Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Comisiones, núm. 369, de 14/11/2018
 


COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LABRADOR ENCINAS

Sesión celebrada el miércoles, 14 de noviembre de 2018

ORDEN DEL DÍA



Dictaminar

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 621/000014 gas con efecto invernadero; impacto ambiental; modificación de la ley; reducción de las emisiones de gas GOBIERNO


Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 625/000003 Andalucía; gestión del agua; hidrología; proposición de ley PARLAMENTO DE ANDALUCÍA


Debatir

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para afrontar la problemática acaecida en la isla de Menorca por la finalización de la vida útil y parada del cable eléctrico que la une con la isla de Mallorca (Illes Balears), y para mejorar la situación de la isla en materia energética. 661/000882 Mallorca (Isla de) (Illes Balears); Menorca (Isla de) (Illes Balears); cable eléctrico; energía eléctrica; energía renovable GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA


Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de estudios y otras acciones en los acantilados de Peníscola/Peñíscola (Castellón/Castelló). 661/001082 Peníscola/Peñíscola (Castellón/Castelló); protección del litoral GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO


Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un plan estratégico de lucha y erradicación de la planta camalote en el río Guadiana y a la realización de una auditoría de los gastos generados en la lucha contra la misma por parte de la Confederación Hidrográfica. 661/001161 Extremadura; biodiversidad; protección de la flora; tratamiento fitosanitario GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para establecer mecanismos de compensación por los costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad soportados por las industrias electrointensivas. 661/001218 industria eléctrica; precio de la energía GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO


Moción por la que se insta al Gobierno a que las instalaciones de la Administración General del Estado se suministren con energía eléctrica de origen renovable e incorporen criterios de eficiencia energética. 661/001244 administración central; cambio climático; energía eléctrica; energía renovable; energía solar; gas con efecto invernadero GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Transición Ecológica. Buenos días a todos.

En primer lugar, como es preceptivo, pregunto a los portavoces si se puede aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de octubre. (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchísimas gracias.

En segundo lugar, solicito a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que hagan llegar a la Presidencia, si no lo hubieran hecho ya, todas las sustituciones de senadores que se hayan producido.

Asimismo, ruego a los grupos parlamentarios que, si desean votación separada de alguna enmienda, lo comuniquen a la Mesa lo antes posible, si tampoco lo hubieran hecho.

Con respecto al orden del día, como saben, se produjo una alteración, por lo que el primer punto pasa a ser el dictamen de la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. En este caso, acabado el debate de la proposición de ley, procederemos a su votación.

El segundo punto del orden consistirá en el dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También procederemos a la votación al final de su debate.

El orden en estos dos puntos será el siguiente: iniciaremos el debate con la defensa de las enmiendas, por un tiempo de diez minutos. Posteriormente se realizará el turno en contra. Y acabaremos con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.

Tras estos puntos procederemos al debate de las mociones. Ya les anuncio que ha sido retirada la moción número 661/000882, del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que quedan cuatro, cuya votación se realizará al finalizar el debate de la última de ellas. Es decir, la proposición y el proyecto de ley se votarán cuando acabe el debate correspondiente, mientras que la votación de las mociones tendrá lugar cuando se hayan debatido todas ellas.

¿Alguna cuestión? (Pausa).



DICTAMINAR

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 625/000003 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el primer punto: dictamen de la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

A esta proposición de ley se han presentado doce enmiendas, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Para la defensa de las enmiendas, y por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Bon dia. Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Huelva tiene la palabra.

El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. El día de hoy supone el comienzo del fin de un hito importantísimo en la provincia de Huelva. Empezamos a vislumbrar la consecución de un viejo sueño y de una eterna necesidad de nuestra provincia. La transferencia hídrica sobre la que hoy debatimos tiene una razón de ser principal, que no es otra que la de ejercer la sostenibilidad de los recursos en un espacio privilegiado del que todo el mundo habla, del que muchos presumen, pero que pocos conocen. La protección de los ecosistemas es, ha sido y tiene que seguir siendo compatible con las personas que lo habitan, y esto es lo que ocurre en Doñana. Nadie como los habitantes de Doñana —nadie como sus habitantes— para asegurar la pervivencia ecológica del parque nacional. Señorías, la ecología es compatible con el desarrollo económico y con el desarrollo social, y, nosotros, los que hemos vivido en Doñana desde siempre, y los que nos han precedido durante siglos, sabemos que de la relación entre los humanos y Doñana es de donde ha nacido el maravilloso parque nacional que hoy tenemos. Porque, señorías, no ha venido nadie de fuera a preservarlo, a conservarlo, a protegerlo; lo hemos hecho siempre nosotros, y no lo habremos hecho excesivamente mal, porque hoy en día es el territorio de mayor valor ecológico de Europa.

Esta quizá sea una de las leyes con mayor contenido medioambiental que vayamos a aprobar en nuestras vidas políticas, y todo ello con la consecución de dos objetivos que, desde mi punto de vista, tienen que primar en todas las acciones que hagamos. Esta ley, además del componente ambiental, tiene un claro componente social. Antes he comentado que Doñana no sería nada sin sus habitantes. Pues bien, esta ley fija la población de Doñana al territorio. Esta ley hace que la comarca de Doñana no sea un territorio inhóspito. Esta ley cumple con la salvaguarda principal de abastecer del líquido elemento a los municipios de la comarca del Condado de Huelva. Por lo tanto, es una ley medioambiental y social; pero también cumple, porque cubre el flanco económico. Esta ley viene a aportar agua a una agricultura de primor, una agricultura pionera en Europa que usa la más alta tecnología de ahorro de agua en la preservación del medioambiente, pero una agricultura que aporta estabilidad económica, social y de futuro a una provincia que empieza a despegar y que reclama su sitio sin desplazar a nadie.

Señorías, entendemos que estas enmiendas vienen dadas por el profundo desconocimiento del territorio, y lamento decirlo así. A Doñana no se le ayuda solo con la teoría, los estudios y los libros, también se le ayuda y se le tiene que ayudar con la legislación, como estamos haciendo en estos momentos, y bajando al terreno y conociéndolo.

Señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senador Guerra, ¿va a compartir el turno? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Pasamos al turno de portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.

Por el Grupo Mixto, ¿senador Navarrete? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo únicamente para manifestar nuestra abstención en este proyecto.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, ¿senador Cazalis? (Denegaciones).

Muchísimas gracias.

Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Solamente quiero decir que no vamos a intervenir en este momento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Señorías, sin el agua, Doñana está condenada a muerte. Cultivos y espacio protegido deben vivir en equilibrio, y actualmente esta relación y este equilibrio están francamente en mal estado. Tanto la comunidad autónoma como el Gobierno nos proponen un trasvase, y consideramos que es la vieja solución decimonónica. Para resolver el déficit hídrico la solución no es incrementar la oferta de recursos hídricos, porque a largo plazo el trasvase provoca el efecto contrario. Es una política arcaica, practicada tanto por el PP como por el PSOE, con un enfoque productivista muy peligroso. El agua es un patrimonio ambiental y un derecho humano. El trasvase, en el fondo, es una idea perversa: alienta a quienes piden agua de forma ilimitada, como si fuese un recurso ilimitado. Primero se nos planteó el trasvase de 4,99 hm3 de agua superficial desde Chanza a Piedras, y ahora, un trasvase de 19,99 desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir. Pero, de aquí a uno, dos o tres años, ¿cuánta agua más se pedirá? Seamos justas y responsables con las generaciones venideras y con la tierra.

Señorías, nosotras estamos del lado de los agricultores y las agricultoras responsables, que miran por el futuro de su familia y de su entorno. No es razonable proponer un trasvase cuando en la zona hay 3000 hectáreas de cultivos ilegales en zona forestal y 1000 pozos ilegales que están llevando a una situación alarmante al acuífero de Doñana. El trasvase no solucionará los problemas de contaminación del agua, de pérdidas en los abastecimientos y el cierre de pozos y balsas ilegales. La realidad es que los promotores de esta ley no quieren solucionar los problemas de Doñana y su comarca pues ello implicaría adoptar medidas tan impopulares como necesarias; para empezar, la declaración del acuífero Almonte-Marismas como sobreexplotado y aplicar un plan de ordenación de extracción. Pero no parece que esa sea la intención.

En 2017 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó un informe, que, por cierto, fue ocultado a la Unesco, que reconoce que siete sectores del acuífero están en situación de prealerta y nueve sectores, en alerta. Y advierte que los niveles de agua subterránea siguen bajando de forma alarmante a pesar de las lluvias.

Nuestro voto no puede ser favorable porque no se han estudiado alternativas al trasvase, porque existen dudas científicas más que razonables sobre las consecuencias ambientales que el trasvase tendrá en Doñana, y porque el trasvase carece de estudios, análisis serios y rigurosos de costes, beneficios y viabilidad necesarios.

Ante estas circunstancias, en nuestro grupo no apoyamos este trasvase ni esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Guerra.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en Huelva tenemos la percepción de que, si bien la geografía nos sitúa en un extremo de nuestro territorio, las decisiones políticas, o más bien la falta de ellas, nos han relegado injusta e injustificadamente a un rincón.

Huelva es una tierra privilegiada por la naturaleza, tanto por la diversidad ambiental y el excepcional valor de sus espacios protegidos —un tercio de su superficie—, como por la cantidad y calidad de sus recursos. Y uno de ellos es el agua, hasta el punto de ser la única provincia de nuestro arco mediterráneo y suratlántico excedentaria en recursos hídricos esenciales para el desarrollo de cualquier territorio. Ello ha permitido, gracias a la capacidad de trabajo, emprendimiento e innovación de su gente, experimentar en las últimas décadas un extraordinario desarrollo agrícola, hasta posicionarse en un referente de la agricultura europea de calidad y vanguardia. Justamente la finalidad última de esta proposición de ley es la preservación del patrimonio natural y el sustento económico y laboral de una comarca única, como es aquella que alberga el mayor humedal de Europa y uno de los emblemas ambientales: Doñana. Precisamente por ello, se trata de una iniciativa que ha concitado un alto grado de consenso social —no olvidemos que Doñana nos pertenece a todos— y un amplio respaldo político, lo cual agradezco.

Pero, para ser justos, y antes de pasar la palabra a mi compañero Amaro Huelva, que tiene sus raíces precisamente allí, y supongo que también la portavoz del PP, la señora López, a la que doy la bienvenida después de tanto tiempo al Senado y le agradezco que haya hecho un alto en la campaña, lo que creo que demuestra la mala conciencia del Partido Popular por la falta de atención a este tema, para ser justos, digo, me gustaría recordar que esta proposición de ley tiene su origen en una propuesta del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, fruto del compromiso de este grupo político con Huelva, su patrimonio natural y su agricultura, ante la urgencia de la situación y la inacción del anterior Gobierno del Partido Popular, que tuvo siete años y medio para impulsarla en el Consejo de Ministros, pero, como en otros tantos temas esenciales para nuestra provincia, y a pesar de contar con una ministra onubense, no lo consideró prioritario.

También lamentamos que la Mesa del Congreso haya tardado más de un año en admitir a trámite su toma en consideración. Pero, afortunadamente, estamos ante una nueva etapa, también para los regadíos de Huelva, y en muy pocos meses, no solo se ha tramitado esta proposición de ley, sino que se han resuelto y entregado las concesiones por veinte años para la Comunidad de Regantes El Fresno, coincidiendo con otro tipo de medidas importantes también implementadas por la Junta de Andalucía.

Todo ello abre un horizonte de esperanza y confianza para que Huelva, haciendo un uso responsable y sostenible de sus recursos, pueda desarrollar plenamente sus potencialidades y ofrecer oportunidades de progreso y bienestar para su ciudadanía en todas y cada una de sus comarcas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, presidente.

Señorías, como decía en mi anterior intervención, hoy es uno de los dos días importantes que vamos a tener en la provincia de Huelva en este mes, y también lo es para mí por lo que ha dicho el senador Guerra: porque soy senador electo por la provincia de Huelva y estoy teniendo el placer de defender esta ley, que va a suponer el respiro definitivo del Parque Nacional de Doñana. Después de aprobar esta ley la semana que viene en el Pleno, Doñana va a poder recibir el aporte de agua extra que necesita para afianzar sus humedales. Si no lo conocen ustedes, les invito a que lo hagan, pero, como decía hace unos momentos, Doñana no es nada sin sus habitantes. La comarca de Doñana, la comarca del Condado de Huelva y el acuífero del que se nutre el parque nacional están necesitados de agua, de la transferencia de los 19,99 hm3.

La provincia de Huelva es una provincia excedentaria de agua en una cuenca, la del Odiel, Tinto y Piedras, y necesitada de agua en otra, como la del Gualdalquivir. Durante muchos años hemos reivindicado este aporte hídrico, y en 2008 la ministra Narbona hizo un aporte de 4,99 hm3, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, aunque algunos intenten apropiarse de esa transferencia. Con la ley que hoy traemos, que está entrando en su recta final, se suman 19,99 hm3, en los que se incluyen los 4,99 —por eso tiene una disposición derogatoria única—. La ley viene a solucionar los problemas reales: a garantizar el equilibrio hídrico de su acuífero y de sus ecosistemas asociados, pero también el abastecimiento de los municipios y el desarrollo de su agricultura. La provincia de Huelva lleva mucho tiempo esperando, y pensamos que después de más de veinte años hemos demostrado que tenemos suficiente paciencia.

Hoy debo dar las gracias al consejero de Medio Ambiente por poner a todo su equipo a trabajar en esta ley en el Parlamento de Andalucía, y al Parlamento de Andalucía, por aprobarla y mandarla aquí, al Congreso y el Senado.

Como decía, para mí es un placer defender esta iniciativa de mi territorio, de mi comarca, que va a hacer que las mujeres y los hombres que allí vivimos, nosotros y nuestros antepasados, podamos seguir diciendo que nos dedicamos a la agricultura con toda la dignidad y que Doñana está ahí y está así porque nosotros la hemos cuidado y trabajado para que sea la reserva de la biosfera que hoy es. Por tanto, señorías, me gustaría que los que piensan que aquello es una catástrofe lo visitaran y pudieran ver de primera mano que es todo lo contrario: una bendición. Por cierto, no sé si vieron ustedes ayer que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en la marisma con asentamientos humanos de hace más de 5000 años, así que, en tanto tiempo, y teniendo en cuenta cómo está Doñana en materia de salud ecológica, algo bien habremos hecho.

Decía la señora Quetglas que no se han estudiado alternativas al trasvase. Señora senadora, Doñana es el territorio más estudiado del mundo, el más estudiado, por tanto, no hay que poner en duda que se han pedido alternativas de todo tipo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora López.

La señora LÓPEZ GABARRO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. Hoy venimos a continuar haciendo justicia con Huelva, con los agricultores de Huelva y en especial con los agricultores de la comarca del Condado. Se trata de garantizar el agua en superficie que necesitan para continuar con sus cultivos. Pero hay que hacer memoria y ver dónde estuvieron algunos y dónde están ahora.

El primer trasvase, al que ha hecho referencia la portavoz de Podemos, fue de 4,9 hm3, efectivamente. Esa ley del trasvase la dejó el señor Zapatero guardada en un cajón; se aprobó, y la dejó guardada en un cajón. En 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España, la ejecutó, y hoy los agricultores tienen esos 4,9 hm3 gracias a un Gobierno del Partido Popular. Lo digo, porque el señor Guerra decía que yo tenía mala conciencia, y creo, señoría, que a usted le acaba de entrar, además de la mala conciencia, dolor de tripa. (Risas).

Segunda cuestión, y me refiero a la portavoz de Podemos. Los agricultores son los primeros que conservan y protegen Doñana y que quieren conservarla y protegerla, y es totalmente compatible la protección del medioambiente y la protección de Doñana con la agricultura onubense.

Ha dicho usted, señora portavoz, que fue el Partido Popular el que llevó los 4,9 hm3. Así fue; es más, el Gobierno de Rajoy ha invertido en obras hidráulicas en la provincia de Huelva 200 millones de euros, y eso ha convertido al Partido Popular en el partido del agua en la provincia de Huelva.

No voy a ir nunca en contra de los agricultores ni lo va a hacer mi partido, por mucho que a algunos les duela. Hay razones de peso muy claras. La primera ya se la he expuesto, los agricultores son los primeros que defienden y protegen Doñana, y la segunda, es que estamos hablando de pan de muchas familias. Fíjese usted, los frutos rojos en el Condado de Huelva suponen el 80 % del PIB de esta comarca. Ahora bien, hoy vamos a continuar con esta ley, que llegará al Senado, como ha dicho el portavoz del PSOE, vuelvo a decir a los agricultores que tengan calma y seguridad, como les he dicho siempre, que el Partido Popular tiene la mayoría en el Senado y, por tanto, esta ley va a salir hacia adelante. Pero después queda un paso muy importante. Esto ya le hemos vivido con el primer trasvase. El PSOE aprobó la ley y la guardó en el cajón. Para que llegue el agua, hay que hacer obras y estoy esperando a que el PSOE tenga altura de miras en los Presupuestos Generales del Estado, porque si la ley acaba otra vez, como hicieron en la primera fase, en un cajón, no conseguiremos hacer justicia con los agricultores. Así que le espero en los Presupuestos Generales del Estado.

Pero hay una segunda cuestión. Aquí, en esta ley se ha llegado a un consenso entre PSOE y PP, y en el Congreso también con Ciudadanos. Yo espero que ese mismo consenso lo tenga el Plan de la Corona Norte a nivel andaluz. Señor Guerra, insisto, mala conciencia y vamos otra vez con el dolor de tripas. Ustedes están quitando el pan a miles de agricultores que llevan años cultivando sus tierras. Han decidido que ellos no tienen derecho a agua y este partido defiende y va a defender que hay que modificar el Plan de la Corona Norte. Yo pido encarecidamente al Partido Socialista que, igual que aquí hemos llegado a un consenso y a un acuerdo, que es lo que quieren todos los agricultores, insisto —y espero verlo reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, porque el PP sí cumplió e hizo el primer trasvase—, hagan ustedes lo mismo con el Plan de la Corona Norte, no criminalicen a los agricultores.

Termino. Recuerdo a los dos portavoces del PSOE, compañeros de mi provincia que están aquí, que fue precisamente el señor consejero al que ustedes han alabado hoy el que llamó supuestos delincuentes a los agricultores. Una de cal y otra de arena, no; se está, o no se está. Y quien ha estado desde el principio, quien hizo el primer trasvase, quien saca hacia adelante esta ley y quien va a modificar el Plan de la Corona Norte se llama Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Procede ahora la votación de las enmiendas. Esta Presidencia entiende, si están de acuerdo todos los portavoces, que podríamos proceder a la votación en bloque de las doce enmiendas, ya que no se ha pedido votación separada para ninguna de ellas. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento).

En ese caso, procedemos a la votación de las enmiendas números 1 a 12 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 20; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos ahora a la votación en su conjunto del texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 2; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por lo tanto, ha sido dictaminada por la Comisión de Transición Ecológica la Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

Por último, procede la designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado. ¿Alguna propuesta? (Varios señores y señoras senadores: El presidente.). ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Asentimiento).

Muchísimas gracias por la confianza.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 621/000014 GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día.

Dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

A este proyecto de ley se han presentado sesenta y cinco enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 23, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana —debo hacer constar que en este ámbito se retiró la enmienda número 11—; enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 25 a 34, de los senadores Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria y las enmiendas números 35 a 65, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Procederemos al debate de las enmiendas. En primer lugar, se debatirán las enmiendas individuales por orden de presentación y, a continuación, las de los grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un tiempo de diez minutos.

Procede ahora, por tanto, la defensa de las enmiendas números 25 a 34, de los senadores Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Procede ahora la defensa de la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Senador Cazalis, tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Rápidamente. Presentamos la enmienda número 24, que propone modificaciones técnicas para mejorar lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 43, para que se pueda aplicar la norma también a las DIA, a las declaraciones de impacto ambiental anteriores a la Ley de 2013, pues según el artículo 43 solamente se pueden aplicar a esa ley. Nuestra intención en el Congreso fue que quedara recogido en una disposición adicional, pero creemos que así se mejora la redacción y se evitan posibles problemas posteriores de agravios entre unos días y otros porque se hayan presentado en distintos momentos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Procede la defensa de las enmiendas números 1 a 23, excluida la número 11, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Señoría, tiene la palabra.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado veintidós enmiendas, que damos por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por último, procede las defensa de las enmiendas números 35 a 65, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Senadora Quetglas, tiene la palabra.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha formulado treinta y una enmiendas con el firme y decidido objetivo de pulir y mejorar tanto la regulación como la tramitación de los procedimientos de la evaluación ambiental. Vamos a darlas por defendidas con carácter general, para no reiterar ni repetir aquí lo que ya tienen sus señorías a su disposición en la documentación de la comisión, pero sí señalaré que podemos agruparlas en tres grupos.

El primero es un conjunto de enmiendas de carácter técnico, de mejora de la técnica normativa o para corregir disfunciones en el procedimiento de evaluación ambiental o erratas y omisiones del texto que no reflejan en realidad una opción de política legislativa alguna, sino la mejora de la calidad de la legislación ambiental. El segundo grupo lo constituye un conjunto de enmiendas que suponen una modificación que mejora las garantías de participación pública en el procedimiento, pero que tampoco son una revolución que altere los esquemas de la Ley de evaluación ambiental. Y el último paquete de enmiendas aporta sensibles mejoras al articulado de las leyes que nos incumben y permite una mejor consecución del objetivo de lograr un elevado nivel de protección del medioambiente que inspiran la norma comunitaria y la legislación interna de transposición.

Lamentaríamos profundamente que se rechazase de plano que esta Cámara pudiera ejercer su papel estatutario y constitucional de Cámara de segunda lectura, que permite corregir y mejorar el texto que remite el Congreso, y que se hiciera invocando la urgencia de su tramitación porque se ha sobrepasado con creces el plazo de transposición y corremos el riesgo de sanción comunitaria. Porque ello no les impidió bloquear su tramitación durante largo tiempo en la Mesa del Congreso. No se ha iniciado ningún procedimiento de infracción del derecho comunitario ni la Comisión Europea ha hecho público ningún apercibimiento al respecto. Como mucho, la aceptación de enmiendas en esta Cámara retrasaría la aprobación de esta ley al siguiente Pleno en el Congreso, es decir, a lo sumo dos o tres semanas, que es poco o nada si la Directiva 2014/52 se tenía que haber transpuesto el 16 de mayo del 2017. Si llevamos año y medio de retraso, qué más dan tres semanas cuando podemos hacer las cosas bien.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Por tanto, corresponde ahora la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desea intervenir, senador Navarrete? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿desea intervenir, senadora Rivero? (Denegaciones). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, ¿desea intervenir, senador Cazalis? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea intervenir, senadora Cortès? (Denegaciones). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias nuevamente, presidente.

Estamos hablando de la evaluación del impacto ambiental. Es una de las técnicas de protección ambiental más consolidada y depurada, desde su primera formulación en Estados Unidos en 1969 o en su formulación en la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, como uno de los principios básicos del derecho ambiental, el principio de prevención.

El principio de prevención que inspira esta técnica traslada al ámbito ambiental el principio conocido de más vale prevenir que curar. Como profesional de la salud, no puedo más que aplaudir, por tanto, la técnica de la evaluación ambiental.

Se nos dice que este proyecto de ley obedece a la necesidad de transponer la Directiva 2014/52, y, para variar —ya lo hemos comentado—, estamos fuera de plazo. En realidad, ni la directiva ni el proyecto de ley introducen modificaciones significativas en la regulación del instrumento. Además, el proyecto de ley permite que se puedan evaluar proyectos ejecutados y declarados ilegales por la justicia. Pocas ideas pueden ser más irreconciliables con la naturaleza intrínsecamente preventiva de la evaluación del impacto ambiental. En todo caso, ¿qué incidencia en el proceso de toma de decisiones va a tener la variable ambiental? ¿Qué credibilidad o utilidad van a tener los trámites de información pública?

En cuanto a la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se pretende reducir la cuantía de las acciones impuestas. Señorías, no pretendan que les apoyemos en este proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.

Señorías, con la aprobación del texto que hoy debatimos, lo que estamos haciendo, primordialmente, es cumplir con la obligación de la transposición de la Directiva europea del año 2014 a nuestro ordenamiento jurídico. Esta entró en vigor, tal como ha dicho la portavoz de Podemos, en mayo de 2014 y su plazo de transposición para los Estados miembros finalizaba el pasado 16 de mayo del 2017, por lo que ha pasado casi un año y medio sin que se lleve a cabo. Además, se incorporan una serie de modificaciones puntuales encargadas de dotar de seguridad jurídica a todos los intervinientes en el proceso.

Es un texto que ha sido enriquecido durante su debate teniendo en cuenta algunas de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, que han sido transaccionadas en su mayoría, como es el caso de proyectos con estudios de impacto ambiental favorables que puedan estar incursos en procedimientos judiciales; o la mejora de la información a toda la ciudadanía, la rectificación en el texto para darle una mayor claridad o la incidencia de la importancia no solo de nuestro medio, sino también del paisaje y entorno del que disfrutamos y forma parte de nuestro propio patrimonio.

Además, y como consta en la exposición de motivos de esta modificación, esta se ejecuta de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, con dos objetivos claros: primero, conseguir una regulación más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental y, segundo, aumentar la coherencia y las sinergias con otras legislaciones y otras políticas de la Unión Europea, así como con las políticas y estrategias establecidas por los Estados miembros en ámbitos de su competencia nacional.

Del contenido resaltamos el refuerzo de los estudios de impacto ambiental como instrumentos preventivos ante la amenaza y desafíos que han ido aconteciendo durante los últimos veinticinco años de vigencia de la primera normativa. Presta más atención a ciertas áreas que entendemos que son importantísimas, como son la eficiencia de los recursos, el cambio climático y la prevención de riesgos, para que pasen a estar reflejadas en el proceso de evaluación; integrar y coordinar los procesos de evaluación ambiental; definir explícitamente el concepto de evaluación de impacto ambiental y delimitarlo como proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos con respecto a —es muy importante y lo señalamos— la población, la salud humana y, en definitiva, todo nuestro ecosistema. El proyecto sometido a estudio debe contemplar también los supuestos de vulnerabilidad en cuanto a accidente grave o catástrofe. Y, sobre todo, también queremos resaltar la preservación de la Red Natura 2000.

Por tanto, con su aprobación prestamos más atención a más áreas medioambientales esenciales para la preservación de nuestro medio y nos retamos a cuidarlo como responsabilidad máxima ante las generaciones que nos sucederán. Como país miembro de la Unión Europea, debemos cumplir los acuerdos a los que llegamos y debemos, además, ser capaces de coordinarnos con el resto de Estados en una materia tan fundamental como es la preservación de nuestro medio. Pero, sobre todo, debemos dar pasos importantes hacia la prevención para evitar tanta cura, apostando de una vez por todas por un desarrollo sostenible en el que el desarrollo de las necesidades presentes no comprometa la capacidad del desarrollo de las necesidades futuras.

Finalmente, es prioritario aprobar definitivamente el texto ante el procedimiento de infracción comunitario abierto contra España por la no transposición de la directiva. Por tanto, una vez transaccionadas algunas de las enmiendas presentadas, debatida y ante la urgencia de su aprobación, lo único que entendemos que resta es apelar a la responsabilidad para su aprobación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Álvarez.

El señor ÁLVAREZ CABRERO: Gracias, señor presidente.

El texto jurídico propuesto que ahora se somete a la consideración de las Cámaras fue uno de tantos que quedó paralizado tras el triunfo de la moción censura. Ha estado seis meses paralizado, a lo que tenemos que sumar las paralizaciones por el bloqueo al Gobierno en la anterior legislatura, corta, y al principio de la actual.

La ecuación del texto persigue subsanar innumerables conflictos surgidos en los últimos años en las tramitaciones tanto simplificadas como ordinarias. Por eso, muchos proyectos empresariales se abandonaron, acabaron en demandas o fueros desviados a otros países. La reformada norma impone que se tengan en cuenta, en la labor de evaluación, la salvaguarda del patrimonio arqueológico y arquitectónico en el caso de España. Se pretende la integración de los procesos de evaluación con otros procedimientos nacionales y, en el caso de la evaluación simplificada, que se realice en el plazo prorrogable de treinta días. Las autoridades competentes deben probar su objetividad para evitar conflictos de intereses. Los motivos para la autorización o denegación deben ser fundamentados, claros y transparentes.

El promotor debe incluir en el estudio que elabore un análisis catalogado de la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes y sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Solo quedarán excluidas del proyecto aquellas partes que afecten a la defensa, si bien —para que alguna enmienda se dé por aludida— no se refiere exclusivamente a la defensa nacional. Se limita la posibilidad de la exclusión por el Gobierno o de las comunidades autónomas, suprimiendo la posibilidad de que, mediante ley específica, se excluyan de determinados proyectos. Asimismo, las administraciones públicas deben garantizar que el personal que realiza la evaluación tenga conocimientos y formación suficiente para evaluar o examinar los proyectos ambientales. El órgano sustantivo incluirá en la autorización las medidas previstas para compensar los efectos directos en el medioambiente. Se clarifican las sanciones; se hace un importante hincapié en la identificación de todas las personas interesadas, interconexionando los diferentes registros; se modifica la Ley de montes para adecuarla a una sentencia del Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias relativo a los caminos naturales; se modifica la regulación del comercio de derechos de emisión, sobre todo en su régimen administrativo, y los planes de seguimiento de los operadores aéreos.

Señorías, en la línea de la lealtad y responsabilidad el Grupo Popular no ha introducido ninguna enmienda al objeto de no demorar más la tramitación del texto jurídico y no perjudicar innumerables iniciativas y proyectos que serán evaluados, y no es retórica. Aquí, a mi izquierda, tengo convenientemente identificadas todas aquellas reformas que se podían haber hecho vía enmiendas y no las hemos presentado. Pero imaginemos otro escenario, un escenario con el PP en el Gobierno. ¿No presentaría enmiendas el PSOE?, cosa que ahora no ha hecho. ¿Votaría a favor del proyecto, como hará ahora el Grupo Popular, en esa hipotética situación? Las respuestas las conocemos sobradamente; de hecho, en tiempos nos llamaban el partido de la lealtad y la coherencia.

A otros partidos —cuyas intervenciones no he escuchado hoy, pero sí las de sus compañeros en la tramitación en la Cámara Baja— les digo que no se escondan tras el telón del escenario criticando esta ley y creando una adecuada posición a sus intereses partidistas ante los colectivos de crítica con la misma. Sencillamente, si no les gusta, voten en consecuencia aquí, y en la Cámara Baja después usando esa mayoría. Si la misma mayoría es válida para cambiar un gobierno, también lo será para algo mucho más sencillo como es modificar, o no votar a favor, este texto. Coherencia.

El Partido Popular será responsable hoy con los intereses y objetivos nacionales, cosa que no vemos en la mayoría denominada por algunos —que conste que no lo dije yo— Frente Popular, que ni está ni se les espera. Nosotros votaremos a favor porque es bueno y necesario para el desarrollo ordenado de la política nacional, independientemente de nuestros intereses y cabreos por la situación política actual de esperpento creada por ustedes.

Concluyo, la responsabilidad debe presidir en el futuro las decisiones de los órganos ambientales. Hay que ponderar aspectos como la actual pérdida de la diversidad humana en el territorio rural, donde se pueden enclavar muchos de los futuros proyectos. Si algunos partidos, a la vista de ciertas enmiendas, pretenden que se retuerza más la soga de los impedimentos, se equivocan. Los proyectos y sus evaluaciones deben ponderar la posible pérdida de la presencia humana en el territorio, con la consiguiente responsabilidad de custodia del mismo. Utilizar estas herramientas como cribas de paso más fino contra el desarrollo rural puede ser, además de incoherente con sus consignas a los ciudadanos, demoledor para la interacción humana con el territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Procedemos ahora a la votación de las enmiendas y lo hacemos por el orden de debate.

Se ha presentado una solicitud para votaciones separadas por parte del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y vamos a proceder, en primer lugar, a la votación de las enmiendas presentadas por el senador Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, que se corresponden con los números 25 a 34. De estas, se ha solicitado votación separada en dos bloques, uno comprendería las enmiendas 31 y 33 y el segundo bloque, las números 25 a 30, 32 y 34.

Procedemos, pues, a la votación de las enmiendas 25 a 30, 32 y 34.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 21; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos ahora a votar las enmiendas números 31 y 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, procedemos a la votación de la enmienda número 24, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, números 1 a 23. Les recuerdo que la enmienda número 11 fue retirada. Procedemos a su votación en tres bloques.

El primero está compuesto por las enmiendas números 1, 12, 16 y 19. Procedemos a su votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El segundo bloque está compuesto por las enmiendas números 2, 7, 13, 14, 18 y 20.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 21; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el tercer bloque, correspondiente a las enmiendas 3 a 6, 8 a 10, 15, 17 y 21 a 23.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 21; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos, por último, a una única votación de las enmiendas números 35 a 65, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 21; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedería ahora, por tanto, la votación del texto remitido por el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley en su conjunto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 2; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda dictaminado por la Comisión de Transición Ecológica el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Procede, por último, la designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado.

¿Alguna propuesta? (Denegaciones).

Muchas gracias por la confianza.



DEBATIR

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA ACAECIDA EN LA ISLA DE MENORCA POR LA FINALIZACIÓN DE LA VIDA ÚTIL Y PARADA DEL CABLE ELÉCTRICO QUE LA UNE CON LA ISLA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), Y PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA ISLA EN MATERIA ENERGÉTICA. 661/000882 GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora al debate de las mociones.

Les recuerdo a sus señorías dos cuestiones: primero, que votaremos cuando concluya el debate de las cuatro mociones, y segundo, que ha sido retirada la moción 661/000882 del Grupo Socialista.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y OTRAS ACCIONES EN LOS ACANTILADOS DE PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN/CASTELLÓ). 661/001082 GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

El señor PRESIDENTE: Por tanto, empezamos el debate de la primera moción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la realización de estudios y otras acciones en los acantilados de Peñíscola.

Para la defensa de la moción, y por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy en nombre de Compromís, mi formación, tengo el honor de traer una moción a la Comisión de Transición Ecológica sobre uno de los lugares más emblemáticos de la comarca del Baix Maestrat, aunque yo diría más, de toda la Comunidad Valenciana o de todo el territorio del Estado español. Estoy hablando de Peñíscola, conocida en el territorio como la ciudad en el mar o ciudad del mar, que ha encandilado... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, senador.

Señorías, ¿podríamos mantener un poco el silencio para poder escuchar perfectamente al representante del Grupo Mixto? Muchas gracias.

Tiene la palabra senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Como decía, que ha encandilado durante muchos años a propios y extraños cuando la han visitado. No en balde, está continuamente en los rankings de las poblaciones de máximo encanto del territorio español cuando se hacen encuestas sobre ello. La ciudad en el mar siempre está representada en esas listas.

La imponente visión del castillo es lo primero que cualquier visitante le viene a la cabeza cuando le pregunta sobre esa ciudad. Tiene unas características que la diferencian de pueblos de costa, pero eso no quita que, siendo un espléndido lugar cultural para visitar, también tenga un destino típico de la costa española: el sol, la playa, la gastronomía, la tranquilidad y el medioambiente, por ser una de las entradas naturales al Parque natural de la Sierra de Irta, una de las pocas franjas costeras del Mediterráneo español sin urbanizar.

La ciudad en el mar ha encandilado a todas las civilizaciones que dominaron el mar Mediterráneo —íberos, griegos, fenicios, romanos, cartagineses, árabes—, incluso órdenes militares como los templarios o la Orden de Montesa estuvieron radicados allí.

Ha habido famosos rodajes de televisión, como la película El Cid o la serie Juego de Tronos, y, por supuesto, también ha estado la sede pontificia de Benedicto XIII, el papa Luna, como es conocido el castillo de la ciudad de Peñíscola.

Tiene una ubicación única, con un casco antiguo espectacular, con su iglesia, con su castillo, situada en una pequeña península rodeada por una muralla, gran parte de ella apoyada en un espectacular acantilado. Les invito a los que no han disfrutado de esa visita a Peñíscola que no pierdan la oportunidad de hacerlo.

Hasta aquí la propaganda del turoperador.

Las singularidades que he expuesto, señorías, han sido reconocidas desde hace mucho tiempo por múltiples organizaciones y el Gobierno del Estado español, por ejemplo, en el Decreto de castillos protegidos de España del año 1949, o la declaración de monumento histórico-artístico nacional de la ciudad de Peñíscola en el Decreto 3143 de la año 1972, en el que en su exposición de motivos decía: «La ciudad de Peñíscola, de singular emplazamiento en elevado peñón donde se yergue su fortaleza, posee una serie de monumentos de notable valor artístico y caserío de peculiar arquitectura, extendido en pintoresca agrupación, plaza fuerte, rodeada de gruesas murallas que ciñen el peñasco y aprisionan su caserío, lugar estratégico, codiciada en todo tiempo, fue morada de antiguos pueblos colonizadores del Mediterráneo.» Con los árabes adquirió gran importancia que tiene ahora, y llegó a tener entre sus servidumbres las alquerías de Vinaròs y Benicarló. Albergó también órdenes militares, como he dicho antes, la del Temple o de Montesa, y ha sido el castillo pontificio y sede papal del papa Benedicto XIII, el papa Luna. Este castillo fue construido de una sola vez encima de unos muros primitivos de procedencia árabe. Tiene una hermosa construcción de fábrica de sillería, con bóvedas de cañón apuntado y emblemáticas terrazas, que son verdaderas plazas de armas, que constituyen un conjunto impresionante por su grandiosidad. Los sillares de las murallas están cimentados encima de la roca, característica importante que venimos a valorar en esta moción. También tiene garitas de planta circular con cúpulas, que ostentan grandes escudos de armas, que son realmente primorosos por su labrado y trabajo en piedra. Igualmente tiene la ermita de la Virgen de la Ermitana, del siglo XVIII, o la parroquial del siglo XIV. Allí se conservan grandes restos sobre el papado del papa Luna y, por lo tanto, tiene tanto una belleza histórico-artística como una belleza de estructura.

Todas estas estructuras están situadas dentro del monumento histórico-artístico, como he dicho anteriormente, ceñidas dentro de la muralla, y que han sido declaradas por el ministerio de entonces, el Ministerio de Educación y Ciencia, como conjunto histórico-artístico y también con la obligación por parte del Estado español de la protección de dicho conjunto. Esto, por un lado, la protección histórica. Por otro, la Ley de costas nos dice que tendrán clasificación de obras de interés general y de competencia de la Administración general del Estado todas aquellas que se consideren necesarias para la protección, defensa y conservación y uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea su naturaleza de los bienes que lo integren.

Pues bien, finalmente, para explicar el porqué de esta moción, el pasado mes de agosto aparecieron tanto en redes sociales como en prensa fotografías como esta, en la que se puede observar un gran desprendimiento de grandes losas que forman parte del conocido como Pas de la Girafa, que está situado debajo de las famosas escalinatas del acceso al castillo del papa Luna desde el mar y que forman parte del acantilado sobre el que se apoya la muralla exterior.

Por todo ello, lo que pide Compromís en esta moción es realizar de forma urgente un estudio científico sobre el estado del citado acantilado y sobre las acciones necesarias para la preservación de ese acantilado que sostiene el casco urbano, casco antiguo, de Peñíscola; realizar también de manera urgente las acciones necesarias que mande ese estudio anterior para reparar los daños y preservar la estabilidad del acantilado en cuestión y, por ende, la estabilidad del casco antiguo de Peñíscola.

Soy consciente de que algunos senadores, en el turno de portavoces, quizá me dirán, según las informaciones recibidas del Ministerio de Transición Ecológica a través de su Dirección General de Costas —porque así me lo han comunicado hace diez días a través de una solicitud de informe—, por un lado, cosa que ya sabíamos todos, que la responsabilidad del mantenimiento de esa parte del acantilado es del Ministerio de Transición Ecológica y del departamento de Costas —no podía ser de otra manera—. Pero somos conscientes de que, si el acantilado sucumbe y cae, lo que hay encima es el monumento histórico-artístico. Por lo tanto, creo que tendrían que coordinarse las dos secciones de la Administración general del Estado para actuar de forma conjunta y llegar a una entente cordial sobre qué hay que hacer con ese acantilado, si hay que hacer alguna cosa, pero, ante las informaciones fotográficas que hemos recibido, yo creo que es, como mínimo, necesario mirárselo. Por otro lado, en ese mismo informe que me transmitió la Dirección General de Costas se nos decía que, tras unas consultas con el Ayuntamiento de Peñíscola, tanto con el alcalde como con sus técnicos municipales, también con los técnicos del puerto de Peñíscola, y después de algunas inspecciones oculares, no se apreciaba desprendimiento reciente en la zona, lo cual nos sorprende. Tengan razón el informe del Ministerio de Transición o las informaciones periodísticas, las cuales simplemente por afinidad —porque yo soy una persona a la que le gusta ir a navegar y por lo tanto he pasado muchas veces por esa zona— tengo tendencia más a creer, porque visualmente da esa sensación, da igual si creemos a unos o a otros, la moción no pierde fuerza. Necesitamos ver si ese acantilado tiene riesgo, necesitamos saber si ese acantilado puede provocar un desprendimiento que ocasione un desmoronamiento de la muralla y del casco antiguo de Peñíscola. Por tanto, creemos que tengan unos razón u otros, la moción es lo suficientemente potente como para que el resto de grupos parlamentarios apoyen esta moción, que simplemente pide proteger nuestro patrimonio, tanto el costero como el patrimonio histórico-artístico del Estado español. Por lo tanto, espero un apoyo unánime a esta moción por toda la comisión, porque hay que salvaguardar esta joya del Baix Maestrat.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Como saben, no se ha presentado ninguna enmienda a esta moción. Por lo tanto, empezamos ahora el turno de portavoces.

Senador Navarrete, tiene derecho a un turno.

El señor NAVARRETE PLA: Como ya sabía que no había enmiendas, he hecho todo el speech en la primera intervención y así, ahorramos tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo para manifestar el apoyo del Partit Demòcrata a esta moción.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Intervengo para manifestar el voto a favor de esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Intervengo también para marcar nuestra posición de voto, que será a favor de la moción que nos trae Compromís.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señorías, he de decir en primer lugar que nos sumamos a la valoración que hace la moción respecto de la importancia histórica, arquitectónica y turística del casco antiguo y del municipio de Peñíscola. Sin perjuicio de que el deslinde de la zona transcurre por el pie de las murallas exteriores del castillo, por lo que estas, el castillo y todo el núcleo quedan fuera del dominio público marítimo terrestre, es importante tener en cuenta el estado de los acantilados que se mencionan sobre los que se apoyan las citadas murallas. Respecto de esto y de posibles desprendimientos, como ya ha dicho el proponente de la moción, nosotros tenemos informaciones de que el Servicio Provincial de Costas en Castellón ha mantenido comunicación con el Ayuntamiento de Peñíscola y el puerto colindante, así como se ha visitado la zona, sin que se haya percibido ningún desprendimiento reciente. Por lo tanto, al parecer, están haciendo un seguimiento de la cuestión y es de esperar que, al ser los responsables en la materia, tomarán las medidas que, en su caso, sean necesarias en el tiempo que ellos crean conveniente.

Por otra parte, el castillo de Peñíscola es de titularidad estatal, adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, gestionado actualmente por la Diputación Provincial de Castellón —de hecho, la diputación manda con regularidad proyectos de intervención en el castillo para informe del ministerio—. Es de esperar que las instituciones implicadas, que tienen conocimiento del tema, busquen la mejor coordinación para afrontar el estado de los acantilados mencionados. Por tal motivo, entendiendo la preocupación que expresa la moción respecto de un conjunto de gran valor histórico y arquitectónico, pero a la vez entendiendo que las instituciones responsables están informadas de la problemática que ha provocado reuniones sobre el particular, creemos que lo más lógico es que dejemos que sean ellas las que tomen las medidas que en su caso sean necesarias, en los tiempos que estimen más convenientes y no en los que vienen informados o vienen defendidos por la moción. Por tal motivo, nuestra posición será de abstención.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular en el Senado, senador Fabra, tiene la palabra.

El señor FABRA PART: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy tenemos que tratar una moción que habla, como bien ha quedado claro, de un paraje singular en la Comunidad Valenciana y en España, un paraje del que podemos sentirnos orgullosos y satisfechos todos los valencianos y los españoles y que manifiesta la preocupación que tenemos siempre de mantener en las mejores condiciones, tanto estéticas como de seguridad, todo aquello que hace referencia a nuestro patrimonio histórico. Por lo tanto, vista la preocupación que todos debemos tener sobre el mantenimiento y conservación de este patrimonio histórico-cultural y también ante el cariño y el sentimiento de orgullo que tenemos por contar con una ciudad tan emblemática como Peñíscola, anticipo que nuestro voto va a ser favorable.

Dicho esto, querría hacer una serie de matizaciones. En primer lugar, la extrañeza. Me resulta curioso que, a la hora de poner los puntos fuertes para poder actuar sobre el castillo, Compromís haga referencia a que fue sede papal. Bienvenidos al hecho de tener un nuevo argumento cara a tener en cuenta el valor histórico de cualquier tipo de instalación. En segundo lugar —lo ha dicho ya el representante de Compromís, el senador Navarrete— no ha habido ni una sola incidencia que haya sido trasladada al ayuntamiento sobre esta cuestión. Fíjese, un ayuntamiento de un municipio claramente turístico que tiene como eje central el patrimonio histórico del asentamiento del pueblo es el más preocupado para entender si hay alguna incidencia o no en todo aquello que rodea al castillo. Pues no hay ni una sola incidencia trasladada al ayuntamiento, ni por los técnicos ni por ningún ciudadano, tampoco por Costas. Por lo tanto, aquí se descubre que Compromís es un partido de las fake news, que lo único que busca es la desinformación, el engaño y generar alarma sin ningún tipo de necesidad, porque ni las autoridades pertinentes ni ningún ciudadano de Peñíscola han trasladado al ayuntamiento ninguna incidencia sobre la situación de los acantilados, tampoco del castillo ni de las murallas. En tercer lugar, es curioso, hay a veces una cierta competencia por ver qué grupos son los que presentan más preguntas a una institución como el Senado. Ante la presentación de esta moción, he tenido la curiosidad de ver cómo había surgido y, como también nos ha anticipado el señor Navarrete, en su día fueron hechas una serie de preguntas. Compromís presume de que es uno de los partidos que más preguntas hace en el Senado y, viendo este escrito, uno puede tener la seguridad de por qué. En esta moción que se hace sobre el tema del castillo de Peñíscola, de las murallas y del acantilado creo que la pregunta podría ser tan sencilla como cuál es la situación o si realmente ha habido un desprendimiento, sin embargo nos encontramos con que hay más de cuarenta preguntas hechas sobre este tema. No son preguntas que puedan ser interesantes para al final evaluar si el estado de las murallas es el adecuado o no, sino que las preguntas son: en caso afirmativo de que se haga un informe, ¿quién lo hará? ¿Cuándo se hará? ¿Por qué se hará? ¿A qué se deberá? En el caso de que sea negativo: ¿por qué no se hace? ¿Quién será el responsable? ¿Cómo es posible que no se produzca? Tanto es el afán que tienen por preguntar que incluso en la declaración de argumentos aparecen interrogantes en fechas, en afirmaciones o incluso en datos históricos. Esto pone de manifiesto que, para aprobar una moción, en la que lo único que se busca es que se haga un informe para ver si realmente están dañados los alcantarillados o las murallas, es innecesario tener que buscar argumentos o fake news o abusar de algo que, en una institución como el Senado, debe tener sentido y coherencia como es la realización de preguntas. A pesar de todo, como les he anticipado al principio de mi intervención, por el bien de Peñíscola y para preservar las instalaciones motivo de orgullo de los valencianos y creo que de todos los españoles, vamos a votar en sentido afirmativo la moción que presenta Compromís.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE LUCHA Y ERRADICACIÓN DE LA PLANTA CAMALOTE EN EL RÍO GUADIANA Y A LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE LOS GASTOS GENERADOS EN LA LUCHA CONTRA LA MISMA POR PARTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA. 661/001161 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: Como ya anunciamos, procederemos a la votación cuando concluyamos el debate de todas las mociones.

Pasamos ahora, por tanto, al debate de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un plan estratégico de lucha y erradicación de la planta camalote en el río Guadiana y a la realización de una auditoría de los gastos generados en la lucha contra la misma por parte de la Confederación Hidrográfica.

A esta moción no se le ha presentado ninguna enmienda. Por lo tanto, en primer lugar se procederá a la defensa de la moción por tiempo de diez minutos y, a continuación, iniciaremos el turno de portavoces.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, señor presidente.

Como todos ustedes saben, este problema ha tenido repercusión no solo en los medios de comunicación regionales, sino también nacionales. A lo mejor no ha tenido la repercusión que han tenido otras catástrofes en España y por eso en estos catorce años no hemos conseguido la erradicación de esta planta en el río Guadiana

Desde hace aproximadamente catorce años, el río Guadiana, a su paso por Extremadura, está sufriendo la colonización de una planta de origen amazónico llamada camalote o jacinto de agua, una planta totalmente invasora —de hecho, está considerado por la Unión Mundial para la Naturaleza como una de las cien especies más invasoras del mundo— que está provocando graves problemas medioambientales, económicos y sociales. Actualmente hay 165 kilómetros de río afectado por esta planta. Además, lo triste de esto es que no se vislumbra ninguna solución clara ni a corto ni a medio plazo. ¡Cómo estaría el río —imagino que alguno de ustedes han tenido ocasión de visitarlo, si no, les invitaría a verlo— que algunos medios de comunicación le han denominado el chapapote vegetal en el río Guadiana!

A parte del coste económico, donde parece ser que se llevan gastados ya más de 30, 32 o 34 millones de euros, el principal riesgo del camalote es, sin duda, ambiental, cuestión muy sensible para todos. Desafortunadamente, el recién nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aunque luego el hombre tuvo que pedir disculpas, con todos los respetos, dijo que este era un problema estético, de imagen. ¡Imagínense qué conciencia y qué conocimiento de lo que está pasando allí!

Las zonas afectadas por el camalote sufren tasas de evaporación entre tres y cuatro veces por encima de lo normal. La descomposición de la planta provoca que se incrementen los niveles de sulfuro de azufre y la demanda química de oxígeno, pudiendo contaminar el agua hasta el punto de no poder ser usada ni siquiera para riego. Incluso la fauna como mamíferos, aves y peces están desapareciendo como consecuencia de la abundante presencia de esta planta y de su descomposición. La presencia de la planta puede causar problemas de dimensiones incalculables si llegase a las diferentes presas e invadiese los canales de riego de la zona que alimentan cultivos de arroz, frutales, huertas, etcétera. Incluso hablaríamos de una catástrofe de dimensiones incalculables si llegara a la mayor presa de Europa, la presa de Alqueva, con una superficie de 250 km2.

Por tanto, ya que la invasión de esta planta se ha considerado como una catástrofe, instamos al Gobierno a poner en marcha en un plazo inferior a dos meses un plan estratégico de lucha, de control, de vigilancia y, lo que es más importante, de erradicación de la planta del camalote en el río Guadiana. Pero este plan debe contemplar un avance en las investigaciones que se han ido haciendo durante estos catorce años y profundizar en el conocimiento de aquellos factores que están incrementando la presencia de la planta en el río con el objetivo de eliminarla de una vez por todas de la cuenca del río. Igualmente, en un plazo inferior a dos meses, poner en marcha una auditoría de todos los gastos ocasionados durante estos catorce años en la lucha contra el camalote por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y yo añadiría no solo para el control del gasto público, sino para saber qué se ha hecho mal durante estos catorce años. ¡No concibo que en catorce años se haya ido incrementando! Tenemos que saber qué hemos hecho para poder corregir las cosas que no han salido bien y no han dado sus frutos después de la enorme inversión de dinero público y, de una vez por todas, llevar a cabo un plan integral a medio o a largo plazo, conocido por toda la sociedad, para acabar con el camalote.

Para terminar, voy a hacer un resumen de lo que he leído sobre el chapapote vegetal en el río Guadiana. Traducido en cifras, hay más de 165 kilómetros afectados, más de 30 millones de euros gastados y 40 000 hectáreas de regadío que están amenazadas. Ya está allí la Unidad Militar de Emergencia con 120 efectivos, 120 operarios de Tragsa, pero, lamentablemente, el chapapote va matando al río lentamente. O ponemos en serio las medidas adecuadas para evitar esta catástrofe, o llegará un momento en que el río Guadiana, como dicen en Extremadura que aparece y desaparece, desaparecerá totalmente por la invasión de esta planta.

Por mi parte, nada más.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto ¿va a intervenir, señor Navarrete? (Denegaciones).

Por el Grupo Nacionalista ¿desea intervenir, senadora Rivero? (Denegaciones).

Por el Grupo Vasco en el Senado ¿desean intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Esquerra Republicano, senadora Cortès, ¿desea intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gràcies, president.

Señorías, nos llama poderosamente la atención esta moción que ha presentado el Grupo Popular. Evidentemente, el jacinto de agua es una grave amenaza ambiental como especie altamente invasora que es. ¡Y claro que está en la lista de las cien especies más invasoras del mundo! ¿Pero saben qué otras especies también lo están? El black bass, voraz depredador de agua dulce, la trucha arcoíris. ¿Les hace falta que les recuerde que ustedes impulsaron y aprobaron una ley para indultarlas? ¡Hace demasiado poco tiempo para que se hayan olvidado de ello!

La amenaza de especies exige actuaciones contundentes, así lo exige la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, y la más elemental aplicación de los principios de conservación y precaución, la aprobación e implementación de estrategias de control y erradicación. En definitiva, la moción no plantea nada distinto de lo que prevé la ley. Por tanto, vamos a votar a favor, pero ya me dirán qué es eso de que ustedes plantean auditar la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana cuando la presidían hasta hace pocos meses y desde hace demasiado tiempo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Guerra.

El señor GUERRA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

A finales de 2016 se aprobó por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana el documento denominado «Gobernanza y estrategias para la lucha contra las especies invasoras en la cuenca del Guadiana», el cual incluye un anexo específico, a modo de plan estratégico, con la denominación de Estrategia para la especie invasora camalote o jacinto de agua en la cuenca del Guadiana. A su vez, y dentro de las actuaciones definidas por esa estrategia, se especifica la necesidad de realizar más estudios con el fin de mejorar el conocimiento del camalote, sus efectos y desarrollar nuevas técnicas de lucha, así como la necesidad de su monitorización e inclusión en el Programa de adecuación ambiental del Organismo de cuenca. Por otro lado, la rápida proliferación de esta especie invasora en el tramo más occidental del río Guadiana ha conllevado que durante estos últimos catorce años el ministerio, hoy de Transición Ecológica, antes de Medio Ambiente, haya realizado un importante esfuerzo inversor para tratar de minimizar la presencia del camalote.

Las primeras inversiones, que se comenzaron a realizar a partir de 2005, fueron financiadas con fondos de la Dirección General del Agua. No obstante, desde el año 2013 las inversiones efectuadas en la lucha contra el camalote se han financiado tanto con fondos de esa misma dirección general como con fondos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En el caso de las inversiones de la Dirección General del Agua, todas ellas son objeto del correspondiente control del gasto derivado de la fiscalización previa de los expedientes de contratación tramitados por esta unidad. En cuanto a las actuaciones financiadas con cargo a fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, estas son igualmente objeto de la oportuna fiscalización previa al hallarse sometido el organismo de cuenca a dicho régimen desde el 1 de mayo de 2014. Por tanto, no entendemos muy bien la auditoría que se pide.

Hay que mencionar igualmente que a estas actuaciones hay que añadir aquellas otras dirigidas a la lucha contra esta especie invasora, que han sido objeto de financiación comunitaria y sometidas igualmente a los correspondientes controles financieros derivados de la justificación de gastos ante la Comisión Europea.

Tengo que decir igualmente que hasta la fecha actual, según la información aportada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana se llevan aplicados unos 45 millones de euros para la erradicación del camalote. A pesar de ello parece evidente que el tratamiento seguido en los últimos años para erradicar o al menos controlar el crecimiento de la especie resulta insuficiente, por ello se ha diseñado una estrategia conjunta para realizar una actuación urgente sobre los tramos afectados del río que constituye un plan de choque coordinado por la delegación del Gobierno en Extremadura y que desarrolla e impulsa la definida en su día por la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Especialmente relevante es la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, a cuyos miembros quiero reconocer y agradecer la extraordinaria labor que realizan, tanto en este como en otros muchos casos, dando respuesta a una demanda recurrente desde 2015 de la Junta de Extremadura ante la situación de emergencia y los daños producidos en los ecosistemas fluviales, que siempre se encontró con la negativa del Gobierno del Grupo Popular, que no consideró oportuna esa intervención por no existir un peligro inminente para la población —y leo palabras textuales de la respuesta dada por escrito por el anterior Gobierno—, obviando el peligro para los bienes y el medioambiente que ahora tanto preocupa al Grupo Popular.

De ahí que en este como en otros temas sorprenda la preocupación y el repentino interés del Grupo Popular desde que está en la oposición, sin duda un milagro obrado por la llegada del Partido Socialista al Gobierno.

El nuevo Gobierno sí ha valorado en cambio la gravedad del problema y ha dado una respuesta urgente, incorporando desde el pasado 15 de octubre efectivos de la UME para contribuir al desarrollo de esa estrategia tan necesaria. La intervención de la UME en muy pocas semanas ha servido, por tanto, para dos cosas: para retirar 3000 toneladas de camalote, pero también para que los extremeños dejen de tener la sensación de abandono por parte del Estado que han sentido durante los años de Gobierno del Partido Popular.

En ese sentido nuestro voto va a ser contrario a la moción por su presentación a destiempo, por su interés impostado, por ser innecesaria y porque se está trabajando, como no se ha hecho hasta ahora, con recursos, con determinación y con resultados evidentes; justamente lo contrario que ocurrió durante los siete años y medio del Gobierno del Partido Popular, ese que estaba hasta hace seis meses aunque a los miembros del Grupo Popular les parezca que fue hace una eternidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, presidente.

¡Así es imposible llegar a un acuerdo! Cuando lo que aquí se manifiesta es el interés particular, el «y tú, más», «el Partido Popular esto o aquello» o «el Partido Socialista tal o cual»... es imposible llegar a un acuerdo. Aquí priman más otros intereses partidistas que el tema medioambiental o el tema social.

Pero vamos a ver, pedimos una auditoría sabiendo que del año 2004 al 2011 gobernó el Partido Socialista y que del 2011 hasta mediados del 2018 gobernó el Partido Popular, que, como dice la portavoz de Podemos, presidía hasta hace pocos meses. Pues sí, no nos importa quién presidía, si lo hacía el PP, Podemos o el Partido Socialista; pedimos que se haga una auditoría porque lo que queremos es resolver el problema. ¿Y cómo vamos a resolver el problema con unas declaraciones como las que ha hecho la delegada del Gobierno, que según dice usted ha puesto en marcha el plan de choque, del que ahora hablaré? Lo que no se puede decir es que la responsabilidad del dinero invertido es del anterior Gobierno. ¿Pero qué altura política puede tener una delgada del Gobierno que echa las culpas al anterior Gobierno? Si la sociedad está ya cansada de que nos echemos las culpas unos a otros, si lo que quieren los extremeños es que les resolvamos el problema del camalote. ¡Eso es lo que quieren los extremeños! Pero ustedes erre que erre. Voten ustedes a favor de esta moción porque, efectivamente, ¿qué miedo vamos a tener por pedir una auditoría de estos catorce años? ¿Qué miedo hay que tener? Ninguno.

Pero hablemos del plan de choque que han puesto en marcha, y que siempre es de agradecer: Control, vigilancia y erradicación. Mire señoría, yo el lunes me puse las botas, me fui al río Guadiana, estuve en la orilla, recorrí, no los 165 kilómetros del río Guadiana, pero sí muchos kilómetros, y estuve con las máquinas y con los de las barcas, que es como se ve el problema, in situ, para saber realmente de lo que estamos hablando. A distancia no se puede ser consciente del problema. ¿No se da cuenta usted que el presidente recién nombrado ve aquello y dice que eso es un problema de imagen? ¿Pero dónde estamos?, ¿cómo va a ser esto un problema estético?

Y yo también agradezco la presencia de la Unidad Militar de Emergencias, ¿pero sabe usted cuántos están trabajando en el río? 60. Porque la Unidad Militar de Emergencias lleva una carpa, lleva cocineros, lleva camareros, lleva una ambulancia, lleva médicos, lleva enfermeros, etcétera. Y claro, en los titulares podemos leer: 120 efectivos de la UME. Realmente, 60.

Pero ese no es mi problema. ¿Sabe usted lo que yo vi? Yo vi que estaban extrayendo el camalote y vi camalote de hace años a un metro y medio de la orilla del río. ¿Pero qué estamos haciendo? Si dicen los científicos que la raíz dura 20 años en el agua y cuatro fuera de ella, así que, cuando hay una crecida del río, ¡otra vez para adentro! Así que, ¿qué estamos haciendo? Así esto no terminará en la vida.

Por eso le estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo, que hagamos un plan integral de control de vigilancia y de erradicación, y si no, como en Estados Unidos: una oficina exclusiva del camalote, pero, ¡ojo!, fuera de la confederación, que me da que está viciada. Así que, una oficina fuera de la confederación que dependa de otro organismo. Y pongamos los mecanismos en marcha: Universidad de Extremadura, científicos, y todos ahí a solucionar el problema.

Pero usted me habla del abandono del Gobierno del PP. ¿Pero dónde estamos ya? Eso es del siglo pasado, esa es la política rancia que ustedes utilizan. Eso es política rancia. ¿Cómo vamos a abandonar esto nosotros si han sido los años en los que más se ha invertido? Pero algo se ha debido hacer mal en la confederación, y me da igual quién gobierne. Pongamos los mecanismos en marcha. 45 millones de euros invertidos. Así estaremos toda la vida. ¿Sabe cuántos se han puesto en el BOE ahora? Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo: las asociaciones ecologistas, las asociaciones civiles, la Asociación Ciudadana Salvemos el Guadiana. Ahora vamos a comercializar con el chapapote. ¿Pero dónde se ha visto eso? Habrá que crear unos cementerios y enterrarlo, habrá que hacer un plan para terminar con ello. Cuando se crean intereses económicos en una cuestión como esta, la erradicación va a ser muy difícil, y el BOE ha sacado una licitación pública de más de seis millones de euros para que se lo lleve la formación de biogás o de biomasa. ¡Que no!, ¡que no!, ¡que eso no puede ser! Efectivamente he leído que tienen un permiso especial de la Unión Europea, pero con estas cuestiones no se puede jugar ni se puede comercializar, porque como le interese al que se está llevando el camalote para biogás o para biomasa... ¿qué hacemos?, ¿le cortamos la materia prima?

Y esto es sobre lo que quiero que reflexionen. Y perdón por el tono, pero es que estas cuestiones son graves y son de interés, y yo creo que todos tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no, nunca terminaremos con esto, y gastaremos dinero público de todos los españoles, de todos los extremeños o de la Unión Europea, me da exactamente igual, y no le daremos solución. Porque, ¿usted qué cree que están haciendo ahora? Vaya allí y véalo. En las zonas de Badajoz o Mérida, donde la gente lo ve, se retira, pero vaya usted al río bajo: hay de orilla a orilla; aquello es triste. Hay de orilla a orilla.

Pero si a mí me parece bien el plan de choque, no digo que no. Ojo, no digo que no: el control, la retirada... Vayamos poco a poco, pero tenemos que afinar y erradicarlo, si no, no terminaremos nunca con esto. Y ya se lo he dicho antes: como en Estados Unidos, una oficina aparte. Pero si yo sé que es difícil erradicarlo; si hay muchas enfermedades, tanto de sanidad animal como de sanidad ambiental, que son difíciles de erradicar, pero hay que intentarlo, y por lo menos utilizar el dinero público con transparencia y con austeridad, y que se sepa dónde se está gastando y quién se lo está llevando, ojo, legalmente, no nos confundamos.

Esa es la idea de esta moción, señores portavoces, por eso les pido que la apoyen para que pongamos en marcha un plan riguroso y serio para que, de una vez por todas, podamos terminar con el camalote. No sé en cuanto tiempo, porque no es fácil, pero ya hay investigaciones en todo el mundo, por tanto, pongamos en marcha esas investigaciones para terminar con ello de una vez por todas.

Y ojo con lo de la comercialización porque es un tema delicado. Por tanto, si hay que corregir algo, corríjase.

Señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ESTABLECER MECANISMOS DE COMPENSACIÓN POR LOS COSTES ADICIONALES INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD SOPORTADOS POR LAS INDUSTRIAS ELECTROINTENSIVAS. 661/001218 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate de la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas para establecer mecanismos de compensación por los costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad soportado por las industrias electrointensivas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Aparicio por tiempo de diez minutos.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Nos encontramos ante una moción de urgente necesidad para mi tierra, para Galicia, más concretamente para mi ciudad, A Coruña, también para Avilés, en Asturias y, en general, para el conjunto de España, ante el anuncio de Alcoa del cierre de sus plantas sitas tanto en A Coruña como en Avilés, ante el anuncio de la puesta en la calle de 700 trabajadores, unos 400 en la ciudad de A Coruña y unos 300 en la planta de Avilés, y ante la puesta en peligro de miles de empleos que dependen de esta industria. Por ello, hemos de abordar este tema de un modo urgente. Mi grupo y el partido al que represento vienen demandando, desde la toma de posesión del señor Sánchez, una respuesta a la situación de la industria electrointensiva.

Red Eléctrica de España ha completado el proceso de asignación del servicio de gestión de la demanda para la interrumpibilidad, a través de subastas competitivas, con la asignación de un total de 25 bloques de 40 megavatios y 320 bloques de 5 megavatios, lo que se traduce en una potencia interrumpible, para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2018, de 2,600 megavatios. En estas subastas, como ustedes saben, los pagos por interrumpibilidad bonifican a las empresas que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad. Pues bien, la asociación de empresas con gran consumo de energía criticó el resultado de esta última subasta porque la retribución que recibiría el conjunto de las empresas electrointensivas en España, en 2018, no superaría los 315 millones de euros, es decir, un 40 % menos que los 525 millones que recibieron el año pasado y advirtieron ya de que esto repercutiría en la competitividad de estas industrias. Señores, ya nos advertían de que esto que está pasando se veía venir.

En los últimos años, el Gobierno del señor Rajoy elaboró una planificación diseñada sobre la base de un mix energético para garantizar un precio razonable de la energía y, así, se consiguió un superávit, ya que en 2011 se tuvo que asumir una situación de déficit de tarifa de 30 000 millones de euros. Se activó un sistema de interrumpibilidad compatible con la normativa comunitaria, por cierto, tal y como exige Alcoa en estos momentos. En el año 2012, el Gobierno del PP validó un sistema de puja que le daba garantía jurídica al sistema de la interrumpibilidad. Ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se contemplaba un préstamo de 131 millones de euros para compensar a ciertos sectores industriales de los gastos que soportan en la factura eléctrica, correspondiente a la promoción de energías renovables. En 2017 también se produjo una modificación del sistema vigente para adaptarlo a lo establecido por la Unión Europea y garantizar así una mayor concurrencia. Ante la consecuencia inmediata de esta modificación, de la obtención de una menor remuneración, el Gobierno del señor Rajoy, el del Partido Popular —de ese que estamos orgullosos y no tenemos ninguna vergüenza de haber estado en el Gobierno, como decía mi compañero previamente—, volvió a dar una respuesta a las empresas electrointensivas con la aprobación de un mecanismo de compensación, validado por la Unión Europea, que permitía establecer ayudas para compensar costes indirectos de emisión de CO2. Por ello, en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en su disposición adicional centésima cuadragésima quinta, se contempla un sistema de ayuda compensatoria para los costes adicionales en el que incurren las industrias electrointensivas y se consignaron 150 millones de euros, con cargo a los recursos de la Secretaría de Estado de Energía, para la financiación de dicho sistema de ayudas.

Asimismo —sigo hablando del Gobierno anterior, del Gobierno presidido por el señor Rajoy—, se elaboró un proyecto de reglamento para hacer efectivas estas ayudas, que está a la espera de la aprobación por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y no tenemos respuesta alguna del Gobierno central sobre el estado de tramitación.

Ante esta situación, la industria electrointensiva exige medidas urgentes para poner en marcha el mecanismo de compensación y, así, poder alcanzar las mismas condiciones competitivas que sus principales competidores europeos. Ayer, señorías, éramos conocedores de una nueva subasta para adjudicar estos incentivos a las empresas que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad. Dicha subasta se celebrará del 10 al 14 de diciembre. Pero nos encontramos con que esta subasta solo tendrá validez para los seis primeros meses del año 2019. No sabemos qué tiene pensado el Gobierno central para después de esos seis meses. ¿No ha visto qué ha pasado en esta industria por no ser previsor?

Ante la necesidad y obligación del Gobierno central de tomar las medidas tendentes para garantizar la estabilidad de la industria electrointensiva y, así, poder salvar los puestos de trabajo vinculados a ella, presentamos esta moción.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la Comisión de Transición Ecológica del Senado la aprobación de la siguiente moción. La Comisión de Transición Ecológica del Senado insta al Gobierno a: 1. Poner en marcha, antes del final de la anualidad presupuestaria de 2018, la indemnización prevista en la disposición adicional centésima cuadragésima quinta de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por el monto de 150 millones de euros. 2. Introducir, para el 2019 y el año siguiente, un nuevo esquema de compensación por los costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad soportada por las industrias electrointensivas. 3. Establecer todos los mecanismos de compensación necesarios para que este tipo de industrias compitan en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos; y 4 —esto tiene que ver mucho con mi ciudad—, adoptar todas las medidas necesarias para evitar el cierre de las plantas de Alcoa de A Coruña y de Avilés, garantizándose los más de 700 empleos directos, 400 en la planta de A Coruña y 300 en la planta de Avilés.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Aparicio.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Yo estoy perplejo. Decir que, hoy por hoy, el problema de Alcoa tiene que ver con un Gobierno que hace cinco meses llegó al país, realmente, es demagogia bastante pobre. Por cierto, cuando hablábamos del Gobierno de Rajoy, su compañero decía que estábamos hablando como del Pleistoceno Medio. Pues no, efectivamente, solo hace cinco meses que llegó un Gobierno nuevo que, por cierto, ha mantenido las subastas exactamente igual que las había diseñado el anterior. Por lo tanto, cuestionar hoy las subastas tampoco parece muy serio ni muy razonable.

Pero creo que hoy no venimos aquí para debatir sobre la política energética del Partido Popular, que será todo menos un éxito. Usted decía que las empresas electrointensivas se habían quejado estos últimos meses. No, las empresas electrointensivas fueron las primeras en salir clamando contra el nuevo sistema de subastas que impuso el Partido Popular en el año 2013. Por lo tanto, decir hoy que esto plantea un problema nuevo, no es verdad. El problema de Alcoa es muy serio y este Gobierno ha trabajado mucho, desde el primer minuto, a través de todos sus ministerios, para poder buscar una solución para esas 400 familias, que no son de mi ciudad, pero, como sabe, yo soy de Ferrol y también lo vivo en mi tierra. Por lo tanto, creo que hay que hablar con seriedad y formalidad porque, entre otras cosas —no sé si usted lo sabe, señora Aparicio—, la propia empresa ha dicho que el problema que tenía Alcoa no era de electricidad. Quiero que eso quede claro.

La enmienda va en el sentido de lo que pretende hacer el Gobierno, que es lo que creo que tengo que defender hoy aquí, y es crear un estatuto, con tiempo y con calma, para poder ofrecer a las industrias electrointensivas un precio de la energía acorde, primero, con lo que nos marca la Unión Europea y, segundo, un incentivo en relación con el CO2. A este respecto le recuerdo que hay un proyecto de presupuestos para el año 2019, que ya está presentado, que mantiene esos incentivos a las emisiones de CO2. Pero hay que trabajar a medio y largo plazo en una industria que nosotros creemos que es clave, como se ha demostrado con una moción que hemos presentado los pasados días en relación con este tema. Y le recuerdo, señora Aparicio, que yo, en esta comisión concretamente y en el Pleno del Senado, presenté una batería de medidas en nombre de mi grupo en relación con la industria electrointensiva, que fueron votadas, sistemáticamente, en contra por su partido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Para la aceptación o rechazo de la enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, presidente.

Señor Mato, no intente usted echar balones fuera. Evidentemente, estoy hablando de su Gobierno porque —con todos los respetos— dan ustedes miedo por la situación a la que están llevando a nuestro país.

Señor presidente, ante todo —e independientemente de que mi compañero, el señor Mato, y yo tengamos nuestras diferencias ideológicas—, estoy contenta por la unidad de todos los grupos en el apoyo a los trabajadores de Alcoa.

Señor presidente, mi grupo parlamentario no puede aceptar esta enmienda, pues se trata de una enmienda de sustitución, el Grupo Parlamentario Socialista ni siquiera la ha planteado como una enmienda de adición. Digo esto porque —como acabo de exponer previamente— nos encontramos ante una situación en la que es urgente actuar. No podemos plantear esta moción y dejarla en manos de unos futuribles. En este sentido, mi grupo parlamentario entiende que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista no concreta absolutamente ninguna medida a adoptar por parte del Gobierno y está en sus manos continuar con las medidas adoptadas, que se encontraban en fase de elaboración por parte del Gobierno anterior.

Señorías, la industria electrointensiva necesita de certeza, de estabilidad y de medidas concretas tendentes a evitar situaciones como en la que nos encontramos. Esta moción tiene que servir para que los 700 puestos de trabajo que están en peligro en las plantas de Alcoa de A Coruña y de Avilés sean garantizados. Y este grupo parlamentario entiende que, con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista —como he dicho anteriormente—, solo se les da más incertidumbre y menos seguridad.

Señor presidente, a mi grupo parlamentario no le queda otra que, finalmente, no aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por eso, porque estamos hablando de un tema para el que necesitamos medidas concretas y estabilidad, no futuribles.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?

Tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Señorías, mi grupo político ha asumido un fuerte compromiso con el mantenimiento de la actividad y el empleo en Alcoa, con un apoyo claro a los trabajadores y trabajadoras de la planta de A Coruña y de Avilés. Consideramos que la decisión de la empresa de cerrar, tanto la instalación de A Coruña como la de Avilés, es una grave irresponsabilidad, ya que no ofrece alternativas para el tejido productivo en Galicia y Asturias. También echamos en falta un pulso de las administraciones públicas a la compañía Alcoa para que retire de forma inmediata el expediente de regulación de empleo y se abra una mesa de negociación con todas las partes implicadas para encontrar una solución urgente que garantice el mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo en la zona. Por otra parte, obviamente, entendemos que es clave proporcionar seguridad y permitir competir al conjunto de las empresas electrointensivas. Para ello, las administraciones llevamos tiempo exigiendo una tarifa competitiva.

Señorías, la oposición del Partido Popular ya viene siendo norma. Primero dinamita la competitividad de nuestro tejido empresarial durante sus siete años de Gobierno y, después, responsabiliza a quien recoge las tempestades.

Les adelanto que votaremos a favor de esta moción, no sin destacar que la misma no hace valer la responsabilidad del Partido Popular por haber acortado los plazos de subasta del sistema de interrumpibilidad, en lugar de dar garantía a las empresas para el mantenimiento de los puestos de trabajo y, del mismo modo, por permitir consolidar inversiones que no garantizan el mantenimiento del empleo en la zona y que tampoco cuentan con un porcentaje de participación social y de los trabajadores. No obstante lo cual, como ya les he anticipado, votaremos a favor de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Como decía, señorías, el cierre de las plantas de Alcoa, tanto en A Coruña como en Avilés, nada tiene que ver con el precio de la energía. Desde hace más de veinte años, la empresa no ha hecho ni una sola inversión en ninguna de esas plantas, mientras que, durante esos años, la empresa recibió ingentes aportaciones por diferentes conceptos que la propia ministra de Transición Ecológica valoró en una cuantía cercana —solamente referida a energía— a los 1000 millones de euros.

Por lo tanto, señorías, yo creo que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer: ha sentado a todas las partes, a todos los interlocutores y los gobiernos autonómicos están en permanente contacto con la ministra de Industria, además de con los sindicatos. Por lo tanto, creo que la cuestión de Alcoa se ha de resolver con certidumbre industrial para las familias que hoy dependen de dicha empresa, pero insisto en que las ayudas que se han dado a las industrias electrointensivas no tienen nada que ver con que hoy Alcoa se esté planteando el cierre de estas dos plantas. Prueba evidente de ello es que la planta de San Ciprián tiene los mismos costes energéticos —pues fabrica aluminio y tiene un grandísimo consumo energético—, 1300 empleados y es —a juicio de la propia empresa— una empresa que presenta beneficios y no tiene ningún problema. Por lo tanto, no es adecuado tratar este debate en términos del coste de la energía. La propia compañía —como decía— ha manifestado en varias ocasiones que el cierre que ha planteado corresponde a problemas estructurales intrínsecos, productivos y tecnológicos. A su juicio, estas dos plantas son menos eficientes y competitivas. En este sentido, lo que tendríamos que pensar, señorías, es si esos incentivos que hemos venido dando a lo largo del tiempo han sido realmente eficaces y supervisados por parte de los distintos gobiernos que han tenido responsabilidad en los mismos.

Es la compañía —y a eso es a lo que se está dedicando el Gobierno— la que debe explicar cuál es su política de inversión, cuál ha sido su política de inversión en esas plantas y cómo hemos podido llegar a esa situación, pero, también, entre el Gobierno y las comunidades autónomas se deben proponer alternativas para la viabilidad y el mantenimiento del empleo.

Señorías —lo decía anteriormente—, en 2018 se transfirieron 78 millones de euros para compensar los costes indirectos del CO2 incurridos por las grandes empresas industriales y se ha previsto mantener este importe en el Proyecto de presupuestos para 2019. Los grandes consumidores de electricidad, como Alcoa —ya se ha dicho aquí—, son los únicos que pueden ofrecer al resto de consumidores un seguro ante el riesgo de corte de suministro, así como el procedimiento de interrumpibilidad, lo que ha permitido que España haya disfrutado durante estos años de unos niveles de calidad importantes, no sin un cuestionamiento por parte de la Unión Europea con relación a este tipo de mecanismos.

Por lo tanto, el Gobierno está en constante comunicación y conversaciones con la Comisión Europea para elaborar —tal y como ha avanzado la enmienda que hemos presentado y según el anuncio del propio Gobierno— un estatuto para la industria electrointensiva que analice en detalle las particularidades de este sector industrial, que permita establecer unos precios y una limitación al crecimiento de estos precios que coadyuve y acompañe a estas industrias en el proceso de transformación. Pero yo le voy a decir una cosa, señora Aparicio: he repetido hasta la saciedad —hasta conseguir que el señor Nadal entendiera lo que estábamos planteando— que si España hubiera avanzado más en materia de energías renovables, el precio de la energía para todos los consumidores sería mucho más bajo. Esa es una realidad incontestable. Esa es una realidad que el Gobierno anterior, obstinadamente, frenó. Ahora hay un Gobierno distinto, un Gobierno que está trabajando, y el problema de Alcoa está en los ministerios a los que le corresponde este asunto: el Ministerio de Industria y el Ministerio de Trabajo, que son los que ahora tienen que dar certeza a las familias para que haya un proyecto industrial como el que había, el que hay y el que se debe mantener en Avilés y en A Coruña.

Mi grupo no va a ser obstáculo, ni mucho menos coartada, para que ustedes digan que el problema lo está generando este Gobierno. Nosotros nos vamos a abstener ante su moción porque entendemos que el Gobierno tiene la responsabilidad de trabajar para garantizar el futuro y la continuidad industrial tanto en Avilés como en A Coruña, pero le repito el mismo argumento que le dije hace un segundo, si usted cree que una empresa como Alcoa, un gigante industrial, toma la decisión de cerrar sus plantas porque han llegado al Gobierno el señor Pedro Sánchez y un Gobierno socialista, señoría, debería pensar si eso es hacer política o si no es más bien hacer demagogia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, presidente.

Me sorprende la postura y el sentido del voto del Grupo Socialista; aunque en realidad no, porque últimamente su postura es no votar, no decir nada no vaya a ser que metan la pata si dicen sí o si dicen no; por eso, mejor se abstienen. Me parece que ninguno de los 700 trabajadores de Alcoa se merece que el Partido Socialista ni ningún partido político se abstengan, porque está en juego la viabilidad de su empresa y el tener garantizados sus puestos de trabajo.

Tal y como expuse al comienzo de la moción, nos encontramos ante una moción urgente que tenemos que abordar con responsabilidad y con obligación porque ahora estamos hablando de Alcoa, pero en un futuro podemos estar hablando de las térmicas o de la industria de la construcción. Mi compañero les puede hablar de la situación que están viviendo en Gádor con Cemex. No estamos hablando única y exclusivamente de Alcoa. A este respecto vuelvo a recalcar la unidad institucional de todos los partidos, sin ir más lejos, puesta de manifiesto con la declaración institucional que ayer se produjo en el Congreso de los Diputados.

Señor Mato, mi grupo parlamentario no ha presentado esta moción instando única y exclusivamente a garantizar los puestos de Alcoa. No, señor Mato, no; mi grupo parlamentario ha presentado esta moción instando al Gobierno a tomar medidas concretas para evitar situaciones como, por ejemplo, la de Alcoa, porque queremos evitar que en el futuro haya más Alcoas y más situaciones como esta.

Señorías, con las respuestas que nos dan, como he dicho antes, se limitan a echar balones fuera: Yo acabo de llegar..., yo no tengo ninguna responsabilidad… Se equivoca, señor Mato, se equivoca. Ustedes, desde que llegaron al Gobierno no han tomado ninguna medida —bueno últimamente han tomado medias medidas de las que ya hablaremos a continuación— para solucionar los problemas del sector. Con el Gobierno anterior del señor Mariano Rajoy, con el Gobierno anterior del Partido Popular, siempre y, repito, siempre, y no se me caen los anillos al decirlo, se han tomado medidas para intentar solucionar los problemas del sector.

Señorías, esta puja, ayer conocida, no sirve en modo alguno de referencia realista para dar respuesta a la situación del sector en el año 2019. ¿Por qué no convoca el Gobierno una puja de interrumpibilidad dando continuación al plan que tenía el anterior Gobierno, que era dejar diseñada una puja para tres años? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué medidas va a tomar el Partido Socialista? No nos lo han dicho. Señor Mato, usted ni me ha contestado ni se ha centrado en ninguna de las propuestas que mi grupo parlamentario hace por medio de esta moción. Única y exclusivamente vuelve a la política de balones fuera diciendo que esta moción no tiene que presentarse en esta comisión, sino en la de Industria, que es donde está usted.

Señor Mato, la impresión que tengo es que en su Gobierno han estado, al principio, lanzándose la pelota de una ministra a otra: Es tuyo, no es mío...; y esto no, porque este problema es de todos los españoles, ya que, como he dicho, ahora estamos hablando de Alcoa y en el futuro... y mi grupo parlamentario no quiere que en el futuro se tenga que hablar de otras situaciones similares.

Señorías, sí, esta situación se venía venir. Nuestro presidente, porque los dos somos gallegos, el señor Alberto Núñez Feijóo, ya advirtió, en la reunión que tuvo con el señor Sánchez en julio, de los problemas que tenía la industria por la interrumpibilidad, y lo hizo, concretamente, pensando en Alcoa. ¿Qué pasa, que todo el mundo lo veía venir menos el señor Sánchez? Y sí, señor, se veía venir, porque de un tiempo a esta parte le repito que no han tomado ninguna medida, porque ha faltado iniciativa política al respecto. Han faltado las respuestas del Gobierno central, han faltado, señor Mato.

Señores socialistas, en manos de su Gobierno está —espero que sea un Gobierno de todos, aunque últimamente tenemos bastantes dudas de que lo sea— proseguir con el sistema de ayudas compensatorias por el coste de emisiones indirectas de CO2, que está autorizado por Bruselas y beneficiaría a Alcoa. Este ha sido, como sabemos, un punto de acuerdo y un compromiso del ministerio, pero, señorías, tenemos miedo de que las medidas a adoptar sean, como he dicho antes, medias medidas, que es lo que han hecho con la puja ayer conocida. Necesitamos certezas, señor Mato, para el sector y con las medidas que están tomando no las hay. Por eso, les reitero, si usted puede trasladarle a alguien mi humilde posición, que se tomen medidas contundentes que sean certezas a largo plazo, porque no podemos ser cortoplacistas porque el sector no se lo merece. Le recuerdo que depende del Gobierno impulsar ante la Dirección general de competencia de la Unión Europea la tramitación de un nuevo reglamento, que dejó elaborado el Gobierno del señor Mariano Rajoy, para hacer frente a las ayudas compensatorias por energías renovables en determinados sectores de la industria y que contaba con una cuantía de 131 millones de euros. Señor Mato, no sabemos nada de cómo está ese tema y les preguntamos a ustedes porque están en el Gobierno y son los que tienen que encargarse y responsabilizarse de su tramitación.

Este grupo parlamentario y mi partido quieren concretar con ustedes, como he dicho antes, las medidas que su Gobierno piensa implantar para dar la respuesta que el sector necesita. No queremos, como he dicho antes, que en el futuro tengamos que hablar, al igual que lo estamos haciendo hoy de Alcoa, de centrales térmicas o de otras empresas del mismo sector.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora APARICIO CALZADA: Sí, ya voy terminando, señor presidente.

Señorías, en mi grupo parlamentario solicitamos del Gobierno la creación de un marco energético que garantice la viabilidad y competitividad de la industria, porque no queremos movernos en un marco de confusiones, incertezas e inestabilidad o de rectificaciones continuas, que es a lo que ustedes nos tienen acostumbrados.

Para finalizar, señor presidente, este grupo parlamentario, además de las medidas concretas planteadas, solicita, ya que el señor Mato quería remitir esta moción a la Comisión de Industria, al Gobierno central que haga todo lo posible, como lo están haciendo en todas las administraciones públicas, para que sea levantado este expediente de extinción de empleo, y que lo haga por sus trabajadores, por sus familias, porque como decimos en Galicia...

El señor PRESIDENTE: Señorías, debe concluir.

La señora APARICIO CALZADA: ... y en Avilés: Alcoa non se pecha, Alcoa no cierra.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SE SUMINISTREN CON ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE E INCORPOREN CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 661/001244 GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora al debate de la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a que las instalaciones de la Administración General del Estado se suministren con energía eléctrica de origen renovable e incorporen criterios de eficiencia energética.

A esta moción le ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, como todos y todas sabemos, gran parte de las emisiones contaminantes y de los gases de efecto invernadero que recibe nuestra atmósfera provienen de los procesos asociados a la producción, transformación y uso final de la energía que utilizamos. La quema de combustibles fósiles que se utilizan para calefacción, electricidad, transporte o industria supone alrededor de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales y en Europa un 78 % de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero totales que se detectaron en 2015 van ligadas a estos procesos. Podemos afirmar, por tanto, que los procesos energéticos tienen un impacto directo en el cambio climático. Es urgente la transformación de este modelo para que esas necesidades energéticas que tenemos sean satisfechas de forma medioambientalmente sostenible. No hay otro camino más que la transición a un modelo ecológico y limpio. Se impone, por tanto, la creación de alternativas solventes que favorezcan, impulsen y desarrollen esta transición.

De ahí que pensamos que la moción que hoy traemos contribuye a dar un impulso decidido en esa dirección.

Como es obvio, la satisfacción de las necesidades energéticas del parque inmobiliario de la Administración General del Estado, es decir, de sus distintas sedes, edificios, instalaciones y demás, tiene una importante repercusión el clima, y así se ha estimado que, en Europa, cambiar la contratación pública energética por suministro de energía renovable permitiría reducir 60 millones de toneladas de CO2, es decir, el 18 % de las cuotas asignadas a la Unión Europea por el Protocolo de Kyoto. La contratación pública, además, no es solo un instrumento de gestión de las administraciones públicas mediante el cual se regula la ejecución de la obra pública, el abastecimiento de bienes o la prestación de servicios públicos destinados a garantizar el bienestar de la ciudadanía y el funcionamiento de la propia Administración, sino que también permite a la Administración pública ser un referente y ejemplo en la transición energética que tanto necesitan nuestro país y nuestro planeta, porque la contratación pública es también un instrumento de participación activa en el mercado y de fomento e incentivo de la inversión en tecnologías bajas en carbono.

La Comisión Europea define la compra pública verde como un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquiriría en su lugar. La inclusión de criterios medioambientales en las contrataciones públicas es una ayuda fundamental para conseguir los retos ambientales actuales y futuros, ya que estas compras favorecen la reducción de la huella de carbono, unidad a medidas de compensación, la reducción del ciclo de vida de los productos, la reducción de la contaminación atmosférica, las buenas prácticas agrícolas, con el consumo de productos ecológicos, y la adaptación al cambio climático, contribuyendo a frenar así la deforestación y evitando directamente las emisiones fruto de los proceso productivos. Además, la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, supera, por fin, el criterio de oferta económicamente más ventajosa por el de mejor relación calidad-precio y, por tanto, obliga a las administraciones públicas y a las empresas licitadoras a considerar en los procesos de contratación la toma en cuenta de aspectos medioambientales, como la utilización por el licitador de energía renovable en la ejecución del contrato, así como el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, lo que puede ser conseguido con el suministro de comercializadoras de electricidad 100 % verde. Por lo tanto, no solo la realidad climática reclama actuaciones públicas urgentes y ejemplificadoras, sino que el contexto político europeo y el marco jurídico son propicios para impulsar que los edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del Estado y de su sector público institucional contraten su suministro eléctrico de origen 100 % numerable. Las experiencias al respecto son ya abundantes y las administraciones públicas que han abordado la contratación del suministro eléctrico 100 % renovable en ayuntamientos y grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela o, incluso, pequeñas localidades, como Limpias, en Cantabria, o San Pelayo, en Valladolid, son ejemplos a seguir. Son destacables también los ejemplos de la Asociación Catalana de Municipios, a la que están adheridos 557 consistorios catalanes, con una población de 3,4, millones de habitantes, o el Cabildo de Gran Canaria o la propia oficina del Defensor del Pueblo.

Por otra parte, señorías, no podemos olvidar que la eficiencia energética está considerada hoy en día como una de las mejores alternativas para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y reducir, como hemos dicho, las emisiones de gases de efecto invernadero, para poder alcanzar un crecimiento sostenible. En este sentido, el artículo 5.5, de la Directiva 2012/27/UE, rubricado, de eficiencia energética, función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos, obliga a elaborar y a hacer público el inventario de los edificios con calefacción o refrigeración de las administraciones centrales cuya superficie útil sea superior a 250 metros cuadrados y obliga también a que, al menos, el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tengan propiedad y ocupen su Administración Central se renueve cada año, para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética que se establecen en la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

La Administración General del Estado dispone en nuestro país de más de 10 000 edificios, según datos del Portal de transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública; de ellos, según consta en el inventario de 2016 de los edificios de esta Administración General del Estado, 2142 disponen de más de 250 metros cuadrados útiles. La asociación Greenpeace ha puesto en marcha un proyecto denominado Solar Maps, a partir del cual se estima que el potencial solar de producción eléctrica de solo 917 edificios de la Administración General del Estado, y ya hemos dicho que dispone de cerca de 10 000, es de 93 457 gigavatios hora/año, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros, en una estimación a 25 años para las cuentas públicas y de 36 239 toneladas de CO2 al año. Señorías, de los 15 edificios ministeriales que tenemos en nuestro país solo cuatro cuentan con energía solar. Estamos aprovechando tan solo el 1,25 % de su potencial solar, según datos de Greenpeace en 2018. El potencial de mejora es, por tanto, enorme. La progresiva instalación de instalaciones solares en las cubiertas de los edificios de la Administración General del Estado es esencial y necesaria para no desperdiciar las excelentes oportunidades, tanto de carácter económico y ambiental como de ejemplaridad pública y compromiso con la transición energética que supone. Estamos, por tanto, ante un elevado potencial de ahorro energético que resulta imperativo aprovechar al máximo. La Administración General del Estado puede y debe coadyuvar a la Ley de cambio climático y transición energética y ser motor de impulso a esa transición tan necesaria. Puede hacerlo mediante la compra verde de su suministro eléctrico y mediante la implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética, aprovechando el enorme potencial solar de las cubiertas de sus edificios para la instalación de sistemas de generación de energía renovable, tanto para satisfacer sus propias demandas energéticas como para verter a la red el excedente de energía limpia.

Por estos motivos, señorías, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa que pensamos que dirige la acción hacia la necesaria transición energética.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pascual.

El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.

Presentamos esta enmienda porque nos parece que la moción del Grupo Podemos tiene sentido, que está bien. Pero hay una parte de esa moción que no procede de ninguna manera e, incluso, podríamos valorar si es legal o no; me refiero a la obligación de contratar con suministradoras eléctricas comercializadoras que tienen certificado lo que ellos dicen que es energía verde. Entendemos que esto no procede y, por eso, hemos presentado esta enmienda que sustituiría los puntos 1 y 2 de la moción. Nosotros queremos también que todo esto que ha contado usted al final, la implantación en cubiertas de energía solar, aprovechando más la energía térmica solar, que es un potencial muy grande, las pruebas eólicas..., se produzca y que, además, sea la Administración General la que dé ejemplo usándolas y fomentándolas, pero el tema de la contratación no procede. Nuestro punto diría que hay que continuar fomentando que el suministro eléctrico en edificios, sedes, equipamientos y demás instalaciones de la Administración General del Estado proceda de fuentes de energías renovables, de acuerdo con las posibilidades que permitan los avances tecnológicos.

El punto 3 se quedaría igual, porque creemos que es muy razonable, además de que está incluido en la Directiva de eficiencia energética europea que ya obliga, de alguna manera, a la Administración General del Estado a aumentar su eficiencia energética en los edificios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el turno de aceptación o rechazo de la enmienda, Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Primeramente agradezco al senador del Grupo Popular la presentación de la enmienda. Pensamos que nos da claves interesantes para abrir espacios de diálogo, que son siempre positivos y que pueden redundar en mejoras. Pero nos vemos obligados a rechazar la enmienda porque parte de una premisa continuista con un tipo de políticas que no compartimos, porque no estamos detectando que se quieran hacer compras verdes. Es decir, nosotros pensamos que no se está desarrollando una política pública estatal de compra pública verde. Por lo tanto, nos parece que no hay que dar continuidad a algo que no existe, sino que hay que iniciar el proceso y hacerlo a la velocidad que creemos que nuestro planeta está reclamando, con voluntad política, que claro está tiene que ponerse sobre la mesa, porque, además, técnicamente es posible. No es que nosotros digamos que la energía que se compra por esas comercializadoras es cien por cien renovable; lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como usted sabe, señoría. Por lo tanto, técnicamente es posible, es viable, es una solución, pensamos, francamente positiva para este problema. Por ello, rechazamos la enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Comenzamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Navarrete, ¿desea intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista, senadora Rivero, ¿desea intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿alguna intervención? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, senadora Cortès, ¿desea intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Voy a darles, al hilo de la exposición que acabamos de hacer sobre las enmiendas, algunos datos para la reflexión que deberíamos poner sobre la mesa. El primero sería que las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país aumentaron un 4,5 % el año pasado. El segundo es que, con el modelo actual, importamos el 72,3 % de la energía, 20 puntos más que la media europea. Y el tercero es que España aún no alcanza el objetivo de 20 % de consumo energético de fuentes renovables. Con este panorama, señorías, no solo consideramos necesarias medidas como la que hoy traemos a esta comisión, sino que además pensamos que deberíamos estar planteándonos medidas más ambiciosas de intervención pública en materia de generación y abastecimiento eléctrico, como, por ejemplo, la creación de operadores públicos a semejanza de lo que ha hecho Barcelona con su operadora Barcelona Energía. Esta no solo abastece desde el pasado 1 de julio el equipamiento y alumbrados del ayuntamiento, sino que, desde esta misma semana, suministra también a los hogares que quieran contratarlo. El ejemplo de Barcelona Energía es un referente de trabajo para la soberanía energética, para que se reduzca nuestra dependencia tanto de los oligopolios energéticos como del extranjero. Las instalaciones del consistorio, de momento, ya se autoabastecen en 3908 puntos de suministro municipales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid es otro ejemplo en este sentido. Desde el día 1 de enero de 2017, toda la energía que circula por los 1300 puntos de suministro eléctrico que hay en los edificios municipales es íntegramente de origen renovable, mezcla de hidráulica, eólica y solar. El resultado: cero emisiones de CO2 y cero residuos radiactivos.

Con el acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable de edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, acuerdo que además se presentó dividido en cuatro lotes por un importe total de 82 millones de euros, se produjo un cambio trascendental en las políticas económicas y medioambientales. El acuerdo contemplaba como criterio de solvencia técnica que las empresas que se presentaran al proceso tenían que contar con la certificación emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de que solo comercializarían energía de origen cien por cien renovable.

Este contrato también tiene un impacto positivo al mejorar el acceso de las pymes a la contratación municipal de energía. Al presentarse dividido en cuatro lotes, pequeñas y medianas empresas pueden entrar también a formar parte de estos acuerdos. Además, este contrato presta particular atención a las personas en situación de pobreza energética e incorporar, como criterio de adjudicación, la alfabetización energética a través de jornadas de formación, tanto para empleados municipales como para ciudadanos, sobre eficiencia energética y energía renovable.

Estos son ejemplos, señorías, que marcan un deseable horizonte para la necesaria transición energética. Como hemos visto, no solo son posibles, sino que ya son realidades que se están llevando a cabo. Sin embargo, y ciñéndonos al objetivo concreto de esta moción, les diré que, siendo, como hemos dicho, técnica, comercial y políticamente viable que los edificios e instalaciones públicas se suministren con energía cien por cien debidamente certificada por un operador independiente como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Administración General del Estado debe actuar con ejemplaridad apostando por un futuro energético descarbonizado y cien por cien limpio y no contaminante, porque es posible, al existir administradoras en condiciones de suministrar esa energía certificada; porque es imperativo, pues España ha suscrito compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero que hay que cumplir, y este es un modo para hacerlo, y, por último, porque es necesario e imprescindible cuando vivimos una situación de emergencia climática que tozudamente el día a día y los informes científicos desgraciadamente nos recuerdan.

Hay que actuar, y hay que hacerlo ahora, porque con este tipo de medidas vamos definiendo un horizonte y unas líneas de actuación que van en un claro sentido de transición hacia un modelo limpio, económico y medioambientalmente sostenible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Pues claro que hay posibilidad para el acuerdo, señora Jiménez. Aquí se ha dicho que no la había, pero sí que la hay. Le avanzo que mi grupo va a votar favorablemente a la moción que presenta. Y lo va a hacer porque es perfectamente asumible con la una nueva estrategia que, en relación con la eficiencia energética y con la protección del medio ambiente, este Gobierno plasmará en la futura Ley de cambio climático y en el Plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030. Concretamente, se busca la reducción de los objetivos difusos, tal cual nos hemos comprometido con nuestros socios y aliados: un 20 % en el 2030 en relación con los valores de 1990. De hecho, la ministra Ribera, hace pocos días, en la reunión del Consejo de Energía de Luxemburgo, dejó claros cuáles eran los objetivos del Gobierno.

Como he dicho, el Gobierno va a presentar en breve el Plan nacional integrado de energía y clima 2021 y 2023, para avanzar en la descarbonización del sistema energético, sentando así las bases para consolidar una trayectoria acorde con la neutralidad en carbono en el horizonte 2050, tal y como nos hemos comprometido en la Cumbre de París.

Pero, señorías, partimos, es cierto, de un escenario complicado. En el año 2017, las emisiones en España fueron un 18 % superiores a las de 1990. Además, en el año 2027, las emisiones aumentaron un 4,46 % respecto al 2016, tal y como dijo mi compañera. Esto representa el mayor incremento en las emisiones de CO2 desde hace quince años. Hemos dado pasos para atrás en esta materia y, por lo tanto, es urgente tomar este tipo de medidas, especialmente cuando contamos con un potencial en materia de renovables, que hemos defendido sistemáticamente en esta Cámara, que permite la transformación de nuestro sistema, de un mix energético con una fuerte dependencia exterior y de los combustibles fósiles, en un mix energético fundamentalmente dotado de energía limpia. Y, por lo tanto, es imprescindible que la Administración General del Estado tenga un papel ejemplarizante.

En esta materia en concreto, cabe reseñar lo que está haciendo el Gobierno desde el primer día.

Yo quisiera poner de manifiesto hoy aquí que el Gobierno ha presentado hace pocos días el Plan de contratación pública ecológica, que ha sido sometido al trámite de información pública y remitido para observaciones a todos los departamentos de la Administración General del Estado. Esto lo ha hecho el Gobierno el primer día. En breve, dicho acuerdo se elevará al Consejo de Ministros.

Por lo que respecta a la compra de electricidad, de la que aquí se ha hablado, se transcribe en ese propio Plan de contratación que la compra de energía eléctrica obligatoriamente tendrá que proceder, al menos en un 50 %, de fuentes renovables y que este porcentaje se incrementará año a año hasta llegar al 100 % en el año 2025. Por lo tanto, el Gobierno ya está trabajando desde el primer día en esta materia.

El plan recoge también que la energía cuente, tal y como proponía la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, con garantía de origen acreditado y será esta misma entidad la que precisamente tenga que garantizar que esta energía corresponda efectivamente a una fuente de energía limpia. Por otro lado, en el propio Plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado se recogen numerosas materias que no tienen que ver solamente con la electricidad y, como criterios generales de actuación, se dice que la contratación pública tendrá que valorar la materia de la ecología, la vida útil del material inventariable, criterios de circularidad en relación con todos los bienes y servicios y, por supuesto, la huella de carbono en todos los productos y materiales que compre la Administración General del Estado.

Por lo tanto, señorías, queremos ponerle freno a ese incremento en las emisiones de CO2 , queremos que la Administración General del Estado juegue su papel ejemplarizante y a eso es a lo que se ha dedicado el Gobierno desde que ha llegado, a poner de nuevo en marcha el IDAE, a que se sigan teniendo criterios de eficiencia energética en la construcción y remodelación de los edificios de la Administración General del Estado y a que, en definitiva, la economía a partir de hoy tenga en cuenta la protección del medioambiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Pascual tiene la palabra.

El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.

Señora Jiménez, lamentamos que no haya aceptado nuestra enmienda. Mi grupo se va a abstener porque lo único que nos diferencia es el tema de la compra de energía. Ya ve cómo el Gobierno, aunque va a votar a favor, inicialmente va a poner que sea un 50 %. Suponemos que lo que harán a partir de ahora será contratar toda la energía renovable, desconectarse del sistema, porque es la única manera de no engañar a los españoles diciendo que se está consumiendo energía verde, cortarán y dirán a las suministradoras que rescinden sus contratos; no sé cómo lo harán, la verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que uno está consumiendo solo energía verde está bien como instrumento publicitario, pero no es nada riguroso. Es cierto que se certifica que una comercializadora solo suministra energías renovables, pero hay que entender el por qué. Es porque esa suministradora tiene contratos bilaterales con ciertas generadoras que quizá solo tienen energía solar o solo tienen energía eólica, etcétera, pero lo que realmente están consumiendo en un mix energético nacional. Esa es la realidad. Tampoco es que sea mentira del todo, pero yo les pregunto a los senadores: ¿qué pasaría si todo el mundo quisiera consumir energía verde? Que no se podría. Es más, ¿qué pasaría si las diez o doce empresas electrointensivas de España quisieran consumir energía verde? Que usted no podría consumirla. Entonces, ¿qué es verdad? Es verdad un mix energético nacional en el que están integrados una serie de generadores que, efectivamente, son generadores renovables. Esto es así. Por lo tanto, cuando yo digo que a ver qué hace el Gobierno a partir de ahora, pues es así también. Además, usar este argumento es como dividir entre buenos y malos; es decir, yo soy el verde, yo miro por el planeta, yo miro por el futuro de nuestros hijos y ustedes son malos, sucios y asquerosos. (Risas.— Rumores). No, señora Jiménez, permítame lo de asquerosos dicho de una manera amable y coloquial. Tampoco es verdad, no vamos a dividir a la gente entre buenos y malos. Porque, insisto, ¿qué pasaría si las diez empresas electrointensivas de España contrataran —que podrán, entiendo yo— energía verde? ¿Que se acabaría la energía verde? ¡No, hombre no!, eso no funciona así.

Nosotros queremos ser un poco más responsables y hacer las cosas bien, y nos vamos a abstener porque si el Gobierno quiere decir a los ciudadanos que va a hacer eso, el Gobierno lo hará y dirá lo que quiera. Además, es en el único punto en el que no estamos de acuerdo. Toda la exposición: instalación de autoconsumo, eficiencia en los edificios, etcétera, es la línea, no de su partido ni del Partido Socialista ni de cualquier otro, sino de todo el mundo sensato y por la que se va a ir sí o sí.

Le voy a hacer algunas preguntas: ¿qué es verde? ¿El mayor problema que tiene la humanidad hoy son las emisiones de CO2? ¿La energía nuclear es una energía verde porque no emite CO2? Son preguntas que dejo en el aire. En una noche de calma anticiclónica, ¿cuál es la energía verde? ¿Las farolas las vamos a pagar o vamos a consumir energía sucia? (Risas.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, no entremos en debate.

El señor PASCUAL MADINA: Ustedes se ríen, pero la pregunta es propicia. El Gobierno vota que sí y lo explicará como lo quiera explicar.

Por lo demás, ¿qué tiene que hacer el Gobierno? Lo que tiene que hacer el Gobierno es una política energética sensata, seria, de potenciación de las energías renovables y poco a poco ir eliminando del sistema las energías que emiten CO2 y de esa manera luchar contra el cambio climático. Eso es lo que tiene que hacer. Pero querer ideologizar la compra de energía, que es lo que se está haciendo con esto, no nos parece propio. Este Gobierno con su política energética está haciendo muchísima ideología, y yo insisto, y siempre lo digo, en que la ideología ha costado mucho dinero al bolsillo de los españoles, muchísimo muchísimo dinero, y nos tememos que va a seguir costando dinero. Por eso, nosotros ponemos ese punto de racionalidad con esta abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Acabado el debate de las distintas mociones, procedemos a su votación.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y OTRAS ACCIONES EN LOS ACANTILADOS DE PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN/CASTELLÓ). (Votación). 661/001082 GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a la realización de estudios y otras acciones en los acantilados de Peñíscola. (Rumores). Señorías, por favor, guarden silencio. Esta moción, como saben, no tenía ninguna enmienda, por lo tanto, votamos el texto tal y como se presentó por el Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE LUCHA Y ERRADICACIÓN DE LA PLANTA CAMALOTE EN EL RÍO GUADIANA Y A LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE LOS GASTOS GENERADOS EN LA LUCHA CONTRA LA MISMA POR PARTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA. (Votación). 661/001161 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, votamos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de un plan estratégico de lucha y erradicación de la planta Camalote en el río Guadiana y a la realización de una auditoría de los gastos generados en la lucha contra la misma por parte de la Confederación Hidrográfica.

A esta moción tampoco se presentaron enmiendas, por lo que votamos el texto tal y como se presentó por el Grupo Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 6; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ESTABLECER MECANISMOS DE COMPENSACIÓN POR LOS COSTES ADICIONALES INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD SOPORTADOS POR LAS INDUSTRIAS ELECTROINTENSIVAS. (Votación). 661/001218 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para establecer mecanismos de compensación por los costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad soportados por las industrias electrointensivas.

Hubo una enmienda del Grupo Socialista que no fue aceptada. Por lo tanto, procedemos a votar con arreglo al texto original presentado por el Grupo Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SE SUMINISTREN CON ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE E INCORPOREN CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (Votación). 661/001244 GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

El señor PRESIDENTE: Por último, votamos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por la que se insta al Gobierno a que las instalaciones de la Administración General del Estado se suministren con energía eléctrica de origen renovable e incorporen criterios de eficiencia energética.

A esta moción se presentó una enmienda que no fue aceptada por el Grupo proponente. Por lo tanto, procedemos a la votación de la moción en los mismos términos en los que fue presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 12; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, no sin antes recordar a los portavoces y a los miembros de la Mesa que se queden un segundo, por favor.

Eran las trece horas y quince minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal