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DS. Senado, Pleno, núm. 90, de 21/11/2018
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 48

celebrada el miércoles, 21 de noviembre de 2018

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se solicita que el Senado apruebe el acuerdo adoptado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su sesión del día 31 de octubre de 2018, a fin de que la Cámara designe una delegación de Senadores que se traslade a Nicaragua con el propósito de entrevistarse con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y visitar a las personas detenidas. 671/000100 Nicaragua; derecho de manifestación; política exterior; seguridad pública GPP


MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para reformar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 662/000136 acto jurídico; crédito inmobiliario; hipoteca; impuesto; impuesto sobre transmisiones patrimoniales; modificación de la ley GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a volver a establecer el control financiero de la Generalitat de Cataluña con las medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 662/000137 Cataluña; administración regional; control financiero GPP


Moción sobre la exhumación de Francisco Franco Bahamonde del Valle de los Caídos y la modificación y mejora de la Ley de la Memoria Histórica. 662/000138 dictadura; guerra civil; modificación de la ley; monumento; muerte GPS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. 625/000002 Derecho electoral; derecho de voto; elegibilidad; medios para discapacitados


DICTÁMENES DE COMISIONES

Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000013 Código de Comercio; Derecho de sociedades; auditoría; institución financiera; mercado financiero; modificación de la ley; sociedad de capital Economía y Empresa


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000014 gas con efecto invernadero; impacto ambiental; modificación de la ley; reducción de las emisiones de gas Transición Ecológica


Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 625/000003 Andalucía; gestión del agua; hidrología; proposición de ley Transición Ecológica


Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 621/000012 Internet; datos personales; ley orgánica; protección de datos; red de transmisión de datos; tecnología digital Justicia


DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Declaración institucional por la que el Senado lamenta y rechaza el cese de la actividad de las factorías de Alcoa y reafirma su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias). 630/000049 Avilés (Asturias); Coruña (A) (A Coruña); aluminio; cese de actividad; política industrial GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX


CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Adenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000570 "Recuperación de la Distribución Histórica de Lince Ibérico (lynx pardinus) en España y Portugal" acrónimo "Iberlince". 592/000014 Andalucía; Región de Murcia; cooperación administrativa; lince; protección de la fauna JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA QUE EL SENADO APRUEBE EL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS, EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018, A FIN DE QUE LA CÁMARA DESIGNE UNA DELEGACIÓN DE SENADORES QUE SE TRASLADE A NICARAGUA CON EL PROPÓSITO DE ENTREVISTARSE CON LA ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA Y VISITAR A LAS PERSONAS DETENIDAS. 671/000100 GPP

El señor García Carnero defiende la moción.

El señor Crisol Lafront defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez, el señor Alegre Buxeda, el propio señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias.

El señor Mulet García defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

El señor Lemus Rubiales defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Quetglas Quesada defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Cortès Gès defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor García Carnero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez, el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias.

En turno de portavoces intervienen: el señor Crisol Lafront, el señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Lemus Rubiales, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor García Carnero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Cortés Gès pide la palabra por alusiones.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez, el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias, con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 140; en contra, 82; abstenciones, 13.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRÁMITES PARA REFORMAR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 662/000136 GPP

El señor Martínez Arcas defiende la moción.

El señor Alegre Buxeda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez, del propio señor Alegre Buxeda, del señor Crisol Lafront y del señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Mulet García y del propio señor Navarrete Pla.

El señor Martínez Ruiz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Martínez Arcas expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el señor Navarrete Pla, la señora Domínguez de Posada Puertas, el señor Yanguas Fernández y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Martínez Arcas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 141; en contra, 88; abstenciones, 7.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A VOLVER A ESTABLECER EL CONTROL FINANCIERO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA CON LAS MEDIDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS. 662/000137 GPP

La señora Rudi Úbeda defiende la moción.

El señor Mulet García defiende las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

El señor Montilla Aguilera defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Rudi Úbeda expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen: el señor Alegre Buxeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Freixanet Mateo, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Rudi Úbeda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 138; en contra, 98.



MOCIÓN SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE DEL VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA. 662/000138 GPS

El señor Antich Oliver defiende la moción.

El señor Marcos Arias defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de la señora Roldán Suárez, del señor Alegre Buxeda, del señor Crisol Lafront y del propio señor Marcos Arias.

El señor Mulet García defiende las veintiuna enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

La señora Domínguez de Posada Puertas defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de esta senadora.

El señor Iñarritu García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador.

El señor Comorera Estarellas defiende las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Bildarratz Sorron defiende las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Delgado Cáceres defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Rodríguez Esquerdo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la número 6 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y las del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), cuyos números de registro son 134150 y 134151.

En turno de portavoces intervienen: el señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas, el señor Iñarritu García, y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Arrieta Arrieta, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aragonés Mendiguchía, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 97; abstenciones, 136.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 625/000002

El señor Lucas Giménez, presidente de la comisión, presenta la proposición de ley.

En turno de portavoces intervienen el señor Marcos Arias, el señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pascal Capdevila, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Gorrochategui Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara Guerrero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Camarero Benítez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000013 Economía y Empresa

La señora Rudi Úbeda, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno en contra interviene la señora Serrano Morales.

En turno de portavoces intervienen: el señor Alegre Buxeda, el señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Delgado Oval, por el Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000014 Transición Ecológica

El señor Labrador Encinas, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

La señora Rivero Segalàs da por defendidas las enmiendas 25 a 34, presentadas por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Aubà Fleix da por defendidas las enmiendas 1 a 10 y 12 a 23, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Quetglas Quesada defiende las enmiendas 35 a 65, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de portavoces intervienen: la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Mato Escalona, por el Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado

Se pospone la votación.



PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 625/000003 Transición Ecológica

El señor Labrador Encinas, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor interviene el señor Huelva Betanzos.

En turno de portavoces interviene la señora López Gabarro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate del articulado.

La señora Quetglas Quesada defiende las enmiendas 1 a 12, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Huelva Betanzos.

En turno de portavoces intervienen: la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Huelva Betanzos, por el Grupo Parlamentario Socialista; la señora López Gabarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. 621/000012 Justicia

El señor Represa Fernández, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 10 a 14, de este senador y del señor Mulet García.

El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 7 y 9, de este senador y del señor Cleries i Gonzàlez.

El señor Marcos Arias defiende las enmiendas 1 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por la señora Roldán Suárez, el propio señor Marcos Arias, el señor Crisol Lafront y el señor Alegre Buxeda.

La señora Cánovas Essard defiende las enmiendas 15 a 32, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno en contra de las enmiendas intervienen el señor Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Aparicio Calzada, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen: el señor Marcos Arias, el señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Nasarre Oliva, por el Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO LAMENTA Y RECHAZA EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE LAS FACTORÍAS DE ALCOA Y REAFIRMA SU APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS PLANTAS DE A CORUÑA Y AVILÉS (ASTURIAS). 630/000049 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

El señor Aznar Fernández, secretario primero de la Cámara, lee la declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Votación). 625/000002

Se procede a votar

Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica, con el voto favorable del señor Mateos Yuste, que ha sido autorizado a votar telemáticamente.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000013 Economía y Empresa

Se procede a votar

Se aprueban en un solo acto las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión.

Se aprueba en un solo acto el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000014 Transición Ecológica

Se procede a votar

Se rechazan todas las enmiendas.

El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.



PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 625/000003 Transición Ecológica

Se procede a votar

Se rechazan todas las enmiendas.

El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (Votación). 621/000012 Justicia

Se procede a votar

Se rechazan todas las enmiendas.

El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.



CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EN CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10 NAT/ES/000570 "RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL" ACRÓNIMO "IBERLINCE". 592/000014 JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

El señor presidente anuncia que la Cámara toma conocimiento de la celebración de la adenda.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA QUE EL SENADO APRUEBE EL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS, EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018, A FIN DE QUE LA CÁMARA DESIGNE UNA DELEGACIÓN DE SENADORES QUE SE TRASLADE A NICARAGUA CON EL PROPÓSITO DE ENTREVISTARSE CON LA ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA Y VISITAR A LAS PERSONAS DETENIDAS. 671/000100 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.

El señor PRESIDENTE: Se han admitido las siguientes enmiendas a esta moción consecuencia de interpelación: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —tres por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete y una por iniciativa de la senadora Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; tres del Grupo Parlamentario Socialista; tres del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hace dos semanas, en la última sesión del Pleno de esta Cámara, interpelamos al señor ministro de Asuntos Exteriores sobre la situación trágica que se está viviendo en tres países de la región iberoamericana, con vulneraciones de derechos civiles, de derechos humanos, tanto en Venezuela como en Nicaragua y en Cuba. Le formulábamos al señor ministro una serie de preguntas para las que le pedíamos respuestas concretas. Preguntas y respuestas que buscábamos con la finalidad de que el Gobierno de España no mantuviese una actuación pasiva sobre esas violaciones y tomase una serie de acciones encaminadas, primero, a condenar los regímenes que se comportan de esa manera y, segundo, a la defensa de principios esenciales para todos los demócratas, que son la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Las respuestas del señor ministro no es que no nos satisficieran, es que no respondió a nada; es que se evadió con formas excesivamente genéricas, diciendo: el Gobierno siempre estará en favor de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, pero no en las actuaciones concretas que le requeríamos. Por eso, señorías, ante esta insatisfacción de nuestro grupo por la posición del Gobierno manifestada por el ministro, traemos al debate de hoy esta moción, que pretende las siguientes actuaciones.

En Nicaragua, desde hace dos semanas acá, las detenciones no solo no han parado, sino que han aumentado. Los dos líderes campesinos que quedaban, a los cuales conocimos hace poco más de un mes, ya están detenidos y sin que ni sus familiares ni sus abogados tengan conocimiento de dónde están ni hayan podido visitarles. Por lo tanto, pedimos que el Senado, en Pleno, se pronuncie sobre el acuerdo que adoptó la Comisión de Asuntos Iberoamericanos a fin de que una delegación del Senado de España se traslade a Nicaragua con el objeto de visitar a esos presos.

Respecto de Venezuela, señorías, proponemos tres cosas. Antes de iniciar cualquier proceso de acuerdo, de negociación, lo primero que tiene que producirse es que se liberen todos los presos políticos que existen en Venezuela y que se pare definitivamente el acoso a los líderes de la oposición y a cualquier forma de disidencia. La segunda cuestión, señorías, es que España se sume a la denuncia ante la Corte Penal Internacional que ya han efectuado países como Chile, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, Canadá y algunos otros que lo han anunciado. Y la tercera cuestión, señorías, es que el Gobierno se desvincule —fíjense, no estoy hablando ni de reprobar ni de ningún adjetivo que pueda ser tomado como peyorativo—, que el Gobierno se desvincule de una vez de las gestiones que viene haciendo el expresidente Rodríguez Zapatero y que, para ser suaves, diremos que han sido calificadas por todas las organizaciones internacionales, desde luego por los líderes de la oposición, como claramente parciales en favor del Gobierno de Chávez.

Y respecto de Cuba, adonde parece que el señor presidente va a viajar mañana después de sesenta años, señorías, ¿qué queremos? Pues queremos que el Gobierno le exija al Gobierno de Cuba que el líder del Movimiento Cristiano Liberación, que es la principal oposición que existe al Gobierno en el país, que lleva más de dos años preso y que ha cumplido, según la legislación cubana, dos terceras partes de la condena que le fue impuesta, sea liberado. Y, por cierto, ya que va a viajar el presidente, no estaría de más, aunque no está incluido en el texto, que le garantice al portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, que vive en España y que está deseando, que está intentando viajar a Cuba...,

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.

... que le garantice a Regis Iglesias que no va a ser detenido y que se le va permitir viajar a Cuba en libertad.

Para todo ello, señorías, sometemos a debate esta moción para la que solicitamos su voto favorable.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente. Buenos días.

En primer lugar, el saludo más afectuoso de los senadores de Ciudadanos a los representantes de la libertad y de la democracia que nos acompañan en la tribuna y nos siguen por las redes.

Señorías, tenemos un firme compromiso con los derechos y libertades fundamentales, uno de los pilares de nuestra acción exterior, más aún cuando las violaciones de estos derechos y libertades se producen en América Latina, una región con la que compartimos tantos lazos históricos, sociales, económicos y culturales. En Ciudadanos tenemos como prioridad la defensa de estos derechos sin importar a instancias de quién se hace. Hemos mantenido un contacto permanente con la oposición cubana y venezolana, reiterando ese compromiso en encuentros y presentando iniciativas parlamentarias.

Las múltiples crisis que vive Venezuela, que han derivado en una crisis humanitaria sin precedentes, han protagonizado numerosas veces nuestras intervenciones, interpelaciones y mociones en el Congreso y en el Senado. En una clara muestra de solidaridad del pueblo español con el pueblo venezolano, el Congreso de los Diputados ha aprobado estas iniciativas. En abril de 2018, la mayoría del Pleno del Congreso aprobó que no se reconocieran las elecciones presidenciales en Venezuela, impulsar la ampliación de sanciones a los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro y colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En mayo de 2018, la Unión Europea aprobó la ampliación de esas sanciones y en septiembre de ese mismo año seis países firmaron una petición formal a la Corte Penal Internacional para que investigara crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Creemos, por tanto, que es de rigor hacer mención a lo acordado por la mayoría del Congreso de los Diputados en esta moción, porque de este modo las Cortes Generales podrían mandar un mensaje unitario y defender con más fuerza aún las voces que piden una democracia real, de calidad, frente al populismo y al nacionalismo en América Latina.

Señorías, apoyen nuestra enmienda que, en síntesis, solo añade lo acordado ya en el Congreso de los Diputados, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional. Apoyen esta moción y demostremos que los demócratas en España estamos unidos en la defensa de la democracia y los derechos y libertades en América Latina.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Al PP ahora le preocupa mucho Venezuela, país que seguramente empezó a funcionar mal cuando la persona que está en el centro de la foto que les muestro se dedicaba a merodear por ese país. Al PP ahora le preocupa mucho Cuba, que seguro que empezó a funcionar mal cuando la persona que está a la izquierda de esta foto empezó a merodear por el país, como también esta otra persona a la que nadie ha votado. Al PP le preocupa ahora mucho Nicaragua, que imagino que empezó a funcionar mal cuando este señor que figura en esta foto, al que nadie votó, merodeaba por ahí.

Obviamente, España ha de mostrar preocupación por la crisis institucional de estos países debido a los vínculos históricos que nos unen. Pero, como mínimo, es curioso que en el caso de otros países con los que nos unen, al menos, los mismos vínculos históricos que con esos tres países, la política del Partido Popular haya sido la del desprecio, la de la ignorancia, la de pasar absolutamente de la crisis institucional que están viviendo. A modo de ejemplo, Guinea Ecuatorial fue hasta hace poco colonia española. Por lo tanto, sus ciudadanos, hasta hace poco, eran ciudadanos españoles.

¿Y qué han hecho los gobiernos del Partido Popular con la más sanguinaria de las dictaduras que existen en África? Pues que vaya a visitarles este señor que aparece en esta foto, al que nadie ha votado, o que vaya a visitarles este señor tan atractivo que aparece en esta otra foto. Pero ni la más mínima condena al régimen más sanguinario de África, que también era una colonia española, como las demás. Igual que era una colonia española el Sáhara hasta hace poco. ¿Y qué ha hecho España con la dictadura marroquí? Hacerse fotos. Ese señor al que nadie ha votado se dedica a hacerse fotos con el más autoritario de los regímenes africanos. Ojalá tuviera con estos países la misma preocupación y sensibilidad que tiene con aquellos. Y en esta foto tenemos al señor Rajoy con el señor que manda en Marruecos, quien está violando sistemáticamente los derechos humanos en el Sáhara.

Podríamos poner más ejemplos, como cuando el Partido Popular se reunía con sonados dictadores. Aquí tengo una colección de fotos realmente interesante. Aquí vemos a este señor al que no ha votado nadie cuando se hacía fotos con sanguinarios dictadores. Tampoco condenaron entonces esos regímenes.

Y podemos hablar de Arabia Saudí que, gracias a las bombas españolas, está masacrando a la población de Yemen o que se dedica a asesinar a la prensa. ¿Qué ha hecho España para condenar el régimen de Arabia? En esta foto, este señor al que nadie ha votado, se hace fotos donde se muestra muy contento con el régimen de Arabia. Esta otra foto no tiene nada que ver, pero es muy bonita. (Risas).

Por tanto, ¿qué ha hecho el Partido Popular para condenar aquellos regímenes autoritarios que avergüenzan a nivel mundial? No ha hecho absolutamente nada. (El señor Mulet García muestra una fotografía).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MULET GARCÍA: Termino.

Por lo tanto, pensamos que España no es nadie para dar ejemplo en ningún país europeo. Continuamos siendo una vergüenza a nivel democrático. (El señor senador muestra una fotografía). ¿Verdad, señor Cosidó? (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lemus.

El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señor presidente.

Yo no traigo fotos, así que voy a ser un poquito menos entretenido que el señor Mulet.

Pido la paz y la palabra. Así comenzaba Blas de Otero uno de los mayores manifiestos contra el fascismo y a favor de la paz. Así comenzaba una de las mejores recetas para combatir los totalitarismos.

Señorías, quienes nos sentamos hoy aquí somos nietos de la dictadura e hijos de la democracia. Por ello, sabemos mejor que nadie que es con la palabra, que es con el diálogo, como se puede vencer a los totalitarismos.

El PP ha traído hoy una iniciativa que parece un plato combinado. En una misma iniciativa introduce a Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Por qué no han metido más países? Podrían haber metido también a China o a Marruecos. Lo digo con ironía y preocupación. Esta iniciativa es un síntoma del actual estado por el que está atravesando el Partido Popular, cuya estrategia de guerra relámpago le está llevando a cometer error tras error y, en el caso de esta iniciativa, van un poco más allá en su política de tierra quemada. Y es que, a veces, en política debería haber algunas líneas infranqueables. Es cierto que, tras oír al señor Casado echar pestes de España ante Juncker, nos podemos esperar cualquier cosa dada su idea de política exterior. No tengo ninguna duda de que esta iniciativa la impulsan como consecuencia del anuncio de la próxima visita del presidente del Gobierno español a Cuba. Señorías, es la primera visita de un presidente español tras treinta y dos años, no tras sesenta, como ha dicho usted. Entiendo que en materia de exteriores no pueden ocultar su rabia ante la densa agenda del presidente Pedro Sánchez, principalmente en Iberoamérica, porque fue una política inexistente en los dos gobiernos del señor Rajoy.

Sobre Cuba, me gustaría decirles unas cuantas cosas. Hace tres años, un presidente americano, el señor Obama, visitó Cuba. Aquella visita fue celebrada por todos los políticos internacionales. En aquella ocasión no oí a ningún político popular criticar aquella visita del mandatario estadounidense. Es más, oí a muchos empresarios españoles con intereses allí celebrar la posible eliminación del bloqueo que tanto daño a hecho al pueblo cubano y que tanto ha perjudicado a la evolución de la isla. Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, el pasado año, en abril de 2017, anunció una visita a Cuba del presidente Mariano Rajoy. El ministro llegó a decir que España y Cuba son pueblos hermanos y que España tiene la vocación de mantener las relaciones estrechas actuales y más intensas. Queremos dedicarnos a fortalecer e intensificar las relaciones en todos los ámbitos —dijo el ministro Dastis—, puntualizando que España nunca fue favorable al embargo decretado por Estados Unidos. Estas declaraciones las hizo tras haberse reunido con Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores cubano. Según su criterio, en dicho encuentro, señorías del PP, podía haber intercedido por los presos políticos, pero no dijo absolutamente nada. La visita que el presidente Sánchez hará los días 22, 23 y 24 de noviembre debe ser entendida como el punto de inicio de una nueva era en las relaciones bilaterales entre estos dos países. Es constatable que, en los últimos años, España ha disminuido su protagonismo en favor del posicionamiento común europeo y ha dejado un espacio estratégico a países como Canadá o China. Los 140 000 españoles —200 000 en un futuro— que residen allí y las más de 200 empresas españolas que están instaladas allí son razones más que suficientes para intentar impulsar un nuevo y potente espacio bilateral.

Señorías, España ha perdido peso e influencia política en Iberoamérica en los últimos años y no es casual cuando sucede tras un gobierno del Partido Popular. En el caso de Cuba, hemos cedido tanto en favor de los intereses de la Unión Europea que hemos perdido la posición ventajosa con la que contábamos desde la Transición. Creo que la visita del presidente del Gobierno nos puede ayudar a recuperarla, no solo para impulsar a nuestras empresas, sino, sobre todo, para poder jugar un papel importante en el diálogo político en torno a los derechos humanos. La visita del presidente del Gobierno se hará en el contexto de una visita diplomática, señorías. Por ello, al PP no debería sorprenderle que le rehagamos su iniciativa en los términos en los que la ha planteado. Huelga decir que la diplomacia es el arte de la negociación evitando cualquier atisbo de hostilidad. No tengan ninguna duda de que el presidente del Gobierno abordará en su próxima visita la situación de los derechos humanos y mostrará un interés especial por el estado de don Eduardo Cardet, de la misma manera que lo haría otro presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LEMUS RUBIALES: Voy acabando, señoría.

Siempre hemos apoyado públicamente a los ministros responsables de las relaciones diplomáticas. Nos gustará más o menos, pero, en materia de exteriores, el PSOE ha sido un partido con una lealtad firme y con un tacto exquisito a la hora de hablar de los gobiernos españoles en el exterior. Comulgaríamos más o menos con esos ministros, pero le pido...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LEMUS RUBIALES: Acabo.

Le pido la misma lealtad con la que nosotros nos hemos comportado cuando hemos estado en la oposición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lemus.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Bon dia.

Mi grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas a esta moción por dos motivos principales. El primero es que no encontramos una concordancia ni un hilo que justifique los puntos 3 y 4 de esta moción. No entendemos la relación que guarda el supuesto preso cubano con lo que está ocurriendo en Nicaragua, ni mucho menos con la moción aprobada en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos relacionada con este tema.

El Grupo Popular tendría que retirar el punto sobre Zapatero y el punto sobre Cuba, ya que no tienen nada que ver con lo que trata su propia moción. Como se dice en buen mallorquín, això és mesclar ous amb caragols, y consideramos que esta forma de hacer parlamentarismo no corresponde a las exigencias que la ciudadanía tiene del funcionamiento de estas Cámaras.

La segunda razón por la que hemos presentado nuestras enmiendas es porque es necesario suprimir estos dos puntos y modificar el punto 1, y ello también por una razón diplomática y política. No podemos seguir siendo un país que actúa de forma irresponsable. En muchos países de América Latina hay muchísima tensión social y están al borde de enfrentamientos civiles armados a gran escala. Nuestra responsabilidad como país es garantizar la paz y la estabilidad de la región. Esa es nuestra responsabilidad, no alimentar ni el odio ni el enfrentamiento ni las guerras que desangran países y poblaciones.

El carácter y el espíritu de los puntos 1, 3 y 4 es de confrontación, buscan crispar, tensar y provocar a las poblaciones hermanas de América Latina. No podemos dar cobertura a actitudes que alimentan la desestabilización de la región. Quiero apelar aquí a su responsabilidad y a la necesidad de situar a España como un país de paz y no de guerra, y que se aprueben nuestras enmiendas y podamos tener una discusión sana y productiva que busque soluciones —sí, soluciones— y no más problemas en la región.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

Señorías, con qué cinismo el senador García Carnero ha venido aquí a defender una moción que ha presentado el Grupo Popular por la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ha venido a condenar los regímenes y a defender la democracia y la libertad. Ha dicho que en Nicaragua no han cesado las detenciones, pide la inmediata liberación de todos los presos políticos y que paren los acosos a los líderes de la oposición en Venezuela.

Pues miren, nosotros hemos presentado cinco enmiendas dirigidas justamente al Estado español en el mismo sentido que el senador del Grupo Popular ha defendido lo que antes he explicado, porque no se aplican a ustedes mismos lo que quieren aplicar a otros países. Hablan de la vulneración de derechos humanos. Pues sí, en España existe vulneración de derechos humanos. Piden la libertad de los presos políticos. Pues sí, en Cataluña tenemos presos políticos que ustedes han encerrado en la cárcel. Allí los tenemos y no pasa nada. Y el acoso a los líderes de la oposición; y eso es lo que está pasando actualmente en Cataluña, que nos están acosando políticamente ustedes, señores del Partido Popular. ¿Saben qué pasa? Que la Mesa no ha aceptado estas cinco enmiendas que hemos presentado. ¿Por qué? Pues justamente porque estas enmiendas eran lo mismo que dice el texto, pero aplicado al Estado español. ¡Ah, qué bien! No se han mirado al espejo y tendrían que hacerlo; de vez en cuando se tendrían que mirar al espejo y ver que ustedes están reflejados en él, en el mismo sentido que están hablando de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por eso, no han aprobado nuestras enmiendas salvo una, la última, en la que pedimos que el presidente del Gobierno solicite en sus próximas visitas oficiales la libertad de todos los presos políticos de los países que visita. La habrán aceptado justamente porque a ustedes no les atañe; le atañe al presidente del Gobierno de ahora, al actual, a Pedro Sánchez, pero a Mariano Rajoy, como antes hemos visto en las fotografías que nos ha enseñado el senador Mulet, no podía ser. Nosotros también se lo exigimos y también exigimos que cuando vaya en viaje oficial a China también pida la libertad de los presos políticos en China y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, señores del Partido Popular, apliquen la medicina para ustedes, que no lo hacen. Señor senador, usted antes ha defendido todo esto, pues bien, aplíquenselo a ustedes mismos.

Hablan de respecto a los derechos humanos y justicia; pues bien, desde este estrado volvemos a pedir la dimisión de su portavoz, el señor Cosidó, que ha manifestado ya públicamente —y ya era hora de que salieran del armario— que van a controlar el juicio contra los presos políticos catalanes por la puerta de atrás. Esto ya lo sabía todo el mundo, pero ahora, señor Cosidó, usted ha salido del armario y lo ha hecho público. Insisto, ya sabemos que el juicio para las presas y presos políticos catalanes será una verdadera farsa y, si no, tiempo al tiempo y esperemos que no se produzca una vulneración de derechos humanos como ahora.

También quiero decir que en Esquerra lucharemos, como estamos haciendo incansablemente, hasta que las presas y presos políticos catalanes y las exiliadas y los exiliados políticos vuelvan a sus casas de manera libre y sin la amenaza de que sus derechos políticos y sus derechos humanos se vean vulnerados por parte del Estado español como hasta ahora, a través de sus cuerpos policiales y de la Administración judicial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.

Tiene la palabra el senador García Carnero, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

A la senadora portavoz de Esquerra Republicana le diré que tengo tanto respeto a esta Cámara y a lo que representamos aquí, incluso a usted que aunque no le guste representa a todos los españoles, que no le devolveré la acusación de cinismo. (Denegaciones.— Aplausos). Mire, el día que usted no quiera representar a todos los españoles, que es a lo que se obligó, ya sabe lo que tiene que hacer: devolver el acta. Eso es lo que tendría que hacer. (Aplausos).

Señoría, le diré otra cosa, acompáñenos usted al viaje a Nicaragua, vea como son las prisiones y luego compare con las prisiones de España; eso es lo que tiene que hacer, ir allí. Vaya usted allí. (Aplausos).

Y le diré otra cosa también: ha dejado usted en muy mal lugar a su compañero, el senador Rufà, que en la comisión se portó siempre educadamente, siempre razonablemente, que presentó unas enmiendas que usted ha anulado —sí, usted se las ha anulado porque usted las firma— y ni siquiera ha podido salir aquí para defenderlas. Así que toda mi solidaridad con el senador Rufà. (Risas).

Señoría, no se equivoque, no es cuestión de que hayamos admitido o no sus enmiendas; no, usted se equivoca. La Mesa es la que no ha aceptado la tramitación de una serie de enmiendas, y eso debería hacerle pensar a usted por qué: porque no respeta el reglamento. Ha admitido a trámite 1, que ya digo que no vamos a aceptar, pero cuando llegue la votación.

Respecto al senador de Compromís, he de decir que no voy a entrar en su circo ni voy a darle la oportunidad de que usted siga vejando a la Cámara, como hace habitualmente. Usted presentó 189 enmiendas y la Mesa solo ha admitido a trámite 3; o sea, que 186 de sus habilidades ni siquiera cumplen con el reglamento.

A los señores de Podemos solo les preguntaré ¿cómo voy a aceptar sus enmiendas si todas tratan de eliminar, eliminar y eliminar? Lo que ustedes quieren es eliminar esta moción. Ya sabemos que a los señores de Podemos no les gusta que hablemos de Venezuela. Alguien de ustedes dijo que qué tendrían que ver Nicaragua, Venezuela y Cuba; pues bien, les voy a decir lo que tienen en común: los tres son países iberoamericanos y los tres están gobernados por dictaduras insoportables.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.

Y ante ellas, un Gobierno democrático, como el español, tiene la obligación de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino.

No me da tiempo a contestar al portavoz del Partido Socialista, lo haré en el siguiente turno, pero ya le indico que no estamos dispuestos a aceptar esas enmiendas; lo que sí haremos con la enmienda que ha presentado Ciudadanos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, señor presidente.

Señoría, comienzo mi intervención como en abril de 2017, en el debate de una moción que presentó el Grupo Popular sobre Venezuela: Sin Estado de derecho, no hay democracia; sin separación de poderes, no hay democracia; sin derechos humanos, con presos y perseguidos políticos, no hay democracia; sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, no hay democracia. A ello se suma ahora la deriva autoritaria del presidente Ortega, en Nicaragua, y la dictadura cubana, que intenta un lavado de cara, al que esperamos no contribuya el presidente Sánchez en su visita a la isla.

La Organización de los Estados Americanos ha denunciado que existe una alteración inconstitucional del orden establecido. Nuestro compromiso se basa en unas fuertes convicciones en defensa y protección de los derechos y libertades individuales; compromiso que estoy convencido que también tienen sus señorías, por lo que esperamos que el resto de grupos parlamentarios no se pongan de perfil en este asunto y aprueben esta moción.

Señorías, Europa y España deben lideran una respuesta contundente y firme. Necesitan nuestro apoyo activo y nuestro compromiso con ellos. Se lo merecen aquellos que sufren la represión, la violación de derechos, la censura y la persecución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Sí. Intervendré brevemente.

Señor Carnero, con el cariño que sabe que le tengo, he de decir que prefiero convertir esto en un circo que en el túnel del terror en el que ustedes han convertido esta Cámara.

Efectivamente, se trata de 186 enmiendas que hablan de 186 regímenes que ustedes nunca condenan ni condenarán. Imagino que aquí también pasa como en los famosos wásaps, que también controlan la Mesa por detrás, por delante, por arriba o por abajo, para que se hable únicamente de lo que ustedes creen que hay que hablar.

Para ustedes, una democracia es un régimen en el que el jefe de la policía envía a 80 policías para rescatar los papeles que inculpan a la cúpula de su partido; para ustedes, una democracia avanzada es el robo de los documentos de Kitchen; para ustedes, una democracia avanzada, que tiene que dar lecciones al resto del mundo, es un partido condenado por corrupción que se jacta de controlar, por arriba, por detrás, por abajo o por donde sea, el Poder Judicial; para ustedes, una democracia avanzada es donde se soborna al chófer del tesorero corrupto del partido condenado por corrupción; para ustedes, eso es una democracia avanzada.

Imagino que, tanto tiempo en la cloaca, al final a uno le hace perder el sentido del olfato, de la orientación y de la decencia política.

Tenemos diversos niveles de entender lo que es una democracia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senador Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Envío un saludo a quienes nos acompañan desde la tribuna, de Nicaragua, Cuba y Venezuela. (Aplausos).

Señorías, aunque Venezuela sea un modelo referencial para Podemos, el espejo bien pagado en el que se miran, los que discrepamos tenemos que mostrar a los españoles dónde nos puede llevar su venezolanismo. Señorías, ustedes son a España lo que Maduro o Chaves a Venezuela. Mientras ustedes elaboran discursos efectistas y populistas, reproducen sus tics autoritarios y minimizan o niegan la dictadura, gastando bromas de mal gusto como la última de que en Venezuela comen tres veces al día y construyen una nueva secta, una nueva casta desde Galapagar, otros seguimos ayudando al pueblo venezolano a recuperar la libertad, la justicia y sus derechos, y seguiremos denunciando el fracaso social, la inseguridad, la violencia sistemática y la violación de derechos humanos; lo mismo que está ocurriendo en Nicaragua con el dictador Ortega, y lo mismo que llevan sesenta años padeciendo los cubanos.

Por supuesto, votaremos a favor de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan.

La Agrupación Socialista Gomera es consciente de la situación económica, política y social que se vive en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Por ello, nos sumamos a la repulsa de todos aquellos actos que puedan ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de vulneración de derechos humanos, de la prisión de presos políticos y de represión y opresión de opositores políticos. En definitiva, condenamos todos aquellos actos que atenten contra los derechos humanos y por eso consideramos que la iniciativa, en parte, es susceptible de apoyo. Me explico.

Por supuesto, apoyamos la liberación de los presos políticos y que se acabe con la tortura, los malos tratos, el acoso a los opositores, manifestantes políticos y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, también nos planteamos cómo es posible que esta moción no se presentase mientras gobernaba el Partido Popular —y ahora sí— o por lo menos, que no se trajese a Pleno, y eso es lo que me hace cuestionar la finalidad de esta iniciativa.

Igualmente, estamos de acuerdo con la petición de que el presidente del Gobierno, en su próxima visita a Cuba, solicite la libertad del preso político Eduardo Cardet. Y con este espíritu, entendemos que cualquier delegación o ayuda que se acometa en este sentido debería ser bienvenida y positiva, pero creo que asuntos como el que tratamos debemos asumirlos con la mayor de las cautelas y con todas las garantías.

Una vez sentado lo anterior, en la Agrupación Socialista Gomera, como acabo de decir, nos cuestionamos el verdadero fin de esta moción, dicho con el debido respeto, y lo hacemos por algunas de las manifestaciones que se han plasmado tanto en el texto de esta iniciativa como en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos o a lo largo del debate hasta ahora y que nos hacen dudar de su finalidad. Entendemos que para conseguir una solución pacífica, consensuada y democrática a los conflictos que estamos tratando no es necesaria la reprobación de ningún actor, y esto dicho con independencia de que estemos de acuerdo o no con lo que efectivamente se esté realizando, que no es objeto de debate y que no voy a entrar a valorar.

Igualmente, entendemos que hay que respetar el trabajo que están llevando a cabo todos los actores y no solo alguno. Y, al mismo tiempo, creemos que debemos reunirnos con todas las partes implicadas en el conflicto y no solo con algunas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: Voy terminando, presidente.

Asimismo, consideramos que se debe respetar la investigación que se ha iniciado en el Parlamento Europeo, así como la actividad diplomática o las gestiones de las Naciones Unidas. Y, llegado el caso, si realmente esta Cámara lleva a cabo alguna acción, debemos emprenderla y coordinarla con lo ya realizado.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: Desde nuestro punto de vista, estamos en presencia de una moción de carácter humanitario porque verdaderamente hay una crisis humanitaria: hay hambre y pérdida de salud —entre otras cosas—, pero nada se dice sobre ayuda humanitaria en esta moción.

Por todo ello, vamos a estar pendientes del desarrollo del debate para decidir el sentido de nuestro voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies senyor president.

Perdonin el to perquè tinc un problema amb l’afonia com poden comprovar.

El Partit Demòcrata en aquest sentit comparteix tot el fil argumental i ens hem posicionat sempre a favor de la llibertat dels presos polítics i de qualssevol vulneració dels drets humans, en aquest cas a Nicaragua, a Cuba a Veneçuela, al país que sigui.

Ens trobem amb un problema: que el Partit Popular ens vol donar lliçons de coses que no apliquen en clau interna, a l’Estat espanyol. Si jo avui porto aquest llaç groc és senzillament per reclamar que considerem abusiu que durant més d’un any hi hagi presó preventiva per gent honorable, gent que no ha fet res negatiu, no ha fet cap delicte, i que sense cap judici porten un any ingressats a la presó. Considerem que és un abús i en aquest sentit ho volem denunciar una vegada més.

Amb quina autoritat moral pot plantejar això el PP? Els vull recordar dues dades molt recents: el Parlament Europeu, la Eurocambra, acaba de reprovar que la Justícia espanyola no hagi investigat, per exemple, la Fiscalia no hagi investigat la violència policial del 1 d’octubre, el Parlament Europeu, que també ha fet un altre qüestió, un altre acord. S’ha escandalitzat de que uns senyors d’extrema dreta, que poder alguns de vostès són coneguts, perquè tenen relacions properes, ja ho sabem, però uns senyors d’extrema dreta que van agredir la Delegació de la Generalitat amb motiu d’una diada nacional, amb sentència ferma del Tribunal Suprem, no hagin ingressat a la presó. Això sí que és una vergonya i un escàndol. Gent que va agredir diputats, senadors, i van llençar la senyera per terra a la Delegació del Govern de la Generalitat, amb sentència ferma del Tribunal Suprem, no han ingressat a la presó, per no sé quina qüestió, sempre hi ha alguna excusa.



Altres porten més d’un any a la presó o a l’exili sense judici.

El Senador García Carnero diu, referint-se a un altre senador, que ha vejado a la Cámara. Jo dic, qui fa vexació a aquesta Cambra? El que es dedica a enviar WhatsApps a 146 senadors dient que vamos a controlar no sé qué Sala, això sí que és desprestigiar les institucions.

D’altre banda, he vist també que feia referencia a que usted como senador representa a todos los españoles. Usted no sé, jo represento 74.985 votants de la demarcació de Girona, jo ja sé que els senadors castellans sovint tenen poca consciència del seu territori, però en a mi m’han votat unes persones i no m’ha votat ningú de Zamora, amb tota l’estimació, ja m’agradaria, però no, en a mi m’han votat electors de Girona, que em podien no haver votat, i per tant no em sento representant del pueblo español, em sento representant d’uns electors, en aquest cas, de la meva demarcació. Si vostè, de Zamora, se sent representat de Girona ¡benvingut! ja li passaré la llista de Foment de tots els temes pendents que tenim, ja li passaré la llista. (Rises).

En tot cas, anunciem el vot en el sentit d’abstenció, tot i compartir la condemna per la vulneració dels drets que estan patint dolorosament en aquets països. Al mateix temps, compartim el patiment personal que representa tenir familiars a la presó, molts de nosaltres som amics personals d’alguns dels que estan ingressats a la presó, dels que estan a l’exili, i sabem que això no és cap broma i el patiment personal que passen, un any, aviat es diu, ja no els hi treu ningú, amb mainada petita, amb pèrdua de relacions personals i amb tot el que altera una presó o un exili.

Moltes gràcies per la seva atenció. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Perdonen, pero tengo un problema de afonía, como pueden comprobar.

El Partido Demócrata comparte todo el hilo argumental y siempre nos hemos posicionado a favor de la libertad de los presos políticos y en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos, en este caso, en Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también en cualquier país.

Lo que ocurre es que estamos ante un problema, y es que el Partido Popular nos quiere dar lecciones de algo que no aplican en clave interna en el Estado español. Si hoy llevo este lazo amarillo es sencillamente para decir que consideramos abusivo que, durante más de un año y sin que haya habido juicio alguno, se encuentre en prisión preventiva gente honorable, personas que no han hecho nada negativo y que no han cometido ningún delito. Consideramos que es un abuso y, en este sentido, queremos denunciarlo una vez más.

¿Con qué autoridad moral puede plantear esto el PP? Quiero recordarles dos datos muy recientes. El Parlamento Europeo, la Eurocámara, acaba de reprobar que la justicia española, que la fiscalía no haya investigado la violencia policial del 1 de octubre. El Parlamento Europeo —ténganlo en cuenta— también se ha escandalizado de que unos señores de extrema derecha —a quienes quizá conozcan algunos de ustedes porque tienen relaciones cercanas—, que agredieron a la delegación de la Generalitat el día nacional, con sentencia firme del Tribunal Supremo, todavía no hayan ingresado en prisión. Esto sí que es una vergüenza, un escándalo. ¡Gente que agredió a diputados y senadores, que lanzó la señera por el suelo en la Delegación del Gobierno de la Generalitat y con sentencia firme del Tribunal Supremo no ha ingresado en prisión! No sé por qué razón, pero siempre hay alguna excusa. Sin embargo, otros llevan más de un año en prisión o en el exilio sin juicio.

El senador García Carnero, refiriéndose a otro senador, dice que ha vejado a la Cámara. Y yo me pregunto ¿quién veja esta Cámara? ¿No será el que se dedica a enviar wasaps a 146 senadores, diciendo que van a controlar no sé qué sala? Creo que esto sí que es desprestigiar las instituciones.

Por otro lado, usted ha dicho que, como senador, representa a todos los españoles. Usted no sé, pero yo represento a 74.985 votantes de la demarcación de Girona. Ya sé que algunos senadores castellanos a menudo tienen poca conciencia de su territorio, pero a mí me han votado unas personas y no me ha votado nadie de Zamora, se lo digo con todo el cariño. ¡Ya me gustaría! Repito, a mí me han votado electores de Girona y, por tanto, no me siento representante del pueblo español sino de los electores de mi demarcación. Si usted, de Zamora, se siente representante de Girona, ¡bienvenido!, le pasaré la lista de todos los asuntos de Fomento que tenemos pendientes. Ya le pasaré la lista. (Risas).

En todo caso, anunciamos nuestra abstención en esta moción, aunque compartimos la condena por la vulneración de los derechos que dolorosamente están sufriendo estos países, así como el sufrimiento personal que representa tener familiares en prisión. Muchos de nosotros somos amigos personales de algunos de los que están ingresados en prisión y de los que están en el exilio y sabemos que esto no es una broma, conocemos su sufrimiento personal y que un año se dice pronto pero nadie se lo quita, con niños pequeños, con pérdida de relaciones personales y con todo lo que altera un ingreso en prisión o un exilio.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on, senatari jaun-andreok.

Señorías, la verdad es que a nosotros nos ha resultado extraño que discutamos sobre esto en el Pleno y en estos términos, máxime si tenemos en cuenta que en la mañana del pasado día 6, que fue cuando se presentó la interpelación, se celebró la comparecencia del señor ministro y hubiera sido el momento adecuado para interpelar y obtener respuestas. Además, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del día 31 discutimos prácticamente los mismos puntos y se aprobaron todos. Por eso, solamente podemos entender lo que está sucediendo aquí, senador García Carnero, en clave interna, que es una clave que nosotros respetamos como cualquier otra. Sin embargo, como tenemos invitados —a quienes saludo también desde aquí—, quiero dejar clara cuál será la postura del Grupo Vasco en este tema. En relación con la delegación para visitar Nicaragua nosotros votaremos que sí, seguimos pensando que sí y entendemos que debe ser la Mesa la que decida sí o no porque es la que gobierna esta Cámara. Por lo que respecta a exigir que cualquier proceso de solución política en Venezuela se inicie con la liberación inmediata de los presos políticos, nosotros nos retrotraemos a aquello que decidimos en esta Cámara en mayo de 2017, en relación con una iniciativa precisamente del senador García Carnero, del Grupo Popular. Nos quedamos con aquel texto y votamos que sí.

Sobre sumarse a la denuncia de Chile, Colombia, Argentina, etcétera ante la Corte Penal Internacional el día 31, votamos que sí, y nos seguimos ratificando en nuestro voto.

En cuanto a desvincularse de la mediación que está llevando a cabo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del día 31 el Grupo Popular retiró una moción para su reprobación; en cambio, el Grupo Socialista presentó una moción pidiendo respeto a las actuaciones del señor Rodríguez Zapatero. Nosotros dijimos en aquel momento que había que respetar a todos los actores internacionales que estaban trabajando en Venezuela, incluyendo al senador Gil, al senador García Carnero y al señor Anasagasti, que las pasaron canutas cuando fueron allí. Repito, a todos, pero entendemos también que lo que estaba haciendo ahora el señor Rodríguez Zapatero era contraproducente y estaba solo sirviendo a los intereses del régimen bolivariano, y más después de la actitud que mantuvo cuando el señor Albán se cayó por la ventana y se mató o le mataron —como queramos decirlo—, al decir que era más importante esperar a que llegara el informe del fiscal venezolano que hacer una investigación independiente. Por lo tanto, también hemos cuestionado al señor Rodríguez Zapatero.

En cuanto al último punto, relativo a que el presidente del Gobierno solicite en su próxima visita oficial a Cuba la libertad de Eduardo Cardet, que puede ser el único punto nuevo, también estamos de acuerdo. Por lo tanto, solo podemos leer esta moción en clave interna, y eso nos parece muy bien, pero no vamos a entrar.

Respetamos que los grupos políticos mayoritarios decidan cómo quieren trabajar, pero también queremos que se nos respete a nosotros cuando decidimos no entrar en estas polémicas, a pesar de haber dicho que sí a todo lo que hoy se está discutiendo, porque nos parece que es hacer un flaco favor al objetivo que estamos persiguiendo, que está bien definido en la moción que aprobamos en 2017 y que creo que deberíamos recuperar. Todo lo demás es dar aire, es dar vida a quienes buscan lo contrario: perpetuar la situación, especialmente en Venezuela y también en Nicaragua, porque esta discusión no soluciona nada. Por eso, mi grupo parlamentario, a pesar de respetar lo que se va a hacer y dejando claro que el Grupo Vasco siempre ha estado a favor de solucionar ese problema político —especialmente en Venezuela, pero también ahora en Nicaragua—, para eliminar esa dictadura sangrienta, de las de peor estilo que ha habido en Sudamérica, nos vamos a abstener de entrar en ese juego. Repito, nos abstenemos de entrar en este juego. Si ustedes quieren jugar, jueguen, pero nosotros nos vamos a quedar mirando en el graderío.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los que hoy nos acompañan.

Agradezco a Dionisio sus palabras y recojo las flores, pero no las voy a poner en ningún jarrón porque estoy de acuerdo con mi grupo. Les voy a relatar nuestra posición.

Ens ha sobtat un cop més la presentació d’una esmena on s’anomenen varis països independents, repeteixo, independents del continent americà: Nicaragua, Cuba, Veneçuela i de la relació que ha de tenir l’Estat espanyol i aquesta Cambra, en assumptes externs.

És cert que si parlem d’íntegrament de Nicaragua i de la seva situació política, al Grup d’Esquerra Republicana ens preocupa, i molt. De la mateixa manera que ens preocupen els altres països iberoamericans, inclòs el mateix Estat espanyol com ha dit la meva companya i portaveu Mirella Cortès, perquè en aquest Estat espanyol també tenim presos a la presó. Poder són presons més bones que les de Nicaragua o Veneçuela, però també estan a la presó. Jo el convido personalment a que m’acompanyi un dia a veure les presons catalanes i a veure els presos polítics.

Ens preocupa per exemple també la situació a Mèxic, on actualment hi ha més de 125 000 desapareguts, i 30 000 menors desapareguts, menors utilitzats per les màfies i en molts casos perseguits i torturats per la policia mexicana i per altres grups com els cartels de la droga, amb la seva autorització, no amb la seva, sinó amb la de la policia mexicana.

Fa pocs dies al Senat, més concretament a la Comissió d’Afers Iberoamericans, s’aprovava una moció presentada per el mateix Partit Popular, amb l’acceptació de 3 esmenes del grup d’Esquerra Republicana, a la qual vàrem votar que sí, pel que fa al grup de Nicaragua. Utilitzar aquesta moció per prendre una resolució com una amanida d’altres propostes, desmereix l’aprovada i les altres aprovades a la mateixa comissió.

No tenim precedents de que sis països americans formalitzin una denuncia contra un altre Govern, pressionar la fiscalia de Veneçuela per forçar-la a jutjar els funcionaris de l’Estat és la nova manera d’actuar en la que volen que el Govern de Sánchez hi participi. Nosaltres no volem que participi el Govern de Sánchez en cap conxorxa contra cap país.

Perquè sols parlem de Veneçuela i no de la resta d’estats, com per exemple ha dit el company Mulet, de Compromís? Perquè no toca, no toca avui o no tocarà mai. Nosaltres estem preparats per parlar de qualssevol tema. Tenim exemples: sols cal mirar l’informe d’Amnistia Internacional i desgranar els punts més conflictius en molts del països. Així, allà estan relacionats Xina, Mèxic, Colòmbia, Turquia o Aràbia Saudí.

La situació a nosaltres sí que ens preocupa seriosament. Per això creiem que cal realment una relació positiva que no provoqui més enfrontaments i que aporti solucions a curt i mig termini. Ajudar als Partits polítics, a tots els que estan en aquests països per tal que determinin una solució pactada, juntament amb els Sindicats i els sectors professionals. Amb el mateix sentit de respecte, amb el principi de no intervenció i amb els processos polítics d’altres països. Per això creiem que cal afavorir el diàleg i la mediació amb la resolució de diferents conflictes que ens porta un cop més el Partit Popular al Senat. Cal ajudar a la resta d’organismes nacionals si convé donat que cada país és diferent, cada solució serà diferent. Però si en lloc de participar amb voluntat constructiva els diferents processos, volem imposar des de l’antiga metròpoli els que s’ha de fer, es crearà un punt de no retorn amb les relacions entre iguals afectant immigrants d’un costat i de l’altre. Deshumanitzant els problemes i creant desafeccions dels governs iguals.

Per acabar, parlarem del judici que tindran els nostres presos polítics, un judici injust, un judici manipulat. El senador Casado ja ha tancat el grup de wasap del Partit Popular on ja deia que per darrere estarien treballant. El cap de les clavegueres de l’Estat volia controlar un cop més l’estament judicial, del qual nosaltres no és el primer cop ni el segon que demanem que hi hagi una bona separació entre els tres poders de l’Estat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Nos ha llamado la atención, una vez más, la presentación de una moción relativa a varios países independientes —repito, independientes—, del continente americano, Nicaragua, Cuba y Venezuela, y a la relación que han de mantener el Estado español y esta Cámara en asuntos externos.

Es cierto que al Grupo Esquerra Republicana le preocupa, y mucho, la situación política de Nicaragua, del mismo modo que nos preocupan otros países iberoamericanos, incluido el Estado español, como ha dicho mi compañera y portavoz Mirella Cortès, porque aquí también hay personas en prisión. Quizá las prisiones sean mejores que las de Nicaragua o Venezuela, pero le invito personalmente a que me acompañe un día a visitar las prisiones catalanas y a los presos políticos.

Además, nos preocupa también la situación en México donde en la actualidad hay más de 125 000 desaparecidos, 30 000 de ellos menores, utilizados por las mafias y en muchos casos perseguidos y torturados por la policía mexicana y por grupos como los cárteles de la droga, con la autorización de la propia policía.

Hace pocos días, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, se aprobó una moción del Partido Popular sobre Nicaragua, con nuestro apoyo, y que aceptó 3 enmiendas de Esquerra Republicana. Sin embargo, el hecho de utilizar esta moción para obtener una resolución, como si fuera una ensalada de otras propuestas, desmerece la aprobación de las presentadas en aquella misma comisión.

No existen precedentes de que seis países americanos formalicen una denuncia contra otro Gobierno. Presionar a la fiscalía de Venezuela para forzarla a juzgar a los funcionarios del Estado es la nueva manera de actuar en la que quieren que el Gobierno de Sánchez participe. Sin embargo, nosotros no queremos que el Gobierno de Sánchez participe en ninguna de estas historias con ningún otro país.

¿Por qué hablamos solo de Venezuela y no del resto de Estados, como ha dicho el compañero Mulet, de Compromís? Porque no toca hoy, y no tocará nunca. Nosotros estamos preparados para hablar de cualquier tema, y hay varios ejemplos, solo hay que revisar el informe de Amnistía Internacional y desgranar los puntos más conflictivos en muchos de los países. Así, allí están relacionados China, México, Colombia, Turquía o Arabia Saudí.

La situación nos preocupa seriamente y por eso creemos necesaria una relación positiva que no provoque más enfrentamientos y que aporte soluciones a corto y medio plazo. Debemos ayudar a los partidos políticos y a todos los que están en estos países para que determinen una solución pactada junto con los sindicatos y los sectores profesionales, con respeto al principio de no intervención y con los procesos políticos de otros países. Pensamos que hay que favorecer el diálogo y la mediación para resolver los conflictos que nos trae una vez más el Partido Popular al Senado. Es necesario ayudar al resto de organismos nacionales y, dado que cada país es distinto, cada solución será diferente. Sin embargo, si en lugar de participar con voluntad constructiva en los diferentes procesos queremos imponer desde la antigua metrópoli lo que se ha de hacer, se creará un punto de no retorno en las relaciones entre iguales, afectando a migrantes de un lado y del otro, deshumanizando los problemas y creando desafecciones entre gobiernos iguales.

Para terminar, les hablaré del juicio que tendrán nuestros presos políticos, un juicio injusto y manipulado. El señor Casado ha cerrado el grupo de wasap del Grupo Popular donde se decía que estarían trabajando desde detrás. La cabeza de las cloacas del Estado quería controlar de nuevo el estamento judicial y, por ello, no es la primera ni la segunda vez que pedimos una buena separación entre los tres poderes del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Señorías, una vez más, el Partido Popular intenta traernos una moción sobre Venezuela, esta vez intentado meter en el mismo saco un acuerdo de la Comisión Iberoamericana sobre Nicaragua; y añaden Venezuela, Zapatero y Cuba. Los hits del verano, señorías del PP, todos mezclados y sin un hilo conductor entre ellos, intentando hacernos ver como lo mismo problemáticas totalmente diferentes de países y contextos nacionales que nada tienen que ver entre sí.

La voluntad de meter cizaña, de crispar y tensionar, de disparar al aire, como si fueran forajidos que entran en una taberna del lejano oeste, es su forma habitual de afrontar un tema tan delicado como América Latina. Ustedes, señorías, son incapaces de tener una posición constructiva sobre problemáticas muy serias —sí, muy serias—, y se lo toman a broma con sus politiqueos de siempre. Usaron Venezuela como arma arrojadiza contra las fuerzas del cambio, y ahora quieren usar Venezuela para atacar a Zapatero; un comodín repetido que únicamente afianza la falta de rumbo que tiene su partido y la ausencia de propuestas reales para no solucionar absolutamente nada.

Venezuela lleva varios años inmersa en una profunda crisis económica fruto de la bajada de los precios del crudo y de las hostilidades internacionales. Únicamente durante los últimos meses se ha podido notar una leve mejoría, pero la situación sigue siendo preocupante. ¿Y qué han hecho ustedes para solucionar la crisis económica venezolana? Se lo voy a decir: instigar a las instancias internacionales a impulsar en el seno de la Unión Europea más sanciones contra Venezuela. ¿Así es como quieren ustedes arreglar la crisis: con más sanciones, que al final paga el pueblo venezolano? Irresponsabilidad, cinismo y crueldad por electoralismo. (Rumores).

En esta moción se les ha vuelto ocurrir sacar el comodín de Cuba. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de Cuba. ¡Qué pena! Ya no pueden hablar de Castro ni de castrismo, ya que, como ustedes saben, ni Fidel Castro, ya fallecido, ni Raúl Castro, retirado, ostentan la presidencia de Cuba. (Rumores).

¿Saben ustedes acaso...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Quetglas.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Continúe.

La señora QUETGLAS QUESADA: ¿Saben ustedes acaso el nombre del actual presidente de Cuba? ¿Saben cómo fue escogido? Les echaré una mano: Miguel Díaz-Canel, escogido tras las elecciones del 11 de marzo en la Asamblea del Poder Popular de Cuba. (Rumores). Se atreven a hablar de presos políticos. Miren, señorías del Partido Popular, son ustedes los únicos que han metido a políticos presos; lo hicieron el año pasado: Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras. (Rumores.— Aplausos). Basta ya de hipocresía y cinismo. Defiendan primero aquí lo que pretenden defender allí.

Sin embargo, lo más importante es seguir caminando hacia la normalidad y el diálogo. Zapatero ha sido en este sentido un intermediario reconocido en Venezuela por ambas partes, trabajando por el diálogo y la paz. Su problema, señorías del PP, es que no saben lo que es el diálogo. Les pasó en Cataluña, les pasa con Nicaragua y también les pasa con Venezuela. (Rumores). Para ustedes, que tienen escasa sensibilidad democrática, solo valen imposiciones, solo valen los 155, los golpes parlamentarios, como el de Temer en Brasil, o directamente la intervención militar, como en el año 2003 en Irak.

Ustedes son un peligro y unos irresponsables, incapaces de trabajar por el diálogo, la paz y la democracia. Solo quieren imponerse por la fuerza. (Rumores). Estén a la altura del mandato diplomático...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora QUETGLAS QUESADA: Estén a la altura del mandato diplomático institucional. Pónganse a trabajar por la paz, el diálogo y el reconocimiento mutuo y dejen de incendiar y de utilizar las problemáticas externas para hacer política interna.

España no puede permitirse un Partido Popular tan desleal y violento. Cambien el tono y empiecen a ser un poquito más serios y rigurosos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora QUETGLAS QUESADA: Quiero acabar con un pensamiento de Sócrates: el secreto del cambio es enfocar la energía en la construcción de lo nuevo, no en la lucha contra lo viejo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lemus.

El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar mi intervención mostrando todo el apoyo del Grupo Socialista al ministro Borrell tras haber sido escupido en el Congreso de los Diputados por un parlamentario de Esquerra Republicana. (Aplausos.— Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana). No sé qué le molesta a la senadora. Como bien ha dicho el señor Borrell, al Parlamento se viene a dialogar y a debatir, no a escupir.

Señorías, qué oportunidad hemos perdido para mostrar al pueblo nicaragüense la solidaridad del pueblo español en la situación tan dura por la que están atravesando. Insto al señor senador del Grupo Popular y a otros senadores y senadoras que han intervenido hoy aquí a que en un futuro no muy lejano podamos traer una iniciativa de apoyo consensuada con el pueblo nicaragüense. Es lo que ellos están esperando: una posición consensuada y conjunta del pueblo español, pueblo al que respetan y admiran. Por eso, señoría, no traigan aquí iniciativas como la que han traído hoy, que lo único que buscan es un protagonismo unilateral del Grupo Popular.

Nicaragua, como bien ha dicho el señor Borrell en comisión y en varias declaraciones, se puede convertir en una dictadura olvidada, y si no redoblamos la presión internacional esa dictadura se consolidará. El ministro Borrell alertó de que no hay otro camino que el del bloqueo internacional para mostrar a esta dictadura que no debe haber otro camino que el de la democracia y el respeto por la libertad. Por ello, es fundamental que redoblemos nuestros esfuerzos en conseguir una posición cohesionada en la Unión Europea antes de hacer ninguna acción unilateral, como pretenden hoy ustedes. Confío en las buenas intenciones de su visita a Nicaragua, pero no en el resultado de ellas. En cambio, sí confiaría en que, en el marco de la Parlamento Europeo, fuéramos capaces de conseguir una postura firme y sólida, que a buen seguro ayudaría a que la situación cambiara.

Tras siete meses de protesta, han muerto más de 500 personas como consecuencia de la represión policial en Nicaragua. Esta dramática cifra es suficiente para comprobar que Nicaragua ha pasado de ser un Estado democrático a ser un Estado represivo y dictatorial. Por ello, les insto de nuevo, señorías, a que en esta Cámara podamos tener una posición común. No empecemos la casa por el tejado. Redoblemos nuestros esfuerzos para que la Unión Europea, primero, y la comunidad internacional, después, eleven al máximo la presión para poder reconducir la situación en Nicaragua.

En el caso de Venezuela hay un antes y un después. La legítima Asamblea Nacional venezolana aprobó el pasado 13 de noviembre un acuerdo para impulsar una solución política a la crisis nacional con el respaldo de la comunidad internacional. Dicho acuerdo pone de manifiesto la unidad de toda la oposición venezolana y, sobre todo, marca una hoja de ruta que pasa por la negociación política. Dicho acuerdo resalta —cito literalmente— que una solución política hará posible la construcción, sin venganza ni persecución, de un Gobierno de paz y reconciliación nacional para iniciar la trasformación económica y social de Venezuela.

Ese acuerdo debe servir de guía en la toma de posiciones de la comunidad internacional sobre Venezuela. La escalada de manifestaciones de políticos latinoamericanos sugiriendo una intervención militar como única solución debe ser descartada de pleno. La oposición venezolana lo descarta en su acuerdo y aboga por todo lo contrario, por el diálogo. Y no tengan ninguna duda, señorías, de que el Gobierno español va a seguir mostrando un firme rechazo a la represión del Gobierno del señor Maduro, pero no le pidan más de lo que hizo el Gobierno del señor Rajoy.

Quiero citar al señor Zapatero. El señor Zapatero, en la Cumbre Iberoamericana del 2007, llegó a decir: Quiero expresar, señor Chávez, que el expresidente Aznar fue elegido por los españoles, y exijo un respeto. Don José Luis Rodríguez Zapatero es un firme defensor del diálogo y el consenso, fue impulsor de la Alianza de Civilizaciones, e impulsó tantas iniciativas como fueron necesarias para buscar el consenso entre las partes encontradas allí donde había un conflicto. Dejen en paz al señor Zapatero. Ha sido un presidente del Gobierno decente y dialogante, ha redoblado sus esfuerzos para encontrar una solución consensuada y pactada en Venezuela. Y es cierto que la oposición a Nicolás Maduro lo ha criticado, pero cuando una mediación fracasa, no solo fracasa el mediador, también fracasan la paz y la libertad.

Señorías, quiero acabar instándoles —lo vuelvo a repetir— a que en un futuro traigamos una iniciativa consensuada para poder mostrar nuestro apoyo al pueblo de Nicaragua.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lemus.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero, en esta última intervención, saludar la presencia en la tribuna de representantes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Perú y de algunos otros países (Aplausos), que han hecho un largo viaje para venir a España y volver de manera inmediata a sus países, porque lo que estamos aquí debatiendo es crucial para el desarrollo de su vida diaria, de la suya y de la de los ciudadanos a los que representan. Por eso, senador Cazalis, es importante tratar este asunto en el Pleno; es importante, no solo en la comisión, sino también en el Pleno, para que haya un pronunciamiento y una votación.

También quiero sumarme a la condena por la actitud que se acaba de producir en la Cámara del Congreso respecto del ministro Borrell. Yo discrepo del ministro Borrell en muchas cosas, también en esta que estamos debatiendo, pero no tolero que a un ministro de España, a un representante de España, ni aunque sea de Esquerra Republicana, le escupa nadie, le insulte nadie (Aplausos.— Protestas.— La señora Cortès Gès pide la palabra). Porque, señorías, aunque a ustedes no les guste, cada uno de los que somos elegidos representamos a todo el pueblo español. Eso no es cuestión de sentimientos, es cuestión de Constitución. Por lo tanto, si alguien no se siente legitimado para cumplir con la función que asumió constitucionalmente, ya sabe lo que tiene que hacer: renunciar a ello, que esto no es obligatorio. (Aplausos).

Y voy a centrarme en los planteamientos que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, al que antes no le pude contestar. Le diré algo: creo que usted es un senador de reciente incorporación, es la primera vez que le escucho hablar de temas iberoamericanos, y ha leído un discurso bien construido, pero desconocedor de la realidad. ¿Cómo puede decir usted aquí que por qué no planteamos estas iniciativas con el Gobierno del PP? Esta es la número 64 que presenta el Grupo Popular; la última, a la que ha hecho alusión hace un ratito el senador Cazalis, de abril de 2017, en que todavía gobernaba el Partido Popular. Así que infórmese bien antes de decir ese tipo de cosas.

Hoy aquí, más allá de los discursos, lo que se va a ver con los votos es la posición de cada uno. Aquí hay que posicionarse; para eso son las mociones, para que quede claro el posicionamiento. ¿Están o no de acuerdo con que una delegación de senadores vaya a intentar ver a los presos en Nicaragua? Pues hay que votar sí, no, o abstenerse. Y ahí, más allá de discursos, se va a ver la posición de cada uno. Y es verdad: son treinta y dos los años que lleva sin viajar un presidente a Cuba. Es verdad. En cuanto a los sesenta —que usted me corregía—, ¿sabe lo que son? Los sesenta años de dictadura cubana. Esos son los sesenta. Por lo tanto, habrá que manifestarse con el voto, diciendo sí, no, o absteniéndose, si queremos que el presidente del Gobierno, cuando vaya a visitar al presidente de Cuba, le exija —le exija— que el líder de la oposición, que está injusta e ilegalmente detenido, sea puesto en libertad.



Y de la misma manera vamos a votar si queremos o no queremos que España se sume a la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los dirigentes venezolanos —que no el pueblo de Venezuela— que están acusados de graves crímenes de lesa humanidad.

Y respecto de Zapatero, ya le he dicho que retiramos la reprobación para que no pueda ver en ello ningún insulto. Lo que queremos es que nos desvinculemos de sus actuaciones, porque, aun en el caso de suponerle buena voluntad, señoría, que no crea que es poca cosa, aun en ese caso, se ha demostrado absolutamente ineficiente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.

Porque en los tres años en los que él lleva gestionando se han producido el doble de detenciones, hay el doble de presos políticos y la situación económica, social y humanitaria es mucho peor. Por lo menos, reconozca conmigo que su actuación, como poco, ha sido inútil.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor GARCÍA CARNERO: Así que, señorías, mi agradecimiento a los grupos que han manifestado que van a votar a favor. Y, con el voto, dentro de un minuto vamos a saber la posición real de cada uno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.

Llamen a votación.

Senadora Cortès, ¿había pedido la palabra?

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.

He pedido la palabra por alusiones del senador del Partido Socialista y del senador del Partido Popular, porque suben al estrado insultando y diciendo que han... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías. Guarden silencio.

La señora CORTÈS GÈS: Primero escuchen. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

La señora CORTÈS GÈS: Primero escuchen. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès, eso me corresponde a mí.

¿Qué quería usted decir?

La señora CORTÈS GÈS: Quiero pedir a los dos senadores de los dos grupos que retiren sus palabras por su falso discurso. Porque lo que han dicho aquí no es cierto. Porque...

El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: ... nadie ha escupido al ministro Borrell, nadie. Mentira.

El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès, perdóneme. El contenido de la moción que se acaba de debatir no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. (Rumores).

La señora CORTÈS GÈS: ¿No? ¿Pues por qué nos lo dicen? ¿Por qué nos lo dicen a nosotros?

El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès, no tiene usted la palabra.

Muchas gracias. (Aplausos).

Cierren las puertas. (Pausa).

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del senador Crisol, que ha sido aceptada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 140; en contra, 82; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRÁMITES PARA REFORMAR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 662/000136 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se le han presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y otra por iniciativa de la senadora Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—, y una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Rumores).

Señorías, guarden silencio y abandonen el hemiciclo con rapidez. (Pausa).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en las últimas semanas la izquierda ha venido reprochando a este grupo parlamentario una actitud muy crítica con el Gobierno de la nación, pero es la posición que nos corresponde porque somos el principal partido de la oposición y es nuestro cometido constitucional de control al Gobierno. Pero sobre todo es consecuencia de la deriva descontrolada que lleva el Gobierno del señor Sánchez.

Señorías, con esta moción, como tantas otras veces, aunque ustedes no lo quieran reconocer, venimos a esta Cámara para proponer la solución definitiva a un problema, en este caso, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al impuesto sobre las hipotecas, para que, si el Gobierno sigue nuestros planteamientos, el cliente no lo tenga que pagar nunca, ni directa ni indirectamente. Tras la polémica generada en las últimas semanas con las distintas resoluciones del Tribunal Supremo en relación con este impuesto, nos gustaría que quedasen claros una serie de planteamientos políticos del Partido Popular.

Conviene recordar que este impuesto, en su actual configuración, fue creado por un Gobierno socialista, por el Gobierno del señor Sánchez. Se trata de un impuesto cedido en su gestión a las comunidades autónomas, y son estas las que establecen el tipo impositivo, que oscila en una horquilla entre el 0,5 % y el 1,5 %. Casualmente, todas las comunidades del Partido Socialista tienen el tipo impositivo en el 1,5 %, salvo Baleares y Asturias, que no llegan por tres décimas. Y casualmente también, las comunidades que aplican el tipo mínimo son del Partido Popular, en este caso, Madrid y La Rioja. Casualmente, el Partido Socialista y Podemos, en Aragón, en el año 2015 decidieron subir este impuesto un 50 %. Y casualmente también, Susana Díaz, candidata a la Junta de Andalucía, decidió hace pocos años incrementar el impuesto sobre actos jurídicos documentados a los clientes un 25 %.

Sin embargo, los padres de la criatura y los que han estado alimentándolo con subidas continuas, con un nuevo bandazo a los que, lamentablemente, ya nos tienen acostumbrados, ahora adoptan una medida populista y deciden por decretazo que, formalmente, los clientes no sean los que paguen el impuesto. Y se quedan tan tranquilos. Lo cierto es que la jurisprudencia del Supremo llevaba ya veinte años estableciendo que eran los clientes los que debían pagar el impuesto, y ustedes en esos veinte años han estado mucho tiempo gobernando y no hemos visto ni una sola medida, ni una sola acción para intentar evitar que eso pasara. No solo eso, sino que, como he dicho antes, hacían exactamente lo contrario: subir el impuesto a los clientes allá donde gobernaban. Y ahora, de la noche a la mañana, la izquierda se pone a la cabeza de la manifestación y, en una nueva operación de maquillaje del viajero Sánchez, se saca de la chistera un decretazo y establece que el impuesto, formalmente, lo debe pagar el banco, como si el banco no lo fuera a repercutir sobre el cliente. ¿Qué se piensan ustedes? ¿Piensan que los bancos se han convertido también en ONG de la noche a la mañana y van a dejar de ganar esos 1000 millones de euros que supone, aproximadamente, la recaudación de este impuesto anual? Obviamente, los bancos lo van a repercutir en los clientes a través de comisiones, a través de incrementos en los tipos de interés o a través de otros subproductos financieros. Pedro Sánchez vuelve a recurrir al real decreto para que sean los bancos los que paguen formalmente este impuesto, pero u saben perfectamente que al final lo va a pagar el comprador de la vivienda. Y yo, señorías del PSOE, les hago una pregunta muy concreta: ¿cómo piensa el Gobierno garantizar, como viene diciendo, que los bancos no van a repercutir finalmente el impuesto al adquirente de la vivienda, al ciudadano?

Me voy a detener un segundo, porque merece la pena, en la forma: de nuevo el decreto ley, de nuevo el decretazo, de nuevo su debilidad parlamentaria sale a escena, de nuevo su incapacidad democrática hace que tengan que utilizar el real decreto para legislar. Porque ustedes, a diferencia de otros gobiernos, utilizan el real decreto absolutamente para todo: para lo urgente y para lo que no es urgente, para lo que es relevante y para lo que no es relevante, para lo que es constitucional y para lo que no es constitucional.

En la exposición de motivos de este real decreto ustedes son capaces de contradecirse hasta en dos ocasiones. Por un lado, con el fin de justificar la necesidad del real decreto, dicen que es palmaria la importancia cualitativa y cuantitativa que tienen las hipotecas en nuestro tráfico mercantil; y cuatro párrafos después, en esa misma exposición de motivos, para justificar que no tendría que ser de reserva legislativa dicen que la modificación parcial no repercute sensiblemente en el criterio de reparto entre los contribuyentes. Es decir, en la misma exposición de motivos dicen que tiene una importancia manifiesta, pero, cuatro párrafos más adelante, dicen que solo un poquito. Es una cosa y la contraria, como hacen habitualmente, pero en este caso, además, en la misma norma. Se superan ustedes cada día.

En contrapartida, el Partido Popular impulsa medidas a favor de la seguridad jurídica y la defensa del consumidor. Nuestro proyecto se basa en defender la libertad individual, la seguridad jurídica y la propiedad de los españoles. El PP apuesta por suprimir este impuesto para la adquisición de la primera vivienda. Es un impuesto que no tiene sentido. Somos el país de Europa con mayor gravamen y mayor presión fiscal sobre las hipotecas. No solamente gravamos el principal, sino los tipos de interés y los demás gastos derivados de la constitución de la hipoteca. Tenemos el tipo impositivo más elevado, y es un impuesto que entre los países de nuestro entorno solo existe en Italia, Francia y Portugal. Países como Inglaterra, Alemania, Holanda o incluso Grecia no tienen el impuesto sobre actos jurídicos documentados. La eliminación, además, no supondría un elevado coste para las arcas del Estado.

Señorías, la recaudación tributaria prevista para este año, 2018, del conjunto de administraciones públicas superará el récord absoluto: 200 000 millones de euros. Y la estimación que hacen los técnicos de Hacienda sobre lo que supondría esta pérdida de recaudación en las comunidades autónomas está en torno a 1000 millones de euros. La propia ministra de Hacienda diría que 1000 millones de euros no es una cantidad relevante —si no, que se lo pregunten a chiqui, a ver qué opina—. (Aplausos).

La previsión de incremento de la recaudación tributaria en 2018 es de aproximadamente 8000 millones de euros, y la propia previsión de incremento de recaudación que establece el Gobierno de España para el año 2019 es de un 5,9 %, esto es, 12 000 millones de euros adicionales. ¿Piensan ustedes que con esos 20 000 millones de euros extras no hay margen para compensar los 1000 millones que dejarían de recaudar las comunidades autónomas si el impuesto fuera suprimido? Pero ¿saben lo que realmente hay de trasfondo en toda esta estratagema del señor Sánchez? Lo que hay de trasfondo es una dejadez de funciones manifiesta en cuanto a atender la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Eso es lo que hay de trasfondo. Por eso, el señor Sánchez, al que le entra auténtico pánico al hablar de la posible reforma del sistema de financiación autonómica —y mucho más antes de unas elecciones como las que habrá en mayo por el posible riesgo de pérdida de votos que supondría abrir ese melón—, decide: hago que parezca que lo pagan los bancos, las comunidades autónomas no pierden la recaudación, y dentro de tres años ya vendrá otro a arreglar este desaguisado que acabo de generar. La política habitual del Partido Socialista.

Señorías, para que el sistema hipotecario español siga funcionando de forma eficiente es imprescindible contar con la máxima seguridad jurídica y económica. Esa fue la razón por la que el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2017 impulsó y presentó en las Cortes el proyecto de ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario. En ese ámbito es donde nosotros tomamos la iniciativa para garantizar los derechos de los clientes, creando un régimen específico de protección con nuevas normas de transparencia y de conducta para las entidades prestamistas. Aquí tienen, por tanto —y vuelvo al origen de mi intervención—, dos medidas concretas y realistas para resolver problemas. En primer lugar, la norma que establece un régimen seguro para la defensa de los intereses del cliente, que impulsó el Gobierno de Rajoy, y en segundo lugar, la que propone la supresión del impuesto como única forma certera de que no lo pague el cliente. Todo lo demás, señorías, son juegos de trileros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Senador Arcas, ya sé que usted no va a aceptar la enmienda de sustitución que hemos propuesto en Ciudadanos, y no tanto porque sea buena o mala, sino porque estamos a una semana escasa de unas elecciones en una comunidad autónoma y eso les desequilibra.

Quería empezar con una cuestión de lo que podríamos llamar meramente una corrección técnica. El concepto de primera vivienda en la normativa fiscal no existe, es la vivienda habitual o no es la vivienda habitual. Yo les pediría que en esa medida corrijamos ese elemento técnico que en sí mismo no es una enmienda.

No es razonable que el Estado compense más a aquellas comunidades autónomas que más han subido los impuestos, que en el fondo es lo que plantea la moción que ustedes presentan hoy. Por eso, nosotros estamos planteando una cuota fija en todas las comunidades autónomas, lo que supondría, en la mayoría, una reducción importante del impuesto y mantendría un equilibrio entre todas las comunidades autónomas.

Nosotros estamos a favor de la bajada de determinados impuestos, pero no de eliminar el impuesto si no se acaba con el gasto superfluo, con las duplicidades que existen. Y no estamos de acuerdo porque nosotros sí creemos en la estabilidad presupuestaria y dudo que la argumentación que usted ha dado nos permita mantenernos dentro de la estabilidad presupuestaria.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senyories, des de Compromís hem presentat una esmena de substitució als dos punts originals de la seva moció, que diu el següent: Mantenir la redacció actual de la Llei 32/1980, del 21 de juny, de l’impost de transmissions patrimonials i d’actes jurídics documentats, amb les seues modificacions posteriors, ja que estan previstes les exempcions per als préstecs en garantia hipotecària i perquè qualsevol canvi aniria en contra de la política econòmica de les comunitats autònomes que estan infrafinançades, ja que es troben immerses en limitacions pressupostàries i en contra dels principis d’equitat, conveniència i redistribució.

Per què l’hem presentada? Des de la polèmica sentència del Tribunal Suprem, del 7 de novembre, en què deia que els préstecs en garantia hipotecària és el prestatari el subjecte passiu —en sentit contrari d’una sentència anterior—, creant una gran indignació social amb dubtes sobre la separació de dels poders i la independència judicial, provoca la reacció de Govern Central fent el Reial Decret Llei 17/2018, de 8 de novembre, que ve a dir, bàsicament, «que el sujeto pasivo adquiriente del bien, y en su defecto las personas que soliciten los documentos notariales, serán considerados sujetos pasivos. Cuando se trate de escrituras de préstamo de garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista». En la redacció d’aquest reial decret, segons la nostra opinió, el subjecte passiu d’aquestes operacions queda bastant clar i, per tant, considerem que no crea inseguretat jurídica, com diu l’exposició de motius de la moció.

Dos, la sol·licitud d’una quota variable, que siga zero, per part del Partit Popular, pretén l’exempció en aquests supòsits, que fa impossible que es realitze. Per tant, considerem que es realitza la imposició però s’eximeix del pagament, per tant, cal plantejar-se els motius pels quals es plantegen les exempcions, com diu la llei, cal analitzar els motius de la seva implantació i els motius són: per equitat, que es contribueixi en funció de la seva capacitat econòmica; per conveniència, en considerar que l’aplicació d’aquest impost en determinats supòsits no s’aplique, o tres, per qüestions de política econòmica. Des de Compromís ens sembla oportú establir que cap d’eixos tres aspectes justifiquen esta exempció i, per tant, no hi estem d’acord.

Tot i que la moció planteja una compensació per part de l’Estat a les comunitats autònomes, des del País Valencià tenim un problema greu d’ingressos transferits per part de l’Estat i no de despesa. Per tant, atès que sembla que a curt termini no anem a tindre un nou sistema de finançament autonòmic, creiem que des del País Valencià, no cap que es canvie la política fiscal que comportaria una pèrdua d’ingressos. Atès el disseny i l’execució d’aquesta política en concret, que és concretament del Consell, el sistema contributiu que està basat en igualtat, capacitat econòmica i progressivitat, considerem que no toca canviar esta disposició i, per tant, demanem que accepten la nostra esmena, que va en el sentit contrari, que sóc conscient que segurament diran que no.

Gràcies, senyor president.

Señorías, en Compromís hemos presentado una enmienda de sustitución a los dos puntos originales de su moción que dice lo siguiente: Mantener la redacción actual de la Ley 32/1980, de 21 de junio, del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados con sus modificaciones posteriores, ya que están previstas las exenciones de los préstamos con garantía hipotecaria y porque cualquier cambio iría en contra de la política económica de las comunidades autónomas infrafinanciadas, que se encuentran inmersas en limitaciones presupuestarias, y en contra de los principios de equidad, competencia y redistribución.

¿Por qué la hemos presentado? Porque la polémica sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre decía que en los préstamos con garantía hipotecaria es el prestatario el sujeto pasivo —en sentido contrario a una sentencia anterior—, creando una gran indignación social y dudas sobre la separación de poderes y la independencia judicial, lo cual provoca la reacción del Gobierno central y la aprobación del Real Decreto Ley 17/2018, de 8 de noviembre, que viene a decir, básicamente, que «el sujeto pasivo adquiriente del bien, y en su defecto las personas que soliciten los documentos notariales, serán considerados sujetos pasivos. Cuando se trate de escrituras de préstamo de garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista.» En la redacción de este real decreto, según nuestra opinión, el sujeto pasivo de estas operaciones queda bastante claro y, por tanto, entendemos que no crea inseguridad jurídica, como dice la exposición de motivos de la moción.

Por otra parte, la solicitud que hace el Grupo Popular para que la cuota variable sea cero pretende la exención de estos supuestos, y este hecho hace imposible que se realice la imposición, se exime el pago. Hay que plantear lo motivos por los que se concede la exención, como dice la ley. Los motivos son tres: por equidad, que se contribuya en función de su capacidad económica; por conveniencia, considerar que no se aplique este impuesto en determinados supuestos, y por cuestiones de política económica. En Compromís no nos parece oportuno establecer ninguno de estos tres aspectos. Por tanto, no estamos de acuerdo.

Aunque la moción plantea una compensación por parte del Estado a las comunidades autónomas, en el País Valencià tenemos un problema grave de ingresos transferidos por el Estado y no de gasto. Como parece que a corto plazo no tendremos un nuevo sistema de financiación autonómico, pensamos que en el País Valencià no cabe que se cambie la política fiscal, pues comportaría una pérdida de ingresos. El diseño y ejecución de esta política concreta corresponde al Consell y, con un sistema contributivo basado en principios de igualdad y progresividad, creemos que no toca cambiar esta disposición. Por tanto, pedimos que acepten nuestra enmienda, que va en sentido contrario, aunque somos conscientes de que seguramente dirán que no.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré la intervención marcando un poco el contexto. El pasado 16 de octubre, el Tribunal Supremo sentenció que el impuesto sobre actos jurídicos documentados, el famoso impuesto sobre las hipotecas, debía recaer sobre los bancos y no sobre quienes pedían un préstamo. Al día siguiente, los principales bancos de la Bolsa española registraron importantes pérdidas: Bankia, Caixa Bank, Bankinter, Sabadell y el BBVA. El 6 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió, en una decisión sin precedentes, echar marcha atrás, por un estrecho margen de 15 votos a 13; una decisión muy polémica que ha generado un enorme malestar social en España y que ha dejado en entredicho al Tribunal Supremo. A raíz de ello, el Gobierno del Partido Socialista ha aprobado un real decreto ley que establece que el impuesto de las hipotecas recaerá a partir de ahora sobre los bancos, aunque es cierto que tiene importantes defectos y que el Gobierno se ha negado a tomar medidas que posibiliten la retroactividad.

¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? El Partido Popular lo que está defendiendo, en realidad, es cargarse este impuesto. Su propuesta es que se suspenda el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Hay que recordar que el Partido Popular ha estado los últimos siete años en el Gobierno —parece que se le olvida, señor Martínez Arcas— y hubiese podido suspender ese impuesto que recaía sobre las y los ciudadanos, pero no lo hizo. Y ahora, cuando son los bancos los que tiene que pagarlo, resulta que al Partido Popular le corre prisa por suspenderlo. De nuevo, el Partido Popular se pone al servicio de los bancos y enfrente de los intereses de las y los ciudadanos de este país.

Además, hay que valorar el impacto que esto tendría sobre las comunidades autónomas. La propuesta del Partido Popular daña directamente a las comunidades autónomas, que son quienes reciben los ingresos de ese impuesto y quienes se encargan del grueso del gasto social en España. Es una propuesta, por tanto, recentralizadora, que ataca los principios de autonomía y de suficiencia financiera establecidos en la Constitución. A ustedes, que llevan varios meses en esta Cámara sin parar de hablar de otro territorio que no sea Cataluña, de repente les ha entrado el ansia por hablar de Andalucía. Bueno, pues usemos Andalucía como ejemplo. Andalucía recauda por el impuesto de actos jurídicos documentados unos 417 millones de euros al año. ¿Saben lo que supondría eliminar este impuesto? Supondría, por ejemplo, borrar de un plumazo las políticas de viviendas, que representan en Andalucía 254 millones de euros, y todavía les quedaría margen para eliminar, entera, la Consejería de Cultura o la Consejería de Turismo; elijan la que más rabia les dé y vayan a explicárselo ustedes a los andaluces ahora en campaña electoral.

Su propuesta de suprimir el impuesto sobre actos jurídicos documentados es, en realidad, un incentivo fiscal a la vivienda en propiedad. Esto no es nuevo. Durante la época del aznarato, el Partido Popular introdujo incentivos fiscales a la vivienda en propiedad mientras eliminaba los que existían para el alquiler. De hecho, ustedes, en la exposición de motivos, se vanaglorian del modelo inmobiliario español en el que aproximadamente un 80 % del parque de viviendas principales es en propiedad. A ustedes eso les parecerá el colmo del progreso, pero, en realidad, en países como Alemania, Francia, Austria o Suiza, el porcentaje de viviendas en alquiler es muchísimo mayor que en España. Y al contrario, ¿saben cuáles son los países europeos con un mayor porcentaje de viviendas en propiedad? Pues son Rumanía y Macedonia.

Para superar los problemas del modelo inmobiliario español, las políticas públicas en España deberían dirigirse, entre otras cosas, a reforzar el parque público de vivienda en régimen de alquiler. Para eso hacen falta recursos, ingresos fiscales.

Señor Martínez Arcas, es realmente vergonzoso que ustedes estén tratando de suprimir un impuesto a pesar del daño que puedan ocasionar a las comunidades autónomas, a los servicios públicos, y a pesar de que refuerzan los problemas endémicos del modelo inmobiliario español. El Partido Popular, que es el partido que le regaló 60 000 millones del dinero de todos a los bancos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Sí, señor presidente.

El partido que nos ha atacado ferozmente por querer crear un impuesto sobre las transacciones financieras ahora también se opone a que los bancos paguen el impuesto sobre los actos jurídicos documentados. A cada nueva ocasión comprobamos que el Partido Popular se comporta como un lobby de los bancos.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Y las instituciones no están para eso. Los banqueros ya tienen el dinero y la influencia para conseguir casi cualquier cosa, y las instituciones deberían ser, como decía un compañero nuestro, el lobby del 99 %. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Tiene la palabra el senador Martínez Arcas para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Este es el turno de enmiendas, señor Martínez. Entiendo que, como no ha defendido las suyas, estas probablemente decaen, ¿no? En cualquier caso, por si las mantiene registradas, le adelanto que votaremos que no. Votamos que no porque entendemos que no es necesario buscar mecanismos que garanticen que el banco no repercuta el impuesto sobre el cliente si lo que pretendemos es suprimir el impuesto.

En relación con la posibilidad de establecer mecanismos legales que permitan a los clientes que hayan abonado el impuesto recuperarlo con efectos retroactivos, le diré que es de dudosa legalidad. Y no lo digo yo, lo dijo la ministra de Hacienda la semana pasada, cuando en la sesión de control contestó a una pregunta de una diputada del Grupo Podemos. Y en relación con la oportunidad de que las administraciones sigan pagando el impuesto, también he de decirle que, desde el momento en que nosotros proponemos su supresión, no tiene sentido que mantenga esa enmienda. En cualquier caso, en el turno de portavoces le daré réplica adecuada a todas las inoportunas declaraciones que ha hecho en su intervención.

En cuanto a Compromís, quiero decirles que parece evidente que lo que a ustedes les preocupa exclusivamente es la financiación de las comunidades autónomas, por la infrafinanciación que parece ser que sufre la Comunidad Valenciana. Ahí nos van a encontrar, señores de Compromís. En la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y en dotar a Valencia con la financiación que le corresponde, nos van a encontrar.

Pero yo le sugiero que dé un pasito más: que deje de apoyar al Gobierno socialista en la Comunidad Valenciana, que es el partido que está inhabilitando y bloqueando la reforma del sistema de financiación autonómica. Háganlo por coherencia. Si ustedes creen, como nosotros, que es absolutamente imprescindible reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, no parece razonable que sigan gobernando con el Partido Socialista en Valencia y, por tanto, consolidando el vigente modelo.

Por último, quiero decirle a Ciudadanos que no siempre se puede quedar bien con todo el mundo. No siempre se puede nadar y guardar la ropa. Ustedes plantean una enmienda como siempre: ni negro ni blanco, sino gris. Esto es muy sencillo, señores de Ciudadanos: o están a favor del impuesto o están en contra; o ustedes están a favor de que los ciudadanos sigan pagando el impuesto de manera indirecta o están a favor de que no lo paguen los ciudadanos. Aquí no caben grises: o sí o no, señores de Ciudadanos. No pueden seguir con esa equidistancia y ese discurso de buenismo, se tienen que retratar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Estaba convencido de que el señor Martínez Arcas no iba a aceptar nuestra enmienda, de hecho ya lo dije en la exposición de la propia enmienda. No obstante, quiero decirle que no mantenemos equidistancia entre una cosa y otra, sino que estamos intentando —ese ha sido nuestro compromiso— reducir los impuestos en la medida de lo posible sin generar un desgavell, un destrozo en el conjunto de los presupuestos de las administraciones públicas. Pero ustedes no han querido entrar en el fondo, no han querido establecer una cuota para todas las comunidades y siguen dejando al albur... (El señor Martínez Arcas: Cero.). Sí, ya sé que ustedes quieren la cuota cero, pero eso, hoy, no es posible. ¡Ya nos gustaría a nosotros también! En todo caso, no se debe permitir que cada comunidad autónoma decida el porcentaje y haya, por tanto, españoles de primera y españoles de segunda.

A pesar de esto, votaremos afirmativamente la moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Des de la Generalitat Valenciana considerem que no es pot permetre el luxe de perdre aquest tribut, no ens podem arriscar a veure com s’executa una compensació per part del Govern Central, i ens preguntem què passaria si no hi hagués acord en la manera de compensar aquests ingressos, ni en la quantia, ni en els termes, ni en els terminis? Què passaria, llavors, en aquest impost? Mentre no tenim l’impost i ens quedem sense compensació, què passaria? Quina és la resposta per part del Partit Popular? Per això, pensem que no es pot fer d’esta manera i no s’ha de començar la casa per la teulada, s’ha de fer a l’inrevés, comencem per intentar estudiar com es faria la compensació i després parlem-ne.

Per altra part, senyors del PP, em sorprenen, demanen que exigim al Govern Central allò del sistema de finançament autonòmic, on estaven vostès en els últims set anys? No ho sé, pregunten pels últims sis mesos del govern del Partit Socialista, preguntem-nos pels últims set anys del govern del Partit Popular. On estaven vostès, quan tenien majories, per a canviar el sistema de finançament autonòmic? On estaven? M’ho pregunto.

Gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señor presidente.

En la Generalitat Valenciana pensamos que no nos podemos permitir el lujo de perder este tributo y que no podemos esperar a lo que nos dé el Gobierno central. ¿Qué pasaría si no hubiera acuerdo sobre la manera de compensar estos ingresos, ni en cuanto a la cantidad ni en los plazos? ¿Qué pasaría? Mientras no tuviéramos el impuesto ni una compensación, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la respuesta del Partido Popular? Por eso pensamos que no se puede hacer de esta manera, que no se puede empezar la casa por el tejado. Se tiene que hacer al revés: empezar viendo cómo se hace la compensación, y después ya hablaremos.

Por otro lado, señores del PP, me sorprenden. Piden ustedes que exijamos al Gobierno central el sistema de financiación autonómica, pero ¿dónde estaban ustedes los últimos siete años? Ahora preguntan por los últimos meses de Gobierno socialista, pero pregúntense por los últimos siete años de Gobierno del Partido Popular, cuando tenían mayoría para cambiar el sistema de financiación autonómica. ¿Dónde estaban? Me lo pregunto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarrete.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, todos los medios de comunicación titularon durante los últimos días que el Tribunal Supremo daba la razón a los bancos y que el impuesto de actos jurídicos documentados lo seguirían pagando los ciudadanos. El castillo de naipes elaborado por los millones de españoles en su cabeza, que ya veían cómo recuperaban los euros abonados, se derrumbó de un plumazo. En pocas horas, el Gobierno de Sánchez, acudiendo a la propaganda, la demagogia y el recurso fácil, aprobó un real decreto en sentido contrario, obligando a los bancos a pagar el impuesto.

¿Recuerdan sus señorías los geniales diálogos de Groucho Marx? Hay uno que nos viene como anillo al dedo: No se preocupe, que no le voy a cobrar 10 dólares, se los voy a cobrar a otro para que él se los cobre a usted.

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentado es un impuesto estatal de naturaleza indirecta que está cedido a las comunidades autónomas y que sujeta a gravamen, entre otros, la constitución de préstamos hipotecarios. Todo el lío que se ha organizado proviene de la redacción del artículo 29 de la ley, que termina diciendo: ...o a aquellos en cuyo interés se expida. El ciudadano de a pie dice: yo no necesito que mi hipoteca se eleve a escritura pública, es el banco que me presta el dinero el que tendrá que hacerlo.

Si realmente queremos que no recaiga sobre el contribuyente este discutido impuesto lo que hay que hacer es suprimir el impuesto, y si no se suprime, generar una exención o, en todo caso, una bonificación. Para Foro no caben concesiones simplistas y electoralistas a corto plazo, el mejor camino para avanzar hacia la prosperidad de la ciudadanía y el crecimiento de la riqueza es la drástica reducción de todas las figuras impositivas y una legislación tributaria que proporcione certidumbre y seguridad a todos los obligados tributarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senador Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En Navarra tenemos asumidas competencias propias en materia impositiva, pero es que hoy en la Comunidad Foral el impuesto de actos jurídicos documentados lo están pagando los navarros, mientras que en el resto, después del decreto ley, lo pagan los bancos. Esta es una realidad que está ocurriendo hoy en la Comunidad Foral. Porque el Gobierno de Navarra, tan rápido y veloz para hacer ondear las ikurriñas o imponer el euskera para acceder al empleo público, en este tema del impuesto de actos jurídicos documentados parece que no tiene tanta prisa. Ahora van a presentar un proyecto de ley foral que Unión del Pueblo Navarro va a enmendar; es una enmienda que pide lo mismo que la moción del Grupo Popular, que en la vivienda habitual haya una exención del impuesto. Ya nos ha dicho el cuatripartito en Navarra que la va rechazar, pese a que algunos de los socios están a favor de ella.

Por todo ello, en UPN votaremos que sí a esta moción, a ver si se toma ejemplo en la Comunidad Foral de Navarra y dejan de pagar los ciudadanos, o sea, que en la vivienda habitual la cuota variable sea cero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

La moción que nos ocupa trae causa, como ya han dicho varios compañeros, de la sentencia del Tribunal Supremo que señaló que el banco no pagaba. Con posterioridad, el actual Gobierno dicta un real decreto ley en el que señala que el banco paga, pero conviene dar una breve explicación sobre las consecuencias de este real decreto.

Antes del real decreto, una persona que no tenía necesidad de pedir un préstamo con garantía hipotecaria, por ejemplo, de 200 000 euros, no pagaba actos jurídicos documentados y, por tanto, el coste era cero. Sin embargo, cuando una persona —es el caso de la mayor parte de la población en España— necesitaba un préstamo con garantía hipotecaria —vamos a poner que sea con responsabilidad de 300 000 euros— tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados por importe de 4500 euros. Esto era antes del real decreto. Después del real decreto, la persona sin necesidad de pedir el préstamo hipotecario sigue en la misma situación, sin pagar actos jurídicos documentados, pero —y aquí está el problema— cuando la persona tiene necesidad de pedir ese crédito —vamos a poner el mismo importe, 300 000 euros de responsabilidad hipotecaria— paga el banco y luego repercute al cliente 4500 euros.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA:



Disculpe un momentito, presidente.

Pero como ahora, tras el real decreto, el acto jurídico documentado no tiene la consideración de deducible en el impuesto sobre sociedades, el banco le repercute al cliente 1350 euros. En conclusión, pagamos 1350 euros más; en total, 5850 euros.

La finalidad que se pretende con esta moción es buena: que la cuota variable sea cero en la primera vivienda. La que perderá será la Administración, pero ya veremos después cómo arreglamos. Es verdad que tanto el espíritu de la moción como del real decreto son buenos, son compatibles jurídicamente, pero debería mejorarse la técnica jurídica.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: Esperemos que sea así, para atender realmente la verdadera finalidad que ambos documentos persiguen. Así lo entendemos y, por tanto, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.

Bé, davant d’aquesta moció sobre aquest impost anomenat sobre les hipoteques, jo vull recordar que el Partit Popular només fa 5 mesos estava al Govern. I mentre qui pagava era el consumidor, qui demanava el crèdit, al Partit Popular ja li va semblar bé, mai no va fer cap canvi. Ara que, finalment, després de tot el que ha passat amb el Tribunal Suprem a qui li tocarà és al banc, el partit que va rescatar els bancs ara també els vol rescatar de que no paguin aquest impost. I per tant nosaltres això no ho veiem bé per aquesta qüestió, però també per una altra.

On està l’autogovern de les anomenades comunitats autònomes si no poden decidir sobre els impostes que gestiones? Si des de l’Estat, des del Senat, des del Congrés, anem dient a les comunitats autònomes ara et traiem aquest impost. Hi ha d’haver capacitat de regular els impostos des de les comunitats autònomes, perquè, si no, digui’m la veritat: el sistema autonòmic és una gran enganyifa, i aquesta moció ho demostra. El que vostès volen, en definitiva, és dir, mira, aquest impost el trec, i aquest el poso i, en aquest cas, com ara li tocarà pagar als bancs que són els amics del partit popular, doncs que no paguin, de cap manera.

I després, clar, escoltar al portaveu del Grup Popular parlant del sistema del finançament autonòmic dient «aquí ens trobaran»... Escolti, portem 5 anys que s’havia de modificar el sistema de finançament autonòmic. Hi ha comunitats, com la comunitat valenciana que l’han cedit, o comunitats com Catalunya que estan infrafinançades i a més a més amb un dèficit fiscal enorme; doncs això és inaguantable. Que vostès ara vinguin a dir «aquí ens trobaran» amb la modificació del sistema de finançament... doncs vostès van tenir cinc anys per fer-lo, per pactar-lo, i no ho van voler fer.

Per tant, nosaltres votarem que no, per què? Perquè creiem en l’autogovern i hi creiem tant que per Catalunya volem la independència i, a més a més, perquè creiem que vostès, una vegada més, tenen un compromís que no és amb la ciutadania sinó que amb els poderosos i els banquers.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Ante esta moción relativa al llamado impuesto sobre las hipotecas, quiero recordar que tan solo hace cinco meses el Partido Popular estaba en el Gobierno. Cuando quien pagaba era el consumidor, quien pedía el crédito, al Partido Popular le parecía bien, nunca introdujo ningún cambio. Ahora que finalmente, después de todo lo sucedido con el Tribunal Supremo, a quien le tocará pagar es al banco, el partido que rescató a los bancos también quiere rescatarlos para que no paguen este impuesto. Esto no lo vemos bien, por esta cuestión y por otra.

¿Dónde está el autogobierno de las llamadas comunidades autónomas, si no pueden decidir sobre los impuestos que gestionan? Si desde el Estado, el Congreso y el Senado se anuncia que ahora se va a sacar este impuesto, las comunidades autónomas han de tener capacidad para su regulación. Si no, digan ustedes la verdad: que el sistema autonómico es un gran engaño, y esta moción lo demuestra. Lo que ustedes quieren, en definitiva, es quitar o poner un impuesto, y en este caso como toca pagar a los bancos, que son los amigos del Partido Popular, no quieren que lo paguen.

El portavoz del Grupo Popular se ha referido al sistema de financiación autonómico y ha dicho: Aquí nos encontrarán. Señorías, llevamos cinco años en los que este sistema debería haberse modificado; hay comunidades, como la valenciana, que lo ha cedido, o como Cataluña, que está infrafinanciada y, además, con un déficit fiscal enorme. Eso es inaguantable. Que ahora digan ustedes: aquí nos encontrarán, refiriéndose a la modificación del sistema de financiación, no tiene sentido. Ustedes tuvieron cinco años para pactar y no quisieron hacerlo.

Por tanto, mi grupo votará en contra porque creemos en el autogobierno, tanto que queremos la independencia para Cataluña. Pero, además, pensamos que ustedes, una vez más, no se han comprometido con la ciudadanía sino con los poderosos y los banqueros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gràcies, bon dia.

Senadors, senadores, abans d’entrar a valorar directament la moció, dir-los que l’han presentada sense valoració econòmica, i aquí em sembla a mi que estem parlant de bastants milions d’euros. He consultat el Reglament del Senat i l’article 175.2 diu que les mocions que es refereixen a l’apartat D de l’article 174 haurien de presentar-se acompanyats d’una valoració econòmica, del cost econòmic. No entenc perquè els serveis de la Cambra, els serveis del Senat ha admès a tràmit aquesta moció a debat si vostès no presenten la valoració. Almenys des del grup d’Esquerra Republicana, cada vegada que presentem una moció ens demanen la valoració econòmica. No sé perquè la Mesa del Senat ha deixat debatre aquesta moció, però, en fi, una més.

Dit això, senyors del Partit Popular, el que venen a fer aquí és a salvar els seus amiguets, els amiguets dels bancs i no a parlar de seguretat jurídica, i el que diria, el que diríem des d’Esquerra Republicana, és la que provoca la justícia espanyola, el Tribunal Suprem quan falla a favor d’una decisió un dia, rep una trucada l’endemà i canvia el seu parer. Per tant, no ens vinguin a vendre seguretat jurídica perquè el qui genera inseguretat jurídica és precisament la justícia espanyola.

També es parlava en el torn inicial de la garantia dels drets dels clients. Jo insisteixo una vegada més. Vostès no estan intentant garantir els drets dels clients; vostès estan intentant garantir els drets dels bancs, de les grans corporacions i els seus consells d’administració. Sí, sí, senador del Partit Popular. Insisteixo: l’Estat funciona a trucades. Si no, per què el Suprem va canviar la seva decisió? Perquè va rebre una trucada de les grans corporacions, dels gran bancs i, som-hi, tornem a revisar una decisió que es va allargar més d’un dia, en fi... Si això, per a vostès és funcionament normal i ordinari del sistema judicial, per a nosaltres no ho és.

Nosaltres no entrarem en el fons de la qüestió, però deixi’m dir-li unes quantes xifres. Vostès sap quin va ser el benefici dels bancs l’any 2017? El benefici net dels bancs l’any 2017? 13900 milions d’euros. Vostè sap el que hagués costat pagar l’impost en base a aquest benefici per tots els bancs? Menys de 15 dies. I vostès sap que hagués costat pagar aquest impost amb una retroactivitat de 4 anys? Un mes i mig d’aquests beneficis nets. Però és que, a dia d’avui, els beneficis nets dels bancs en el que portem d’any ja superen aquest 14000 milions d’euros. Per tant, no entenem ben bé que estan intentant dir-nos si els bancs efectivament ja generen un benefici econòmic any rere any malgrat que vostès els van regalar un rescat d’or. Per tant, la conclusió és que aquí el Partit Popular ve a portar-nos una moció d’aquelles dels amics salvant els amics i no fent cas o no estan al costat de la ciutadania. Nosaltres intentem ser-hi cada dia, vostès segueixen al costat de les grans corporacions.

I acabo amb una qüestió de la que no hem pogut parlar en el torn d’al·lusions; el Partit Socialista i el Partit Popular parlaven de solidaritzar-se o demanaven solidaritat amb el ministre Borrell per haver rebut una escopinada al Congrés dels Diputats; jo el que diria és que és una autèntica vergonya que un ministri del govern espanyol menteixi descaradament sense donar cap mena de prova d’un fet, acusant un altre diputat honorable que fa la seva tasca.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente.

Buenos días. Senadores, senadoras, antes de entrar a valorar esta moción, quiero decir que la han presentado sin coste económico. Y estamos hablando de bastantes millones de euros. He consultado el Reglamento del Senado y en su artículo 175.2 dice que las mociones relacionadas con el apartado d) del artículo 174 deberán ir acompañadas de una valoración económica. Por tanto, no entiendo por qué la Mesa del Senado ha admitido a trámite esta moción. A Esquerra Republicana, cuando ha presentado algo similar, siempre le han pedido una valoración económica. Por tanto, repito, no sé por qué en este caso sí la han admitido a trámite.

Dicho esto, lo que hace el Partido Popular es salvar a sus amigos, los bancos, y no hablar de seguridad jurídica; de hecho, Esquerra Republicana considera que la inseguridad jurídica la provoca la justicia española, cuando el Tribunal Supremo falla a favor de una decisión un día, al día siguiente recibe una llamada y cambia de parecer. Por tanto, no vengan aquí hoy a vendernos seguridad jurídica porque precisamente la que genera inseguridad jurídica es la justicia española.

En el anterior turno se hablaba también de garantías para los clientes y, una vez más, insisto: ustedes no están intentando garantizar los derechos de los clientes, están intentando garantizar los derechos de los bancos, de las grandes corporaciones, de los consejos de administración, etcétera. Sí, senador del Partido Popular, el Estado funciona con llamadas. ¿Por qué cambió de decisión el Supremo? Porque recibió una llamada de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, que provocó que se revisara una decisión, cuya resolución se alargó más de un día. En fin, si para ustedes este es un funcionamiento normal del sistema judicial, para nosotros no.

No vamos a entrar en el fondo de la cuestión, pero permítame dar algunas cifras. ¿Sabe usted cuál es el beneficio neto de los bancos en el año 2017? Pues 13 900 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto tiempo habría costado pagar el impuesto sobre la base de este beneficio para todos los bancos? Menos de quince días. ¿Sabe qué hubiera costado pagar este impuesto con la retroactividad de cuatro años? Mes y medio de estos beneficios netos. Pero es que, a día de hoy, en lo que llevamos de este año, los beneficios netos de los bancos superan ya los 14 000 millones de euros. Por consiguiente, no entendemos demasiado bien qué es lo que está intentando decirnos si los bancos ya generan, de hecho, un beneficio económico, año tras año, a pesar de que ustedes les regalaron un rescate de oro. La conclusión es, pues, que el Partido Popular presenta una moción para salvar a los amigos, y no están al lado de los ciudadanos; nosotros intentamos estar al lado de la ciudadanía cada día mientras ustedes están al lado de las corporaciones.

Finalizo con lo que no he podido decir en el turno por alusiones. El Partido Socialista y el Partido Popular han pedido que nos solidaricemos con el ministro Borrell por haber recibido un escupitajo. Yo les digo que lo que no es posible es que mienta descaradamente, sin dar ninguna prueba de un hecho, acusando a otro diputado honorable que hace su trabajo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Quiero responder a algunos de los argumentos que se han puesto encima de la mesa. En primer lugar, con respecto a la inseguridad jurídica provocada por el real decreto ley del Gobierno. Como ya se ha dicho, lo que en realidad generó inseguridad jurídica fue la última sentencia del Tribunal Supremo, el cual se desdecía de lo que había dicho hace tan solo unos días por el impacto que su sentencia había tenido sobre los bancos. En nuestra opinión, el real decreto ley del Gobierno se queda a medias porque en él no se exploran las vías para aplicar la retroactividad. La semana pasada compareció aquí, en el Senado, la secretaria de Estado de Hacienda, y negó que eso fuera posible. Pues bien, ayer mismo, se publicaba que un juzgado de Málaga ha aplicado la retroactividad sobre la base del real decreto ley del Gobierno. El Partido Popular propone eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados ahora que afecta a los bancos. Hubieran tenido la posibilidad —de hecho, lo llevaban en su programa electoral— de eliminarlo durante esos años de gobierno, y no lo hicieron. Cuando recaía sobre los ciudadanos, no quisieron eliminar el impuesto, y ahora que recae sobre los bancos, sí. Eso significa que ustedes se ponen al servicio de los bancos y en contra de las y de los ciudadanos de este país y perjudican a las comunidades autónomas.

La reforma del sistema de financiación autonómica, como ya se ha dicho, se lleva aplazando desde hace años; lo ha aplazado el PSOE, que se niega a abordar la reforma durante esta legislatura, pero es que el Partido Popular lo hizo durante años. Además, no sabemos en qué quedará la reforma del sistema de financiación autonómica. Usted dice: bueno, suprimamos el impuesto sobre actos jurídicos documentados y ya se compensará en la reforma de la financiación autonómica. Pero no nos otorga ninguna seguridad que esto vaya a ser realmente así. Lo que sí que es seguro es que si se llevara a efecto lo que ustedes proponen, las comunidades autónomas tendrían muchos menos recursos para llevar a cabo sus políticas públicas esenciales en materia de sanidad, educación o vivienda. Lo que ustedes proponen en realidad, como les decía antes, sigue una senda de continuidad de lo que ya se hizo en la época del Gobierno de Aznar, que es generar incentivos fiscales directos e indirectos a la vivienda en propiedad, cuando deberíamos estar potenciando políticas públicas para reforzar el alquiler.

El Partido Popular se pone al servicio de los bancos, en contra de los intereses de las y de los ciudadanos de este país, en contra de todas aquellas familias que han pedido una hipoteca y que tienen que cargar con este impuesto injustamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Señores del PP, ya sabemos que siempre se ponen al lado de los bancos, siempre. Lo que no podíamos ni imaginar es que lo hicieran tan descaradamente como lo hacen con esta moción y tan explícitamente como vamos a ver ahora, aunque los antecedentes les delatan. Fueron los únicos en oponerse en 2014 a una proposición de ley que presentó nuestro grupo en el Congreso para regular la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios —a favor de los ciudadanos y no a favor de los bancos—; todos la apoyaron menos ustedes. Igualmente se quedaron solos rechazando numerosas iniciativas en el Congreso sobre la dación de pago, que pretendían beneficiar al ciudadano frente a la banca. Es su historia, su historia está escrita en los Diarios de Sesiones. Hasta el último momento pensé que la retirarían. En la exposición de motivos hacen un relato de toda la normativa legal que apoya este impuesto, pero se olvidan de la última, del Real Decreto-ley de 8 de noviembre.

Lo que ustedes nos piden —entiendo el marrón— son dos cosas fundamentalmente: que suprimamos el impuesto de actos jurídicos documentados ahora que lo paga la banca, desde el 9 de noviembre, y que las comunidades autónomas sean compensadas por la Administración General del Estado, por todos los ciudadanos. Pues muy bien. Eso es lo que ustedes piden en su moción. Precisamente ahora, cuando un Gobierno ha legislado para que sea la banca quien lo pague después de una sentencia polémica del Supremo, que se contradijo a sí mismo, creando la alarma social que se creó, es cuando ustedes salen en defensa de la banca, como han hecho siempre, y no se preocuparon cuando eran los ciudadanos los que lo tenían que pagar. Pero no solamente no lo hicieron, sino que ustedes, en comunidades tan poco significativas como Galicia, Castilla y León o Murcia, lo subieron al 1,5 %, cuando los ciudadanos lo pagaban. Ahora, como lo pagan los bancos, vamos a quitárselo a nuestros amigos. Hombre, hay que recordar que el anterior Gobierno del Partido Popular salió raudo a rescatar a los bancos con más de 60 000 millones de euros, de los cuales se nos dijo entonces —recuerden al señor Rajoy— que los españoles no pagarían ni un céntimo, que lo recuperarían todo. Pues no se ha recuperado casi nada, señor Martínez.

El principal argumento para defender esta moción, con el que ustedes nos quieren convencer, es que al final serán los contribuyentes los que lo paguen; que los bancos, que no son ONG, como usted ha dicho —y yo comparto—, lo repercutirán a los contribuyentes. Eso es falso, totalmente falso, y seguir pensando en eso es reaccionario, y se lo voy a demostrar. Le voy a decir por qué. Hay importantes entidades financieras que ya han dicho que no lo van a repercutir, como, por ejemplo, Bankia y otras más. Es más, al final, la competencia del mercado —parece mentira que yo le tenga que hablar del mercado— será la que regulará los precios de las hipotecas. No hay forma de controlar la competencia, pero hay un órgano regulador actualmente en vigor que puede hacerlo y hay otro que se va a crear de forma inmediata específicamente para controlar que no haya abusos en el incumplimiento del real decreto por las entidades financieras.

Señor Martínez, el artículo 101 del Tratado de Lisboa regulaba que no se podían llegar a pactos en contra de la competencia, en contra de los clientes. Afortunadamente, los consumidores cada vez tienen más poder, las organizaciones cada vez pintan más. Por lo tanto, es una falsedad que, al final, sean los contribuyentes quienes lo paguen, como ya se demostró anteriormente.

Hablan siempre de que su máxima es bajar los impuestos, pero cuando están en la oposición, porque cuando gobiernan, los suben más del 60 %. Pero, señorías, de lo que estamos hablando al final es del modelo de sociedad, del modelo fiscal que queremos. El modelo fiscal del Partido Popular es el que hasta ahora han demostrado: el 38 %. España es el cuarto país por la cola que menos gasto social tiene. Además, nosotros queremos estar con Alemania, con Italia, con Francia, con Portugal, y ustedes nos quieren poner con Bulgaria, con Rumanía, y peor será cuando puedan hacer lo que el otro día decía el señor Casado en Helsinki, cuando supriman los impuestos —todos estos: actos jurídicos, donaciones, sucesiones— y bajen el IRPF y el de sociedades. ¿Alguien da más? Con eso no seríamos el cuarto país por la cola en gasto público de Europa, con eso nos pondríamos sencillamente los últimos, en la cola del Estado del bienestar de los países de nuestro entorno. A eso quieren llevarnos y nosotros nos oponemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, escuchando a los portavoces de la izquierda, la radical y la que se está radicalizando, llegamos a la conclusión de que ustedes realmente toman a los españoles por necios. Eso es lo que les pasa a ustedes, tienen la habilidad de dar a entender que están resolviendo un problema adoptando una medida. Dicen ustedes que los impuestos sobre las hipotecas los va a pagar la banca, y nosotros les decimos que están haciendo trampas. ¡Es lo que están haciendo, trampas! (Aplausos). Ustedes pretenden que nos creamos que en un libre mercado como el actual la banca va a perder sin rechistar más de 1000 millones de euros al año sin repercutir, a través de comisiones, del tipo de interés o de otros subproductos financieros, en el cliente esos 1000 millones de euros.

Desconocía el dato, lo ha dado el señor Martínez, la banca tiene unos ingresos, unos beneficios netos de 13 000 millones, es decir, que aproximadamente ustedes le están pidiendo a la banca que renuncie a en torno a un 15 % anual de beneficio porque ustedes lo digan, señor Vázquez, porque ustedes lo digan.

Señorías de Podemos y del PSOE, dicen que no se podría afrontar o que supondría un grave problema para las comunidades autónomas esta pérdida de recaudación. Lo he dicho antes, ustedes van a tener, en el Gobierno del señor Sánchez, en torno a 20 000 millones de mayor recaudación en el ejercicio 2019. Con esos 20 000 millones de mayor recaudación ¿no son ustedes capaces de afrontar una reforma del sistema de financiación de comunidades autónomas y de poder compensar a las comunidades autónomas por esa pérdida de recursos? Yo estoy convencido de que sí, de que, aunque no quieran, lo pueden hacer.

Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, ustedes lo fían todo a dos cuestiones. Una, a la autoridad de defensa del cliente hipotecario, una institución que procuró crear el Gobierno del Partido Popular en noviembre del 2017, que tenía que estar ya creada en julio de 2018 y que la dejadez del Gobierno del señor Sánchez no ha permitido que se haya creado todavía. ¿Y a ese instrumento es al que ustedes aluden para proteger a los clientes? En segundo lugar, a la buena fe de los bancos —a la buena fe de los bancos dijo el otro día el señor Sánchez—, a que no implementen cláusulas abusivas. ¿Eso qué significa? Que los 300 000 hipotecados anuales que hay en este país se van a tener que ir otra vez a los tribunales para demostrar que ha habido una cláusula abusiva, que la ha implementado el banco, para recuperar el impuesto que ustedes le han hecho pagar forzosamente.

Señorías, otra cuestión, en este caso al señor Martínez y también al Partido Socialista: no estamos dispuestos a atender consejos del Partido Socialista en materia de política social y de acceso a la vivienda. Señorías, si en España hubo miles de españoles que dejaron de pagar la hipoteca, fue fundamentalmente porque perdieron su puesto de trabajo, y si perdieron su puesto de trabajo fue fundamentalmente por las ineficaces políticas del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero (Aplausos). Esa es la realidad. Pero es que además, vienen a inventar la rueda, se inventan un Plan estatal de vivienda y de acceso al alquiler. El otro día el señor Ábalos, casualmente, en dos ciudades andaluzas —casualmente porque hay elecciones— y en otras tres capitales de provincia, promete crear un parque de viviendas. Eso ya existe, lo creó el señor Rajoy, se llama el Fondo social de la vivienda, y lo creo en el año 2012 (Aplausos). El vigente Plan estatal de acceso a la vivienda, el que están ustedes implementando pero que planificó el Gobierno del Partido Popular, ya contempla importantes incentivos y regímenes de ayuda para el alquiler a personas y colectivos con especial dificultad. Y también fue el Gobierno de Rajoy el que estableció el Código de buenas prácticas y la moratoria en las ejecuciones hipotecarias para paliar el problema de los desahucios.

Señorías del PSOE y de la izquierda más radical, su último ingenioso discurso es que nosotros hemos hecho esto para defender a la banca; una nueva falacia. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró una proposición de ley pidiendo la supresión del impuesto antes de que ustedes tuvieran la ocurrencia en ese Consejo de Ministros de hace dos semanas de intentar imputárselo a la banca. Luego nosotros, antes de que ustedes hubieran decidido que fuera la banca la que lo pagara, ya habíamos propuesto y registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para su supresión. Y yo les pregunto: cuando el Tribunal Supremo empezó a fallar la devolución de cantidades por las cláusulas suelo, ¿el Partido Popular se opuso en algún momento o apoyó legítimamente la reivindicación de los ciudadanos? Cuando el Tribunal Supremo empezó a fallar que los gastos de notaría y de registro también los tenían que pagar las entidades financieras, ¿hubo algún posicionamiento del Gobierno de la nación intentando evitar que eso pudiera ocurrir, o se posicionó a favor de los clientes de las hipotecas y en contra de los bancos?

Y yo le pregunto: ¿Ha habido algún otro Gobierno en la democracia que haya establecido más requisitos y más regulación para el sector financiero que los gobiernos del señor Rajoy? Ninguno, señor Vázquez. Pero ustedes siguen con la falacia y con el mantra de que lo hacemos para apoyar a los bancos.

Y quiero hacerle un último comentario. ¿Sabe quién fue la persona que más celebró la resolución del Tribunal Supremo por la que se establecía que la hipoteca tendría que pagarla el cliente y no la banca? El señor Pedro Sánchez, no le quepa la menor duda. Respiró aliviado, sabiendo que no iban a tener que devolver 5000 millones de euros a los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Porque esa era la cuestión.

Termino, señor presidente.

Señores del PSOE, serénense, reflexionen, no gobiernen según las mareas. Si realmente quieren aportar seguridad jurídica, si realmente quieren que los ciudadanos no paguen impuestos, si realmente quieren que los ciudadanos accedan a una nueva vivienda, acepten nuestra propuesta.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Supriman el impuesto para las hipotecas. En la voluntad de Pedro Sánchez está la solución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 141; en contra, 88; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A VOLVER A ESTABLECER EL CONTROL FINANCIERO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA CON LAS MEDIDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS. 662/000137 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se le han presentado seis enmiendas: cinco del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Rudi, cuando haya silencio en el hemiciclo.

Señorías, guarden silencio y abandonen el hemiciclo en silencio. Señoría, espere un momento.

Por favor, abandonen el hemiciclo en silencio y con rapidez.

Cuando quiera.

La señora RUDI ÚBEDA: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, a través de la moción que trae esta mañana a esta sesión de Pleno del Senado, quiere instar al Gobierno de España para que recupere el nivel de control sobre los recursos financieros de la Generalitat de Cataluña existente desde septiembre de 2017 a través de la Orden de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos número 878/2017, de dicha fecha. Esa orden, que entró en vigor tras los sucesivos incumplimientos del Gobierno de la comunidad de Cataluña de los requisitos a los que estaba obligada tras haber accedido al sistema de liquidez especial, la terminó aprobando el Gobierno del señor Rajoy en septiembre de 2017. Posteriormente, con la aprobación de esta Cámara de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, esa orden decayó y después, una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Gobierno catalán, fue la nueva ministra portavoz del Gobierno Sánchez quien, en su primera comparecencia pública, aclaró que se levantaba la supervisión del Gobierno de España de las finanzas del Gobierno catalán como gesto de normalización política con la confianza de que funcionara bien. Estas son palabras textuales de la ministra portavoz. Posteriormente, en esta misma Cámara, en la Comisión de Hacienda, la ministra de Hacienda, en su comparecencia del 4 de octubre, a preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, respondió que seguía existiendo ese control a las cuentas de la Generalitat catalana. Sin embargo, el control que sí estaba en vigor era el que se implantó en noviembre de 2015. La señora Montero dijo: «El control reforzado sobre las cuentas de la Generalitat sigue vigente; el acuerdo de 2015 sigue vigente.» En aquellos momentos, ni la ministra portavoz ni la ministra de Hacienda hicieron diferencia entre lo que supone el control de noviembre de 2015 y el control de la Orden, que hoy pedimos aquí que se reinstaure, de 15 de septiembre de 2017.

Por hacerlo de manera breve y no aburrir a sus señorías, por cuanto son términos muy técnicos, les diré que, a través de la implantación de la Orden de noviembre de 2015, que hoy sigue vigente, el Gobierno de España puede realizar el pago directo con cargo al Fondo de liquidez autonómico, el FLA, de los créditos correspondientes a los servicios públicos definidos como fundamentales en el anexo primero de esa misma orden —por resumirlo, les diré que son sanidad, educación y gastos sociales— y tiene un control a posteriori del resto de la gestión de los créditos que son financiados con el Sistema general de financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, con la orden que estamos reclamando hoy aquí que se implante de nuevo, se conseguiría lo que ya tuvo el Gobierno del señor Rajoy a partir de septiembre de 2017 y es que exista un control previo sobre todos los pagos realizados por el Gobierno catalán siempre que vayan con cargo al Fondo de liquidez autonómico o a los pagos a cuenta del Sistema general de financiación de las comunidades autónomas; es decir, la diferencia es sensible. El Gobierno del señor Sánchez, con el sistema que tiene en estos momentos, solo puede controlar el pago que se realiza con recursos provenientes del FLA y tiene información a posteriori del destino del resto de los pagos, que es lo importante, sin embargo, con lo que nosotros estamos planteando, el Gobierno volvería a recuperar el control de los créditos de la Generalidad de Cataluña, siempre que sean financiados bien con tributos cedidos del Estado, bien por acceso al Fondo de liquidez autonómica.

Puede que, en estos momentos, algunas de sus señorías se estén planteando por qué el Grupo Parlamentario Popular cree que es necesario recuperar los niveles de control. Creo que está muy claro. En primer lugar, tras la formación del nuevo Gobierno catalán, con el presidente Torra a la cabeza, sus primeras declaraciones fueron que querían mantener sus objetivos de conseguir la independencia por vías ilegales, por cuanto en España no está contemplado en la Constitución, en ningún caso, ese acceso. Además, a lo largo de estos ya cinco meses de legislatura del Gobierno Sánchez, hemos podido comprobar cómo los recursos de la Generalitat de Cataluña, que son a los únicos a los que me estoy refiriendo, provenientes bien del FLA o bien de la participación de los tributos del Estado, se están dedicando a financiar objetivos que nada tienen que ver con las competencias que el Estatuto de Autonomía concede a la Comunidad Autónoma de Cataluña y exige su cumplimiento a su Gobierno. Por poner un ejemplo, ayer mismo comparecía el consejero Maragall para decir que antes de final de este año 2018, es decir, en un mes, la Generalitat pretende tener abiertas 12 nuevas oficinas, 12 nuevas embajadas —dicho entre comillas—, no solo en países europeos, sino que está hablando de países del Mediterráneo, para seguir posteriormente, en el año 2019, con la apertura de las mal llamadas embajadas en Oriente. Pero es que, además, señorías, creo que son muchos los españoles a los que se les despierta la curiosidad de saber con cargo a qué partida se están financiando los gastos de los viajes en avión del señor Torra para ver al señor Puigdemont, al que no sé qué calificativo puedo aplicar. No sé si es el augur del señor Torra, no sé si es el superior jerárquico del partido al que tiene que dar cuentas ni sé en función de qué tipo de representatividad del señor Puigdemont en estos momentos tienen que acudir en peregrinación los miembros del Gobierno catalán a despachar con él. Pues bien, indudablemente esos son gastos que no están comprendidos entre los que el Estatuto de Autonomía de Cataluña considera como servicios que debe prestar el Gobierno catalán.

Pero es que, además, hay otro problema, y es que me atrevería a decir que la deuda pública de Cataluña, utilizando un término que se ha usado mucho en este tiempo atrás, y ahora, que se está hablando mucho de los bancos, es una deuda sistémica para el resto de las comunidades autónomas. (Protestas). Y es una deuda sistémica por dos cuestiones que les voy a explicar muy claramente. La Comunidad de Cataluña tiene una deuda total de algo más de 78 000 millones de euros. De esa deuda total con el Estado, es decir, con todos los españoles, la Generalitat de Cataluña mantiene una deuda de más de 57 000 millones, por ser exactos, de 57 119 millones. Es decir que casi el 72 % de la deuda de Cataluña, esa que han generado los gobiernos del tripartito y sobre todo los gobiernos independentistas, se les debe a todos los españoles. (Protestas.) Por eso, señorías —y no se alboroten—, la deuda de la comunidad catalana es sistémica para el resto de las comunidades autónomas españolas. (Aplausos).

Pero es que, ítem más, señorías, la Comunidad Autónoma de Cataluña accedió en el año 2012 al FLA, a los sistemas especiales de liquidez que puso en marcha el Gobierno del señor Rajoy, y no accedió por gusto propio, accedió porque tenía cerrados los mercados, accedió porque no podía financiar ni la sanidad, ni la educación, ni los gastos sociales, accedió porque, si no acude el Estado en su auxilio, hubiera tenido que cerrar las oficinas y clausurar los servicios que tiene que prestar a los ciudadanos catalanes. Y de toda esa cantidad —solamente dos cifras para que entiendan por qué hablo de riesgo sistémico—, el Estado ha aportado desde el año 2012 hasta el año 2017 al conjunto de las comunidades autónomas por los mecanismos de liquidez 189 000 millones, y de esos 189 000 millones repartidos entre todas las comunidades, el 32 %, es decir, 61 000 millones, lo ha disfrutado la Comunidad Autónoma de Cataluña. Indudablemente eso no es proporcional ni a su población ni a su peso en el conjunto de España. Por tanto, señores representantes de los partidos que sostienen al Gobierno catalán, a los que en este momento he visto inquietos en sus escaños, creo que mis argumentos para decir que la deuda de Cataluña con el Estado, es decir, con todos los españoles, es sistémica tienen buen fundamento.

Pero, además, señorías, el Gobierno de la Generalitat recurrió esta Orden del año 2017 y hace escasamente unos días, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre el recurso planteado por la Generalitat, una sentencia que también ha sido argumentada en el escrito de la Abogacía del Estado en el proceso que se está sustentando ante los tribunales. Y según dicha sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de España está legitimado para controlar a través de la norma de 2017 las finanzas de la Generalitat catalana por cuanto esta se está nutriendo de los fondos de liquidez establecidos en el año 2012. Por lo tanto, señorías, señores socialistas, puesto que la moción lo que pide es instar al Gobierno de España, tengan en cuenta estos argumentos. La situación no es la misma que la de primeros de junio de este año. Respecto al beneficio de la duda que la ministra portavoz argumentaba diciendo que tenía confianza en que funcionaria bien, creo que se ha demostrado sobradamente que esto no está funcionando y que los recursos dedicados a financiar la Generalitat de Cataluña nos afectan a todos los españoles.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RUDI ÚBEDA: Termino, señor presidente.

Sobre todo son recursos que no se están dedicando a las competencias que el estatuto de autonomía confiere a los gobernantes catalanes, sino que se están dedicando algunos de ellos a acciones ilegales, como es defender la independencia de España en los foros internacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rudi.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.

Este ha estat un Ple de grandes éxitos: Veneçuela, Catalunya, la unidad de España, la defensa del castellano, els grans temes recurrents per a la dreta, com si no tinguérem més problemes en l’Estat espanyol. Milions d’espanyols, milions, viuen en el llindar de la pobresa, milions de xiquets, un de cada tres, en l’Estat espanyol, viu en llindar de la pobresa. La pobresa energètica assotarà este hivern a milers de famílies. Milions de ciutadans de l’Estat espanyol són considerats com a treballadors pobres, que no és que no saben com arribaran a finals de mes, és que no saben ni com el començaran. I vostès, a tot açò la resposta sempre és Catalunya, Catalunya, Catalunya. Han buscat vostès mai cap solució política a Catalunya? Doncs efectivament no perquè mentre alimenten la crispació, la divisió, el distanciament, la bronca, no es parla ni dels problemes de la gent, ni dels problemes del Partit Popular. El Senat esta setmana ha sigut el focus mediàtic no per mèrits propis, sinó per demèrits d’algun portaveu parlamentari. I la gent, segurament, estarà escoltant a vore quines respostes donem per a dissipar els dubtes que s’han pogut generar i la resposta sempre ha sigut Catalunya.

Parlem de les gravacions de Villarejo? La resposta, Catalunya. Parlem que se destinaron 90 agentes para espiar a Bárcenas y rescatar documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas o Cospedal? La resposta, Catalunya. Parlem que los papeles de Kitchen tienen pruebas de la caja B del Partit Popular en toda España. La resposta, Catalunya. Parlem que controlando la Sala Segunda, desde detrás, via whatsapp, donar explicacions, la resposta és Catalunya. Parlem que se coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer. La resposta sempre ha sigut Catalunya.

Per tant, a vostès els va molt bé que continue sense haver cap tipus de solució, perquè vostès de solucions no n’aporten ni una. Nosaltres, a esta moció oportunista, com sempre, del Partit Popular, hem presentat esmenes. Estes esmenes sí que les han deixat passar pel filtre de la Mesa controlada via whatsapp també, imaginem, per darrere i els demanem com a esmena, que deixen d’utilitzar el territoris per confrontar. Ahir vam vore com utilitzen els territoris per a crear confrontació, ho vam vore quan parlaven vostès de la Rioja, de Navarra o quan parlen ara de Catalunya. Els demanem que aposten per desbloquejar la situació de crisi política que existix. Òbviament sabem que vostès busquen justament el contrari. Els demanem que apliquen l’article 156 de la Constitució. Si són tan constitucionalistes, no únicament se’n recorden d’aquells que els interessen, el 156 recorda que totes les comunitats autònomes han de tindre garantida l’autonomia financera per a desenvolupar les tasques que tenen conferides. A vostès això els dóna absolutament igual. De fet han sigut, quan han estat governant, incomplidors sistemàtics d’este article de la Constitució com d’altres. Els demanem, també, que impulsen una reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes per al maltractament que tenen algunes de les comunitats autònomes. Òbviament a vostès això els dóna absolutament igual. Demanem que impulsen i ajuden al Govern perquè es coopere i coordine en les polítiques d’eficiència en l’Administració. També els dóna absolutament igual.

Demanem que pensen en totes les comunitats autònomes i no únicament en aquelles que pensen que els puguen donar rèdit electoral. Òbviament avui no hi ha hagut cap senador del Partit Popular de Catalunya que haja pogut eixir a defensar esta postura perquè no en tenen cap. Els dóna igual perdre Catalunya mentre vostès fan una competició a veure qui és més refatxa per a vore i intentar ocupar tot l’espectre de la dreta política en Espanya. La política, les institucions polítiques haurien d’estar per a solucionar els problemes de la gent. En teoria, ens paguen ací per a treballar per a buscar solucions. Ací alguns, malauradament, en mocions com estes empren la política per a perpetuar-se en el poder, siga com siga, igual que empren els gürtels, igual que empren les institucions de manera partidista com hem vist estes setmanes. Pot haver solució al problema polític de Catalunya? Òbviament, tot té solució en esta vida mentre siga vida. Busca el PP una solució política a Catalunya? Òbviament no, el que busca és soroll, embolic, crispació, divisió i polarització. Ací estem veient estupefactes una carrera a vore qui va més a la dreta, l’extremadreta i a la crispació i aixina no se soluciona res. Per tant, imagine que continuaran utilitzant el tema de Catalunya perquè no es parlen de les seues misèries internes. És trist però és la veritat.

Gracias, señor presidente.

Este ha sido un Pleno de grandes éxitos: Venezuela, Cataluña, la unidad de España, la defensa del castellano, los grandes temas recurrentes para la derecha, como si no tuviéramos otros problemas en el Estado español. Miles de españoles, miles, viven en el umbral de la pobreza, miles de niños, uno de cada tres, en el Estado español vive en el umbral de la pobreza. La pobreza energética azotará este invierno a miles de familias. Millones de ciudadanos del Estado español son considerados como trabajadores pobres y no es que no sepan cómo llegar a final de mes, sino que no saben ni cómo empezarlo, y la respuesta de ustedes a todo esto siempre es Cataluña, Cataluña y Cataluña. ¿Han buscado alguna vez una solución política en Cataluña? Efectivamente no, porque mientras alimentan la crispación, la división, el distanciamiento y la bronca no se habla ni de los problemas de la gente ni de los problemas del Partido Popular.

El Senado esta semana ha sido el foco mediático, y no por méritos propios, sino por deméritos de algún portavoz parlamentario, y la gente seguramente estará escuchando a ver qué respuestas damos para disipar las dudas que se han podido generar, pero la respuesta siempre ha sido Cataluña. Si hablamos de las grabaciones de Villarejo, la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que se destinan noventa agentes para espiar a Bárcenas y rescatar documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas y Cospedal, la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que los papeles de Kitchen tienen pruebas de la caja B del Partido Popular de toda España, la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que se controla la Sala Segunda desde detrás, vía wasap, la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que se coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer, la respuesta siempre ha sido Cataluña.

Por tanto, a ustedes les va muy bien que continúe sin haber ningún tipo de solución, porque ustedes soluciones no aportan ni una. Nosotros a esta moción oportunista, como siempre, del Grupo Popular, hemos presentado enmiendas que han pasado el filtro de la Mesa, que imaginamos que también controlan vía wasap. Les pedimos, con la enmienda, que dejen de usar los territorios para confrontar. Ayer vimos cómo utilizaron los territorios para crear confrontación cuando hablaban de La Rioja, de Navarra o cuando hablan ahora de Cataluña. Les pedimos que apuesten por desbloquear la situación de crisis política que existe. Sabemos que buscan lo contario. Les pedimos que apliquen el artículo 156 de la Constitución; si son tan constitucionalistas no se acuerden solo de lo que les interesa. El 156 recuerda que todas las comunidades autónomas tienen que tener garantizada la autonomía financiera para desarrollar sus competencias, y a ustedes eso les da igual. Cuando han gobernado han sido incumplidores sistemáticos de este artículo de la Constitución. Les pedimos también que impulsen una reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas para acabar con el maltrato que se da a algunas comunidades, pero a ustedes les da exactamente igual. Pedimos que impulsen y ayuden al Gobierno a que coopere y coordine políticas de eficiencia en la Administración y también les da absolutamente igual.

Asimismo, pedimos que piensen en todas las comunidades autónomas y no únicamente en las que crean que les pueden dar crédito electoral. Hoy aquí no ha habido ningún senador del Partido Popular de Cataluña que haya podido salir a defender esta postura, porque no tiene ninguna. Les da igual perder Cataluña, porque hacen una competición a ver quién es más facha para ocupar todo el espectro de la derecha política de España. La política y las instituciones tendrían que estar para solucionar los problemas de la gente. En teoría, nos pagan para trabajar, para buscar soluciones. Aquí, algunos, desgraciadamente, con mociones como esta, utilizan la política para perpetuarse en el poder, sea como sea, igual que utilizan la Gürtel y la instituciones de manera partidista, como hemos visto estas semanas. ¿Puede haber solución al problema político de Cataluña? Obviamente, todo tiene solución en esa vida mientras sea vida. ¿Busca el PP una solución política en Cataluña? Obviamente, no. Lo que busca es ruido, lío, crispación, división y polarización. Aquí vemos estupefactos una carrera para ver quién va más a la derecha, a la extrema derecha y a la crispación y así no se soluciona nada. Por tanto, imagino que continuarán utilizando el tema de Cataluña para que no se hable de sus miserias internas. Es triste, pero es la verdad. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Sí, señor presidente.

Señorías, intervengo para argumentar la presentación de la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. El reconocimiento constitucional de nuestro modelo territorial, como ustedes saben, previsto en el artículo 156 de la Constitución, prevé que las comunidades autónomas dispongan de autonomía financiera para el desarrollo y la ejecución de sus competencias, obviamente, en un marco de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Por otra parte, el artículo 135 de la Constitución dispone que todas las administraciones públicas deben adecuar sus actuaciones al principio, como ustedes saben, de estabilidad presupuestaria. El Tribunal Constitucional, además, ha venido señalando reiteradamente desde el año 2011 que este principio constituye ciertamente un límite constitucional a la autonomía financiera.

Señorías, las dificultades de acceso a la financiación por parte de las comunidades autónomas por el cierre de los mercados comportó la creación del FLA que todos conocemos. El FLA prevé un sistema de control reforzado en el caso de que concurran una serie de circunstancias, tales como el incumplimiento del objetivo de estabilidad, del periodo medio de pago a proveedores o del suministro de información. Dicho sistema determina obligaciones adicionales de suministro de información y posibilita, además, la retención del tramo segundo del sistema de financiación. En aplicación de tales preceptos, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó un conjunto de medidas para garantizar el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, por medio de acuerdos del 20 de noviembre de 2015 y de 15 de septiembre de 2017. Adicionalmente, tras la publicación del acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprobaron las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, la comisión delegada adoptó un nuevo acuerdo el 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptaron medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en Cataluña, en ejecución de la mencionada resolución del Senado.

De todos estos mecanismos, tan solo resulta aplicable en las circunstancias actuales el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 2015, en relación con un control específico adicional, digo adicional al margen del que tienen todas las comunidades que están adheridas al FLA. Según este acuerdo, la Generalitat de Cataluña viene obligada a remitir, por ejemplo, la información correspondiente a las facturas presentadas; viene obligada a remitir un certificado mensual relativo a toda la información económico financiera relativa a sus recursos comprometidos respecto del total de los presupuestados, acompañado de otro certificado relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en el presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y total de los pagos efectuados, que incluirá, además, la constancia de la persona titular de la Intervención General de la Generalitat, en el que se manifieste que no se han destinado gastos a actividades ilegales.

Lo digo porque parece que esto ustedes lo han olvidado. Además, este control específico prevé que la interventora general debe certificar el importe de los créditos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los gastos y total de pagos efectuados, así como que estos no contravienen el ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, señorías, el Gobierno sigue manteniendo estas medidas de control establecidas en el mencionado acuerdo de la comisión delegada del 20 de noviembre del 2015. Lo que no puede hacer el Gobierno es mantener la Orden Ministerial del 15 de septiembre del 2017 del señor Montoro, por la sencilla razón de que esta fue derogada por otra orden ministerial del propio señor Montoro el 22 de diciembre.

Señorías, ustedes intentan trasladar la sensación de que, respecto a las tutelas que legalmente tiene atribuidas el Estado sobre las finanzas de las comunidades autónomas y, de manera muy particular, de Cataluña, estos controles no existen. ¿Acaso cree usted que, desde el momento en que se derogó esta orden ministerial que ustedes plantean recuperar, no ha existido ese control? Esos controles han existido. En estos momentos, la Generalitat de Cataluña tiene los controles que acabo de explicar, que son los que prevén las disposiciones vigentes, por cierto, adoptadas por el Gobierno del PP. El Gobierno actual no las ha cambiado ni ha añadido ni ha eliminado ninguna, ni ha levantado nada que no previeran normas que habían aprobado precisamente esta Cámara y el Gobierno del Partido Popular. De ahí precisamente la enmienda de sustitución que formulamos a su propuesta, que pensamos que, además, contraviene de una manera muy clara el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Usted seguramente no ha leído toda la sentencia, a la que hacía alusión, del Tribunal Supremo del mes pasado.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.

Sobre eso ya volveré.

Por una vez y sin que sirva de precedente, no queremos enmendar la plana al señor Montoro. Ustedes parece que sí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Montilla.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra la senadora Rudi.

La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, explicaré el criterio que vamos a mantener con respecto a las cinco enmiendas que presenta el senador Mulet. La primera, indudablemente, no tiene ningún sentido por cuanto cambia total y absolutamente el planteamiento de nuestro texto y la segunda, lo mismo. Con respecto a la tercera, cuarta y quinta, en las que habla de financiación autonómica, no es este el momento para hablar de ello, pero, señor Mulet, presente usted una moción en la cual plantee la necesidad de revisar la financiación autonómica y esté seguro de que podremos dialogar y llegar a un acuerdo.

Y con respecto a su intervención, permítame que ni se la conteste, señor Mulet. Me sería muy sencillo. Me sería tan sencillo como decir que, cada vez que usted no sabe de qué hablar, habla de corrupción. Me sería tan sencillo como decir que, cada vez que usted no tiene argumentos, habla de crispación. Me sería tan sencillo como decir que, cuando usted no encuentra un insulto que dedicar a la bancada del Partido Popular, habla de crispación. Queda contestado, señor Mulet. (Aplausos).

Senador Montilla, no sé si ha podido escuchar mi intervención. Yo en ningún caso, señor Montilla, he dicho que no hubiera control. He recordado que el control que sigue vigente es el de noviembre del 2015. He recordado taxativamente que nosotros lo que estamos pidiendo es la recuperación del control de septiembre del 2017, porque, efectivamente, decayó a partir del 155 y de la finalización del proceso del 155. Pero, señor Montilla, lo que nosotros hemos dicho y lo que yo he dicho en esta tribuna —y lo dice el texto de la moción— es que, en estos cinco meses, desde que la ministra portavoz dijo que se levantaban los controles en aras de una normalización política, la normalización política en Cataluña no ha llegado. No sé si a los ojos del PSC ha llegado. Yo le puedo asegurar que, a los ojos de los miembros del Partido Popular, a los ojos de millones de españoles, la normalización política a Cataluña no ha llegado.

Y lo que nos preocupa es que el dinero que proviene de los recursos del Estado, bien del FLA, bien de la participación en los tributos del Estado, se esté volviendo a utilizar en cuestiones que —como usted bien conoce, porque ha sido presidente de comunidad, lo mismo que quien le habla— no están previstas en las competencias de los estatutos de autonomía. ¡Por supuesto que las comunidades autónomas tienen autonomía financiera! ¡Por supuesto que no puede haber autonomía política si no hay autonomía financiera!, pero, al mismo tiempo, existe una cosa que se llama lealtad institucional, que se ha venido respetando en España a lo largo de muchos años. Y hace ya mucho tiempo que la Comunidad Autónoma de Cataluña no respeta, ¡en absoluto!, la lealtad institucional entre el Gobierno de España, el Parlamento de España y las instituciones catalanas. Y precisamente para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó a finales de 2017, creemos llegado el momento de que el Gobierno de España retome la Orden 878, de septiembre de 2017, con una redacción semejante o parecida, para intensificar los controles en la forma de gastar los recursos que son de todos los españoles y que gestiona la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rudi.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.

Creo que, a veces, cuando hablamos de Cataluña —de mi tierra— existen dos mundos diferentes o dos visiones diferentes de un mismo mundo.

Nosotros vamos a votar a favor de la moción, ya lo adelanto, porque la situación que se está viviendo en mi tierra, Cataluña, no ha variado nada, ni antes ni después de la aplicación del artículo 155. La Generalitat necesita ese control porque está gastando nuevamente dinero en actividades absolutamente ilícitas. No digo ilegales, digo ilícitas. Está pagando facturas atrasadas, correspondientes al referéndum del 1 de octubre —que era ilegal— y lo está haciendo ahora. Está pagando nuevamente la reapertura de delegaciones que fueron cerradas, para lo que, evidentemente, no tiene competencia.

Senador Montilla, usted conoce perfectamente lo que está pasando en su tierra y en la mía. Es evidente que existe un control, el del año 2015, pero no es suficiente. Cuando una parte no respeta las reglas del juego —como está pasando actualmente con la Generalitat de Cataluña—, hay que tomar medidas excepcionales.

El Gobierno de Sánchez ha querido hacer una apuesta por el diálogo, no lo niego, pero, a todas luces, cuando entre dos solamente uno quiere hablar y el otro quiere imponer, no existe el diálogo. El Gobierno de Sánchez ha hecho continuas y reiteradas concesiones a los separatistas, a aquellos que perpetraron un golpe de Estado a la democracia en los meses de septiembre y octubre del año 2017, y no podemos permitir, no debemos permitir, no deben ustedes permitir que sus pactos comprometan y pongan en riesgo de nuevo la democracia en España, nuestro Estado de derecho y la convivencia pacífica.

Todos sabemos que el señor Sánchez sigue en la Moncloa gracias a las continuas concesiones que antes les comentaba. Por favor, ese es un precio excesivamente caro para los catalanes que nos sentimos españoles y a quienes nos tiene completamente abandonados el actual Gobierno de España.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Alegre.

Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor president.

M’agradaria saber, sense Catalunya el Partit Popular que faria? Perquè fan campanya a Andalusia sobre Catalunya i aquí al Senat, dia sí, dia també, mocions contra Catalunya. I n’estem farts. Parlo per educació, però també els he de dir per el seu desànim que la intervenció de la senyora Rudi encara m’ha fet més independentista del què sóc. Per tant, cada dia més per la independència de Catalunya, i si vol normalitat per Catalunya, la tindran, quan siguem independents, una nació amb un Estat propi. És la normalitat que necessita Catalunya i que tindrem ben aviat. Perquè escoltar-la a vostè, amb aquesta obsessió contra Catalunya, és la veritat, cansino, perquè parla de recursos provinientes del Estado, vostè sap els números de Catalunya reals? Si volem la independència, nosaltres no patim per cap deute. Els que pateixen són vostès, perquè se’ls en va el patrocinador, Espanya sense patrocinador! Això sí que els preocupa, aquest és el problema, perquè fins i tot el senyor Montoro, que, que jo sàpiga, encara és del seu partit, va dir que a Catalunya tenim un dèficit fiscal de 16 000 milions d’euros anuals. I fins i tot quan la Generalitat, amb el 155, que vostès, amb el PSOE i Ciudadanos van tirar endavant, resulta que també eren més de 16 000 milions d’euros. Això vol dir que cada dia surt de Catalunya un AVE amb 41 milions d’euros que se’ls queda Espanya i no tornen a Catalunya. Aquesta és la realitat, els sap greu, però és així, per tant, patrocinadors d’Espanya, a sobre, i no sortim a la publicitat, perquè quan vaig per aquests mons d’Espanya no veig «carretera patrocinada per Catalunya», poder hi ha d’anar pensant en això.

També els vull recordar que vostès viuen políticament contra Catalunya, perquè sembla com si els diners són d’Espanya, no perdoni, els diners són de qui paga els impostos, que som els catalans i els aragonesos, però els nostres són els nostres (rumors). Jo parlo com vull, senyor, amb educació, això sí. I per tant, nosaltres, els diners que tenim no ens els dona el FLA, els diners que tenim no ens els dona no sé qui, els diners són dels catalans, com els dels aragonesos són dels aragonesos, però nosaltres hi ha 16 000 milions que cada any se’n van i no tornen, els hi recordo.

Escoltar el senyor Montilla en nom del PSC-PSOE, justificant que no han tocat res del senyor Montoro, també m’emociona, la veritat, esperava més. Vostès diuen: quan teníem l’acord de setembre del 2017, així sí que controlàvem bé, vostè ho diu, que el senyor Montoro controlava bé amb els dos acords, el primer del novembre del 2015 i el del setembre del 2017. Doncs facin cas al senyor Montoro, que no li fan cas. Va dir que no ens havíem gastat ni un sol euro públic amb el Referèndum de l’1 d’octubre. I vostès segueixen parlant de malversació, aleshores de què serveix el control de l’Estat, si quan el ministre d’Hisenda diu que no s’ha gastat ni un sol euro amb aquest tema, vostès segueixen dient que hi ha hagut malversació? Per què volen el control econòmic? per humiliar a Catalunya, per sotmetre a Catalunya, diguin la veritat, sotmetre a una nació, això és el que vostès volen, i n’



estem farts, n’estem farts de vostès. I per això volem marxar, vostès, per la cara que posen, estan farts de nosaltres, nosaltres de vostès, doncs siguem bons veïns, i així ens entendrem millor. El senyor Montoro ho va dir molt clar, ni 1 euro per l’1 d’octubre.

Vostès parlen de la lealtad a España, i quina lleialtat ha tingut Espanya amb Catalunya? Quina lleialtat, quan sempre ens ha girat l’esquena. Ni tant sols han volgut respectar la nostre llengua ni la nostre cultura, que l’han perseguit, aquesta és l’estima d’Espanya per Catalunya? Per tant, jo els demano, deixin aquesta obsessió malaltissa política cap a Catalunya. Tinguin un projecte per a Espanya, que no el tenen, perquè mentre parlen de Catalunya no parlen dels seus problemes i no parlen de cap projecte per Espanya. Estan tant avorrits de vostès mateixos que només tenen Catalunya per distreure’s.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría saber qué haría sin Cataluña el Partido Popular, porque hacen campaña en Andalucía sobre Cataluña y aquí en el Senado, día sí, día también, mociones contra Cataluña, y estamos hartos. Hablo con educación, pero también he de decirles, para su desánimo, que la intervención de la señora Rudi todavía me ha convertido en más independentista de lo que soy. Por tanto, cada día más por la independencia de Cataluña. Si quieren normalidad para Cataluña, la tendrán cuando seamos independientes, una nación con un Estado propio. Esta es la normalidad que necesita Cataluña y que tendremos muy pronto. Escucharla a usted, con esta obsesión contra Cataluña es verdaderamente cansino, porque habla de recursos provenientes del Estado. ¿Usted sabe los números reales de Cataluña? Si queremos la independencia, nosotros no sufrimos por ninguna deuda, los que sufren son ustedes porque se les va el patrocinador, España sin patrocinador. Eso sí que les preocupa, este es el problema. Incluso el señor Montoro, que que yo sepa todavía es de su partido, dijo que en Cataluña teníamos un déficit fiscal de 16 000 millones de euros anuales. Incluso la Generalitat con el 155, que ustedes con PSOE y Ciudadanos sacaron adelante, resulta que también eran más de 16 000 millones de euros. Eso significa que cada día sale de Cataluña un AVE con 41 millones de euros que se los queda España y no vuelven a Cataluña. Esta es la realidad. Les sabe mal, pero es así. Por tanto, patrocinadores de España y no salimos en la publicidad. Cuando voy por ahí por España no veo: carretera patrocinada por Cataluña. Quizás deberían ir pensando en ello.

También les quiero recordar que ustedes viven políticamente contra Cataluña porque parece como si el dinero fuera de España. El dinero es de quien paga los impuestos, que somos los catalanes, los aragoneses, cada quien, pero los nuestros son los nuestros. (Rumores). Hablo como quiero pero con educación, eso sí. Por tanto, el dinero que tenemos nosotros no nos lo da el FLA, no nos lo da no sé quién, el dinero es de los catalanes como el de los aragoneses es de los aragoneses. Para nosotros hay 16 000 millones que cada año se van y no vuelven. Se lo recuerdo.

Escuchar al señor Montilla en nombre del PSC-PSOE justificando que no han tocado nada del señor Montoro también me emociona, la verdad. Esperaba más. Ustedes dicen que cuando teníamos el acuerdo de septiembre de 2017 sí que controlábamos bien. Usted lo dice, el señor Montoro lo controlaba bien con los dos acuerdos: el de primero de noviembre de 2015 y el de septiembre de 2017. Hagan caso al señor Montoro, que no le hacen caso. Dijo que no nos habíamos gastado ni un euro público en el referéndum del 1 de octubre, y ustedes siguen hablando de malversación. Entonces, ¿de qué sirve el control del Estado si cuando el ministro de Hacienda dice que no se ha gastado ni un solo euro en este tema ustedes continúan diciendo que ha habido malversación? ¿Para qué quieren el control económico, para humillar a Cataluña, para someter a Cataluña? Digan la verdad: someter a una nación, esto es lo que ustedes quieren. Y estamos hartos, estamos hartos de ustedes. Por eso queremos marcharnos. Ustedes, por la cara que ponen, están hartos de nosotros; nosotros de ustedes. Entonces, seamos buenos vecinos, y así nos entenderemos mejor. El señor Montoro lo dijo muy claro: ni un euro para el 1 de octubre.

Ustedes hablan de la lealtad a España, ¿qué lealtad ha tenido España con Cataluña? ¿Qué lealtad cuando siempre nos han dado la espalda? Ni tan siquiera han querido respetar nuestra lengua ni nuestra cultura, que la han perseguido. ¿Esta es la estima de España para Cataluña? Por tanto, les pido que dejen esta obsesión enfermiza política hacia Cataluña, tengan un proyecto para España, que no lo tienen, porque mientras hablan de Cataluña no hablan de sus problemas y no hablan de ningún proyecto para España. Están tan aburridos de ustedes mismos que solo tienen Cataluña para divertirse.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.

Egun on guztioi. Señorías, buenos días a todos. Traemos hoy a debate la moción del Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno a que se vuelva a establecer el control financiero de la Generalitat de Cataluña, tal y como hizo con la Orden del Ministerio de Hacienda el 15 de septiembre de 2017, de medidas en defensa del interés general y de garantía de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Esta moción que presenta el Partido Popular no nos parece que aporte ninguna novedad. Se refiere nuevamente a Cataluña y vuelve a proponer una medida hacia la que mostramos, cuando se aplicó, nuestra disconformidad y que con su aplicación ni facilitó ni mejoró la convivencia, ni mejoró la economía ni mejoró la gestión de la Generalitat ni ha ayudado a solucionar la crisis catalana.

Con la judicialización de la política, la utilización de la fuerza del Estado, la intervención económica y posteriormente una intervención total de la comunidad autónoma a través del artículo 155 con políticas y políticos en prisión preventiva, con todas estas medidas han dejado de lado algo que para mi grupo hubiera sido necesario pero que ha brillado por su ausencia durante muchos años, y es el necesario diálogo entre diferentes y la voluntad para encontrar una solución política al conflicto catalán. Fíjense si ha habido poco diálogo entre diferentes y poca voluntad para encontrar una solución al conflicto catalán que algo tan normal como que se reúnan dos gobiernos después de siete años fue noticia. Ahora, el grupo parlamentario insiste y pide que se reactive una medida excepcional que ya aplicó el Gobierno anterior, que se vuelva a establecer el control financiero de la Generalitat teniendo en cuenta, así lo explicitan en su moción, abro comillas, «dado que los rectores actuales de la política catalana continúan expresando su intención de subvertir el orden constitucional... y para evitar más daños a nuestra convivencia...». No plantean una medida nueva, ni siquiera alguna que haya funcionado, nuevamente medidas de fuerza que consiguen justo lo contrario de lo que dicen pretender, y es continuar con el tensionamiento y la quiebra de la convivencia.

En Cataluña el Gobierno anterior tomó decisiones de control económico sobre la comunidad autónoma catalana con el mismo argumento que hoy viene a repetir el Grupo Popular. Primero, en 2015, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos —se ha repetido aquí— adoptó medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general, yendo más allá de lo que fue el control del FLA para el resto de comunidades autónomas; una medida que se mantiene a fecha actual y que se tomó entre otras cosas por el incertidumbre económica supuesta que generaban las declaraciones de los miembros del Gobierno de Cataluña. En 2017, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió, además del control de 2015, la intervención y control financiero de la comunidad catalana, y en este caso los motivos aducidos fueron curiosos, que existía un riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit hablando de una decisión basada en la Ley de estabilidad financiera y para evitar, de refilón solo, que se desviaran fondos para la organización del 1 de octubre. El argumento que más sorprendió fue el de estabilidad presupuestaria, un argumento que en su momento rechazamos, primero, porque no era cierto en lo relativo al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y, segundo, porque entendíamos que ese argumento no era más que una excusa, había otras comunidades autónomas que no cumplían con el objetivo de déficit y no se les estaba aplicando esta orden ministerial.

Con la aplicación del artículo 155 estas medidas de intervención y control económico quedaron lamentablemente ampliadas. La toma de posesión del nuevo Govern supuso el levantamiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y llevó al final de la intervención total de las finanzas catalanas, salvo la orden ministerial de 2015; concretamente, la orden ministerial de septiembre de 2017 había decaído ya con la aplicación del 155, y no se trata, como dice y repite el Partido Popular, de una concesión al independentismo, sino que así lo propuso el Gobierno anterior cuando especificó que estaría vigente hasta la toma de posesión del Gobierno el 155. Por tanto, la toma de posesión del Govern hizo decaer las medidas de control.

A nuestro entender, mejor sería plantear nuevas intervenciones, como el levantamiento del control reforzado de 2015. Pero no, todo lo contrario. Ahora con esta moción pretenden recuperar esta medida de intervención y control por las veleidades independentistas, porque el Gobierno catalán sigue siendo independentista, y porque —esto es lo más grave— hemos conocido que la abogacía del Estado en el escrito de acusación contra los líderes separatistas catalanes dice —abro comillas— que «se esforzaron por hacer posible un golpe de Estado»; eso lo dicen en su moción y es una irresponsabilidad y, además, una falsedad porque en Cataluña no ha habido un golpe de Estado ni un intento de golpe de Estado. Por mucho que insistan, en Cataluña el proceso ha sido pacífico.

Se lo dijimos al Gobierno anterior, se lo decimos al actual, y también a ustedes. Es difícil que el Estado encuentre una solución mientras no admita que la cuestión catalana no es un problema jurídico sino político y al que, por tanto, hay que dar una solución política.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora ETXANO VARELA: Termino enseguida, presidente.

Seguimos pensando que es necesario que haya diálogo. Esta iniciativa no va a contar con nuestro apoyo; de hecho, cualquier iniciativa y cuantas se presenten que no respeten y defiendan los marcos estatutarios no contarán en ningún caso con nuestro apoyo y menos aquellas especialmente diseñadas para frenar las legítimas aspiraciones de las diferentes naciones del Estado, como pueden ser la de Euskadi o la de Cataluña.

Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA Gràcies president.

Senadores, senadors, aquesta moció respon a l’estratègia del Partit Popular, i a la de Ciudadanos, que sembla que competeixen entre ells a veure qui castiga més al Govern i els ciutadans de Catalunya. El senyor Pablo Casado ens regalava unes paraules que ja hem sentit, el senyor Casado que per resoldre els problemes dels andalusos serà molt útil, tornava a demanar l’aplicació del 155. I avui veiem un altre episodi com aquest. Vostès parlaven del deute sistèmic de Catalunya. El què hi ha, ja li han indicat, és un dèficit fiscal sistèmic a Catalunya, és això el què hi ha. Però també sorprèn que parlin de deute, tenim en compte el deute incontrolat de l’Estat espanyol, d’un bilió d’euros, un bilió amb «b» de Bárcenas, em sorprèn que parli de sentencies. Pensin que ha perdut tota credibilitat, si és que encara en tenia una mica, part del sistema judicial espanyol amb els missatges del seu portaveu, que veiem aquests últims dies. Per tant aquesta sentencia, no sé si també hi havia un wasap en el seu grup, en el qual explicaven com s’havia fet, si era per la part de darrera o de davant, per tant, desconfiança absoluta.

I com també li han dit, amenaçaven quan van aplicar el setembre del 2017 el control exhaustiu financer, el control absolut sobre les finances catalanes, plantejaven dos arguments, i un era que amenaçaven la sostenibilitat financera i en definitiva, l’estabilitat pressupostària. Pocs mesos després sabíem que teníem superàvit. Com es justifica això? Doncs que era fals, que era una excusa, que era un altre manera de voler controlar de forma absoluta, perquè pensaven, parlem clar, que podien evitar el referèndum de l’1 d’octubre, i això no va passar. Tampoc no va passar perquè no es va destinar ni un sol euro, i així ho va dir el ministre Montoro, però això sí, deixant clar que no hi havia malversació, però l’Estat continua tenint presos polítics decents, tancats injustament a la presó, acusat de malversació. No van impedir l’1 d’octubre, però sí que va haver-hi danys, danys molt greus. Fa pocs dies veiem l’informe del Comissionat de desplegament de l’autogovern, que l’aplicació del 155 durant 218 dies va tenir un impacte negatiu de 1 800 000 milions d’euros depenent de la Generalitat de Catalunya. La imposició per la part de darrera va suposar un tancament pressupostari de la renda garantida, d’afectacions en matèria d’habitatge, en programes de recerca i desenvolupament, en l’àmbit de la cultura, tot això què te a veure amb el que vostè ens està dient avui? Partides relacionades amb el foment i la regulació de sectors productius com l’agricultura, la indústria, la energia, el comerç, entre moltes i moltes més àrees.

El 155, i per això ens plantegen això avui, va començar molt abans que aquesta Cambra l’aprovés. Va començar, de facto, amb aquesta intervenció que avui ens planteja. La intervenció de les finances de la Generalitat va ser impulsada unilateralment per el ministre Montoro, va ser el preludi del que vindria, i un atac a l’autogovern, i aquí és un vull anar, parlem clar, perquè com ens ensenya la història, és una constant invariable. Canvia el temps, canvien les formes, però es manté l’afany de neutralitzar, minimitzar, suprimir les institucions catalanes. Les nostres Institucions venen de lluny , de molt lluny, i evidentment, són prèvies a qualssevol argument jurídic o règim espanyol, insisteixo, són prèvies a qualsevol ordenament jurídic o de règim espanyol.

Per parlar d’història, no em cal viatjar a les Corts Catalanes de Jaume I ni al Decret de Nova Planta perquè els exemples són molts recents. Hi ha fets rellevants a l’hora de contextualitzar aquesta intervenció que proposen, la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a l’Estatut, vostès han recorregut, recorren davant pràcticament totes les actuacions del Govern català al Tribunal Constitucional, i evidentment a través de diferents ordres ministerials, com la que avui ens plantegen. Un control que va afectar com li deia, molt negativament, des de la planificació (se m’està acabant el temps) va afectar assignacions pressupostaries que es van perdre perquè no es van poder incorporar als pressupostos del 2018, va afectar, deixi’m destacar, a entitats, institucions i organitzacions que depenien d’aquest finançament de la Generalitat. I eren entitats sense ànim de lucre, i eren especialment en l’àmbit dels serveis socials. I tot això què te a veure amb el que avui ens proposa? El poble català continua exigint amb fermesa la unitat i la voluntat democràtica d’exercir el dret a l’autodeterminació. I les mesures com aquestes, el que aconseguiran és que cada vegada hi hagi més ciutadans que creguin que la millor opció és aquesta. I sí, no hi renunciarem mai, que sigui Catalunya un Estat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Senadoras, senadores, esta moción responde a la estrategia del Partido Popular y a la de Ciudadanos, que parece que compiten entre ellos para ver quién castiga más al Gobierno y a los ciudadanos de Cataluña. Este fin de semana nos regalaba Pablo Casado unas palabras que ya hemos oído, haciendo campaña en Andalucía, porque seguro que resolver los problemas de los andaluces será muy útil para sus intereses y sus problemas. Volvía a pedir la aplicación del 155, y hoy vemos otro episodio como este. Usted ha hablado de la deuda sistémica de Cataluña y lo que hay, como ya le hemos indicado, es un déficit fiscal sistémico en Cataluña. Eso es lo que hay, y, por ello, nos sorprende que hablen de deuda teniendo en cuenta la deuda incontrolada de un billón de euros del Estado español —un billón, con b, de Bárcenas—. También nos sorprende que hablen de sentencias; piensen que perdió toda credibilidad —si es que aún tenía un poco— parte del sistema judicial español con los mensajes de su portavoz que veíamos estos últimos días, esos wasap en su grupo en los que explicaban como se había hecho —si por la parte de atrás o de delante—; por tanto, la desconfianza es absoluta.

Y como también hemos dicho, cuando aplicaron en septiembre de 2017 el control exhaustivo financiero, absoluto, sobre las finanzas catalanas, su argumento era que la sostenibilidad financiera estaba amenazada, y, por tanto, la estabilidad presupuestaria. Pocos meses después, sabíamos que teníamos superávit. ¿Cómo se justifica esto? Pues en que era falso, en que era un pretexto, una excusa, o una manera más de controlar de forma absoluta, porque creían —hablemos claro— que podían evitar el referéndum del 1 de octubre, y esto no ocurrió; sí, era falso, ya que no se destinó ni un solo euro, ya se lo dijo el ministro Montoro, pero eso sí dejando claro que no había malversación. Pero el Estado continúa teniendo presos políticos decentes encerrados injustamente en prisión acusados de malversación. No impidieron el 1 de octubre, pero la aplicación del 155 causó daños muy graves. Hace pocos días el informe del Consejo de autogobierno indicaba que la aplicación del 155 durante 218 días provocó un saldo negativo de 1 800 000 euros en la Generalitat de Cataluña. La imposición por la parte de atrás supuso el cierre presupuestario de la renta garantizada, afectó a la vivienda, a programas de investigación y desarrollo, al ámbito de la cultura, etcétera. ¿Todo eso qué tiene que ver con lo que usted está diciendo hoy? Tiene que ver, un nuevo control..., porque el 155 también afectó a partidas relacionadas con fomento, regulación de sectores productivos, como la agricultura, la industria, energía comercio, entre otras muchas.

El 155 empezó mucho antes de que esta Cámara lo aprobara; de facto, empezó con una intervención similar a la que hoy nos plantean. La intervención de las finanzas de la Generalitat fue impulsada unilateralmente por el ministro Montoro, fue el preludio de lo que vendría, un ataque al autogobierno, y de eso quiero hablar. Porque como nos enseña la historia, estos ataques son una constante invariable. Cambia el tiempo, cambian las formas, pero se mantiene el afán de neutralizar, de minimizar y suprimir las instituciones catalanas. Nuestras instituciones vienen de lejos, de muy lejos y son previas a cualquier ordenamiento jurídico del régimen español.

Para hablar de historia, no me hace falta viajar a las corts catalanas de Jaume I ni sacar a colación el decreto de nueva planta. Tengo ejemplos muy recientes y relevantes para contextualizar la intervención que propone. Está la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto, que ustedes han recurrido, porque ustedes recurren prácticamente todas las actuaciones del Gobierno catalán en el Tribunal Constitucional con diferentes órdenes ministeriales como la que hoy nos plantean. Ese control afectó muy negativamente a la planificación —se me está terminando el tiempo—, ya que se perdieron asignaciones presupuestarias que no se quisieron incorporar a los presupuestos de 2018. Porque había, déjeme destacarlas, entidades, instituciones y organizaciones que dependían de la financiación de la Generalitat. Eran entidades sin ánimo de lucro, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que usted nos propone hoy? Pues que medidas como esta, porque el pueblo catalán continúa exigiendo firmemente la unidad y la voluntad democrática de ejercer el derecho a la autodeterminación, conseguirán que cada vez haya más ciudadanos que crean que la mejor opción es esta. Y sí, no renunciaremos nunca a que Cataluña sea un Estado.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Estamos ya a miércoles y Cosidó mantiene su escaño. Menuda vergüenza. (Aplausos).

Senadora Rudi, hay que tener valor para acusar a otros de utilizar mal el dinero de todos, ustedes, el partido de la corrupción.

Su obsesión con Cataluña es de manual, señorías del PP. El disparate de hoy es: queremos otra intervención de la economía catalana. Senadora Rudi, ustedes hacen cuanto pueden para que no pueda existir normalización. Y, por eso, voy a hacer algunas consideraciones.

Una. Técnicamente, y aunque les dé igual, la normativa relativa al FLA, de la misma manera que el procedimiento del 155 no permite intervenir políticamente una autonomía sobre la base de intenciones y discursos, no permite intervenir económicamente una autonomía sobre la base de intenciones y discursos. Como ya es habitual, no hay sustento normativo alguno para lo que piden.

Dos. Cataluña necesita dejar atrás la parálisis y ponerse en marcha, un Govern que governi y unas cuentas que distribuyan bienestar entre su gente. Lo último que necesita Cataluña es la intervención económica del Estado que piden hoy; otro 155, que pedían en el Pleno anterior, o excepcionalidad policial, que pedían en el anterior del anterior Pleno. Lo último que necesita Cataluña es a ustedes, y nosotras haremos todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes, pirómanos, no gobiernen.

Tres. Su moción se refiere a la intervención económica del año 2017. Parece que no recuerdan que su ministro de Hacienda fue quien hizo decaer la intervención económica del año 2017, derogándola en el mes de diciembre de ese año. Así que pueden ustedes dejar de decir esas tonterías de que el Gobierno paga peajes al independentismo. Si creen ustedes que levantar la intervención económica de Cataluña era un peaje, lo pagó Montoro.

Cuatro. Están ustedes atascados en 2017, hasta el punto de que la orden que reclaman que se aplique hoy es la del 15 de septiembre de 2017. Supérenlo.

Cinco. No hay nadie en Cataluña que a estas alturas no sepa que lo que protagonizaron los partidos en el Govern de Cataluña el pasado otoño fue básicamente gesticulación y declaración. Ustedes aportaron toda la materialidad al conflicto: intervención de la economía, hostias y jueces; repito, hostias y jueces, señoría. Ustedes más que nadie han hecho material el procès.

Y seis. Este es un apunte para el futuro, que va al fondo de la cuestión. Esto que van repitiendo, también en esta moción, de que el orden constitucional lo aprobamos todos los españoles es falso; de entrada su partido se partió en la votación, algunos se abstuvieron y otros votaron en contra de la Constitución. Pero lo relevante es que tres de cada cuatro ciudadanas y ciudadanos de la España de hoy no pudimos, por edad, votar la Constitución. Así que quizás sea tiempo de revisar esa ley, quizás sea tiempo de hacerlo, (Rumores), quizás la España de 2018 —tranquilos— desea para sí otro marco normativo, otro encaje nacional, mayor blindaje del bienestar o que a la jefatura del Estado no se acceda por herencia sino por democracia. La Constitución no debe ser piedra sino papel de encuentro, vale ya de utilizarla como arma arrojadiza, no les pertenece, ni siquiera la votaron a favor.

Y termino. Dejen en paz a Cataluña ya, déjenla en paz ya. Las obsesiones tienen cura, en serio, la suya es grave pero de todo se sale. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Freixanet.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías, lamentamos que ustedes no hayan considerado nuestra enmienda, y lo lamentamos porque mantener su propuesta es una demostración, entre otras cosas, de nulo rigor jurídico y también de mala fe política. De nulo rigor político porque la orden que ustedes pretenden resucitar fue derogada por el señor Montoro y la segunda orden también fue derogada en cumplimiento escrupuloso del acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de octubre del 2017, todos actos del Gobierno del PP. En la primera intervención sacan ustedes a colación la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de octubre de este año respecto a esta orden ministerial, que es una sentencia interesante, que no sé si se la han leído con detenimiento, porque especifica los límites que debe cumplir el Estado a la hora de establecer mecanismos de control de las cuentas de una comunidad autónoma, so pena de vulnerar el artículo 156 de la Constitución. De acuerdo con la citada sentencia, en primer lugar, solo cabe un control reforzado de las cuentas de una comunidad autónoma si se ha adherido al FLA, porque ello implica asumir las disposiciones dictadas en desarrollo de dicho mecanismo de ejecución; pero, en segundo lugar, debe estar también suficientemente motivado, y aún más, en tercer lugar, debe ser proporcionado.

Si aplicamos estos requisitos a la situación actual, hay que recordar que ciertamente la Generalitat de Cataluña sigue adherida al FLA, cumpliéndose así la primera de las condiciones, de ahí precisamente nuestra enmienda. Por lo que se refiere a la segunda, a la suficiente motivación, el Tribunal Supremo insiste en que es preciso enfatizar que la fundamentación de una medida restrictiva de un principio constitucional —no lo olviden—, como es la autonomía financiera, debe estar directamente relacionada con el objeto que se persigue. Así, la exposición de motivos de la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública del 15 de septiembre del 2017, que ustedes plantean recuperar, pone de relieve cómo esta norma trajo causa de actuaciones concretas de la Generalitat de Cataluña que pusieron en peligro el interés general, tal y como se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional de julio del 2017, de la comunicación de la interventora general de la Generalitat del mes de julio o de la comunicación del propio vicepresidente de la Generalitat de 13 de julio, informando que se iba a incumplir el acuerdo de la Comisión delegada de asuntos económicos del 21 de julio.

Frente a esta situación de incumplimientos, con la consiguiente vulneración del marco normativo que se deriva del artículo 135 de la Constitución en el pasado, ahora la moción que ustedes plantean presenta simplemente como causa para retomar las medidas de control financiero derogadas las declaraciones del presidente de la Generalitat en el debate de investidura, y en el debate han aportado además la apertura de oficinas en el exterior. Pero es evidente que las afirmaciones de un cargo público, por muy desafortunadas que sean, no pueden amparar una restricción del artículo 156 de la Constitución. Si así se hiciera, además se vulnerarían las previsiones de la Ley orgánica 2/2012 y del Real Decreto-ley 17/2014, ya que no se respetaría la obligación de fundamentar adecuadamente el control financiero, señorías. Y aún más, de acuerdo con el informe sobre el Plan económico y financiero 2018-2019 de la Generalitat, elaborado por la AIReF, existe un riesgo moderado de incumplimiento de la regla de gasto en 2018 y se prevé el cumplimiento de los requisitos de deuda en 2018 y 2019. Lo digo por las afirmaciones catastrofistas que ustedes han hecho. Es decir, los datos económicos no son, en absoluto, catastróficos, como ustedes han comentado. Por tanto, tampoco servirían para fundamentar un reforzamiento del control de las cuentas de la Generalitat, como el que proponen en su iniciativa parlamentaria.

Por último, respecto a la necesidad de que el control sea proporcionado, el Tribunal Supremo señala que la Orden de Hacienda de 2017 era proporcionada por su carácter temporal, argumento que avala la correcta derogación efectuada en su momento por su Gobierno.

Señorías, repito, hay falta de rigor jurídico y mala fe política, porque a ustedes lo que les interesa no es solucionar problemas, sino, si es posible, crearlos, y, si no, incrementarlos. ¿De verdad creen ustedes que es así como se solucionará el problema catalán, que también es un problema español? ¿Cuanto peor, mejor, señorías?

Reclaman lealtad institucional cuando gobiernan y no la practican, sino todo lo contrario, cuando están en la oposición. Ayer tuvimos un magnífico ejemplo de esa actitud. Una lástima, señorías. Todavía están a tiempo. Retiren esta moción y aprovechen también para retirar a su portavoz. Lo digo, entre otras cosas, por el prestigio de la política, por el prestigio del Partido Popular y por el prestigio de esta Cámara. Es inconcebible que aguante un día más en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso):



Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Rudi.

La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré dar respuesta a las intervenciones de todos los portavoces. En primer lugar, al senador Alegre le doy las gracias por el apoyo a esta moción. Y contestaré en un solo turno a los representantes del Grupo Parlamentario Nacionalista, al senador Cleries, y al senador Ayats del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

¿Saben cuál es el problema que tienen ustedes, los independentistas? En primer lugar, que se creen que Cataluña es suya, que se creen que en Cataluña hay solamente independentistas, porque obvian, senador Cleries y senador Ayats, que, cuando menos, algo más del 50 % de los ciudadanos que viven en Cataluña no votan independentismo. Pero, además, tengo que decirles otra cosa, senador Cleries y senador Ayats, a mí, que soy aragonesa, me afecta lo que pasa en Cataluña; a mí, que soy aragonesa, como al castellano-manchego o al castellano y leonés, o al andaluz o al murciano, nos afectan sus políticas independentistas, porque no es momento de hablar de historia, pero puede que le haga algún comentario de pasada, senador Ayats, si tengo tiempo, pues Cataluña lleva formando parte del Reino de España, cuando menos, desde el Siglo XV. En cualquier caso, su problema es, primero, que creen que solamente ustedes representan a los catalanes; y, segundo, que tienen un sentido del victimismo total y absoluto, permanentemente. Todo son ofensas a Cataluña. Cuando alguien discrepa de sus modos, de sus usos y de sus decisiones, todo son humillaciones y ofensas a Cataluña.

Como les decía, el problema que tienen ustedes es que no han entendido que hay una parte importante de catalanes que no son independentistas; que se creen que a fuer de repetir permanentemente el mantra de que solo ustedes son Cataluña, eso se puede convertir en realidad, y también que se han creído sus propias ilusiones y sus propios sueños.

Senador Cleries, no hay tiempo para entrar a discutir cifras, así que solamente le voy a decir una cosa: ¡Qué hubiera sido de Cataluña si no hubiera acudido el Gobierno de España en el año 2012 en ayuda y en socorro de las finanzas catalanas! ¡Qué hubiera sido de Cataluña con esa magnífica gestión económica que ustedes tenían!, señor Cleries. (Aplausos). Y le dejo en el aire otra pregunta, porque no tengo tiempo de discutir cifras: ¿Qué sería de la economía de Cataluña sin las ventas de bienes y servicios que ustedes realizan a las restantes dieciséis comunidades de España? ¿Dónde estaría la economía catalana si tuvieran aranceles? (Aplausos), pero dejémoslo...por ir avanzando.

Senadora Freixanet, representante de Podemos, el problema es que ustedes, cuando no tiene argumentos, hablan de crispación. Mire, yo no he crispado ni tengo intención de crispar y a lo largo de mi vida política, que es mucha, tampoco lo he hecho. Solo defiendo mis ideas porque creo firmemente en ellas, de la misma manera que usted defiende las suyas, pero procuro no insultar nunca a nadie.

En cuanto a reformar la Constitución, es muy sencillo, la Constitución tiene previstos sus métodos de reforma. El proceso es sencillísimo. Presente la iniciativa en el Congreso y en el Senado tal y como se prevé en la propia Constitución. Y si tienen mayoría suficiente, adelante, pero mientras tanto no incumplan las leyes ni nos acusen a los demás de crispar.

Por último, senador Montilla, me queda muy poco tiempo para contestarle. Lo siento porque me gustaría hablar un poco más de su intervención. Mire, rigor jurídico sí lo hay; no obstante, usted ha hecho referencia a los tres condicionantes de la sentencia. Efectivamente, hay cobertura jurídica en cuanto al FLA. Además habla usted de la motivación y de la proporcionalidad. La motivación tiene que darla en estos momentos el Gobierno de España, que es quien maneja los datos en el Ministerio de Hacienda, pero en mi opinión, y en la de muchos españoles, el problema, senador Montilla, es que el Gobierno de España, ahora mismo, no quiere entrar en colisión con el Gobierno catalán, porque su política busca la distensión, el apaciguamiento y el diálogo.

Ayer me quedé con una duda cuando el presidente Sánchez contestó a nuestro portavoz, el señor Cosidó, que le hablaba de los indultos, que había que esperar y que, una vez que hubiera sentencias, se haría política. Porque cuando ustedes hablan de hacer política y de diálogo, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué significa? ¿Van a apostar por una reforma constitucional para después poder reformar el Estatuto de Autonomía e incorporar aquello que el Tribunal Constitucional rechazó? Se lo pregunto porque usted se puso al frente de la manifestación en contra de esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ese es el objeto del diálogo que ustedes van a llevar? Mire, señor Montilla, a muchos españoles nos gustaría saber qué proyecto para una Cataluña integrada en España tienen el Partido Socialista y el Gobierno de España. Ustedes —ayer se lo dijo el señor Cleries al señor Sánchez y usted lo sabe muy bien— no quieren un nuevo estatuto de autonomía; quieren la independencia y un Estado propio.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RUDI ÚBEDA: Entonces, díganos cuál es su proyecto para intentar apaciguar, que es su término favorito. ¿Cuál es? ¿Buscar la vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005? No olvide, señor Montilla, que el problema que estamos viviendo hoy en Cataluña trae causa, entre otras cosas, de la reforma del Estatuto de Autonomía que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora RUDI ÚBEDA: ... sin tener en cuenta al Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rudi.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 138; en contra, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE DEL VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA. 662/000138 GPS

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción... (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Decía que a esta moción se han presentado cuarenta y cuatro enmiendas: veintinueve del Grupo Parlamentario Mixto (una por iniciativa del senador Iñarritu, cuatro por iniciativa de la senadora Domínguez de Posada, veintidós por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete —de las cuales una, la número 22, ha sido inadmitida—, y dos por iniciativa de la senadora Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y Marcos); siete del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; siete del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, antes de empezar esta intervención me sumo a la petición de que el señor Cosidó dimita por el bien de la política y por el bien de esta Cámara. (Aplausos.— Protestas).

En el marco del cuarenta aniversario de la Constitución, que se cumple en pocos días, y del cuarenta y tres aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco acaecido en estas fechas, el Grupo Socialista presenta esta moción con el objetivo de revalidar nuestro apoyo a los valores fundamentales de nuestra democracia, así como la más absoluta condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo, por lo que significó de ruptura democrática, dado el número de víctimas, y de vulneración de los derechos humanos; condena que debería ser normalizada con una voluntad clara de que no se vuelva a repetir un régimen como aquél. Esta es una condena que los socialistas queremos que sirva también en estas fechas para expresar el rechazo de los demócratas al resurgir de ideologías fascistas, totalitarias e intolerantes, y al aumento de mensajes xenófobos y de odio.

En este sentido valoramos la voluntad firme del Gobierno, y le instamos a persistir en ello, de reponer toda la dignidad que corresponde a las víctimas de la contienda civil y de la dictadura franquista, persiguiendo un cierre justo de esta brecha que aún está sin resolver. Apoyamos también que el Gobierno y el Congreso de los Diputados afronten la perversión democrática que significa que los restos del dictador permanezcan enterrados junto a los de sus víctimas en el Valle de los Caídos, un edificio público del Estado y, por tanto, que se exhumen sus restos de aquel lugar y dejen de contribuir a la exaltación del régimen franquista, pasando de ser un monumento de parte a serlo de todas la víctimas.

Instamos también al Gobierno a que impulse la revisión y mejora de la Ley de memoria, y vemos muy oportuno que el real decreto para la exhumación del dictador se tramite como ley y recoja en el trámite parlamentario las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas o el Consejo de Europa, así como el informe sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobado en el 2016 por el Parlamento Europeo.

En esta línea, entre otros temas, se incluía declarar la nulidad de resoluciones judiciales y leyes franquistas, ilegalizar las fundaciones o asociaciones que exalten el franquismo, el fascismo o el nacismo, mejorar el acceso a los archivos, mejorar la atención a las víctimas y su participación, así como, por ser una tarea urgente dado que sus familiares se están muriendo, reforzar las políticas de localización de fosas y exhumación e identificación de restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, adquiriendo mayor responsabilidad el Estado en estas. Una cuestión la de las ayudas para la localización de fosas y exhumación e identificación de restos, al igual que el resto de la Ley de memoria, paralizada por el Gobierno anterior en contra de los más elementales principios de política mortuoria y de los derechos humanos; hecho recriminado por los organismos internacionales de derechos humanos, por el propio Tribunal Supremo y por las asociaciones de víctimas; hecho que contrasta con el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas que, gracias a sus presupuestos, han facilitado a muchas familias un lugar donde poder llorar a sus víctimas.

En definitiva, se trata de que en España no haya víctimas de primera y víctimas de segunda y que nuestro sistema cierre sin tibiezas, de forma clara y precisa, cualquier herida proveniente del régimen franquista, símbolo, con el de Hitler y Mussolini, de la Europa que no queremos: negación de los derechos, libertades y garantías de la tradición constitucionalista y democrática europea. Un debate bien actual en el Parlamento Europeo desde el que recientemente se nos insta a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte el nacismo y el fascismo, por respeto debido a las víctimas y para eliminar cualquier simiente en nuestra sociedad de regímenes depredadores de la democracia y de los derechos humanos. Algo que nos recuerda que en España aún existe una fundación Francisco Franco con la misión de difundir su figura y los valores de su régimen en nuestra sociedad. Nada más y nada menos que difundir los valores de una dictadura y un golpe de Estado que lleva a sus espaldas un número de desapariciones forzadas vergonzante. Una fundación que es impensable que existiera en otros países europeos. Esperemos que la mejora de la Ley de memoria rectifique esta irregularidad que contraviene cualquier noción de interés general por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico, siendo incompatible con los derechos humanos y con los más elementales principios constitucionalistas y democráticos.

Como he dicho al principio, en la moción instamos al Gobierno a proteger los valores fundamentales de nuestra democracia: la convivencia, el diálogo, la libertad, la justicia y la igualdad, rechazando cualquier discurso basado en el racismo, la intolerancia y la involución democrática. Una preocupación muy real cuando la ONU acaba de hacer una llamada de alerta a todos los países sobre la proliferación y ascenso de la ultraderecha y el neonacismo en los cinco continentes, así como el aumento de los mensajes racistas, xenófobos e intolerantes. Una problemática tratada por el Parlamento Europeo recientemente pidiendo a los países que prohíban las asociaciones y grupos que emitan mensajes de odio o de violencia hacia otros colectivos. Una resolución muy conveniente atendiendo al aumento en Europa de plataformas que propugnan mensajes de odio hacia el extranjero y posiciones que implican un claro deterioro democrático. Una preocupación muy real en el viejo continente donde los partidos xenófobos, nacionalistas, excluyentes e intolerantes han aumentado de forma relevante y están ampliando sus cuotas de poder, poniendo en peligro los principios y valores que inspiraron la Unión Europea.

Tampoco es nada ejemplarizante en estos temas la actuación del presidente de la democracia más vieja del mundo. Unos discursos que también vale la pena que vigilemos en España, ya que según el Movimiento contra la Intolerancia y el informe Raxen, a pesar de ser España un país muy tolerante, también están aumentando; unas ideas y discursos que aumentan y hacen mella en la sociedad con más facilidad al amparo de situaciones de gran crispación y confrontación política y en sociedades muy afectadas por la desigualdad. A tal fin, vale la pena apostar por la convivencia, para lo que sería deseable sosegar y moderar el debate, aplicar mayor contención, reforzar la tolerancia con el adversario, rebajar la confrontación, sin que nadie se dedique a alimentar guerras verbales y teorías de conspiración; sin que nadie se dedique a colocar a los otros fuera del sistema o a envolverse en los símbolos de todos para volvernos a los unos contra los otros. Lo que necesitamos no son salvadores de patrias, lo que necesitamos es aplicar políticas redistributivas para bajar la desigualdad, que es terreno abonado para el aumento del populismo y el resurgir de viejos monstruos. Lo que hace falta es más política, más capacidad de diálogo y consenso, menos posiciones absolutas, inamovibles y cerradas. Lo que necesitamos es mayor responsabilidad y lealtad institucional y mayor atención a la diversidad y respeto a la pluralidad. Hay que luchar contra los enemigos flagrantes de la democracia, pero también contra las violaciones pausadas, pero sistemáticas de las instituciones, que obstaculizan, desvían o deterioran su verdadera función.

Y, para terminar, es conveniente tener en cuenta, como decía Nietzsche, que quien con monstruos luche, cuide de no convertirse, a su vez, en monstruo. Por lo tanto, lo que importa es que el sistema democrático funcione en plenitud, a pesar de tener que afrontar graves problemas sin que nadie pretenda salvarlo a costa del propio sistema, buscando atajos o simplificando tanto el mensaje que, desfigurado, pase a significar un peligro para la democracia misma, dividiendo a sus defensores y debilitando el sistema de forma que facilite el aumento de sus verdaderos enemigos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño. Hemos presentado dos enmiendas. Una, referida al punto número 2, que considera que el Gobierno de España ha de tomar como referencia las recomendaciones del informe de la Comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, aprobado ya en el año 2011, al objeto de lograr los más amplios consensos —consenso al que parece que no quiere llegar el Partido Socialista—; consenso político y social previo a la exhumación y al traslado de los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos, donde, efectivamente, está enterrado junto a miles de sus propias víctimas.

La segunda enmienda, referida al punto 4, pretende implementar de manera íntegra, revisar y, en su caso, mejorar la vigente Ley de memoria histórica, teniendo en cuenta los distintos informes de Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Creemos que el Gobierno ha descartado, a priori, la intención de lograr un consenso en esta proposición con el conjunto de las fuerzas parlamentarias, y está acometiendo un proceso de manera precipitada, cuando, para Ciudadanos, resulta absolutamente imprescindible lograr los más amplios consensos políticos y sociales.

Claro que no es deseable tener un dictador, claro que no es deseable tener un mausoleo, claro que no es deseable que haya fundaciones que inciten al odio. Por supuesto, estamos también de acuerdo y, por lo tanto, pedimos consenso y que se consideren estas dos enmiendas.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.

Ahir, com no vaig poder intervindre, no vaig poder felicitar el Partit Popular pel 20N.

Senyor del Partit Socialista, pensem que no és temps de declaracions, és temps de solucions. Amb titulars únicament com l’eixida de Franco del Valle de los Caídos, sense cap tipus de resultat, únicament val perquè la dreta extrema, o l’extrema dreta o el neofranquisme s’altere més i actue en més impunitat. Perquè el franquisme pensem que no s’esborra únicament traient la moixama del genocida del Valle de los Caídos. El franquisme s’ha d’esborrar també de les Corts Generals, on està present, de la Prefectura de l’Estat, o del Poder Judicial, on malauradament encara està present.

Avui vorem esmenes a la seua moció directament feixistes —feixistes perquè no mereixen cap altre tipus de qualificatiu—, i tot això és perquè la seua Llei de 2007 va permetre actuar en impunitat a este tipus d’exaltació del franquisme com les que vorem avui ací.

Nosaltres vam presentar una proposta de llei de víctimes del franquisme, en aquesta cambra, que vostès van rebutjar i que donava resposta a part d’eixes llacunes que té la Llei de 2007. Cal declarar il·legal el colp, cal declarar il·legal el govern franquista, cal declarar il·legals els tribunals, els consells de guerra, retornar els cossos segrestats en el Valle, dinamitar el Valle de los Caídos, perquè això no té resignificació possible, cal un estatus de reconeixement de víctimes, il·legalitzar les organitzacions o partits polítics com els que hi ha ací, que fan apologia del franquisme. I pensem que fa falta un règim sancionador, uns terminis per a complir la llei de memòria i un protocol d’actuació. Cal esborrar el franquisme, més enllà de la moixama del genocida com diem. I també cal que Cosidó dimitisca.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Ayer, como no pude intervenir, no pude felicitar al Partido Popular por el 20N.

Señores del Partido Socialista, pensamos que no es tiempo de declaraciones, es tiempo de soluciones. Titulares como la salida de Franco del Valle de los Caídos, sin ningún tipo de resultado, únicamente valen para que la extrema derecha o el neofranquismo se alteren más y actúen con más impunidad, porque el franquismo pensamos que no se borra únicamente sacando la mojama del genocida del Valle de los Caídos. El franquismo se tiene que borrar también de las Cortes Generales, donde está presente, de la Jefatura del Estado y del Poder Judicial, donde desgraciadamente aún está presente.

Hoy veremos enmiendas directamente fascistas —no merecen ningún otro calificativo—, porque su Ley de 2007 ha permitido actuar con impunidad en exaltaciones del franquismo como las que veremos hoy aquí.

Nosotros presentamos una proposición de ley que rechazaron para subsanar las lagunas de la Ley de 2007. Hay que declarar ilegal el golpe y el Gobierno franquista en los tribunales, devolver los cuerpos enterrados en el Valle, dinamitar el Valle, que no tiene otra significación posible, e ilegalizar las organizaciones o partidos políticos que hacen apología del terrorismo. Necesitamos plazos para el cumplimiento de la Ley de memoria histórica. Hay que borrar el franquismo más allá de la mojama del genocida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, hemos presentado enmiendas a esta moción porque en España, a partir de 1931, el clima social estaba presidido por altos grados de agitación política. Es necesario garantizar y hacer efectivos los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación de todos los españoles y en relación con las violaciones de los derechos humanos y con los crímenes cometidos durante el espacio comprendido entre la Segunda República española, con episodios como la revolución del 34, la guerra civil y la dictadura franquista.

Por lo que respecta a la supresión del apartado 2, tenemos que manifestar que en este momento no es una prioridad de los españoles, que tienen muchos asuntos serios que resolver y que afectan a sus necesidades y subsistencia. Como muy bien decía hace unos días Pérez-Reverte, a la inmensa mayoría de los españoles les importa un carajo Franco porque ya hace cuarenta y tres años que no forma parte de nuestras vidas.

Respecto a la enmienda al punto 4, resulta imprescindible exponer los hechos con objetividad, sin olvidar la historia en su concepto global, apelando al valor de la reconciliación y no ahondando en la división y en el revisionismo. No podemos obviar que en nuestro país se ha llevado adelante una transición democrática ejemplar, con la ayuda y la cesión de muchas formaciones políticas, con el respaldo masivo de los españoles. Lo que necesita España es un ambiente de consenso y concordia recíproca. Para ello se requiere responsabilidad, moderación, generosidad y acuerdo, no imposiciones ni vetos ni revanchas ni viejas artimañas ideologizantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senador Iñarritu, tiene la palabra.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, yo quería agradecer al Partido Socialista esta propuesta. Estoy de acuerdo con ella en todo lo que dice. Es cierto que echo en falta alguna cosa, pero en lo que dice estoy de acuerdo, porque ya es hora de acabar con ese parque de atracciones del fascismo que es el Valle de los Caídos que, para más inri, es un lugar que pertenece a Patrimonio Nacional. Cuarenta y tres años después se permite que se haga apología del fascismo o, como hemos oído ahora, que se haga revisionismo, o se exprese esa similitud entre demócratas y fascistas, entre víctimas y verdugo, y creo que es hora de acabar ya con eso.

Por eso he presentado una enmienda que propone no solamente que Franco sea sacado de ese lugar. Yo copiaría lo que hizo Alemania con Rudolf Hess, esto es, incinerar los restos y sacarlos a altamar, o lo que hizo Israel con Eichmann: incinerarlo y sacarlo a aguas internacionales para que nunca haya un lugar en el hacer apología del fascismo ante esos restos. Pero en ese lugar también hay miles y miles de víctimas del fascismo que están enterradas ahí en contra de su voluntad —presupuesta, porque fueron asesinadas—, de la de sus familiares y de la de las instituciones.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Voy acabando, señor presidente. Por eso, como representante de la comunidad autónoma vasca, de Euskal Herria Bildu y de Euskal Herria, he solicitado que, de acuerdo con las instituciones vascas, con las asociaciones memorialistas y con sus familiares, todas aquellas personas que fueron enterradas allí en contra de su voluntad sean también llevadas donde sus familiares estimen oportuno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Cualquier demócrata votaría a favor de una moción con cuatro puntos tan básicos como son: condenar rotundamente el franquismo y cualquier exaltación del mismo, sacar al dictador del Valle de los Caídos, apoyar la resolución del Parlamento Europeo, mejorar la Ley de memoria histórica y proteger los valores fundamentales de la democracia. ¿No? Luego lo veremos.

Pero nuestras enmiendas van más allá. En primer lugar, porque en esta moción está ausente la justicia. Por eso, pedimos que se inste al Gobierno a remover los obstáculos que impiden la investigación y enjuiciamiento de los crímenes del franquismo, implementando las recomendaciones de los diversos informes de Naciones Unidas. No hemos pedido directamente —como en otras iniciativas relativas a los crímenes del franquismo— la ratificación del Convenio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hace unos días el Gobierno me contestaba que, mejor, el Estatuto de Roma. Miren, busquen la mejor fórmula, modifiquen la Ley de amnistía o permitan el avance de la tramitación de la causa penal del Juzgado criminal y correccional federal 1 de Buenos Aires, seguida por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

La obligación de juzgar y sancionar a los autores de violaciones de los derechos humanos se ejecuta a través de la acción de los tribunales, los cuales, asimismo, deben garantizar el derecho a la justicia y a un recurso efectivo para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y sus familiares, además de las garantías judiciales de los justiciables. Para que tal recurso exista no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si ha incurrido en una violación de los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.

Pues bien, para las víctimas del franquismo esto no ha sido posible en España. Durante la dictadura franquista se cometieron, entre otros delitos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y robo de bebés, todo ello en un contexto planificado, masivo y sistemático de ataque a la población civil. Y la justicia no ha hecho nada. El derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos brilla por su ausencia en España para los crímenes del franquismo. Y sí, sí que les importa a muchos españoles. Por eso, me dirijo al Partido Socialista. Hay una mayoría parlamentaria para conseguir de una vez que se puedan investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Si no lo conseguimos en esta legislatura será exclusivamente responsabilidad suya. ¡Basta ya de impunidad!

En segundo lugar, no se puede permitir una fundación como la Fundación Francisco Franco, cuyos representantes se pasean constantemente por las televisiones diciendo una falsedad detrás de otra y ensalzando la figura del dictador; una fundación a la que menciona, incluso, una resolución del Parlamento Europeo diciendo que glorifica una dictadura y sus crímenes. Según la ley, las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de la defensa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo y actos violentos, la asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, de promoción de los valores constitucionales y de defensa de los principios democráticos de fomento de la tolerancia; todo lo contrario de lo que significa la Fundación Francisco Franco.

Pero, además, pese a ser la más conocida, la Fundación Francisco Franco no es la única que sigue glorificando en España el golpe de Estado, la dictadura y a alguno de sus asesinos más cualificados. Existen casi una docena de ellas que homenajean figuras del franquismo y también de inspiración fascista. Por eso, pedimos que se impulsen las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo que inste a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte y glorifique el nacismo y el fascismo.

No me da tiempo a detenerme en todas las enmiendas, pero quiero destacar la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar que los restos de la momia de Franco puedan ser enterrados en la Catedral de la Almudena y en ningún otro lugar que pueda convertirse en un centro de peregrinación o exaltación del franquismo.

El resto de enmiendas se refieren a la preservación y desclasificación de archivos, sobre la localización de fosas comunes y nulidad de sentencias. Asimismo —y para acabar—, es básico impulsar medidas legislativas para que se proceda a la retirada de todo tipo de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado, en el ámbito competencial de la Administración general del Estado, a aquellas personas responsables de la represión franquista. Solo un país con un déficit democrático importante puede tener a día de hoy con medallas pensionadas a torturadores siniestros como Billy el Niño, que además, para escarnio de sus víctimas, es invitado a la celebración del patrón de la Policía Nacional en un acto oficial en una comisaria de Madrid. ¡Qué amable ha sido la democracia con los crímenes de la dictadura! ¡Ya basta!

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

Antic jauna, ados gaude zuk eginiko azalpenekin. Aldi berean ikusten ari garena da ez datozela bat zuk esandakoa eta mozioan jasotzen dena. Eta horregatik dira gaur aurkeztu ditugun emendakinak.

Geratzen zaidan zalantza bakarra izango litzateke zein den mozio honen benetako helburua; alegia, testu on bat egitea helburu on batekin, ganbera honen adostasuna bilatuz edo ganbera hau erabiltzea Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularren arteko sestra horietan edo borroka horietan behatza bata besteari sartuz. Hala eta guztiz ere, esango dizut gai honek merezi duen errespetuarengatik, guk babestu egingo dugula, nahiz inongo emendakinik onartu ez. Azken finean jarrera garbia da baina bai eskertuko genukeela Alderdi Sozialistak entzutea dauden sentsibilitate desberdinak eta baita ere zure azalpenarekin bat datozen emendakinekin.

Zuk aipatu duzu Antich jauna, esan duzu, elkarbizitza, aipatu duzu debatea lasaitzea, aipatu duzu saihestea guda hitzezko gudak, politika gehiago, kontsentsurako kapazitate gehiago, aniztasuna, eta horrelako hitzak aipatu dituzu eta hori da gure emendakina, aipatu dugun bigarrena. Beraz pentsatzen dut zuek mozio honetan jaso ez duzuen testu bat onartuko duzuela emendakin honen bitartez. Ez hori bakarrik, baizik eta espertoek zuek eginiko txostenaren jakitunek adierazitako edo eginiko lehen gomendioa horixe bera da, eta da adostasuna bilatzea. Horregatik, guk jarri dugu edo azaldu dugu lehen emendakina, alegia, kontsentsu zabalenak bilatzea.

Bigarren emendakina, aipatzen da exhumazioa edo nolabait Valle de los Caídosetik ateratzea. Ondo, eta ados gaude, eta ados gaude gainera arrazoiarekin; baina badago beste elementu bat oso inportantea dena eta guk jarri duguna, eta da ekidin egin behar dela Diktaduraren goraipatzea. Alegia, gerta daitekeela edo Almudenara eramatea edo beste norabait eramatea eta azken finean ekiditea edo nolabait babestea Diktadura goraipatuko duten taldeen lehena. Beraz puntu hau ere kontuan hartu behar da eta horregatik sartu dugu emendakin hau.

Hirugarrena eta niretzat inportantea dena, eta ulertu ezin dutena mozio honetan ez azaltzea, eta dira biktimak. Biktimak, Antic jauna, biktimak ez egotea mozio honetan iruditzen zait benetan larria. Azken finean norbait baldin bada protagonista gai guzti honetan, biktimak izango lirateke. Eta ez dit balio esatea lege proposamenean edo Kongresuan egongo den lege proposamenean badaudela, ze azkenean mozioa oso-osorik dago lege-proposamen horretan. Beraz biktimak ez azaldu izana inportantea, eta horregatik biktimen erreferentzia bat sartu dugu.

Gero, bosgarren emendakina izango litzateke Europako Legebiltzarrari emandako babesa, hor ez daukagu bestelako konturik. Eta baita ere egiten den Nazio Batuen erreferentzia.

Gracias, señor presidente.

Señor Antich, estamos de acuerdo en lo que nos ha expuesto y, al mismo tiempo, estamos viendo que no concuerda aquello que usted ha expuesto con lo que se recoge en la moción. Por ello hemos presentado estas enmiendas.

La única duda que me queda es la siguiente: ¿cuál es el objetivo real de esta moción? ¿Se trata de la elaboración de un buen texto con un objetivo lícito, buscando el consenso de esta Cámara o, por el contrario, se trata de otra cosa? ¿Se trata de utilizar esta Cámara para promover los debates, las polémicas entre Partido Popular y Partido Socialista y seguir metiendo el dedo en el ojo? Le diré lo siguiente. Por respeto a esta cuestión vamos a apoyar esta moción, a pesar de que no nos aprueben ninguna de las enmiendas —al fin y al cabo, nuestra posición es muy clara—, pero agradeceríamos que el Partido Socialista escuchara las diferentes sensibilidades que existen, que están aquí representadas y también que escuchara u observara las enmiendas que se presentan.

Señor Antich, usted ha hablado de convivencia, ha hablado de tranquilizar el debate y de evitar el uso de palabras polémicas. Ha dicho que es necesario hacer más política, tener más capacidad de consenso, buscar la diversidad. Ha utilizado este tipo de términos, y esto es básicamente lo que se recoge en nuestra enmienda número 2. Por tanto, pienso que aquello que no han recogido en su texto lo aprobarán a través de las enmiendas. Es lo que pienso. No solo eso, sino que lo dicen los expertos en su informe. Precisamente la primera recomendación que han hecho ellos es esa: busquen ustedes el consenso. Nosotros hemos puesto esta primera enmienda para buscar el más amplio de los consensos.

En relación con la segunda enmienda, se habla de la exhumación de los restos del Valle de los Caídos. Estamos de acuerdo, y además estamos de acuerdo con el motivo, pero hay otro elemento también muy importante que nosotros hemos recogido, y es precisamente que hay que evitar la exaltación de la dictadura, y puede suceder que con el traslado a La Almudena o a otro lugar se dé lugar a esa exaltación. Se trata de evitar que eso suceda, que puedan exaltar la dictadura diferentes grupos o colectivos. Como digo, un punto a tener en cuenta. Por eso hemos presentado esta enmienda.

La tercera enmienda es quizás para mí la más importante, ya que existe un elemento que no puedo entender que no se recoja en esta moción, y son precisamente las víctimas, señor Antich. El hecho de que no se recoja la cuestión de las víctimas en esta moción me parece gravísimo. Al fin y al cabo, si hay alguien que tiene que ser protagonista en toda esta cuestión son las víctimas, y no me vale que me digan que en la propuesta de ley que estará en el Congreso sí que se habla de las víctimas, porque, al fin y al cabo, la moción íntegra está en esa propuesta de ley. El hecho de que no se mencionen las víctimas para nosotros es importante. Por ello hacemos una referencia a ellas en nuestra enmienda.

Nuestra quinta enmienda trata de la resolución del Parlamento Europeo. Nosotros manifestamos nuestro apoyo a esta resolución, no tenemos mucho más que recalcar. Pero hacemos una referencia a las Naciones Unidas...

El señor PRESIDENTE: Debe terminar señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.

Guk aldatu egiten dugu adierazpena eta da: kontuan hartzea baino, nik uste dut konpromiso bat bilatu behar da. Eta sartu dugun emendakina izango litzateke konpromiso hori onartu egin behar delako. Badakigu hemen 2014an errelatorea egon zela eta horren baitan txosten bat egin zuela eta bilatzen dugu horrekiko konpromisoa.

Gero daukagu seigarren emendakina, beti esan dugu Espainia dela Kanbodia eta gero gorputz gehien aurkitu gabeko gorputz gehien dituen herrialdea...Erreferentzia hori merezi du eta bukatzea, hasi naizen bezala, elkarrizketa bai, desberdina denarekin, eta alderdi politiko guztien arteko adostasuna iruditzen zait gutxienez bilatzea ezinbesteko jarrera.

Mila esker.

Nosotros cambiamos la forma de decirlo. Pensamos que no hay que tener en cuenta lo que nos dice Naciones Unidas, sino que tenemos que recoger un compromiso. Lo que allí dicen lo tenemos que aprobar aquí. Sabemos que ha habido un informe y buscamos un compromiso en relación con él.

En nuestra sexta enmienda decimos que España es uno de los lugares en los que se encuentran más restos sin localizar. Por tanto, tiene que haber consenso y diálogo, cómo no; nos parece fundamental.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Delgado.

El señor DELGADO CÁCERES: Gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenos días. La enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular tiene como objetivo contribuir a mejorar y a pluralizar, si se me permite la expresión, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que es muy mejorable, aunque seguramente las enmiendas del Partido Popular serán rechazadas para tratar de llevar al error y al engaño al conjunto de la opinión pública, puesto que leyendo ya los acuerdos a adoptar que propone la moción, vemos que destilan cierto tufo condescendiente con determinadas ideologías de corte populista que son muy peligrosas para la democracia.

Y digo esto por en el apartado 3 de su iniciativa incluyen de manera acertada prohibir cualquier fundación o asociación que glorifique o ensalce el nacismo o el fascismo, cosa con la que indudablemente estamos de acuerdo pero no deja de ser paradójico que la izquierda se olvide de incluir en este acuerdo al comunismo, ideología de extrema izquierda muy dañina para cualquier sociedad, como la que desgraciadamente se sigue observando con ejemplos que por nuestros vínculos históricos y culturales nos pilla muy de cerca.

El punto 2 de nuestra enmienda pretende que no se dude de que sus señorías socialistas se pliegan a este tipo de ideologías que vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, que han tenido y tienen la malograda experiencia de vivir bajo esas dictaduras. Señorías, para que no quepa duda sobre su intención apoyen nuestras enmiendas, aunque viendo a sus socios preferentes alabar regímenes como estos, se nos antoja muy complicado. No vivan, por tanto, bajo el yugo dogmático de Podemos y defiendan sin ambigüedades la libertad y la democracia en cualquier parte del mundo, incluido Cuba, donde Pedro Sánchez tiene la intención de viajar este próximo jueves. Y les advierto una cosa, señorías, si Pedro Sánchez no se reúne con los disidentes cubanos y no escucha otra versión que no sea la del Palacio de la Revolución, esta moción será inútil, sectaria y partidista, algo con lo que no estamos nada de acuerdo. (Aplausos).

Señorías, en el apartado 1 de la enmienda de sustitución que hemos presentado condenamos, como no podía ser de otra manera, la dictadura franquista. Lo hemos hecho en la historia de nuestro partido, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo tantas veces traigan mociones de este tipo. No les quepa la menor duda. Pero tengo que decir una cosa: yo nací once años después de la muerte del dictador. ¿Qué tengo que ver con todo eso? ¿Qué tiene que ver ese grupo de chicos y chicas que están allí arriba con todo eso? (Aplausos). No tienen nada que ver. Díganme, señorías, ahora que controlan el CIS, a cuántas personas les preocupa este asunto. ¿Dónde está la pobreza infantil, el hambre, la exclusión social, el empleo? ¿Para tanto da esta cuestión como para agotar el cupo de mociones que tenían previsto para este Pleno? Creo que los españoles lo tienen claro pero desafortunadamente ustedes aún no; aún no se han dado cuenta de que la sociedad española ha evolucionado, es evolución, que no revolución, señorías. El mundo y España no son lo mismo que hace cuarenta y tres años. De eso estoy seguro y mi grupo parlamentario también.

Por otro lado, señorías socialistas, en la exposición de motivos dicen —y leo textualmente—: Con mayor motivo deben afrontarse estas iniciativas en unos tiempos en los que el discurso racista y xenófobo está experimentando un cierto resurgir a lo largo y ancho de toda Europa. Claro que sí. ¿Pero dónde estaban ustedes cuando pactaban con Torra o con Podemos, que desgraciadamente destilan odio por todos los poros de su piel cada vez que suben a la tribuna a intervenir? ¿Por qué no están allí ellos?

Por último, señorías, el punto 3 de nuestra plural enmienda manifiesta lo siguiente: seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española del año 1978. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esta manifestación? ¿Quién puede hoy en día enmendar a quienes sí vivían en una sociedad fragmentada y dividida en aquel entonces? ¿Quién pretende corregir a nuestros padres fundadores? ¿En nombre de quién? ¿Para qué? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad moral vamos a enmendarlo? Señorías, ojalá tuviéramos la misma talla política de quienes sí demostraron tener altura política y de quienes sí estuvieron a la altura de aquellas circunstancias. Esa es la noble tarea que tenemos por delante, hacer de la política la verdadera fuerza transformadora de la sociedad. Ojalá tuviéramos ese mismo sentido de Estado, y lo digo también haciendo autocrítica, para no señalar a nadie.

Señorías, si finalmente rechazan nuestras enmiendas, se constatará una vez más que en la terminología progre, que en esa utopía progre, las palabras biensonantes y buenistas buscarán disfrazar las verdaderas intenciones de la izquierda. Palabras como diálogo, consenso y tolerancia, todas esas palabras que siempre monopolizan no tienen ningún sentido si ustedes no son capaces de acordar con la principal fuerza política de este país, la que ha ganado las elecciones, señorías. Dialogo, consenso y tolerancia cuando me benefician a mí, pensarán ustedes, o cuando se alinean con mis posiciones. ¿Verdad, señorías socialistas? Todo muy demócrata. Pero esas palabras tienen un sinónimo común; para que aprendan: acuerdo, negociación y aceptación de posiciones distintas. Para sus señorías socialistas, el consenso es asumir su posicionamiento y su tolerancia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DELGADO CÁCERES: Termino, presidente.

La tolerancia solo viaja en un solo sentido, el suyo. Pues no, señorías, las cosas no son así.

En definitiva, concebimos que la única posición posible a este respecto es una posición política y moralmente sostenible: la reconciliación y el no rencor, esa es la única posible. Por ello les pido, y termino ya, que hagan que me equivoque y me trague mis palabras de hoy aceptando nuestras enmiendas, para dignificar el trabajo de aquellos que sí supieron estar a la altura de lo que exigían las circunstancias y no con mociones de este tipo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco a los grupos que hayan presentado enmiendas, porque demuestran que esta iniciativa ha generado una profunda reflexión en los grupos de esta Cámara.

Respecto a la enmienda del señor Iñarritu, entendemos que esa petición deben hacerla las comunidades autónomas o, a título individual, las familias o asociaciones, y no en función de la procedencia de las víctimas. Por tanto, no la aceptamos.

Las cuatro enmiendas de Foro Asturias no las aceptamos porque no aportan nada sustancial a la moción y desvirtúan su contenido.

Respecto a las 22 enmiendas de Compromís, podemos estar de acuerdo con algunas, señor Mulet, pero el objetivo de esta iniciativa es condenar el franquismo y los actos de exaltación. Su enmienda número 3, por ejemplo, daría lugar a otra moción, y el resto de enmiendas que presentan las podrían proponer en la reforma de la Ley de memoria histórica. En cuanto a la enmienda número 21, sobre bebés robados, hay una proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista y otros han presentado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, señor Mulet, lamentándolo mucho, no las aceptamos.

Respecto a las dos enmiendas de Ciudadanos, el Gobierno ya ha tenido en cuenta el informe de los expertos, y su segunda enmienda tampoco aporta nada sustancial, por lo que no las aceptamos.

En cuanto a las enmiendas de Podemos, aceptamos la número 6, senador Comorera, sobre la nulidad de las sentencias, y no aceptamos el resto, porque tampoco aportan mejoras al texto.

Respecto a las siete enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, señor Bildarratz, aceptamos las enmiendas números 4 y 5, de modificación, porque sí mejoran la iniciativa presentada. Y no se preocupe, señor Bildarratz, nuestra intención es consenso y diálogo, pero con los que quieran consensuar y dialogar. En el propio texto ya se habla del informe de la ONU, donde explícitamente se señala a las víctimas.

Por último, respecto a la enmienda de sustitución del Grupo Popular, nuevamente es, como siempre, de sustitución. ¿Para qué? Para ponerse otra vez de perfil ante el franquismo, para obviar la Ley de memoria histórica, porque a ustedes esta ley les da urticaria, señorías de la derecha. Su enmienda pesa más por lo que no dice que por lo que dice; ni siquiera quieren hablar del espíritu de concordia, al que usted hacía referencia. A ustedes les escuece esta moción, y ¿saben por qué? Porque ustedes —usted no, porque, como dice, no había nacido— hunden sus raíces, biológica e ideológicamente, en la camisa nueva, en las banderas victoriosas y en la España que empieza a amanecer. (Protestas.— Aplausos).



Ustedes no tienen ninguna autoridad moral. Sí, señorías, hunden sus raíces en la camisa nueva, en las banderas victoriosas y en la España que empieza a amanecer. (Protestas).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Obviamente, no esperábamos que aceptara ninguna de nuestras enmiendas porque sabemos que este tipo de mociones son simplemente humo para intentar poner en una coyuntura difícil al Partido Popular, que nos da igual que condene o no el franquismo si actúa igualmente como un partido neofranquista. Por lo tanto, ¿para qué sirven estas mociones? Simplemente para marcar terreno, porque a la hora de la verdad actúan con cobardía. La ley de 2007 fue una ley cobarde que se dejó a medias, y hemos visto en decenas de municipios cómo los propios alcaldes del Partido Socialista se niegan a cumplir la Ley de memoria histórica. En una ciudad de Castelló, por ejemplo, se niegan a derribar la cruz franquista. Por lo tanto, continuamos como estábamos.

En ningún país europeo pasa lo que pasa en España; en ningún país que haya sufrido antes una dictadura pasa lo que pasa aquí. Aquí vemos cómo no se ha cortado el ADN ideológico; aquí vemos cómo hoy se ha insultado gravemente a las personas que durante cuarenta años estuvieron luchando por la libertad y la democracia; aquí se ha equiparado a la democracia con un régimen dictatorial; aquí se ha insultado gravemente a la gente que sufrió durante cuarenta años por sus ideas democráticas; aquí los neofranquistas —perdón por lo de neo, porque de neo no tienen nada— han vuelto a demostrar que su ley de 2007 no sirve absolutamente para nada, porque les da impunidad absoluta para actuar. Eso solo pasa en España.

La gente está muy preocupada por el auge de la extrema derecha en toda Europa. Aquí llevamos cuarenta años de extrema derecha en las Cortes Generales, y prueba de ello son intervenciones que ha habido hoy en esta Cámara y que continuaremos teniendo.

Solo me queda pedir la dimisión del señor Cosidó. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Oooh!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro manifiesta su máximo respeto a las víctimas de nuestros conflictos fratricidas, al gigantesco sufrimiento de ambos bandos. Sin embargo, no podemos obviar que nuestro país ha llevado adelante una transición democrática ejemplar, con la ayuda y la cesión de muchas formaciones políticas, con el respaldo masivo de los españoles para apelar al final de las dos Españas, para poder seguir adelante gracias al valor de la reconciliación. Entendimiento que se quiere poner en quiebra de forma interesada, transición modélica que está puesta en entredicho con iniciativas legislativas en algunas comunidades autónomas. Y ahora nos ha llegado el turno a la asturiana, donde se tramita una proposición de ley bajo la denominación Memoria democrática, impulsada por formaciones políticas que ponen en duda el consenso que hizo el milagro de pasar de la dictadura a la democracia sin sufrir traumas graves, en el que hay que reconocer el gran espíritu de reconciliación de los españoles, fundamentalmente de los que sí vivieron esa época y conocían las consecuencias de la división; fractura a la que, mediante voluntad popular, rechazaron volver.

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. ¡Cuidado, mucho cuidado con lo que hacemos! El radicalismo de izquierdas y de derechas está creciendo. Lo que necesitamos son estadistas como los que gestaron la Transición y no populismos y demagogia que vuelvan a enfrentar a los españoles en dos bandos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senador Iñarritu, tiene la palabra.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Seré breve.

Yo creo que lo principal a día de hoy, cuarenta años después, es desfranquizar el Estado, desfranquizar las instituciones, para que no se vuelvan a repetir discursos de banalización de la dictadura franquista, de revisionismo, como ha ocurrido hoy en esta sala.

Al Grupo Socialista quiero decirle simplemente que aunque no me acepten la enmienda, voy a votar a favor. Pero también les digo que pueden hacer cosas, desde lo simbólico a lo efectivo, como retirar las medallas de la Gran Cruz Laureada a los killers, a los grandes killers del franquismo; retirar rápidamente los títulos nobiliarios; hacer algo también con los más de mil militares que han hecho un manifiesto franquista este mismo verano, o sancionar a ese policía nacional que agredió al fotoperiodista Jordi Borràs en Cataluña al grito de: Viva Franco (Aplausos). Y todas esas medidas deben ir en la línea de desfranquizar las instituciones, que ya es hora y se puede hacer rápido si hay voluntad política.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Antes de posicionar el sentido de nuestro voto en esta moción, me gustaría dirigirme al senador Delgado, porque yo tampoco había nacido cuando gobernaba Franco y condeno el franquismo y tampoco había nacido cuando surgió el nazismo y lo condeno. Por supuesto, a la gente de mi edad sí le importan estos temas, y quería hacérselo ver, porque parece que la historia la utilizamos para defender unos discursos y otros no, dependiendo de lo que nos interese.

Volviendo al tema que nos ocupa, la Agrupación Socialista Gomera condena el franquismo, y va a apoyar, por supuesto, esta iniciativa; es una deuda que tenemos con todas las víctimas. Y también tenemos que sacar a los dictadores de los sitios públicos y aprender de la historia para que no se vuelva a repetir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Moltes gràcies, president.

Perdonin l’afonia, continuo amb una veu una mica estranya per intervenir.

Bé, la moció que ens presenta el grup socialista és una moció amb la qual és impossible estar en desacord i, per tant, votarem a favor. Hem de recordar que s’han fet múltiples iniciatives en aquest sentir, múltiples iniciatives. S’està tramitant un projecte de llei pel qual es modifica la Llei 52/2007 de 26 de desembre amb la finalitat d’ampliar drets i establir mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil. Alhora, volem remarcar, des de la nostra formació política, des del Partit Demòcrata, que tenim presentades dues iniciatives també importants. Una proposició de llei per a la reparació jurídica de les víctimes del franquisme, mitjançant la declaració de nul·litat i il·legitimitat dels tribunals constituïts durant la guerra civil i el franquisme, així com les seves sentències dictades.

Farà 11 anys aviat de l’acompliment de l’aprovació de la primera llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme mitjançant la declaració que comentàvem de nul·litat i il·legitimitat, la que anomenem Llei de memòria històrica. Han existit múltiples iniciatives legislatives dels PSOE, d’Unidos-Podemos, d’Esquerra Republicana, del PNB, del Partit Demòcrata i, en aquest sentit, en concret, l’article 3 d’aquesta llei anomenada de memòria històrica es declaren com a il·legítimes les sentències i els tribunals durant la guerra civil i el franquisme. Al Parlament de Catalunya també s’ha aprovat al juliol del 2017 la Llei 11/2017 de reparació jurídica de les víctimes.

No puc deixar d’intervenir sense fer una referència al senador Delgado del Partit Popular reclamant-li respecte institucional per al President de la Generalitat, que és un president que ha votat el parlament de Catalunya; i vostès amb molt poca autoritat moral poden parlar de Catalunya perquè vostès no van obtenir ni el 5 % dels vots a les eleccions del 21 de desembre i, per tant, vostès, per posar-li un exemple, a la Comunitat Valenciana serien extraparlamentaris. Per tant, una mica de respecte pels governs instituïts.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Disculpen la afonía, sigo con la voz un poco extraña para intervenir.

Con la moción que nos presenta el Grupo Socialista es imposible estar en desacuerdo, así que vamos a votar a favor. Debemos recordar que se han presentado muchas iniciativas en este sentido. Se está tramitando un proyecto de ley por el que se modifica la Ley 52/2007, de 25 de diciembre, con la finalidad de ampliar derechos y establecer medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil. Al mismo tiempo, queremos subrayar que el Partido Demócrata tiene presentadas dos iniciativas, una proposición de ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo y de las sentencias dictadas.

Pronto se cumplirán once años de la aprobación de la primera ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, mediante la declaración —que comentábamos antes— de nulidad e ilegitimidad, la que llamamos Ley de memoria histórica, y se han presentado muchas iniciativas legislativas, del PSOE, de Podemos, de Esquerra Republicana, del PNV, del Partido Demócrata. El artículo 3 de esta Ley de memoria histórica declara ilegítimas las sentencias de los tribunales durante la guerra civil y el franquismo y en el Parlamento de Cataluña se aprobó en julio de 2017 la Ley 11/2017, de reparación jurídica de las víctimas.

No puedo dejar de referirme al senador Delgado, del Partido Popular, y reclamarle respeto institucional por el presidente de la Generalitat, que es un presidente votado por el Parlamento de Cataluña. Ustedes tienen poca autoridad moral para hablar en nombre de Cataluña, porque no obtuvieron ni el 5 % de los votos en las elecciones de diciembre. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ustedes serían extraparlamentarios, así que un poco de respeto por los gobiernos constituidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

«Por la noche estábamos acostados. Tocaron en la puerta. Mi padre respondió y cuando abrió, lo primero que vi fueron cinco, seis, ocho o diez fusiles enfocando hacia dentro. Parecía como si fueran a buscar a un criminal. Me preguntaron si sabía dónde estaban los huidos, mis primos, y yo les dije que no sabía. Con un revólver grande me pegaron a moler. Todavía tengo la cicatriz. Todo eso podía ser pasadero, pero después se llevaron a mi padre». Son palabras del duro recuerdo que dejó plasmado un vecino de Isora, en El Hierro, don Pedro Cabrera Costa, en el libro La represión franquista en El Hierro, del historiador Miguel Ángel Cabrera. También en El Pinar se sucedieron escenas similares, tal y como relataba Juan Hernández Quintero: «La casa de mi padre fue requisada por La Falange y la pusieron de chatarrería; la tienda que tenía, la arrasaron, la dejaron sin mercancía de ninguna clase». José Pérez Machín recuerda: «A mi señora un falangista le vino a pedir papas. No, yo no tengo papas. Entonces cogió y le pegó dos latigazos, dos zurriagazos. Después venían a pedir gallos, a pedir gallinas, papas, higos pasados, gofio. Todos les daban, porque les tenían miedo. Quedó gente inútil, enferma, que murió de los palos», recuerda Epifanio Hernández Morales.

No podemos cambiar el pasado, señorías, pero tenemos la obligación de aprender de él. Lo cierto es que no hemos sabido cicatrizar las heridas de la memoria y mucho menos las heridas del corazón, que se mantienen intactas en miles de familias en este país.

Por lo tanto, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria dice sí a la exhumación de Franco y de Primo de Rivera. Decimos sí a la reparación de tanto dolor, a las condenas por exaltación y apología del franquismo; sí a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, en concordancia con la resolución del Parlamento Europeo; decimos sí por respeto al recuerdo de tantos vecinos y vecinas que sufrieron durísimos episodios de intimidación, trabajos forzados, saqueos, donativos o impuestos obligatorios, a pesar de la miseria a la que estaba sometida la población, que sufrió el hambre, la injusticia, la tiranía, la inexistencia de libertades, la extirpación de la cultura y la formación de la población, como demuestra, por ejemplo, la destrucción de las bibliotecas existentes en la isla, quemadas por los falangistas, o la analfabetización mayoritaria de la sociedad herreña, que se contrajo en sí misma por el miedo y el terror.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.

Decimos sí porque también decimos sí a la democracia, con todos sus retos, a las libertades y a los derechos humanos, algo totalmente incompatible con la veneración y el culto a un dictador genocida, tirano y corrupto.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, diálogo. Si en algo ha basado el senador Antich la defensa de esta moción y su oportunidad, ha sido precisamente en el diálogo, pero en un diálogo que no quiere poner negro sobre blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere decir que merece la pena que se revise la Ley de memoria histórica al menos con un intento de acuerdo? Que yo no le digo que vaya a llegar a buen puerto, pues ya nos conocemos todos, pero, al menos, tiene que haber un esfuerzo, porque es importante para conseguir un acuerdo.

Sin embargo, esto no es lo más importante. Lo que de verdad echo en falta —y no me ha respondido ni una palabra al respecto— es, al menos, una mención a las víctimas; al menos una. Tendría que haber, al menos, una mención a las víctimas. Ya sé que me va a decir que ahí está el Proyecto de Ley de memoria histórica; ya lo sé. Pero es que toda la moción está recogida en el proyecto de ley, no hay nada nuevo. Aun con todo, merece la pena que apoyemos esta moción, pero encuentro injustificado la falta de un verdadero apoyo a las víctimas. Nadie se ha acordado de los hermanos Lapeña, asunto que está totalmente paralizado, o del guipuzcoano, de Zumárraga, Antonio Arrizabalaga, que también fue enterrado en el Valle de los Caídos en contra de la opinión de sus familiares. En todo este proceso de exhumación del caudillo-dictador nos estamos olvidando de lo que sienten las víctimas, les estamos lanzando un día sí y otro también un anuncio a través de los medios de comunicación —antes de verano, después de verano, antes de diciembre, después de diciembre—, pero nadie se está acordando de hablar y gestionar con ellas los verdaderos problemas que tienen día a día desde hace muchos años.

¿Y qué decir del argumento que hemos utilizado continuamente de que España es el segundo país del mundo en personas desaparecidas? Y ninguna referencia. Pero es evidente, senadores del Grupo Socialista, que al menos nos une lo más importante, por eso vamos a apoyar esta moción, y estamos de acuerdo. Pero tenemos que trabajar para que los objetivos que persigue dicha moción y sobre los que hemos trabajado durante estos últimos años de manera conjunta y en la oposición se lleven a cabo.

Senador Delgado, yo no sé los años que tenía, independientemente de la situación a la que vaya a hacer usted referencia, pero este fue un hecho que todavía tiene muchas consecuencias en muchas familias. Lo que no puede hacer, por muy senador del Partido Popular que sea, es obviar y olvidar todo el sufrimiento que ha habido durante todos estos años y que todavía permanece en muchas familias, muchas de las cuales todavía no se atreven a hablar ni tienen voluntad de hacerlo por miedo.

Senador Delgado, recuperar la memoria es la forma más firme de asentar el futuro de la convivencia. Le voy a decir algo. Usted ha preguntado: ¿Qué es lo que de esta enmienda —no enmiendas, sino enmienda— a ustedes no les gusta? Yo le devolvería la pelota, porque la presentación ha sido de otro grupo parlamentario: ¿Qué es lo que usted no comparte de la moción presentada para no apoyarla? Porque, como le he dicho antes, lo verdaderamente importante es el respeto, el apoyo y el calor que se merecen las víctimas del franquismo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: A ellas les debemos todo nuestro trabajo y todo nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Bon dia. Gràcies, senyor president.

Senyories, es una llàstima que el senyor Cosidó no sigui aquí perquè tenia una bona notícia per a ell. Com suposo que presentarà la dimissió immediata, perquè els seus whatsapp són autèntics míssils a la democràcia, doncs sé que hi ha una empresa d’aigües fecals que està disposada a contractar-lo com a director general i, per tant, que no pateixi que no es quedarà sense feina.

Anem al que ens interessa avui. El problema, i ara m’adreço al Partit Socialista, és que els hi ha faltat valentia per intentar que la dreta nostàlgica del franquisme, la dreta que no l’ha condemnat mai de veritat, no s’hagi apropiat del relat històric. Perquè només cal sentir algunes tertúlies, només cal llegir alguns articles d’opinió, només cal veure algunes manifestacions que es fan a tota Espanya, només cal consultar alguns llibres de text que estudien els escolars espanyols per adonar-se’n que el relat històric del que va significar el franquisme està en mans d’aquesta dreta. I no han sabut contrarestar-lo amb prou força.

Jo reconec que la transició, excepte al País Basc i a Catalunya, l’antifranquisme era minoritari, ho reconec. Però, home, ha passat temps, han tingut anys per reparar aquesta situació. El que no pot ser és que encara als llibres d’història que estudien molts escolars espanyols es digui que el franquisme va ser un règim autoritari, però no es digui que va ser un règim criminal, que va ser una dictadura genocida, que va matar i va torturar a milers i a milers, o centenars de milers de persones. Que es digui, també, que aquest règim no només va perseguir als republicans i als socialistes i als anarquistes i als comunistes i a tots els dissidents, sinó que va perseguir també la llengua i la cultura catalana, la llengua i la cultura basca, és a dir, que es va cometre també un intent de genocidi cultural i lingüístic. Tot això no s’explica. Hi ha molts nois i noies joves que tot això no ho saben.

Doncs, posem-nos a fer la feina ben feta, no deixem que el relat sobre el que va ser el franquisme el manipulin aquests senyors d’aquí a la dreta que, com ha dit molt bé el senador socialista, són els seus hereus biològics i ideològics. Perquè aquests senyors condemnen el franquisme retòricament però s’han oposat per terra, mar i aire i per les clavegueres, pel subsòl, s’han oposat a anul·lar tots els judicis del franquisme. S’han oposat a perseguir els sicaris i els criminals del franquisme, perquè totes les sentències que van emetre els tribunals franquistes, i tots els actes administratius que van dictar les administracions franquistes són totes nul·les de ple dret, perquè el fonament era il·legítim. Perquè el fonament d’aquestes sentències i actes administratius estava en un cop d’Estat perpetrat per militars; l’únic cop d’Estat de veritat que hi ha hagut a l’Estat espanyol els últims cent anys.

Per tant, si tots els actes jurídics, les sentències i els actes administratius són nuls de ple dret, per què no s’ha reparat a les víctimes via civil? Per què no s’han anul·lat tots els judicis? Perquè ha faltat valentia, perquè de vegades ens hem deixat intimidar pel qui presumeixen d’haver guanyat la guerra civil i d’haver guanyat la transició. Perquè presumeixen d’això. Perquè ells mateixos van dissenyar una transició a la mida dels seus interessos.

Per tant, votarem a favor de la moció, però hem d’anar més enllà perquè, si no, molts dels valors dels qui van perpetrar el cop d’Estat el 18 de juliol seguiran vigents; seguiran vigents i presents, defensats d’una altra manera més subtil, però l’esperit, la filosofia que els va informar seguirà nodrint l’imaginari de molts ciutadans espanyols.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente. Buenos días.

Señorías, es una lástima que el señor Cosidó no esté aquí porque tenía una buena noticia para él. Como supongo que presentará la dimisión de manera inmediata porque sus wasaps son auténticos misiles a la democracia, sé que hay una empresa de aguas fecales que está dispuesta a contratarlo como director general. Por tanto, no sufra, porque no se quedará sin trabajo.

Pero vamos a lo que nos ocupa hoy. El problema —ahora me dirijo al Grupo Socialista— es que les ha faltado valentía. Les ha faltado valentía para intentar evitar que la derecha nostálgica del franquismo, la derecha que nunca han condenado de verdad, se haya apropiado del relato histórico, porque basta con escuchar algunas tertulias, basta con leer algunos artículos de opinión, basta con ver algunas manifestaciones que tienen lugar en toda España, basta con leer algunos libros de texto de los que estudian los escolares españoles para darse cuenta de que el relato histórico de lo que significó el franquismo está en manos de esta derecha y no han sabido contrarrestarlo con suficiente fuerza.

Yo reconozco que en la Transición, excepto en el País Vasco y en Cataluña, el antifranquismo era minoritario; lo reconozco. Pero ha pasado tiempo, han pasado años para subsanar esta situación, y lo que no puede ser es que en los libros de historia que estudian muchos escolares españoles todavía se diga que el franquismo fue un régimen autoritario y no se diga que fue un régimen criminal, que fue una dictadura genocida, que mató y torturó a centenares de miles de personas; que no se diga también que ese régimen no solo persiguió a los republicanos, a los socialistas, a los anarquistas, a los comunistas y a todos los disidentes, sino también a la lengua y a la cultura catalana, a la lengua y a la cultura vasca, es decir, que también se cometió un intento de genocidio cultural y lingüístico. Todo esto no se explica y hay muchos chicos y chicas jóvenes que no saben todo esto.

Pongámonos, pues, a trabajar de verdad y no dejemos que el relato sobre lo que fue el franquismo lo manipulen estos señores de ahí, de la derecha, que, como muy bien ha dicho el senador socialista, son sus herederos biológicos e ideológicos. Porque estos señores condenan el franquismo retóricamente, pero se han opuesto por tierra, mar y aire, y por el alcantarillado y el subsuelo, a todos los juicios del franquismo, a perseguir a todos los sicarios del franquismo; porque todas las sentencias que emitieron los tribunales franquistas y todos los actos administrativos que dictaron las administraciones franquistas son nulos de pleno derecho; porque el fundamento era ilegítimo; porque el fundamento de esas sentencias y actos administrativos residía en un golpe de Estado perpetrado por militares, el único golpe de Estado que de verdad ha habido en el Estado español en los últimos cien años.

Por tanto, si todos los actos jurídicos, las sentencias y actos administrativos son nulos de pleno derecho, ¿por qué no se ha reparado a las víctimas por la vía civil? ¿Por qué no se han anulado todos los juicios? Porque ha faltado valentía, porque a veces nos hemos dejado intimidar por aquellos que presumen de haber ganado la guerra civil y de haber ganado la Transición; porque presumen de esto, porque ellos mismos diseñaron una transición a la medida de sus intereses.

Por tanto, votaremos a favor de la moción. Pero debemos ir más allá, porque, de lo contrario, muchos de los valores de quienes perpetraron el golpe de Estado el 18 de julio seguirán vigentes y presentes, defendidos de una manera más sutil, pero el espíritu, la filosofía que los conformó seguirá alimentando todavía el imaginario de muchos ciudadanos españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Eskerrik asko, señor presidente.

Quisiera iniciar mi intervención pidiendo al señor Delgado que retire su afirmación de que nuestro grupo hace apología del odio. Tenemos posiciones diferentes y cada uno defendemos lo que creemos correcto. Muchos aspectos que nosotros hemos planteado son recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, y creo que son afirmaciones graves que nadie nos merecemos. (Aplausos).

Efectivamente, son las trece horas y veintiocho minutos y el señor Cosidó sigue sin dimitir.

Con sinceridad y con el corazón, que, como saben, está a la izquierda, ¿de verdad esta Cámara va a condenar la dictadura franquista? ¿Esta Cámara condena los crímenes franquistas? ¿Saben sus señorías que en Europa todas las democracias han podido juzgar sus dictaduras? ¿Esta Cámara considera que los restos del fascista Francisco Franco deben salir del Valle de los Caídos?

Con las enmiendas presentadas, además de mostrar voluntad política, consideramos que es necesario poner en marcha ciertas medidas legislativas para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El Grupo Socialista ha sido tibio —solo ha aceptado una de ellas— y consideramos que de este modo, desde luego, no se responde ni se respetan aquellas peticiones de las cientos de asociaciones memoristas que existen en nuestro país.

Jaun-andreok 1936ko uztailaren 18an kolpe hiritar militarrak 2. Errepublikako legezko agintariak baztertu zituen. Altxamenduak Alemania naziaren eta Italia faxistaren laguntza izan zuen. Altxamenduak diktadura bat ekarri zuen, eta ehun milaka pertsonen giza-eskubideak urratu zituen sistematikoki berrogei urtez baino gehiago: hobi komunetan desagertuak, erailak, errepresaliatuak, torturatuak eta espetxeratuak arrazoi politikoengatik, erlijio arrazoiengatik eta sexu-orientazioagatik, milaka pertsona erbesteratuak eta deportatuak kontzentrazio-esparruetara, ahurrak lapurtuak beren amengandik etab.

Horregatik guztiagatik, jaun-andreok, Francoren gorpua hobitik ateratzeak aukera eman beharko luke eta era berean Erorien Haranari buruz eta frankismoa bera hobitik ateratzeari buruz hitz egitea.

Señorías, el 18 de julio de 1936 un golpe militar se alzó contra los gobernantes legales de la Segunda República. El alzamiento contó con la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, y resultó en una dictadura que vulneró los derechos humanos de cientos de miles de personas de forma sistemática durante más de cuarenta años. El alzamiento se saldó con personas desaparecidas durante un montón de años. Desaparecidos en fosas comunes, exiliados, asesinados, represaliados, torturados, deportados a campos de concentración, robos de niños extraídos de sus madres, etcétera.

Por todo ello, señorías, la exhumación de los restos de Franco tendría que ser también una oportunidad para hablar sobre el Valle de los Caídos y sobre la propia exhumación del franquismo.

El actual Valle de los Caídos es un santuario de la dictadura y representa el asesinato, la represión y la barbarie. Es un lugar de culto al fascismo que, anacrónicamente, sobrevive en una democracia y que supone una horrenda excepción en Europa, por lo que debe llegar a su fin. Es incompatible tener a un dictador en un museo en una democracia, mantenido, además, con dinero público y donde están enterradas miles de víctimas en contra de la voluntad y el reconocimiento de sus familiares.

Por ello, y en el contexto de instar al Gobierno a impulsar la revisión y mejora de la vigente Ley de memoria, hemos presentado en el Congreso diferentes enmiendas, algunas de las cuales hoy hemos conocido aquí. No solo consideramos que los restos de Francisco Franco deben salir del Valle de los Caídos y no puedan depositarse en espacios públicos o en lugares que sirvan para el enaltecimiento de la dictadura y el fascismo, sino que también reclamamos que los del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que reposan también en el altar mayor de la basílica del Valle, sigan los mismos pasos.

Creemos que se debe anular la amnistía de los crímenes de la dictadura y derogar el concordato y los acuerdos son la Santa Sede. Necesitamos una fiscalía especial para los crímenes del franquismo, y lo que es más importante, hay que atender todas las reclamaciones y peticiones de los familiares de las víctimas en cuanto a la exhumación de los restos mortales que se encuentran en la cripta de la basílica.

Señorías, la justicia internacional considera que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar. Debemos denunciar lo que hoy significa que siga habiendo fosas cerradas, personas con su identidad perdida, desaparecida o robada; personas torturadas que conviven con sus torturadores, exministros que firmaron sentencias de muerte y familiares de los condenados que viven con esos exministros. Nosotros pensamos que tiene que ser un valle sin caídos. Debe convertirse en un cementerio civil donde se entierre a todo el mundo que no sea reclamado.

Les animo a trabajar juntos para que más pronto que tarde —ya está costando— se efectúe la exhumación de Franco hoy y de José Antonio Primo de Rivera mañana, para que lleven sus restos a un lugar donde no existan peregrinaciones ni exaltación al fascismo, que se ilegalice la Fundación Francisco Franco y que trabajemos juntos para que el Valle de los Caídos deje de ser un memorial fascista.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ARRIETA ARRIETA: Termino. Y que trabajemos también para convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la memoria democrática y antifascista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Permítanme que felicite y dé las gracias por asistir al director general de Memoria Histórica, que está en la tribuna, y a don Eduardo Ranz, letrado de los hermanos Lapeña y asesor, que también está hoy con nosotros. Por cierto, y dicho sea de paso, ayer los hermanos Lapeña fueron recibido en Moncloa y, según me dicen, señor Bildarratz, sobre la familia vasca de la que usted hablaba el propio director general, que está aquí presente, ya ha estado con ellos y ha iniciado los trámites con Patrimonio Nacional. (Aplausos).

Han pasado 43 años de la muerte del dictador Franco, 40 años de la Constitución, y yo creo que hoy es un buen momento, como decía el senador Antich, para que esta Cámara realice de verdad una reválida de nuestro apoyo a los valores democráticos y condene de una manera concluyente e indiscutible el franquismo y cualquier otro acto que suponga su exaltación. De ahí el objetivo de esta moción. Por cierto, han pasado 40 años de democracia y yo no he visto en ningún momento a la derecha española que haya traído a ninguna de las Cámaras, a las Cortes Generales, una moción en contra del franquismo. No lo he visto nunca. Ha tenido que ser la izquierda y ha tenido que ser el Grupo Socialista.

Señorías, la ONU acaba de alarmar a todo el mundo sobre la creciente visión que está teniendo la ultraderecha y el neonazismo, y ha solicitado a las naciones que intervengan con eficacia contra estos movimientos intolerantes; por cierto, movimientos intolerantes que estamos viendo en las calles de España cada día. Estas son fotos que se ven por las calles de España. Perdón... esta no quería sacarla: es de las Nuevas Generaciones del PP.

Señorías, hay tres ámbitos que reconocen el valor y la importancia de esta moción. En el ámbito legal, nuestra propuesta de reforma de la Ley 52/2007 para subsanar alguna de las carencias que tiene esa ley y revitalizar el cumplimiento de la Ley de memoria histórica, paralizada de facto por el Gobierno popular mediante su racionamiento presupuestario;



en el ámbito judicial, dos iniciativas impulsadas por la sociedad civil y los colectivos de víctimas; y en el ámbito internacional, como decíamos antes, iniciativas de la ONU y el Parlamento Europeo para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Por lo tanto, aun siendo positivo exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, porque responde a una voluntad para reparar a las víctimas del franquismo, se corrige un error histórico, normalizando así nuestra vida democrática al acabar con una anomalía como es mantener enterrado a un dictador, responsable de innumerables muertes, junto a miles de sus víctimas.

Los poderes públicos, señorías, debemos desarrollar todas las medidas necesarias para honrar a las personas que se esforzaron para construir el régimen democrático de la Segunda República, que padecieron las injusticias y la represión de la dictadura y que, no lo olvidemos, se mantuvieron en pie frente al franquismo totalitario para recuperar la democracia.

El Grupo Socialista pretende con esta moción mantener la llama encendida de esas víctimas a las que aterrorizaron o quitaron sus vidas por el simple hecho de querer libertad.

Señorías, la democracia no se construye mientras tengamos cadáveres en las fosas comunes, no se construye mientras tengamos cadáveres en las cunetas o en los lugares olvidados de España. La democracia, señorías, no se construye manteniendo enterradas sin nombre, sin honra y sin memoria a las víctimas. No hay democracia sobre el silencio de las víctimas y sin memoria. Fijemos la memoria histórica en un discurso que las envuelva de valores democráticos, de virtudes cívicas, de derechos humanos, de convivencia y de diálogo, señor Bildarratz. Contribuyamos, como pretendemos hacer con esta iniciativa, a la prevención de la violencia, a la promoción de la paz y al fortalecimiento de nuestra democracia. Pongamos fin, efectivamente, al odio y al rencor y abramos hoy un camino para que en España la herida deje de sangrar, porque la memoria, señorías del Partido Popular, nunca va contra nadie, la memoria no hace daño a nadie; la memoria, señorías, no ofende a nadie; la memoria pretende, tan solo, encontrar el pasado y valorarlo.

Señorías, los socialistas consideramos que todos debemos recelar y preocuparnos por la creciente normalización de los nuevos fascismos. Hace un mes, el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que exhortaba a los gobiernos a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte o glorifique el neofascismo y el neonazismo, y apremiaba a nuestro país, señorías, a la retirada efectiva de todos los símbolos o monumentos que exalten el alzamiento, el fanatismo y el sectarismo que tuvo lugar hace cuarenta y tres años.

Señorías, si en estos días celebramos cuatro décadas de democracia y de Constitución, es porque en España Franco y su dictadura dejaron de existir.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Termino, señor presidente.

Como dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, dictadura y democracia, franquismo y Constitución son incompatibles. De ahí que no quepan actitudes tibias respecto al franquismo. Por eso hoy solicitamos su condena rotunda.

Acabo, señor presidente, con una cita de Indalecio Prieto. Decía: España necesita corazones sensibles capaces de estremecerse ante el dolor humano, tierno sentimiento sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana. Solo así podremos encarar el futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aragonés.

El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Pueden imaginar que al que les habla, y creo que casi a la totalidad del Grupo Popular, no le gustaría estar en esta tribuna en el día de hoy para rechazar ninguna moción que fuera de condena de una dictadura. Pero de aquí no se sale con ese debate, señores. Luego quedará en el Diario de Sesiones lo que ustedes quieran, y en titulares de periódicos también, pero lo que aquí han dicho demasiados portavoces es estrictamente una política de exclusión del rival, sazonada con una retórica que está muy cerca ya —si no roza— de considerarnos enemigos políticos. (Aplausos).

Como ha dicho el señor Antich, del Grupo Parlamentario Socialista, resulta que en la mayoría de esta Cámara hay unas raíces biológicas en las que anida un espíritu totalitario, criminal y, por supuesto, merecedor por tanto —no se sabe cuándo, en la enésima reforma de la Ley de memoria histórica— de sanción penal. ¿No estamos hablando de eso, señor portavoz de Podemos? ¿No queremos realmente eso? ¿Qué hacemos con los españoles que votan al Partido Popular? ¿Son franquistas o lo es solo su élite? (Aplausos).

La Ley de memoria histórica, escueza o no, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no fue derogada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Podía haberlo sido, pero ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, como se dijo el año pasado, en el penosísimo trabajo del mapa de fosas —les habla quien no es especialista en la materia; por lo tanto, les pido de antemano algo de benevolencia—, este se amplió significativamente. Ya lo dijo la portavoz de nuestro grupo el año pasado, Ayala, pero es inútil. De lo que se trata es de que el 20 de noviembre podamos meter el dedo en el ojo al Partido Popular. (Aplausos).

Pensaba pedir excusas a quien se pudiera sentir ofendido o confundido, pero verdaderamente le quitan a uno el ánimo. Voy a pedir excusas a mi grupo, porque en mi grupo hay muchísimas sensibilidades. Hay personas que piensan que esa moción merecería la aprobación; hay personas que pensamos que no, y hay otras muchas personas que piensan que deberíamos abstenernos, a pesar de que tenga un coste electoral. ¿Cuál? El de las próximas elecciones. La Ley de memoria histórica y las celebraciones sobre la memoria histórica ya empiezan a tener un significado electoral. Lo saben ustedes perfectamente, señores del Partido Socialista. Ustedes están con el aprendiz de brujo.

Si quieren, sigan radicalizando —ustedes que tienen la responsabilidad del partido de la izquierda institucional y, por tanto, la de la moderación— y acabaremos no muy lejos de donde están Francia, Italia u Holanda, solo por hablar de la Unión Europea. Si quieren, inténtenlo, radicalicen. Los incidentes parlamentarios —y hemos estado a punto de sufrir uno esta mañana en el Congreso— no van a parar por eso. Radicalicemos el discurso, hagamos frentepopulismo retroactivo sobre la derecha, o sobre el centro-derecha, o sobre lo que ustedes quieran. (Rumores). Parece que tienen envidia de que, hasta hace bien poco, la derecha había conseguido una suerte de unificación electoral. Parece que eso les recuerda a la famosa unificación del general Franco.

La moción no va sobre nada, va sobre el 20 de noviembre, para recordar a los españoles —que lo habían olvidado— que Franco murió hace una enormidad de años, porque todo lo demás es su tarea legislativa, que reside en el Congreso.

Me queda muy poco tiempo y no creo que vaya a obtener la benevolencia del presidente. No obstante, quiero señalar que el señor Bildarratz me ha recordado, por su talante de comprensión, conciliación y de intentar el consenso, a la vía que inició su ilustre antecesor, el señor Jáuregui —por supuesto, exiliado republicano—, muerto hace muchos años, quien realizó una enorme labor por la dignificación de las víctimas —en nombre del PNV y en la Comisión de los Nueve—, que no es, como piensa del Partido Socialista, la Ley 2007, sino las dos amnistías —la segunda de las cuales, por cierto, fue concedida en este Parlamento—.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Hagamos eso en este Senado y no contribuyamos con esta legislación, protolegislación o este tipo de mociones, que no hacen sino enrarecer el clima político y abrir la fosa, el abismo entre fuerzas políticas muy representativas, simplemente para echar sal en las heridas.

¿Me permite el presidente que lea una sola cosa?

El señor PRESIDENTE: Muy breve.

El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Está presente el director general de Memoria Histórica, y como está presente no voy a leer sus declaraciones, porque no puede entrar en conflicto. No obstante, voy a leer un texto que a él sí le sonará, pues se trata de la primera norma de la memoria histórica, que dice así: Decreto 334/2003, de 2 de diciembre... (Rumores). Un momento, déjenme. El texto habla de las víctimas de la rebelión militar pertenecientes al bando republicano y de los fallecidos en la contienda del denominado bando nacional. ¿Ven ustedes? Fallecidos en el bando nacional, víctimas en el bando republicano. Así seguimos, hay dos clases de víctimas de la Guerra Civil: unas merecen memoria y otras ya la tuvieron. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aragonés.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, para su información les diré que vamos a votar esta moción y que no pararemos el Pleno para almorzar, sino que vamos a seguir con el orden del día. Se continuará votando a partir de las cinco de la tarde.

Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de las enmiendas aceptadas, que son la número 6, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y las dos del Grupo Parlamentario Vasco, con número de registro 134 150 y 134 151.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 97; abstenciones, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.— El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la presidencia.— Rumores)



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 625/000002

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, si no guardan silencio, no continuamos el Pleno.

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación de la proposición de ley, tiene la palabra el presidente de la Comisión Constitucional, senador Lucas Giménez.

El señor LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Esta proposición de ley fue remitida al Senado por el Congreso de los Diputados y publicada el pasado 24 de octubre de 2018. Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la remisión de esta proposición de ley a la Comisión Constitucional y se abrió un plazo de presentación de enmiendas, que concluyó el día 5 de noviembre de 2018, sin que se solicitara la ampliación del mencionado plazo.

A esta proposición de ley, que se ha tramitado por el procedimiento ordinario, se presentó una enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y una vez convocada la Comisión Constitucional para emitir su dictamen dicho grupo retiró su enmienda, por lo que, en cumplimiento del artículo 107.3 del Reglamento del Senado, se desconvocó la comisión para que la proposición de ley se sometiera en este acto al conocimiento directo del Pleno de la Cámara.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Lucas Giménez.

Señorías, pasamos al debate de totalidad. Abrimos un turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de comenzar mi intervención me gustaría saludar efusivamente, agradecer y reconocer la inmensa labor de los asistentes que hoy nos acompañan en la tribuna, el tejido asociativo de la discapacidad, representada en Cermi Estatal, impulsores reales de ese cambio, miembros de la sociedad civil y del tejido asociativo de la discapacidad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, profesionales y familias que desde su decidida implicación y sus propuestas son parte fundamental para que hoy, definitivamente, señorías, el voto para las personas con discapacidad sea una realidad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.

El pasado 18 de octubre se vivió en el Congreso de los Diputados un hito histórico en la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, que permitirá eliminar la posibilidad de que en los procedimientos de incapacitación legal los jueces puedan privar del derecho fundamental al voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad. Así se cumple y se da mandato al artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que dice: Los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás y se comprometerán a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones.

Señorías, el pasado 15 de octubre tuve el honor y el placer de participar en el curso Yo también cuento, de autorrepresentantes de Plena Inclusión Madrid; autorrepresentantes que representan a cada una de sus entidades; autorrepresentantes que en la Fundación Aprocor de Madrid compartieron conmigo el deseo de participar con pleno derecho, como todo ciudadano y ciudadana españoles en los procesos electorales. Por eso, hoy quiero acordarme de todos esos participantes que me preguntaban: Tomás, ¿cuándo se aprueba ya el voto para las personas con discapacidad? Es hoy cuando definitivamente se va a aprobar.

Gracias también al Cermi Estatal, a Autismo España, a Plena Inclusión, a todas y cada una de las entidades; gracias Luis, gracias Jesús, Mayte, Óscar, Enrique, Mariano, Javier, María Jesús, Raquel o Anxo, o Cristina, que hoy también nos acompaña. Gracias a todos y cada uno de esos autorrepresentantes. Gracias al CERMI Estatal y a su petición al Defensor del Pueblo en 2016, que puso la primera piedra para esta reforma después de años de demanda social. Gracias a la iniciativa de la Asamblea de Madrid, que por unanimidad tomó en consideración que esto se llevara al Congreso de los Diputados. Gracias —tengo que decirlo— a otros parlamentarios de otros grupos políticos, pero hoy quiero dirigirme a Diego Clemente, representante de Ciudadanos en la Comisión de Discapacidad, y a Marcial Gómez, que defendió en la Comisión Constitucional esta reforma. Y a esas comisiones, que han hecho también posible que esto llegue aquí.

Esta reforma, señorías, no es de ningún partido, no es de un partido, es para los ciudadanos con discapacidad, es para que con libertad, con igualdad, quien quiera participar lo pueda hacer, casi 100 000 personas. Es, por tanto, señorías, una reforma para todas las personas con discapacidad.

Hoy, se me nota, estoy contento. Hoy se supera una injusticia. Hoy las personas con discapacidad son más libres y más iguales. Hoy gana la inclusión social. Hoy todas y todos los españoles ganamos. Hoy todos y todas somos más libres, más iguales y más inclusivos. Enhorabuena a todo el tejido asociativo y enhorabuena a los protagonistas que, largamente deseado, podrán votar en las siguientes consultas electorales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Marcos.

Ruego que administren ustedes sus intervenciones, porque se van a quedar sin tiempo enseguida. Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Voy a ser lo más rápido posible. En primer lugar, quiero sumarme al agradecimiento que ha expresado el senador Marcos. Gracias.

Hoy, definitivamente, potenciamos y hacemos más inclusiva nuestra democracia. Hoy, definitivamente, hacemos que el Estado español cumpla con los convenios internacionales de derechos de las personas con discapacidad, que España firmó y se adhirió, pero que no cumplió del todo. Hoy, definitivamente, cumplimos con las recomendaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Hoy, definitivamente, cumplimos con el artículo 14 de la Constitución española.

Con la aprobación de esta proposición de ley, las personas con discapacidad reconquistan un derecho que deberían haber tenido siempre. Este logro no es mérito de los legisladores, es mérito de la sociedad civil que ha sido capaz de apretarnos, de obligarnos a cambiar la ley. Es la sociedad civil la que con su activismo y con sus campañas ha conseguido que hagamos esto hoy todos juntos. Gracias por ello y, una vez más, les reconozco su gran esfuerzo. El texto que llegó al Congreso de los Diputados era mucho mejor que el que saldrá hoy de aquí, según la opinión de Compromís, pero, en aras del acuerdo y de la unanimidad, aceptamos la opinión de los proponentes, como no podía ser de otra manera, y también las enmiendas que presentó el Partido Popular, aunque no nos convencen del todo.

No podemos estar más contentos, esto es lo que hay. Pero voy a expresar dos dudas que nos han surgido con el nuevo texto: ¿quién, cómo y con qué criterios se va a decidir sobre la conciencia, la libertad y la voluntad? ¿Quién y cómo vamos a dotarnos de garantías para que las decisiones que se tomen no se basen en prejuicios y en conceptos subjetivos? Esas son las dudas que nos surgieron cuando se aceptó la enmienda en la Comisión de Justicia del Congreso.

Por tanto, muy contentos, muy felices, pero con dudas y atentos a lo que vamos a hacer con estos pequeños conceptos que no tenemos muy claros en Compromís.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Con el saludo, en nombre de Foro, a los representantes de las instituciones y entidades cívicas que nos acompañan en la tribuna de invitados, intervengo para respaldar la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con diversidad funcional, al objeto de que tengan igualdad de condiciones para ejercer su participación pública y política.

Esta modificación atiende a una de las grandes demandas de estas personas discapacitadas para igualarlas con el resto de los ciudadanos y evitarles las limitaciones en la participación que tienen actualmente. Por tanto, se trata de corregir una situación democráticamente imperfecta y anómala, a la que se suma la necesidad de asumir el compromiso de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refleja inequívocamente que ninguna persona por motivos asociados a su discapacidad puede ser privada del derecho al voto. Nos congratula que a esta modificación se le haya dado agilidad en el Senado porque estas limitaciones tan poco presentables, lejos de ir a menos, van a más, afectan cada vez a más personas, como acertadamente alertó el presidente del Cermi hace un año en su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, exhibiendo datos de la Junta Electoral Central y de la Oficina del Censo Electoral sobre la privación del voto.

Foro va a dar su apoyo a esta reforma porque las normativas y los artículos que restringen un derecho tan fundamental, personal e indelegable para el ejercicio de voto tienen que desaparecer cuanto antes. No puede haber pretextos para afrontar con la mayor diligencia esta necesaria reforma legislativa que hoy, estoy segura, contará con un alto grado de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguien más desea intervenir del Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Pascal.

La señora PASCAL CAPDEVILA: Gracias, señor presidente.

Quiero dar la bienvenida, en nombre de mi grupo parlamentario, a los representantes del mundo de la discapacidad. Bienvenidos al Senado.

Voy a ser muy breve, pero muy clara. Creemos que hoy se hace un acto de justicia y que lo que hacemos aquí no es solo dar representación a estas más de 100 000 personas que tenían privado su derecho a voto, sino mejorar, en su conjunto, un sistema democrático que, si tenía ciudadanos que no podían expresar su voluntad en las urnas, evidentemente, no era un sistema democrático pleno ni era un sistema democrático digno de cualquier sociedad avanzada. Este derecho era un tema pendiente desde 2008 cuando España —lo han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— adoptó la Convención de Naciones Unidas para la Protección y Fomento de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Déjenme decir también que nos ha costado diez años, que los he visto un poco más rápidos, si me permiten la informalidad. Esto lo deberíamos haber hecho rápidamente. Nos ha costado diez años, pero estamos felices de poder contribuir hoy a que esta modificación, este acto de justicia se lleve a cabo. Otros países europeos ya lo han hecho, llevan tiempo adoptando esta medida, como Reino Unido, Suecia, Letonia, Italia, Holanda o Croacia, solo por citar algunos; con lo cual, no nos podíamos quedar parados.

Una última reflexión, porque ya he dicho que sería breve, pero clara. La Convención de Naciones Unidas que se adoptó en 2008 supuso también una revolución en la concepción de las políticas de discapacidad en el Estado español. Veníamos de una concepción paternalista; veníamos de una concepción solo de ayuda. La adopción de esta convención nos permitió trabajar en la línea del reconocimiento de la plena capacidad a decidir de todas las personas, tengan la discapacidad que tengan. Esto es importante no solo por lo que estamos haciendo hoy en el derecho a voto, sino por todos aquellos aspectos que ayuden a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Sigue siendo el reto, insisto, no solo por lo que hacemos hoy aquí, sino por lo que haremos en el futuro. Por tanto, van a contar con la complicidad, el apoyo, el trabajo y el cariño de nuestro grupo parlamentario para que las personas con discapacidad puedan ver mejorados sus derechos hasta ser plenos y vivir con plena normalidad en nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Pascal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Hoy debatimos una Proposición de Ley de modificación de la Loreg para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Es una cuestión de máxima importancia porque supone hacer efectivo un derecho que una parte de la ciudadanía tiene reconocido, en teoría, pero sin posibilidad real de ejercerlo. Lo que cuesta creer es que en 2018 aún no esté garantizado este derecho. También cuesta creer que esta modificación sea a iniciativa de la Asamblea de Madrid y no del propio Gobierno casi de oficio. Lo digo porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por el Reino de España ya en 2008, y esa ratificación implica un compromiso jurídicamente vinculante de cumplimiento. Todos sabemos que el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Pero todos sabemos también que, diez años después de esta ratificación, el grado de cumplimiento de la convención en el Estado español es de suspenso. Por ejemplo, ¿quién de ustedes diría que los espacios públicos en el Estado son totalmente accesibles? Y creo que no tengo que recordarles que el plazo para que así fuese expiró en diciembre del año pasado. Esto, que es una crítica —espero que constructiva—, había que recordarlo, porque aunque hoy sea un día de alegría, también es un día de reivindicación.

Esta modificación que hoy vamos a aprobar —espero que de forma unánime—, en primer lugar, da respuesta a una reivindicación histórica; reivindicación histórica de personas con discapacidad, de familiares, de asociaciones que hoy nos acompañan y a las que saludo y agradezco sinceramente su labor. En segundo lugar, está en concordancia con la convención, ratificada en su artículo 29, sobre participación en la vida política y pública. Y además, atiende a las recomendaciones del Comité de la ONU que, tras examinar al Estado español en 2011 —hace siete años—, tras el tirón de orejas, pidió explícitamente al Estado modificar el artículo 3 de la Ley 5/1985, la LOREG. Hace siete años. Hace siete años la ONU nos tira de las orejas después de que hace diez años se ratificase un convenio, y hoy estamos aquí y nos tenemos que felicitar, pero haciendo crítica, porque ya era hora de que llegase esta modificación; ha sido una larga espera. Pero tal vez hoy tenemos que quedarnos con lo positivo y, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena.

Sí quisiera destacar la modificación del apartado 2 de ese artículo 3 de la Loreg, que ahora quedará redactado de la siguiente manera: Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Me parece destacable porque se pasa a legislar en positivo y porque hasta ahora la privación del derecho al voto, la privación a la participación, era la regla y no la excepción, y a partir de ahora, a partir de la aprobación de esta modificación, cambia ese paradigma. Esta modificación supone un paso importante, pero no deja de ser un paso y el camino es largo, un camino para que personas con discapacidad gocen de una vida plena e independiente en una sociedad inclusiva en la que quepamos todas las personas con todos los derechos, en la que todos contemos por igual.

Voy finalizando. Sí creo que es un día de alegría, un día para felicitarnos por este paso, pero este paso ha de servir de impulso para todos los demás que todavía nos quedan por dar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, Esquerra Republicana quiere saludar y agradecer el trabajo y la estrecha colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi Estatal, especialmente con don Jesús Martín, así como con el resto de representantes de las instituciones y entidades Plena Inclusión, Down España, Autismo España y a todas las personas asistentes hoy en el Senado. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo. Hoy es un día de enhorabuena para el conjunto de la sociedad, ya que estamos a punto de aprobar una iniciativa cuyo objetivo es la ampliación de derechos de casi 100 000 personas con discapacidad intelectual, con enfermedades mentales, con deterioro cognitivo, con diversidad funcional, etcétera, que han sido víctimas de exclusión y discriminación, tanto por parte de la propia sociedad como, y esto es lo más grave, de los poderes públicos. Teníamos, por tanto, una deuda con todos ellos, con todos vosotros.

Hoy aprobaremos una proposición de ley orgánica que hace justicia y que nos acerca un poco más a ser una sociedad donde la plena inclusión y la autonomía plena no sean solo una mera declaración de intenciones, sino una realidad y un valor a defender y a proteger, como lo son los derechos fundamentales y su consolidación material y práctica. Se trata de una larga lucha y reivindicación social que ha sido ignorada a lo largo de estos años por una clara falta de voluntad política de los partidos políticos españoles, como también por los prejuicios existentes que han impedido que hasta el día de hoy no se haya podido votar en sede parlamentaria una modificación de la Loreg, aprobada en el año 1985, para reconocer un derecho tan básico como el derecho de sufragio de los ciudadanos con discapacidad y poner fin a su reiterada vulneración.

Por tanto, y ante todo, debemos pedir disculpas y entonar el mea culpa. Una sociedad que se precie tiene la obligación de proteger a sus conciudadanos, en especial, a los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Una democracia avanzada y de calidad no podía permitirse este agravio por más tiempo. Debemos hacer autocrítica para avanzar aún más.

El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los países deben garantizar la igualdad de participación en la vida política y pública, incluso, el derecho de sufragio, a ser candidato a elecciones y a ocupar puestos públicos, si fuese necesario, con asistentes personales. Convención que España ratificó hace justo una década, el 3 de mayo de 2008, aunque, sorprendentemente, solo ha aplicado los acuerdos de forma parcial. Pero es que España volvió a obviar las recomendaciones y advertencias del examen al que fue sometida por parte del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2011, así como el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles y españolas, en especial, en sus observaciones finales.

Siete años después, por fin aprobamos esta iniciativa que permitirá a 100 000 personas ejercer su derecho a voto. Así pues, es responsabilidad de todos los aquí presentes garantizar este derecho y el de participación política y pública en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad y acabar de una vez por todas con esta tremenda injusticia. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar que todavía queda mucho camino por recorrer para que todas las personas, sea cual sea su discapacidad, puedan votar y participar en igualdad de condiciones. De este modo, aprovecho mi intervención para emplazar a todas las fuerzas políticas a no pararnos en este punto y a continuar trabajando, apelando al compromiso de todos.

Me gustaría acabar haciendo una breve referencia a la enmienda que se convirtió en autoenmienda y luego en una enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular, que alude al nuevo punto 2 del artículo 3 de la Loreg, que, según la opinión del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana —y creo que será compartida—, en ningún caso, repito, en ningún caso, debería significar interpretar la competencia para ejercer el derecho de sufragio activo.

Muchas felicidades. Debemos seguir adelante.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Gorrochategui.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Muchas gracias, presidente.

Me gustaría revisar, aunque sea muy brevemente, el proceso de esta iniciativa parlamentaria para contextualizar un poco el sentido de mi argumentación. Dicha contextualización parte de unos antecedentes que están marcados por dos hechos: por una parte, una Ley Orgánica del régimen electoral general que restringe el derecho de sufragio cuando por sentencia judicial firme y expresa se declare incapaz a una persona para ejercitar dicho derecho. Y, por otra, una declaración del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de 2011, que muestra su preocupación por este artículo de la citada ley, pues se restringe el voto a personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Es una discriminación que afecta hasta 100 000 personas y casa mal con el espíritu del Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para hacer frente a esa incongruencia y resolver esa discriminación, la Asamblea parlamentaria de Madrid presentó una iniciativa de reforma legal en el Congreso, en la que se suprime toda restricción al derecho de sufragio. Esa propuesta la admiten todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Popular, que introduce una enmienda. En esa enmienda vuelve a considerar una forma de restricción del derecho a sufragio que sería declarado judicialmente, distinguiendo entre el sufragio activo y el sufragio pasivo para aquellas personas a quienes se les hubiera declarado como incapaces de obrar o incapaces de discernir. Ningún grupo parlamentario acepta esa enmienda, sino que acepta el texto original. En ese momento, el Partido Popular se autoenmienda —como ha dicho algún otro senador antes— y ofrece una enmienda transaccional. En esa enmienda transaccional suaviza algo esa restricción del derecho al sufragio, pero sigue aportando una restricción, y es que establece criterios para interpretar cuándo una persona tiene capacidad o tiene condiciones para poder votar; y dice que tiene que ser consciente, libre y voluntario. Como ya se ha dicho, la Sociedad Civil Organizada, que es la protagonista en este aspecto, prefiere que se apruebe esta transaccional por consenso antes que lograr que se acepte la primera propuesta sin el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por esa razón, como ya expresó mi grupo parlamentario en el Congreso, aceptamos la transaccional, a pesar de que nos parecía un paso atrás respecto a la primera propuesta. ¿Por qué? Porque —como se ha dicho antes también— genera inseguridad jurídica: no se sabe quién, cómo, sobre la base de qué criterios ni, sobre todo, cuándo va a entrar en vigor o qué efectos va a tener en el tiempo, si esto va a suponer que la ley, una vez aprobada, no se pueda poner en marcha de forma inmediata. Por lo tanto, crea inseguridad jurídica y, además, casa mal con el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aboga por eliminar cualquier restricción a las personas con discapacidad en su derecho a sufragio.

Por eso, retomamos esta argumentación y, cuando el trámite de esta iniciativa llegó a esta Cámara, mi grupo presentó esta enmienda, más que nada, como una oportunidad para poder argumentar en favor de lo que creíamos que tenía que ser la ley definitiva, por supuesto, sin ningún ánimo de votar en contra del texto que venía del Congreso; solo queríamos expresar cuál era nuestra opinión sobre esta cuestión. Pero, nuevamente, la Sociedad Civil Organizada, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, prefirió que este trámite no se llevara a cabo, con lo cual, nosotros, como ante todo queremos respetar la voluntad de las personas que están representando y trabajando todos los días por la inclusión de las personas con discapacidad, retiramos la enmienda y ofrecemos todo nuestro apoyo. Sabemos que queda camino por recorrer, sabemos que esto podría ser mucho mejor, pero siempre es un paso adelante y, en ese sentido, daremos nuestro voto a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Gorrochategui.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

Quiero saludar, como estamos haciendo todos los grupos, a los representantes del sector de la discapacidad, queridos Luis, Enrique y Cristina, que tanto habéis hecho precisamente para que esta modificación tenga lugar. Quiero darles las gracias y también quiero pedirles perdón y lamentar que la hipoglucemia haya hecho a esta hora más mella en muchos senadores que la necesidad de estar aquí, acompañándonos en un acto tan hermoso, tan importante y tan histórico. (Aplausos).

El derecho de sufragio activo, la articulación de una decisión personal democrática sin interferir en derechos de terceros y sin ocasionar perjuicios a nadie, según la legislación actual, no es un derecho de todos los españoles. Concretamente, 100 000 ciudadanos y ciudadanas sufren esta injusticia, yo diría que sufren esta imponente arbitrariedad. El derecho al voto es un derecho fundamental, básico, y debería ser —y de hecho conceptualmente lo es— personal e inalienable. En cualquier jornada electoral la naturalidad con la que acudimos a las urnas —todos lo podemos comprobar— es absoluta. A nadie de los que no formamos parte de ese grupo de los 100 000 se nos exigen conocimientos, ni demostración de si sabemos leer o escribir, ni se nos hace pasar por un tamiz que determine nuestro equilibrio mental. El derecho a votar de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo lo decide un juez interpretando una situación a todas luces subjetiva, al arbitrio interpretativo, alambicado y complejo de una ley que en este apartado yo diría que es injusta, imperfecta y preñada de prejuicios, como la Loreg en el apartado que hoy pretendemos modificar, que hoy pretendemos anular.

Valga como botón de muestra la contradicción absolutamente explícita de que la Loreg permita que una persona con discapacidad pueda ser votada, pero no pueda votar. Ni intelectual ni moralmente se nos antoja entendible que en un procedimiento judicial se pueda aplicar un catálogo de exigencias, de conocimientos o de discernimiento en torno a la cultura política o institucional si a los demás jamás se nos exige por la sencilla razón de que ocultemos o no se manifiesten en lugar visible nuestras propias discapacidades. Ningún ser humano es, stricto sensu, persona sin discapacidad; todos tenemos alguna. Pero en la práctica ni siquiera las cosas acaban sucediendo así. Todo es más automático. Cuando un proceso de incapacitación está concluso —normalmente la incapacitación se produce para proteger el patrimonio de una persona con discapacidad—, se traslada al organismo responsable del censo electoral correspondiente la orden —permítame la palabra— de secuestro del derecho a votar de la persona incapacitada. ¡Qué más da! No se trata de un problema de Estado. Pues sí, debería ser un problema de Estado aquel que afecte a la dignidad de una sola persona. Y en este sentido recomiendo el artículo La dignidad, un valor supremo, desconocido y mancillado, de Jesús Martín Blanco, a quien hoy le queremos manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento de un ser muy querido. ¿Qué ser humano, qué algoritmo incluso puede medir la libertad, la voluntad, el pensamiento, la capacidad para interpretar la vida propia y la de los demás? Si existiera, y fuera decisorio y vinculante, estaríamos adentrándonos en el concepto de epistocracia que describe Jason Brennan sobre el voto de las élites en su libro Contra la democracia.

El texto que hoy vamos a votar no es el mejor, pero no es un mal texto. Como se ha dicho, el Partido Popular presentó una enmienda en el Congreso para hacer menos justo y menos valiente el acuerdo proveniente de la Asamblea de Madrid. Luego enmendó su propia enmienda, para no quedarse descolgado de la unanimidad final y, por mor de esa unanimidad, nos incorporamos al acuerdo del Congreso aquí en el Senado, aunque no ofrezca la redondez completa de un texto que podría haber salido redondo y completo, aunque deje, en suma, una espita pequeña abierta a la discriminación porque la igualdad, si no es plena, sin matices, no puede denominarse igualdad.

El amplio sector de la discapacidad merece unanimidades en la misma medida que merece acuerdos responsables, indubitables, que giren en torno al sentido común y sobre la base del principio de legalidad y del principio de primacía de la ley. Hablo de la Constitución y hablo de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008. Su trasposición a toda la normativa española, por cierto, la vamos haciendo, como dirían en mi pueblo, a cachos, demasiado separados en el tiempo; su trasposición a la organización administrativa consuetudinaria de igual forma, a cachos; y ya no digo nada de su trasposición a la vida real, cultural, y conciencial, con una lentitud exasperante.

Esta tantas veces nombrada por todos Convención es rotundamente taxativa cuando declara, comillas, que ninguna persona puede ser privada del derecho al voto por motivos asociados a su discapacidad. Eso nos tendría que servir como referencia argumental, punto y final, sin matices, sin enmiendas y sin otras historias que devalúen una norma que podría haber salido redonda. En definitiva, hablo de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, concretamente de su artículo 53, y no ya de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de 1966. Piensen, compañeros senadores y senadoras, que el papel mojado y la desafección política devienen en expresiones que cabalgan juntas casi siempre. En cualquier caso, apelar a una legislación garantista, respetuosa con la autonomía, con la vida independiente, con la filosofía inclusiva es, por obvio, lo menos que podemos exigirnos a nosotros mismos.

Si hablamos de discapacidad, durante demasiado tiempo se ha sostenido, y en muchos aspectos se sigue sosteniendo, la secular teoría de lo que los filósofos y los sociólogos llaman la otredad negativa, del arrinconamiento del otro, del diferente, del no ciudadano que no podía disfrutar de los mismos derechos que yo —que teóricamente soy el capacitado— y que mis supuestos iguales, también capacitados. Mirar el mundo de la discapacidad desde un planteamiento supremacista, paternalista, es mirarla con ojos reaccionarios, no hay que tener miedo a las palabras. El tiempo de mirar con preeminente actitud, con condescendencia, de infantilización, de aniñamiento a unos ciudadanos que han estado expulsados de la Constitución como si fueran hijos de un dios menor es un tiempo viejo, merecedor del olvido.

Voy terminando, señor presidente. Formamos parte de una sociedad polifónica, diversa y que comparte los mismos derechos esenciales como el de sufragio. En lo sucesivo, por favor, no dediquemos un minuto más a debatir y a solemnizar lo obvio. Hemos presenciado situaciones de personas con discapacidad llorando en las puertas de un colegio electoral porque no podían votar, porque se les prohibía votar, cuando ellos ya tenían decidido a quién votar y por qué votar. Sus razones son tan respetables y tan inescrutables como las de los que sí podemos votar. A esas personas que no habían sido llamadas al convite democrático hoy también les estamos ofreciendo felicidad. Nada más y nada menos. Por ello, todos los grupos políticos deberíamos estar orgullosos.

Permítanme que me dirija a una persona que, como tantas, ha sufrido por no poder votar durante muchísimos años y que dedique estas palabras a todas las personas que van a poder disfrutar del derecho al voto a partir de ahora, pero a Mónica se las quiero dedicar singularmente, a ella como a tantas Mónicas.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador De Lara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, antes de nada, como no puede ser de otra manera, quiero dirigirme a las entidades del tercer sector de la discapacidad aquí representado; a mi querido Luis Cayo, presidente de Cermi, a la Fundación Cermi Mujeres, a la Fundación ONCE, Autismo, Down y Plena Inclusión, a todos los representantes del gran sector de la discapacidad que durante toda la mañana nos habéis estado acompañando en estos debates. Gracias queridas y queridos amigos, muchas gracias y enhorabuena por esta conquista, una conquista que es vuestra y solo vuestra, como se ha dicho esta mañana, y de ningún partido. Gracias a vuestro impulso, a vuestra capacidad de incidencia, a vuestra persuasión habéis sido capaces de vencer obstáculos, de sumar voluntades y de lograr el acuerdo que hoy nos reúne en esta importante reforma.

Hoy es un día reconocimiento y también de celebración. De reconocimiento a las entidades que hoy nos acompañáis y que simbolizáis, como ninguna otra, que el esfuerzo, el compromiso, la constancia, la tenacidad y el trabajo bien hecho tienen sus frutos; reconocimiento a las personas con discapacidad que, más allá de sus dificultades físicas, psíquicas o sensoriales superan cada día barreras y, además, luchan por eliminarlas. También es un día de celebración, señorías, por lo conseguido. Hoy damos un paso histórico en la inclusión social de las personas con discapacidad, en este caso, de las personas con discapacidad intelectual, personas que, a partir de hoy, tendrán derecho al sufragio activo, manifestado de forma consciente, libre y voluntariamente, con la forma de comunicar lo que sea y con los medios de apoyo que necesiten. Y, señorías, sin restricciones, así hemos acordado y así se ha decidido porque las entidades, que son las que mandan, que son las que han impulsado esta reforma, lo han querido. Por eso, hoy estamos todos de enhorabuena, como lo están las 100 000 personas con discapacidad intelectual que desde hoy pueden votar y que no podían hacerlo hasta ahora, como lo están las entidades de la discapacidad y la discapacidad en su conjunto, pero como lo está también toda la sociedad porque la democracia crece, porque se fortalece nuestro sistema político, al que añadimos dignidad y respeto al permitir participar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con trastorno de salud mental o con deterioro cognitivo.

Como todos ustedes saben, señorías, vamos a celebrar el 40 aniversario de la Constitución y lo vamos a hacer, gracias al paso que hoy damos, con una democracia más plena, avanzando en derechos humanos y cumpliendo la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y lo hacemos convirtiendo a España en el octavo país de la Unión Europea que aprueba esta situación, que las personas con discapacidad intelectual puedan votar. Solo ocho países reconocen este derecho y veinte países se quedan detrás, demostrando una vez más que España está a la cabeza, a nivel europeo y a nivel internacional, cuando se trata de legislar, cuando se trata de trabajar por las personas con discapacidad.

Señorías, a lo largo del debate he oído alguna duda respecto a cuándo se iba a poner en marcha esta iniciativa. En el Grupo Parlamentario Popular hemos intentado que esta reforma tenga efecto inmediato y, por eso, se está tramitando por el procedimiento de urgencia, como nos pidieron Cermi y las entidades de la discapacidad. Queremos que se apruebe y se ponga en marcha cuanto antes, incluso deseamos llegar a tiempo a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Ojalá el resto de instancias que ahora tienen la responsabilidad —la Junta Electoral Central, la Oficina del Censo Electoral y la Administración electoral— den el último impulso para que 13 000 personas con discapacidad intelectual en Andalucía puedan votar el día 2 de diciembre, como así lo ha solicitado el Cermi. Ojalá lleguen a poder votar y ojalá, por fin, nunca más se quede alguien fuera de la fiesta de la democracia.

Señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Popular está hoy especialmente orgulloso de poder ofrecer su mayoría absoluta en esta Cámara a las entidades del tercer sector, a las entidades de la discapacidad, y así permitir que esta reforma sea posible. Ustedes saben mejor que nadie que la discapacidad forma parte del ADN del Partido Popular. Ha sido así antes, durante y después de nuestras responsabilidades de gobierno. Lo saben los colectivos que hoy nos acompañan, a los que no solamente podemos llamar en primera persona compañeros de fatiga y cómplices, sino amigos; y lo saben porque hemos trabajado con ellos, de su mano, a su lado, porque estamos convencidos de que, para mejorar y avanzar en discapacidad, hay que contar con la discapacidad. Además, no solamente contamos con los representantes de las entidades de discapacidad sino que contamos con personas con discapacidad en nuestras filas, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el Congreso, donde dos de nuestros diputados van en silla de ruedas.

En nuestros años de Gobierno hemos trabajado intensamente priorizando los problemas de la discapacidad, con compromisos reales y con una inequívoca voluntad política; reformando la legislación y aprobando la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social; pagando las deudas que los Gobiernos socialistas habían dejado, 3000 millones de euros en deudas que hubiesen ahogado y hecho que muchas de las entidades que hoy nos acompañan hubiesen tenido que cerrar; luchando —y lo sabéis bien— por el mantenimiento del 0,7 % del IRPF; y mejorando la educación a través de la formación profesional, de las becas en la universidad o de esa reivindicación histórica de utilizar las cuentas durmientes de los bancos para dedicarlas a la educación.

Además, lo hemos hecho también mejorando el empleo, como única forma de autonomía de las personas con discapacidad; lo hicimos recuperando las medidas estatales de empleo y posibilitando que 1 millón de personas con discapacidad encontrasen un puesto de trabajo, con la reserva en la Administración, también en la de justicia, y apoyando a los autónomos y a los emprendedores; lo hemos hecho con reformas fiscales para ayudar, con beneficios, a familias y a personas con discapacidad; lo hemos hecho con medidas para evitar los desahucios y posibilitar las ayudas al alquiler, con la inembargabilidad de las cuentas, con la compatibilidad de las pensiones no contributivas y del trabajo, y con otras muchas reivindicaciones históricas en las que juntos hemos trabajado, ¿verdad, querido Luis Cayo? Hablo de reivindicaciones que hemos planteado en la mesa del diálogo social con la plataforma del tercer sector, que nos ha permitido ese diálogo de tú a tú, ese diálogo permanente y continuo. Y qué decir de la primera Ley del tercer sector, de la que algunos no sentimos especialmente orgullosos y que os proporciona visibilidad, mantenimiento, sostenibilidad y que seáis, de verdad y por ley, colaboradores necesarios de la Administración.

En esa misma tarea vamos a continuar hoy y siempre. Desde nuestra posición, como mayoría absoluta en esta Cámara, siempre contaréis con el Grupo Parlamentario Popular, con el Partido Popular, porque el apoyo a las personas con discapacidad se demuestra con hechos y con compromisos reales.

Quiero terminar destacando lo más importante del día de hoy: la unanimidad de esta reforma porque estoy convencida de que las conquistas sociales solo se logran con consenso, unidad y diálogo. Además, voy a finalizar como empecé, dando las gracias a las entidades de la discapacidad y mostrándoles nuestra satisfacción por dar un paso importante en la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy avanzamos todos. Hoy avanza la sociedad española en su conjunto.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Camarero.

Como saben ustedes, votaremos este proyecto de ley a partir de las cinco.

Quiero agradecer a los representantes del Cermi, especialmente a su presidente y a las personas que le acompañan, su presencia en el Senado. Para mí ha sido un honor presidir este debate. (Fuertes y prolongados aplausos a la tribuna del público de los señores senadores puestos en pie).

Muchísimas gracias y muchas felicidades.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000013 Economía y Empresa

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 6.2. y 6.2.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Economía y Empresa, la señora senadora Rudi.

La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor presidente. El proyecto de ley que en este acto se somete a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 8 de noviembre de 2018 y se presentaron un total de 17 enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 y 2, de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront, Marcos Arias y la señora Roldán Suárez, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 3 y 4, del señor Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria; enmienda número 15, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que ha sido retirada en comisión; enmiendas números 5 a 8, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y las enmiendas números 9 a 14 y 16 a 17, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El día 13 de noviembre pasado se reunió la ponencia del presente proyecto de ley para informar sobre él y, a continuación, la comisión, para dictaminar, introduciéndose a lo largo del debate modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados en ambos trámites, tanto en ponencia como en comisión.

Finalmente, no se ha presentado ningún voto particular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rudi.

A continuación, en turno a favor, tiene la palabra la señora Serrano.

La señora SERRANO MORALES: Gracias, señor presidente.

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. A la vez, su anuncio resulta esencial para la gestión de una transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medioambiente.

Señorías, quien así se expresa es el preámbulo del proyecto de ley que hoy debatimos, que se tramitó una vez convalidado el real decreto ley para trasponer la directiva de 22 de octubre de 2014. La trasposición se realizó de forma muy limitada y tarde, condicionada por la urgencia de estar abierto un procedimiento formal de infracción por parte de la Comisión Europea, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso propuso la tramitación de este real decreto ley como proyecto de ley para intentar mejorarlo, como así está siendo, sin duda.

No se trata de un tema menor ni poco importante, sino más bien al contrario. El espíritu de la ley, que supone una oportunidad para las empresas que operan en España, pero también para el interés general de la ciudadanía, es identificar y gestionar riesgos para la sostenibilidad de las empresas, desde la convicción de que la información exclusivamente financiera ya no es suficiente para valorarlas, ya hay que tener en cuenta otros aspectos no reconocidos contablemente que también son generadores de valor, como las cuestiones sociales y ambientales, entre otras.

La información no financiera es una oportunidad para poner en valor el buen hacer de las empresas. Desde el punto de vista estrictamente económico, la información no financiera es tan importante como la financiera en el proceso de toma de decisiones empresariales.

Por otra parte, una gestión empresarial sostenible, transparente y ética determina que el impacto causado por la empresa contribuya positivamente al desarrollo de la comunidad. En este sentido, el Partido Socialista trabaja, desde hace más de una década, en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial y muchas empresas ofrecen información no financiera de manera voluntaria, desde hace mucho tiempo, al entender que los costes asociados a esta inferiores a los beneficios que entraña la difusión de la información.

Según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, y utilizando como base distintas encuestas y estudios al respecto, los inversores y accionistas opinan que los valores intangibles son cada vez más importantes a la hora de comparar empresas y tomar decisiones de inversión. Además, la transparencia es un elemento fundamental para ganar confianza en materia de sostenibilidad. Así se expresan también muchos directivos de importantes empresas de distintos sectores porque crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas contradictorias, ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. Eso sí, hay una asignatura pendiente sobre la que conviene aplicarse, y es el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre estos temas. Según el Eurobarómetro de 2013, en el caso de España el 77 % de los encuestados no conoce nada sobre lo que significa la información no financiera, aunque también hay estudios que constatan que los clientes de diferentes servicios están reconociendo cada vez más los aspectos extraeconómicos de las compañías como claves para la generación de valor.

La sociedad exige ejemplaridad y transparencia, ya no vale cualquier cosa, porque la mayor transparencia que supone la divulgación de la información influye en un aumento de la credibilidad y la confianza en las empresas, tanto para los inversores como para los consumidores y la sociedad en general. Eso también implica una mejor gestión interna de las empresas a largo plazo, que puede influir en el aumento de su competitividad, en el ahorro de costes y en una mayor sostenibilidad y estabilidad en el mercado. También es una oportunidad para los gobiernos, para generar mercados más abiertos que atraigan inversores en un entorno internacional cada vez más exigente en estas materias.

El texto que hoy debatimos, señorías, nos ha llegado del Congreso con un gran consenso y acuerdo de todos los grupos, fruto de un intenso trabajo que ha mejorado notablemente el texto inicial. En el Congreso se presentaron 109 enmiendas, 22 del Grupo Socialista, y se aprobaron, bien por unanimidad o por mayoría en ponencia, 24 enmiendas transaccionales y 17 enmiendas más. El proyecto de ley fue votado favorablemente en el Congreso por todos los grupos políticos, salvo Esquerra, que se abstuvo, aunque fue por un aspecto sobre los dividendos en la Ley de sociedades de capital sin relación con la información no financiera. Señorías, se trata de un éxito parlamentario, un éxito que queremos reivindicar y poner en valor, porque el acuerdo, como bien dice Ángel Gabilondo, es el alma de la política, es generar un espacio que no existe, es la capacidad para producir otra realidad.

Por eso respetamos este acuerdo y lamentamos que el Partido Popular haya introducido en el Senado, sobre el texto que ellos mismos acordaron y apoyaron en el Congreso, unas enmiendas que no aportan nada ni en relación con la técnica ni en cuanto al contenido del proyecto; unas enmiendas contradictorias, votando a favor de una cosa en el Congreso y presentando otra distinta en el Senado; unas enmiendas que rompen el consenso y, lo que es más grave a nuestro parecer, que limitan los indicadores sobre los que debe versar la información no financiera en temas clave como contratos de trabajo, conciliación laboral, brecha salarial o información fiscal. Además, han presentado otras enmiendas, en fin, que no tienen ningún sentido, que pretenden modificar, por ejemplo, el anteproyecto de ley de trasposición de la directiva de mercados e instrumentos financieros, que ahora mismo se está tramitando en el Congreso. Si quieren hacer enmiendas sobre estos asuntos, creo que lo mejor es que lo planteen en el Congreso en estos momentos.

Por tanto, mi grupo no puede apoyar el texto del Senado, y reivindica y respeta el acuerdo casi unánime sobre el texto que salió del Congreso. Es lo que haremos.

En relación con el contenido del proyecto, durante su tramitación se han mejorado muchos aspectos como la ampliación de su ámbito de aplicación o la introducción de un amplio listado de indicadores basados en estándares internacionales reconocidos, referidos a cuestiones medioambientales, sociales, respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrupción, etcétera, que se organizan de forma homogénea para facilitar la comparabilidad entre las empresas. La verificación de la información se realiza por un prestador de servicios independiente y se prevé su divulgación en la web de las compañías.

El proyecto de ley converge con las últimas tendencias en materias clave como la información fiscal y presta especial interés al compromiso con la igualdad, debiendo informar acerca de la igualdad de trato y oportunidades, de los protocolos contra el acoso sexual o de la brecha salarial.

Señorías, pensamos que el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso es un buen texto normativo y así ha sido valorado por la mayoría de la literatura académica. Desde el punto de vista empresarial, la transparencia siempre ha resultado ser un buen antídoto para los riesgos, por lo que esta ley será una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y su imagen de marca, logrará una mayor fidelización de clientes, proveedores y socios, conseguirá atraer y retener el talento y posibilitará que las empresas obtengan un mayor retorno en credibilidad, legitimidad y reputación.

Una sociedad cada día más informada debe exigir a las empresas comportamientos más responsables y transparentes y, en este sentido, el estado no financiero es un buen medio para mejorar la práctica empresarial ética y responsable, que al mismo tiempo que propicie el crecimiento económico y el empleo, se comprometa con la sociedad a aportar las mejores soluciones a los retos planteados en materia económica, social, medioambiental o cultural.

Hoy, más que nunca, siguen vigentes las sabias palabras de un economista descontento con el nuevo rumbo que había tomado la disciplina, muy rica en ciencia pero muy pobre en sabiduría, José Luis Sampedro. Se impone, cada vez más, la necesidad de un nuevo desarrollo humano y ecológico fruto del sistema de valores correspondiente a una nueva cultura. ¿Por qué no imaginar que se funde sobre la solidaridad? Solidaridad con nuestros conciudadanos, con el medioambiente; solidaridad que significa tolerancia frente a agresividad, cooperación frente a competencia y ecología frente a contaminación. Son objetivos más dignos que esa degradante ambición ofrecida hoy como única meta por el desarrollismo. Impulsemos una economía con corazón.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Serrano.

Entiendo que ha hecho usted más un turno en contra que un turno a favor.

En cualquier caso, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir desde el escaño para fijar la posición de los senadores de Ciudadanos.

Nosotros vamos a votar favorablemente al dictamen de la comisión, al mismo tiempo que quiero reconocer el esfuerzo realizado en la ponencia y en la comisión para introducir aquellas enmiendas que corregían aspectos técnicos o mejoraban algún redactado.

Esa es la verdadera función del Senado, senadora Serrano, ya que es una Cámara de segunda lectura y nuestro trabajo consiste en una lectura pausada del documento que sale del Congreso, para introducir algunas mejoras. Por tanto, no limitemos el trabajo del Senado y démosle la importancia de una Cámara de segunda lectura.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy aprobamos este proyecto de ley que modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de sociedades de capital y la Ley de auditoría de cuentas.

El objetivo de esta modificación era básicamente trasponer la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, en materia de información no financiera y diversidad. Esta trasposición pretendía un consenso unánime y, efectivamente, obtuvo un consenso casi unánime en el Congreso, pero ahora llega al Senado, a la Cámara Alta, y el Grupo Parlamentario Popular presenta una serie de enmiendas que, en opinión de Compromís, lo que hacen es desvirtuar, no aportan nada nuevo en ese texto. Lo que pretende, a fin de cuentas, es aprovechar que son mayoría absoluta en esta Cámara para desvirtuar algo que venía del Congreso con bastante acuerdo. En el Congreso salió —repito— con altos índices de confluencia, con mucho apoyo; por tanto, convendría tener eso en cuenta e intentar no desvirtuar esa situación.

Los señores del Partido Popular suelen excusarse diciendo que podemos tener una sanción porque hablamos de una trasposición europea que debería estar hecha hace dos años, que quizá nos sancionen rápidamente y que, por tanto, hay que aprobarla con prontitud. Pero esa es una excusa que se utiliza con ciertas proposiciones de ley; con otras, no. A esta podemos presentar enmiendas, aprobarlas, y volver a enviar el texto al Congreso de los Diputados, mientras que en otras conviene ir muy rápidamente para que no nos sancionen. Pido a la gente del Partido Popular que diga qué conceptos tengo que tener claros para saber si una proposición de ley es tan urgente como para que no presente enmiendas y vaya directamente al BOE, o sí puedo enmendar porque, aunque el proceso está caducado y la Unión Europea nos pueda sancionar, con ello se puedan mejorar algunos aspectos que yo crea conveniente. Simplemente les pido eso, porque hay veces que no sabemos si vale la pena hacer el esfuerzo de presentar enmiendas cuando sabemos que no las van a aceptar con la excusa de que hay que ir rápidamente para trasponer una normativa europea.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, debatimos hoy un proyecto de ley que se tramitó una vez convalidado el real decreto ley para trasponer la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre información no financiera e información sobre diversidad por parte de grandes sociedades, que ha salido del Congreso de los Diputados con la aportación y un gran espíritu constructivo de todos los grupos políticos, aunque vamos con retraso, puesto que la directiva debería haber sido transpuesta a 31 de diciembre de 2016.

La Directiva 2014/95 establece el marco regulatorio a nivel internacional sobre el reporting corporativo extrafinanciero y sobre diversidad. Dicha directiva está inspirada en la economía del bien común, exigiendo información sobre el impacto que la actividad empresarial tiene en la sociedad, porque los ciudadanos quieren saber si la manera de trabajar de las empresas para generar beneficios contribuye o no a mejorar nuestro mundo. Es una visión a largo plazo que pasa de los números, del análisis estrictamente financiero, a añadir parámetros imprescindibles para garantizar un desarrollo sostenible. A medida que la sociedad evoluciona las empresas, no solo han de ser impulsoras del crecimiento económico, sino que han de alcanzar sus objetivos económicos respetando el desarrollo sostenible. Esta nueva ley implanta la obligación de publicar información no financiera sobre cuestiones sociales y medioambientales, porque los ciudadanos quieren que exista transparencia, igualdad de género y el pago de impuestos como reinversión social. La publicación de esta información servirá para conocer posibles riesgos para la sostenibilidad, y así aumentar la confianza.

Al final, de lo que se trata es de tener en cuenta el compromiso de las empresas con los valores para hacer una sociedad mejor, más equitativa y solidaria, y eso es precisamente lo que ha hecho el Senado al incorporar al texto de la ley nuevas enmiendas. Aunque llevamos dos años de retraso en la trasposición de la directiva, hay que decir que vamos más allá de lo que esta establece al constituir la obligación de verificación de terceros sobre la información proporcionada y una ampliación del perímetro de empresas que van a estar sometidas a las exigencias de información.

Por todo ello, Foro va a votar a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Voy a hacer unas breves consideraciones muy rápidamente respecto del proyecto de ley. De hecho, quien ha defendido el voto a favor nos ha hablado mucho del proyecto, así de cómo se ha desarrollado su tramitación. Esta transposición de normativa europea —de nuevo llega tarde; nos tienen acostumbrados a llegar tarde, muchas veces, al límite de las sanciones, no es la primera vez que pasa—, sobre la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos, pretende, como bien explica, incrementar la información no financiera con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad de las empresas, aumentar la confianza de los inversores y consumidores a nivel de la sociedad en general, implementando información de factores sociales y medioambientales. Todo ello, como explica el proyecto, para medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad desde el punto de vista de justicia social y protección del medioambiente.

Con este contenido entenderán que sería difícil que alguien se opusiera a que esto sea necesario y a que tendría que estar implementado ya hace mucho tiempo. Saben que nosotros siempre hemos defendido que sin proyecto económico no hay proyecto social —la senadora del PSOE se ha referido a ello—. Si además el proyecto económico tiene corazón, sin duda el proyecto social es mejor, más sostenible y viable. Y si encima cuidamos el medioambiente, que al final es el ecosistema en el que nos debemos mover, tenemos la fórmula del éxito y hacia dónde debemos ir.

En este sentido, nosotros votamos a favor en el Congreso. De las diecisiete enmiendas que se aceptaron, seis eran del Partit Demòcrata. Otras tantas fueron recogidas en las transaccionales, a las que también se ha referido quien ha defendido el voto a favor. Y dejamos vivas dos enmiendas para el Senado, que, aunque a nuestro entender no tenían un peso muy grande, eran interesantes. Estas dos enmiendas proponían que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas velara, por un lado, por la calidad de los informes requeridos y, por otro, para que en futuros proyectos de ley no quedara mermado todo aquello que tuviera que ver con lo que estamos trasponiendo de normativa europea y que pretendemos en este proyecto de ley. Una de esas dos enmiendas fue transaccionada y la otra, aceptada. Pero, como se ha explicado aquí, en este trámite, no solo se aceptaron nuestras enmiendas, sino que también se incluyó una enmienda técnica por parte de la letrada para mejorar el proyecto. Y el problema es que tenemos que votar esto en bloque, con la introducción de las enmiendas del Grupo Popular, con su mayoría absoluta. A nuestro entender —también se ha hecho referencia a ello—, son unas enmiendas que no aportan más y que vienen a restringir algunos de los indicadores relativos a medioambiente, cuestiones sociales, personal, derechos humanos o lucha contra la corrupción, que estaban ya consensuados y eran mucho más exigentes con el texto que venía del Congreso. Además, se presentaron enmiendas relativas a la Ley del mercado de valores, que se está viendo en el Congreso, que pensamos que tendría que ser el ámbito para hacer aportaciones en este momento.

Esta es la costumbre que tiene el PP, que evidentemente puede hacer uso de su mayoría absoluta. El señor Alegre decía que esta es una Cámara de lectura pausada, de segunda lectura, y que tenemos que respetarla. Yo la respeto muchísimo, pero en aquellas cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo, por mucho que se aprueben en el Senado, si no lo estamos, nosotros diremos no.

Así pues, a pesar de que estamos de acuerdo con lo que pretenden la directiva, la trasposición y este proyecto de ley, a pesar de que votamos sí en el Congreso, y a pesar de que nuestras dos enmiendas fueron aceptadas, votaremos no a las partes que se enmendaron en comisión y votaremos sí al resto del proyecto.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Buenas tardes. Arratsalde on guztioi.

La ley que hoy debatimos modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital y la Ley de auditoría de cuentas en materia de información no financiera y diversidad, y ha venido precedida por un gran consenso, que es lo que han dicho también las anteriores portavozas, que se ha traducido en un acuerdo prácticamente unánime en el Congreso. Aprobamos en la Cámara Baja el texto de la ley que ha entrado en el Senado, en el que han quedado incorporadas o transaccionadas tanto nuestras aportaciones en la Cámara Baja como la mayoría de las del resto de grupos. Y el texto final ha ido más allá de lo que establecía la propia directiva, aunque casi con dos años de retraso, en puertas de que la Comisión Europea imponga al Estado español una multa por retraso en la trasposición de directivas. Nuevamente retrasos, nuevamente multas y nuevamente procedimientos de urgencia en la tramitación en esta Cámara. Esto es achacable al anterior Gobierno, y además no es la única ley que nos va venir por el trámite de urgencia en materia de trasposición de directivas.

Hace unos años, la transparencia corporativa, sobre todo en cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno, se percibía como una materia de buenas prácticas y de cumplimiento voluntario; sin embargo, hoy en día se configura como una cuestión esencial de la actividad empresarial. Y es que ahora, no solo vemos a la empresa como un agente económico, sino también como un agente con un rol social, cultural y medioambiental. La transparencia, por tanto, se ha convertido en un valor instrumental porque reduce las incertidumbres del mercado, generando entornos financieros más eficientes que incrementan la inversión, mientras que la opacidad hace lo contrario: desincentiva. Para las organizaciones, además, genera confianza entre grupos de interés. En definitiva, contribuye al crecimiento económico y a la calidad regulatoria. Y es que la responsabilidad social corporativa y la transparencia corporativa han pasado de ser consideradas como un gasto, y además algo voluntario, a ser percibidas como una inversión que desde luego aportará beneficios a las empresas y a la sociedad.

En este contexto, entendemos que la Directiva 2014/95 ha sido un gran paso ya que establece el marco regulatorio a nivel internacional sobre la información corporativa extrafinanciera y sobre diversidad. Con el texto legal que hoy se debate se ha traspuesto esta directiva e incluso, como he dicho, se ha ido más allá en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, entre lo que cabe destacar la obligatoriedad de elaborar el denominado estado no financiero e incluirlo en el informe de gestión. Este es un texto que obliga a las empresas a incluir en este informe información acerca de cuestiones medioambientales, sociales, relativas al personal, compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos o la lucha contra la corrupción. La divulgación de esta información servirá para identificar posibles riesgos para la sostenibilidad y, de esta forma, como hemos dicho, aumentar la confianza de inversores, consumidores y de la sociedad en general. La información no financiera, por tanto, es tan importante como la financiera también en el proceso de toma de decisiones, porque eso conllevará una mejor definición de los problemas, la evaluación de las alternativas posibles y, desde luego, elegir entre ellas la mejor opción, realizar un seguimiento de las estrategias de implementación y comprobar los progresos más periódicamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En cuanto al trámite en esta Cámara, creo que la labor de la Cámara Alta, al igual que la de la Cámara Baja, es estudiar los proyectos de ley, en este caso en una segunda lectura, y esta podría ser pausada. Pero estamos tramitando una ley en veinte días, por el trámite de urgencia, por lo ya apuntado: porque venimos fuera de tiempo, porque estamos trasponiendo una directiva con retraso, en puertas de una multa de la Comisión Europea.

Podríamos haber mejorado el texto e incluso corregir posibles errores —se ha intentado algo—, pero creo que esto no es lo que ha pretendido el grupo mayoritario en esta Cámara con la presentación de sus enmiendas, y me atrevería a decir que ni siquiera con la aceptación de las enmiendas del resto de grupos. Es legítima la opción que ha elegido el grupo mayoritario de la Cámara —no le vamos a negar que lo es, tienen la mayoría—, pero creemos que no es eso lo que pretenden. Finalmente, con su mayoría, se han incorporado sus enmiendas, y las que han pactado al dictamen de la comisión, pero entendemos que no han mejorado el texto. No podemos valorar todas las enmiendas que se han incorporado al dictamen, pero, tal y como dijimos en la comisión, algunas nos sorprendieron: especialmente algunas, porque el Grupo Popular se autoenmienda; otras nuevas, porque ni siquiera tienen sentido; y otras, porque deshacen los acuerdos a los que se llegó por unanimidad.

Las enmiendas 12 y 13 originarias, que ahora ya están en el dictamen, se están debatiendo en el anteproyecto de ley del mercado de valores, en el MiFID II, que está en plazo de presentación de enmiendas. No tiene la más mínima justificación que estas dos enmiendas se traten fuera de contexto en otra ley que no tiene nada que ver, cuando se está tramitando la ley donde sí tendrían cabida. Con la enmienda 14 del Grupo Popular este se autoenmienda prácticamente en su totalidad, ya que esta disposición final primera viene de una enmienda suya en el trámite de la Cámara Baja. Y, para finalizar, las enmiendas 9 y 10 rompen el acuerdo al que se llegó durante el trámite de la Cámara Baja, rebajando la información del contenido del informe no financiero, cuando para nuestro grupo, en el trámite de aprobación, ha sido importante que el texto fuera más allá de lo que se pedía en la directiva.

Entendiendo que el debate de las leyes es muy necesario también en el trámite del Senado —ahora y también con el anterior Gobierno— y el no utilizar esta Cámara, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, para cambiar aquello que previamente se había acordado, consensuado, pactado, transaccionado y aprobado, es más creíble, señoras y señores del Partido Popular, la voluntad del acuerdo cuando no solo lo hacen por necesidad de aritmética parlamentaria. Son más creíbles cuando se continúa con la labor que se ha comenzado en la Cámara Baja también en esta Cámara.

El dictamen incorpora una corrección técnica que hemos firmado y aceptado por la unanimidad de los grupos. Pero no es suficiente para cambiar nuestro sentido de voto. No votaremos a favor del dictamen de la ponencia por la incorporación de las enmiendas del grupo mayoritario, con las que no estamos de acuerdo por los motivos expuestos. En cuanto al proyecto de ley, continuaremos apoyando el texto original de la Cámara Baja.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Presidente, señorías, celebramos la trasposición de esta directiva europea, aunque se haya traspuesto con más retraso del que se debería y fuera de plazo. Es una directiva con el objetivo de garantizar que la información no financiera, social y medioambiental de las grandes empresas del IBEX pueda reflejar de manera transparente su actividad con la finalidad de prevenir la corrupción, la evasión y la elusión fiscal.

Ha mejorado mucho en el periodo de tramitación parlamentaria en el Congreso y también aquí, con la incorporación de enmiendas de los distintos grupos, mejorando la primera iniciativa presentada por el Grupo Popular, que, sinceramente, dejaba mucho que desear. El resultado de esta tramitación ha sido una propuesta de ley, entre otras cosas, con un mayor nivel de concreción de la información, la incorporación de la obligatoriedad de su realización y publicación y, por supuesto, una ampliación de los ámbitos de aplicación por los cuales se exige esta información a las empresas, con el consecuente aumento de las empresas sometidas a esta ley.

Para que realmente se materialice el objetivo de este proyecto de ley es necesario el compromiso real de las empresas con los valores, de forma que se publiciten los indicadores de una verdadera responsabilidad social y corporativa de las empresas. Y es que la información financiera ya no es suficiente para valorar a las empresas hacia dentro, y, sobre todo, hacia fuera, hacia la sociedad, que tiene el derecho de acceder a esta información y actuar, según esta, para canalizar sus inversiones y el consumo hacia las empresas socialmente éticas y responsables. Es, pues, un empoderamiento del ciudadano, que con esta información puede decidir de manera más justa y libre al conocer el verdadero impacto de la actividad empresarial.

Por otro lado, nos gustaría reprochar que en el trámite parlamentario de este proyecto de ley se haya vuelto a incurrir en el error de aprovechar dicho trámite para introducir enmiendas que nada tienen que ver con el objetivo de la ley. En este caso hemos acabado negociando enmiendas totalmente financieras en un proyecto de ley de información no financiera, con lo irónico de la cuestión. Por eso es evidente que tampoco podíamos dejarlas tal cual se habían planteado inicialmente, y entramos en ese debate. En este sentido, Esquerra Republicana ha presentado en esta Cámara una enmienda referida a la modificación del artículo 348 bis de la Ley de sociedades de capital, dado que Ciudadanos y el Partido Popular presentaron una enmienda de modificación de este artículo en el Congreso. Puesto que la proposición de ley específicamente creada para modificar este artículo fue retirada, Esquerra Republicana ha presentado una enmienda con el objetivo de mejorar la posición del socio minoritario y facilitar la captación de inversiones para las pymes. Dicho esto, aunque parte de este objetivo se ha visto recogido por otra enmienda —por eso la retiramos—, como no se ha conseguido la totalidad de lo perseguido y se han añadido otras enmiendas que no compartimos, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Quiero empezar explicando un concepto económico que creo que va al hilo de este debate, y es el de externalidad negativa. En la economía de mercado el objetivo de las empresas es lograr la máxima rentabilidad y el mayor margen de beneficios posible, pero a menudo ocurre que la actividad de una empresa repercute sobre la sociedad sin que se haga responsable de los costes que está originando. De ese modo, una empresa puede volverse más competitiva en el mercado dañando a la sociedad y el entorno medioambiental en el que realiza su actividad. Hay empresas que, para ser más competitivas en el mercado, recurren a prácticas de explotación laboral, a la vulneración de los derechos humanos, a contaminar nuestro aire o nuestros ríos y también al soborno y la corrupción. Seguro que eso les suena, especialmente, a los senadores del Partido Popular.

La sociedad, sin embargo, es cada vez más consciente de que estamos asumiendo un enorme coste para que determinadas empresas hinchen su cuenta de beneficios y coincide en que son habitualmente las de mayor tamaño y con un mayor poder. Por eso, cada vez hay una mayor exigencia sobre la información y la transparencia de las empresas para que podamos conocer de qué modo actúan y se pueda actuar en consecuencia. Cada vez más, la gente no está dispuesta a aceptar un papel pasivo en la economía en el rol de trabajadores o en el rol de consumidores. Queremos intervenir en la economía, como ciudadanas y ciudadanos, en su ordenación, en el modo en que las empresas deben rendir cuentas.

La trasposición de la directiva europea sobre información no financiera, como ya se ha comentado, llega con retraso a esta Cámara. El proceso debería haber finalizado antes del 31 de diciembre de 2016 y, sin embargo, el real decreto ley del anterior Gobierno llegó casi con un año de retraso, a finales de noviembre de 2017, es decir, todo el proceso de aprobación finalizará con dos años de retraso. El contenido del Real Decreto ley 18/2017, del anterior Gobierno del Partido Popular, no respondía de modo eficaz a los objetivos de la directiva europea.

En el Congreso, los diferentes grupos parlamentarios hicieron una buena labor de concreción de la directiva, en primer lugar, con la ampliación de su ámbito de aplicación; en segundo lugar, con la definición de todas aquellas cuestiones medioambientales, sociales y personales que debían incluirse en el informe; y, por último, con una cierta estandarización de los informes y su publicidad y transparencia. Sin embargo, no nos hemos quedado satisfechos con este proyecto de ley. Consideramos una debilidad la falta de un régimen sancionador para aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en la ley, y esperamos que el Gobierno del Partido Socialista desarrolle esa parte por la vía reglamentaria.

Nuestro grupo parlamentario presentó una serie de enmiendas que iban en la línea de lo aprobado en el Congreso, y la mayoría de ellas se han rechazado. El Partido Popular ha presentado enmiendas que desvirtúan el espíritu de consenso de este proyecto de ley, lo que nos obligará a votar en contra. En una de sus enmiendas pretende reducir las obligaciones de las empresas en la publicación de la información que les atañe, y hay enmiendas que sencillamente no tienen nada que ver con este proyecto de ley. Lamentamos que el Grupo Popular trate de nuevo de relajar las obligaciones de información y transparencia de las grandes empresas y que recurra de nuevo a tácticas de entorpecimiento y bloqueo que no llevan a nada mínimamente constructivo. Al final, las externalidades negativas de la tarea de oposición del Partido Popular las acaban pagando las instituciones y el conjunto de la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy debatimos el proyecto de ley que se tramitó una vez convalidado el real decreto ley para trasponer la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos.

Como ha dicho mi compañera anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista defendió desde el primer momento la tramitación como proyecto de ley, para intentar mejorarlo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, era una propuesta con bajo nivel de exigencia, concreción y control. Durante su tramitación en el Congreso se hizo un trabajo intenso para mejorar este texto, no solo en cuanto a transparencia, sino en cuanto a la calidad de la información; y todos los grupos parlamentarios contribuyeron a esa mejora.

Sin embargo, hoy el Grupo Parlamentario Popular, rompiendo el consenso conseguido en el Congreso, ha introducido de forma unilateral en la tramitación en el Senado enmiendas que dan un importante paso atrás en los avances que habíamos conseguido, avances que el Partido Popular también había apoyado en el Congreso y avances que unos días después deshacen, en una demostración de incoherencia absoluta, descafeinando la información que deben hacer pública las empresas.

Señorías, creo que todos compartimos que la información financiera desde luego no es suficiente para valorar a las empresas, y no lo es porque hay muchos aspectos del entorno estratégico y operativo de las entidades que son generadores de valor y que, por tanto, hay que tener en cuenta. De hecho, los inversores, cada vez más conscientes de ello, requieren mayor información a la hora de invertir; piden análisis de aspectos medioambientales, sociales o incluso reputacionales —llegando a desechar proyectos por no disponer de información suficientemente detallada—, con mayor transparencia que aumenta la credibilidad. En definitiva, esta información contribuye a identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general, además de ser necesario afrontar los retos planteados de cara al futuro, sobre todo los relacionados con el cambio climático y el uso de los recursos naturales.

¿Qué temor tiene el Partido Popular a la transparencia? De lo que se trata es de poner en valor una práctica empresarial responsable, y el objetivo es conseguir avanzar en una economía mundial que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del planeta. Es decir, caminar hacia un modelo económico sostenible.

Antes de entrar en detalle en los recortes del Partido Popular a la norma, me gustaría valorar por arriba unos aspectos importantes que fueron incorporados durante la tramitación de esta ley, y es el hecho de que la información no financiera requiere dotarse de homogeneidad para facilitar la comparabilidad entre empresas y disponer de un acceso sencillo a la información sobre las repercusiones de las empresas en la sociedad. Volviendo a los recortes perpetrados por el Partido Popular, suponen un gran paso atrás porque el Partido Popular, de golpe y plumazo, elimina avances conseguidos en la información relativa, por ejemplo, al personal o a los beneficios obtenidos país por país.

Fíjense, qué paradoja, conseguimos que la información deba basarse en estándares internacionales reconocidos y que sea comprobada por un verificador independiente, y hete aquí que el Partido Popular entonces elimina información relevante en materia de empleo y solo quiere que se publique la información relativa al número total y distribución de empleados, atendiendo a criterios representativos de diversidad, sexo, edad o país. No quieren que se publique, y por eso lo han eliminado en la tramitación en el Senado, la información relativa al número total y distribución de modalidades de contratos de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos y temporales y contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional. Tampoco lo relativo al número de despidos por sexo, remuneraciones medias y evolución desagregada por sexo, edad y clasificación profesional, brecha salarial, remuneración media de consejeros y de directivos, incluyendo la retribución variable o la implantación de políticas de desconexión laboral. ¿Por qué no quieren que se publique esta información, señorías del Partido Popular? Cuando España tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea y en 2016 el número de trabajadores pobres, según datos de la encuesta de condiciones de vida de Eurostat, suponía el 13,1 %. No lo digo yo, señorías del Partido Popular. Qué decir de la brecha salarial. Desde luego las desigualdades entre hombres y mujeres aún existen en el ámbito del empleo. Esta es la herencia del Partido Popular en materia laboral: competitividad a base de precariedad.

El Partido Popular tampoco quiere que se publiquen medidas destinadas a facilitar el disfrute de conciliación. ¿Por qué? Cuando las mujeres en España seguimos soportando la mayoría de los contratos a tiempo parcial. No quiere que se publique información relativa a los accidentes de trabajo, en particular información relativa a la frecuencia, a la gravedad o a las enfermedades profesionales. Todo ello desagregado por sexo; o los procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ello o el porcentaje de personal cubierto por el convenio colectivo. La negativa a publicar esta información viene del Partido Popular, los mismos que con su reforma laboral debilitaron la negociación colectiva. Además, tampoco quieren que se publique información sobre beneficios obtenidos país por país o los impuestos sobre beneficios pagados. ¿No creen ustedes, señorías del Partido Popular, teniendo en cuenta los múltiples escándalos sobre paraísos fiscales o evasión fiscal, que sería deseable que las empresas publicasen esta información?

Señorías del PP, sin fiscalidad responsable no hay protección social. Miren, obtener esta información tiene un coste muy bajo para las empresas, porque son datos que ya manejan, solo tienen que hacerlos públicos. ¿O me van a decir ustedes que las empresas de hoy en día, que saben hasta el número de bolígrafos que tienen sus empleados, no saben los detalles de los contratos de trabajadores, si son hombres y mujeres, si están cubiertos por el convenio colectivo o dónde pagan sus impuestos? No hay excusas, no las hay.

Esta información es de gran utilidad porque nos permite conocer el valor que aporta la sociedad. Para el Estado es de gran ayuda tener esa visión detallada de la realidad de las empresas y los trabajadores. Para los inversores, estos datos ayudarán a tomar las mejores decisiones. Tiene credibilidad la empresa, tiene valoración, es sostenible y, por supuesto, para la sociedad es fundamental conocer esta información porque nos da una idea de lo que están aportando las empresas a nuestras comunidades. Aportan valor y empleos estables o, por el contrario, aportan empleos precarios.

En definitiva, lo que se pide es que las empresas den la cara, digan cómo funcionan y cómo tratan a sus trabajadores y los beneficios que obtienen en los distintos países o los impuestos que pagan. Pero esto parece que no interesa al Partido Popular porque con sus enmiendas, entre otras cuestiones, restringen mucho estos temas. Nosotros queremos que las empresas pongan en valor los impactos positivos que generan en su entorno como consecuencia del desarrollo de su actividad y que adopten medidas para la prevención de los posibles riesgos, porque es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa mediante una economía integradora a través de una empresa sostenible y una gestión responsable. Pero hoy ustedes limitan extraordinariamente esta oportunidad. Por eso, por los motivos que hemos explicado, no vamos a apoyar estas enmiendas que ustedes pretenden incorporar al texto y, por lo tanto, rechazaremos el teto enmendado.

Quería dirigirme al senador Alegre, pero veo que no se encuentra en la sala. Me alegra que el senador Alegre reivindique la función del Senado, porque su partido pretende eliminarla. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, claro que reivindicamos la función del Senado. Pero aquí ha servido, y eso es lo que hemos criticado, para que el Partido Popular saque la tijera y esa segunda lectura haya supuesto recortes sobre aspectos muy importantes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Termino, señor presidente.

Querida compañera, senadora Serrano, permíteme la licencia de terminar con esa frase que has dicho y que me ha encantado: impulsemos una economía con corazón.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes. Señorías, la Ley reguladora de divulgación de los informes no financieros y diversidad es, sin ninguna duda, un gran avance en la transparencia de las grandes empresas corporaciones. Creemos que es muy buena para los consumidores, muy buena para la sociedad en general y muy buena porque genera confianza en los inversores. Esta ley viene bastante consensuada del Congreso y creemos que, en aras de la obligación que tenemos los senadores de trabajar y de dar prestigio al Senado, se ha mejorado con las enmiendas que hemos aprobado en la comisión y en el dictamen de la ponencia, sobre todo, porque mejora la información y cómo hay que darla para que llegue a los discapacitados y en algo que también nos parece muy importante, y es que del informe anual que elabora y publica el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas será informado el Senado con carácter anual. Por lo tanto, creemos que es un avance importante para los consumidores y usuarios y, en general, para la población.

Como les decía, este proyecto de ley modifica tres leyes importantes de nuestro país, como son, el Código de Comercio, de 1985, la Ley de sociedades de capital y la Ley de auditoría de cuentas —se trata de la transposición de una directiva— que elaboró inicialmente el Gobierno del Partido Popular y que fue presentada en diciembre de 2017 por el ministro De Guindos. Esta ley tiene un objetivo prioritario: mejorar la transparencia de las grandes corporaciones y empresas con la información y publicación anual de la información no financiera. Sin duda, recoge dos cosas interesantes, pues nos permite conocer el alma de las empresas a través de toda esta información no financiera, además de lo que ya conocíamos, que era el cuerpo del negocio de las empresas. Como les decía antes, esto es muy importante, porque genera mucha confianza y humaniza la imagen de las grandes corporaciones. El ámbito de esta ley alcanza a las grandes corporaciones y empresas, especialmente a aquellas empresas o entidades de interés público que tienen más de 500 trabajadores y que, además, cumplen alguno de los tres requisitos siguientes —dos, en los dos ejercicios últimos antes de que entre en aplicación de la ley—: tener activos por valor de más de 20 millones de euros, cifra de negocio anual de más de 40 millones de euros o una media en los dos años anteriores de más de 250 trabajadores.

Como les decía, modifica tres leyes. En la Ley de comercio incluye información no financiera que se debe incluir en el informe de gestión de estas grandes corporaciones y empresas con carácter anual. Es información de carácter social, de carácter medioambiental, de protección de salud; sobre personal, respeto a los derechos humanos, prevención y lucha contra la corrupción y el soborno, mejora de la gestión de la energía y del uso de recursos sostenibles en nuestro país, así como las medidas para evitar los abusos o impedirlos y todas las que tengan que ver con la igualdad de género. Esto en cuanto a la ley de modificación del Código de Comercio.

En cuanto a la Ley de sociedades de capital y sociedades anónimas cotizadas, lo que se modifica es el informe anual de gestión de cuentas, que debe incluir no solamente el informe financiero, sino también la descripción de la política de diversidad que se implante en estas empresas. Sobre todo, hay que conocer cómo se eligen los consejos de administración y qué medidas se toman para que esos consejos de administración tengan diversidad en cuanto a edad, género, discapacidad, formación y experiencia.

En cuanto a la tercera ley que se modifica, que es la Ley de auditoría de cuentas del 2015, lo que se establece es que tanto los auditores como las sociedades de autoría deben cerciorarse de que el informe de gestión incluya también la información no financiera y constatar que es así, que reúne los requisitos que establece esta ley.

En resumen, es una ley elaborada y presentada en el Congreso de los Diputados por el Gobierno del Partido Popular en 2017. Es buena porque mejora la información a consumidores, a inversores y a la sociedad en general. Deja clara y potencia la responsabilidad social corporativa de las empresas. Creo que en el Senado, a pesar del escaso tiempo que hemos tenido, se ha hecho un trabajo constructivo, porque se han incorporado trece enmiendas que mejoran la información para los discapacitados. También es importante ese asunto que les comentaba al principio, que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas informe en el Senado, con carácter anual, acerca de esta materia.

Sinceramente, creemos que es una buena ley. Nos ha sorprendido muchísimo algo que es inaudito, que la senadora Serrano, en nombre el Grupo Parlamentario Socialista, haya salido a hacer una defensa de la ley al mismo tiempo que anunciaba que no la iba a apoyar. Es increíble. Yo no había visto eso en mi vida. Sale en el turno de defensa de la ley y dice que no la va a apoyar. Tanto su intervención como la de su compañera han sido lamentables, no tanto en las formas como en el fondo. Le voy a explicar por qué. Ustedes no quieren que el Senado tenga protagonismo. Ustedes no quieren que se trabaje en el Senado, y el ejemplo más claro es lo que han hecho hoy. Pero cómo pueden salir aquí las dos a leer dos discursos que les han escrito... (Protestas). Perdone, déjeme que se lo explique. O lo han escrito ustedes, me da lo mismo, pero han bajado a leer dos discursos cuando no han hecho nada, cero, en la tramitación de la ley en el Senado. Es decir, no han tenido ni la delicadeza de presentar una sola enmienda. Cuando no han hecho nada, bajan aquí y utilizan dos turnos de intervención para decir encima que no van a apoyar la ley. Es algo increíble. Miren, el grupo de la mayoría en este Senado no va a permitir que el cesarismo del señor Sánchez, con 84 diputados —



es decir, el 24 %— y con 61 senadores —el 22 %—, quiera callar la voz de esta Cámara. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a enmendar cada ley que salga del Congreso de los Diputados siempre que lo consideremos oportuno. Y, desde luego, no van a hacer luz de gas. ¿Saben lo que tendrían que hacer ustedes? Traer aquí al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, a explicar por qué razón tiene un doctorado de mentirijilla —porque parece que lo ha copiado todo, y ya tuvieron una ministra que tuvo que dimitir—; requerir a la señora Delgado que dimita, porque ha perdido la oportunidad y el respeto de todos los españoles, especialmente de la judicatura; pedir a la señora Celaá que venga a explicarnos cómo oculta su patrimonio, y al ministro Duque y a la ministra Calviño por qué tienen sociedades instrumentales; o pedir al ministro Borrell que explique por qué utilizó información privilegiada para vender determinadas acciones; o solicitar al ministro Planas que se explique, porque todos sabemos que se le nombró cuando estaba todavía inmerso en un proceso. Miren ustedes, no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que el cesarismo del señor Sánchez impida que esta Cámara trabaje y haga lo que tiene que hacer, y presentaremos todas las enmiendas que consideremos oportunas. Nos parece una barbaridad, desde el punto de vista de la defensa que hay que hacer de esta Cámara, que ustedes quieran que aquí no se haga absolutamente nada y que aprobemos a capón lo que viene del Congreso de los Diputados.

Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 621/000014 Transición Ecológica

El señor presidente da lectura al punto 6.2.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Labrador.

El señor LABRADOR ENCINAS: Muchas gracias, presidente.

Comparezco en esta tribuna para presentar, en nombre de la Comisión de Transición Ecológica, el dictamen aprobado en su seno el pasado 14 de noviembre de 2018 sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica a su vez la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018 y tiene su origen en el texto aprobado por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena en relación con el proyecto de ley anteriormente citado. Este proyecto de ley se remitió, al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, a su Comisión de Transición Ecológica. Fue declarado urgente por la Mesa del Senado en su reunión de 30 de octubre de 2018 y, al amparo de lo previsto en el artículo 135.6 del Reglamento del Senado, se acordó que el plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizara el día 8 de noviembre y que este plazo fuera improrrogable.

Se presentaron un total de sesenta y cinco enmiendas, distribuidas de la siguiente forma: enmiendas 1 a 23, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de las cuales fue retirada la número 11; enmienda números 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 25 a 34, del senador Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, y las enmiendas números 35 a 65 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Realizado el debate y votación de las mismas, se emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley, sin introducirse ninguna modificación respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados

Este proyecto de ley consta de un artículo único, una disposición adicional, una transitoria sobre los expedientes en curso y cinco disposiciones finales referentes a títulos competenciales, a la modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, a la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, a la incorporación del derecho de la Unión Europea y a la entrada en vigor del propio texto respectivamente. El artículo único a su vez se divide en 41 apartados, por los que se modifican diversos artículos y disposiciones adicionales y finales de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y se sustituyen a su vez los anexos tercero y sexto de dicha ley.

El objeto fundamental de este proyecto de ley es lograr una completa trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril. Junto con ello, se han realizado algunas modificaciones para dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación en materia de evaluación ambiental. Este dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, con fecha 16 de noviembre de los corrientes.

A dicho dictamen se han presentado cuatro votos particulares. El primero de ellos por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el segundo por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, el tercero por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado y el cuarto por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Por último, no quiero finalizar sin antes agradecer el trabajo realizado por todos y cada uno de los senadores de los distintos grupos políticos, así como de los servicios de la Cámara, que una vez más han dado un ejemplo de buen hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Labrador.

Vamos a proceder al debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).

Pasamos al debate de las enmiendas.

Los senadores Cleries y Rivero, del Grupo Parlamentario Nacionalista, han presentado las enmiendas números 25 a 34. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño únicamente para dar por defendidas nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda número 24. Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Nosotros presentamos la enmienda número 24 para mejorar el texto del artículo 43 y ampliar la cobertura de este artículo a aquellas declaraciones de impacto ambiental anteriores a la Ley de 2013.

Espero que se acepte porque da cierta seguridad jurídica a esos procesos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado las enmiendas números 1 a 10 y 12 a 23. Para su defensa, tiene la palabra el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para darlas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado las enmiendas números 35 a 65. Para su defensa, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Mi grupo parlamentario ha presentado treinta y una enmiendas con el firme y decidido objetivo de pulir y mejorar, tanto la regulación como la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.

Tal y como fueron defendidas ya en comisión y como consta en el Diario de Sesiones, podemos agrupar nuestras enmiendas en tres grupos. El primero es un conjunto de enmiendas de carácter técnico, de mejora de la técnica normativa o para corregir disfunciones en el procedimiento de evaluación ambiental o erratas y omisiones del texto, que no reflejan en realidad una opción política legislativa alguna sino la mejora de la calidad de la legislación ambiental. Por ejemplo, el proyecto de ley tiene por objetivo modificar tres leyes —tres, no una—: la de evaluación ambiental, la de montes y la de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. No es acorde con los postulados de técnica normativa que el proyecto de ley conste de un artículo único que aglutine las modificaciones de la Ley 21/2013 y que las de las otras dos se acometan mediante disposiciones adicionales. Planteamos incluso la corrección de errores estilísticos y de redacción, como los que presenta la definición del documento de alcance o la incorrecta definición de las medias compensatorias, que es tan mala que previsiblemente esto sí suponga la apertura de un procedimiento de infracción del derecho comunitario por la Comisión Europea por incorrecciones en la transposición. Porque si es malo llegar tarde con la norma, peor incluso es hacerlo tarde y mal. Es tan pésima la redacción que se da al artículo 5.1 de la ley que, por su tenor literal, la obligación de difusión de la información relativa al proyecto evaluado se limitaría al municipio en el que radicase y no a toda la ciudadanía. Las prisas son malas consejeras, y con las prisas se han cargado un apartado, el 11.4, que resulta de especial interés para dar coherencia a las obligaciones que la ley impone a los promotores de proyectos públicos, que son, a su vez, órganos sustantivos, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras respecto de una autovía. Cuando esto se pone sobre la mesa, sotto voce nos dan la razón, pero se rechaza la enmienda. Tratamos de corregir un texto que, previsiblemente, va a dar lugar a problemas de interpretación por estar mal escrito y redactado, lo que, como legisladoras, debería causarnos bochorno, conocida la voluntad del PP y PSOE de rechazar nuestras enmiendas.

Presentamos un segundo conjunto de enmiendas que supone una modificación que mejora las garantías de participación pública en el procedimiento, pero que tampoco son una revolución que altere los esquemas de la Ley de evaluación ambiental. Con ellas, mejoramos la evaluación respecto del estado químico y cuantitativo de las masas de agua subterránea, los trámites de información pública, la accesibilidad de la documentación que al mismo se somete o la publicidad que de los mismos se ha de efectuar.

Y en un último paquete de enmiendas aportamos sensibles mejoras al articulado de las leyes que nos incumben. Nos permiten una mejor consecución del objetivo de lograr un elevado nivel de protección del medioambiente que inspiran la norma comunitaria y la legislación interna de la trasposición, mejorando la evaluación del impacto de planes y proyectos que pueden afectar o tener repercusiones en la Red Natura 2000 y de manera acorde con las directivas comunitarias, aves y hábitat y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se refuerza la evaluación respecto de los riesgos ambientales que puede suponer un proyecto, pues sucesos como la sismicidad inducida por el proyecto Castor en aguas del Mediterráneo, o en Lorca por el agotamiento de su acuífero, o las riadas en mi isla, Mallorca, no se deben volver a producir por una defectuosa evaluación ambiental de la actividad humana. Asimismo, proponemos que los ingresos obtenidos de la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinen al desarrollo de las energías renovables, y así, coadyuvar a la transición energética o revertir esa inadmisible reducción, en 2018, de la cuantía de las sanciones que se establecieron en la Ley 13/2010, de 5 de julio.

Lamentaríamos profundamente que se rechazase de plano que el Senado pudiera ejercer su papel estatutario y constitucional de Cámara de segunda lectura que permita corregir y mejorar el texto que se remite del Congreso invocando la urgencia de su tramitación, porque se ha sobrepasado con creces el plazo de trasposición y corremos el riesgo de sanción comunitaria. Ello no nos impidió bloquear su tramitación durante largo tiempo en la Mesa del Congreso. Aunque la Comisión Europea nos ha instado formalmente en el de mayo a trasponer la directiva, en todo caso, la aceptación de enmiendas en esta Cámara retrasaría la aprobación de esta ley al siguiente Pleno en el Congreso. Si llevamos año y medio de retraso, qué son tres semanas cuando podemos hacer las cosas bien.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.

¿Turno en contra de las enmiendas? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

El proyecto que debatimos hoy cumplimenta la obligación de trasposición de la Directiva 2014/52, del Parlamento y del Consejo, de 16 de abril de 2014. Con ello, se persigue una evaluación de impacto ambiental más eficaz, se mejora la protección del medioambiente y se consigue una mayor coherencia en el uso de los recursos naturales. El plazo para la incorporación de la directiva ya va con más de un año de retraso. Es deseable que esta ley salga cuanto antes para evitar posibles sanciones de la Unión Europea y también para que miles de proyectos que están paralizados salgan adelante y no sean abandonados por sus promotores o, lo que sería peor, se trasladen sus iniciativas a otros países donde generarían empleo, riqueza y bienestar.

Con este proyecto de ley se simplifican los procedimientos administrativos, pero sin renunciar al rigor jurídico, técnico y medioambiental en el proceso. El gran problema no son las exigencias para conservar el medio ambiente, sino los excesivos plazos a los que hay que enfrentarse para poner en marcha los proyectos.

Una de las principales novedades de la reforma es la incorporación de los análisis de riesgo en los estudios de impacto ambiental. De estas iniciativas dependen miles de puestos de trabajo, recursos económicos, para ayuntamientos, comunidades autónomas y para la Administración General del Estado, pero también dependen valiosísimos factores medioambientales que tenemos la obligación de preservar.

Votaremos a favor del texto del dictamen de la ponencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Pausa).

No hay más.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Únicamente quiero manifestar la abstención de mi grupo a este proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, señorías, voy a intentar ser breve.

En principio, nos da pena que no se aprueben ni tan siquiera enmiendas que tienen que ver más con el ámbito técnico que con cualquier otra cuestión. Es cierto que tenemos prisa, y es curioso que tengamos prisa cuando es una directiva de 2014 que tenía que haber estado traspuesta en mayo de 2017, pero vamos deprisa y corriendo sin tan siquiera poder mejorar el texto en una segunda lectura. Estamos haciendo una segunda lectura con gafas de madera porque sabemos de salida que no se va a aceptar nada para que no vuelva al Congreso, y me parece que eso no es bueno precisamente para la salud parlamentaria de esta Cámara. Por otro lado, tenemos el caso anterior, en el que una norma consensuada, con artículos consensuados, es enmendada por el grupo mayoritario aquí precisamente para lo contrario: para retrasar la aprobación de la norma cuando llegue al Congreso.

Yo creo que tenemos que darnos a valer un poco más y, una vez que ya estamos fuera de plazo, tener la posibilidad por lo menos de hacer una segunda lectura calmada e intentar hacer mejoras técnicas porque, lógicamente, aquí había cuestiones en las que estábamos todos de acuerdo, pero no se han podido llevar a cabo porque no podía volver al Congreso.

En cualquier caso, vuelvo a repetir: esta norma era necesaria, ha habido transaccionales en el Congreso que yo creo que la han mejorado —entre otras, una presentada por el Grupo Vasco— y, por lo tanto, vamos a votar a favor.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.

La propuesta que traen a la Cámara es consecuencia de la transposición de la directiva europea. A mi entender, la ley que se quiere aprobar pretende regular aspectos que son competencia de las comunidades autónomas y, sobre todo, de los ayuntamientos. Me refiero a los impactos ambientales, que según para qué tipo de instalaciones —por ejemplo, las de defensa—, no serían necesarios. De aprobarse tal y como está redactado, volarían los territorios y sus vecinos, no como en algunos países que ya la han transpuesto y que en el trámite han incorporado la obligación de dar voz a los ciudadanos y a estos territorios.

Por todo ello, nosotros vamos a votar en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.

Por Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, señor presidente.

Intervengo nuevamente, ahora en el turno de portavoces.

La evaluación de impacto ambiental es una de las técnicas de protección ambiental más consolidadas y depuradas. Desde su primera formulación en Estados Unidos, en 1969, en la primera directiva comunitaria al respecto, la 85/337, o en su formulación en el principio 17 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, se configura como uno de los principios básicos del derecho ambiental. El principio de prevención que inspira esta técnica o instrumento de tutela ambiental preventiva traslada al ámbito ambiental el archiconocido principio de que más vale prevenir que curar.

En el año 2013, el ministerio dirigido por el señor Arias Cañete propuso una suerte de simplificación tramposa de los distintos procedimientos de evaluación ambiental, que culminaron en la Ley 21/2013, que hoy modificamos con este proyecto de ley. En la realidad, ni la directiva ni el proyecto de ley inducen modificaciones significativas en la regulación del instrumento, y la PL aprovecha de rondón para permitir, nada menos, que se puedan evaluar proyectos no ya aprobados, sino incluso ya ejecutados y declarados ilegales por la justicia. Pocas ideas pueden ser más irreconciliables con la naturaleza intrínsecamente preventiva de la evaluación del impacto ambiental.

¿Es que alguna comunidad autónoma o ministerio competente en materia de medioambiente va a emitir una declaración de impacto ambiental desfavorable de una carretera, un pantano o una instalación industrial o de cría ganadera ya aprobada, incluso en funcionamiento? En todo caso, ¿qué incidencia va a tener en el proceso de toma de decisiones la variable ambiental? ¿Qué credibilidad o utilidad van a tener los trámites de información pública? Ninguna, señorías. Si además los partidos mayoritarios en ambas Cámaras se niegan, con argumentos falaces, a admitir enmiendas del todo oportunas para la regulación del mejor y más eficaz instrumento legal de tutela ambiental, ¿qué credibilidad van a tener? Y no hablo aquí solo de nuestras aportaciones, otros grupos han propuesto enmiendas muy dignas de tener en cuenta. Todas ellas han sido absolutamente desatendidas.

Quiero traer aquí a colación una reflexión sobre el papel de esta Cámara que ya he anticipado antes. Ciertamente, además de una cámara de representación territorial, el Senado es una cámara de segunda lectura, y esa duplicidad puede convertir en inútil y prescindible a toda la institución, especialmente si se renuncia que ejercer esta función. Precisamente porque el Senado es un órgano constitucional muy criticado y cuestionado, es nuestra obligación dignificar y poner en valor su papel, y mucho me temo que el planteamiento del que hoy hacen gala no hace sino alentar esa crítica, porque nos convierte en meras comparsas y no en un parlamento en el que debatir, intercambiar ideas y consensuar proyectos legislativos.

En cuanto a la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, lo cierto es que resulta francamente bochornoso que se pretenda reducir la cuantía de las sanciones impuestas, especialmente las correspondientes a infracciones graves o muy graves, con el equivocado mensaje que lanza la legisladora al respecto y la regresión del estándar de protección ambiental que supone. Señorías, no pretendan que les apoyemos tampoco en eso. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mato.

El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tal y como ya se ha dicho en varias ocasiones, el anteproyecto de ley tiene, entre otras finalidades, la de modificar la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y cumplir así con la obligación de trasposición de la directiva correspondiente del Parlamento Europeo.

Tal y como se ha dicho ya, esta Ley 21/2013 recogía ya dos directivas comunitarias, una referida a los impactos sobre el medio ambiente natural de los proyectos públicos y otra referida a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

También se ha dicho que el proceso de evaluación de impacto ambiental lleva vigente en España ya veinticinco años —es una herramienta muy madura— y a lo largo de este tiempo han surgido aspectos que todavía no habían sido incorporados a nuestra legislación. Y eso precisamente, señora Quetglas —se lo digo porque aparece recogido con mucha claridad en la exposición de motivos—, es lo que pretende la directiva: profundizar en aspectos como el cambio climático, la eficacia de los recursos naturales, la prevención de los riesgos, que deben quedar mejor reflejados en este importante instrumento preventivo que, como usted muy bien ha dicho, es la evaluación ambiental.

Con carácter general, los principales objetivos son los siguientes: que la evaluación de impacto ambiental sea más eficaz, que haya una mayor coherencia con otras normativas —algunas de la Unión Europea— y, en definitiva, lo que todos buscamos, como es la mejora en la protección del medioambiente, el uso de recursos naturales, la salud humana o el patrimonio.

Además, esta reforma simplifica y mejora el proceso de toma de decisiones en las futuras inversiones públicas o privadas, de forma que: sean más transparentes, estén mejor argumentadas, sean realizadas por personal competente y, por lo tanto, señorías, que se analicen mejor los proyectos antes de autorizarlos y nos aseguremos con toda claridad de que son respetuosos con el medio, que son seguros y sostenibles en el tiempo.

Asimismo —también se ha dicho—, es urgente. ¿Por qué viene por tramitación de urgencia? Porque la directiva fijaba como plazo de incorporación al ordenamiento jurídico el 17 de mayo de 2017. Por tanto, el proyecto de ley ya estaba previsto con anterioridad, pero nos llega más de un año y medio tarde. Luego, señorías, no es intención del Grupo Parlamentario Socialista retrasarlo más ni abocar al Estado a una posible sanción.

Aspectos relevantes de esta modificación legislativa son: la reforma de la Ley de montes con el fin de dar cobertura legal a los caminos naturales o, por ejemplo, la regulación del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se ha demostrado que no es lo suficientemente eficaz y estamos seguros de que esta reforma que estamos proponiendo va a servir para que esta herramienta sea más eficaz y sirva, efectivamente, para lo que todos buscamos, que es la reducción de las emisiones de estos gases.

Señorías, se trata de conseguir una regulación más eficaz, dotar de coherencia y simplificar la dispersión normativa, garantizar la seguridad jurídica, la participación y los derechos de todos los intervinientes en el proceso. De esta forma, y a través de su debate y su tramitación parlamentaria, se han incorporado cuestiones importantes como, por ejemplo, estudios de impacto ambiental favorables en caso de proyectos que estuvieran incursos en procedimientos legales, la mejora de la información a la ciudadanía o la incorporación del paisaje o el patrimonio arqueológico subacuático al texto legislativo.

En resumen, como país miembro de la Unión Europea tenemos que cumplir los compromisos adquiridos, especialmente en un asunto tan importante como es la preservación de nuestro entorno. Esa siempre ha sido la bandera del grupo político al que represento y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente, porque llevamos mucho retraso, esta proposición de ley.

Y antes de irme, señorías, me voy a referir ahora a la intervención previa que hizo la señora Riolobos, porque doy por hecho que, como el Grupo Popular no ha presentado ninguna enmienda, ha venido aquí a capón, sin hacer los deberes; no ha presentado ninguna enmienda y, precisamente, en este caso la situación es contraria a la que nos relataba. Con razón se ha marchado. Pero, si quieren, se lo digo en román paladino o, si quieren, a través de un mensaje de wasap: la única noticia que está esperando hoy toda esta Cámara es la dimisión de su portavoz, el señor Cosidó.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mato.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Buenas tardes, señorías.

A pesar de lo que parece, estamos básicamente de acuerdo en el planteamiento de la ley, aunque haya mucho ruido de fondo.

Vamos a ver, en 2014 se modificó la Directiva de 2011 sobre evaluación de impacto ambiental y el proyecto de ley que ahora se debate, como ya se ha dicho, tiene por objeto modificar la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, para cumplir con la obligación de trasponer ese ordenamiento. La mayoría de los principios y objetivos de esta ley ya fueron incluidos en su momento en la ley de 2013, de la que yo tuve el honor de ser ponente. Dado que la tramitación de ambas normas se hizo al mismo tiempo, tanto la de la Unión Europea como la nacional, fue prácticamente simultánea y durante su redacción se tuvieron en cuenta ya novedades que posteriormente se incluyeron en la directiva. En este momento lo único que hacemos es llevar a cabo la completa trasposición de lo que no se adaptó en ese momento.

Además de las modificaciones que considerábamos estrictamente necesarias para incorporar la directiva a nuestro ordenamiento, también se han realizado modificaciones para aclarar determinados conceptos de la ley, dotándolos así de mayor seguridad jurídica. Por otro lado, también se ha modificado la disposición adicional sexta de la Ley de montes, cuya finalidad es regular los caminos naturales, para cumplir lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional que acordó estimar parcialmente un recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía. También se modifica —y también se ha dicho aquí— el régimen de comercio de derechos de emisión, precisamente para definir con mayor precisión cuáles son las especialidades propias de este régimen administrativo.

Además, las novedades respecto a la ley —que algunos han citado y que otros han querido obviar para justificar no apoyarla, y que nosotros evidentemente sí vamos a apoyar— son: separar funciones y ausencia de conflictos de interés entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo, algo que la señora Quetglas ha negado, pero nosotros creemos que este proyecto de ley sí garantiza esa separación entre la función del órgano ambiental que evalúa y el órgano sustantivo que al final otorga la autorización del proyecto. También se toman en consideración la vulnerabilidad y riesgos ante graves accidentes o catástrofes, y aunque se ha intentado decir aquí que no, yo creo que sí, que precisamente se toman en consideración y eso es algo novedoso. Se coordinan procedimientos de evaluación ambiental y otras directivas, estableciendo un procedimiento coordinado que posibilita a su vez el cumplimiento de obligaciones de otras directivas, como las Directivas hábitats, aves, marco de agua, emisiones industriales, marco de residuos o Seveso; además, se prevé un programa que no excluya eximir al promotor de evaluar una efectuación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000. Asimismo, se fomenta la calidad de la información y se potencia la participación pública a través de medios electrónicos. Se prevé que todos los documentos que obren en el expediente de evaluación sean realizados por personas que posean la capacidad técnica y cualificación suficiente —creo que eso tiene que dar tranquilidad al ciudadano—. Se prioriza utilizar medios electrónicos que garanticen la participación efectiva de las personas interesadas. Se refuerza además el trámite de consultas; eso es algo que no deriva propiamente de la ley, pero que en el proyecto de ley inicial que presentó el Gobierno del Partido Popular —y en el que ahora estamos ya llegando a su trámite final— sí se tenía en cuenta, y era la obligación de realizar un nuevo trámite de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en el caso de que existan modificaciones del proyecto inicial. Y también se incluye en este proyecto de ley, aunque tampoco deriva de la directiva, modificar los anexos I y II de la Ley 21/2013 mediante el real decreto, para que en el caso de que haya que trasponer más directivas se pueda hacer directamente mediante real decreto.

Por todo lo expuesto, el Grupo Popular apoya la modificación —una modificación iniciada en el Gobierno del presidente Rajoy— por varias razones. Primero, porque creíamos y creemos en este momento que es la modificación adecuada y necesaria; cuando estábamos en el Gobierno lo pensábamos y ahora que estamos en la oposición lo seguimos pensando, es decir, por responsabilidad política e institucional. Nosotros intentamos mantener una unidad de criterio, este proyecto lo empezamos nosotros y nosotros lo apoyamos, por ello no hemos presentado enmiendas y no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas presentadas. Segundo, pensábamos en su momento que la Ley de evaluación ambiental era una buena legislación —en su día, cuando la iniciamos en 2013— con las modificaciones presentadas, unas debidas a la trasposición y otras de iniciativa propia para mejorar el texto. Creemos que España tiene una buena legislación en materia de evaluación ambiental, puesta al día y a la que solo le queda que los poderes públicos la hagamos cumplir por el bien de nuestro medioambiente, el bienestar de los ciudadanos de ahora y del futuro.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.



PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 625/000003 Transición Ecológica

El señor presidente da lectura al punto 6.2.3.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Labrador.

El señor LABRADOR ENCINAS: Gracias, presidente.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración de este Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia.

Esta proposición tiene su origen en el texto aprobado por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, dotada de competencia legislativa plena en relación con la Proposición de ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

Esta proposición de ley se remitió, al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, a su Comisión de Transición Ecológica. De la misma forma, la Mesa del Senado, en su reunión de 30 de octubre de 2018 y al amparo de lo previsto en el artículo 133.2 del Reglamento del Senado, acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia y, en consecuencia y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135.6 del propio reglamento, y por apreciarse circunstancias que aconsejaban la modificación del plazo previsto en el apartado primero de dicho artículo, se acordó que el plazo improrrogable para la presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizara el día 8 de noviembre. Se presentaron un total de doce enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Realizado el debate y votación de las mismas, se emitió dictamen sobre la citada proposición de ley, no introduciendo ninguna modificación respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Esta proposición de ley se estructura en cuatro artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria, una transitoria y tres disposiciones finales. Se fundamenta en las necesidades de recursos hídricos en la zona suroriental de la provincia de Huelva, en la comarca de El Condado, que se encuentra en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y en el ámbito de influencia del espacio natural protegido de Doñana, con el objetivo ambiental de preservar el equilibrio del acuífero MASb 05-51 Almonte-Marismas y de los ecosistemas asociados al mismo.

Este dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Senado, con fecha 16 de noviembre de 2018. A dicho dictamen se ha presentado un voto particular del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Me gustaría finalizar, porque aunque es tradición es de justicia, agradeciendo el trabajo realizado por todos los senadores, así como por los servicios de la Cámara que, como es costumbre, han dado un ejemplo de lo que es hacer una excelente labor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Labrador.

Vamos a comenzar el debate de totalidad y luego habrá un turno de enmiendas.

¿Turno a favor? (El senador Huelva Betanzos pide la palabra). Sí, señor Huelva. ¿Alguien más va a compartir el turno a favor? (Pausa).

Tiene usted la palabra, senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, la predisposición que ha tenido siempre con esta ley que estamos debatiendo. Quiero agradecer especialmente a mi portavoz, Ander Gil, y a toda la dirección que confiaran siempre en el criterio de los tres senadores de la provincia de Huelva del Partido Socialista —del senador Guerra González, de la senadora Pérez Castilleja y de mí mismo— para pedir el trámite de urgencia y llevar adelante esta ley tan necesaria y tan reivindicada en nuestra provincia.

Quiero dar las gracias a los senadores y senadoras antes citados, al senador Guerra y a la senadora Pérez, por su generosidad conmigo al permitirme ser el ponente de esta ley, ya que dentro de la provincia de Huelva es mi comarca la de Doñana y la de El Condado. Quiero saludar —y no quiero que se me olvide nadie— a los alcaldes de Lucena del Puerto, David Vivas, de Bonares, Juan Antonio García, a mi alcalde, el de Rociana del Condado, Diego Pichardo, y a la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa. Quiero saludar también a la persona impulsora de esta ley en el Parlamento de Andalucía y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez —que está también en la tribuna—, a los miembros de la Plataforma en defensa de los regadíos de El Condado, a su presidente, Cristóbal Picón, al que acompañan Rafael López, Juan Mato, Rocío Alba, Francisco Domínguez, Raquel Mora, Manuel Limón y Rodolfo Barrero, al secretario general de UPA en Huelva, Manuel Piedra, y al director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, Juan Serrato. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes al Senado, pero sobre todo quiero darles la bienvenida a esta celebración, a la celebración del culmen de vuestro trabajo y de nuestro trabajo.

Señorías, estamos hablando de un espacio, de un parque nacional del que todo el mundo se atreve a opinar —digo atreverse a opinar y lo digo sin ningún rubor—: opinar desde la distancia y opinar desde informaciones que en muchas ocasiones son descaradamente interesadas. Miren ustedes, les voy a hablar de una Doñana, la que fue declarada parque nacional en 1969, uno de los espacios protegidos más importantes del territorio andaluz, de España y la mayor reserva ecológica de Europa, con más de 54 000 hectáreas en este parque nacional, con distintos ecosistemas en estas hectáreas: marismas, playas —casi 30 kilómetros de playa virgen solo en el parque nacional, sin contar con los 17 kilómetros que tenemos en el parque natural—, dunas y corrales, los cotos y las veras, que es el límite entre arcillas y arenas y es la zona en la que coinciden las especies vegetales y animales de uno y otro ambiente, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas con más riquezas ecológicas del mundo.

Miren ustedes, señorías, Doñana es el espacio natural con mayor biodiversidad de Europa: más de 300 especies de aves habitan en este territorio, de las que casi 130 se reproducen allí; 37 especies de mamíferos, entre las que destacamos el lince ibérico; 21 especies de reptiles; 11 especies de anfibios; 20 especies de peces de agua dulce y miles de invertebrados. En Doñana existen más de 900 —900— especies vegetales debido a la existencia de diferentes ecosistemas, y seguro que les suena el enebro marítimo, el alcornoque, el pino piñonero, la adelfa, la retama, el tomillo, el romero o la zarzamora.

Fíjense, señorías, que les he hablado de ecosistemas, les he hablado de fauna, les he hablado de flora, les he hablado de lo que los onubenses queremos y debemos preservar, conservar y potenciar. Les he descrito sucintamente algo que puede que algunos de ustedes piensen que solo existe en los cuentos de hadas, pero les aseguro que es algo con lo que generaciones y generaciones de habitantes hemos aprendido a convivir, a cuidar, a proteger y a presumir. Pero, señorías, lo que les he contado no es Doñana, lo que les he contado solo es la mitad de Doñana, porque la otra mitad la forman aquellas mujeres y hombres que cada día viven allí. No les voy a decir que los que vivimos allí hacemos un esfuerzo diario por preservar la reserva de la biosfera que es, y no se lo voy a decir porque, sencillamente, no lo hacemos, no hacemos un esfuerzo. Nosotros lo hacemos porque es algo que tenemos interiorizado, nos lo han enseñado, no diciéndonoslo, no haciendo grandes estudios, no haciendo grandes discursos y no haciendo bandera de las restricciones; si nuestros antepasados se hubiesen dedicado a los discursos y a las banderas, hoy Doñana, sencillamente, no existiría. (Aplausos). Ellos nos han enseñado con acciones, acciones que dimanan del trabajo diario, acciones que han ido en pro del progreso de los pueblos y del entorno de Doñana y del Condado de Huelva.

Señorías, la otra mitad de Doñana en la provincia de Huelva son más de 85 000 habitantes distribuidos en siete municipios, y esta tarde estamos hablando de cinco de esos siete municipios; estamos hablando de 60 000 habitantes, hombres y mujeres que forman parte de Doñana; estamos aprobando una ley que hace posible que esas mujeres y hombres, que durante generaciones han sido los mayores y mejores ecologistas, puedan seguir viviendo en su territorio, y esas mujeres y hombres de los que hablamos, que todavía —todavía— no están en peligro de extinción, se han dedicado desde tiempo inmemorial a la ganadería y a la agricultura, al sector primario, mirando día a día la tierra que les vio nacer y que les da de comer.

Señorías, hoy muchos de los descendientes que vivimos allí nos seguimos dedicando a lo mismo, seguimos mirando cada gota de agua que gastamos y usamos las mayores y mejores tecnologías que existen en el mundo para seguir protegiendo nuestro parque nacional como siempre hemos hecho. Señorías, Doñana también son las cabezas de ganado que hay dentro del parque nacional, así como las aproximadamente 10 000 hectáreas que dan miles y miles de empleos al año en nuestra provincia y fuera de ella, y que surten nuestros supermercados —a los que vamos todos, y también los de media Europa— de fresas, frambuesas, arándanos, moras, caquis, naranjas, etcétera. No pensemos que esas frutas nacen en las estanterías; esa fruta es gestionada por agricultoras y agricultores que cada día cuidan su medio de vida y su marca Doñana; viven de una agricultura de primor, con alta tecnología y con altísimo cuidado medioambiental y de alto valor ecológico. Allí los mayores ecologistas son los agricultores y las agricultoras porque de ello viven y quieren que sus descendientes sigan haciéndolo.

Me han escuchado decir ustedes en muchas ocasiones que nadie va a venir a enseñarnos a proteger el territorio en el que van a vivir nuestras hijas y nuestros hijos. A nosotros nos parecen bien las propuestas en positivo que se quieran hacer, todas las propuestas en positivo, pero no las lecciones magistrales desde púlpitos lejanos que ni siquiera conocen el territorio.

Miren ustedes, hoy tengo la fortuna de ser yo quien defienda esta ley, y lo hago veintitrés años después de haber empezado a reivindicarla. Para que vean que allí nos cansamos lo justo, yo comencé en política en el año 1995, en mi pueblo, en la comarca de Doñana, en el Condado de Huelva y ya se hablaba de la aportación de agua superficial al Parque Nacional de Doñana. ¿Y sabe quiénes lo pedían? Los alcaldes y las alcaldesas y los agricultores y las agricultoras. Por aquel entonces, hace veintitrés años, había poca gente que se estuviera preocupando por la salud de Doñana fuera del territorio, y era poco mediática la preocupación por cuidar un entorno natural como el nuestro. Desde entonces, la reivindicación de los alcaldes y de las alcaldesas han sido las mismas, las mismas que las de los agricultores y agricultoras que, año tras año, pedían solo eso, solo que el agua excedentaria de una provincia excedentaria en agua como es Huelva se trasvasara dentro de la misma provincia de una cuenca, la del Odiel, Tino y Piedras, a la del Guadalquivir. Es algo sencillo, pero no lo ha sido cuando hemos tardado veintitrés años o más, treinta, para conseguir estar aquí debatiendo esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Huelva.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Entramos en el turno de portavoces en el debate a la totalidad.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora López Gabarro.

La señora LÓPEZ GABARRO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero darle las gracias a todos los vecinos del Condado que están hoy aquí y especialmente a esos agricultores, hombres y mujeres, valientes que llevan muchos años luchando por algo que es de todos, la agricultura del Condado. (Aplausos).

Siempre les he transmitido la tranquilidad porque estaba segura de que esta ley, con la mayoría del Grupo Popular en el Senado, iba a salir adelante, y hoy se hace realidad. Este partido ha estado siempre, desde el principio, al lado de los agricultores, lo ha estado siempre y lo seguirá estando, y quiero agradecer al Grupo Socialista y al Grupo de Ciudadanos, como ya ocurrió en el Congreso, que se sumaran a esta iniciativa que es de todos, no de grupos políticos, es de ellos, porque los protagonistas esta tarde son ellos, los agricultores, los hombres y mujeres del Condado. (Aplausos).

Sé que hay enmiendas de Podemos en contra de esta ley. Miren ustedes, señorías de Podemos, cuando ustedes se niegan sistemáticamente a llevar el agua al Condado, cuando se niegan sistemáticamente a darle el agua a los agricultores, están negando el pan de familia de cientos de agricultores. Pero es que además me sorprende el desconocimiento, porque esta ley lo que hace es llevar el agua en superficie, esta ley viene a proteger aún más Doñana. Y no se olviden de esta frase: Nadie como los agricultores del Condado, hombres y mujeres, han protegido y protegen Doñana. Nadie, absolutamente nadie como ellos, ninguno de los que estamos aquí. Ellos conocen su tierra, ellos la cuidan y ellos la protegen.

Una cuestión importante, que el Partido Popular es el partido del empleo. Cuando hablamos de los frutos rojos del Condado de Huelva quiero decir dos cosas. Primero, estamos hablando de marca España y, segundo, los frutos rojos son el 80 % del PIB del Condado, por tanto, estamos hablando de empleo. Y este es el partido del empleo y este es el partido del agua. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, 200 millones de euros fueron a Huelva en obras hidráulicas, eso nos convirtió en el partido del agua. El primer trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos lo hizo el Partido Popular en el Gobierno de Rajoy. Yo he de reconocer aquí que en el Gobierno de Zapatero se hizo la ley, pero se guardó en el cajón, y en 2011 vino Rajoy y el Partido Popular la sacó del cajón e hizo las obras, porque sin obras no sirve de nada la ley, y ahí tenemos que volver a estar todos.

Señorías, hoy estamos aprobando una ley que es fundamental, pero algo hay algo esencial y es que vienen unos Presupuestos Generales del Estado, y ahí tenemos que estar todos, porque sin obras no hay agua y no sirve para nada la ley.

Hay algo que me preocupa y quiero trasladárselo al compañero del PSOE, que, por cierto, comparto al cien por cien con usted la descripción que ha hecho de la zona de Doñana, de sus pueblos, de sus habitantes.

Hay algo que me preocupa y se lo quiero transmitir para que sigamos yendo de la mano. Están ustedes negociando los Presupuestos Generales del Estado. Ya dijo Pedro Sánchez que sí a las desaladoras y no a las trasvases, y están negociándolo con Podemos que vota en contra de que el agua llegue a los agricultores. ¡Ojo con los presupuestos porque, si no, volveremos a darle la espalda a los que levantan cada día nuestra provincia! ¡Ojo a los presupuestos!

Una segunda cuestión, y ya termino. Estamos aquí defendiendo la agricultura onubense, y los agricultores quieren que vayamos de la mano. Permítame que les diga que recapaciten porque hay que modificar el Plan de la Corona Norte en el Parlamento andaluz y llegar a acuerdos, igual que hemos hecho hoy en esta Cámara. Que ni ustedes, compañeros de Podemos, ni del PSOE ni de Ciudadanos son nadie para decirles a cientos de agricultores que no tienen derecho a agua y que no tienen derecho a llevarles a sus hijos el pan a su casa.

Por tanto, lo que hoy estamos haciendo aquí se lo merecen también otros agricultores que ustedes han dejado fuera. Por cierto, haga recapacitar a su jefa y si no es así, y termino, será a partir del día 2 de diciembre cuando el Partido Popular desde el Gobierno andaluz modifique el Plan de la Corona Norte. (Aplausos).

Señorías, como el Senado tiene mucho peso, puede parecer que los que nos subimos a esta tribuna somos los importantes, por tanto, estos minutos que he intervenido se los dedico a los que cada día hacen que esté más orgullosa de ser onubense, de ser andaluza y de ser española. Se los dedico a los que están ahí, a esos hombres y mujeres valientes.

Gracias por lo que habéis hecho, lo habéis conseguido vosotros. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Gabarro.

Pasamos al debate de las enmiendas.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado las enmiendas números 1 a 12.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Quetglas.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

Señorías, ya nos encontremos ante un problema médico, sanitario, financiero, técnico, ambiental o agrícola, la adecuada respuesta y solución al mismo necesita —condición previa indispensable— su adecuado diagnóstico y la veraz búsqueda de sus causas y no la mera constatación de las consecuencias del problema, porque, si no, podemos encontrarnos con costosas soluciones desde el punto de vista ambiental, económico y social, que no han servido para solucionar, sino solo para agravarlo. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Este grupo político ya ha expresado en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados y en comisión en esta Casa cómo la garantía de abastecimiento que pueden suponer los 20 hectómetros cúbicos que vamos a detraer en beneficio del acuífero de Almonte puede no tener ni éxito ni sentido cuando no hemos actuado ni atacado antes las causas que lo han llevado a su crítica situación actual. Por eso, señorías, presentamos enmiendas, no solo de mejora técnica y de adecuación de la técnica legislativa de la que el texto está profundamente necesitado, sino también tendentes a evitar la regularización de regadíos ilegales por vía indirecta o a través de la presente proposición de ley; a garantizar el cumplimiento del principio de recuperación de costes y que sean los beneficiarios comprometidos del trasvase quienes se hagan cargo del coste de la obra pública y del precio del agua y no que sea el Estado quien lo sufrague, o que luego nos encontremos, como pasó con las desaladoras de Levante, con que no hay demanda real de agua si se exige su coste; y, desde luego, tendentes a garantizar que antes de tramitar la obra pública y de que se haga realidad el trasvase, se declare al acuífero Almonte-Marismas (MASb 05-51) como sobreexplotado, que clama al cielo que aún no lo haya sido por no tener que poner orden en el desorden de explotaciones de regadíos de la zona.

Y, para acabar, les confieso que soy incapaz de entender por qué rechazan nuestra enmienda número 7, que elimina un párrafo duplicado en el texto de la ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Quetglas.

Turno en contra de las enmiendas.

Senador Huelva, tiene la palabra.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, presidente.

Las enmiendas a esta iniciativa registradas en el Senado se parecen bastante a las enmiendas registradas en el Congreso de los Diputados, vamos, un copipega directamente.

Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, no vamos a mover ni un milímetro de lo que ya dijimos en la Cámara baja. Si esta es la solución que el Grupo Podemos tiene para Andalucía, mal vamos. Nosotros entendemos que estas enmiendas de Podemos están elaboradas y presentadas desde un desconocimiento absoluto de la zona de Doñana y de los pueblos de la comarca que la conforman, desconocimiento que, a veces, se vuelve peligroso. Hablar gratuitamente de una zona que ni siquiera han visitado y que solo conocen por las informaciones sesgadas de las que se nutren es muy peligroso. Señoría, en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos, llegamos a ofrecerles redacciones alternativas a sus enmiendas para que fuese una ley de todos, y obtuvimos la negativa por respuesta. Hoy, como usted ha podido comprobar, al menos el Grupo Socialista, ni siquiera nos hemos puesto en contacto con ustedes para ver las enmiendas, porque hoy ya la respuesta es no, directamente. No vamos a permitir más demoras en esta ley casi treinta años después que creemos que han sido suficientes. Ha habido tiempo más que de sobra para propuestas. Por eso pensamos que no es más que una maniobra para ver si, en otro acto nuestro de buena voluntad, accedemos de nuevo a negociar. Además, señorías, como ustedes ya conocen, les diré respecto a la mayoría de las enmiendas que presentan que a nosotros nos parece que se recoge técnicamente de una forma mucho más correcta —desde nuestro punto de vista, claro está— en la redacción de esta proposición de ley. Incluso, alguna de sus enmiendas —a nuestro juicio siempre— generaría confusión en cualquier texto legal, por lo tanto, nos parecen del todo improcedentes.

En resumen, señorías, nuestra postura hoy es que esta ley se empiece a aplicar ya, que vaya a BOE y sea efectiva. Cuando se esté aplicando, hablamos lo que quieran, pero Doñana no puede esperar más; no podemos esperar a cambiar una coma por otra, y lo que es igual de importante, las personas que allí vivimos creemos que tenemos derecho a tener una ley que nos ampare, a que no siempre estén usando ustedes a sus lobbies en contra del progreso de nuestra comarca y, al final, sin querer —o queriendo, no lo sabemos—, en contra el propio Parque Nacional de Doñana.

Así que, después de la publicación en el BOE, nos vemos donde quieran. Por cierto, al Partido Popular en los presupuestos les esperamos. Pueden apoyar sin ningún problema los Presupuestos Generales del Estado. Ahí les estamos esperando. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Huelva.

Abrimos un turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿alguna intervención? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿alguna intervención? (Pausa).

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo únicamente para manifestar nuestra abstención respecto a esta proposición de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, presidente.

Intervengo igualmente para decir que nosotros también nos vamos a abstener.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). No interviene nadie.

¿Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Pausa).

Senadora Quetglas, tiene la palabra.

La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.

El acuífero Almonte-Marismas del que se nutre Doñana sostiene a los ecosistemas naturales del parque —a los humedales, ríos, vegetación y fauna—, pero también sostiene a los cultivos del Condado de Huelva y al entorno de Doñana. Sin el agua, Doñana está condenada a muerte. Por tanto, cultivos y espacio protegido están llamados a convivir en equilibrio, equilibrio que actualmente está roto, que está hecho pedazos. ¿Y qué solución plantean los gobiernos central y autonómico? Un trasvase o, lo que es lo mismo, obras hidráulicas, la vieja solución decimonónica.

La política hidráulica de los partidos de la alternancia, del PP y del PSOE, es siempre la misma: obras hidráulicas, los trasvases, porque aunque la ministra Ribera, en público, reniegue de los trasvases,... Aquí estamos, dispuestos a probar uno más.

Para resolver el déficit hídrico, la solución no es incrementar la oferta de recursos hídricos con el trasvase, pues a largo plazo provoca el efecto contrario: estimula el incremento de la superficie de regadío y, por tanto, la demanda agraria. El mejor ejemplo con un solo dato: demanda agraria que consume el 87,3 % de los recursos de la cuenca del Guadalquivir. Esto es fruto de una política obsoleta, de una política arcaica, estimulada desde la óptica de que el agua es una fuente de riqueza y de empleo, con un enfoque productivista muy peligroso. El agua no es ni una mercancía ni un input productivo, ni un elemento con el que ganar dinero, es un patrimonio ecológico y un derecho humano.

El trasvase es una idea perversa en el fondo, porque alimenta y alienta a quienes piden agua de forma ilimitada como si fuera un recurso realmente ilimitado, es, a largo plazo, un suicidio hídrico, y esa política pone en peligro tanto la sostenibilidad de los cultivos legales como el futuro de Doñana.

Su política, señorías del PP y del PSOE, es buena para asegurar votos, pero es una medida profundamente injusta e irresponsable con las generaciones futuras y con el medioambiente. No traten de plantear esto como un combate populista de golpes en el pecho, de ver quién defiende más y mejor los intereses de los agricultores y de los regantes pues nosotras estamos al lado de los y las agricultoras responsables que miran por el futuro de su familia y también por el futuro de su entorno.

Creemos que ese trasvase no es la solución a los múltiples problemas del entorno de Doñana y que existen alternativas sostenibles que no pasan por trasnochados trasvases. No es razonable proponer un trasvase cuando hay en la zona 3000 hectáreas ilegales de regadío en terreno forestal, 1000 pozos ilegales y 1700 balsas que están llevando a una situación alarmante al acuífero de Doñana y ninguna intención de poner orden y concierto a esta situación. La realidad es que los promotores y precursores de esta ley no quieren solucionar los problemas de Doñana y su comarca pues ello implicaría medidas tan impopulares como necesarias. Para empezar, la declaración del acuífero Almonte-Marismas como sobreexplotado o, como dice ahora la Ley de aguas, «en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico», por tanto, aplicar un plan de ordenación de extracción que supondría poner freno al incremento de la oferta, por lo visto, parece que no sea esa su intención pese a la evidencia científica y técnica más abrumadora.

En 2017 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó un informe —por cierto, ocultado a la Unesco—, en el que se reconoce el estado de prealerta y el de alarma de sectores del acuífero, y concluyen que con esta tendencia descendente se comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que dependen de él. Ya en 2016, la Comisión Europea remitió a España un dictamen motivado dentro del procedimiento de infracción que señala que existe evidencia científica de que el deterioro de los hábitats ha tenido lugar durante décadas, principalmente debido a las presiones resultantes de las actividades humanas y, en especial, de la sobreexplotación de los acuíferos.

Termino. Señorías, nuestro voto no puede ser favorable ante la ausencia de alternativas al trasvase, ante las dudas científicas sobre las consecuencias ambientales que el trasvase tendrá sobre Doñana. Ante estas dudas, el sentido común y el ordenamiento jurídico nos imponen aplicar el principio de precaución y paralizar la propuesta del trasvase hasta haber estudiado todas las alternativas viables posibles —económica, ambiental y socialmente—, que las hay.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Quetglas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor presidente.

Ahora entiendo por qué no ha defendido esta ley ningún senador o senadora de Podemos Andalucía, porque el desconocimiento de la zona es absoluto.

Señorías, como decía hoy, tengo la satisfacción, gracias al trabajo de mucha gente, de muchas personas conocidas y anónimas, de decirles que el tiempo de descuento se ha acabado, que ahora toca poner en marcha aquello por lo que hemos luchado mucho en Doñana y que hoy empieza a ser una realidad. Hoy el trabajo que nos queda por delante se hace mucho más ilusionante.

Este paso que estamos dando hoy es crucial e imprescindible para poner en marcha el futuro del Parque Nacional de Doñana y de la comarca que lo ha hecho posible. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor HUELVA BETANZOS: Hoy no es un día más para la provincia de Huelva, sino que es el día en el que ponemos los mimbres legales que permiten el equilibrio hídrico de Doñana y el equilibrio socioeconómico de su comarca con todas las garantías.

Señorías, les aseguro, de primera mano, que el camino no ha sido nada fácil. No hemos contado con ninguna ayuda del Gobierno de España mientras ha estado gobernando por el Partido Popular. Desgraciadamente, no hemos sentido ninguna complicidad.

En el año 2008, el Consejo de Ministros aprobó una transferencia hídrica de 4,99 hectómetros cúbicos, y lo aprobó un gobierno socialista. Sabíamos —y el Gobierno también lo sabía— que esa transferencia no era suficiente para Doñana. Llegó el Partido Popular y, obviamente, lo puso en marcha porque legalmente era lo que tenía que hacer ya que lo había aprobado el Gobierno de Zapatero. Ni siquiera nos molesta a nosotros que se quieran apuntar el tanto. Esto no va de tantos, lo que sí nos molesta, y mucho, es que luego no haya sido capaz de presentar iniciativas el Gobierno de España cuando ha gobernado el Partido Popular para tramitar la Ley de trasvases, que añadía 15 hectómetros cúbicos a los 4,99 hectómetros cúbicos, que es esta ley que hoy estamos debatiendo y aprobando si no pasa nada.

Hemos recibido cientos de visitas de todos los cargos del PP habidos y por haber en la provincia, promesas las que ustedes sean capaces de imaginarse, pero, al final, cuando había que ponerse a tramitar la ley, no lo han hecho. Y es aquí donde entra en cuestión el punto que hoy traemos. Hoy no viene una ley del Partido Popular, viene una ley del Parlamento de Andalucía, que ha tenido que ser gestionada por el Partido Socialista, de la mano de Mario Jiménez, diputado andaluz por Huelva, que está ahí sentado en la tribuna de invitados y que ha sido el que promovió en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley para tramitarla en las Cortes Generales. Aquí tengo que hacer mención, porque es de justicia, el compromiso del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y de Juan Serrato. Su dirección general, todo su equipo, ha sido el artífice final de esta ley que ofrece garantías de suministro urbano a las poblaciones de la comarca y que garantiza la sustitución de extracciones de agua subterránea por agua superficial, contemplada en el Plan especial de ordenación de la zona de regadío, ubicada al norte de la corona forestal de Doñana, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana del Condado.

Señorías, ahí sí, en el Parlamento de Andalucía, no tuvieron más remedio que subirse al carro, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Pero es algo insólito que una ley como esta, competencia del Gobierno de España, tuviera que ser promovida desde una comunidad autónoma por la inacción de este Gobierno, pero así lo hicimos. Esta ley socialista salió adelante en el Parlamento de Andalucía y se tramitó ante las Cortes Generales, pero, al llegar ahí, se escapó de nuestro empuje y comenzó a dormir el sueño de los justos; y de nuevo tuvo que llegar un Gobierno socialista para sacarla del cajón e incluirla, para su toma en consideración, en el primer pleno del que era presidente Pedro Sánchez. Los partidos que votaron en Andalucía volvieron a votar a favor, pero volvieron a pedir prórroga para dilatar esta ley, para introducir, al final, tres enmiendas que —ahora que no nos escucha nadie— han presentado por cumplir. Ahí reconozco que jugó un papel importantísimo la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado, que ha presionado a los dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos en la provincia, a los cuales se lo agradezco. Luego se tramitó en la Comisión de Transición Ecológica, en la que hay que agradecerle a mi compañera Pepa Bayo su primordial trabajo.

Por supuesto, aquí hay que decir una cosa que es verdad, que hoy es el trámite final de esta ley socialista, que hoy va a salir adelante a pesar del Partido Popular y de Podemos. Unos, por subirse al carro en marcha, poniendo palitos en las ruedas,... (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor HUELVA BETANZOS: Termino, señor presidente.

... y los otros, por no creer nunca ni en Doñana ni en su entorno, porque ni lo conocen ni se les espera. Hoy gana el parque nacional; hoy gana la flora y la fauna de la que presumimos; hoy ganan las mujeres y hombres que allí viven y que lo han cuidado desde antaño; hoy gana el tejido económico y social de los pueblos. Por tanto, señorías, hoy ganamos todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora López Gabarro.

La señora LÓPEZ GABARRO: Muchas gracias, señor presidente.

Portavoz de Podemos, dice usted que hacemos política arcaica. Mire usted, la política que estoy haciendo yo aquí es defender a mi tierra para que los agricultores puedan cultivar el campo, para que haya empleo y para que los padres y madres de familia puedan dar de comer a sus hijos. Si usted dice que eso es política arcaica, ¿en qué situación se encuentra usted? Repito, ¿en qué situación se encuentra usted? (Aplausos).

Segunda cuestión, ha hablado usted de populismo. No hay mayor populismo que ofrecerle a todo el mundo en unas elecciones sueldo gratis sin tener que trabajar y querer matar a los que crean empleo, que los tiene usted sentados ahí arriba. Cuando usted tenga la piel curtida del sol, del viento, llueve, truene o ventee y las manos que tienen esos señores y esas señoras de trabajar la tierra, se sube aquí y los critica, pero con conocimiento de causa. (Aplausos).

Compañero Amaro, yo creía que hoy veníamos con otro tono. Lamento muchísimo que hoy, que es el día de los agricultores, usted haya querido aprovechar este momento para hacerlo el día del Partido Socialista. (Aplausos). Gobierno de España del Partido Popular, tenemos aquí a los compañeros del PSOE, a los que tengo el máximo respeto, pero les voy a informar de algo que los primeros que lo saben son los agricultores: durante los años que ha gobernado el PSOE no se ha hecho ni una obra hidráulica en Huelva; jamás. Todas la ha hecho el Partido Popular.

Dice usted: complicidad del Gobierno de España. Yo no tengo complicidad con usted. Podemos entendernos y debemos entendernos, pero no tengo complicidad con usted. ¿Sabe con quién la tiene usted? Con Podemos; yo con los agricultores. (Aplausos).

Tercera cuestión, ha nombrado usted a José Fiscal. Yo respeto a José Fiscal, pero dígaselo a los agricultores cuando José Fiscal los llamó presuntos delincuentes. Ese respeto no se lo tengo; usted está defendiendo aquí a quien los llamó presuntos delincuentes, a ellos, a los que trabajan todos los días la tierra.

Voy terminando. La modificación del Plan de la Corona Norte no lo van a hacer ustedes, van a seguir dejando a cientos de padres de familias sin cultivar la tierra y sin el pan de sus hijos. No se preocupe usted que la complicidad yo la voy a tener con quien la tengo que tener: con ellos, y el día 2 de diciembre modificaremos el Plan de la Corona Norte. (Aplausos).

Y termino. No sé de qué se ríe usted tanto, señor Menacho. Para mí este debate iba bien —no sé si a los agricultores les hará la misma gracia que a usted— porque los dos estamos de acuerdo en esto, pero se les ha quitado la gracia. Yo no sé la gracia que usted le ve, porque me ha parecido de muy poca clase que un día en el que los protagonistas eran los que cultivan la tierra, usted se haya querido subir aquí a apuntarse un tanto para el PSOE. Los tantos no son ni para usted ni para mí, son para ellos. Aprenda a saber dónde tiene que estar un político y a tener altura de miras.

Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora López Gabarro.



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. 621/000012 Justicia

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 6.2.4.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Pasamos al siguiente proyecto de ley. Votaremos al final todo. (Rumores). Guarden silencio, señorías.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el vicepresidente primero de la Comisión de Justicia, el senador Represa Fernández.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías.

Proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el día 23 de octubre de 2018, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas que finalizaba inicialmente el 5 de noviembre fue ampliado hasta el día 12 de noviembre de 2018. A este proyecto de ley se presentaron 32 enmiendas, una de las cuales, la número 8, de los señores Bagué Roura y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista, fue posteriormente retirada.

El día 15 de noviembre la comisión ratificó la ponencia que quedó integrada de la siguiente manera: doña María Aparicio Calzada, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Celia Cánovas Essard, del Grupo Parlamentario Podemos; don Miquel Ángel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; doña Begoña Nasarre Oliva, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista y doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia se reunió el día 15 de noviembre para emitir su informe, en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 15 y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Navarrete Pla y Mulet García del Grupo Parlamentario Mixto, los señores Cleries i Gonzàlez y Bagué Roura del Grupo Parlamentario Nacionalista y los grupos parlamentarios Mixto y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Represa Fernández.

Yo rogaría, señorías, que no hagan corrillos —el que quiera que salga fuera del hemiciclo—, para poder tener el debate y que podamos escucharlo todos.

Pasamos al debate de totalidad.

¿Algún turno a favor? (Denegaciones).

¿Algún turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces. ¿Algún grupo quiere intervenir? (Denegaciones).

Pasamos a debatir las enmiendas.

Defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los señores Navarrete y Mulet.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís ha presentado cinco enmiendas, de la 10 a la 14, básicamente porque creemos que se puede mejorar en precisión y en derechos.

La número 10 añade, en el artículo 19.1 sobre tratamiento de datos de contacto y empresarios individuales, el siguiente texto: con la obligación de informar a los interesados. ¿Por qué? Porque esta Ley orgánica de protección de datos, en el artículo 19, por un lado, se refiere a los datos de contacto, teléfono, dirección, e-mail, etcétera, y, por otro, el proyecto de ley permite a las empresas, en ese mismo artículo, ceder a terceros datos de este trabajador. Teniendo en cuenta esas dos consideraciones, que son datos personales y que pueden cederse a otro tipo de empresa, creemos que es necesario que sea informado el trabajador de que se le pueden recoger esos datos y ser traspasados a terceros. Por lo tanto, creemos que es una mejora técnica que podría mejorar el texto salido del Congreso de los Diputados.

La enmienda número 11 modifica el artículo 24 de sistemas de información y denuncias internas, y pedimos que la parte final del texto quede redactada de la siguiente manera: actos o conductas que pudieran resultar contrarios a todas las leyes, normas y/o reglamentos aplicables a cualquier nivel, es decir, nivel nacional, nivel autonómico, nivel local y nivel societario que fuera aplicable a esos, porque creemos que lo que conseguimos básicamente es ser mucho más concretos en el redactado para que no quede a la opinión ni al albur de nadie el que si este reglamento societario, por ejemplo, de una empresa es aplicable o no a esta ley de protección de datos.

La enmienda número 12 cambia el texto del artículo 35 sobre la cualificación de los delegados de protección de datos y dice lo siguiente: a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho, los sistemas de información, la empresa y la práctica en materia de protección de datos o cursos postuniversitarios en materia de protección de datos.

También mejora la concreción porque creemos que el texto original dejaba poco claro si todos debían tener una titulación universitaria a nivel jurídico. Sería positivo que los agentes de protección de datos de cada una de las empresas tuviesen conocimiento sobre protección de datos, informática, así como de otro tipo de cosas, las cuales, tal y como está redactado ese artículo, no quedan lo suficientemente claras. Por lo tanto, sería interesante concretar que también pueden ser agentes de protección de datos o tener unos estudios posuniversitarios en esa situación concreta.

La enmienda número 13, de modificación del artículo 76, sobre sanciones y medidas correctivas del proyecto de ley, modifica el apartado e) del punto 2 del artículo 76, que queda de la siguiente manera: La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente, así como en un procedimiento concursal cuando las facultades del administrador han sido suspendidas. Aprovechamos que en el redactado original del Congreso de los Diputados se había quedado sin redactar el apartado g) de este mismo artículo para introducir en él la dimensión y el tamaño de las empresas, con especial consideración al tamaño de microempresas, micropymes y pequeñas empresas. Viendo el texto original remitido por el Congreso, resulta evidente que los redactores tenían claro que había que aplicar una legislación específica para las pymes y las microempresas en materia de protección de datos. Por ello, y de acuerdo con algunas consultas realizadas e informes que nos envió el Consejo General de Economistas, creemos que, en el punto concreto de sanciones, hay que incluir valores atenuantes, como, por ejemplo, que una empresa esté en concurso porque quizás el administrador concursal no sea responsable de la infracción de la Ley de protección de datos. Por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta como atenuante, como mínimo, para evaluarlo.

En cuanto a la enmienda número 14, con los 40 segundos que me quedan, solo les puedo decir que simplemente plantea la modificación del artículo 82 de la ley. Se trata de una mejora técnica para pedir que se especifique claramente que los intermediarios, es decir, las empresas que dan servicio a Internet a todos los tipos de usuarios, tanto empresas como particulares, informen correctamente mediante un sistema, implementen un sistema de denuncia que sea fácil de comprender para los usuarios, fácil de utilizar y que sea aplicable a todo el mundo. Espero que estas enmiendas sean aceptadas porque son positivas y, sobre todo, concretan más el redactado de esta ley.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas 7 y 9, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Inicialmente, presentamos tres enmiendas, las números 7, 8 y 9. La número 8 fue retirada hace unos días, por lo que quedan dos enmiendas presentadas por el Partit Demòcrata, las números 7 y 9, cuyo contenido tiene un perfil muy técnico con el fin de precisar mejor el redactado de este proyecto de ley orgánica.

La enmienda número 7 hace referencia a las autoridades que tienen competencia en protección de datos. Como esto está regulado por mucha legislación europea, todo lo que sean redactados que puedan confundir o introducir imprecisiones respecto a quiénes son los titulares de la competencia puede producir confusión, por lo tanto, no ayuda a la mejor interpretación de la ley. Esto en cuanto a la enmienda número 7.

La enmienda número 9 todavía es más técnica y, recogiendo un consejo de la Agencia de Protección de Datos catalana, recomienda que cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos añadiendo las cuatro últimas cifras del documento nacional de identidad, número de identidad extranjero, NIE, o pasaporte o documento equivalente. Por lo que sea recomiendan que no se utilicen otros parámetros, sino los cuatro últimos dígitos del DNI o del NIE para mayor precisión. Ambas enmiendas son muy técnicas. Esta reforma de la ley viene tarde, bastante tarde, y el Partit Demócrata quiere dejar constancia de estas dos propuestas de mejora y, sean asumidas o no, dará su apoyo a esta ley en cualquier caso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bagué.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 5, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Nos alegra saber que esta nueva Ley Orgánica de protección de datos configurará un nuevo marco legal de acuerdo con los principios previstos en el Reglamento europeo. Se trata, señorías, de una ley necesaria para garantizar los derechos de la ciudadanía en relación con la protección de los datos personales. La tecnología evoluciona de un modo vertiginoso y el tratamiento de la información y de nuestros datos personales debe adaptarse a nuestra realidad. También lo es porque no bastaba con la aplicación directa del Reglamento europeo, en la medida en que este dejaba numerosas cuestiones de gran importancia a la regulación interna de cada Estado. Igualmente, es de destacar también que es una ley que ha gozado siempre en el Congreso de los Diputados de un alto grado de consenso. Algunas de las enmiendas presentadas por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados se han incorporado, efectivamente, al dictamen aprobado en comisión, otras no, y entre estas últimas hemos retirado la mayoría en aras de ese consenso, pero hemos decidido presentar cinco pequeñas o sencillas enmiendas que nos parecen sumamente importantes.

La primera de nuestras enmiendas se refiere a la necesidad de incorporar la protección de los ficheros de solvencia positivos entre los sistemas de información crediticia. Los ficheros de solvencia positiva pueden jugar un papel fundamental, un papel importante en esto, sobre todo para los prestamistas y también para los consumidores. Estamos convencidos de que los ficheros positivos, los datos sobre nuestra buena reputación financiera podrían aumentar el crédito y reducir también la morosidad.

La segunda y la tercera de nuestras enmiendas inciden sobre la imperiosa necesidad de la despolitización de nuestras instituciones. Aquí proponemos un modelo de elección alternativo al modelo de elección parlamentario alternativo que garantice la independencia de la institución. Lo mismo también se podría extender al consejo consultivo de la agencia que se ha configurado en estos años como un órgano eminentemente político que sin duda dará lugar y da lugar a numerosos conflictos. Por último, seguimos abogando por la supresión del bloqueo de datos en el artículo 32, conforme a uno de nuestros objetivos principales en este proyecto de ley orgánica, que esta normativa sea coherente y homogénea con el resto de Estados de la Unión Europea. Aquí quería hacer un apunte importante, que es que la redacción original, la que se llevó a la ponencia, siembra dudas en cuanto a la posibilidad de acceso a los archivos públicos y eclesiásticos de aquellas personas que se consideran bebés robados, toda vez que no son personas desaparecidas, si bien las madres que sospechan que sus bebés fueron robados sí podrían acceder al estar investigándose la desaparición de sus hijos; con el texto original, a la inversa, los hijos que buscan a sus familias biológicas, no queda suficientemente claro, por lo que consideramos que es oportuna la mención. En último lugar, nos gustaría hacer una crítica constructiva, una vez más, por la incorporación del título X de la ley, no por el fondo, que desde luego puede ser positivo si se hubiera abordado con las formas adecuadas, pero no ha sido así.

Debemos decir que no nos ha gustado en absoluto que se introdujeran semejantes cambios por vía de enmiendas, sin la participación pública ni los informes preceptivos que debían acompañarlos, y así lo señalamos en el Congreso de los Diputados.

Por todo ello, pedimos que apoyen estas enmiendas que creemos mejorarán el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Marcos.

Para la defensa de las enmiendas 15 a 32, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes.

Como es sabido ya por todos los grupos parlamentarios, pese a que no hemos logrado que los distintos grupos apoyen una propuesta de nuestro grupo parlamentario para retirar la disposición final tercera, lo que puede motivar y motivará nuestro voto en contra de esta ley, sí tengo que destacar las enmiendas que nuestro grupo parlamentario había propuesto ya en el Congreso y que quedaron vivas después de su debate y aprobación.

También quiero dejar constancia de que se transaccionaron un gran número de enmiendas. Esto tengo que decirlo porque es así. De un total de 33, quedaron vigentes seis enmiendas. Y en esta Cámara, nuestro grupo parlamentario ha añadido algunas más de carácter técnico.

Así las cosas, defendemos el derecho a la supresión de datos de carácter personal facilitados a las confesiones religiosas. Entendemos que es importante esta enmienda, por ser acorde con el artículo 17 del Reglamento de la Unión Europea y porque constituye un gran avance en este terreno. También hemos intentado otorgar mayores garantías a los deudores hipotecarios que se encuentran en riesgo de exclusión social. Ello ha sido objeto de varias de nuestras enmiendas. Con la enmienda 16, relativa al artículo 20.1.c, lo que hacemos es incluir una mejora técnica, en tanto que requiere que las entidades crediticias deben informar al afectado de la inclusión de sus datos en el sistema de información crediticia.

Con la enmienda 19, por ejemplo, hemos tratado de dotar de mayor capacidad de información a los deudores sobre los datos que han aportado al sistema común, obligando a las entidades a especificar el desglose de la deuda. Con la enmienda 20 proponemos que se informe al afectado de toda consulta que haga sobre sus datos cualquier entidad financiera de la índole que fuera. Con la enmienda 18 se propone la modificación del artículo 20.3, que pretende que la presunción no ampare a supuestos en los que la información crediticia fuese asociada por la entidad acreedora a informaciones adicionales a las contempladas en el apartado 1.

He de señalar que buena parte de nuestras enmiendas provienen del entorno sindical. Y agradecemos el esfuerzo que se ha hecho en el Congreso de los Diputados para lograr el consenso de un gran número de estas enmiendas. No obstante, tenemos que reiterar en esta Cámara la enmienda 21, con la que denunciamos que el artículo 22 del proyecto se aparta de la protección de los trabajadores y de la doctrina asentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 9 de enero de 2018. Hay jurisprudencia asentada sobre la salvaguarda de los derechos de intimidad de los trabajadores y trabajadoras cuando se hacen grabaciones en su lugar de trabajo. Y nos parece que el texto debe realizar una defensa y una protección cuidadosa de los derechos de estos trabajadores, que, lógicamente, pueden verse limitados por el ejercicio de las potestades de los empresarios.

Hemos mantenido también la prohibición de grabar audios a los trabajadores, y hemos mantenido la enmienda 23 del Congreso en cuanto a la extensión a las centrales sindicales del régimen aplicable a las administraciones públicas y a los grupos parlamentarios.

En cuanto al título X, como ha dicho también el senador de Ciudadanos, es cierto que algunas entidades afectadas por esta ley nos han referido que nada tiene que ver su regulación con la protección de datos y deberían ser objeto de regulación en ley aparte. Esto, en parte, es cierto, pero consideramos un gran avance que se incluyan ya en esta ley orgánica, que se dote de categoría de ley orgánica a ciertos derechos que ya existen de facto por la invasión que en nuestras vidas han efectuado las redes sociales. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el contenido del título X, en tanto que suponen unos derechos reconocidos, pero también hemos querido introducir ciertas enmiendas. Por ejemplo, con la enmienda 26, al artículo 81.2, más que proclamar un derecho abstracto de acceso a Internet asequible, de calidad y no discriminatoria, quisiéramos concretar más la obligación de las autoridades competentes de garantizar estos derechos.

En la enmienda número 27 proponemos la modificación del artículo 82, al igual que en el caso anterior, porque pretendemos siempre una mayor concreción del derecho de la seguridad digital. Hay que garantizar la privacidad y la seguridad y establecer la obligación de todos los operadores y proveedores de contenidos de informar a los usuarios de sus derechos y establecer sistemas de denuncia, que sean sencillos y gratuitos.

En la enmienda número 28 proponemos adicionar el artículo 87.2 en el sentido de especificar que el empleador pueda acceder a los contenidos de los dispositivos digitales facilitados a sus trabajadores, siempre que los contenidos vengan relacionados con la actividad laboral y solo para el supuesto del cumplimiento de las medidas de seguridad del Reglamento de la Unión Europea.

La enmienda número 29 también va en el sentido de que el acceso de los herederos a los contenidos del difunto se debe expresar no solo con la entrega de copias de contraseñas, sino con la entrega de datos.

En el artículo 96.1 también establecemos una excepción al acceso de los contenidos, que son las comunicaciones electrónicas, con el fin de proteger la identidad y la privacidad de las personas que han tenido esta comunicación con nuestro familiar difunto, estén vivas o no.

En la enmienda número 31, de modificación de la disposición adicional sexta, entendemos que es importante incrementar la cuantía mínima para incluir a ciertas personas en los sistemas de información crediticia. Entendemos que la cantidad de 300 euros que fija la ley aprobada en el Congreso es excesiva, dado que hay muchas más personas con deudas inferiores a estos 300 euros que se ven negativamente afectadas en su vida diaria. No olvidemos que, normalmente, se trata de facturas de impagos de suministros, bien por falta de capacidad económica o de conformidad con el servicio. Por tanto, no estamos hablando de impagos de grandes cantidades ni de impagos sin ningún tipo de razón, sino que estamos hablando de que la mayor parte son servicios vitales. Entendemos que es un castigo excesivamente gravoso para el consumidor afectado en este supuesto el permanecer en un fichero durante cinco años por este motivo. De ahí que hayamos solicitado, mediante enmienda, la disminución de la cuantía de 300 a 50 euros.

Por último, la enmienda número 32 es de adición a la disposición adicional vigésimo segunda. Se adiciona una frase al articulado de la proposición de ley en el sentido de que las autoridades competentes facilitarán a los archivos públicos y eclesiásticos datos no solo de personas desaparecidas, sino con falsa o errónea filiación de nacimiento. En este sentido, estamos de acuerdo con la enmienda presentada por Ciudadanos. Con ello, queremos facilitar que cualquier persona tenga la posibilidad de conocer cuál es su verdadera filiación biológica.

Por último, nos reservamos para el turno de portavoces, en todo caso, comentar nuestra discrepancia con la no supresión de la disposición final tercera de la ley porque entendemos que vulnera gravemente el derecho a la intimidad de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Cánovas.

¿Qué grupos van a intervenir en el turno en contra de las enmiendas? Socialista y Popular, bien. El senador Rodríguez Esquerdo, del Grupo Socialista, y la senadora Aparicio, del Grupo Popular, tendrán que distribuirse el tiempo.

En primer lugar tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que agradezca, en primer lugar, a los grupos enmendantes su trabajo por intentar mejorar la ley a pesar del buen trabajo desarrollado en el Congreso de los Diputados. Sinceramente creemos que si hoy aprobamos esta normativa tendremos una buena ley que se complementará con la norma principal europea. De esta forma, se regularán con la mejor calidad posible los procedimientos, la confidencialidad, los derechos, el tratamiento de los datos, los códigos de conducta, las infracciones y las sanciones en este nuevo mundo digital.

También me gustaría agradecer en este momento a las entidades del sector el interés que han demostrado a lo largo de la tramitación de este nuevo marco. Supongo que todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios habrán tenido oportunidad de reunirse con las entidades del sector. Y nuestro último agradecimiento es para la ministra de Justicia y sus colaboradores en el ministerio por el empuje que han dado a esta ley, que, como ustedes saben, debiera haber estado aprobada antes del pasado 25 de mayo. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy siempre ha ido con retraso en esto y ha tenido que ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que le ha dado un impulso definitivo a esta ley. (Protestas).

Con respecto a las enmiendas presentadas, señorías, quisiera decirles, tal y como hicimos en la Comisión de Justicia, que lamentablemente no podemos aceptarlas, y les indicaré rápidamente el porqué de esta negativa del Grupo Socialista. Rechazamos 13 enmiendas porque la redacción consensuada por todos los grupos en el Congreso de los Diputados es más correcta y adecuada a las posiciones del Reglamento de protección de datos. Rechazamos concretamente las que se refieren a la Agencia de Protección de Datos porque ya está considerada como una autoridad administrativa independiente y objetiva, y por tanto, no tendrían sentido. Hay un tercer bloque de enmiendas que hablan del bloqueo de los datos, y nosotros consideramos que no debe considerarse como un derecho; que la propia ley ya ampara suficientemente el acceso a los archivos, que naturaliza la regulación de la videovigilancia de acuerdo con la propia jurisprudencia y con la sentencia de 9 de enero de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, además, interpreta, nosotros entendemos que en sentido amplio, el concepto de persona desparecida. Y con respecto a un cuarto bloque de enmiendas, los socialistas consideramos que el texto legal es adecuado a las competencias autonómicas, que no es para nada excluyente, y al contrario, sí es generalista y se ajusta, por tanto, a la Ley concursal que apela a la responsabilidad del propio administrador.

Señorías, no debemos olvidar que el derecho a la cancelación ya es aplicable a las confesiones religiosas, que está perfectamente garantizado el derecho de información del afectado. Consideramos, por último, que los sindicatos, los delegados sindicales, los comités de empresa o las juntas de personal no se incluyen en el artículo 77 porque no son autoridad.

Y estas serían nuestras razones brevemente expresadas, por lo que no podemos asumir las enmiendas presentadas por Ciudadanos, Esquerra y PDeCAT, Grupo Mixto y Podemos.

Y acabo, señor presidente, con una frase de Kofi Annan que vino a señalar que la información libera —es cierto—, pero ante tanta información no debemos ser imprudentes. Ya no estamos en la era de la información; estamos en la era de la gestión de la información; de ahí que hoy más que nunca —y esta ley así lo refleja— es necesaria una regulación eficaz, y nosotros consideramos que con esta ley la conseguiremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Aparicio.

La señora APARICIO CALZADA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. ¡Qué lástima!, con lo bien que íbamos con esta ley, el grado de consenso que habíamos tenido desde el principio, la generosidad y la responsabilidad con la que habíamos llevado toda esta tramitación... ¡Qué lástima, señorías! Y digo que es una lástima porque nuestra compañera de Podemos ha dicho que van a votar no a esta ley.

Señores de Podemos, con ese voto negativo van a votar no a sus propias enmiendas aprobadas en el Congreso; van a votar no a los actos de generosidad y responsabilidad que han hecho sus compañeros, porque, curiosamente, sus compañeros del grupo parlamentario en el Congreso —yo no sé si ha hablado usted con ellos— nunca pusieron una objeción a esta enmienda en todas las reuniones que tuvieron. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen miedo al titular que vaya a salir mañana con respecto a este tema?

Señores, digo esto porque estoy hablando de la alarma creada recientemente, ayer en concreto, por el mal llamado spam electoral. Voy a leerles brevemente un comunicado hecho por la Agencia Española de Protección de Datos con el que estamos de acuerdo: El texto del proyecto no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas. Tampoco permite el envío de información personalizada basado en perfiles ideológicos o políticos. El proyecto solo permite, conforme al considerando 56 del Reglamento europeo de protección de datos, la recopilación por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales.

Esta interpretación se fundamenta en la supresión del término «tratamiento» recogido en la enmienda 331, inicialmente presentada en el Congreso por el Partido Socialista. Este criterio se basa, asimismo, en la supresión del apartado 2 de dicha enmienda que permitía la difusión de propaganda electoral basada en perfiles ideológicos o con determinadas garantías.

Señorías de Podemos, tal y como afirma la Agencia Española de Protección de Datos, dicha posibilidad que ustedes dan por hecha quedó eliminada con la supresión de este apartado número 2 de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. El texto permite el envío de propaganda electoral sin que su contenido pueda basarse en los perfiles antes citados, identificando, en cualquier caso, su naturaleza electoral y garantizando el ejercicio sencillo y gratuito del derecho de oposición. En todo caso, las previsiones del artículo recogido en el proyecto de ley deben cumplir con todas las garantías establecidas en el Reglamento europeo de protección de datos. Señores de Podemos, les vuelvo a repetir, ¿tienen ustedes miedo al titular de mañana? Porque es lo único que se me ocurre que les pueda pasar.

Ahora ya vamos a entrar en el debate de las enmiendas planteadas, ya que el Grupo Parlamentario Podemos nunca presentó ninguna enmienda a este respecto. Estamos abordando una materia de gran relevancia en el momento en el que nos encontramos; estamos en un mundo global hiperconectado en el que tienen un papel preponderante la protección de los derechos fundamentales en esta sociedad digital. El objetivo principal de este proyecto de ley orgánica que hoy nos ocupa es dotar de la mayor eficacia posible al Reglamento general de protección de datos, que, como saben, entró en vigor el pasado 25 de mayo, y que es una norma europea que regula la materia. Sin embargo, hay aspectos en el propio reglamento que se dejan en manos de los Estados miembro y que, en todo caso, en nuestro país exigían de la aprobación de una ley orgánica de cierta complejidad.

Señores, es de justicia destacar la gran labor que se ha hecho en el Congreso en la tramitación de este proyecto de ley, tal y como han dicho mis compañeros. De mencionar es el gran grado de consenso, del que hablaba, adquirido entre todos, ya que en el momento político en el que nos encontramos es muy difícil encontrar un consenso semejante. Una consecuencia de ese gran trabajo realizado entre todos es que de las 369 enmiendas presentadas en el Congreso hemos pasado a 32 en el Senado. Por eso, desde aquí quiero dar las gracias a todos mis compañeros senadores por el trabajo que han realizado en esta presentación de enmiendas para enriquecer el texto que nos ocupa.

Como pusimos de manifiesto el otro día en la comisión, debido a la premura del tiempo por la ampliación del plazo de presentación de enmiendas, no pudimos manifestarnos sobre las mismas. Señorías, las hemos estudiado con detenimiento —algunas de ellas, como ya ha dicho aquí anteriormente mi compañero socialista, ya fueron presentadas en el Congreso de los Diputados—, pero después de darles muchas vueltas no podemos aceptar las presentadas aquí en el Senado. Pero, repito, este hecho no es obstáculo para resaltar el gran grado de consenso y esfuerzo que ha habido en todos los partidos hasta llegar hasta aquí.

En cuanto a las enmiendas planteadas a los derechos digitales, somos conocedores del impacto que supuso la inclusión del Título X en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, que reconoce y garantiza un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido por la Constitución. Como ponen de manifiesto los distintos Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados se trata de una materia novedosa que ha sido acogida satisfactoriamente por los distintos grupos parlamentarios y sobre la que, finalmente, se ha llegado a un consenso. Aunque estos derechos no estaban recogidos de forma expresa en una ley, sí estaban amparados, como está demostrado, por la jurisprudencia correspondiente.

Como he dicho antes, estamos en un mundo dinámico, en un mundo cambiante y hemos de decir que aquí no acaba la vida de los derechos digitales; aquí empieza la legislación de la vida de los derechos digitales, porque no podemos dejar la puerta cerrada, sino todo lo contrario, pues hemos de dejar la puerta abierta a que en un futuro exista una regulación ad hoc sobre los mismos.

En la enmienda planteada por Ciudadanos sobre los bebés robados, que es un tema que, si no me equivoco, no plantearon en el Congreso, el concepto de persona desaparecida lo tenemos que entender en un sentido amplio. Y, en este sentido, hemos de decir que si es el presunto hijo quien insta a la actuación judicial o policial ha de darse acceso a los archivos.

En la redacción del texto no se establece ningún tipo de restricción a las autoridades autonómicas, a las funciones y potestades que recogen los artículos 57 y 58 del reglamento. Deben ser las normativas autonómicas que creen dichas autoridades las que desarrollen las mismas, siempre con sujeción tanto al reglamento como a la ley orgánica y al resto de ordenamiento, tal y como sucede con cualquier normativa autonómica de cualquier asunto que estemos tratando.

Y respecto a las enmiendas relativas a las relaciones laborales, hemos de decir que la base jurídica del tratamiento de datos se basa en las relaciones contractuales que se mantienen con los empleados o en las funciones de control que permite el Estatuto de los trabajadores con las garantías adecuadas.

Señorías, finalizo, porque soy consciente de la hora en la que nos encontramos, pero no quiero terminar sin volver a agradecer el gran trabajo hecho entre todos los compañeros del Congreso y del Senado que van a dar luz verde a esta ley que estábamos esperando con tantas ansias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Aparicio.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Señorías, del Grupo Socialista, señorías, del Grupo Popular, hemos criticado, una vez más, en la sustentación de nuestras enmiendas, la incorporación del Título X de la ley sobre los derechos digitales. Claro que no podemos cerrar la ley, pero esto no va ni de titulares, como ustedes han dicho, ni de adelantarnos ni de no adelantarnos; se trata de, en pos de ese consenso que hemos tenido, mejorar también la ley. Hemos intentado, durante esta tarde, la supresión de ese Título X, sobre derechos digitales, y no ha sido posible. Esto solamente tiene un nombre: bipartidismo. Intentamos otra vez mejorar la ley y otra vez el bipartidismo hace pinza clara para que esto no se mejore. Por supuesto que Ciudadanos se va a reservar, porque no puede ser de otra forma, su derecho a reformar ese Título X, como ya hicimos en el Congreso de los Diputados pidiendo un informe adicional cuando esto se incorporó a la ley. Por lo tanto, en pos de ese consenso y de hacer una ley mejor, nos reservamos ese derecho para que esos derechos digitales se sustenten bien en esta ley que hoy esperamos que se apruebe.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Marcos.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

¿Alguien más del Grupo Mixto va a intervenir? (Pausa).

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís considera que, como ya se dijo en el debate de la Comisión de Justicia, la propuesta de ley mejora claramente la protección de datos. Pensábamos, Incluso, que la mejoraba porque incluíamos el Título X, que protegía derechos de contenido digital. Somos conscientes de la polémica. Es importante legislar, sobre todo en situaciones en las que estábamos bastante huérfanos, como en esta.

Es evidente que es un buen paso, un gran paso. Por eso se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Es una lástima —no me lo esperaba— que no hayan aceptado nuestras enmiendas. En la Comisión de Justicia, la senadora Vindel me dijo que no perdiera la esperanza, porque quizás, con una semana de plazo, tenían tiempo de leérselas, de asimilarlas y aceptarlas. Lástima, no ha podido ser, pero no voy a decir que fue en balde; esta vez voy a decir que, por lo menos, han tenido una semana para leérselas y valorarlas.

Como he dicho, el proyecto de ley se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados y también en la Comisión de Justicia. Ahora se dice que ha habido una cierta polémica sobre el famoso artículo 58 bis de la Ley Orgánica del régimen electoral. Diversas asociaciones se han puesto en contacto con nosotros —supongo que con todos los grupos— para hablar de esa disposición. Han presionado en un sentido, en el otro; y han opinado en un sentido y en el otro. Unas asociaciones han dicho que era bueno, otras que era malo. Los comunicados de la Agencia Española de Protección de Datos nos decían que la redacción de la ley era positiva, que no estaba mal hecha. Por lo tanto, perdónenme por mi limitación, pero yo, en veinticuatro horas, soy incapaz de asimilar todas las informaciones recibidas sobre ese artículo. Por lo tanto, me resulta difícil posicionarme sobre este tema. Como hicimos en el Congreso de los Diputados, y como hicimos en la comisión, votaremos a favor de la proposición de ley, pero será un sí vigilante. Vigilaremos ese artículo que ha creado tanta polémica y veremos si es verdad o no que es polémico o que puede ser negativo. Vigilaremos el desarrollo del reglamento de esta ley, también su tramitación, y si observamos o creemos observar anomalías en ese concreto punto, seremos rápidos presentando la iniciativa legislativa que toque para debatirla, para modificarla e incluso para eliminarla si es necesario. Pero les repito que yo ahora soy incapaz, en veinticuatro horas, de asimilar toda esa información.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra. (Rumores).

Señorías, les ruego que guarden silencio. (Continúan los rumores). Un momento, señoría. Guarden silencio, por favor.

Continúe, senadora.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, España tenían pendiente la adaptación del derecho de protección de datos al Reglamento de la Unión Europea 2016/679, que tenía que haber estado cumplido en mayo pasado. Hay que destacar que estamos ante un proyecto de ley que regula y garantiza derechos fundamentales, pues regula el derecho a la protección datos personales y también la garantía de derechos digitales.

El proyecto original tenía 79 artículos, 17 disposiciones adicionales, 5 finales y, adicionalmente, reformaba la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y la Ley de enjuiciamiento civil. Sin embargo, después del trabajo realizado por los distintos grupos políticos en el Congreso, esta ley llega al Senado con 97 artículos, 22 disposiciones adicionales y 16 finales, que no solo modifican las leyes que mencioné anteriormente, sino también otras 12. En el trámite parlamentario del Congreso, esta ley mejoró el proyecto original en muchos aspectos, como la protección de los datos de menores, la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o las denuncias anónimas. Se moderniza y perfecciona la legitimación de la autoridad de protección de datos con un sistema de elección mixta Gobierno-Parlamento. La ley respeta las competencias autonómicas en la materia y resuelve los miedos iniciales dentro del sector de los datos de la salud. Cuando esta ley entre en vigor los españoles comenzaremos a ejercitar derechos que no teníamos como el derecho a la neutralidad en Internet; el derecho al acceso universal sin brechas; el derecho a la seguridad digital o a la educación digital; la protección de los menores; la protección en el ámbito laboral; el derecho al olvido en Internet, incluso el testamento digital, entre otros.

Foro votará sí al dictamen de la ponencia, respetando el texto tal y como llegó al Senado desde el Congreso

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

La primera consideración que debemos hacer, en nombre del Partit Demòcrata, es que esta reforma de la ley orgánica llega muy tarde. En abril de 2016 el reglamento general de protección de datos estaba ya plenamente vigente, en concreto desde el 25 de mayo, es decir, ya hace más de un año y medio que existe este reglamento general de protección de datos. Hace un año aproximadamente entraba en el Congreso de los Diputados este proyecto de ley. Nos consta que en la Comisión de Justicia —lean el Diario de Sesiones— se ha trabajado mucho para alcanzar un acuerdo parlamentario y se ha logrado un consenso al menos en los aspectos más fundamentales.

Este proyecto, a criterio del Partit Demòcrata, consigue resolver aquellos aspectos que debían ser regulados en derecho interno, por lo que se alcanza una normativa adecuada y actualizada en la protección de los datos personales. Cabe destacar que al proyecto inicial se ha añadido un título X: Garantía de los derechos digitales, que merece una especial atención, ya que modifica el título del proyecto y fija un catálogo de derechos y de medidas de impulso en veinte nuevos artículos, algunos con carácter de ley orgánica y otros con carácter de ley ordinaria.

Aprovecho mi intervención para resaltar que el Govern de la Generalitat tiene en Cataluña diversos proyectos que pretenden profundizar en la protección de los derechos fundamentales en la era digital, como los que impulsan el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, el colegio de la abogacía de Barcelona, empresas, universidades y sociedad civil. Aprovecho, asimismo, para subrayar que deberemos seguir de cerca el tema de los derechos digitales, ya que será necesario desarrollarlos y protegerlos ante los nuevos retos y oportunidades que plantean las tecnologías de la información, la comunicación y la globalización. El senador que me ha precedido en el uso de la palabra, senador Navarrete, apuntaba a la imposibilidad de estudiar a fondo esta polémica de última hora sobre la protección de datos por los partidos políticos. Nosotros entendemos que si este proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados hace un año, parece poco razonable que a la hora de su aprobación estemos discutiendo según qué aspectos. Parece más razonable que remitamos al reglamento su posterior definición y fijación y si hay algún tipo de duda la resolvamos con la regulación y la concreción que podamos hacer en el reglamento. Por lo tanto, nosotros como Partit Demòcrata vamos a votar a favor.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño, si me lo permite. Primero para hacer notar cómo ha cambiado el cuento, porque vemos que el senador Rodríguez Esquerdo y la senadora Aparicio Calzada comparten turno para ir en contra de unas enmiendas; vamos evolucionando también en esto. Se dice que los datos son el nuevo petróleo de la economía por dos cosas: primero, porque valen mucho; y, segundo, porque a medida que se van destilando valen más. Pero también es cierto que según se van destilando van quedando posos, y ese es el riesgo. Creemos que hacía falta una ley de protección de datos como la que se plantea ahora; es más, hacía falta hace mucho tiempo y se ha tardado demasiado en sustanciar esta que hoy podemos discutir; que se ha hecho con un consenso suficiente, pero, evidentemente, no puede ser una foto fija, porque, según están evolucionando los tiempos, las cuestiones que hoy parecen claras, pasado mañana, a lo mejor no lo son tanto, y tenemos que seguir desarrollando la norma para adaptarla a aquellas necesidades que tengamos y, sobre todo, a las nuevas destilaciones y a los últimos posos que nos puedan quedar al abordar la gestión de datos.

Por tanto, como han dicho algunos de los senadores que me han precedido, es importante la ley y, seguramente, será imprescindible afinar en el reglamento para evitar que, sobre todo, se puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos. Todo lo demás, el interés comercial, el interés público, etcétera, es muy importante, pero no pueden pasar por encima de los derechos de los ciudadanos; por tanto, seguiremos estando atentos a todo lo que suceda.

Como he dicho, nos alegramos de que haya consenso, y nosotros, evidentemente, votaremos a favor.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Señorías, nosotros también vamos a votar a favor del proyecto de ley. Lo hicimos en el Congreso, lo hicimos en la ponencia, lo hicimos en la comisión y, por tanto, lo lógico y coherente es que lo hagamos también hoy.

Todos somos conscientes de que vivimos en la era de la megainformación, en la era de las redes sociales, en la era digital, en la era de la globalización de todos aquellos datos referentes a nuestros gustos, preferencias, ideas o planteamientos de cualquier tipo. Esa información es muy valiosa, y es el gran objeto de los grupos económicos que controlan el mundo, de los grupos sectarios, de los grupos fanáticos y radicales, de los populismos..., es decir, de todos aquellos que quieren pervertir la democracia; de todos aquellos que quieren invadir nuestra intimidad, que quieren saber lo que pensamos y lo que nos gusta y no nos gusta para manipularnos y acrecentar su poder. Por tanto, trasponer el Reglamento europeo de los datos personales y la garantía de los derechos digitales era imprescindible y necesario.

Nosotros también presentamos muchas enmiendas, y conseguimos, aprovechando el clima cordial y la capacidad de transacción que mostraron todos los grupos, aprobar bastantes; conseguimos aprobar la que hace referencia a las competencias de la autoridad catalana de protección de edades, que juega un papel importante; la que alude al consentimiento de los menores a partir de los 14 años; la que aborda el tratamiento de datos amparados en el cumplimiento de una obligación legal o una misión de interés público; la referida a la concreción del régimen sancionador; la que concreta la previsión de determinados tratamientos de datos basados en el interés legítimo, como datos de contactos de empresarios individuales o la información crediticia; o la que se ocupa de la regulación de determinados tratamientos de datos, como los estadísticos, los de videovigilancia o la regulación de sistemas de exclusión publicitaria.

Estamos contentos de las aportaciones que hemos hecho, del buen clima de entendimiento y de diálogo que ha imperado, tanto en el Congreso como en el Senado, y, a pesar de que la ley es mejorable, porque seguramente en un futuro tendremos que remozarla, y adecuarla a la evolución tan vertiginosa que sufre nuestra sociedad, consideramos que este es un buen principio.

Por último, quiero hacer una pequeña referencia a la disposición final tercera porque parece que ha suscitado una cierta alarma en algunos sectores. Nosotros creemos que quizá la alarma es exagerada, pero, por si acaso, como estamos hablando de una materia muy sensible y como sabemos que la información es poder y que tenemos que ser muy celosos y vigilantes, proponemos a todos los grupos, especialmente al Grupo Socialista, que se inste al Gobierno a que el reglamento que va a desarrollar la ley sea especialmente cuidadoso con lo que regula la disposición final tercera. Porque en el caso de que hubiese una pequeña grieta en la ley, el reglamento debe taponarla y sellarla para que no haya ninguna duda de que nuestra privacidad no está en peligro.

Por supuesto, creo que también valdría la pena pedir informes a la Agencia Española de Protección de Datos, a los letrados de la Cámara, a todos aquellos expertos en leyes que pudieran despejar cualquier duda que ofrezca la disposición adicional tercera. Porque, repito, la mejor manera de combatir una alarma es dotándonos de instrumentos jurídicos que despejen las dudas y asegurándonos de que el reglamento será impecable y será infranqueable para todos aquellos que quieran abusar de nuestra privacidad y de nuestros datos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE:



Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias, señor presidente.

Respecto de lo que ha dicho la senadora del Grupo Popular, creemos que resta importancia a la labor del Senado cuando dice que en el Congreso se ha votado una cosa, que se ha vuelto a votar, que hemos acordado tal otra... Eso está muy bien, pero contrariamente a lo que ella dice, yo creo que la tramitación de una ley no termina hasta que se vota. Se tiene que votar mayoritariamente. Hasta ese momento, no ha terminado la tramitación. Con lo cual resulta lícito a cualquier miembro de esta Cámara introducir aquellas enmiendas, aquellos razonamientos o aquellos argumentos que no resulten contrarios al espíritu de nuestra ideología y la que nos transmite, sobre todo, la sociedad civil.

Esta ley nos parece bien en general, si no hubiese sido por este artículo que modifica la Loreg. Esta ley en general está bien, insisto. Se ha trabajado en el Congreso, se ha consensuado en muchos puntos, pero se ha dejado este cabo suelo. Nuestro grupo parlamentario no intenta mantener una foto fija de una postura inicial en un momento dado, sino que nuestro trabajo del día a día es escuchar a los colectivos y escuchar a la gente. Si resulta que ayer la sociedad se asombraba de que aprobáramos este artículo, nuestro deber es escucharla, y la hemos escuchado. De ahí que se haya redactado esta propuesta de modificación, que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto, creemos que estamos legitimados hasta el último momento para trabajar, que para eso cobramos, para trabajar en favor de la ciudadanía.

Dicho esto, nuestro grupo parlamentario ha redactado esta propuesta de modificación del dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos, que ha sido rechazada legítimamente por todos los grupos parlamentarios, porque no quieren tocar lo que ya está acordado en el Congreso. También se nos ha dicho que podemos reglamentarlo posteriormente. Creemos que esta afirmación tampoco es técnicamente ajustada a derecho, porque si la ley de la que parte el reglamento está mal redactada, el reglamento nunca puede contravenir lo que dice la ley ni puede decir nunca cosas diferentes a lo que dice la ley. Luego si consideramos que esta ley vulnera derechos, el reglamento seguirá vulnerando derechos. (Rumores).

Nuestro grupo parlamentario comparte la preocupación de esta sociedad civil, de estos grupos que han salido ayer y anteayer en distintos medios de comunicación, manifestando su preocupación, que compartimos, porque la aplicación de este texto puede dar vía libre a que los partidos políticos elaboren perfiles ideológicos de los ciudadanos y ciudadanas.

La actual legislación otorga a los datos ideológicos de la ciudadanía una protección de carácter especial. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de protección de datos supone una peligrosa involución en este sentido. Resultaría muy peligroso que los partidos políticos tuvieran vía libre sin previa autorización... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden un poco de silencio.

La señora CÁNOVAS ESSARD: ... para contactar con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y realizar perfiles ideológicos y almacenarlos y utilizarlos para fines distintos a los electorales. Porque no olvidemos que la declaración de intenciones de la ley es una, pero la práctica puede ser otra, y es una práctica que es muy complicada de controlar.

La propia Constitución en este sentido reconoce una protección especial a los datos personales de la ciudadanía. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica de protección de datos puede abrir una puerta a que las opiniones políticas sean grabadas y almacenadas. En un momento en que los grupos políticos de extrema derecha utilizan las denominadas fake news para difundir sus mensajes, es alarmante que esta ley deje este cauce abierto para que una información que pertenece a la ciudadanía pueda utilizarse para estos fines.

Señorías, en este caso, como no ha sido aprobada esta modificación, el voto de nuestro grupo parlamentario va a ser negativo, sintiéndolo mucho. Además, impulsaremos la modificación de este artículo mediante una ley orgánica y recurriremos ante el Tribunal Constitucional este redactado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Nasarre.

La señora NASARRE OLIVA: Gracias, señor presidente.

Estamos finalizando un largo Pleno, pero me quiero unir al mantra que he estado escuchando durante toda la sesión: la petición de dimisión del señor Cosidó, pero no sé si lo ha hecho en diferido, porque no lo veo en el salón. (Aplausos).

Estamos finalizando, decía, y lo hacemos debatiendo la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, una ley que asentará una capa más en el tratamiento de datos. Los datos, señorías, son el maná de este siglo, una maná que por responsabilidad teníamos y debíamos regular. Nuestro Grupo Socialista se congratula de que así sea, ya que la parálisis legislativa a la que el anterior Gobierno del Partido Popular nos sometía era inconcebible en la sociedad digital en la que nos encontramos.

Esta ley empezó con un gobierno y se tramita con otro. Ha generado múltiples debates en los distintos sectores y desde el punto de vista técnico. Establece mecanismos legales necesarios con la protección de estos datos y su uso, para adaptarnos y establecer un marco normativo de acuerdo al momento actual; un marco normativo que nos proteja ante los riesgos que generan los retos actuales planteados por la rapidez con que cambia la evolución del desarrollo tecnológico. Es una ley que protege, que garantiza, que no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas.

Ante las dudas planteadas por diversas opiniones, en nuestro Grupo Socialista manifestamos que estamos de acuerdo, nos parece adecuado y nos sumamos a lo que aquí hemos oído de otros grupos políticos: que en el desarrollo reglamentario dejemos claro y se pidan los informes jurídicos correspondientes para que no haya duda ni ninguna grieta jurídica de ninguna clase. Y, por supuesto, me remitiré a la nota que también ha leído aquí la portavoz del Grupo Popular sobre la autoridad independiente de la Agencia Española de Protección de Datos para dejar claro la posición sobre la disposición final tercera.

Esta ley es un buen trabajo técnico y parlamentario, consiguiendo un buen ejemplo de consenso. Para nuestro grupo y para el Gobierno Socialista el consenso y el acuerdo es el motor que nos mueve día a día para mejorar la sociedad. Otros, señorías del Partido Popular, en esa oposición camaleónica, prefieren romper acuerdos, manipular y confrontar desde la prepotencia.

La protección de datos, señorías, empieza por uno mismo. El WhatsApp lo carga el diablo —lo sabe bien el señor Cosidó—. Señorías, así no se construye sociedad ni sistema, sino que se destruye lentamente. Recapaciten en ese mal camino. Todavía están a tiempo.

Esta ley supone un gran paso adelante para ser capaces de articular procedimientos y defender con eficacia la seguridad jurídica en la era digital y, a la vez, favorecer el bienestar general de nuestra sociedad. Esta ley volverá a poner a nuestro país en el liderazgo en la protección de datos en Europa, pero no solo eso, sino que va mucho más allá. Vamos a ver reconocidos en una ley, por primera vez en Europa, unos derechos que debemos normalizar —y lo digo en el amplio sentido de la palabra— en nuestra sociedad. Para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental ver reconocidos estos derechos, los derechos digitales. Lo digital es ahora parte de nosotros, lo digital es social y, por lo tanto, así debemos garantizarlo.

Con esta ley, normalizaremos los derechos en la vida virtual; normalizaremos los derechos fundamentales en el entorno digital. Derechos como la neutralidad de internet, derecho de desconexión digital, garantizando la intimidad y la conciliación familiar. También garantizar los derechos laborales, la videovigilancia o la geolocalización, protegiendo la privacidad de los trabajadores en distintos aspectos. Derechos educativos, como el derecho al aprendizaje en uso de los medios digitales seguros. Protección de los menores mediante uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales frente a la difusión de imágenes y datos personales, de máxima importancia actualmente en nuestra sociedad. El derecho al olvido, la huella digital, el testamento digital o el derecho al acceso universal a internet con coherencia con el compromiso que siempre hemos tenido políticamente de afrontar distintas desigualdades, sin discriminación alguna ni de género ni socioeconómica ni generacional ni, por supuesto, en el mundo rural, porque en internet, en lo virtual o en la vida real, se debe garantizar toda protección e igualdad de oportunidades, siempre. Legislando lo digital, transformamos un futuro mejor para todos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, voy a negar la mayor. Se acaba de decir desde esta tribuna que había una parálisis legislativa por parte del anterior Gobierno, pero, señorías, se acaba de reconocer al mismo tiempo que esta ley empezó con una ley presentada por el anterior Gobierno del Partido Popular y ha terminado con una ley de otro Gobierno del Partido Socialista que está ahora en la Moncloa. O sea, de parálisis legislativa, nada de nada.

Señorías, nos preparamos para despedir la vigente Ley de protección de datos, la Lortad, que el próximo 2019 hubiera cumplido 19 años nada más y nada menos. Nos preparamos para recibir, gracias a la Unión Europea, a la nueva Ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Es una ley, como ya se ha dicho, que llega muy muy consensuada del Congreso, que modifica, a su vez, diez leyes de gran trascendencia, como la Loreg, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de sanidad, de autonomía del paciente, la Ley de enjuiciamiento civil, de la jurisdicción contencioso-administrativa. Señorías, es una ley que nos prepara definitivamente para la realidad digital, la economía digital y para la innovación tecnológica.

En un mundo global hiperconectado, la protección de los datos personales frente a los usos ilegítimos, fraudulentos, abusivos, incluso delictivos, debe abordarse con vocación trasnacional. Por eso, la principal regulación de este derecho está en una norma europea y, por su complejidad, era necesario aprobar esta nueva ley. Es una buena ley, señorías. A pesar de las alarmas que causa, es una buena ley, que complementa la principal, que es el reglamento europeo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Vindel.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Guarden silencio. Continúe.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Decía que es una buena ley que consigue unos equilibrios nada fáciles, señorías, una intensa protección de los derechos y determinados tratamientos de datos personales que comportan importantes avances sociales, por ejemplo, las fórmulas legales que protegen datos específicamente sensibles como la salud, pero que no perjudican los avances en este campo.

Otro equilibrio: el necesario entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, y el imprescindible equilibrio entre protección de datos personales y oportunidades de desarrollo económico, porque hoy en día, como muy bien ha dicho el senador Cazalis, los datos son la nueva materia prima del siglo XXI. Al estar hipercomunicados y permanentemente comunicados, generamos un volumen ingente de datos personales, lo que sin duda incrementa los riesgos. El cálculo más optimista que hace la Agencia de Protección de Datos a este respecto es que se genera más de un quintillón —un quintillón; un 1 seguido de 30 ceros— de información al año, según cálculos de la propia agencia.

Superadas las alarmas y superado el vértigo que nos produce todo esto, nos damos cuenta ya, señorías, de que este modelo forma parte esencial del desarrollo de la personalidad de los individuos y del mantenimiento de sus relaciones. Y también nos damos cuenta de que tenemos que hacer frente a un doble reto importantísimo, por un lado, garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en un mundo de servicios globalizados y, por otro, restablecer con urgencia la confianza de los ciudadanos en el control de sus datos personales.

Yo soy consciente de que no se puede coger todo el agua del océano con una mano, pero este complejo y ambicioso proyecto nace para asegurar a la persona el control sobre sus datos personales, cualesquiera que sean, y sobre su uso y su destino, y nace también para evitar su tráfico ilícito o que fuera lesivo para la dignidad y los derechos del afectado.

Por todo esto, señorías, yo les pido el voto favorable a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO LAMENTA Y RECHAZA EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE LAS FACTORÍAS DE ALCOA Y REAFIRMA SU APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS PLANTAS DE A CORUÑA Y AVILÉS (ASTURIAS). 630/000049 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones, se va a dar lectura a una declaración institucional que se ha presentado firmada por todos los grupos.

Ruego al secretario primero de la Cámara que proceda a su lectura.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Aznar Fernández): Declaración institucional.

El Senado quiere reafirmar el compromiso con el mantenimiento de la actividad y el empleo en la empresa Alcoa, así como trasladar su apoyo a los trabajadores de las plantas de A Coruña y Avilés-Gozón.

Desde el Senado lamentamos y rechazamos la decisión unilateral de la empresa de cerrar tanto la instalación de A Coruña como la de Avilés-Gozón. Asimismo, les emplazamos a la búsqueda de alternativas para el mantenimiento de las dos factorías, que son una pieza clave del tejido productivo de Asturias y Galicia.

El Senado se compromete a involucrar a todas las administraciones para, desde la unidad de acción, instar a la compañía Alcoa a retirar el expediente de extinción de empleo que pesa sobre los trabajadores, a abrir una mesa de negociación con todas las partes implicadas para encontrar una solución urgente que garantice el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo, y a proporcionar seguridad y permitir que el conjunto de las empresas electrointensivas puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de factorías a nivel internacional.

Las senadoras y los senadores nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores de Alcoa y el futuro de esta industria en Galicia y en Asturias.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2018. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Cierren las puertas. (Pausa).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Votación). 625/000002

El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Ha hecho uso de la votación telemática el senador don Rafael Mateos, del Grupo Parlamentario Popular, que ha votado afirmativamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241 más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto telemático, 242; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. (Fuertes aplausos).



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000013 Economía y Empresa

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de sociedades de capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Votamos, en primer lugar, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 142; en contra, 83; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos a continuación, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 211; en contra, 17; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.



PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 621/000014 Transición Ecológica

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. En primer lugar, votamos las enmiendas 25 a 30, 32 y 34 de los senadores Cleries y Rivero, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 41; en contra, 193; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas 31 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 208; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 23; en contra, 210; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, comenzamos votando las enmiendas números 1, 12, 16 y 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 17; en contra, 210; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2, 7, 13, 14, 18 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 17; en contra, 194; abstenciones, 30.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3 a 6, 8 a 10, 15, 17 y 21 a 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 35; en contra, 193; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos las enmiendas 35 a 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 29; en contra, 193; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 201; en contra, 32; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.



PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación). 625/000003 Transición Ecológica

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la Proposición de ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 1 a 12, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 229; a favor, 17; en contra, 194; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 229; a favor, 196; en contra, 17; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. (Aplausos).



PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (Votación). 621/000012 Justicia

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Votamos en primer lugar las enmiendas de los senadores Bagué y Cleries, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Votamos la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 42; en contra, 193; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 21; en contra, 196; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Mulet y Navarrete votamos la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 197; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 14; en contra, 197; abstenciones, 30.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 17; en contra, 195; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 13 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 32; en contra, 194; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Marcos, Alegre y Crisol, y de la senadora Roldán votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 225; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 225; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 225; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 226; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 206; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votamos en primer lugar las enmiendas números 15, 25, 29 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 31; en contra, 194; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas números 16 a 21, 26 a 28, 31 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 30; en contra, 191; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 193; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 30; en contra, 193; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 220; en contra, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.



CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EN CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10 NAT/ES/000570 "RECUPERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y PORTUGAL" ACRÓNIMO "IBERLINCE". 592/000014 JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que la celebración de esta adenda al convenio necesite la autorización de las Cortes Generales.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicha adenda.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.

Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.


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