DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 77, de 26/09/2017
cve:
DSCD-12-PL-77
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 77
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO PRENDES PRENDES
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 73
celebrada el martes,
26 de septiembre de 2017
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar la independencia de
los nombramientos en los organismos reguladores. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 69-1, de 23 de diciembre de 2016. (Número de
expediente 122/000053) ... (Página3)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la prohibición de
campañas publicitarias con lemas "sin IVA". "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie D, número 139, de 7 de abril de 2017. (Número de
expediente 162/000385) ... (Página11)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política
educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso
(2017-2018). (Número de expediente 173/000045) ... (Página17)
La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en
el sentido de que las interpelaciones urgentes se debatan en el siguiente
orden: en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista; a
continuación, las dos del Grupo Parlamentario Mixto, comenzando por la de
los señores Baldoví, Candela y Bataller y la señora Sorlí, y luego la del
señor Campuzano; seguidamente, la del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, por último, la del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página3)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar la independencia de
los nombramientos en los organismos reguladores ... (Página3)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Roldán
Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca,
del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Yllanes Suárez, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea;
la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Blasco Marqués, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la prohibición de campañas
publicitarias con lemas "sin IVA" ... (Página11)
Defiende la proposición no de ley el señor Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Ten Oliver,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras
Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto; De la
Concha García-Mauriño, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; Tundidor Moreno, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada
vuelve a hacer uso de la palabra el señor Agirretxea Urresti.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página17)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política
educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso
(2017-2018) ... (Página17)
Defiende la moción el señor Díaz Trillo, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martín Llaguno, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora González
Guinda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se levanta la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres y cinco de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, se abre la sesión.
(Rumores). Les ruego, por favor, que vayan ocupando sus asientos. Vamos a
dar inicio de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con
lo acordado por los grupos parlamentarios, esta Presidencia somete al
Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que
las interpelaciones incluidas en el mismo se debatan en el siguiente
orden: en primer lugar, se debatirá la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, que figura en el orden del día como punto 26,
seguida de las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Mixto,
que figuran respectivamente como puntos 25 y 23; a continuación se
debatirá la interpelación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, incluida como punto 24 y, finalmente, la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
que figura como punto 27 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden
del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE
LOS NOMBRAMIENTOS EN LOS ORGANISMOS REGULADORES. (Número de expediente
122/000053).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a debatir el primer
punto del orden del día. (Continúan los rumores). Les ruego, señorías,
que tomen asiento porque ya hemos iniciado la sesión.
Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Ciudadanos para garantizar la independencia de
los nombramientos en los organismos reguladores. Para la presentación de
la iniciativa, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Señorías, es un orgullo para mí defender aquí hoy la proposición de ley
para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos
reguladores. Se trata de la quinta ley de Ciudadanos y tiene como
objetivo una razón bien sencilla: terminar con los dedazos y recuperar la
independencia de las instituciones y autoridades regulatorias para que
nos podamos parecer un poquito más a Europa. Esta iniciativa es el primer
pilar de un paquete contra el capitalismo de amiguetes, que habíamos
acordado primero con el Partido Socialista y que después acordamos con el
Partido Popular. Incluye una primera parte que era la separación de ese
'Frankenstein' que es la CNMC, una segunda parte que era la creación de
un organismo para proteger a los consumidores de productos financieros
y esta tercera parte que, como digo, es para acabar con los dedazos para
tener unos nombramientos meritocráticos.
Señorías, el capitalismo de amiguetes ha sido la enfermedad económica más
grave que ha sufrido nuestro país en las últimas dos décadas, un sistema
de relaciones económicas que ha pervertido profundamente el mecanismo de
asignación de recursos del mercado, un sistema en el que el éxito
empresarial ha dependido más de la cercanía al poder político que del
mérito, del trabajo y del esfuerzo; un sistema que impide la igualdad de
oportunidades en el mercado, coarta la competencia, la innovación y
estrangula el crecimiento económico. El poder, si puede, abusa de su
posición dominante, y esto no lo ha descubierto Pablo Iglesias ni los
círculos de Podemos, y esto se enseña en los primeros cursos de Economía
de cualquier universidad.
Las empresas existentes con poder de mercado tratan de forma natural de
defender su posición dominante, lo hacen manteniendo los costes bajos,
haciéndose más competitivas, pero también tratando de buscar favores del
mundo político para preservar su posición de privilegio en el mercado,
aprovechándose de regulaciones complejas y tratando de hacer regulaciones
a su medida. Por eso es necesaria la separación de poderes, por eso son
necesarias las instituciones fuertes e independientes que funcionen de
contrapeso, por eso son necesarias las cortapisas que limitan el poder.
Hace muchos años que los economistas sabemos que la variable más
importante del éxito de las naciones son unas instituciones fuertes,
autónomas, imparciales e independientes que garanticen un mismo sistema
de juego para todos. Cuando las líneas de separación entre el poder
político y el económico se difuminan, las instituciones empiezan a
debilitarse y con unas instituciones débiles o capturadas, los checks and
balances necesarios para evitar abusos de poder desaparecen.
El mercado no puede funcionar sin el Estado de la misma manera que el
Estado no puede funcionar sin el mercado, a pesar de lo que piensen
algunos dogmáticos tanto en la izquierda como la derecha. Las
manifestaciones prácticas del capitalismo de amiguetes han sido múltiples
y variadas, y las hemos visto en nuestro país directamente durante los
años del bipartidismo de manera permanente: barreras arancelarias para
importaciones o limitaciones al libre comercio para proteger a los
campeones nacionales; créditos ventajosos -recordarán las cajas de
ahorro-; exenciones fiscales para sectores afortunados, normalmente con
lobbies efectivos que siempre pagan algo a cambio; favoritismos en los
concursos o contrataciones -piensen en las autopistas, los aeropuertos,
en las promociones concedidas a dedo durante la España del boom del
Partido Popular y del Partido Socialista-; regulaciones a medida,
subvenciones a dedo, tipos impositivos especiales, eso, señorías, es el
capitalismo de amiguetes. A menudo esa relación perversa tiene ventajas
para ambas partes del contrato, los políticos o burócratas también
reciben su regalito a cambio, ya sea a través de sobornos directamente
para conseguir licencias de construcción, como hemos visto en
multiplicidad de ayuntamientos, ya sea a través de donaciones en especies
o en cash a los partidos políticos, ya sea a través de transferencias
directas a bancos en Suiza. El capitalismo de amiguetes es el caldo de
cultivo perfecto para la corrupción, pero de esa corrupción que no se ve
en el día a día, esa corrupción que se produce en restaurantes caros, en
el palco del Bernabéu y también en el palco del Camp Nou, porque en esto
los catalanes nos podrían dar muy buenas lecciones, en esto -digo- del
clientelismo y de la corrupción. Los catalanes de Convergència digo.
(Aplausos).
Como en toda corrupción, los que acaban pagando el pato siempre son los
ciudadanos, ya sea a través de precios más caros de los productos o
servicios que consumen, ya sea por saqueos en las cajas de ahorros donde
tienen su dinero y los rescates consecuentes que tienen que pagar de su
bolsillo, ya sea por rescates a autopistas fallidas concedidas a
amiguetes en contrataciones a dedo, ya sea a través de subvenciones a
empresas, que no son nunca las más productivas sino las más amigas del
poder, ya sea a través de pérdidas de competitividad en la economía que
resultan en peores trabajos y de peor calidad.
En España durante los años del boom los partidos políticos funcionaron
como ejércitos de ocupación, tomaron todas y cada una de las
instituciones del Estado que podían poner contrapesos a sus ansias de
poder, colocaron a políticos en el Tribunal de Cuentas, en los
reguladores económicos, en el Consejo General del Poder Judicial y hasta
metieron la mano en los secretarios e interventores del ayuntamiento para
poder llevársela cruda. Eso es lo que pasó durante los años del boom en
este país, y por eso es imprescindible una ley como la que trae hoy aquí
Ciudadanos.
La politización permitió que la corrupción se extendiera como una plaga,
la cultura del dedazo se convirtió en la norma; daba igual si el que
estaba al frente del regulador de la Competencia sabía o no nada de la
competencia, lo importante es que no fuera excesivamente independiente,
lo importante es que no le aguara la fiesta a los amigos del Gobierno.
Muchos de ellos lo declaraban abiertamente: yo no
entendía ni una palabra de los papeles que me pasaban, declaraba hace poco
en un juicio un exconsejero de una de estas instituciones regulatorias
del Partido Popular.
En España el capitalismo de amiguetes, por desgracia, ha pasado a formar
parte de nuestra cultura del día a día. Lo vemos en las multas ridículas
que se les aplica a ciertas empresas por colusión y por abuso de poder de
mercado. Lo hemos visto en las tramas corruptas infiltradas en la
Administración, desde el fraude de los ERE a los cursos de formación o
hasta en la visita del papa de Roma. Lo vemos en la connivencia entre
promotores inmobiliarios y ayuntamientos para llevarse mordidas
millonarias. Lo hemos visto en las cajas de ahorro ya difuntas y en las
pirámides financieras como Forum y Afinsa con buenas conexiones políticas
todas ellas. Lo vemos en la colocación de productos financieros tóxicos
como las preferentes que, al final, como siempre, acaban pagando los
ciudadanos. Hoy traemos esta ley con un claro objetivo: acabar con la
cultura del dedazo y del enchufismo para garantizar la igualdad de
oportunidades en el mercado. Tenemos esta ley porque queremos unos
reguladores fuertes y porque queremos unos regulares independientes que
defiendan a los ciudadanos.
En Ciudadanos queremos que sea el mérito y el esfuerzo lo que condicione
el éxito en la economía y no el amiguismo o la afiliación a un partido
político. En Ciudadanos queremos que, si hay una crisis, los consejeros
del Consejo de Seguridad Nuclear sepan algo de seguridad nuclear y no sea
un alcalde, que no tiene ningún conocimiento de la materia que es lo que
ha venido sucediendo. En Ciudadanos queremos que la persona a cargo de la
competencia sea autónoma y tenga conocimiento técnico para oponerse
realmente y para confrontarse a los intereses del poder cuando éstos se
presenten. En Ciudadanos queremos que el que presida el regulador de
sectores complejos como las telecomunicaciones o la energía sepa de qué
está hablando y tenga conocimientos. -Si los tiene, probablemente no será
capturado-. En Ciudadanos queremos que los ciudadanos españoles dejen de
una vez de pagar 400 euros más que un ciudadano medio europeo por la
factura eléctrica, que es lo que está pagando hoy porque el Gobierno
defiende a los oligopolios. Cuando las leyes están hechas a medida de
quienes tienen las conexiones políticas adecuadas, las leyes acaban
defendiendo a los que meten la mano en la regulación y no a la mayoría de
los ciudadanos. Y cuando eso se convierte en la norma, el sistema se
convierte en un sistema de extracción de rentas masivo que perjudica a la
economía de mercado y a todos los ciudadanos.
Algunos nos han querido hacer creer que el problema era la economía de
mercado en sí misma y no el capitalismo de amiguetes, que la solución era
nacionalizar sectores estratégicos -eso venía en algunos de los
programas, aunque dicen que no y ya no sé si lo siguen defendiendo o no o
qué parte de su partido lo defiende o no-, pero ocupar con políticos
cargos en reguladores no creemos que sea la solución por mucho que
ustedes sean políticos distintos y se consideren unos verdaderos
defensores de la gente. La solución no es más politización, sino menos;
la solución no es el control del partido de las televisiones, las casas
de encuestas y los reguladores; la solución es exactamente la contraria.
No existe ningún país próspero que no tenga una red seria de empresas
solventes y unos reguladores realmente independientes. Como digo,
colonizar las instituciones no es la solución, pero tampoco lo es
quedarse de brazos cruzados y no hacer nada como ha hecho el bipartidismo
en los últimos años. Existe una diferencia fundamental entre los partidos
conservadores y los partidos liberales en este aspecto: los partidos
conservadores son, por definición, defensores del establishment; su
función en la vida en parte es preservar los intereses de los que están
ya en el juego. Los liberales, en cambio, somos defensores del mercado,
no somos defensores del establishment, queremos unas reglas de juego
iguales para todos y queremos poder competir con igualdad para que el
mercado funcione, no defender a los que ya están dentro.
Como digo, la ley que traemos hoy a esta Cámara es muy sencilla, y
consiste en crear un mecanismo de nombramientos que evite los dedazos y
establezca un sistema claramente meritocrático. El mecanismo que
proponemos no es original, se reproduce en varios países europeos como en
el Reino Unido y también en Chile. Consiste en crear una comisión de
nombramientos independientes, una suerte de comité de sabios que prepara
un informe para valorar la idoneidad, el mérito, la capacidad e
independencia de los candidatos que se presentan a presidir estos
organismos independientes, y que después la propuesta venga al Congreso
para aprobarse con una mayoría fuerte para asegurarnos de que los que
están regulando nuestros mercados y de que los que están regulando
nuestros sectores no son los amigos del PP o los amigos del Partido
Socialista. La idea es que se cubra a todos los reguladores económicos
-incluyendo el Banco de España, la CNMV, CNMC y la Airef- y algunos
también no económicos, como viene propuesto en la iniciativa.
Agradezco la colaboración que he tenido hasta aquí para avanzar hacia una
regulación un poco más europea tanto del señor Saura del Grupo
Parlamentario Socialista como del Gobierno a través del Grupo
Parlamentario Popular como también del señor Montero de Podemos. Hemos
podido llegar a unos principios que pueden ser comunes en beneficio de
todos los españoles, y estoy seguro de que con trabajo compartido
podremos mejorar esta propuesta. Si sus señorías deciden apoyar esta
propuesta, estaremos abiertos a mejorarla todos juntos por el bien de
este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Roldán.
No habiéndose solicitado turno en contra, pasamos al turno de fijación de
posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.
La toma en consideración de una ley para garantizar la independencia de
los nombramientos en diferentes organismos supondrá otro avance para
aumentar las garantías democráticas, y corregir los problemas derivados
de fiascos en los nombramientos y de la discutible selección de
responsables y directivos de organismos que tienen que adoptar decisiones
cruciales de regulación, supervisión y control. Son miembros de
organismos, entidades y comisiones que velan por la imprescindible
protección de los derechos de los inversores y de los consumidores
financieros y, en definitiva, por el interés general de todos los
ciudadanos. En Foro nos parece adecuado que se refuerce la independencia
de este tipo de nombramientos, acompañándola de la exigencia de
responsabilidades para tratar de impedir episodios que derivan en
importantísimos perjuicios económicos para clientes, inversores y también
para las arcas públicas, que con demasiada frecuencia y hasta con
reiteración tienen que sufrir y asumir los descalabros por efecto de
actuaciones ilegales o irregulares, pero también las secuelas derivadas
de organismos que no han actuado apropiada o diligentemente o que no lo
han hecho de acuerdo con lo que cabría esperar, poniendo en entredicho su
propia independencia y arrastrando a pérdidas multimillonarias. Conviene
evitar e impedir que los que tienen que supervisar no tengan vínculos con
aquellos que tienen que ser controlados, porque la independencia de
quienes integran los organismos reguladores o supervisores es el primer
parapeto para la seguridad económica y también para la garantía de la
toma de decisiones en diferentes ámbitos, fundamentalmente económicos
como aquí se acaba de recordar, o incluso en la investigación de
acontecimientos, incidentes o accidentes.
No obstante, conviene señalar que en España tenemos actualmente mecanismos
para que las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado, puedan
intervenir y participar en determinados nombramientos realizados por el
Gobierno para altos cargos en comisiones nacionales u organismos
reguladores y de supervisión. Desde hace no muchos años se incorpora la
figura del hearing, es decir, de una comparecencia del candidato ante
determinadas comisiones parlamentarias no siempre de ámbito
específicamente económico. Por ejemplo, el pasado mes de marzo la
Comisión de Fomento votó tras la comparecencia del candidato la propuesta
de presidente para la Comisión de Investigación de Accidentes
Ferroviarios, en cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en la Ley del
Sector Ferroviario.
Finalmente, llama la atención que no se incida en incorporar para mayor
independencia de los miembros rectores de determinados altos organismos
la limitación para que sus resoluciones no puedan ser objeto de
rectificación o de recurso ante el propio Gobierno. Probablemente en el
trámite parlamentario, llegado el caso, se pueden incorporar enmiendas en
esta dirección y mejorar la propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on. Gracias,
presidente.
Hoy, Ciudadanos nos trae una proposición de ley para cambiar el sistema de
elección de los órganos reguladores. La verdad es que nos resulta un
tanto extraño que lo haga en estos momentos, ya que el Gobierno del PP,
con el que además pactó cambiar este sistema, también está elaborando un
proyecto de ley para impulsar la misma reforma que plantea ahora este
grupo. En esta proposición su apuesta pasa por crear una comisión
independiente de nombramientos del Estado; y parece que la independencia
de esta comisión se basa en que todos los integrantes, salvo el
presidente de la Autoridad Fiscal, sean
elegidos por sorteo en su campo y con un mandato temporal. Nos sorprende
que, a pesar de todas las críticas realizadas por este grupo para con el
sistema de elección existente y por el cual ha tenido no muy buenas
consecuencias, ustedes mismos -hay que recordarlo- hayan pactado
nombramientos por el antiguo procedimiento en algunos puestos, por
ejemplo, los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
su vicepresidenta, escudándose -eso sí- en que había que cubrir las
plazas; argumento un tanto débil porque si no se está de acuerdo con el
proceso, lo lógico hubiera sido votar en contra o vetar dichos
nombramientos.
En los últimos tiempos uno de los debates más recurridos es el relativo a
la politización que existe en aquellas instituciones del Estado de las
que se espera una actuación independiente, como los organismos
reguladores y supervisores; una independencia necesaria para garantizar
que determinadas intervenciones públicas queden fuera de la influencia
política. Se habla pues de politización, cuando la responsabilidad de los
nombramientos de las autoridades de estas instituciones corresponde a los
Gobiernos, o cuando sus responsables mantienen vínculos con los partidos
políticos, que lleva a pensar que sus actuaciones dependen de los mismos.
Por eso, hoy se ha extendido la idea de que hay que acabar con este
procedimiento de nombramientos y sustituirlos por procesos selectivos con
criterios objetivos para acabar con la dependencia de los mismos. Con
esta proposición tampoco se cumplen, máximo cuando ni tan siquiera se
menciona si el informe de la comisión independiente que acredita la
idoneidad e independencia es vinculante o no, y tampoco se habla de los
procedimientos ni de los criterios de evaluación.
Entendemos que el problema no es de politización, sino del uso o la
instrumentalización partidista de estos organismos atendiendo a intereses
del Ejecutivo e incluso a intereses de las empresas reguladas. Es verdad
que una buena regulación presupone conocimientos técnicos especializados,
pero tenemos que ser conscientes de que en cualquier opción regulatoria
siempre existe un sesgo ideológico. De hecho, no se debería valorar la
independencia de un regulador solamente por su biografía, sino además por
su comportamiento o por los resultados obtenidos y por su capacidad para
alejarse tanto de intereses privados como de presiones políticas,
atendiendo, por tanto, al interés público. En definitiva, el nombramiento
de los máximos responsables de los organismos reguladores y de
supervisión debe ser en sede política, por supuesto, compatible con la
selección de personas cualificadas para el cargo, porque la independencia
se garantiza con la competencia profesional, la reputación contrastada de
las personas elegibles y su control parlamentario; un control que es
clave para garantizar su independencia, por lo que hay que reforzarlo.
Por todo lo dicho y atendiendo a que, de momento, es una proposición
parcial, votaremos en contra de la misma.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Yllanes Suárez.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, presidente.
Señorías, les confesaré que la lectura de la exposición de motivos de la
proposición de ley, que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos, me
causó honda preocupación, porque el primer párrafo de la exposición de
motivos -tengo la mala costumbre de leérmelas- dice así: La independencia
de los organismos encargados de la regulación o supervisión de carácter
externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, o cuyo
desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía
respecto de la Administración General del Estado, resulta absolutamente
fundamental para asegurar la correcta aplicación de sus funciones y, con
ello, garantizar la seguridad y la incertidumbre jurídica. Entonces
pensé: No se han leído el texto que han presentado. Pero bueno, aun así,
mantuve la lectura, y llegué a ese párrafo en donde hacen ustedes
referencia al pacto 108 del acuerdo de investidura. Entonces, dije:
Bueno, pues, como suele ocurrir habitualmente, buscan la foto aun a
riesgo de quedar retratados. Pero ni esto siquiera dejó de convencerme de
que había que leerse el preámbulo entero. Es cierto que en ese preámbulo
se trasluce claramente la desconfianza que tienen ustedes hacia quienes
invistieron para que gobernasen este país; desconfianza que es
enormemente justificada, más aún en la materia a la que se refiere
concretamente su proposición de ley.
Miren, permítanme una mínima digresión: Este fin de semana en el
territorio al que me honro en representar, Baleares, el Partido Popular
se ha montado una quermés, en donde la señora ministra de Defensa,
insultando la inteligencia de toda la ciudadanía de Baleares, ha
confundido lo que es turismofobia
con honda y seria preocupación por el futuro de la comunidad autónoma. Así
ha demostrado que es una enorme ignorante en muchísimos aspectos
importantes de la política y que, sin embargo, como les ocurre a casi
todos los cargos del Partido Popular, es enormemente eficaz en los
rincones más oscuros de la política, entre ellos, el de tener contentos a
adeptos, afectos y familiares. El último ejemplo y el más claro lo
tenemos hace muy pocos días: la señora Cifuentes cesa al consejero de
Sanidad e inmediatamente, tres días después, lo coloca para que no se
quede sin un sueldecito público.
Hecha esta digresión, les diré que el señor Montero es mucho más amable
que yo y, por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley, si bien hay cosas que nos preocupan en esta
iniciativa. En primer lugar, la desconfianza que muestran ustedes hacia
el trabajo que puedan hacer diputados y diputadas en las comisiones del
Congreso. Esto se trasluce incluso de la propia exposición de motivos y
creo que no hay ninguna razón para mantener ese temor. Es más, ustedes no
lo mantienen, por ejemplo, en la autoridad independiente que quieren
crear en su ley ómnibus, donde la vinculan directamente al Parlamento.
Aquí, sin embargo, vinculan esta comisión -luego me referiré a ella-
directamente al Ministerio de la Presidencia, y eso provoca no solo
serios conflictos acerca de la división de poderes -les explicaré por
qué-, sino que además nos hace dudar seriamente de que efectivamente
pueda ser independiente. Por tanto, plena confianza en el trabajo que se
pueda hacer en las comisiones parlamentarias y plena confianza en la
posibilidad de establecer que el Parlamento envíe informes vinculantes al
Gobierno acerca de la idoneidad de las candidatas y candidatos que se
presenten a esos determinados puestos en los órganos reguladores en
materia económica. Y no solo en eso, sino también en la presidencia de la
Agencia EFE, en la presidencia del Consejo de Estado o en la del Consejo
Económico y Social.
Digo que vamos a votar a favor, pese a que -insisto- entendemos que hay
serias dificultades en esta especie de comisión independiente que ustedes
plantean, en primer lugar, en cuanto a la separación de poderes. Usted ha
hecho referencia expresamente a la separación de poderes, pero quien
preside esta Comisión, según la propuesta que ustedes han presentado, es
un magistrado o magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. Tendrán que convencerlos para que pidan servicios
especiales, porque, si no, no podrán ustedes vincularlos al Ministerio de
la Presidencia, salvo que la separación de poderes sea simplemente un
brindis al sol. Por tanto, entiendo que no pasará.
Entienden ustedes que la comisión va a ser muy independiente por la
formación que le dan, e incluso hacen referencia al artículo 254 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como garantía de que el
mismo comité de sabios que se plantea allí se puede plantear aquí. El
problema es que, si mira uno quiénes integran la comisión independiente
que ustedes quieren crear, hay serias dudas acerca de su independencia,
como hay serias dudas acerca de que no haya conflictos de intereses.
Ustedes quieren ir turnando a los magistrados, quieren ir turnando a los
catedráticos, a quienes hayan sido jueces o abogados generales en el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero dejan permanentemente al
presidente de la Airef, que podría pronunciarse sobre su propia idoneidad
en el caso de que quisiera renovar en el cargo, lo cual plantea serios
problemas.
Y acerca de la pureza de ese comité de sabios de la Unión Europea, no seré
yo quien la ponga en duda, pero sí le digo, por ejemplo, que si examinan
ustedes quiénes son actualmente los jueces españoles no solo en el
Tribunal de Justicia, sino también en los otros tribunales vinculados a
la Unión Europea, se llevarán ustedes enormes sorpresas. En el Tribunal
General tenemos un magistrado con el que tuve la oportunidad de coincidir
en la Escuela Judicial -él de alumno, yo de profesor-, que tiene escasa
experiencia práctica en el ejercicio de la magistratura y, sin embargo,
está de magistrado en el Tribunal General de la Unión Europea. Eso sí,
cuando uno se lee su currículum, además del sobresaliente en la carrera
de Derecho, aparece que fue secretario de Estado de Seguridad. No parece
que vaya a ser muy independiente, ¿verdad? Por eso le digo que tendremos
que trabajar seriamente en este proyecto.
En definitiva, como idea fuerza vamos a confiar en la probidad de los
diputados y diputadas que se integran en las comisiones de este
Parlamento para ser capaces de elegir a personas independientes para
estos órganos reguladores, no solo en materia económica, no solo
referidos al capitalismo de amiguetes, sino también en otras materias que
también interesan. No voy a hablar de que nos queda un debate pendiente,
y es cómo elegimos a quienes presidan otros órganos reguladores -Consejo
General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional-, porque sería abrir
en este momento la caja de los truenos. Pero sí les digo de nuevo que el
sello de calidad a esta proposición de ley lo vamos a poner nosotros, los
del grupo confederal, por una sencilla razón, porque tenemos dos apuestas
muy claras: en primer lugar,
la transparencia absoluta en el nombramiento de quienes hayan de ocupar
esos puestos y, en segundo lugar, garantizar la independencia de los
nombrados y las nombradas para desempeñarlos.
Como cada vez que subo a esta tribuna, les garantizo que lo que resulte
finalmente no se va a parecer mucho a esto y que será después de arduos
días y horas de trabajo entre todos para acabar con eso que usted tan
gráficamente ha calificado de dedazo en los nombramientos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Yllanes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella
Gómez.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Buenas tardes. Gracias, presidente.
Señorías de Ciudadanos, ¿por qué nos traen al Pleno esta proposición de
ley si hay una subcomisión en marcha en la Comisión permanente para la
Auditoría de la Calidad Democrática que tiene previsto analizar las
medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de las
autoridades independientes y organismos de regulación económica y tiene
el dictamen de ofrecer el correspondiente informe y propuestas al
Gobierno? ¿Por qué ahora salen con esta delantera? No es la primera vez
que el Grupo Ciudadanos lo hace sin esperar a nadie, saltándose a la
torera los tiempos y los planes de trabajo que nos hemos dado y vaciando
de contenido la correspondiente comisión parlamentaria. Tengo que
decirles que desde el Grupo Socialista no nos gusta esta reincidencia de
imponernos sus tiempos, de presumir de exigencia ante su socio de
investidura, el Partido Popular, en una estrategia de puro ventajismo
político. A nosotros en eso no nos meta.
Además, señor Roldán, que es el ponente de la propuesta, tengo que decirle
que la propuesta peca de precipitación, quizá por esa retirada demasiado
abrupta de la Comisión en la que estaba madurando, es muy mejorable y
adolece de serias incongruencias. No compartimos este proceder, eso queda
claro. Pero, por encima de esta circunstancia, quiero decirles que
inequívocamente en cada ocasión, en cada circunstancia que se debata este
tema, en el Partido Socialista estaremos a favor de medidas que propongan
impulsar, mejorar o reforzar la independencia de las autoridades
independientes, porque venimos de los años más duros de la toma del poder
institucional del Partido Popular, venimos de una revancha partidista
donde la legalidad vigente dejó de importar y a eso dedicó el Partido
Popular su mayoría electoral, a eso se dedicó, a derogar leyes que se
habían aprobado antes por consenso. Ahora, cuando el respeto a la
legalidad es una cuestión de Estado, parece oportuno recordar a la señora
vicepresidenta Sáenz de Santamaría su responsabilidad en un caso
clamoroso como el de la CNMC, el máximo órgano regulador de los mercados
y la competencia en España, en el que el Tribunal Supremo ha anulado este
año 2017 dos reales decretos al Consejo de Ministros -abro comillas- "por
ser contrarios a derecho" -cierro comillas-, en relación con ceses
anticipados del entonces presidente y un consejero de la Comisión
Nacional de las Telecomunicaciones, condenando al Gobierno a reponerle.
Esta sentencia del Tribunal Supremo deja bien claro que el Gobierno, en
las personas del ministro de Economía y de la vicepresidenta del
Gobierno, no velaron por la independencia de los órganos y de las
autoridades independientes en España. La señora vicepresidenta enarboló
la bandera de la austeridad y no dudó en validar la reforma objeto ahora
del doble varapalo judicial, europeo y español. De esto es de lo que
venimos con el Partido Popular en el Gobierno, señorías.
La independencia de los órganos constitucionales y de los órganos
reguladores y supervisores es un indicador esencial de la calidad
democrática de cualquier país. Ya les dije al comienzo de mi intervención
que el Partido Socialista tiene un compromiso firme e inequívoco con las
autoridades independientes, lo tenemos específicamente si cabe más con
las autoridades independientes económicas porque es una cuestión crucial
por la deriva oligopolística del capitalismo que está creando graves
consecuencias por el aumento de la desigualdad, algo de lo que en España,
desgraciadamente, en estos últimos cinco años de Gobierno sabemos
bastante.
Creemos que la única clave para encauzar la situación, tras el fracaso del
Gobierno del Partido Popular del que venimos y de sus continuas
injerencias en la operativa de estas autoridades independientes, es la
concurrencia y el consenso en el sistema de nombramientos, algo que
creemos que es crucial y que la propuesta de Ciudadanos ni siquiera
nombra.
Nuestra propuesta, en esta proposición de ley para garantizar la
independencia de los nombramientos, se centra en unos aspectos claves que
brevemente les enumero: devolver el protagonismo al Parlamento, que se
constituya una comisión de nombramientos independiente, por supuesto,
ajena a la órbita de la Presidencia, como proponía el diputado de
Ciudadanos; promover las convocatorias públicas y la
búsqueda abierta y transparente de candidatos y que la última palabra la
tenga el Parlamento. Señorías, tenemos la oportunidad y la
responsabilidad de construir una alternativa adecuada que nos homologue y
nos devuelva al estándar institucional de reguladores europeos. Eso se
puede hacer con consenso y con concurrencia. En este Parlamento tenemos
los votos suficientes para conseguirlo y lo podemos hacer si trabajamos
juntos en este consenso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Botella.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el
señor Blasco Marqués.
El señor BLASCO MARQUÉS: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes,
diputadas y diputados.
Señor Roldán, no sé si lo pretendía, pero ha conseguido poner de acuerdo
al Partido Socialista, al Grupo Podemos y al Partido Popular al menos en
la inoportunidad de la propuesta que han presentado. Le voy a hacer una
pregunta o varias. ¿Por qué traen esta proposición de ley esta tarde? (El
señor Rivera Díaz: Porque no hacen nada). Primera pregunta. Segunda. El
señor Canto (sic), su compañero de escaño, ¿sabía de esta proposición?
(La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: ¿El señor Canto?). El señor
Canto (sic), que es el presidente de la Comisión que está estudiando este
asunto. Señor Canto (sic), ¿le ha dicho al señor Roldán que hay una
subcomisión que está trabajando en este Parlamento en la independencia de
los órganos reguladores? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Paramos la Comisión
que está trabajando en esto y nos ponemos a trabajar en esta proposición
de ley? ¿O al revés? (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: No, las
dos cosas a la vez). ¿O que hacemos con la propuesta que le ha enviado el
Gobierno de España a todos los grupos, con un anteproyecto de ley que se
llama "Anteproyecto de ley sobre la racionalización y ordenación de los
organismos supervisores de los mercados y para la mejora de la
gobernanza"? ¿Se trataba solo de salir en la foto mañana, en algún
periódico, para decir: Aquí está el Grupo Ciudadanos regenerando este
país? Todos los grupos le están diciendo que se está trabajando, y muy
duro, en esta Cámara para ganar un poco más de transparencia, que es lo
que los ciudadanos nos están pidiendo. Al final, a Ciudadanos le preocupa
más la forma, la foto y los que nos están viendo que el fondo de lo que
se quiere regular. (Aplausos).
Ya le han dicho otros grupos muchos motivos por los cuales es una
proposición de ley que viene en un momento equivocado, pero lo que no le
han dicho son los muchos errores que ustedes cometen en esta proposición
de ley. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: Es que no). Por
ejemplo y en primer lugar, mantienen al presidente del Consejo de Estado
entre aquellos que tienen que someterse a un dictamen previo, cuando
resulta que el presidente y el Consejo de Estado están regulados por una
ley orgánica. ¿Pretenden con esta proposición de ley enmendar una ley
orgánica? ¿No tendríamos que haber empezado, si es que esa es su
intención, derogando o cambiando una ley orgánica para luego incluir aquí
al Consejo de Estado? (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: No).
En segundo lugar, no se comprende bien la naturaleza jurídica que tiene la
iniciativa que ustedes han redactado. No sabemos si se trata de una
comisión parlamentaria -que parece que no- o de un órgano de carácter
meramente administrativo. Esto también se lo han dicho ya esta tarde. Si
lo que proponen es una comisión parlamentaria, tanto por su composición
que no incluye miembros del Congreso como por su adscripción al
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
las previsiones que recoge la iniciativa que han traído contravienen lo
establecido en el Reglamento del Congreso. Si, por el contrario -y parece
que va por ahí-, lo que proponen es la creación de un órgano de
naturaleza administrativa, no se comprende la forma en la que se articula
su vinculación con el Congreso. Es más, parece, tal y como se plantea,
poco útil. El procedimiento actual, con una comisión parlamentaria que
resuelve la idoneidad y la existencia o inexistencia de conflictos de
intereses en los candidatos, parece suficiente y coherente con la misión
que se le encomienda a este Parlamento de control al Gobierno.
En tercer lugar, en la iniciativa que hoy nos proponen dice el grupo
proponente que no parece adecuado apoyarse de forma exclusiva y
predominante en órganos nombrados, a su vez, políticamente. Pero lo que
nosotros vemos al estudiar la comisión de nombramientos que nos proponen
es que hay un excesivo peso del Poder Judicial -también se lo ha dicho el
representante de Podemos-, una ausencia de miembros de la Administración
General del Estado con competencias en la materia y poca representación
de los expertos en la materia de que se trate en cada uno de los
organismos reguladores.
Incluso se puede dudar de la constitucionalidad de la propuesta porque va
en una gran parte en contra de la separación de poderes. La Constitución
deja claro a quién le corresponde gestionar la Administración, al
Gobierno; la Constitución deja claro a quién le corresponde controlar al
Gobierno, a este Parlamento.
Lo que no dice la Constitución en ningún momento es que tenga que haber
una comisión independiente de nombramientos que controle al Gobierno y al
Parlamento; eso no parece razonable desde ningún punto de vista.
En definitiva, son muchos los inconvenientes de esta proposición de ley
que plantea Ciudadanos. Pero nosotros vamos a votar a favor de ella. (La
señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: ¡Ah, ah!). Vamos a hacerlo, en
primer lugar, porque cumplimos siempre nuestros compromisos, y está en el
acuerdo que firmó Mariano Rajoy con el señor Rivera, ganar en
transparencia y mejorar la gobernanza de la Administración; en segundo
lugar, porque iba en nuestro programa electoral, y, en tercer lugar,
porque así se comprometió en esta tribuna el presidente en el discurso de
investidura. No porque lo proponga Ciudadanos, sino porque es lo que nos
exige la población española que nos ha votado.
Señor Roldán, es más importante ir al meollo de la cuestión, ir al fondo
de la cuestión y llegar al mayor acuerdo parlamentario -como ya se está
haciendo en la subcomisión y en la Comisión- para ganar en transparencia
para que España sea un país más fiable ante el sector privado o ante
mercados internacionales y no perseguir permanentemente que mañana los
periódicos digan que Ciudadanos ha puesto de acuerdo a este Parlamento,
porque en lo que sí nos ha puesto de acuerdo es en la inoportunidad de su
propuesta. Pero para que no se dude del compromiso de transparencia y
mejora de la Administración, vamos a votar a favor anunciando, eso sí,
que en su trámite parlamentario la enmendaremos, probablemente en su
totalidad, e intentaremos por ese camino llegar a un acuerdo con el resto
de los grupos.
Esto es todo, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Blasco.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA PROHIBICIÓN DE
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON LEMAS "SIN IVA". (Número de expediente
162/000385).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al punto del orden del
día relativo a las proposiciones no de ley. Continuamos con la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la
prohibición de campañas publicitarias con lemas "sin IVA".
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Agirretxea
Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
A raíz de una moción que se aprobó en las Juntas Generales de Álava,
siguiendo con una petición expresa del departamento de Hacienda del
Gobierno vasco y también porque un informe de Kontsumobide, el Instituto
Vasco de Consumo, así lo reflejaba, el Grupo Vasco ha creído conveniente
traer esta proposición no de ley a la Cámara.
Cuando las personas consumidoras adquirimos cualquier bien o somos
receptoras de la prestación de un servicio, debemos pagar a la parte
vendedora o prestadora de dicho servicio un importe que incluye el
impuesto sobre el valor añadido, el famoso IVA. Posteriormente, es esta
parte, la vendedora o prestadora de servicios y no las personas
consumidoras finales, quién por regla general debe ingresar a Hacienda
las cuotas correspondientes del IVA que está obligada a repercutir a su
cliente. Este impuesto constituye una de las principales fuentes de
financiación del sector público y, por lo tanto, un recurso fundamental a
la provisión de bienes y servicios públicos por parte de las
instituciones que llevan la cuestión. El impuesto constituye, por tanto,
una de las principales fuentes de financiación. En este contexto,
observamos con preocupación cómo algunos tipos de estrategia comercial se
vienen consolidando, principalmente entre las grandes superficies, las
grandes marcas de electrónica, automoción, etcétera -no voy a citar
nombres-, que creemos que favorecen una percepción distorsionada sobre el
pago del IVA. Nos referimos a las famosas campañas publicitarias con
lemas tales como "Día sin IVA", "Ahórrate el IVA", "Te descontamos el
IVA", "Semana sin IVA" "No pagues el IVA". Tenemos muchos ejemplos.
(Muestra diversos anuncios publicitarios). En la prensa casi a diario
aparecen anuncios de esta índole sin ningún pudor y con toda la libertad.
Pues bien, los promotores de estos anuncios o defraudan a Hacienda o
hacen publicidad engañosa, una de dos, y las dos son perjudiciales y nada
ejemplarizantes.
Las instituciones públicas deben incentivar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía, impulsando medidas
tendentes a concienciar a la opinión pública de la importancia de
contribuir y de pagar los impuestos, evitando actuaciones fraudulentas
porque, tal y como he comentado, prácticas publicitarias como las
mencionadas no resultan un buen ejemplo para ello. Cuando digo que una
de dos, o es publicidad engañosa o fraude, ha de quedar claro sin ningún
género de duda que siendo el IVA un impuesto que grava el consumo, cada
compra que las personas consumidoras realicen en los establecimientos que
llevan a cabo este tipo de campañas publicitarias está sujeta al IVA,
digan lo que digan las mencionadas campañas, están sujetas al IVA. Las
ofertas promocionales podrán en su caso, como no podría ser de otra
manera, contar con un descuento en el precio del producto; pueden
anunciar que descuentan el 18 %, el 21 % o, si les place, hasta el 80 % o
lo que quieran, pero nunca será admisible que se diga que por la compra
en cuestión se exima de la obligación de pagar el IVA por el hecho de que
la parte vendedora decida ofertar sus productos a un precio más bajo. Por
tanto, además del efecto pernicioso respecto a la concienciación
ciudadana al que nos hemos referido, es evidente que los eslóganes de las
campañas no resultan veraces, porque en ningún caso las empresas que los
promueven evitan a su clientela soportar el IVA que ellas deben ingresar.
¿Acaso cuando compramos un producto que se anuncia "sin IVA" y pedimos la
factura ese impuesto no aparece en la misma? El IVA aparece, como es
lógico. Por tanto, se está engañando y, además, no sé con qué objetivo,
porque al ciudadano lo que le interesa es el descuento que se hace, no
que se le quite el IVA.
Dichas campañas hacen un flaco favor a un funcionamiento transparente de
la economía y fomentan valores que poco tienen que ver con la solidaridad
y la honradez; no aportan nada a la construcción de un potente sistema de
protección social y no contribuyen al desarrollo de una sociedad más
justa y más solidaria. Se deben controlar los perjuicios que este tipo de
campañas publicitarias pueden crear en la economía familiar y en la
conciencia fiscal de los ciudadanos. Reitero que, cuando vemos este tipo
de anuncios en publicidad estática, en televisión, en medios de
comunicación, en periódicos, o se está engañando, porque dicen que te
quitan el IVA cuando no te lo quitan, y es engañosa la publicidad, o, si
no, hacen un fraude a Hacienda, que es peor. Como sabemos que no ocurre
lo segundo, lo que pedimos es que se modifique la Ley General de
Publicidad por la que se modifica el régimen legal de la competencia
desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios, con el fin de prohibir las campañas de esta
índole. Si leemos un concreto artículo de esa ley veremos cómo la
publicidad engañosa no se puede permitir, y la publicidad engañosa es
aquella que dice algo que después no se produce. A los ciudadanos no se
les puede decir que se les quita el IVA cuando no se les quita y, además,
no se les puede quitar.
Queda, pues, claro lo que solicita mi grupo parlamentario por medio de
esta proposición no de ley, siguiendo, como digo, aquello que nos
pidieron las Juntas Generales de Álava, el Gobierno vasco y las
asociaciones de consumidores por medio de Kontsumobide. Espero que todos
los grupos parlamentarios que se encuentran en la Cámara vean justa y
lógica esta petición y apoyen esta proposición no de ley que presenta mi
grupo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Agirretxea.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Señor Agirretxea, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda
constructiva y enriquecedora a su proposición no de ley. Me venían a la
cabeza los reclamos más o menos pegadizos de tipo "Date prisa y compra
uno de nuestros coches sin IVA", "Ahórrate el IVA. Yo no soy tonto". Este
tipo de marketing les puede gustar más o menos, pueden pensar que es más
o menos creativo, incluso podría pensarse que es liberal. Pero creo que
esto lo tiene que decidir la empresa. La empresa tiene que decidir si
vincula su marca a ese tipo de anuncios. No se trata de saber si esto es
ético o no, creo que la cuestión es preguntarse si es legal o no es
legal. ¿No les parece, señorías, que en el ejercicio de nuestro Poder
Legislativo para prohibir algo debe ser ejercido con un poco más de
pulcritud y con seriedad? Vivimos días de desafíos de las normas y, por
tanto, el respeto de la ley cobra muchísima más importancia. Creo que
esto es clave para una convivencia civilizada. Creemos que prohibir este
tipo de campañas es matar moscas a cañonazos y, por tanto, no es la
solución al problema de fondo. El problema de fondo es la cultura, la
educación cívico-tributaria de las personas. Nos hemos dedicado durante
mucho tiempo a hacer aquí amnistías fiscales -las han hecho todos, el
Partido Popular y el Partido Socialista con la ayuda de Convergència i
Unió-, nos hemos permitido durante mucho tiempo una lucha deficiente
contra la corrupción, contra el fraude -el segundo problema en la
encuesta del CIS es la corrupción-; entonces, ¿cómo combatir este
problema de fondo? ¿Acaso se puede optar o no se puede optar a la Ley del
IVA?
Señorías, estamos hablando de una ley. Se define muy bien en los artículos
4, 7 e incluso el 20, sobre las exenciones. Por cierto, la obligatoriedad
de ingreso del IVA, señoría, no la tiene el consumidor, la tiene el
vendedor, con lo cual no estamos defraudando aquí a nadie. Yo les
pregunto: si las obligaciones, como está planteando, son opcionales, ¿los
derechos también son opcionales? ¿Es opcional la sanidad, la educación,
la seguridad o la tutela judicial efectiva? Señorías, este es un Estado
democrático de derecho y no caben las ambigüedades; lo otro es la ley de
la selva, el caos. Insisto, ¿acaso las amnistías fiscales no minan la
conciencia fiscal de los ciudadanos? ¿Acaso, por ejemplo, cuando ustedes,
el PNV, negocia el cupo vasco con el Partido Popular, con la aquiescencia
del Partido Socialista, están invocando el principio de solidaridad que
están presentando en la PNL? (Aplausos).
Finalmente, hablan de prácticas de publicidad engañosa, y yo les pregunto:
¿No sería mejor tener informados y educados a los ciudadanos desde bien
pequeñitos? Sí, desde bien pequeñitos. No es cuestión de meterse con la
política educativa, todo lo contrario. La enmienda que hemos presentado
enriquece su PNL, ya que pedimos al Gobierno que refuerce, por supuesto,
la lucha contra el fraude fiscal, con ese impulso de la educación
cívico-tributaria. Le pongo un ejemplo -lo firmamos con el Partido
Popular en esos 150 compromisos-: incremento de charlas formativas en la
Agencia Tributaria, ampliación del personal docente permanente en esa
Agencia Tributaria, la creación de comisión dentro de esta agencia para
que impulse, supervise y evalúe con plenas garantías de independencia.
Sabemos que, además, la lucha contra el fraude no solo tiene esta
actuación, hay distintas actuaciones: la Agencia Tributaria, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores e incluso el Banco de España las
practican a través del Ministerio de Educación, suministrando material
didáctico a los colegios. Pero no basta con eso, que tan solo afecta a 30
000 alumnos de más de 6 millones; no basta con eso. Si miramos fuera de
nuestras fronteras, también lo están haciendo los países nórdicos y
anglosajones hace muchísimo tiempo. Ellos, por ejemplo, tienen programas
de preparación a la vida adulta y así lo hacen.
Termino, señor presidente. En la actual coyuntura de falta de recursos, de
infrafinanciación, de falta de inversión en muchas comunidades autónomas,
incluida por supuesto la mía, se hace más urgente la educación de
nuestros hijos, y esa conducta ética, tributaria y solidaria es lo que le
estamos planteando. Con toda seguridad, condiciona el comportamiento
incluso de los padres. Cuando la educación viene de hijos a padres,
¿quién se resiste al sonrojo? ¿Quién se resiste a la reprobación de un
hijo cuando le está diciendo a su padre que está teniendo una conducta
defraudadora? Sinceramente, yo no, espero que ustedes tampoco. Cuando sus
hijos estudien los valores en la escuela, cuando el Congreso haga
realidad esta iniciativa de Ciudadanos de la educación cívico-tributaria,
conseguiremos, desde luego, mejores personas y mayores recursos para
nuestro Estado del bienestar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ten.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on, buenas tardes.
Cada vez son más las grandes empresas que se suman a la moda de
promocionar las rebajas en sus productos utilizando como reclamo el
impuesto sobre el valor añadido, el IVA, como ha dicho el proponente de
la iniciativa que analizamos. Estas campañas se han criticado por
diferentes cuestiones, principalmente por tratarse de publicidad engañosa
porque, al contrario de lo que dice la misma, con la que se nos quiere
atraer, el IVA se paga absolutamente en todos los casos. Apuntan estas
críticas también que el descuento es muchas veces menor del anunciado o
que este debe gastarse en el mismo establecimiento; también que se
utilizan estas campañas para acelerar la venta de productos que llevan
mucho tiempo en stock y que en breve tienen que ser retirados para hacer
sitio a las novedades. Todo ello es cierto pero, además de los
mencionados, hay otro aspecto que para Euskal Herria Bildu es importante
y no es otro que la imagen que se proyecta de los impuestos, en especial
en este caso del IVA. Este es un impuesto -ya se ha dicho- que se paga
por consumir un producto o recibir un servicio, es decir, lo pagamos
absolutamente todas las personas en el momento de comprar algo o de
recibir un servicio y por ello es un impuesto que directamente encarece
el precio final de las cosas. Es, pues, un impuesto que no discrimina en
función de la situación particular de cada una de las personas
consumidoras, y es una de las razones por las que no goza de buen nombre,
menos aún en la actualidad con tipos tan elevados. Las grandes empresas
se aprovechan de ello, de la reacción negativa que este impuesto provoca
en la ciudadanía para atraerla al consumo y aumentar sus ventas. Este
tipo de publicidad afianza la idea falsa de que el IVA es un impuesto
que se puede cobrar o no en función de la voluntad del empresario o del
comerciante, y esta idea tiene efectos perversos en autónomos y pequeños
empresarios que ven cómo sus presupuestos son rechazados cuando el
consumidor pregunta, como si pudiera elegir: ¿con IVA o sin IVA? De esta
manera, aquellos negocios que cumplen con sus obligaciones fiscales se
encuentran en una posición competitiva peor que aquellos que lo hacen de
manera fraudulenta.
El daño de este tipo de prácticas va más allá del IVA que no se recauda,
extendiéndose a los ingresos que no se declaran y a otro tipo de abusos y
fraudes en las condiciones de trabajo. En última instancia -lo ha dicho
el representante del Partido Nacionalista Vasco-, está claro que este
tipo de campañas no favorecen -y suscribo palabra por palabra porque son
palabras a su vez utilizadas en su día cuando Euskal Herria Bildu estaba
en la Diputación de Guipúzcoa para hacer frente a este tipo de campañas-
en nada a un buen funcionamiento, a un funcionamiento transparente de la
economía y fomenta valores que poco tienen que ver con la solidaridad y
la honradez. Pero voy a decir algo más: además, son campañas que no
aportan nada a la construcción de un sistema de protección social sólido
y no contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa y más solidaria,
para lo que es necesario que cada cual aporte aquella parte que le toca y
contar con recursos públicos para impulsar políticas sociales. Por ello,
somos de la opinión de que estas campañas deben ser prohibidas; sí,
señores de Ciudadanos, deben ser prohibidas. Aunque es verdad que ustedes
han hablado en contra de la prohibición, luego en su discurso, cuando
hablaban de que había que ser claros, de que no había que hablar con
medias tintas, y hablaban incluso de la falta de financiación y de
ingresos, entraban en una total contradicción. Porque, como bien se ha
dicho aquí, hay que prohibirlas porque o bien las empresas con este tipo
de campañas nos están engañando o están defraudando, y en ambos casos hay
que atajar esa realidad. Y no vale que sean las empresas las que lo
decidan, hay que proteger a los consumidores, a la ciudadanía y que no se
haga un uso tan fraudulento de todo lo que tiene que ver con los
impuestos, en este caso concreto con el IVA. Por todo ello, votaremos a
favor de la propuesta del PNV, porque compartimos el objetivo que
persigue y porque la norma que rige el impuesto del IVA la determina el
Estado.
Pero no quisiera finalizar mi intervención sin añadir que si, más allá de
recaudar el IVA por parte de las diputaciones forales, tuviéramos la
soberanía plena en esta materia, podríamos hacer que los tipos del IVA
fueran otros, y eso sí que contribuiría, sí que sería un paso importante
para conseguir un mejor reparto de la riqueza sin cargar la necesidad de
la recaudación en toda la sociedad por igual, como hacen impuestos como
el IVA, apostando así por la progresividad necesaria para ello.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Beitialarrangoitia.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora De la Concha García-Mauriño.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Presidente presente, presidente
ausente, señorías, buenas tardes.
La publicidad es tan potente que pasa a formar parte de nuestra identidad,
de nuestra memoria y de nuestras señas de identidad como generación. La
primera campaña publicitaria que tengo yo en mi memoria es la de 1964 de
"25 años de paz". Eran cuatro palabras que se repitieron hasta la
saciedad: vallas publicitarias, sellos de correos, pasquines, todos los
medios de comunicación de la época... Detrás de estas cuatro palabras
había veinticinco años de miseria y de miedo para una parte importante de
la población. Detrás de estas tres letras enormes, paz, se ocultaba la
realidad de las cárceles, de las fosas, de las ejecuciones, del exilio,
del maquis, de los hospicios, de la emigración masiva y de la miseria
cultural, económica y sexual de aquellos años. "25 años de paz" fue,
quizá, la primera campaña de publicidad moderna. Fraga fue el director de
una orquesta que anunciaba a bombo y platillo el comienzo de nuestra
historia contemporánea. Se abrían las puertas al turismo, a las nuevas
infraestructuras, a las telecomunicaciones y también a muchas campañas
publicitarias. Fraga quizá fue el primero en comprender que la publicidad
era un arma cargada de futuro. Ahora, cincuenta años después, en horas de
máxima audiencia televisiva, sofisticados anuncios de coches y productos
de belleza femenina no solo animan al consumo, sino que recrean una
sociedad ficción de hombres poderosos en vehículos potentes y de mujeres
hermosas que viajan a su lado. Un buen coche y una mujer que provoca
envidia son los dos símbolos del triunfador. Esto en el siglo del cambio
climático y del empoderamiento de las mujeres.
La publicidad en España es a menudo tramposa, sexista y engañosa. Utiliza
la ecología para fomentar el consumo y el feminismo para vender casi
cualquier cosa. "25 años de paz" ya utilizó todas las lenguas
del Estado, esas que estaban prohibidas en las escuelas. En Cataluña era
"25 anys de pau". Hubo gente que le quitó un palito a la u y era "25 anys
de pa". Su control, el control de la publicidad, está, sin embargo, a
cargo de un organismo que se llama autocontrol, que está participado por
ejecutivos y directivos de multinacionales y empresas diversas. Sin duda,
son juez y parte al mismo tiempo. Sin duda, el control de contenidos y
formas en publicidad debería estar a cargo de un organismo independiente,
sin intereses en la venta y promoción de los productos publicitados.
En el caso que nos ocupa hoy, esta publicidad que ofrece productos sin
IVA, o bien este eslogan es falso, con lo que incurre en publicidad que
lleva a engaño, o bien es cierto, lo que constituye un fraude. La ley
34/1998, en su artículo 3.e), prohíbe la publicidad engañosa, desleal y
agresiva. En este caso, las campañas "semanas sin IVA", "compra tu
ordenador sin IVA", etcétera, ya de por sí agresivas, son, sin lugar a
dudas, engañosas. ¿Se trata de no pagar el IVA y participar así en un
fraude o se trata de un eslogan publicitario intencionadamente engañoso y
que, por tanto, incurre en falsedad? Si lo que quiere decir es que al
cliente se le descontará del precio del producto un tanto por ciento y
que este tanto por ciento es equivalente al tanto por ciento que le
corresponde al producto como impuesto sobre el valor añadido, ¿por qué no
se dice de una forma más clara? ¿O el descuento es una cantidad
equivalente al IVA que tenía el producto antes de efectuar ese descuento
o bien se quiere decir que el descuento es una cantidad equivalente al
pago del IVA posterior al descuento que se le va efectuar? El eslogan
"sin IVA" es engañoso y muy confuso. Además, se trata de una conducta
claramente desleal. Para empezar, hacia la Agencia Tributaria, que se
esfuerza e invierte en campañas para concienciar a la ciudadanía de la
importancia de rechazar ofertas de bienes y servicios sin IVA, es decir,
en negro, pero también desleal hacia otras empresas que no utilizan este
tipo de subterfugios y que hacen ofertas claras en las que, a primera
vista, cualquier cliente podía identificar el descuento que se va a
aplicar en un producto determinado.
Las ofertas sin IVA presentan los impuestos como una carga a evitar,
olvidando su función redistributiva y solidaria. En la Ley 29/2009, en la
ampliación del reglamento, se condena también el comportamiento de las
empresas que publicitan productos de manera susceptible de distorsionar
el comportamiento del consumidor medio al que se dirige una práctica
determinada. ¿Acaso no se insinúa en este tipo de publicidad sin IVA que
es mejor no pagar ese impuesto? ¿Acaso ese tipo de publicidad no insinúa
que esquivar el pago del IVA es algo positivo? Hoy votaremos a favor de
esta PNL del PNV y trabajaremos para poner en el centro del debate el
tema de la publicidad y del consumo responsable que ahora mismo debería
ser uno de los temas políticos de relevancia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora De la
Concha.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tundidor
Moreno.
La señora TUNDIDOR MORENO: Buenas tardes.
Señor presidente, señorías, la promoción del "Día sin IVA" es publicidad
engañosa. El "Día sin IVA", si se aplicara de manera exacta y literal,
sería una completa ilegalidad. El IVA es un impuesto obligatorio. Si lo
descontaran realmente, sería denunciable, ya que se estaría incurriendo
en un fraude fiscal al evadir el pago de este impuesto. Aunque se trate
de un reclamo publicitario, es un reclamo tóxico, al igual que lo sería
una campaña cuyo eslogan fuese "El día de la evasión fiscal".
Señorías, este tipo de publicidad cada vez es más frecuente y traslada la
idea a los consumidores de que, en la fecha establecida por la empresa,
todos los productos podrán ser adquiridos sin necesidad de pagar el
impuesto sobre el valor añadido, es decir, con una rebaja del 21 %. Sin
embargo, esto es engañoso y falso. En primer lugar, como decía al
principio, no hay manera de dejar de pagar el IVA. Este es un impuesto de
obligado cumplimiento para las empresas. En segundo lugar, la rebaja
final sobre el precio publicado no es del 21 % o el porcentaje que
corresponda, puesto que el valor del IVA se calcula sobre la base
imponible y no sobre el precio final del artículo. Esto significa que el
verdadero descuento sería de un 17 %. En tercer lugar, como ya han
denunciado las asociaciones de consumidores en relación con determinadas
empresas que utilizan este tipo de campañas, los productos que entran
dentro del descuento sufren un repentino aumento del precio justo antes
del día promocionado.
Este tipo de campañas supone también un reclamo tóxico que desinforma a
los consumidores y ataca la conciencia fiscal de los ciudadanos. Afianzan
la idea falsa de que el IVA es un impuesto que se puede cobrar o no en
función de la voluntad del empresario o comerciante, generando en los
consumidores la idea de que en los presupuestos ofrecidos por los
comerciantes es posible la elección del precio con IVA
o sin IVA. Es un mensaje que atenta claramente contra la conciencia
ciudadana de la necesidad de pagar impuestos. Traslada la percepción de
que los impuestos son una carga con la que cumplimos contra nuestra
voluntad, contribuyendo a la desafección con la contribución tributaria.
Dan a entender que, cuando haya oportunidad, hay que hacer lo posible por
no pagarlos.
Los impuestos garantizan el sostenimiento de un Estado que prevé un marco
legal y una certidumbre jurídica imprescindibles para desplegar actividad
económica. Financian infraestructuras de transporte, energía,
telecomunicaciones y servicios públicos básicos como la educación y la
sanidad, y contribuyen a la redistribución de la riqueza dentro de la
economía. Si una empresa quiere tener credibilidad para resaltar su
compromiso con la sociedad en la que opera, debe desechar, sin duda, este
tipo de campañas y nosotros tenemos que rechazarlas también como
consumidores, como contribuyentes y como ciudadanos; y como diputados,
como representantes de los ciudadanos, tenemos que promover y apoyar
cuantas iniciativas trabajen en esa dirección. Pero como tampoco es mi
intención desbaratar las costosas campañas de marketing de las empresas
que utilizan el eslogan del "Día sin IVA" como reclamo publicitario, les
ofrezco de forma altruista otro eslogan para atraer a sus clientes.
Cambien el "Día sin IVA" por el "Día sin beneficios". Por supuesto,
apoyaremos la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
Tundidor.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora Romero Rodríguez.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero manifestar que mi grupo comparte la preocupación del
Grupo Parlamentario Vasco y la que han mostrado otros grupos en esta
Cámara sobre los efectos de este tipo de campañas publicitarias; unos
efectos que pueden ser muy nocivos para los consumidores y usuarios. En
el Grupo Popular valoramos positivamente esta iniciativa por tres
motivos. En primer lugar, es una publicidad claramente engañosa para el
consumidor; de hecho, hay antecedentes en España. Los operadores de
telefonía ya estaban avisados al respecto y tenían, a 2 de diciembre de
2015, que modificar su publicidad e incluir en ella los precios con IVA.
Es engañoso porque los consumidores, que afrontamos numerosos gastos, al
menos nos mantenemos en una constante búsqueda de las mejores estrategias
para ahorrar dinero mediante ofertas y promociones; y este tipo de
campañas nos ofrece una solución de ahorro en los productos que tenemos
interés en adquirir. Esta publicidad induce a una idea engañosa, porque
el artículo 20 de la Ley de Defensa del Consumidor deja muy claro que el
precio final ha de ser completo, incluyendo los impuestos. Pero con ella,
el consumidor cree que todos los productos podrán ser adquiridos sin
tener que pagar el IVA, con una rebaja según el porcentaje del tipo. Sin
embargo, esta información es falsa, primero, porque no hay manera de
dejar de pagar el IVA; y, segundo, porque, como ya se ha manifestado
aquí, el tipo se aplica sobre la base imposible, no sobre el precio
final, con lo cual, el precio final siempre tendrá un porcentaje menos
reducido que el que el cliente cree que se está rebajando.
En segundo lugar, es una publicidad que puede distorsionar la competencia.
El artículo 88 de la Ley del IVA determina que los sujetos pasivos
deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para
quien se realice la operación gravada, quedando este obligado a
soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta
ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.
Por su parte, la publicidad engañosa queda definida en el artículo 5 de
la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal, por engañosa,
cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun
siendo veraz por su contenido o presentación, induzca o pueda inducir a
error a los destinatarios, siendo susceptibles de alterar su
comportamiento económico. En consecuencia, la concesión de un descuento
denominado "sin IVA" no afecta a la obligación de sujeto pasivo de
repercutir el impuesto, que deberá ser soportada por el adquirente final
del bien o servicio, con independencia de que se haya publicitado que la
adquisición del bien es sin IVA. Las campañas publicitarias de descuento
denominadas "sin IVA" podrían vulnerar las disposiciones contenidas en la
Ley General de la Publicidad, en la medida en que todos los productos
ofertados y adquiridos sí que pagan el IVA.
En tercer lugar, estas campañas podrían tener un cierto desincentivo de la
conciencia social y tributaria de los ciudadanos. La Constitución
española, señorías, nos obliga a todos, y lo deja claro en su artículo
31: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo,
inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún
caso tendrá carácter confiscatorio". Estas campañas aluden a la idea de
que es el consumidor espabilado el que está al día de las ofertas -como
decimos en mi tierra, 'el enterao'- puede eludir pagar impuestos
y, de esta forma, la conciencia tributaria de la sociedad se debilita y se
relaja la idea de que los deberes tributarios fijados por las leyes
obligan a todos y cada uno de los ciudadanos y, a su vez, acarrean unos
beneficios comunes en bienes y servicios públicos que disfrutamos todos,
con el fin último de garantizar el beneficio y el bienestar del conjunto
de la población, así como contribuir a hacer realidad los principios de
justicia, equidad, igualdad y solidaridad entre todos los españoles a los
que nos atañe la Constitución, residan donde residan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Romero.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, le pregunto al
señor Agirretxea Urresti si su grupo acepta la enmienda presentada.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, no vamos a aceptar la
enmienda del Grupo Ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.
Lo tendremos en cuenta.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL INICIO DEL PRESENTE CURSO
(2017-2018). (Número de expediente 173/000045).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al tercer punto del
orden del día, debate de la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política
educativa y las perspectivas para el inicio del presente curso,
2017-2018. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la
moción, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Señor presidente, señorías, buenas tardes.
El Grupo Parlamentario Socialista ha empezado el curso político, escolar y
académico trabajando no solo aquí, en este Congreso, sino también en el
Senado. Digo esto a colación del recibimiento del señor ministro a
nuestro portavoz en la interpelación que hizo en el Senado. Nos recibió a
los socialistas de la siguiente manera: "Como aves precursoras de
primavera, / en Madrid aparecen las violeteras". Esta canción, que
hicieron famosa Raquel Meller y Sarita Montiel, tiene una segunda parte
de la primera estrofa, que dice: "Que pregonando parecen golondrinas, /
que van piando, que van piando". Y esto es lo que le respondemos nosotros
al señor ministro.
En la interpelación del pasado Pleno quedaba claro que le extrañaba no
solo que tomáramos tantas iniciativas, sino que no entendiéramos el pacto
en el que venimos trabajando. Esto lo saben bien muchas señorías que
llevan formando parte de la subcomisión de Educación seis meses -son ya
más de ochenta comparecencias y ciento veinte horas de trabajo- y creo
que no solo merecen el respeto por parte del ministro, sino -lo que más
nos importa- la atención a lo que viene diciendo la sociedad española en
torno a la educación. Si me permiten, en cuanto a las formas, quiero
denunciar lo que, a nuestro entender, es una suerte de emboscada del
ministro que conviene que desmontemos, puesto que con ese pacto pretende
ocultar la inacción del propio ministerio. Es más, tiene otros
argumentos, uno de los cuales esgrimió aquí y en el Senado, y es la
dichosa crisis. Todavía seguimos escuchando por parte del Gobierno que
toda la culpa de los males de este país la tiene la crisis. Por cierto,
no solo la crisis sino también el presidente Zapatero, como si no hubiera
habido una crisis global.
Esta emboscada, que se convierte también en una coartada por parte del
ministro en su intervención, tiene un segundo escalón además del de la
crisis y el pacto que suele utilizar para no hacer nada en definitiva, y
es el de que el Gobierno solo administra el 5,18 % de los presupuestos
destinados a educación. Esto es cierto, pero también es cierto que el
montante de los Presupuestos Generales del Estado lo administra el mismo
Gobierno y tiene que derivarlo a las comunidades autónomas. Y para
abundar más todavía en que es una falacia lo de la crisis, lo de las
competencias administrativas y de gestión de los presupuestos del
Gobierno y lo del pacto como excusa, les diré que en el año 2011 el
presupuesto en educación superaba con creces, un 11,2 %, al último de
2017, y denuncio otra trampa del propio Gobierno: Si se está argumentando
durante tres años que ya crecemos, este año casi al 3 %, no parece lógico
que
se destine el 1,7 % a educación. Por tanto, la realidad a que hace alusión
el ministro tiene las patas, como las mentiras, muy cortas y rápidamente
-como es la materia prima de la política y los socialistas trabajamos-
dejamos en evidencia al ministro en cuestión tan fundamental como esta.
Por otra parte, y en cuanto al pacto, diré que es un pacto político,
social y territorial. Me da la sensación de que ese dolce far niente al
que aludía mi compañero Meijón es intencionado. Al final, de lo que se
trata es de haber atravesado un curso en blanco, donde prácticamente no
hemos avanzado nada en cuestiones fundamentales que propone esta moción y
que les comentaré a continuación, sino que además sigue sirviendo para
que la Lomce siga coleando. Decía esta mañana mi compañero que ha sido
una ley prácticamente en el infierno, porque no la quiso nadie en la
sociedad española y en este mismo Congreso fue recriminada por todos los
grupos políticos -menos el Partido Popular-, los cuales firmaron por
escrito derogarla nada más llegar esta nueva legislatura. Pues resulta,
ya digo, que ahí el ministro vuelve a caer en la trampa de seguir
intentando poner en marcha esa ley, tan dañina por otra parte para la
educación. Se hablaba del infierno, pero ahora mismo estamos en una
situación de limbo jurídico que permite que ese no hacer nada provoque
más desigualdad y peor calidad. Menos equidad y peor calidad es lo que
nos dicen unánimemente los comparecientes en la subcomisión de Educación.
Por eso la moción del Grupo Parlamentario Socialista viene a recoger una
serie de inquietudes, una serie de iniciativas muchas de ellas ya
debatidas en este Congreso. Me refiero a la primera, becas y ayudas. La
disminución es radical: de 2011 -por cierto, año de durísima crisis- a
2017, 52 % en la educación no universitaria y 47 % en la universitaria.
Las cuentas siguen sin salir. Lo que no hay es voluntad real de llegar a
ese gran acuerdo, pero suficientemente financiado. El propio presidente
de la Conferencia de Rectores dijo hace no mucho en esa subcomisión: no
tenemos ni demasiadas universidades ni demasiados estudiantes. Es más,
hemos expulsado a casi cien mil estudiantes en estos cinco años. Ese es
el talento y el talento productivo de este país, que se ha fugado. No me
valen los argumentos de la ministra -por cierto, paisana de mi provincia-
cuando habla de la cantidad de puestos de trabajo. Yo le diría que en las
pirámides también trabajaba mucha gente. (Aplausos). No se trata de eso,
de llevar el empleo a una suerte de esclavitud. Se trata de utilizar el
talento que nos ofrecen la innovación y la educación para poner todo esto
en marcha.
Muy rápidamente. Abundamos también en otro aspecto fundamental, que es un
plan estratégico para la formación profesional. Tenemos que poner en
valor toda la capacidad de nuestros jóvenes para incorporarse a un
mercado y a ser posible cobrar sueldos dignos. Por otra parte,
planteamos, como hizo ya nuestra portavoz en el debate con el ministro -a
ver si nos escucha-, salvar muchos obstáculos. Hoy mismo en la Comisión
hemos salvado uno de la FP y que los mayores de veintiún años con
dificultades pueda seguir estudiando. Tan sencillo como eso. A veces son
cuestiones legislativas.
Asimismo proponemos -voy terminando, presidente, que estoy ya en números
rojos- que, aparte de esos obstáculos de la FP, tengamos también una
atención especial a los centros educativos. El vértice de la educación,
con las comunidades autónomas y con la Administración General del Estado,
son los colegios, las escuelas, los institutos. Ahí es donde ocurre la
educación. Y no quiero olvidarme del profesorado, que ha perdido un 15 %
de poder adquisitivo y que también está un 15 % por debajo de la media de
los profesores de la Unión Europea. Trabajan más, cobran menos, hay una
mayor ratio de alumnos y tienen dos horas más añadidas por los decretos y
por las leyes del Partido Popular.
Por último, y no menos importante, la coordinación. El pacto, como les
decía al principio, tiene que ir acompañado de un excelente trabajo.
Felicito a sus señorías del Partido Popular, de Ciudadanos y de todos los
grupos políticos porque se ha hecho un trabajo intenso, pero al mismo
tiempo tendrá que trabajar el ministerio. ¿O es que el pacto del año 2010
no lo lideró un ministro, por cierto un ministro socialista? Necesitamos
que el ministerio nos acompañe en este trabajo. Y, al mismo tiempo, el
pacto social, político y un adjetivo importante: territorial, porque
coordinarnos con las comunidades autónomas es fundamental. Ante todo esto
el señor ministro parece que no atiende a razones, hasta tal punto que
quería comentar aquello de la canción de La Violetera. Yo he pensado
finalmente que al ministro le ocurre como a ese personaje tan célebre de
la novela El Gatopardo, de Lampedusa, que pretendía que todo cambiara
para que todo siguiera igual. Nosotros le decimos: No, señor ministro, no
va a seguir igual porque no tienen ustedes mayoría absoluta. Cuando no la
tienen parecen buscar pactos; cuando la tienen, no lo procuran. Este
partido, el Partido Socialista, lleva el sello de los grandes pactos de
Estado, pacta cuando está en la oposición y pacta cuando está en el
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Trillo.
Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de
posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Con esta moción ya son varias las iniciativas socialistas sobre la Lomce y
otras normas con incidencia en toda la política educativa de becas,
universidad, formación profesional, educación secundaria obligatoria, con
las que de una u otra forma se retrata lo que responde a toda una
objeción a cualquier pretensión de modificar la LOE y las disposiciones
vigentes anteriores a los Gobiernos del PP promovidas por el Partido
Socialista. Curiosamente, sin embargo, en esta XII Legislatura aún no ha
habido iniciativa alguna sobre el bachillerato y su significancia y al
respecto sería interesante conocer la posición del grupo proponente y la
de otros grupos parlamentarios, porque estamos a la cola del mundo con
nuestros dos añitos, propios de un curso malo de manualidades. Asimismo
no se dice ni pío sobre sistemas de selección del profesorado público y
privado, tal vez porque ese campo es poco rentable, peligroso o vayan
ustedes a saber. Ni tampoco sobre la estructura del sistema no
universitario. En definitiva, señor Díaz, nos largan un popurrí ya
bastante habitual y hasta la próxima. Por cierto, ni siquiera cita el
estado del trabajo y el retraso acumulado de la subcomisión parlamentaria
creada aquí, en el Congreso, sobre el pacto educativo, que bien merecería
un mayor esfuerzo y que se perciba.
Una vez más, desde Foro reiteramos que conceptualmente el sistema escolar
es la base del desarrollo económico y social de España y resultan
imprescindibles cambios en el diseño del mismo con el objetivo de
combinarlo con los avances de la economía y de la sociedad. En Foro, tal
como describía nuestro programa electoral, consideramos que es preciso ir
a un modelo de educación que se base en la certeza de que el eje de la
educación es el individuo y la familia como poseedora de derechos
fundamentales, pero defendemos también la liberalización del sistema
escolar, con el centro educativo como fundamento de una España moderna y
renovada. Como base de la deseada igualdad, renovamos nuestra afirmación
en el principio de diversidad y no en la uniformidad, pero esa diversidad
no está reñida con la necesaria y mensurable homogeneidad propia de un
solo sistema escolar. Lo contrario da lugar a situaciones graves contra
el orden constitucional, incubadas ya desde los años noventa en una
escuela como la que el Grupo Socialista ampara en el punto 5 de su
moción. ¿Pero no han caído aún en la cuenta de cuál es el camino y cuál
es el objetivo de la escuela nacionalista? Es preciso incidir en los
cambios estructurales pero también en cómo se enseña, qué se enseña y
cómo se tiene que aprender. No debería tratarse solo de parchear viejos
proyectos. El fin último sería que la escuela española orientase su
funcionamiento hacia la conformación de una nueva sociedad fundamentada
en una mayor equidad y justicia social desde una igualdad de
oportunidades.
A la vista de esta iniciativa, señalo que comparto su diagnosis
financiera, pero al mantener el marco general de la LOE, y desde luego su
concepción pedagógica -citación tardíamente reconocida por el entonces
ministro señor Wert-, la moción aporta muy poco a solucionar los graves
defectos de nuestro modelo escolar, más allá de las mejoras estadísticas,
que siempre vienen bien, aunque en educación lo importante es la
estadística a medio y largo plazo. (Rumores). Hoy no les hacemos ninguna
enmienda salvo la de totalidad...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... porque esta moción es floral, estéril y
persistentemente propia de ensalada, con ciertas ausencias y carencias
fundamentales.
Dicho esto, cabe pedirles que sean reflexivos y se pongan de acuerdo con
el PP y con los socialistas, con los sindicatos y los empresarios, para
consensuar un desarrollo normativo común en un marco financiero
reactualizado y en el desarrollo de todas las actualizaciones pendientes
del profesorado, incluida la evaluación, estructura y organización
escolar actualizada. En definitiva, votaré en contra de su moción y les
insto, como partido que sin duda puede ser de Gobierno, a tener más
rigor, reflexión y búsqueda de consenso en un tema de enorme calado
presente y futuro como es la educación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Desde el escaño
porque seré muy breve.
Esta es una típica moción del Partido Socialista, y cuando digo típica no
lo hago con sentido despectivo, es una constatación de la realidad. El
Partido Socialista acostumbra a traer mociones con muchos puntos,
demasiados puntos, que hacen que puedas estar de acuerdo con algunos y
con otros no. Evidentemente, este batiburrillo que suele aparecer en este
tipo de mociones genera una situación un poco rara, porque se empieza con
una cosa, se sigue con otra, se mezcla la formación profesional con las
becas, con el dinero para la educación. A veces da la sensación de que lo
que se plantea es el programa electoral de arriba abajo. Y, claro, con
algunas cuestiones podemos estar de acuerdo, otras nos pueden parecer
bien o mal y con otras evidentemente no estamos de acuerdo, porque a
veces, en ese deseo de querer pedirle al Gobierno todo, se le piden cosas
que no le corresponden al Gobierno, sino que les corresponden a otros
Gobiernos. En este caso la patita entra en la puerta que no debe y, ante
eso, siempre nos plantaremos porque consideramos que, tal y como dice el
Estatuto, el ámbito de la enseñanza es materia transferida y Euskadi es
competente en esta materia.
Además, ya nos hemos cansado un poco de que quieran incluir constantemente
temas de educación como si siempre fueran materia del Estado, y no lo
son. Vamos a defender esto sobre todo porque, viendo la política que está
llevando el Gobierno del Estado, con recursos constantes a las becas, al
decreto, etcétera, ya nos hemos cansado. Por eso vamos a pedirles que, de
una vez por todas, no entre en Euskadi la materia educativa desde el
Estado, porque no le corresponde y porque somos competentes en esta
materia.
Formación profesional. Si alguien tiene algo que ofrecer sobre cómo se han
hecho las cosas puede ser Euskadi, que es competente en esa materia. Y
respecto a planes nacionales, pues no es lo que más nos importa en estos
momentos ni lo que más nos gusta, sobre todo en materia de formación
profesional, porque el Gobierno no es competente ya que nosotros tenemos
esa competencia.
En un párrafo no podemos meter aquello que hemos dicho claramente todos de
que estamos en contra de la Lomce; evidentemente. Estamos dando vueltas y
vueltas, y lo que se tiene que hacer de una vez por todas es organizar
algo que sustituya a la Lomce. La Comisión acabará sus trabajos en algún
momento, se planteará algo y a ver cómo responde el Gobierno ante esta
tesitura, porque el Gobierno todavía no ha dicho directamente que
aprobará aquello que se decida y que sustituya a la Lomce. Aquí hay una
serie de cosas, como por ejemplo las reválidas, con las que estamos de
acuerdo; hemos dicho desde el principio que no tienen ningún sentido y
deben desaparecer.
Por último, los recursos interpuestos tanto de becas como de decretos,
etcétera, ya se han planteado otras veces, ya hemos mostrado nuestra
adhesión y lo que hay que hacer es ir directamente a cambiar el sistema
en aquello que le compete al Gobierno y en aquello que no le compete, no
entrar. Vamos a pedir que se vote por puntos porque hay una serie de
cuestiones, como ya he dicho, con las que estamos de acuerdo y otras con
las que no. Por ejemplo, el observatorio estatal de la convivencia no sé
si es otro artefacto más -perdónenme la expresión- para dar vueltas y no
hacer nada. De estas cosas hemos visto bastantes. Como el tema de
recurrir a la conferencia sectorial. La conferencia sectorial no es una
asamblea en la cual se decide por mayoría cómo tienen que ser las cosas.
Por encima de la conferencia sectorial están los estatutos de autonomía,
las competencias que tiene cada comunidad, y cada una decide lo que se
hace en su comunidad, independientemente de lo que se pueda debatir en la
conferencia sectorial. Por tanto, dicho esto, veremos qué puntos votamos
a favor y qué puntos votamos en contra, si es que se estima oportuno que
se vote por puntos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín
Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy nos trae el Grupo Socialista una moción consecuencia de
interpelación donde dice hablar de dos cosas. En primer lugar, sobre el
balance de la política educativa y, en segundo lugar, sobre las
perspectivas del presente curso. Voy a ir por partes. Sobre el balance de
la política educativa en este país, qué les voy a contar a aquellos que
somos padres y madres, qué les voy a contar sobre que somos un país que
en estos momentos tiene el abandono escolar temprano más alto de la Unión
Europea y que nuestros niños tienen un bajísimo dominio del inglés y
bajísimo dominio de competencias que son necesarias en la sociedad de la
información. Tenemos un sistema con unas desigualdades territoriales
brutales; estudiar en determinadas comunidades autónomas supone un año de
escolarización menos que en otras. Tenemos un sistema educativo donde es
realmente necesario aumentar las competencias en matemáticas y en
capacidad lectoescritora para poder puntuar al nivel del resto de países
en PISA.
Podría contarles muchas cosas, pero no tengo tiempo. Pero si tuviera que
resumir el balance de la política educativa de estos años en este país,
me centraría en una cosa: ha sido un sistema en el que la educación se ha
utilizado por parte de los partidos políticos como un arma arrojadiza y
se ha ido pintando de uno u otro color en función de quién estuviera en
el Gobierno; un sistema en el que se ha utilizado la política educativa
para hacer políticas frentistas porque con la calculadora electoral los
viejos partidos pensaban que eso daba rédito. Me parece que quien siga
con esta opción frentista en la coyuntura actual se va a equivocar, y
mucho.
La segunda parte es la perspectiva del presente curso educativo. Lo mismo,
qué quieren que les cuente. ¿Qué quieren que les cuente a aquellos que
somos padres y madres, que vemos la televisión y leemos los periódicos y
vemos cómo hay determinados partidos políticos que van diciendo que
estamos en un otoño calentito? Gracias a Ciudadanos se había logrado un
clima de consenso y de trabajo en el marco de la subcomisión para el
pacto, como aquí se ha mencionado, donde supuestamente nos teníamos que
esmerar para dar los mimbres para una nueva ley educativa que quitara de
una vez por todas la Lomce, que prácticamente no nos gusta a ninguno;
bueno, a Wert y poco más. Pero, como he dicho, en este tiempo han pasado
tres cosas: una buena y dos malas. La buena es que hemos trabajado y lo
hemos hecho con rigor, señor de Foro Asturias, hemos trabajado y mucho
todos los grupos políticos buscando el consenso, aunque usted haya dicho
que no. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Pero ha habido dos cosas malas porque el
escorpión, como dice el dicho, al final sigue siendo el escorpión. La
primera cosa mala que ha pasado es que, efectivamente, después de este
verano, el nuevo PSOE podemizado ha vuelto a las andadas y se ha
presentado, marcando territorio, con tres proposiciones de ley que
realmente no hablan de nada de lo importante, con una deslealtad absoluta
incluso al propio PSOE, que había pedido el pacto por la subcomisión. Las
tres proposiciones de ley hablan de las cuestiones que son soflamas
políticas para el PSOE: la religión, los conciertos y la Educación para
la Ciudadanía, y no hablan de las cuestiones esenciales, como son el
fracaso escolar, la cuestiones de inequidad o las cuestiones la
competencia. En un ánimo de enmienda, nos han traído esta moción con una
batería, una calderilla de proposiciones que ya anuncio que nosotros
hemos pedido votar por puntos porque, como ha dicho mi compañero del
Partido Nacionalista Vasco, no se pueden mezclar las churras con las
merinas y votarlo todo de una.
La segunda cosa mala que ha pasado -y, reitero, el escorpión sigue siendo
el escorpión- es que el Gobierno del PP, el Ministerio de Educación, ha
entendido que la congelación de la Lomce que nosotros pactamos con el
Gobierno, como diría Méndez de Vigo, lo ha entendido él con la doctrina
Sinatra: a su manera. El ministerio ha entendido que la constitución del
pacto por la educación es sinónimo de una venia para la inacción o para
la chapuza, y esto no tiene nada que ver. Una cosa es crear un clima de
diálogo y de entendimiento y otra cosa es hacer una política de brazos
caídos, como la que está haciendo el Gobierno del Partido Popular en la
Comunidad Valenciana, donde corre el tiempo y seguimos esperando que
lleve el recurso de inconstitucionalidad por el tema del plurilingüismo.
La vulneración de derechos la tiene que manejar el Gobierno y no me
extraña nada que aquí el Gobierno del PP se esté haciendo cómplice del
PSOE y de Compromís, como ha pasado en otras épocas. Miren ustedes,
nosotros creemos que hay que trabajar lealmente en el Legislativo, en la
subcomisión, trabajar todos juntos para intentar buscar un consenso, pero
con el Ejecutivo, como ha planteado el PSOE, hay que ser muy exigentes;
hay que ser muy exigentes con el Ejecutivo del Gobierno central y con el
Ejecutivo de las comunidades autónomas, y ahí nos van a encontrar.
Con relación al tema concreto que nos ocupa, adelanto ya, como ha hecho mi
compañero del Partido Nacionalista Vasco, que pedimos la votación por
puntos. Coincidimos con el fondo de algunas cuestiones, como con el plan
de impulso a la formación profesional, los programas de mejora del
aprendizaje o la puesta en marcha urgente del observatorio de la
convivencia, que llevamos pidiendo desde hace más de un año. Pero
discrepamos en muchas otras, como en el tema de que no haya pruebas
diagnósticas o como discrepamos con el sistema de becas que propone el
Partido Socialista, que ya votamos en subcomisión. Nosotros no creemos
que devaluar la educación sea el modelo; nosotros creemos que tenemos que
tener una educación de calidad que permita a todo el mundo acceder a
ella.
Quiero terminar aludiendo a la Comisión de Educación de esta mañana, que
ha sido ejemplar. Hemos sacado por consenso cuestiones importantísimas
para los niños y las niñas de este país, propuestas por mi grupo
parlamentario pero también por el Partido Socialista, por el Partido
Popular y por otros grupos. Hemos instado al Gobierno -a ver si lo hace
de una vez- a poner en marcha un plan nacional para la prevención de la
dislexia. Hemos pedido que se incorpore en el currículum escolar el tema
de la historia de la comunidad gitana, que lo ha propuesto otro partido.
Hemos pedido, como ha dicho el representante del Partido Socialista, que
se amplíe el tiempo para que los niños con necesidades educativas
especiales puedan permanecer en la FP hasta los veintiún años. Esto es lo
que tenemos que hacer, esto es lo que merece la pena y por lo que tenemos
que trabajar.
Nosotros hemos dicho desde el primer momento que nos van a encontrar en
todo lo que sea trabajar por una mejor educación y en todo lo que sea
trabajar por las cuestiones importantes. No vamos a rendirnos, porque la
educación para nosotros es esencial y, por tanto, vamos a exigir al
Gobierno que ejerza sus funciones y que no haga política de brazos
cruzados. Lo dije hace mucho tiempo. En el respaldo a medidas conjuntas,
en el respaldo al trabajo por una mejor educación siempre vamos a estar.
En el respaldo a medidas unilaterales, en el respaldo a medidas
tensionadoras que busquen hacer demagogia, nunca.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Señorías, del conjunto de diez medidas que hoy nos presenta el Partido
Socialista para su debate en Pleno estamos sobre todo de acuerdo con la
premisa de la que parten, que es volver a hablar de educación en serio en
esta Cámara. Llevamos meses enfrascados en una subcomisión por el llamado
pacto social y político por la educación, meses durante los cuales la
Lomce sigue vigente y, lo que es igualmente preocupante, meses en los que
el debate y las políticas educativas han estado completamente paralizadas
con la excusa de alcanzar un pacto educativo. Esta subcomisión para el
pacto educativo fue creada, como le gusta recordar a la portavoz de
Ciudadanos, sin nuestro concurso y con nuestra posterior abstención. Es
verdad que nosotros llegamos a esta Cámara con la promesa electoral de
derogar la Lomce y nuestra propuesta era la derogación definitiva de la
Lomce... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.
El señor SÁNCHEZ SERNA: ... y no una prórroga de un año, como llevamos. Y
es cierto que seguimos siendo muy reticentes con este proceso porque para
nosotros el único pacto educativo que tiene sentido es el pacto con la
pública. Es el pacto con la pública porque el problema que tenemos en
este país en materia de educación es el estado de abandono en el que se
encuentra la red pública y sus docentes; es el pacto con la pública
porque el derecho a la educación, el artículo 27, se consigue con una red
pública como red principal protagonista y vertebradora de todo el sistema
educativo. También llevamos meses señalando que cualquier pacto en el que
no se blinde el presupuesto destinado a la educación será simple y
llanamente un fraude. La misma OCDE, cuyas recomendaciones le gusta tanto
recordar al Gobierno, calcula que la inversión base en educación debe ser
un 7 %. Es algo que también han señalado la mayoría de comparecientes en
la subcomisión e incluso el Partido Popular en algunas ocasiones les daba
la razón. Sin embargo, no podemos olvidar que en los últimos Presupuestos
Generales del Estado hemos visto bajar la inversión, del 4,6 % al 3,7 %
del PIB, situándonos una vez más en el furgón de cola europeo. Somos los
primeros, pero por la cola.
Dentro de pocas semanas -ya veremos-, mientras seguimos en la subcomisión
debatiendo cómo mejorar el sistema educativo, el Gobierno va a presentar
los presupuestos generales del año 2018 y ahí es donde de verdad vamos a
ver la voluntad que tiene este Gobierno con la educación y si es posible
o no un pacto educativo. Seguramente, cuando el Gobierno siga sin
revertir recortes, cuando se sigan sin reforzar partidas tan importantes
como la atención a la diversidad o la formación del profesorado el
Gobierno nos volverá a decir aquello de que no todo es invertir, que la
educación no mejora solo con poner más dinero. Y es verdad que también
depende de adónde se destina el dinero y por eso nosotros decimos que si
ese dinero va destinado a becas, a unas becas que recuperen el carácter
de derecho subjetivo, a
dotar de más personal a los centros de manera que podamos bajar las ratios
y ofrecer a cada alumno las atenciones que necesite, si ese dinero va
destinado a estabilizar las plantillas docentes, a ayudar a las familias
que más lo necesitan en la adquisición de material escolar, a mejorar las
infraestructuras y cerrar de una vez todos los barracones, entonces sí,
entonces lo mismo invertir más es uno de los primeros pasos para mejorar
la educación en nuestro país.
Y en esta moción el Partido Socialista nos presenta diez medidas sobre muy
diversos temas, entendemos que con la intención de abarcar lo máximo
posible para marcar posición de cara a este principio de curso, y
nosotros anunciamos que vamos a votar que sí a esta moción porque nos
parece razonable, aunque queremos advertir al Partido Socialista de una
cosa, y es que la comunidad educativa que se movilizó contra la Lomce, la
Marea Verde, los miles de familias y los miles de alumnos y profesores
esperan de nosotros, del Partido Socialista y de Podemos, algo más que un
acuerdo de mínimos con el Partido Popular. Ustedes saben que se necesita
una política educativa completamente diferente y que necesitamos volver a
situar en el centro el debate de los problemas y necesidades de una red
pública que debe ser garantía de equidad y cohesión social. El otro día
leía un dato que no nos puede pasar desapercibido: según las principales
centrales sindicales, durante los años de la crisis la inversión pública,
la inversión en la red pública educativa cayó 16 puntos mientras que la
inversión en la red privada subvencionada subió 3. Este dato no nos debe
pasar desapercibido, porque parece que ese mantra de que solamente por
poner dinero no mejora la educación el Gobierno solo se lo aplica a la
pública, nunca se lo aplica a la concertada. (Aplausos). A nuestro
juicio, por tanto, sin el fortalecimiento y extensión de la red pública,
sin un acuerdo estatal por la inversión en la red pública y sin un
profesorado con unas condiciones dignas, da igual que firmemos un pacto o
veinte, solo vamos a decepcionar a esa comunidad educativa que ha estado
años y años luchando por la educación pública. Por tanto, comenzamos este
curso apoyando esta moción del Partido Socialista y esperamos seguir
encontrándonos a lo largo de este curso en la defensa de una educación
para todos y para todas.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la
señora González Guinda. (Rumores).
Señorías, es la última intervención de la tarde, les ruego por favor
silencio. Muchas gracias.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, una vez más desde el Partido Socialista y también desde otros
partidos se nos presenta una situación catastrofista del sistema
educativo. Pero no solo catastrofista, hoy el señor Díaz Trillo nos ha
traído aquí una visión bucólica del trabajo que tanto en el ministerio
como en la subcomisión de Educación estamos realizando. Se han puesto
aquí adjetivos como tramposo, mentiroso y relajado respecto al trabajo
que se está realizando en la subcomisión de Educación y, viniendo de
quien viene, de un componente de dicha subcomisión, realmente ofende.
Ofende porque estos últimos meses les puedo asegurar que han sido unos
meses de trabajo intenso, y usted muy bien lo sabe, de estar mañana y
tarde con continuas ponencias de distintos interlocutores que han venido
a la subcomisión, todos ellos relevantes. Decir aquí que tenemos un
espíritu bucólico y relajado en la subcomisión a mí personalmente sí me
ofende. (Aplausos).
Dicho esto, entraré en el objetivo que yo entiendo que tiene la
presentación de esta moción. Tomo las palabras de su señoría, Ana María
Botella, referidas precisamente a Ciudadanos en el primer punto de esta
tarde, en el que les acusaba de utilizar con rédito electoral una serie
de medidas cuando debían tratarse en la subcomisión que a tal efecto
tiene formada esta Cámara. Recojo esas mismas palabras y se las envío a
usted, señor Díaz Trillo, puesto que esa subcomisión está para lo que
está y me da la impresión de que lo que han tratado de hacer es
deslegitimarla.
En cuanto a las palabras de todo cambia para que todo siga igual, yo le
voy a nombrar las del señor ministro el pasado miércoles: Para cambiar
algo hay que ser conscientes de aquello que podemos mejorar. La misión de
la subcomisión -le recuerdo, subcomisión cuya formación fue pedida por el
PSOE junto con Ciudadanos y con el PP en noviembre de 2016- era elaborar
un informe sobre el estado y la situación del sistema educativo español
que contenga un diagnóstico, unas propuestas y unas conclusiones
recogidas en el pacto de Estado. De saber que dicho diagnóstico nos lo
iban a traer ustedes aquí diez meses después, así como las soluciones,
les aseguro que el trabajo de esa subcomisión hubiera sido innecesario.
En estos últimos meses el trabajo ha sido arduo -repito- con
representantes de la comunidad educativa, expertos nacionales e
internacionales, organizaciones sociales, asociaciones educativas,
sindicatos, plataformas varias y representantes de la sociedad científica
y cultural del país. Quiero pensar -empiezo a dudarlo- que el PSOE sigue
teniendo intacta la confianza depositada en la subcomisión. El Grupo
Popular sí la tiene intacta de cara a llegar al anhelado pacto en el que
tienen puestos los ojos, tanto la comunidad educativa como los
ciudadanos, para tratar de llegar a una ley con estabilidad, con
proyección de futuro que, sin duda, es la base de la calidad educativa.
En lo relativo a los puntos tratados en la moción, el plan nacional de
impulso a la formación profesional, quiero decir que desde el propio
ministerio ya se está desarrollando dicho plan relativo a las enseñanzas
de formación profesional, especialmente las de formación profesional
dual, con la idea de conseguir que sean una primera opción entre el
alumnado que finaliza la educación ESO y el bachillerato. Recojo varios
puntos juntos, puesto que en el Real Decreto, de 2016, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Lomce se
decía textualmente: Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante
del pacto social, esas medidas hacen alusión tanto a la evaluación como a
las garantías para la posibilidad de obtener el título de graduado de la
ESO para los alumnos y alumnas que cursen la formación profesional
básica. Pues bien, ese real decreto fue convalidado en esta Cámara con el
voto a favor del Grupo Socialista y es ahora cuando ustedes deslegitiman
los trabajos de la subcomisión y pretenden que previamente al pacto se
establezca esta medida como definitiva.
Si continuamos con el gasto en educación, he de decir que si bien se ha
incrementado desde 2013 del 9 % PIB al 9,47, muchos de los expertos que
han pasado por la subcomisión han recalcado que lo relevante no es el
porcentaje del producto interior bruto, sino el gasto anual por alumno
como porcentaje del PIB per cápita y, ahí, señorías, estamos en la media
de la OCDE y de la Unión Europea, en torno al 21 % en primaria y al 25,4
% secundaria. Tengo que decir que son muchas las voces de los expertos
que nos señalan que eficiencia no es sinónimo de gasto. El ejemplo más
claro lo tenemos en la comparativa de nuestras comunidades autónomas que,
como muy bien saben sus señorías, gestionan el 95 % del gasto total en
educación. Pues bien, comunidades autónomas con los mejores resultados
PISA, como Castilla y León, no son precisamente las que mayor gasto e
inversión hacen, a diferencia de otras que doblan la inversión y quedan
muy por debajo del los rankings internacionales. No quiero entrar ya en
más detalle de los siguientes puntos, termino ya, señor presidente.
El sentido del voto del Partido Popular va a ser no, pero estamos abiertos
a acuerdos respecto a los puntos debatidos, y entendemos que han de ser
tratados en el marco que ahora tenemos establecido en esta Cámara, la
subcomisión creada para la elaboración de un pacto de Estado social
político y territorial por la educación.
Es todo.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
González.
Señorías, les recuerdo que, según acuerdo de la Junta de portavoces, dado
que se celebra esta tarde también sesión de control en el Senado, la
votación de los puntos que hemos debatido esta tarde se pasará al próximo
jueves.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las cinco y diez minutos de la tarde.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal