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DS. Senado, Comisiones, núm. 294, de 31/05/2018
 




Dictaminar

Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. 624/000009 arrendamiento inmobiliario; desahucio; necesidad de vivienda; procedimiento civil; vivienda social CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


DICTAMINAR

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS. 624/000009 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Se abre la sesión a las a las trece horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.

El señor letrado va a proceder a comprobar las asistencias.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado.

Sus señorías conocen el acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de mayo de 2018. ¿Hay alguna objeción, alguna sugerencia? (Denegaciones). ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.

Punto único del orden del día: Dictamen de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal del viviendas.

A esta proposición de ley se han presentado nueve enmiendas y han sido todas rechazadas en la ponencia. Por tanto, se mantiene el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Se abre un turno para la defensa de las enmiendas, al no haber quedado ninguna incorporada al texto en la ponencia; después, turno en contra y, para finalizar, un turno de portavoces.

Conocen sus señorías que disponen de tres minutos por cada enmienda.

Enmienda número 5, de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront, Marcos Arias y la señora Roldán Suárez, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

La doy por defendida, porque el señor Alegre, que tenía previsto venir, ha tenido un problema médico familiar urgente y se ha tenido que ir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Queda defendida.

Enmiendas números 6 a 9, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Tiene la palabra, senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Yo creo que resulta bastante desolador, por utilizar un concepto suave, que la primera propuesta normativa que se presenta en esta legislatura sobre el tema de la vivienda ponga el foco en aquellas personas más vulnerables. La razón de que la mayoría de estas personas estén en la situación de ocupación en la que están es que han visto insatisfecho su derecho a una vivienda digna. De nuevo, se pretende agilizar la puesta de estas familias, generalmente en situación de vulnerabilidad, en muchos casos con menores a su cargo, en la calle, sin ningún tipo de miramiento. Dicho de una manera más técnica o más jurídica, poner a estas familias en la calle significa no respetar ni los derechos humanos ni la Constitución ni los tratados internacionales.

Entendemos parte de la situación que se expone en esa propuesta, en la medida en que entendemos que hay que respetar el derecho de propiedad, por supuesto. El propietario tiene derecho a recuperar su vivienda. Pero también es verdad que con esta propuesta no se ataca el problema que está en el fondo de la cuestión. Al final, si una persona o una familia —en la mayoría de los casos, vuelvo a repetir— ocupa un vivienda normalmente es porque no tiene otra posibilidad. Por lo tanto, hagamos un poco más de hincapié en garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y tratemos de respetar la Constitución y los tratados internacionales. Proteger la propiedad, sí, pero de esta manera, no. Esta sería la conclusión.

Para remendar este despropósito hemos presentado una serie de enmiendas, que tratan de paliar esta propuesta normativa. Paso, de manera muy rápida, a exponer lo fundamental de cada una de las enmiendas.

La enmienda número 6 mejora la redacción y otorga cierta seguridad y certeza al procedimiento mediante el cual se prevé la intervención de los servicios sociales. ¿Para qué interviene la Administración? No se trata de hacer brindis al sol, sino de saber el papel que juega la Administración y, por lo tanto, acabar en la garantía real de ese derecho a la vivienda. Lo demás son brindis al sol. De esta forma, no se está haciendo nada extraordinario, solo se están respetando las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las últimas recomendaciones del Defensor del Pueblo.

La segunda de nuestras enmiendas delimita la legitimación activa. Ya que entendemos que el procedimiento tan especial y tan sumario que se establece es de una gravedad importante, debería limitarse a aquellas situaciones especiales en las que el propietario pudiera sufrir mayor daño. En este caso, nos referimos a las personas físicas, a pequeños propietarios que se pueden ver afectados de una manera más grave, porque quizás tiene necesidad de disponer de su vivienda o utilizarla como mejor les convenga.

La tercera enmienda trata de reforzar las garantías y el principio constitucional que todos conocemos de tutela judicial efectiva en relación con la notificación. En este caso, no compartimos esa especialidad, porque yo creo que la regulación general ya es suficientemente garantista y adecuada. Tampoco entendemos que no exista posibilidad de recurso ante una situación bastante grave. Por lo tanto, son cuestiones que creo que mínimamente deberían aparecer recogidas en la propuesta.

Por otro lado, se garantiza la asistencia de los servicios sociales en caso de alegación o percepción por el juez de que las personas o las familias que ocupan esa vivienda se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Volvemos, sin más, a respetar el artículo 47 de nuestra Constitución. Se establece un procedimiento para los supuestos de vulnerabilidad para que se respete la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y la Convención sobre los derechos del niño, entre otros.

La última enmienda recupera un plazo de ejecución para las sentencias. Estamos hablando de una situación muy drástica y, por lo tanto, qué menos que recuperar y mantener ciertos plazos en relación con la ejecución de las sentencias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 4 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Muñoz.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Buenos días, señorías.

Mi propósito es enfocar y diagnosticar el problema que hoy debatimos. Señorías, el gasto en vivienda supone una carga inasumible para el 10 % de la población en ocho de las quince comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Cataluña. Las familias destinan al menos el 40 % de la renta familiar a pagar la renta del hogar. Esto supone graves dificultades para acceder a una vivienda digna, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, en unos momentos en que la oferta de vivienda de protección oficial, como todos sabemos, se ha recortado.

Existe una demanda potencial de 1,5 millones de hogares; 4000 familias constan en los registros oficiales para la obtención de una vivienda. El parque público protegido de vivienda en España, según un análisis del contexto europeo de la Fundación Alternativas, advierte que España puede acabar entre los países europeos con un menor nivel de protección social en este campo y los mayores índices de exclusión residencial.

Durante el año 2016 en el Estado español hubo 60 000 desahucios, 166 por día; es el país de Europa donde más desahucios hay. Este es el problema, señorías, que ha tenido, lógicamente, efectos colaterales, como la generación de mafias que trafican con viviendas vacías de propiedad privada, vulnerando un derecho constitucional; aprovechando, a su vez, la situación de vulnerabilidad de muchas familias, a las que tampoco les hemos garantizado su derecho a una vivienda digna.

Señorías, la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, que hoy debatimos tras su paso por el Congreso, a nuestro entender —a mi entender—, no resuelve el problema de estas familias a las que pretendemos poner bajo las estrellas de forma inmediata, sin ofrecerles ninguna alternativa. Esta propuesta de modificación por sí sola, sin atacar las causas por las que se producen esas ocupaciones y sin atajar las causas por las que han surgido esas mafias, solo va dirigida a expulsar de forma inmediata al ocupante, pero no actúa contra el extorsionador, contra esas mafias organizadas que, aprovechando la situación de extrema necesidad, han decidido quedarse con su cartera delincuencial para comercializar con las desgracias ajenas.

El Grupo Socialista está de acuerdo en perseguir y acabar con las mafias organizadas, esas que entran en las viviendas vacías, cambian las cerraduras, extorsionan al propietario, las alquilan, y luego las realquilan. Y llegan a más: se ofrecen de intermediarios entre el ocupante y la propiedad a cambio de importantes sumas de dinero. En el Grupo Socialista defendemos sin fisuras el derecho de inviolabilidad de la propiedad privada, pero esta modificación que hoy nos proponen, lejos de ofrecer una solución, empeora el problema. Las ocupaciones ilegales y las extorsiones son un problema con dos caras: una afecta a los propietarios de esas viviendas, y otra a las familias que por causas sobrevenidas no pueden hacer frente al pago del alquiler y están pendientes de interminables listas de espera para que las administraciones les facilitemos una respuesta adecuada a su problema de vivienda, a la que tienen derecho constitucional.

Señorías, debemos actuar de una manera proporcionada para solucionar de manera simultánea ambos problemas: el del ciudadano al que le han ocupado de manera ilegal su vivienda y el de miles de familias que tienen derecho constitucional a una vivienda digna, derecho que también les estamos sustrayendo.

Señorías, el 15 de marzo de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso registró una proposición no de ley sobre medidas de fomento de alquiler estable de vivienda. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no nos ocupamos y nos preocupamos de adoptar medidas eficaces que fomenten el mercado del alquiler? Empecemos por garantizar que los propietarios puedan poner en el mercado de alquiler esas viviendas vacías con tranquilidad, y tengan garantizada la fianza en caso de cuotas impagadas. ¿Por qué no empezamos, señorías, por cambios legislativos estables, que permitan a los municipios limitar los precios del alquiler? ¿Por qué no regular ya de forma inmediata los alquileres turísticos, que están provocando una escasez de pisos residenciales y están haciendo subir los precios hasta un límite prohibitivo, para que estas familias, que queremos desahuciar de manera inmediata y sin ninguna condición ni garantía, tengan una vivienda digna para ellos y para sus familias? Señorías, ¿por qué no pensamos que hay que hacer una tarea previa para evitar la proliferación de estas mafias y evitar que estas familias tengan que acudir a estas ocupaciones y resolver el problema de vivienda que sufren estas familias?

Señorías, el Partido Socialista se opuso a la toma en consideración de esta proposición no de ley en el Congreso y vamos a hacer lo mismo en el Senado, aunque habiendo realizado nuestra tarea como parlamentarios: enmendando el texto para, al menos, darle las máximas garantías si sale adelante. Pero hay una tarea previa para que no proliferen las mafias y para que esas familias no tengan que ocupar viviendas de nadie. A nadie le gusta ocupar una vivienda. Lo que queremos las personas es tener un techo donde poder vivir con dignidad con nuestras familias. Por tanto, esa es la posición del Grupo Socialista, aunque mantenemos nuestras enmiendas para mejorar el texto propuesto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Muñoz.

Cabe un turno en contra, por un tiempo máximo de diez minutos.

Tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Como avanzamos en la ponencia, vamos a rechazar todas las enmiendas.

Respecto a la enmienda número 1, que presentaba el Grupo Socialista, el texto ya prevé que el demandado se persone en el plazo de cinco días desde la notificación y que aporte justificación suficiente de su derecho a poseer el inmueble. Por lo tanto, va de suyo.

Respecto a la enmienda número 2, tengo que recordar que el artículo único aprobado tiene un tenor muy similar al que nos proponen; por lo tanto, preferimos el que viene ya en la ley, que fue acordado por el Congreso. Hay que recordar también que la notificación de la resolución a las autoridades competentes en materia social ya se prevé de modo específico en el artículo 441.

Rechazamos la enmienda número 3, porque el concepto de vivienda no puede quedar definido en la Ley de enjuiciamiento civil. Es un concepto que tienen que determinar los jueces que valoran cada caso.

Respecto a la enmienda número 4, ustedes proponen unos elementos que ya se tienen en cuenta. Actualmente en los juzgados españoles se está llevando a cabo la coordinación que nos proponen ustedes, y existen varias comunidades autónomas con servicios de orientación y protocolos de actuación. Por lo tanto, también la vamos a rechazar.

Con respecto a la enmienda que plantea el Grupo Mixto, creemos que la versión actual es técnicamente mejor que la que nos proponen. Por lo tanto también la rechazamos.

Pasamos a las enmiendas de Podemos. En cuanto a su primera enmienda, diré que la redacción actual ya contiene la referencia al consentimiento de los interesados. Por lo tanto, creemos que ya está incluido.

Con respecto a la segunda enmienda, debo decir que esta medida se propuso con el objetivo de agilizar la recuperación de la vivienda, tanto para personas físicas como para personas con unas determinadas condiciones, y se ha delimitado, a su vez, teniendo en cuenta el bien social que persiguen. Por lo tanto, también entendemos que debemos rechazarla.

Con respecto a la tercera enmienda, hay que recordar que el objetivo de esta ley era lograr un mecanismo ágil para la recuperación de la posesión de viviendas que se han ocupado sin el consentimiento del titular del derecho a poseerlas. Por ello, el único supuesto que permite evitar el lanzamiento del ocupante es que el mismo acredite su derecho a poseerla. Por lo tanto, también rechazamos la enmienda.

La última enmienda la rechazamos porque creemos que esta ley no impide que sea precisa una atención ágil por parte de los servicios sociales competentes si viene recogido en la ley. Por lo tanto, también la rechazamos.

Sí quiero recordar a las ponentes, a las que he escuchado atentamente, que hoy no estamos debatiendo una ley de vivienda, sino el derecho de las personas a ser propietarios de su vivienda. Por lo tanto, espero que en el turno de portavoces se centren más en esta reforma legislativa, que va encaminada hacia una reforma de la Ley de enjuiciamiento civil. Estoy convencida de que en la Comisión de Vivienda podremos debatir muchas de las propuestas aquí expuestas —y, además, he escuchado algunas muy interesantes—, pero deben centrarse en lo que vamos a debatir hoy aquí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Quiero recordar al Grupo Mixto que, como la enmienda 5 no ha sido defendida por el senador proponente, para su mantenimiento ante el Pleno, se tiene que presentar un voto particular antes del día de mañana, según lo establecido en el artículo 117.3 del Reglamento del Senado.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el señor Navarrete quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones). No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Baguè.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Buenos días. A pesar de que el Grupo Popular acaba de anunciar su oposición a todas las enmiendas, voy a aprovechar este turno para fijar la posición del Partit Demòcrata respecto a las enmiendas de los distintos grupos.

El Partit Demòcrata aceptaría las enmiendas 2 y 3, del Grupo Socialista, porque son correctas y encajan bien con el espíritu de lo que estamos tratando. En la enmienda número 4, por el contrario, nos abstendríamos, porque se produciría, en caso de aprobarse, una invasión del marco competencial que corresponde a las comunidades autónomas.

Con respecto a la enmienda número 5, de Ciudadanos, nosotros nos posicionaríamos en contra, por cuanto no distingue entre persona física y jurídica y, según el informe del letrado, tendríamos que distinguir o precisar mejor.

Respecto a la enmienda número 6, de Podemos, nos abstendremos. Y a las enmiendas 7, 8 y 9 nos vamos a oponer, porque creemos que en algunos casos —por ejemplo, en la limitación de propiedad—, incluso estaríamos entrando en otras cuestiones que difícilmente podrían sustentarse desde un punto de vista jurídico. La enmienda número 7 no habla de administraciones públicas; la enmienda 8, a nuestro entender, desvirtúa la proposición de ley, y la 9 tampoco la suscribimos. Eso en cuanto a nuestro posicionamiento respecto a las enmiendas.

Por lo que se refiere a la proposición de ley, entendemos que no es una iniciativa sobre vivienda, sino que estamos tratando de la ocupación ilegal. Queremos huir de caricaturas y demagogias, pero hay casos sangrantes. Por ejemplo, nuestra compañera en el Congreso mencionaba un caso concreto de un señor que se fue al Hospital Clinic y, cuando regresó, su casa estaba ocupada y no podía recuperar su titularidad. En el contexto actual, esto se resuelve en dos años.

El motivo de esta iniciativa legislativa es precisamente no dejar en indefensión al pequeño propietario que ve pisoteados sus derechos a la propiedad. Entendemos que el objetivo de esta proposición de ley es también luchar contra los abusos y las mafias. Que se subraye el hecho de que se avise a los servicios sociales garantiza también que no quede nadie en situación de indefensión. Se excluye a los fondos buitre y a la banca, con lo cual estamos centrando mucho a quién queremos proteger. No estamos protegiendo ni a fondos buitre ni a grandes parques inmobiliarios de Sareb o de entidades financieras, sino al pequeño propietario.

Es verdad que tenemos un problema grave de vivienda y que cuanto mayor es la ciudad o la conurbación más se acentúa, pero no aprobar una iniciativa como esta, que pretende proteger los derechos del pequeño propietario, porque no se afronta bien una reforma del problema de la vivienda, que tendría que ser más general, sería como si no aprobásemos la Ley de costas porque estamos haciendo una ley de medioambiente. Una cosa no tiene por qué ir contra la otra. Por ejemplo, que tengamos en cartera una ley sobre biodiversidad, medioambiente y protección del entorno natural no es problema para que, mientras tanto o en paralelo, se pueda regular una cosa concreta como las costas. En este caso, nosotros hacemos esta similitud.

Que tenemos un problema en vivienda es una evidencia —seguro que en ello coincidiremos muchos grupos y, a lo mejor, vamos a coincidir más de lo que inicialmente puede parecer—, pero entendemos que hay que proteger al pequeño propietario, que puede tener una propiedad fruto de treinta y cinco años de trabajo, que ha cotizado año tras año en su declaración de IRPF y que, si la ha heredado, encima ha pagado impuestos de transmisiones y todo tipo de cargas fiscales. Entendemos que hay que proteger a este tipo de propietario y, por lo tanto, es necesaria esta iniciativa.

Damos por hecho que es verdad que existe un problema acuciante de vivienda en general, pero ahora estamos hablando del fenómeno de la ocupación ilegal, el alquiler en negro y en paralelo, que en ciudades grandes o grandes conurbaciones —yo soy de una ciudad pequeña, Girona, donde este problema ocurre poquísimo— es innegable.

Por lo tanto, nosotros nos centramos en la iniciativa concreta, y estamos muy orgullosos de representar a un segmento de la sociedad que necesita la protección del Legislativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera, en primer lugar, definir y poner el foco en el objeto de esta proposición de ley, que es precisamente trabajar contra los fenómenos de ocupación ilegal premeditada. En ese sentido, no podemos confundir los objetivos, las ideas que puede tener una determinada política de vivienda o un proyecto de ley con el objeto de esta proposición de ley.

Queremos felicitar al Grupo PDeCAT por saber escuchar. Probablemente todos los que estamos aquí habremos oído y conocido casos —y Euskadi no es una excepción—, de una persona que ha estado fuera de casa un mes por vacaciones y, cuando ha regresado, se ha encontrado con un verdadero problema y no ha podido resolverlo durante dos años. Y todos habremos percibido la incomprensión de nuestros amigos, de nuestros conciudadanos por el hecho de que sucedan este tipo de situaciones injustas. Yo creo que el objeto de esta proposición de ley es precisamente resolver esta situación.

No hay que olvidar que esta proposición de ley tiene tres objetivos, y esto es muy importante. Uno, las personas físicas; dos, las administraciones públicas, pues las administraciones públicas no somos especuladores, sino que nos compete gestionar los recursos para la comunidad, y estos no se pueden gestionar de manera arbitraria, sino que tiene que existir una serie de criterios a los que todos los miembros de la comunidad se tienen que atener. No es: el primero que llega, coge. No. La Administración pública tiene que tutelar los derechos de todos los miembros de la comunidad que están sufriendo y viviendo estas situaciones, evaluarlas y valorarlas.

A través de esta proposición de ley, también se mejora la relación entre el Poder Judicial y los servicios sociales en cuanto a coordinación, aunque sí exista en estos momentos. Los que hemos podido vivir la Administración Local y las propias comunidades autónomas somos conscientes del trabajo que se hace en los servicios sociales de base a la hora de comunicar las situaciones que se dan en cada uno de nuestros municipios, en cada una de nuestras comunidades.

Es evidente que hay un conflicto de derechos individuales entre unos —a la propiedad— y otros —a la vivienda—, pero lo que la Administración pública y el conjunto de la sociedad no pueden hacer es poner unos derechos sobre otros ni enfrentar unos derechos con otros. Por eso digo que es muy importante que seamos las administraciones públicas las que seamos capaces de arbitrar, sobre la base de una serie de criterios, todas estas cuestiones.

A la hora de abordar el problema de la vivienda tenemos que trabajar con las administraciones locales, con las comunidades autónomas e ir todos de la mano. Es necesario trabajar contra los fenómenos de ocupación ilegal premeditada, que creo que es el objeto de esta proposición de ley y, en ese sentido, ya hemos anunciado nuestro voto favorable.

Por otro lado, no debemos olvidar que los objetivos son las personas físicas propietarias de derechos; las administraciones públicas, que también tienen muchas viviendas sociales que están siendo ocupadas de manera ilegal, con lo cual se está impidiendo que otra gente que quizá tenga necesidades mayores, no pueda ocupar estas viviendas por aquello de que el que primero llega, lo ocupa, y esto no puede ser; y también organizaciones sin ánimo de lucro, como Cruz Roja u otras, que también están haciendo mucha labor en el ámbito de la vivienda, de la migración, de las necesidades sanitarias, de la dependencia, etcétera.

Por tanto, creo que su objetivo es muy claro y que lo que viene a hacer es clarificar y posibilitar que se respeten los derechos de los diferentes miembros y para eso está la Administración pública. Lo que no podemos pretender ni insinuar es que las administraciones públicas son las que especulan. No, las administraciones públicas son las que gestionan los derechos de todos los miembros de la comunidad.

En este sentido, creo que la proposición es interesante, que es totalmente oportuna y, por ello, felicitamos al grupo del PDeCAT y votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo en el Congreso votó en contra de la proposición de ley y aquí haremos lo mismo.

A pesar de ello, quiero destacar que hay muchos aspectos de la proposición de ley que nos gustan, que creemos que han sido bien concebidos y, además, sabemos que las intenciones del grupo proponente responden a una demanda social y a un problema.

Nosotros también somos partidarios de proteger la propiedad privada y de proteger los derechos de posesión legítimos porque entendemos que, normalmente, esos derechos son el resultado de un esfuerzo, de un ahorro, de una vida de trabajo de nuestras clases trabajadoras y medias, que han destinado una parte importante de sus recursos a comprar propiedades y, en muchos casos, a trasmitírselas a sus hijos o a sus descendientes. Aunque este tipo de conductas hayan podido generar algún problema, en general han tenido efectos muy positivos y entendemos que si la crisis que hemos padecido estos últimos años, y que aún estamos padeciendo, no ha tenido efectos más devastadores ha sido en muchos casos precisamente porque esas clases populares y medias tuvieron en su día la previsión de ahorrar y de comprar viviendas. Por lo tanto, hay que proteger esos derechos que nos parecen perfectamente legítimos.

Sin embargo, si hemos votado en contra es porque entendemos que no es oportuno plantear esta proposición de ley si de forma simultánea, de forma paralela no planteamos también unas acciones decididas, valientes y enérgicas a favor de la existencia de un parque de viviendas sociales lo suficientemente amplio y que garantice el derecho a la vivienda, que también es un derecho reconocido en la Constitución y que además es un derecho que, si no se puede hacer efectivo, pone en peligro la convivencia.

En este momento tenemos un problema muy grande porque hay muy pocas viviendas de protección social. También tenemos un problema mayúsculo debido a la burbuja que se ha montado con la especulación de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades —Barcelona, Madrid y otras—; los alquileres se han disparado de una forma indecente, de una forma vergonzosa. Por cierto, algunos de los propietarios que acumularon una propiedad con su ahorro, hoy quizá sacan provecho, un provecho desmesurado de ese esfuerzo y cobran un alquiler abusivo. Asimismo, a veces ofrecen viviendas en condiciones que no son óptimas, pero lo pueden hacer porque los poderes públicos no han actuado con la suficiente contundencia. Por consiguiente, hay que actuar en ese sentido porque, si no lo hacemos, estaremos favoreciendo una auténtica lucha de clases entre los propietarios y los que no tienen acceso a la propiedad, cuando en realidad todos ellos son víctimas de un modelo capitalista que ha estado muy mal orientado; un modelo de crecimiento económico que ha propiciado este tipo de situaciones y de conflictos que en este momento están provocando que se expulse de muchas ciudades a la gente joven y a las familias con menos recursos. Es decir, que se está produciendo un proceso de limpieza social que creo que no se puede admitir.

Por último, y de forma paralela, si queremos tener legitimidad para impulsar una proposición de ley como esta, si queremos tener autoridad moral y política, tendríamos que perseguir con mucha más severidad a las mafias, que son las que provocan muchas de estas situaciones. Por lo tanto, si no acompañamos esta proposición con otro tipo de medidas, como he dicho antes, creo que estaremos lanzando un mensaje equívoco a la sociedad y fomentando el conflicto.

Por esas razones, aun estando de acuerdo con gran parte del contenido de la proposición de ley, no vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Me alegra mucho la preocupación que muestran todos los senadores y senadoras por la protección del derecho a la vivienda, pero la verdad es que no cuela y lo voy a explicar. Nuestras enmiendas no niegan el derecho de propiedad o los derechos del propietario a recuperar su vivienda, en este caso, sino que lo que hacen es completarlos, integrarlos con otros derechos constitucionales que tienen igual rango, como es el derecho a la vivienda y también con aquellos principios y valores que, como todos sabemos, recoge la Constitución. Vivimos en un Estado social y, por tanto, podríamos hablar también del valor y del principio de la dignidad de la personas. En este sentido, se trata de integrar el respeto a la propiedad con otros derechos que, repito, tienen igual valor y, en definitiva, de respetar la Constitución. En España hay un problema muy serio de vivienda; vivimos una situación de emergencia habitacional y no podemos dejar ese aspecto fuera de nuestro discurso, solucionando únicamente la cuestión que nos trae aquí —la lucha contra las mafias que ocupan viviendas, que nada tiene que ver con esta proposición ni va a solucionar nada—, y dejamos fuera el derecho a la vivienda, que ya veremos si lo solucionamos.

En todo caso, voy a aprovechar la ocasión, ya que aprecio esa preocupación tan clara por el derecho a la vivienda. Mi grupo parlamentario, como me imagino que saben sus señorías, ha presentado una proposición de ley de reforma de la LAU para la protección del alquiler y nos felicitamos porque parece ser que no va a ser vetada por el Partido Popular, y va a entrar en tramitación parlamentaria. Por lo tanto, si esta legislatura sigue, les animaría a que apoyaran con la misma pasión esa reforma de la Ley de arrendamientos urbanos, que es tan urgente como esta proposición que, al final, lo que hace es poner el foco y hacer hincapié en una responsabilidad de las administraciones y, trasladarla, en este caso, a los ocupantes, cuyos derechos —como digo— se pueden ver vulnerados.

Como ya se ha dicho en esta comisión, tenemos un parque social ínfimo. Las familias dedican más del 40 % de sus ingresos a la renta o a pagar la hipoteca. Si hablamos de necesidad de vivienda, algunos estudios hablan de un millón y medio de personas: en el caso de Cataluña, podemos hablar de 230 000 personas; y, en el de Madrid, de 22 000 personas, con 14 000 en emergencia habitacional, una situación de gran vulnerabilidad. ¿Qué hacemos con esa situación? Vuelvo a repetir que tenemos la posibilidad de integrar en esa proposición la solución a las situaciones más extremas; es decir, que si se vota a favor de nuestras enmiendas podremos proteger el derecho de propiedad y de los propietarios pero, a la vez, a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Esa es la cuestión.

Al final, los derechos no deben interpretarse de manera aislada; los juristas hablamos de ponderación de derechos. En este sentido, tenemos que ponderar el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, pero esta proposición de ley hace tabla rasa; es decir, que no reconoce nada, ningún derecho distinto al derecho de propiedad, sin tener en cuenta la situación a la que abocan a esas familias que viven en una situación de exclusión social que pueden demostrar. La administración debe responder a esa situación.

También me llama la atención el hecho de que se utilicen tópicos, que no voy a repetir porque son más comentarios de taberna, por así decirlo, que aspectos a defender en sede parlamentaria. La idea de que una persona se va de vacaciones, vuelve, etcétera... Sí, puede ser, no digo que no pase nunca pero, desde luego, no es lo que está en el fondo de esta proposición de ley. Por consiguiente, no podemos poner ese ejemplo para acabar arrasando los derechos a la vivienda de un montón de familias que pueden quedar fuera.

Por otro lado, creo que el senador del PNV hablaba de las administraciones públicas, pero las administraciones públicas especulan y les puedo poner ejemplos. ¿Hablamos de Madrid? ¿Hablamos de la señora Botella? ¿Hablamos de la venta de viviendas a fondos buitre? No estamos haciendo un análisis serio de lo que está sucediendo en España. Por ello, les pediría que volvieran a mirar las enmiendas y que hicieran un esfuerzo por integrar el derecho —que respetamos— de los propietarios a disponer de su vivienda y el derecho a una vivienda digna que reconoce la Constitución.

Esta ley no va a acabar con las mafias. No tiene esa finalidad. Lo que hace es saltarse las garantías judiciales necesarias, el artículo 24 de la Constitución —la tutela judicial efectiva— y el artículo 47. Por lo tanto, integremos ciertas garantías judiciales de forma más clara, de manera que no establezcamos un procedimiento sumarísimo que se salte cualquiera de ellas y hagamos que el derecho a la vivienda también lo sea. No estamos hablando del derecho a la vivienda para todos los españoles y todas las españolas, que puede sonar a brindis al sol, sino que estamos hablando del derecho a la vivienda para personas que están en una situación de extrema necesidad; es decir, a aquellas a las que si se desaloja, si se les echa a la calle, en ella se quedan.

Supongo que se me está acabando el tiempo, así que tampoco voy a repetir la cantidad de derechos y de tratados internacionales que nos saltamos. Repetidamente, los tribunales internacionales han sacado los colores a España por esta situación. Por favor, defiendan un poco la Constitución. Aquí, a algunos y a algunas se les llena la boca hablando del contenido de la Constitución cuando se tocan aspectos como el territorial. Pues bien, a mí me gustaría escuchar esa misma defensa cuando se habla de derechos humanos y de derechos sociales. Por lo tanto, hagamos todos y todas un esfuerzo por integrar esos derechos y piensen en nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Muñoz.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema? El problema es que hay cientos, miles de familias, en este país, que no tienen garantizado un derecho básico que establece la Constitución en su artículo 47. Aquí todos nos rasgamos las vestiduras porque hay que cumplir la Constitución en Cataluña. Pues bien, el artículo 47 también hay que cumplirlo; y ese artículo dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoveremos las condiciones necesarias y estableceremos las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Un derecho que se extiende en el artículo 39 de nuestra Constitución, que nos mandata a los poderes públicos la protección a la familia y a la infancia.

Creo que si empezáramos por aquí, señorías, estaríamos hablando ahora mismo de un problema menor, residual, de casos aislados de ocupación de una vivienda privada de manera ilegal, porque no habría familias desesperadas a la búsqueda de un techo, teniendo que acudir a las mafias y a esa ocupación ilegal. Ciertamente, si redujéramos ese problema, estaríamos al mismo tiempo garantizándolo y no poniendo en juego el artículo 43 de la Constitución, que también tenemos el deber de proteger, y que regula el derecho a la propiedad privada, por lo que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos.

A mi modo de ver, con esta reforma no estamos atendiendo ni poniendo el foco en la ponderación y la compatibilización de ambas partes del problema. Hemos obviado resolver la causa para atender y resolver solo las consecuencias, haciendo hincapié en una parte del problema, la más débil, la más vulnerable. Esta proposición de ley, lo único que pretende es agilizar los desahucios de las familias que están ocupando de manera ilegal —de acuerdo—, pero justificándolo en que hay mafias organizadas que se dedican a detectar pisos vacíos y a ponerlos en alquiler de manera fraudulenta. Efectivamente, esta fenomenología existe, y muchas ciudades se enfrentan a este problema pero, insisto, si resolviésemos la causa, estaríamos hablando de un problema bastante menor.

Hay mafias que se aprovechan de esas personas, de esas familias con menores y dependientes, que se encuentran en situación de falta de un lugar donde vivir. Se trata de personas que no pueden pagar una hipoteca porque cuentan con unos contratos precarios a los que les ha llevado la reforma laboral —los que se denominan contratos basura—; en situación de desempleo; incluso trabajadores cuyos salarios no les permiten pagar el alquiler, lo que ya denominamos trabajadores pobres; y jubilados, personas que no pueden, que no les llega, para pagar una hipoteca, ni siquiera para pagar un alquiler a precio de mercado.

Se está produciendo lo que ya empezamos a conocer como la burbuja del alquiler y esperemos que esta vez lleguemos a tiempo en su regulación y no como ocurrió con la burbuja inmobiliaria, que tanto se ha llevado por delante. La burbuja de los precios del alquiler está creciendo a un ritmo desorbitado, entre otras razones, por la falta de regulación del mercado de los pisos turísticos, que está campando a sus anchas y copando toda la oferta de vivienda susceptible de ser alquilada.

A estas familias tampoco les estamos ofreciendo un piso público de alquiler porque, sencillamente, no hay; no tenemos un parque público que pueda asumir la demanda existente.

Desde nuestro punto de vista, esta proposición de ley no pretende solucionar el problema real de miles de familias, abocadas a obtener un techo como sea. ¿No creen sus señorías que acabaríamos con el negocio de las mafias, que evitaríamos el problema al que se enfrentan los propietarios particulares de viviendas, los ayuntamientos y las ONG que ven ocupadas sus viviendas, adoptando determinadas medidas? Me refiero a medidas tales como el fomento del arrendamiento estableciendo límites de precios; regulando el alquiler para uso de pisos turísticos; ofreciendo garantías y seguridad a los arrendatarios; con políticas tributarias que penalicen las especulaciones; con incentivos por la puesta en el mercado de viviendas de alquiler; aumentando el parque público de vivienda en colaboración con los ayuntamientos y las empresas públicas de vivienda; y exigiendo a los fondos buitre y a las entidades financieras que cedan sus pisos a las administraciones públicas que los reclamen para ponerlos en alquiler social, evitando lo que acaba de hacer la Generalitat, que ha subastado veinte casas con inquilinos por más de seis millones, y esta es una noticia de hace escasos días.

Los socialistas estamos de acuerdo en que hay que acabar con estas mafias inmobiliarias. Es inadmisible que el derecho a la propiedad se vea conculcado por un extorsionador que, además, está abusando de la situación de precariedad de quien demanda un espacio para vivir. Tanto los propietarios de las viviendas como las familias vulnerables, en riesgo de ser desahuciadas, requieren protección, pero no es eso lo que ustedes nos traen aquí. Esta proposición de ley pretende, única y exclusivamente, con las reformas procesales que plantean, expulsar al ocupante sin tener en cuenta sus circunstancias, pero no perseguir al extorsionador. No tiene en cuenta, señorías, que las actividades ilícitas que llevan a cabo estas mafias —como forzar puertas, enganchar suministros, cambiar cerraduras o extorsionar— están ya definidas en nuestro Código Penal.

Por tanto, hagamos valer los mecanismos que establece nuestro sistema penal, con los que ya contamos, vayamos a resolver las causas del problema de habitabilidad de estas familias que se ven abocados a acudir a ese mercado ilícito, dejemos de marear la perdiz y empecemos por donde debemos empezar, por construir la casa por los cimientos y no por el tejado.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Muñoz.

Para concluir, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, desgraciadamente, la ocupación tiene una doble vertiente en nuestro país; existen dos casos bien diferenciados a los que esta ley que hoy modificamos, sobre la ocupación ilegal de viviendas, da cobertura: por un lado, los casos de personas en situación de vulnerabilidad que ocupan una vivienda por necesidad; y, por otro, el de la ocupación ilegal de viviendas por parte de grupos criminales organizados que se lucran de estas ocupaciones, y también de los grupos antisistema, que no respetan el derecho a la propiedad ni de los bienes públicos ni privados y lo hacen en su propio beneficio.

Señorías, la modificación legislativa que tratamos aquí no corresponde a un debate entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad porque la ocupación ilegal no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, como algunas de sus señorías pretenden. Esto es fundamental porque el mensaje que debemos mandar los diferentes poderes del Estado no puede ser la confrontación entre derechos, entre el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda —ambos recogidos en nuestra Constitución— sino que son complementarios y, en ningún caso, señorías, como algunos de ustedes pretenden, pueden ser excluyentes el uno del otro.

Los políticos que estamos en instituciones —es decir, lo gestores de lo público—, debemos promover las condiciones necesarias y legislar para hacer efectivos ambos derechos y ocuparnos, de forma prioritaria, de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. De ahí que las administraciones trabajen en planes y actuaciones que permitan generar un parque de vivienda social para atender, de manera rápida, ágil y eficaz, las necesidades de las personas y familias en riesgo de exclusión. Por poner un ejemplo citaré que en Madrid y Barcelona, gobernadas por ayuntamientos del cambio —como dicen ellos—, sostenidos por el Partido Socialista y con una agenda política basada en la emergencia social —emergencia habitacional, decía la senadora de Podemos—, tengo que recordar que solo han cumplido con el 20 % de los objetivos de vivienda pública. Es decir, que quienes habitualmente defienden y pretenden legitimar la ocupación ilegal de viviendas son los mismos que no cumplen con sus responsabilidades respecto a los planes de vivienda.

Señorías, estamos hablando de proteger el derecho de todos los ciudadanos a ser propietarios de su vivienda y no el capitalismo maldito, no. Estamos hablando de personas y familias reales que, con su esfuerzo, han comprado una vivienda donde formar una familia y, después de unas vacaciones, como se ha dicho aquí, se han encontrado con que no pueden acceder a su vivienda porque ha sido ocupada; son familias que han hecho un esfuerzo y se han comprado una segunda vivienda como inversión para el futuro;



son familias que han heredado una segunda vivienda y tienen derecho a poseerla; y son familias que llegan a fin de mes gracias a que, en su momento, hicieron una inversión y pueden vivir del alquiler de esa segunda vivienda.

Señorías, he leído alguna enmienda con la que pretendían que la propiedad acabase cuando se tuviera determinado número de viviendas, y yo me pregunto, ¿tiene el derecho a la propiedad, en nuestra Constitución, límite alguno? Mi opinión personal es que no y que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de sus esfuerzos. Además, la Constitución no pone ningún límite al derecho a la propiedad.

Estamos hablando de personas reales que están inmersas en una batalla para poder recuperar lo que por derecho les pertenece y que, en muchas ocasiones, se trata de lo poco que tienen y con lo poco que pueden subsistir.

En definitiva, señorías, esta proposición de ley recoge dos cuestiones fundamentales: por un lado, la recuperación de la propiedad y, por otro, la garantía de los ocupantes, siempre que esté probada su vulnerabilidad, para que puedan reconducir su situación de manera legal.

Señorías, insisto, no podemos enfrentar derechos ni enfrentar a personas, que es lo que se pretende cuando se titubea en la defensa de la propiedad, en favor de la ocupación legal. La solución no es permitir la ocupación ilegal, es gobernar con responsabilidad en las instituciones, gestionar bien lo público en las administraciones y tener claros los objetivos. En este sentido, si vemos los ejemplos de Madrid y Barcelona, está claro que el marketing y la demagogia no resuelven los problemas reales de la gente.

Por cierto, la señora portavoz de Podemos decía que las historias de ciudadanos que vuelven a sus casas y las encuentran ocupadas son, más o menos, leyendas urbanas. Pues bien, igual ustedes no conocen la vida de los ciudadanos reales, pero gran parte de los españoles no tiene un partido detrás que pague la seguridad de nuestras viviendas, de nuestros chalets, cuando no estamos. (Protestas).

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Señorías, a tenor de lo establecido en el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, pasamos a votar el informe de la ponencia, que mantiene el texto tal y como ha venido del Congreso de los Diputados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 3; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, la Comisión de Justicia ha dictaminado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas.

Procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado.

Senadora Muñoz de la Iglesia, tiene la palabra.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Este grupo propone al presidente de la comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Tienen algo que objetar? (Denegaciones).

Muchas gracias. Asumo gustosamente el encargo.

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas.


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