto la práctica procesal como la doctrina eluden ya hoy en día que las medidas de índole penal puedan ser de utilidad sobre la base del principio de intervención mínima y las soluciones en las que se ha podido aplicar el 245.2 del Código Penal han sido aisladas. Este ha de ser entendido, por tanto, como un cauce procedimental inadecuado para la solución de este problema.

Por el contrario, resulta preciso reconducir la discusión de estas medidas, de las medidas necesarias, hacia el procedimiento civil, si bien hace falta cuestionar la idoneidad de las vías utilizadas de la mano del proceso verbal del artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hasta hoy se ha revelado insuficiente. La proposición de ley, sin perjuicio de su posterior discusión en caso de que sea estimada, ofrece una vía que reúne los caracteres de eficacia y celeridad, que parece preservar las garantías procesales y materiales sobre el fondo y que limita los efectos de cosa juzgada sobre la decisión adoptada en sentencia. Por ello entiendo que es acertada, sin perjuicio de que pueda ser discutida en un momento posterior.

En su momento habrá que discutir si atiende mejor a los caracteres de la justicia cautelar o a los propios del procedimiento civil. La justicia cautelar atiende a casos específicos a los que se refiere el artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero se puede tratar también como una especialidad del procedimiento verbal, como parece indicar su sometimiento al artículo 441 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil. En su caso, lo que cabe destacar de la propuesta es que reúne los caracteres de eficacia y celeridad y que responde a una exigencia del ordenamiento conforme a la que ningún problema social materializado en forma de litigio debe quedar excluido de la posibilidad de una respuesta jurisdiccional que pueda tutelar de forma eficaz el derecho invocado, aun cuando en su caso pueda ser con los caracteres provisionales de la justicia cautelar.

Además, vuelvo a señalar que hay un hecho destacado en la proposición, que es la conjugación de dicho mecanismo con aquel relativo a que sea la propia Administración de Justicia la que active los resortes sociales de protección que se puedan derivar a una situación de carencia de vivienda ante el fenómeno de la desocupación. Entiendo que es una respuesta razonable y eficaz, que puede evitar tanto la situación de desamparo habitacional como, en su caso, la posibilidad de que el destinatario de la desocupación pueda volver a ocupar una nueva vivienda.

Finalmente, y desde el punto de vista procesal, también resulta acertada la previsión sobre la ausencia de efectos de cosa juzgada de la sentencia, lo que si bien se puede predicar de todos los procedimientos sumarios del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta particularmente oportuno precisar en un procedimiento tan específico como este. Por lo tanto, y atendiendo a todas las características y, sobre todo, a la problemática a la que pretende dar una solución efectiva, entendemos que el debate es oportuno y es necesario. Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, senyora presidenta, senyores diputades i senyors diputats.

En primer lugar, y antes de entrar en la cuestión de fondo de la proposición de ley cuya toma en consideración solicita el PDeCAT y defiende la señora Ciuró, permítame, señora presidenta, que muestre toda mi solidaridad con el president Mas y las exconselleres del Govern de Catalunya, la señora Rigau y la señora Ortega. (Aplausos). Sí, mal que les pese al Gobierno de España y a la mayoría de esta Cámara, ho vam fer i ho tornarem a fer. Esta última afirmación me permite defender la posición de Esquerra Republicana. Lo volveremos a hacer porque el Estado al que pertenecemos actualmente y del que no queremos formar parte -ya lo saben- no garantiza el bienestar de las personas. Por esto -entre otras cosas- Esquerra Republicana trabaja y aspira a construir un Estado independiente, la república catalana, que garantice como derecho fundamental, derecho troncal de la futura constitución catalana el derecho a la vivienda y que no se limite -como ocurre en la sacrosanta Constitución española- a reconocer que el derecho a la vivienda constituye única y simplemente un principio rector de la política social y económica. Así lo recoge tanto el artículo 47 de la Constitución española, cuando se refiere a que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones necesarias y esto se establecerá mediante ley. Por el contrario, dentro del título I, de los derechos y deberes fundamentales, se contempla, en el artículo 33 de la Constitución española, el derecho a la propiedad privada y a la herencia y, efectivamente, también la función social de la propiedad privada.

En este contexto, insisto, el del Estado español, se presenta esta proposición de ley que, como a nadie se le escapa, no pretende -no lo hace ni lo quiere hacer- solucionar el problema del derecho a la vivienda, y esto es lo que Esquerra Republicana considera preocupante. Efectivamente, no contiene soluciones reales al problema real de miles de personas que se han visto obligadas -ya sea en virtud de procedimientos ejecutivos derivados de procedimientos hipotecarios o por no poder pagar el alquiler- a abandonar sus domicilios. Esto en España ha pasado en este pasado reciente, pero continúa pasando sin que por parte del Estado se adopten medidas para cambiarlo. ¿Qué medidas? Se me ocurren unas cuantas, seguramente en sentido contrario a las que se han ido adoptando durante todos estos años. Por ejemplo, fomento del arrendamiento. Miremos a Europa en relación con la continuidad de los contratos de alquiler, los límites al precio del alquiler y las condiciones en las que son arrendadas las viviendas, entre otras circunstancias. También políticas tributarias que penalicen la especulación y construcción de parque público de vivienda, entre otras medidas. Seguramente tampoco ayudaron ni las políticas de la derecha ni las políticas de determinada izquierda; no ayudó la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano ni este fomento de las políticas de adquisición de la vivienda con las que se fomentaba que todos debíamos ser propietarios. La burbuja inmobiliaria ha provocado miles de víctimas, pero al mismo tiempo hay que denunciar la incapacidad del sistema para resolver el problema y, por cierto, la falta de voluntad política de hacerlo. Para que todos hagamos memoria y a nadie se le olviden los datos, que son importantes para saber de qué estamos hablando, les diré que en el año 2016 en el Estado español hubo 60.000 desahucios, 166 por día; en el Estado español solo un 2 % es vivienda social y es en el Estado español donde hay más desahucios de Europa, 3,44 millones de viviendas vacías. El 13,7 % del parque de viviendas está vacío, lo que supone el 31 % de las viviendas vacías que hay en Europa. Para que nadie tenga dudas al respecto, para que luego no se diga lo que Esquerra Republicana no ha dicho ni dirá nunca, Esquerra Republicana defiende el derecho a la propiedad privada, insisto, Esquerra Republicana defiende el derecho a la propiedad privada.

En esta proposición de ley no hay medidas contra las mafias ni más medios para que la Administración pueda combatir contra estas mafias. No dudo de la buena voluntad de la señora Ciuró, en absoluto, tampoco dudo del origen de la proposición de ley que hoy debatimos; no dudo de las consideraciones tenidas en cuenta por el Colegio de Abogados de Barcelona al hacer esta propuesta, como tampoco dudo de la participación que tuvo la abogada que defiende los intereses de la Plataforma en defensa de los afectados por la hipoteca, que también estaba de acuerdo con algunas medidas que se proponen en esta proposición de ley. Recordemos como evidente -porque lo es- que la mayoría de las ocupaciones son de vivienda vacía que proviene de desahucios y está en manos de la banca y de grandes tenedores. Es cierto también que esta proposición de ley que hoy tomamos en consideración no protege ni a los grandes tenedores ni a la banca; insisto, esta proposición de ley no protege ni a los grandes tenedores ni a la banca. Lo lamentable de la proposición de ley es que no aborda, como decía antes, la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, por razones obvias, porque la Constitución española no lo recoge


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como derecho fundamental. Llegados a este punto, sería bueno, en atención al desarrollo de muchos derechos que se han venido llamando de segunda generación, que el Estado español -en este caso el Gobierno del Partido Popular- reconsiderase la necesidad de incorporar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Mientras esto no pase, tenemos el caldo de cultivo necesario para que continúen sufriendo los de siempre y se premie la actuación de los mafiosos y los extorsionadores.

Señora Ciuró, con todo el respeto y valorando la buena voluntad y la bondad de la iniciativa, sin medidas que garanticen el derecho efectivo a la vivienda, nuestro voto, el voto de Esquerra Republicana, será negativo, con todas las contradicciones que ello conlleva y que he apuntado en mi intervención, porque la política es vida y la vida es contradictoria en muchas ocasiones. Por tanto, el voto de Esquerra Republicana será negativo.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta.

El señor GIRAUTA VIDAL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, este es un buen momento para romper algunos topicazos porque parece que aquí algunos quieren incluso convertir el derecho a la vivienda en derecho fundamental, siempre y cuando la vivienda no sea de ellos. (Aplausos). No debemos olvidar que el primero que tiene derecho a la vivienda es el que se la ha comprado. Hay desahucios y desahucios, y hay ocupaciones y ocupaciones, y es un buen momento para distinguir entre ellos porque estamos mezclando asuntos que son muy graves, problemas verdaderamente serios de vulnerabilidad, con un abanico de distintas situaciones que acaban en verdaderos asuntos mafiosos, en verdaderas organizaciones mafiosas y el mero hecho de mezclarlo me parece que no contribuye nada al entendimiento, a la comprensión del problema. Distingamos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad, en situaciones de vulnerabilidad, personas y familias que han sido desahuciadas y que están en la calle, desahucios motivados por ejecuciones hipotecarias. Distingamos también las ocupaciones realizadas por el movimiento okupa, movimiento, digamos, cultural, que en absoluto supone que los que están llevando a cabo la ocupación estén en esa situación. Ahí se encuentran, por ejemplo, aquellos que están en este momento protegidos por la alcaldesa de Barcelona, según denunció anteayer la propia Guardia Urbana de Barcelona. Aquí también se encuentra -se lo quiero particularmente a los proponentes- el exalcalde de Barcelona, a quien la fiscalía acusó de legitimar a los ocupas del llamado banco expropiado, por lo cual todos los barceloneses tuvimos que pagar 65.500 euros, ya que al señor Trias, siendo alcalde, se le ocurrió pagar con fondos del ayuntamiento el alquiler para que no desalojaran a los ocupas.

Hay un problema de mafias organizadas, especialmente en Cataluña -en otros lugares también, por ejemplo en Madrid, pero muy especialmente en Cataluña-, que utilizan la ocupación con una finalidad puramente lucrativa, para aprovecharse de las familias vulnerables. Por eso es verdaderamente lacerante que se mezclen las situaciones del mafioso que se aprovecha del vulnerable con la situación del vulnerable. (Aplausos). Contra esos mafiosos hay que actuar, contra esos mafiosos hay que hacer pedagogía y explicar, contar a los que han tenido la suerte de no ser afectados por sus actividades que estas mafias tienen dos líneas de negocio, entre comillas. Una, se introducen en una vivienda vacía, en menos de seis horas introducen los muebles, disponen de contratos de suministros, ofrecen falsa apariencia de posesión y el único objeto de esta acción es el chantaje, chantajear al propietario a quien le piden una compensación económica por marcharse; es decir, que el propietario está pagando... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Girauta.

Señorías, estoy viendo que algunos de ustedes llevan diez minutos hablando sin parar. No voy a dar ningún nombre porque hay hasta seis. Llevan diez minutos hablando y es imposible escuchar al señor Girauta y a los señores que han hecho uso de la palabra con anterioridad. Es una falta de respeto y se lo he dicho no sé cuántas veces. Es una falta de respeto absoluta al orador; el que no quiera escuchar, que se salga del hemiciclo, no es obligado, debería ser algo que hiciéramos con gusto. Pero, por favor, si quieren hablar, salgan del hemiciclo.

Continúe, señor Girauta.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, presidenta.

Otra línea de negocio -entre comillas- es la de aquellos que comercian con la oportunidad de la ocupación. Es decir, también se aprovechan de las personas vulnerables, de las personas que están en


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situación de desahucio, y les venden la información de las viviendas que ellos han localizado y que, digamos, han decidido quedarse en su cartera delincuencial para comerciar con la desgracia ajena. Estas empresas o fórmulas de negocio -con todas las comillas, evidentemente- especializadas en la desgracia ajena, se presentan muchas veces también como mediadores, es decir como aquellos que negocian la salida de los ocupas de la casa del que le ha tocado esta siniestra lotería.

Me parece que nosotros no podemos permanecer impasibles y que la respuesta institucional es ya una verdadera necesidad. Por lo tanto -no sé si lo he dicho ya-, vamos a votar a favor de los proponentes. Pero nos gustaría que, ante la problemática y ante su gravedad, no nos ciñéramos a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que también modificáramos el Código Penal; nos parece, por lo tanto, que este es el momento de anunciar que presentaremos enmiendas. Consideramos que la posibilidad de acordar la entrega de la posesión, como dicen ustedes, con la admisión a trámite de la demanda o la posibilidad de solicitar ejecución sin esperar al plazo general de veinte días está bien, nos parece perfecto. También nos parece que está fuera de duda el caso de las personas físicas, que ustedes incluyen, pero que las jurídicas deberían ser ampliadas; piensen por ejemplo en el caso de una empresa familiar, que se empeña hasta las cejas en una promoción, en una construcción relativamente modesta y resulta que sus viviendas son ocupadas. (Rumores). Sí, sí, porque cuando se les ocupa, cuando esa familia de pronto se queda sin recursos y no puede pagar al banco, no solo no puede pagar esa familia, tampoco pueden pagar todas aquellas empresas de proveedores que esa familia o ese negocio familiar ha contratado. (Aplausos.-Rumores). Es un efecto de bola de nieve. Aunque para entender esto a lo mejor hay que entender también un poco cuáles son los mecanismos de generación de riqueza, aparte de conocer los del reparto de la riqueza. (Aplausos.-Rumores).

Para terminar, quiero recordar que Ciudadanos, en el punto 35 del acuerdo de investidura con el Partido Popular, incluyó, al regular la segunda oportunidad, la dación en pago de la vivienda habitual manteniendo el derecho a permanecer en la casa durante tres años con una renta que no superara el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor. Por lo tanto, así también evitamos la actuación de las mafias. Señorías del Partido Popular, señorías del partido del Gobierno: pongamos en marcha la ley de segunda oportunidad, que además de estar en nuestro acuerdo está también, en cuanto a la moratoria de prórroga de los desahucios hasta el 2020, en un mandato de esta Cámara adoptado en la Comisión de Economía. Eso también ayudará a evitar que haya más víctimas de estas mafias.

Me he referido antes -y creo que me queda algo de tiempo- a una reforma del Código Penal. Proponemos un punto 3 en el artículo 245, en el que se recoja la ocupación del inmueble con fuerza en las cosas con una pena de prisión de uno a dos años. Rompamos topicazos; hay, como he dicho, desahucios y desahucios, y hay ocupaciones y ocupaciones. No pinten el problema de un solo color porque este tiene muchos colores y algunos que se presentan como desfavorecidos son verdaderamente canallas que juegan y trafican con la desgracia ajena. No pinten ustedes como poderosos a las víctimas porque si no estarían ustedes insultando, entre otros, a estos afectados de Vallecas, a quienes no creo que les haga mucha gracia que los mezclen ustedes ni con los bancos ni con las grandes empresas explotadoras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Bona tarda. Muchas gracias, presidenta.

Hoy el PDeCAT nos presenta una proposición de ley que pretende agilizar los desahucios en el caso de familias que estén ocupando una vivienda. Se trataría de que tanto personas físicas como entidades sociales y administraciones públicas pudieran desahuciar de forma inmediata a cualquiera que esté ocupando de forma ilegal alguna de sus propiedades. Para justificar esta medida nos hablan en su exposición de motivos del fenómeno de los grupos organizados que se dedican a detectar pisos vacíos y a ponerlos en alquiler de manera fraudulenta. Efectivamente, este fenómeno existe y muchas ciudades se enfrentan a él. Hay personas que viven ocupando pisos vacíos, que en su mayoría son, por cierto, de entidades financieras; hay mafias que se aprovechan de esas personas en situación de vulnerabilidad -personas que, por supuesto, ni pueden pagar una hipoteca ni pueden pagar un alquiler a precio de mercado ni tampoco pueden vivir en un piso público de alquiler porque sencillamente no hay un parque público que pueda asumir la demanda que existe-, personas que tampoco se atreven a denunciar a la


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mafia que les ha alquilado el piso y que tienen miedo de quedarse de nuevo en la calle. Y también hay vecinos y vecinas, en algunos casos de barrios populares, de barrios castigados, que viven situaciones de tensión y de inseguridad generadas en torno a algunas ocupaciones y que, efectivamente, necesitan soluciones, pero lo cierto y lo grave es que su proposición de ley no contiene ni una sola medida contra esas mafias, ni una. (Aplausos). No hay ni un solo punto de la parte articulada que hable de mafias. En cambio, hablando de mafias y de delincuencia, aprovechan ustedes para estigmatizar y criminalizar a toda la gente que hoy vive ocupando este tipo de propiedades. Lo que proponen, en definitiva, es que cuando alguno de esos posibles propietarios interponga una demanda de desahucio en el juzgado y se dé traslado de esta demanda a las personas ocupantes, se las pueda desahuciar al momento. Todo ello sin ninguna otra condición, sin ninguna distinción. No importa si la propiedad tiene una, cuatro o diez viviendas; si están vacías o si están ocupadas; no importa si la vivienda que se quiere recuperar se va a utilizar para un familiar, para alquilar o para montar un piso turístico. No se tienen en cuenta tampoco las circunstancias de las personas que ocupan, si hay menores o personas dependientes a su cargo o no; si tienen ingresos o no; si han sido víctimas de una mafia o no; si están cometiendo actividades delictivas o no; si hay situaciones de conflicto con los vecinos y vecinas o no. En ningún caso las personas ocupantes van a poder alegar ninguna circunstancia frente al juez o jueza antes de que se produzca el desahucio. Y la propuesta tampoco contempla ninguna garantía de realojo para las familias ocupantes.

Su propuesta, por lo tanto, no distingue entre familias vulnerables, mafias u ocupaciones delictivas, entre grandes o pequeños propietarios; mete a todo el mundo en el mismo saco y no da una respuesta efectiva. No hablan de perseguir a las mafias; no hablan de impulsar equipos de mediación con recursos para actuar en situaciones delicadas y ayudar a resolver conflictos en las comunidades de vecinos. ¿Dónde creen que van a ir muchas de esas personas una vez desahuciadas? Pues a ocupar de nuevo. ¿O se creen que la gente se va a quedar a vivir en la calle? (Aplausos). Las mafias van a seguir ahí, las mafias van a seguir aprovechándose de gente aún más desesperada. Las molestias van a continuar y los vecinos y vecinas van a seguir sufriendo. Los ayuntamientos hoy están totalmente desbordados. ¿Acaso piensan que sin dotarlos de más recursos, de más competencias y de nuevas herramientas legislativas van a poder dar una respuesta inmediata con garantías? Y basta ya de decir que esta medida es para evitar que la gente que se va de fin de semana se encuentre la casa ocupada a la vuelta, porque esos casos son los mínimos y no pueden ser el argumento principal para justificar una modificación legal tan drástica y tan agresiva. (Aplausos). Lo que ocurre, lo que parece que ustedes no quieren entender, es que mientras no se garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, es decir, hasta que no se ataquen las causas de esa vulneración, existirá el caldo de cultivo para que continúen ocurriendo estas situaciones.

Hoy tenemos más de medio millón de desahucios desde 2008; España es el país de Europa que más vivienda vacía acumula, de bancos y de inmobiliarias, sí, pero también de pequeños propietarios y propietarias que no tienen garantías para poner su piso en alquiler a pesar de los desahucios hipermegaexprés que, con su apoyo, se han aprobado en esta Cámara en el pasado. (Aplausos). Nuestro parque público de vivienda, que ni siquiera es mayoritariamente de alquiler, no llega ni al 1,5 % cuando en Europa está alrededor del 30 %, y en muchas grandes ciudades tenemos unos precios de alquiler que resultan totalmente abusivos para gran parte de la población. Pero, lamentablemente, hay que decir que su partido, el Partit Demòcrata, antes Convergència i Unió, ha contribuido durante muchos años, tanto desde esta Cámara como desde la Generalitat, a impulsar numerosas políticas públicas que nos han llevado a la situación actual. No sé si recordarán ustedes cómo en 2011, poco después de su llegada al Govern de la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza, aprobaron varias leyes ómnibus con las que efectuaron cambios de todo tipo en la legislación vigente hasta entonces. Uno de esos cambios fue eliminar la expropiación y el uso de viviendas vacías que no estuvieran cumpliendo su función social. Es decir, ustedes liquidaron una herramienta legal que nunca fue suspendida por el Tribunal Constitucional y que, de no haber sido por su partido, hoy estaría vigente y serviría para conseguir parte de ese parque de vivienda pública que tanto necesitamos. (Aplausos). Y otro regalo que nos dejaron sus leyes ómnibus en Cataluña fue el de eliminar varios requisitos legales para crear viviendas de uso turístico. Eso provocó que las licencias concedidas para pisos turísticos se dispararan y, como consecuencia de ello, el parque de vivienda en alquiler se desplazó hacia los pisos turísticos, de tal manera que hoy en algunas zonas de Barcelona hay más camas turísticas legales que habitantes censados y los precios desorbitados de esos pisos, que son cuatro veces más rentables que el alquiler residencial, es precisamente uno de los varios factores que provocan el fenómeno de los alquileres abusivos que hoy está expulsando a centenares de vecinos y vecinas de sus barrios.


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Y eso lo hacían ustedes desde la Generalitat, pero es que varios años antes, desde esta misma Cámara, tampoco estaban con los brazos cruzados. ¿Se acuerdan ustedes de las declaraciones de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, cuando en 2009 justificaba la aprobación del desahucio exprés hablando de morosos sistemáticos y profesionales del alquiler? (Aplausos). Aquellos días, Jordi Jané, entonces diputado en esta Cámara por Convergència i Unió y hoy conseller d'Interior de la Generalitat, no solo votó a favor del desahucio exprés sino que en sus declaraciones en los medios reivindicaba que esa iniciativa en realidad era de su partido. Efectivamente, en abril de 2008, un año antes de que Carme Chacón aprobara el desahucio exprés, su partido, Convergència i Unió, registraba una proposición de ley en esta Cámara que iba en ese sentido. Creo que no cabe duda de que el desahucio exprés ni ha servido para movilizar los pisos de pequeños propietarios hacia el mercado del alquiler, ni ha servido para acabar con los morosos profesionales. El desahucio exprés estigmatizó a aquellas personas que tenían dificultades para pagar el alquiler y significó un recorte de derechos brutal para todas ellas. Quizá muchas de esas personas hoy están ocupando y quizá algunas incluso son víctimas de las mafias. ¿No se dan cuenta de que están volviendo a cometer el mismo error otra vez? (Aplausos). Si realmente les preocupa el problema de las ocupaciones, sean capaces de abordarlo de forma compleja, busquen consensos con nosotras y no con el PP y Ciudadanos, y ayúdennos a garantizar, de verdad, el derecho a la vivienda. Apoyen o traigan aquí iniciativas que promuevan un parque público de alquiler, empezando por obligar a los grandes propietarios de vivienda -personas jurídicas pero también personas físicas- a ceder sus pisos a las administraciones públicas que lo reclamen. Exijan, como nosotras -desde aquí, pero también desde la Generalitat-, que el próximo plan estatal de vivienda, que se está elaborando actualmente, incluya ayudas para que pequeños propietarios y propietarias tengan garantizada la fianza, para cuotas impagadas, para el mantenimiento del piso; en definitiva, para poder poner su piso en alquiler con tranquilidad y seguridad, que es lo que quieren. Trabajen desde esta Cámara para conseguir un cambio legislativo estatal que permita a los municipios limitar el precio de los alquileres abusivos y, en Cataluña, reorienten sus políticas de seguridad, esas de las que hoy se ocupa el señor Jordi Jané, y persigan de forma proactiva a las mafias organizadas que hacen negocio con la miseria de la gente. Activen y refuercen equipos de mediación comunitaria para actuar en situaciones de conflicto que afectan a vecinos y vecinas; coordinen su trabajo con el de los Mossos para que se puedan atajar situaciones delictivas. En definitiva, que la primera proposición de ley en materia de vivienda que el Partit Demòcrata trae a esta Cámara durante esta legislatura sea para desahuciar de forma inmediata y sin ninguna condición ni garantía a personas que están ocupando, dice mucho de sus prioridades políticas. (Aplausos).

Por supuesto, mi grupo parlamentario, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, va a votar en contra de una propuesta que ni es justa ni resuelve la cuestión de las ocupaciones ni apunta a las mafias sino a sus víctimas, ni da respuestas efectivas a los problemas y molestias que sufren los vecinos y, mucho menos, aborda la vulneración del derecho a la vivienda que sufre gran parte de la población de este país y que está en el origen del problema.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. Cuando comenzamos a leer esta propuesta que defiende el PDeCAT para su toma en consideración nos alegramos, pues de su exposición de motivos parecía desprenderse que nos traían la fórmula para acabar con la indeseable lacra de las mafias inmobiliarias, pero lamentablemente basta adentrarse en el texto para comprobar que lo que refieren en la exposición de motivos, la necesidad de acabar con las mafias organizadas, no tiene nada que ver con la situación que realmente pretenden regular en su propuesta de reforma, seguramente porque los mecanismos para acabar con esas mafias ya los tenemos y lo que falta es aplicarlos, pero de eso hablaremos más adelante. Si nos centramos en la propuesta de reforma que pretenden que se tome en consideración, les diré que lejos de ofrecer una solución lo que hace es empeorar el problema. Las ocupaciones ilegales y las extorsiones son un problema que afecta tanto a los propietarios de las viviendas como a las familias, a las personas más vulnerables que por causas sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de su vivienda y están pendientes de que las administraciones les ofrezcan soluciones para evitar ser desahuciadas. Con esta propuesta lo único que conseguirían sería agilizar aún más los desahucios y los socialistas estamos en


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contra de eso -también se lo recuerdo a doña Lucia, portavoz de Podemos-. Si eso es lo que realmente pretenden, mi grupo no puede apoyar esta toma en consideración.

Estamos de acuerdo en que hay que acabar con las mafias inmobiliarias, esas que de un modo organizado entran en las viviendas vacías, cambian las cerraduras, extorsionan al propietario y las alquilan, siendo a su vez realquiladas. Por supuesto, eso no lo vamos a consentir. Es inadmisible que el derecho a la propiedad pueda verse conculcado por un extorsionador que además está abusando de la situación de vulnerabilidad de quien demanda un espacio para vivir. De ello se aprovechan estas mafias y los ocupas ilegales, que pasan por encima de quienes realmente tienen el derecho que les han dado las administraciones, dada su situación de vulnerabilidad legalmente reconocida. Estas personas tienen derecho a que se les procure una vivienda o a que se evite su desahucio. Tanto los propietarios como las familias vulnerables en riesgo de ser desahuciadas requieren protección, pero no es precisamente eso lo que ustedes les ofrecen con esta proposición de ley que traen para su toma en consideración, puesto que las reformas procesales que proponen tienen como medida expulsar al ocupante, pero no al extorsionador, sin tener en cuenta, señorías, que estas actividades que los extorsionadores y las mafias llevan a cabo -insisto, forzar puertas, enganchar suministros, cambiar cerraduras, extorsionar, alquilar y subalquilar- son ilícitos perfectamente definidos en nuestro Código Penal, siendo esta, la vía penal, la que hay que transitar cuando estamos hablando de solventar casos en los que realmente hay extorsión, y no la que ustedes eligen. El Gobierno cuenta con los instrumentos: cuenta con la policía, que debe investigar y acabar con estas mafias, y cuenta, insisto, con nuestro Código Penal. Así que solo bastaría dejar de mirar hacia otro lado, y se lo digo también a ustedes, señores del Grupo Popular, porque su partido está en el Gobierno. Hagan valer los mecanismos con los que cuenta el Ejecutivo y dejen de bordear el problema.

Señorías del PDeCAT, fíjense si a los socialistas, a todos, nos preocupa esto que hemos registrado una iniciativa donde precisamente instamos al Gobierno a elaborar un plan especial de seguridad contra las mafias que trafican con pisos vacíos, impulsando acuerdos con las corporaciones locales para incorporar a la Policía local a las labores de vigilancia en el ámbito de sus competencias y en cooperación con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Porque no solo desde el Gobierno central, sino también desde los Gobiernos locales, con competencias y medios para ello, se puede y se debe acabar con estas mafias organizadas. Claro que estamos en contra de las mafias, por supuesto, de estas y de cualquier tipo de mafias, de las del 3 %, de las del 4 %. Estamos en contra de todas y pedimos contundencia y voluntad real para acabar con ellas. Así que ustedes, señorías del PDeCAT, que en Cataluña también gobiernan y que cuentan con los medios para ello, pongan fin a estas mafias inmobiliarias, den órdenes a los Mossos d'Esquadra para que investiguen a estos extorsionadores y, haciendo valer la legislación penal, acaben con estas actuaciones; agilicen los procedimientos. Ya hace tiempo que tendrían que haberlo hecho; lo demás es, como dicen en Castilla, marear la perdiz. Las reformas procesales que proponen tienen como finalidad, insisto, expulsar al ocupante y no al extorsionador, siendo el fin último agilizar aún más los desahucios, y saben de sobra que quienes realmente van a resultar afectadas con estas medidas que nos proponen serán las familias más vulnerables, que no pueden hacer frente, por causas sobrevenidas, al pago del alquiler de su vivienda. Esto no lo podemos aceptar. Por eso, vamos a votar que no a la toma en consideración.

Además, esta propuesta es procesalmente extraña. Por ejemplo, lo de habilitar este procedimiento solo a personas físicas y no jurídicas tiene algún problema, porque ¿qué hacer entonces con un particular rentista que tuviera cuarenta pisos dedicados a la especulación? No nos lo dicen. Habría que decidir si se permite acudir a este procedimiento a cualquier propietario que haya sido desposeído sin consentimiento o si se limita únicamente a los propietarios que no dediquen su vivienda en cuestión a una actividad profesional. Y, por otro lado, la reforma que proponen del artículo 441.2 es en realidad una medida cautelar inaudita parte encubierta, lo que generaría muchos problemas técnicos; de hecho, remiten el trámite de oposición al de oposición de medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco soluciona el problema de la legitimación pasiva; no es sencillo identificar a los ocupantes de un piso ocupado. Y tampoco soluciona el supuesto de pisos que se alquilan por habitaciones, ya que hay que dirigir la demanda a los ocupantes de cada habitación realquilada. Entonces, ¿puede ejecutarse respecto de todos o hay que ejecutar habitación por habitación? Este es el problema de los llamados pisos patera. La duda es si se permitiría dirigir una demanda contra los ignorados ocupantes de una vivienda y ejecutarlos en esa misma indefinición. Otro ejemplo de extrañeza procesal es la reforma que proponen del artículo 447.3 y que no tiene sentido, porque el 447.2 ya establece que la sentencia de desahucio no tiene efecto de cosa juzgada.


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Y, por otra parte, lo de habilitar el procedimiento de desahucio para que ejecute la Administración pública los pisos de su parque de alquiler también es extraño, porque está de más; las administraciones ya tienen otras vías para la ejecución de sus actos, lo que puede suceder es que aún sean más lentas. En definitiva, señorías, no tiene mucho sentido ni mucho criterio la propuesta.

Las cuestiones referidas a la protección de la propiedad de viviendas exigirían una reforma de mayor calado para afrontar los problemas con mayor profundidad. Esta reforma que traen para su toma en consideración presenta lagunas procesales y, sobre todo, no cumpliría el fin para el que ustedes mismos dicen que la presentan, ya que solo va dirigida a expulsar al ocupante pero no al extorsionador. Para acabar con los extorsionadores, con las mafias organizadas, nuestro sistema ya tiene mecanismos: Código Penal, Ejecutivo y Policía, así que pónganlos a funcionar. Solo así van a proteger a los propietarios de las viviendas y a las familias más vulnerables, solo así vamos a conciliar el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, y así, señorías del PDeCAT, ni José Manuel ni ninguna otra familia vulnerable seguirá siendo víctima de las mafias.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.

La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos.

Estamos hablando de ocupación ilegal de viviendas; ocupación que para unos es un problema, para la mayoría, y para una minoría es una solución, porque consideran que la solución a no tener viviendas es ocupar la de otros y lo entienden como el ejercicio de un derecho y, en el peor de los casos, como un sistema del que se espera obtener un aprovechamiento lucrativo, como un negocio. Pero lo que está claro es que hay que moverse en el marco de dos derechos constitucionales fundamentales: por un lado, el derecho a la vivienda y, por otro lado, el derecho a la propiedad. Los dos tienen que cumplirse, coadyuvar, complementarse y convivir, y en ningún caso es justificable la usurpación de la propiedad.

El fenómeno de la ocupación ilegal se ha agravado por la crisis económica con datos absolutamente escalofriantes y situaciones que no afectan solo al propietario del inmueble, sino también al entorno ciudadano. En Madrid hay 1.400 viviendas ocupadas y un 86 % en la capital; la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas, puesta en marcha por la Delegación del Gobierno de Madrid, ha recibido 3.000 denuncias de ocupaciones, y se han detectado grupos de mafias organizadas que comercializan con la desgracia ajena de no tener vivienda. En Barcelona, la ocupación ilegal de inmuebles ha aumentado más del 60 % en el último semestre de 2016 y, lo peor de todo, consentida por el ayuntamiento. Pese a las denuncias de los vecinos colindantes, los ayuntamientos del cambio amparan estas prácticas ilegales, que se complementan y se rodean de otras ilegalidades, como es pinchar el agua, la luz y los servicios que está abonando otra persona y, además, respondiendo a ocupaciones organizadas. Pero lo más escalofriante es que estas actuaciones absolutamente ilegales estén amparadas por estos ayuntamientos. En vez de utilizar las herramientas propias de una política efectiva de vivienda, fomentan una relación imposible e inviable, porque cuando hay una ocupación ilegal hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se le despoja de un derecho, también recogido en la Constitución, que es el derecho a la propiedad.

Señorías, aquí hay dos formas de actuar. Una, la que ha llevado a cabo el Partido Popular, trabajando desde el inicio de la legislatura pasada para garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo a los sectores vulnerables y dentro de un marco constitucional; atacando el problema desde su base, que todo el mundo pueda tener una vivienda, que nadie pierda su vivienda por circunstancias sobrevenidas, protegiendo el derecho a la vivienda de los sectores vulnerables. Y aunque algunas fuerzas políticas de izquierdas se autodenominen ahora como protectoras de las familias que corren el riesgo de perder su vivienda, de ser desahuciadas, simplemente quiero recordar que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que, consciente de esta dramática realidad causada por la crisis económica, ha adoptado todas las medidas posibles para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad. Así, el Gobierno, antes de sus primeros cien días de mandato, aprobó el Real Decreto 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista, que facilitaba la reestructuración de la deuda hipotecaria y cuyo efecto principal fue la suspensión inmediata, y por un plazo de dos años, de los desahucios de familias en riesgo de exclusión.

Posteriormente, se aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas para reforzar la protección de estos deudores hipotecarios, además de suspender los lanzamientos para un colectivo mucho más amplio;


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todo ello también con el voto en contra del Partido Socialista. Este último real decreto derivó en la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; también con el voto en contra del Partido Socialista. En enero de 2013 se firmó el convenio para la constitución del Fondo social de viviendas de alquiler; un convenio en el que participaron tres ministerios: el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, además del Banco de España, la Fecam y la plataforma del tercer sector que integra las principales ONG de este país, y se pusieron a disposición más de 10.000 viviendas. Actualmente, más de 4.000 familias se han acogido a este alquiler social. Las políticas puestas en marcha por el Partido Popular han beneficiado a más de 45.000 familias. Los desahucios fueron un problema con el que ya nos encontramos, dado que el 60 % de las ejecuciones hipotecarias ya se habían producido en la legislatura anterior, se originaron entre 2005 y 2008, y las ejecuciones hipotecarias en 2016 descendieron un 29 % respecto a 2015, la cifra más baja desde 2008. Aun así, somos conscientes de que hay que eliminarlas completamente.

Con esto solo quiero decir que esta ha sido la acción del Partido Popular con respecto a garantizar el derecho a la vivienda, y somos absolutamente conscientes de que hay que trazar el camino de la actuación de emergencia ante situaciones sobrevenidas. De ahí que uno de los objetivos del futuro plan de vivienda 2018-2021 sea la incorporación de un programa específico para atender a los colectivos especialmente vulnerables y buscar soluciones, siempre dentro del marco de nuestros derechos constitucionales, a la ocupación de viviendas vacías. Esta medida, a través del propio plan de vivienda y los recursos legales necesarios, centrará sus esfuerzos en la potenciación de mecanismos de conciliación, de forma que las viviendas vacías no ocupadas y disponibles, ya sean de titularidad de administraciones públicas, empresas públicas, entidades financieras u otros tenedores de vivienda, puedan ser ocupadas por sectores de población más vulnerables. De esto hemos hablado en la Comisión de Fomento y, a propuesta del Partido Popular, hemos acordado trabajar conjuntamente todos los grupos políticos -con la abstención de Podemos, eso sí- para desarrollar las medidas del futuro plan de vivienda.

Nosotros, en el Partido Popular, trabajamos en positivo, y esta es una forma de actuar, atacando a la base del problema que nos atañe, que es el derecho a la vivienda, que todo el mundo tenga una vivienda y que no se propicie ocupar la de otro. Y después está la otra forma de actuar, la de los partidos de la izquierda, de los mal llamados partidos del cambio, que trabajan el derecho a la vivienda alentando la privación del derecho a la propiedad. O la de otros, que no resuelven y dejan los problemas al que venga después, como el Partido Socialista, en cuya legislatura se dispararon los desahucios, entre 2008 y 2009, periodo en el que se fomentaba el desahucio exprés a través de un proyecto de ley, en el que al igual que lo que se trae hoy a esta Cámara, se solventaba dejar a una familia en la calle con juicio verbal en cinco días. ¿Y qué hacen los ayuntamientos del cambio frente al ocupacionismo? Adoptar medidas tractoras del fenómeno, potenciar la ocupación ilegal de inmuebles por acción u omisión. Señorías, nosotros compartimos el eslogan de 'no más casas sin gente y no más gente sin casa', por supuesto que sí, y podríamos repetirlo hasta la saciedad, pero también queremos trabajar hasta la saciedad para poner medidas reales sobre la mesa y que se puedan llevar a cabo dentro de un marco constitucional, integral y transversal.

Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Estamos de acuerdo en el fondo pero no en la forma, porque queremos ir mucho más allá; no hacer modificaciones puntuales sino seguir trabajando de manera integral. Entendemos que el problema de la ocupación ilegal tiene tres patas: la protección del derecho a la vivienda de las familias vulnerables, ampliamente trabajada por el Partido Popular; la acción policial contra las mafias organizadas del ocupacionismo, también puesta en marcha ya por las delegaciones del Gobierno del Partido Popular, y la protección del derecho a la propiedad. Entendemos que el problema no es solo resolver un procedimiento judicial, sino no amparar bajo ningún concepto la ocupación ilegal de una vivienda. Garantizar el derecho a la vivienda es la prioridad uno del Partido Popular, pero siempre salvaguardando otro derecho fundamental de nuestra Constitución, que es el derecho a la propiedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. (Número de expediente 410/000006).

La señora PRESIDENTA: Corresponde debatir a continuación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los grupos de interés.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Bonilla Domínguez.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes.

La mejora de la calidad democrática ha sido uno de los objetivos prioritarios en la política del Gobierno del Partido Popular y se ha puesto de manifiesto legislando en todos los ámbitos en los que se podía mejorar la regulación vigente. Somos los que más medidas y más reformas hemos adoptado en regeneración democrática en los últimos cuarenta años, medidas que implican una mayor transparencia en la vida pública y una mayor exigencia para quienes ocupamos cargos públicos. Para este grupo parlamentario la regeneración democrática no consiste en denostar, en inculpar a toda la clase política; no lo es porque nuestro compromiso y nuestra actitud está con los ciudadanos, nuestra actitud es crear en positivo, y por eso hemos promovido iniciativas intentando ir al fondo de la cuestión, iniciativas que hablan de reformas institucionales y de mejora en la calidad democrática, pero, repito, siempre construyendo en positivo.

Nuestro compromiso con las reformas en este sentido ha sido y va a ser permanente y constante. Desde el inicio de la X Legislatura trabajamos en articular un gran número de medidas destinadas a la mejora de la calidad democrática. Un ejemplo destacado de ello es la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es la primera Ley de Transparencia de nuestra historia, señorías, tras diez legislaturas democráticas y que se ha debido al impulso del Gobierno del Partido Popular. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Es una ley que ha supuesto un verdadero cambio de perspectiva, ya que, por un lado, ha impulsado un derecho de información activa por parte de la Administración pública a través del portal de transparencia, en el que se han volcado miles de datos relevantes relacionados con el sector público, desde sueldos de altos cargos, licitaciones, organización interna de distintos ministerios, agencias y demás organismos públicos; y, por otro, este derecho de información se ha visto reforzado con el fomento y la promoción del principio de publicidad, que ha sido reforzado a través de los esfuerzos llevados a cabo en la implantación de la administración electrónica. La transparencia, no debe olvidarse, es la cualidad que mejor determina la calidad democrática de un sistema político, y España, a través de la progresiva implementación de los preceptos y de los compromisos que se explican en esta ley, sin duda alguna se ha puesto a la cabeza de las democracias occidentales en lo que a la transparencia se refiere. La transparencia es, además, un presupuesto básico en la lucha contra la corrupción, ya que en la medida en que el ciudadano esté más informado y le sea más asequible conocer datos relevantes del sector público y de sus titulares, mejor podrá ejercer esa legítima e imprescindible labor de tutela pasiva que también es básica en un sistema democrático.

Otra importante muestra de la relevancia que el Gobierno otorga a estas cuestiones es la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, también impulsada por el Gobierno del Partido Popular. Esta nueva norma contiene una regulación más exigente de los requisitos que deben cumplir quienes desempeñan cargos en la Administración General del Estado, así como la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

En relación con el tema que nos ocupa, señorías, es evidente que la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONG, organizaciones comerciales, profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etcétera, es legítima y absolutamente necesaria para la calidad de la democracia porque se aportan perspectivas, puntos de vista, opiniones y criterios que de otra forma serían difíciles o imposibles de percibir y de conocer por parte del legislador. No olvidemos, señorías, que estamos aquí por


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y para los ciudadanos y por ello debemos articular cuantos más canales mejor para que exista esa comunicación fluida, directa y permanente que nos permita adoptar las decisiones más adecuadas para el conjunto de la sociedad, pero al mismo tiempo compartirán conmigo que los españoles tienen derecho a esperar que este proceso sea transparente y tenga lugar dentro del estricto cumplimiento de la ley, así como sobre la base de unos principios éticos, claros y de obligado respeto.

Por todo ello, para aumentar la transparencia y la ética de nuestro parlamentarismo, el Partido Popular propone una regulación de los grupos de interés con el fin de mejorar el proceso legislativo, haciéndolo más transparente, partiendo, repito e insisto, de la premisa de que la actuación de los grupos de interés es legítima y constituye un mecanismo de actuación de la sociedad civil y de participación de esta en la conformación de las políticas públicas y de la legislación, contribuyendo así a una mejor calidad de nuestras leyes y a una mejor calidad de nuestra democracia. Es un paso más en la transparencia en el proceso de la toma de decisiones. Esto no es nuevo y tenemos unos antecedentes que todos recordarán muy bien. En concreto respecto a esta proposición, en el Congreso de los Diputados, durante la X Legislatura, hubo varios momentos en los que ya pusimos sobre la mesa la importancia de esta iniciativa. En el debate sobre el estado de la Nación de 2013 se aprobó una enmienda transaccional a las propuestas de resolución presentadas por varios grupos parlamentarios -Grupo Catalán, Grupo Popular, Grupo de UPyD y Grupo Mixto- en la cual el Congreso de los Diputados se comprometía a adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción fuesen precisas para que los ciudadanos aumentasen la confianza en las instituciones. En concreto respecto del ámbito parlamentario, en el punto 4.b).1.º se acordó el estudio en las correspondientes comisiones parlamentarias de los siguientes aspectos: medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o lobbies con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.

El 27 de febrero de 2014, de nuevo en el Congreso de los Diputados, en la sesión posterior al debate sobre el estado de la Nación, se aprobó una nueva resolución de regeneración democrática y transparencia, igualmente con solo dos votos en contra. En el punto 5 de la misma se indicaba que el Congreso de los Diputados considera necesario impulsar, en el marco de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, mayor inmediatez, proximidad y efectividad del control parlamentario y contemplar la regulación de los denominados lobbies. Con relación a dichos mandatos y dicha reforma, durante la X Legislatura trabajó en el seno del Congreso de los Diputados una ponencia parlamentaria que trató de acordar un marco de consenso para abordar estas y otras cuestiones de esta naturaleza. En ella el Grupo Parlamentario Popular, con el objeto de aumentar la transparencia y la ética en nuestro Parlamento, puso de manifiesto en repetidas ocasiones la conveniencia de proceder a la regulación de los grupos de interés en el Reglamento de nuestro Congreso de los Diputados para que se dotase a la norma de gobierno y funcionamiento de la Cámara de la pertinente ordenación y regulación de funcionamiento de estos grupos.

El 25 de marzo de 2015 el Grupo Parlamentario Socialista decidió romper las negociaciones dentro de esta materia. Yo confío en que hoy estemos la inmensa mayoría de acuerdo con esta reforma. La regulación de esta realidad es un compromiso en nuestro programa de Gobierno. Textualmente, nuestro programa recoge que regularemos la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades. También hay compromiso con los acuerdos con los grupos. En el acuerdo firmado con Ciudadanos, concretamente en el bloque tercero, sobre transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, hay dos medidas, la 111 y la 114. La 111 es asumir el objetivo de situar a España a la vanguardia de las políticas y de las exigencias de un Gobierno abierto, más transparente en su gestión, más accesible en la respuesta a las demandas de los ciudadanos y más sensible con sus necesidades. En la medida 114, que complementa mucho la propuesta de hoy, se habla de aprobar un proyecto de ley sobre la actuación de los grupos de interés en la Administración española que, entre otros aspectos, incluya la creación de un registro público de lobbies en el que tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir sobre cargos o representantes públicos respecto de la elaboración y aplicación de políticas públicas. Además, tenemos el informe Greco, en el que se recomienda, en su recomendación segunda, expresamente la introducción de reglas sobre cómo los miembros del Parlamento traten con los grupos de presión y otras terceras partes que intentan influir en el proceso legislativo. Greco insta expresamente a las autoridades a adoptar medidas concretas en este sentido, dado que este tema ocupa un lugar destacado en la lista de preocupaciones públicas y concluye su recomendación segunda diciendo que la referida medida no se había implementado. Si


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miramos a nivel internacional, vemos que en Estados Unidos es un tema que está absolutamente regulado. Hay registrados más de 15.000 grupos de interés y hay casi medio centenar de empresas españolas. En Europa, la Unión Europea creó el registro de transparencia, donde este tipo de organizaciones pueden inscribirse de forma voluntaria y el objetivo es siempre el mismo, garantizar transparencia a los ciudadanos. Señorías, como ven, esto no es algo nuevo, hay antecedentes parlamentarios claros en nuestro partido, en los acuerdos con otros grupos parlamentarios y además esta medida es un compromiso claro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En su debate de investidura del 30 agosto de 2016 habla de mayor exigencia y ejemplaridad en la vida pública y nos dice que nos obliga a luchar por la regeneración democrática. Asimismo, en esta comparecencia el presidente propuso una regulación de los grupos de interés para salvaguardar la defensa del interés público. Por tanto, señorías, partimos de un compromiso del Gobierno del Partido Popular y de este Grupo Parlamentario Popular por aumentar la transparencia y la ética en nuestro parlamentarismo. Proponemos una regulación de los grupos de interés con el fin de mejorar el proceso legislativo haciéndolo más transparente y partiendo de la premisa de que la actuación de estos grupos es absolutamente legítima y constituye un mecanismo de creación de la sociedad civil y de participación de esta en la conformación de las políticas públicas y de la legislación, contribuyendo -repito- a mayor calidad de las leyes y mayor calidad democrática.

El objeto de esta modificación que proponemos es regular el estatuto jurídico en el que los grupos de interés se tienen que mover para dar seguridad jurídica a través del establecimiento de una definición inclusiva de lo que estamos hablando, qué personas o entidades se deben inscribir. Evidentemente, se recoge de una manera clara que son todos aquellos representantes de los grupos de interés que quieran mantener encuentros con los diputados y personal adscrito a su labor parlamentaria, con el objeto de trasladar sus intereses y propuestas. ¿Y cuándo hablamos de grupo de interés? Hablamos de grupo de interés cuando hablamos de personas físicas o jurídicas que llevan a cabo de manera organizada acciones para influir en el Poder Legislativo en defensa de los intereses de los ciudadanos que representan. Por tanto, se crea un registro público y obligatorio para, repito, garantizar la transparencia, y además aquellos entes o aquellas organizaciones o personas que se inscriban se deben acoger a un código de conducta con plena publicidad y transparencia. Finalmente, se establece un órgano encargado de la supervisión de este registro que se encomienda a la Presidencia de la Cámara con apoyo de la secretaría general.

Señorías, en el avance por la regeneración democrática estoy segura de que estamos todos. Hemos recorrido ya camino, pero nos queda mucho por recorrer. Esta proposición que hoy les presentamos, evidentemente, tiene por delante toda una tramitación en la que todos vamos a tener oportunidad de debatir, aportar y estoy segura que de construir juntos, pero hoy honesta y humildemente les pido el apoyo a esta toma en consideración para que asentemos así las bases de algo tan importante, un paso adelante, con el objetivo común de estar cada vez más abiertos a la sociedad, cada vez más cerca de la sociedad, pero también cada vez de una manera más transparente, más democrática y más justa. Nuestros ciudadanos se lo merecen y desde luego yo les pido aquí su apoyo para seguir trabajando juntos por este gran país. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para la regulación en el Reglamento del Congreso de los grupos de interés responde a una necesidad perentoria que ha venido esbozándose desde hace tiempo pero que solo se hizo patente en la fallida XI Legislatura con la aprobación unánime de una propuesta de reforma que había sido planteada por el entonces Grupo Parlamentario Catalán. Eso fue a finales de abril pero no pudo darse continuidad a aquel procedimiento porque un mes después el rey firmaba la disolución de las Cortes, una vez finalizado el plazo constitucional sin investir presidente del Gobierno.

Ante la más que previsible disolución de las Cámaras, ya se advertía en aquel debate que la creación y regulación de un registro de grupos de interés era otra asignatura que iba a quedar pendiente en la Cámara Baja. De ahí el valor que cobra esta iniciativa para avanzar, profundizar y mejorar los resultados de transparencia parlamentaria, dar un paso más, un paso adelante -como acaba de señalar la diputada señora Bonilla-; una materia donde la transparencia y el buen gobierno que determina la ley


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y que entró en vigor a finales de 2014 aborda de forma muy parcial, casi residual. Hoy continúan siendo válidos los argumentos que Foro esgrimió para dar su voto favorable a la propuesta sobre grupos de interés. En España hay mucha tarea que realizar y resulta oportuna una iniciativa que permite combatir las opacidades, eliminar aquellos resquicios de complicidad que pudieran existir y, asimismo, que esta sede de la soberanía nacional sea un ejemplo para las demás instituciones democráticas y una vanguardia para alcanzar los estándares de transparencia parlamentaria y legisladora; cuestión en la que, por otra parte, nos llevan ventaja la gran mayoría de los países de nuestro entorno y las instituciones representativas europeas, ante las que están reconocidas y registradas miles de organizaciones con estas características de lobbies. De hecho, la pormenorizada evaluación realizada por el capítulo español de transparencia internacional adjudica a España un suspenso y sitúa a nuestro país en el peor tramo en cuanto salvaguardas contra la influencia de vida y las normas que promueven un lobby ético en los sistemas políticos europeos.

Concluyo, señora presidenta, señalando que daré mi voto favorable a esta iniciativa confiando en que, al igual que el pasado año ante una proposición de reforma similar, esta sea respaldada por una muy amplia mayoría porque los ciudadanos exigen que el proceso de toma de decisiones de las instituciones que les representan debe ser lo más transparente posible para tratar de garantizar una actuación que inspire confianza en la elaboración legislativa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, también tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Quiero anunciar que Unión del Pueblo Navarro también votará a favor de la toma en consideración de la modificación del Reglamento para incluir este registro de intereses, como no podía ser de otra forma. Ya lo ha dicho la proponente, en el año 2013 en esa enmienda transaccional dentro de las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la Nación estaba, entre otras, la de Unión del Pueblo Navarro. Siempre hemos creído que era algo que debíamos hacer, otros parlamentos lo hacen con normalidad, incluso desde un punto de vista egoísta. Muchas veces la gente ve este hemiciclo vacío pero lo cierto es que muchos de los diputados que ahora no están, muchas veces están reuniéndose con gente. Forma parte de nuestro trabajo, es nuestra obligación escuchar a los ciudadanos, a los colectivos porque las leyes que aprobamos les afectan. En nuestra obligación está escucharles, atenderles, recibirles, saber cómo afecta a sus intereses. Por tanto, nos parece algo casi obligado. Por otra parte, la transparencia y la publicidad que pueden tener esas reuniones, al final, egoístamente, nos viene bien porque demostraremos que estamos trabajando; incluso, evitará cualquier tipo de tentación a la hora de explicar las posiciones de unos u otros.

Por ello, vamos a apoyarlo. Lo han presentado ustedes, ya se presentó en el pasado. Espero, como usted bien ha dicho, que en la tramitación se puedan incorporar las mejoras que otros grupos puedan proponer y así, al final, esta sea una medida que entendamos todos que es buena. En el fondo esa transparencia y esa publicidad y ese poner en valor el trabajo que aquí se hace nos debe dignificar. Esto era algo urgente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Me perdonarán pero esta repentina conversión del Partido Popular a la fe transparentista me produce un cierto escepticismo y una cierta desconfianza. Además, contrasta con su actuación diaria. Lo hemos visto en los últimos meses, borrado de discos duros, intento de retraso o de obstaculizar la comisión de investigación de financiación del Partido Popular y las célebres palabras de la actual secretaria general del PP y actual ministra para justificar la actuación de aquel tesorero del Partido Popular. Esto contrasta con hechos que todos hemos visto, por ejemplo, el informe de transparencia internacional. Hemos visto la actuación de este Gobierno aceptando las presiones de los lobbies en la Ley de reforma del sistema eléctrico, en el Real decreto de autoconsumo o recientemente con el cierre de la central nuclear de Garoña. No obstante, votaremos a favor de la toma en consideración, evidentemente, no de la propuesta,


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que llega tarde y de manera obligada. Es una proposición insuficiente, pobre, light, descafeinada y todos los adjetivos que ustedes puedan seguir sumando. Consideramos que llega tarde porque se hubiera podido hacer en 2013, cuando abordamos la Ley de transparencia -por cierto, Compromís presentó enmiendas a aquella ley para que se regulara el tema de los lobbies-. Contrasta con la celeridad con la que nuestro Gobierno, el Gobierno del Botánico, en menos de dos años, ha hecho una propuesta en este sentido. Es obligada porque el Gobierno no ha cumplido satisfactoriamente ni una sola de las once recomendaciones que el Greco hizo en julio de 2014 y que ahora aborda en el informe de 2016. Y todos los demás adjetivos porque se queda corta. Mientras no sean públicas las agendas de los altos cargos, incluido el Gobierno; mientras no haya información resultante de la actividad de los lobbies, mientras no se informe de las reuniones con documentos de los temas tratados y de las conclusiones a las que se ha llegado, mientras no haya una huella legislativa del registro de las modificaciones, los motivos o las impulsiones que ha recibido una ley, así como el dinero que dedican esos lobbies a hacer sus actividades, todo esto será, como decimos los valencianos, fum de botja, es decir, humo.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Se decía en una de las intervenciones anteriores que este no es un debate nuevo; llevamos tiempo reclamando la regulación de los lobbies y el señor Martínez Oblanca ha recordado que en abril del año pasado, en aquella corta legislatura, la Cámara ya tomó en consideración una proposición de ley en términos similares a lo que hoy se plantea. Lógicamente, en coherencia con la posición que hemos mantenido históricamente, nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa, eso sí, convencidos de dos cosas. En primer lugar, abrimos un debate sobre la reforma del Reglamento del Congreso, que es la crónica de un fracaso porque durante muchos años hemos sido incapaces de reformar este reglamento y la toma en consideración de esta iniciativa nos debería permitir abrir el debate no solo en lo relativo a la regulación del lobby en la Cámara, sino también a la modernización del propio Reglamento del Congreso. En segundo lugar, este es un debate -quizá muy técnico pero importante- sobre la accesibilidad a la información de esta Cámara a través de su página web; además, -y ahí invito a la Mesa a reflexionar- estamos muy lejos de los mejores estándares en páginas web para posibilitar el acceso a la información al conjunto de los ciudadanos. El debate de fondo, el debate que se nos plantea sobre la regulación del lobby es un debate sobre el reconocimiento del pluralismo político, el reconocimiento de la influencia que los grupos de fuera ejercen sobre esta Cámara, que es inevitable en democracia, de la necesidad de restaurar la confianza de los ciudadanos en estos mecanismos de participación para reforzar la confianza en el propio sistema político. Es un debate muy importante que nos debemos tomar muy en serio y en el que el esfuerzo de regulación del lobby en la línea de la transparencia no puede ser frustrado. En este sentido, seguramente en el texto que la señora Bonilla ha defendido hoy o en el texto que yo defendí, hay que introducir mejoras sustanciales.

Nosotros registramos en septiembre del año pasado esta misma iniciativa, introduciendo algunas mejoras; por ejemplo, regular la huella legislativa, que nos parece imprescindible; o exigirles a los grupos de interés mayor transparencia sobre su funcionamiento. Habrá que hacer un buen trabajo y las diputadas y los diputados del Partido Demócrata estaremos en ello.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se trae a debate hoy una reforma del Reglamento del Congreso para la regulación de los grupos de interés en su interacción con esta Cámara y para -se dice- aumentar la transparencia del proceso legislativo. Regulación a través de un registro público obligatorio donde constarán los lobbistas, dejarán constancia de sus reuniones y dejarán también constancia de la documentación entregada, así como de una serie de normas de conducta para los lobbistas y de un régimen sancionador.

Hemos de señalar que los individuos y los grupos siempre han tratado y tratan de influir en las decisiones de carácter público que les afectan; es algo consustancial a la vida pública en todas las épocas


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de la historia. El lobbismo, en particular, es expresión de un triple factor de nuestros días: el proceso de industrialización, el reconocimiento al derecho a la libre asociación y la afección a la actividad económica por la vía parlamentaria legislativa y reguladora. Esta expresión adquiere en nuestros días una gran relevancia, llegándose a decir por el profesor Villoria que la corrupción en los países desarrollados sería la de los mercados de influencia, así -sigue señalando- todas las fases de elaboración de una política pública entrañan riesgos de malas prácticas relacionadas con el lobby, y señala ocho ejemplos: uno, financiación de partidos políticos para obtener regulaciones beneficiosas una vez que los partidos financiados acceden al Gobierno; dos, puertas giratorias; tres, captura regulatoria y técnica, por ejemplo mediante el control de los grupos de expertos, la financiación de investigación sesgada o la financiación de congresos y reuniones profesionales a cambio de apoyo difuso a los intereses de los financiadores; cuatro, adopción de normas que generen voluntariamente lagunas para evitar los verdaderos controles; cinco, adopción de normas que debilitan las restricciones hasta convertir ciertas leyes en un verdadero ejemplo de meras fachadas; seis, debilitamiento de los controles y de la aplicación de las leyes; siete, entorpecimiento de la aplicación de sanciones a través de presiones a los decisores; y, ocho, redacción fraudulenta de términos de referencia en un contrato público para asegurar que lo obtenga un sujeto privilegiado. En nuestros días, todas estas prácticas adquieren especial interés con el tema del lobbismo porque, como señala el Consejo de Europa en 2013, en el informe sobre lobbismo y democracia, lo realmente preocupante es que el desinterés que se aprecia en los ciudadanos acerca de la participación en la vida pública coincide con el incremento de la participación de los diferentes grupos de interés o presión, y si bien el lobbismo puede resultar beneficioso para la democracia -sigue diciendo- porque puede contribuir al pluralismo y puede aportar determinados conocimientos especializados, también puede encerrar graves riesgos para la democracia, puede provocar una visión excesivamente parcial sobre un problema ya que el conocimiento especializado no es idéntico a democracia, y muchas políticas deben desarrollarse atendiendo no solo a una perspectiva concreta y especializada sino también desde una perspectiva general.

El informe hace también mención a las puertas giratorias en ambos sentidos como consecuencia del lobbismo, aunque concluye que los lobbies existen y que la mejor forma de evitar los efectos perniciosos de su actividad es regulándolos sin que sea suficientes su autorregulación. Regulación que ha de venir fundamentada principalmente en la exigencia de transparencia de la actividad lobbista y del regulador en el sentido de que la información general y concreta de su actividad debe ser accesible al público, sobre todo -y esto es lo importante- a aquellos que puedan verse afectados por la correspondiente regulación sobre la que han actuado los lobbies.

Para el Consejo de Europa, una regulación de los lobbies que fomente la transparencia puede incrementar el interés de los ciudadanos acerca del funcionamiento del sistema político y, por tanto, su participación. A lo expuesto por el Consejo de Europa recomendando su regulación para evitar los efectos perniciosos del lobbismo opaco, hay que sumar la crítica a España realizada por la Comisión Europea en el mes de febrero pasado por carecer de una regulación sobre los lobbies y desconocerse quiénes hacen lobby, cuánto dinero manejan y qué resultados obtienen. Parece, pues, llegado el momento de acometer una regulación en España, y cierto es que no es un debate nuevo. En los debates constitucionales ya se planteó. Alrededor del derecho de iniciativa se presentó una enmienda que incorporaba un apartado 4, que señalaba que una ley orgánica establecerá el control y registro para los grupos de interés que actúen de modo permanente. Sin embargo, la Constitución no recoge la participación de los grupos en la actividad política de una manera clara, ya que la participación política se establece casi en exclusividad para el ciudadano en sus manifestaciones, en sus modalidades de democracia participativa y de democracia representativa, con la excepción del artículo 105, que está para la elaboración de disposiciones administrativas, no de preceptos legislativos. En sede parlamentaria se ha tratado el tema -ya se ha comentado por distintos portavoces- desde el año 1992, pasando por la Ley 19/2013 -que, por cierto, fue una oportunidad perdida por no haber admitido enmiendas que llamaban a una ley reguladora de los grupos de interés y a un registro de intereses-, y también, como nos han señalado, en proposiciones no de ley de la legislatura pasada. Y en sede consultiva, el Consejo de Estado, en 2008 en el informe sobre la integración de España en la Unión Europea, ya apuntó la conveniencia de regular los lobbies a nivel nacional como instrumento facilitador de su acceso a nivel comunitario. En sede jurisdiccional son contemplados con normalidad por la Sala primera del Tribunal Supremo, al establecer que el contacto del lobby no es un contacto ilícito y también por la Sala segunda de lo penal al distinguir el acto de influir del acto de controlar y viciar. Ciertamente, dentro del Estado español en pocos lugares se encuentra regulado,


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siendo excepción Cataluña, creo entender que el Ayuntamiento de Madrid y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Parece que ha llegado el momento de regularlo, aunque no es una panacea.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta examinada tiene una serie de inconvenientes y deficiencias. Como una cuestión colateral, maliciamos que esta proposición pretenda un efecto bloqueador sobre otra iniciativa que tratamos la semana pasada en esta Cámara también para modificar el Reglamento, a efectos de controlar al Gobierno en el cumplimiento de los productos no normativos. Ya más concretamente respecto de la iniciativa que tratamos, observamos una serie de carencias que consideramos importantes. La primera es que los mercados de influencia no se concentran en la rama legislativa del poder político, sino principalmente en la rama ejecutiva, incluido todo el sector público, siendo esta mucho más atractiva para sus intereses que la legislativa. La segunda carencia que vemos es que no se establece ningún código de conducta para el parlamentario y personal de apoyo en cuanto a su relación con el lobbismo. La tercera deficiencia que vemos es que los lobbies por cuenta propia o ajena, es decir el lobby interno y el externo, no dicen en cada actuación por cuenta de quién actúan, cuánto dinero han dedicado a la gestión y qué resultados han obtenido. Se requiere, como señala el Consejo de Europa, una información general, pero también concreta de la actividad del lobbista, porque lo que se quiere saber es quién está presionando, sobre quién se está presionando, sobre qué se está presionando, cuánto se gasta en ello y qué resultados se han obtenido. Por último, también observamos una carencia porque solo se contempla como declarable la documentación presentada por el lobbista, pero no lo comunicado verbalmente. Todas estas cuestiones no quedan reflejadas en la iniciativa y, si no hay una regulación o es deficiente, esta se parece a un sistema clientelar de favores más que a un liderazgo honesto. En definitiva, señorías, un texto que presenta grandes lagunas en un asunto en el que no debe quedar sombra de duda de que ningún acuerdo comprometa la independencia y libertad de decisión de voto.

Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana celebramos que finalmente hoy el Grupo Popular proponga encabezar una reforma del Reglamento del Congreso sobre la regulación de los grupos de interés, en pro del desarrollo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No obstante, se han quedado ustedes cortos y, en ese sentido, creemos que la adaptación del Reglamento del Congreso de los Diputados a las disposiciones de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no puede limitarse solamente a la regulación de los grupos de interés; es necesario abordar una reforma de mucho más calado, mucho más amplia, si realmente hay voluntad real de transparencia, como estamos diciendo aquí. Hay muchos más aspectos que deberían incluirse en dicha reforma si realmente consideramos esto, que hay una verdadera voluntad de transparencia y de hacer una reforma del Reglamento del Congreso. De hecho, Esquerra Republicana, planteó en su momento -incluso cuando estábamos en el Grupo Mixto- cincuenta propuestas para la reforma del Reglamento. Daré una pincelada para que vean ustedes lo que realmente deberíamos hacer en este Congreso de los Diputados y no limitarnos simplemente a un punto. Por ejemplo, planteamos en su momento derechos, deberes y prerrogativas de los diputados y los grupos parlamentarios. Planteábamos, por ejemplo, la eliminación de la promesa de acatar o jurar la Constitución; la eliminación de los coches oficiales para los portavoces de los grupos parlamentarios, presidentes de Comisión y miembros de la Mesa; en el tema de derechos lingüísticos, pretendíamos el derecho de los diputados a usar oralmente o por escrito cualquier lengua oficial, el derecho de los diputados y grupos parlamentarios a presentar toda la documentación en cualquier lengua oficial; en la gestión parlamentaria y transparencia proponíamos la creación de una comisión parlamentaria permanente sobre el cumplimiento del Reglamento, en especial de los derechos de los diputados y de los grupos parlamentarios, así como el control del presupuesto de la Cámara, además de otros temas. En el tema de la incidencia parlamentaria, proponíamos incluso la supresión de las PNL en Pleno, debatiéndolas solo en Comisión para permitir la entrada de más proposiciones de ley en Pleno. En esos momentos planteábamos ya -hablamos de hace años- una reforma global y mucho más flexible y transparente de lo que sería el propio Reglamento del Congreso. Como ha comentado el compañero Campuzano, se abre con este debate una oportunidad real de plantear una buena reforma del Reglamento del Congreso y, en todo caso, no nos gustaría que se limitase simplemente a eso, si hay una clara voluntad, como comentaba, de transparencia.


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Ciñéndonos a la propuesta concreta que han presentado sobre la regulación de grupos de interés, hay cuatro puntos que de alguna manera cubriría esta reforma: regular el estatuto jurídico de los grupos de interés, estableciendo una definición inclusiva del concepto mismo; un registro público; un código de conducta; y, finalmente, un órgano encargado de la supervisión del registro que se encomienda a la Presidencia del Congreso con apoyo de la secretaría general. Son cuatro puntos, algunos de los cuales están desarrollados y que realmente plantean una definición muy concreta y otros que están simplemente abiertos y donde creo que se tendrá que trabajar mucho más. En el caso de Esquerra, simplemente quiero comentar que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en la de Cataluña, se ha creado, en virtud de la Ley del Parlament 19/2014, un registro sobre el tema de lobbies o grupos de interés e incluso hemos ido más allá creando el propio departamento de Justicia un registro común de grupos de interés para todo el sector público de Cataluña. De acuerdo con la Ley de transparencia de 2014, todos los entes locales han de disponer de un registro de grupos de interés, con la voluntad de facilitar el cumplimiento de la ley, tanto de los grupos de interés como de los entes locales. El departamento de Justicia convierte el actual registro de la Generalitat en uno nuevo válido para todas las organizaciones obligadas a tener uno. El registro de grupos de interés de Cataluña lo podrán utilizar todos los entes locales que lo deseen. Lo que hacemos, pues, es extender a la Administración pública un proyecto que realmente nace de una reforma. De esta manera el Gobierno da respuesta incluso a la inquietud del mundo local, que a través de la red de gobiernos transparentes había demandado la existencia de un registro común para facilitar esta obligación de la ley. Fíjense que la reforma de un reglamento permite extender la transparencia a otros ámbitos de la Administración pública. Por lo que se refiere al punto 4, relativo al órgano encargado de la supervisión del registro, que se encomienda a la Presidencia del Congreso con apoyo de la secretaría general, no nos gustaría que el propio registro fuese una fuente de control sobre qué grupos se incorporarían o no al mismo y que por tanto no se hiciera por criterios técnicos sino ideológicos. Lo que nosotros queremos garantizar es que realmente el registro de las diferentes entidades que se incorporan se haga atendiendo a criterios técnicos; no evitaremos con esto los contactos informales que pueda haber con otros lobbies, pero lo que sí hacemos es dar un marco normativo transparente y que todo el trabajo parlamentario se ciña a ese marco, que es lo que realmente nos interesa. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta reforma, pero nos reservamos el derecho de su aprobación o no en función de cómo se vaya desarrollando, de cómo se vaya trabajando en los diferentes puntos. A partir de ahí estamos abiertos a trabajar e incorporar nuevas enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular trae una propuesta para reformar el Reglamento del Congreso con el fin de regular la actividad de los grupos de interés, conocidos por todos como lobbies, y quiero empezar anunciándoles que mi grupo votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa. Nos alegramos de este impulso regenerador del Partido Popular, pero realmente nos gustaría que se extendiese. Ustedes traen hoy aquí la plasmación práctica del punto 114 del acuerdo que firmaron con nosotros para la investidura del presidente Rajoy, pero antes nos gustaría que empezasen por cumplir los seis puntos previos -la antesala- a ese pacto, seis puntos claves para la regeneración, en los cuales estamos encontrando alguna que otra reticencia. Nos gustaría que ese impulso regenerador se ampliase al cumplimiento de la totalidad de esas 150 medidas, pero sobre todo a los seis puntos previos al propio pacto.

Como saben, este Parlamento ha aprobado recientemente la tramitación de una proposición de ley de mi grupo para garantizar la lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes. Se trataba de una ley ambiciosa, integral, que buscaba un tratamiento rápido y eficaz contra la corrupción. Lo hacíamos guiados por los principios de transparencia, responsabilidad y control, y entre los cambios que introducíamos precisamente planteábamos la regulación de la actividad de los lobbies por medio de un registro público y obligatorio, así como la creación de un código de conducta y un régimen sancionador, regulación que pretendíamos extender a la Administración General del Estado y que dejaba fuera por su autonomía legislativa y funcional a las Cámaras legislativas. En buena medida, con esta proposición de ley se amplía esa regulación que estábamos impulsando. Antes de este acuerdo, en algunos acuerdos autonómicos para la constitución de los gobiernos salidos de las elecciones autonómicas y locales ya habíamos incluido la obligatoriedad de regular la actividad del lobby. Un ejemplo es la Comunidad de Madrid, donde se está


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tramitando una ley de transparencia y paralelamente una reforma del Reglamento de la Asamblea que también recoge la regulación de los lobbies en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Nosotros siempre hemos creído que la regulación de los grupos de interés es un paso importantísimo para regenerar nuestro sistema democrático. Un sistema en el que demasiado a menudo las leyes y las políticas se han decidido en la penumbra entre los representantes políticos y los grupos más cercanos al poder. Ese llamado capitalismo de amiguetes que largamente hemos padecido ha tenido mucho que ver con esas malas prácticas de quienes confunden la defensa legítima de sus intereses con el ventajismo y la captura regulatoria.

Señorías, soy un convencido de la vigencia hoy de aquella máxima del gran jurista americano de la Corte Suprema de Estados Unidos del siglo pasado, Louis Brandeis, según el cual no hay mejor desinfectante que la luz del sol. La regulación de los grupos de interés servirá, por tanto, para normalizar una actividad que ya está plenamente reglada en la mayoría de los países de nuestro entorno, también en las instancias supranacionales de la Unión Europea. Nosotros no queremos estigmatizar una actividad que permite la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo y en el de toma de decisiones de las autoridades administrativas. Nada hay de sospechoso en que las empresas, los sindicatos, las ONG y, en definitiva, los ciudadanos, anónimos u organizados, puedan acceder a sus representantes con el fin de influir en las políticas que se implementan. Eso en realidad es lo que ocupa la mayor parte del tiempo de actividad de este Parlamento, y ustedes lo saben. Es algo perfectamente legítimo, siempre que sea con publicidad y transparencia, a la luz del sol.

Regular la actividad de los grupos de interés no solo reconocerá el estatus de normalidad de lo que ya es plenamente normal, sino que servirá para garantizar la libre competencia en el acceso a los representantes y también, por qué no, para desalentar a quienes están acostumbrados a urdir asuntos con el poder en las sombras, explotando tratos de favor indebidos y desatendiendo la ética y la honestidad. En el ámbito legislativo, los ciudadanos tienen derecho a conocer con quién se reúnen sus representantes y con qué fines. Es importante que conozcan de qué modo formamos nuestra opinión los legisladores; no solo es importante sino que es un derecho, para nosotros forma parte de eso que consideramos derecho fundamental al acceso a la información pública. Una ciudadanía mejor informada es una ciudadanía más crítica y más exigente, y esto obliga a tener unos representantes públicos con mayores obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas.

En el camino de la regeneración de nuestra democracia queda mucho trabajo por hacer, sin duda, pero parece que vamos en la buena dirección. La tramitación de la ley de lucha contra la corrupción que planteamos aquí hace dos semanas, que esperemos que no se encalle en la tramitación legislativa, y esta regulación que hoy se trae aquí son, sin duda, una señal de que algo está cambiando en la política española. Además, creemos que sería deseable replicar esta reforma en los distintos Parlamentos autonómicos, donde seguramente la mayoría de los grupos que estamos en esta Cámara tenemos representación, a fin de mejorar esa transparencia en la totalidad de los órganos legislativos de las comunidades autónomas. Quizá esto podría ser objeto de un gran pacto. También reconocemos -lo decía el señor Campuzano y, de alguna manera, el señor Eritja- que esto abre el melón de la reforma del Reglamento de la Cámara. Nosotros hemos formulado una serie de aportaciones para la modernización del funcionamiento de esta Cámara legislativa. Lo que no nos gustaría es que esa aspiración a una gran reforma del Reglamento en su conjunto impidiese los pequeños o grandes avances que se pueden conseguir en algunas reformas puntuales, necesarias e imprescindibles, y sobre las que podemos alcanzar un acuerdo, como puede ser esta de los lobbies; que las grandes aspiraciones, esos grandes pasos, no nos impidan alcanzar los pequeños pasos que tenemos al alcance de la mano. Eso sería un ejemplo para esta reforma reglamentaria, pero también para otras reformas que están a la espera.

Señorías, solo desde una profunda o interesada ingenuidad cabría sostener que proscribir o estigmatizar la actividad lobbista profesional o definirla sesgadamente, como hacen algunos, sirva para evitar las capturas regulatorias. Ya deberíamos haber aprendido en España, un país donde el lobby ha estado tradicionalmente poco desarrollado, cuando no estigmatizado, que las capturas regulatorias, las colusiones, todo tipo de decisiones interesadas y chanchullos, llamémoslo así, poco transparentes, desgraciadamente han estado y están a la orden del día. Solo hace falta pasearse por cualquier informativo. Por lo tanto, nosotros creemos que la falta de regulación de los grupos de interés, de los lobbies, es uno de los motivos que han propiciado la proliferación de este tipo de conductas absolutamente indeseables. Nosotros creemos en un ejercicio profesionalizado, regulado, absolutamente visible del lobby, y eso permite identificar mejor a quien trata de influir y también a quien se deja influir. A la vez, que sea un


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proceso legislativo más transparente, que mejore la trazabilidad de las leyes y las decisiones, eso que alguno ya ha definido como la huella legislativa, en la que nosotros creemos que es muy importante avanzar, facilita, desde luego, el trabajo de los grupos de interés, pero facilita algo que a nosotros nos parece esencial, que es la capacidad de fiscalización de los ciudadanos del trabajo y el desempeño de sus representantes. Por lo tanto, nos parece que es muy necesario.

En definitiva, señorías, esta proposición de ley tiene carencias, que nosotros trataremos en buena medida de mejorar y concretar en el trámite legislativo con las correspondientes enmiendas, pero compartimos el objetivo y la necesidad de regularlo y, desde luego, compartimos -espero que compartamos- no solo con el Grupo Popular, sino con el conjunto de la Cámara, el objetivo de conseguir una política más realista, pero también una política mucho más limpia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Popular propone la regulación de los lobbies con un corta y pega de lo que no ha funcionado en Europa. Hoy, el Grupo Popular presenta poco menos que un esperpento del registro de lobbies de Bruselas obsoleto e ineficaz, que está en proceso de ser modificado y ampliado, precisamente, por haber sido considerado estéril en la práctica. Nosotros siempre estaremos a favor de medidas que combatan la corrupción, que estén en línea de mejorar los mecanismos de control democrático y que pongan freno a las puertas giratorias, pero no proponiendo una regulación de los lobbies hueca para que nada cambie, para continuar institucionalizando prácticas opacas.

En nuestro grupo entendemos que es fundamental para un sistema democrático que las instituciones interactúen y discutan con los distintos actores sociales y económicos sobre iniciativas que puedan afectarles directa o indirectamente. Creemos en la interacción como una actividad legítima e indispensable para ahondar en el proceso democrático. Es fundamental que la pluralidad de la sociedad quede reflejada en las leyes y las propuestas de esta Cámara. Por eso, entendemos que el objetivo fundamental de la regulación de los lobbies es la de asegurar la transparencia del impacto de los grupos de interés en los procesos de toma de decisión política, así como visualizar la influencia de estos sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos a favor de realizar un registro de lobbies que sea capaz de aportar en medidas de transparencia y de acceso a la información, y que asegure un lugar de representación para todos los actores sociales en el proceso de toma de decisiones en iguales condiciones. Pero queremos una propuesta seria, inteligente, innovadora y eficaz. No nos vale cualquier propuesta, porque no todo vale, señorías.

Lejos de lo que se propone con esta reforma, necesitamos asegurar la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, de los que por falta de medios u organización acaban siendo los más perjudicados por los efectos prácticos de las leyes en las que no se les ha tomado en cuenta. Esta propuesta, señorías, no recoge garantías para evitarlo. Necesitamos medidas reales que aseguren la participación, la transparencia y la integridad real en el proceso de toma de decisiones políticas, pero también necesitamos que se hable de acceso público a la información, de un mecanismo de sanción de incumplimiento de los parámetros de transparencia y de órganos independientes con capacidad de intervención en casos de corrupción o manipulación, cosas que están ausentes con esta escueta e insuficiente reforma del Partido Popular. La voz de la ciudadanía debe tener un lugar fundamental en la toma de decisiones políticas y no ser diluida en un registro poco integrador, vacío de contenido y de control como el que propone. Se han olvidado de articular un mecanismo que sea capaz de controlar la acción de los propios diputados y diputadas, que sea aplicable también al Ejecutivo, por qué no, y a los trabajadores de esta Cámara.

Esta reforma pretende que nos creamos que fuera de esta Cámara no se hace lobby, que el lobby se hace únicamente cara a cara, que los informes e información que circula entre lobbistas y legisladores solo cuentan si están impresos en papel y entregados durante una reunión. Basta ver la actualidad política de los últimos años para comprender la omnipresencia de la trama de intereses de este bloque de poder construido desde la Transición para ver que fuera de esta Cámara los intereses de esas élites económicas han usado y siguen usando de su influencia política y de su notable impunidad precisamente gracias a esa influencia extraparlamentaria. Nos parece cuando menos frívolo que se pretenda regular la actividad de


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los grupos de influencia con un registro de nombres y un código de conducta no vinculante, que hace un llamamiento a la ética, pero que no pretende controlar ni sancionar a quien no lo cumple.

Creemos, señorías, que es fundamental que esta reforma abarque cuestiones que aquí quedan en el cajón del olvido, por ejemplo, la responsabilidad de los diputados y las diputadas de mantener parámetros de transparencia de sus agendas, de sus reuniones, saber de dónde provienen los informes que utilizan para la legislación. Si bien aplaudimos un registro público obligatorio, no se tiene en cuenta en ningún momento la regulación del lobby indirecto. Todos sabemos que olvidarse de la definición de lobby indirecto tiene serias implicaciones en términos de calidad democrática. El lobby no solo consiste en contactos cara a cara, sino en el trabajo indirecto para influenciar sobre la imagen que tienen los legisladores sobre determinados temas por medio de la producción de informes de investigación con fines exclusivamente de influencia política, campañas a través de medios de comunicación, eventos, etcétera. Todo esto es también lobby y, por tanto, debe ser regulado.

En primer lugar, el problema de esta propuesta es la definición de lobby, que literalmente expongo: Se considera por grupo de interés aquella persona física o jurídica que lleva a cabo de manera organizada acciones para influir en el Poder Legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros. El problema de esta definición es lo que no está. ¿Entidades que no tengan miembros como tal, son lobbistas? Según esta definición no están recogidas grandes empresas que realizan lobby in house, empresas de comunicación, consultoras, despachos de abogados, que dedican gran parte de su tiempo y recursos a actividades de influencia política. Y, más aún, ¿qué significa de manera organizada? ¿Profesional? Si es así, ¿los lobbistas sin relación laboral clara o remuneración directa quedan también fuera? Olvidar la inclusión de intermediarios y asesores de lobby, quienes indican con quién reunirse, cómo redactar enmiendas o cuáles son los mejores argumentos y técnicas de influencia, es olvidarse de regular el verdadero núcleo de lo que realmente hace un lobby.

Esto quiere decir que bajo esta definición solo se agruparían asociaciones sectoriales que trabajan conjuntamente para alcanzar un mismo objetivo, o sea, organizaciones de pequeñas y medianas empresas y organizaciones no gubernamentales. Es decir, en la mayoría de los casos, aquellos a los que a duras penas consiguen defender sus intereses o al menos que se oiga su voz. Sin embargo, se deja fuera del registro precisamente a los bufetes de abogados, a las agencias de comunicación y a las grandes empresas especializadas en lobby que trabajan para sus clientes, asociados o empresas. (Aplausos). Creo que en este punto todos somos conscientes de la inmensa importancia que tiene el lenguaje y la terminología en la redacción legislativa.

El segundo problema está en el mismo código de conducta. Si bien celebramos que se proponga un código de conducta, tal y como está planteado no tiene carácter vinculante para el legislador ni para el lobbista, por tanto, el único sentido que tiene es simbólico. Creemos que un código de conducta debe traspasar la voluntariedad de su cumplimiento si no queremos estar otra vez en el ámbito de la política cosmética que tanto gusta al tripartito.

¿De qué no se habla en esta reforma? No se establece un órgano independiente capaz de controlar de manera neutral las acciones que quieran legislar; no se habla en profundidad de temas de transparencia, como puede ser la publicación de las agendas de los diputados y las diputadas; no hay un control ni se proponen sanciones sobre la acción irregular de los diputados y las diputadas ni a su personal adscrito; no se proponen medidas reales contra las puertas giratorias; no se propone dar acceso público a los documentos que se manejan entre los grupos de presión y los diputados y las diputadas; no se habla del tipo de información que se intercambia; no se facilita información sobre los presupuestos que se manejan para realizar lobby; no se regula el lobby indirecto; no se propone un control de dónde vienen los informes que se utilizan ni quién está detrás de ellos.

Señorías, escuchar a los lobbies profesionales para una regulación para ellos mismos está muy bien, pero es más importante escuchar a todos los actores y garantizar la pluralidad de opiniones y posturas. No se puede trasladar su mensaje tal y como los grandes lobbies lo plantean, porque estos nos harían cómplices del recorte de derechos y del alejamiento social de las decisiones políticas que propone esta medida. Por supuesto que es importante que los lobbistas tengan cierta seguridad jurídica, sin embargo, no es posible que la regulación del lobby se base en la bandera de lo que no ha funcionado, que se trasponga la ineficacia en este ámbito de manera frívola, cambiando algo para que nada cambie.

Acabo ya. Esta propuesta no protege la pluralidad, la libertad y la toma de decisiones políticas. La transparencia no puede ni debe pactarse en contra de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Esta propuesta está teñida del color de los grandes lobbies, los que trabajan al


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servicio de las grandes corporaciones, alejando a la ciudadanía de la política, abriendo puertas giratorias a los representantes públicos. Esta propuesta mantiene fuera del alcance del control público a los intereses de las élites económicas, a las influencias del poder sobre el sistema democrático. Este tipo de medidas son las que nos llevan hacia el desgaste de los derechos sociales, los que alejan a la gente de los ámbitos de decisión política. Esta regulación debe servir, por el contrario, como una palanca para empezar a levantar el velo sobre la opacidad heredada del bipartidismo, como un ejemplo democrático de inclusión de la sociedad en la vida política y no para dejarla otra vez en manos de las grandes corporaciones y lobbistas, que son sin duda los autores de trastienda de esta proposición de reforma. Aceptar esta reforma tal y como está redactada sería dar otro paso atrás en la conquista de los derechos de participación y transparencia, sería continuar deteriorando la democracia, y ya llevamos demasiados pasos atrás.

No compartimos la ambigüedad ni la falta de profundidad que se propone por lealtad a la representación que nos han dado, por respeto a tantas personas anónimas perjudicadas, por seguir denunciando las maniobras de los que no se presentan a las elecciones y actúan desde la trastienda política a través de estos lobbies trasnacionales, de los que imponen precariedad a cambio de pelotazos, de los que se enriquecen cada vez más con el empobrecimiento de la ciudadanía, vaciando de contenido nuestras democracias. No podemos votar sí a una nueva maniobra de la trama para oscurecer los verdaderos espacios de poder. Cambiar algo para que nada cambie. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Císcar Casabán.

El señor CÍSCAR CASABÁN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la proposición que se nos presenta por parte del Grupo Parlamentario Popular contempla, según su propia exposición de motivos, la regulación del estatuto jurídico de los grupos de interés y especialmente mediante cuatro medidas: la definición del concepto mismo de grupo de interés; la creación de un registro público de carácter obligatorio, en el que deban inscribirse los representantes de estos grupos; el establecimiento de un código de conducta al que deban someterse, y la determinación del órgano encargado de la supervisión del registro, que se encomienda a la Presidencia del Congreso de los Diputados, con el apoyo de la secretaría general. Lógicamente, atendiendo al ámbito de regulación, que es el Reglamento de la Cámara, esta norma afectaría exclusivamente a las actividades que desarrollarían los grupos de interés en el ámbito del Congreso de los Diputados en relación, por tanto, con las diputadas y los diputados.

El Grupo Parlamentario Socialista es partidario de regular la actividad de los lobbies o grupos de interés. Regular los grupos de interés es una medida imprescindible para mejorar la calidad de nuestra democracia y especialmente para mejorar la calidad del funcionamiento parlamentario, del propio Parlamento. Lo hemos sostenido en esta Cámara los diferentes grupos políticos en los últimos años y también lo hemos urgido en instancias internacionales y nos lo han urgido a nosotros mismos. El 10 de octubre de 2016 se hizo público el informe sobre España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa en el marco de su cuarto ciclo de evaluación sobre prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Este informe, conocido como informe Greco 2016, concluye que nuestro país no ha cumplido de manera satisfactoria ninguna de las once recomendaciones contenidas en su informe de evaluación del ciclo de 2014. Sin paliativos, califica como globalmente insatisfactorio el grado de cumplimiento de sus recomendaciones anteriores y conmina a España a presentar un nuevo informe en el que se dé cuenta sobre nuevos progresos y establece en todo caso como fecha límite el 31 de julio de 2017.

Entre las recomendaciones que no se han cumplido se encuentran las relativas a regular las relaciones entre parlamentarios y grupos de interés o terceros que pretendan influir en el proceso legislativo. Se ha dicho desde esta tribuna al tratar esta iniciativa que ha habido iniciativas anteriores, algunas que decayeron al finalizar la XI Legislatura, otras que han sido planteadas, y más recientemente, en la propia Comisión de Justicia, el 20 de diciembre, ante una propuesta planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, se pudieron discutir estos temas y determinar algunas precisiones, entre ellas la de la necesidad de la regulación de los grupos de interés, momento en el cual el propio Grupo Parlamentario Popular, por esta o por otras razones de las que allí se contenían, se abstuvo y no votó favorablemente esa propuesta, si bien hoy nos plantea precisamente la regulación de los grupos de interés con el contenido que establece en esta iniciativa. Por tanto, no solo tenemos que regular esta materia, sino que entendemos que por todos los antecedentes, las distintas propuestas que se han formulado en la Cámara, es ya urgente hacer esta regulación.


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No obstante, mi grupo considera que la iniciativa se queda corta, que no responde a todas las necesidades y a una regulación lo necesariamente amplia que requiere esta cuestión, pues se limita prácticamente a crear un registro parlamentario. En cuanto a la definición que realiza, sirve exclusivamente para delimitar las entidades o personas que deben someterse a esta inscripción, y el incumplimiento del pretendido código de conducta solo tiene como consecuencia la cancelación de su inscripción y la prohibición de acceso a la Cámara. Somos partidarios de regular la actividad del lobby, no solo ante el Poder Legislativo, sino también ante el Gobierno y la Administración, y su actuación debe ser transparente, informando pública y periódicamente de sus actividades, pero también la de los altos cargos, que deberían dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies, del contenido de los mismos, de la representación que ostentan y de los resultados que se obtienen en esas decisiones. Es fundamental, por tanto, regular el lobby allí donde se toman las decisiones. Si pusiéramos el control de los lobbies exclusivamente aquí, estaríamos distrayendo la atención sobre el peso real de los lobbies en el Gobierno y en la Administración. Probablemente me dirán que la regulación de los grupos de interés en el ámbito parlamentario no impide que se regule también esta actividad en las administraciones. Ciertamente. Pero el orden en la regulación, a nuestro juicio, debería haber sido el inverso. El Gobierno debería haber remitido a las Cortes un proyecto de ley reguladora del régimen jurídico de los lobbies o haber incluido esta regulación en los proyectos de ley que ya remitió en 2014 sobre el estatuto de los altos cargos para que después las Cámaras hubieran podido adaptar sus reglamentos a los principios y líneas básicos de regulación que, establecidos por ley, las administraciones públicas tuvieran que cumplir.

En todo caso, señorías, la regulación tiene que ser homogénea y coherente. Así se ha hecho en las instituciones europeas, donde el establecimiento del registro de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia, que participan en la elaboración y en la aplicación de las políticas de la Unión Europea, se llevó a cabo mediante acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea el 23 de junio de 2011.

La participación ciudadana constituye uno de los pilares de la construcción de los sistemas democráticos y de entre todas las formas posibles de participación deberían potenciarse las que generan efectos positivos para el funcionamiento de las democracias, en las instituciones y en las políticas adoptadas. Por eso, desde la perspectiva de la mejora de la calidad democrática, se insiste en la participación que se canaliza a través del asociacionismo. Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático, se debe favorecer la implicación de las asociaciones en la coordinación y cooperación política, pues constituyen una pieza clave en las nuevas formas de gobernanza. Por eso hay que pensar también en los mecanismos a través de los cuales se produce esta participación y promover mecanismos deliberativos antes que los de la participación directa o a título individual.

Estas consideraciones generales son también necesarias para reflexionar sobre el papel del Parlamento, un sistema de representación y participación ciudadana. El verdadero reto a plantear es de qué forma puede transformarse en una institución más deliberativa y a la vez más receptiva de las demandas ciudadanas sin olvidar reforzar su labor de control del Ejecutivo; función de legislar, foro de deliberación, control del Poder Ejecutivo. Para ello sería importante modificar muchos de los procedimientos, pues el objetivo es facilitar esa presencia de la sociedad civil sin alterar el rol representativo del Parlamento y de los parlamentarios. De ahí que más que fomentar la participación directa o a título individual sea conveniente aumentar la visibilidad de la conexión de los representantes con la sociedad civil. Para mejorar esta representación deberíamos promover un Parlamento como foro más deliberativo, especialmente en las comisiones, transformándolas en lo posible en espacios de carácter sectorial para la discusión de las leyes, pero también para el debate con organizaciones sociales especializadas, lobbies, en este ámbito, donde tendrá más sentido la revisión de la interacción de los parlamentarios con los grupos de interés para evitar que el mecanismo de participación sea la visita al parlamentario individual. Por tanto -y termino-, requiere la necesidad de una reflexión profunda sobre nuestro Reglamento, la necesidad de acometer una ponencia que estudie todos estos aspectos para con la contribución de todos poder llegar a una solución más democrática en el funcionamiento y más participativa por parte de la sociedad.

En el ánimo de iniciar esta posibilidad de trabajo con las aportaciones que ahí hagamos, comunicamos que nuestro voto será favorable a la toma en consideración, si bien esperamos que la tramitación de la reforma que se inicia no se quede solo en la mera regulación de un registro parlamentario, como de alguna manera plantea esta iniciativa.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA LEY 23/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 162/000331).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

El sistema de protección social español ha sido la clave de bóveda de un sistema construido por arterias en forma de prestaciones que a lo largo de toda la época democrática se ha consolidado, un armazón que ha sido la red de protección para muchos ciudadanos, ha alcanzado su máximo sentido para paliar los efectos de esta maldita crisis, provocada, como diría Antón Costas en su último libro, por un capitalismo ultrafinanciero que ha actuado a sus anchas y sin límite alguno; una crisis, señores del Partido Popular, que les ha servido a ustedes de disculpa para sentar las bases de su propio sistema de Estado del bienestar y desballestar el sistema de protección social tal y como lo hemos conocido hasta ahora, es decir, el debilitamiento de todo aquello que suene a bien público.

Señorías, hoy en esta legislatura todos y desde el máximo consenso tenemos el reto de redibujar y consolidar en mayor grado nuestro sistema de protección social. El Grupo Socialista tiene esta pretensión y cree poder afirmar que la gran mayoría de grupos parlamentarios también. Con este motivo se presenta esta iniciativa. Dos son los temas que el Grupo Socialista ha querido focalizar desde el inicio de esta legislatura: en primer lugar, atacar de forma urgente el desequilibrio económico financiero, y en segundo lugar, atacar las situaciones de pobreza y debilidad de los ciudadanos. Se trata de dos urgencias que han sido corroboradas por un gran número de expertos, así como por un importante número de grupos parlamentarios.

La aplicación perversa y caprichosa de la fórmula de revalorización implantada en solitario por el Partido Popular en 2013 confirma la segura pérdida del poder adquisitivo en caso de inflación positiva y la urgencia en el déficit de la Seguridad Social. Salvo que lo remediemos, supondrá la pérdida en diez años de más de un 13 % del poder adquisitivo, a lo que habrá que sumar un punto por año como consecuencia del copago farmacéutico. Esta iniciativa pretende revertir esta situación. Su reforma, la reforma del año 2013, ignoró los artículos 41 y 50 de la Constitución y les debo recordar a los señores del Partido Popular, así como a los señores de Ciudadanos, que el derecho a la adaptación y revalorización forma parte intrínseca del derecho a la pensión.

Señorías, los beneficiarios de las pensiones están más expuestos que el resto de la población a los caprichos de la inflación y de la coyuntura económica. Esta es una práctica universal, así lo dice la OIT y el resto de países que nos rodean. Es más, España es el único país al que no afectan los precios ni los salarios a efectos de la revalorización de las pensiones. Señorías del PP, ustedes insisten en esa afirmación tan peculiar de que hoy se pagan más y mejores pensiones. Pues para más de 4,5 millones de personas que están bajo el umbral de la pobreza -y así lo dijo el representante de Cáritas- esa afirmación no sirve, es deleznable y, sinceramente, es deshonesta. Las pensiones juegan un papel crucial en la lucha contra la pobreza y, por otra parte, posibilitan a familias enteras vivir una vida más digna y con más oportunidades. Aquí les queremos decir que la oportunidad de revertir la situación de pobreza en la que se encuentran no solo un 14 % de trabajadores, que también, sino esos 4,5 millones de pensionistas la tenemos aquí, en esta tribuna y, evidentemente, en este Pleno.

Señorías, es un momento trascendental y lo saben, no para el Grupo Socialista ni para quien interviene ahora, esta portavoz; es un momento trascendental para revertir una reforma que fue hecha sin consenso, alterando totalmente las reglas de juego y dejando al albur de los efectos inflacionistas a multitud de pensionistas. Esta iniciativa va mucho más allá de este grupo. Estamos hablando de lo que queremos ser como sociedad, como presente y como futuro. Estamos hablando -y así lo dijo el representante de Cáritas- de nuestra talla democrática y moral como políticos. Igual que hemos sido y debemos ser responsables con nuestras decisiones, también tenemos la obligación de luchar y no resignarnos ante las


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dificultades o las adversidades. Sin desconocer los problemas demográficos, de sostenibilidad, del mercado laboral, lo cierto es que hoy más que nunca se nos exigen soluciones desde el consenso, efectivamente, pero de forma ágil y efectivas. El informe presentado hoy por la OCDE dice que España continúa creciendo -y nos alegramos-, pero que también crece la desigualdad. También hoy a través del INE hemos conocido los datos de la inflación y de nuevo vuelve a ser un 3 %, confirmándose el 3 % de enero. Señorías, el sistema de protección social y, en concreto, las pensiones son una herramienta de transformación profunda que va mucho más allá de los términos economicistas con los que nos quieren convencer ustedes, los señores del PP. Si alguien piensa que el futuro está en cada uno de nosotros y somos nosotros de forma individual quienes tenemos que garantizarnos nuestro futuro y nuestro bienestar, está muy equivocado. Terminar individualizando las soluciones es individualizar los riesgos, lo que nos hace mucho más vulnerables como ciudadanos y nos sitúa en una clara posición de desventaja como individuos para acabar siendo absorbidos, tal y como dice Antón Costas en su libro, por el capitalismo desaforado.

Señorías, recuperar la confianza de millones de ciudadanos es imprescindible porque están esperando respuestas de forma inmediata, fundamentalmente las personas vulnerables pero también el resto de nuestra sociedad. Esta iniciativa requiere una respuesta inmediata y recuperar aquello que en su momento, en 2013, los señores del Partido Popular abandonaron y dinamitaron, que fue el consenso en el Pacto de Toledo. Sí, señorías, el Pacto de Toledo se dinamitó en el año 2013 cuando se aprobó una reforma de manera unilateral, sin ningún tipo de consenso y con las cartas marcadas. Y les advertimos, señorías.

Nosotros llegaremos a un consenso en las recomendaciones, lo dijimos desde el primer día, incluso con aquella PNL indecente que presentaron ustedes, señores del Partido Popular, pidiendo que se volviera a constituir el Pacto de Toledo. El Partido Socialista está ahí, hemos llegado a consensos y lograremos otros, pero lo que tenemos que hacer hoy es dar respuestas a estos pensionistas que nos están esperando. Pero no solo hemos de responder a los pensionistas, sino que tendremos que pensar en las personas, en los jóvenes, que tienen que creer que el sistema de protección español es de los más garantistas y que en este momento no creen. Reviertan esa reforma y nos tendrán ahí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Buenas tardes.

El acceso a una pensión que permita llevar una vida digna a las personas que deben percibirla es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, algo que está lejos de ser una realidad a día de hoy y en serio riesgo de empeorar a futuro si no se toman medidas correctoras de forma inmediata. Lejos de lograr este objetivo, las reformas que se han venido realizando han llevado a amplios sectores de la ciudadanía a no poder acceder a una pensión digna. Si bien las pensiones de viudedad, las pensiones mínimas no garantizaban unos ingresos mínimos ya desde su origen, a estos colectivos se suman ahora otras muchas personas pensionistas que ven como la brecha entre salario y pensión va aumentando a la par que disminuye su capacidad de gasto.

Para justificar los recortes aplicados por medio de estas reformas, el Gobierno utiliza como excusa, por un lado, la crisis económica y, por otro, las repercusiones negativas que puede tener el incremento de la esperanza de vida en el sistema de pensiones, pero lo que se busca esencialmente es la reducción del gasto público. Eso es lo que ha supuesto en última instancia desvincular del IPC la revalorización de las pensiones, lo que en lugar de acercarnos a la dignificación de las mismas nos ha alejado aun más de este objetivo. Ya hay cálculos de las consecuencias de este cambio a largo plazo que nos hablan de una pérdida del poder adquisitivo del 7 % entre 2013 y 2022. Por tanto, necesitamos actuar contra las reformas, sí, pero también dar un paso más, tenemos que conseguir un sistema que garantice que la cuantía de las pensiones no sea inferior al umbral de la pobreza que la Unión Europea establece que debe calcularse sobre el equivalente al 60 % del salario medio de los trabajadores de su entorno, lo que llevado a la realidad, al menos de Euskal Herria, supondría que las pensiones no fueran inferiores a 1.080 euros al mes y la realidad actual es que tanto en Euskal Herria como en el resto del Estado están muy lejos de estas cifras.

Esa es nuestra exigencia y por eso presentamos nuestra enmienda que, junto con la transferencia de la Seguridad Social, podrá llevar todo esto a la práctica.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo fue crítico con la reforma del año 2013. Nos parecía que, más allá de que esa reforma no fue consensuada, abría el camino al empobrecimiento de los pensionistas. Ni que sea tan solo por esa razón compartimos el planteamiento que hoy nos formula el Grupo Parlamentario Socialista con su iniciativa, pero mi grupo también está convencido de que es imprescindible recuperar el consenso en el Pacto de Toledo, que hay que hacer el esfuerzo para ser capaces de construir una nueva mirada en materia de pensiones que en 2013 se rompió, y la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, si hubiese voluntad política por parte de todos los grupos, nos permitiría empezar a construir ese consenso. La cuestión relevante en la construcción de ese nuevo consenso en materia de pensiones es si todos los grupos compartimos el principio de que el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y proteger a los pensionistas del riesgo de la inflación debe estar en el centro de la revalorización anual de las pensiones. Este es el debate.

Vistas las enmiendas que han formulado los distintos grupos -nosotros no hemos formulado ninguna-, si existiese voluntad política de ponernos de acuerdo en esa idea, en la idea de que el objetivo de la revalorización anual es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y proteger al pensionista del riesgo de la inflación, quizás podríamos alcanzar el acuerdo. Ojalá hoy todos los grupos, especialmente el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, y especialmente el grupo del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, tuviesen la voluntad de alcanzar ese acuerdo.

Las diputadas y los diputados del Partit Demòcrata estamos abiertos y nos alegraríamos de que ese consenso fuese posible. Es evidente que si el consenso parte de renunciar a ese objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo y no proteger al pensionista del riesgo de inflación, nosotros no estaremos ahí. Yo espero que durante esta tarde aún se pueda alcanzar ese acuerdo.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes. Arratsalde on.

Es al Pacto de Toledo a quien corresponde el debate sobre el futuro de las pensiones, sin duda; pero también es a este Parlamento a quien corresponde remover los obstáculos que puedan surgir para que pueda existir un debate sano y con posibilidad de acuerdos en el seno del Pacto de Toledo. Miren, de las muchas intervenciones que llevamos teniendo hasta hoy en el Pacto de Toledo hubo una que me llamó muchísimo la atención y lo he comentado en alguna otra ocasión, en alguna otra reunión. Fue en la intervención de Cáritas, donde se destacaba un dato que, repito, me llamó muchísimo la atención y es que la crisis que se supone que acabamos de pasar no hubiera sido posible de ser sostenida por el 45 % de la población -es decir no hubiera sido posible que la hubieran podido pasar sin entrar en riesgo de pobreza- de no haber sido por la existencia del sistema de pensiones. Eso nos lleva a un debate concreto y es que no solo en el Pacto de Toledo sino también como sociedad debemos plantearnos la existencia no ya de un sistema de pensiones sino de un sistema de pensiones basado no solo en la sostenibilidad del sistema sino también en la suficiencia de las pensiones. Y de eso se trata cuando oigo, cuando veo, cuando participo en algún debate en el que se está comentando la idea de la inexistencia de pensiones suficientes para hacer frente a la vida de una forma digna porque ese es el escenario al que parece que se nos quiere conducir de alguna manera. Hay un debate falso entre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la suficiencia de las pensiones que se puedan obtener el día de mañana.

No basta con garantizar la existencia de un sistema de pensiones, sino que hace falta garantizar también que aquellas pensiones a las que podamos conducirnos el día de mañana deben ser suficientes. Es decir, también es objetivo del Pacto de Toledo garantizar que aquellas pensiones que vayamos a poder tener el día de mañana -los que ahora, esperemos, las podamos tener y también las de los que van a venir detrás de nosotros-, sean suficientes. Lo curioso es que, a pesar de que parece que existe determinado debate sobre la garantía o no después de la reforma existente con la Ley 23/2013, lo que sí ha sido cierto es que es casi unánime la opinión de todos los participantes en el foro del Pacto de Toledo en señalar que las pensiones, tal y como las podríamos conocer el día de mañana, si se aplicaran en su integridad y sin ningún tipo de corrección las medidas dispuestas en el índice de revalorización y el factor


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de sostenibilidad, supondrían entre el 40 y el 60 % de las que actualmente conocemos. O sea, que la devaluación que se podría producir con la aplicación de los sistemas o mecanismos previstos en la Ley 23/2013 sería la de que la pensión que hoy conocemos se devaluaría entre un 40 y un 60 %.

Para que se hagan una idea, de acuerdo con uno de los datos que nos facilitaron, la inflación media en los últimos cincuenta años -no la de los últimos diez o quince, sino atendiendo a un periodo más amplio para que pueda ser más indicativo- es alrededor del 2,25 o 2,30 %. Si aplicáramos ese mecanismo de un 2,25 o un 2,30 % de inflación constante en los próximos años, la consecuencia a la que nos llevaría la aplicación del índice de revalorización de las pensiones, del IRP de forma conjunta, supondría en cuanto a la pensión que hoy es de 1.000 euros, que así como esos 1.000 euros se convertirían en 1.700 euros, la pensión no alcanzaría a los 1.100 euros. Dicho de otra manera, el factor de depreciación de esos 1.000 euros llevaría a que los 1.000 euros de hoy en día serían 622 euros en el año 2037, es decir, estaríamos afectando de una forma importante la capacidad adquisitiva de las pensiones.

Por eso es importante este debate, no tanto porque haga falta recordar en estos momentos que hay determinadas normas que producen un efecto, sino porque son producto de una decisión unilateral de un Gobierno, del Gobierno del PP en el año 2013, y lo son porque a este Parlamento le compete remover aquellos obstáculos -lo he dicho al principio- que impidan un debate honesto en el seno del Pacto de Toledo. Creo sinceramente que lo que pretende esta PNL es sobre todo señalar al Gobierno que tenga algún gesto, de forma que modifique aquella determinación del año 2013 para que se garantice la capacidad adquisitiva de las pensiones.

La derogación como tal es una expresión que puede sonar dura, pero sí quiere señalar al Gobierno que esa posición que mantuvo en aquel momento no es de recibo hoy en día, que para poder llegar a un consenso en el seno del Pacto de Toledo tiene que cambiar esa posición, y que el objeto del Pacto de Toledo es la existencia o la promoción de un acuerdo en diferentes cuestiones. Por eso, señores del Partido Popular en especial, quiero que entiendan...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar. Se ha agotado su tiempo.

El señor BARANDIARAN BENITO: Voy terminando.

Quiero señalarles simplemente que es conveniente no solo que modifiquen esa postura para tener una señal con el Pacto de Toledo, sino que recojan la invitación de la propia ministra de Trabajo que, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, dijo: Cuando hemos construido unidos, hemos comenzado mejores épocas.

Quiero que se apliquen el cuento, quiero que se apliquen esta lección. Construyamos juntos ese futuro de las pensiones pero sobre la base del acuerdo, no del desacuerdo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, creo que si una iniciativa como esta se hubiese debatido en este Parlamento hace unos cuatro o cinco meses, probablemente a nosotros nos habría sorprendido. No obstante, después de unos cuantos tiros pegados -hablando, lógicamente, en términos parlamentarios- ya no nos sorprende nada de lo que pueda traer a este Parlamento el Partido Socialista. Lo digo por una razón, llevamos unos cinco meses escuchando y viendo expertos en la Comisión del Pacto de Toledo que nos hablan de las medidas que tenemos que llevar a cabo. Durante todo ese tiempo hemos visto una y otra vez en las comparecencias cómo el Grupo Socialista nos repetía que debemos llegar a acuerdos y que debemos llevar las reformas dentro del marco del Pacto de Toledo con grandes acuerdos y con grandes consensos. Igualmente, durante todo este tiempo hemos visto a los portavoces del Grupo Socialista echar en cara una y otra vez a los representantes del Grupo Popular que su reforma del año 2013 no fue consensuada, que se hizo de espaldas al Pacto de Toledo y sin los acuerdos ni de los grupos políticos ni de los sindicatos. A nosotros nos da la sensación de que ustedes han hecho y continúan haciendo lo mismo con este tipo de proposiciones.

Ustedes, con el Gobierno del señor Zapatero, ya congelaron las pensiones -no me voy a meter en eso porque probablemente se lo recordarán los señores del Partido Popular-, pero luego ustedes, que se han referido a nosotros, trajeron una iniciativa parlamentaria, una proposición de ley, que hablaba de


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incrementar las pensiones en 1,2 puntos, en torno a 1.200 millones, cuando sabían que en el año 2016 los pensionistas no habían perdido poder adquisitivo; no lo han perdido ni en el 2016 ni en años anteriores, porque nos hemos encontrado en un escenario de deflación con una revalorización de las pensiones del 0,25 %. Además, ustedes sabían que esa proposición de ley iba a ser vetada por el Gobierno porque llevaba partidas presupuestarias de unos 1.200 millones de euros. Pero ya no es solo eso, es que encima hoy nos traen aquí una iniciativa en la que plantean que se deben derogar las reformas efectuadas en el año 2013 por el Partido Popular y vuelven a decir que se deben incrementar las pensiones en 1,2 puntos.

Les quiero enviar desde aquí un mensaje, les quiero decir, señorías del Partido Socialista, que dejen de contradecirse, que dejen de traer a esta Cámara iniciativas que lo único que hacen es ponerle parches al sistema, que dejen de traer a esta Cámara iniciativas que lo único que buscan es una portada en un periódico (Aplausos), y que sean coherentes con la búsqueda de soluciones consensuadas dentro del marco donde estamos todos, dentro del marco del Pacto de Toledo.

En relación con la reforma de la Ley 27/2011, nosotros creemos que era una reforma necesaria, era una reforma que iba en la dirección de asegurar la sostenibilidad del sistema y que incidía sobre todo en el gasto en materia de Seguridad Social. Ustedes fueron valientes, elevaron la edad de jubilación a los 67 años entre otras medidas como la de aumentar el periodo de toma de referencia para el cálculo de las pensiones de 15 a 25 años. Me parece que fue una reforma valiente y estamos de acuerdo en que el Partido Popular llevó una reforma, de espaldas a la Cámara, que establecía un índice de revalorización en el que se tenían en cuenta los ingresos y los gastos del sistema y un factor de sostenibilidad donde para el cálculo de la pensión se tenía en cuenta también la esperanza de vida.

Nos da la sensación de que si el Partido Popular hubiera estado en el año 2011 gobernando hubiera hecho ya una reforma muy parecida a la que hicieron ustedes en el ejercicio 2011 y nos da la sensación de que ustedes hubieran hecho una reforma muy parecida a la que hizo el Partido Popular en el año 2013, porque no están inventando nada; ni lo están inventando los señores del Partido Popular ni ustedes. Son reformas que vienen de Europa y solo hay que mirar lo que están haciendo los países de nuestro entorno, que tienen los mismos problemas en materia de pensiones que tenemos nosotros y verán que muchos de ellos -Italia o Suecia- están poniendo factores de sostenibilidad o indexando los índices de revalorización a ingresos y gastos del sistema. No obstante, también les digo que vamos a estar de acuerdo en que se han llevado reformas a efectos de conseguir la sostenibilidad del sistema, pero que se debe continuar haciendo reformas para asegurar la suficiencia de las pensiones de acuerdo con el mandato del artículo 50 de la Constitución española.

Como les decía al principio, creemos que esto no se debe hacer con parches. Esto requiere reformas, requiere acuerdos dentro del Pacto de Toledo; debemos dejar trabajar al Pacto de Toledo y que esas reformas no vayan hacia atrás, que no vayamos hacia la derogación sino que miremos hacia delante para conseguir reformas que equilibren el sistema de pensiones, y en el momento en que tengamos el sistema entre gastos e ingresos equilibrado, ese índice de revalorización no mantendrá las pensiones casi congeladas.

Por eso, en la línea de la enmienda que hemos presentado, les pedimos que avancemos todos juntos en los trabajos realizados en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo con el objetivo de llegar a acuerdos de reforma que aseguren no solo la sostenibilidad sino, como he dicho, también la suficiencia de las pensiones, porque debemos tratar al sistema como lo que es, como una auténtica política de Estado, como uno de los pilares del Estado social y de derecho, y en ese tipo de acuerdos nos encontrarán tanto a mí como a mi grupo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, esta PNL del Partido Socialista está fuera de lugar en el fondo y en la forma. Saben que estamos trabajando en el Pacto de Toledo -estamos escuchando a los expertos- y que dentro de poco nos vamos a sentar para analizar las conclusiones y tratar de alcanzar un acuerdo, pero si hay que hacer alguna reforma habrá que hacerla en el Pacto de Toledo y parece, señorías, que ustedes no quieren acuerdos porque solo hablan de derogar. Parece que quieren romper el Pacto de Toledo cuando precisamente se creó para sacar las pensiones del debate político. Señorías, a veces me pregunto si se están riendo del Pacto de Toledo, se lo digo sinceramente.


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Hablan del poder adquisitivo y, precisamente, desde el año 2012 hasta el 2016 los pensionistas han tenido siempre un aumento del poder adquisitivo. Más de 1.900 millones de euros, señorías. Esta es la política del Partido Popular en materia de pensiones: aumento del poder adquisitivo. (Aplausos). ¿Sabe lo que les duele frente a ese aumento? Que el Partido Socialista Obrero Español, la izquierda, ha sido el único partido que en este país ha congelado las pensiones y que ha hecho perder a los pensionistas un poder adquisitivo de 2.700 millones de euros. (Aplausos). Señorías, ¿dónde estaba la talla política de la que hablaba doña Mercè Perea? ¿Dónde estaba su talla política en esos momentos? Cuando ustedes gobernaron congelaron las pensiones y ahora que están en la oposición les molesta que haya un aumento del poder adquisitivo y piden volver al IPC para no aplicarlo, porque, claro, ustedes no lo aplican cuando gobiernan. Señorías, les pido que vuelvan al Pacto de Toledo. ¿Por qué hablan de derogar un factor de sostenibilidad cuando, en primer lugar, lo contemplaban en la Ley 27/2011, socialista, y, en segundo lugar, se va a aplicar en el año 2019? ¿No hay tiempo en el Pacto de Toledo para hablar de ese posible factor de sostenibilidad? Señorías, vuelvan al Pacto de Toledo.

Hablan de déficit y de inestabilidad y a mí me daría pudor hacerlo perteneciendo al Partido Socialista. No le echen la culpa a la reforma laboral, a los salarios, a la tarifa plana. Señorías, 3.300.000 españoles en este país perdieron su puesto de trabajo por la crisis y por la nefasta gestión socialista. Eso es lo que pasó. Son ustedes expertos en crear desempleo y déficit. En España, cuando gobernaba el Partido Socialista, se destruyó once veces el empleo que se destruyó en Italia y veinte veces el que se destruyó en Francia, pero no se preocupen que volveremos a dejar la Seguridad Social en superávit, como siempre hemos hecho y se la han encontrado ustedes.

La clave de la sostenibilidad del sistema es el empleo; ahí están los 540.000 empleos creados el año pasado. Hemos recuperado la mitad del empleo perdido, señorías, y lo que lamento es que ustedes solo hablan de la reforma de 2013, que hizo saltar por los aires el Pacto de Toledo. ¿Y la reforma de 2011, señorías? ¿Por qué no hablan de la reforma de 2011, que aumentó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años sin consenso en este Congreso? Se hizo sin consenso en 2011, año en el que congelaron las pensiones también sin consenso, pero los pensionistas lo saben. Saben quién ha aumentado la edad de jubilación, quién les ha congelado las pensiones, quién les ha garantizado la sostenibilidad y quién les ha subido el poder adquisitivo, que ha sido el Partido Popular. Por cierto, reforma del año 2011 que según Funcas -todo hay que decirlo- va a suponer un 20 % de bajada en la pensión media, una pensión media de jubilación, señorías -también hay que decirlo-, que desde que gobierna el Partido Popular se ha incrementado un 14 % y por primera vez supera los mil euros.

Hay que ser claros y decir la verdad. La tasa de índice de pobreza de mayores de 65 años se ha reducido a la mitad desde el año 2007. Según el informe del Banco de España, el colectivo que más ha aumentado su renta y su patrimonio durante la crisis ha sido el de los pensionistas, con más de un 11 %. Y les voy a decir algo, señorías. La clave está en los ingresos, es decir, garantizar el poder adquisitivo solo se podrá hacer con mayores ingresos. Garantizar el poder adquisitivo sin más ingresos es engañar a los pensionistas, es volver al pasado, a lo que ya le ocurrió al Partido Socialista, que no pudo aplicar el IPC, no pudo aplicar la ley y congeló. Por tanto, hay que hablar de más recursos en el sistema. Nosotros ya lo hicimos con la separación de las fuentes de financiación y eso es lo que hay que hacer, seguir profundizando en el Pacto de Toledo en la separación de las fuentes de financiación. Más ingresos para garantizar el poder adquisitivo.

Desde el Partido Popular -y termino, señora presidenta- apostamos por garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Desde que gobernamos, así lo hemos cumplido. Otros, señoría, no pueden decir lo mismo. Por tanto, vayamos al Pacto de Toledo, busquemos ingresos para garantizar el poder adquisitivo y lleguemos a un acuerdo. Solo les voy a decir una cosa: Vuelvan al Pacto de Toledo. Es lo que necesita este país, es lo que necesitan los pensionistas y allí estaremos los del Partido Popular esperándoles.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda. Buenas tardes. Gracias, presidenta.

Esquerra Republicana se presentó a las elecciones con un programa, defender un referéndum y una república de los trabajadores y las trabajadoras, sean estos asalariados, autónomos o pequeñas


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y medianas empresas, una república en la que de facto se deroguen las leyes antipopulares del Partido Popular, como la Ley mordaza, las reformas laborales, la Lomce y también la reforma de las pensiones. Por eso, mientras tanto, Esquerra Republicana votará a favor de la proposición no de ley que propone la derogación de la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Pedimos su derogación por varias razones. La primera es formal y democrática, que no es poco. Su reforma se hizo, como muchas, sin ningún diálogo con los agentes sociales y al margen del Pacto de Toledo, que ahora quieren recuperar; les recuerdo cómo se hizo la última reforma. Pero, sobre todo, hay que derogarla por su contenido, porque creemos que hay una mayoría para hacerlo, y hoy lo volveremos a comprobar -esperemos-, una mayoría que exige que se vuelva a la revalorización de las pensiones, como mínimo de acuerdo con el IPC. ¿Por qué? Porque las pensiones no son del Estado, no son de sus Gobiernos ni de la Tesorería, son de los trabajadores y trabajadoras, el salario diferido que los trabajadores, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, ingresan a la caja común de la Seguridad Social para que el Estado se lo gestione adecuadamente.

El sistema de pensiones, la Seguridad Social, es una de las joyas de la corona del movimiento obrero, hoy asumida por todos aquellos que creen en la construcción de un Estado del bienestar. Pues bien, una de las primeras responsabilidades de cualquier Gobierno es gestionar el fondo económico de las pensiones, gestionar la parte del salario que los cotizantes le han confiado para que, cuando llegue el momento, y fruto de una gestión correcta por parte del Estado y sus Gobiernos, los pensionistas puedan recuperar lo cotizado y tener un final de sus vidas digno con una pensión suficiente. Bien, pues esto no va a mejor, sino a peor.

Las políticas económicas nos han llevado a una economía absolutamente enferma, como lo prueba el déficit anual del Fondo de reserva de las pensiones; es un síntoma, claramente. Y como la economía va mal, a pesar de lo que ustedes digan, y continuará así si no hay un cambio radical de rumbo, ustedes han tenido que empeorar las condiciones de acceso a las pensiones y su cuantía, y lo han podido hacer con el endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación a través del Real Decreto-ley 5/2013 y con la reforma unilateral del sistema público de pensiones llevada a cabo por la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Esta ley afecta, entre otros, como he dicho, al sistema de revalorización de las presiones, estableciendo una modalidad de actualización con una fórmula que no era más que una clara trampa del Partido Popular, porque al cambiar el parámetro de cálculo para la revalorización se imponía para el futuro la pérdida del poder adquisitivo y, por tanto, su empobrecimiento. Los efectos conjuntos de sus reformas hoy han supuesto que cuantos más años vivan los pensionistas menos dinero tendrán. De hecho, las pensiones han subido un 0,25 %, es decir, están casi congeladas por tercer año consecutivo. Esto me parece una canallada, sobre todo si es verdad, aunque nos tememos que nos mienten, que la economía funciona tan bien como dicen.

Si resulta que la economía funciona muy bien y solamente podemos subir el 0,25 % es que alguna cosa falla, porque este no es el primer año; llevamos cinco años con subidas realmente muy bajas y el futuro, según los expertos consultados en el Pacto de Toledo, va por el mismo camino. Estamos hablando de una subida del 0,25 %; es decir, si a alguna señora o a un señor le han subido 2 euros la pensión y el recibo de la luz, tirando a corto, es de 8 o 9 euros más al mes, solo con la factura de la luz ya ha perdido un mínimo de 6 euros al mes; y este es el mundo real. ¿Las pensiones han aumentado? Sí, pero los precios han subido mucho más; han sufrido una inflación interanual que este año ya es del 3 %, y van a subir más. Por lo tanto volver al ligar la subida de las pensiones al IPC es una obligación para cualquier Gobierno, pues ha de cumplir con el mandato de revalorizar las pensiones con una buena gestión del dinero que los cotizantes le han confiado. No hay más revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, y que el cálculo del IPC sea más riguroso y justo. No es lo mismo el IPC de un mileurista o de un submileurista, que en la cesta de la compra se le va todo, que el de una persona con un alto poder adquisitivo, por ejemplo. Pero esto es materia para otra iniciativa. Lo que sí es posible con la configuración actual del Congreso es que las fuerzas progresistas exijan ya para este 2017 recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas de inmediato, mediante una paga que cubra la desviación sobre el IPC, y así recuperar como decíamos este índice. Y esto se puede hacer con Pacto de Toledo o sin Pacto de Toledo, porque igual que se quitó sin pacto, se puede volver a recuperar sin pacto.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Buenas tardes, presidenta; buenas tardes, señorías.

Anuncio que mi grupo confederal votará favorablemente a los acuerdos que propone esta PNL; pero será, señora Perea, con todo respeto, con muchas reservas, porque no se nos olvida que fue el Partido Socialista el que primero congeló las pensiones mínimas y endureció las condiciones para acceder a la jubilación, y que hace cinco años retrasaron el tope hasta los sesenta y siete años. Ustedes siempre allanándole el camino al Partido Popular, porque efectivamente ellos en el año 2013 desligan las pensiones del IPC, endureciendo ese falaz criterio de la sostenibilidad del modelo, que casualmente es el mismo argumento que utilizan el BBVA, el Banco de Santander o la OCDE, que como saben son los mayores interesados en privatizar el sistema público de pensiones. Como dicen en mi tierra: hijos de gatos cazan ratones.

Desde el inicio de esta crisis asistimos a un proceso que han liderado en partes iguales socialistas y populares, y que nos está empujando hacia un modelo de sociedad excesivamente capitalizada; una sociedad, como dirían nuestros abuelos, del tanto tienes, tanto vales. Y repiten ustedes como un mantra para intentar inocular en la ciudadanía una serie de no verdades que no persiguen otra cosa que dinamitar el sistema público de pensiones. ¿Cómo pueden si no asegurar que estamos destinando un porcentaje excesivo de nuestro producto interior bruto al pago de pensiones, cuando estamos en este concepto por debajo de la media europea? Tampoco dicen ustedes toda la verdad a la gente cuando afirman públicamente que el aumento del número de personas pensionistas pone en riesgo la viabilidad del modelo, porque omiten deliberadamente ustedes un dato fundamental: que en aquellos países en los que se financian las pensiones sobre la base de cotizaciones sociales, como es el caso de nuestro país, la clave no está en equiparar el número de personas que trabaja con las personas jubiladas, sino en el volumen real de cotizantes y lo que cada uno de ellos aporta al sistema. Y este índice no puede calcularse sin tener en cuenta a su vez los niveles de productividad y la cuantía de los salarios, que es lo que determina finalmente si crecen o decrecen los niveles de recaudación de la Seguridad Social.

Ustedes han aprovechado la coartada de la crisis para convertir servicios públicos esenciales, como nuestro sistema de pensiones, en pura beneficencia. Señorías, hoy el 50 % de nuestros pensionistas son pobres; son pobres. Y lo que es peor aún, ustedes han patrocinado a golpe de reformas laborales un descenso histórico en el número de cotizantes a la Seguridad Social, a causa del aumento del paro, y una disminución de las cotizaciones como consecuencia de la caída en picado de los salarios. Se han convertido ustedes, como buenos peones del poder, en unos magníficos generadores de pobreza y marginalidad. Unos y otros han utilizado el Pacto de Toledo a modo de maquillaje para justificar un recorte salvaje en el sistema público de pensiones, poniendo como excusa los mismos argumentos insolidarios que en 1995 justificaron su creación, que no vienen a ser sino la gran mentira de la sostenibilidad del sistema. Y, señora Perea, hoy interpela usted a un Gobierno que han puesto ustedes en el poder. Yo sé que no les gusta reconocerlo, pero es así. (Aplausos). Y no es serio, porque de nada nos vale aprobar en esta Cámara la derogación de la ley que ha devaluado de facto las pensiones si después ustedes por los pasillos van y firman, pactan un presupuesto general que seguirá recortando, y que por tanto va a seguir mermando las pensiones y el poder adquisitivo de la ciudadanía en general.

Se lo digo con cariño: tenemos por delante un curso muy duro, tan duro como la realidad social de nuestro pueblo. Las pensiones van a representar una parte importante en un debate que es mucho mayor, un debate que tiene que ver con nuestro mercado de trabajo, con el modelo productivo, con la continuidad del Estado del bienestar o no; un debate en definitiva que nos va a dar el tipo de sociedad que queremos. Es urgente que los socialistas definan y aclaren a la ciudadanía -de hecho y no con palabras- con quiénes están y a quiénes defienden, porque no se puede estar en misa y repicando. La ciudadanía necesita saber si el PSOE que está sentado en esta bancada es el que suscribe iniciativas como estas o si es el PSOE de los pensionazos.

Termino, presidenta. Sí es sostenible el sistema público de pensiones, lo que no es sostenible es la conversión progresiva de los derechos de la ciudadanía en caridad; eso sí que no es sostenible. No es sostenible la destrucción del derecho al trabajo y del trabajo con derechos; no es sostenible el saqueo calculado que se ha hecho a la hucha de las pensiones de casi 50.000 millones de euros; en definitiva no es sostenible un Gobierno que no trabaje para su gente.

Buenas tardes. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Perea i Conillas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora PEREA I CONILLAS: Estamos llegando a una transaccional con el Partido Nacionalista Vasco.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ELABORAR UN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LOS SUPUESTOS DE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. (Número de expediente 162/000364).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un protocolo específico para los supuestos de sustracción internacional de menores.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Presidenta, buenas tardes.

Señorías, presentamos a la consideración de la Cámara y de sus señorías una iniciativa que creemos necesaria, en la que estamos todos de acuerdo, y aquí al final del día se demostrará si efectivamente la unión hace la fuerza. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pedimos la elaboración de un protocolo específico de actuación para los supuestos de sustracción internacional de menores, adaptado a los principios y normas que establecen nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales, y seguir impulsando programas formativos y de reciclaje profesional para todos aquellos que intervengan en estos procesos. Lo hago resumidamente.

Si ustedes leen la Circular 6/2015, de la Fiscalía General del Estado, sobre sustracción internacional de menores, verán que en la misma se dice que, dentro de la tipología de los secuestros parentales, la concurrencia del elemento transnacional genera probablemente el supuesto más grave, porque es más difícil el restablecimiento del statu quo anterior. La sustracción de menores tiene lugar cuando uno de ellos es trasladado ilícitamente por uno de sus progenitores a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, y en aquellos casos en que uno de los progenitores se traslada con el menor para residir en otro país por decisión unilateral.

Las estadísticas ponen de relieve un incremento en las cifras de este fenómeno de sustracción. Si vamos a 2016 se cifran en 218 los expedientes, y desde el año 2009 el Estado español ha pasado de ser un Estado requerido a ser un Estado requirente. Como se dice en el llamado Informe Pérez Vera, informe explicativo del Convenio de La Haya de 1980, las situaciones consideradas como base en este convenio son aquellas que resultan del uso de vías de hecho para crear vínculos artificiales de competencia judicial internacional, con vistas a obtener la custodia del menor. Como es comúnmente admitido la diversidad de grupos familiares entre personas de diferentes países, culturas, religiones, la mayor apertura de fronteras, la movilidad laboral, la ruptura de barreras culturales, el aumento muy importante de crisis de pareja, las dificultades para desarrollar con acuerdo las relaciones paternofiliales en situaciones de ruptura, están incrementando estos supuestos. Y no son los números los que nos preocupan; nos preocupan las personas, nos preocupan los dramas familiares que están detrás de cada uno de esos expedientes y de aquellos que no han llegado a ser todavía expedientes. Y no solo están unidos -y hay que decirlo claro- a la crisis de una familia multicultural; las familias convencionales provocan igualmente situaciones como estas y también se da en el ámbito de los acogidos o tutelados por las administraciones competentes. Hoy, siendo conscientes todos los países de que tenemos un problema que resolver y que no lo podemos hacer solos, que lo tenemos que resolver en cooperación internacional, el ordenamiento jurídico en el plano internacional es sin duda mejor de lo que teníamos hace veinte años. No es todavía suficiente, pero es mucho mejor. Nuestro ordenamiento interno ha mejorado. Los ordenamientos nacionales de la Unión Europea sin duda son instrumentos jurídicos de protección de los menores, de protección internacional de los menores y de sus progenitores cuando estos quieren también desarrollar sus funciones. Hay que citar el reglamento de 2003 en el ámbito de la Unión Europea, el Convenio de La Haya y algún convenio bilateral, pero en el resto del plano internacional todavía hay que ir al reconocimiento de resoluciones extranjeras.

Debe recordarse aquí que hay un problema que todavía no tenemos asimilado o mejor dicho un principio. Colocamos a veces a los menores en una batalla entre progenitores, en una moneda de cambio;


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nos olvidamos de que lo importante es el principio del interés superior del menor. Ese principio está en las convenciones -en la Convención de Derechos del Niño, en la Convención de Derechos Humanos, en la Convención Europea- y es la base del funcionamiento de estos instrumentos internacionales. Fíjense en que uno de los mayores cambios que se produjo en España después de la democracia fue pasar a hablar de la patria potestad no como poder, no como derecho, sino como un conjunto de deberes y funciones de los padres, y esto se nos olvida. En los instrumentos internacionales el niño tiene derecho a relacionarse con los dos progenitores, a que ningún progenitor lo utilice como moneda de cambio, a que ningún progenitor le impida al otro que pueda verlo. Por tanto el secuestro como una forma de acaparar, de insertarlo en otra cultura, de dañar a la madre o al padre no es aceptable. Eso es lo que tenemos que atajar, pero además, si cabe, esto se recrudece, se hace más agudo cuando en el propio cumplimiento de los instrumentos internacionales nos encontramos con supuestos -que pueden ser muchos o pocos, pero que son dramáticos- donde concurren situaciones de violencia de género, y donde el progenitor que reclama es a su vez un maltratador o un presunto maltratador.

La interpretación de un conglomerado de normas internacionales, la comprensión de derechos de distintos países, además de la asunción de nuestras propias modificaciones, son muy complicadas. Por eso pedimos que se haga -aceptamos lo que nos dice el Grupo Ciudadanos- de la manera más breve posible un protocolo de actuación. Un protocolo de actuación implica facilitar -como se hace en el ámbito de la violencia de género- cuáles son los principios de actuación, cuáles son las pautas a seguir, cuál es la difusión y en qué momento hay que realizarla, quiénes son las autoridades que tienen que intervenir; permite ordenar lo que tenemos, que es mucho y muy rico. Por ejemplo, señorías, en el año 2015 modificamos la Ley de Enjuiciamiento Civil a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Ahí dejamos claramente señalado que el fiscal está legitimado para actuar siempre en protección del menor. Está legitimado para actuar cuando opera el Convenio de La Haya, cuando en el Convenio de La Haya se reclama por un progenitor la devolución del menor. No solo hay que restaurar esa relación con los padres, sino que también en las excepciones del convenio se puede impedir que ese menor salga de un entorno amable, protector, como el nuestro, donde el menor ha pasado a ser víctima si está en un entorno de violencia de género, y para que no sea requerido por un padre que solo quiere hacerle daño y evitemos que después las consecuencias sean irreparables. Creemos firmemente que haciéndonos eco de lo que nos piden los profesionales y los progenitores afectados, de lo que se demanda que defendamos los derechos del menor, hoy debemos ponernos de acuerdo sin entrar en las letras pequeñas, sino en la letra grande: un protocolo de actuación, más agilidad y mejor formación de los profesionales.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moro.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

La sustracción internacional de menores es un ilícito en auge por el incremento de los matrimonios y parejas mixtas, la facilidad de desplazamientos entre países y la apertura de fronteras. Si la ruptura de una familia siempre es un drama, al caso de un padre o una madre que traslada o retiene ilícitamente a sus hijos menores se le añaden complejísimos factores que tienen derivadas jurídicas, tanto en aspectos que afectan a normas y convenios internacionales como a los procedimentales, donde intervienen la jurisdicción civil y la penal, con sus propias peculiaridades y medidas cautelares distintas.

He presentado una enmienda que trata de paliar una de las dimensiones que dificultan todavía más el ejercicio del derecho que le corresponde a un padre o una madre para hacer frente a un episodio de sustracción internacional de su hijo: el factor del idioma, otra enorme dificultad añadida para la persona que se enfrenta a este tipo de situaciones. Piensen ustedes lo enrevesado de afrontar actuaciones legales en un país extranjero, con lengua no española y en no pocos casos en lenguajes y terminologías muy complicadas que responden a las características culturales, legislativas y normativas propias de cada país. El problema también existe para nuestro Ministerio de Justicia cuando se recibe una solicitud de un padre o una madre en relación con un episodio de sustracción de menores en un país que ha hecho reserva en relación con el idioma. Hay casi una veintena de países firmantes del Convenio de La Haya que no aceptan solicitudes o documentos que no vayan en su propio idioma. Esto añade otro punto de dificultad en un caso de retención, sustracción o secuestro de un menor, y la autoridad central española debería dotarse de medios y recursos para afrontar con diligencia los trámites con estos países, porque


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es imprescindible la celeridad para actuar en el interés prevalente del menor y evitar que la ilicitud se dilate en el tiempo y complique más aún su resolución.

La diputada que ha defendido esta proposición no de ley, la señora Moro Almaraz, me ha comentado la dificultad de compaginar el texto de mi enmienda, porque su iniciativa pretende sobre todo revalorizar la elaboración de un protocolo. Eso en todo caso no va a modificar el sentido favorable de mi voto, pero quiero que quede constancia de las dificultades con las que topa la autoridad central para traducir documentación a determinados idiomas de países que han ejercido reserva conforme al Convenio de La Haya de 1980.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto también, el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Qué duda cabe de que la sustracción internacional de menores es objeto de preocupación del grupo proponente, del Partit Demòcrata, del Partido Socialista, que en este momento tiene una iniciativa sobre el mismo objeto registrada en la Comisión de Igualdad, y de todos los otros grupos que han planteado enmiendas. La última noticia, el último dato que tenemos de finales del año pasado refleja que son 206 los casos de familias españolas rotas con una parte, con un cónyuge español, que están reclamando a un menor que en estos momentos está sufriendo un caso de sustracción internacional de menores. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En el marco de una legislación ya robusta y consistente esta proposición no de ley básicamente pide la elaboración de unos protocolos específicos para facilitar la actuación de los implicados, bien sean funcionarios públicos, bien sean letrados, y propone los programas formativos y de reciclaje profesional necesarios para los profesionales implicados.

Señorías, esta iniciativa está bien, en el bien entendido de que hoy por hoy el marco legal o los instrumentos ya son notables, como bien apuntaba el grupo proponente: el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980; me gustaría recordar también el reglamento de la Comisión Europea y del Consejo de 27 de noviembre de 2003, potente y efectivo, aunque únicamente entre los veintiocho -por el momento- Estados miembros de la Unión Europea respecto a la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental; actualmente el Código Civil, artículos 103 y 158, o el Código Penal en el artículo 225 bis, con lo cual, señorías, a través de esta proposición no de ley no estamos instando a una reforma del marco legal, sino que estamos planteando dar instrumentos y concienciar para que no solo la respuesta legal, sino también operativa para recuperar estos menores sustraídos sea rápida para hacer frente a este drama que se produce en estos momentos en 206 casos en el Estado español.

Nada más; muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán Salmerón.

La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la sustracción internacional de menores es un problema global que afecta a miles de niños cada año, cuando un menor es trasladado ilícitamente por uno de los padres a un país distinto al que reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, cuando uno de los progenitores se traslada con el menor a residir a otro país tomando la decisión de manera unilateral y vulnerando el derecho a decidir sobre el lugar de residencia. Pues bien, según fuentes del Ministerio de Justicia, en el año 2015 se tramitaron en España 109 demandas que instaban a la restitución de menores al lugar de procedencia, afectando estas demandas a 140 menores, y por el otro lado, por el lado opuesto, se solicitaron 132 requerimientos de retorno de menores trasladados o retenidos fuera de España de manera ilícita y afectando a 171 menores.

En la sustracción se dan factores importantísimos y las consecuencias en los menores en la mayoría de los casos son irreparables; así lo recogen las conclusiones de Reunite, que es una organización sin ánimo de lucro que nació en Reino Unido y está especializada en la sustracción internacional de menores. Se indica que los menores perdieron la confianza en sus padres, en los adultos, y que tardaron muchísimos años en superar este desagradable episodio. Además tuvieron dificultades para retomar la relación con el


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progenitor con el que ya no estaban, haciéndose más grave cuanto más tiempo transcurrió desde el momento de la sustracción, y tuvieron dificultades para aprender el idioma del progenitor con el que ya no estaban; por consiguiente tuvieron dificultad para mantener relación, y eso se daba en los niños más pequeños. El principal instrumento internacional que tenemos para proteger a los niños es el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Este tratado multilateral, que cuenta ya con 96 Estados parte, no pretende bajo ningún concepto involucrarse en cuestiones de custodia, sino que lo que pretende es hacer efectivo el principio de que todo niño que haya sido sustraído de manera ilícita debe ser reintegrado a su lugar de residencia de inmediato. Por ello resulta imprescindible mejorar los mecanismos que ayuden a la pronta localización de los mismos, y el Convenio de La Haya basa su actuación en las autoridades centrales que cada Estado firmante ha designado, y tiene que coordinar y cooperar para localizar al menor, prevenir que no sufra, garantizar la restitución inmediata e intercambiar información relativa a la situación social del menor. Pues bien, en España ha sido designada como autoridad central la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, del Ministerio de Justicia. La realidad es que esta autoridad central española no tiene competencias, no tiene facultades para averiguar y localizar a los menores, y por tanto no puede consultar los archivos para determinar el domicilio de los menores.

Este es otro claro ejemplo de que el Partido Popular en los cuatro años de mayoría absoluta no ha prestado atención a los problemas que tenían los españoles. Por eso les digo a los señores del Partido Popular que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley -un poco tarde, pero más vale tarde que nunca- porque el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que esta PNL es necesaria, pero también insuficiente. Por eso hemos propuesto una enmienda con medidas concretas, que esperemos que sea aceptada. Porque mientras ese partido que está ahí sentado esté en esta Cámara vamos a traer medidas que den verdaderas soluciones a los problemas de los españoles, y no PNL que queden para cubrir el expediente. (Aplausos). Centrándome en la enmienda estas medidas serían: llevar a cabo una campaña de información y sensibilización de la opinión pública sobre la realidad de la sustracción internacional de menores, especificando el organismo al cual pueden acudir los ciudadanos; dotar a la autoridad central de facultades competentes para averiguar la localización de los menores; disponer de un marco jurídico que establezca la obligación de que determinados organismos tengan que colaborar con la autoridad central, como pueden ser las autoridades educativas, las autoridades sanitarias o el padrón municipal, y por supuesto mejorar los mecanismos que ayuden a la pronta localización de los menores, como por ejemplo una base de datos. Señorías, nadie está libre de equivocarse a la hora de elegir a la persona con la que quiere formar una familia, pero como representantes de la voluntad popular estamos obligados a proteger a estos menores afectados por esta situación o por lo menos evitar o minimizar en lo posible las terribles consecuencias que esta situación de conflicto extremo entre los padres ocasiona y genera en los menores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Millán.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Carreño Valero.

La señora CARREÑO VALERO: Buenas tardes, señorías.

El Grupo Confederal Podemos está sin duda de acuerdo con mejorar los protocolos en materia de sustracción de menores. No obstante hemos de criticar la actuación del partido proponente de esta iniciativa, del Partido Popular, al traer a esta Cámara una iniciativa vacía de contenido, como suele hacer. Esta iniciativa de hoy se refiere a una problemática social importante y sumamente compleja, pero el contenido de la misma muestra una falta total de rigor y un desconocimiento absoluto del problema que estamos tratando. Dicen que hay que mejorar la formación de los profesionales para que tengan un mayor conocimiento de la problemática. Les recomiendo que empiecen por enterarse ustedes de lo que estamos hablando, porque esta exposición de motivos es todo un despropósito.

Comienzan ustedes narrándonos las bondades del proceso globalizador que ha consolidado y permitido la libre circulación de las personas. Totalmente, de hecho los refugiados que huyen de Siria circulan con total libertad, por ejemplo. Sí es cierto que los capitales sí circulan más libremente desde Soria a Panamá o a Suiza. Pero centrándonos en la sustracción internacional de menores déjenme decirles que, de acuerdo al artículo 3 de la Convención de La Haya de 1980, hablamos de traslado o retención ilícita de un menor cuando se haya producido como infracción de un derecho de custodia


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atribuido a una persona, institución u organismo. Es decir, hablamos de derechos de guardia y custodia, no de matrimonios como hablan ustedes. Déjenme decirles que a día de hoy hay parejas que tienen hijos conjuntamente sin estar casadas. Por tanto, no debemos referirnos, como ha dicho la diputada del Partido Popular, a la familia tradicional. Además, la Constitución española garantiza la protección social, jurídica y económica a la familia, pero a todos los tipos de familia, no a la familia católica tradicional a la que ustedes se refieren. (Aplausos). Por tanto, como decía, la referencia a los matrimonios en lugar de a las familias o a las diferentes formas de custodia de menores está bastante fuera de lugar. Pero van ustedes mucho más allá describiendo las causas del incremento de los supuestos de sustracción internacional de menores, y cito textualmente su texto: Cada vez son más habituales los llamados matrimonios mixtos, entendiendo como aquellos los que contraen personas de distintas religiones, razas o idiomas, países o culturas, que exigen que, en caso de conflicto, la justicia pueda superar las tradicionales fronteras para desplegar sus efectos. Según ustedes, la consecuencia del incremento de este tipo de matrimonios mixtos es el aumento de sustracciones internacionales de menores. Con este párrafo desde luego surgen muchas dudas. Por ejemplo, si una mujer vasca que profesa la fe evangelista contrae matrimonio con una mujer laica de Albacete, ¿estamos ante un posible caso de sustracción internacional de menores? O si una mujer natural de Ceuta y de religión musulmana tiene un hijo con un hombre católico natural de Valencia y residen ambos en Madrid, ¿deberíamos aplicar el derecho internacional privado o tienen ustedes claro que deberíamos aplicar el Código Civil?

Viendo esta exposición de motivos, podría salir cualquier cosa en ese protocolo que pretenden hacer y en el que en ningún momento dejan claro ni una sola coma de lo que piensan incluir. Confunden ustedes religión, idioma o raza con criterios de conexión a un ordenamiento jurídico u otro. Déjenme decirles que para que la justicia, como dicen ustedes poéticamente, pueda superar sus tradicionales fronteras para desplegar sus efectos, es decir, para que estemos ante un supuesto de derecho internacional privado, es necesario que exista una relación jurídica de carácter privado en la que al menos una persona presente criterios de conexión con más de un ordenamiento jurídico. Es ahí donde entra el derecho internacional privado a desplegar sus efectos y a elegir la norma de conflicto. Es cierto que para delimitar el estatuto personal, es decir, la ley aplicable a la persona, existe debate sobre el criterio a aplicar, pero estos criterios siempre han sido la nacionalidad, el domicilio o la residencia habitual y en ningún caso la religión, la raza o el idioma. Desde luego, dan ustedes bastante miedo y me temo que acaben aplicando la Biblia en lugar del Código Civil. (Aplausos). En definitiva, esta exposición de motivos podría haberla redactado el presidente de Hazte Oir. Les pido, por lo tanto, un poquito más de rigor en sus próximas iniciativas y también un poquito de respeto a todos los tipos de familias. Para rematar el texto, acaban echando ustedes la culpa de todos los problemas a que las personas no conocen los convenios internacionales y no asumen ni un poco de culpa de que quizá había problemas de trabajo en la autoridad central.

Por tanto, a la vista de este texto, nosotros proponemos una enmienda de sustitución que contenga de verdad medidas para incluir en dicho protocolo y que sirvan de algo. Entre estas medidas, hemos incluido, por ejemplo, dotar de recursos a la autoridad central, confiriéndola a su vez facultades de averiguación. Asimismo, se ha de crear un registro nacional de menores que permita saber, por ejemplo, en qué centro están escolarizados. Igualmente, deben ustedes impulsar a nivel internacional acuerdos con países latinoamericanos, donde se producen con frecuencia estos casos, o tender a que todos tengamos las mismas medidas y a asumir todos los costes de representación de las familias, que es algo que estamos haciendo en España, si bien hay países que han hecho una reserva también dentro de la Unión Europea. Es decir, es una serie de medidas concretas que lamentablemente ustedes no quieren aceptar porque lo que vienen a hacer ustedes hoy a esta Cámara es un brindis al sol, no a atacar la problemática de verdad y tampoco a establecer un compromiso real con la ciudadanía. Por tanto, si ustedes no aceptan estas medidas, les adelanto que nos tendremos que abstener en esta votación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Carreño.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.

La señora FERRER TESORO: Gracias, señor presidente.

Les voy a contar una historia, la de Juana Rivas. Juana es una mujer de Granada de treinta y seis años y que tiene dos hijos de diez y dos años. Al padre de los niños, de nacionalidad italiana, lo conoció en Londres a los 23 años; empezaron una relación y se fueron a vivir a Granada. Al cabo de un año nace su primer hijo y cuando este tiene dos años y medio, Juana monta un negocio puesto que quiere tener


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independencia económica porque ya era maltratada por su pareja. En 2009 se atreve a denunciarlo y a él lo condenan por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Después de múltiples desavenencias e historias se separan. En 2013, después de más de dos años separados, empiezan a retomar la relación y le ofrece irse a vivir a Italia con él; le promete que ha cambiado y que le va a dar trabajo en una casa rural que él posee. Juana, que ha tenido que cerrar el negocio con la crisis económica, está en paro y además no cobra ningún subsidio. Una vez allí él vuelve a ser violento. Ella se queda embarazada. Vive en una pequeña isla a 8 kilómetros del núcleo más cercano. No pudiendo soportarlo más, Juana, con la ayuda de un amigo, consigue volver a España. Ya en España, pide ayuda al centro de la mujer de la localidad donde reside en Granada. A partir de aquí se inician una serie de denuncias, de demandas de custodia de los hijos y de asesoramientos psicológicos tanto a Juana como al hijo mayor que ha sido testigo directo de las agresiones. No voy a entrar en más detalles. En noviembre pasado, Juana recibe una notificación por parte del padre de una demanda interpuesta por traslado ilícito de los menores. Después de diversos informes y recursos, se acuerda la inmediata restitución a Italia de los dos menores con el padre. Ahora mismo se encuentra recurrido en la Audiencia de Granada.

Este es el caso de Juana, pero también les podría contar el caso de Vanesa o el caso de Soraya, dos casos que han sido públicos. Desgraciadamente, hay muchos más casos anónimos en los que las mujeres, víctimas de malos tratos, ven cómo sus hijos, víctimas directas también de dicha violencia, quedan desprotegidos. La sustracción internacional de menores por parte de la madre que es a su vez víctima de violencia machista es un fenómeno que ha aumentado considerablemente de una manera global en los últimos años, y esta es la realidad, la terrible y cruel realidad. Por eso mi grupo, tras reunirse con algunas de esas mujeres en esta situación de desamparo, presenta con fecha 31 de enero una proposición no de ley en la que se plantea, entre otras cuestiones, la necesidad de establecer un protocolo para la sustracción internacional de menores de aquellas mujeres en las que concurra una situación de violencia de género.

Hoy nos encontramos aquí con una proposición no de ley del Grupo Popular, registrada seis días después que la nuestra, donde llama poderosamente la atención que no contemplan para nada los supuestos de violencia de género; máxime cuando, como hemos comentado, son estos casos los que últimamente han creado más alarma social, los que han generado esta necesidad de establecer una solución para esta situación. En el año 2016 más de 300 casos de sustracción internacional de menores se vieron en los tribunales. Y la cuestión no es falta de normativa, se ha dicho aquí; hay normativa internacional, convenios, normativa europea, normativa nacional, pero ninguna norma internacional, ni siquiera ninguna norma interna, regula de una forma expresa los supuestos de sustracción de menores en los que existe una situación de violencia de género. No cabe duda de que los menores cuyas madres son víctimas de violencia de género también son víctimas directas de dicha violencia, por lo tanto se han de establecer todos los mecanismos posibles de protección. Esto pasa necesariamente por evitar que los menores puedan ser retirados de sus madres para ser puestos en manos de un maltratador. Estamos desprotegiendo a estos menores. Esta es la esencia del protocolo que nosotros pedíamos.

El protocolo que ustedes traen hoy aquí, permítanme decírselo así, es una versión descafeinada del nuestro. ¿Podría haberle sido útil a Juana? Bueno, sí, para saber adónde acudir -nunca está de más la información-, pero nada habría hecho para evitar que se restituyeran los menores al padre maltratador, absolutamente nada. Y ante la incoherencia de esta situación, pregunto a los señores del PP: ¿Por qué no incluyen ustedes los casos de sustracción de menores cuando hay violencia de género? ¿No les parece una situación lo suficientemente trascendental como para tenerla en cuenta en el protocolo que hoy nos presentan aquí? Ignorancia no es, puesto que basta ver los medios de comunicación. ¿Ha sido un descuido, se les ha pasado? Bueno, tenían una PNL nuestra, presentada anteriormente, en la que se podrían haber fijado. Tampoco creo que sea una cuestión de presupuesto, aquí no hay cumplimiento del déficit que valga, ni se trata de elaborar normativa nueva, porque existe y solamente habría que adaptarla en un caso concreto. Por lo tanto, ¿qué queda? ¿No será una cuestión ideológica? No queremos pensar que el conservadurismo político y social les impide ver una realidad, una terrible y cruda realidad como es la violencia de género. ¿O es acaso la Conferencia Episcopal, tan contraria a lo que ellos llaman ideología de género, quien les inspira en su actividad parlamentaria para pasar de puntillas por esta lacra de terrorismo? Me gustaría que lo explicaran, pero no a mí ni a mi grupo ni al resto de grupos, me gustaría que pudieran explicárselo a Soraya, a Juana, a Vanesa, cuyas vidas están en peligro. De nada vale mirar para otro lado, hacerse insensible a este dolor...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Ferrer, tiene que ir usted acabando.


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La señora FERRER TESORO: Voy terminando.

No hacerlo, no abordar con valentía y rigor la lacra de la violencia les hace cómplices. Es el momento en el que tienen que elegir. Si aceptan nuestra enmienda, estarán contribuyendo a dar respuesta a mujeres, a niños y a niñas que se encuentran en peligro. Si no la aceptan, estarán alimentando una corriente que está haciendo mucho daño en nuestra sociedad: el negacionismo de la violencia machista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ferrer.

Ahora, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Se nos trae a debate la toma en consideración de una iniciativa para elaborar un protocolo específico de actuación frente a traslados y retención ilícita de menores, mediando nacionalidades y residencias distintas de los padres. Con carácter inicial, tenemos que señalar que nos encontramos ante una cuestión no penal, sino civil y que afecta al derecho de custodia reconocido a uno de los padres, ya que el que lo tiene dispone de la facultad de determinar el lugar de residencia habitual del menor. Como cuestión inicial, no solo nos encontramos ante un problema entre un nacional y un extranjero, en el que este último regresa a su país de origen llevándose al hijo de ambos, sino también en el supuesto inverso, un nacional que traslada a España a su hijo, rompiendo la custodia otorgada a su expareja de otra nacionalidad y residente en su país de origen o en otro.

Es una cuestión con la que cada vez nos encontramos más a menudo, dada la movilidad de las personas, y por ello España tiene una tupida red de tratados internacionales y bilaterales, lo que otorga una gran complejidad a su gestión. Así, en el ámbito internacional rige el Convenio de La Haya de 1980; en el marco comunitario, el Reglamento 2201/2003, que es de aplicación preferente al Convenio de La Haya de 1980 y también al Convenio de Luxemburgo, de 1980 también, que rige en el marco del Consejo de Europa. En el ámbito bilateral, existen convenios con Marruecos y con algún otro país, y en el ámbito internacional, hay convenidos también bilaterales con China, Rusia, Túnez, Argelia, etcétera. A la vista de este entramado normativo, consideramos oportuno no solo un protocolo de actuación en aplicación de estos tratados y una formación específica y reciclaje profesional de los operadores implicados, sino también una reflexión sobre los problemas y carencias detectados y que dificultan una mejor aplicación del objeto de los tratados.

Centrándonos en el Convenio de La Haya de 1980 y en el Reglamento 2201/2003, de la Unión Europea, un protocolo de actuación parece preciso porque hay una serie de cuestiones en las que sería importante unificar los criterios. Primero, hay que recordar que las solicitudes deben cumplir una serie de requisitos formales y que deben estar fundamentadas. Esto ha ocasionado muchos rechazos de solicitudes y probablemente la pérdida de la posibilidad de recuperar al menor si ha pasado un año desde el traslado o sustracción. También es requisito que los documentos estén traducidos al idioma del Estado requerido o al que este admita, poniéndose de manifiesto en numerosos informes la carencia de personal suficiente por parte del Ministerio de Justicia para las traducciones. Quiero recordar también que la resolución judicial ha de dictarse no más tarde de seis semanas después de la interposición de la demanda y que hay que modificar también la práctica de los tribunales españoles de que la orden de retorno nunca señala fecha, ni modo, ni lugar de la restitución del menor, ni tampoco establece consecuencias de su incumplimiento, ni son directamente ejecutivas, porque se otorga un plazo de veinte días para su cumplimiento voluntario y, caso de no hacerse, se pasa a una ejecución voluntaria. En otras jurisdicciones se recogen compromisos que son obligaciones vinculantes para las partes y directamente ejecutivas. También es preciso remarcar la importancia del plazo de un año como término tras el cual el retorno es casi imposible, al entenderse que el menor se ha arraigado en un nuevo entorno, y remarcar cómo se computa este plazo, tanto en el dies a quo como en el dies ad quem. También hay que recordar que la objeción al retorno basada en el grave riesgo de que se exponga al menor a un grave peligro físico o psíquico o cualquier otro que ponga al menor en un riesgo intolerable -podríamos estar aquí alegándolo para un supuesto de violencia de género, contemplado en el artículo 13.b) del Convenio de La Haya-, en el marco del reglamento europeo no se admite si hay medidas adecuadas a su retorno. Por último, es preciso reconocer que el recurso de apelación y ejecución provisional contra el auto que ordene o deniegue la restitución es en un solo efecto, pero ha causado muchos problemas, porque ¿qué pasa si la resolución firme revoca la de la instancia que ordenaba el retorno y este ya se ha ejecutado? Pues que el retorno no


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se debería haber producido y, sin embargo, ya no tiene vuelta atrás. También quiero recordar que en el Reglamento 2201/2003, la resolución denegatoria de instancia del Estado miembro al que el menor haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilegalmente será revisada por el Estado miembro de residencia.

Por último, como ya se ha señalado al principio, no solo es precisa una guía práctica o protocolo de actuación, también son necesarias una serie de reformas para paliar algunas carencias que se han puesto de manifiesto por los operadores jurídicos, tales como -ya se han señalado anteriormente- la falta de competencias de la autoridad central española para la averiguación de la localización del menor trasladado o retenido ilícitamente y también la falta de facultades en la fase de ejecución de la orden de retorno. Y muy importante respecto al juzgado competente, España no concentra la competencia en esta materia en un número limitado de juzgados, como lo hacen Francia, Reino Unido, Austria o Finlandia. España tiene más de 900 juzgados de Primera Instancia, mientras que el Protocolo de buenas prácticas del Convenio de La Haya recomienda la concentración en una instancia, y ello para la acumulación de experiencias entre los jueces implicados, para el establecimiento de confianza mutua entre las autoridades judiciales y las autoridades centrales en los distintos países, para un mejor conocimiento del convenio, para una disminución de los retrasos y para una mejor coherencia entre jueces y juristas.

En definitiva, señorías, creemos que hay razones suficientes para la elaboración de un protocolo de actuación y también para revisar serias carencias detectadas por los operadores jurídicos y que dificultan la ejecución de la normativa sobre traslados y retención ilícita de menores.

Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: De novo, bona tarda a tothom.

Señora Moro, yo no haré una valoración jurídica ni de qué normativa es la aplicable -convenios internacionales, convenios bilaterales- ni de la concurrencia, que se da muchas veces en estos supuestos, de la aplicación de legislación civil y, cuando se ha producido la sustracción, aplicación del Código Penal. En todo caso, para centrar el objeto de debate, estamos ante una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, por el partido que gobierna el Reino de España.

Quiero hacer un inciso. Ya lo han hecho antes. Lo hicieron en el Pleno de la semana pasada, cuando presentaron una proposición no de ley vinculada también al Ministerio de Justicia, en la que planteaban la bondad, la necesidad de establecer mecanismos para la mediación. Se lo dijimos en aquel momento: el Partido Popular gobierna el Reino de España y tiene funciones ejecutivas para llevar adelante determinadas políticas. Hoy nos presentan una proposición de ley que abunda en el tema de la sustracción internacional de menores. Compartimos los argumentos de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios en cuanto a las dificultades que entraña esta cuestión; ahora bien, es una proposición no de ley simple. Dice: elaboración de un protocolo. Perfecto. Y luego: formación de las personas que se encuentran relacionadas, en este caso desde los juzgados -Primera Instancia, Instrucción, juzgados de Familia allá donde existan- hasta la policía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aduanas, etcétera. Está muy bien, es una proposición no de ley inocua. Ni aporta ni resta, es inocua. En todo caso, a la hora de elaborar ese protocolo y todo lo que lleva aparejado, yo pondría el acento en las obligaciones que corresponden al Ministerio de Justicia, pero también en la intervención de otros ministerios involucrados, como Interior y Exteriores. En todo caso, no creemos que sea una proposición no de ley que no se pueda votar, sino todo lo contrario, pero quiero insistir en un aspecto que tampoco es baladí. Lo que hoy plantea el Grupo Popular no es de ayer ni de anteayer, sino que hace tiempo que ocurre y hace tiempo que ustedes gobiernan. Esto es así. Han gobernado durante la X Legislatura con mayoría absoluta y podían haberlo hecho. En todo caso, sin querer insistir más en este tema, es perfectamente votable, pero quien tiene las funciones ejecutivas es el Gobierno del Estado español y no entiendo que nos traigan una proposición no de ley que dice que se tiene que hacer un protocolo, pero no dice cómo, y que todos los profesionales que se encuentran implicados en estos hechos concretos deben recibir formación. Efectivamente. Pues háganlo. Ya veremos lo que votamos; es perfectamente votable, pero es función de los ministerios implicados en esta cuestión.

Gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Me corresponde preguntar ahora, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, a la señora Moro Almaraz si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora MORO ALMARAZ: Señor presidente, en este momento estamos intentando hacer una transacción de aceptación parcial de algunas de las enmiendas. No aceptamos la enmienda de Podemos y tampoco, como ha explicado el portavoz de Foro, la correspondiente a su grupo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Tomamos nota por si hay transacción antes de la votación.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DEL MODELO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL. (Número de expediente 173/000019).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno respecto del modelo de contratación del personal investigador predoctoral. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.

El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente.

La moción de mi grupo tiene que ver con la interpelación que hicimos la semana pasada al ministro de Educación, en la que mostramos nuestra preocupación por los cambios que habían sufrido los investigadores predoctorales en las últimas semanas. Es cierto que el Gobierno ha rectificado y hemos vuelto a la situación de origen, pero eso no significa que no estemos preocupados por los investigadores predoctorales y por la ciencia en general. Y como queremos que esto no vuelva a pasar y nos lo queremos tomar en serio, hemos considerado presentar una moción donde se desarrollan dos ideas básicamente. En primer lugar, hay que desarrollar un estatuto del personal docente investigador, tal como recoge el artículo 13 de la Ley de Universidades del año 2001; es decir, llevamos prácticamente dieciséis años de retraso respecto a la legislación. Además, queremos que se regule también el estatuto del personal de investigación en formación y, más en concreto, de estos jóvenes investigadores. En la Ley de la Ciencia del año 2011, tanto en su artículo 21 como en la disposición adicional segunda, se hablaba ya de esa posibilidad. Estos dos elementos son relevantes. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Urquizu.

Por favor, les ruego silencio para que podamos escuchar al orador.

Continúe, señor Urquizu.

El señor URQUIZU SANCHO: Y son relevantes por varios motivos. En primer lugar, como le decíamos al ministro la semana pasada, para que aquellos que se dedican a trabajar en este país, también los que se dedican a la ciencia, tengan no solo un reconocimiento social sino también una estabilidad; que tengan dignidad como investigadores y como científicos. En un pasado muy pretérito, que tiene que ver con el año 2006, solo eran meros becarios, pero ahora en nuestro país ya estamos hablando de trabajadores científicos, con independencia de la etapa en la que estén. En segundo lugar, porque esto forma parte no solo de un modelo de país sino del futuro. Este país se tiene que basar en la ciencia, en la investigación y en la innovación o no va a tener futuro. Si queremos llegar a ese futuro y que a ese futuro nos lleve ese grupo de gente, esas personas tienen que tener, como digo, un trabajo digno y tienen que ver reconocidos esos derechos.

Nos asustan algunas cosas respecto a estas personas. Muchas de las desigualdades que tenemos hoy en día se pueden acabar reproduciendo en este cambio tecnológico, en esa innovación. Es decir, queremos prevenir una situación que nos provoca mucha preocupación, la de que haya trabajadores muy precarios y que, en el caso de la ciencia, esa precariedad también se dé en gente que tiene un papel tan fundamental para nosotros y para este país. Si somos capaces de desarrollar un marco regulador para aquellos que se van a dedicar a la ciencia, a la investigación y a la innovación, seremos capaces de sacar


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todo el talento que hay en la sociedad. Tenemos que ser capaces de decir a la seguramente mejor generación de científicos que tenemos ahora mismo, que se dedican a la ciencia y que siguen apostando por ella, que sigan haciéndolo porque van a tener no solo ellos un futuro sino también nosotros. Por eso, porque creemos en ellos y en ese futuro, consideramos que tenemos que crear un marco regulador que permita sacar toda la innovación y toda la creatividad que tenemos en este país en forma de ciencia e investigación.

Pero eso es el futuro y ahora estamos en el presente, y en el presente tenemos que abordar estas dos cuestiones: los investigadores predoctorales y los científicos. Consideramos que se tiene que abrir un diálogo en la comunidad científica con los Gobiernos autonómicos, con las universidades, con los institutos que se dedican a la investigación para que sean capaces de ponerse de acuerdo en cómo tienen que contratar a todo ese personal, en qué derechos tienen, en cuáles son las diferentes etapas por las que van a pasar, en definitiva, en cómo ofrecerles un futuro de certidumbre, que creo que es básico para los científicos. Los científicos y los que se quieran dedicar en estos momentos a la ciencia en nuestro país tienen que tener certidumbre sobre el horizonte que les espera en una profesión tan bonita como es la investigación.

Finalmente, estamos hablando también de los jóvenes. Seguramente son los jóvenes los que han sufrido con más virulencia la crisis. No podemos decir a jóvenes tan brillantes que en nuestro país no tienen salida y que la tienen que buscar en otro lugar. Eso ya ha pasado estos años, y la forma de frenarlo y de conseguir que todos esos jóvenes no se vayan y se queden aquí es ofrecerles esa certidumbre, ofrecerles un modelo de contratación y una forma de dedicarse a la ciencia de forma digna. Está en juego el futuro de nuestro país, el futuro de los jóvenes y el futuro de la investigación, por lo que necesitamos desarrollar normas, que, como decía al principio de mi intervención, llevan cierto retraso.

Finalmente, quisiera agradecer a todos los grupos el esfuerzo que han hecho por sumarse a esta iniciativa. Cada uno ha reflejado sus matices respecto a la ciencia y a la comunidad científica, pero todos han hecho un esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo respecto a algo que creo que es muy importante, y es cómo conseguir caminar hacia una sociedad mejor y no quedarnos atrás respecto a otros países. Por lo tanto, mi agradecimiento, puesto que creo que hemos sido capaces de llegar entre todos a un buen acuerdo. Vamos a ver ahora las intervenciones, pero desde luego quiero mostrar satisfacción porque creo que todos nos hemos tomado muy en serio lo que significa esta moción, lo que significan los jóvenes investigadores en nuestro país y lo que significa la ciencia para España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Urquizu.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, un día trabajaban en la universidad y en los organismos de investigación con un contrato por obra o servicio, el que habían firmado. Al día siguiente, ese contrato era de prácticas. Nadie les avisó. La mayoría de los miles de investigadores predoctorales contratados en nuestro país se enteró por los medios de comunicación. Así, de manera unilateral, de forma retroactiva, procedía el Gobierno a modificar la codificación de sus contratos. Esto provocó, evidentemente, una oleada de indignación en el sector universitario. Este descontento no solo se debía a la pérdida de derechos laborales y de condiciones, sino, en suma, a la precarización del sector de la investigación. Los investigadores sienten, con razón, que se está atacando al eslabón más débil de la cadena científica.

Como está ocurriendo con toda la educación, la universidad es objeto de recortes y transformaciones hacia unos modelos que escapan de los ideales de universalización, equidad y justicia social, propios de una educación pública y de calidad. Entre las funciones de las universidades, el trabajo de investigación es fundamental para la generación de conocimiento, pero lo que encontramos habitualmente es que esta función se olvida o pasa a un segundo plano. Con el pretexto de la crisis, se ha venido reduciendo el personal docente investigador con carácter estable a tiempo completo en nuestro país, fomentando la emigración de nuestros jóvenes investigadores y docentes hacia países de nuestro entorno, algo que debemos remediar mediante el impulso a las comunidades investigadoras; que puedan circular libremente y permitir que sus miembros se radiquen en cada momento allá donde sea más conveniente para el desarrollo de su investigación; que no volvamos a tener espectáculos bochornosos de centros de investigación de vanguardia que acaban despidiendo sin más a sus miembros y obligándoles a reemprender


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una carrera en países que sí se toman en serio la ciencia y donde, al final, sí obtienen esas personas emigradas éxito personal y social.

Nosotros vamos a aceptar la propuesta de transacción con el Grupo Socialista y otras formaciones porque entendemos que es necesario que dejemos de estar con los brazos cruzados. Es necesario, por el bien de la ciencia, que votemos afirmativamente esta proposición.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.

Bona tarda, diputats i diputades. No puedo empezar haciendo ver que ayer no sucedió nada. Estamos todos en una habitación y en medio hay un gran elefante, y muchos de aquí hacen ver que el elefante no está, pero el elefante está y el elefante se llama realidad, y la realidad también es Cataluña. Es legítimo pensar que hay alternativas a permanecer bajo el paraguas de un país que no tiene proyecto ni propuestas, que está encallado, que está enquistado y cuyos representantes políticos no tienen la valentía de actualizarse y de presentar propuestas nuevas. Nosotros tenemos una alternativa y está encima de la mesa, y les guste más o les guste menos la seguiremos defendiendo y la gente la va a seguir votando. Y frente a esto, que existe, su única propuesta hasta la fecha se reduce a penalizar cualquier intento para facilitar al pueblo una urna para decidir. La Comisión de Venecia les ha advertido, Europa empieza a hablar y en Escocia se habla sin ningún tipo de complejos sobre un segundo referéndum. Han convertido a España en un país en el que obedecer al pueblo es desobedecer al Tribunal Constitucional, un país en el que cumplir el programa electoral puede costarte la inhabilitación. Les veo retroceder tanto que solo se me ocurre decirles: El futuro queda hacia delante y no hacia atrás. Mas, Ortega, Rigau, no esteu sols, jo també ho tornaria a fer.

Empiezo. Un buen Estado nunca debería ser el autor de la eliminación de herramientas útiles ni el responsable de entorpecer el progreso; debería ser justo lo contrario. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social decidió cambiar los contratos predoctorales por obra y servicio a contratos en prácticas. ¿Se dan cuenta ustedes de la indefensión a la que someten a los ciudadanos? Y además de manera unilateral reconducen el Estado español a un inaceptable retroceso tanto en derechos como en condiciones laborales, aumentando la precariedad y también la inestabilidad.

Entendemos con buena intencionalidad la propuesta, pero también creemos que debemos respetar los modelos propios tanto de las universidades como de las comunidades autónomas. La carrera investigadora no es un proceso burocrático o funcionarial. Nosotros apostamos por un modelo abierto en el que derechos y deberes deban ser acreditados a través de procesos evaluadores, también abiertos, que faciliten la movilidad y la concurrencia competitiva. Y les invito de nuevo a mirar el modelo que tenemos en Cataluña. Votaremos a favor de terminar con la precarización y con la inestabilidad, pero remarcando nuestra apuesta por la suma de recursos estables en la investigación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Nogueras.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

La moción del Grupo Socialista derivaba de una interpelación al ministro. Digo derivaba porque la moción al final se ha convertido en otra cosa. Lo que se pretendía en la interpelación parece que ha derivado en otro ámbito, pero al final nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha planteado en la moción.

Sin duda alguna, nosotros no nos vamos a negar a la elaboración de lo que se plantea aquí respecto al personal docente investigador, porque consideramos que este estatuto puede ser válido. Respecto a las figuras de personal docente investigador previstas tanto en las leyes orgánicas que se mencionan en la moción como en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros en Euskadi, por ejemplo, tenemos figuras específicas de personal docente investigador reguladas en nuestra propia Ley de Universidades, de 2004, junto con la Ley de Ciencia y Tecnología, pudiendo desarrollar una política propia de apoyo a los investigadores, de apoyo a los científicos, para que puedan desarrollar su trabajo justo antes de hacer la tesis doctoral. No obstante, cuando se plantean cosas como la que se plantea hoy hay que tener cuidado


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para no meternos en ámbitos que no nos corresponden y correr el riesgo de invadir las competencias que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene en esta materia. Además, su propia Ley de Universidades dota a Euskadi de capacidad en este ámbito.

En este sentido, nosotros hemos presentado dos enmiendas que pretenden aportar, mejorar y limitar ciertas cuestiones. En primer lugar, hemos presentado una enmienda que diferencia los tipos de contrato. Pedimos al Gobierno que se realicen los cambios normativos necesarios a fin de que la tipología de contratos del personal investigador -sea predoctoral en formación, temporal de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, etcétera- sea también aplicable por organizaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación. Es decir, creemos que hay entidades, que hay organizaciones que trabajan por la investigación y que pueden desarrollar su trabajo sin ánimo de lucro y beneficiarse en esta materia.

En cuanto a la segunda enmienda que hemos presentado, creemos también que hay que diferenciar -lo que decía antes- claramente los tipos de contrato del personal investigador en formación, que afectan a los investigadores predoctorales que realizan la tesis doctoral, de aquellos que afectan a los investigadores predoctorales, a los que se les contrata para colaborar en un proyecto de investigación -muy importante, pero diferente-, cuyo objetivo no es la realización de una tesis doctoral. Esto es importante porque defendemos que tiene que haber una potenciación de aquellos que quieren hacer una tesis doctoral y que están trabajando para ello. Por lo tanto, hemos presentado estas dos enmiendas.

Sabemos que algunos ponen en cuestión los centros privados de investigación sin ánimo de lucro. Son centros que, en el caso de Euskadi, desarrollan una labor importantísima; son centros con apoyo económico público-privado que hacen que la economía después opere de una manera importante porque en ellos se realizan trabajos de investigación muy válidos para todo el desarrollo de un país.

Hemos visto que se ha presentado una transaccional que recoge cosas de unos y otros, y la apoyaremos porque consideramos que es importante, aunque creemos que hay que tener en cuenta el hecho de que se entre en ámbitos, como decía antes, que no le corresponden y respetar las competencias que cada comunidad autónoma tiene en esta materia. Por lo tanto, quiero decirle al Partido Socialista que participaremos en la transacción. Nos hemos visto incluidos en esa transacción en alguna parte de nuestras enmiendas, aunque otra no ha recogido precisamente lo que esperábamos, pero en el momento en que el Gobierno recoja el guante, se ponga a hacer una ley de esta índole y dote a este personal de un estatuto, haremos hincapié en que todas estas cuestiones sean incorporadas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención denunciando agresiones que ha habido esta misma tarde en la Universidad Autónoma de Barcelona por parte de grupos independentistas a Sociedad Civil Catalana. (Aplausos). Es la segunda vez que este grupo parlamentario tiene que traer a esta Cámara denuncias como la que he expuesto. A quien corresponda, por favor, saquen a sus camisas pardas de la universidad. (Aplausos).

Dicho esto, es un honor para mí defender ante este Pleno cuestiones relacionadas con la ciencia, con la universidad y más en concreto con el personal docente e investigador al que pertenezco. El motivo que dio lugar a esta moción, que fue la errónea adscripción de los investigadores predoctorales del código 420 al código 401, ya había sido objeto por parte de mi grupo parlamentario tanto de una reunión con los afectados como de una pregunta parlamentaria, así como también de una iniciativa legislativa donde pedíamos el desarrollo de la Ley de la Ciencia, que por cierto presentamos antes que el Partido Socialista. Por tanto, está claro que nosotros defendemos esta proposición y vamos a apoyarla.

Afortunadamente, a nosotros no nos ha pasado lo que le pasó al señor Urquizu, que se enteró en esta tribuna del cambiazo, el cambiazo que dio el Gobierno. Y digo que no nos ha pasado porque personalmente pedí una reunión con el secretario de Estado de Universidades para exigirle que subsanaran la pifia -porque no había otro nombre- que se había producido y que afectaba a más de 10.000 investigadores, a los que, pese a lo que dijo el ministro, realmente dejaba en una situación bastante malparada. La verdad es que afortunada y coyunturalmente se ha solventado, pero no hay mal que por bien no venga, y digo esto porque esta metida de pata garrafal, de la que el Gobierno echa la culpa a la CRUE y el PSOE echa la culpa al Gobierno, realmente lo que ha hecho ha sido poner el foco


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en una cuestión que a nosotros nos parece muy importante, que es la precariedad de la ciencia. Voy a versionar a los hermanos Cohen, que decían que Estados Unidos no es país para viejos; yo quiero decir que España no es país para ciencia, y especialmente no es país para científicos.

Podría gastar todos mis minutos más los de los comparecientes que vienen hablando de los problemas que tienen la ciencia y la universidad en este país, desde la falta de coordinación entre las comunidades autónomas hasta el albur en el que estamos los investigadores y los profesores universitarios; desde los ciclos económicos y políticos hasta la falta de especialización de las universidades y la asfixia que está provocando la cuestión burocrática a la comunidad científica con, por ejemplo, cuestiones como la intervención previa. Pero si tuviera que elegir la cuestión que más urge solventar esa es la que se trae hoy en esta moción, que es la definición y la consolidación de la carrera investigadora y la situación del personal investigador. Al margen de los contratos predoctorales, lo que no puede ser hoy en día es que esté igual de valorado un profesor universitario que trabaja al ralentí que uno que está generando equipos de investigación de excelencia. Por eso nosotros creemos que no se puede esperar más y hay que poner en marcha las dos cuestiones que planteaba el Partido Socialista: por una parte, el estatuto del PDI y, por otra parte, el desarrollo de la Ley de la Ciencia, con todo lo que implica en cuanto a recursos humanos.

Quiero terminar diciendo que la verdad es que me ha sorprendido mucho que haya sido el PSOE quien haya traído esta cuestión a colación porque realmente fueron ellos quienes en el año 2007 plantearon un estatuto del personal docente e investigador que, desde mi punto de vista, ponía encima de la mesa cuestiones muy importantes, como la carrera horizontal. En aquel entonces no consiguieron sacarlo adelante. Ahora Ciudadanos está aquí y si se vuelve a poner encima de la mesa lo vamos a apoyar. Por eso les digo al Gobierno y al Partido Popular que no hacen falta grandes innovaciones, que desempolven aquel borrador, que tenía muchas cuestiones bastante razonables, que lo actualicemos, que lo adaptemos a la situación actual y que nos pongamos a trabajar sin más dilación todos los grupos, como hemos hecho con esta transaccional, para dar una solución a estos problemas laborales y de desarrollo profesional. Ya saben que para esto, para lo que es trabajo, para lo que es negociación y para lo que es dar solución a problemas reales, a Ciudadanos siempre nos van a encontrar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy estamos aquí para debatir acerca de la situación de las investigadoras y los investigadores de nuestro país y especialmente de aquellos 10.000 investigadores que por sorpresa se encontraron con que sus condiciones laborales habían empeorado inesperadamente y podríamos decir que a traición; inesperadamente porque no era previsible que cambiaran sus condiciones de trabajo de un día para otro cuando ya estaban reguladas por la Ley de Ciencia de 1 de junio de 2011, una ley que no había sido modificada y que por tanto seguía vigente, y a traición porque no hubo ningún tipo de aviso, ni previo ni posterior, acerca del cambio que se había efectuado. Fueron los propios investigadores predoctorales los que, al descubrir que su código de cotización había sido modificado, del 401 al 420, y tras un periodo de incertidumbre y de búsqueda de respuestas sobre lo que esto implicaba, conocieron que habían dejado de ser trabajadores por obra y servicio para convertirse de nuevo en aquello que habían conseguido superar tras años de reivindicaciones; es decir, para convertirse nuevamente en trabajadores en prácticas, en becarios. Pero la jugada le ha salido mal al Gobierno porque se equivocaron en una pequeña cosa, y es que no tuvieron en cuenta que los jóvenes investigadores de este país son un colectivo informado y concienciado acerca de cuáles son sus condiciones de trabajo y de cuáles deberían ser, así como de cuál es el trato que recibe la investigación por parte de este Gobierno y cuál debería ser.

Desde el Ministerio de Empleo se dijo que estos cambios solo tendrían carácter administrativo, por lo que no afectarían a la cotización, al subsidio por desempleo, al derecho a vacaciones o a la indemnización por despido; en resumen, a los derechos que todo trabajador y trabajadora debería ver reconocidos. Pero esto era totalmente falso; como han señalado los propios afectados, esta modificación tenía profundas implicaciones sobre su futuro y sobre su presente laboral. Ahora, tras la presión social de estas semanas, parece que el Gobierno da marcha atrás y no aplicará esta medida, por lo que nosotros nos alegramos, claro está. Pero si el Gobierno pensaba que con esta rectificación sería suficiente e íbamos a mirar para otro lado, tenemos que decirle que se equivoca, porque si algo ha puesto de manifiesto este amago de


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precarizar las condiciones laborales de miles de investigadores predoctorales es justamente la situación de inseguridad y desprotección en la que se encuentran. Y esta situación -hay que decirlo- es el resultado de la falta o del no desarrollo de un estatuto del personal investigador en formación que sea acorde a la Ley de Ciencia de 2011. Ustedes tuvieron dos años para desarrollar este estatuto y no lo hicieron en la legislatura pasada. ¿Para qué este estatuto? Es un estatuto que tiene que dignificar definitivamente las condiciones de trabajo de los investigadores e igualarlas al resto de trabajadores de la institución en la que se encuentren, sea la universidad o sea un centro de investigación; un estatuto que asegure que son de facto trabajadores con los mismos derechos y no trabajadores de segunda. Pero mejorar las condiciones de los investigadores predoctorales no termina con mejorar su contrato durante ese periodo, sino que está en estrecha relación con mejorar la inversión en investigación y con aumentar la tasa de reposición del personal universitario y de los centros de investigación. A nuestro juicio, esa es la única manera de crear una infraestructura sólida que permita la continuidad de la carrera investigadora dentro de España.

La inversión pública en I+D se ha reducido un 40 % desde el año 2009, lo que ha supuesto echar por la borda investigaciones, trabajos que ya estaban en marcha. Los continuos recortes presupuestarios en ciencia e investigación están provocando una pérdida del personal investigador, de infraestructuras, de proyectos y de grupos de investigación. Por eso, señorías, planteamos la necesidad de blindar el gasto de investigación y eliminar los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en investigación y desarrollo, porque a la pérdida de personal que acabamos de mencionar se suma al envejecimiento de los investigadores, con una media de edad que supera ya los cincuenta años. Y, en efecto, sin una tasa de reposición adecuada y sin la convocatoria de plazas los jóvenes doctorandos y doctores no pueden estabilizar su carrera investigadora y se ven instalados en la más absoluta precariedad. De este modo, algunos investigadores se encuentran en el exilio forzoso o -como diría la inefable ministra Fátima Báñez- en la movilidad exterior, la única manera de continuar vinculados a la investigación; otros, desgraciadamente tendrán que abandonar una vocación para la que llevan preparándose toda una vida. Por eso son miles de investigadores los que necesitan una planificación de las convocatorias de contratos a nivel predoctoral, posdoctoral y en fase de estabilización, así como una regulación de la periodicidad de las convocatorias. Son miles de investigadores los que necesitan unos contratos de investigación que estén equiparados y en concordancia. Si se ofrecen cien contratos predoctorales, que se planifiquen cien contratos posdoctorales. Sin esta planificación la carrera universitaria se convierte en una carrera de obstáculos desmotivadora y sin sentido.

Voy acabando. Podríamos decir mucho más acerca de la investigación y de sus protagonistas, así como del trato que recibe la ciencia, que recibe la investigación en España, pero para cerrar nuestra intervención nada mejor que recurrir a un lema de la Federación de Jóvenes Investigadores, porque sin ciencia no hay bienestar, sin ciencia no hay recuperación y sin ciencia no habrá futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Hasta el año 2013 las ayudas concedidas a través de convocatorias de la Secretaría de Estado de Investigación estaban configuradas como dos años de beca y dos años de contrato. Se llamaban ayudas de formación del personal investigador y desde luego era una situación no deseada, una situación de precariedad que se ha dado y se ha mantenido durante todos los Gobiernos socialistas. Es en el año 2013 cuando a los investigadores predoctorales se les ofertaron ya contratos de cuatro años. Esto supuso una mejora cualitativa en las condiciones laborales y, de hecho, acabar con la precariedad del pasado. Pese a que esta medida suponía un considerable gasto adicional en un momento muy complicado, no se disminuyó el número de ayudas, sino que se mantuvieron en torno a las 1.000 ayudas anuales. Además, en el año 2014 se completaron con la financiación durante un año más del periodo de orientación posdoctoral para aquellos investigadores que habían finalizado su tesis doctoral en tres años, con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda. Esto lo ha puesto en marcha el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, que ha acabado con la precariedad laboral de los investigadores en España. Por eso quiero aprovechar para poner en valor este esfuerzo que han realizado todos los españoles a través de la acción del Gobierno de Mariano Rajoy y la visión de futuro que supuso en los peores momentos apostar por la investigación y por los investigadores, con hechos. Una muestra


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son los más de mil cuatrocientos contratos predoctorales, lo dijo en esta sede hace apenas una semana el ministro de Educación. En fin, los hechos están claros. El Grupo Socialista está orgulloso -y me parece legítimo- de lo que Gobiernos socialistas han declarado; declarado, porque han cambiado poco la realidad de los investigadores españoles. Los cambios, los derechos, las garantías han venido siempre de la mano de Gobiernos del Partido Popular. Por eso quiero, en nombre de mi grupo parlamentario, declarar el orgullo por esa labor hecha que ha erradicado de la investigación española la precariedad.

Pero vamos a lo fundamental. Lo fundamental es que podemos estar de acuerdo, a pesar de las diferencias. Así se refleja en el texto de las enmiendas que hemos preparado los diferentes grupos parlamentarios. Estaremos de acuerdo -espero- en beneficio de la investigación y de los investigadores; estaremos de acuerdo en que hay que elaborar un estatuto del personal docente e investigador. Lo dice mi grupo parlamentario y los demás grupos, pero lo dice también el Gobierno de España, lo ha dicho hasta la ponencia de educación recientemente aprobada en el congreso nacional del Partido Popular. Estamos de acuerdo en que hay que reconocer la importante y fundamental labor y el papel que los investigadores tienen en nuestra sociedad. Estamos de acuerdo en que, a pesar de lo mucho que hemos avanzado en estos últimos años en el reconocimiento de los derechos laborales de los investigadores, tenemos que continuar el camino emprendido. No podemos volver a la precariedad anterior al año 2013. Es necesario desarrollar una carrera profesional para los investigadores predoctorales a través del desarrollo de la investigación, de la docencia, de la transferencia de conocimientos a la sociedad, porque a través de esos instrumentos es como podemos hacer real una carrera profesional basada en el mérito y en la capacidad. También estamos de acuerdo en que debemos analizar en profundidad el Estatuto del personal investigador en formación para hacer efectiva la implantación de la carrera investigadora. Sí, señor, estamos completamente de acuerdo en todo esto.

Por todas estas razones, creo que podemos llegar a acuerdos, como el que esta tarde hemos conseguido alcanzar. Si trabajamos juntos estaremos trabajando de verdad a favor de la ciencia en España, a favor de la investigación en España, lejos de partidismos estériles, lejos de reproches injustos. Así estaremos más lejos que nunca de volver a situaciones indeseadas del pasado, que suponían la falta real de garantías, la falta real de derechos, la falta real de miradas al futuro, miradas que espero que todos los grupos parlamentarios esta tarde seamos capaces de hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Valmaña. (Protestas en la tribuna pública.-Varios señores invitados en la tribuna pública muestran unos folios en los que se lee: Dignidad predoctoral). No están permitidos los signos de aprobación ni de desaprobación en las tribuna. Por favor, desalojen las tribunas. (Así lo hacen los servicios de la Cámara.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, vueltos hacia la tribuna pública).

Estoy seguro de que lo saben, pero simplemente quiero recordar que el artículo 107 del Reglamento es muy claro y además me parece que es una norma que preserva el buen orden y la capacidad de expresarnos todos en esta Cámara. Ustedes saben que no se permiten ni las expresiones de aprobación ni de desaprobación, por lo que creo que todos deberíamos de fomentar el buen respeto al Reglamento que, vuelvo a decir, nos ampara a todos. (Aplausos). Pero sobre todo deberíamos respetar al diputado que estaba en el uso de la palabra, o que lo iba a tener, que está esperando a que podamos mantener ese orden.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Senyor president, senyoras y senyores diputats, promover la carrera investigadora, avanzar en el Estatuto del Personal Docente e Investigador, asegurar que el personal que realiza un contrato, como es el caso de los investigadores predoctorales, no pierdan derechos con la colaboración de las comunidades autónomas y respetando la autonomía universitaria. Hasta aquí, de acuerdo; todo ello es necesario pero, ¿por qué no hemos firmado la transaccional? Porque es necesario pero insuficiente. Me explicaré. Cuál es el problema de fondo, ¿los contratos? Cuál es el problema de fondo, ¿la carrera? No, el problema es cómo trata este Estado a la ciencia y el Estado español trata a la ciencia mal, muy mal. Como ya se ha dicho anteriormente, los recursos destinados a ciencia se han reducido desde el año 2009 un 40 % y esto no ha sido la norma en la Unión Europea. Hemos caído 33 puntos por debajo de la media, que ha crecido un 0,16. Y no es solo esto, Alemania ha crecido un 18 %,


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pero no nos comparemos con Alemania sino con Eslovenia, que estaba en el año 2009 por debajo del PIB de España. En la actualidad España está en el 1,26 y Eslovenia, un pequeño país, una pequeña república, está en el 2,22 del PIB. Se puede amar la ciencia y se pueden hacer las cosas de forma muy diferente.

Las crisis económicas suelen tener dos efectos inmediatos sobre la ciencia en España. El primero, son los recortes porque la ciencia es uno de esos sectores que Gobiernos como los que padecemos y padecimos consideran las marías de la economía, que adornan y dan esplendor en tiempos de bonanza pero que son incapaces de contribuir a las grandes tendencias del empleo y al crecimiento. Son, por tanto, invisibles para la lupa Sarrió de la macroeconomía. Las primeras potencias científicas no solo saben que la ciencia es una actividad estratégica que requiere de continuidad, sino también que la estructura industrial de un país depende de la apuesta que se hagan sus poderes públicos por la investigación y el desarrollo. Pero como estas cosas tardan más de una legislatura en dar sus frutos, resulta un blanco ideal para la miopía política.

El segundo efecto es empezar a exigir más resultados aplicables a corto plazo y menos ciencia básica sobre unas cuestiones tan fundamentales y abstrusas que maldito el ministro que las entienda: más investigación aplicada y menos básica; más ingeniería y menos filosofía. Si aplicamos el oído, es lo que se ha escuchado estos años en los despachos. Que los genios vayan a Harvard. Otro error. Una anécdota que escuché hace tiempo sobre Gladstone y Faraday -me parece que del inolvidable José Luis Sampedro- decía algo así: Señor Faraday, ¿para qué sirve todo esto?, preguntó el primer ministro William Gladstone. Faraday le contestó: No lo sé, señor, pero algún día cobrará usted impuestos por ello. Miren, lo digo de memoria, se non è vero, è ben trovato. Michael Faraday, sin formación académica pero considerado el mejor experimentalista de la historia, y el gran físico y matemático Clerk Maxwell, abrieron un continente a la ciencia al descubrir en la década de 1880 que la electricidad y el magnetismo no son dos fuerzas sino dos formas de mirar la misma fuerza, la fuerza electromagnética, y que la luz era una de sus manifestaciones. El primer ministro Gladstone no llegó a cobrar impuestos por ello, pero sus herederos -de todo el planeta- ¡se han puesto las botas! Así es como avanzan el conocimiento y la industria; no recortando a ciegas y exigiendo resultados de urgencia, de legislatura corta y de gobernantes cortos.

¡Ciencia y república!

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

En el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto al señor Urquizu Sancho si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor URQUIZU SANCHO: Sí, hemos aceptado todas las enmiendas, las hemos transaccionado, tenemos una nueva redacción firmada por los distintos grupos y acercaré ahora a la Mesa el texto de cómo quedaría finalmente la moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, tomaremos en cuenta la transacción para la votación.

Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI, ESPECIALMENTE LAS MUJERES. (Número de expediente 173/000020).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Corresponde a continuación debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de discriminación de las personas LGTBI, especialmente las mujeres.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora García Puig.

La señora GARCÍA PUIG: Bona tarda. Buenas tardes.

Hace unos meses, un niño de nueve años escribió una carta a sus compañeros de clase que lo insultaban desde que un día decidió disfrazarse de princesa. Les leeré un trozo de la carta, que decía: Ahora os voy a explicar lo que me molesta y me enfada, que os burléis de mí, que utilicéis palabras bonitas de insulto, que escribáis cosas feas de mí y sobre todo que os riáis de mí. Todo esto me hace sentir mal,


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triste, enfadado y solo. Este es uno de los muchos casos de LGTBI-fobia que recogió en 2016 el Observatorio contra la homofobia de Cataluña. Un caso de acoso escolar por el que la familia del niño y el observatorio siguen luchando. Leyendo esta carta recordé mi propia infancia. Recuerden, por favor, sus señorías sus años de escuela, a aquél chico que era motivo de burla por ser afeminado o a aquella chica a la que llamaban marimacho. Esta carta, y tantas otras que desconocemos, demuestran cómo a pesar de que la ministra nos hablara la semana pasada de tantos avances, nuestras escuelas siguen siendo demasiado a menudo espacios de sufrimiento y acoso para los niños y niñas que no se acomodan a las expresiones de género normativas.

No podemos permitir los espacios de sufrimiento. El sufrimiento en la escuela, en la oficina, en la familia o en el espacio público por orientación sexual e identidad de género deben terminar. Esta moción busca avanzar en medidas legislativas que pongan los medios para acabar con el sufrimiento de tanta gente. Para ello, proponemos avanzar hacia la aprobación de una ley estatal por los derechos de las personas LGTBI y una ley estatal específica integral por los derechos de las personas trans. Pensamos que son necesarias dos leyes diferenciadas. Así nos lo han transmitido los colectivos trans que, basándose en su experiencia, consideran que tienen que hacer frente a realidades específicas. Después de silenciar a las personas trans durante siglos, es de justicia otorgarles la voz y apoyar desde el Congreso la ley trans que solicitan. Aunque varias de nuestras comunidades autónomas han aprobado recientemente leyes pioneras en estos ámbitos, son necesarias sendas leyes estatales para que abarquen esas comunidades autónomas que carecen de ley y para que regulen aquellos aspectos que son competencia estatal. Es imprescindible que estas leyes implementen de manera real y efectiva el principio de igualdad y no discriminación que articula la Constitución. Para ello, debe establecerse un régimen sancionador administrativo que acabe con la impunidad de la mayoría de los delitos de odio. Es necesario también que las leyes contengan un enfoque de género, con medidas específicas para las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. No nos cansamos de decirlo, la lucha contra el machismo y la LGTBI-fobia pasa por una misma estrategia, una educación destinada a deconstruir los estereotipos de género, una educación basada en la diversidad. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora García Puig.

Les ruego silencio. Se trata de que escuchemos al orador y no el conjunto de murmullos que se escuchan en la Cámara a estas horas. Les rogaría silencio para que podamos atender lo que está hablando el orador.

Continúe, señora García Puig.

La señora GARCÍA PUIG: Son varias las voces que en nuestra sociedad se oponen a la libre elección de la orientación sexual y la expresión de género e identidad de género. Recordemos, por ejemplo, las palabras del obispo de Córdoba, que hace poco afirmaba: cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa; cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos también. O las palabras del arzobispo de Granada, que nos adoctrinaba afirmando: Cristo nos enseña a distinguir una patata de una rosa y un hombre de una mujer. Este mismo mensaje tránsfugo es el que predica el autobús de Hazte Oír. La respuesta social ante el autobús del odio ha sido admirable, y esta respuesta debe llenarnos de esperanza. Pero no nos engañemos; no hablamos solo del discurso del odio sin complejos de unos pocos; hablamos del modelo de género heteropatriarcal, sobre el que se sustenta nuestro sistema productivo y reproductivo. Este es un modelo que promueve el binarismo hombre-mujer, que condena al sufrimiento a todas aquellas personas que no sean conformes a la norma. Una muestra de ello es nuestro sistema administrativo y sanitario. En la actualidad, la Ley 3/2007 establece que para cambiar la identidad de género en los registros oficiales es necesario tener un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento médico. Nuestro sistema sanitario administrativo niega la libre autodeterminación del género. Podríamos decir que el sistema médico y la Administración se convierten en guardianes de este sistema binario. Usando las palabras del activista trans Miquel Missé, la sanidad se encarga de colocarnos en cajas separadas y aisladas: la caja de las mujeres femeninas a las que les gustan los hombres y la caja de los hombres masculinos a los que les gustan las mujeres. Es necesaria una ley trans que reconozca legalmente el género sin requisitos médicos.

Aquí quiero dirigirme un momento al Grupo Socialista, que registró hace poco una proposición de ley para reformar la Ley 3/2007. Aunque llegue tarde, aunque modifique una ley que ustedes aprobaron, a pesar de las muchas voces trans que pedían más, bienvenida sea. Pero de nuevo no es ni mucho menos suficiente. Escuchen a los colectivos trans; reclaman una ley integral específica que aborde mucho más.


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Espero que ahora sean capaces de escuchar las voces que no quisieron oír en 2007. Los colectivos que luchan a favor de los derechos LGTBI llevan tiempo trabajando en una ley por los derechos de las personas LGTBI y una ley para las personas trans. Ha llegado el momento de que desde el Congreso recojamos estas iniciativas. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los grupos. Quiero pedirles que estemos a la altura del momento histórico. Es necesario que entendamos la razón por la que estamos hoy todos aquí. Esta razón es la gente, y esta gente nos lo pide. Lo han dejado claro en los últimos días. Hagamos que nadie más sufra por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Hagamos una política que acabe con el sufrimiento. Hagamos que todas podamos andar seguras por la calle, que nadie se sienta solo en la escuela, que la sanidad sea tan diversa como la gente y que todos y todas podamos amar libremente. Abracemos todo lo que la diversidad sexual y de género aporta a nuestra sociedad, recojamos las leyes que proponen las entidades LGTBI, apoyémoslas y aprobémoslas cuanto antes, todos los grupos, sin individualidades ni protagonismos. Demostremos que cuando se trata de acabar con el sufrimiento y apostar por una sociedad diversa e inclusiva estamos por encima de nuestras diferencias. Consigamos el consenso.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García Puig.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidente.

Señorías, ¿se imaginan ustedes estar hoy aquí debatiendo sobre la conveniencia de impulsar una ley específica para proteger los derechos de las personas que prefieren el rojo frente al azul o lo dulce ante lo salado? Sería un tanto ridículo, ¿verdad? Cuando llegue el momento en el que veamos absurdo un debate como el que hoy mantenemos significará que nuestra sociedad será mejor, más avanzada, más justa. Sé que la comparación que he hecho no es del todo acertada, porque se refiere a los gustos personales de cada uno y, por supuesto, la orientación sexual o la identidad de género es algo mucho más profundo, porque es un componente esencial de la persona. Por ello, los derechos LGTBI en sí no existen; existen los derechos de las personas. De lo que estamos hablando aquí, en realidad, es de derechos fundamentales, de derechos humanos, los derechos fundamentales recogidos y protegidos por nuestra Constitución. Vulneración de derechos por el mero hecho de que alguien sea simplemente lo que quiere ser, lo que es en realidad. Hablamos, señorías, de la libertad del individuo y eso es algo que desde Ciudadanos defenderemos siempre. Como dijo Tocqueville, la democracia busca igualdad en la libertad y las personas LGTBI siguen recibiendo un trato desigual: ven limitadas sus oportunidades laborales, sus oportunidades a la hora de formar una familia, de desarrollarse personalmente y lo que es aún más grave es que esos prejuicios y discriminación llegan a manifestarse muchas veces en forma de violencia. Pero, señorías de Podemos, no es necesario llevarlo todo siempre hacia la lucha de clases, el control de los medios de producción y, en general, todas sus concepciones marxistas, como han hecho en el texto y también en el discurso. Aprovechan ustedes la mínima para intentar devolvernos al siglo XIX. (Aplausos).

En este caso no tiene tanto que ver con la posición socioeconómica y sí tiene que ver con los prejuicios que todavía siguen instalados en la sociedad, tiene que ver con la intolerancia, tiene que ver con la imposición de patrones de conducta única, de pensamiento dogmático, tiene que ver con el intento de coartar libertades. Lo hemos visto esta semana en Berga. Las imágenes asustan: un grupo de jóvenes agrede brutalmente a una pareja por darse un beso en la puerta de una discoteca, por darse un beso. Desde Ciudadanos hemos presentado una enmienda porque consideramos necesario que se revisen los protocolos y las medidas de concienciación sobre delitos de odio. Debemos mejorar la protección de las víctimas y estigmatizar a los agresores, poner todos los medios para que estas víctimas encuentren la seguridad necesaria a la hora de denunciar. Se calcula que más del 70 % de estas agresiones no se denuncian, y lo más grave de todo es que en muchas ocasiones quienes ejercen esta violencia son personas muy jóvenes; el único detenido por la agresión de este fin de semana tiene diecinueve años. ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad? Planteémonos qué estamos haciendo mal con nuestros niños. Educar en igualdad y tolerancia es fundamental. Desde aquí deberíamos poner todos los medios no solo para evitar estos actos de violencia homofóbica y transfóbica, sino también para que las personas puedan desarrollarse plenamente en todos los aspectos de su vida: en lo social, en lo laboral y en lo personal. La igualdad real debe ser un pilar básico, una igualdad en la que la expresión de la diversidad humana no


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pueda ser limitada nunca por prejuicios. Ese debe ser nuestro objetivo si de verdad queremos una sociedad avanzada, una sociedad en la que no tengan cabida debates como estos.

Lo que me parece muy curioso -me dirijo otra vez a los autores de esta iniciativa, señorías de Podemos- es que presenten una propuesta para evitar la discriminación que a su vez es discriminatoria, y lo es en dos aspectos. En primer lugar, ya no les basta con la plurinacionalidad -Pedro Sánchez ya advierte de la modificación del artículo 2 de la Constitución para incluirlo directamente- y ahora introducen los pluriderechos fundamentales. O sea, que sean diferentes si uno vive en Granollers y otro en Cuenca. Estamos hablando de derechos fundamentales. ¿O no es así? Repasen ustedes el artículo 149 de la Constitución y vean si la competencia para regularlos es del Estado o de las comunidades autónomas. (Aplausos). Y en segundo lugar, hablan de la doble discriminación que sufren las parejas homosexuales, bisexuales y trans por su condición de mujeres y también por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Estamos totalmente de acuerdo y es cierto que merecen una protección específica, pero, señorías, más adelante hablan del sufrimiento de muchas mujeres lesbianas o de personas transexuales por la negación del acceso a técnicas de reproducción asistida. Estamos totalmente de acuerdo también, pero ¿por qué no mencionan a los hombres homosexuales? Es uno de los pocos casos, pero todos sabemos que los hombres homosexuales lo tienen aún más complicado que las mujeres homosexuales tanto para adoptar como para recurrir a un método de reproducción asistida. ¿Por qué ni siquiera lo mencionan? ¿Será que quizá no quieren afrontar...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Reyes, tiene que ir acabando.

La señora REYES RIVERA: Termino, señor presidente.

¿Será porque quizá no quieren afrontar debates como el de la gestación subrogada? ¿Les suena? (Aplausos). Eso les dividiría internamente aún más de lo que lo están. Pensemos más en los ciudadanos y no tanto en las siglas. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Les ruego que respeten el turno de palabra. Y vaya acabando, señora Reyes.

La señora REYES RIVERA: Sé que no es el momento, señorías, pero este debate llegará porque es una realidad social. No discrimen ustedes aún más, señorías.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cuello Pérez.

La señora CUELLO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, sean mis primeras palabras para reconocer, en nombre del Grupo Socialista, a miles de personas -hombres y mujeres, niños y niñas- que viven con miedo, sintiendo la amenaza cotidiana de verse señalados, discriminados, insultados e incluso agredidos físicamente por su orientación sexual o su identidad de género. (Aplausos). El PSOE siempre ha acompañado al movimiento LGTBI, atendiendo sus reivindicaciones y convirtiendo sus demandas en leyes. En 1994, con el Gobierno de Felipe González, se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos, reconociendo el derecho de las parejas de hecho con independencia de su orientación sexual. Este mismo Gobierno socialista incorporó el agravante discriminatorio por orientación sexual en el Código Penal. En 2005, el Gobierno de Zapatero aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario y elaboró la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que permitía, aunque con sus deficiencias, que las personas trans pudieran cambiar el nombre en concordancia con su identidad de género. Señorías, si hace diez años la prioridad del colectivo era la consecución de la igualdad legal en los aspectos más básicos de sus derechos civiles, en la actualidad se requieren acciones que regulen nuestro ordenamiento y lo adapten a las demandas sociales en la búsqueda del objetivo actual, que es la igualdad real y efectiva. ¿Cómo no apoyar esta moción si es un calco de las propuestas que incluye el PSOE en su programa electoral? Nos alegran estas iniciativas, pero el Grupo Socialista ya ha presentado al Congreso un proyecto de modificación de la Ley 3/2007, para que las personas trans ya no necesiten ningún diagnóstico ni recibir tratamiento de ningún tipo para poder cambiar el sexo registrado haciéndolo concordar con la identidad de género de la persona. (Rumores).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Cuello.

Les ruego silencio, por favor. Sé que cuando va avanzando la tarde el murmullo va creciendo, pero cortaré cuantas veces sea necesario para pedir el debido silencio. La persona más perjudicada es el orador, o la oradora en este caso. Por eso, les pido respeto para quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias.

Continúe.

La señora CUELLO PÉREZ: Señorías, hemos presentado también para su aprobación en esta Cámara una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación como marco general legislativo contra todas las discriminaciones, que establezca los instrumentos para combatirla, la asistencia y el apoyo a quienes la sufren, y los mecanismo de reparación y sanción. Los socialistas consideramos que la educación y los programas formativos destinados a atacar el problema de la discriminación son aspectos fundamentales que deben incluir las leyes antidiscriminación, porque, como dijo Mandela, ningún ser humano nace odiando a otro por sus diferencias; el odio se aprende, y si el odio se aprende también se puede enseñar a amar. Es fundamental realizar una educación en valores a lo largo de todo el proceso educativo para crear una sociedad libre de discriminación en el futuro. Además, no podemos olvidar el hecho de que las escuelas son en la actualidad, según recogen los estudios, uno de los principales focos de LGTBI-fobia. Reclamamos también al Gobierno no abrir la puerta del reconocimiento de utilidad pública a quienes fomentan la exclusión social de personas LGTBI, por eso nuestra enmienda en este sentido.

Señorías, existe dificultad a la hora de medir la magnitud del fenómeno de la LBTBI-fobia y hay que actuar desde distintos frentes. Por un lado, se debe garantizar la protección de las víctimas y, por otro, impulsar estudios sobre la situación de la población LGTBI y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Con esta finalidad hemos presentado varias propuestas de mejora de la moción para incorporar estos aspectos previstos, como he dicho antes, en nuestro programa electoral, además de la necesidad de que estas propuestas legislativas promuevan los estudios sobre la discriminación hacia las personas LGTBI y la memoria histórica de la lucha de este colectivo a favor de la igualdad y de los derechos civiles. Debemos instar a los poderes públicos e instituciones a que activen protocolos administrativos, educativos, laborales, sanitarios o jurídicos necesarios que garanticen el respeto a la orientación sexual o a la identidad de género de cada persona, con especial atención a la discriminación en el empleo por identidad de género que obstaculiza el desarrollo profesional y personal.

Termino, señorías. Muchos de los derechos adquiridos por la sociedad española fueron planteados antes que nadie por socialistas. El reconocimiento de los derechos civiles es clave para el reforzamiento de la democracia, porque la dignidad humana descansa en el reconocimiento de esos derechos, pero también en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese camino estaremos siempre los socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cuello.

En turno de fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on, de nuevo.

Asistimos a un rebrote de la violencia LGTBI-fóbica en el Estado por parte de la ciudadanía, por parte de personas particulares, pero también por parte de quienes cuentan con instrumentos para hacerse oír o por colectivos con apoyo institucional. Entre quienes se valen de su capacidad para hacer llegar su mensaje a la sociedad para agredir los derechos de estas personas, quiero hacer una mención especial a los obispos católicos; al de Alcalá, que a través de su participación en el máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia no deja de lanzar ataques directos a este colectivo. Los obispos de Alcalá y Getafe han firmado una carta pastoral contra la Ley de Transexualidad -no la voy a calificar, creo que se califica ella sola-, negándose a reconocer la libre determinación de la identidad de género como derecho que es. Estas actuaciones son una clara incitación al odio, que aun habiendo sido denunciadas no han sido tomadas en consideración. Estos hechos han venido acompañados en los últimos días de ataques directos por parte de colectivos ultracatólicos y LGTBIfóbicos, como HazteOir, organización financiada por el Partido Popular, que más allá de algunos obstáculos para sus actos de propaganda, sigue actuando sin que se tomen medidas más drásticas para impedir su actividad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). A todo ello podríamos añadir un sinfín de agresiones que proceden de las propias


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instituciones y de algunas formaciones políticas que no actúan contra las mismas, que no defienden de forma activa los derechos humanos más básicos de parte de la ciudadanía. Por fortuna, a nivel social, se está avanzando en el reconocimiento de todos los derechos para el colectivo LGTBI. Concretamente, en Euskal Herría, aunque tenemos todavía mucho por hacer -eso también lo quiero reconocer- se están produciendo importantes avances. Ello es gracias al trabajo que realizan diversos colectivos, que nos enseñan el camino a seguir al resto. Cada vez más gente entiende algo tan simple como que lo que queremos para nosotras mismas también debemos desearlo para el resto de la ciudadanía, y me da igual si es en Euskal Herría o si es en el resto del conjunto del Estado. Hablamos de la necesidad de una ley integral de transexualidad que parta de despatologizar y humanizar el proceso de reasignación; una ley que no solo ampare a los colectivos LGTBI sino que introduzca el tema en el currículum educativo -se ha mencionado antes y creemos que es un elemento importante- y que aporte herramientas que visibilicen y amparen a todas las mujeres lesbianas.

Termino. Este es el camino para avanzar hacia una sociedad de personas libres para que puedan vivir su vida como quieran vivirla, sin que ello les suponga tener menos derechos que otras personas. Por todo ello, apoyamos esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.

Quiero empezar mi intervención condenando los últimos ataques contra dos personas en Berga, dos chicos homosexuales, por el hecho de haberse estado besando a las puertas de una discoteca, de un bar nocturno. Acciones como esta nos hacen pensar que hay mucho camino por recorrer aún para garantizar los derechos de las personas LGTBI. También recientemente en Sants hubo un conato de violencia contra un chico gay por su condición, por el mero hecho de serlo, porque a alguien le pareció que no estaba bien lo que ese chico era. Acciones repulsivas, acciones que no puede tener ningún tipo de tolerancia y que nosotros aprovechamos hoy desde esta tribuna para lamentar y condenar.

Quiero decirles que vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley. De hecho, en Cataluña, en el año 2014, aprobamos una ley muy ambiciosa, precisamente para garantizar los derechos de personas LGTBI; una ley que abarca muchísimos aspectos de la vida, desde la salud a la educación, al trabajo, al ocio; una ley que permite tener esperanzas de que una sociedad mejor y tolerante es posible. Es un reto su despliegue. Es cierto que debemos seguir avanzando en conseguir su total despliegue, pero es urgente hacerlo, porque no se puede tolerar que una sociedad víctima de la intolerancia, víctima del reproche social, pueda causar daños a otras personas por el solo hecho de ser como son, por el solo hecho de querer a quien quieran crecer. Querer es libre; querer no hacer daño. Queremos una sociedad libre que facilite la manifestación de los derechos de todas las personas y, por tanto, como decía, votaremos a favor de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

La moción que presenta el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea responde, sin duda alguna, a la necesidad de dotar de un marco legislativo una realidad que no tiene respuesta en el Estado español, la realidad del colectivo LGTBI y trans.

Entendemos el respeto a la dignidad de las personas como un derecho humano fundamental que pasa por la libre autodeterminación personal, que a su vez incluye la identidad sexual de cada persona aunque esta no coincida con el sexo asignado al nacer. Las personas en situación de transexualidad, por ejemplo, forman todavía hoy un colectivo vulnerable. Esa condición de vulnerabilidad exige de políticas públicas específicas que eliminen cualquier discriminación de la que puedan ser objeto en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades cívicas. Ante esta problemática, no solamente los políticos sino la sociedad ¿damos respuestas? Creo que por lo menos en algunos lugares, como ocurre en mi país, en Euskadi, se dan respuestas más avanzadas que las que se dan en otros sitios. Señora Reyes, no me saque el 149 para todo. En este caso, no sé si es una competencia del Estado y, si lo es, no lo ejerce, y


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nosotros no sé si la tenemos, pero por lo menos la llevamos a cabo y hacemos que estos colectivos tengan sus derechos, hacemos que esta gente pueda tener su dignidad reconocida públicamente. En Euskadi tenemos una ley propia, la Ley 14/2012, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que garantiza derechos, responsabiliza a las administraciones y da cobertura y atención en el ámbito sanitario.

Esta moción abre este espectro a lesbianas, bisexuales y gays; espectro que también tenemos en Euskadi ya legislado y afortunadamente superado. Además, se han desarrollado programas específicos en esta materia, como la Guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad; una guía que recoge, para empezar, el famoso dilema o la cuestión tan problemática que supone la despatologización -es decir, esto no es una enfermedad- y establece medidas en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito sanitario. Es un trabajo fantástico realizado por Osakidetza que cualquiera tiene opción de ver.

Señorías, la transexualidad no es un trastorno ni una enfermedad mental ni una sociopatía, es un hecho de diversidad, una variante más de la diversidad humana que se puede manifestar desde la más tierna infancia y que en muchos casos necesita de una atención coordinada desde los ámbitos educativo, social y sanitario. ¿Creen ustedes que todo está en los quehaceres públicos, en los quehaceres institucionales? La labor de la escuela, de la sociedad, es fundamental. Las fobias, las actitudes discriminatorias y vejatorias, las situaciones de acoso, la falta de respeto básico en cualquier ámbito social, todo eso no surge de la nada. Y yo pregunto: ¿qué hacemos los ciudadanos en el día a día para que esto no ocurra?

El rechazo al diferente es algo incrustado en la epidermis social que ha de ser desterrado y cambiado. El grupo autor de la moción ha elaborado una transaccional junto con otros grupos. A nosotros no nos gustan en exceso los documentos transados que acogen tantos puntos porque generan la posibilidad de discrepancia, cuando de lo que se trata es de llegar a consensos básicos y no que cada uno deje su firma para que se note. Creemos que la mayoría de los puntos se resumen en tres básicos e incluso que alguno puede interferir en el ámbito competencial que no le corresponde, como es el educativo. No necesitamos que desde Madrid se marquen las líneas educativas, ya las haremos donde nos corresponda, porque hasta ahora se ha demostrado que lo sabemos hacer, pero no porque se marquen desde Madrid. Incluso hay un punto en el que por muy de moda que esté y algún autobús resulte patético, no es este el lugar ni esta la moción adecuados para ello. En cualquier caso, hablando de fobias, en este Estado he comprobado que existe otra fobia igual de discriminatoria y peligrosa, como puede ser la urnofobia: fobia o rechazo a que la gente se exprese libre y democráticamente para decidir su futuro en las urnas.

Muchas gracias, señoras y señores.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufián Romero. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, a Sonia Rescalvo la mataron a patadas siete neonazis en un parque de Barcelona un 6 de octubre de 1991, hace veintiséis años. A día de hoy sus asesinos están en la calle y ella tiene una placa en una glorieta de Barcelona. Alan Montoliu se suicidó la Nochebuena del año 2015, un mes después de conseguir cambiar su DNI. Tenía diecisiete años y un largo historial de acoso y sufrimiento. Su muerte fue calificada por los expertos de asesinato social. A Xavi Tallón le abrieron la ceja, le arrancaron un trozo de oreja y le partieron el labio al grito de ¡maricones! ¡putos maricones de mierda! la noche del pasado viernes 10 de marzo. A Andy y a Jorge les apalearon hasta desmayarse al grito de ¡qué mala educación! y ¡qué asco! la noche del pasado sábado 11 de marzo. Acabaron en una ambulancia camino del hospital. Su crimen es que se estaban besando frente a un bar.

Son cuatro casos, solamente cuatro, pero hay cientos, miles, demasiados para cinco minutos. La homofobia, la bifobia, la transfobia, en definitiva el odio hacia gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales forma parte de la historia de nuestra sociedad. Podemos negarlo, pero es así. Podemos ponernos muy serios y muy solemnes en manifestaciones y concentraciones mientras apelamos al fin de estas canalladas o podemos combatirlas implacablemente, y la moción, que como no puede ser de otra manera apoyamos, de la compañera María del Mar García, en nombre de Podemos-En Comú Podem-En Marea, así lo intenta. ¿Qué es combatirlas implacablemente? Por ejemplo, no permitir miserias e infamias como el autobús de la vergüenza de esa banda reaccionaria de los HazteOír, una gente que, aparte de


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tener pene o vulva, lo que tiene es muy poca vergüenza y sobre todo fondos y una consideración por parte del Ministerio del Interior de entidad pública; un Ministerio del Interior que defiende mucho más el nacionalcatolicismo y los micrófonos que la defensa de las libertades. ¿Qué es combatirlo implacablemente? Erradicar un sistema heteropatriarcal sustentado en un sexismo y en una heteronormatividad en el que la mujer es exhibida como un reclamo, como un anuncio para vender cosas en esta constante granja llamada capitalismo y neoliberalismo salvaje, en el que el clasismo dice que si eres madre con sesenta años es bueno o malo, dependiendo de tu sexo, de tu fama o de tu clase social. ¿Cómo es combatirlo implacablemente? Dejar de ligar normalidad, ser normal o no, a una tendencia sexual determinada. Lo normal no es ser heterosexual ni lo anormal es ser bisexual, homosexual o asexual; lo anormal es ser mala gente y lo normal es ser buena gente. Así debería ser en cualquier sociedad sana. La libertad no es fiscalizar con quién amanece cada cual, sino para qué amanece cada cual. ¿Y qué es combatirlo implacablemente? Sobre todo legislar, como han hecho Cataluña y Euskal Herria con la Ley de garantías de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales; de erradicación de la homofobia, bifobia y transfobia, creando protocolos claros y específicos de actuación de educación y sensibilización, y un montón de cosas más, señorías.

Entiendo, señores del PP, que quizá todo esto es demasiado para ustedes. Lo único que les pido es que les digan a esos miserables homófobos llamados León de la Riva, alias 'a veces me da reparo entrar en un ascensor con una mujer', y David Pérez, alias 'las feministas son mujeres amargadas y fracasadas', que vuelvan a la cueva de la que nunca debieron salir.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Dueñas Martínez.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades del Gobierno de España en materia de derechos humanos, tanto en su política interior como exterior. Siendo conscientes de que queda mucho por avanzar en alcanzar esa igualdad real y ciñéndome al ámbito nacional, tengo que recordar que durante la pasada legislatura se adoptaron diferentes medidas con ese objetivo. Se introdujo por primera vez la línea específica de las subvenciones del IRPF destinada a la atención a las víctimas de discriminación, odio e intolerancia. Elaboramos el mapa para la discriminación, que ha servido para realizar no solo un estudio de diagnóstico, sino también, en colaboración con el CIS, un estudio de perfiles. Desde el año 2013, el Ministerio del Interior desarrolla un registro estadístico relativo a los delitos de odio, un registro que en el informe de 2015 refería que la orientación sexual y la identidad de género continúan siendo una de las principales motivaciones de los delitos de odio registrados. Resulta por ello imprescindible -en ese compromiso el Gobierno va a seguir trabajando- redoblar los esfuerzos también en el ámbito de la prevención y en la persecución a través del derecho penal. En este plano he de recordar la reforma del Código Penal 2015 para la persecución penal en este ámbito.

En el ámbito laboral, se han puesto en marcha diferentes iniciativas en orden a garantizar y desarrollar acciones de sensibilización entre las empresas españolas en relación con la diversidad, pero quiero referirme concretamente al informe presentado el pasado 2 de marzo, que lleva por título Las personas LGTB en el ámbito del empleo en España, un informe pionero en nuestro país que recoge líneas de actuación importantes en el marco del empleo, con propuestas en el espacio normativo, en sensibilización, en formación y en la necesaria promoción de las buenas prácticas. En esta línea vamos a seguir trabajando, promoviendo las herramientas necesarias para promocionar la igualdad de oportunidades y no discriminación por LGTBfobia. Quiero destacar el currículum ciego. Lo que nos permite este formato de currículum es que realmente se valore el talento de las personas, el mérito, el esfuerzo, la capacidad, y lo que evita fundamentalmente es cualquier tipo de discriminación. Ese es nuestro objetivo. En materia educativa, he de reseñar la guía online Abrazar la Diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico. Una guía que recoge recomendaciones dirigidas al conjunto de la comunidad educativa y que, tengo que decir, ha dado ya importantes resultados. En materia de sensibilización desarrollamos la campaña Yo soy tú, que busca evitar la reproducción de estereotipos que generen comportamientos discriminatorios. El Instituto de la Mujer publicó una guía dirigida fundamentalmente a las personas que han sufrido discriminación, una guía sintética que ayuda a los profesionales y a los operadores que trabajan en esta materia, con respeto absoluto a las competencias


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autonómicas, donde por cierto quiero recordar -algún interviniente lo señalaba- que ya son varias las comunidades autónomas que han adoptado reformas legislativas en esta materia, las más recientes dos comunidades gobernadas por el Partido Popular, Murcia y Madrid el pasado año. En este punto, me gustaría pedir a los diputados y diputadas catalanas de Esquerra, Partido Socialista y Podemos que exijan a la Generalitat de Catalunya que cumpla esa ley que desarrolló en 2014, la ley contra la homofobia, cuya implantación, como ayer anunciaba el sindicato UGT de Cataluña, es escasa, por no decir nula.

Señorías, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular no solo respeta sino que defiende los derechos de las personas LGTB y muestra su absoluta repulsa ante cualquier agresión o discriminación de la índole que sea. Les hago un ruego, dejen de pensar que todas las soluciones deben pasar por aprobar una ley; hay múltiples instrumentos, como podría ser una estrategia nacional. Muchos de esos instrumentos, que todos compartimos en todo o en parte, se recogen en esa enmienda transaccional. Instrumentos en los que el Gobierno de España ya está trabajando y va a desarrollar en fechas próximas iniciativas. Fíjense, hablamos de escuchar. Hoy mismo en Mesa y portavoces de la Comisión de Igualdad hemos acordado por unanimidad que comparezca en la misma la Federación estatal del gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Esa es la voluntad de mi grupo parlamentario y del Gobierno, escuchar, porque solo escuchando podremos conseguir objetivos. Y solo les pido una cosa, dejen de abanderar las políticas sociales como propias de la izquierda y dejen de considerar a las personas como propiedad suya, dejen por favor de tener un sentido patrimonialista sobre algo tan personal e intransferible como es la orientación sexual y la propia identidad de género. Trabajemos juntos, ya que solo desde la unidad en asuntos como este, con buen criterio y no con oportunismo, escuchando y no descalificando, con respeto -el que he echado en falta en algún que otro compareciente-, estoy convencida de que podremos alcanzar el objetivo que hoy planteamos.

Concluyo, señorías, reiterando, en nombre de mi grupo parlamentario, el firme compromiso del Gobierno de incrementar nuestros esfuerzos en esta materia tanto en el ámbito nacional e internacional, promoviendo medidas en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta.

... que ayuden a visibilizar, a mejorar y a alcanzar esa necesaria igualdad real, ya sea en el ámbito del empleo, de la cultura, de la salud, de la justicia, de la seguridad o de la educación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora García Puig si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora GARCÍA PUIG: Hemos hecho llegar una enmienda transaccional a la Mesa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD DESTINADAS A FAVORECER LA CAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TALENTO EN EL CONTEXTO DEL BREXIT Y LA PRESIDENCIA DE DONALD TRUMP. (Número de expediente 173/000021).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre políticas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad destinadas a favorecer la captación y recuperación de talento en el contexto del brexit y de la presidencia de Donald Trump.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Todo lo que sabemos sobre el desarrollo económico y toda la evidencia empírica indica que hay una variable más importante que ninguna otra para explicar el éxito de las naciones; esa variante se llama capital humano y talento. Las naciones que cuidan y se toman en serio el talento son las que tienen crecimiento económico, las que tienen estados del bienestar sostenibles, las que tienen menores


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índices de desigualdad, las que tienen índices más bajos de corrupción. En España tenemos una suerte muy grande ya que es un país muy atractivo para los extranjeros; tenemos una cultura muy rica, tenemos una gastronomía estupenda, tenemos unas instituciones sólidas -a veces- y, por tanto, somos un país con unas oportunidades enormes para atraer talento. En Ciudadanos pensamos que España debería ser un paraíso para el talento global, pero la realidad es que de forma sistemática fracasamos una y otra vez en todos los indicadores de capital humano que aparece; estamos a la cola en términos de educación, en términos de entendimiento, en términos de desarrollo económico y de innovación. Por tanto, tenemos que abordar este problema. En educación -lo hemos dicho muchas veces- llevamos cuarenta años en los que el PP y el PSOE van dándose garrotazos. Afortunadamente, Ciudadanos ha abierto una mesa de diálogo para que eso cambie. En universidades, más de lo mismo; tenemos un sistema endogámico que no favorece ni el talento ni la meritocracia, sino que acaba favoreciendo a algunos copiones y rectores plagiadores. Tenemos que abordar el problema de la universidad porque no tenemos ni una sola universidad entre las cien primeras del mundo. En el tema de políticas activas nos pasa lo mismo; no se lo toman en serio y arrastran los pies. Tenemos un índice de paro de larga duración de los más altos de Europa y unas políticas que fracasan una y otra vez. Gastamos cada año 7.000 millones en políticas activas y de formación y no conseguimos reintegrar ni un 5 % de nuestros parados de larga duración. En innovación, más de lo mismo; han recortado en los últimos años cerca de un 30 % en I+D. En Ciudadanos seguiremos insistiendo para que metan ustedes en el presupuesto lo comprometido, que es terminar con los recortes y empezar un programa de transferencia tecnológica de 500 millones de euros. Lo mismo sucede con autónomos y emprendedores; conseguimos que entrara finalmente una ley de urgencia en esta Cámara y creo que ustedes ya han parado de poner trabas poniendo enmiendas. Espero que se terminen sumando también a la iniciativa de Ciudadanos para favorecer el talento y el emprendimiento. Han hecho exactamente lo mismo con las startups; hasta ahora no había iniciativas en un sector tremendamente emergente. La semana pasada presentamos en la Comisión de Economía una iniciativa para mejorar el entorno de las startups y celebro que se sumen también a eso. Cuesta tirar del carro pero es importante que lo hagamos entre todos. Lo mismo sucede -a esto venía esta moción- con las políticas activas de inmigración. Tenemos que ser capaces de atraer talento y de generar un sistema de puntos, como tienen los países de éxito, que premie el talento para poder ser más atractivos. Lo tiene Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur... Es verdad que hicimos algunas reformas -antes lo comentaba con el portavoz del Partido Popular-, como la Ley 14/2013, pero es verdad que ha sido insuficiente y que tenemos muchísimo camino que recorrer en ese sentido para podernos convertir en un paraíso del talento. Además, ahora se abre una enorme oportunidad en el mundo y es que hay una serie de países, algunos casualmente punteros en talento como Estados Unidos y Reino Unido, que han decidido cerrarse al mundo, retroceder e implementar unas políticas profundamente regresivas en cuestiones de inmigración. Aprovechemos esta oportunidad, ese es el objetivo de esta moción. Lideremos por una vez algo, si es posible, y salgamos al mundo diciendo a todos esos huérfanos de país para emprender y crear sus empresas, para seguir con sus investigaciones, para aportar conocimiento a las universidades, que son bienvenidos, que les queremos en España, que queremos liderar la carrera del talento global y no quedarnos atrás, como lo hemos hecho hasta ahora. Ese es el objetivo de esta moción.

La semana pasada el señor De Guindos no nos dijo absolutamente nada sobre las iniciativas que pensaba proponer a este respecto. Espero que hoy nos digan algo más. En todo caso -este es el mensaje central que quería mandar-, es hora de que nos tomemos en serio el talento y el capital humano. Señores del Partido Popular, es importante que el Gobierno empiece a tomarse a la nación como lo que es, una nación avanzada y de primer nivel, y dejen de funcionar un poco como una diputación provincial, que es lo que han venido haciendo hasta ahora.

Para terminar, quiero agradecer sus aportaciones a todos los grupos que han presentado enmiendas. Hemos propuesto una enmienda transaccional que espero que les guste y que se sumen todos los grupos a favor del talento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Hace exactamente un mes se aprobó en la Comisión de Empleo una iniciativa socialista en línea con la gran preocupación que genera la emigración, singularmente la de aquellas personas con buena formación y preparación que tienen que hacer las maletas hacia el exterior. Desde Foro entendemos que hay que actuar preventivamente para evitar la migración de nuestros mejores recursos humanos y esto solo será posible generando las condiciones para crear buenas oportunidades laborales, es decir, manteniendo un contexto de creciente competitividad.

Esta moción incide en el fomento del retorno del talento, cuestión sobre la que cabe señalar que se han puesto en marcha en toda España programas y ayudas que han tenido hasta la fecha un resultado flojísimo, casi anecdótico, aunque un alto porcentaje de los españoles que se han tenido que ir estarían dispuestos a volver si se les diera una oportunidad para ello. Como ha puesto de manifiesto el INE, desde hace siete años los españoles que, una vez culminada su formación, se han visto abocados a buscar oportunidades laborales a otros países continúa siendo una constante. Desde 2009, el incremento de compatriotas que hicieron maletas hacia el exterior se disparó hasta el 56,6 %, de los cuales nacieron en España un 21 %. Una parte sustancial de la emigración está integrada por jóvenes que han recibido una gran formación. Tratando de complementar los tres puntos de la iniciativa original, he presentado una enmienda que promueve la creación de una plataforma integrada por el Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. En todo caso, señora presidenta, mi voto será favorable.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Xuclà i Costa. (Rumores). Señorías, les ruego, por favor, silencio. Estamos en el último punto del orden día.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero anunciar el voto afirmativo del Partit Demòcrata a esta iniciativa, que nos parece apropiada, pero lo es aún más porque se ha enriquecido tras la aceptación de las dos enmiendas que planteamos. Está bien poder recuperar a aquellos jóvenes que han ido a investigar o a trabajar fuera, pero aún estaría mejor desarrollar políticas activas para retener este talento y para que se creen las condiciones laborales que permitan que investigadores con una capacidad de formación alta puedan desarrollar su trabajo en un entorno creativo en el Estado español.

En la segunda enmienda consideramos que también es importante agilizar los trámites administrativos para el otorgamiento de los números de identidad de extranjeros. En este caso estamos hablando de personas de terceros países que se incorporan a equipos de investigación en España, por lo que es importante agilizarlo muchísimo. De la misma forma que en su momento nosotros presentamos una interpelación sobre la agilización de los visados para investigación, también es importante tomar en consideración la agilización de los números de identidad de los extranjeros.

Señorías, este fenómeno de la globalización tiene mucho sentido, así como que la explicación de que jóvenes altamente cualificados vayan a estudiar, a enriquecerse y a adquirir conocimientos a otros lugares del mundo sea a iniciativa propia, no por la falta de condiciones laborales en España.

Termino, señora presidenta. Si algo nos parece insuficiente de esta moción es que el título hable solo del brexit y de la presidencia de Donald Trump, porque seguramente las embajadas de Gran Bretaña y de Estados Unidos se deben preguntar por qué son los únicos susceptibles a este fenómeno cuando en Alemania y en otros países europeos se está produciendo también esta fuga de talentos. En general, señor Roldán, felicidades por esta iniciativa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Yo quiero agradecer la iniciativa porque tiene razón el proponente al decir que tanto el brexit como la victoria del señor Trump nos traerán consecuencias, algunas negativas y otras positivas. Creo que, como muy bien responde al espíritu de su iniciativa, vamos a decir aquello de que no hay mal que por bien no venga y vamos a ver cómo analizamos los efectos que puedan tener estas políticas en sentido positivo. El otro día en la Comisión de Exteriores vimos algunos de ellos. Por ejemplo, pedimos que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento en torno al brexit y también analizamos una propuesta


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de Ciudadanos en torno a la promoción del español en Estados Unidos. Hay que afrontarlo así. Es verdad que el brexit quizá consiga que formemos por fin un ejército europeo e incluso que la estabilidad que tiene ahora mismo España la aprovechemos con Estados Unidos para generar una mayor interlocución. Pero, con todo, agradecemos la iniciativa y la vamos a votar de manera favorable.

En todo caso, es verdad que somos un país atractivo, nosotros lo entendemos así, son más de 70 millones de turistas los que vienen a nuestro país y yo creo que responde a que tenemos una imagen extraordinaria fuera. Pero es verdad que tenemos que conseguir atraer ese talento y no solo que nos visiten esporádicamente, sino que quieran venir aquí a vivir con nosotros. En ese sentido tenemos que ser atractivos y yo quisiera apuntar al menos una cosa que es importante y es el tema de las barreras idiomáticas. Estados Unidos va a ser dentro de dos días el país del planeta en el que más español se va a hablar y yo creo que nosotros, de alguna manera, tenemos también la necesidad de elevar nuestro nivel de inglés y que en ambos idiomas, que son los más conocidos y los más utilizados en las redes sociales, hallemos entre todos una sinergia para que los países de habla inglesa y nosotros podamos aprovechar esa misma sinergia y no que las barreras sean, como hasta ahora, por desgracia, unas barreras que entre todos debemos eliminar. En todo caso, votaremos a favor de la propuesta.

Nada más, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Muchas gracias, presidenta, y buenas noches, ya, señorías.

He de indicar que nuestro grupo se alegró de poder debatir hoy una iniciativa sobre una cuestión que consideramos fundamental y sobre la que llevamos trabajando y defendiéndola varios años como es el retorno del talento emigrado, así como la captación de nuevo talento. Y además agradecemos poderlo hacer casi en horario de máxima audiencia como es ahora.

Entrando a debatir la enmienda propiamente dicha, si bien podemos compartir la intención de la moción, no suscribimos al cien por cien la totalidad de las medidas propuestas. Por eso hemos presentado una enmienda que ahora defenderemos; y nos alegramos de que hayamos podido llegar a un acuerdo transaccional para un acuerdo más amplio. Aquí quiero hacer una apreciación sobre la propuesta que nos ha traído el Partido Popular en cuanto al pacto por la ciencia. Yo creo sinceramente que una medida de tal calado quizás debería tratarse con una iniciativa particular. Pero también quiero recordar que en esta misma casa en 2013 ya se planteó un pacto por la ciencia al que se adhirió la comunidad científica y al que el resto de grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Popular, también acogieron con alegría una medida de este tipo. Y el Partido Popular no solo no suscribió este pacto, sino que el Gobierno recortó incumpliendo los compromisos recogidos en la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que, pese a ser una ley aprobada por un Gobierno socialista, contó con un amplio respaldo y consenso. Es una ley de todos y, pese a que puede ser un gran instrumento, está todavía sin desarrollar. Y tendremos que hacer un acto de fe para comprobar que el Gobierno realmente apuesta definitivamente por la ciencia, aunque sabemos que en la ciencia la fe no tiene lugar y que la voluntad, en este caso política, se ha de analizar con actos demostrables. Por eso estaremos atentos.

Entrando ya en la moción que nos ocupa, por la importancia que tiene para el Partido Socialista, entendemos que el punto principal de la moción como es el programa o el plan de retorno del talento, aunque solo fuera por estética, debería tener más presencia en el texto definitivo. Y quiero decir en este punto que nuestro grupo ya registró una proposición no de ley en esta misma Cámara el pasado mes de septiembre, que va en la línea de impulsar un plan de captación de talento, un plan de choque con expectativa para captar hasta 10.000 científicos, con un estudio de costes concreto y que espero que también en breve podamos debatir en esta Cámara. Como he dicho antes, esta moción nos generaba alguna duda que se centraba en los dos primeros puntos, que hacen referencia a la cuestión inmigratoria en cuanto al programa de entrada exprés, así como al paquete de recibimiento. Porque, a nuestro entender, la legislación actual ya contaba con sistemas de autorización para personal altamente cualificado, investigadores incorporados en nuestra legislación por la Ley Orgánica 2/2009, así como las autorizaciones para inversores y emprendedores, vigentes desde el 2013 por la Ley 14/2013.

Por esta razón y porque entendemos que el marco existente podía resultar ya suficiente, planteamos elaborar un estudio previo, redactado por parte de instituciones independientes con una trayectoria en el ámbito de las migraciones, para que hiciera un examen exhaustivo sobre la legislación actual y nos dijeran qué es lo que estábamos haciendo mal o qué es lo que no estaba funcionando antes de proceder a


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incrementar la legislación o a estos nuevos planes de entrada. Pero también entendemos que este informe previo nos ayudará a tomar las decisiones a seguir y en todo caso, si nos dicen que tenemos que ir hacia el programa de entrada exprés, pues lo acataremos.

También hay que ser conscientes de que las medidas que hoy debatimos tendrán unas consecuencias limitadas si no van acompañadas de otras que hagan de nuestro país un país mucho más atractivo para talentos inversores y empresas que quieran asentarse aquí, y es que la fuga neta de talento, la que hemos sufrido estos últimos años, creemos que tiene más que ver con cómo ha evolucionado nuestra economía tras la crisis y las oportunidades que esta ahora está ofreciendo a nuestros jóvenes y a nuestros talentosos que con la propia legislación migratoria actual, que no la vemos tan coja. Por eso, para revertir esta situación, todo pasa por un cambio; un cambio que tiene que ser de modelo productivo, que apueste por sectores de alto valor añadido, impulsando la educación de calidad, la formación y apostando de nuevo por la inversión en investigación, desarrollo e innovación, porque es la que única forma de poder competir en el nuevo escenario global. Si no, nos quedaremos atrás y además porque podemos abrir las puertas de par en par al talento, a las empresas o a la innovación, pero mientras nuestra economía no sea una economía de futuro adaptada a la transformación digital global no será atractiva, y estas medidas que hoy estamos tomando caerán en saco roto y no tendrán el recorrido que todos deseamos. Sin más, les anuncio que nos adherimos a la transaccional. Votaremos a favor y esperamos que la ciencia tenga un mejor recorrido del que ha tenido hasta ahora.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo Baena.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, la primera cuestión que nos tenemos que plantear ante esta moción de Ciudadanos es si alguno de los 350 diputados que estamos en esta sala podemos estar en contra del retorno del talento. Creo que es algo unánime: todos estamos a favor del retorno del talento. La única diferencia es cómo lo hacemos. La pregunta que se puede plantear es si nosotros vamos a votar a favor o no de esa transaccional que ha presentado Ciudadanos, junto con las enmiendas de distintos grupos parlamentarios. Tenemos que votar a favor, aunque no compartamos el cien por cien. Muy sencillo, como usted dice, señor Roldán, con todos los respetos, es un plagio de lo que ya hemos aprobado nosotros, de la Ley 14/2013, la Ley de fomento de los emprendedores y de su internacionalización. Y permítanme que les diga por qué. Lo primero que deberíamos hacer es acercarnos a esa ley, leerla y ver que los dos primeros puntos que se nos piden, el programa de entrada exprés y el paquete de recibimiento, ya aparecen regulados, concretamente en los artículos 61 a 76. Les comento alguno. Artículo 62.4: visado con cónyuge y familiares; artículo 63: visado de residencia para inversores; artículo 69: residencia para emprendedores; artículo 71: personal altamente cualificado. Creo que de alguna manera lo que viene en la enmienda inicial ya está recogido. Pero, como estoy seguro de que esto no ha pasado inadvertido y que lo que pretende el señor Roldán -y estoy convencido porque lo hemos hablado- es mejorar el sistema, estamos de acuerdo.

Señor Roldán, el otro día el ministro De Guindos fue tan correcto que ni siquiera le dijo que esto era una copia de lo que ya habíamos hecho nosotros. Sin embargo, creo que ustedes -y permítanme el comentario- no lo hicieron igual. Ustedes dijeron: Estamos en la prehistoria de las políticas activas y de las políticas positivas de inmigración, y lo ha repetido hoy. Pues bien, eso significa que con esta medida que aprobó el Gobierno de España se han conseguido incorporar 33.529 personas a un puesto de trabajo vinculado a estos proyectos. Y hemos conseguido captar más de 2.500 millones de euros, con lo cual creo que lo que hicimos está bien y que lo que usted propone estará bien; no puede ser de otra manera. (Aplausos).

Usted también dijo que en Ciudadanos no nos van a permitir que arrastre los pies este Gobierno. O también -lo ha vuelto a decir hoy- que piense un poquito menos como diputación y piense un poquito más como una gran nación. Desde el cariño y el respeto que le puedo tener, sinceramente, decirle eso a un ministro y a un presidente del Gobierno que en el peor escenario de crisis económica han recuperado 1,5 millones de puestos de trabajo, o decirle a un ministro que ha conseguido que nuestro crecimiento sea superior al 3 % del PIB en los últimos años, creciendo por encima de la media europea, que nuestra balanza de pagos por cuenta corriente esté por encima del 2 % u otra serie de medidas parecidas, me parece que es, cuando menos, un poco atrevido por su parte.


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En este punto es donde me van a permitir que cambie el sentido total de mi discurso, hasta ahora crítico, como lo que hemos oído: algo del Partido Socialista, algo de Ciudadanos y de algún partido más. Nosotros queremos ofrecerles un cambio, porque a los investigadores, a los científicos, a los inversores no les gusta el 'y tú más' o el 'ya están con la guerra política'. Entonces, hacemos una propuesta: saquemos de la confrontación partidaria el I+D+i, seamos capaces de firmar un pacto por la ciencia y considerémoslo un acuerdo de Estado.

Usted en el tercer punto hablaba también del retorno del talento que está fuera de España. Nosotros estamos de acuerdo, pero tiene que saber una cosa: no todo es dinero, nosotros no somos partidarios de gastar más, sino de gastar mejor. Le hago una comparativa con el fútbol: ¿por qué Messi o Cristiano Ronaldo no están jugando en China? ¿Por qué no quieren la competición de la liga china? Porque no es tan competitiva como la española, porque no tiene los resultados de la española, porque no es tan buena como la española. Entonces, a los científicos, a los investigadores, a los inversores les tenemos que dar un ecosistema que les permita tener la mejor liga, la mejor competición para que quieran venir no solamente por dinero, sino porque somos mejores. (Aplausos).

En el aspecto positivo, señor Roldán, me ha encantado una propuesta. Dice: Aprovechemos esta oportunidad. Estamos de acuerdo. Estoy convencido de que lo que usted ha propuesto y lo que quiere traer es para mejorar el sistema. Le recuerdo que la Ley 14/2013 recoge además una evaluación final; es decir, ya se plantearon cuáles eran los resultados de esta ley, porque no solamente nos satisfacemos -perdón, señor Roldán- con hacerla, sino que queremos medirla y la hemos medido y no solamente la hemos medido, sino que, en esa evaluación que se tiene que hacer con carácter anual -disposición final once-, hemos puesto las medidas que creemos que tenemos que corregir; y no solamente eso, sino que las hemos corregido en el 2015. Hemos cambiado nuestra propia ley según nuestros errores; lo admitimos, no pasa nada, hemos mejorado la ley, con lo cual tenemos una evaluación que podemos tener entre todos.

¿Qué hemos hecho en materia de visado? Pues un permiso único, reducir los plazos, ampliarlo a las familias, crear una ventanilla única, potenciar a los emprendedores, etcétera. Y en materia de becas y de ayudas, ¿qué hemos hecho? Pues estamos aumentando las inversiones en becas, tanto en el Plan de garantía juvenil como en las becas predoctorales que hemos aumentado en cuantía y a cuatro años de contrato, no a dos y dos, sino a cuatro. Además, hemos conseguido también las becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Con esto termino. ¿Saben lo que significa? Que en el año 2016 se van a beneficiar directamente 4.854 investigadores y se han invertido 704 millones de euros en subvenciones y 813 millones de euros en el capítulo 8. Creo que eso es apostar por el I+D+i. Agradecemos el esfuerzo que han hecho en admitir nuestras enmiendas y esta transaccional y creo que entre todos ese pacto por la ciencia nos permitirá alcanzar lo que realmente quieren los científicos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea. (Rumores).

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta. (Rumores). Gabon. Buenas noches.

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores). Por favor, los que están de pie en este momento en que estoy diciendo que guarden silencio, ¿siguen hablando? (Rumores). Señoría, ¿usted no tiene oídos? (Pausa). Me parece una falta de respeto total que porque falten diez minutos para terminar el Pleno su señoría tenga menos respeto que tiene respecto al resto de señorías que hablen a las cuatro de la tarde.

Continúe, señoría.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.

A lo largo de las últimas décadas, el concepto de competitividad ha venido marcando el horizonte de las agendas estratégicas de casi todos los partidos políticos y de los Gobiernos, de la economía en general, aunque a veces este concepto no ha sido correctamente entendido ni suficientemente analizado ni tampoco aplicado. Los modelos de producción, organización y comercialización están cambiando, sobre todo con la penetración en los mercados internacionales, la fabricación avanzada, la gestión inteligente y nuevos productos y servicios. En este sentido, si se quiere afrontar dicha transformación con


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garantías y mantener la competitividad como economía y como sociedad es necesario que como territorio, entre otras cosas, se trabaje para atraer y retener el nuevo talento, determinante este para introducir valor e innovación al sistema productivo.

Según la definición de Michael Porter, una nación o región es competitiva en la medida en que las empresas que operan en ella son capaces de competir de forma exitosa en la economía global y local a la vez que mantienen e incrementan los salarios y el estándar de vida de los ciudadanos y ciudadanas, generando un espacio integrado y debidamente alineado en torno a una estrategia única y diferenciada. Las ciudades y regiones no solo compiten por el talento, sino que también actúan como líderes que definen nuevas maneras de desarrollar, atraer y retener el talento. Las ciudades y regiones, en cuanto que son competitivas a nivel mundial y relevantes desde el punto de vista local, no solo atraen conocimiento externo, sino que también identifican nuevos roles y oportunidades para sí mismas en esa economía global. El crecimiento económico debe considerarse un aspecto necesario para avanzar en la transformación social. La globalización ha de plantearse desde la necesidad que tienen las empresas de incrementar su grado de internacionalización, desde la necesidad de atraer y retener el talento, desde la necesidad de que el territorio sea un espacio atractivo para inversores globales y desde la necesidad de consolidar centros de decisión empresariales comprometidos con el futuro del territorio y de sus ciudadanos.

Dicho esto, entendiendo que dentro de esa transformación el capital humano es un ingrediente esencial para el crecimiento económico en la sociedad del conocimiento, las regiones que quieren impulsar la innovación y el desarrollo de sus economías necesitan tener una mano de obra cualificada, bien educada y con las habilidades y competencias adecuadas. Por tanto, claro que nos interesa reflexionar sobre los retos del talento, sobre todo como motor de la competitividad, pero quiero destacar que, a pesar de esto, en la moción planteada se habla de acciones concretas, tales como una visa exprés o paquetes de recibimiento, que, si bien pueden ser medidas a aplicar, parece que están realizadas sin tener en cuenta el contexto concreto del territorio, sin utilizar ninguna herramienta, como un DAFO o un índice de competitividad del talento por ciudades, que permita medir las fortalezas de cada país o región, así como sus debilidades para poder anticiparse a los retos y necesidades de los próximos años, sobre todo porque la actividad económica y la transformación productiva está condicionada por el territorio en que tiene lugar. Por eso es importante conocerlo bien, para las estrategias y políticas que se diseñan en niveles superiores, pero que afectan a ese territorio, y para las posibles estrategias o actuaciones que desde ese mismo plano territorial se desean poner en marcha.

Está bien hablar de Silicon Valley, del brexit o de Canadá, pero tenemos que tener en cuenta la realidad de nuestro territorio y conocer los pilares de la economía y los sectores de valor añadido para poder aplicar medidas y acciones concretas que favorezcan el crecimiento económico a través de ese talento. Atraer y retener a una categoría específica de personas cualificadas, además en una región, comienza por entender los motivos para establecerse o irse de ella, así como la percepción que tienen de las cualidades y defectos de esa región y esto no solo se consigue con tener una visa exprés o un paquete de recibimiento. Crear y activar talento también requiere entender o comprender los motivos para formarse de manera continuada y emprender, tales como el trabajo en el mercado laboral, oportunidades profesionales, condiciones laborales, calidad y condiciones de vida, accesibilidad, infraestructuras de transporte público y telecomunicaciones, riqueza natural y medioambiental -en definitiva, sostenibilidad ambiental-, posibilidades de ocio, cultura, interacción social y bienestar personal, imagen de la región, percepción pública de la región.

En definitiva, ¿qué propuesta de valor se va a ofrecer para crear y retener talento, que además puede venir de diferentes países? ¿Cómo se va a relacionar con esas personas? ¿Cómo se va a contactar y se les va a hacer llegar esa propuesta de valor para que por lo menos consideren la idea de establecerse o de quedarse? La atracción y retención del talento requiere además de un conjunto de políticas coordinadas -de crecimiento económico, de desarrollo sectorial, educación, ciencia, legislación laboral y fiscal- y sobre todo de coordinación entre la Administración y las empresas.

Por todo lo mencionado, es necesario realizar un análisis, un diagnóstico por cada región para poder implantar medidas concretas que de cara al futuro sean eficaces y eficientes no solo para atraer y retener el talento como clave de competitividad, sino también para tejer redes de trabajo y promover un único sistema de colaboración continua entre diferentes agentes públicos y privados. Y déjenme decirles que no hace falta ir ni a Silicon Valley ni a ningún sitio. Podemos mirar más cerca, por ejemplo a Euskadi, donde tenemos un ecosistema fuerte para la retención y atracción del talento. No quiero perder la oportunidad de decirles que en alguna ocasión se ha comentado que hay medidas que ya se han tomado. ¿Por qué


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volver a repetirlas? ¿No es hora de analizar si son eficientes o eficaces? ¿Por qué no está España dentro de los primeros puestos en ese ranking de competitividad?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, la exposición de motivos con la que el Grupo Parlamentario Ciudadanos intenta convencernos para dar el visto bueno a una moción consecuencia de interpelación urgente parte de un diagnóstico erróneo de la situación mundial y de una base subjetiva acerca de las leyes de inmigración. Más que un intento, que podría ser positivo, de captar talentos internacionales, esta moción parece intentar proponer medidas especiales para que algunos, los cuñados de siempre, puedan vulnerar la desastrosa y tristemente célebre Ley de extranjería. Es una ley que no debería existir más para nadie y que deberíamos, aquí y ahora, cambiar.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos evita ponerse de lleno a modificar la Ley de extranjería, que padecemos, y a cambio nos propone, para los amigos, agilizar la entrada, eliminar las dificultades para adquirir un permiso de residencia permanente y, sobre todo, agilizar el reagrupamiento familiar. ¿No era la ley igual para todos o aquí también hay algunos que son más iguales que otros? Con esta moción están reconociendo de hecho que la mayoría de las personas migradas que ya están en el país se enfrentan a trámites engorrosos, largos y costosos, para poder cumplir con esta famosa ley. Pero no quieren cambiarla para todos, sino -repito- para los amigos. Es una actitud clasista, en función de la renta o la formación de algunos inmigrantes en perjuicio de otros. Sin ir más lejos, en la no acogida de refugiados sirios ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Ciudadanos intentaron agilizar la entrada, ni siquiera para aquellas personas que tuvieran un alto nivel educativo, que ofrecieran un proyecto empresarial, ni propusieron sistemas de incentivos para estudiantes internacionales de excelencia. Se hubieran llevado una gran sorpresa si hubieran averiguado el nivel que tiene la mayoría de esa gente. Y para culminar, me referiré al llamado programa de retorno del talento, dirigido a los españoles que se fueron por falta de oportunidades y que encontraron trabajo fuera. No piensen que van a volver, porque ellos saben muy bien que en España hay millones de parados, y eso no tiene solución porque la recesión que viene en 2017 va a ser tremenda, aunque lo nieguen los responsables de la economía política española. No volverán con declaraciones bonitas, sino cuando realmente constaten en la práctica que el Gobierno invierte en investigación, en desarrollo e innovación, tanto en las universidades como en los centros de investigación del país.

En fin, por todo lo anteriormente dicho, y por mucho más que nos queda en el tintero, porque no nos vamos a extender, no votaremos a favor de esta moción, aunque tampoco votaremos en contra.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.

La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Antes de entrar en el contenido de esta moción, me gustaría plantear que cuando debatamos estos temas dejemos atrás prejuicios y estereotipos. He leído la moción y he escuchado los discursos, y parece que solo hay talento en las universidades americanas o en las empresas occidentales, pero hay datos que indican que el 36 % de las sirias y el 21 % de los sirios tienen titulación superior, y algunos entrarían en la definición de lo que hoy estamos hablando, de talento extranjero. Muchas de estas personas están atrapadas en campos de refugiados en el este de Europa y otras están atrapadas en laberintos burocráticos en países europeos. En España, también tenemos casos documentados de profesores universitarios africanos internados en CIE. ¿Qué quiero decir con esto, señorías? Que el mundo está lleno de talento humano y profesional esperando a que le demos una oportunidad.

Lo que estamos debatiendo hoy es un sistema de migración de primera y de segunda que viola claramente el principio de igualdad de todas las personas. Por ejemplo, hablamos de agilizar la reagrupación familiar. ¿Por qué no defenderlo para todas las personas que trabajan en España? ¿Por qué lo merecen más ingenieros y ejecutivos que las mujeres que cuidan a nuestras personas mayores, a nuestros hijos e hijas, y limpian nuestra porquería? ¿De verdad creen que estos trabajos no aportan a la sociedad? (Aplausos). Las mujeres paramos el pasado 8 de marzo precisamente para esto, para que se reconozca


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nuestra aportación a la sociedad. Estas mujeres están asumiendo un trabajo que las mujeres españolas dejamos de hacer cuando nos incorporamos al mercado laboral, y son imprescindibles porque la sociedad y los hombres no asumen su parte de corresponsabilidad en esta tarea fundamental para la vida. Creo, señorías, que sin duda alguna merecen, como mínimo, las mismas facilidades que hoy ustedes plantean para los ejecutivos. (Aplausos).

En realidad, lo que están proponiendo hoy es una nueva versión de la llamada Ley Beckham, aquella que daba facilidades fiscales para atraer el talento científico y que quienes acabaron beneficiándose fueron los deportistas de élite, todos hombres, por cierto. Las medidas de su iniciativa están pensadas para un reducido número de personas, fichajes de empresas y consultoras que van a tener un mínimo impacto en la economía. Ponen a Silicon Valley de ejemplo. La realidad es que no tenemos ningún Silicon Valley en España y, a este paso, no lo tendremos nunca. Ninguna política de incentivos, ninguna, va a funcionar sin una reforma estructural del sistema productivo español, sin políticas industriales de I+D+i que permitan promover sectores de alto valor añadido. Yo me pregunto, ¿dónde vamos a colocar a todo este talento?, ¿en universidades y centros de investigación para que el ministerio de turno les cambie las condiciones del contrato sin avisar?, ¿o programando doce horas diarias a 800 euros? No es un problema de talento; es un problema de falta de oportunidades profesionales dignas. Talento nos sobra, tanto que los que lo tienen se van fuera o se quedan en España ocupando empleos por debajo de su cualificación.

Señor Roldán, se lo tengo que decir sinceramente, me deja perpleja la afirmación de su moción, y cito textualmente: los profesionales de alto nivel se sienten atraídos por el clima, el paisaje y la calidad de vida de nuestro país. Perdóneme, pero eso será en los mundos de Yupi, porque en el mundo real, lo que la gente busca cuando emigra es un contrato laboral estable, una remuneración acorde a su cualificación y condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo. (Aplausos). Esto, en España, es ciencia ficción gracias a las políticas laborales que su partido promueve y apoya.

Por supuesto que nuestro grupo está a favor de atraer el talento, de facilitar los procesos de las personas que se quieren instalar en nuestro país, el retorno del talento emigrado -por cierto, en nuestro programa especificamos medidas mucho más concretas de lo que hacen en su moción-. Y, por supuesto, apoyamos un pacto por la ciencia, pero no vamos a apoyar su moción porque es éticamente cuestionable, porque es elitista, porque es poco concreta en lo que se refiere al retorno del talento emigrado y, sobre todo, porque es inservible manteniendo los recortes de I+D+i consolidados con el techo de gasto que usted ha firmado con el Partido Popular y con el Partido Socialista. (Aplausos).

Sin medidas que nos lleven hacia un modelo productivo de alto valor añadido, sin una política que asegure empleos dignos y de calidad nunca seremos lo suficientemente atractivos como país para todo el talento que hay en el mundo.

Muchas gracias. (Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Pregunto al señor Roldán Monés si acepta su grupo algunas de las enmiendas presentadas.

El señor ROLDÁN MONÉS: Sí, hemos propuesto una transaccional que han visto todos los grupos y ya la han firmado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, POR LA QUE SE REGULA UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA GARANTIZAR LA POSESIÓN DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE PROPIETARIOS PERSONAS FÍSICAS Y PARA ASEGURAR A LAS ENTIDADES SOCIALES Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA DISPONIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN SU HABER DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 122/000061).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones.

Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de proposiciones de ley. En concreto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento


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Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas de titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 175 más 1 voto telemático, 176; en contra, 161 más 1 voto telemático, 162.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda tomada en consideración la proposición de ley.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. (Número de expediente 410/000006).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los grupos de interés.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 270 más 2 votos telemáticos, 272; en contra, 2; abstenciones, 64.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda tomada en consideración la proposición de reforma del Reglamento.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA LEY 23/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 162/000331).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. La votamos en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 172; en contra, 132; abstenciones, 33.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ELABORAR UN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LOS SUPUESTOS DE SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. (Número de expediente 162/000364).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaborar un protocolo específico para los supuestos de sustracción internacional de menores. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos Parlamentario Popular, Socialista y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 269; abstenciones, 68.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DEL MODELO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL. (Número de expediente 173/000019).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno respecto del modelo de contratación del personal investigador predoctoral. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Vasco (PNV) y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI, ESPECIALMENTE LAS MUJERES. (Número de expediente 173/000020).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de discriminación de las personas LGTBI, especialmente las mujeres. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 205; en contra, 1; abstenciones, 129.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD DESTINADAS A FAVORECER LA CAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TALENTO EN EL CONTEXTO DEL BREXIT Y LA PRESIDENCIA DE DONALD TRUMP. (Número de expediente 173/000021).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad destinadas a favorecer la captación y recuperación de talento en el contexto del brexit y la Presidencia de Donald Trump. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 255; en contra, 1; abstenciones, 81.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción. (Aplausos).

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

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