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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 05/04/2017
cve: DSCD-12-PL-46
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 46
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 44
celebrada el miércoles,
5 de abril de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. (Número de expediente 172/000033) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 172/000035) ... (Página34)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. (Número de expediente 172/000038) ... (Página40)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno. (Número de expediente 172/000039) ... (Página47)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página5)

Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo afronta el Gobierno la negociación con el Reino Unido sobre el Brexit? (Número de expediente 180/000223) ... (Página5)

Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree que el Gobierno español responde a las necesidades de la población de Cataluña? (Número de expediente 180/000214) ... (Página6)

Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuál es la opinión de su Gobierno sobre el tenor de la declaración oficial del Brexit por parte del Reino Unido? (Número de expediente 180/000222) ... (Página8)

De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Piensa impulsar el cumplimiento por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de las resoluciones judiciales relativas a la exhumación de cadáveres del Valle de los Caídos? (Número de expediente 180/000224) ... (Página9)

Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Cómo valora el Gobierno la ruptura del orden constitucional en Venezuela? (Número de expediente 180/000230) ... (Página10)

Del diputado don Alberto Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo valora el Gobierno los ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en España merced a la legislación vigente? (Número de expediente 180/000215) ... (Página12)

Del diputado don José Javier Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Considera que el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno va a corregir las desigualdades que se han producido con sus anteriores presupuestos? (Número de expediente 180/000225) ... (Página14)


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Del diputado don Rafael Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué porcentaje de verdad tiene previsto que tengan los Presupuestos Generales del Estado que nos va a remitir a esta Cámara? (Número de expediente 180/000217) ... (Página15)

Del diputado don Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué aspectos destaca el Gobierno del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales en materia de función pública? (Número de expediente 180/000229) ... (Página17)

Del diputado don Juan Antonio Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cuándo va a cumplir su Gobierno el compromiso electoral de equiparar los sueldos de policía y guardia civil al de policías autonómicas? (Número de expediente 180/000216) ... (Página18)

Del diputado don Ferran Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Cuál es la diferencia entre las promesas de millones de euros a invertir en Cataluña, incumplidas en las últimas legislaturas, y la repetición de las mismas promesas realizada ahora por el presidente Rajoy? (Número de expediente 180/000219) ... (Página19)

Del diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué razones tiene el Gobierno para excluir al cine de la rebaja del IVA cultural? (Número de expediente 180/000226) ... (Página20)

Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué respuesta dará el Gobierno a la preocupación expresada en la Conferencia desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo el 28 de marzo en Madrid a causa del deterioro de la calidad en el empleo en España? (Número de expediente 180/000227) ... (Página22)

Del diputado don Manuel Monereo Pérez, en sustitución de don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno en los próximos presupuestos en materia de pensiones? (Número de expediente 180/000218) ... (Página23)


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De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Considera el Gobierno que España necesita un nuevo Plan Nacional contra la contaminación que actúe de manera específica sobre las emisiones del transporte? (Número de expediente 180/000221) ... (Página24)

De la diputada doña Ana María Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Tiene previsto su departamento autorizar la salida de papa canaria a la península, una vez reconocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Real Decreto 197/2017 la eficacia del protocolo elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias para la eliminación de la polilla guatemalteca? (Número de expediente 180/000175) ... (Página26)

Interpelaciones urgentes ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético ... (Página27)

Formula la interpelación urgente la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).

Replica la señora Lucio Carrasco y duplica la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural... (Página34)

Formula la interpelación urgente el señor Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).

Replica el señor Guijarro García y duplica la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos ... (Página40)

Formula la interpelación urgente la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Zoido Álvarez).

Replica la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y duplica el señor ministro del Interior.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno ... (Página47)

Formula la interpelación urgente la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad (De Guindos Jurado).

Replica la señora Blanquer Alcaraz y duplica el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO AFRONTA EL GOBIERNO LA NEGOCIACIÓN CON EL REINO UNIDO SOBRE EL BREXIT? (Número de expediente 180/000223).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.

Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor HERNANDO VERA: Buenos días, señora presidenta, señorías.

Señor presidente del Gobierno, el Reino Unido ha puesto en marcha oficialmente su salida de la Unión Europea. Ha optado por el denominado brexit duro y, en nuestra opinión, el Gobierno tiene la obligación de combinar la defensa del conjunto de intereses de la Unión Europea con los intereses de España, ya que nosotros tenemos determinados problemas específicos. Ustedes empezaron por restarle trascendencia al brexit para después filtrar graves consecuencias, incluso usted llegó a decir: No sabemos cuál va a ser al final la relación si el brexit se consuma. Pues bien, ha empezado a consumarse y le pregunto cómo lo van a afrontar, señor presidente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente del Gobierno, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Hernando.

Me voy a referir a lo fundamental porque, como usted comprende perfectamente, es imposible despachar en dos minutos y medio una cuestión de la importancia de esta. Los objetivos prioritarios van a ser dos. En primer lugar, los derechos de las personas. Queremos preservar los derechos de los españoles que viven en el Reino Unido, también los de los británicos que lo hacen en España y darles certidumbre, así como a las empresas que invierten y comercian con el Reino Unido. Ese es el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo es que el acuerdo de retirada y el nuevo marco de relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido permitan preservar la intensidad de las relaciones de hoy en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, el objetivo básico es que toda esta operación -que no comparto, como sabe- no dañe a las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, en opinión de los socialistas, debemos fijar tres balizas en esta negociación. La primera es reforzar a los negociadores europeos no entrando en estos momentos en negociaciones bilaterales. La segunda es que al Reino Unido le quede claro que no se puede estar con un pie dentro y el otro fuera, que me parece que es un buen mensaje tanto para los


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euroescépticos como para los aventureros que quieran iniciar sendas similares. La tercera es brexit es brexit y, por lo tanto, no se puede estar en ambos lados de la mesa. Primero se negocian las condiciones de salida y en el futuro la nueva relación; o dicho de otra manera, primero se sale por la puerta y luego se vuelve a llamar.

Entre nuestras prioridades coincidimos respecto a los trabajadores y estudiantes españoles que viven en el Reino Unido y que en estos momentos están muy preocupados, pero también hemos de ser sensibles con las preocupaciones de los británicos que están acá y que quieren seguir conviviendo entre nosotros.

Respecto a Gibraltar, hemos de pedirles coherencia a los impulsores del brexit con todas sus consecuencias; mantenernos en nuestras reivindicaciones históricas -naturalmente que sí-, pero sin olvidar a los trabajadores y a las empresas del Campo de Gibraltar; actuar con inteligencia a través del diálogo y no entrar en groseras escaladas verbales y aprovechar esta oportunidad, esta difícil coyuntura histórica para reafirmar nuestras convicciones europeas. El proyecto de la Unión Europea seguramente es el proyecto político más importante, más interesante y más arriesgado del último siglo. Retomemos ese espíritu de los pioneros que el otro día celebrábamos en Roma y hagámoslo como país. En esa mesa estamos todos sentados, señor presidente, no actúe usted por su cuenta porque debilitará la posición negociadora de España y lo que tenemos que hacer en estos momentos es reafirmar nuestras convicciones europeas y europeístas y defenderla con la fortaleza de todos unidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Hernando.

En lo sustancial estoy de acuerdo con su intervención, pero voy a hacer algunas precisiones. Aquí hay temas de procedimiento, que son importantes aunque sean de procedimiento, y temas de fondo. En los temas de procedimiento nos vamos a manejar con los siguientes parámetros. Primero, la negociación tiene que respetar la ley puesto que la Unión Europea es una comunidad de derecho. Segundo, la Unión Europea va a negociar en bloque, como pedía usted, no va a haber negociaciones individuales y, por tanto, estaremos a lo que diga el señor Barnier en representación de la Comisión, pero en el Consejo opinaremos, como no podía ser de otra manera. Tercero, también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir sobre que primero se negocian los términos de la retirada y a continuación empezaremos a hablar de la relación futura. Al final, todo esto será un paquete, es decir, no está acordado nada hasta que se acuerde todo.

Y en cuanto a los temas de fondo, en la relación futura lo que me gustaría que hubiera es un acuerdo de libre comercio amplio y profundo, como dicen las líneas directrices que ha planteado el señor Tusk, y también acuerdos en materia de seguridad, defensa, lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. También estoy de acuerdo en que Europa debe continuar, como se dijo en Roma, con el proceso de integración. Es el proyecto político más importante que se ha llevado a cabo en siglos en nuestro continente y estoy de acuerdo en que estas cosas las debemos hacer conjuntamente en esta Cámara. Por tanto, anuncio que informaremos al Parlamento y a todos ustedes siempre que nos lo pidan y que a cualquier persona que tenga a bien hacer alguna aportación en beneficio del interés general español, lógicamente, la tendremos en cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/000214).

La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno del diputado don Gabriel Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señor presidente, señor Rajoy, se lo pongo fácil. Ahora que usted va tanto a Barcelona y, por suerte, ya no lo hace para mendigar firmas contra leyes catalanas, como el Estatut de Autonomia, ¿cree usted que el Gobierno español satisface adecuadamente las necesidades del pueblo de Cataluña?

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente del Gobierno, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, por su pregunta, señor Rufián.

Es, desde luego, nuestra intención y creo que damos pasos en la buena dirección. La primera necesidad y el primer gran objetivo era la creación de empleo. Poco a poco se van recuperando los puestos de trabajo perdidos durante la crisis económica que hemos vivido. Ayer hubo, como usted conoce, datos muy positivos en el conjunto de España y también en Cataluña. El segundo gran objetivo fue mantener los grandes servicios públicos fundamentales, sobre todo, sanidad, educación y la atención a las personas. Por eso, en una situación de extrema dificultad para la Generalitat y para otros, hemos puesto en marcha instrumentos de liquidez como el FLA y el Fondo de pago a proveedores, que han servido para pagar a aquellas personas que no cobraban los servicios prestados a la Generalitat y también para mantener los servicios públicos fundamentales.

Continuamos las inversiones públicas en época difícil. Ahora viene una época un poco mejor, ha aumentado la recaudación por la mejora de la actividad económica y vamos a seguir, por tanto, invirtiendo en infraestructuras. Ya hemos planteado un debate en materia de financiación autonómica y sería bueno que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña participara en él. Y el viernes concretamos algo que llevaba pendiente desde hace mucho tiempo, que era convertir a los interinos en fijos tras pasar las correspondientes pruebas. Afecta a 30.000 personas en Cataluña. Por tanto, creo que los temas más importantes para los ciudadanos hemos intentado abordarlos y seguiremos haciéndolo en el futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Rufián.

El señor RUFIÁN ROMERO: La verdad es que lo único bueno que tiene, señor presidente, es que usted es previsible. Son malas noticias todo eso que está diciendo, más que nada porque se cura, todo eso se cura. Creer que el empleo va bien en Cataluña y en el resto del Estado español se cura en la cola del paro, sobre todo. Creer que satisfacer al pueblo de Cataluña es hacer un corredor mediterráneo que pasa por Madrid se cura, sobre todo se cura leyendo. Creer que satisfacer al pueblo de Cataluña es pagarle a su amigo Florentino Pérez 1.350 millones de euros por el Castor se cura, no teniendo según qué amigos. Creer que satisfacer al pueblo de Cataluña es hablar continuamente junto con su marca blanca, Ciudadanos, de la Cataluña real, cuando entre todos ustedes juntan una sola alcaldía, se cura, dejando de ser partidos residuales en Cataluña. Creer que se satisface al pueblo de Cataluña echándole a la cabeza el Tribunal Constitucional se cura, dejando de enviar militantes a su presidencia. Creer que se satisface al pueblo de Cataluña haciendo flamantes estaciones de AVE en poblaciones de 100 habitantes se cura, se cura cogiendo un cercanías en Cataluña cualquier día, a cualquier hora, en cualquier pueblo. Yo le invito, le invito yo que soy catalán, no pasa nada, igual se hace independentista.

En definitiva, señor Rajoy, que le quede claro, la voluntad del pueblo de Cataluña no se compra, la voluntad del 80 % del pueblo de Cataluña no se compra, ni con mentiras piadosas ni con cristales de colores. Nos vemos en las urnas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.

Realmente no tengo muchas cosas que decirle, señor Rufián, con absoluta franqueza. (Risas). Si acaso, que creo que confunde sus necesidades con las de todos y eso es muy peligroso porque uno corre el serio riesgo de situarse fuera de la realidad. Intentar trabajar para salir de una crisis económica; intentar que se cree empleo después de la destrucción masiva de puestos de trabajo que hubo durante cinco años de crisis; intentar mantener los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales; intentar que se haga, efectivamente, el corredor mediterráneo o intentar arreglar las rodalies son temas que importan a la gente. Probablemente a usted no le importan y por eso no hace preguntas sobre esos asuntos. Yo le respeto, pero le ruego que me respete usted también a mí y admita que yo puedo decir -y alguna razón puedo tener, o no, nunca se sabe- que es importante crear empleo, que a la gente le vaya bien, que funcionen bien los servicios públicos, que podamos hacer infraestructuras


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y que la economía sea más competitiva, porque así estamos atendiendo las necesidades de las personas... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE SU GOBIERNO SOBRE EL TENOR DE LA DECLARACIÓN OFICIAL DEL BREXIT POR PARTE DEL REINO UNIDO? (Número de expediente 180/000222).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco, también al señor presidente.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, buenos días. Le pregunto por el contenido y las formas de la carta británica comunicando el inicio del brexit. Ese mismo día el ministro de Exteriores compareció en Comisión, pero la verdad es que no nos aclaró muchas cosas. Dijo que ya no podría ser la misma la relación en el futuro con el Reino Unido, pero, al mismo tiempo, insistió en que el tratamiento y la situación de los ciudadanos debían mantenerse igual que ahora. Dijo que las expectativas de futuro de los ciudadanos de ambos países deberían mantenerse. Comentó que la entrada y el movimiento de personas tenían que ser tan sencillas como ahora, que el comercio no debía dañarse y debía facilitarse en términos muy parecidos a los de ahora. Dijo literalmente que las cuatro libertades debían mantenerse. Por tanto, sinceramente, si no va a ser lo mismo, pero esas cuatro libertades tienen que mantenerse, no entendemos cuál es la posición exacta del Estado.

La carta de la señora May tenía un tono edulcorado al inicio, pero al hablar de personas ni tuvo en cuenta la recomendación de los Lores de afirmar los derechos nacionales respectivos antes de presentarla ni distinguía el ámbito de negociación de salida con la relación posterior. Sinceramente, lo que me sorprendió, a pesar de que ahora se pone sordina, es la mezcla entre economía y seguridad, porque se afirmaba -literalmente- que, si no se obtiene un buen acuerdo de comercio, nuestra cooperación en la lucha contra el crimen y la seguridad se resentirá. Coincidirá conmigo en que es un momento delicado, muy importante en materia de seguridad en toda Europa y en todo el mundo, en el que se precisa la colaboración de todos. Sinceramente, me sorprendió ese tono y esa mezcla. Estoy seguro de que usted no entiende la seguridad en esos términos, sino todo lo contrario, en una colaboración por encima de todo y entre todas las fuerzas de seguridad. Esto alcanza también a las fuerzas de seguridad dentro del Estado, por tanto, hay que aplicarlo no solo a las policías de los diversos países, sino también internamente. La Ertzaintza es una policía integral y, por tanto, debe ser una policía Schengen. Tiene que tener toda la información europea, pero también participar en los foros europeos. Eso respondería al marco institucional, si no se quiere jugar con la seguridad. Es muy importante para nosotros y esperamos una respuesta positiva, señor presidente.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban.

Esta es una pregunta que también versa sobre el brexit, pero diferente a la que me ha formulado el señor Hernando. El señor Esteban ha preguntado cuál es mi opinión sobre la carta notificando formalmente el acuerdo de retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido.

No puedo entrar en todos los detalles, pero sí me gustaría decirle lo siguiente. Hay partes positivas en la carta y hay otras partes que vamos a decir que no me parecen tan positivas. Partes positivas, el tono general quiere ser constructivo, el objetivo de defender los derechos de las personas -que para mí es prioritario y capital- se plasma en el documento, la necesidad de que el proceso sea justo y ordenado -es de sentido común- también se recoge y se fija por parte del Reino Unido la voluntad de mantener unas buenas relaciones en el futuro en materia económica y de seguridad.

Lo que no me parece tan positivo es lo siguiente. Primero, el hecho mismo de abandonar la Unión Europea. Lo he dicho yo, lo ha dicho mucha gente y, lógicamente, eso supone, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores al que usted acaba de citar ahora, que la relación ya no va a ser la misma. Las cuatro libertades a las que usted ha hecho referencia se seguirán aplicando con los países que formemos parte de la Unión Europea pero no con el Reino Unido. En segundo lugar, tampoco estoy de acuerdo con


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la pretensión que recoge la carta de negociar en paralelo la retirada y la relación futura. No, primero la retirada y luego ya hablaremos de la relación futura. Y, en tercer lugar, tampoco me parece positivo un asunto al que usted se ha referido en su intervención, esa alusión a que la lucha contra la delincuencia y el terrorismo se podía debilitar si no se cumplen determinados requisitos. Yo espero que esto no se produzca. Tengo que entender que usted y yo no lo comprendemos bien, porque creo que siempre habrá una colaboración total y absoluta en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

Ha hecho observación sobre la cuestión de la Ertzaintza. La representación de España ante los distintos órganos internacionales corresponde al Estado, como, usted conoce, dice el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Constitución. En cualquier caso, tienen acceso a la información internacional de interés policial y las actuaciones de la Ertzaintza con cuerpos de policía de otros países se producen con normalidad. Dicho esto, creo que teniendo en cuenta el encaje, el respaldo legal y el soporte competencial, que son fundamentales para garantizar el éxito y la eficacia de la coordinación de actuaciones policiales, se puede conversar sobre este punto para intentar entre todos ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿PIENSA IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO NACIONAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES RELATIVAS A LA EXHUMACIÓN DE CADÁVERES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS? (Número de expediente 180/000224),

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.

Señora vicepresidenta, cuento esta historia, que usted conoce, para que la conozca el resto de la Cámara y el resto de los españoles y españolas que nos escuchan. Es la historia de una familia, de una niña a la que sus padres le contaron que sus abuelos y su tío abuelo habían sido asesinados en la Guerra Civil. Esta familia llevó durante sesenta años flores a una fosa común. Después, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, descubrieron que bajo esa fosa no estaban los cuerpos de sus familiares y trabajaron e investigaron y descubrieron que estaban en el Valle de los Caídos. Hace cinco años que saben que están allí, pero no tienen dónde poner esas flores. Se fueron a la justicia para dar dignidad a los restos de sus abuelos y para dar tranquilidad a su padre, que hoy tiene noventa y dos años; la justicia les dio la razón. Hoy ella la escucha desde la tribuna y espera una respuesta de usted, que es la persona competente de la Administración que ha de cumplir esa resolución judicial, firme, por cierto, desde hace un año. Esa es la respuesta que esperamos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.

El consejo de administración de Patrimonio Nacional, que, como usted sabe, es un órgano interinstitucional -además, constituido por consenso-, está haciendo todo cuanto está en su mano para poder cumplir ese expediente de jurisdicción voluntaria por el que usted me pregunta. El auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, efectivamente, reconoció el derecho a la digna sepultura de esas personas que pueden -dice- con alta probabilidad encontrarse en el Valle de los Caídos. No obstante, advirtió de una serie de dificultades y limitaciones: que fuera viable el acceso a la planta tercera de la cripta donde pueden estar los restos, que esos restos se puedan trasladar -dice- garantizándose su integridad, su respeto y su memoria, y que puedan identificarse los columbarios afectados y practicarse las pruebas de ADN. Patrimonio intentó acometer estas actuaciones, pero hubo


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oposición de terceros. Acudió al juzgado y este le dijo a Patrimonio Nacional que no era interesado y, como usted sabe bien, como es un expediente de jurisdicción voluntaria no se puede despachar ejecución.

¿Qué ha hecho Patrimonio Nacional para poder continuar adelante con este tema? Solicitar informe a la Abogacía del Estado. Tenemos dos informes que remitiremos a las familias y que nos aconsejan -y es lo que está analizando Patrimonio- recabar un informe del Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para que se pronuncie sobre la viabilidad del acceso y, si es posible, sobre las obras necesarias para llegar. Si ese dictamen es afirmativo y se pudiera llegar, que se solicite un dictamen al Consejo Médico Forense para que se pronuncie sobre el procedimiento de localización, identificación y exhumación de los restos y la posibilidad de la práctica de la prueba del ADN. Por tanto, Patrimonio Nacional está haciendo todo cuanto está en su mano en colaboración con la Abogacía del Estado y esperamos poderlo hacer también con concurso de todos los que tienen algo que decir en este asunto. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Comprendemos la dificultad del caso, vicepresidenta, y del propio estado en que se encuentra, pero reconocerá que el tiempo para esa familia y para otras muchas es oro. Con la Ley de Memoria Histórica queríamos dar respuesta a esta familia y a otras muchas que tienen a sus muertos en el Valle y a las familias que los tienen en las cunetas. No se trata de mirar hacia atrás, ni yo pretendo afearles sobre cómo se ha ejecutado o como no se ha implementado esta ley en los últimos años, pero sí le pido que miremos hacia delante y que trabajemos para dar respuesta a estas y a tantas familias que necesitan del apoyo institucional para reconocer su historia personal y con eso también la dignidad de nuestro país. Por eso desde el Grupo Socialista le pedimos que se aplique la Ley de Memoria Histórica de manera efectiva, que la dotemos de suficiente presupuesto para que sean una realidad los trabajos de investigación sobre las fosas que se están realizando en nuestro país y le pido también que trabajemos sobre la significación del Valle de los Caídos para que no sea símbolo de la exaltación franquista, sino un símbolo de hermanamiento de nuestra sociedad, que sea el símbolo de todos. Me reconocerá que para que eso ocurra es necesario que de allí también salgan algunos restos; me refiero a los restos del dictador, y eso lo ha aprobado esta Cámara y lo recomendó también la comisión de expertos. Espero que entre todos podamos conseguirlo para que de verdad sea un símbolo de reencuentro... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.

Este es un asunto serio y complejo. Tanto es así que desde 1980 no ha habido exhumaciones en el Valle de los Caídos y ustedes gobernaron durante veintiún años. Que es un asunto serio y complejo lo pone de manifiesto el hecho de que el Gobierno de Zapatero encargase un informe al señor Jáuregui, que entregó en el último momento y sin lograr el consenso que pretendía, especialmente respecto de las otras dos personas sobre las que usted pregunta y que no eran objeto de su pregunta. Que es muy complejo lo ponen de manifiesto también los informes periciales que el propio señor Jáuregui pidió y que dicen que el deterioro de las criptas y de los columbarios hace prácticamente imposible... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA? (Número de expediente 180/000230).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Adelante, señoría.


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El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.

Vicepresidenta, en esta Cámara nos hemos pronunciado cuando ha habido crisis en países iberoamericanos hermanos, como Cuba, como Colombia, pero también, como usted sabe, esta última semana los acontecimientos extremos que han sufrido en Venezuela merecen también una posición firme del Gobierno de España. Debo decirle, vicepresidenta, que así como estamos de acuerdo en la defensa de los valores democráticos, creo sinceramente que la posición del ministro de Exteriores del Gobierno ha sido tibia e insuficiente en este caso. Por eso le pregunto, vicepresidenta, y al Gobierno en general, si piensan actuar con prudencia y a la vez con firmeza; no es incompatible ser prudentes con ser firmes. Hay 200.000 españoles en Venezuela y 200.000 venezolanos aquí, empresas en aquel país, somos miembros observadores de la Organización de Estados Americanos y a la vez constituimos los países iberoamericanos, junto con Portugal, en Europa. Yo le pregunto, señora vicepresidenta. ¿Está dispuesto el Gobierno a liderar en un Consejo Europeo junto con el resto de ministros de Exteriores una posición común de Europa frente a la situación de extrema gravedad en Venezuela? Asimismo, ¿está dispuesto el Gobierno, como observador de la Organización de Estados Americanos a pedir que se aplique la carta democrática, a colaborar con la diplomacia del resto de países para que se haga? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora vicepresidenta, adelante.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Rivera, el Gobierno está seriamente preocupado por la crisis constitucional que se está produciendo en Venezuela. Las sentencias del Tribunal Supremo del 28 y del 29 de marzo están comprometiendo aún más la democracia y el Estado de derecho en ese país al supeditar la inmunidad parlamentaria y las competencias de la Asamblea Nacional. Quiero decirle que no es nuevo, que es una escalada que el Gobierno desde luego ha denunciado desde sus orígenes porque al secuestro del Parlamento se ha unido la violación reiterada de los derechos humanos y la existencia de presos políticos y, sobre todo, el grave deterioro humanitario y social que el desabastecimiento está produciendo en Venezuela.

La comunidad internacional -y esto es muy importante- está reaccionando de forma contundente y casi unánime; esa casi unanimidad que no estamos logrando en esta Cámara. En primer lugar, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a petición de España precisamente, ha señalado que hay que reforzar esa presión internacional. La OEA está hablando de autogolpe e incluso es muy significativa la declaración de urgencia de Mercosur, donde, habiéndole además suspendido a Venezuela, están reclamando que se devuelva la democracia a esa tierra.

El Gobierno, desde luego, ejercerá su liderazgo, lo ha hecho siempre, reclamaremos que el Parlamento sea reintegrado en sus plenas facultades, reclamaremos que se ponga en libertad a todos los presos políticos y reclamaremos que se cumpla el calendario electoral con todas las garantías. Así lo haremos, señor Rivera. Y permítame que le diga que si quiere usted hablar de tibieza y de perfiles, el primero que demostró perfil en este tema fue el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, que fue el primer jefe de Gobierno que recibió a la señora Tintori. Después vinieron otros, incluido usted, pero la primera persona que recibió a la mujer de ese preso político en nuestro país y en el resto del mundo fue el presidente del Gobierno. Creo que pone de manifiesto el liderazgo que están llevando este grupo parlamentario y este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Rivera.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, los demás no somos presidentes del Gobierno y no podemos recibir a nadie como presidente del Gobierno. (Rumores). En todo caso, esto no es una competición, señora vicepresidenta, no se pongan nerviosos. Queremos una posición firme del Gobierno. Está muy bien poner un tuit y decir que no es beneficioso para Venezuela lo que ha pasado, como dijo el ministro Dastis, está muy bien, pero hay que ser contundentes y usted ha pronunciado la palabra autogolpe. Eso es lo que nos hubiera gustado


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escuchar del Gobierno de España y no hablar de que no es beneficioso para Venezuela. En todo caso, la competición no es por ser duros, sino por buscar soluciones.

Le pido al Gobierno que, igual que en la posición de Cuba en su día el Gobierno del Partido Popular de España lideró una posición común del Consejo Europeo por la crisis en Cuba, también lo hagamos ahora con un país hermano como Venezuela. Porque, señorías, Venezuela fue un país que recibió con los brazos abiertos a los españoles, un pueblo que ha ayudado sin duda a España y una hermandad que va más allá de los lazos puramente económicos, también culturales y de otro tipo. Por eso, vicepresidenta, le pido que actúen, que espero que la política exterior no la marque el señor Zapatero, que es evidente que el diálogo trampa ha fracasado y que pidamos un calendario electoral, la salida de los presos políticos, porque no hay diálogo si hay gente encarcelada, y un canal humanitario para Venezuela.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.

Agradezco, señor Rivera, que haya obviado en esta segunda parte los matices porque lo que es importante, en primer lugar, es que la política internacional siga siendo una política de Estado y que podamos llegar a acuerdos, que entre todos fortalezcamos el liderazgo internacional que en Iberoamérica, pero muy especialmente en Venezuela, está haciendo el Gobierno de España, que mantengamos la exigencia y la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro a nivel bilateral y a nivel multilateral y que reclamemos una reconciliación nacional exigente con los derechos humanos y con el Estado de derecho. Sin eso no hay democracia, por mucho que algunos se empeñen en justificar lo injustificable. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN ESPAÑA MERCED A LA LEGISLACIÓN VIGENTE? (Número de expediente 180/000215).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Justicia.

Pregunta del diputado don Alberto Garzón Espinosa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿qué opina el Gobierno de los ataques recientes a la libertad de expresión merced a la legislación vigente?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señor Garzón, el Gobierno no considera que esté produciéndose ningún ataque a la libertad de expresión en España, está plenamente garantizada, y mucho menos como consecuencia de la legislación vigente. En todo caso, aquí está este Parlamento para proponer las reformas que ustedes consideren oportunas, pero considero que están plenamente garantizados los derechos y las libertades en España. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor ministro, hecho número uno: una chica -y subrayo lo de chica- de veintiún años escribe una serie de chistes sobre un fascista torturador de nuestro país y una sentencia por un tribunal conservador la declara culpable y la condena a un año de cárcel. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Hecho número dos: un tuitero en circunstancias parecidas hace chistes parecidos, le juzga un tribunal menos conservador y es absuelto y declarado inocente. Este es un problema que compete a su Gobierno, que responsabiliza a su Gobierno. ¿Cuál es la causa? Un artículo del Código Penal, el 578, que es tan ambiguo y genera tanta inseguridad jurídica que el hecho de que sea culpable o inocente depende de si el tribunal está formado por miembros del Opus Dei o por gente del siglo XXI. (Rumores.-Protestas.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor GARZÓN ESPINOSA: ¿Cuál es la solución, señor ministro? La solución la propone una directiva de la Unión Europea precisamente de hace menos de un mes. Propone modificar ese artículo para hacerlo mucho más preciso y evitar esta ambigüedad jurídica. Es una directiva de la Unión Europea que propone que solo se puedan tipificar aquellos que lleven directamente a cometer un delito de terrorismo, para no ser ambiguos y no coartar la libertad de expresión. El terrorismo, señor ministro, es una lacra; el terrorismo es algo contra lo que estamos todos los que nos encontramos aquí, pues lo hemos sufrido de una u otra manera. Sin ir más lejos, yo me crié precisamente... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Garzón. Un segundo. Señorías, por favor, guarden silencio.

Continúe, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Decía, señor ministro, que yo me crié sabiendo que un tío mío tenía que ir con pistola y con guardaespaldas por ser juez y estar amenazado por ETA. Todos somos conscientes de la lacra del terrorismo, pero, ¿sabe qué? Al terrorismo se le combate desde la democracia, desde los principios y valores de la democracia y no recortando derechos. Usted tiene la oportunidad de modificar este error en el Código Penal, de hacer caso a la Unión Europea -fíjese usted, a la Unión Europea- y a su reciente directiva, de hace menos de un mes, y devolver a nuestro país al siglo XXI para evitar que la libertad de expresión sea coartada y que los chistes y el humor sean censurables. No queremos vivir en la época de Franco, en la época de Carrero Blanco, no queremos que hacer un chiste sea un motivo para que nos lleven a la cárcel.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, creo que están confundiendo en el artículo 578 qué es el enaltecimiento del terrorismo y qué es la humillación a las víctimas, porque las sentencias que se están dictando tienen que ver con la humillación a las víctimas. Hemos establecido en el Código Penal la protección a todas las víctimas del delito y estoy seguro de que ustedes comparten que a las víctimas hay que protegerlas, especialmente cuando se cometen delitos de burla y humillación a través de las redes sociales. Seguramente, para los menores eso nos parecerá muy bien y también para los miembros de colectivos minoritarios cuyos derechos no han sido defendidos adecuadamente en el pasado, pero ¿qué pasa con las víctimas del terrorismo, señorías? ¿A las víctimas del terrorismo sí se les puede humillar, sí se pueden hacer chistes, sí se pueden hacer bromas? El artículo 578 lo que regula es la humillación a las víctimas y por eso han sido condenados. ¿No es humillar a las víctimas que una persona diga que a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora y que otra diga que quiere la muerte para estos cerdos? Si piensan que eso es humor o simplemente libertad de expresión es que tienen ustedes un problema. Nosotros no compartimos esa visión. Si ustedes consideran que la Guardia Civil asesina a inmigrantes en la valla de Melilla, que Bódalo s un preso político como el señor Otegi (Rumores.-El señor Garzón Espinosa hace gestos negativos), que el señor Leopoldo López es un golpista que está en la cárcel justificadamente, seguramente no coincidimos en los diagnósticos y en los planteamientos.

En todo caso, como decía, señorías, el artículo 578 protege adecuadamente a las víctimas del terrorismo para que nunca, nunca, puedan ser víctimas de la humillación y mucho menos de ese tipo de desprecio y menosprecio. Si consideran que el artículo debe ser mejorado, presenten las propuestas que


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estimen oportunas. Lo que hemos hecho en la legislatura pasada con el apoyo de este grupo parlamentario ha sido fortalecer la protección a las víctimas, la defensa en la utilización de las redes sociales, que juegan un gran papel en la sociedad de la comunicación, en la libertad de expresión, pero nunca, nunca, pueden ser utilizadas para menospreciar, para humillar o para faltar al respeto a las víctimas del delito en general y mucho menos a las víctimas del terrorismo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JAVIER LASARTE IRIBARREN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GOBIERNO VA A CORREGIR LAS DESIGUALDADES QUE SE HAN PRODUCIDO EN SUS ANTERIORES PRESUPUESTOS? (Número de expediente 180/000225).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado José Javier Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, señor ministro, ha conseguido algunos hitos destacables, como ser el ministro de Hacienda más longevo de la democracia. No sé si darle o no la enhorabuena. Ha conseguido que el nivel de deuda sea el mayor de la historia de la Hacienda pública, más de un cien por cien sobre el PIB, cuya devolución carga sobre las espaldas de las próximas generaciones. También ha incumplido en cuatro de los cinco últimos presupuestos los objetivos de déficit fijados por la Comisión Europea; y no ha incumplido el quinto porque negoció una especie de quita temporal alargando los plazos y subiendo impuestos que compensaran los efectos negativos de su clientelar bajada fiscal. Ha conseguido el hito de situar a España entre los países más desiguales de Europa. Le pregunto: ¿considera que el proyecto de presupuestos que su Gobierno presenta va a conseguir corregir las desigualdades que se han producido con sus últimos cinco presupuestos?

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Señor Lasarte, aunque su señoría ha intentado reproducir un debate de presupuestos en minuto y medio, no lo ha conseguido. La desigualdad es hija de la crisis económica. La desigualdad es herencia de la destrucción de puestos de trabajo. Le voy a recordar que con un Gobierno socialista sentado en esta bancada azul se destruyeron 3.200.000 puestos de trabajo. Esa es la causa de la desigualdad y la estamos corrigiendo con la recuperación económica, con la creación de empleo y con esas 600.000 personas que se han afiliado a la Seguridad Social entre el mes de marzo del año pasado y el mes de marzo de este año. Para eso sirven los presupuestos. Por cierto, son los presupuestos más sociales de la historia de España. Los presupuestos traen como gasto público del conjunto de las administraciones más de 300.000 millones de euros dedicados a la cohesión social.

Señor Lasarte, no entiendo bien el sentido político de su pregunta, porque vamos a traer los presupuestos y vamos a recabar la colaboración del Partido Socialista. Es el momento de la responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista para que realmente podamos tener en España unos presupuestos que afiancen la recuperación económica, la creación de empleo y la consiguiente corrección de las desigualdades.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Lasarte.

El señor LASARTE IRIBARREN: Usted se aprendió el discurso hace cinco años y no lo ha cambiado. Es el raca raca de todos los años, cuando presenta su proyecto presupuestario. Hasta la OCDE le dice que su modelo de crecimiento no es inclusivo, que genera empleos de baja calidad y que, por tanto, es


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excluyente y genera desigualdad. Presenta un proyecto de presupuestos injusto, continuista y generador de más desigualdad. Continúa con los ajustes -cinco años de ajustes- de gasto público no financiero. Continúa con las políticas de austeridad, aunque incluso el FMI ha reconocido su fracaso, y continúa cargando el coste de la crisis sobre los mismos. Continúa la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Condena a los pensionistas a ver reducido el valor real de su pensión. Disminuyen el nivel de renta y la capacidad de gasto de más de 12 millones de españoles y es hora de subir salarios en términos reales y no de bajarlos. Continúa una política que penaliza a los jóvenes con becas paupérrimas para los estudiantes y sin un plan de empleo juvenil en condiciones que les ofrezca empleos dignos y un futuro de esperanza. Continúa la falta de visión a medio y largo plazo sobre el modelo productivo de este país, renunciando a apostar por la educación y la I+D+i para ganar el futuro con conocimiento, talento e innovación, para mejorar la productividad del sistema económico y hacer frente a los cambios tecnológicos a los que se enfrenta España. Continúa la apuesta por una economía de bajos salarios y empleo precario.

No espere contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a un proyecto de presupuestos injusto y continuista. Más de lo mismo, más desigualdad y precariedad que condenan a miles de españoles a un futuro peor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Señor Lasarte, no he entendido para nada el sentido político de su intervención. Para entendernos, me ha dejado confuso en términos políticos. No entiendo que la primera pregunta que dirige el Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno de España sobre los presupuestos sea ya un canto del no, cuando todos vamos a construir algo. ¿No estamos construyendo algo en esta legislatura? ¿No fueron ustedes los que votaron los objetivos de déficit con nosotros? ¿No son ustedes los que votaron las medidas fiscales con nosotros para que pudiéramos hacer estos presupuestos? (Los diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea asienten). Digo yo que alguien votaría en esta Cámara.

Señor Lasarte, el lenguaje político tiene importancia y por eso modestamente le recomiendo que modere el tono de la crítica, porque se está produciendo un cambio económico en España y lo positivo sería que ese cambio lo compartieran todos los grupos políticos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MAYORAL PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ PORCENTAJE DE VERDAD TIENE PREVISTO QUE TENGAN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO QUE NOS VA A REMITIR A ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/000217).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Rafael Mayoral Perales del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, en cuanto a las cuentas, ¿qué porcentaje de verdad tiene el proyecto de presupuestos que nos trae a esta Cámara?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Señor Mayoral, el contenido de su pregunta me ha hecho reflexionar (Risas) sobre las tres verdades que trae el presupuesto. Se lo voy a resumir porque esta es una pregunta en el tiempo. La primera verdad es que se está creando empleo en buena parte gracias a la política presupuestaria y a las reformas estructurales. El 40 % de todo el empleo que se crea en la Unión Europea se genera en España,


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esos 600.000 afiliados que antes he descrito. Este año, con los nuevos presupuestos, se crearán más de 500.000 empleos en términos EPA. La segunda verdad es que estos presupuestos contienen el mayor gasto social de la historia de los presupuestos públicos en España, más de 300.000 millones de euros que van a emplear el total de las administraciones públicas en pensiones, en gastos de desempleo, en dependencia, en atención a discapacidad, en educación y en sanidad; eso es lo que traen estos presupuestos. Y en tercer lugar, promueven una reducción del déficit público, que es el que le conviene a España para financiar el crecimiento económico, es el que responde al compromiso con las instituciones europeas y es el que nos hace ser un socio fiable en la construcción del gran proyecto político al que se refería el señor Hernando esta mañana. Además de integración económica, la Unión Europea es un gran proyecto político de entendimiento, de tolerancia y de confianza entre los ciudadanos de todos los países de Europa.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Mayoral.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, la verdad es que los ciudadanos de nuestro país están viendo cada vez más claro que estos presupuestos van a tener como resultado un pacto entre recortadores. Ustedes ya cuentan con las tijeras de los señores de Ciudadanos, parece que el PNV se suma y quizás también consigan que les apoye el 0,85 % de los resultados electorales del PSOE. Incluso esos presupuestos de recortes son conocidos ya entre muchos empleados públicos de la Administración General del Estado como los presupuestos imaginarios del señor Montoro. La duda es, ¿cuántas órdenes de no disponibilidad presupuestaria va a haber este año?, ¿cuántos recortes sobre los recortes va a haber este año? Nosotros reconocemos que usted es uno de los hombres más poderosos de este Gobierno, sus tijeras son las más afiladas del sur de Europa, son capaces de traspasar incluso las fronteras de Euskadi, donde han conseguido que se recorte el 15 % de la RGI, lo que tiene como resultado que después de doce días haya todavía hoy cinco personas en huelga de hambre por esos recortes que ya han llegado también allí.

¿Qué es lo que nos espera? Nos esperan recortes sobre recortes, como vimos en la legislatura anterior: investigación, I+D+i, cambio del vector de desarrollo económico. ¿Qué ha ocurrido con los OPI en nuestro país? Que después de sus órdenes de no disponibilidad y esos cierres de año -que habría que saber cuándo tiene pensado hacerlo esta vez- ha disminuido el 15 % el presupuesto de investigación. ¿Qué pasa con esto? Que nos deja fuera de las sociedades de investigación internacionales y nos dificulta entrar en los proyectos europeos. (Rumores). Seamos serios, con este modelo presupuestario se degrada el servicio público y se degrada el funcionamiento de la Administración pública al servicio de los ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor MAYORAL PERALES: Esta es una reflexión que creemos que debe hacer esta Cámara, una reflexión frente al austericidio que conduce a un callejón sin salida y que no permite que la gente pueda vivir bien en nuestro país. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

¿Sabe qué pasa, señor Mayoral? Yo tengo la impresión de que ustedes han llegado a esta Cámara tarde. Seguramente es consecuencia de otro tipo de situación económica y social, pero han llegado tarde, precisamente cuando hay recuperación económica, creación de empleo, cuando se está reduciendo la desigualdad, cuando se aumenta el gasto social y cuando no hay recortes. Cuando uno se presenta como el adalid y dice 'voy a llegar para que no haya recortes' y ya no hay recortes, llega tarde. (Risas.-Aplausos). Lo que es de esperar son sus propuestas, de verdad que estamos esperando esas propuestas. Ustedes son un grupo político muy importante en esta Cámara por el número de diputados y por lo que representan esos 5 millones de votantes. Por tanto, estamos esperando su propuesta...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ ASPECTOS DESTACA EL GOBIERNO DEL ACUERDO FIRMADO CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/000229)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor ministro, de don Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor MATARÍ SÁEZ: Señor ministro, la pasada semana firmó usted con CSIF, con CC.OO. y con UGT un gran acuerdo para mejorar la función pública en España. Este acuerdo, junto con los Presupuestos Generales del Estado que presentó usted ayer y el decreto-ley aprobado el pasado viernes, permitirá la mayor oferta de empleo público en nuestro país y hará posible reducir de forma extraordinaria la temporalidad en el empleo público, que sin duda es demasiado alta. Un acuerdo para reducir el empleo temporal un 90 %, especialmente en sectores tan importantes como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Un acuerdo para ampliar los sectores en los que la tasa de reposición será del cien por cien. Y un acuerdo para aprobar una oferta de empleo público de más de 67.000 plazas, por ejemplo 3.591 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía, la mayor oferta desde 2009, o 2.346 plazas para la Guardia Civil, la oferta más elevada desde el año 2008.

Un acuerdo así, señor ministro, solo puede ser calificado, a nuestro juicio, como un acuerdo histórico, el primero desde el año 2009. Es un acuerdo que permite dos cosas muy importantes: primero, cumplir el compromiso del Partido Popular de devolver a los empleados públicos gran parte del esfuerzo solidario que han hecho en los años más duros de la crisis, reconociéndoles así su aportación a la recuperación económica que ha permitido la creación de 1.700.000 empleos en los últimos años en España. Y, segundo, es un acuerdo que significa que los ciudadanos van a recibir mejores servicios públicos, especialmente en sanidad, en educación, en justicia, en servicios sociales, en transporte, en seguridad, en emergencias...; servicios públicos todos ellos esenciales que prestan hoy los ayuntamientos, las comunidades autónomas y también el Gobierno de España.

Por todo eso, señor ministro, antes de formularle la pregunta solo me resta una cosa que yo creo que también es importante: felicitarle a usted y a todo su equipo por este gran acuerdo y trasladarle en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestra más sincera enhorabuena. Y ahora le pregunto: ¿Qué aspectos destaca el Gobierno, señor Montoro, del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales para mejorar la función pública en España?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Matarí por el sentido y el contenido de su pregunta, porque para lo que debe servir este acuerdo es, en primer lugar, para poner en valor que venga del diálogo social la mejora de la condición de servicio público, la mejora de la calidad del empleo público. A mí me gusta subrayar que es el momento de la dignificación de los servicios públicos, de los servidores públicos. Es el momento de devolver a los funcionarios el gran esfuerzo que han hecho para salir de esta crisis con lo mejor de su dedicación, de su empeño y de su compromiso, y es el momento de que eso se haga también no solo como voluntad de un Gobierno, sino como expresión de los representantes legítimos de los trabajadores, de los sindicatos mayoritarios del empleo público en nuestro país: CC.OO., UGT y CSIF.

Por lo tanto hemos de agradecer públicamente el significado y el contenido de ese acuerdo en cuanto a que vengan estas decisiones de reducción de la interinidad en el empleo público desde dicho ámbito. Tengo que recordar que el último acuerdo de esta naturaleza que se produjo en España fue en el año 2009 -en el año 2010 ocurrió precisamente con la función pública-, y ahora es todo lo contrario. Estamos abriendo las posibilidades de que con ese diálogo social, además de mejorar la condición del empleo público, podamos también seguir avanzando para ir definiendo las retribuciones que se incorporarán a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. También en los otros contenidos en materia laboral para que la función pública pueda ejercerse cada vez en mejores condiciones de competencia y de profesionalidad. En ese terreno por lo tanto vamos a seguir trabajando.


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La consecución del acuerdo no es sino el primer paso que hemos abierto de un camino de entendimiento entre las administraciones públicas, y yo también quiero reiterar ahora la importancia de las comunidades autónomas en este tipo de acuerdos para que puedan continuar y plasmarse en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO DELGADO RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁNDO VA A CUMPLIR EL GOBIERNO EL COMPROMISO ELECTORAL DE EQUIPARAR LOS SUELDOS DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL AL DE POLICÍAS AUTONÓMICAS? (Número de expediente 180/000216).

La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida al ministro del Interior. Pregunta del diputado don Juan Antonio Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿cuándo va a cumplir el Gobierno su compromiso electoral de equiparar los sueldos de policías y guardias civiles a los de los policías autonómicos?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señora presidenta.

El Gobierno de España está plenamente convencido de la excelente labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esos 64.000 mujeres y hombres que forman parte de la Policía Nacional y esos más de 74.000 que desde la Guardia Civil también velan, sobre todo en las zonas rurales, por la seguridad pública están realizando una magnífica labor; de ahí que tengan el reconocimiento que tienen por parte de toda la ciudadanía con carácter general. No hay un Gobierno que se quiera implicar más en mejorar toda la dotación de medios personales y materiales y también en mejorar las condiciones personales de trabajo de todos estos colectivos que el Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy.

Lo primero que teníamos que hacer era incrementar las plazas, que era lo que venían demandando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, y en el pasado Consejo de Ministros se aprobó -ya que hacía mucho tiempo que no se realizaba- una oferta pública de empleo de 5.179 plazas, hombres y mujeres que van a poder ingresar en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Cuando haya disponibilidades presupuestarias seguiremos abordando ese equilibrio entre unas policías y otras que tiene comprometido por firme convencimiento el Partido Popular. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Delgado.

El señor DELGADO RAMOS: Señor ministro, con carácter previo, la semana pasada le noté cierta preocupación por las relaciones entre Pablo y yo. No se preocupe, no sufra porque le garantizo que gozan de buena salud. No sé si se podrá decir lo mismo respecto a su amigo, el director general de Tráfico, después de que haya mentido, de que haya ocultado información sobre su pretensión de tener un piso gratis, por la cara, en Madrid, a costa de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil.

Me centro en la pregunta. Señor ministro, en lo que se refiere a las condiciones sociolaborales de los policías y guardias civiles ustedes siempre tienen excusas. Reconocen la labor de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llenándolos de elogios: que si la patria, que si el honor, que si la satisfacción del deber cumplido, que si son los mejores; eso sí, las medallas para las vírgenes y para los santos, y también para el director de algún periódico cuyo antecesor hizo comisario honorífico, pero cuando a ustedes les toca reconocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con hechos concretos, la cosa cambia.


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Señor ministro, cuando a ustedes, que dicen que España es la locomotora de Europa, se les reclama que cumplan sus compromisos con los trabajadores y trabajadoras, en este caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya la locomotora no corre tanto, ya se convierte en una locomotora de carbón. Además, ustedes han tenido tiempo de sobra para acabar con esa discriminación que sufren nuestros policías y nuestros guardias civiles, y no lo han hecho. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Sabe cuál es el resultado? Simplemente que no solo no ha cumplido su compromiso de subirles el sueldo, sino que hoy policías y guardias civiles cobran menos que hace un año y además acumulan un 20 % de pérdida de su poder adquisitivo. En el fondo, ustedes lo que quieren son policías baratos y obedientes, y ya está bien; hay que dejar esos discursos vacíos y hay que cumplir su compromiso, en este caso con policías y guardias civiles.

La pregunta es muy sencilla, sin rodeos -no me responda a lo que no le he preguntado-, dígame para cuándo va a cumplir ese compromiso de equiparar el sueldo de policías y guardias civiles con el de los policías autonómicos. No me vengan con las plazas que ya se han convocado; eso no lo he preguntado. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, presidenta.

Señor Delgado, con la demagogia se va a pocos sitios. Gracias por preocuparse por mi salud, que es buena. El otro día di las explicaciones suficientes, aquí, y también las que remití al dirigente de su grupo, señor Iglesias.

No obstante, los policías locales reciben los sueldos según el número de habitantes que tienen sus municipios y por lo que acuerden fijarles estos; las policías autonómicas por lo que fijan las comunidades autónomas según el Gobierno que les corresponde, y las retribuciones vienen fijadas por ley, por el Real Decreto 950/2005. Y le voy a decir otra cosa: en el momento en que haya disposiciones presupuestarias, verán cumplido ese compromiso. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON FERRAN BEL ACCENSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROMESAS DE MILLONES DE EUROS A INVERTIR EN CATALUÑA, INCUMPLIDAS EN LAS ÚLTIMAS LEGISLATURAS Y LA REPETICIÓN DE LAS MISMAS PROMESAS REALIZADA AHORA POR EL PRESIDENTE RAJOY? (Número de expediente 180/000219).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Fomento. Pregunta del diputado don Ferran Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor BEL ACCENSI: Buenos días, señor ministro. Nuestro grupo le formuló esta pregunta ante la visita del presidente Rajoy a Barcelona la semana pasada y la correspondiente promesa de lluvia de millones en inversiones en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esta visita y esta promesa han quedado debidamente desmentidas con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado ayer. Estos presupuestos prevén 30 millones menos de inversión que en 2016 y presentan la tercera cifra más baja de inversiones en Cataluña a lo largo del siglo XXI. No obstante, mantenemos, aunque le parezca un tanto desfasada, la pregunta, señor ministro: ¿cuál es la diferencia entre las promesas de millones de euros a invertir en Cataluña incumplidas en las últimas legislaturas y la repetición de las mismas promesas realizadas ahora por el presidente Rajoy?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señor Bel.

La construcción de la alta velocidad en Cataluña o la finalización de 165 kilómetros de autovías no son promesas incumplidas sino realidades tangibles. En cualquier caso, hace unos días, efectivamente, el presidente del Gobierno estuvo en Barcelona e hizo un anuncio de una inversión para los próximos cuatro años de 4.200 millones de euros. Es un compromiso realista y evaluable, y para comenzar a hacerlo efectivo los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 1.305 millones de euros. Haga


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usted la cuenta, que es muy sencilla de hacer, y verá que estos presupuestos cumplen con ese compromiso de nuestro presidente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Insisto, señor ministro. Dice: compromiso realista y evaluable; evaluemos, señor ministro. Tres ejemplos: acceso ferroviario al aeropuerto de Barcelona, presupuestos de 2016: 86 millones de euros; ejecutado, 47 millones de euros. Presupuestos de 2017: 120 millones de euros, señor ministro; 39 de estos 120 millones de euros ya estaban presupuestados el año pasado. Tramo ferroviario Vandellòs-Tarragona, presupuestos 2016: 124 millones de euros; ejecutado, 35 millones de euros. Año 2017: 75 millones de euros; estos 75 millones de euros, señor ministro, ya estaban presupuestados el año pasado. Acceso ferroviario al puerto de Barcelona, presupuestos 2016: 7,5 millones; ejecutado, cero euros; presupuesto 2017: 4 millones de euros; estos 4 millones de euros ya estaban presupuestados en 2016. Y así tenemos más ejemplos señor ministro: la conexión de la A-2 a la AP-7, un retraso de tres años adicionales; la A-27 Valls-Montblanc, un retraso de un año adicional; A-2 entre Maçanet y Sils, trece años para acabar 4,7 kilómetros. Señor ministro, ¿realmente cree usted que le queda algún tipo de credibilidad, en relación con las infraestructuras, al Estado español en Cataluña? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señora presidenta.

Señor Bel, Cataluña es la segunda comunidad autónoma en esfuerzo presupuestario del grupo Fomento y la primera en volumen de inversión. Si se considera el presupuesto del año 2016 descontando la no disponibilidad, este se incrementa en un 7,13 %, y son presupuestos realistas para realizar obras en puertos, aeropuertos y algunas de las que usted ha citado, pero el tramo Tarragona-Vandellòs no solo es una realidad sino que vamos a acabar las obras en la primavera, en el primer trimestre del año 2018. De la misma forma que también la conexión ferroviaria con el aeropuerto es una realidad que acabamos de visitar recientemente. Y hay un fuerte compromiso para acabar no solo el corredor mediterráneo sino también el ambicioso plan de Rodalíes.

La mejor forma de evaluar el cumplimiento de los compromisos es dar la cara, explicarlo, actuar con transparencia y tratar de compartir la evolución de esos compromisos con las administraciones y con la sociedad civil. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Por ponerle solo algunos ejemplos: mañana mismo tengo previsto realizar una intervención en una jornada sobre inversiones con el consejero de la Generalitat de Catalunya, mañana mismo tendré una reunión con la alcaldesa de Barcelona para hablar de las inversiones en Barcelona y entre otras cosas de La Sagrera, el lunes participaré en un acto de la Generalitat aquí en Madrid para intervenir sobre la evolución del corredor mediterráneo y, a lo largo del mes, trataremos de entregar el Plan de vivienda a la Generalitat y los términos concretos del Plan de rodalies para acordar los compromisos. La mejor garantía de cumplimiento reside, por tanto, en la voluntad de explicar con transparencia su avance con la Generalitat y con la sociedad catalana.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ RAZONES TIENE EL GOBIERNO PARA EXCLUIR AL CINE DE LA REBAJA DEL IVA CULTURAL? (Número de expediente 180/000226).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta del diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al voraz Montoro, / pero resulta que alguien le ha hecho a usted el encargo / de contestarme por él, y de ese modo, asumir la carga sin el cargo, / de explicarnos por


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qué Hacienda grava al cine sin decoro. / Cinco años hace que tronó el ministro del Tesoro, / sin que nadie nos explique las razones del embargo / que llevaron a imponerle al cine un IVA que, de largo, / a la cabeza de Europa pone a la Piel de Toro. / El Gobierno nos informa de que en estos presupuestos / el IVA de los toros y del teatro enmienda, / pero que en el cine mantendrán altos los impuestos. / Y por más que se empecine, no hay quien entienda / cuáles son las razones y los justos argumentos, / que justifican la ojeriza contra el cine, del de Hacienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señora presidenta.

Como diría la ministra de Empleo, tiene usted mucho arte, señor Torres Mora, y por eso me ha tocado a mí contestarle, pero la verdad es que no tengo esa capacidad que ha tenido usted para decirlo en verso. Le hablaré, me temo, en prosa. ¿A qué se debe la subida del IVA en el año 2011-2012? A que nos encontramos con un déficit de 90.000 millones de euros y tuvimos que reducirlo. Lo redujimos a 46.000 millones en el presupuesto del año pasado y 15.000 más en este. Hemos reducido los impuestos a todos los españoles en el IRPF y en el impuesto de sociedades 12.000 millones de euros, y eso nos va a permitir una buena política presupuestaria y una buena política de reformas y que este año baje el IVA para los espectáculos en vivo. Por tanto, si seguimos así, ¿sabe lo que haremos para los próximos presupuestos? Bajaremos también el IVA al cine. No tengo la inspiración que tiene usted, pero sí me acuerdo de la letra de una canción de Aute que decía: "Cine, cine, cine / más cine, por favor / que todo en la vida es la cine / y los sueños, / cine son". (Risas y aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Torres Mora, antes de darle el tiempo, no alargue la estrofa.

Muchas gracias, adelante.

El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, digo señor Méndez de Vigo, en lugar de prosa le hablaré de números. Con la subida del IVA del cine al 21 % el señor Montoro consiguió efectivamente duplicar la recaudación de Hacienda. El problema es que hasta ahí funciona la cuenta de la vieja -o del viejo-, pero si uno abre el ángulo y abre el foco descubre que el efecto de esa subida de 13 puntos del IVA, de más del doble, ha tenido una repercusión sobre la actividad económica del cine, es decir, ha perjudicado la actividad económica. La consecuencia de un IVA tan alto es que se han cerrado 394 salas en estos cuatro años y, las salas cerradas, no recaudan y como no recaudan tampoco pagan impuestos. Las salas cerradas además no atraen a esas personas que van al cine y luego van a tomar cañas o al restaurante y, de esa forma, tiene un efecto indirecto sobre la economía en el entorno de la sala cerrada. De modo que no siendo el señor Montoro el único que ha leído lo de curva de Laffer -hay otra gente que lo ha leído-, el sector sostiene en informes bastante sólidos que con la subida de los impuestos se ha conseguido recaudar 380 millones de euros, pero se han dejado de recaudar 402, lo cual es hacer un pan como unas tortas.

Muchas gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señora presidenta.

Señor Torres Mora, siento decirle que se maneja usted mejor con la poesía que con el cálculo, porque no hay quien se crea que por 60 céntimos -que es la diferencia- hayan cerrado trescientas salas, que ha dicho usted.

Este ministerio ha hecho mucho a favor del cine en los últimos tiempos. El sistema de incentivos fiscales para el sector cinematográfico y audiovisual, a través de una deducción financiera que multiplica por cuatro la inversión en el sector, ha hecho que haya muchas más películas que se rueden en España. La Ley del Cine, del año 2015, permite también sustituir el sistema de amortizaciones por un sistema de subvenciones que se cobran mucho antes de que la película sea exhibida. En el Plan cultura 2020, que acabamos de presentar ante esta Cámara, las medidas de apoyo al cine se extienden prácticamente en todos los ámbitos fiscales, financieros; el nuevo sello 'Es cine español', es una plataforma de nuevos


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cineastas, medidas de promoción exterior de nuestro cine, y el reforzamiento de la Filmoteca Nacional y la creación del museo del cine; y en estos Presupuestos Generales del Estado aumentan casi el 14 % las ayudas al cine, una buena razón para apoyarlos, señor Torres Mora. Verá usted que trabajamos por el cine, pues el cine nos hace soñar a todos, nos gusta a todos y estoy seguro de que en el futuro seremos capaces... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ RESPUESTA DARÁ EL GOBIERNO A LA PREOCUPACIÓN EXPRESADA EN LA CONFERENCIA DESARROLLADA POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EL 28 DE MARZO EN MADRID A CAUSA DEL DETERIORO DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000227).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, mi grupo le pregunta, y millones de españoles quisieran saber, si es usted consciente del problema gravísimo que tenemos en este país con la pobreza laboral creciente y, lo que es más importante, si además de ser consciente está usted dispuesta a corregir sus políticas de empleo para hacerle frente, porque, señora ministra, hace usted generalmente una mirada selectiva sobre las estadísticas de empleo. Debe ser su particular contribución a la era de la posverdad y los hechos alternativos. Usted mira las estadísticas en aquellos datos positivos pero parciales que favorecen su discurso. Sin embargo, hay otros datos y aquellos datos que usted no mira, señora ministra, nos hablan de una pobreza laboral creciente en España. Son datos que existen y reflejan el sufrimiento de muchos trabajadores en este país.

Señora ministra, ayer conocimos los datos de contratación correspondientes al mes de marzo: hay 100.000 contratos indefinidos a tiempo completo, de 1.700.000. Muy pocos, señora ministra. Más de la cuarta parte de los contratos firmados en marzo tuvieron una duración inferior a una semana, más de un tercio, una duración inferior a un mes. Los datos nos hablan además de falsos contratos a tiempo parcial, de falsos contratos de formación y aprendizaje, de falsos autónomos, de falsos becarios. Desde que ustedes llegaron al Gobierno las rentas salariales han perdido 2 puntos de PIB, es decir, los trabajadores españoles son, desde que ustedes llegaron al Gobierno, 25.000 millones de euros más pobres. Y ya no hay foro ni informe internacional que no alerte de la precariedad laboral en este país, precariedad laboral creciente. Las intervenciones en la última conferencia de la OIT en Madrid, los informes de la Comisión Europea, los informes de la OCDE, nos hablan todos de una contratación temporal abusiva, que genera caída en la productividad y riesgos de pobreza. Hasta el señor De Guindos, su compañero de gabinete, nos habla de que hay que normalizar los salarios en este país y, si hay que normalizarlos, será porque no son normales.

Señora ministra, le pedimos por favor que deje usted de frotarse las manos con las estadísticas de la media verdad y atienda usted la verdad entera de la precariedad laboral creciente en este país, por ejemplo, comenzando con derogar la reforma laboral causante en buena medida de esa precariedad laboral.

Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Simancas, la Organización Internacional del Trabajo dice que el incremento de la desigualdad y la precariedad en España durante la crisis tiene que ver, en un 80 %, con la destrucción de empleo en nuestro país. Los datos de Eurostat, que es una agencia extranjera, no española ni del Gobierno, dicen que el incremento de la desigualdad en España es de 2,7 durante la crisis y que solo 0,6 puntos ha subido después del año 2011. Por tanto, la principal herramienta que tenemos en España contra la desigualdad y la pobreza es crear empleo. Se lo he dicho muchas veces a usted y a otros compañeros de bancada: la


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calidad del empleo en España, señoría, empieza por un empleo. Eso es lo que ha cambiado en España, que estamos hablando de empleo y ya no estamos hablando de paro porque no gobiernan los socialistas, señor Simancas, esa es la realidad. Fíjese, el mérito es de la sociedad española. Nosotros podemos hacer reformas, que le gusten a usted o no, pero son instrumentos al servicio de los ciudadanos y son los trabajadores, las empresas y las familias los que, con sus decisiones particulares, crean riqueza y empleo en este país. Los empleos no los crea este Gobierno ni ningún Gobierno, señoría. Sin embargo, algo ha cambiado en este país. Desde la recuperación ya hay 1.700.000 personas con oportunidades que no tenían cuando ustedes gobernaban. Hemos recuperado la mitad del empleo destruido durante la crisis. Se podrá decir lo que se quiera, pero le he leído cifras publicadas en las estadísticas. Claro que quedan cosas por hacer pero, fíjese, hemos recuperado el 65 % del empleo indefinido que se destruyó y el 38 % del temporal, luego es mejor el empleo que está llegando que el que se fue. El 95 % del empleo recuperado es a tiempo completo, por tanto, ha mejorado la parcialidad. Me ha hablado usted de los salarios y los salarios son responsabilidad de la negociación colectiva, pero también le digo que la responsabilidad de los interlocutores sociales ha hecho que en los últimos tres años se crearan 500.000 empleos en España y que los trabajadores ganaran poder adquisitivo. Poca subida de salario, pero la suficiente para seguir creando empleo y oportunidades porque lo primero es contar con todos para la recuperación de este país.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON MANUEL MONEREO PÉREZ EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ TIENE PREVISTO HACER EL GOBIERNO EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS EN MATERIA DE PENSIONES? (Número de expediente 180/000218).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario... (El señor Iglesias Turrión realiza gestos negativos.-Pausa).

Perdón, no se había comunicado a la Presidencia que el diputado que va a formular la pregunta es don Manuel Monereo Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Adelante, señoría.

El señor MONEREO PÉREZ: Señora ministra, ¿qué previsiones tiene su Gobierno sobre las pensiones en estos Presupuestos Generales del Estado?

La señora PRESIDENTA: Perdón, señoría, no he contado su tiempo pero han sido unos escasos segundos.

Muchas gracias.

Adelante, señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor diputado, los presupuestos que ha presentado este Gobierno son los presupuestos para el empleo, con la creación en este año de más 500.000 nuevos empleos en España. Son los presupuestos más sociales de la democracia porque 7 de cada 10 euros se van a dedicar a política social. Respecto a eso, me quiero fijar en dos iniciativas muy importantes que contienen los presupuestos. La primera es la subida del Iprem un 1 %, que es la primera vez que sube de manera tan fuerte desde el año 2010 en nuestro país, lo cual va a ayudar mucho a las prestaciones y subsidios en nuestro país a incrementar la renta de muchos ciudadanos y a mejorar el acceso a nuestro sistema de pensiones con la prueba de renta. En el ámbito de las pensiones, el incremento de las pensiones llegará este año a más de 142.000 millones de euros, lo que supone el 39 % de la cifra total.

Señoría, para terminar, estamos iniciando una recuperación en España, con creación de empleo y también una recuperación muy social, porque estamos pagando más pensiones que nunca, a más pensionistas que nunca y también más altas que nunca. Por primera vez en nuestro país la pensión media de jubilación supera los 1.000 euros, por tanto, presupuestos muy sociales y contando con todos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Monereo Pérez, tiene la palabra.

El señor MONEREO PÉREZ: Hace unos días se presentó un libro muy interesante de Joaquín Estefanía que se titula Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Es de esos libros redondos, con un título redondo, que explica los dilemas de nuestra sociedad en un momento histórico como el que vivimos. Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Me siento hasta interpelado. Llevamos veinticinco años discutiendo de pensiones, veinticinco años; mejor dicho, discutiendo de su inviabilidad, de su carácter inviable, de su ruina previsible. En definitiva, se dedican recursos que no sirven para demasiado pero, sobre todo, para prestaciones excesivamente generosas. Estamos en eso, seguimos en ese debate, siempre ese mismo debate, de informe en informe y siempre en el horizonte tenemos por delante la afición de nuestro capital financiero por intentar controlar un sector que le haría enormemente predominante.

¿Qué sabemos ahora de las pensiones a partir de este presupuesto? La primera cosa que sabemos es que van a perder capacidad adquisitiva, 6 puntos a final de este año. Eso ya lo sabemos también. Segunda cuestión fundamental que sabemos, y no es pequeña cosa, se va a seguir esquilmando el Fondo de reserva de la Seguridad Social y, la tercera cuestión, que yo considero enormemente importante, una enorme inseguridad jurídica de los trabajadores hoy en activo y de los que pretenden seguir y serlo, porque no sabrán qué pensión tendrán en el futuro. Se vive en una situación donde se deteriora la confianza en el sistema de pensiones y lo que se pretende es que la gente busque otra salida. Desde ese punto de vista, la situación es esta: al final nos encontramos con el efecto Mateo, pero Mateo el Evangelista, es decir, en un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.

Decía usted que algunos en nuestro país son agoreros cuando hablan de las pensiones en España. Le voy a contar una pequeña anécdota. En el año 1995, cuando se firmaba el Pacto de Toledo entre los grandes partidos de este país en esta Cámara, algunos decían que ese pacto era para nada porque en cinco años el sistema de pensiones llegaría a la quiebra, y estamos aquí, señoría. La segunda buena noticia que le voy a dar es que usted hoy es representante de muchos españoles y tiene posibilidad en esta Cámara de presentar propuestas y construir. El problema de las pensiones, el 70 % del problema del déficit hoy, es la pérdida de empleo. Estamos trabajando para eso y estamos recuperando el empleo perdido por la crisis. En segundo lugar, estamos en el Pacto de Toledo buscando el consenso con todos para seguir haciendo de nuestro sistema de Seguridad Social la tranquilidad diaria de pensionistas de hoy y también de mañana. Ahí le espero, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESPAÑA NECESITA UN NUEVO PLAN NACIONAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN QUE ACTÚE DE MANERA ESPECÍFICA SOBRE LAS EMISIONES DEL TRANSPORTE? (Número de expediente 180/000221).

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Pregunta de la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, ministra, ¿considera el Gobierno que España necesita un nuevo plan nacional contra la contaminación? ¿Considera el Gobierno que España necesita un plan específico para la contaminación por el transporte? ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno en esta materia? ¿Hay algo que estén haciendo hoy, directamente?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, la calidad del aire es fundamental para la salud de las personas y para la protección del medio ambiente. La mejora de su calidad constituye una prioridad para la política medioambiental del Gobierno. Así, aprobamos el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera, el Plan Aire para el periodo 2013-2016 para actuar sobre las fuentes de emisión de contaminantes, entre ellas el transporte, y apoyar a las comunidades autónomas y ayuntamientos que son competentes en la materia. Actualmente, el ministerio trabaja en la evaluación de los resultados y en la preparación del segundo Plan Aire que reforzará las actuaciones ya impulsadas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): El informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2016, dice que en 2012 en España han sido atribuibles a la contaminación 6.861 muertes. La polución ha ocasionado en España en ese año 15 muertes por cada 100.000 habitantes. La Agencia Europea de Medio Ambiente nos dice que hay dieciocho estaciones de medición de dióxido de nitrógeno que superan los límites legales actuales en España. Estas se concentran en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Tarrasa y Mollet del Vallès.

El punto 19 del acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular habla de plan de transición energética, de ley de cambio climático y de objetivos realistas como impulsar la movilidad con vehículos alternativos, como puede ser el eléctrico. En definitiva, hablamos de trabajar por y para los ciudadanos.

He revisado en el Diario de Sesiones su comparecencia en la Comisión de Cambio Climático y solo he encontrado palabras como: impulsar, elaboraremos, trabajaremos, pero nada tangible, nada que estemos haciendo hoy. Es necesario elaborar esa estrategia para la descarbonización con el objetivo 2050, pero, ¿cuál es?, ¿está hecha?, ¿cuándo se va a hacer? Hemos estado en París y en Marrakech, y nos parece perfecto, pero ¿cuál es la ruta que ha marcado España y cuáles son los objetivos reales?, ¿qué se está haciendo para alcanzarlos? El 15 de febrero de 2017, Bruselas dio un ultimátum a España para que se mejore la calidad del aire. España no ha hecho lo suficiente, así lo dijo Bruselas cuando el pasado miércoles dio una última advertencia. Tenemos dos meses para que se cumpla con los objetivos, de no ser así, Bruselas podrá dirigirse al Tribunal de Justicia Europeo. Madrid por séptimo año consecutivo no cumple con los límites legales. La Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción con una posterior multa que podría llegar. Será responsabilidad de esta Cámara cuando lleguen a última hora para presentar algo sin consenso y que votemos porque, si no, será responsabilidad de todos que nos multen. Creo que hay que ser responsables y empezar a trabajar ahora. Su propio ministerio reconoce que es necesario un plan nacional que trabaje no solo por los ciudadanos, sino para evitar que haya políticas locales de improvisación que en lugar de trabajar por el clima acaben creando el caos en ciudades como Madrid.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.

Me habla usted de clima, me habla de París, me habla de Marrakech, me habla de cambio climático, y yo quisiera aclarar que las emisiones de contaminación atmosférica, las emisiones de techos son de gases diferentes a aquellos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Me centraré en la calidad del aire, cuya competencia de gestión y control corresponde a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. El Estado dicta la normativa básica, coordina y apoya la planificación general. Desde el Gobierno ya nos hemos dirigido a aquellas administraciones responsables que están fuera de los cumplimientos obligados. Damos enorme importancia a la mejora de la calidad del aire y, hemos puesto en marcha, iniciativas complementarias a las de las administraciones autonómicas y locales con un fuerte compromiso presupuestario, entre ellas, el Plan Aire para el periodo 2013-2016. También hemos elaborado con enorme consenso de los agentes implicados setenta y ocho medidas


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desarrolladas en ámbitos como el transporte, al que se refiere, que concentra veinticuatro. Se introdujo el etiquetado de vehículos, que va a permitir a las entidades locales incentivar el uso de vehículos más limpios. Hemos destinado más de 172 millones de euros a iniciativas de mejora de calidad del aire y hemos elaborado programas de Impulso al Medio Ambiente como el PIMA Aire, que han permitido renovar más de 40.000 vehículos. Además tenemos los Proyectos Clima, que son más de doscientos. Hemos puesto en marcha ocho ediciones del Plan de incentivos al vehículo eficiente, con más de 1.100 millones de euros. Se ha promovido el uso del vehículo eléctrico que usted propone en el Plan Movele, apoyando la compra de más de seis mil quinientos vehículos. Todas estas actuaciones son importantísimas en materia de reducción de la contaminación y van a tener un nuevo impulso en esta legislatura. En primer lugar, como ya le he anunciado, con un segundo Plan Aire para el periodo 2017-2019, con medidas de concienciación y otras dirigidas también a sectores concretos entre ellos el transporte. Se trabajará en el fomento del transporte ferroviario con origen y destino en puertos y en nuevas medidas de apoyo para vehículos de energías alternativas. Se continuará asimismo con las acciones como PIMA Residuos, con proyectos Clima, con el Plan Movea... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE PREVISTO SU DEPARTAMENTO AUTORIZAR LA SALIDA DE PAPA CANARIA A LA PENÍNSULA, UNA VEZ RECONOCIDA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN EL REAL DECRETO 197/2017 LA EFICACIA DEL PROTOCOLO ELABORADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA POLILLA GUATEMALTECA? (Número de expediente 180/000175).

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida igualmente a la señora ministra de Agricultura, Pesca, alimentación y Medio Ambiente, de la diputada doña Ana María Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, la polilla de la papa en particular, y las plagas en general, son asuntos de los que sabemos mucho en Canarias. Los paperos de las islas llevan sufriendo la plaga de la polilla de la papa desde principios de siglo, casi dos décadas en las que hemos luchado con ellos en la búsqueda de un remedio para que nuestro mayor tesoro, las papas antiguas, puedan volverse a exportar. Lo ocurrido con la polilla de la papa en Canarias es un claro ejemplo de por qué no se puede derogar la orden de 1987, en la que se protege a las islas de la entrada de ciertos productos con enfermedades que no se dan en el Archipiélago. Es un claro ejemplo de por qué los puestos de inspección fronteriza del Archipiélago deben tener la dotación necesaria para evitar la entrada fraudulenta de esos productos que tanto daño hacen a nuestros agricultores. Ese miedo a que la entrada de cualquier plaga arruine nuestro campo nos ha hecho estar a la vanguardia en investigación y, por ejemplo, encontrar un protocolo de desinfección de la papa con polilla guatemalteca para que pueda ser exportada.

Desgraciadamente hoy son Galicia y Asturias las que sufren este mal, y por eso quiero mostrarles nuestra solidaridad y nuestra ayuda como ya ha hecho el ministerio, que ha reconocido la eficacia del tratamiento desarrollado en Canarias en el decreto de medidas contra la polilla de la papa para estas dos comunidades. Gracias a este protocolo desarrollado con presupuestos propios por el Gobierno de Canarias en colaboración con el cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, asturianos y gallegos podrán mover sus papas de puntos afectados a puntos no afectados.

Señora ministra, soy consciente de que la Unión Europea tiene que dar el visto bueno final para que este protocolo pueda ser usado en Canarias y así exportar uno de nuestros mayores tesoros o al menos traer nuestras papas hasta la Península. Por eso, le pido que inste a las autoridades europeas a acelerar la aprobación de ese protocolo. El próximo mes de junio se instalará la primera cámara comprada por el cabildo de Tenerife para dar el tratamiento a las papas de Canarias. Esperamos que en ese tiempo pueda ser autorizado, de forma definitiva, por la Unión Europea y todos, canarios, gallegos y asturianos, podamos beneficiarnos de esa investigación. Y le pedimos también que el INIA cofinancie estas investigaciones que


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no solo afectan a Canarias, sino a varias comunidades, y que le dé prioridad a estas investigaciones en Canarias.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, la normativa comunitaria establece un régimen fitosanitario de especial protección para las islas Canarias, algo que ha sido una solicitud permanente de los diferentes Gobiernos de Canarias, lo que en la práctica y, desde un punto de vista fitosanitario, otorga a Canarias el estatuto de país tercero. En esta situación el Gobierno español no es competente para fijar las condiciones en las que los productos agrícolas canarios pueden introducirse en el resto del territorio español. Esta competencia recae en la Unión Europea. En el resto de España el Real Decreto 197/2017, por el que se establece el programa nacional de control y erradicación de la polilla guatemalteca, tiene como objetivo evitar su dispersión y plantea su erradicación, cuestiones ambas que no pueden plantearse en las islas Canarias. Por tanto, no se trata de una norma para establecer condiciones de movimientos, sino para controlar y erradicar en su caso esta plaga que tiene una consideración de plaga cuarentenaria para la Unión Europea. En consecuencia, queda prohibida la introducción de patata de zonas y países afectados por dicha plaga.

En las islas Canarias se detectó su presencia en el año 1999 y desde entonces se ha extendido a la mayor parte de su territorio. La autoridad competente, el Gobierno de Canarias en este caso, ha optado por un régimen de contención. Desde ese momento y de acuerdo con la legislación comunitaria, quedó prohibida la introducción de patata canaria en la Unión Europea, incluido el resto del territorio español. Como he dicho, Canarias ha tenido siempre un estatutos fitosanitario especial, así lo hemos trasladado en las negociaciones del nuevo Reglamento de Sanidad Vegetal de la Unión Europea, que entrará en vigor en diciembre de 2019. Dicha situación permite establecer unas condiciones más estrictas a la entrada de productos agrícolas, lo que otorga a la agricultura canaria una mayor protección frente a la entrada de plagas y enfermedades. En contrapartida las condiciones de acceso a la Unión Europea se fijan a nivel comunitario, no nacional, pues no tiene el Gobierno de la nación competencias para ello. En este marco corresponde a la Comisión Europea hacer las propuestas oportunas, lo que conoce perfectamente el Gobierno canario, que envió al ministerio una propuesta de protocolo para la eliminación de la polilla guatemalteca para que pueda ser remitida a la Comisión para su aprobación. Así lo hicimos y, en estos momentos, estamos esperando concluir las negociaciones. No dude, señoría, de que hacemos todo lo que está en nuestras manos para que este protocolo sea aprobado en la Unión Europea y así la patata canaria pueda volver a exportarse al territorio de la Unión. Prueba del apoyo del ministerio al protocolo expuesto por Canarias es que ha sido incluido como medida de mitigación en el ya mencionado real decreto que se refiere al territorio peninsular, sobre el que sí tenemos plena competencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: ¿Señora Oramas? (Denegación).

Muchas gracias.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. (Número de expediente 172/000033).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno.

En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético.

Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).


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La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.

Buenos días. Señora ministra, comenzaré mi intervención invocando el artículo 45 de la Constitución, que no por más repetido en esta tribuna se hace menos necesario. Dicho artículo dice que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. En los últimos años la contaminación se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud y para el medio ambiente, por eso, desde el Grupo Socialista interpelamos al Gobierno para conocer cuál es la política general en materia de reducción de contaminación.

Comenzaré mi intervención hablando de las graves consecuencias que la contaminación tiene para la salud y para la calidad de vida, porque, por mucho que se repita, no parece que el Gobierno actual dimensione suficientemente la gravedad de este asunto y actúe en consecuencia. Empezaré con algunos titulares de periódicos basados en distintos informes que hemos conocido recientemente, como el de la Agencia Europea del Medio Ambiente y el de la Organización Mundial de la Salud o la estadística del INE sobre defunciones. Señora ministra, la Organización Mundial de la Salud revela que la polución daña la salud más de lo que se creía. Una noticia dice que la contaminación por partículas ha matado a 26.830 personas en España en una década. Y otra dice: España se asfixia; las muertes por enfermedades respiratorias aumentan un 18 %. Estos son solo algunos ejemplos de la alarma social fundamentada en la contaminación que estamos soportando. Estos titulares están dando cuenta de una realidad, y es que no se está haciendo lo suficiente para reducir los niveles de contaminación atmosférica. Según la Agencia Europea -ya lo hemos visto-, se producen 29.980 muertes prematuras al año por esta causa. Solo en la ciudad de Barcelona, según cifran técnicos municipales, alrededor de 3.500 personas habrían perdido la vida por la mala calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud advierte del notable incremento de las enfermedades cardiorrespiratorias, accidentes cerebrovasculares, neumonía, cáncer, asma, alergias, impotencia, y admite que los efectos de la contaminación son mucho más graves de lo que se creía hace apenas ocho años. También acaba de hacer público un informe en el que recomienda endurecer la legislación anticontaminación. Muy al contrario, España se encuentra entre los países que están incumpliendo la Directiva 2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente, que establece los valores límite para los contaminantes atmosféricos, en particular para el dióxido de nitrógeno. La Comisión dirigió una advertencia a España, entre otros países, por la violación constante de los niveles de contaminación atmosférica. Señora ministra, ¿cuántas veces el Gobierno de España ha hecho caso omiso de esta advertencia para que tengan que darnos un ultimátum? Le agradecería su respuesta. La Comisión Europea nos ha dado dos meses para que tomemos medidas que reduzcan los niveles de dióxido de nitrógeno. Ya ha pasado más de un mes y medio y aún no conocemos las medidas que ha adoptado o que va a adoptar el Gobierno en relación con esta materia. Le quedan menos de quince días para actuar y enviar a la Comisión sus medidas antes de que el Tribunal de Justicia Europeo intervenga y actúe contra nosotros. Esperemos que la respuesta a este ultimátum no sea una nueva petición de prórroga para incumplir la normativa y seguir poniendo en riesgo la salud de los españoles. Le agradecería que aprovechase esta interpelación para explicar los planes que tiene el Gobierno para abordar este problema de salud pública. Dado que el anterior Plan nacional de calidad del aire, que, como ha dicho hace un momento, duró hasta el pasado año, parece que no ha funcionado a tenor de los resultados, me gustaría que hiciese una evaluación de ese plan y que nos informase de si existe un nuevo programa en marcha, de cuáles serán las principales medidas y qué presupuesto ha contemplado para abordarlas.

Señora ministra, los efectos sobre la salud y los toques de la Unión Europea por los incumplimientos son solo las consecuencias de una actitud negligente a la hora de valorar el origen de la contaminación atmosférica y de diseñar políticas públicas eficaces e integrales para evitar su impacto. Para diseñar unas políticas que consigan los objetivos pretendidos hay que centrarse en las causas, ir a la raíz del problema. Hay que ser radical para conseguir mejorar la calidad del aire. Según los distintos estudios e informes consultados, el tráfico rodado y el modelo de movilidad son los factores principales de las emisiones. El transporte acumula el 23 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de todo el sector energético. Durante los últimos quince años ha sido uno de los sectores de actividad que menos ha reducido sus emisiones. Solo lo ha hecho en un 8 % mientras que durante el mismo periodo la industria, por ejemplo, lo ha reducido en un 32 %. El transporte lleva un retraso considerable respecto a la generación de electricidad, donde las renovables -aunque demasiado lentamente y con trabas absurdas como el impuesto al sol- van aumentando su porcentaje de producción con emisiones cero, habiendo conseguido una reducción de un 31 % de sus emisiones. Sin embargo, es precisamente el sector del transporte el que puede actuar como palanca en la lucha contra la contaminación, dado que la evolución tecnológica en el


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diseño de vehículos eléctricos y de baterías de mayor capacidad es imparable. También los vehículos propulsados a gas son óptimos para la eliminación de partículas y servirían como tecnología de transición. Pero para que esto sea posible hace falta una revolución dentro de su Gobierno, una revolución posible solo con voluntad política.

Siguiendo con nuestro espíritu constructivo, le indicamos algunas de las cuestiones que consideramos fundamentales. En primer lugar, hay que incentivar la compra de vehículos eléctricos, pero incentivarla de verdad. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad de destinar a vehículos híbridos, eléctricos o propulsados por GNL una parte de esos 890 millones de euros que se han invertido en los planes PIVE desde 2012, mientras que la partida para el vehículo eléctrico no ha llegado a 40 millones desde 2009; es decir, 890 millones de euros frente a 40 millones de euros desde 2009. Para cumplir con los objetivos que ha marcado la Unión Europea debería haber en España entre 4,4 y 6 millones de vehículos eléctricos en el año 2030, es decir, entre un 50 y un 60 % del parque móvil. Si tenemos que en cuenta que en el año 2015 había 6.500 vehículos eléctricos en España y que en 2016 se vendieron 4.750 -un 0,4 % de los vehículos matriculados-, ¿a qué ritmo, señora ministra, vamos a trabajar para conseguir los objetivos? El esfuerzo que debería hacer el Gobierno es mucho mayor. Según el último estudio de Deloitte, habría que invertir dieciséis veces más al año para conseguir su cumplimiento. Además del vehículo eléctrico, hay que crear las infraestructuras de acompañamiento y las infraestructuras de recarga necesarias. Para que sepamos claramente en qué situación estamos, les pongo un ejemplo: España tiene 1.700 puntos de recarga y Holanda tiene 18.000, más de diez veces más de los que tiene España. Se estima que sería necesario contar con 80.000 en el año 2030. Las electrolineras rápidas ni siquiera existen en España. Debería haber un plan para el despliegue de infraestructuras de recarga de acceso público, estableciendo objetivos de infraestructuras públicas según cada nivel de la Administración en función de sus competencias.

Otra de las medidas imprescindibles es la promoción de la rehabilitación energética en edificios, sobre todo en aquellos de rentas bajas y con gran concentración de emisiones, y aprovechar el papel ejemplarizante de la Administración pública para que compre vehículos eléctricos y para que rehabilite edificios públicos para que sean más sostenibles y, por lo tanto, menos costosos. Se necesita de forma urgente un plan de rehabilitación y aislamiento que sea eficiente. Por otro lado, aún no se ha hecho la trasposición efectiva de la Directiva relativa a la Eficiencia Energética y siguen quedando fuera los contadores individuales de calefacción, que ahorrarían hasta un 30 % del consumo y, por lo tanto, de las emisiones. Señora ministra, habría que impulsar una fiscalidad ambiental que grave a quienes lo hacen mal, a quienes emiten partículas y CO2, y con esos fondos permitir incentivos a un nuevo modelo de movilidad. La contaminación industrial es otro de los factores determinantes para la calidad del aire, como lo es también la gestión de los residuos industriales y municipales de manera ordenada y coordinada.

Por último, señora ministra, debo recordarle que el 35 % de las emisiones de elementos contaminantes se realiza en los grandes centros urbanos, que suponen el 5 % de la superficie y afectan al 60 % de la población. Pero no solo afectan a quienes viven en las ciudades y en las áreas metropolitanas, sino que tienen efectos directos en la agricultura como consecuencia del ozono troposférico. La ralentización de la puesta en marcha de políticas de desarrollo rural efectivas está llevando a una despoblación cada vez mayor de las zonas rurales, que hoy por hoy siguen siendo el sumidero de la contaminación de las grandes ciudades. Los últimos datos indican que hay un movimiento anual de 50.000 personas desde el medio rural a las ciudades y solo se le puede poner freno si hay políticas decididas para mantener la población en el territorio. Le animo a que hoy nos explique también cómo va a evitar la concentración masiva de población en las grandes ciudades cuando hay regiones eminentemente rurales, como la mía, Extremadura, que vuelven a ser castigadas con un 17 % menos de presupuesto este año y un 62 % menos acumulado desde que el Gobierno del Partido Popular está gobernando.

Señora ministra, hay que remangarse y tomar decisiones de manera inmediata, y sobre todo hace falta un liderazgo claro y contundente para coordinar y evaluar todas las acciones y así cumplir con los objetivos marcados. Eso es lo que hoy el Grupo Socialista -y seguro que la mayoría de esta Cámara- espera de ustedes para no seguir siendo amonestados por nuestros socios y, fundamentalmente, para que todos y todas, independientemente del lugar en que vivamos, podamos respirar a gusto.

Nada más, gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Lucio.

A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.


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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, como señalé en mi anterior intervención, la calidad del aire es fundamental para la salud de las personas y para la protección del medio ambiente, y por ello la mejora de su calidad constituye una de las prioridades de la política medioambiental del Gobierno. La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, se dictó como legislación básica e instrumento para la mejora de la coordinación entre administraciones. Según dicha ley, el Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, es competente para actualizar la relación de contaminantes, el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras, para definir los objetivos de calidad del aire y elaborar y actualizar los inventarios de emisiones o impulsar planes estratégicos de ámbito estatal. Según la ley, son las comunidades autónomas y entidades locales las que tienen competencia directa de control y gestión de la calidad del aire y son responsables de aplicar iniciativas concretas para reducir los niveles de contaminación. Las comunidades autónomas evalúan la calidad del aire, adoptan planes y programas para su mejora y para garantizar el cumplimiento de los objetivos en su territorio. Deben adoptar también las medidas de control e inspección necesarias para garantizar lo establecido en la Ley 34/2007. Además, pueden establecer objetivos de calidad del aire y valores límites de emisiones más estrictos que los fijados por la Administración General del Estado. Igualmente, las entidades locales con más de 100.000 habitantes tienen la obligación de adoptar planes para el cumplimiento de estos objetivos. En todo caso, señoría, por razones de salud pública -usted lo ha mencionado-, por razones de protección del medio ambiente, este Gobierno da enorme importancia a la mejora de la calidad del aire, coordinando y apoyando las iniciativas regionales y locales y asumiendo fuertes compromisos presupuestarios más allá de nuestro ámbito competencial estricto.

Ya en la X Legislatura aprobamos el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera, el Plan Aire 2013-2016, con un total de setenta y ocho medidas que inciden en los problemas de calidad del aire más generalizados en España con el objetivo de que se respeten los valores legales. Entre otros aspectos, el Plan Aire ha permitido poner en marcha el etiquetado de vehículos según su potencial contaminador. Esto posibilitará a las entidades locales la gestión e implementación de medidas relacionadas con el tráfico para incentivar el uso de vehículos más limpios. También hemos puesto en marcha los planes de impulso al medio ambiente, PIMA, y en especial cuatro ediciones del PIMA Aire, con un presupuesto de más de 53 millones de euros, para renovar el parque automovilístico con vehículos más eficientes y de menor impacto ambiental y fomentar la compra de bicicletas eléctricas. Este plan ha permitido renovar más de 40.000 vehículos. A esta iniciativa se suman los restantes PIMA, que han contado con una financiación adicional de 40 millones de euros. Se trata de los PIMA Sol y PIMA Tierra para la renovación de tractores, para vehículos de transporte y pasajeros de más de ocho años o para residuos, para fomentar la separación en origen y la mejora del comportamiento ambiental de los vertederos. También son importantes los proyectos Clima, que, con cinco convocatorias y una inversión de 79 millones de euros para más de 200 proyectos aprobados, tendrán un efecto positivo sobre la calidad del aire. En definitiva, señoría, en estas medidas hay un total de 172 millones de euros para impulsar iniciativas de mejora de la calidad del aire. Tanto los proyectos Clima como los PIMA tienen continuidad en esta legislatura. Recientemente se ha lanzado la convocatoria 2017 de los Clima, y el PIMA Residuos cuenta con casi 5 millones en el proyecto de presupuestos. Actualmente estamos evaluando los resultados del Plan Aire 2013-2016, para valorar los avances y plantear nuevas actuaciones que permitan reforzar las impulsadas en los últimos años. Se ha creado un grupo de trabajo interministerial que está trabajando en la elaboración de un nuevo plan 2017-2019; plan que complementará los elaborados por las comunidades autónomas y entidades locales, con el objetivo de reducir las emisiones de los principales contaminantes, incluidos partículas de dióxido de nitrógeno y precursores de ozono. Queremos que incida especialmente en aquellas actuaciones orientadas a la información y a la concienciación ciudadana así como las dirigidas a sectores implicados en las emisiones contaminantes. Se trabajará también en el fomento del transporte ferroviario con origen y destino en puertos y nuevas medidas de apoyo para el estímulo de vehículos de energías alternativas o en materias de uso eficiente de la maquinaria agrícola. También vamos a elaborar posteriormente un programa nacional de control de la contaminación atmosférica que sustituirá a los planes AIRE y establecerá medidas para reducir emisiones de contaminantes atmosféricos y de precursores de ozono troposférico. Este programa estará listo en 2019 cuando se definan las directrices técnicas a nivel europeo.


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Asimismo, vamos a continuar con la revisión y adaptación de la normativa, como ya se ha hecho con el Real-decreto 39/2017, de 27 de enero, que modifica el Real-decreto de 2011, de calidad del aire, y que entre otras medidas establece la elaboración por el ministerio de un índice nacional de calidad del aire que permitirá consolidar homogéneamente la información para España en diferentes escalas temporales. Además, en cumplimiento de la Directiva 2016/2284, de 14 de diciembre, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, el Gobierno está trabajando en un real-decreto para reducir las emisiones de determinados contaminantes atmosféricos y regular la elaboración del inventario nacional y proyecciones de emisiones.

Señorías, uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta legislatura ha sido anunciar a las Cortes la presentación de un proyecto de ley de cambio climático y transición energética; una ley que nos permitirá avanzar hacia una economía baja en carbono y hacia un modelo de producción cada vez menos contaminante en línea con nuestros compromisos adquiridos en el acuerdo de París. Quisiera informar a esta Cámara de que en su última reunión la Comisión delegada de asuntos económicos aprobó la creación de un grupo de trabajo interministerial, que se reunirá esta misma semana para iniciar la preparación de este texto legislativo, que sin duda será uno de los más importantes para el futuro económico y medioambiental de nuestro país en las próximas décadas. Queremos que esta ley de cambio climático y transición energética sea fruto de la participación y del consenso y por ello celebraremos unas jornadas de debate con la participación de expertos de todos los sectores, para las que desde luego esperamos contar con la implicación de los grupos políticos.

Paso a comentar aspectos relacionados con la revisión del modelo energético. Este modelo ha apostado como prioridad por la eficiencia energética para potenciar el ahorro y reducir la dependencia exterior, aspectos esenciales de nuestra política energética que contribuyen a reducir la contaminación atmosférica y a mejorar el medio ambiente. Para ello se ha creado el fondo nacional de eficiencia energética, como instrumento para cumplir los objetivos europeos en esta materia, poniendo en marcha mecanismos de apoyo económico y técnico en los sectores industrial, de edificación, transporte por carretera y ferroviario, alumbrado exterior y desalación; desde 2012 se han destinado a estos fines más de 655 millones de euros. También se han puesto en marcha líneas específicas como el Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria -que usted señalaba- y regeneración y renovación urbanas, que en el periodo 2013 a 2016 contó con un presupuesto superior a los 800 millones de euros y que ha sido prorrogado para 2017.

En el contexto europeo que se abre ahora, abordaremos además las siguientes líneas de actuación: profundizar en la inversión en eficiencia energética a nivel público y privado, continuando la gestión del Fondo nacional de eficiencia energética; mejorar el diseño de los programas de eficiencia energética, orientándolos a los hogares con menor renta; promover en Europa un mejor tratamiento contable y regulatorio de las inversiones públicas en materia de eficiencia energética en edificios públicos o viviendas de protección oficial. En cuanto a la modificación del modelo de transporte para reducir el uso de combustibles fósiles, este Gobierno ha impulsado medidas para mejorar la eficiencia energética. Además de los Planes PIMA que he citado, se suman el programa de incentivos al vehículo eficiente que, con ocho ediciones, más de 1.100 millones de euros ha reducido el consumo energético nacional mediante la modernización del parque de vehículos. Los programas de fomento a la adquisición de vehículos eléctricos, Movele, con un presupuesto de 37 millones de euros, han incentivado la adquisición de unos 6.100 vehículos eléctricos durante este periodo. En 2016 se ha puesto en marcha el programa Movea, para incentivar la adquisición de vehículos propulsados con energías alternativas. España es líder en la generación de energía con fuentes renovables, de las que procedió prácticamente el 40 % de toda la electricidad generada el año pasado, superando a otros países de nuestro entorno. Además España está cerca de cumplir con el objetivo de alcanzar una participación del 20 % de la energía renovable en el total del consumo energético nacional en 2020. En el último año disponible, 2015, la participación de renovables fue del 17,3 %; muy superior al 13,8 % que establecía la senda vinculante para España. Nuestra situación es favorable; se ha logrado con un coste muy elevado, ya que la mayor parte del despliegue de renovables, especialmente las fotovoltaicas, se produjo antes del gran avance de estas tecnologías y, por tanto, no se consiguieron los ahorros en costes derivados de ellas. En el horizonte inmediato, España va a relanzar la instalación de nueva capacidad renovable. Recientemente el Gobierno ha lanzado una nueva subasta para una capacidad de 3.000 megavatios. Otra línea de la actuación energética es la mejora de la información a los consumidores y el refuerzo de su capacidad de gestión del consumo. Contamos con un despliegue muy avanzado de contadores inteligentes; también trabajamos para reforzar la protección a


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los consumidores más vulnerables, adaptando el bono social para que pueda aplicarse a quienes más lo necesitan.

Señorías, España está inmersa en un proceso de transición para que el sector de la energía sea una palanca de competitividad, creación de empleo y crecimiento económico. Para ello el Gobierno va a seguir mejorando la competencia en los mercados hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo. Ello requiere conseguir una mayor interconexión energética con Europa a través de Francia, lo que nos permitirá tener un precio más competitivo e integrar de forma más eficiente las energías renovables. La intención del Gobierno es seguir empujando todo lo posible en esta materia para estabilizar las fluctuaciones de nuestro mercado y compensarlas con las de otros mercados europeos, mejorando el precio de la electricidad y posibilitando la integración eficiente de un grado creciente de tecnologías renovables.

Señorías, este Gobierno es muy consciente de la necesidad de seguir tomando medidas eficaces para mejorar la calidad del aire, porque proteger la salud de las personas y del medio ambiente es y seguirá siendo un objetivo irrenunciable. Para lograrlo, seguiremos colaborando activamente con comunidades autónomas y ayuntamientos, que, como sus señorías saben, son directamente responsables de la adopción de medidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ha hecho usted un ejercicio de reparto competencial entre todas las administraciones que son competentes en materia de contaminación. Esperaba que fuera a hacer ese reparto, teniendo en cuenta que, efectivamente, las responsabilidades están divididas entre los distintos niveles de la Administración, pero si hace falta algo es el liderazgo del que le hablaba antes; un liderazgo para afrontar los problemas sin tener que parcelar necesariamente ni los departamentos gubernamentales ni las distintas administraciones del Estado. Sin ese liderazgo es muy difícil resolver el problema actual; esta cuestión debe tener un enfoque omnicomprensivo, integral, multidisciplinar, y además ese liderazgo debe servir para que todo el mundo se sienta absolutamente concernido por la resolución del problema que nos atañe, que es la contaminación. Hay que intensificar la colaboración interadministrativa, señora ministra; es función del Gobierno, porque es a usted a quien le preguntan por la contaminación, es al Gobierno de España a quien amonesta la Unión Europea cuando no se cumple con los objetivos. Yo entiendo que a veces resulta un poco desagradable que, no teniendo usted la competencia completa sobre el tema ni dentro del Gobierno ni dentro del conjunto de las administraciones, tenga que ser quién dé explicaciones sobre el dato de contaminación, pero pregúntele a la señora Báñez, que todos los meses tiene que dar el dato del paro y ello tiene mucho que ver con una política errática por parte del departamento de Economía, del departamento de Hacienda o de otros departamentos. Esto es así, señora ministra, le toca a usted.

Las razones de la contaminación están en el modelo energético. Yo le agradezco que hoy haya hablado de energía, pero también le agradecería que la próxima vez que hablase de energía no fuera un texto leído y repasado por el Ministerio de Energía, sino que por una vez juntasen energía y clima e hiciesen una propuesta que fuera mucho más creíble para la ciudadanía. Fue un error estratégico no unir en un único ministerio las competencias de energía y de clima y ahora mismo es un error grave. Es verdad que a la hora de formar un Gobierno todos los temas son colindantes y se pueden distribuir de la forma que al presidente del Gobierno le parezca bien, pero en este momento histórico, después de firmar el Acuerdo de París, me parece gravísimo que no se incorporen en un mismo departamento, porque al final no se van a conseguir los objetivos que se pretenden, no se van a conseguir los objetivos a los que nos hemos comprometido como país. Señora ministra, hace falta ese liderazgo, un liderazgo claro, porque hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar el modelo de vida, los usos, las costumbres. Realmente, hay que hacer una revolución y esto no se consigue congelando la partida de vehículos eléctricos y tampoco se va a conseguir si usted no hace una evaluación de verdad de lo que ha sido el Plan AIRE. Aproveche esta segunda intervención que va a tener para explicarnos a todos los que estamos presentes cuál ha sido esa evaluación, porque de momento he oído futuribles, pero absolutamente nada de lo que ha supuesto. Señora ministra, creo que tenemos una oportunidad, que tenemos un arco parlamentario adecuado para trabajar y para conseguir objetivos que están mucho más allá de intereses partidistas. Espero que así lo haga.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Lucio.

Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, señor presidente.

Señoría, este Gobierno trabaja colegiadamente y en perfecta sintonía. El Gobierno está absolutamente comprometido no solamente con el cambio climático, también con la transición energética, y por eso el presidente anunció la elaboración la ley llamada de cambio climático y transición energética para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Será también una ley que nos facilitará cumplir con la transición energética hacia un modelo bajo en carbono, que es a lo que todos nos hemos comprometido; una ley que será de todos y que se elaborará con un proceso participativo de todos los grupos parlamentarios. Desde luego, espero contar con sus valiosas aportaciones. Será una ley que facilitará el cumplimiento de España con sus compromisos y que permitirá que la política energética favorezca también la actividad económica, la competitividad y el empleo al mismo tiempo que establecemos una economía baja en carbono.

El Gobierno, repito, trabaja en absoluta coordinación. Recientemente se ha creado un grupo de trabajo interministerial para la coordinación de los trabajos necesarios para la elaboración de este anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de manera que todos los ministerios que necesariamente deben estar implicados estarán presentes para el reto importantísimo que supone para la Administración General del Estado la elaboración no solamente de esta ley, sino también del plan integrado de energía y clima que tendremos que presentar a finales de este año.

Como he dicho al principio, señoría, somos muy conscientes de que la mejora de la calidad del aire es un objetivo irrenunciable y que es necesario tomar medidas que sean eficaces y que se gestionen adecuadamente, protegiendo la salud de las personas, el medio ambiente y conciliando además las necesidades económicas. Por eso se hizo el Plan AIRE 2013-3016, y se hizo de una manera distinta al que había en el año 2011, que no había sido consensuado con las comunidades autónomas o con los entes locales. Este plan cuenta con la coordinación, la colaboración y el consenso de todos los agentes implicados porque efectivamente son competentes en la práctica para controlar y adoptar medidas. Pero esto no significa que en el Gobierno no estemos absolutamente implicados. Yo le he dicho antes que el Gobierno ha destinado más de 172 millones de euros a programas PIMA y Clima, que a través del Fondo nacional de eficiencia energética y del Plan de rehabilitación de viviendas, del programa de incentivos de vehículos eficientes o de los programas Movele se han invertido más de 2.590 millones de euros.

Querría darle algunos datos sobre la calidad del aire en España. El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente 2016 sobre la calidad del aire en Europa contiene mapas que evidencian que la situación en España es similar o incluso mejor a la de países de un nivel de desarrollo similar al nuestro. El registro histórico de los datos del que disponemos en el ministerio en los últimos diez años lo demuestra: en el año 2005 había cuarenta y siete zonas donde se superaba el valor límite de partículas PM10 y en 2015 estas superaciones se han reducido a ocho zonas en tres comunidades autónomas: Asturias, Andalucía y Cataluña. En cuanto al dióxido de azufre, en 2005 había seis zonas que incumplían el valor límite. Actualmente toda España cumple con holgura los valores límite tanto horarios como diarios de este contaminante.

Con respecto al dictamen de la Comisión Europea por incumplimiento de los límites de dióxido de nitrógeno, quiero decir que este no es un problema general en España. Se trata de incumplimientos en zonas muy concretas, exactamente en tres: dos en Cataluña y en la ciudad de Madrid. Por ponernos en un contexto diré que, al mismo tiempo que España recibió este dictamen motivado, Alemania lo recibió por 28 zonas, Francia por 19, Italia por 12 y Reino Unido por 16. Ya nos hemos dirigido a las administraciones competentes, tanto en Cataluña como en la ciudad de Madrid, a quienes hemos pedido respuesta sobre las medidas. Nosotros vamos a seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y esto pasa por tener una mejor calidad de nuestro aire y una mejor calidad de nuestro medio ambiente. Y siendo conscientes de que las competencias en materia de prevención y reducción de la contaminación corresponden a comunidades autónomas y entidades locales, seguiremos prestando todo nuestro apoyo. Estamos en este momento evaluando la eficiencia del Plan Aire 2013-2106 y trabajando ya en la redacción de un nuevo plan aire hasta el año 2019, como he anunciado al principio en mi intervención. Por lo tanto, tanto a través de impulsar medidas de apoyo como


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a través de importantes partidas presupuestarias el Gobierno seguirá implicado en la mejora de la calidad del aire que respiran los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 172/000035).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.

El gran jurista, economista, historiador y político altoaragonés Joaquín Costa destacó entre los regeneracionistas de finales del XIX por haber denunciado con tino y con aún más vehemencia el atraso rural en España. Costa achacaba este retraso secular a un caciquismo empotrado en la Península desde tiempos inmemoriales, acaso tiempos de reconquista frente a los que nuestro autor reclamaba echar "doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar". Una metáfora que sin duda escondía la frustración de ver cómo el Estado patrimonialista fundado por Cánovas desangraba las zonas rurales expulsando a sus habitantes del ciclo modernizador que se adivinaba en las incipientes concentraciones urbanas y forzando así a una despoblación sostenida del campo español que se prolonga hasta nuestros días. Es sabido que el canovismo decimonónico fue capaz de levantar auténticas fortalezas durante aquel régimen parlamentario de carácter oligárquico precisamente en aquellas zonas más relegadas por la Hacienda pública de entonces. Una aparente contradicción que solo puede explicarse por la eficacia de una poderosa trama que conectaba los señoritos y señorones de grandes extensiones de nuestro agro con sus vicarios y cerebros de Madrid, una poderosa trama de corrupción diríamos hoy. Por tanto, no puede a nadie resultar extraño, señora ministra, que el Partido Popular se declare digno heredero del canovismo; en verdad lo son. Enhorabuena, señorías. Han logrado imitar el modelo hasta tal punto que habiendo ustedes despreciado hasta la ignominia a los millones que pueblan nuestros campos, sin embargo es su partido el que mayor rédito electoral logra en estas zonas. Es más, este parece ser el factor que ha provocado la tradicional sobrerrepresentación parlamentaria de la que su grupo vienen gozando -abusando, dirían otros- desde que se declararan ustedes demócratas de toda la vida allá por los años setenta y ochenta.

Hace siglo y pico tal contrasentido provocaba en Costa una patriótica angustia, alguna vez traducida en forma de predicción, acaso de maleficio, en tanto luego se reveló como un trágico acierto. El más tenaz de sus biógrafos, el profesor Alfonso Ortí, cita un discurso de Costa de 1906 -justo cuando el genio de Huesca ocupaba uno de los escaños de este mismo hemiciclo-: De no apresurarse a resolver la cuestión social agraria -proclamaba Costa- la próxima y necesaria República se agotará rápidamente sin haber hecho más que planes. Sucederán de nuevo -seguía diciendo- medio año de Cortes republicanas y treinta y cinco de Cortes monárquicas, y la nación en tierra, sin nadie que la levante más que el extranjero. Costa acababa lamentando en este asombroso y a la vez desolador ejercicio de prognosis histórica que, de no acometerse las necesarias reformas, el país se encaminaba a un conflicto civil por el cual -y cito textualmente- mereceríamos ser castigados con Borbones a todo pasto, por toda la eternidad. Así de solemne y lapidario se mostraba.

Pues bien, han pasado ya más de cien años. En el transcurso de un convulso siglo XX solo al final del mismo España logró sobreponerse a una larga, cruel y anacrónica dictadura. A partir de una transición vigilada -transición al fin y al cabo-, se logró sellar un nuevo pacto de convivencia democrática que nos homologó por primera vez a Europa. En todo este tiempo nuestros pueblos han seguido pariendo a los hijos y nietas que hoy habitan los cinturones industriales de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, pero también de Alicante, de Vigo, de Sevilla, de Santander, mientras esos mismos pueblos han ido languideciendo por la falta de un futuro que ofrecer a las familias que un día los levantaron. Llegaron las


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ayudas europeas, la tan ansiada PAC, primero el Fondo europeo de desarrollo regional, luego los fondos Feader, el Fondo social europeo, el Fondo europeo marítimo y de pesca, y los sucesivos Gobiernos contuvieron la sangría en el rural gestionando la entrada de savia financiera que manaba de Europa, pero, eso sí, sin proyectar jamás un plan coherente de modernización productiva, ninguna perspectiva de desarrollo real para las zonas rurales, ninguna voluntad consciente de incidir en las profundas y ancestrales desigualdades ni de acabar con algunas de las bolsas de pobreza más vergonzosas de todo el continente. Y así ocurrió que, pese a los millones que llovieron de Europa, la renta media mensual de una familia que reside en el medio rural en España es hoy unos 400 euros inferior a la de una familia en el medio urbano. (Aplausos).

Por otro lado, los recientes informes de Eurostat sobre paro, pobreza y privación muestran descarnadamente el deterioro de la calidad de vida en las zonas rurales frente a las urbanas en estos ya largos años de crisis, camino ya de una larga década perdida. Hoy en día la población en riesgo de exclusión en el medio rural es del 33 %, mientras que en las ciudades es del 25. Asimismo la población en riesgo de privación material es del 28 % en las zonas rurales, mientras que en el medio urbano es del 18. Tuvimos que esperar al año 2007 para que surgiera al fin en España un proyecto legislativo digno de tal nombre para el medio rural español. Como nunca antes se había hecho en nuestro país -quizá al menos desde tiempos del propio Costa-, se proyectó una mirada de largo plazo para el desarrollo colectivo y equilibrado de nuestras zonas rurales. La mayoría de las organizaciones sociales coinciden en señalar la relevancia de la Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural, en este sentido.

Finamente se promocionó la problemática rural a la categoría de política de Estado, no solo por lo que compartieran entre sí las fuerzas políticas que la animaron entonces, sino por la incorporación de reconocidos expertos, colectivos, sindicatos y organizaciones sociales al trabajo que desembocó en su aprobación. De este modo, la Unión de Pequeños Agricultores, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, el Foro de Acción Rural, la Plataforma Rural Española o la Red Española de Desarrollo Rural pudieron también contribuir a este debate nacional. En efecto, fue durante el Gobierno de Zapatero -y no nos cuesta decirlo- cuando se apuntó por fin hacia una política rural nacional, integral e integradora, respetuosa con la realidad local y con las competencias de cada ámbito de poder autonómico y municipal. A través de la ley antes citada se implementaba toda una metodología participativa, realmente de abajo hacia arriba, al servicio del desarrollo sostenible y que incorporaba novedosos instrumentos de planificación; planificación, señorías del Partido Popular, esa palabra proscrita.

La cobertura de las acciones pretendía alcanzar a los más de 15,5 millones de ciudadanas y de ciudadanos que habitan algo más del 84 % de nuestro territorio. Se identificaban 219 zonas rurales para la actuación directa, 105 de ellas con carácter prioritario. Se buscaba frenar el despoblamiento continuado en todas las comarcas con densidades de población inferiores a los 10 habitantes/kilómetro cuadrado y en municipios de menos de 5.000 habitantes a través de la puesta en marcha de lo que se llamaron Oficinas de acogida a nuevos pobladores. En materia de educación se acordó extender el modelo de colegio rural agrupado a todas las áreas diseminadas. En lo que respecta a sanidad se pretendía contar en todos los centros de salud con un equipamiento básico estándar, urgencias y unidad de atención móvil terrestre. En lo que se refiere a protección social, se buscó extender la Ley de Dependencia al medio rural pero con calidad y amplia cobertura, de manera que fuera real y efectivo el apoyo a las personas cuidadoras, algo esencial para avanzar en la igualdad de género en el medio rural, puesto que no podemos olvidar que en nuestros pueblos toda una generación de mujeres de entre cuarenta y cinco y sesenta años se ha convertido en el único sostén para la supervivencia de sus niños y personas mayores. También se pretendió fomentar la creación de empleo rural promoviendo viveros de empresas agroalimentarias en municipios de más de 5.000 habitantes. Por último y de cara a la protección de la biodiversidad, se solicitó un plan de actuación prioritaria en todos los municipios incluidos dentro de lo que se llamó Red Natura 2000 en el marco de los planes de zona.

La aplicación de esta ley debía suponer un esfuerzo presupuestario para el periodo 2010-2015, prorrogable hasta 2016, de 1.810 millones de euros. Cubría actuaciones que eran competencia de las comunidades autónomas pero que se financiaban al 50 % con Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, el compromiso de aportación era de aproximadamente unos 900 millones de euros, con una senda financiera constante de 180 millones anuales. Adicionalmente, el programa de desarrollo sostenible preveía una serie de actuaciones consideradas de interés general que debía ejecutar directamente la Administración General del Estado y para las que se tenía una previsión de gasto de unos 53 millones de euros. Sin embargo, señora ministra, nunca -y subrayo nunca- se presentó memoria de ejecución


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de los avances en los primeros años ni de unos ni de otros. En los últimos Presupuestos Generales del Estado apenas se distingue el rastro de esta Ley de desarrollo rural. ¿Por qué? Seguramente porque ya desde el comienzo del periodo, pero especialmente a partir de 2013, el Gobierno de Rajoy puso en marcha una sigilosa estrategia de recortes sobre estos planes; recortes tan salvajes como los que han sufrido la mayoría de partidas presupuestarias destinadas a gasto social y que han redundado en el deterioro de la calidad de vida de muchos españoles. De este modo, la renta agraria se ha reducido en los últimos diez años un 37 % en España -son datos de Eurostat, señora ministra, no ponga esa cara- y hoy es un 45 % inferior al resto de los sectores productivos. A lo largo de los años de vigencia de la Ley 45/2007, allá donde teníamos que haber sido testigos de un despliegue modernizador destinado al progreso de las zonas rurales, hemos asistido a un hundimiento. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Por otro lado y con su habitual falta de sensibilidad democrática, el Gobierno del Partido Popular ha despreciado a las organizaciones sociales, la mayoría de las cuales lleva muchos años luchando por la recuperación del medio rural. Desde el año 2012 este Gobierno no ha vuelto a convocar ninguno de los espacios de coordinación de la política de desarrollo rural, ni el Consejo para el Medio Rural ni la Mesa nacional de asociaciones por el medio rural, cuya función era dar seguimiento a la aplicación de la ley. Precisamente, señora ministra, tengo una carta firmada por estas organizaciones que pretendo entregarle -eso sí, con todo el decoro del que seré capaz- al final de esta intervención. Pero ahí están ustedes, señorías del Partido Popular, tan ufanos ellas y ellos, qué importa saltarse a la torera las leyes vigentes, ¿verdad? Qué más da despreciar el orden normativo, que otras veces, eso sí, les sirve de coartada para justificar su cerril inmovilismo respecto a la situación en Cataluña. Qué importa el campo español si ustedes ya sienten que se han apoderado de sus votos.

Comenzaba mi intervención aludiendo a la oscura profecía de Joaquín Costa. Yo hoy me voy a atrever aquí con otra profecía, quizá más modesta, pero también algo más luminosa. Los años correrán, señorías, las generaciones que han vivido toda su vida con miedo eventualmente morirán. Los padres y madres de hoy en día serán los abuelos y abuelas de mañana y una juventud renovada, consciente y orgullosa ocupará los pueblos y los campos de España. Y así como ya les ganamos elecciones en los principales núcleos urbanos del país, les ganaremos en las zonas rurales. Ustedes no lo saben pero ese cambio ya está en marcha. El reloj demográfico avanza inexorable y más pronto que tarde nos habremos desprendido al fin del caciquismo estéril y el retraso estructural al que los suyos nos han condenado durante siglos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, algo en lo que todos coincidimos es en la importancia de nuestro medio rural. Necesitamos que sea vivo, que cuente con calidad de vida y, sobre todo, con perspectivas de futuro. Los Gobiernos del Partido Popular siempre se han caracterizado por su especial sensibilidad y preocupación por el medio rural, por eso la gente se lo reconoce. Si alguien defiende los intereses de nuestro campo y de la gente que en él habita son los Gobiernos del Partido Popular. Y no solamente los defendemos en España, también ante todas las instituciones comunitarias que es donde en gran medida se deciden las políticas de desarrollo rural.

El desarrollo rural y el reto de frenar su abandono requieren un análisis transversal. Por ello, el Gobierno está dando un enfoque multisectorial a este desafío. Por la importancia que se le otorga, la Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, acordó la constitución del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno y del ministro de Hacienda y Función Pública. Entre sus funciones se encuentra la elaboración y desarrollo de una estrategia nacional frente al reto demográfico que recoja el conjunto de propuestas, medidas y actuaciones necesarias para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional, tanto las que correspondan a la Administración General del Estado como las que puedan resultar del apoyo y colaboración con las demás administraciones públicas. Igualmente, recabará cuanta información resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones y recibir de los distintos departamentos ministeriales y de los organismos públicos adscritos a los mismos la información necesaria para el ejercicio de las mismas. Periódicamente elevará


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informes al Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, así como cuantas propuestas considere necesarias para el adecuado cumplimiento de su función.

En un próximo Consejo de Ministros se aprobará la creación de un grupo de trabajo para la definición de la estrategia nacional frente al reto demográfico. El cometido del grupo será el análisis y estudio de las posibles medidas susceptibles de ser incorporadas en esta estrategia nacional frente al reto demográfico -dicha estrategia deberá estar finalizada en este ejercicio 2017- y diseñar una respuesta conjunta y de futuro para paliar el problema del reto demográfico que afecta a toda la sociedad española y al medio rural, tanto en lo que se refiere a tensiones demográficas generales como a los problemas de despoblación en zonas concretas. Entre otros aspectos se van a estudiar las oportunidades que permitan fijar y atraer población al medio rural. Al mismo tiempo se van a estudiar las necesidades de infraestructuras y servicios de estas zonas. En dicho grupo, presidido por la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, estarán representados todos los departamentos con responsabilidades en la materia. En el grupo podrá integrarse un representante de cada comunidad autónoma y ciudades con estatuto de autonomía así como dos representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. En definitiva, señoría, la estructura de este comisionado contará con participación de diferentes departamentos y de todas las comunidades autónomas, simplificando así uno de los principales problemas surgidos de la aplicación de la Ley 45/2017: la gobernanza y la complejidad de funcionamiento de los órganos creados.

Por otro lado, el pasado mes de diciembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó una dotación extra de casi 5.500 millones de euros para el año 2017 para atender, entre otros, algunos de los servicios competencia de las comunidades autónomas tan importantes para el medio rural como son la sanidad y la educación. Somos conscientes de la importancia del desarrollo para evitar que las mujeres abandonen las zonas con ruralidad más marcada y se vayan a ciudades o a las cabeceras de comarca, especialmente si no encuentran oportunidades profesionales adecuadas. En la X Legislatura se aprobó, dentro del marco del Plan estratégico de igualdad de oportunidades, el Plan de promoción de las mujeres rurales, con la implicación de seis departamentos y un total de ochenta y dos acciones. Además, tal y como indiqué en mi comparecencia en la Comisión de Agricultura de esta Cámara, se va a elaborar una estrategia de modernización y diversificación del medio rural que promoverá fundamentalmente el relevo generacional en la agricultura y la mejora técnica de la actividad agraria y el impulso a la innovación en las explotaciones. También sabemos que para el medio rural las más avanzadas tecnologías de comunicación tienen gran importancia para facilitar la implantación y desarrollo de actividades económicas nuevas, así como los accesos a pequeños núcleos de montaña y otras muchas infraestructuras básicas que tienen que ser una realidad también en el medio rural. El ministro Nadal ha anunciado un programa nacional de extensión de banda ancha que garantizará en 2020 una cobertura de 30 megabytes en el 98 % del territorio nacional y en el 2 % se hará vía satélite.

Señorías, siendo las comunidades autónomas competentes en materia de desarrollo rural y ordenación del territorio, este Gobierno se preocupa, y se preocupa mucho, de que el medio rural español tenga calidad de vida y posibilidades de futuro. En su intervención plantea una situación bastante negativa de las zonas rurales y compartimos con usted la necesidad de reforzar las actuaciones en favor de nuestro medio rural. Describe la Ley 45/2007 como la panacea para solucionar todos estos males. El objetivo de esta ley y su instrumento de aplicación -el programa de desarrollo rural sostenible, aprobado en 2010 y con vigencia hasta 2017- articulaba la aplicación de medidas de carácter multisectorial en las zonas rurales más deprimidas o con limitaciones y en mayor riesgo de ser abandonadas. El Grupo Parlamentario Popular compartía los objetivos de esta ley, pero desde el primer momento mostró sus dudas; dudas por cuestiones competenciales, dudas por cuestiones técnicas y por supuesto dudas por cuestiones presupuestarias, porque esta ley se anunció con fondos pero nació sin fondos y su aplicación se concretaba en un complejo sistema de toma de decisiones. Todos estos problemas, junto a la crisis económica que obligó al Gobierno socialista a adoptar medidas de contención presupuestaria tanto en 2010 como en 2011, hicieron la ley inaplicable, ley cuya tramitación no fue un ejemplo de participación. Se encomendó la redacción del anteproyecto a Tragsa, el texto -preparado en cuarenta días- se envió a las comunidades autónomas y diecisiete días después se aprobaba en el Consejo de Ministros como proyecto de ley, ley que provocó una enorme controversia con las comunidades autónomas por motivos de índole competencial. En la memoria económica -surgida de la tramitación de la ley, que no estaba en sus inicios- se preveían 500 millones de euros al año de aportación del Estado durante el periodo 2008-2013. Lo cierto es que en cuatro años, hasta el año 2011, apenas llegaron 100 millones de euros. La herramienta para aplicar la ley fueron los planes de zona. En 2011, cinco años después, solo los habían aprobado seis


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comunidades autónomas. La Ley 45/2007, como ya fue anunciado y previsto por el Grupo Popular en el debate parlamentario, adolecía de deficiencias técnicas y de problemas presupuestarios, además de los problemas competenciales ya que la mayor parte de las actuaciones previstas eran competencia de las comunidades autónomas, como estas manifestaron. La realidad que nos encontramos en enero del año 2012, seis años después de su aprobación, es que solo La Rioja había firmado el convenio correspondiente para la aplicación de su programa de desarrollo rural sostenible, al igual que Galicia, programa que fue financiado por el actual Gobierno.

La agricultura, y en general la actividad asociada de transformación de los productos agrarios, es muy importante para el medio rural porque no solo evita su despoblamiento, sino que también propicia otras actividades y servicios que favorecen el asentamiento de la población en estas zonas. La negociación de la PAC alcanza particular importancia cuando se tiene en cuenta que las políticas dedicadas a la agricultura y al desarrollo rural que se han venido aplicando en España han sido en gran medida políticas comunitarias. Por eso, para este Gobierno la defensa de los intereses del medio rural ante las instituciones comunitarias es una prioridad, como lo es la defensa de los presupuestos comunitarios. Por este motivo negociamos para España más de 47.000 millones de euros para nuestras zonas rurales, más que el presupuesto del periodo de programación anterior, en un contexto de reducción del presupuesto comunitario. Esto da estabilidad al sector agrario, al medio rural, para muchas actividades hasta el año 2020. Por eso en el medio rural confían en los Gobiernos del Partido Popular. Es evidente que, pese al esfuerzo realizado por las distintas administraciones, este no ha sido suficiente para evitar que amplias zonas del medio rural sigan aquejadas de un paulatino abandono tanto de la población como de la actividad económica y de una elevada tasa de envejecimiento y masculinización.

Concluyo. Como se señaló en el acuerdo de la VI Conferencia de Presidentes sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, los problemas demográficos afectan con especial intensidad a algunos territorios, como el medio rural, por su mayor grado de envejecimiento, dispersión, extraterritorialidad o insularidad. El trabajo que se va a realizar tendrá un enfoque integral y multisectorial basado en la cooperación entre todos los niveles de Gobierno y de todas las administraciones implicadas, de manera que se encuentren las mejores soluciones a estos complejos desafíos. En definitiva, el Gobierno ha colocado este asunto en la agenda política nacional y trabajará procurando la colaboración y el concierto de todos en un asunto del que depende nuestro futuro y el de la población española.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, lo primero que quería decir antes de entrar en materia es que hemos hablado de capacidades adivinatorias en esta Cámara, pero francamente las suyas me han sorprendido sobremanera. Realmente usted trae la intervención escrita y es capaz de anticiparse a lo que vamos a decir en esta Cámara. Francamente las capacidades de Costa y las mías quedan completamente oscurecidas con esa capacidad adivinatoria suya. (Aplausos).

Me han pasado el Reglamento del Senado; por lo visto, ahí se explicita que el orador en tribuna no puede leer. Menos mal que esto no es el Senado porque si no quizá tendríamos algún problemilla.

En estos cinco minutos de tiempo que tengo quería tocar básicamente tres puntos que se han puesto ya de manifiesto aquí esta mañana. En primer lugar, el tema del Comisionado frente al Reto Demográfico. Una iniciativa más del Gobierno; me recuerda a aquello de convocar comisiones y oficinas para que nada cambie. Estamos en una especie de tesitura permanente de planificación -vamos a planificar-, pero realmente nunca se hace nada. Creo que en 2015 el Senado tuvo también reuniones en este sentido, abordó la problemática del medio rural, se planificaron un montón de cosas y, como siempre, bla, bla, bla. Todo queda en agua de borrajas.

Por otro lado, está bien afrontar el problema de la despoblación en las zonas rurales, pero el problema de la despoblación responde a una estructura económica, responde a una estructura social y responde, como usted bien ha dicho, al envejecimiento de la población, a la masculinización, etcétera. Es decir, si no afectamos las raíces de ese problema, ya podemos poner tropecientas oficinas de superpoblación, que vamos a seguir con el campo español completamente vaciado.

Por otro lado, he lamentado que en esa intervención preparada y adivinatoria que usted traía no se haya pronunciado sobre los foros de control, donde se supone que están también convocadas las


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organizaciones sociales, ya que se esperaba que, según definía la Ley de Desarrollo Rural, estas pudieran ejercer una labor de control. Como decía antes en mi intervención, creo que estas organizaciones no han sido convocadas en los últimos años, vamos ya para cuatro. Quizá en cuatro años podía haber habido tres, dos reuniones, pero no ha habido ninguna. ¿Qué tipo de accountability, dirían algunos, se puede hacer con un Gobierno que no se somete a los espacios que fija la ley? La misma ley de la que hablan ustedes cuando se refieren a Cataluña, insisto.

Finalmente, y para terminar, señora ministra, los datos son irrefutables. La calidad de vida en el medio rural español no solo está por debajo de la calidad de vida de las zonas urbanas, sino que en los últimos diez años se ha desplomado. Explíqueme usted qué ha hecho el Gobierno, aparte de llenar folios y folios, y planificar, y convocar comisiones y demás. En la práctica, señora ministra, no se ha hecho casi nada, y de nuevo meto el casi por decoro, que está muy de moda en esta Cámara. Desde luego, como digo, no parece que el esfuerzo del Gobierno haya sido para nada acorde a las necesidades que se sufren en el campo español. No sé qué tiene pensado la señora ministra, no sé si ahora vamos a convocar otra vez una nueva hipersupercomisión que vuelva a superplanificar lo que ya está planificado. En 2007 se hizo una ley, una muy buena ley, por cierto, como decíamos antes, con el concurso de organizaciones sociales y de otros partidos políticos. ¿Por qué no se cumple la ley, señora ministra? Cumpla usted la ley y déjese de comisiones y demás organizaciones y demás oficinas. Sencillamente coja el texto, sígalo paso por paso y vaya haciendo lo que le manda la ley vigente. Con eso resolvemos el problema. Con eso resolvemos la despoblación, con eso resolvemos la masculinización, el envejecimiento. Con eso resolvemos un montón de cosas que parece que, por desgracia, usted no está viendo como un panorama general. Se piensa que tocando determinadas teclas va usted a resolver un problema atávico de este país. O enfrentamos el problema con un planteamiento general, integral, integrador, o lo vamos a tener como decía antes para toda la eternidad.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.

En el medio rural en España y en el conjunto de Europa en muchas ocasiones la única y principal alternativa de empleo es la derivada de la agricultura y del sector agroalimentario. Su presencia evita el despoblamiento y propicia la aparición de otras actividades y servicios que proporcionan la vitalidad y el atractivo necesarios para que se asiente y crezca la población. Permítame que use el turno de réplica para hablar del aspecto del medio rural que yo mejor conozco. Señoría, el Gobierno del Partido Popular cree enormemente en los agricultores y ganaderos españoles. Estamos orgullosos de ellos y de su trabajo, y lo saben. El Gobierno del Partido Popular está convencido del enorme potencial del sector alimentario. Trabajamos junto con el sector para que sea una referencia a nivel mundial; de hecho en muchos ámbitos ya lo somos. Señoría, el medio rural está lleno de hombres y mujeres emprendedores, empresarios, que con su actividad agraria generan riqueza y trabajan para aprovechar las oportunidades del mercado global, en el que cada vez sus productos tienen mayor presencia, ese mercado global en el que ustedes no creen. Ustedes proponen la recuperación del control público del sector agroalimentario. Su idea de futuro para nuestros agricultores y ganaderos, para la principal actividad económica de 6.673 municipios rurales de los algo más de 8.000 municipios españoles es nacionalizar el sector alimentario español. Leo textualmente: creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal. Proponen -también es textual- las expropiaciones y la gestión comunal. Entiendo que piensan en los koljoses de la Unión Soviética y todos sabemos que no fue un modelo que trajera precisamente prosperidad. En Venezuela el sector agrario también ha sido objeto de expropiaciones muy importantes; allí no abunda la comida. Proponen la supresión de la tecnología para nuestra agricultura, devolviéndola a la primera mitad del siglo XX, previa a la revolución verde. Está en sus programas electorales. Proponen aislar a la agricultura española, privándola de las oportunidades del comercio internacional. En España nuestros agricultores y ganaderos exportan entre el 25 y el 30 % de su producción, y el comercio internacional es una fuente directa de riqueza para ellos y para el medio rural. Ustedes aseguran garantizar precios mínimos, algo legalmente imposible, porque es contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sus planteamientos son frontalmente contrarios a los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, contrarios a los de la industria alimentaria española y contrarios y perjudiciales por tanto para


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el medio rural español. Nosotros queremos agricultores y ganaderos profesionales, competitivos, dinámicos, innovadores, productivos, líderes a nivel mundial, como ya lo somos en tantos sectores. Desprecian ustedes el potencial y la libertad de producción del sector agrario español.

Les daré algunos datos de lo que ha hecho nuestro sector en los últimos cinco años. Nuestra posición en los mercados exteriores ha mejorado enormemente. Hoy exportamos vino y aceite de oliva a más de 160 países, carne de porcino a 108, cítricos a 79 y frutas de pepita y de hueso a 70. En 2011 el sector agroalimentario español representaba el 8 % del producto interior bruto nacional; hoy más del 10 %. En 2011 el sector alimentario español exportaba por valor de 31.000 millones de euros; hoy supera los 46.800 millones, más de un 50 % de crecimiento de la presencia mundial de nuestros productos en el comercio internacional, algo que facilitan los acuerdos comerciales internacionales. En 2016 la renta agraria por UTA alcanzó su cifra récord: 30.781 euros. Y es cierto que en la VIII y en la IX legislaturas cayó la renta agraria, pero ha tenido usted que coger datos de referencias de renta muy anteriores a los del Gobierno del Partido Popular para decir que la renta agraria ha caído, porque con el Gobierno del Partido Popular se ha recuperado en los últimos cinco años. En enero de 2017 las exportaciones han aumentado casi un 16 % con respecto a las de enero de 2016, y la producción final agraria de 2016 alcanzó un valor récord, 46.807 millones de euros. Todos son indicadores que tienen una tendencia ascendente, aunque algunos de ellos pueden oscilar.

Para la incorporación de jóvenes el Gobierno impulsará la estrategia nacional de modernización y diversificación rural, pero estará centrada en el apoyo al desarrollo de capacidades empresariales y de emprendimiento, de la mano del sector, trabajando con ellos como lo hemos hecho todo y en colaboración con las comunidades autónomas, que son competentes no solamente en materia de agricultura, sino también en materia de desarrollo rural. Somos conscientes de los retos y las necesidades que afronta nuestro sector. Hemos invertido en infraestructuras y avanzamos en la digitalización del medio rural. Llevamos cinco años trabajando para dar herramientas al sector para que crezca, para fomentar la iniciativa individual empresarial de los productores, que son determinantes en el desarrollo rural, y no merecen la nacionalización y el intervencionismo en su actividad que ustedes proponen. Les invito a visitar más al sector y conocer su auténtica realidad, lo que es, porque a nivel mundial nuestro sector alimentario -la gente que vive del desarrollo rural- está llamado a ser una gran potencia. Para lograrlo contará siempre con la confianza, el apoyo, el respaldo y el impulso de las medidas que necesita por parte de este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BEITIALARRANGOITIA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS PRESOS VASCOS SOMETIDOS A LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA GRAVEMENTE ENFERMOS. (Número de expediente 172/000038).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia Lizarralde, relativa a la postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta. Egun on. Buenos días a todos y a todas.

Interpelamos hoy al Gobierno sobre la situación de los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. Hablamos de presos cuya situación pide soluciones urgentes, y que con la aplicación de la legislación vigente española e internacional y con una actitud humanitaria tiene fácil solución, no ya para sus enfermedades, ya que en todos los casos se trata de enfermedades incurables, pero sí cuando menos para tener posibilidades reales de un tratamiento digno para las mismas y de condiciones de vida favorables para el tratamiento que requieren, algo incompatible con la cárcel, que no hace más que agravar su situación. La cárcel por definición es una estructura cerrada y limitada que afecta directamente a quien sufre una enfermedad, sea de cualquier tipo. Además la normativa interna de las cárceles está dirigida al control de las personas presas y a la seguridad de la misma prisión, lo que afecta a los reclusos, especialmente a quienes padecen alguna enfermedad psíquica, porque las características de este tipo de enfermedad requieren otro tipo de tratamiento. Dicho de otra manera,


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además de la incompatibilidad de la enfermedad con el régimen cerrado, este puede originar actuaciones autodestructivas, incluido el suicidio. A esto debemos añadir la política penitenciaria extraordinaria que se aplica a este colectivo, política especial que el Gobierno reconoce y se jacta de imponer, que hace excepciones en los derechos que les asisten y hace más severas las ordinarias condiciones de vida en prisión. Las consecuencias de esto en los presos enfermos motivo de nuestra interpelación son aún más evidentes, debido a las medidas de aislamiento que se les aplican, los momentos de tensión que viven y los traslados de prisión o celda frecuentes debido al control total que se ejerce sobre estas personas. Todo ello genera problemas añadidos, además de dificultades para el seguimiento adecuado de la evolución de la enfermedad por la pobre asistencia diético-higiénica, los larguísimos trámites para consultas, las inaceptables condiciones en los traslados, y la negativa sistemática a recibir visitas de profesionales médicos de confianza, con lo que no se cumple el principio de equivalencia y equilibrio entre la enfermedad y el análisis objetivo que esta requiere, consecuencia de lo cual no se tiene un diagnóstico correcto. Conforman todos ellos una serie de factores que afectan directamente a los casos de las personas enfermas que mencionaré a continuación, y que con la ley en la mano y por humanidad deberían estar en libertad para poder hacer frente a su enfermedad en unas condiciones adecuadas y dignas.

La legislación estatal e internacional ofrece mecanismos claros y perfectamente aplicables si hay voluntad para ello. Partimos de la base de que el derecho a la salud y a una asistencia sanitaria digna es un derecho fundamental de todo ser humano. Cuando nos referimos al derecho a la salud lo hacemos en los términos que defiende la Organización Mundial de la Salud, que no se limita al derecho que tenemos a estar sanos, sino que el derecho a la salud significa que los Estados y sus Gobiernos deben crear las condiciones necesarias que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Así pues, pese a que las personas presas tienen limitados algunos derechos por decisión judicial, entre estos no se encuentran sus derechos sanitarios, y por tanto tienen que tener los mismos derechos que los demás pacientes respecto al desarrollo y agravamiento de sus enfermedades. Así lo reconoce la propia Constitución española -ustedes que son tan defensores de la legislación vigente-, que recuerda que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la declaración universal y los tratados internacionales ratificados por el Estado, además de establecer que cualquier persona condenada gozará de todos sus derechos, excepto los limitados por el contenido del fallo condenatorio. Incluso el Código Penal recoge la libertad condicional para aquellos presos que, según informe médico, sean enfermos muy graves con padecimientos incurables.

Si recurrimos a la Ley Orgánica General Penitenciaria o al reglamento penitenciario estos establecen, incluso para los presos que estuvieran clasificados en primer grado, la posibilidad de ser clasificados en tercero por razones humanitarias y de dignidad personal, así como la concesión de la libertad condicional cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables. En ningún momento la legislación vigente dice que eso deba suponer que el preso esté a punto de morir, como parece interpretar el Gobierno a raíz de la circular interna que según la prensa ha remitido la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a las prisiones. No hemos podido confirmar hasta ahora si esta noticia es cierta, pese a haber formulado pregunta escrita al respecto al Gobierno; espero que nos lo pueda aclarar el ministro a lo largo de esta interpelación. En cualquier caso, y de ser cierta, el Gobierno mostraría su actuación cruel para con estos presos, además de contraria a la legislación, y es que no solo vulnera su propia legislación, también atenta contra las reglas Mandela aprobadas por la Asamblea General de la ONU en 2015. Las mismas no solo remarcan la necesidad de poner en libertad a los presos con enfermedades psicológicas, sino que también definen un exhaustivo estándar de atención médica en prisión radicalmente diferente al que se aplica a los presos vascos a los que nos referimos. Por tanto la actuación del Gobierno se aleja de la legislación, de lo que es un trato humanitario, y niega la libertad condicional o la prisión atenuada a los presos vascos por motivos únicamente políticos, primando estos sobre los estrictamente médicos.

Dicho esto me van a permitir que les relate la gravedad de las enfermedades que estos presos padecen, y que pongamos nombre y diagnóstico a algunos de los casos más graves, sin menoscabo de que todos ellos deberían estar en libertad. Dos de ellos están en Francia, Oier Gómez e Ibon Fernandez Iradi, y la mayoría en cárceles españolas. Jagoba Codo tiene una espondilitis anquilosante B27 negativa, además de un cuadro de pluripatología. Ello le dificulta realizar actividades cotidianas, como vestirse, levantarse de la cama o mirar de un lado a otro. Necesita asistencia médica y tratamiento farmacológico adecuados, además de fisioterapia y alimentación adecuada. Reciente y precisamente le han concedido el segundo grado por tener una enfermedad grave. Manu Azkarate está afectado desde la infancia de


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cavernoma de la vena porta, con grave riesgo de hemorragias digestivas y de complicaciones severas circulatorias. Requiere un cuidado, seguimiento y tratamiento muy estrictos. Ya en el año 1992 estuvo en puertas de morir con graves hemorragias y la estancia en prisión supone un riesgo añadido. José Ramón López de Abetxuko padece de bradicardia sistémica, fibrilación auricular, adenoma de próstata, artrosis cervical, coxartrosis bilateral y coxalgia. Debe someterse a controles de sus funciones cardíacas, evitar situaciones de estrés y llevar un modo de vida saludable, lo que resulta muy difícil en prisión. Los sobreesfuerzos le son perjudiciales, pese a lo cual ha sido obligado a realizar numerosos traslados de celda o módulo teniendo que trasladar sus pertenencias. Josetxo Arizkuren tiene dolores repetidos de epigastrio, disnea y opresión precordial. Llegar al diagnóstico de lo que padece fue complicado, ya que los numerosos cambios de cárcel a los que ha sido sometido lo han dificultado. Aunque los dolores comenzaron en el año 2008 no fue hasta el año 2011 cuando le diagnosticaron cardiopatía isquémica grave. Las patologías de cardiopatía requieren un control y seguimiento muy estricto y unas condiciones de vida adecuadas para evitar el deterioro de la enfermedad. A Arigoitz Arruarte le diagnosticaron uveítis aguda bilateral, que le afecta a los ojos, y espondilitis anquilosante, por lo que la estancia en prisión es totalmente perjudicial para su salud, y eso mismo puede traer consigo una degeneración que irá acrecentándose más rápido. Iñaki Etxeberria tiene un diagnóstico de miopía magna de larga duración, glaucoma bilateral y afaquia; lo que inicialmente era una gran miopía trajo consigo otras consecuencias. No recibe asistencia sanitaria adecuada en prisión, y los últimos traslados han frenado el tratamiento adecuado a su enfermedad. A Gorka Fraile le diagnosticaron carcinoma epidermoide en el dorso de la lengua; como en todos los casos de cáncer también este necesita de un seguimiento estrecho. Joseba Borde padece adenocarcinoma bien diferenciado de 5 cm, una neoformación tumoral en la zona discal del colon. Otro caso de cáncer. Chus Martín tiene esquizofrenia paranoide y desorden general de ansiedad; después de haber sido sometido a largos periodos de aislamiento, un total de ocho años, y situaciones duras intentó cortarse las venas, por lo que tiene aplicado el protocolo de ayuda con riesgo de suicidio, lo que supone estar acompañado las veinticuatro horas por otro preso. Ha sufrido graves crisis paranoides, oye voces y frecuentemente tiene conversaciones sin sentido, le cuesta concentrarse. Hace dos años se le paralizó todo el lado izquierdo, incluso el habla, con lo que a la imposibilidad de cuidar de sí mismo se añadió la imposibilidad de que alguien pudiera saber lo que le ocurría. Ha solicitado poder cumplir la pena en prisión atenuada en su domicilio, dado que se encuentra en segundo grado, pero no le ha sido concedida. Aun así es la cárcel la que ha decidido ponerle en segundo grado, trasladarle a Zaballa muy probablemente por la gravedad de la enfermedad que padece, y nos preguntamos por qué no se ha dado el último paso y se le ha permitido la prisión atenuada como permite la ley. También en el caso de Aitor Gogorza se viene solicitando la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que contempla ante una situación de esta gravedad cumplir la condena fuera de prisión, de modo atenuado, en su domicilio. Aitor Gogorza ha sido llevado de la cárcel al hospital en veintiocho ocasiones, debido al trastorno obsesivo-compulsivo que padece. En los últimos seis meses acumula seis hospitalizaciones. El problema principal es el riesgo de suicidio y las ideas de muerte recurrentes que le invaden el funcionamiento mental debido a la enfermedad. En los últimos años ha intentado suicidarse en tres ocasiones, y se ha salvado gracias a la rápida actuación de su compañero de celda, que está con él las veinticuatro horas. Le diagnosticaron el desequilibrio obsesivo-compulsivo hace años; durante los primeros tuvo oscilaciones, pero se pudo controlar. Pero las cosas comenzaron a empeorar con su extradición y su encarcelación en cárceles españolas. Fue un empeoramiento brusco y grave. Ha perdido el contacto con la realidad, tiene ideas obsesivas y funcionamiento autodestructivo. En su caso el tratamiento fuera de la cárcel sería complicado, difícilmente curable, en prisión imposible e incurable y con gran riesgo de empeoramiento mucho mayor. Finalmente voy a mencionar el caso de Ibon Iparragirre, que tiene infección VIH en estado C-3, con graves lesiones neurológicas provocadas por el sida; episodios de epilepsia, alteraciones de la vista, pérdida de memoria y de la noción del espacio. Su estancia en prisión ha supuesto alteraciones y desórdenes, tanto en su comportamiento como en su pensamiento. Podríamos resumir diciendo que tiene sida, una enfermedad psíquica y que además no ve, y ello hace que además sea víctima de agresiones y de robos. El hecho cierto es que tiene un riesgo de muerte real y la cárcel no es compatible con esta enfermedad. En Italia, por ejemplo, un enfermo con sida sería puesto en libertad solo por tener esta enfermedad sin ningún otro condicionante.

Todos los presos que he mencionado -lo he hecho rápido, porque son muchos y quería darles algunos detalles de los casos-, por el hecho de sufrir graves enfermedades, son acreedores inmediatos del derecho a la libertad. Son presos con padecimientos incurables que por ello deberían acceder


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urgentemente a la libertad condicional, por su deteriorado estado de salud al margen de cualquier otra consideración. Son presos con dolencias que la prisión no es capaz de atenuar, más bien al contrario, no hace más que empeorarlas, y por ello interpelamos al Gobierno sobre la materia. Imagínense ustedes el Estado que intuyan que es el más garantista de Europa en materia de derechos de personas presas. Vayan ustedes a un Estado escandinavo, vayan tal vez a un centro europeo, ¿creen acaso que encontrarían alguna situación ni remotamente similar a las que he descrito? Pues no. Por eso interpelamos directamente al Gobierno, y con esta pregunta termino y atenderé gustosamente la respuesta que el ministro me vaya a dar: ¿tiene intención el Gobierno de, atendiendo a la legislación española e internacional, priorizando criterios médicos y humanitarios, hacer los trámites necesarios para que estas personas gravemente enfermas puedan acceder a la libertad condicional o a la prisión atenuada?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señora presidenta, muchas gracias.

Señorías, la postura del Gobierno en este caso, como en todos aquellos que afectan a la ejecución penal, no puede ser otra que el cumplimiento estricto de la legalidad y el escrupuloso respeto a las resoluciones judiciales, y más concretamente a las de los juzgados de vigilancia penitenciaria, que en el tema que hoy usted ha traído aquí, señoría, tienen mucho que ver.

Quiero hacer en primer lugar un par de consideraciones. La primera es que los presos vascos a los que usted se ha referido, como españoles que son, no están sometidos a una legislación penal y penitenciaria específica, están sometidos a la misma que el resto de los presos de España. La Constitución española como usted conoce no admite discriminación de ningún tipo, mucho menos por razón de nacimiento y/o residencia. En segundo lugar, si su señoría se refiere a condenados por terrorismo, que es lo que creo que ha hecho usted, le diré que la legislación penal y penitenciaria es la misma para cualquier persona que se halle encarcelada por un delito de terrorismo, independientemente de dónde haya nacido o la organización criminal a la que pertenezca, ya sea ETA, Grapo, yihadismo, etcétera. Por tanto la legislación penitenciaria y la penal contemplan fórmulas para que los internos penados que sufren enfermedades graves con padecimientos incurables puedan acceder a la libertad condicional mediante la suspensión de la condena por circunstancias; esas circunstancias precisamente de padecimientos incurables. Obviamente cuando se cumplen todos los requisitos así se acuerda. El artículo 104.4 del reglamento penitenciario posibilita que los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, puedan ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y también de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir. Por su parte, y continuando con la descripción en la legislación española vigente, el Código Penal contempla la posibilidad de la suspensión de la ejecución del resto de la pena, incluso la libertad condicional, en los supuestos de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, siempre y cuando reúnan los requisitos previstos en el artículo 90 del Código Penal, excepto el de haber cumplido las tres cuartas partes, las dos terceras o incluso la mitad de su condena. Especialmente son muy relevantes, señoría, las reformas introducidas en el actual Código Penal, que en su artículo 90.7 establece la posibilidad de que el propio interesado solicite directamente al juez de vigilancia penitenciaria la suspensión de la pena por libertad condicional, petición que el juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio.

Dicho esto lo sorprendente es que a usted solo le preocupen determinados presos, que es lo que aquí ha venido usted a argumentar. Ha preguntado su señoría por los presos vascos sometidos a la legislación antiterrorista que están enfermos. Evidentemente pregunta, como viene siendo habitual, por los presos de la organización terrorista ETA o que están relacionados con ellos, porque ya sabemos que ustedes ponen sus energías y sus intereses en los terroristas mucho más que en sus víctimas, en los asesinos y no en las víctimas. Es decir, insisto, ponen la defensa de los intereses de los asesinos y nunca en las víctimas del terrorismo. Voy a ser muy claro, nuestra democracia no clasifica a los presos por su lugar de origen; no distingue entre presos vascos, murcianos o de otro origen territorial. En España no hay presos por lugar de nacimiento; en España lo que se persigue es el delito, y eso lo saben todas sus señorías, y es que su señoría se refiere a los presos de ETA, presos condenados por pertenecer o colaborar con la banda terrorista ETA; personas que por cierto tienen origen diverso: los hay vascos, navarros y de otros orígenes españoles, incluso de otras nacionalidades; y a la inversa, hay muchos presos vinculados con Euskadi que no tienen nada que ver con el terrorismo, y también hay muchas víctimas del terrorismo que


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son vascos y que desde luego no se merecen que a sus asesinos se les identifique simplemente como presos vascos.

Pregunta usted, señoría, con gran interés sobre la posición del Gobierno con respecto a los presos de ETA, y le aseguro que este Gobierno, como no podría ser de otra manera, cumplirá estrictamente con el ordenamiento jurídico aplicando las normas previstas en la legislación penitenciaria vigente, y sin hacer concesiones para quienes rechazan las medidas contempladas en ella. Cumplir y hacer cumplir la ley es nuestro compromiso y es también nuestro deber; nuestro deber con las reglas que nos hemos dado, y que implica cumplir la ley con todos los ciudadanos por igual, sean cuales sean los delitos que han cometido, y a pesar de que la democracia les conceda los mismos derechos precisamente a aquellos que con más fuerza la han atacado y nos han atacado a los demócratas; nuestro deber y nuestro compromiso con la obligación de cumplir la ley por supuesto, pero también las prescripciones que la ley establece para los presos condenados por delitos de terrorismo, con los que por principio este Gobierno va a ser tremendamente vigilante y riguroso. Les recuerdo a sus señorías que todos estamos obligados a respetar las leyes, y vamos a ser absolutamente exigentes en el cumplimiento de las mismas. No habrá transacciones ni concesiones con aquellos que tanto sufrimiento, tanto dolor y tantos años de miedo han provocado en nuestra sociedad, y mucho menos ahora que la fortaleza de los demócratas ha sido capaz de situar a los terroristas a las puertas de su desaparición.

Señorías, tengo que insistir en que la Administración penitenciaria en España es un sólido cuerpo de funcionarios y funcionarias servidores del Estado que todos los días trabajan en un ámbito que es complejo, complicado y me atrevería a decir que duro y también peligroso; un cuerpo de mujeres y hombres que día a día demuestran su profesionalidad y su compromiso con el servicio público, en un entorno que comprenderán que es difícil, como es el ámbito penitenciario. Son precisamente estos funcionarios los que mejor conocen la evolución, la situación y las necesidades de la población reclusa, y desde luego son grandes profesionales sobre los que recae la gran responsabilidad de cumplir con la legislación penitenciaria. Por otro lado la salud de los presos -de todos ellos- es una de las grandes preocupaciones de los funcionarios, de las funcionarias y de los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y a ello se dedican con gran preocupación, responsabilidad y también profesionalidad. Los reclusos terroristas, como los que no lo son, tienen asegurada la protección de su derecho a la salud a través de los medios propios de la sanidad penitenciaria, y también de la asistencia hospitalaria de los centros de la red pública en todas y cada una de las comunidades autónomas. Cuando se aprecian los requisitos para el acceso a la fórmula penitenciaria, justificada por la gravedad de sus dolencias, se adoptan las resoluciones oportunas, bien por la Administración penitenciaria bien por la autoridad judicial, como anteriormente he dejado dicho. En definitiva en el caso de los presos terroristas -como en todos- el Gobierno lo que hace es cumplir la ley y las sentencias de los tribunales.

Señoría, tenga la tranquilidad de que no existe ningún condenado por terrorismo en estos momentos que no pueda ser atendido por los servicios médicos, ya sea de los centros penitenciarios o del sistema público de salud. Por lo tanto la atención sanitaria esté usted tranquila de que está plenamente garantizada para todos los presos, también para aquellos con vínculos en el País Vasco, aunque usted no pregunte por ellos. También para los presos terroristas, que es a los que usted ha hecho referencia y parece que son los que le interesan. Le repito, señoría, que puede usted estar tranquila, que aquellos terroristas que en estos momentos padecen algún tipo de enfermedad están recibiendo la asistencia necesaria que precisan a través de la red sanitaria pública, insisto, y todos ellos están sometidos a los pertinentes controles médicos, que valoran si su evolución deriva en situaciones que exijan iniciar el procedimiento de excarcelación anticipada, que está también previsto en la legislación vigente. En ninguno de los casos se ha detectado que el grado de enfermedad que padecen estos internos revista la suficiente entidad como para poder poner en marcha el mecanismo de la anticipación de su libertad, y mucho menos que esa enfermedad esté en un estadio en que el peligro de la misma sea patente para la vida del interno.

Para concluir me gustaría, en primer lugar, manifestar el firme compromiso del Gobierno no solo con la ley, como ha quedado patente en esta interpelación, sino también con la justicia, la justicia necesaria con las familias que han perdido a sus seres queridos en los actos de mayor injusticia posible. En segundo lugar, nuestro compromiso irrenunciable con la memoria, una memoria justa que ponga a cada uno en su sitio. Ese es nuestro deber como responsables públicos, y desde aquí le digo que ese será nuestro norte en la lucha contraterrorista.

Señoría, tengo aquí la relación de todas las enfermedades que padecen los presos de la banda terrorista ETA en prisiones españolas; no voy a dar los nombres por proteger los datos de las personas.


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Usted ha nombrado unas determinadas enfermedades, yo no las voy a nombrar, las tengo todas, pero por citar algún caso, cuando ha hablado de un carcinoma de lengua que afecta a un preso, he de decir que este fue intervenido sin signos de recidiva locorregional, tiene aumento de peso, realiza deporte y tiene una próxima revisión en junio de 2017. Ha hablado de un preso que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica. La última revisión, según consta en el expediente, se hizo el 2 de marzo de este año: eco de esfuerzo con resultado negativo; alta por el servicio de cardiología del hospital. Le cito un tercer caso: intervención quirúrgica en mayo de 2016 por adenocarcinoma de colon de bajo grado, no siendo necesaria radioterapia ni quimioterapia; revisiones periódicas.

Señoría, lamento que haya personas enfermas en las prisiones españolas como lamento que haya personas enfermas en España, pero utilizar estos argumentos para venir aquí y no hablar ni de las víctimas ni del dolor de tantas familias me parece que es utilizar una doble vara de medir. Desde el Gobierno de España sabemos quiénes son los asesinos y quiénes son las víctimas y de ahí no nos va a apartar nadie. Por otro lado, que quede claro que los derechos humanos se salvaguardan, pero en este caso no hay ninguno que padezca una enfermedad en grado tal que aconseje su salida de prisión por esta razón.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarralgoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Habla el señor ministro del cumplimiento escrupuloso de la ley y me dice que a todos los presos se les aplica la misma ley. Si lo que me está queriendo decir es que sea cual sea la causa que ha llevado a una persona a prisión a todas ellas se les está aplicando aislamiento, traslados continuos, alejamiento, impedimento de entrada de profesionales de confianza, pobre asistencia dietética e higiénica y largos trámites para consultas que dificultan que tengan un diagnóstico certero y, por tanto, el tratamiento y seguimiento de la enfermedad, le diré que le pido lo mismo para absolutamente todos los presos. Si he mencionado a los presos en concreto a los que se les aplica una política excepcional es porque creo que así es, porque creo que esta política se aplica excepcionalmente a los presos vascos. Pero en ningún caso este grupo apoyará que se aplique este tipo de políticas a ninguna persona que esté en la cárcel, sea cual sea la causa que les haya podido llevar a prisión, ni aunque fuera alguien que vaya por corrupción y sea del Partido Popular, a nadie. Creo que todas las personas necesitan un trato humanitario, un trato ajustado a la ley, y que si están enfermas puedan ser tratadas debidamente. Claro que no se clasifican por su lugar de origen, pero sí por las causas que les han llevado a la cárcel. Esa es la diferencia y ese es el término que no ha querido utilizar usted.

También habla de un compromiso con la memoria. Mire, cuando se ha hablado en este hemiciclo de víctimas he hablado de víctimas y no he necesitado traer otro tema. Creo que las víctimas necesitan reconocimiento y reparación pero no a costa de ser inhumanos con otras personas. El que ha mezclado los temas es usted. Cada vez que se trae un tema a este hemiciclo intento ceñirme a la cuestión y en esta ocasión estaba hablando de presos. Cuando quiera usted hablamos de víctimas, no tengo ningún inconveniente. Para que transitemos hacia un futuro de convivencia con bases sólidas también tendremos que hablar de las víctimas. Pero ya que usted dice tener un compromiso con la memoria, espero que en un futuro la memoria no tenga que dejarle en mal lugar a usted ni al Gobierno si alguno de esos presos -que no ocurra- sufre un desenlace fatal, porque existe riesgo real en algunos casos, sobre todo en aquellos que tienen enfermedades psicológicas, de que ocurra un desenlace fatal, diga usted lo que diga. He mencionado algunos datos antes. He mencionado los tres intentos de suicidio de una persona que si no han llegado a tener un desenlace fatal ha sido porque estaba acompañado las veinticuatro horas por un compañero, que es el que le ha salvado la vida; no ha sido el sistema penitenciario como tal, sino su compañero.

Por tanto, creo que este tema merece una respuesta sobre todo en dos dimensiones. Las he mencionado antes y las voy a repetir: la legal y la humanitaria. Y puedo añadir una tercera: la demanda social clara en Euskal Herria para que esta cuestión se solucione. No se equivoque, no es cuestión de concesiones. El funcionamiento del Estado de derecho no se propaga, se demuestra día a día y no con palabras, con hechos. Esa sería una buena forma de demostrar que el Estado de derecho funciona porque, a día de hoy, con estos presos, la legislación no se está aplicando. Sabe usted tan bien como yo que la aplicación normalizada de la ley podría conllevar, cuando menos, la prisión atenuada y en algunos casos también la libertad provisional. Por cierto, que otras personas que también han sido condenadas


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por las mismas cuestiones que usted ha mencionado aquí han accedido a la libertad condicional durante años con la prisión atenuada, pero este camino se ha cortocircuitado y eso es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular. Hay, insisto, legalidad excepcional para impedir las excarcelaciones pero también hay legalidad favorable a la flexibilización. A ello le apelo, a que tenga humanidad y a que, con la ley en la mano, sea flexible. Lo hacemos nosotros y lo hace la mayoría de la sociedad vasca, también se ha hecho en sede parlamentaria, para que se aplique la libertad condicional a estos presos.

Usted ha hablado de las modificaciones de las leyes. Después de la modificación del Código Penal de 1996, veintiún presos vascos fueron liberados por enfermedades graves, en aplicación de los artículos 90 y 92. La modificación excepcional que se hizo en 2003 trajo la imposición de nuevos requisitos, lo que derivó en el cese de excarcelaciones, y desde entonces apenas han salido dos. Pero también hay presos que han podido cumplir y que hoy en día están cumpliendo sus condenas en casa, aun siendo con estrictas medidas de seguridad; superan la media docena y no tienen patologías más graves de las que padecen los que hoy en día están en la cárcel, en algunos casos son muy similares. Eso también se lo quiero dejar claro.

El derecho a la salud es universal, lo he dicho antes, es un derecho que tenemos todos por ley y usted está negando ese derecho a estas personas; se lo está negando. Con decirme cuándo han tenido la última hospitalización o el último tratamiento no me está diciendo nada, con la dificultad que ha habido para llegar a eso y con el perjuicio que causa y lo incompatible que es. Y si no se fía de los diagnósticos que se han hecho, estamos dispuestos a someterlos a nuevos diagnósticos, a que entre todos lleguemos a un diagnóstico real, a que sus médicos de confianza y otros médicos de forma oficial puedan hacer un diagnóstico certero. Porque hay médicos, más de uno y de dos, que han llegado a la misma conclusión, incluso hay veces que el juez ha pedido otro informe porque no se fiaba del médico de confianza y ha llegado a la misma conclusión, la de que esas enfermedades son incompatibles con la estancia en la cárcel. Si el fin primordial de las penas privativas de libertad es procurar la reinserción social, difícilmente la resocialización del penado puede llegar a algún lado si uno se está ensañando con su enfermedad y no está aplicándole la ley debidamente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, presidenta.

Para que le quede bien claro, señoría, la excarcelación no la decide el ministro del Interior ni el Gobierno de España; la excarcelación la decide la autoridad judicial, y usted lo sabe. Hablaba del derecho a la sanidad universal. Le he explicado que está la sanidad que se aplica desde las instituciones penitenciarias, desde los centros, y cuando es necesario se utiliza la red de la sanidad pública que tenemos en toda España, en todas y cada una de las comunidades. Por tanto, los presos vascos también tienen derecho, como todos, a una sanidad universal que tienen garantizada.

Hablaba usted de causas legales, humanitarias y de demanda social. La justificación legal se la he dicho: todos tenemos que cumplir la ley. La razón humanitaria es la que se reconoce precisamente cuando la enfermedad reviste determinadas características y es entonces cuando se aplica la legalidad vigente, como siempre.

En cuanto a la demanda social, de momento aquí la que ha quedado reflejada es la suya y la de los que piensan como usted, pero no es toda la demanda social del pueblo español que se dé un determinado trato a una serie de personas que están en prisión no por ser independentistas ni nacionalistas, sino por formar parte de la banda terrorista ETA que tanto dolor y tanto sangre ha derramado en España. (Aplausos).

Nuevamente ha sacado usted el caso de una persona que está enferma. Están aquí todos (Muestra un documento) y están con sus distintos diagnósticos. No soy un profesional de la sanidad pero es verdad que los trastornos obsesivos, que a algunos les puede llevar a un intento de suicidio, se dan en presos de ETA y en presos que no son de ETA y para eso hay un tratamiento desde el punto de vista médico. No soy yo quien tiene que imponer el tratamiento adecuado a ese diagnóstico, pero reciben el mismo tratamiento que los demás internos y tienen un acompañamiento de veinticuatro horas. Hay dos presos de ETA que tienen ese diagnóstico y en el caso de los dos figura que su estado en la actualidad es estable y que están acompañados por las personas que se han establecido, de igual modo que está acompañado cualquier otro preso que se encuentra interno en los centros. Insisto, no consta que ningún interno de la banda terrorista ETA reúna los requisitos para ser excarcelado por enfermedad y a ninguno


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se le puede aplicar la excarcelación. En los términos expuestos con antelación y según la legislación penal y penitenciaria, de los terroristas que pertenecen a la organización ETA no hay ninguno en los centros penitenciarios cuyo padecimiento o estado de salud pudiera ser determinante para iniciar el procedimiento que conlleva la excarcelación anticipada. Esos terroristas que en estos momentos padecen algún tipo de enfermedad reciben, insisto, la asistencia sanitaria a través de la red asistencial de cada comunidad autónoma y también la asistencia en cada centro. En ningún caso se ha detectado que el grado de enfermedad del interno revista la entidad suficiente para poder poner en marcha el mecanismo de la anticipación de su libertad ni mucho menos que esta enfermedad esté en un estadio en el que el la vida del interno esté en peligro.

Ha hecho una alusión de por qué se había dictado recientemente la instrucción 3/2017. Pues para poder regular y aclarar las excarcelaciones por enfermedad. La circular a la que se refiere pretende dar una respuesta organizativa acorde con la legalidad establecida en la última reforma del Código Penal de 2015, en la que se modificó la naturaleza jurídica de la libertad condicional transmutándola en una suspensión de la condena e introduciendo algunas innovaciones tanto de forma como de fondo. Las circulares, señoría, tienen como finalidad la aplicación homogénea de la gestión en los procedimientos administrativos y, en el caso que nos ocupa, tenga la completa seguridad de que es respetuosa con el principio de jerarquía normativa y, como no puede ser de otra manera, no violenta la legalidad recogida en la Ley Orgánica Penitenciaria ni en el Código Penal. No le hace falta que le aclare, señoría, que las circulares internas no vinculan ni a los jueces ni a los tribunales, que en esta materia son los encargados -como le dije al comienzo de esta segunda intervención- de decidir sobre este tipo de excarcelaciones, sin que -como ya le he dicho- la Administración penitenciaria esté legitimada para impugnar ninguna de estas resoluciones. La circular, respetuosa con el principio de la jerarquía normativa, pretende adaptar el procedimiento penitenciario a la nueva regulación introducida en el artículo 91 del Código Penal, dando unas indicaciones claras a todos los servicios sanitarios de los centros penitenciarios sobre la forma de proceder en estas situaciones. Espero que le haya aclarado las dudas que pesaban sobre usted sobre la finalidad y el contenido que se perseguía con esta circular.

Termino, señor a presidenta. Firme compromiso con la justicia, firme compromiso con la memoria y firme compromiso con las víctimas que han padecido el terrorismo de ETA.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000039).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Economía, Industria y Competitividad, sobre la ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno. Para su defensa, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, para los socialistas es imprescindible crecer para poder redistribuir. Es fundamental un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo, capaz de generar empleo de calidad, capaz de generar ingresos que puedan sostener nuestro Estado del bienestar. Y la industria puede y debe jugar un papel muy importante en este sentido, porque la industria es el origen del 80 % de la innovación privada y de tres cuartas partes de las exportaciones; actúa como locomotora de múltiples subsectores de servicios; se caracteriza por una mayor cualificación de la fuerza de trabajo; tiene un nivel de productividad sectorial superior al del resto de los sectores y, por tanto, si la potenciamos, conseguiremos una mayor productividad media del trabajo en el conjunto de la economía. Además, la industria es un sector con un fuerte efecto multiplicador que genera de media, de forma indirecta e inducida, 1,61 euros de producto interior bruto por cada euro de producto interior bruto industrial y 1,43 empleos por cada empleo directo en la industria.

En los últimos años, el crecimiento económico se debe más a las sinergias exteriores que nos han beneficiado que a las políticas de su Gobierno: la bajada de los precios del crudo al ser un país energéticamente dependiente del petróleo o las políticas expansivas del Banco Central Europeo o la inseguridad en algunos países tradicionalmente turísticos que nos han convertido en el primer receptor de turistas. Pero, a pesar de que nuestro país crece, el empleo no crece al mismo ritmo y tampoco los


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ingresos derivados del mismo. El factor trabajo no está al alcance de todos y además no garantiza el bienestar a quien trabaja. En esto último ha tenido mucho que ver la reforma laboral de su Gobierno, solo un 6 % de los contratos que se formalizan son a tiempo completo. Y me duele, de verdad que me duele, que la precariedad laboral sea parte de la marca España hoy. Cada vez hay menos horas efectivas semanales de trabajo de media y la evolución del mercado laboral es una de las primeras señales de la transformación y revolución en la que estamos inmersos. De hecho, hoy existe cierto consenso en afirmar que nos encontramos ante la cuarta revolución industrial, en la que el motor de la revolución son las tecnologías digitales con base en Internet.

Ante esta nueva realidad, su Gobierno ha planteado una reestructuración ministerial muy poco coherente incluyendo Industria en Economía y Agenda Digital en Energía. Digo que es poco coherente porque lo demuestran los resultados. Después de cinco meses de la conformación de su Gobierno y tras el análisis de los presupuestos que presentaron ayer, no vemos que tengan una estrategia integral, coordinada, transversal entre los distintos ministerios para afrontar esa gran revolución que ya estamos experimentado y los nuevos desafíos laborales con la robotización, desafíos sociales, medioambientales, de seguridad, económicos y tecnológicos que nos acechan. Nadie conoce el alcance del Ministerio de Agenda Digital y, de momento, cada ministerio va a la suya.

El rápido avance de la globalización económica favorecido por el desarrollo exponencial y vertiginoso de las nuevas tecnologías, que ha multiplicado las redes internacionales del comercio intensificando la competencia en todos los mercados, fuerza a una actualización e innovación en los diferentes sectores industriales de todos los sistemas de productos, procesos, organización y distribución empresariales para no perder competitividad; un proceso de transformación tecnológica inteligente de las empresas que comporta mucha inversión en I+D, en creatividad, en innovación y en formación permanente. El tiempo que se tarde en afrontar este proceso será decisivo para asegurar la supervivencia del tejido productivo del país en un mundo empresarial competitivo y en un entorno cada vez más globalizado. Según el estudio de marzo de la OCDE España está a la cola de la inversión en I+D, señal de que ustedes llevan muchos años perdiendo el tiempo en este campo. Hoy se afirma que la industria, durante los próximos cinco años, evolucionará igual que los cincuenta años anteriores y se necesitan actuaciones rápidas, sólidas, para dar la mejor respuesta ante los cambios que se avecinan. Sin embargo, su Gobierno no cuenta con una estrategia integral industrial, clave para afrontar esta nueva revolución que ya notamos.

En su comparecencia le pregunté por su objetivo para cumplir con la Estrategia común europea 2020 de reindustrialización. Recuerdo que le restó importancia a mi pregunta destacando la frontera difusa entre industria y servicios. Sin embargo, la industria tiene una gran importancia, aunque su Gobierno no lo manifieste así, como le he indicado al principio de mi intervención. Hoy hablamos de tecnología, de ciencia, de investigación, de innovación, de energía, de digitalización, de sostenibilidad medioambiental, pero todas ellas no son más que las partes que fundamentan, dan valor y dan garantía a la industria de hoy y del futuro. Hoy hay sectores industriales cada vez más intensivos en conocimientos -el sector de los videojuegos, el farmacéutico, el cosmético, el aeroespacial-, sectores tradicionales que también han evolucionado como el textil técnico, un sector que le puedo decir que conozco bien. En concreto, para su evolución ha jugado un papel fundamental la investigación de los institutos tecnológicos como el que hay en Alcoy y que, junto con otros institutos, fueron iniciativa pionera de Gobiernos socialistas y que fueron olvidados por el Partido Popular. Se demuestra que la investigación y la innovación son el futuro de la industria.

El sector del automóvil avanza rápidamente hacia el coche autónomo. Ya ha evolucionado reduciendo la emisión de CO2 gracias a la legislación, pero todavía debe evolucionar más hacia modelos menos contaminantes, y la Administración puede influir, y mucho, en este sentido. El tejido industrial tiene todavía margen de mejora en términos de eficiencia, de sostenibilidad medioambiental y de competitividad, pero no hay margen en los salarios para ganar competitividad. Hemos de conseguir que no se compita en precios reduciendo salarios y a costa de los derechos laborales. Se puede y se debe ganar competitividad, y mucha, apostando por los intangibles, por la propiedad industrial e intelectual, fomentando la innovación, mejorando las habilidades y capacidades del capital humano, aprovechando la incorporación de los nuevos avances tecnológicos, reduciendo los costes logísticos, los energéticos, siendo más eficientes en el uso de los insumos e incorporando nuevas técnicas de aprovechamiento de los residuos. En todos estos campos, los distintos ministerios, las comunidades autónomas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deben jugar un papel importante incidiendo en el devenir y la transformación del tejido industrial y empresarial.


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Su Gobierno ha orientado durante los últimos años las políticas públicas exclusivamente hacia el objetivo último de la reducción del déficit vía gastos y no generando nuevas oportunidades que supusieran nuevos ingresos. La austeridad indiscriminada y finalizada sin un establecimiento de prioridades ha hecho mucho daño; hemos perdido el liderazgo en sectores industriales como el sector de las energías renovables y no han impulsado el avance de nuestro país en otros sectores. No están impulsando la necesaria transición energética hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente, tan necesario para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de hoy y de las generaciones futuras; sí lo están haciendo otros países como Alemania o Francia, con una gran trayectoria industrial. No han priorizado la ejecución de inversión en infraestructuras, tan necesarias para generar empleo y para reducir también los costes logísticos acabando con los cuellos de botella. Han generado inseguridad jurídica a muchas industrias con cambios consecutivos y contradictorios de la legislación, como los cambios normativos en el sector eléctrico, y esto, señorías, señor ministro, debilita nuestro tejido industrial.

Señor ministro, caminamos hacia la conexión total. Hoy hay millones de ciudadanos conectados y ya empiezan a conectarse las cosas, por lo que no se entiende que los ministerios y el resto de administraciones autonómicas y municipales funcionen como departamentos estancos, sin un planteamiento global compartido para conseguir un modelo productivo más eficiente, generador de empleo estable y de calidad. Durante la última década, la Unión Europea ha insistido en la necesidad de contar con un enfoque más integrado de política industrial dada su importante repercusión en el empleo y en el crecimiento económico. El anterior Gobierno socialista firmó un marco de colaboración entre el Ministerio de Industria y los agentes sociales para fomentar el desarrollo y modernización de los sectores industriales. Esta colaboración se materializó con la creación de diez observatorios industriales. Déjeme que ponga esto en valor; a modo de ejemplo, podemos citar y destacar el papel del Observatorio del sector del automóvil, que permitió desarrollar planes de empresa e iniciativas que supusieron no solo la modernización del sector y su impulso, sino situarlo en la actualidad como uno de los motores más importantes de la economía española. Podemos decir que algunos sectores industriales como este demostraron resistir mejor la crisis económica. Está claro que cuando se siembra, se recoge. (Aplausos).

En diciembre de 2010, el Consejo de Ministros aprobó el Plan integral de política industrial 2020. Era un plan que contenía una visión integral de la problemática industrial y que pretendía ser coherente con la estructura descentralizada del Gobierno existente en España. Se pretendía establecer la inversión a realizar en un horizonte a largo plazo para dar estabilidad a una actividad industrial que tanto depende de la inversión. Pero tanto los observatorios como este plan fueron despreciados y anulados con el cambio de Gobierno, con la llegada de su Gobierno, hasta quedar en el olvido. Y una vez olvidado lo planificado, superado el ecuador de la legislatura pasada, presentaron la agenda para el fortalecimiento de la industria, un documento sin compromisos presupuestarios y especialmente al margen del acuerdo social. Es un documento que nunca formó parte del plan de reformas del Gobierno y no contemplaba objetivos cuantitativos ni indicadores de evaluación y seguimiento; una forma de proceder que ha hecho que España vaya a remolque de los nuevos avances tecnológicos y que no se haya anticipado y preparado para los nuevos retos que han surgido. Llegamos tarde a la revolución tecnológica, no lo digo yo, lo dicen muchos. Gran parte de nuestro talento se ha ido y también hemos quedado fuera de la Unión por la innovación, señor ministro, fuera del sistema de patente unitaria, como usted mismo me reconoció en la última sesión de control. Esto es imposible, es incomprensible, nadie lo entiende. Por todo ello, cada vez hay más voces reivindicando diálogo y acuerdo en materia industrial. En este sentido son conocidos los documentos generados por el Instituto de Ingeniería de España o la declaración de los agentes sociales. Si me permiten, quiero dar la bienvenida a algunos de los firmantes de esta declaración de los agentes sociales que hoy nos acompañan, como el vicesecretario general de CTA-UGT o algunos representantes de las organizaciones empresariales integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Bienvenidos. (Aplausos). También es conocido el estudio publicado por el Consejo Económico y Social de España en el que se reivindica una nueva política industrial para España.

Termino ya, señora presidenta. Por todo ello es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta interpelación, porque consideramos que es necesario y urgente crear un marco permanente de diálogo y de concertación para sacar ventaja de nuestras fortalezas, para corregir las debilidades adoptando medidas estratégicas y convertir las amenazas en nuevas oportunidades, ofreciendo respuestas a los nuevos desafíos. Es hora de que el Gobierno consensúe y defienda una estrategia integral industrial.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta, señorías.

Señora Blanquer, el objetivo fundamental de la agenda de política económica del Gobierno ha sido reducir los desequilibrios macroeconómicos de España y especialmente uno, la falta de competitividad, que tiene una incidencia especialmente importante e intensa en el sector industrial.

No se podría comprender la evolución reciente de la economía española con crecimientos por encima del 3 % sin la contribución de la industria, y especialmente la industria porque es un sector abierto al comercio internacional con la aportación del sector exterior. Después le daré los datos de exportaciones de bienes industriales, pero prácticamente en estos momentos, como sabe usted, el sector industrial representa el 16 % del PIB y casi el 14 % del empleo. Este 3,2 % de crecimiento, el crecimiento incluso de este primer trimestre de este año, vuelvo a repetirle, no se entendería sin la aportación de las exportaciones de mercancías, que fundamentalmente son manufacturas, son productos industriales. En enero hemos batido el máximo histórico de exportaciones de manufacturas con prácticamente 21.500 millones de euros, un 17,4 % más de lo que teníamos en el año 2016 y, por ejemplo, en el año pasado las exportaciones de bienes, de manufacturas, superaron 255.000 millones de euros, lo que suponen una tasa de crecimiento prácticamente del doble de lo que está ocurriendo con los países de nuestro entorno de la zona euro.

Sin duda la crisis impactó de forma diferencial en el sector industrial y provocó, como sabe usted, una destrucción de empleo industrial de prácticamente el 6 %. Sin embargo, desde el año 2014 se empieza a ver que, en línea con la recuperación del empleo y de la economía española, también se recuperaba el empleo industrial. Por ejemplo, en la última EPA el empleo industrial está creciendo al 4,7 %, que es un 2,5 por encima de la media del conjunto de la economía. El índice de producción industrial, por ejemplo, que durante toda la crisis caía continuamente y a tasas muy importantes, sin embargo, en los últimos tres ejercicios ha caído ya de forma continua. Y hoy teníamos otro ejemplo más, el índice de gestores de compra, los famosos PMI, de tal forma que el PMI de manufacturas lleva ya prácticamente cuarenta meses de recuperación. Esto pone de manifiesto que el sector industrial se está recuperando con el conjunto de la economía española y especialmente -no puede ser de otra forma porque es un sector de comercializables- unido a la buena evolución de las exportaciones de bienes, también de servicios, pero en este caso de bienes, fundamentalmente de manufacturas. Y creo que la incorporación de la Subsecretaría General del Industria a la política industrial del Ministerio de Economía es una buena idea y lo es porque, aparte de tener la responsabilidad de la política económica general, tenemos también la política industrial, la política de fomento del comercio exterior y la política de I+D+i. El I+D+i y el sector exterior son las dos patas sobre las cuales debe apoyarse nuestra industria especialmente en un contexto como el actual. El objetivo último debe ser la promoción de una estrategia de crecimiento sostenible equilibrada con dos componentes fundamentales. En primer lugar, la reindustrialización de la economía y, en segundo lugar, como usted ha mencionado, la digitalización de nuestro tejido industrial para adaptarlo a un nuevo contexto marcado por la rápida revolución de las tecnologías y por una creciente competencia internacional.

Por ello, este Gobierno en el año 2014 lanzó la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial, que identificaba diez retos que le voy a recordar muy rápidamente. El primero era estimular la demanda de bienes industriales. Ahí tuvimos, por ejemplo, todos los planes de estímulo a la adquisición de vehículos y la renovación del parque móvil. El segundo era conseguir que los sectores productivos clave resultaran más competitivos, todo lo que tiene que ver con los costes de producción de la industria. No se trata solamente de la reforma laboral, sino también de minimizar los costes logísticos y de transporte, de reducir las tasas portuarias, y de incrementar la tara y la longitud máxima de los camiones autorizados a circular por nuestras carreteras. En tercer lugar, había que conseguir un suministro energético estable y competitivo y la reforma energética y la eliminación del déficit de tarifa jugaron un papel importante. Por otro lado, había que reforzar la estabilidad y la uniformidad del marco regulatorio nacional y para eso aprobamos la Ley de Garantía de Unidad del Mercado. También la I+D+i, especialmente relevante, como decía usted, para el sector industrial, sobre todo en el ámbito de la inversión privada. Sabe usted que el CDTI ha hecho un esfuerzo muy importante a través del programa CIEN, que ha dedicado a financiar proyectos por importe de casi 400 millones de euros desde 2014, y del programa Neotec, para la puesta en marcha de nuevas iniciativas que requieran desarrollos tecnológicos, al que en dos años se han asignado ya 27 millones de euros. Además, nuestra política fiscal, nuestra política tributaria en el ámbito de la I+D+i es,


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según la propia OCDE, la tercera más ventajosa del conjunto de los países desarrollados, de tal forma que en estos momentos, incluso con pérdidas, se puede uno deducir el cheque de I+D. A su vez, hemos bonificado las cotizaciones sociales para la contratación de doctores, con el 40 %.

El sexto reto tiene que ver con las pymes, con la eliminación de las barreras para el crecimiento de nuestras pymes. Ahí tenemos un problema importante en el sector industrial en el conjunto de la economía española. El ministerio está elaborando un informe sobre cuáles son los obstáculos, que yo me comprometo a traer a esta Cámara o a la Comisión de Economía para hacer un análisis conjunto al respecto. Por otro lado, hemos tomado medidas para fomentar la financiación no convencional, es decir, no bancaria -básicamente, capital y recursos propios-, a través de la participación de Enisa, del ICO, del CDTI y de Ecofides. Solo Enisa hasta la fecha ha dado más de 5.000 préstamos participativos para pymes por un valor de 800 millones de euros. La internacionalización es otro de los ejes fundamentales. Aquí simplemente le recuerdo la necesaria correlación que existe entre la política industrial y la política de fomento a la exportación, porque el sector industrial solamente se entiende, y la política industrial consecuentemente, si tenemos una presencia en los mercados internacionales. Le recuerdo todos los esfuerzos de internacionalización que ha realizado el ICEX y la Ley de Apoyo a los Emprendedores. Por último, lógicamente, está el capital humano. El modelo educativo y las necesidades de las empresas en el sector industrial es especialmente importante, así como la necesidad de la influencia de España en los órganos de naturaleza industrial en los foros internacionales.

Tal vez lo más importante, como usted resaltaba, es no perder el tren de la digitalización. Para eso hemos elaborado la estrategia Industria Conectada 4.0, que tiene como objetivos: uno, incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado; dos, potenciar sectores de futuro, como la robótica, el big data o el internet de las cosas, y tres, asegurar que la digitalización de la industria contribuye sustancialmente a la mejora de la competitividad. Para avanzar en estos objetivos estamos promoviendo programas de educación y capacitación tecnológica, fomentando la creación de plataformas colaborativas y apoyando a las empresas industriales en la implementación de soluciones digitales. En este sentido, hemos puesto en marcha tres herramientas: una de autodiagnóstico digital avanzado, el programa Activa Industria 4.0, de asesoramiento y especialización, que está dirigido y diseñado fundamentalmente para que las pymes puedan saber qué medidas tienen que tomar para digitalizarse, y el programa Financiación para la industria conectada 4.0, que apoya proyectos de I+D+i mediante préstamos preferenciales, que ya el año pasado contó con 100 millones de euros de dotación, que se ha incrementado en un 15 % en los presupuestos de 2017.

En cualquier caso -y es algo a lo que usted ha hecho referencia-, es muy importante que tengamos un pacto de Estado por la industria. El Ministerio de Economía está liderando la negociación de este pacto para que satisfaga tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales y a los diferentes actores políticos de esta Cámara. La necesidad de este pacto ha sido recogida en dos iniciativas. Por una parte, la promovida por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, y por otra, la iniciativa liderada por la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros junto con el Instituto de Ingeniería de España. Ambas propuestas coinciden en un aspecto básico: en la necesidad de que la estrategia industrial que diseñemos esté pensada a largo plazo y de tal forma que afrontemos los retos del sector para dar seguridad a las empresas y para atraer nuevas inversiones. Para ello es fundamental contar con la implicación no solamente del Estado y de las comunidades autónomas, sino también de las diferentes fuerzas políticas interesadas en este campo. De momento las líneas de actuación que estamos valorando para recoger en el pacto de Estado y en las que coinciden ambas iniciativas incluyen la mayor parte de los puntos que hemos identificado como retos de la industria. De manera paralela a esta visión integral y para instrumentalizar y desarrollar el pacto de Estado, se está elaborando el marco estratégico de la industria española, que ya incluye líneas estratégicas horizontales, que después se recogen en una serie de agendas sectoriales específicas para los principales sectores industriales: manufacturero, automoción, naval, aeroespacial y químico.

En definitiva, señorías, señora Blanquer, la política industrial tiene características específicas, pero necesariamente tiene que estar enmarcada en el conjunto de la política económica nacional. Una economía es competitiva si su sector industrial es competitivo. Vuelvo a repetir que en el año 2016 ha habido 255.000 millones de exportaciones de bienes, fundamentalmente manufacturas. Además, no solamente nos debemos basar en la evolución de la exportación, sino que también debemos tener en consideración que la competitividad del sector industrial, el sector más abierto a la competencia internacional, también se ve por la penetración de las importaciones de bienes industriales fabricados fuera de España en los mercados


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nacionales. Ahí tenemos que actuar y le puedo decir que los resultados son positivos. Nunca habíamos tenido resultados tan positivos en la balanza de mercancías, la balanza de manufacturas no energéticas, en nuestro país. Vuelvo a indicarle que tenemos dos palancas fundamentales: el I+D+i y el fomento de la exportación.

Termino. El sector industrial está haciendo una contribución importante a la recuperación de la economía española. Hoy mismo ha salido un importante índice de gestores de compra en España y este índice, que se ajusta muchísimo a la evolución del perfil del producto interior bruto, indica que en el primer trimestre de este año la economía española puede haber crecido entre el 0,8 % y el 0,9 %, por encima del 0,7 % que crecimos en los últimos dos trimestres. Ahí la exportación y el sector exterior juegan un papel fundamental y el sector industrial está haciendo sin duda una aportación importante. Por tanto, el conjunto de la política económica y específicamente la política industrial están ayudando a la recuperación intensa y al crecimiento -que esperemos que supere fácilmente este año el 2,5 %- que están ayudando a España a salir de la crisis.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señor ministro.

Me gusta que estén trabajando en una estrategia global porque, como ha reconocido en su intervención, no la tienen y los buenos resultados se dan gracias al esfuerzo, al trabajo y al desempeño de muchas industrias de este país. Si hay muchos colectivos que estén reivindicando un marco de diálogo y un plan de actuación en la industria, por algo será. Desde que ustedes están gobernando, en el sector industrial se han quedado al margen del acuerdo social. Es muy significativo que su Gobierno haya desmantelado el Ministerio de Industria. Podría haber sido interesante hablar del carácter horizontal, pero la realidad es que hoy los sectores industriales no tienen un ministerio de referencia como tuvieron en épocas anteriores. Se está demostrando que tienen acciones puntuales, pero, como decía, no tienen una estrategia global.

De momento, con la nueva remodelación ministerial percibimos los ministerios como un caos. A modo de ejemplo, le señalo una cuestión que me llama muchísimo la atención y que me gustaría que me aclarase. La Oficina Española de Patentes y Marcas aparece en el organigrama de su ministerio; sin embargo, en los presupuestos presentados ayer depende del Ministerio de Energía. Es que no doy crédito. Esto es síntoma de que algo no está funcionando bien. Es inaudito, incomprensible, intolerable que los servicios telemáticos de la página web de esta oficina hayan estado paralizados durante más de una semana y que no haya sido un escándalo; les aseguro que en cualquier otro país europeo avanzado lo habría sido. Es sintomático del nulo interés que despierta la propiedad industrial en este país. Nadie entiende que no vayamos a formar parte del Sistema europeo de patente unitaria, que quedemos solos junto a Croacia. Usted siempre saca pecho como el mayor europeísta de los Estados miembros de la Unión, pero cuando hay que comprometerse con verdaderos proyectos de futuro en común, con proyectos que ayudan a mejorar la competitividad del sistema de innovación europeo y cuyos beneficios para nuestras empresas y nuestros investigadores son muy claros, se plantan y se quedan fuera con excusas idiomáticas y nacionalistas incomprensibles.

Hemos visto por encima los presupuestos, pero continúan señalando en la memoria del área de industria que los programas se adecuan a la situación actual de austeridad presupuestaria, algo que no se entiende. Además, repiten muchas de las iniciativas que ya se contemplaban en el presupuesto de 2016, que hoy ha destacado. Quiero decirle que no tiene ningún sentido que hablen de la creación de una agenda digital que parece ser que va a englobar todo y que se vayan haciendo actuaciones aisladas. Esto ha demostrado que en su conjunto el Gobierno tiene muy poco interés por la digitalización. De momento la creación de este nuevo ministerio no ha tenido efectividad y la convocatoria que ustedes plantearon el año pasado de Industria Conectada 4.0 solo consiguió alcanzar un 7,86 % de la cuantía total. Además, este año continúa enmarcándose en la Agenda digital 2013-2016, que ya está caducada; no se entiende que con la nueva transformación que estamos viviendo estemos en estos niveles.

Otra cuestión que me gustaría que me aclarara es que el pasado 17 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de apoyo financiero a la inversión industrial para 2017 con un recorte del 20 % cuando ya sabían que se estaban elaborando los presupuestos con cantidades distintas, pero la convocatoria ya está aprobada. Entonces, ¿esto qué significa, es improvisación o qué es? ¿Van a modificar el acuerdo del Consejo de Ministros? ¿Van a modificar las bases? Porque en principio han


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dicho que no, pero se ha demostrado que son un fracaso. De hecho, algunas partidas el año pasado se ejecutaron en un 0 %, es decir, no se ejecutaron, como fue el caso de Canarias, o el 28 % para la Bahía de Cádiz. Usted habla del 16 % del PIB y realmente estamos en el 12,84 %, muy lejos del 20 %, que es el objetivo de estrategia común europea 2020. Usted habla de industria, pero el objetivo es industria manufacturera y, como decía, sus políticas no han ayudado. Es cierto que cada vez hay más autores que defienden una visión mucho más amplia, pero desde este punto de vista también estamos por debajo de Europa. El mayor peso sobre el valor añadido bruto continúa correspondiendo a un nivel tecnológico medio bajo, una característica que supone un lastre para la competitividad tanto a nivel empresarial como de país. No me da tiempo a comentarlo todo, pero hay muchos aspectos que usted ha mencionado y que me gustaría destacar. También son un lastre de los costes energéticos. Usted lo mencionaba en su intervención -y voy terminando-, pero realmente no han conseguido mejorar esta situación. ¿Qué estrategia tienen? Yo creo que de momento ninguna. Desde luego, lo que necesita España es una estrategia integral, global y coordinada. Insistimos, aprovechen -aprovechemos- la oportunidad que ofrecen las nuevas perspectivas económicas y presenten una estrategia integral de industria.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Blanquer, yo no voy a decir lo que dijo un famoso ministro de un Gobierno socialista de que la mejor política industrial es la que no existe, en absoluto. Lo que sí le voy a decir es que creo que la política industrial y lo que es el planteamiento del enfoque del sector industrial está mucho mejor representado en estos momentos de lo que lo estaba en el pasado, y le voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, porque el Ministerio de Economía es un ministerio horizontal, es un ministerio que se ocupa de la competitividad del conjunto de la economía española y la competitividad es básica para el sector industrial. Si hay un sector en el cual ser competitivos es vital, es el sector industrial, es un sector abierto al mundo, abierto a la competencia de los mercados internacionales en los cuales los bienes producidos fuera de España, las manufacturas producidas fuera de España, compiten inmediatamente. Por eso mismo tener la visión global de la competitividad de la economía española, que es el objetivo fundamental del Ministerio de Economía, es especialmente relevante en el caso de la industria. Porque, si además usted le suma dos palancas adicionales, que son la I+D+i, que, como usted mismo ha señalado, es uno de los factores que de algún modo determina la evolución del sector industrial y donde la innovación es especialmente importante, y en segundo lugar, el fomento del comercio exterior, evidentemente hay una visión mucho más adecuada y una posibilidad de actuación mucho más integrada desde el punto de vista de los diferentes instrumentos que lo que existía anteriormente. Entre otras cuestiones también, vuelvo a repetirle, es porque el Ministerio de Economía es el responsable de la relación con los principales consejos -Ecofin, competitividad, industrial, etcétera- de la Unión Europea y, por lo tanto, permite una visión integral.

Comentaba usted la situación de la Oficina de patentes y marcas, y lo que verán ustedes en el decreto de desarrollo de patentes y marcas es que se queda en el Ministerio de Energía fundamentalmente por todo lo que significa el desarrollo de la agenda digital. Y la EOI se viene al Ministerio de Economía e Industria, como no podía ser de otra forma. Hemos hecho la convocatoria de los contratos de industria, que usted comentaba anteriormente, porque necesitábamos hacerlo y lógicamente tenemos un presupuesto prorrogado y teníamos que hacerlo por la limitación que usted decía del 80 %. Si se aprueban los presupuestos, y esperamos tener ahí el apoyo del Partido Socialista, no tenga usted la más mínima duda de que ahí tendremos un complemento adicional.

Por último, déjeme decirle algo desde el punto de vista de la evolución del sector industrial en España. Cada vez la línea entre la industria pura y el sector servicios, usted lo sabe perfectamente, es menos clara. La digitalización de la industria lo que supone en última instancia es combinar sector industrial tradicional con sector servicios de futuro. Algo parecido a lo de Buster con la robótica. Por lo tanto, yo creo que la política industrial, en última instancia -y esto enlaza con lo que decía al principio de mi intervención- tiene que ser una política más integrada, más coherente con el planteamiento del conjunto de la competitividad de la economía española. Hay un caso que creo que es especialmente relevante, que es


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el sector del automóvil. Cuando ve usted el sector del automóvil -que estará de acuerdo conmigo en que es un sector importantísimo desde el punto de vista industrial tradicional-, lo que vemos es esa nueva evolución, esa dinámica hacia una posición diferente. El sector del automóvil es un sector que en España ha recibido, por ejemplo, en los últimos años inversiones por importe de 10.000 millones de euros prácticamente en todo el mundo. Eso es una señal de competitividad y una señal de productividad de las factorías en España. Es un sector que este año va a producir prácticamente tres millones de automóviles y además cada vez más avanzados tecnológicamente, y que exporta el 83 %. Eso le pasa a la mayoría de los sectores industriales. Porque, vuelvo a repetirlo, son sectores perfectamente incardinados en lo que es la competencia internacional, en lo que es un mundo cada vez más globalizado. Por lo tanto, esta política industrial no tiene sentido como una pieza aislada de la política económica, forma parte de un todo, forma parte de un continuo, un continuo que implica mejora y eficiencia de los sistemas de toda la economía, pero especialmente del sector industrial, y en última instancia de competitividad.

Por eso, vuelvo a repetirle, aunque habrá una estrategia específica del sector industrial global para analizarlo y después de alguna forma desagregada, lo importante es que el conjunto de la economía española siga siendo competitiva, que sigamos manteniendo un sector exterior con superávit, con aportación positiva al crecimiento económico, porque esa es la mejor señal de que la política industrial está funcionando correctamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana, jueves, a las nueve horas. Les recuerdo a sus señorías que la votación, por haber un único punto del orden del día, será en torno a las diez de la mañana.

Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.

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