Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 21/11/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 183 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 181 celebrada el martes, 21 de noviembre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:

--De las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 74.1, de 27 de julio de 1994 (número de expediente 127/000015) (Página 9716)

--Del Parlamento de Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 98.1, de 3 de enero de 1995 (número de expediente 127/000016) (Página 9728)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 140.1, de 11 de septiembre de 1995 (número de expediente 122/000118) (Página 9739)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos del menor. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 152.1, de 6 de octubre de 1995 (número de expediente 122/000129) (Página 9746)

Página 9712


Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la convocatoria de elecciones generales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 293, de 13 de noviembre de 1995 (número de expediente 162/000246) (Página 9752)

--En su caso, del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas (número de expediente 162/000254) (Página 9764)

--En su caso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las asignaciones complementarias para garantizar la prestación de servicios básicos en las Comunidades Autónomas (número de expediente 162/000255) (Página 9765)

--En su caso, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, relativa a la adopción de medidas para saldar la deuda histórica reconocida a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura (número de expediente 162/000256) (Página 9765)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 184, de 22 de noviembre de 1995.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía (Página 9716)

De las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto (Página 9716)

En defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía interviene, en primer lugar, el Diputado de las Cortes de Aragón señor Bolea Foradada recordando que dicha propuesta fue aprobada unánimemente en las Cortes aragonesas el 31 de junio de 1994.
Recuerda asimismo que el artículo dos de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española y la solidaridad entre todas ellas. En este sentido afirma que Aragón fue uno de los pueblos que con mayor convicción demandó su reconocimiento, con diversas y multitudinarias manifestaciones reclamando el estatuto autonómico, aprobado finalmente, y con evidente retraso el 10 de agosto de 1982, aunque no reflejó adecuadamente las aspiraciones autonómicas ni alcanzó las deseables cotas que la Constitución permite. Consecuentemente, en estos catorce años se ha exteriorizado una actitud anticonformista, con el Partido Aragonés como motor y fundamento de la voluntad de reforma, frente a los partidos de ámbito nacional con mayor representación parlamentaria que han preferido refugiarse en la teoría de los pactos globales, actitud que el pueblo aragonés ni entiende ni comparte.
Termina señalando que la reforma que finalmente se debate en esta Cámara es buena y necesaria para Aragón, recoge el sentir de aquel pueblo, es digna de su singular historia y augura un futuro de esperanza, por lo que pide el voto favorable para la misma.
El también Diputado de las Cortes de Aragón, señor Piquer Jiménez, solicita asimismo el apoyo del Congreso de los Diputados en relación con un texto que ha merecido el apoyo unánime de las fuerzas políticas aragonesas. Expone que el pueblo de Aragón ha tenido, tiene y tendrá siempre conciencia de su identidad histórica y que el sentido profundo del derecho y de la justicia va impreso en el texto que hoy presentan, para llegar al cual ha hecho falta una gran dosis de generosidad por parte de todas las fuerzas políticas firmantes.
El nuevo texto busca resaltar su identidad como pueblo, reequilibrar aquella tierra, estimular la participación de sus gentes en la cosa pública y, en definitiva, alentar el progreso de Aragón como pueblo histórico, cuna y parte indisoluble de España dentro de la Unión Europea.
Completa la defensa de la propuesta de reforma, en nombre de las Cortes aragonesas, el Diputado de aquel Parlamento, señor Gimeno Fúster. Expresa la dificultad de exponer en el poco tiempo de que dispone todo el contenido básico y sustancial de esta reforma, aunque desea dejar claro que nada hay en ella que no haya sido admitido en otras comunidades

Página 9713


autónomas. Así, la introducción del término nacionalista, el establecimiento de un verdadero sistema de corresponsabilidad fiscal o la posibilidad de regular la disolución de la Cámara por el Presidente de la Cámara, entre otros muchos aspectos.
Reconoce que el camino para llegar al consenso en torno a esta reforma ha sido largo, pero cree que ha merecido la pena el esfuerzo realizado a la vista del resultado obtenido, asegurando que de aprobarse hoy por este Congreso se dará un segundo paso serio e histórico en la consecución de la plena autonomía para este territorio del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mur Bernad (del Grupo Mixto), Mauricio Rodríguez (del Grupo de Coalición Canaria), López de Lerma i López (del Grupo Catalán Convergència i Unió), Martínez Blasco (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), señora Rudi Ubeda (del Grupo Popular) y señor Sáenz Lorenzo (del Grupo Socialista).
Se acepta en votación de totalidad, por 310 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, formulada por las Cortes de Aragón.


Modificaciones en el orden del día (Página 9728)

El señor Presidente somete al Pleno la exclusión del orden del día de la presente sesión del Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado don José Ramón Lago Freire.
Se aprueba por unanimidad dicha exclusión del orden del día.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 9728)

El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley orgánica sobre alteración de los límites provinciales, consistente en la segregación del municipio de Gátova de la provincia de Castellón y su agregación a la de Valencia Se acuerda por asentimiento dicha tramitación directa y en lectura única.
El señor Presidente informa asimismo que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, y de acuerdo con el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única del proyecto de Ley orgánica de transferencia de competencias a la comunidad autónoma gallega.
Se aprueba por asentimiento.


Avocación por el Pleno de proposiciones de Ley (Página 9728)

El señor Presidente informa que, finalmente, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado proponer el Pleno la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley de montes y aprovechamientos forestales.
Se aprueba por asentimiento la citada avocación.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. (Continuación) (Página 9728)

Del Parlamento de Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (Página 9728)

Defiende la propuesta, en nombre del Parlamento de Canarias, el Diputado del mismo señor Bravo de Laguna Bermúdez, manifestando que hoy es un día importante para la autonomía de Canarias, al traer a este Congreso la iniciativa sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Pide el voto favorable para la toma en consideración de dicha reforma estatutaria de una autonomía que califica de complicada, pero que hoy está consolidada; una autonomía que nació sin recursos, sin medios, sin transferencias y que hoy gestiona nada menos que un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesetas.
Como razones para esta modificación destaca fundamentalmente que se trata, en primer lugar, de una buena reforma, como bueno es también el Estatuto autonómico; en segundo lugar, que es un estatuto adaptado a la singularidad canaria y, tercero, el valor político del consenso conseguido entre las fuerzas políticas canarias, que espera se alcance también en este Congreso.
El también Diputado del Parlamento canario señor Belda Quintana expone que, a su entender, esta reforma tendría que haber estado perfectamente tramitada y aprobada por las Cortes Generales desde hace varios meses, después de más de tres años de trabajo en una comisión de estudio en el Parlamento de Canarias,

Página 9714


incorporando aproximadamente unas 34 modificaciones, de las que destaca las más importantes.
Completa el turno en defensa de la propuesta de reforma, en nombre del Parlamento de Canarias, el señor Brito Soto. Menciona el balance global, claramente satisfactorio, que les merecen los trece años de andadura del Estatuto autonómico, tiempo que consideran también adecuado para proceder a la reforma estatutaria, sobre todo si ésta aparece planteada desde el consenso político básico que se manifiesta en toda la reforma, excepto en la parte referida a la modificación electoral.
Alude a las diversas modificaciones que se pretenden introducir en el articulado del Estatuto de Autonomía y termina afirmando que los canarios tienen una contrastada vocación y voluntad de pertenencia al proyecto colectivo de España, voluntad y vocación que se fortalece, en su opinión, profundizando en el autogobierno, en el estado autonómico desde una lectura abierta y federalizante de la Constitución española.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto, Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria, López de Lerma i López del Grupo Catalán (Convergència i Unió), Ríos Martínez del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Cabrera Pérez-Camacho del Grupo Popular y Martinón Cejas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad la propuesta del Parlamento de Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, es admitida por 327 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 9739)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Página 9739)

La señora Rivadulla Gracia defiende la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que a los diez años de la promulgación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, pocos sectores de nuestra sociedad piensan ya que esta Ley garantice realmente los derechos y libertades de los extranjeros qe residen pacíficamente en nuestro país. No solamente las organizaciones no gubernamentales, sino también entidades y organismos importantes, como el Defensor del Pueblo, señalan que esta Ley no cumple esos objetivos. Consiguientemente, entiende necesaria la modificación de la Ley, para adecuar su articulado al propio preámbulo de la misma y, sobre todo, para que se produzca en nuestro país el reconocimiento de los derechos y libertades proclamados en la Constitución, para que se garantice a los extranjeros legalmente establecidos en el Estado español unas cotas aceptables de derechos y libertades, eliminando cualquier trato discriminatorio desfavorable en las relaciones laborales y en sus derechos políticos.
Agrega la señora Rivadulla que no es válida cualquier modificación de la ley, mencionando en ese sentido la modificación que se está planteando de la Ley de Extranjería a través de un reglamento, lo que no considera acorde con lo que establece el artículo 13 de la Constitución. Si la propia Ley 7/1985 establece que la regulación de ciertos derechos y libertades debe realizarse por ley, no entiende cómo se plantea ahora su modificación a través de la simple vía reglamentaria.
Piden, por tanto, únicamente que esos derechos y libertades de los extranjeros en España estén regulados por una norma del rango adecuado, es decir, por una ley.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, señora Barrrios Curbelo del Grupo Popular y el señor Valls García del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley debatida por 21 votos a favor, 149 en contra y 132 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos del menor (Página 9746)

La señora Barrios Curbelo defiende la proposición de Ley del Grupo Popular manifestando que han elaborado la misma no sólo como respuesta a la exigencia del apartado 4 del artículo 39 de la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sino también como respuesta a la moción que por mayoría se aprobó el pasado 10 de mayo de 1994 por todos los grupos de esta Cámara, por la que se exigía al Gobierno que trajera en 1994 una ley de derechos del menor. Sin embargo, el Gobierno se limitó a remitir un proyecto de ley de modificación parcial del Código Civil, que todos los grupos denunciaron por considerar que el proyecto no era el de derechos del menor que se había pedido. Añade que la realidad del menor en España es una realidad grave, que diariamente son víctimas de explotación, de malos tratos físicos y psíquicos, de abusos, de prostitución, situación que no sólo denuncian los medios de comunicación sino también las instituciones, persona y organizaciones que se relacionan con el tema del menor.
Dado que el Grupo Popular no está de acuerdo con la actitud del Gobierno de no presentar el correspondiente

Página 9715


proyecto de ley en la Cámara, ha procedido a elaborar la propuesta que ahora defiende y para la que pide el voto favorable.
Termina exponiendo el contenido fundamental de los diversos títulos que integran la proposición de ley.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra las señoras Monzón Suárez, del Grupo de Coalición Canaria, Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), Urán González, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Del Campo Casasús, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición de ley debatida es rechazada por 141 votos a favor, 170 en contra y tres abstenciones.


Proposición no de Ley (Página 9752)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la convocatoria de elecciones generales (Página 9752)

El señor Mauricio Rodríguez defiende la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria manifestando que la misma está basada en tres razones principales, que son una razón política, una razón de forma y procedimiento y también una cuestión de oportunidad política.
Expone que uno solo de los cuatro o cinco grandes escándalos que ha vivido este país en los años 1994 y 1995 hubieran precipitado en cualquier democracia europea que tuviera un sentido del Estado por encima de los intereses partidistas una convocatoria electoral. Menciona asimismo el acto político fundamental en las prácticas parlamentarias consistentes en el rechazo de los presupuestos generales del Estado, quedando de hecho convertido el Gobierno en un gobierno prácticamente en funciones, ante lo que los grupos políticos dijeron que ya no era tiempo de presupuesto sino de elecciones y a partir de cuyo momento, y con motivo de esta proposición no de ley, en lugar de ir al fondo del debate se acude a argumentos formales de si es o no constitucional, de si debe plantearse o no la moción de censura o la de confianza. Dado que no se presenta la moción de confianza, porque el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha afirmado reiteradamente que no la votaría, y que la moción de censura constitucional sirve para sustituir un gobierno por otro, en el caso presente se trataría únicamente de convocar elecciones ante el bloqueo constitucional existente y una crisis política que afecta a las instituciones del Estado. Aclara que éste es el sentido último de su iniciativa, lo que permitiría un adelanto de las elecciones breve pero suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado antes del verano, evitando perder un año decisivo para España en la convergencia europea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Albistur Marín y la señora Rahola i Martínez del Grupo Mixto, señores González de Txabarri y Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señoras Aguilar Rivero, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y De Palacio Valle-Lersundi, del Grupo Popular y señor Solé i Tura, del Grupo Socialista Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria por 153 votos a favor, 174 en contra y cuatro abstenciones.


En su caso, del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas (Página 9764)

En su caso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las asignaciones complementarias para garantizar la prestación de servicios básicos en las Comunidades Autónomas (Página 9765)

En su caso, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, relativa a la adopción de medidas para saldar la deuda histórica reconocida a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura (Página 9765)

En defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista interviene el señor Yáñez-Barnuevo García.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular hace uso de la palabra el señor Seco Gordillo.
El señor Alcaraz Masats defiende la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Carrera i Comes, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista se aprueba por 152 votos a favor, 15 en contra y 128 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular es rechazada por 118 votos a favor, 167 en contra y diez abstenciones.
Asimismo es rechazada en votación la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 15 votos a favor, 278 en contra y dos abstenciones.


Página 9716


Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:

--DE LAS CORTES DE ARAGON, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 8/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON, MODIFICADA POR LA LEY ORGANICA 6/1994, DE 24 DE MARZO, DE REFORMA DE DICHO ESTATUTO (Número de expediente 127/000015)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
Debate de totalidad de la propuesta de las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto.
Para la presentación de la propuesta, tiene la palabra, en primer lugar, el excelentísimo señor don Juan Antonio Bolea Foradada.


El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON (Bolea Foradada): Señor Presidente, señorías, intervengo en representación del Partido Aragonés para defender aquí, en el Congreso de los Diputados, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que el ya lejano 30 de junio de 1994 mereció la unánime aprobación en las Cortes aragonesas.
Diputado por Zaragoza en las primeras elecciones democráticas de 1977, tuve el honor de formar parte de la Comisión Constitucional. Guardo, por tanto, del Congreso el mejor de los recuerdos, y hoy, confiado en su bien hacer, tengo la convicción de que su sensibilidad política comprenderá la razón de ser de esta iniciativa que, en definitiva, es sincero reflejo de la voluntad autonomista de nuestro pueblo.
Quizá sea bueno recordar que el preámbulo de nuestra Constitución proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, y que en su artículo 2.º no sólo reconoce sino que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española y la solidaridad entre todas ellas.
Que Aragón fue uno de los pueblos que con mayor convicción demandó su reconocimiento, lo acredita el orden en que antes de promulgarse la Constitución se aprobaron los regímenes preautonómicos. Cataluña, en abril de 1977; País Vasco, en enero de 1978; Galicia, el 16 de marzo de 1978 y Aragón, por Real Decreto-ley del siguiente día, obtuvieron --por este orden-- el reconocimiento de su personalidad jurídica y la institucionalización de sus respectivos órganos de gobierno que, en nuestro caso, y reanudando el tracto histórico, se concretó en la Diputación General.
El 23 de abril de 1978, primer Día de Aragón, en la manifestación autonomista que tuve el honor de convocar y presidir, más de cien mil aragoneses dimos testimonio de nuestro orgullo histórico y de nuestra fe en un futuro esperanzador, en convivencia solidaria con los restantes pueblos de España.
Por Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982, con evidente retraso respecto a la mayoría de las restantes comunidades españolas, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón que, por variadas razones y circunstancias, ni reflejó las aspiraciones autonómicas, consonantes con nuestra singular historia, ni alcanzó las deseables cotas que la Constitución admite. No es de extrañar, por tanto, que en Aragón en estos catorce años se haya exteriorizado una clara actitud inconformista, en la que en todo momento el Partido Aragonés ha sido motor y fundamento de la voluntad de reforma; reforma que, no se olvide, autoriza expresamente la Constitución en sus artículos 147.3 y 148.2, una vez transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del Estatuto, y que, dato de trascendental importancia, queda atribuida a la libre iniciativa de cada comunidad autónoma.
No obstante, en Aragón no ha sido fácil dar el primer paso, fundamentalmente porque los partidos de ámbito nacional con mayor representación parlamentaria han preferido refugiarse en la teoría de los pactos globales en lugar de encauzar las aspiraciones singulares, tan expresas y sinceras como la aragonesa. Actitud que el pueblo aragonés ni entiende ni comparte. Prueba irrefutable de esta discrepancia fueron, siendo Presidente de la Diputación General Emilio Eiroa, del Partido Aragonés, la impresionante manifestación autonómica del 23 de abril de 1992, en la que más de 130.000 aragoneses ratificamos la voluntad de reformar el Estatuto, la del Día de Aragón del siguiente año y la que tuvo lugar en Madrid el 15 de noviembre de 1992 a la vera del Congreso de los Diputados.
Como fruto de esta presión popular, quince días después de la primera de las indicadas manifestaciones, se constituyó en las Cortes aragonesas una comisión especial con un concreto objetivo: la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, la proposición que por mayoría logramos articular no pasó el trámite de la toma en consideración al no apoyarla los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular, so pretexto de que en el ínterin ambas formaciones habían suscrito a nivel nacional un nuevo pacto autonómico que cristalizó en la ley que en Aragón, por su corto vuelo, conocemos con el apodo de «la reformita».
Hay que decir también que Aragón no es conformista en tema tan trascendental para su futuro, y de nuevo la reacción social y el empuje de fuerzas como el Partido

Página 9717


Aragonés consiguieron que el 13 de enero de 1994 se constituyese en las Cortes Aragonesas un grupo de trabajo formado por los ocho Diputados que anteriormente integramos la comisión especial y que, tomando como documento de referencia el texto elaborado por aquélla, y a lo largo de doce duras sesiones, consensuamos un texto que, suscrito por los 27 diputados del Grupo Socialista, los 17 del Partido Aragonés, los 16 del Partido Popular y los tres de Izquierda Unida, fue presentado el 19 de abril como propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, proposición que por unanimidad aprobaron las Cortes de Aragón el 30 de junio de 1994. Su exposición de motivos recuerda el largo proceso de nuestra autonomía; destaca la capacidad de entendimiento demostrada para alumbrar un texto fruto del consenso, con predominio de las ideas institucionales sobre cualquier tendencia partidista, enfatiza que la reforma que se produce redescubre nuestra identidad histórica, alienta la participación, procura el desarrollo socioeconómico y el equilibrio de Aragón y asegura, en la medida en que un texto orgánico puede hacerlo, el permanente progreso de nuestra Comunidad como parte inseparable de España y de la Unión Europea.
Este es, en definitiva, el texto que desde hace diecisiete meses tienen SS. SS. en el Congreso, esperando, ojalá no sea en vano, su decisión vivificadora. Ignoro si la facilidad que otorga un texto, unánimemente consensuado, animará a la Junta de Portavoces a proponer, como desearíamos, su tramitación urgente y desconozco si próximos avatares políticos interrumpirán, una vez más, su andadura.
En cualquier caso, señorías, deseo significar que en las Cortes de Aragón, al aprobar la primera fase de esta reforma, Partido Socialista, Partido Aragonés, Partido Popular e Izquierda Unida públicamente coincidimos en que la misma respeta la Constitución, es buena y necesaria para Aragón, recoge el sentir de nuestro pueblo, es digna de nuestra singular historia y augura un futuro de esperanza. Por ello, me permito, señorías, pedir vuestro voto favorable para su toma en consideración.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bolea.
El señor Piquer Jiménez tiene la palabra.


El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON (Piquer Jiménez): Señor Presidente, señorías, venimos hoy a demandar su apoyo para reformar el Estatuto de Autonomía de Aragón. Queremos solicitar a los Diputados de nuestro Congreso su apoyo a un texto, a un modelo, que, al redactarlo y plasmarlo, ha conducido a la unanimidad de las fuerzas políticas aragonesas. Las formas, señorías, señor Presidente, son imprescindibles en el devenir político. Por ello, somos partidarios de una tramitación adecuada y acorde con la que se ha dado al resto de los estatutos aprobados en esta Cámara sin excepciones.
El pueblo de Aragón, señor Presidente, ha tenido, tiene y tendrá siempre conciencia de su identidad histórica. Desde los primeros albores de nuestro proceso autonómico nuestro Grupo Parlamentario, que es la única fuerza política que conserva sus siglas en mi tierra, ha mantenido un esfuerzo constante por conseguir un texto que, emanado del Título VIII de nuestra Carta Magna, fuera, junto con ella, la norma básica de convivencia de un pueblo que ha hecho del derecho su núcleo de comportamiento colectivo. En esa tarea, señorías, no han colaborado los avatares políticos en Aragón y hemos vivido momentos difíciles, que hoy superamos. Ese sentido profundo del derecho y de la justicia va impreso en el texto que hoy presentamos y para el que pedimos su apoyo: la toma en consideración de un nuevo Estatuto de Autonomía para Aragón. Para llegar a ello ha hecho falta una gran dosis de generosidad por parte de todas las fuerzas políticas firmantes.
La misma, señorías, que hoy les pedimos a ustedes.
Para nosotros, señor Presidente, para los aragoneses, pactos rompen fueros y, en nuestras Cortes, todas las fuerzas políticas allí representadas alcanzaron un acuerdo unánime, por encima de ideas partidistas, con el deseo de llevar a cabo la reforma del texto que se aprobó el ya lejano 10 de agosto de 1982 en esta Cámara, y que hoy ha demostrado ser insuficiente para completar el desarrollo de la Comunidad Autónoma aragonesa. Con el nuevo texto, señor Presidente, buscamos resaltar nuestra identidad como pueblo, reequilibrar nuestra tierra, estimular la participación de nuestra gente en la cosa pública, en definitiva, alentar el progreso de Aragón como pueblo histórico, cuna y parte indisoluble de España dentro del marco de la Unión Europea. La reforma institucional que planteamos, así como la competencial, buscan la igualdad, la solidaridad y la suficiencia en el proceso con el resto de comunidades autónomas.
Tenemos que reconocer hoy aquí, señorías, que la aparición de un nuevo grupo político en las Cortes aragonesas hace posible que hoy no se dé la total unanimidad en torno a este texto, pero ello no quita firmeza ni vigor a las esperanzas de la inmensa mayoría del pueblo aragonés, que desea tener autonomía plena, que considera imprescindible que lo que ha sido posible y necesario en Aragón, lo hagan ustedes hoy necesario y posible en España.
Nosotros consideramos que tenemos que seguir en la búsqueda del predominio de las ideas institucionales sobre las partidistas, y estamos convencidos de que en el trámite que hoy les pedimos a SS. SS. hay unas fundadas esperanzas de conseguir el consenso y el acuerdo que el Congreso de los Diputados ha impregnado en todo el desarrollo constitucional en España. En la votación que van a realizar hoy SS. SS. tiene depositada su confianza la mayoría del pueblo

Página 9718


de Aragón, que quiere, con el conjunto de las comunidades autónomas, fortalecer nuestro Estado.
Querría hacer un llamamiento desde esta tribuna, que no puede ser otro que la intención que nos debería de guiar hoy aquí: la de servir al Estatuto de Autonomía y nunca la de servirnos de él, de nuestro Estatuto, como arma electoral. El pueblo aragonés así nos lo ha pedido, así lo ha manifestado una y otra vez, a la luz del día, en la calle, cada vez que se le ha convocado, independientemente de qué fuerza política lo haya hecho. Por ello, señor Presidente, señorías, no es ajeno a este texto de reforma esa presión democrática que los ciudadanos aragoneses han dejado patente a lo largo de los años. Ellos son los destinatarios finales de la decisión política que ustedes adopten hoy. Si en 1978, señor Presidente, en la primera ocasión en que tuvimos oportunidad de defender nuestra identidad histórica, se hubiera optado por la vía del artículo 151, como propugnábamos algunas fuerzas políticas y que algunas fuerzas conservadoras en Aragón no vieron, hoy, señoras y señores Diputados, seguramente estaríamos hablando de otras cuestiones.
Señor Presidente, señorías, termino. Desde el respeto, desde el cariño y desde la firmeza con la que un día un aragonés presidió la proclamación de la primera Constitución de España, con el mayor de los espíritus democráticos, con el respeto, con el deseo y con la esperanza de poder contar con su confianza, les pido encarecidamente su voto a favor de la toma en consideración del texto de autonomía de Aragón.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Piquer.
Tiene la palabra el señor Gimeno Fúster.


El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON (Gimeno Fúster): Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Partido Popular de Aragón, me encuentro en esta tribuna con un objetivo básico, y es el de defender el texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Sería muy complejo y difícil que, en poco más de cinco minutos, se pudiese reflejar aquí todo el contenido básico y sustancial que tiene esta reforma, pero creo que afecta a los intereses y a los pilares básicos de la estructura territorial del Estado contemplados en la Constitución de 1978, por dos razones básicas y fundamentales: una, porque se desarrolla el Estatuto de una Autonomía que históricamente ha querido ser autónoma y, dos, porque puede ejercer en otras comunidades autónomas un influjo importante para continuar en la construcción de ese Estado autonómico. Sin embargo, me gustaría, señorías, plantear alguna reflexión que pueda motivarles a adoptar hoy una postura de apoyo al texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, pero no solamente hoy, sino durante la posterior defensa que en los distintos trámites, en esta Cámara y en el Senado, tiene que pasar el texto de reforma del Estatuto. Nada hay en ella, y tengo que decirlo de forma muy clara, nada hay en ella que no haya sido admitido en otras comunidades autónomas. Voy a hacer, señorías, algunas referencias.
Se introduce el término «nacionalidad»; ya estaba en otros estatutos de autonomía; se modifican sus períodos de sesiones; su nivel competencial, con el único límite que contempla el artículo 179 de la Constitución, en el que se reconocen lo que son competencias exclusivas del Estado; se establece un verdadero sistema de corresponsabilidad fiscal, asignatura pendiente que algún día habrá que tratar, y la posibilidad de regular, mediante una ley de Cortes, la disolución de la Cámara por el Presidente, entre otros muchos aspectos.
Nos encontramos, señorías, en un camino de construcción del Estado de las Autonomías en este país que tiene difícil retorno.
Lo que fue en un principio elemento aglutinador de las autonomías del artículo 143, el agravio comparativo, el apetito igualitario, ha pasado a ser un verdadero sentimiento social de autonomía y de forma especial en las comunidades autónomas denominadas de vía lenta, que han optado, teniendo distintas posibilidades, por la reforma estatutaria y no por la provisional, y hasta casi diría yo reversible, prevista en el artículo 150.1 y 2 de nuestra Constitución.
Señorías, Aragón ha dado muestras más que evidentes de ese sentimiento y fruto de ello es este texto consensuado por todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón; digo de todas las fuerzas políticas. Iniciativas parlamentarias no faltaron desde 1987; manifestaciones multitudinarias, tampoco, sobre todo, las de 1992 y 1993; esfuerzos de consenso político, que no siempre dieron los resultados apetecidos y, sobre todo, una comisión especial que no pudo terminar su trabajo y que fue sustituida después por un grupo de personas, los mismos componentes que fraguaron este texto consensuado. Largo ha sido el camino hasta el día de hoy, pero, por el resultado obtenido, bien merecía la pena este esfuerzo.
Señorías, hoy, con su apoyo al texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, se dará un segundo paso, serio e histórico, en la consecución de la plena autonomía para este territorio del Estado; texto en el que en su elaboración han primado razones fundamentalmente institucionales sobre cualquier tendencia partidista.
La idea de autonomía, señores Diputados, está, ha sido y ha estado vinculada profundamente y con la esencia misma de la Corona de Aragón, pero como un elemento vertebrador de esa realidad y de esa unidad que es España. Señorías, el pueblo aragonés ha dado sobradas cuentas y sobradas muestras de su voluntad en pro de la plena autonomía, y no podemos defraudarle, perseverando para la recuperación, como dice en su exposición de motivos el texto, de su identidad histórica, porque Aragón está convencido de que de esa forma colabora a desarrollar los principios de unidad indisoluble de la nación española, de igualdad y

Página 9719


de solidaridad entre los distintos territorios que la conforman.
Este texto redescubre la incuestionable identidad histórica de Aragón, busca el reequilibrio territorial de esta comunidad autónoma y asegura el permanente progreso como parte inseparable de España. La reforma se enmarca, señorías, íntegramente no sólo en el marco constitucional, sino en la legislación que regula las relaciones entre el Estado y las distintas comunidades autónomas.
Este segundo paso que pueden dar SS. SS. hoy en esta Cámara y los que haya que realizar después, de no ser positivos, tendrían un doble efecto: uno, harían perder toda la eficacia del primer paso que se dio ya en Aragón --la aprobación por unanimidad del texto de reforma-- voluntad del pueblo aragonés manifestada en sucesivas ocasiones; y, dos, impediría dar cauce al verdadero sentido que tiene la autonomía, que es, desde mi punto de vista, por definición, la capacidad de cada comunidad autónoma para determinar su nivel de autogobierno dentro del marco de la Constitución.
Por lo expuesto, señoras y señores Diputados, desde el Partido Popular de Aragón creemos que existen razones históricas y sociales, existen razones políticas y existen razones constitucionales para que hoy, en esta Cámara, este texto de reforma del estatuto de autonomía obtenga el voto favorable, cosa que los aragoneses esperamos.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gimeno.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar la posición en este debate, y quiero comenzar mi intervención con un saludo muy cordial a los representantes de las Cortes de Aragón que han defendido la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía como legítimos representantes del pueblo aragonés, y también de una manera muy especial a mi compañero de Partido, Juan Antonio Bolea, que fue el primer Presidente de la Diputación General de Aragón en el año 1978.
No obstante, a renglón seguido les diré, señorías, que lamento mucho que éste llegue tarde y en un mal momento, lo que sin duda rebaja nuestras esperanzas en la resolución final. Hoy, 21 de noviembre, en un Parlamento que siente una gran sensación de provisionalidad por la crisis política y la proximidad electoral anticipada, para algunos es probable que este debate sea un puro trámite o un trámite que viene en un buen momento, pero espero que para ésos, para los que sea un puro trámite, no sea un trámite de las circunstancias actuales y que sus convicciones autonómicas pervivan y persistan a lo largo de mucho tiempo.
Lamento también que la Mesa y la Junta de portavoces ni siquiera hayan cumplido sus propias previsiones, después de apelar a todos los mecanismos reglamentarios posibles para retrasar este debate, que nosotros, desde el Partido Aragonés, con el apoyo de otros grupos en la Junta de portavoces, en especial de Izquierda Unida, venimos reclamando desde el día 13 de diciembre de 1994.
Como se encargan de repetir en Aragón los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, aquí nada es posible sin su consentimiento y su acuerdo. Luego convengamos, señorías, que si este debate no se ha producido antes se debe exclusivamente a que estos dos partidos no han querido y sólo lo han permitido cuando la legislatura parece que ya concluye. De esta manera, el camino que hoy comenzamos en el Congreso se cortará, espero que temporalmente, sin aprobar un nuevo estatuto de plena autonomía para Aragón.
Pero, señorías, aquí estamos y por nosotros no va a quedar. Esta tarde hablaremos de autonomía, hablaremos del Estado autonómico, hablaremos de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y todo ello reforzado con el debate, que también tendrá lugar, del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Queremos hablar de Aragón y del Estado autonómico que diseña la Constitución de 1978, el cual, señorías, hemos dicho muchas veces que hay que desarrollarlo con lealtad constitucional y que debe servir para sustituir el viejo modelo centralista, que tanto se resiste a cambiar y que tan esforzados defensores tiene en la práctica de cada día. No puede ser ésta una cuestión eternamente pendiente. No se nos diga que somos un país con altas cotas de descentralización, conseguidas en los últimos años. Comprendamos que, con la situación preexistente de un Estado centralista, algo teníamos que avanzar. Porque, si no resolvemos esta cuestión, estamos incumpliendo la Constitución, creando agravios comparativos y haciendo del Estado, en su conjunto, un Estado más costoso y más ineficaz, lo que hace que muchos ciudadanos, señorías, a estas alturas del desarrollo autonómico, se cuestionen la validez de este modelo.
Para nosotros, el concepto de la autonomía ha ido siempre ligado al concepto de la democracia. La autonomía es un concepto imposible en la dictadura, de cuyo final celebramos estos días el XX aniversario.
No es casualidad que el primer frenazo al desarrollo autonómico viniera como consecuencia del 23-F y el clima de involución que desembocó entonces en los pactos autonómicos de 1981, suscritos por el Partido Socialista y la UCD. Por eso, a nosotros no nos gustaron tampoco los pactos autonómicos de 1992, suscritos por el Partido Socialista y el Partido Popular, cuyas ventajas no percibimos, y hoy nos preocupa el anuncio que se hace desde estos partidos de la amenaza de un tercer pacto autonómico.
Sobre lo que pensábamos del Pacto Autonómico de 1992 y sus consecuencias, podría hoy reiterar aquí los mismos argumentos que expliqué con ocasión del debate

Página 9720


de la Ley Orgánica de Transferencias, que tuvo lugar el día 24 de septiembre de 1992, hace ya más de tres años. Lamento que el tiempo nos haya dado la razón a los que discrepábamos. Podría repetir cuanto dije, pues nada de lo sustancial ha cambiado.
Decíamos entonces y repetimos hoy, que el pacto suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, tan distintos estos dos partidos en casi todo y tan homologables en la cuestión autonómica, no solucionaba los problemas; simplemente los aplazaba y los agravaba.
La reivindicación de la autonomía, señorías, es una vieja reivindicación aragonesa que ha encontrado muchos caminos a lo largo de la historia. No es para Aragón una necesidad sobrevenida, fruto de la moda o de la conveniencia, o de las circunstancias político-electorales; es algo sentido por un pueblo que fue reino, por un pueblo que fue Estado, por un pueblo que tiene historia y por un pueblo que tiene voluntad de tener plena autonomía.
Desde el proyecto o pacto de constitución federal del Estado aragonés de 1883, pasando por los intentos de articular todo un movimiento autonomista en los años 20 de este siglo, parado dicho movimiento por la dictadura de Primo de Rivera, retomado posteriormente con fuerza en el período republicano de 1931 al 1936, hasta llegar a la consecución del Estatuto de Caspe, truncado de nuevo por el alzamiento militar de Franco y por la dictadura subsiguiente, han sido muchos los esfuerzos y las ilusiones de tantos buenos aragoneses como han trabajado a lo largo del tiempo para obtener lo que hoy, sin duda, tratamos de obtener en este debate.
Por eso, desde aquí quiero rendir homenaje a todos cuantos desde entonces hasta nuestros días han luchado y trabajado para que Aragón sienta el deseo y la necesidad de obtener la autonomía que ahora la Constitución permite y ampara.
Hoy traemos para su reforma el ligero Estatuto que se nos concedió el 10 de agosto de 1982, cuyo propio texto tenía prevista la reforma transcurridos los cinco años. No han transcurrido, señorías, cinco años, han transcurrido 15 desde aquella fecha, y nosotros, desde el PAR, que hemos hecho de la autonomía de Aragón una cuestión permanente, no una cuestión contingente, en la medida en que depende de nosotros, hemos intentado todo lo posible para reformar ese Estatuto que nació insuficiente para colmar las necesidades y las ansias de los aragoneses.
Así, al comienzo de la segunda legislatura en Aragón, en 1987, con el Presidente Gómez de las Roces al frente del Gobierno aragonés, el 15 de agosto, cuando ya era estatutariamente posible, la Diputación General de Aragón acordó promover las actuaciones preliminares para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, por iniciativa en ese caso de las Cortes Aragonesas reiterada dicha iniciativa el 25 de mayo de 1988, con el envío del correspondiente texto de reforma que no encontró el apoyo necesario.
En junio de 1990 fue remitido por el entonces gobierno de coalición PAR-Partido Popular un texto que no obtuvo el apoyo necesario por la oposición del Partido Socialista.
El 30 de abril de 1992 se acuerda la creación de una ponencia especial para la reforma que, paralizada hasta el año 1994, consiguió, al fin, después de mucho trabajo, después de limar muchas asperezas, después de hacer dejación todos los partidos de su proyecto máximo, consensuar el texto que hoy aquí debatimos.
Este texto, que es, señorías, el fruto del consenso y no el fruto del enfrentamiento, es también la consecuencia de las manifestaciones del 23 de abril de 1992, del 15 de noviembre de 1992 y del 23 de abril de 1992; es, señorías, el mandato del pueblo aragonés expresado en la calle con rotundidad y con responsabilidad; un pueblo que pide con argumentos y al que no podemos defraudar.
A los aragoneses nos cuesta mucho pedir las cosas, pero nos sabe muy mal que, cuando tenemos razón, se nos nieguen.
Este texto, señorías, tiene tres aspectos fundamentales, que voy simplemente a enumerar. El primero de ellos es el reconocimiento de Aragón como nacionalidad histórica. ¿A estas alturas alguien puede en este Congreso de los Diputados dudar de que Aragón es una nacionalidad histórica, cuando fue un reino, cuando fue un Estado y cuando tiene tantas instituciones y tan rica historia detrás? También aborda la ampliación de las competencias para podernos equiparar a otras comunidades autónomas próximas con las cuales tenemos que competir cada día.
Por último, aborda un tema muy novedoso, como es el irresoluble, por ahora, problema de la financiación autonómica. Hemos dicho más de una vez, señorías, que no hay autonomía si no hay economía, y realmente éste es otro de los graves problemas que subyacen en el desarrollo autonómico.
Creo que este proyecto que hoy viene aquí ha encontrado una fórmula que, además de recoger los derechos históricos de los aragoneses, puede permitir una mayor justicia a la hora de distribuir la fiscalidad, a la hora de distribuir la financiación.
Hace pocos días hemos conocido, en un estudio publicado por la prensa, que, si todas las comunidades autónomas pudieran tener el sistema de cupo que algunas tienen, Aragón sería una de las más beneficiadas y que tendría una financiación suplementaria de un 85 por ciento más de fondos, lo cual demuestra bien a las claras el ejercicio permanente de solidaridad económica que Aragón hace con el resto de territorios del Estado. Por tanto, señorías, es hora también de que, aprovechando esta reforma de nuestro estatuto, se cree la conciencia necesaria para abordar de una vez por todas el tema de la financiación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, vaya concluyendo.


Página 9721


El señor MUR BERNAD: Voy concluyendo, señor Presidente.
Termino, señorías, pidiendo el apoyo de todos los grupos a este texto, el compromiso de los cuatro partidos políticos que lo aprobaron en Aragón, para que se estudie por trámite de urgencia y para mantener el consenso logrado en Aragón. A lo mejor, así podemos hacer algo en esta legislatura. Y si no podemos, porque la legislatura se termina, que lo retomemos de inmediato con el mismo consenso que ahora lo hemos traído cuando comience la próxima legislatura. Todo lo que avancemos creo que servirá. No hay trabajo estéril, no hay trabajo baldío. Aragón se hizo luchando y Aragón tiene que seguir haciéndose luchando. Nada se regala, ni siquiera el derecho a la plena autonomía.
Permítame, señor Presidente, medio minuto para terminar con unas palabras que no son mías, son de un gran aragonés, Julio Calvo Alfaro, que las pronunció en una conferencia, en el curso 1932- 1936, casi nada, pero hoy son perfectamente válidas. Decía: A España se la puede sentir e interpretar de muchas maneras y es injusta la actitud de aquéllos que creen que sólo se puede sentir a España como nación unitaria y que el que no lo hace así la traiciona. Los alemanes son muy alemanes a través de sus diversidades. Pero, sobre todo, el dilema para Aragón es de renacer o de perecer. Allá los aragoneses que, movidos por una concepción fanática de España, estén dispuestos a que se crucifique Aragón. Allá ellos. Por nuestra parte, una generación nueva inicia un movimiento de concentración de fuerzas y entre el paisaje de dejaciones aragonesas se da cuenta de que la única salvación de los aragoneses es centrar en Aragón todos sus esfuerzos. Desde el partido aragonés así lo vamos a seguir haciendo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy brevemente.
Subo a esta tribuna sólo para expresar en nombre del Grupo de Coalición Canaria la importancia de la votación que vamos a tener en favor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
No quisiera que mi intervención, por breve, se considerara una intervención de trámite. Creemos, con todo entusiasmo, que esta reforma que proponen las Cortes de Aragón es una iniciativa política importante, porque responde a la vocación, a la voluntad de un pueblo, que ha demostrado, en la movilización popular, con sucesivas manifestaciones y movilizaciones de diverso tipo, su voluntad de conquistar el autogobierno y su identidad. Nosotros no tenemos más que celebrar y felicitar a las Cortes de Aragón, a los Diputados que han intervenido, al consenso de todos los partidos políticos, porque, con la aprobación de este estatuto, empezamos a avanzar, desde la España del Estado de las Autonomías, de hecho, a una España de Estado federal; porque la propuesta de los aragoneses, en definitiva, marca ya los límites de un estatuto federal para Aragón, que creemos que responde a las necesidades objetivas del pueblo aragonés.
Mi felicitación, la de mi Grupo y nuestro apoyo entusiasta a la iniciativa de las Cortes de Aragón.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo parlamentario desea, en primer lugar, saludar la presencia de los señores Diputados de las Cortes Generales de Aragón y reconocer, también agradecer, la defensa que han hecho de esta iniciativa legislativa de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, una defensa repleta de convincente contenido, con su enlace histórico, con el que tanto nos sentimos unidos desde Cataluña, y repleto digo de razón, tanto en el proceso de elaboración de esta iniciativa como en lo que fundamentó en su momento esta iniciativa.
Señorías, estamos ante una propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía, en este caso presentada por las Cortes de Aragón, que pone de manifiesto el error de pactar en Madrid lo que cada comunidad autónoma tiene que decidir en su propio territorio, en su propio Parlamento. En el caso de Aragón, como en otros casos, el llamado pacto autonómico suscrito en su tiempo por el Partido Socialista y el Partido Popular, recibió el rechazo de la población y el rechazo indirecto en este caso de las propias Cortes de Aragón que, observando cuan pequeña le quedaba su autonomía, decidió, por unanimidad, buscar el consenso a través de una iniciativa, que es la que hoy se nos presenta, que pudiera dar cumplida formulación jurídica y constitucional a una solicitud yo diría mayoritaria en el pueblo aragonés. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor López de Lerma.
Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños y guarden silencio.
Cuando quiera, señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Digo, señor Presidente, que de hecho esta propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía que presentan hoy las Cortes de Aragón nace de la frustración de aquellos pactos y de la reacción contra ellos, porque nadie mejor --reitero-- que el propio Parlamento autonómico

Página 9722


para conocer cuál debe ser el contenido de cada uno de sus estatutos y, por tanto, cuáles deben ser las competencias legislativas y de gobierno.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, Grupo especialmente sensible al tema autonómico, reconoce esta iniciativa, la saluda, va a apoyarla y se manifiesta a favor, señor Presidente, del incremento competencial para las Cortes de Aragón, para su Gobierno y para su Parlamento.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, algunos que han querido hacer análisis de las características de los pueblos han dicho que los aragoneses somos tozudos. Yo creo que más bien constantes, porque, como aquí se ha señalado, ya en 1987 comenzó Aragón la modificación de su Estatuto de Autonomía, insatisfechos como estábamos del Estatuto de 1982. Quiero empezar recordando que éste es el primer Estatuto del consenso. El Grupo Comunista en 1982 no votó a favor del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Izquierda Unida en 1994 no votó tampoco la primera modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Esta es, por tanto, la primera vez que nosotros vamos a votar a favor de una modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Yo creo, señorías, que ésta es una cualidad a resaltar de esta modificación de este Estatuto: la unanimidad que ha tenido en las fuerzas políticas. Es cierto también que la unanimidad de las fuerzas políticas no ha sido obtenida sin esfuerzo --no sólo por ese trabajo desde 1987, llevamos muchos años trabajando por el consenso--, sino que han sido los ciudadanos, a los que se hurtó la participación mediante referéndum en el procedimiento estatutario cuando se decidió que la vía para Aragón era la del 143 y no la del 151, los que la han reclamado. Se ha hecho empujados por la presión de los ciudadanos en la calle, año tras año, miles de ciudadanos. Quiero recordar aquí a SS. SS. que, un 15 de noviembre de 1992 varios miles de ciudadanos aragoneses estuvieron a la puerta de este Palacio del Congreso pidiendo y reclamando la autonomía plena. Han sido los ciudadanos los que han reclamado el consenso de todas las fuerzas políticas.
Esa es la razón de nuestro voto. Esta es la reforma para la autonomía plena. Y no es porque Aragón tenga derecho sólo. Desde luego, lo tiene porque han transcurrido los cinco años; tiene derecho porque es una de las nacionalidades históricas de este país. El territorio actual de Aragón es la única comunidad autónoma del Estado Español que mantiene sus fronteras sin inmutarse durante siglos; es la única de las comunidades autónomas que históricamente durante más siglos ha permanecido inalterada. Si se trata de cultura o de lengua, quiero recordar a SS. SS. que Aragón es trilingüe, tenemos tres lenguas en el territorio de Aragón y evidentemente la trayectoria cultural.
Pero no es un problema de derechos históricos, es un problema de voluntad política de los aragoneses que, como he dicho, han reclamado año tras año la plena autonomía para su comunidad autónoma.
¿Qué sentido tiene entonces que en el Congreso de los Diputados se ponga trabas a este consenso de todas las fuerzas políticas de Aragón y a esta voluntad manifestada por todos los ciudadanos? ¿Qué sentido tienen los dieciséis meses que ha estado el proyecto de estatuto sin tramitar? ¿Qué sentido tienen las trabas que sucesivamente se han puesto a lo largo de este año? No se aceptó que el estatuto de autonomía de Aragón, con el resto de estatutos de autonomía pendientes, se tramitasen dos cada mes.
No se aceptó que en los meses en que decaían las iniciativas se incluyera una nueva iniciativa. No se aceptó en el pasado mes de octubre. Sólo cuando los que están presos de los pactos autonómicos de 1992, el Partido Socialista y el Partido Popular, han tenido la certeza, la seguridad, de que este trámite iba a ser vacuo, sólo cuando han tenido la certeza y la seguridad de que no iba a continuar la tramitación del estatuto de autonomía plena de Aragón, sólo en esa ocasión han permitido que,en un día 21 de noviembre, estemos votando la toma en consideración de este estatuto de autonomía de Aragón. ¿Qué sentido tiene, por tanto, enfrentarse a la opinión mayoritaria de los ciudadanos? Otra de las cualidades que se nos achaca a los aragoneses es que somos claros, que somos sinceros. Yo emplazo a las dos fuerzas políticas que acordaron el pacto autonómico de 1992, que además dijeron a los aragoneses que ese pacto no impediría la autonomía plena, a que digan aquí y ahora, puesto que a continuación van a intervenir en esta tribuna, si hay algún inconveniente de dificultad constitucional para asumir este estatuto; que lo digan aquí y ahora. Que digan también aquí y ahora por qué no han querido que se tramite el estatuto de autonomía plena de Aragón hasta esta fecha.
También diré una cosa, todavía estamos a tiempo. Quiero recordar a SS. SS. que en un 5 de febrero de 1991 se votó la toma en consideración de siete modificaciones estatutarias. Pues el 28 de febrero del mismo año, veintitrés días tan sólo después de la toma en consideración, los estatutos estaban aprobados con carácter definitivo por el Senado. Por tanto, señorías, quiero apelar a la voluntad política de los partidos mayoritarios, de los partidos del pacto autonómico de 1992: si queremos todos todavía estamos a tiempo, a pesar de que esta mañana en la Mesa y en la Junta de portavoces el Partido Socialista y el Partido Popular han votado en contra de la iniciativa de Izquierda Unida de que se tramitase por lectura única. Todavía estamos a tiempo, porque aquí está toda la Cámara. Señorías, no podemos convertir este trámite en una mera farsa,

Página 9723


porque se acercan las elecciones, porque el Partido Socialista y el Partido Popular tienen la seguridad de que no se va a tramitar el estatuto que no quieren, el estatuto de autonomía plena de Aragón. No puede ser una nueva farsa porque se acercan las elecciones. Ya nos lo hicieron en las elecciones de 1993, ya dijeron: No se preocupen, al día siguiente de la modificación del Estatuto que se aprobó en esta Cámara en 1994, fruto de los pactos autonómicos, al día siguiente se iniciará la tramitación de la autonomía plena.
¿Qué pasa, que ahora, otra vez, porque se acercan las elecciones, pretenden engañarnos a todos los aragoneses diciendo: No preocuparse, se va a tomar en consideración? Todos sabemos que de nada sirve la toma en consideración si no se sigue tramitando.
Señorías, si se disuelven las Cámaras habrá que reiniciar de nuevo el proceso. ¿Qué significa reiniciar el proceso? ¿Otra vez esperar dieciséis meses, otra vez esperar hasta las vísperas electorales de la siguiente legislatura para que con nuevas promesas se vaya engañando? Señorías, si realmente hay voluntad política de que Aragón tenga su plena autonomía, porque tiene derecho a ello, porque han transcurrido ya los cinco años previstos en la Constitución, pero, sobre todo, porque todas las fuerzas políticas aragonesas, por primera vez, por unanimidad, lo piden, y todos los ciudadanos aragoneses año tras año nos han exigido a sus representantes que luchemos por la autonomía plena, por esas dos razones Aragón debe tener esa autonomía plena.
Si queremos, antes de que se disuelva esta Cámara se puede conseguir. Por eso emplazo a los dos grupos mayoritarios que ahora van a intervenir a que digan claramente cuál es su posición sobre el contenido del Estatuto; si hay algún inconveniente constitucional, si va contra los pactos que han hecho mutualmente. Que lo digan ahora y aquí para que los ciudadanos sepan qué es lo que cada uno piensa, al margen de que la cercanía electoral haga decir cosas que realmente no se piensan.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, subo nuevamente a esta tribuna, desde la cual, a lo largo de diez años, he tenido bastantes intervenciones, y lo hago seguramente para realizar mi última intervención como Diputada en este Congreso; y subo para hablar de un tema regional. Quizá las circunstancias de la vida nos cierran ciclos casi sin que nos demos cuenta. Yo empecé --y permítanme SS. SS. una referencia personal-- mi actividad política en las Cortes de Aragón y precisamente hoy subo a hablar de un tema que es una iniciativa de las Cortes de Aragón y que ha sido presentado aquí por representantes políticos en esas Cortes de Aragón. Subo a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con especto a la toma en consideración de esta proposición de ley, que fue aprobada por unanimidad, como ya se ha dicho, el 30 de junio de 1994 por las Cortes regionales y que, de acuerdo con nuestro Ordenamiento Constitucional, tiene que seguir su tramitación en las Cortes Generales por cuanto afecta a una Ley Orgánica de desarrollo constitucional.
Muchas cosas se han dicho ya sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón y algunos juicios de valor e inexactitudes se han vertido desde esta tribuna. Efectivamente, la Constitución de 1978, que aprobamos por consenso y que fue mayoritariamente aceptada por todos los españoles, introdujo un cambio importante en el modelo territorial español. Pasamos de un Estado centralizado a la España de las autonomías, y con la aprobación de los estatutos, a partir del año 1981, se fue poniendo en marcha lo que hemos conocido como la España de las autonomías.
Yo no voy a hacer historia, no me voy a retrotraer a cuáles fueron los debates de los años 1981 y 1982 ni a cuál hubiera sido la situación si los aragoneses, al igual que las llamadas comunidades históricas, más Andalucía, hubiéramos accedido a la autonomía por el artículo 151, en lugar de haberlo hecho a través de la vía del artículo 143. Lo que sí es cierto es que nuestra Constitución dejaba la puerta abierta para que, cinco años más tarde de la aprobación de los estatutos de autonomía, aquellas comunidades que accedimos por el artículo 143 pudiéramos revisar nuestros estatutos. Esto significa que se podría haber iniciado su revisión a partir del año 1987-1988.
¿Por qué no se inició ese proceso en España? Desde luego, algunas fuerzas políticas tienen más responsabilidad que otras, por cuanto en el año 1988 había una fuerza política en España, el Partido Socialista, que gobernaba con mayoría absoluta en las dos Cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que si hubiera tenido voluntad política de seguir adelante con el Estado de las autonomías contemplado en nuestra Constitución, en estos momentos, 1995, no estaríamos hablando de revisión de estatutos, ni del de Aragón ni del de ninguna otra comunidad autónoma.
Quizás al Partido en el Gobierno, entonces y ahora, le convenía, por intereses de partido, por intereses de gobierno, tener abierto el modelo autonómico y trasladar «sine die» el cierre de ese diseño hasta momentos políticos más interesantes para ellos.
Aquí se ha hablado del pacto autonómico de 1992 y se han hecho juicios de valor de cómo nos afectaba a los aragoneses --algo diré a continuación sobre ello--. Fue necesario que en 1992 se llegase a un pacto autonómico que no era el diseño autonómico del Partido Popular: lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho a los miembros del Partido Popular de Aragón en la tierra y fuera de ella, y yo aprovecho para decirlo hoy aquí en esta tribuna, como también lo repetí cuando debatimos la reforma del

Página 9724


Estatuto de Aragón de 1992. No era nuestro modelo autonómico, pero lo que sí es cierto es que cuando se firmaron esos pactos políticos el Partido Socialista tenía mayoría absoluta y el Partido Popular tenía 106 escaños. Por tanto, conseguimos llegar hasta donde pudimos forzar las máquinas del Partido en el Gobierno, pero que no se intente confundir, como no se ha confundido a la opinión pública aragonesa: no era el modelo autonómico del Partido Popular, sino, en aquellos momentos, hasta donde se pudo llegar con el Partido en el Gobierno.
En estos momentos, como decía en un principio, estamos en el trámite de toma en consideración del modelo autonómico que las Cortes aragonesas han aprobado y proponen a estas Cortes Generales. Aquí se ha dicho --y haré referencia a continuación-- que, una vez más, se intentaba engañar. Yo creo que cuando en esta Cámara se debate una toma en consideración de una proposición, se está manifestando la voluntad política con respecto al trámite de esa proposición de ley. Lo que se está haciendo --y así lo va a decir el Grupo Parlamentario Popular con su voto afirmativo-- es que esta proposición de ley remitida por el Parlamento autonómico aragonés siga adelante en su trámite parlamentario y que Aragón, quizás una vez más, sirva de punta de lanza en lo que seguramente serán las demandas de otras comunidades autónomas.
Se ha hablado aquí y se habla en Aragón de autonomía plena. Yo solamente quiero hacer una llamada de atención sobre el término que hemos acuñado y que seguramente se utiliza con distintos significados, que seamos conscientes --y aquí nos sentamos diputados aragoneses-- de que la autonomía plena no es un fin, como desde algunas fuerzas políticas se pretende, sino que única y exclusivamente es un medio para conseguir un Aragón más equilibrado y, sobre todo, en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas y básicamente las vecinas.
Pero hay que recordar algo. Es difícil tener autonomía sin una financiación adecuada. La autonomía política sin financiación económica se queda coja, es un binomio que necesita las dos partes para poder existir y funcionar. Y hablando de financiación, es necesario también recordar aquí cuál ha sido la actitud del Gobierno central, que desde el año 1988 debería haber aplicado los principios contemplados en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la Lofca, que, cuando fue aprobada en el año 1983, fijó unos criterios y un plazo de financiación transitorias. Pues bien, este es el momento en el cual los criterios contemplados en la Lofca han sido aplicados. Nada se ha sabido de las asignaciones para nivelación de los servicios y, desde luego, el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial, que nació y se contempló en nuestra Constitución precisamente para lo que su nombre significa, que es compensar los distintos territorios de la nación española, no sirvió para eso.
Hablando de financiación, hay que hablar de corresponsabilidad fiscal. Desde luego no ha sido el modelo que siguió el Gobierno socialista hace dos años con la transferencia del 15 por ciento, quizá porque, una vez más, lo que pretendió el Gobierno de la nación no fue la mejor política autonómica y equilibrada para todo el territorio nacional, sino tener equilibrios de gobierno y equilibrios de mayorías y minorías en esta Cámara.
Es preciso --y en este momento ya no me refiero única y exclusivamente al texto del Estatuto de Aragón-- que para todas las autonomías se definan las competencias, las que son del Estado, intransferibles e indelegables; es preciso también que el paso siguiente sea la definición de las competencias que son susceptibles de transferencia o delegación a las comunidades autónomas y, a continuación, como decía hace un momento, el modelo de financiación basado en un principio de corresponsabilidad fiscal.
Se han vertido argumentos, juicios de valor y comentarios dirigidos en algunas ocasiones por parte de compañeros Diputados en esta Cámara que me han precedido en el uso de la palabra con respecto a otras fuerzas políticas y, en concreto, al Partido Popular. Se ha dicho que la teoría de los pactos globales, la teoría de pacto de 1992, no había sido entendida por el pueblo aragonés, y para ello se ha hecho referencia a las manifestaciones en las cuales casi todos los representantes políticos estuvimos y, desde luego, esta Diputada que les habla.
Y se ha dicho también que en período preelectoral el Partido Popular ha intentado engañar a los aragoneses. No hay mejor medida para tener en cuenta cuál es ese sentir que los resultados en las urnas y yo debo decir que tenemos muy cerca unas elecciones autonómicas celebradas el 28 de mayo de este mismo año. Los aragoneses no se habrán sentido muy engañados por el Partido Popular cuando de 67 parlamentarios de las Cortes regionales, el Partido Popular tiene 27 y otras fuerzas políticas que dicen que hemos engañado a los aragoneses tienen 14 o 5.
Nada más lejos de mi intención ni de la de los compañeros del Partido Popular que arrogarme la representación de todos los aragoneses. Cada uno tenemos la representación que las urnas nos han deparado y, desde luego, el 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales el Partido mayoritariamente votado a distancia de otros partidos ha sido el Partido Popular.
Se ha hablado también de que el Partido Popular había intentado dilatar el debate de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía. Lo que no se ha dicho con claridad es que, al tiempo que el Estatuto de Autonomía, había un número importante de iniciativas de otros parlamentos regionales que habían llegado a esta Cámara, en algunos casos dos y tres años antes de la fecha en que llegó el Estatuto de

Página 9725


Autonomía de Aragón, y que el criterio que se fijó en la Junta de Portavoces fue el de seguir el orden cronológico, al objeto de no establecer agravios comparativos entre comunidades.
Yo sé que es muy fácil llegar a la Comunidad Autónoma de Aragón y emitir estas opiniones de una manera sesgada, quizá porque en algún momento se intenta patrimonializar los intereses de los aragoneses. Los intereses de los aragoneses los defendemos todos los que estamos en política y también, desde luego, como decía antes, queda perfectamente claro la confianza que los aragoneses tienen en cada fuerza política cuando van a las urnas y emiten su opinión mediante una papeleta.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rudi, le ruego concluya.


La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, termino en dos minutos.
Pues bien, no es ésa la realidad, sino que única y exclusivamente se ha pretendido aplicar un criterio objetivo, que era el de la fecha de orden cronológico para no crear agravios comparativos.
El señor Martínez, de Izquierda Unida, ha hecho referencia a un acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces. No es un acuerdo de la Mesa, señor Martínez, es acuerdo de la Junta de Portavoces. Se lo digo para no inducir a confusión. La Mesa calificó el proyecto de ley remitido por la Cámara y hoy ha sido en la Junta de Portavoces cuando se ha solicitado la urgencia; no se ha visto en la Mesa. (Rumores.) En cualquier caso, documentos escritos quedan. Sé que se ha pedido en la Junta de Portavoces que se tramitara por urgencia y en lectura única y el señor Martínez, para argumentar su posición, ha hecho referencia a modificaciones estatutarias del año 1991, modificaciones estatutarias concretas que afectaban de una manera escasa, por no decir nula, al contenido enjundioso de los estatutos de autonomía.
El texto del Estatuto de Autonomía de Aragón que viene hoy aquí y que estamos tomando en consideración --y no coincido con las tesis mantenidas por el señor Mauricio, no es que podamos ir camino de la España federal; este Estatuto de autonomía, señor Mauricio, es un modelo contemplado en la Constitución-- contiene modificaciones de suficiente calado político, que no sólo afectarían a la Comunidad Autónoma de Aragón, sino también a todo el modelo autonómico, como para que el Grupo Parlamentario Popular entienda que deba ser debatido, sin prisa pero sin pausa, y con el debido sosiego. El señor Martínez hacía referencia a que éste había sido el Estatuto de Autonomía del consenso. Pues bien, debemos conseguir entre todos que lo que se modifique en estos momentos goce de un debate con el consenso y sosiego suficientes con el fin de que no esté sometido a posteriores modificaciones.
Señor Presidente --y con esto termino--, quiero dejar clara la posición política del Partido Popular, que ya había sido puesta de manifiesto en la intervención en esta tribuna de mi compañero en las Cortes regionales, señor Gimeno. No se lancen dobles mensajes a los aragoneses, que cada uno sepamos la responsabilidad que tenemos y que también sepamos que la modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón únicamente la podrá hacer en solitario aquella fuerza política que pueda tener mayoría en esta Cámara y, desde luego, hay algunas fuerzas representadas en Aragón que nunca la tendrán.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Comenzaré, en primer lugar, saludando a los representantes de las Cortes de Aragón que nos acompañan hoy y que han defendido el texto de la reforma.
El voto de nuestro Grupo va a ser positivo porque consideramos que existe hoy en Aragón una demanda plasmada en el texto que nos envían las Cortes de Aragón y en manifestaciones públicas de los ciudadanos aragoneses.
Esta reforma de Estatuto viene después de lo que comienza a ser historia respecto de la autonomía aragonesa. El Estatuto fue aprobado siguiendo la iniciativa del artículo 143. Hoy hemos oído aquí que distintas fuerzas políticas se distancian de ese planteamiento inicial. Yo quiero que todas SS. SS. mantengan la memoria política sobre lo que cada fuerza política hizo en su momento.
El texto de ese artículo fue tramitado a través del artículo 143 de la Constitución. Se inició en San Juan de la Peña, se debatió a todos los niveles en la Asamblea de parlamentarios, se debatió también en la Cámara --yo, como Diputado, he sido coprotagonista de todo ese proceso-- y, finalmente, fue aprobado en 1982. Posteriormente, los acuerdos autonómicos suscritos entre el Partido Socialista y el Partido Popular dieron pie a una reforma de este Estatuto, reforma que se tramitó por las Cortes de Aragón con la mayoría suficiente, que vino y se debatió en esta Cámara y que ha sido aprobada en el año 1994. Sin embargo, esta reforma ha sido objeto de fuertes críticas por parte de algunas formaciones políticas en el seno de las Cortes de Aragón, dio origen a un debate social en la Comunidad

Página 9726


Autónoma, con manifestaciones que aquí se han citado, en particular la del 23 de abril del año 1992, Aragón, a través de sus instituciones, plantea la necesidad de proceder a una nueva reforma del Estatuto y, de alguna manera, la reforma que hoy discutimos es el fruto de ese debate que se produce fundamentalmente en las Cortes de Aragón. Ese texto que hoy se nos envía con el apoyo de todos los grupos, se debe tramitar como ley orgánica, tal y como señala el artículo 147.3 de la Constitución.
Respecto a la toma en consideración de este texto, ya he dicho que el voto de nuestro Grupo va a ser positivo, para poner de manifiesto nuestra posición política de admitir la necesidad de una reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que responda a las demandas que antes he señalado. Tengo que decir también que nuestro voto favorable no presupone la conformidad con todo el texto que se somete a votación. Pensamos que este texto, en su debate y tramitación parlamentaria, precisará modificaciones que se deberán hacer teniendo en cuenta el desarrollo global del Estado de las autonomías y por amplio acuerdo entre las fuerzas políticas. Cualquier modificación que se proponga debe ser acordada por las fuerzas políticas, como ha sido la norma de funcionamiento en todo el desarrollo constitucional y, en particular, en el desarrollo estatutario.
Sin pretender ser exhaustivo, sí me gustaría señalar alguno de los puntos en los cuales nuestro Grupo pretende introducir modificaciones al texto que se nos envía desde las Cortes de Aragón. El artículo 47 del texto propone un sistema de financiación que, desde nuestro punto de vista, se tiene que considerar difícilmente constitucional. La Constitución, en su artículo 157.3, remite a una ley orgánica la regulación de las competencias financieras de las comunidades autónomas. Esta Ley, la Lofca, se aprobó en esta Cámara en el año 1980 y, en mi opinión, no es compatible con el convenio bilateral que recoge el artículo 47 del texto. La aprobación de tal texto supondría una solución singular y específica para la Comunidad Autónoma de Aragón en contra de la previsión constitucional y, de generalizarse, podría plantear una dispersión significativa de los modelos de financiación autonómica que rompería con el actual modelo de desarrollo autonómico. Nosotros pensamos que es claramente incompatible con la Lofca y que su aprobación significaría poner en cuestión todo el desarrollo del sistema de financiación de las comunidades autónomas hasta ahora en marcha.
Por tanto, nuestra oposición es muy crítica con todo el sistema de financiación que se contiene en esta reforma de Estatuto.
Otro punto al que me gustaría referirme es que el texto incide en la autonomía municipal que establece la Constitución en su artículo 140, así como en la suficiencia de medios económicos de los entes locales que se recoge en el artículo 142 de la Constitución; principios constitucionales desarrollados, como SS.
SS. saben, por la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En efecto, el artículo 46 de este texto considera recursos propios de la comunidad autónoma los que han sido transferidos o delegados por las corporaciones locales, y establece la tutela financiera de los entes locales. Tal figura, señoras y señores Diputados, no existe ni en la Constitución ni en la Lofca, por tanto, su aprobación volvería a suponer una ruptura con el modelo de financiación que tenemos en vigor en las comunidades autónomas, en el sistema autonómico. Esto está en contradicción con los principios del desarrollo constitucional y del desarrollo legal, que es la Lofca. Más aún, tenemos que tener en cuenta que modificar esos planteamientos significaría tener que modificar, en este caso, la Lofca, e iría en la dirección contraria a reafirmar la autonomía municipal; vocación política que ha puesto de manifiesto la reciente Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta Asamblea ha hablado de transferencias desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Sin embargo, en este texto se habla de transferencias de sus tributos de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, lo cual iría en contradicción con el espíritu desarrollado en esa asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, el artículo 52 impone la colaboración en la gestión, en la liquidación, en la recaudación e inspección de los tributos locales, lo que aparece como una delegación forzosa en menoscabo de la autonomía municipal. En contra, pues, de planteamientos políticos sustentados por los grupos mayoritarios de esta Cámara en esa reciente asamblea, la reforma del Estatuto de Autonomía pretende una tutela sobre los ayuntamientos que nos parece incompatible con la reafirmación de la autonomía municipal, que desde esta Cámara nuestro Grupo pretende apoyar.
No voy a entrar en el detalle respecto del resto de los problemas, pero hay otras cuestiones que entran en contradicción, no tanto con el texto de la Constitución como con el desarrollo de la misma, porque, como SS. SS. saben, a lo largo de estos años ha habido un número muy elevado de sentencias del Tribunal Constitucional señalando y delimitando el alcance de las competencias estatales y de las comunidades autónomas. En muchos casos es discutible alguno de los planteamientos que se hacen en este texto.
El planteamiento político de nuestro Grupo es el de dar un voto positivo a esta reforma de Estatuto que, desde nuestro punto de vista, significa la voluntad política de que, efectivamente, exista una reforma, pero una reforma cuyos contenidos tendrán que ser modificados durante su tramitación parlamentaria con un espíritu y con una vocación de entendimiento y de encuentro, no solamente en el seno político de las Cortes de Aragón, en el que ya ha habido ese entendimiento

Página 9727


--que saludamos positivamente--, sino también en el seno de las Cortes Generales y teniendo en cuenta los intereses generales de nuestro país, el desarrollo de la Constitución y el desarrollo autonómico, que, desde nuestro punto de vista, tienen que ser los elementos básicos que han informado hasta ahora los acuerdos constitucionales respecto de las autonomías y que deben seguir informándolos. Nos parece que el desarrollo autonómico se debe llevar a cabo por consenso en las Cortes Generales, que es negativo que cada comunidad autónoma nos proponga modelos radicalmente diferenciados o que supongan una dispersión en los mecanismos de financiación o en los mecanismos de actuación autonómica. En todo este proceso hubiera sido necesario que, puesto que hubo unos acuerdos autonómicos que afectaban a la Comunidad Autónoma de Aragón, no hubieran sido rotos unilateralmente, que se hubieran mantenido. Y si es necesario modificar los acuerdos, modifíquense, pero no se rompan unilateralmente teniendo solamente en cuenta los intereses de mantener una cierta armonía en el seno del Gobierno de Aragón o de adornar una determinada visita del jefe de filas político a una comunidad autónoma.
Pensamos que los planteamientos políticos, actuando con responsabilidad, deben ser los de buscar tal progresión en el modelo autonómico, en un modelo autonómico global, tratando de encontrar el consenso entre las fuerzas políticas y no rompiendo en ningún caso unilateralmente, lo cual nos parece una irresponsabilidad, los acuerdos que se habían mantenido.
Para terminar señalaré que, efectivamente, las Cortes de Aragón nos traen y apoyan con fuerza, como hemos visto hoy, esta reforma del proyecto de estatuto. Este es uno de los temas que suscitan preocupación y es una de las prioridades en la opinión pública aragonesa. No es la primera prioridad. En una encuesta que se publicaba este fin de semana en un medio de prensa aragonés, aparecía como la quinta entre las prioridades establecidas por los ciudadanos en una consulta popular, detrás de temas como el desempleo, el agua u otros problemas que preocupan más a los aragoneses. Pero, sin duda alguna, es uno de los temas de mayor preocupación en el seno de la comunidad aragonesa. Es por eso por lo que nuestro Grupo quiere acoger positivamente esta iniciativa.


Desde mi punto de vista, me parece muy importante que aquí hoy todos los grupos parlamentarios vayamos a votar positivamente la toma en consideración de este proyecto de reforma del Estatuto, que debe tramitarse como ley orgánica, en el cual pretendemos, a lo largo de su tramitación, introducir modificaciones y que las mismas se hagan en función del desarrollo autonómico razonable de la Constitución y con acuerdos con amplia base parlamentaria.
Nada más por nuestra parte. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz Lorenzo (El señor Martínez Blasco pide la palabra.) Señor Martínez Blasco, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, al amparo de los artículos 70 y 71 del Reglamento, por una manifiesta inexactitud que se ha producido a lo largo del debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene S. S. la palabra.


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
La señora Rudi, que es Secretaria de esta Cámara, ha incurrido en una importante inexactitud, puesto que tanto el artículo 150 del Reglamento, como el apartado 4.º de la resolución de 1993, que regula la tramitación de los estatutos de autonomía, dicen que el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que el Estatuto se tramite directamente y en lectura única. Quiero decir, por tanto, que la Junta de Portavoces no es la que ha desestimado esta mañana la petición.
Ha sido la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.
Tal vez la señora Rudi, que se encontraba en un acto social, no se hallaba presente en la reunión de la Mesa de la Cámara, cuando lo ha decidido, defendiendo los intereses de nuestra Comunidad Autónoma. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, para seguir precisando las «precisiones» --entre comillas-- del señor Martínez.
En primer lugar, debo decirle que a la reunión que se ha celebrado esta mañana de la Mesa --a las actas me remito--, en su horario habitual de las diez, no ha llegado ningún documento solicitando que la proposición de ley remitida por las Cortes de Aragón se tramitara en lectura única.
En segundo lugar, después de la reunión de la Mesa de la Cámara esta Diputada no estaba en un acto social. Esta Diputada estaba representando a la Cámara, acompañando a S.M. en la cuestación de la Cruz Roja. Por tanto, que quede claro dónde estaba ejerciendo como Secretaria de la Mesa, al mismo tiempo que la señora Frías, Secretaria del Partido Socialista. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El señor De Rato Figaredo: ¡Machista!) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Vamos a pasar a la votación correspondiente (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

Página 9728


El señor PRESIDENTE: Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, formulada por las Cortes de Aragón. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; votos a favor, 310; votos en contra, tres; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aceptada en votación de totalidad la propuesta de reforma.


MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: Se somete al Pleno la exclusión del orden del día de la presente sesión del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado don José Ramón Lago Freire. ¿Acuerda la Cámara la exclusión de este punto? (Asentimiento.) Queda aprobada.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley orgánica sobre alteración de los límites provinciales, consistente en la segregación del municipio de Gátova de la provincia de Castellón y su agregación a la de Valencia. ¿Acuerda la Cámara la tramitación directa y en lectura única? (Asentimiento.) Queda aprobada.
La Mesa, asimismo, oída la Junta de Portavoces, y de acuerdo con el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROPOSICIONES DE LEY:

El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley de montes y aprovechamientos forestales.
¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y votación final de esta proposición de ley? (Asentimiento.) Queda aprobada.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA (Continuación.):

--DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS (Número de expediente 127/000016)

El señor PRESIDENTE: Propuesta del Parlamento de Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
Para la defensa de la propuesta tiene la palabra, en primer lugar, el señor Bravo de Laguna. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Bravo de Laguna.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Bravo de Laguna Bermúdez): Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy es un día importante para la autonomía de Canarias, pues se trae a este Congreso la aprobación, en su caso, de la toma en consideración de la iniciativa del Parlamento de Canarias sobre reforma de su Estatuto de Autonomía. Permítanme SS. SS.
decir que siento una especial emoción al subir de nuevo a esta tribuna después de haberla ocupado en numerosas ocasiones durante mi etapa como Diputado nacional por la provincia de Las Palmas entre 1977 y 1989. Y esa emoción es especialmente intensa hoy porque se trata, como dije antes, de un tema de especial trascendencia para nuestra comunidad autónoma. Hoy vengo en mi condición de Diputado del Parlamento de Canarias, que me honro en presidir, para defender ante SS. SS. el voto favorable de la toma en consideración de la reforma del Estatuto. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Bravo.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Bravo.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Bravo de Laguna Bermúdez): Fue en una sesión similar a ésta, el 12 de mayo de 1982, cuando se aprobó por el Congreso el Estatuto de Autonomía de Canarias, que luego se convirtió en la Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982. Entre aquel día de mayo de 1982

Página 9729


y este final de 1995 parece que se hubiese tendido una especie de puente, del que me siento especialmente orgulloso por haber estado en su inicio y en su finalización.
Señorías, la autonomía de Canarias es complicada. Sin embargo, en 1982, y confío que también en 1995, el voto de esta Cámara fue prácticamente unánime: a favor entonces de la aprobación del Estatuto, y espero que en esta ocasión a favor de la toma en consideración. Porque las razones, señorías, que movieron a los grupos parlamentarios entonces a dar ese voto afirmativo son, a mi juicio, muy similares a las que justificarían también el voto afirmativo de SS. SS. a esta toma en consideración.
Prácticamente, aquel inicio de la autonomía --naturalmente incierto,como todo inicio-- en desarrollo del Título VIII de la Constitución se ha consolidado hoy. Aquella autonomía que nació sin recursos, sin medios, sin transferencias, hoy gestiona nada menos que un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesetas.
Pues bien, señorías, las razones políticas son, sin embargo, idénticas. Tres son fundamentalmente las consideraciones que yo quiero transmitir a SS. SS. para la aprobación de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. En primer lugar, porque entonces, cuando se aprobó el Estatuto, y ahora, en su reforma, se trata de un buen estatuto de autonomía, un estatuto con un máximo techo competencial; en segundo lugar, porque se trata de un estatuto adaptado a la singularidad canaria; y en tercer lugar, por el valor político del propio consenso conseguido entre las fuerzas políticas canarias, ahora, nacionales entonces, y espero que también las fuerzas políticas que se sientan en este Congreso lo apoyen. Un estatuto de máximo nivel competencial, que fue complementado en su día con una ley orgánica de transferencias, la llamada Lotraca que completó el marco competencial de tal manera que Canarias, desde el principio, pudo equipararse a las autonomías de mayor nivel en materia de educación, en materia de obras públicas, en materia de sanidad y en tantas otras competencias.
Una segunda razón, porque el Estatuto de Autonomía y su reforma se adaptan a la singularidad canaria, desde el tratamiento de los cabildos insulares, el acogimiento del régimen económico y fiscal de Canarias, la posibilidad de la audiencia previa de la Comunidad Autónoma de Canarias en la negociación de aquellos convenios o tratados internacionales que afecten de manera singular al archipiélago, hasta el desarrollo de la disposición adicional tercera de la Constitución, en cuanto que recoge también la audiencia previa del Parlamento de Canarias para cualquier modificación de su régimen económico fiscal, y el propio tratamiento electoral, siempre complejo, siempre difícil en Canarias, adaptado a la realidad insular. En definitiva, señorías, un estatuto de autonomía que se adapta, yo creo que muy bien, a las singularidades de Canarias, de tal manera que, estando en el marco del desarrollo del Título VIII de la Constitución, sin embargo, tiene las singularidades que exige nuestro archipiélago.
Y una tercera razón, señorías, el propio valor del consenso político. El consenso político alcanzado en Canarias ha tardado en llegar. Hemos estado trabajando en esta reforma del Estatuto casi tres años. Ha sido un trabajo intenso y complicado, pero, al final, las fuerzas políticas que nos sentamos en el Parlamento de Canarias aprobamos por unanimidad, el 20 de diciembre de 1994, la iniciativa que hoy se ve ante el Congreso; y lo fue por unanimidad de los 59 Diputados, presentes entonces, de los 60 que componen la Cámara regional. ¿Y por qué? Porque entendimos que por encima de las diferencias políticas que puedan surgir entre los distintos grupos parlamentarios en la Cámara regional, con independencia de la distinta concepción sobre la autonomía, sobre la definición de la propia comunidad autónoma, sobre los techos competenciales, sobre las circunscripciones electorales y sobre tantas cuestiones que han enconado muchas veces la vida política canaria estaba el acuerdo básico institucional en Canarias para sacar adelante también la reforma estatutaria.
Ese valor es importante, señorías, porque da tranquilidad y sosiego a los ciudadanos de Canarias. Canarias es una comunidad autónoma que está en medio de una especie de contradicción, porque por una parte es una comunidad casi con el mayor índice de paro de toda España, con una crisis económica importante desde el punto de vista de la marginación social, pero al mismo tiempo es una comunidad con una gran potencialidad de futuro, que está creciendo hoy en producto interior bruto, junto con Baleares, por encima de la media nacional, y en consecuencia, señorías, el sosiego y la tranquilidad política que puede dar ese consenso estatutario sobre la reforma institucional básica de Canarias nos parecen un valor esencial.
Señorías, por las tres razones que motivaron la aprobación en su día prácticamente unánime de este Congreso y que son básicamente idénticas a las que yo he enunciado hoy, pido el voto favorable del Congreso de los Diputados para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo de Laguna.
En nombre del Parlamento de Canarias, tiene también la palabra el señor Belda Quintana.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Belda Quintana): Señor Presidente, señorías, decía el ilustre investigador francés Sabino Berthelot, allá por el siglo XVIII, al referirse a las inscripciones en piedra de los antiguos pobladores de las Islas Canarias, que algunas de ellas son signos de lo más extraño y no pueden relacionarse con ninguna

Página 9730


figura o representación que ilumine el espíritu. Pues bien, esperemos que este acto de hoy no se convierta, tal y como opinaba Berthelot de aquellas escrituras guanches, en algo extraño, sin significado y sin ulteriores consecuencias, por los efectos que se puedan derivar del retraso de casi un año de este trámite parlamentario desde que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la propuesta y la remitió a esta Cámara.
A nuestro entender, esta reforma tendría que haber estado perfectamente tramitada y aprobada por las Cortes Generales desde hace varios meses. Después de más de tres años de trabajo en una comisión de estudio en el Parlamento de Canarias se han incorporado aproximadamente unas treinta y cuatro modificaciones, de las cuales queremos destacar las siguientes. En primer lugar, la introducción de la consideración de nacionalidad para Canarias, cuestión ésta que no formuló inicialmente ninguna otra fuerza política salvo Coalición Canaria. Canarias es una nacionalidad siguiendo la tradición del pensamiento político que ya desde el último tercio de siglo pasado marcaron personajes canarios como Nicolás Estévanez, continuada durante el cambio de siglo por Secundino Delgado hasta llegar a la Segunda República con José Franchi y Roca o Ramón Gil Roldán, quien llegó a elaborar un proyecto de estatuto de autonomía que iba a ser discutido en una asamblea prevista para celebrarse el 18 de julio de 1936, reunión que nunca llegó a celebrarse por razones obvias.
En segundo lugar, la inclusión de la necesidad de que la comunidad autónoma ejerza sus competencias en las aguas que rodean a las islas. Somos un archipiélago con espacios marítimos y terrestres, no islas suspendidas en el vacío, somos una comunidad autónoma insular, no continental.
En tercer lugar, la profundización de las disposiciones actuales sobre la participación del Gobierno de Canarias, junto al Estado, en las negociaciones con la Unión Europea de los asuntos que afecten específicamente a Canarias. Somos la única comunidad autónoma del Estado con un status jurídicamente diferenciado en Europa. Canarias ha sido declarada región ultraperiférica, junto con regiones como Madeira o Azores. Además, nuestro régimen, de integración en Europa ha cambiado desde el año 1985 y nos son de aplicación numerosas disposiciones comunitarias específicas, derivadas de la lejanía y la insularidad.
En cuarto lugar, se introduce la posibilidad de atribuir más facultades a la Comunidad Autónoma en relación con los impuestos derivados de nuestro régimen económico y fiscal. Régimen especial que constituye, en definitiva, nuestro acervo histórico, reconocido por la propia disposición adicional tercera y artículo 45 de nuestro Estatuto.
Existen temas que, en aras del consenso y la unanimidad conseguida en Canarias, hemos dejado en el tintero. Sin embargo, el hecho de que de momento no abordemos éstos y otros temas, no quiere decir, en ningún caso, que renunciemos a los mismos. De momento los dejaremos aparcados, pero es voluntad de Coalición Canaria plantearlos en futuras reformas estatutarias. Decimos futuras reformas estatutarias, porque la visión que tiene nuestro Grupo del Título VIII de la Constitución es una visión absolutamente abierta.
Canarias es una comunidad singularmente diferenciada, tal y como se reconoce en el artículo 138 de la Constitución y disposición adicional tercera. Necesitamos un estatuto de autonomía que incluya cuestiones específicas derivadas de nuestra condición de archipiélago oceánico, compuesto por islas que arrastran unas diferencias estructurales en recursos económicos que dificultan gravemente la subsistencia por sí misma y que, además, se encuentran alejadas de Europa y próximas a Africa.
Por ello, necesitamos marcos institucionales adecuados que permitan configurar políticas propias y diferenciadas de las políticas continentales. Y ese marco institucional deberá ser flexible y abierto para ser modificado cuando las circunstancias políticas o socioeconómicas de las islas así lo exijan.
Señorías, valorando positivamente la reforma propuesta, esperamos que el consenso y la unanimidad conseguidos en Canarias entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria se mantenga durante su tramitación en las Cortes Generales. No ha sido fácil. Más de tres años de esfuerzo y trabajo constante, de debate, de diálogo, de estudio, de consultas, yo creo que no deben caer en saco rato. Romper con aquello que la inmensa mayoría de los canarios, a través de sus legítimos representantes en sus instituciones, ha querido, podría acarrear consecuencias políticas institucionales, incluso sociales, no deseadas en un archipiélago que, no olvidemos, se encuentra a casi 2.000 kilómetros de esta tribuna.
Creemos que desde esa realidad, desde esa insularidad alejada, desde esa óptica insular es como deben abordarse por esta Cámara las peculiaridades incluidas en la reforma del Estatuto canario.
Somos siete islas muy pobladas, y ese hecho insular, esa dispersidad en el océano y, a la vez, puente entre tres continentes (Europa, Africa y América) condiciona nuestras vidas; condiciona nuestros problemas, nuestro propio autogobierno, nuestra forma de ser y de ver las cosas; condiciona la propia psicología del canario e, incluso, condiciona la manera de sentir nuestra nacionalidad, de la misma forma que ya desde 1878 la sintiera el que fuera también miembro de esta Cámara, don Nicolás Estévanez, en su célebre poema «Canarias» al decir: Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los riscos donde vi la aurora.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo de Coalición Canaria.)

Página 9731


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belda.
Finalmente, en nombre del Parlamento de Canarias, tiene la palabra el señor Brito.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Brito Soto): Señor Presidente, señorías, el Estatuto de Autonomía de Canarias lleva ya trece años de andadura, se puede efectuar, por tanto, un primer balance global, y ese primer balance global indica una experiencia claramente satisfactoria. Gestionamos en forma plena la educación, la sanidad, los servicios sociales, la agricultura, la industria, el turismo, gran parte de las infraestructuras; en fin, como se acaba de afirmar hace un rato, un conjunto de competencias que comportan en su desenvolvimiento presupuestario casi medio billón de pesetas. Trece años son también, en nuestra opinión, un tiempo adecuado para proceder a su reforma, sobre todo si, como es el caso, la misma aparece planteada desde el consenso político básico, que se manifiesta en todos los temas de la misma, salvo en la parte referida a la reforma del sistema electoral.
De los tres aspectos en que las fuerzas políticas canarias hemos dividido la reforma (reformas institucionales, bloque competencial y reforma del sistema electoral) me referiré básicamente a los dos últimos. Haré, sin embargo, una breve consideración respecto del primer bloque de temas en algunos elementos que me parecen especialmente sustanciales.
Así, la solución dada al artículo I, «Canarias como expresión de su identidad singular y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la Nación Española», reproduce casi literalmente la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Socialista en el debate producido en esta misma Cámara en 1982. Que trece años después aquella enmienda número 1 de los socialistas de las Cortes Generales sirva para resolver el frontispicio del Estatuto de Autonomía de Canarias, nos parece un hecho que, desde la intervención que yo produzco aquí, debíamos resaltar.
En segundo lugar, nos parece especialmente satisfactorio el engarce producido entre Comunidad Autónoma y cabildos insulares que deriva de lo dispuesto en los artículos 8, 22 y 23 de la propuesta de reforma. Nos parece, igualmente, un elemento a resaltar la parte referida a la previsión de futura reforma del Estatuto de Autonomía, artículo 63, y al diálogo interinstitucional entre Parlamento de Canarias y Cortes Generales que, a modo de garantía institucional, se regula en el mismo, siguiendo un modelo que ya había establecido el Estatuto valenciano.
Por lo que hace relación al bloque competencial, el objetivo definido por las fuerzas políticas canarias y por el Parlamento de Canarias, en definitiva, consiste en convertir nuestro Estatuto de Autonomía en un Estatuto de máximo nivel competencial. Así, en relación con ese objetivo se han realizado dos operaciones: en primer lugar, definir qué competencias se atribuyen a la Comunidad Autónoma de Canarias y, partiendo del núcleo de competencias del actual Estatuto de Autonomía, se han incorporado al mismo las previstas en la Lotraca (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias). En segundo lugar, las previstas en el pacto autonómico para los Estatutos del artículo 143 de la Constitución Española y que no estaban ya atribuidas a la Comunidad Autónoma vía Ley Orgánica de Transferencias Complementarias. En tercer lugar, se realiza la elevación en algunas materias de nuestro nivel competencial, pasando en algunos casos de competencias de mera ejecución a competencias de desarrollo legislativo y ejecución, y de estas últimas a competencias exclusivas. Se incorporan al Estatuto algunas competencias nuevas que no figuraban en el mismo o en los apartados anteriores, cuya incorporación es constitucionalmente imposible y que ya figuran en otros estatutos de autonomía. Se incorporan, asimismo, novedades derivadas de nuestro peculiar Régimen Económico y Fiscal, y es que culminada la reforma del Régimen Económico y Fiscal, parecía conveniente producir el engarce con la reforma del Estatuto de Autonomía.
En segundo lugar, y por lo que hace relación al bloque competencial, se define el nivel con el se atribuyen las competencias. En definitiva, se ordena el conjunto del bloque competencial en competencias exclusivas, competencias de desarrollo legislativo y de ejecución, y competencias meramente ejecutivas, acabando con la dispersión que en esta materia se daba hasta ahora en el Estatuto canario y reconduciendo, por tanto, a categoría claramente definida y unitaria el conjunto de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias.
En tercer lugar, se aborda la reforma del sistema electoral, y me pararé algo más en esta materia. He de señalar en primer lugar, como antes indicaba, que es el único aspecto en el que no ha habido consenso. La propuesta de reforma en esta materia únicamente ha sido respaldada por 31 votos del Parlamento de Canarias. Esa propuesta consiste en elevar los topes, insular al 25 por ciento, y regional al 5 por ciento, para la obtención de Diputados. En nuestra opinión, se trata de una solución débil y parcial al principal problema que ha manifestado el funcionamiento del sistema político canario durante los doce o casi trece años de su transcurso. No tiene explicación posible que una reforma del Estatuto de Autonomía de la profundidad que nos planteamos orille o dé una solución parcial al principal problema político que se ha manifestado en nuestra Comunidad Autónoma. Así, los principales problemas que derivan del sistema electoral canario, basado en las circunscripciones insulares, serían los siguientes. En primer lugar, su tendencia a la desigualdad. El 14 por ciento del electorado residente en las islas periféricas tiene la misma representación en el parlamento que el 86 por ciento del electorado residenciado en las

Página 9732


islas centrales. De ello deriva un valor del voto, que en su hipótesis extrema origina que el voto de un ciudadano herreño tenga quince veces más valor que el voto de un ciudadano de Gran Canaria y 13,24 veces más valor que el voto de un ciudadano de Tenerife. En segundo lugar, el sistema electoral produce una tendencia al fraccionamiento de las fuerzas políticas. En tercer lugar, produce una tendencia a la dispersión del propio sistema político. El corolario de todo ello es la inestabilidad política, constante de nuestro sistema político en los últimos doce años.
Los socialistas venimos planteando como solución a este problema la creación de una circunscripción electoral regional, añadida a las actuales circunscripciones insulares, que se mantendrían con la misma representación. Esta respuesta atenúa la desigualdad, en la medida en que produce igual valor de voto en la elección de los Diputados correspondientes a la circunscripción regional. En segundo lugar, asegura la comparecencia regional de las fuerzas políticas. Les obliga a presentar programas y respuestas regionales a los problemas y a configurar candidatos únicos a la Presidencia del Gobierno que presentar ante el conjunto de los ciudadanos de Canarias. En tercer lugar, potencia la unidad política de Canarias e impide o dificulta al menos la dispersión y el fraccionamiento del sistema político canario. La unidad política de Canarias necesita, desde luego de voluntad política, pero también de instrumentos que potencien, que posibiliten esa unidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Brito, le ruego concluya.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Brito Soto): Concluyo, señor Presidente.
Los canarios tenemos una contrastada vocación y voluntad de pertenencia al proyecto colectivo que es España. Esa voluntad y vocación de pertenencia se fortalece en nuestra opinión profundizando en nuestro autogobierno, definiendo fórmulas de participación en la tarea común, profundizando, en definitiva, en el Estado autonómico desde una lectura abierta y federalizante de la Constitución Española. Es por todo ello por lo que pedimos a este Congreso de los Diputados la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Brito.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo como portavoz del Grupo Mixto y también en representación del Partido Aragonés para fijar la posición en este debate que se propone sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. También quiero saludar a los señores representantes del Parlamento de Canarias, que tan brillantemente han defendido esta proposición, y congratularme evidentemente de que en este Congreso de los Diputados, donde la apatía autonomista casi siempre invade nuestros debates, hoy llevemos ya más de dos horas hablando de autonomía, primero de la autonomía de Aragón, ahora de la autonomía de Canarias. A pesar de todo, yo creo que no es casualidad, ya que Aragón y Canarias tienen un componente muy parecido en cuanto a la reivindicación autonomista, tienen una singularidad política en su espectro político, con fuerzas políticas propias, que son capaces de defender allí y aquí y quizá de arrastrar a los partidos nacionales, a los partidos estatales a que vengan aquí a traer y a defender, como han hecho esta tarde, las legítimas aspiraciones de pueblos que luchan denodada y constantemente por su autonomía.
Pero es que esta lucha, señorías, no es solamente beneficiosa en este caso para el pueblo canario, que a través de su Parlamento ha traído aquí esta petición. Creemos que es buena para el conjunto del territorio del Estado. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que estas demandas, que evidentemente surgen donde surgen y cuando surgen, no tienen necesariamente que generalizarse: Se puede y se tiene el derecho a ser autonomista, pero no se tiene la obligación de correr más en el desarrollo autonómico si no se siente esa necesidad. Lo digo para aquellos que ya nos amenazan con que el avance autonomista de los que queremos serlo tiene que ir ligado a los que no quieren correr tanto. Recabo el derecho, como ha ocurrido aquí esta tarde, de que comunidades autónomas, en este caso la de Canarias, como antes lo fue la de Aragón, queramos llevar un ritmo distinto, nos sintamos insatisfechos con los estatutos que en este momento tenemos y estemos trayendo aquí al debate, a la votación y, sobre todo, ante la opinión pública que queremos ir más deprisa, que nuestros estatutos se nos han quedado cortos, que las demandas de nuestros pueblos no están satisfechas. A mí me gustaría también que el Estatuto canario pudiera ser tramitado por la vía de urgencia. Me gustaría que este debate, que previsiblemente, dado el consenso con que viene del Parlamento de Canarias, va a ser aprobado, no se truncara por esa anticipación electoral, porque si no tendríamos la sensación de haber sido objeto de un engaño, de haber retrasado la tramitación, y eso que el de Canarias se ha adelantado y aún podrán decir los grupos mayoritarios a Coalición Canaria: pero ¿de qué os quejáis, si no os tocaba este mes y os hemos adelantado la tramitación?, cuando eso no sería más que un pequeño señuelo para dejarnos satisfechos esta tarde, pero que a ningún sitio llevaría.
Por tanto, señorías, esperemos que el camino no se trunque. En cualquier caso, el trabajo bien hecho siempre servirá. El precedente que queda aquí esta tarde no será fácil de borrar en el futuro, porque si no saliera ahora, si no terminara la tramitación en esta legislatura,

Página 9733


estoy seguro de que las aspiraciones del pueblo canario volverían con redoblado interés a esta Cámara, y no veo fácil que los grupos parlamentarios que hoy fijan aquí una determinada posición pudieran, a la vuelta de cuatro, cinco o seis meses, cambiar, aunque, evidentemente, en política no solamente todo es posible, sino que a veces resulta hasta probable.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar el Grupo de Coalición Canaria quiere expresar aquí su felicitación a los Diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria que en nombre del Parlamento de Canarias han venido a defender un Estatuto que ha salido, después de un largo trabajo, por amplio consenso, que refleja la opinión, la voluntad, la intención del pueblo canario.
Lo que se viene a plantear hoy aquí es un acto que para nosotros tiene un significado histórico, y es la presentación de la mayoría de edad de un pueblo que viene al Congreso de los Diputados a plantear que está dispuesto a que se le reconozca su identidad nacional y su voluntad de máximo autogobierno. El pueblo canario está ya en condiciones de autogobernarse, exige autogobernarse, y ese es el fondo del debate que entra hoy con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 1 reconoce la identidad del pueblo canario, el carácter de nacionalidad reconocido por la Constitución Española y, por tanto, su capacidad de autogobierno. Sin embargo, hay un peligro que tiene hoy el debate de este acto tan importante para los canarios, que, por cierto, entendemos que tiene un contenido de Estado, sobre el problema que representan unas islas lejanas, un archipiélago lejano, que tiene problemas singulares, y que de no responderse correctamente a sus exigencias y a sus necesidades, se convertiría en un problema conflictivo de Estado. En la medida, repito, en que es un problema de Estado, merece la atención mayor de esta Cámara y sin duda de nuestro Grupo Parlamentario, que está completo en este acto, simbolizando la enorme importancia que tiene para el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria la reforma del Estatuto de Autonomía. Nosotros creemos que en estos meses próximos se van a resolver tres problemas históricos para la articulación de Canarias en el proceso de integración europea y en el marco de la nueva España de las autonomías. Estamos hoy con la reforma del Estatuto de Autonomía, muy pronto con el estatuto permanente y ahora mismo batallando contra un Gobierno central insensible para el desarrollo del régimen económico y fiscal. Son las tres piezas que articulan el status moderno, desarrollado del autogobierno de Canarias. Sin las tres piezas complementarias nuestra autonomía, nuestro autogobierno no tendría el significado histórico y la importancia decisiva que tendría que tener. Nosotros venimos aquí a plantear un primer problema. Hoy todos los grupos parlamentarios van a apoyar la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, pero ese acto tan importante puede convertirse, desgraciadamente, en un acto inútil, porque si el 31 de diciembre, cuando se disolverán, según la voluntad del Presidente del Gobierno, las Cortes Generales, terminando esta legislatura, el trámite del Estatuto de Canarias no ha culminado, este debate habrá que repetirlo después de las elecciones del mes de marzo.
Como todo acto inútil produce melancolía, nosotros no queremos ser un pueblo melancólico y lo que queremos es invitar a todos los grupos parlamentarios a que se pronuncien hoy aquí, porque para que este acto tenga el gran significado que tiene que tener hay que culminar la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en este año, el 31 de diciembre. Hacemos una propuesta --está el Ministro para las Administraciones Públicas, están los portavoces de todos los grupos parlamentarios, está la voluntad o no del Gobierno y está la voluntad del Congreso y del Senado--: ¿es posible que la semana que viene llevemos a cabo la discusión por el trámite de urgencia del Estatuto de Canarias, para que los plazos se recorten al mínimo, para que el debate del Estatuto en el Senado se haga por lectura única, como plazo máximo el 21 de diciembre y podamos a final del mes de diciembre aprobar definitivamente aquí la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias? Porque si no se produciría un cierto engaño y una cierta frustración en el pueblo canario.
Creo que si hay voluntad real, hoy ya debíamos de haber aprobado en la Junta de Portavoces, donde tuvimos ese debate, en el que participé activamente, la necesidad de que la tramitación de este Estatuto se hiciera por lectura única. Tengo que agradecer a Izquierda Unida, al Partido Nacionalista Vasco, a Convergència i Unió, al Grupo Mixto que junto a nosotros mismos hayan apoyado el trámite de la lectura única, con lo cual, en una semana podríamos tener la reforma del Estatuto de Autonomía. Desgraciadamente, el Partido Socialista y el Partido Popular dicen que dada la enjundia --utilizaron ese argumento-- de la reforma del Estatuto de Canarias, debería utilizarse un trámite normal. Pero si en un plazo corto presentamos las pocas enmiendas que ese Estatuto debe tener, si en un plazo corto las resolvemos en Ponencia y en Comisión, si en el Pleno del 14 de diciembre se aprueba y pasa al Senado en lectura única el 21 de diciembre, al final de este año, cumpliendo precisamente el año en que se entregó la propuesta de reforma del Estatuto por el Parlamento de Canarias, tendríamos la conquista del autogobierno.
Si paralelamente a eso se plantea que el Gobierno de España deje de estar boicoteando, frenando y obstruyendo la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que está reconocido por el Estatuto, sería

Página 9734


bueno. Tenemos informes de la Comisión Europea, de representantes cualificados en Europa, del Grupo de servicios, que dicen que la única dificultad para el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal, reconocido en este Estatuto, no es Europa, no es Bruselas, sino que es Madrid, y pedimos que Madrid desbloquee los temas del Régimen Económico y Fiscal que hoy se votan aquí. Una cosa es la letra del Estatuto y, otra, la realidad. A mí no me vale, en absoluto, que aprobemos un Estatuto si luego lo vulneramos. Si el año pasado aprobamos la Ley de Régimen Económico y Fiscal, pieza clave del autogobierno de Canarias, lo estamos vulnerando con su falta de desarrollo. Para qué aprobar algo aquí y hacer retórica puramente electoral, si después no lo cumplimos. Cuando se dice en el Estatuto de Canarias que hoy se va a aprobar aquí que Canarias participará en las negociaciones internacionales en el marco de la Unión Europea, recuerden ustedes que un reciente acuerdo pesquero y agrario, lamentable para las islas, que nos ha dejado indefensos, debería haber tenido la presencia de los canarios para que no fuéramos las víctimas principales de un acuerdo en contra de la voluntad de nuestro pueblo.
Por último, el Régimen Económico y Fiscal reconocido en este Estatuto dice al Gobierno español (por cierto, aquí está sólo el Ministro para las Administraciones Públicas; que se lo transmita al Presidente del Gobierno) que en la Cumbre de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre hay que poner en el orden del día el estatuto permanente de Canarias en la Unión Europea. Son las tres partes que componen el autogobierno de las islas. Si conseguimos los días 15 y 16 de diciembre que se introduzca esta propuesta para la Conferencia Intergubernamental del año que viene; si conseguimos el desarrollo del REF en lo que se refiere a que la lejanía e insularidad de Canarias sea compensada con políticas específicas, en particular la zona especial y, sobre todo, el programa de empleo y formación de Canarias que lo establece; si conseguimos que el Estatuto de Autonomía de Canarias sea aprobado por trámite de urgencia antes del 31 de diciembre, este acto de hoy tiene un enorme significado histórico. Si no, será una traición para nuestro pueblo, y si es una traición para nuestro pueblo, lo único que les puedo decir es que nosotros no jugamos al victimismo. Un pueblo maduro, firme y seguro de sí mismo conquista siempre lo que son sus derechos históricos, sobre todo si sus derechos históricos están reconocidos por la Constitución y por leyes aprobadas por esta Cámara.
Por eso, antes o después, ganará el autogobierno de Canarias, la voluntad de autogobierno y de identidad del pueblo canario. Si ustedes lo obstruyen, la única cuestión es que lo retrasarán uno o dos meses, pero, al final, el autogobierno de Canarias triunfará, porque es la voluntad mayoritaria del pueblo canario.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa que nos presenta el Parlamento de Canarias, la propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía.
Nuestro apoyo se fundamenta tanto en la voluntad explícita de los miembros del Parlamento de Canarias a través de una iniciativa que de hecho nace en 1991 y que ha significado alcanzar un consenso en la propia Cámara --por tanto, una voluntad política muy mayoritaria de reforma del Estatuto de Autonomía-- como en que esa reforma se hace, lógicamente, en el marco constitucional, como no podía ser menos, y, finalmente, en nuestra profunda convicción, como Grupo nacionalista, de que el autonómico es un proceso siempre abierto, de que el único techo que debe respetar es el techo que marca la Constitución y que todas aquellas competencias que los pueblos desean asumir porque se ven capaces de administrarlas es posible asumirlas si así lo marca nuestra Constitución y así lo desean los distintos parlamentos autonómicos.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sea la primera manifestación del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya el saludo favorable a una proposición de ley que viene del Parlamento canario que incrementa el techo competencial de una comunidad autónoma, y vaya junto a ello la defensa por nuestro Grupo de las posiciones que Izquierda Unida Canaria ha mantenido durante todo el debate.
Creemos que es positivo que los pueblos crezcan en competencia, crezcan en capacidad de autogobierno, crezcan en un mayor ajuste de su proceso electoral a la realidad y la voluntad del propio pueblo en cada uno de los casos. Lo cierto y verdad es que la posición de nuestro Grupo Parlamentario es que este es un paso, no es el paso que hubiéramos deseado para el pueblo canario, creemos que se queda corta esta reforma del Estatuto de Autonomía, que debería haber sido más valiente después de la experiencia de gestión que tenemos y el desarrollo constitucional --se han cumplido más de los cinco años que marcaba la Constitución--, y el modelo de Estado que Izquierda Unida defiende para nuestro país camina hacia un proceso federal. Al final del proceso ninguna comunidad autónoma tiene que tener diferencias en cuanto a competencias, nada más que las que sus propios parlamentos

Página 9735


quieran marcarse en el proceso de asunción competencial y en la capacidad de autoorganización.
Por tanto, nos encontramos hoy no en el debate de la toma en consideración sino en el debate de totalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía. Aunque tenemos un conjunto de enmiendas al articulado que suponen un texto alternativo, hemos preferido facilitar el dinámico desarrollo de la tramitación de este Estatuto para el pueblo de Canarias, que lleva en las Cortes desde el mes de diciembre de 1994 --estamos llegando a diciembre de 1995-- y que sería posible, al nivel que fuese, que estuviera ya en manos del pueblo de Canarias para desarrollarlo en el más breve plazo posible. En todo caso, ya anunciamos que en el trámite de enmiendas al articulado procederemos a proponer modificaciones en tres direcciones. Primero, una reforma de mayor techo competencial. Nosotros creemos que no hay razón para que hoy el volumen competencial que se da al pueblo de Canarias sea el que se recoge aquí. Podría ir más allá del que ahora mismo tiene, inclusive en lo que significa desarrollo de actuación económica, inclusive en lo que significa la participación de la comunidad autónoma en la gestión de la empresa pública; inclusive en competencias que hoy no llegan, a pesar de estar en manos de otras comunidades autónomas que accedieron antes a otro techo competencial.
El segundo gran bloque de nuestras enmiendas sería una reforma para profundizar en la democratización de las instituciones canarias, una reforma institucional. No entendemos por qué el Parlamento canario tiene que funcionar 120 días al año, cuando en realidad los días del año son 365. ¿Por qué el Gobierno va a estar sin control parlamentario, sin iniciativas, durante ese tiempo? ¿Por qué esos períodos de funcionamiento del Pleno del Parlamento? ¿Por qué no hemos de tener puesta en marcha una auditoría de cuentas? ¿Por qué no ha de tener la Comunidad Autónoma la capacidad de disolución? Vamos a discutir después una actuación sobre Andalucía y está la posibilidad de disolución o no en Andalucía, en Cataluña. ¿Por qué el pueblo canario no ha de tener la posibilidad de disolución ante una realidad determinada? En suma, somos partidarios de un mayor techo institucional en el funcionamiento.
Luego, se trataría de una reforma electoral. Se ha suscitado por un interviniente en nombre del Parlamento canario la realidad del funcionamiento electoral. Fíjense que yo estoy interviniendo en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y defendiendo las posiciones de los compañeros de Izquierda Unida de Canarias, cuando en Canarias tienen 50.000 votos y no tienen presencia en el Parlamento canario, mientras que la Agrupación Herreña Independiente con 1.500 votos, tiene un Diputado, o mientras que el Partido Independiente de Lanzarote, con 20.000 votos, tiene cuatro Diputados, o mientras que Coalición Canaria, con 250.000 votos, tiene 22 Diputados. Sin embargo, 50.000 votos no tienen presencia en el Parlamento Canario. ¿En base a qué razonamiento, en base a qué principio de proporcionalidad? ¿Por qué 50.000 votos no tienen que tener presencia en el Parlamento canario? ¿En base a qué principio de proporcionalidad vamos a actuar, en base a qué criterio debe de funcionar? ¿Por qué es eso bueno para el pueblo canario, por qué no es bueno para otra realidad distinta? Por tanto, la propuesta que defiende Izquierda Unida de Canarias es la de circunscripción electoral única para toda la Comunidad, que indudablemente puede estar abierta a compaginar ese planteamiento también de presencia insular, nosotros creemos que en todo caso en ese proceso de negociación posterior mayoritario para el tema de circunscripción única y minoritario para el insular. Lo cierto es que la propuesta de reforma se nos queda corta. En todo caso, señorías, lo que estamos defendiendo hoy para Canarias es lo mismo que hemos defendido también en otros debates estatutarios, porque el modelo de autonomía que tenemos nosotros, el modelo de reforma de la estructura autonómica del Estado es un modelo que nosotros creemos que debe abrirse hacia un proceso federal, que debe ser más amplio en cuanto a la capacidad competencial de las comunidades autónomas, que la propia Administración debe estar más cerca del ciudadano, y que el peso del poder del Estado debe distribuirse de otra manera.
Esperamos, por tanto, que el voto que hoy vamos a producir aquí en el debate de totalidad nos facilite después la discusión aquí y ahora, y quiero responder al reto que ha planteado el portavoz de Coalición Canaria. Estamos dispuestos a toda la velocidad en el trámite, pero que eso no signifique ocultar ninguno de los debates que deban de producirse. Estamos dispuestos a presentar mañana mismo nuestras enmiendas en el Registro, a la semana que viene discutirlas y tener el mejor Estatuto que necesite Canarias para su funcionamiento a partir también del año próximo, porque, si no, a lo mejor, con toda la buena voluntad, hoy damos luz verde a un debate de totalidad que mañana en un mes termina y muere para ser iniciado en la siguiente legislatura. En todo caso, estoy convencido de que todos los pueblos que componen el Estado español lograrán su máximo techo competencial a lo largo de todo un proceso de lucha y de reivindicación que han establecido y continuarán estableciendo a pesar del debate que hoy tengamos aquí.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, en este día solemne para Canarias yo quiero comenzar mi intervención dedicándole

Página 9736


un emocionado recuerdo a la figura de un hombre bueno, Gabino Jiménez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que hoy ha recibido sepultura.
Por otra parte, tenemos que hacer mención, porque la cordialidad obliga y además obligan los buenos usos parlamentarios, a ese saludo afectuoso que debo dedicar a los tres representantes que el Parlamento de Canarias ha designado para la defensa de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Tal deber para mí es sumamente grato. José Miguel Bravo de Laguna, Augusto Brito y Alfredo Belda son viejos amigos en las lides políticas y en el transcurso inexorable de los años, a lo largo de los cuales unos se han empeñado en llevar menos pelo en la cabeza, otros en pintárselo de blanco y algunos en proceder a un cambio de imagen mediante un aumento considerable de nuestra volumetría. No solamente lo digo por tales personas, sino por el objetivo que aquí nos trae hoy y por el que tenemos que estar enteramente satisfechos: la necesaria y deseada reforma de la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma, anticipando desde este momento que tal objetivo va a contar con el apoyo completo y absoluto de los 141 Diputados que integran el Grupo Parlamentario Popular, todo ello sin perjuicio de las discrepancias que sobre aspectos concretos comentaremos posteriormente.
Señorías, corren tiempos políticos en los que muchos añoramos aquel consenso sobre temas fundamentales que tanto bien hizo a la transición al sistema democrático. Por ello, nos debe congratular que las fuerzas presentes en el Parlamento de Canarias hayan llegado a un acuerdo casi total en el texto remitido a las Cortes, tarea no fácil en una Comunidad como la nuestra, tan fragmentada insularmente. Suele ser difícil que los políticos de esta Comunidad nos pongamos absolutamente de acuerdo al tratar un tema que no sea amar a nuestra tierra con amor infinito.
Los elementos más importantes que consideramos altamente positivos en la propuesta de reforma vienen dados por el incremento competencial --que consiste no solamente en la especificación de materias y facultades concretas que se asumen por la Comunidad Autónoma--, sino además también por la absorción genérica de todas aquellas facultades y potestades que hasta ahora venían referidas de forma general en la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias. Esto por una parte.
Por otra parte, por fin se establece la configuración estatutaria de los cabildos como instituciones de la Comunidad Autónoma, configuración que si bien existía en algunas leyes ordinarias, era necesario incluirla en el texto del Estatuto.
Al otro lado de la balanza y antes de entrar en la enumeración de todas aquellas materias que a nuestro juicio son mejorables o al menos discutibles, quiero hacer una precisión exacta de cuáles son las reglas del juego, dadas las amenazas veladas que estos días se han oído. El Congreso de los Diputados, en opinión de mi Grupo, no va a hacer dejación en ningún momento de sus obligaciones constitucionales en lo que se refiere a la toma en consideración de esta iniciativa. Pero tampoco hará dejación de sus responsabilidades en lo que se refiere a la presentación de enmiendas y su aprobación.
El Parlamento de Canarias ya ha cumplido su deber, lo ha cumplimentado perfectamente mediante la defensa que los representantes por él designados han hecho de la propuesta de reforma aprobada por la Cámara autonómica. Nuestro deber comienza ahora y se movería en el terreno de la irresponsabilidad o de la ignorancia quien pretendiera que estas Cortes Generales se limitaran a santificar, mediante una ley orgánica del Estado, un texto estatutario que merece ser enmendado en ocho ocasiones. A esta Cámara no se le pueden imponer trágalas y si se le pretenden imponer, esta Cámara debe rechazarlas contundentemente.
Respecto a la enumeración de las cuestiones concretas que merecen, en nuestra opinión, ser objeto de reforma, debo mencionar el artículo 32 del proyecto que pretende prescindir de hacer una referencia obligada al respeto a la legislación básica del Estado y se volatiliza dicha referencia que sí consta en el Estatuto vigente. El artículo 36 confunde el significado del término «competencia» con el de «jurisdicción» cuando hace referencia a las aguas de competencia española. El artículo 45.2 referido al régimen económico y fiscal, que puede ser manifiestamente mejorado, como intentaré demostrar en el momento procedimental oportuno. El artículo 58 entiendo que debe ser objeto de un apartado g) nuevo, en el que se haga constar que es competencia del Parlamento de Canarias el establecimiento de los criterios de distribución y porcentajes de reparto entre los cabildos y ayuntamientos canarios de los recursos derivados del régimen económico y fiscal que hoy --fíjense SS. SS. qué ironía-- sigue regulado por un obsoleto Decreto del Ministerio de Hacienda. Igualmente nos encontramos con un olvido inexcusable: no se dedica un solo precepto al máximo órgano de control externo de la actividad que transfiere, autonómica, la Audiencia de Cuentas de Canarias, al igual que hacen la gran mayoría de los estatutos que consagran estas instituciones de control. Es obvio que la dependencia directa de la Audiencia de Canarias, del Parlamento de Canarias, no resta importancia alguna a la Audiencia de Cuentas; también depende de las Cortes Generales el Tribunal de Cuentas y, sin embargo, la Constitución le dedica íntegramente un prolijo artículo, el 136. Parece ocioso insistir en que esta institución está funcionando desde el año 1989, en los antecedentes históricos y en la importancia de sus funciones, a mi entender, mucho más relevantes que algunos otros órganos que sí aparecen perfectamente mencionados en el Estatuto.
No podemos dejar de hacer mención al artículo 63.2. Yo entiendo que la redacción que se ha dado a este precepto, relativo a la reforma estatutaria, resulta

Página 9737


difícilmente admisible. No se puede pretender en modo alguno que las Cortes Generales se conviertan en Cámaras de segunda lectura respecto del Parlamento de Canarias enviando a éste mensajes motivados. Entiendo que los redactores de esta propuesta no deben olvidar nunca que la soberanía nacional reside en las Cortes Generales y, por tanto, cualquier pretensión en este sentido debe ser objeto de rechazo y se debe modificar nuevamente tal precepto.
En la disposición adicional segunda se hace una mención al «impuesto del patrimonio neto», que debe ser sustituido por el impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Además, convendría que existiera una disposición derogatoria referida a la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias.
Dicha ley, una vez que se haya aprobado la reforma del Estatuto, no tiene justificación; no tiene justificación que siga vigente estando prácticamente vacía de contenido.
Por último, quiero aclarar una cosa, para que no se me entienda mal: aun cuando he dejado bien claro que no permitiremos que se hurten competencias a las Cortes Generales, nuestro Grupo no se va a oponer a que se apruebe la reforma del Estatuto --además lo desea-- antes de que acabe esta legislatura. Por tanto, respecto a lo que se ha dicho antes, pueden tener claro que no nos vamos a oponer al procedimiento de urgencia. De la misma manera que no nos ha parecido correcto el procedimiento de lectura única, porque evita el debate de las enmiendas como deben debatirse, el hecho de que se reduzcan los plazos a la mitad mediante el procedimiento de urgencia va a tener nuestro apoyo si, tal como se decía antes, es propuesto en esta tribuna.
Para terminar, en lo que se refiere al tan manido asunto del sistema electoral, yo, en el mismo sentido que los anteriores portavoces, debo decir que todos debemos empeñarnos en que, sobre la base de la propuesta que está en el Estatuto, de aquí salga zanjada definitivamente la eterna disputa sobre el sistema electoral, de tal manera que entre todos consigamos un estatuto digno de todos, competencialmente generoso y perdurable. Nuestro Grupo Parlamentario queda comprometido a todas estas obligaciones.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--La señora García-Alcañiz Calvo: Muy bien.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene el palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los tres Diputados del Parlamento de Canarias que esta tarde han defendido aquí la propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía.
Quiero también sumarme, como lo ha hecho el portavoz del Partido Popular, al recuerdo del Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Gabino Jiménez, amigo mío. Con su pérdida, con su muerte, yo pierdo un amigo y Canarias pierde un político honesto, trabajador y entregado a la idea de Canarias.
Sin duda, es la dictadura de la geografía, en expresión de Antonio Carvallo Cotanda, la base principal de lo que es peculiar del Archipiélago, lo que justifica que haya normas específicas para el Archipiélago y el principio esencial que justifica esa aspiración del pueblo de Canarias al autogobierno.
Algunos hablan reiteradamente de que Canarias es un Archipiélago alejado. Sin duda, Canarias está lejos de Madrid, está lejos del resto de España, pero, con la misma obviedad, quiero recordar que también el resto de España está lejos de Canarias, que también Madrid está lejos de Canarias.
Esa singularidad, esa dictadura de la geografía ha hecho que Canarias cuente con normas específicas: el Régimen Económico y Fiscal y la Ley de Cabildos.
Pero los canarios han sentido otra necesidad a lo largo de su historia, y es la necesidad del autogobierno. Han sentido con frecuencia cómo desde los poderes nacionales, que han sido sensibles en algunos aspectos, por el contrario no lo han sido en otros, no han sido capaces de atender lo propio, lo específico del Archipiélago de una forma satisfactoria. Muchas veces hemos tenido la sensación de que se pretendían resolver problemas de Canarias con las soluciones que se habían pensado para la España peninsular. Esa necesidad de autogobierno ha sido expresada reiteradamente a lo largo de la historia del Archipiélago. Pero el autogobierno de Canarias exige, en primer lugar, su unidad política. Juan Rodríguez Doreste, el que fuera Alcalde de Las Palmas, hablaba de las tres vertientes de la unidad política de Canarias. Hay una unidad de origen, una unidad de historia y también una unidad de porvenir. Es imprescindible esa unidad para conseguir el autogobierno. Con la Constitución de 1978 los canarios, como el resto de los pueblos de España, pueden acceder por fin a esa autonomía, a ese autogobierno.
La discusión del Estatuto se desarrolló con multitud de dificultades, dificultades que ahora de nuevo pueden aparecer en la discusión de la reforma que se nos propone, y posiblemente tengamos que hacer lo que se hizo cuando se discutió el Estatuto el año 1982: abordar esos problemas con diálogo y con inteligencia. Un periodista canario, Alfonso García Ramos, decía en aquellas fechas que el pueblo sabe que necesita la autonomía y que la misión de los políticos era trabajar con inteligencia y dialogando para conseguir un estatuto de autonomía que sirviera a los canarios y que estuviera por encima de los intereses de los partidos políticos.
La autonomía comenzó, como posiblemente ocurrió en toda España, con pasos titubeantes, con desconfianzas, con dudas, con recelos, pero al final la unidad se impuso. Apareció Canarias como una unidad superior en la que se era capaz de integrar la idea de isla y

Página 9738


como superadora de enfrentamientos de siglos y de desconfianza entre las islas. En aquella época se hablaba mucho de que Canarias era posible. Pronto los canarios de todas las islas y de todas las ideologías políticas descubrieron que Canarias era necesaria, que Canarias no era un capricho de los políticos, no era una ambición de las organizaciones políticas, que era una necesidad. Posiblemente, esa necesidad de Canarias como unidad política fue lo que hizo que, finalmente, Canarias resultara posible.
El Estatuto de Autonomía del año 1982 supuso el inicio del autogobierno de los canarios. Esta reforma que discutimos esta tarde no supone el inicio del autogobierno. Llevamos muchos años de autogobierno, llevamos 13 años de autogobierno. Y ese autogobierno, autogobierno de alto nivel que Canarias tiene desde el año 1982, supone también un alto nivel de responsabilidad. Son los canarios ahora los responsables de la mayor parte de las decisiones que se toman en Canarias. Lo digo --y lo aclaro-- porque a veces hay intervenciones que pretenden culpar al Gobierno de la nación, a ese Gobierno que tan erróneamente --y posiblemente de forma intencionada-- se le llama el Gobierno de Madrid, de lo que, lamentablemente, suele ser culpable el Gobierno que los propios canarios se han dado democráticamente.
El autogobierno que hoy perfeccionamos, el autogobierno que hoy mejoramos, es un autogobierno que el Grupo Parlamentario Socialista contempla positivamente de forma global. Y será misión del Congreso de los Diputados y del Senado perfeccionar el texto que ha llegado a esta Cámara. Posiblemente no es momento de precisar todos los aspectos que la reforma del Estatuto contempla. Quiero hacer mención a algunos de ellos que me parecen significativos. Se pretende en la reforma que una de las tareas supremas de las instituciones canarias sea la cooperación con otros pueblos. Quiero destacar esto porque me parece que el pueblo de Canarias es sensible con aquellos otros menos desarrollados que el nuestro. Espero que este principio de cooperación, que se va a establecer en el artículo 1 del Estatuto de autonomía, sea algo más que retórica; que de verdad suponga un compromiso del pueblo de Canarias con el desarrollo de todos los pueblos del mundo, pero muy en particular y muy en especial con los pueblos vecinos del continente africano, con los pueblos de Marruecos, el Sahara y Mauritania.
Hay otra alusión en el Estatuto a las comunidades canarias que están en el exterior, fuera de Canarias. Y es este el momento para recordar a los muchos canarios que tuvieron que emigrar a América, en particular a Venezuela, buscando allí lo que aquí no encontraron. Es también momento de recordar a los canarios y a sus descendientes que fueron a Cuba; canarios y descendientes que hoy viven una situación económica grave, delicada, reforzada esa situación por el nefasto bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, y en una situación políticamente lamentable de ausencia de libertades a que el régimen de aquel país tiene sometida a la población.
Pero si Africa está presente en las preocupaciones de los canarios, si América es una obsesión en la preocupación de los canarios, creo, sin duda, que Europa supone la esencia de la identificación del pueblo canario como tal, lo que le es más propio, lo que más le define.
La reforma que hoy se nos propone no contempla el sistema electoral. Es una reforma que globalmente --insisto-- consideramos positiva, que va a elevar el nivel de autogobierno de los canarios y que, por lo tanto, va a hacer que los canarios sean, en mayor medida que hoy, responsables de las medidas, de las políticas que se apliquen en Canarias. El sistema electoral --digo-- no está contemplado en el acuerdo. Los socialistas proponemos a los demás grupos parlamentarios la posibilidad de considerar una reforma del sistema electoral.
Proponemos, como es bien conocido, ampliar en diez el número de diputados regionales; diez diputados que serían elegidos por los canarios de todas las islas y cada una de ellas continuaría eligiendo al número de diputados que hoy designa. No se trata de quitarle nada a nadie, sino de crear una circunscripción regional que permitiría afianzar la idea de unidad de Canarias y que también serviría para corregir lo que hoy es un déficit democrático. No es justa la representación que hoy tienen las islas más pobladas, las de Gran Canaria y Tenerife.
Proponemos una tramitación de esta reforma con sosiego y con responsabilidad, sin urgencias artificiales. Este no es un acto inútil, aunque en esta legislatura no se apruebe la reforma del Estatuto. Es un acto de gran importancia política que esta tarde aquí las distintas fuerzas expresen cuál es su opinión acerca de la reforma. Es curioso que, quienes dentro de pocos minutos van a proponer a esta Cámara que el Presidente del Gobierno disuelva las Cortes, estén pidiendo una urgencia que sería imposible de atender si esa propuesta saliera adelante.
Algún grupo ha convertido, lamentablemente, su forma de hacer política, no sólo esta tarde sino desde mucho tiempo y de forma habitual, en propaganda política. Creo que no es así como se sirve mejor a nuestro pueblo; no es a través de la propaganda política como mejor se sirva a los intereses generales, sino que será con sosiego y con responsabilidad, con diálogo y con inteligencia, como se hizo en el año 1982. Porque, al final, la sensación que se da es que no quieren un estatuto, no quieren reforma del Estatuto; lo que quieren es un motivo más de enfrentamiento entre aquellos que dicen defender sólo los intereses de aquella región y los que, por el contrario, hemos elevado nuestra mirada por encima de la limitación de aquellas islas y somos capaces de ver España, de comprender España y de integrarla en un proyecto superior que es Europa.
La actitud que esta tarde se ha manifestado aquí por parte de Coalición Canaria me parece que pone en grave dificultad el entendimiento para una reforma pronta,

Página 9739


rápida, pero sosegada del Estatuto de Autonomía. No es de esa forma como vamos a conseguir que el Estatuto se reforme, que se mejore para los canarios el nivel de autogobierno que han logrado. Esta agresividad que ha sido puesta de manifiesto esta tarde, esa falta de sosiego, esa falta de equilibrio en la intervención sólo ayudará, creerán algunos, electoralmente a alguna fuerza política, porque piensan que con la demagogia se ganan votos, lo cual yo creo que es el mayor insulto que se le puede hacer a cualquiera de los pueblos, particularmente al pueblo de Canarias. No será la demagogia la que consiga votos; será el sentido común, el sosiego y la inteligencia lo que consiga la confianza del pueblo de Canarias.
Y una leve alusión al Régimen Económico y Fiscal, para que no haya dudas de que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias está en vigor; está en vigor desde hace un año y medio. Los instrumentos que esta Cámara y el Senado aprobamos son instrumentos que están creando riqueza en Canarias, haciendo crecer la economía por encima de la media nacional y reduciendo el paro. El REF está en vigor desde hace un año y medio, y las dificultades que están apareciendo en algunos aspectos del REF no se deben al Gobierno de la nación, se deben, como muy bien saben SS. SS., a ciertas dificultades que han puesto las autoridades de la Unión Europea porque entran en manifiesta colisión con principios de la Unión.


El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, le ruego concluya.


El señor MARTINON CEJAS: Concluyo, señor Presidente.
En este final de mi intervención, señorías, especialmente en nombre de los Diputados socialistas canarios (de Carmelo Artiles, de Néstor Padrón, de Blas Trujillo, de María Dolores Pelayo y de mí mismo), deseo expresar que la autonomía de nuestro Archipiélago no la entendemos como una frontera para aislarnos de los demás pueblos de España ni de los demás pueblos de Europa.
Por el contrario, que los representantes del pueblo español que aquí nos sentamos nos hayamos reconocido mutuamente lo que de específico tiene cada uno de nuestros pueblos sirve para que con mayor claridad, para que con más nitidez veamos lo mucho que de común tenemos todos nosotros, que no es otra cosa, con la expresión de don Benito Pérez Galdós, que la gran nación española, que tal como se dice en el artículo 2 de la Constitución, es la patria común e indivisible de todos nosotros.


Señoras Diputadas, señores Diputados, muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta del Parlamento de Canarias sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda admitida, en votación de totalidad, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA (Número de expediente 122/000118)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Tiene la palabra la señora Rivadulla. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a los diez años de la promulgación de la Ley 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, pocos sectores de nuestra sociedad piensan ya que esta ley garantiza realmente los derechos y libertades de los extranjeros que residen pacíficamente en nuestro país. No solamente las organizaciones no gubernamentales, que representan a los sectores más solidarios y concienciados del Estado español, sino también entidades y organismos importantes, como el Defensor del Pueblo en su Informe del año 1994, señalan que esta ley no cumple esos objetivos; y no cumple lo que se establece en el preámbulo de la misma ley, en el sentido de que destaca su preocupación por reconocer a los extranjeros la máxima cota de derechos y libertades, cuyo ejercicio queda prácticamente equiparado al de los propios ciudadanos

Página 9740


españoles, y para el que se establecen las mayores garantías judiciales, que ciertamente, dice el preámbulo, sólo ceden ante exigencias de la seguridad pública claramente definidas.
Señorías, es precisa la modificación para adecuar el articulado de la Ley 7/1985 al preámbulo que acabo de leer, y es precisa la modificación para que se produzca en nuestro país el reconocimiento de los derechos y libertades proclamados en la Constitución; para que se garantice a los extranjeros, legalmente establecidos en el Estado español, unas cotas aceptables de derechos y libertades, eliminando cualquier trato discriminatorio o desfavorable en las relaciones laborales y en sus derechos políticos como habitantes de un determinado territorio; que puedan desarrollar de forma suficiente el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar acorde con el artículo 39 de la Constitución, garantizando asimismo el respeto efectivo a los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad que, como presupuestos del Estado, establece el artículo 9 de la Constitución.
Sin embargo, señorías, si decimos que es precisa la modificación, no pensamos que sea válido cualquier tipo de modificación. Se está planteando actualmente en nuestro país la modificación de la Ley de Extranjería a través de un reglamento. Señorías, creemos que esto no es acorde con lo que establece el artículo 13 de nuestra Constitución, que señala que «Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley».
Por tanto, son temas, señorías, que deben ser regulados por ley.
Pero es que la propia Ley 7/1985, en su preámbulo, también señala que «En aras del principio de seguridad jurídica, la Ley...» --en ese caso-- «... se ve precisada, a veces, a descender al examen de aspectos que, en apariencia, podrían ser objeto de una consideración reglamentaria posterior, pero que, de hecho, configuran realmente el ámbito de las referidas libertades.
Cuestiones como la entrada, trabajo, permanencia y establecimiento, salida y expulsión requieren...» --dice el preámbulo de la Ley 7/1985-- «... un tratamiento que concrete y precise el alcance de los derechos y deberes de los extranjeros y las garantías necesarias para su efectivo ejercicio».
Pues bien, señorías, si la propia Ley 7/1985 establece que la regulación de esos derechos y libertades debe ser por ley, no entendemos cómo ahora se plantea la modificación a través de la simple vía reglamentaria. Pero es que la propia Administración, en declaraciones de altos cargos, ha señalado --y concretamente me estoy refiriendo al Director General de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo--, en unas jornadas que sobre la modificación del reglamento se realizaron en Barcelona, que no puede haber un buen reglamento con una mala ley. Afirmó también el Director General su convencimiento de que la solución pasa forzosamente por la modificación de la misma, ya que el reglamento que se propone puede acabar muy bien en el Tribunal Constitucional.
Asimismo el Consejo Asesor de Inmigración de Cataluña, comunidad autónoma donde la población está muy sensibilizada con todos los temas de inmigración y donde las ONG han trabajado activamente en la modificación de la Ley, señaló también que tenía muy serias dudas de que esta modificación pudiese ser realizada por reglamento.
Señorías, se ha argumentado que las organizaciones no gubernamentales han entrado en la vía de la negociación y el consenso del reglamento propuesto por el Gobierno, pero se ha de decir, señorías, que las organizaciones no gubernamentales se han visto obligadas a aceptar esta vía por cuanto desde el Gobierno se les ha hecho saber que no va a haber una modificación de la Ley y, por tanto, se han acogido a la vía del reglamento ante la imposibilidad de modificar la Ley, pero saben positivamente que solamente estarán garantizados esos derechos si se produce la modificación de la Ley 7/1985.
Se podría argumentar también que no va a dar tiempo a tramitar esta ley. Nosotros pensamos que en este Parlamento se tiene que abrir un debate social, que en este momento tenemos que actuar desde el Parlamento como legisladores, pero también con un alto contenido pedagógico, porque los problemas de la xenofobia y de la integración de los extranjeros que pacíficamente residen en nuestro país han de ser tratados desde un punto de vista lo más generoso posible. Todo lo que avancemos en esta legislatura estará ya solucionado para la próxima. Por eso pensamos que es conveniente abrir este debate, que se puede abrir si se admite a trámite esta proposición no de ley, por cuanto posteriormente pasaría a Comisión, donde podría ser objeto de todas las enmiendas que se considerasen oportunas.
Créanme, señorías, que desde el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya nos mueve como único objetivo al proponer la modificación de la Ley de Extranjería el garantizar los derechos y libertades de los extranjeros que viven legal y pacíficamente en nuestro país. No queremos entrar en un debate ideológico, podríamos hacerlo, pero en este caso no queremos hacerlo. No nos estamos metiendo con los requisitos de entrada ni con los cupos, solamente hemos presentado enmiendas en cuanto a la entrada de extranjeros en lo que se refiere a que el rechazo a la misma ha de ser motivado y por escrito, pero todos los demás temas, sean cupos, sean requisitos de entrada, no vamos a debatirlos en esta proposición de ley, porque nuestro objetivo es solucionar problemas de familias que, ya digo, viven pacíficamente en nuestro país, tienen la voluntad de quedarse y llevan años conviviendo con nosotros. Son familias que en un número aproximado de 500.000 personas están padeciendo una Ley muy restrictiva y que contempla al extranjero como una persona que está de paso, cuando la realidad es que los que vienen a nuestro país lo hacen con el ánimo de quedarse, pasando incluso por situaciones de ilegalidad

Página 9741


que les pueden llevar a la marginación, porque la Ley y la forma como está regulada su permanencia en nuestro país obliga a muchos extranjeros que cumplen en el momento de su entrada los requisitos a pasar a situaciones de ilegalidad a lo largo de su estancia en el Estado español. Examinemos, si no, señorías, en qué ha derivado el proceso de regularización extraordinario de 1991, que afectó aproximadamente a 100.000 personas, de las cuales un número también aproximado de 30.000 cada año ha ido pasando nuevamente a situaciones de ilegalidad.
Debemos acabar con este círculo vicioso, señorías, intentemos acabar con la pesadilla que supone esta ley para miles de familias. No miren la presentación de esta ley por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como un tema partidista.
No es un tema partidista. No es un tema que dé votos. Los extranjeros, señorías, no votan. Otra cosa será cuando planteemos la necesidad de modificar la Constitución para permitir a los trabajadores extranjeros el derecho al sufragio activo y pasivo en las municipales, pero no es éste el caso. No estamos ahora tratando, ni planteando la reforma de la Constitución para este caso.
Acabo señorías, haciendo un breve resumen del contenido de la proposición de ley.
En materia de derechos públicos planteamos el acceso a la oferta pública de empleo; en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, el derecho de libre circulación y residencia y reconocimiento del pleno derecho de reunión, tal como lo expresa la Constitución española. Lo mismo exigimos o requerimos para los derechos de asociación, educación y afiliación y creación de sindicatos.
Hay un derecho importantísimo que quisiéramos recoger, que es el de la residencia permanente para aquellos extranjeros que no opten por la nacionalidad. No es cierto que la vía para garantizar la residencia permanente sea la nacionalidad. Piensen ustedes, señorías, que hay personas que en el legítimo derecho no quieren adquirir la nacionalidad española. Si tuviésemos tratados de doble nacionalidad con todos los países eso se podría conseguir, pero en la actualidad no estamos en condiciones de exigir, para que los extranjeros tengan estabilidad en nuestro país, que cambien de nacionalidad, teniendo en cuenta que, en la sociedad que vivimos, con el acortamiento de distancias, existe la posibilidad de que estas personas vuelvan a su país. Por tanto, no tienen por qué perder la nacionalidad para tener garantizada una cierta estabilidad mientras vivan entre nosotros.
También pedimos una regulación mucho más extensa de la protección a la reagrupación familiar. Ustedes tienen el texto de la proposición de ley y no me voy a extender. Pensamos que el tema de la reagrupación familiar es de los más sensibles. Cualquier individuo, cualquier persona necesita para su tranquilidad emocional vivir con su familia, y pensamos que este es un derecho del que no debemos privar a los extranjeros que residen entre nosotros.
En materia de derechos laborales, señorías, nuestra proposición de ley contempla que no exista limitación a actividades, sectores y territorios a la hora de otorgar permisos de trabajo.
Asimismo, que se libere al residente permanente de la necesidad de conseguir el permiso de trabajo. A partir del segundo año ya no deben exigírsele los requisitos que se le exigieron el primer año: Excepciones a las condiciones de situación general de empleo; derecho preferente para familiares, cónyuges, etcétera; accesibilidad a los planes de promoción y formación profesional y fomento del empleo; igualdad absoluta de condiciones de trabajo en salarios, horarios y prestaciones sociales, con respecto al resto de los ciudadanos; posibilidad de actividades de formación remuneradas o laborales para estudiantes extranjeros, siempre que no superen el 40 por ciento de la jornada máxima laboral.
En cuanto a derechos sociales, en el artículo 9 contemplamos el derecho al acceso a asistencia y prestaciones sociales en casos de necesidad, como son el de desempleo y prestaciones y servicios organizados por los poderes públicos en materia de protección a la salud.
Hay un punto que también nos interesaba regular de forma diferente a como lo hace la Ley de 1985, que es el que se refiere a la expulsión. Creemos, señorías, que de la forma como está regulada prácticamente podría ser considerada anticonstitucional.
Pensamos que la expulsión debe quedar únicamente restringida para aquéllos que estén implicados en actividades contra la seguridad interior o exterior del Estado. También regulamos el que se elimine la posibilidad de internamiento por un plazo de hasta 40 días a los extranjeros sujetos a causa de expulsión.
Este es un resumen muy abreviado del articulado de la Ley, aunque quisiera hacer especial mención a las dos disposiciones transitorias. La primera consiste en que a partir de los seis meses de la promulgación de la presente Ley, se abriría un nuevo proceso de regularización para aquellos trabajadores extranjeros que estuvieran indocumentados, siempre que no estuviesen afectados por algún procedimiento de expulsión. La disposición transitoria segunda se refiere a que los trabajadores extranjeros que acrediten seis años de residencia en nuestro país, aunque no sean continuados, puedan tener derecho a la residencia permanente. Quisiera que esto se tuviese muy en cuenta porque no podemos pedir seis años continuados legalmente, ya que estos trabajadores entrarán y saldrán continuamente de la legalidad mientras mantengamos la ley en los términos en que está. Por tanto, con seis años de residencia legal, aunque no sean continuados, estas personas podrían tener derecho a la residencia permanente.
Señorías, les solicito la votación favorable para la admisión a trámite de esta proposición de ley. Estamos convencidos de que esta proposición de ley puede y debe

Página 9742


ser mejorada. Seguramente hay errores técnico-jurídicos, seguramente hay muchos aspectos que hay que modificar. Lo único que solicitamos es que se tenga en cuenta que si queremos que los derechos y libertades de los extranjeros en España estén suficientemente regulados deben serlo por una ley, deben serlo por una norma del rango al que corresponde su regulación previa.
Por tanto, señorías, solicitamos de los distintos grupos de la Cámara que contemplen favorablemente esta proposición de ley y que sepan que desde el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya estamos abiertos a cualquier tipo de modificación de la misma. No vamos a ser estrictos ni en materia de plazos ni en materia de modificaciones que no sean absolutamente sustanciales. Sabemos que hay aspectos de nuestra proposición de ley que coinciden con la reforma del reglamento que se pretende, pero, señorías, den a estos derechos y libertades, la entidad que merecen, denles, señorías, la entidad de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos Parlamentarios que quieren fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fijo la posición ante la iniciativa parlamentaria de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
El primer juicio que le merece a Coalición Canaria es de oportunidad y, por tanto voy a entrar en el fondo político de la cuestión, no entrando en lo que, de prosperar (y aquí va a estar el voto de apoyo que le va a dar Coalición Canaria a esta proposición de ley), sería en el momento del debate, como bien ha señalado con sentido de responsabilidad y pragmatismo la portavoz del Grupo proponente, cuando estaríamos abiertos a las modificaciones y enmiendas que técnicamente corrijan el articulado.
He calificado esto de oportuno y de un fondo político positivo y progresista. Son diez años los que ya se han cumplido de la Ley 7/1985, que vino a regular, con un rimbombante título, los derechos y libertades de los extranjeros en España, desarrollando el imperativo constitucional que se reconocía para extranjeros.
Pero, ¿qué hechos se han presentado? Resulta que cuando se entra en el articulado de la Ley de 1985 vamos viendo que se va distanciando y diluyendo el compromiso constitucional de regular, en profundidad política y de derecho, las atribuciones que tiene que tener nuestra ley con respecto a los extranjeros que están residiendo o vienen a residir a España, a nuestro país.
Vemos que empieza a predominar más el texto escrito por una Comisaría de Policía que regula el movimiento de extranjeros, que lo que era el fundamento. Bien está que haya un Reglamento que regule los servicios de la policía que tienen que controlar la aplicación de la ley, de forma que estén controlando mediante una ley clara, pero resulta que la Ley del año 1985 se nos ha vuelto confusa y algo preocupante, de una gran inseguridad jurídica. Es el momento en que el legislador tiene que reconducir los comportamientos de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia, de la policía, en una palabra, para que tengan conceptos claros de los derechos constitucionales.
También es evidente que hay que tener en cuenta un fenómeno: la demanda de venida a España de extranjeros en el año 1985 es muy distinta de la que tenemos diez años después, porque precisamente, más o menos al año de entrar en vigor la Ley de 1985, se produce el fenómeno de la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas en aquel momento, y es desde el 1 de enero de 1986 cuando España, integrada ya de pleno derecho en la hoy Unión Europea (en aquel momento Comunidad Económica Europea) va a significar un polo de atracción para estos emigrantes por causas fundamentalmente económicas. No quiero entrar aquí, porque eso fue ya objeto de otro debate con las leyes de exiliados, en el tema del exilio, pero está la demanda del fenómeno natural. Desde Canarias, tierra tradicionalmente de emigración que en épocas de dificultad de hambre y de penuria económica, encontró en diversas épocas de España, la más reciente la de los años 40 y 50, una acogida generosa fundamentalmente en países centroamericanos y sudamericanos, así como también cuando se emigró, sin estar España todavía dentro de la Unión Europea, alrededor de los años 70, hacía el centro del continente europeo, entendemos que hay que adecuar esta situación a la norma de la Unión Europea, pero hacerlo de acuerdo al imperativo constitucional de lo que es el sentido democrático de respeto a los derechos humanos. Hay planteamientos en la iniciativa que quiero destacar, y no solo los que reitera porque ya estaban en el preámbulo de la Ley de 1985, pero que parece que en aquellas circunstancias se nos olvidó la exigencia de reflejarlos claramente en el texto del articulado. La norma policial debe ser de reglamento y a posteriori, y siempre inspirada y teniendo como norte y guía los principios democráticos de derechos comunes, de derechos humanos y de derechos fundamentales.
¿Cómo no se va a pedir el estatuto de residencia permanente para emigrantes después de seis años de residencia en España? Lo apoyamos firmemente. Es un carácter de racionalidad junto con el marco general de derechos humanos.
Señorías, no quiero ser más prolijo. Por eso decía que entraba fundamentalmente en el fondo político, y

Página 9743


no en el instrumental del articulado, cosechable en una acción de enmiendas técnicas que permitan su adecuación a la situación actual, donde también se nos viene encima ese fenómeno de la xenofobia, con unos impedimentos por una cuestión racial que hacen que los extranjeros, vean en una soberanía nacional cuya Constitución defiende plenamente los derechos humanos, que después aquello queda en meras normas puramente materiales, por las que muchos emigrantes a veces son tratados, por una norma de comportamiento policial torpe y alejada de este principio, como si fueran una mercancía que hay que desechar de los circuitos.
Vamos a naturalizar este fenómeno, vamos a hacerlo con normalidad y dentro de un marco legal que quite las obsolescencias y las inseguridades jurídicas de la Ley de 1985 y, vuelvo a repetirlo, como inseguridad jurídica por su indeterminación en todos aquellos aspectos que son técnica jurídica y perfectamente corregibles dentro de este marco. De aquí que el voto de Coalición Canaria será favorable a esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la posición en relación a la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, para su toma en consideración e intentar modificar la Ley 7/1985, denominada de Extranjería.
Históricamente la legislación de extranjería tuvo rango constitucional en las Constituciones españolas de 1845, 1869 y 1876, coincidiendo, además, con la llegada a España de capital inversor extranjero, y, sin embargo, tuvo como característica una gran dispersión. Una vez promulgada la Constitución española de 1978 y recogido en su artículo 13 el tema de extranjería, era de una necesidad imperiosa que no admitía demora regular por medio de una ley toda la cuestión de extranjería, puesto que existía un bosque de disposiciones de marco menor que intentaba regular el status y la condición de extranjero, todo ello con un gran arbitrismo administrativo.
Esta Ley que hoy conocemos como la 7/85, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España, es de naturaleza híbrida, es una ley que tiene faz administrativa, tal como recogió la señora Rivadulla en su exposición, con la entrada y salida permanente de los extranjeros, y a la vez tiene una parte quizás más sustancial que regula los derechos públicos, los derechos privados e incluso algunos derechos políticos de los extranjeros en España. Sin embargo, no podemos olvidar que esta legislación de extranjería no se considera un auténtico código de la misma, puesto que hay muchísima normativa referente a los extranjeros. Les puedo hablar del Real Decreto-Legislativo sobre la inversión extranjera en España, la Ley Orgánica sobre el derecho a la educación, la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, la Ley Orgánica que regula los principios básicos de la defensa nacional, la Ley Orgánica que regula el control de cambio. Todas estas regulaciones que están incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que se refieren especialmente a los extranjeros, sin lugar a dudas, conforman un complejo ordenamiento jurídico del que son destinatarios.
Esta ley distingue perfectamente la diferente condición de extranjero de la de nacional, y al mismo tiempo, exhibe una idea de regular en su exposición de motivos que los extranjeros tengan la cota máxima de protección y de ejercicio de los derechos y libertades. Pero a este respecto hay que hacer una serie de matizaciones, ya que existen dos coordenadas que hay que aplicar a la normativa de extranjería. En primer lugar, el derecho que tiene todo Estado a ser respetado por los demás en las personas de sus ciudadanos, y, en segundo lugar, el deber que tiene todo Estado de respetar a su vez a los ciudadanos extranjeros y los derechos inherentes que tienen por su condición de personas. Pues bien, esta regulación española si bien, efectivamente, respeta los derechos inherentes a la condición de los extranjeros, no es menos cierto que hace una clara separación entre el extranjero que se encuentra en el territorio español de forma legal o ilegal. Así nos encontramos con que parte de la idea de que el que se encuentra de forma legal va a desarrollar su actividad de forma pacífica y se integra totalmente en las costumbres y en la vida española y, sin embargo, el que se encuentra de manera ilegal, que normalmente intenta aposentarse en España en masa, va a dar lugar a una ruptura de la vida cotidiana.
Nada más lejano de eso es lo que piensa el Grupo Popular. Lo que si es cierto es que la gran dificultad que tienen en este momento los extranjeros para poder estar legalmente en España, ha creado, por medio de su reglamento, un complejo entramado tan dificultoso, que es un auténtico vía crucis para un extranjero regular y legalizar su situación. De tal manera que, como también recogía la señora Rivadulla en su intervención, nos encontramos con que esta Ley está sirviendo como una especie de contrapeso, porque existiendo en España un grave problema con el paro -- tenemos las máximas cotas de los países occidentales--, en este momento esa dificultad en legalizar la situación está sirviendo de contrapeso para intentar proteger la mano de obra de los grandes flujos de mano de obra extranjera que vienen de terceros países. Por ello esta Ley de Extranjería es una Ley confusa, tal como recogía también el representante de Coalición Canaria, es una Ley que está indefinida, es una Ley que intenta regular una serie de criterios contradictorios, de tal manera que ante una normativa protectora y reguladora

Página 9744


de derechos y libertades, nos encontramos con que se esconde una normativa rígida, una normativa que atribuye una gran discrecionalidad administrativa, por medio, como decía la señora Rivadulla, de una regulación reglamentaria y que ahora se intentar modificar. Por esto que el Grupo Popular, aprovechando esta iniciativa --no piense, señora Rivadulla, que es partidista, yo creo que la compartimos la mayoría de los Diputados que nos encontramos en esta Cámara--, piensa que es muy necesario que se modifique y que se tenga además una actitud equilibrada para su modificación. Hay que tener en cuenta, primero, que en España entran, en base al Turismo, cada año más de 40 millones de extranjeros y, por tanto, por los grandes beneficios económicos que obtenemos, hay que aplicar una política de puertas abiertas.
Sin embargo, también es cierto que hay una serie de problemas gravísimos en España, como es el terrorismo, el narcotráfico, el paro y la inseguridad, que dan lugar a que se aplique una política contraria, una política que controle al extranjero en la frontera. Sin embargo, esta Ley de Extranjería no lo lleva a cabo de forma equilibrada, y lo que hay que tener en cuenta es que con esta modificación se deben perseguir tres objetivos: un control del mercado laboral, un control de la delincuencia y aplicar unas políticas reintegradoras al extranjero. No podemos olvidar que en estos años transcurridos está clarísimo que la sociedad española se ha modificado, no sólo por la integración de España en Europa, sino también por los brotes xenófobos y racistas, por la problemática planteada a los demandantes de asilo y refugio y por el gran crecimiento que ha tenido la sociedad pluricultural española.
Por eso, consideramos que en estos apartados debe basarse esta reforma y vamos a votar afirmativamente esta proposición de ley.
Sin embargo, tenemos que decir que si bien, tal como desgranó al final la señora Rivadulla, existen determinados aciertos, no se da una regulación globalizadora; no lo han conseguido, aunque lo recogen en su exposición de motivos. Quiero distinguir el acierto de motivar la aceptación y rechazo del visado, que deja de producir esa gran indefensión a los extranjeros.
Consideramos que es importante la distinción que hacen cuando modifican los artículos 21 y 26 de la ley para clasificar las infracciones en muy graves, graves y leves, porque lo que no es posible y lo que ataca al sentido común es que se tenga en cuenta para la expulsión de un extranjero --y en tal caso, interviene la autoridad judicial-- que haya delinquido antes o después de ser retenido y que, por tanto, sirva de excusa para mantenerse en el territorio español de forma ilegal el haber delinquido o no.
Nos parece muy positivo que se intente, sin lugar a dudas, regular más específicamente quizás los derechos y libertades de los extranjeros, pero también queremos hacer constar que hay algunas cosas que no las consideramos tan acertadas. No consideramos que sea acertado que, si bien se deben garantizar derechos y libertades a los extranjeros, se haya eliminado el requisito de encontrarse legalmente en territorio español.
No nos parece tampoco acertado que se recoja que pueden tener los extranjeros acceso a la oferta pública de empleo. No podemos olvidar que existe la Ley 17/1993, que distingue, en el acceso al empleo público de los naturales de los Estados miembros de la Comunidad Europea entre aquella función pública que se ejerce en correos, en docencia, en asistencia sanitaria. Sin embargo, ustedes la recogen con carácter más generalizado «in genere», y nos parece inadecuado, porque deberían reservarse para los nacionales españoles todas aquellas funciones que afectan a los intereses españoles y a la potestad pública. Tampoco nos parece adecuado que se haya eliminado el requisito previo al visado de la necesidad de determinados recursos económicos, probar la existencia de recursos económicos para la obtención del visado, lo que puede dar lugar a que entre en España un gran número de indigentes, con los graves problemas sociales que ello conlleva.
No nos parece tampoco adecuada la institución que usted defendió de la residencia permanente en España. Señoras y señores, se recoge como requisito que todo extranjero que hubiera permanecido legalmente en territorio español durante más de seis años, aunque sea de forma discontinua, podrá acceder a esta residencia permanente. Ello, contradice los principios que recoge nuestro Código Civil para adquirir la nacionalidad, que exige desde un año hasta diez años, e incluso los requisitos necesarios para adquirir la residencia.
No nos parece adecuado haber apartado del trato favorable a los ciudadanos andorranos y a los nacionales de Portugal, países con los que tenemos una gran relación, desde hace muchos años, de convivencia vecinal y de identidad. Sin embargo, han sido sustituidos por los ciudadanos marroquíes y saharauis, con el problema que ello nos puede crear de un flujo migratorio.
No nos parece lo más adecuado, creemos que puede dar lugar a un gran fraude de ley, que el extranjero trabajador en España que, por incapacidad permanente, tenga que abandonar el trabajo, pero que perciba una pensión de un organismo español, se pueda quedar indefinidamente en nuestro territorio.
Echamos en falta algunas pequeñas cosas, como, por ejemplo, que no se habla para nada de que los extranjeros tengan derecho al ejercicio de sus ritos y a hablar su propia lengua. No se recoge para nada una separación clara entre las competencias judiciales y administrativas, en materia de extranjería. No se recoge la eliminación del estudiante extranjero que termine sus estudios y consiga trabajo en España no tenga que retornar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Barrios, vaya concluyendo, por favor.


Página 9745


La señora BARRIOS CURBELO: Muchas gracias, señor Presidente, concluyo.
Que no tenga que volver a su país de origen, para que allí el consulado español le selle su contrato laboral. Y no se recoge que todos aquellos temas que se regulan, por la discrecionalidad reglada, sean más reglados y menos discrecionales y que incluso no se regule nada respecto a los hijos de los inmigrantes, estén legal o ilegalmente en España, respecto a una protección y ayuda a su cultura y, por supuesto, a que se puedan integrar mucho mejor en la cultura española.
Señora Rivadulla, señores del Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Popular va a votar afirmativamente, reservándose, en este sentido, poder presentar determinadas enmiendas. Y les quiero felicitar por la iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Rivadulla, acababa usted su intervención pidiendo que con su proposición se solucionaran problemas. Esa es la postura de nuestro Grupo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Y precisamente por eso, porque esta misma tarde se acaba de aprobar el reglamento de la Ley de Extranjería en la Comisión Interministerial, es por lo que nuestro Grupo le va a pedir que apoyen este reglamento que a ustedes les parece muy bien, con el que ustedes están de acuerdo, que ustedes comparten plenamente en su exposición, en el 90 o en el 95 por ciento de los casos, y de esa manera podremos acelerar un trámite que beneficia a los extranjeros.
Si hoy nuestro Grupo diese el voto favorable a su proposición, antes de junio no estaría aprobada esta Ley; no antes de junio.
Además, como todos los grupos de la Cámara --y el suyo de los primeros-- quieren que haya elecciones generales cuanto antes, entonces nos remitimos «ad calendas graecas». Lo mínimo que se puede pedir a un proyecto de ley es que dé 21 días para poder presentar enmiendas. Señora Rivadulla, pocos íbamos a ser los que estuviéramos dispuestos a estar aquí el día 24 o el 25 de diciembre para ver las enmiendas. Es que son las fechas que tenemos, señora Rivadulla, es que son las fechas que hay. Una de dos, o ustedes quieren que haya elecciones generales o no se puede tramitar su proyecto de ley. El calendario no cambia. Una vez en la Universidad se quiso poner un calendario especial --le llamábamos el calendario juliano-- y duró un año.
Yo pienso --y estoy convencido de que ustedes también, puesto que conocen el reglamento-- que es un buen reglamento. Es un reglamento en el que están de acuerdo, como ustedes han dicho, las ONG, está pactado con los sindicatos y va a facilitar el disfrute de los derechos de los extranjeros en España. Por ello, nosotros creemos que no es el momento de plantear o de aceptar esta proposición de ley.
Esta tarde se ha aprobado, como digo, en la Comisión Interministerial este reglamento. Los trámites que le esperan son: mandarlo al Consejo de Estado, que es preceptivo --el Gobierno tiene el propósito de pedir con urgencia este trámite al Consejo de Estado--, y Comisión de Subsecretarios. Yo pienso, sin excederme nada, que en el mes de enero este reglamento afortunadamente podrá estar vigente en España. Los extranjeros en España podrán disfrutar de los beneficios que en él se contemplan para ellos. Además --ya lo he indicado--, su proposición concuerda en un 90 por ciento con este reglamento, y me baso en ello.
Es necesario el reglamento. Es verdad, coincidimos plenamente con usted. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, por los cambios que se han producido en nuestro país en materia de extranjería desde el año 1986. En segundo lugar, por ser concorde la legislación que queremos poner en marcha, vía este reglamento que se tramitará como Real Decreto-ley, con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país, indudablemente; sobre todo el Tratado de la Unión Europea y los acuerdos de Schengen.
Igualmente, es necesario aplicar este reglamento a las disposiciones de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Y, por último, fundamentalmente es necesario este reglamento para lograr una mejor estabilidad y disfrute, en definitiva, una mejor seguridad jurídica de los extranjeros en nuestro país.
Haciendo una pequeña comparación entre lo que ustedes proponen y el reglamento, yo diría que son muchísimas más las coincidencias que las discrepancias. Es verdad que hay algunas discrepancias, señora Rivadulla, es verdad, lo tengo que reconocer; pero son muchísimas más las coincidencias entre su proposición de ley, la Ley actual y el reglamento. Por ejemplo, en materia de derechos y libertades. Es verdad que en alguno de los que ustedes incluyen, como el acceso de los extranjeros a la oferta pública de empleo, nosotros vamos a poner una limitación, no por nada, sino porque inclusive a algunos extranjeros de la Unión Europea les está vetado el acceso a determinados puestos de la Administración pública española. No es dar un trato discriminatorio a unos extranjeros porque sean de otro país, sino que a los mismos europeos nuestra legislación, como la de otros países a nosotros, les veta, les prohíbe o no les faculta el acceso a esos puestos.
En cuanto al régimen de entrada, del que usted ha hablado, es verdad, es lógico; hace falta la motivación de acuerdo con la Ley 30/1992 y así lo contempla este reglamento. En el estatuto de residencia permanente, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no sé es cómo la señora Barrios ha dado un apoyo tan unánime a su proposición para luego, según palabras de una compañera

Página 9746


suya, destrozársela. Nosotros estamos de acuerdo, señora Rivadulla, con el estatuto de residencia permanente. Y estamos de acuerdo con la reagrupación familiar. ¡Pues claro que sí! Respecto a los problemas de trabajo y establecimiento, también estamos de acuerdo con el permiso de trabajo permanente. Otra cosa es la identidad que existe en su proyecto y el reglamento entre los permisos y condiciones de trabajo. Ya le digo, son muchas las coincidencias.
No coincidimos en un punto: cuando ustedes hablan del trato que hay que dar a los estudiantes extranjeros en nuestro país.
Nosotros estamos de acuerdo en facultar a estos estudiantes para que puedan tener unos trabajos remunerados. Lo que no podemos contemplar es que estos mismos estudiantes tengan derecho a la reagrupación familiar, porque en este caso los estudiantes no están considerados en España como extranjeros; simplemente no tienen un permiso de residencia, sino un permiso de estancia.
Verá usted, señora Rivadulla, que son muchísimos más los puntos de coincidencia que los de discrepancia, afortunadamente. Por otra parte, como he dicho al principio, pienso que esta coincidencia es mucho más amplia que inclusive la de la Cámara, las ONG y los sindicatos.
Nosotros queremos solucionar el problema y creemos que la vía más efectiva en este momento de la legislatura es que ustedes retiren su proposición de ley y exijamos un plazo al Gobierno para que ponga en práctica este reglamento.
Nos felicitamos de esas coincidencias con ustedes y precisamente por querer solucionar los problemas de los extranjeros en España optamos por la vía de este reglamento que, repito, señoría, se ha aprobado esta misma tarde en la Comisión Interministerial de Extranjería.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Vamos a proceder a la votación correspondiente. (La señora Barrios Curbelo pide la palabra.) Señora Barrios, ¿a qué efecto?

La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, solamente a efectos de alegar que, a la vista de la información que nos ha dado el representante del Grupo Socialista, el Grupo Popular va a modificar el sentido de su votación, absteniéndose en la misma.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 21; en contra, 149; abstenciones, 152.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR. (Número de expediente 122/000129)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular sobre los derechos del menor.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Barrios. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Señora Barrios, cuando quiera.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el Grupo Popular ha elaborado esta proposición de ley de derechos del menor, no sólo como respuesta a las exigencias del apartado 4 del artículo 39 de la Constitución Española y al artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sino también como respuesta a la moción...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Barrios.
¡Silencio, señorías! Señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Como respuesta a la moción que, por mayoría, se aprobó el pasado 10 de mayo de 1994 por todos los grupos parlamentarios de este Congreso, en la que exigíamos al Gobierno que trajera a esta Cámara en el año 1994 una ley de derechos del menor. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue traer al Congreso un proyecto de ley, denominado de protección jurídica del menor y modificación parcial del Código Civil, que él mismo reconoce y que todos los grupos denunciamos porque considerábamos que no era la ley de derechos del menor que se había pedido. Si bien reforma --y creemos que para bien-- todo el sistema civil en materia de adopción y acogimiento, no es menos cierto que la gran deuda, que es la ley de derechos del menor, no ha llegado a este Congreso.
La situación del menor en España es grave. Diariamente, los menores son víctimas de explotación, de malos tratos físicos y psíquicos, de abusos, de prostitución.


Página 9747


Ello conforma un paisaje poco risueño para la juventud y la infancia en España. Sin embargo, el Gobierno en todo momento se niega a traer una ley de derechos del menor. Esta situación no sólo la denuncian los medios de comunicación, sino también las instituciones, personas y organismos que se relacionan con el tema del menor.
No podemos olvidar que, en el año 1993, los defensores del pueblo de toda España se reunieron y denunciaron la vulneración de los derechos del menor. También lo han hecho los jueces y fiscales de menores; incluso el informe que envió el Gobierno al Comité de Derechos del Niño, aunque veladamente, así lo recogía. El Gobierno se niega reiteradamente a traer este texto de derechos del menor, alegando que ya existe una Constitución con una serie de derechos y libertades que se aplican a las menores; que ya existe, desde el año 1989, la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y se está aplicando en España desde 1991. El caso es no elaborar la ley de derechos del menor y el Grupo Popular no está de acuerdo con esta postura. Por ello, hemos elaborado esta proposición de ley. En primer lugar, para decir, aunque exista efectivamente una extensa tabla de derechos y libertades en nuestra Constitución, la referencia que se hace a la infancia es muy escasa. Por ejemplo, el apartado 4 del artículo 39, que está ubicado en el Capítulo tercero del Título I tiene, como saben SS. SS., como título «De los principios rectores de la política social y económica». Según se recoge en el artículo 53.2 de la Comunidad Europea, no son derechos directamente aplicables y exigibles, puesto que su incumplimiento no conlleva a presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, se puede considerar que este precepto no regula los derechos exigibles directamente respecto a la infancia, sino que son unos principios informadores de la actuación de los poderes públicos. Además de lo anteriormente expuesto, he de recordar que últimamente algunas comunidades autónomas han elaborado leyes del menor y otras pretenden hacerlo en un futuro próximo.
Por tanto, es necesario que exista una ley de ámbito nacional que fije los criterios para interpretar el contenido de los derechos del menor y para conformar un estatuto jurídico del menor. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a traer esta ley completa y totalizadora.
Esta proposición de ley fija un concepto amplio en el ámbito personal y territorial, considerando titular de la misma al menor de edad, el ser humano, de edad inferior a los 18 años, que se encuentre en territorio español o bajo la jurisdicción española.
Tiene como finalidad específica adecuar los criterios que regula la Convención de los Derechos del Niño, que tiene carácter universal, a las necesidades, a la realidad de los menores en España, de tal manera que si bien los menores son titulares de derechos fundamentales, su ejercicio se debe modular por su minoría de edad. No se recoge un detalle mínimo de los derechos, sino que se intenta regular los mismos para, posteriormente, ser desarrollados. Por eso, en esta proposición de ley figura, una disposición transitoria en la que se concede un año para terminar de desarrollar la regulación específica o, si son competencias transferidas a las comunidades autónomas, para que ellas mismas lo hagan.
Además, en esta proposición de ley también se recoge y se enmarca la protección del menor antes y después de su nacimiento, porque hay determinadas circunstancias que afectan al menor antes de su nacimiento y que, después, dan lugar a una auténtica discriminación. Estoy hablando de la ley que regula las técnicas de reproducción asistida o la donación de gametos.
Este texto regula y contiene cinco títulos. El primero de ellos recoge unos principios rectores; en el artículo 2.2 se recoge el principio de igualdad, evitando toda discriminación que afecte al menor o a su familia y también el principio del interés del menor, que debe ser superior al interés de sus padres, de tal manera que pueda dar lugar a su desarrollo integral y a un ejercicio completo y armonioso de sus derechos. Dándose importancia a la figura del padre y de la madre y a la figura de la familia, considerando que ésta debe ser protegida, tal como recoge nuestra Constitución y los tratados internacionales que hemos firmado, el interés del menor debe estar por encima de ellos.
También recogemos los principios de actuación de los poderes públicos no sólo por el principio de subsidiariedad, sino al principio de coordinación de todos los órganos de las comunidades, de las administraciones públicas que tienen competencia en la protección del menor. Así, recogemos la necesidad de un comité central de seguimiento de la política de la infancia, asistiendo y controlando la misma para que los menores, estén en el punto territorial que estén, en España tengan los mismos derechos y la misma protección.
En este Título I, aparte de esos principios rectores, se recoge también el derecho primero y fundamental, sustentador de los demás, que es el derecho a la vida del menor, derecho que se extiende a su desarrollo y a su supervivencia.
En el Título II, que quizá es el más novedoso, se regulan los derechos y libertades civiles, los derechos sociales y culturales del menor en un solo texto. Así, nos encontramos con el derecho a un nombre; el derecho a la identidad; el derecho a la nacionalidad, teniendo en cuenta los riesgos que pueden tener algunos menores extranjeros de resultar apátridas; el derecho a buscar y recibir información con las necesidades y los problemas que conllevan los menores que pertenecen a diferentes culturas y que padecen alguna minusvalía; el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; el derecho a conocer sus orígenes; una extensa regulación del derecho a la educación y a la salud, derecho al ocio y al juego.
En el Título III recogemos los derechos y libertades de los menores y de sus padres o quienes les sustituyan en el ámbito familiar, de tal manera que, como decía

Página 9748


anteriormente, ante la confrontación de los mismos, debe aplicarse el interés superior del menor y la actuación de los poderes públicos cuando, produciéndose una desprotección de los menores, tengan que actuar con medidas paliativas o preventivas.
También recogemos en el Título IV una seria de situaciones que necesitan especial protección. Estamos hablando en este momento de aquellos menores explotados, de los que se abusa y a los que se les agrede; los menores en relación a los conflictos armados, los menores inmigrantes, los menores necesitados de asilo y refugio, los menores pertenecientes a minorías cuya cultura pretendemos que se proteja y que también se integren en la cultura del entorno en el que viven. También estamos hablando de aquel menor infractor, teniendo en cuenta que hay que adecuar su tratamiento a lo que regula la Convención de Derechos del Menor, con un principio educativo y recuperador del mismo y no sancionador, como en este momento se pretende por el Gobierno socialista.
Aparte de todo esto, se recogen una seria de novedades en las disposiciones finales, como la necesidad de modificar la edad para que se le conceda al menor la dispensa por matrimonio. En este momento está fijado a los 14 años, lo que nos parece una auténtica barbaridad y creemos que se debe fijar a los 16.
Asimismo, recogemos la necesidad de designar a uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo para que defienda los derechos del menor, una especial protección y actuación del Ministerio Fiscal en relación a los menores; la necesidad de medidas de control la identidad del menor; la determinación de un juzgado de primera instancia especializado en menores, con un fiscal y todo el equipo multidisciplinar especializado en esta materia, tan necesario en estos momentos, porque los juzgados de familia y los juzgados de primera instancia que los sustituyen, abarrotados de trabajo, tardan hasta más de un año en resolver los recursos que les llegan respecto a menores, así como el problema que se plantea con las resoluciones contradictorias que muchos de ellos emiten puesto que algunos magistrados son jueces sustitutos que no están sensibilizados con el tema del menor.
Termino, señoras y señores Diputados, diciendo que esta proposición de ley fija un derecho-deber de asistencia al menor.
Está claro que la política que ha llevado España en materia de infancia y de juventud, en lo referente a las medidas y al ordenamiento, ha sido siempre perezosamente desarrollada, de tal manera que no ha llegado a la opinión pública y no ha sido ejercitada adecuadamente por los poderes públicos. Considero que la política de infancia y de juventud que se ha llevado en España debe tener su anulación en unas causas mucho más complejas, porque económicamente no es tan costosa. Sin embargo, la actitud existente en España ha sido siempre la de pensar que los menores no tienen problemas, molestan, los problemas se eliminarán cuando se conviertan en adolescentes, y los problemas de los adolescentes se eliminarán cuando sean adultos. Lo que sí es cierto es que la política de la infancia y de la juventud en España se ha resumido en una relación de necesidades que han sido aplazadas y desplazadas siempre por otras que se han considerado que se deben solventar de forma más perentoria. Con ello, parece como si España no fuera capaz de permitirse el lujo de regular y solventar el problema del menor.
Existe una máxima que dice: Las mujeres y los niños, primero.
Esta máxima, que lleva muchos siglos utilizándose, es ambigua.
Por un lado, nos encontramos con que contiene un poco de galantería y por otro de protección amorosa. Es bueno que se apoye y se proteja al débil; no es tan bueno que se dé lugar a que le haga falta protección o a que se sea débil.
Algunos portavoces de los diferentes grupos me han expresado que no es el momento adecuado para aprobar esta proposición de ley, que hay una falta de oportunidad. Otros han argumentado que existe el proyecto de ley cuya aprobación vamos a discutir el jueves. Todos sabemos --lo dijimos aquí en su momento-- que este Proyecto no es una ley de derechos del menor. Por tanto, considero que lo único coherente es aprobar una auténtica ley de derechos del menor, cosa que, repito, no lo es el proyecto de ley que presentó el Gobierno. Necesitamos un texto globalizador de los derechos del menor que sea el inicio de una auténtica política, que no se quede solamente en palabras y que en palabras solamente se diga que los menores primero, y, sin embargo, cuando se vaya a plasmar esto no se lleva a cabo.
Es posible, señoras y señores Diputados, que me quede sola en la defensa de esta proposición de ley de derechos del menor. Ya veo que doña Carmen del Campo se sonríe y asiente. Es posible, señor Del Campo, que me quede sola, que se quede solo el Grupo Popular defendiendo la ley de derecho del menor, pero le puede asegurar que este ideal que tiene el Grupo Popular lo podríamos comparar con las estrellas. Sí, señor Curiel, se pueden comparar esos ideales con las estrellas, que son difíciles de alcanzar, pero iluminan el camino. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.


La señora MONZON SUAREZ: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria no va a dejar sola a Bernarda Barrios, representante del Grupo Popular, porque nosotros sí defendemos y apoyamos la iniciativa. Entendemos que sí es oportuna la presentación de esta

Página 9749


proposición de ley sobre los derechos de menor pues existen, además, para avalarlo innumerables recomendaciones dentro de nuestro país en esta línea tanto de los poderes judiciales, como iniciativas privadas, como asociaciones, etcétera. También son frecuentes las recomendaciones de los organismos internacionales, como el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas, a los países miembros para que adecuen sus legislaciones a los progresos que, por suerte, se vienen dando, aunque poco a poco, en materia de menores.
Tiene tal trascendencia esta materia que bajo ningún concepto debe ser utilizada con fines partidistas o electoralistas. En materia de menores se está progresando, afortunadamente, pero se hace imprescindible un trabajo muy interdisciplinar y muy técnico para que se apruebe una ley que sirva para varios años y no se quede obsoleta en poco tiempo.
Al elaborar esta proposición de ley nos parece que se ha actuado con prisa, sin consultar suficientemente el Derecho comprado y los abundantes documentos que existen sobre el tema a nivel nacional y a nivel internacional, exceptuando --nos parece-- la Convención de los Derechos del Niño, cuyo esquema se pretende seguir, con poco acierto, porque se trata sin profundidad o se dejan de mencionar aspectos tan importantes como la familia, las vacaciones de los padres; normativas laborales que deben cambiar para facilitar el cuidado de los hijos, como trabajos parciales, trabajos en el domicilio o experiencias realizadas en algunos países con gran éxito; las mujeres encarceladas con niños; atención a la primera infancia; familias monoparentales; abusos sexuales; peligro de las sectas, etcétera. Y documentos estatales como la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, a la cual se hacen alusiones confusas en algunos casos, así como la Ley Orgánica 4/1992, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, que se desconoce, por lo que luego se rectifican las citas en las correcciones de erratas.
Parece que esta proposición de ley desconoce también una serie de resoluciones o recomendaciones del Parlamento Europeo sobre los derechos del niño en la familia, en la mujer, etcétera, que tiene mucho que ver con los derechos de los niños y de las niñas; recomendaciones como la resolución sobre la protección de las familias y unidades familiares al final del Año Internacional de la Familia, del Parlamento Europeo; la recomendación del Consejo 92/241, de marzo, sobre cuidado de los niños y las niñas; la Carta Europea de los niños hospitalizados; las políticas familiares, la mujer y la corresponsabilidad parental; prioridades de la Unión Europea en la Cumbre mundial del desarrollo social, etcétera.
No se debe ignorar, por otro lado, que los derechos de los niños no pueden quedar en un enunciado de principios, sino que, como muy bien recomienda la misma Convención de los Derechos del Niño, estos derechos están ligados intrínsecamente a una serie de circunstancias familiares, sociales, ambientales, económicas, políticas, etcétera, que se han de ordenar para garantizar los derechos de los menores.
Entrando en una visión general de la proposición de ley, a nuestro entender no se da un progreso en la valoración de las edades de los niños para opinar quién valorará su opinión y en qué circunstancias. Nos parece que está poco definido el tema de los niños, los padres y los medios de comunicación. Determinados artículos son muy farragosos, poco claros, como el artículo 8.
Aparecen términos entremezclados en el artículo 16, medidas confusas en el artículo 18. La sección tercera, capítulo II, artículo 21, es muy pobre en contenidos. Hay artículos mal formulados como el 27.1. Los artículos 28 y 30 parecen más párrafos de un reglamento que de una ley. Entendemos que no se puede señalar por ley una lista exhaustiva de medidas preventivas sin riesgo de quedarse a medias. No se puede señalar tampoco tan a la ligera la definición de riesgo. El artículo 37 no tiene en cuenta la Ley 4/1992. Nos parece que queda poco o nada clara la protección de los niños de padres trabajadores. No queda suficientemente explicitada la salud. No se explicita tampoco la protección contra las drogas y otras sustancias similares, legales o no. Es muy poco contundente en cuanto a los abusos sexuales de menores: incesto, etcétera. Hay poca significación en medidas compensatorias que permitan la integración de menores con exclusiones sociales y desprotección. No hay nada sobre licencias parentales y vacaciones coincidentes, nada sobre atención a la familia y nada sobre familias monoparentales.
En consecuencia, Coalición Canaria va a votar favorablemente en la confianza de que el trabajo posterior mejore las múltiples deficiencias de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Monzón.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señalar la posición de nuestro Grupo ante la proposición de ley de derechos del menor, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señora Barrios, no podemos darle a esta proposición de ley un sentido de oportunidad debido a que, como usted conoce, esta misma semana en esta Cámara se va a aprobar el proyecto de ley de protección jurídica del menor y de modificación parcial del Código Civil.
Nuestro Grupo siente también la necesidad de crear un cuerpo legislativo que proporcione una asistencia especial

Página 9750


a los menores, lo cual ha sido defendido insistentemente por nuestro Grupo durante varios períodos legislativos. Señora Barrios, el proyecto de ley que el jueves va a tratar esta Cámara ha sido sustancialmente mejorado durante el trámite de enmiendas.
Usted misma y su Grupo han podido mejorarlo en profundidad. No podemos apoyar esta proposición de ley de derechos del menor que, precisamente, en la misma exposición de motivos, manifiesta que no pretende regular detalladamente el contenido de los derechos del menor sino establecer unos principios, unos criterios mínimos.
Ya en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España, se reconocen los principios que usted presenta en esta proposición de ley. Por lo tanto, lamentándolo mucho, en este momento no podemos apoyar su propuesta.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Alemany.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a la proposición de ley presentada por el Partido Popular, sobre los derechos del menor. He de decir que en esta Cámara la preocupación por los menores es de todos los grupos, que todos los grupos aprobamos, como decía la portavoz del Grupo Popular, una moción consecuencia de una interpelación, reclamando precisamente al Gobierno esa ley de derechos del menor y que es cierto que este no ha presentado en esta Cámara una ley de derechos del menor. Pero como ésa es una preocupación fundamentalmente también del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, al amparo del proyecto de ley presentado por el Gobierno este Grupo Federal presentó una enmienda de totalidad. Y dicho sea de paso, señora Barrios, su proposición de ley es una mala copia de nuestra enmienda de totalidad, que lo único que ha hecho ha sido incluir más literatura, pero no más derechos ni mejor regulados ni mejor protegidos. El proyecto de ley presentado por el Gobierno se habría podido convertir en una ley de derechos del menor más amplia y se ha convertido en una ley de derechos del menor, en parte, precisamente gracias a la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que --como le va a pasar hoy al Partido Popular, al menos por parte de nuestro Grupo-- nos quedamos solos votándola y el Grupo Popular se limitó, única y exclusivamente, a presentar una proposición de ley, desperdiciando la oportunidad de haber participado más activamente a la hora de mejorar el texto que el jueves vamos a aprobar.
Señorías, en esta proposición de ley se establecen prácticamente los mismos derechos que nosotros recogíamos en nuestra enmienda de totalidad, por lo tanto, no podemos estar en desacuerdo. Lo cierto es que en el proyecto de ley que vamos a aprobar el próximo jueves quedan recogidos derechos que para nosotros son fundamentales como, por ejemplo, el derecho de los menores a ser oídos, el derecho a la información y a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, etcétera. Señorías, en el proyecto de ley quedan recogidos fundamentalmente aquellos derechos que nosotros considerábamos más importantes. De ahí que nosotros vayamos a votar en contra de esta proposición de ley, precisamente porque consideramos que llega a destiempo, que se ha perdido una oportunidad de haber mejorado el texto que envió el Gobierno, que había sido ya enriquecido con nuestra enmienda y con las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, que además nos ofrecía la oportunidad de agilizar la solución de las necesidades de los menores y de satisfacer las expectativas generadas en las organizaciones no gubernamentales que desarrollan su trabajo con menores.
La defensora de la proposición ha dicho que había artículos novedosos. Por ejemplo, el número 2, donde se hablaba de derechos y libertades. Señorías, para nosotros no era nada novedoso, puesto que ya lo habíamos planteado dos meses antes de que ustedes presentaran su proposición de ley. En el proyecto de ley que aprobaremos el próximo jueves ya está recogido el que un adjunto del Defensor del Pueblo se haga cargo de la defensa específica de los derechos de los menores.
Es cierto que en un principio la ley presentada por el Gobierno defraudó, no solamente a los grupos de esta Cámara, sino a todas aquellas organizaciones no gubernamentales que habían defendido que tenía que ser amplia, de protección de derechos del menor y recoger, además, los derechos del menor. Creemos que hubiera sido muchísimo mejor para los menores --aquéllos que nos preocupan tanto-- haber aprovechado el marco jurídico del trámite que teníamos previsto, lo que nos habría permitido aglutinar todas aquellas leyes que tienen que ver con los menores que, precisamente para, que se puedan aplicar y proteger los derechos de los menores, nos habría permitido modificar el Código Civil, que es un instrumento muy válido para defenderlos.
De ahí, señoría, que, perdida esa oportunidad, tendremos que esperar posiblemente a una mejor época, para poder determinar y perfilar los derechos de los menores; pero, desde luego, no es ahora el momento, sino hace un mes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.


Página 9751


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Socialista, señorías, quisiera, ante todo, manifestar una relativa sorpresa por la presentación en este momento de esta proposición de ley.
La señora Barrios ha hecho un excelente resumen del contenido del texto que acaba de defender. De ese resumen y de su atenta lectura, el Grupo Socialista deduce que los dos objetivos fundamentales de ese texto, la regulación de los derechos del menor y el establecimiento de medidas eficaces de protección, son objetivos muy cercanos, prácticamente idénticos, a los del proyecto de ley que debatiremos pasado mañana en esta Cámara.
Señorías, yo no quisiera repetir aquí discusiones que hemos reiterado hasta la saciedad, en Pleno, en Ponencia y en Comisión, sobre la conveniencia o no de legislar a base de estatutos personales en un sistema jurídico como el nuestro; sobre la conveniencia o no de repetir literalmente artículos de la Convención de Derechos del Niño que, al fin y al cabo, es ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, creo que, por cortesía, debo hacer algunas observaciones sobre el contenido de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular; una proposición de ley que, a nuestros ojos presenta luces y sombras.
Presenta sombras porque, efectivamente, adolece de defectos. Para nosotros, el primero de ellos, la vaguedad. En un momento de desarrollo constitucional como éste, señorías, con dos leyes orgánicas destinadas a regular la materia, es demasiado impreciso decir que el menor tiene derecho a la educación y desarrollar en cuatro someros artículos este derecho. Es francamente etéreo hablar de que el menor trabajador tendrá los derechos que para él se establecen en las leyes laborales. Es francamente difuso hablar de que el menor tiene derecho a una nacionalidad, ¿a cuál, señoría?, porque este Parlamento podrá establecer qué menores, en qué condiciones, si todos o algunos tienen derecho a la nacionalidad española, pero no podremos ir más allá. Son defectos que, como ya ha señalado algún otro interviniente, la hacen demasiado vaga y esa vaguedad redunda en falta de eficacia.
Por otro lado, hay algunos aspectos técnicos que han sido señalados con profusión: una cierta confusión de competencias del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial en algunos artículos; regular fuera del Código Civil cuestiones que son materia clara de Código Civil; considerar sólo como derechos y no como derecho/deber el contenido de las facultades de la patria potestad... Podríamos hacer una relación más larga, señorías, pero no se trata aquí de hacer ataques puntuales a determinados artículos, porque he dicho, y repito, que esa proposición de ley a nuestros ojos también tiene virtudes y aspectos que, desde luego, redundan en una mejor protección del menor; complementa el desarrollo de algunos derechos que están insuficientemente desarrollados en nuestra legislación actual, como puede ser el honor, la intimidad o el derecho a la asociación; mejora aspectos de la Ley 21/1987, al distinguir entre la situación de riesgo y desamparo en la desprotección del menor; da mayor facilidad de maniobra a las entidades públicas para proteger a los niños; aborda --aunque aquí sí que tengo que decirlo--, de una manera absolutamente insuficiente, la problemática de la adopción internacional. Son, efectivamente, virtudes, señores del Grupo Popular, que reconozco. Ahora bien, todos estos aspectos positivos están recogidos, y al entender de este Grupo de una forma más amplia y más precisa, en este proyecto de ley de protección jurídica del menor que saldrá de esta Cámara camino del Senado pasado mañana, jueves.
No vemos, por tanto, la oportunidad de esta iniciativa. Señorías, para el Grupo Socialista las cuestiones de los menores no son cuestiones partidarias, la protección del niño es un asunto de todos y nunca adoptaremos en ella posturas de un solo partido político. Lo hemos demostrado así, señorías, en la aceptación de numerosísimas enmiendas a este proyecto de ley, y les aseguro que lo seguiremos demostrando en el trámite del Senado, en el que aquellas propuestas útiles que se incorporen, aquellas propuestas que mejoren la protección de la infancia, serán aceptadas por nosotros. Pero hagamos un trabajo eficaz, no aprobemos ahora propuestas inviables, que no tienen ninguna posibilidad de culminar su trámite parlamentario, y dediquémonos al trabajo serio, al trabajo que está prácticamente al fin de ese camino del que la señora Barrios hablaba, y consigamos entre todos una protección aún más eficaz de los derechos de los niños y las niñas en España. Ese y no otro será el mejor modo de celebrar el sexto aniversario de la Convención de Derechos del Niño que conmemoramos en estos días.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Del Campo.
Vamos a pasar a la votación correspondiente a esta iniciativa debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre los derechos del menor.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 141; en contra, 170; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.


Página 9752


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES (Número de expediente 162/000246)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, proposiciones no de ley. Proposición del Grupo de Coalición Canaria relativa a la convocatoria de elecciones generales.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en el breve turno de diez minutos de que dispongo (Un señor Diputado: Demasiado.) voy a argumentar, justificar y razonar una propuesta política que presenta el Grupo de Coalición Canaria, que entiende elemento esencial que corresponde al sentir mayoritario y al estado de opinión pública en este país sobre la necesidad de que la crisis política debe conducir inevitablemente a la convocatoria de elecciones generales.
La propuesta que voy a defender está basada en tres razones principales: Una razón política, una razón de forma y procedimiento y también una cuestión de oportunidad política, porque en los argumentos que mi Grupo ha venido escuchando en las últimas semanas, en orden a apoyar o a votar en contra de nuestra propuesta, se mezclan las cuestiones de fondo político con pretextos formales y cuestiones de oportunidad de tiempo político.
Me referiré, en primer lugar, a las cuestiones de fondo. La primera pregunta, a la hora de hacer una reflexión sobre lo que hay que votar, es: ¿Existe en este país o no una crisis política profunda que afecta por su prolongada permanencia, sin que haya una respuesta, al funcionamiento regular de las instituciones? (Varios señores Diputados: No.) ¿Hay una razón de fondo fundamental que explica o no que debería disolverse el Parlamento español y convocarse elecciones? (Varios señores Diputados: No.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Desde los estrados del Grupo Socialista escucho una versión, por lo visto interesada, en el sentido de que no. Yo, con el ánimo parlamentario de persuadir más que de tener opiniones previas, les pregunto: ¿Qué democracia europea hubiese aguantado las crisis sucesivas de los fondos reservados y de la Guardia Civil, la crisis del Banco de España, la crisis del GAL, la crisis del Cesid; crisis, una tras otra, que, como decía yo hace quince días en este mismo estrado, han ido penetrando cada vez más profundamente en el corazón del Estado? ¿Qué país en Europa hubiese soportado con más estoica paciencia que con la que ha aguantado la sociedad española sin haber disuelto el Parlamento y convocado elecciones? Uno sólo de los cuatro o cinco grandes escándalos que ha vivido este país en los años 1994 y 1995 hubiera precipitado, en cualquier democracia europea que tuviera un sentido del Estado por encima de los intereses partidistas, una convocatoria electoral. Decía hace quince días que penetraba más profundamente en el corazón del Estado y una semana después ocurría que hasta la institución monárquica, la última en ser afectada, andaba en medio de las batallas de la conspiración.
Yo creo que es innegable que el Presidente del Gobierno español tenía, antes del verano de 1995, como máximo en el mes de julio, que haber disuelto este Parlamento y convocado elecciones para que hubiese... (Protestas y aplausos.) No les gusta a ustedes lo que estoy diciendo, pero escúchenme, porque a lo mejor los convenzo y cambian el planteamiento inicial del voto que ya tienen cerrado en este debate parlamentario. Nosotros, lo que estamos planteando es que hay razones, y el que las niegue procede y actúa con una ceguera política y con una enorme irresponsabilidad.
No se han convocado elecciones, y se argumentó por el Gobierno y el Grupo Socialista que no se convocaban elecciones porque tenía mayoría, porque contaba con el apoyo de Convergència i Unió. Eso ocurrió ciertamente hasta el mes de julio. En el mes de julio Convergència i Unió hizo un discurso en esta Cámara diciendo que el Gobierno debía recuperar en un mes la credibilidad de los ciudadanos. En un mes nos encontramos con el desencadenamiento del GAL, la agudización del Cesid, y en el mes de septiembre, Convergència i Unió le dijo al Partido Socialista --si yo he leído bien sus declaraciones-- que en este país se había acabado la mayoría sobre la que se gobernaba.
Tuvimos un acto político fundamental en las prácticas parlamentarias. El acto político consistió en que todos los grupos de la Cámara, menos el Grupo Socialista, votaron que no a los Presupuestos del Estado, y el Gobierno de España se quedó, de hecho, convertido en un gobierno prácticamente en funciones, sin el instrumento básico, sin la Ley fundamental que justifica la política económica y el gobernar España: la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin la cual seguimos.
Oí a todos los grupo parlamentarios decir entonces: ya no es tiempo de Presupuestos. El señor Molins lo sintetizó en una frase clave: no es tiempo de presupuestos; es tiempo de elecciones. La enmienda presentada por el Grupo Catalán entonces, que nosotros respaldamos y apoyamos aquí, en un folio decía: es tiempo de elecciones y no es tiempo ya de debatir las nuevas políticas económicas. A partir de ese momento la proposición no de ley de Coalición Canaria entra en el debate de este Parlamento.
Entonces, como no se quiere ir al fondo del debate han empezado los argumentos formales: que si es constitucional; que si no lo es; que cómo es posible que un Grupo Parlamentario

Página 9753


no plantee ni la moción de censura ni la moción de confianza. (Un señor Diputado: Plantearla.) Hagamos un análisis serio de la Constitución. Si hay un grupo en minoría que pierde la votación de la ley de los presupuestos, lo primero que tenía que haberse planteado es la cuestión de confianza, mecanismo que establece la Constitución para saber si se puede seguir gobernando con mayoría o no. El Presidente del Gobierno, como sabe que el Grupo de Convergència i Unió le ha amenazado, afirmando reiteradamente que no votaría una cuestión de confianza, no la presenta. El Gobierno se escuda en que frente a esa situación sólo cabe la presentación de una moción de censura.
Para convocar elecciones el procedimiento constitucional no es la moción de censura. La moción de censura sirve para sustituir un gobierno por otro, para que el siguiente gobierno tenga un presidente y un programa y siga gobernando. Pero en esta Cámara no hay ni mayoría para mantener una cuestión de confianza, ni mayoría para ganar una moción de censura. Ante un bloqueo constitucional de ese tipo, sólo es posible disolver y celebrar elecciones. La Constitución Española tiene mecanismos, cautelas y prevenciones muy importantes para evitar que haya vacíos políticos. La historia de España de principios de este siglo es una sucesión interminable de crisis políticas, porque no se establecía la moción de censura constructiva. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación constitucional. Pero el vacío político se crea cuando un presidente no presenta la cuestión de confianza, después de ser derrotado en la ley de presupuestos. Ante esa situación, lo normal es que el Parlamento se pronuncie. Estaría bueno que el Parlamento de España, órgano máximo de soberanía popular, no pudiera decirle al Presidente del Gobierno de España que en este momento hay una crisis política en el país que afecta a las instituciones del Estado y que, por tanto, está en la obligación de convocar elecciones en el uso de sus prerrogativas constitucionales, que nadie pretende quitárselas, pero que el Parlamento le recomienda, le pide que las use en bien del Estado y en bien de España. Ese es el sentido último de nuestra iniciativa.
Nosotros le estamos planteando que, ante un bloqueo que prolonga la crisis política, es imprescindible convocar elecciones. Ya no hay argumentos de tipo formal. El Gobierno, al que se le pide que se vaya y que dimita, no sé si ha dimitido ya, porque no hay ni un miembro del Gobierno aquí sentado. (Aplausos.) Sería bueno que estuviera para escuchar. (Protestas.--Rumores.) ¿Están arriba en la tribuna? Yo no los veo en el banco azul. A lo mejor es que me van hacer caso. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Lo que se ha producido en este país, y la presencia aquí del Gobierno lo demuestra, es que unas sucesivas mayorías absolutas, con una interpretación rígida de la Constitución, ha llevado a una concepción presidencialista, y esto es una democracia parlamentaria y no presidencialista. Todos los poderes no los tiene el Presidente. Si en este país no hay un Presidente del Estado porque hay una monarquía, no deben ser invadidas las funciones parlamentarias por una interpretación presidencialista del Gobierno, que es lo que era el marco constitucional español. (Protestas.--Rumores.) Así es.
Ante estos argumentos formales que sirven de pretexto, el último argumento que he escuchado, y que me hubiese gustado escuchar del Presidente González hoy, es que no es un problema ni de fondo ni de forma, porque los problemas de forma, cuando hay una discusión en este Parlamento sobre lo que es o no es Constitucional, los resuelve la Mesa que está aquí sentada. Y la Mesa ha dicho que es constitucional, y han votado a favor de la iniciativa de Coalición Canaria los representantes de la Mesa del Grupo Socialista, del Grupo Popular, de Convergència i Unió y del PNV, por unanimidad. Lo que no vale es que el Gobierno, que es parte, le diga a la Mesa, que es el árbitro, que protesta porque le pitaron un penalty. Porque cuando protesta el jugador contra el árbitro, se le enseña la tarjeta roja y se le manda a la calle, que es lo que yo estoy pidiendo en este momento. (Varios señores Diputados: Bien, bien.) Por eso, señoras y señores Diputados, el último argumento del Presidente González era que para qué adelantar las elecciones si las va a convocar en marzo. La primera duda que tiene el pueblo español, después de tantas afirmaciones con tantas contradicciones, es si las va a convocar de verdad en marzo. (Rumores.--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: La diferencia de nuestra proposición es que si ahora se vota favorablemente la proposición no de ley de Coalición Canaria, las elecciones se celebrarían el último domingo de enero o el primero de febrero. No tengan ustedes la angustia, señores Diputados del Partido Socialista, de que van a hacer campaña electoral en las Navidades. Lo único que les vamos a quitar --y en bien de España sería bueno-- son las vacaciones parlamentarias desde el día 7 u 8 hasta finales de enero (Rumores.), Sería un buen momento para hacer elecciones en este país, porque hay una razón política fundamental: si se hacen elecciones a finales de enero principios de febrero, tendremos un gobierno elegido por los españoles como muy tarde a principios de marzo, constituido, consolidado y con sus nombramientos, y ese gobierno puede hacer unos Presupuestos Generales del Estado el año que viene, antes del verano, (Rumores.) porque no tener Presupuestos Generales del Estado --y se lo recuerdo a los señores de Convergència i Unió-- el año que viene, es perder un año decisivo para España en la convergencia europea. (Rumores.) Tener Presupuestos

Página 9754


Generales del Estado es necesario para que haya un gobierno pronto. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No hay Presupuestos Generales del Estado porque ustedes no tienen mayoría y los señores de Convergència i Unió dijeron no a los Presupuestos. Hoy me he enterado --no sé si ésa es ya una decisión definitiva-- de que el señor Pujol, después de las elecciones catalanas, ha anunciado que va a votar en contra de la proposición no de ley. Supongo que quien votará será el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego concluya.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Termino. Por razones de crisis política, de fondo y de Estado había que convocar elecciones.
(Rumores.--Protestas.) Por razones formales, de procedimiento -- hay razones constitucionales que apoyan nuestra propuesta-- y por razones de oportunidad política, porque en España el recurso más escaso en este momento es el tiempo, y hace falta un gobierno que regenere este país y que cambie la situación, y el único gobierno posible es el que elijan los ciudadanos, y en este momento entre el Parlamento y los ciudadanos hay una enorme disonancia.
(Rumores.--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: El Grupo Socialista tiene montada una clac --y con esto termino, señor Presidente-- y casi no me dejan hablar...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Yo le pregunto al Grupo Socialista como reflexión, cuando aquel Diputado dijo que estaba dispuesto a dar la vida para que hablaran sus adversarios o sus enemigos, ¿ustedes creen que lo dijo un idiota o un profundo demócrata? Muchas gracias. (Rumores.--Protestas.--Aplausos.--Un señor Diputado: Estamos alucinados.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Entendiendo los argumentos y la pasión, yo diría que en este caso en un sentido positivo, del señor Mauricio, quiero manifestar que no apoyaré su propuesta en función (Varios señores Diputados: ¡Oh!) --¡lástima del desencanto!-- precisamente de la representación parlamentaria que ostento y que creo que todos ostentamos. Creo que todos debemos cumplir con nuestro papel, y en este caso el Ejecutivo --no entro en las razones que lo motivaron, porque están ya perdidas en el tiempo-- tiene la capacidad de poder disolver la Cámara. Creemos que por respeto a nuestro propio papel y a nuestra propia función, debemos respetar, aunque no nos guste y la situación no acompañe, precisamente esa prerrogativa. En ese sentido, entendiendo y compartiendo muchos de los argumentos que el señor Mauricio ha expuesto, y entendiendo además sobre todo su premura, no compartimos su decisión o su propuesta final, pero nos parece interesante por lo menos el discutirla.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur. Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Esquerra Republicana entiende perfectamente el valor simbólico de la proposición que plantea Coalición Canaria. La entiende, primero, porque creemos que estamos en un claro proceso de desestabilización, estamos en una situación con absoluta falta de crédito del Ejecutivo, con parálisis en las decisiones, con incapacidad de tirar adelante y seguramente con un auténtico divorcio entre el Parlamento y sus ciudadanos. Más de una vez, desde esa tribuna, hemos llamado la atención sobre esta situación que entendemos que es realmente de alarma, de preocupación y diría, incluso, que en algunos momentos es de fisura democrática.
Entendemos también que la decisión tendría que haberla tomado indiscutiblemente el propio Ejecutivo a través de la cuestión de confianza y, por tanto, entendemos que el método natural sería o la cuestión de confianza o la moción de censura, porque son las maneras naturales a través de las cuales esta Cámara pone en cuestión la mayoría actual y, por tanto, decide.
En consecuencia, estamos absolutamente a favor de la sensibilidad, del grito de alerta, del gesto simbólico que hace Coalición Canaria, pero no de la forma. Entendemos que la manera sería o la moción de censura o la cuestión de confianza y por ello nuestro voto va a ser de abstención, puesto que compartimos el fondo, pero no la forma.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco no va a apoyar la toma en consideración de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que insta

Página 9755


al Gobierno --este es el fondo de la cuestión-- a la inmediata disolución de las Cámaras para la consiguiente convocatoria de elecciones generales.
Señor Mauricio, corresponde al Presidente del Gobierno la facultad de disolución de esta Cámara y esta Cámara, como acaba de indicar la señora Rahola, tiene procedimientos «ad hoc» para lograr, legítima y democráticamente, los objetivos recogidos en la proposición no de ley que presenta el Grupo de Coalición Canaria, básicamente la moción de censura.
Su propuesta, en el fondo, es una moción de censura encubierta y por la puerta falsa. Pero además es una moción de censura no garantista, sin riesgo alguno, sin programa, sin candidato alternativo y, además, sin el suficiente respaldo de Diputados que necesita la presentación de una moción de censura. (Rumores.) Los demócratas no hacemos trampas, señor Cisneros. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) La toma en consideración, en caso de prosperar, no tiene carácter vinculante, no obliga al Presidente del Gobierno, aunque parezca una paradoja democrática, porque rompe las reglas de juego democrático que nos hemos dado a nosotros mismos. Así, entendemos que se realiza un flaco favor a la autoridad y a las facultades de esta Cámara. En el fondo crearíamos un mal precedente, un precedente atípico en el funcionamiento parlamentario. Por ello, hay que entender la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria en clave política, tal y como la ha expuesto el señor Mauricio, en clave de hartazgo, de un hartazgo comprensible y compartido también por los Diputados del Grupo Vasco. En eso entendemos que le asiste la razón. El Gobierno socialista --hoy ausente en esta Cámara-- está en minoría, y también en el Senado, desde el rechazo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pero, señor Mauricio, esa es la responsabilidad del Presidente del Gobierno, no la nuestra.
Existe, además, otra realidad y es que hay un calendario electoral comprometido ante esta Cámara para culminar esta quinta legislatura, adelantando las elecciones generales a marzo de 1996. Tradicionalmente, el Grupo Vasco y el Partido Nacionalista Vasco han sido partidarios del cumplimiento de las legislaturas.
No compartimos las posturas de quienes antes de los cien días de inicio de la legislatura reducen su programa político a solicitar la convocatoria de nuevas elecciones. En este momento, además, se encuentran en las Cortes Generales importantes proyectos de ley, largamente madurados en ambas Cámaras, que responden a necesidades de los ciudadanos y que este mes, estos treinta días arriba o abajo, van a permitir poner en vigor. El calendario electoral anunciado por el Presidente del Gobierno ante esta Cámara permitirá culminar dichos procesos legislativos. Además, el calendario anunciado por el Presidente del Gobierno, a nuestro entender, se ajusta mejor en el tiempo a las necesidades electorales que el que se derivaría de la aprobación de esta proposición no de ley.
Entendemos, en su conjunto, que el clima político no está para introducir más turbulencias. En un momento de clara recuperación económica haríamos un flaco favor a los esfuerzos de los ciudadanos que día a día trabajan por sacar el país adelante. Por ello, no valoraremos una propuesta, una iniciativa que introduce más elementos de inestabilidad, que tensiona más a la sociedad y que, a nuestro entender, provoca convulsiones innecesarias.
Estamos hablando, en definitiva, de 30 días arriba o abajo.
Con la toma en consideración de esta proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria estamos reconociendo, en el fondo, que la facultad para disolver la Cámara y para convocar elecciones anticipadas reside en el Congreso y no en el Presidente del Gobierno. En nuestra opinión, ese es el tema de fondo, señor Mauricio: que se priva, en consecuencia, al Presidente del Gobierno de la facultad de convocar elecciones para atribuírsela «de facto» a la Asamblea Legislativa.
Por ello, si quisiera conocer nuestra opinión, señor Mauricio, y dado que usted ha llamado al debate, quisiéramos introducir un nuevo elemento. Le solicitaríamos, en nombre del Grupo Vasco, la retirada de esta proposición no de ley, como un nuevo elemento en el propio debate. ¿Por qué? Porque los contenidos, las razones de fondo, están resueltas. Se han anunciado las elecciones para marzo de 1996. Las formas, en nuestra opinión, no son las adecuadas; el procedimiento es incorrecto; crea, además, un precedente de consecuencias imprevisibles y, en el fondo, es una ruptura de las reglas de juego. Por ello, señor Mauricio, y en nombre del Grupo Vasco, le solicitaremos la retirada de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cisneros Laborda pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Señor Cisneros, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor CISNEROS LABORDA: Por alusiones, señor Presidente. ¿Me la otorga? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Cisneros, S. S. es un buen conocedor del Reglamento, de los mejores que hay en el Hemiciclo.


El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, conoce el contenido del artículo que se refiere a las alusiones. Es cuando un Diputado, en el curso de su intervención, haga juicios de valor o vierta inexactitudes.


Página 9756


El señor CISNEROS LABORDA: El juicio de valor no ha podido ser más explícito, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Si su señoría lo hace explícito, a lo mejor lo entenderé. Para eso le doy la palabra.


El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor González de Txábarri, por supuesto que la facultad de disolución es una prerrogativa exclusiva del Presidente del Gobierno. Así se pretendió en la Constitución, así reza, e intentar desnaturalizar esa facultad exclusiva sería, efectivamente, una trampa.
Pero si el señor Presidente me permite, diré que una proposición no de ley es una libre manifestación de voluntad de la Cámara, que nadie puede coartar y cuyo resultado tendrá el valor político... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, el turno de alusiones no es para participar en el debate. El señor González de Txábarri, en lo que ha entendido la Presidencia, no ha hecho ningún juicio de valor sobre la persona de su señoría.


El señor CISNEROS LABORDA: El de trampa, el de trampa, señor Presidente, exactamente.
Quería simplemente, si el señor Presidente me lo permite --y termino y me siento, obviamente--, expresar mi convicción, desde la interpretación constitucional, de que una proposición no de ley no pasa de ser una manifestación de voluntad del Parlamento, no vinculante, con el valor político que tiene, pero, en ningún caso, una moción de censura encubierta. Entiendo que en esa interpretación del señor González de Txábarri sí que había un elemento de trampa intelectual.
Muchas gracias. (Fuertes rumores y protestas.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cisneros.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo de Coalición Canaria plantea en su proposición no de ley que el Congreso de los Diputados inste al Presidente del Gobierno a que, ante la grave crisis política --dice la proposición no de ley--, haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales. Como bien dice él mismo, el artículo 115 de la Constitución dice que el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
Con esta proposición no de ley se plantea, por tanto, ante el Congreso de los Diputados la posibilidad de que esta Cámara pueda manifestar mayoritariamente una opción que en su caso sólo al Presidente del Gobierno compete y, de acuerdo con la Constitución, bajo su exclusiva responsabilidad. De esta manera, ante el anuncio ya solemne de convocatoria de elecciones para el próximo mes de marzo con la correspondiente disolución en enero, se plantea ahora que el Congreso se signifique mayoritariamente por una convocatoria urgente que, en su caso, debería realizarse a finales de noviembre, como ha dicho hoy el señor Mauricio en su exposición, distinto de lo que planteó, como después comentaré, hace unos días, para tener elecciones a finales de enero --decía él--, con la coincidencia prácticamente del proceso electoral con el período navideño.
Al margen de la conveniencia o no de adelantar aún más el final ya anunciado de una legislatura que acabará en enero de 1996, cuando de hecho debía agotarse en mayo de 1997; al margen de postular que ya no tiene sentido, como hemos defendido nosotros, continuar una legislatura cuando el Gobierno ya no cuenta con mayoría suficiente ni con una ley de presupuestos aprobada para el próximo ejercicio; al margen de manifestarnos a favor de la necesidad de revalidar lo antes posible ante el electorado las propuestas y programas de todas las formaciones políticas en unas próximas y necesarias elecciones generales; más allá de todo aquello que pudiese justificar la aprobación de la propuesta que hoy plantea Coalición Canaria, lo que nuestro Grupo no considera oportuno es que hoy pudiera producirse una manifestación mayoritaria del Congreso de los Diputados ante una cuestión de trascendental importancia conociendo ya previamente que la misma no sería atendida por el Gobierno, dado que su Presidente, que es el único que puede y debe hacerlo de acuerdo con la Constitución, ya ha manifestado que disolverá en enero para convocar elecciones en marzo y que no lo hará antes.
La democracia representativa nos exige a todos un cumplimiento leal de los propios mecanismos de relación entre Gobierno y Parlamento, regulados en la Constitución. Nosotros, como Parlamento, no podemos obligar al Presidente del Gobierno a disolver las Cortes, la Constitución no nos lo permite, y ante esta realidad no tendría sentido, a nuestro parecer, que hoy, conociendo ya previamente las intenciones al respecto del Presidente del Gobierno, forzáramos desde la mayoría parlamentaria una exigencia distinta del Parlamento que sabemos previamente que el Presidente del Gobierno no atenderá. Con ello provocaríamos una clara fractura de los mecanismos constitucionales de relación entre el Gobierno y las Cortes Generales que regula el Título V de nuestra Constitución y provocaríamos, además --y esto para mí es lo más grave--, la plasmación pública de que lo que mayoritariamente acuerdan las Cortes Generales --que en virtud del propio artículo 66 de la Constitución son las que representan al pueblo español--, esa voluntad mayoritaria de la Cámara después no es atendida por el Presidente del Gobierno, dado que constitucionalmente no tiene por qué atender la

Página 9757


sugerencia que en este caso el Congreso le formularía. (Rumores.) No ayuda esto para nada a la consolidación de nuestra democracia parlamentaria y provocaría además un impacto negativo en el necesario proceso de construcción de nuestro régimen constitucional.
A nosotros como Parlamento nos compete utilizar los mecanismos parlamentarios para controlar la acción del Gobierno, pero no debemos impulsar trámites que previamente sabemos que no serán atendidos, porque el único que tiene la responsabilidad y competencia para hacerlo, que es el Presidente del Gobierno, ya ha anunciado su compromiso solemne de convocar elecciones para el próximo mes de marzo, dando con ello también respuesta a las exigencias de los grupos que conforman actualmente la mayoría parlamentaria en esta Cámara.
No hablo --quede claro-- de inconstitucionalidad de la propuesta; hablo de inconveniencia de la propuesta. Obviamente no puede hacer variar la posición de nuestro Grupo Parlamentario el hecho de que hoy desde la tribuna haya mantenido el señor Mauricio, portavoz de la propuesta, que esas elecciones deberían convocarse con carácter urgente e inmediato --prácticamente desde hoy--, aunque hace diez días decía él mismo que atendiendo la gran importancia de la Presidencia española de la Unión Europea, aceptaba que eso no fuera hecho hasta después de finalizada esa Presidencia, con lo cual estamos discutiendo prácticamente no un mes, como se ha dicho, sino diez días de diferencia entre una cosa y otra. El propio impulso democrático al que hacía referencia el señor Mauricio en su pasada intervención, hace quince días, ante esta Cámara es el mismo que hoy lleva a nuestro Grupo Parlamentario a votar en contra de esta proposición no de ley para no provocar una clara disociación entre lo que el Parlamento, representante máximo de la soberanía popular, pide y solicita y lo que el Presidente del Gobierno, que responde políticamente ante el propio Parlamento, ha anunciado que haría. Provocar esta fractura, sin duda, no contribuiría al propio espíritu de renovación democrática que Coalición Canaria nos propone, dado que introduciríamos una confusión entre la ciudadanía, que debería siempre observar cómo se cumplen los deseos del Parlamento que eligió democráticamente y el del Gobierno que dimana de ese Parlamento. Nos apuntaríamos, señor Mauricio, a la propuesta que le ha hecho el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) solicitando que retirara esta proposición no de ley y que no la sometiera a votación. Toda la Cámara sabemos, señor Mauricio, que a lo largo de estos días se han dado diferentes explicaciones a nuestro voto y desde algunos grupos parlamentarios, los que obviamente vienen diciendo eso desde junio de 1993, se ha dicho que este voto viene a representar nuevamente que nosotros no hemos acabado nuestra relación de mayoría parlamentaria con el Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que nuestra posición está bien clara y que la gente entiende que Convergència i Unió ha dado por acabado el compromiso con el Gobierno (Rumores.); que precisamente es porque el Presidente del Gobierno es consciente de esa realidad y de una a la que usted hacía referencia, de que no existen mayorías en este momento en la Cámara ni para una moción de censura ni tampoco para una moción de confianza, por lo que el Presidente del Gobierno se ha comprometido a disolver las Cámaras en el próximo mes de enero para celebrar elecciones en el próximo mes de marzo. De hecho, nuestra posición de ruptura con el Gobierno queda palmariamente representada por el voto al que usted mismo ha hecho referencia desde este tribuna, contrario a los presupuestos, y por la argumentación de que el país necesita en estos momentos unas elecciones y no unos nuevos presupuestos.
Yo comprendo que haya grupos en esta Cámara que no entiendan en estas exposiciones estrictamente políticas símbolos de ruptura.
Son aquellos que sólo encontrarían símbolos de ruptura en el insulto, en la descalificación sistemática, en los que han practicado el acoso y el derribo. Este no ha sido nunca nuestro estilo, tampoco lo es ahora (Un señor Diputado: Así no podemos seguir.) y estoy seguro que no lo será nunca. (Fuertes rumores.) De lo que estoy convencido es de que con el paso del tiempo incluso los que ahora nos insultan por hacer esto nos agradecerán esta actitud, que a nuestro entender debe ser la que es, constructiva y no negativa. Hay otros que dicen que no lo hacemos por no darles a ustedes un triunfo electoral. Señor Mauricio, sabe que usted y nosotros no competimos electoralmente y que más bien nos caen bien que mal. Por tanto, no hay nada de eso. Otros dicen que lo hacemos por no descartar a Felipe González o al PSOE, pero con ese Grupo Parlamentario sí competimos electoralmente y son mayorcitos para defenderse solos, lo están demostrando. (Rumores.) No es por no desgastar a nadie, es por no desgastar a este Parlamento, señor Mauricio, por lo que vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Habrá elecciones en marzo, porque así lo ha dicho el Presidente del Gobierno, que es a quien constitucionalmente le corresponde decirlo y porque el Presidente del Gobierno ha sido consciente de que tras la ruptura con nuestro Grupo Parlamentario, no podía hacer otra cosa más que convocar esas elecciones.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me gustaría comenzar mi intervención planteando tres cuestiones previas que a mi Grupo le parecen muy importantes en estos momentos, en primer lugar, que las elecciones catalanas

Página 9758


han cambiando muchas cosas, una de ellas --aunque le pese que lo diga, señor Molins-- es que ustedes, Convergència i Unió y el señor Pujol, vuelven a darse la mano con el PSOE y con Felipe González. (Rumores.) Pero es más, ha cambiado incluso en esta Cámara el voto habitual de Esquerra Republicana. ¿Qué pasará en Cataluña? ¿Qué se moverá en Cataluña para que la señora Rahola haya manifestado hoy políticamente en su intervención lo que ha planteado? (Fuertes rumores y protestas.--La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora AGUILAR RIVERO: Una segunda cuestión es que yo comparto totalmente lo que ha dicho desde esta tribuna el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, y es que los demócratas no hacen trampas. Quiero pensar, con la mejor de las voluntades, que esta proposición no de ley se está debatiendo el día 21 de noviembre simplemente por casualidad y no porque se haya buscado a propósito esta fecha, justamente después de la celebración de las elecciones catalanas.
En tercer lugar, no estamos ante un debate jurídico, es un debate político. El Gobierno ha intentado distraer la atención llevándonos por cauces jurídicos y esto es lo que hasta ahora la casi totalidad de los grupos parlamentarios que han intervenido han hecho: esgrimir argumentos fundamentalmente jurídicos y no entrar en el fondo político de la proposición no de ley.
Nosotros creemos que hay algunas cuestiones que a nuestro Grupo Parlamentario le han causado asombro y sorpresa y que deben ser despejadas convenientemente. En primer lugar, que el Gobierno haya planteado públicamente la inconstitucionalidad de esta propuesta cuando sabe que es perfectamente legal, como así lo han informado los propios servicios jurídicos de la Cámara, a quienes el Gobierno con esa manifestación pública ha pretendido desautorizar, no nos dice más que una cosa y es que realmente lo que se ha perseguido por parte del Gobierno ha sido ocultar el miedo y el temor que a nivel político le producía la posibilidad de una nueva derrota política en el marco del Parlamento, en el marco del Congreso. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Prefieren los señores del Gobierno y del PSOE generar confusión a sabiendas, poner en cuestión públicamente, incluso, a los servicios jurídicos de la Cámara, con tal de no reconocer políticamente la realidad: su temor, su preocupación, su miedo a una nueva derrota en el Parlamento. Una vez más se plasma en su forma de actuar, en su política habitual, el todo vale con tal de justificar lo injustificable.
En segundo lugar, nosotros creemos que hay que despejar una cuestión también fundamental, y es que no es de recibo que el Presidente del Gobierno plantee casi una amenaza o un cuasi chantaje, desde el punto de vista político, al Parlamento advirtiendo que de ser aprobada esta proposición no de ley, inmediatamente serían disueltas las Cámaras, las Cortes Generales, y, por tanto, no daría tiempo, no habría lugar a que el próximo jueves se votara el suplicatorio del señor Barrionuevo. Parecía una amenaza clara y concreta al Parlamento, justamente dirigida a decirnos: cuidado, que si aprobáis esta proposición, luego no dará tiempo a votar algo tan importante como es el suplicatorio del señor Barrionuevo, mezclando una vez más todas las cuestiones, presionando de esta manera indebidamente a los grupos parlamentarios y advirtiendo que se utilizarían las prerrogativas constitucionales, eso sí, de forma totalmente partidaria, para, así, evitar que el Poder Judicial pudiera llegar hasta el final en su investigación del tema GAL.
Una tercera cuestión es que, señoras y señores Diputados, no estamos ante una moción de censura destructiva, no estamos ante una moción de censura encubierta, sino ante un debate político que simplemente pone de manifiesto una realidad, la actual, donde se insta al Presidente del Gobierno a hacer uso de sus prerrogativas constitucionales. En la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo no se dice nada más, y el Parlamento, el Poder Legislativo, puede instar al Gobierno, al Presidente del Gobierno, para las cuestiones que estime pertinentes y convenientes. Lo que no se puede ni nosotros, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, vamos a consentir es que el Presidente del Gobierno tape la boca o silencie a este Parlamento. Nosotros vamos a defender la soberanía y la dignidad de este Parlamento en el ámbito de actuación de sus competencias, de sus funciones y, lógicamente, no más allá de ellas, pero lo que estamos haciendo hoy con esta proposición no de ley no es ni más ni menos que ejercer las funciones del propio Parlamento, con la posibilidad de instar, de manifestar una voluntad política clara de nuestra Cámara al propio Presidente del Gobierno. De eso se trata. No esgriman cuestiones jurídicas para escamotear lo que debe ser un debate estrictamente político.
El Gobierno, el Presidente del Gobierno y el Grupo que lo sustenta saben muy bien que la situación política es insostenible desde hace tiempo, que, junto con sus socios de Convergència i Unió, han sido incapaces de dar estabilidad, sosiego, serenidad y respuesta a los problemas concretos y cotidianos que tienen planteados los ciudadanos; el paro, el deterioro medioambiental, la pesca, la agricultura son un cúmulo de problemas que tiene planteados nuestra sociedad que se están quedando sin respuesta permanentemente, y es que los señores del Gobierno y del Grupo que lo sustenta saben muy bien que una cosa es tener la mayoría de los votos, porque ustedes han sumado permanentemente sus 159 a los 17 de Convergència i Unió, y otra cosa es tener capacidad de gobernar e iniciativas para dar respuesta, y respuesta concreta, a los problemas de los ciudadanos. Ustedes saben muy que ha habido una

Página 9759


incapacidad y una ineficacia manifiesta a la hora de gobernar.
Como digo, una cosa es sumar votos y otra gobernar para dar respuesta a los problemas.
Es más, con su política y con su forma de hacer la política nos han traído escándalos en cascada que han afectado a las instituciones básicas del sistema democrático, a las instituciones básicas del Estado. Ahí está, afectada, la Dirección General de la Guardia Civil, ahí está el Boletín Oficial del Estado, ahí está el Banco de España, ahí está el Ministerio del Interior, el Cesid; son instituciones del Estado que se han visto afectadas por los escándalos que ustedes, con su política y con su forma de hacerla, han provocado. Esos casos han tenido, y siguen teniendo, nombres al lado, personas concretas: Roldán, Rubio, Salanueva, Rodríguez Galindo, Manglano, Corcuera, Barrionuevo, Asunción, Vera, Sancristóbal, García Vargas, Solchaga, Serra. ¿No les parecen a ustedes, señorías, demasiados nombres de plena confianza del Presidente González, ministros de su Gobierno, como para negar la propia evidencia? Y es que la política de este Gobierno, de Felipe González y del Grupo que lo sustenta es la que ha generado el clima de crispación que tenemos y el descrédito de las instituciones públicas, y algo más, muy importante, el alejamiento de la ciudadanía de este Parlamento, con la política que ustedes conjuntamente han venido practicando, han venido haciendo.
Hace ya meses, en dos ocasiones, el Presidente de nuestro Grupo Parlamentario planteó al Presidente del Gobierno que dimitiera y que fuese sustituido por otra persona de su Grupo o de su partido, con posibilidad de ir a materializar otra política, una política de progreso, e iniciar un proceso de regeneración de la vida pública a partir de la investigación, de la clarificación, de la delimitación de responsabilidades y de la recuperación de valores básicos y necesarios, como la honradez, la honestidad, la transparencia y la ética. El señor González, aferrado a su sillón, dijo reiteradamente no. Con posterioridad, en varias ocasiones, por el bien de nuestro país hemos planteado la necesidad de elecciones generales desde nuestra organización y desde nuestro Grupo Parlamentario, constatando la ineficacia de su política para solucionar los problemas de nuestro pueblo y mostrando nuestra preocupación y hasta nuestra indignación por la sucesión de escándalos de corrupciones que con su política han provocado, que afectan, insisto, al propio sistema democrático.
Su respuesta siempre ha sido no y aferrarse al sillón. Siempre han encontrado excusas y se han escondido detrás de ellas. En primer lugar, la excusa de que tenían a sus socios de Convergència i Unió, confundiendo, como he dicho anteriormente, estabilidad con suma de votos.


El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, vaya concluyendo.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
En segundo lugar, el pretexto era la Presidencia española de la Unión Europea, que ustedes mismos han empañado con escándalos como el GAL, el Cesid, etcétera. Saben muy bien, además, del prestigio de nuestro país en el marco europeo como consecuencia de todo lo que ustedes han venido provocando en los últimos tiempos.
En tercer lugar, cuando no le quedaban ni socios ni tenían presupuestos por el pronunciamiento que habíamos hecho los grupos parlamentarios en esta Cámara en el debate general de presupuestos, sólo tenían ustedes Presidencia y sólo se tenían a ustedes mismos, reconocieron que esta legislatura no se podía alargar, que no podían postergar más su agonía política, que había que poner fin a una situación, deteriorada por ustedes y por nadie más. Por tanto, no quieran en este final de etapa eludir responsabilidades que son suyas, sólo y exclusivamente suyas, compartidas por quienes les han dado sus votos permanentemente en esta legislatura.
Por tanto --concluyo, señor Presidente--, mi Grupo Parlamentario va a apoyar algo que para todos está, creo, absolutamente claro, y es que las elecciones generales son una necesidad social porque la situación se hace insostenible. Ustedes no han querido o no han sabido abordarla con voluntad política para cambiarla. Están en estos momentos ya perjudicando a las instituciones democráticas, intentando sólo y exclusivamente salvarse ustedes política y jurídicamente. Por eso les digo que mi Grupo Parlamentario está al lado de la mayoría de la ciudadanía, que quiere elecciones sencillamente porque las necesita. Por eso, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, por alusiones.
Entiendo que entre que la señora Aguilar no conoce Cataluña y que no le funciona bien el teléfono con el señor Ribó, le dé por la imaginación, pero vaya con cuidado porque a lo mejor quien se sienta primero a la mesa del señor Pujol es el señor Ribó y no el señor Colom. (Rumores.) En todo caso, señora Aguilar, sepa que de momento lo único que hay en Cataluña es un acuerdo de las fuerzas de oposición, entre ellas la suya, precisamente para crear una mayor pluralidad en el Parlamento de Cataluña. Es el único acuerdo.
También voy a decirle más. La coherencia de Esquera Republicana no la marca ni el Partido Comunista ni su líder ni Izquierda Unida. La marca nuestra ejecutiva, nuestra propia sensibilidad y nuestro planteamiento ideológico. De la misma manera que le digo que esta coherencia hace que estemos a favor de todas las

Página 9760


comisiones de investigación que se han constituido, que vamos a votar a favor del suplicatorio del señor Barrionuevo y que, por supuesto, continuamos manifestando que esto es ingobernable, sin embargo entendemos que la manera no es tal como se ha planteado.
Pero si a usted le gusta tanto, señora Aguilar, la manera como se ha planteado esta especie de moción de censura encubierta, le animo a S. S. a que lo haga en el Parlamento andaluz, donde tienen una situación de inestabilidad, donde no tienen presupuestos, donde alguna cosa tienen que decir. Vayan ustedes presentando mociones de este tipo, que son solamente simbólicas, en todos los parlamentos donde les parezca que tienen que hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: En todo caso, ya acabo señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, el turno es por alusiones, para que conteste a los juicios de valor que ha hecho la señora Aguilar, no para que haga un turno de réplica a la intervención de la señora Aguilar.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acabo, señor Presidente.
En todo caso, Esquerra Republicana se va a mantener coherente con su planteamiento de oposición dura a la actual situación y vamos a votar en coherencia cada vez que nos parezca. Pero no vamos ni a buscar el aplauso fácil...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Decía que no vamos a buscar el aplauso fácil del Partido Popular ni vamos a depender de la dogmática comunista, señora Aguilar.


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, no tiene la palabra (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Señora Aguilar, sabe S. S., como sabe toda la Cámara, que las intervenciones por alusiones no dan lugar a debate posterior.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, negar el deterioro de la situación política que atraviesa nuestro país es un ejercicio que yo pensé que nadie iba a pretender hacer esta tarde hasta que no he oído a algunos miembros del Partido Socialista, que son capaces de negar la evidencia y de aguantar lo inaguantable. (Rumores.) Es en este contexto en el que debatimos hoy la iniciativa de Coalición Canaria, que solicita del Presidente del Gobierno que, en uso de sus facultades constitucionales, disuelva las Cortes lo antes posible.
Señorías, es cierto que la Constitución Española configura la disolución de las Cortes como una prerrogativa exclusiva del Presidente del Gobierno, pero no es menos cierto que, según recoge el magnífico informe jurídico de la Secretaría General de la Cámara, «no se trataría», cito textualmente, «de sustituir la prerrogativa presidencial, sino de fomentar el debate político y provocar un pronunciamiento de la Cámara, que en ningún caso sería vinculante».
Es más, la proposición de ley, como su nombre indica, en ningún caso produce efectos vinculantes jurídicos de ningún tipo, y cada vez que aprobamos aquí proposiciones no de ley --no siempre, porque otras veces tienen otro ámbito-- lo que se hace es instar al Gobierno para que en uso de sus facultades y de sus competencias lleve a cabo una actuación u otra.
Pero es que, además, señorías, les voy a decir que existen precedentes de actuaciones de este tipo. Existen en esta Cámara debates y votaciones que instan al Presidente del Gobierno a que en el ejercicio de sus facultades propias y exclusivas, como es este caso, adopte una actuación concreta. Y les recuerdo las mociones de reprobación que a iniciativa del hoy Presidente del Gobierno, señor González Márquez, se debatían aquí el 17 de septiembre de 1981 cuando se hablaba sobre la conveniencia o no, y la posibilidad o no de debatir una moción de reprobación de distintos ministros porque había quien planteaba que no era conveniente y que no se ajustaba a derecho una iniciativa de este tipo. Decía: «Si es posible que en cuanto a la reprobación de los ministros se hable de estas cuestiones, que lo digan, que lo hagan, que se hable, con palabras más o menos duras por parte de los ciudadanos de la calle, ¿cómo sería evitable que lo hicieran los representantes de los ciudadanos en esta Cámara» señorías? «Por consiguiente» --estoy citando textualmente, es obvio--, «yo creo que desde el punto de vista lógico-político tenemos el derecho y al mismo tiempo la obligación de expresar nuestra opinión». Esto decía el señor González. Y eso es exactamente, señor Molins, lo que estamos haciendo en este momento: debatir y plantear.
Por cierto, señor Molins, busqué su intervención de la época para ver si en algún momento hacia algún tipo de consideración en cuanto a la procedencia y constitucionalidad de la iniciativa. No hay una sola mención. Sólo empieza a plantear este tipo de problemas en el año 1984, cuando se hablaba de reprobar ministros socialistas, ¡qué casualidad! Señor Presidente, una vez más los socialistas, haciendo uso de su prepotencia (Rumores.), pretenden colocarse como únicos intérpretes de la Constitución, de la democracia y de las instituciones. Les voy a decir una cosa: las actuaciones y las intervenciones del señor Rubalcaba son de antología. Y la verdad es que hace una interpretación «sui generis» de lo que llaman,

Página 9761


llamaban, no sé si ahora los socialistas lo siguen llamando, «el uso alternativo del Derecho», que viene a ser la «ley del embudo,» que ésa es la nueva versión, y, así, donde dijeron «digo» dicen «Diego» en función del papel que les toca en el reparto.
Ustedes, que hoy se escandalizan porque se inste al Presidente del Gobierno a disolver lo antes posible, no tenían ningún empacho en solicitar del Presidente del Gobierno de UCD que cesara a distintos ministros. Y la Constitución configura dentro de las prerrogativas presidenciales tanto el nombramiento y la separación de los miembros del Gobierno, cuanto la disolución de las Cortes.
Señor Presidente, queda por lo tanto claro que aquí no hay nada más que el ejercicio de una capacidad política de esta Cámara de manifestar una opinión al Presidente del Gobierno sobre el ejercicio de sus potestades, que en ningún caso tiene carácter vinculante; que existen antecedentes protagonizados por el mismo señor González Márquez, y que es una iniciativa plenamente constitucional. Pero es que, además, esta iniciativa tiene un carácter positivo por cuanto pretende recomendarle al Presidente de Gobierno que no prolongue esta agonía, que dé una solución a la crisis sin perder más tiempo. No parece razonable que aquello que puede acordar en un momento el señor González con el señor Pujol, como es la fecha de disolución, no pueda ser objeto de un pronunciamiento por parte de esta Cámara. ¿Parece razonable que cuando son tantas las urgencias económicas y los perjuicios para el desarrollo de nuestro país --perjuicios y urgencias que se agravan cada día que pasa en esta situación de crisis política e indefinición económica, con unos presupuestos rechazados--, se puedan seguir perdiendo días, semanas, meses, como está planteando el Presidente del Gobierno sencillamente porque el señor González se empecina en que fijó la fecha del mes de marzo? Y, además, fijó esa fecha del mes de marzo antes del verano, cuando el caso GAL no había alcanzado las evidencias que suponen las autoinculpaciones de gran parte de la cúpula del antiguo Ministerio del Interior; cuando las pruebas en cuanto a la malversación de los fondos reservados por parte de antiguos responsables máximos del Ministerio del Interior no eran conocidas con tanta contundencia como lo son en este momento y, sobre todo, y este punto es clave, señorías, cuando el Presidente del Gobierno no había perdido la mayoría en esta Cámara, como la ha perdido, al haber sido rechazados los Presupuestos Generales del Estado.
Señor Presidente, el señor González decía en 1981 que actuaba positivamente diciendo a los ministros que reprobaba su actuación. Pues bien, con el mismo espíritu positivo, con la misma lógica política nosotros entendemos que se plantea esta iniciativa de Coalición Canaria. Y con el mismo espíritu positivo, que seguro que albergaba el señor González en el año 1981, cuando pedía al entonces Presidente del Gobierno que cesara a una serie de ministros, le instamos hoy a que disuelva lo antes posible las Cortes.
Y hay que hacer tres precisiones aquí. En primer lugar, y ya ha sido señalado con anterioridad, la moción de censura no está pensada constitucionalmente para disolver esta Cámara, tampoco está pensada para plantear un programa de gobierno; está pensada para sustituir una mayoría por otra mayoría, y si nos atenemos a una lectura estricta de la Constitución, en este momento no se dan las circunstancias para que eso sea así.
Efectivamente, el Presidente de Gobierno no plantea la moción de confianza. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Sencillamente, que nos manifestemos políticamente, un pronunciamiento político en cuanto a que el Presidente de Gobierno haga ejercicio de sus facultades propias en un sentido muy concreto, y es en la urgencia de disolver esta Cámara.
Pero es que, además (había quien se refería a la preocupación, las dudas y la ruptura que supondría el que el Parlamento aprobara una cuestión y el Presidente del Gobierno no hiciera caso de lo que planteaba este Parlamento), hay antecedentes.
Cuando se ha instado y, en algún caso, se han aprobado reprobaciones de consejeros o de ministros, luego el Presidente de turno ha hecho caso o no ha hecho caso, y eso no ha supuesto ruptura de ninguna clase; entra dentro del ámbito propio de las competencias del Presidente. Sencillamente se ha hecho un planteamiento político. Si hoy se aprobara por esta Cámara instar al Presidente del Gobierno a que disolviera las Cortes de manera inmediata, lo único que haría esta Cámara es sintonizar con lo que está diciendo, planteando y urgiendo la ciudadanía desde hace ya meses, con lo que se está planteando en todos los ámbitos, con lo que se debate en todos los lugares. Nosotros, como representantes de los ciudadanos, no haríamos más que sintonizar con lo que esos ciudadanos piensan. Pero es que, además, el Presidente del Gobierno, ayer o anteayer --según informaciones aparecidas--, entendía que si aquí se producía un pronunciamiento en el sentido de instarle a convocar esas elecciones lo antes posible, muy probablemente lo escucharía y adelantaría la fecha de disolución, y nosotros entendemos que eso sería francamente bueno.
Y en cuanto a las rupturas, entre grupos políticos ha habido quien ha planteado las rupturas en función de los insultos. No hay nada más fácil que decir de boquilla una cosa y luego actuar de otra manera. En democracia, las rupturas no se plantean con insultos. Se plantean, por supuesto, con unos discursos desde esta tribuna. Pero se plantean, fundamentalmente, a la hora de votar. Así es como se plantean las rupturas y los apoyos, con los votos en las distintas votaciones de las iniciativas que se plantean ante esta Cámara.
Y termino. Estamos ejercitando un derecho legítimo, perfectamente constitucional, con espíritu constructivo, y reclamamos que nuestra posición sea acogida con el respeto que merece todo lo que esta Cámara

Página 9762


pueda realizar en el estricto marco de nuestra Carta Magna, como es debatir y votar esta iniciativa. La democracia, señorías, no supone coincidir sistemáticamente. La democracia supone, sencillamente, que pueda haber diversidad de opiniones. Eso no quiere decir, ni mucho menos, hacer trampas. Aquí, cuando estamos afirmando que vamos a votar positivamente esta iniciativa, nadie está pretendiendo, por lo menos desde mi Grupo Parlamentario --y yo creo que desde otra serie de grupos--, hacer trampas. Aquí los demócratas no hacemos trampas, pero hay algunos que, en algunas interpretaciones, parece que sí pretenden hacerlas, porque se plantean unas cosas en un sitio y luego, cuando se habla en otros lugares, se plantean otras. Señorías, aquí nadie ataca a la Constitución. Todos la respetamos por igual. Los únicos que son votados y no la respetan, no están en esta Cámara, no vienen, no ponen los pies en esta Cámara, y todos sabemos quiénes son. Por eso reclamo el derecho que tenemos a debatir esta iniciativa y a votarla, según tenga por conveniente cada grupo en función de la oportunidad política, y afirmo de nuevo y reitero el voto positivo de mi Grupo Parlamentario.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señorías, estoy convencido de que en el Grupo proponente de esta proposición no de ley, y en los grupos que han anunciado que la van a votar favorablemente, hay juristas de reconocida valía y personas de reconocida sensatez. No me gustaría encontrarme hoy en su lugar. Desde el punto de vista jurídico, esta proposición no de ley no se tiene en pie y, desde el punto de vista político, es una insensatez.
(Rumores.--Protestas.) Se ha dicho hace un momento que la Cámara tiene derecho a discutir una proposición no de ley. Naturalmente. Pero esta proposición no de ley, señorías, pretende quebrar el modelo de relaciones entre el Gobierno y el Congreso que estableció la Constitución. La Constitución regula con gran precisión las funciones de las Cortes Generales y del Gobierno y sus relaciones. Aparte de la terminación normal de la legislatura, no hay mas mecanismo para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones que el previsto en el artículo 115, ni otras vías para forzar un cambio de Presidente de Gobierno sin elecciones previas que las de los artículos 112, 113 y 114, una, por iniciativa del propio Presidente, que es la cuestión de confianza y que requiere, como SS. SS. saben, para su aprobación sólo la mayoría simple del Congreso, y otra, por iniciativa del Congreso, que es la moción de censura constructiva.
Pues bien, la moción de censura constructiva tiene una lógica profunda y esa lógica es impedir que el conjunto del sistema parlamentario quede al albur de mayorías negativas, o sea, impedir lo que pretende precisamente la proposición no de ley que estamos discutiendo.
La experiencia de otros países que nos han precedido en el paso de las dictaduras a la democracia y en elaboración de constituciones democráticas en la posguerra y, muy especialmente en la de la Alemania anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial, demostró que podía surgir una peligrosa contradicción entre dos objetivos igualmente importantes: la exigencia de responsabilidad del Gobierno en el Congreso, por un lado, y la estabilidad política y el reforzamiento de los partidos y de los grupos parlamentarios, por otro lado. Y si se adoptó el sistema actual, o sea, la moción de censura constructiva, fue porque se entendió que reforzaba la estabilidad del Congreso y evitaba la formación de mayorías negativas con carácter más o menos permanente. La mayoría negativa puede perturbar el normal funcionamiento del Congreso, puede incluso paralizarlo, sin ofrecer más alternativa que su disolución, y los constituyentes consideraron que esto no sólo podría ser un factor de inestabilidad, sino que podría transformar el Congreso en una simple Cámara de resonancia de las confrontaciones entre partidos en detrimento de su función representativa y legislativa. Y no es porque sí, señorías, el que la Constitución ni siquiera mencione el mecanismo de la proposición no de ley.
Por ello, nuestro Grupo entiende que la proposición no de ley de Coalición Canaria es contraria a la lógica de la Constitución (Rumores.), porque no estamos en un régimen de asamblea, sino en un régimen parlamentario. Más concretamente, un sistema parlamentario, el nuestro, es lo que en la teoría constitucional se denomina un sistema parlamentario racionalizado, o sea, un sistema capaz de desarrollar una actividad parlamentaria clásica de control del Ejecutivo y de producción legislativa, pero, a la vez, dotado de mecanismos que garanticen su propia estabilidad como órgano y como institución.
Por lo demás, es bien sabido, y se ha dicho ya por todos los intervinientes, que la proposición no de ley en nuestro sistema parlamentario no tiene efectos jurídicos vinculantes y, por consiguiente, no puede producir los efectos que la presente proposición no de ley persigue. O dicho de otra manera, sólo podría producirlos cambiando el carácter de la propia proposición y convirtiéndola en algo que no está previsto ni en la Constitución ni en Reglamento del Congreso.
Y puesto que antes se ha mencionado el dictamen de la Secretaría General de este Congreso de los Diputados, me voy a permitir citar unos párrafos de este dictamen. La Constitución española -- dice-- sólo admite los mecanismos dirigidos a exigir la responsabilidad política del Gobierno previstos en los artículos 112 a 115, considerando que la utilización de cauces distintos dirigidos a provocar la disolución de las Cámaras

Página 9763


podría producir efectos sumamente perturbadores, por ejemplo, la mediatización en el ejercicio de una función constitucionalmente atribuida al Presidente del Gobierno y la consiguiente creación de nuevos ámbitos de responsabilidad política espontánea o no racionalizada. Observado desde este exclusivo punto de vista -- continúa el dictamen--, la utilización de una proposición no de ley con este objetivo se consideraría una invasión del campo de potestades reservadas al poder gubernativo, constitucionalmente garantizadas, y un procedimiento ajeno a la lógica global del sistema para incrementar las vías tasadas de control parlamentario del Gobierno, procedimiento que habría que considerar excluido implícitamente por nuestro texto constitucional so pena de incurrir en fraude constitucional. Aquí termina la cita.
Señorías, otra cosa es que la proposición no de ley sirva para incitar la acción del Gobierno en un determinado sentido o para someter a crítica y a revisión sus políticas; pero éste no es el caso que estamos discutiendo. Lo que hoy se intenta con esta proposición no de ley es crear una vía de exigencia de responsabilidad del Gobierno no prevista en la Constitución. En definitiva, señorías, estamos ante una acción parlamentaria que contradice la letra y el espíritu de la Constitución. Se pretende con ella forzar la voluntad del Presidente del Gobierno, que es el único cargo institucional que puede decidir, bajo su exclusiva responsabilidad, la disolución de las Cortes, y atribuir al Congreso una función de deliberación previa que el artículo 115 de la Constitución atribuye sólo al Consejo de Ministros. Nada de esto está contemplado en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso de los Diputados, y, dicho sea de paso, tampoco está contemplado que el Congreso pueda exigir «motu proprio», la disolución del Senado.
En conclusión, señorías, la proposición no de ley es únicamente una manifestación de voluntad de la Cámara, que carece de fuerza legal de obligar. No niego que, como tal, una proposición no de ley puede tener una mayor o menor importancia política, y eso es lo que ocurre hoy aquí; estamos ante una determinada acción política que persigue unos determinados efectos, eso es cierto, y de eso es de lo que voy a hablar a continuación.
Señorías, para entender realmente el propósito de los que han presentado y de los que se proponen votar favorablemente esta proposición no de ley, hay que analizar su texto y su motivación.
Así, por ejemplo, la justificación que se aduce es que España vive una prolongada crisis política, con una sucesión interminable de escándalos. Es cierto que han surgido importantes problemas y que algunos de ellos han revestido la forma de escándalos. La mayoría de estos problemas están, sin embargo, encauzados por la vía constitucionalmente correcta, es decir, la vía judicial. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¿Y la política nada?) Pero también se han producido otros escándalos, señorías: imputados que ingresan en la cárcel cuando dicen blanco y salen de ella cuando dicen negro; financieros corruptos que dictan al juez el auto que éste tiene que redactar y además se van tranquilamente a casa, libres y exonerados de cargos cuando habían sido convocados para ir a la cárcel, y financieros igualmente corruptos que quieren librarse de responsabilidades atacando al Gobierno, no sólo porque es un gobierno socialista, sino porque es precisamente el Gobierno, y que quieren llegar hasta a desprestigiar a la Corona porque es un baluarte decisivo para la estabilidad de un sistema democrático. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Y mi pregunta, señorías, es la siguiente: ¿se refiere también a estos escándalos la proposición no de ley de Coalición Canaria? ¿Se refieren también a ellos los que van a apoyar esta proposición y los califican de simples asuntos entre particulares? Pues bien, precisamente ahora, cuando se está viendo con claridad de dónde proceden estos grandes escándalos, quién está detrás, a quién se quiere presionar, utilizarlos como una de las razones que han llevado a presentar esta proposición no de ley equivale a introducir esta presión exterior en el propio Congreso y, si la proposición es aprobada, a transformarla en proposición directa contra el Gobierno y en condicionante de la actividad del propio Congreso.
Es posible que esto, señorías, se vea, si sucede, como una derrota del Gobierno, pero a la larga significaría una derrota para el sistema democrático y para todos los partidos políticos.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana: No, no.) Yo no creo que Coalición Canaria pretenda esto, pero cada uno debe ser consciente de las posibles consecuencias de sus actos.
Hay más, señorías. ¿Qué significa, por ejemplo, en términos jurídicos el concepto de: carácter urgente con que se solicita la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales? ¿Quiere decir unos días, unas semanas, unos meses? ¿Entra o no en el concepto de urgencia el adelantamiento de las elecciones generales en 15 meses anunciado ya desde esta misma tribuna por el Presidente del Gobierno? ¿No es esto suficiente, o es que se quiere ir más deprisa porque se teme que los datos de algunas encuestas y de algunos pronósticos electorales (que alguno de los grupos que se disponen a votar afirmativamente esta proposición consideran favorables para sus intereses de partido) resulten invalidados por el desarrollo de los hechos o la revelación del auténtico carácter de algunos de los escándalos más ruidosos, por la solución de algunos de los problemas más candentes, por el desarrollo sereno de la acción judicial y por la mejora de los datos económicos fundamentales? (Rumores.) ¿Y cómo se compadece el apoyo a esta proposición no de ley por parte de un Grupo como el de Izquierda Unida, que sabe que su aprobación significaría imposibilitar que sigan adelante iniciativas legislativas que considera verbalmente muy importantes, como la ampliación

Página 9764


de los supuestos de despenalización del aborto, por ejemplo? (Fuertes rumores y protestas.) ¿Y no es una contradicción, señorías, que el representante de Coalición Canaria nos pidiese esta misma tarde una aceleración de los trámites para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, a la vez que nos está exigiendo una reducción del tiempo disponible para ello? (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--¡Muy bien! ¡Muy bien!) Finalmente, señorías, me quiero referir a la situación de bloqueo de que habla Coalición Canaria en su motivación. ¿A qué situación se refiere el Grupo proponente? ¿A qué Congreso de los Diputados?

¿Al del rechazo de los presupuestos de 1996 o a la sesión de la mañana del miércoles día 8 de este mes de noviembre, cuando este mismo Congreso, al que se califica de bloqueado, aprobó con una amplísima mayoría el Código Penal y con la misma mayoría otras leyes orgánicas muy importantes? El día en que se rechazaron los Presupuestos Generales del Estado para 1996 se formó en esta Cámara una mayoría negativa, una mayoría que no dejaba hacer, ni avanzar. El día 8 se demostró que esta Cámara podía hacer grandes cosas, aprobar grandes textos y solucionar o encauzar la solución de grandes problemas. La primera era, como decía, una mayoría negativa. La segunda una mayoría positiva en torno a iniciativas del Gobierno y del Grupo Socialista y que precisamente por ser positiva dejó al Grupo Popular aislado. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) ¿A cuál de estas situaciones, y termino ya, se refiere la proposición no de ley, señor Mauricio? La primera, la de los presupuestos, sólo contribuye a sembrar alarma y desconfianza y, peor todavía, a generar una peligrosa actitud de rechazo de la política y de los políticos. Debo añadir, señorías, que se ha dicho desde esta misma tribuna, hace un momento, que aquí se venía a discutir de política. Si esto es discutir de política, señorías, es lógico que los ciudadanos desconfíen de ella.


El señor PRESIDENTE: Señor Solé Tura, le ruego concluya.


El señor SOLE TURA: La segunda situación, la del día 8, hace avanzar al país en su conjunto. La única que bloquea es la primera y en nombre de ella se nos pide que el Congreso renuncie a seguir legislando como el día 8, que se disuelva con un mecanismo contrario a la lógica y al sentido de la Constitución y que todo ello se haga muy deprisa, antes de que el propio desarrollo de los hechos invalide las perspectivas electorales que creen tener algunos grupos. Esto, señorías, es lo que hay detrás de esta proposición no de ley de Coalición Canaria, o sea, bien poco y de escasa categoría.
Por todo ello el Grupo Socialista votará contra la proposición no de ley de Coalición Canaria y pide a los demás grupos que, en nombre de la sensatez, se unan para hacer frente a las amenazas que realmente existen, amenazas que sólo pueden prosperar si las fuerzas democráticas se dividen ante ellas.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solé Tura.
Vamos a proceder a la votación.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, sobre la propuesta que se me ha hecho de que la retire, me gustaría contestar, si usted me deja, si la retiro o no.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, en los términos del debate la única opción que le queda a S. S. para intervenir es para decir que la retira, para decir que no la retira no es necesario.
(Rumores.)

El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No le oigo. Señor Presidente que aquí hay mucho ruido.


El señor PRESIDENTE: Digo señor Mauricio que en los términos del debate para lo único que puedo concederle la palabra es para que diga que la retira; para que diga que no la retira no es necesario. (Rumores.)

El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, si me da 30 segundos, puedo decir si la retiro o no. (Un señor Diputado: La retiras.--Rumores y protestas.) Quiero decirle más exactamente que no la voy a retirar porque aquí hay que votar... (Rumores y protestas.) ¿Me dejan hablar? Porque hay que votar, repito, quién se hace responsable de una gestión de Gobierno vergonzosa y quién no. (Rumores.) Ese es el debate. Por tanto, todo el mundo va a tener que votar porque nuestro Grupo no la retira. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. (Rumores.) ¡Silencio! Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria sobre convocatoria de elecciones generales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 153; en contra, 174; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.


--EN SU CASO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA GARANTIA DE UN NIVEL MINIMO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de expediente 162/000254)

Página 9765


--EN SU CASO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de expediente 162/000255)

--EN SU CASO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA SALDAR LA DEUDA HISTORICA RECONOCIDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA (Número de expediente 162/000256)

El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley de los Grupos Socialista, Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, proposición del Grupo Socialista relativa a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios transferidos a las comunidades autónomas. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Yáñez. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, me corresponde hoy aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defender una proposición no de ley sobre un tema hermoso y atractivo para cualquier Diputado o ciudadano de las Comunidades Autónomas de Andalucía o de Extremadura, pero con la sensación contradictoria de que es muy difícil, por las circunstancias que lo rodean, que SS. SS.
conocen y que sin duda se plasmarán durante el debate.
A la proposición no de ley sobre la aplicación de la disposición adicional segunda de los Estatutos de Autonomía de Extremadura y de Andalucía el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución con carácter transaccional, que tendré la ocasión de explicar durante la misma intervención. Pero si no hay ningún grupo que se oponga, en este momento presentamos una enmienda in voce a la propia enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Es un nuevo punto 2 bis, que dice que «en el plazo de quince días se estudien en la Comisión Mixta las medidas conducentes a valorar la propuesta que, en su caso, el Gobierno de la Junta de Extremadura incorpore en sus presupuestos de 1996. Los anticipos a cuenta deberán ser transferidos a la Junta de Extremadura a partir del primero de febrero de 1996». Repito que es una enmienda in voce que presentamos ahora y que se adiciona a la enmienda de sustitución, que explicaré a continuación.
Como saben SS. SS., el Grupo parlamentario Socialista presentó esta proposición no de ley el 8 de noviembre; posteriormente, el día 13, el Grupo Popular presentó una proposición no de ley sobre el mismo tema y el mismo día, pero con posterioridad, Izquierda Unida presentó una tercera. No es ocioso leer lo que dicen las disposiciones adicionales segundas de ambos estatutos de autonomía, porque son muy breves. Son muy parecidas, pero hay alguna diferencia. En el caso de Andalucía dice: «Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo». El de Extremadura dice: «Mientras las circunstancias socioeconómicas impidan la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo, entendiéndose por tal el nivel medio de los mismos en el territorio nacional». En ambos estatutos de autonomía, en sus disposiciones adicionales segundas, se especifica que será la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma correspondiente la encargada de fijar los criterios, alcance y cuantía de las mismas. Como SS. SS. verán estas competencias de la Comisión Mixta tienen mucha importancia en el debate que vamos a celebrar a continuación.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que las garantías en la prestación de un nivel mínimo que contemplan ambas disposiciones adicionales son condiciones básicas para alcanzar un desarrollo armónico del Estado autonómico que reduzca y, a ser posible, haga desaparecer las distancias socioeconómicas injustas entre comunidades autónomas. De lo contrario, si no contemplamos ese aspecto constitucional, podrían aparecer, consolidarse o profundizarse en el acceso a servicios fundamentales diferencias determinadas por el lugar de residencia, yendo así en contra del espíritu y la letra de la Constitución en cuanto a la igualdad de los españoles, sin distinción del lugar, donde residan.
Con el fin, pues, de desarrollar los mandatos que establecen los estatutos de autonomía citados, ya para 1996 instamos al Gobierno a ello, y voy a referirme fundamentalmente a la enmienda, pero sólo para que ustedes tengan toda la información sobre la diferencia entre la proposición no de ley en su parte dispositiva de sólo dos puntos, y en donde se establecen los conceptos, pero donde se concretaba poco, y la enmienda transaccional a la que hecho referencia antes, que supone un avance sustancial con la posición que presentó el Grupo Parlamentario Socialista el pasado 8 de noviembre. ¿Por qué ese avance sustancial? Porque el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido la voluntad de facilitar un acuerdo político con Izquierda Unida que posibilite el avance de la situación político-presupuestaria en el Parlamento de Andalucía, en la Junta de Andalucía. Hemos hecho un extraordinario esfuerzo

Página 9766


de aproximación a las posiciones que «a priori» tenía Izquierda Unida, que han supuesto reconocer cinco reivindicaciones básicas que empezaron hace varias semanas, pero que mantenía Izquierda Unida hasta hace sólo 24 horas, que están recogidas en esta enmienda transaccional, que prácticamente es una enmienda a la totalidad con tres puntos, en la que se recogen esas cinco reivindicaciones que voy a referir a continuación. Lógicamente, el espíritu, la práctica parlamentaria del objetivo de esta enmienda transaccional que los socialistas hacemos a nuestra propia proposición, es conseguir tener el apoyo y el voto de Izquierda Unida. Si el apoyo de Izquierda Unida no existe, la transaccional deja de tener sentido y lógicamente, si en la intervención del portavoz de Izquierda Unida se expresa la votación negativa a esta enmienda transaccional, el Grupo Socialista retirará la misma porque ha dejado de tener objeto.
Esos cinco puntos a que hacía referencia, y ruego la atención de SS. SS. y especialmente la del Grupo de Izquierda Unida, porque son importantes, son los siguientes. Insisto en que siempre estoy hablando de la diferencia entre la proposición no de ley y la enmienda.
Primera. Se establece en el punto 2 un calendario, un plazo de quince días, para la reunión de la Comisión Mixta.
Segunda. Se recoge explícitamente --cosa que no ocurría hasta hace 24 horas-- la cantidad de 51.000 millones de pesetas, que es la propuesta incluida por el Gobierno de la Junta de Andalucía en su proyecto de presupuesto para 1996.
Tercero. Se dice que es una valoración a cuenta de las asignaciones excepcionales que acuerde la Comisión Mixta -- insisto que es a quien corresponde--, finalmente, después de la comisión de trabajo y de estudio.
Cuarto. Se añade que, en su caso, los anticipos a cuenta deberán ser transferidos a la Junta de Andalucía a partir del 1.º de febrero de 1996.
Quinto. Se insta al Gobierno de la Nación a incluir en el Real Decreto-Ley o en la norma correspondiente que recoja la prórroga de los Presupuestos para 1996, una disposición del mismo tenor que la disposición final vigésimo sexta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1996, que se presentó en esta Cámara y que fue rechazado por los votos, entre otros, de Izquierda Unida. Insisto, disposición final vigésimo sexta que recoge ese concepto tanto para Andalucía, lógicamente, como para Extremadura, y al ser rechazado nos comprometemos, como además pedía en la negociación Izquierda Unida, a incluirlo en el decreto ley o en la norma legal que el Gobierno considere oportuna para la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 1995 para 1996.
Por tanto, tengo de verdad la sensación, señorías, porque he participado en todo el proceso de diálogo, en todo el proceso de negociación del Grupo Socialista con Izquierda Unida, de que el Grupo Socialista ha hecho todos los esfuerzos y más allá de los límites de los esfuerzos para entender, para comprender y para aceptar las propuestas, las reivindicaciones de Izquierda Unida en esta negociación. Por eso presentamos una propuesta generosa, que demuestra la buena fe negociadora del Grupo Parlamentario Socialista y en este momento de la cuestión y del debate me permito albergar serias dudas sobre la voluntad negociadora que desde el principio ha tenido Izquierda Unida. Yo me pregunto, y lo hago sólo como pregunta, si hemos estado asistiendo a un paripé de negociación para llegar al final a la misma situación que al principio, es decir, a la negativa de Izquierda Unida a cualquier acuerdo, a cualquier proposición o enmienda, incluso las que recojan la sustancia, lo fundamental, lo definitivo de sus propuestas.
Creo que el pueblo andaluz no podría entender que por una palabra, por una coma, los Grupos Socialista y de Izquierda Unida pusieran en peligro nada más y nada menos que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 1996 y con ello, previsiblemente, la estabilidad u otras consecuencias que puedan devenir de la situación político-presupuestaria de Andalucía.
No podrían comprender los andaluces que dos partidos de izquierda, que son mayoría en el Parlamento de Andalucía no se entiendan por el desacuerdo en una cosa que consideramos mínima y nimia y que ello permitiera que la derecha, minoritaria en el Parlamento de Andalucía, se llevara el gato al agua y hoy se encontrara, y mañana más, frotándose las manos encantados de que el desacuerdo de la izquierda permitiese su victoria política en el Parlamento de Andalucía.
Ustedes dirán: «¿Cuál es el obstáculo, cuál es el meollo de la cuestión?» Es, en mi opinión, una cuestión de amor propio, porque les hemos expresado, por activa y por pasiva, en muchísimas horas de conversación que nuestro único límite...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Yáñez, vaya concluyendo, por favor.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Nuestro único límite no es el fondo de la cuestión. Este texto, insisto, abre el camino de un acuerdo en la Comisión Mixta sobre la base de los 51.000 millones de pesetas, pero el único límite, lo único que no podemos hacer, por sentido de la responsabilidad, por seriedad y por respeto a las competencias del Gobierno de la nación, de éste, del anterior o del que venga más adelante, es atarlo de pies y manos, no dejarle ningún margen de maniobra en la negociación en el seno de la Comisión Mixta.
La ley mandata a la Comisión Mixta Paritaria para que «determine los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales». Eso no lo niega ningún Grupo y tampoco Izquierda Unida. Por tanto, no podemos ni debemos sustituir aquí a la Comisión Mixta paritaria. Ya hemos llegado muy lejos, hemos llegado hasta el límite de indicar a dicha Comisión Mixta fechas,

Página 9767


calendarios y las cifras que ha de valorar y que han sido acordadas por la Junta de Andalucía.
Por cierto que como no tendré ocasión en este trámite parlamentario de contestar al portavoz de Izquierda Unida, tengo que decirle ahora que el Gobierno de la nación, su Presidente, la Ejecutiva Federal del PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista y su Presidente, han apoyado y apoyan en este tema al Presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves, sin ninguna duda. Hay una prueba, si no hubiera sido así, si no hubiera habido un apoyo a la posición del Presidente Chaves les aseguro que no estaríamos proponiendo la enmienda transaccional que acabo de explicar.
Los acuerdos del Presidente de la Junta con el Presidente de Izquierda Unida por Andalucía, el señor Rejón, que tengo aquí, punto por punto han sido respetados en la negociación y plasmados en la enmienda transaccional. Izquierda Unida ha pedido avales y ha habido avales sucesivos desde la declaración oficial del portavoz del Gobierno de la nación, señor Rubalcaba; declaraciones del Presidente del Grupo Parlamentario Socialista y del propio hecho de la presentación de esta proposición no de ley y de la autoenmienda que presentamos. Pero ustedes una vez y otra han descalificado --por cierto, con gruesas palabras al exterior, curiosa técnica negociadora-- todos esos compromisos de aval.
Ustedes son los que se arrogan el derecho en exclusiva de calificar lo que es o no es un aval.
Señor Presidente, voy terminando. Quiero transmitir a SS. SS. que esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que ha despertado gran expectación en la opinión pública andaluza y de la que se hacen amplio eco los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma. No solamente eso, sino que numerosos colectivos y asociaciones, sindicatos, federaciones de todo tipo, nos han hecho llegar cantidad de firmas, hasta 15.000 --aparecen hoy en la prensa andaluza--, apoyando un acuerdo del PSOE con Izquierda Unida. No voy a dar la relación entera, pero comentaré que, aparte de los sindicatos, la Asociación Civil por Andalucía, la Fundación por el Progreso de Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones pro Deficientes Mentales, la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos, la Federación de Asociaciones de Mayores, la Federación de Padres de Alumnos, etcétera, todas las importantes federaciones de asociaciones andaluzas, que representan realmente a la sociedad civil en Andalucía, han expresado públicamente su respaldo, su exigencia de un acuerdo entre el Grupo Socialista e Izquierda Unida, algo que no debemos ni podemos defraudar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
En Andalucía hay una conciencia autonómica que no procede de un hecho diferencial, por ejemplo, lingüístico, sino, fundamentalmente, de un retraso socio-económico al que han tenido sometida a Andalucía los sucesivos gobiernos de la derecha que sufrió España durante siglos. No es por azar que Andalucía alcanzara su autonomía plena por votación popular en el referéndum del 28 de febrero de 1980, en medio de mil obstáculos y zancadillas de la derecha de entonces.
En los últimos trece años los gobiernos de la Junta de Andalucía y de Extremadura y los gobiernos de la Nación han hecho un esfuerzo ingente por dotar a Andalucía y Extremadura de equipamientos, servicios e infraestructuras que han ido paliando el retraso histórico. Algunas pruebas de lo que se ha avanzado podemos contrastrarlas en los datos que tengo aquí. Por ejemplo, se ha pasado de una renta «per capita» en Andalucía, concretamente de 3.000 dólares, 375.000 pesetas, en 1983, a 1.150.000 pesetas en 1994, es decir, 10.000 dólares. Se ha crecido un 206 por ciento. De 90 kilómetros de autovía que había en 1982 ahora hay 1.300 kilómetros. Hay muchos más datos que por razón de la escasez de tiempo no voy a desarrollar.
La llamada deuda histórica no se salda sólo con la satisfacción de la disposición adicional segunda, como ha querido hacer ver Izquierda Unida estas últimas semanas, sino con otros muchos instrumentos de inversión y financiación, empezando por los propios Presupuestos Generales del Estado y por los de la Junta de Andalucía, ejercicio tras ejercicio, y, sobre todo, con la voluntad política, la decisión, la continuidad y la tenacidad que han demostrado los gobiernos de la Junta de Andalucía y de Extremadura y los gobiernos de la Nación desde hace más de una década. Negar eso es negar lo evidente. Pero como aún es importante cubrir el diferencial entre Andalucía y Extremadura y la media nacional, tenemos que seguir esforzándonos por dotar a ambas comunidades autónomas de los medios y recursos para alcanzar esa media nacional.
Señor Presidente, señorías, termino ahora ya rápidamente. Señores de Izquierda Unida, tienen ustedes aquí una magnífica oportunidad de contribuir decisivamente a dar luz verde a lo que ustedes mismos llaman deuda histórica o a una parte de ella; tienen ustedes la ocasión de contribuir decisivamente a asegurar una política de izquierdas en Andalucía para 1996 o, quién sabe, para los tres años que quedan de legislatura andaluza; tienen ustedes la llave para garantizar la estabilidad de las instituciones andaluzas en un sentido de avance y de progreso. No estamos interesados --y yo creo que mucho menos ustedes-- en que se consolide en la opinión pública, como ya lo está, que lo único que pretende Izquierda Unida es favorecer a la derecha, al PP, por aquello de que cuanto peor esté la cosa para la gente, mejor para Izquierda Unida. Una votación negativa de Izquierda Unida a esta enmienda transaccional sería interpretada como una ratificación de la famosa pinza PP-Izquierda Unida y un penúltimo ejemplo en el acoso y derribo de Manuel Chaves en Andalucía y de Felipe González en España y, ¿por qué

Página 9768


no?, usando sus propias palabras, para la destrucción orgánica e ideológica del Partido Socialista Obrero Español que vienen anunciando desde hace tiempo.
A ustedes parece que les interesa que gobierne la derecha; yo les aseguro, señorías, que a nosotros no.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Yáñez.
Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a asignaciones complementarias para garantizar la prestación de servicios básicos de las comunidades autónomas.
Para su defensa, y al mismo tiempo para fijar su posición con respecto a las otras iniciativas, tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente. Señorías, debatimos en la tarde-noche de hoy, acumuladas, tres proposiciones no de ley presentadas por los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Popular, en cuyo nombre me dirijo a la Cámara con la triple misión de defender la del Grupo Popular y de fijar nuestra posición en orden a las dos restantes proposiciones no de ley acumuladas.
Sin embargo, para centrar el objeto de este debate, queremos referirnos al origen del concepto fundamental sobre el que estamos discutiendo y que no es otro que la nivelación de servicios. Ya en la Constitución española, en su artículo 158, se recogió la posibilidad de que en los Presupuestos Generales del Estado se consignasen cantidades destinadas a las comunidades autónomas para garantizar en todo el territorio español, un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, formulación un tanto ambigua que debe entenderse referida a los servicios fundamentales o básicos recogidos en el título I del texto constitucional: entre otros, el derecho a la educación, el derecho a una asistencia sanitaria gratuita o el derecho a una vivienda digna.
La formulación constitucional es posteriormente desarrollada y concretada, despejando en cierto modo su ambigüedad inicial, por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, la llamada Lofca cuyo artículo 15 consagra la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado contemplen partidas de fondos excepcionales o complementarios, como dice la Ley, para aquellas comunidades autónomas cuyos recursos financieros les impidan asegurar un nivel mínimo en la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales que hayan asumido. Y sitúa el mínimo de prestación de dichos servicios fundamentales en el nivel medio de los mismos en el territorio español --más adelante insistiremos sobre esto último--, cuya determinación constituye la principal diferencia, aunque no la única, entre la proposición no de ley que defiendo y la presentada por el Grupo Socialista.
Sin embargo, los mencionados preceptos, que contemplan derechos comunes a las 17 comunidades autónomas del Estado, se refuerzan en el caso de Andalucía y en el de Extremadura por lo preceptuado en la disposición adicional segunda de sus respectivos estatutos de autonomía. En efecto, ambas normas estatutarias, reconociendo sus especiales circunstancias socioeconómicas, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, contemplan que los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo.
Nace así la singularidad de Andalucía y Extremadura y el derecho de los andaluces y extremeños a reclamar del Gobierno de la nación esas partidas excepcionales destinadas a la nivelación de servicios. Normas que tienen, no lo olvidemos, rango de ley orgánica y que pertenecen a lo que se ha venido a denominar el bloque de constitucionalidad.
Así las cosas, el problema se centra en la fijación cuantitativa de las partidas presupuestarias que en concepto de nivelación de servicios básicos deben incluirse en los Presupuestos Generales del Estado. Es aquí donde surgen los problemas, porque, como más adelante veremos, el debate sobre este tema, en los términos en que aparece planteado, es absolutamente falso y carente de rigor jurídico y político.
En efecto, la cuantificación, o, mejor, la determinación de la cuantía a asignar en concepto de nivelación de servicios básicos debe realizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque esas asignaciones excepcionales sólo pueden consignarse a favor de aquellas comunidades autónomas cuyo nivel de prestación de los servicios fundamentales se encuentre por debajo del nivel medio de los mismos en el territorio nacional.
Es, por tanto, imprescindible, como primer paso inexcusable, la fijación del nivel medio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, una vez hallado el déficit que corresponda a cada comunidad autónoma, determinar en el seno de la respectiva Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma los criterios, alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales y complementarias.
Ello es así no porque lo pretenda el Grupo Parlamentario Popular, sino porque en esos mismos términos viene establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y cualquier otra interpretación que se pretenda no es otra cosa que separarse, bajo poco confesables razones políticas, de la letra y del espíritu de nuestra norma fundamental en materia de financiación autonómica. En consecuencia, nadie puede discutir el origen y la existencia de la mal llamada deuda histórica ni tampoco puede nadie discutir la legitimidad jurídica de la Junta de Andalucía para reclamarla del Gobierno de la nación. Otra es la legitimidad política a la que luego haremos referencia.
Estas son las razones fundamentales que han movido al Grupo Parlamentario Popular a presentar una

Página 9769


proposición no de ley instando al Gobierno a determinar la cuantía de la asignación excepcional que se ha de establecer para cada ejercicio en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado en los términos previstos en la disposición adicional segunda de los Estatutos de Autonomía de Extremadura, pero siempre dentro del marco normativo de la financiación autonómica y todo ello con la máxima urgencia, para la que pido el voto favorable de los grupos de la Cámara.
Sin embargo, no es la nuestra la única proposición no de ley presentada sobre este tema y, por tanto, me veo en la tesitura de fijar la posición de nuestro Grupo en relación con las presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, comenzando por esta última por ser la que mayores dificultades plantea en orden a su aceptación.
En efecto, desde el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se nos propone instar al Gobierno a que liquide 51.000 millones de pesetas para Andalucía y 10.000 millones de pesetas para Extremadura como anticipo a cuenta de la asignación complementaria prevista en la disposición adicional segunda de sus respectivos estatutos de autonomía. Y la pregunta que surge inmediatamente es obvia: ¿Por qué 51.000 millones de pesetas? ¿Por qué no 61.000 millones de pesetas, 71.000 millones de pesetas o 100.000 millones de pesetas? ¿Es que acaso, señorías, para Izquierda Unida, Andalucía vale sólo 51.000 millones de pesetas? Pero, además, hay otras preguntas que quedan sin respuesta: ¿De dónde sale la cifra de 51.000 millones de pesetas? ¿Qué estudio han realizado o en qué estudios técnicos se han basado para llegar a esa cifra? Se lo vamos a decir, señorías: porque esa cifra no responde a ningún criterio riguroso y serio.
Esa cifra responde a un simple acuerdo entre el señor Chaves e Izquierda Unida, que lo celebran tomando un café. Es sencillamente un monumento a la frivolidad como lo demuestra la sucesión de los hechos ocurridos. Así, el 9 de octubre Izquierda Unida fija la cifra en 140.000 millones de pesetas. Al día siguiente, 10 de octubre, la rebaja a 100.000 millones de pesetas. El día 17 de octubre el señor Chaves ofrece 20.000 millones de pesetas. Al día siguiente, 18, el señor Rejón dice que no menos de 40.000 millones de pesetas ni más de 100.000 millones de pesetas. Al día siguiente, 19, la fija por fin en 40.000 millones de pesetas. El día 28 de octubre el señor Chaves ofrece por fin 31.000 millones de pesetas y, por último, se hace la luz y el día 31 de octubre acuerdan los dos 51.000 millones de pesetas. ¿De verdad creen, señorías, que este es un proceso serio de fijación de la cuantía en la nivelación de los servicios básicos? Es sencillamente una chapuza, un regateo de mercadillo, que es en lo que SS. SS. han convertido el debate presupuestario en Andalucía.
Pero aún hay más, porque, ¿saben SS. SS. cuál es el destino de esos 51.000 millones de pesetas? ¿Van destinados por casualidad a la nivelación de servicios básicos y fundamentales? Pues, no, señorías. Más del 60 por ciento de esos 51.000 millones de pesetas van destinados a gastos corrientes, concretamente, 15.000 millones de pesetas a gastos de personal y 16.000 millones de pesetas a transferencias corrientes. ¿Ese es el destino que quieren SS. SS. para la asignación excepcional en concepto de financiación presupuestaria? Desde luego no es el destino que el Grupo Popular pretende dar a dicho importe, razón por la cual, junto con las otras que antes hemos apuntado, votaremos en contra de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por lo que respecta a la proposición no de ley del Grupo Socialista, debemos comenzar reconociendo que tenía algunos aspectos aceptables antes de la presentación de la autoenmienda en la medida en que insta al Gobierno a impulsar los trabajos de las respectivas Comisiones Mixtas Paritarias, a fin de determinar los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales a establecer, pero la autoenmienda que incluye la cifra de 51.000 millones de pesetas y acepta la exigencia de Izquierda Unida, así como la reautoenmienda in voce que efectúa el señor portavoz ante esta Cámara, hacen que no podamos votar a su favor.
Existen, en efecto, poderosos argumentos para oponernos a dicha proposición no de ley en los estrictos términos en que aparece planteada, argumentos que se refieren tanto a la forma como al fondo de la proposición. En efecto, señorías, y por lo que se refiere a la forma, echamos en falta en la proposición del Grupo Socialista un detalle quizá no advertido por sus autores pero que tiene, a nuestro juicio, una fundamental importancia y al que antes nos hemos referido. No se encomienda la fijación del déficit en la prestación de los servicios al Consejo de Política Fiscal y Financiera, primer paso necesario e ineludible que exige el artículo 15 de la Lofca para la fijación de la cuantía de las asignaciones excepcionales y sin dicho paso, señorías, todo lo que sea fijar una cifra es sencillamente una chapuza, un acuerdo político para salvar la cabeza del Presidente socialista de la Junta de Andalucía.
Además, después vienen los ministros del Gobierno socialista y desmienten y echan por tierra todo lo acordado, diciendo cosas como, por ejemplo, que los 51.000 millones es una cifra de la Junta --eso dijo el señor Lerma-- o, como dijo el señor Ministro de Economía el pasado día 8 a pregunta de este Diputado, que esa cifra la fija la Junta de Andalucía y el Gobierno no la acepta ni la rechaza. Por cierto, que hoy mismo el Presidente del Gobierno ha dicho que no aceptará la imposición de la cifra de 51.000 millones de pesetas.
En cuanto al fondo, decía antes que nadie, desde el respeto al ordenamiento jurídico vigente, puede poner en duda la legitimidad jurídica de la Junta de Andalucía para reclamar del Gobierno de la nación las cuantías que correspondan para la nivelación de los servicios básicos. Si eso es así de claro, más nítido aún aparece, señorías, que el señor Chaves, el actual Gobierno socialista

Página 9770


de la Junta de Andalucía, carece de la más mínima legitimación política para exigir nada a nadie.
A la proposición no de ley del Grupo Socialista le son aplicables las mismas preguntas que antes nos hemos hecho en relación con la del Grupo de Izquierda Unida. ¿Por qué 51.000 millones y no otra cifra? Aunque en este caso la respuesta es más clara, esa es la cifra que impone Izquierda Unida y ustedes o tragan con los 51.000 millones de pesetas o se quedan sin acuerdo presupuestario para 1996. Su agónica situación en el Parlamento andaluz les está llevando a anteponer los intereses de su partido --sacar adelante, como sea, los presupuestos para 1996-- a los intereses generales de Andalucía.
Además, ¿qué son 51.000 millones de pesetas frente a los más de 100.000 millones dilapidados en el ente público Radiotelevisión pública de Andalucía? El tristemente célebre Canal Sur. Ejemplos como este hay cientos en Andalucía que demuestran que el problema andaluz no son 51.000 millones de pesetas, sino trece años de gestión caracterizados por el lujo oficial, el despilfarro y la corrupción. El Partido Socialista ha gobernado en Andalucía durante trece años y nunca hasta hoy se había acordado de la nivelación de los servicios básicos ni de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, a pesar de que desde diversos grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Popular, se había venido reivindicando en el Parlamento de Andalucía desde hace muchos años.
Para ser justos, tenemos que recordar que sí hubo un Presidente de la Junta de Andalucía que incluyó cantidades en concepto de nivelación de servicios, que fue el Presidente Rodríguez de la Borbolla, pero ante el desprecio del Gobierno de la nación, que se negó a consignar cantidad alguna (a pesar de que entonces ambos Gobiernos, el autonómico y el central, eran ostentados por los socialistas con mayoría absoluta), ante ello, el señor Rodríguez de la Borbolla no tuvo la suficiente personalidad para plantarse ante el Gobierno de la nación y exigir la liberación de servicios básicos.
Para seguir siendo fieles a la historia, tenemos que recordar también que ha sido precisamente el señor Chaves quien se ha negado a incluir cantidad alguna para la nivelación de los servicios básicos. Sí, señorías, el mismo señor Chaves, que ahora pierde los papeles y hasta el decoro, para dar a Izquierda Unida los 51.000 millones y hasta la luna, a cambio de su apoyo a los presupuestos para 1996 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se trata de una maniobra nueva y a la desesperada, como lo demuestra la posición que el Gobierno andaluz mantenía hace justamente un año en el debate de presupuestos para 1995.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Seco, vaya terminando, por favor.
El señor SECO GORDILLO: Voy terminando, señor Presidente, aunque este Diputado espera la misma benevolencia que ha tenido con el portavoz del Grupo Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Suele tenerla la Presidencia sin necesidad de que se lo recuerden.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
En efecto, el 22 de noviembre de 1994, la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Alvarez, dijo textualmente ante el Parlamento de Andalucía: Por lo tanto, mientras que se perfila la metodología --que hoy todavía no está perfilada--, se perfila el período temporal --que no está perfilado--, se perfila su desarrollo concreto --esto, como casi nada en Andalucía, no está perfilado--, no creo que sea prudente recoger en los presupuestos de Andalucía una partida que no está aprobada y que simplemente expresa los deseos de una Comunidad; no creo que sea operativo ni tampoco que se pueda decir que se incumple el mandato cuando no se recoge una partida que, en definitiva, no corresponde a ninguna previsión de ingresos y, por lo tanto, estamos incumpliendo, señores, en este caso, si lo recogiéramos --así hablaba la Consejera-- el artículo 63 de nuestro Estatuto. Y concluye con la siguiente sentencia: creo que ha sido la medida más prudente no recoger esta cuantía. Ante esto, tenemos que seguir preguntándonos: ¿Qué postura es la válida en el Partido Socialista, la de 1994 o la de hoy? ¿Hoy sí es prudente recoger una partida que no está aprobada o es sencillamente un intento desesperado para salvar al señor Chaves como sea? Por otra parte, además de a la deuda histórica, tenemos que referirnos también a la historia de la deuda, porque ya se ha dicho que las normas que la recogen son la Constitución, de 1978; la Lofca, de 1980, y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, de 1981. Desde entonces han pasado más de trece años en los que no se ha hecho nada para resolver el problema de la nivelación de los servicios básicos, y este desfase o déficit adicional, el que corresponde desde el año 1982 hasta la fecha, tiene un único responsable político y jurídico, que no es otro que el Partido Socialista.
En definitiva, señorías, la proposición no de ley del Grupo Socialista no es seria porque no están legitimados políticamente para hablar de deuda histórica, buscando con esta farsa parlamentaria simplemente conseguir una subvención política para que el señor Chaves pueda seguir como Presidente de la Junta de Andalucía, la cual, por cierto, se halla en el más absoluto de los desgobiernos desde 1994. Por ello, anunciamos nuestra abstención en el momento de su votación.
Además, me gustaría decir al señor Yáñez, portavoz del Grupo Socialista, que el Partido Popular nunca se

Página 9771


alegra del fracaso de Andalucía, lo que pasa es que no se trata del fracaso de Andalucía, sino del fracaso de la izquierda en Andalucía, que es una cosa muy diferente.
Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que el Grupo Parlamentario Popular está a favor, y así lo viene reivindicando desde hace varios años, de que se consignen cantidades adicionales y excepcionales para la nivelación de los servicios básicos, tanto en Andalucía como en el resto de las comunidades autónomas, pero siempre cumpliendo la ley, es decir, encomendando al Consejo de Política Fiscal y Financiera la determinación del nivel medio de los servicios básicos para, una vez hallado el déficit que corresponde a Andalucía, a Extremadura y al resto de las comunidades autónomas, que sean las respectivas comisiones mixtas paritarias las que determinen los criterios, alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales, porque sólo así conseguiremos la nivelación de los servicios básicos dentro del pleno respeto al marco constitucional de la financiación autonómica.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Seco.
Proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya relativa a la adopción de medidas para saldar la deuda histórica reconocida a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
Para defensa de la proposición no de ley y para la fijación de posiciones con respecto a las otras dos iniciativas, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, para que los problemas estructurales históricos de Andalucía y Extremadura tengan que discutirse en esta Cámara en cuanto que cuestiones, problemas de Estado, como lo estamos haciendo hoy, han tenido que pasar ciertas cosas en ambas comunidades, cosas que han supuesto una lucha seria, larga, extensa, de largo aliento político y social y que han hecho que ciertos proyectos que empezaron con un gran impulso electoral y social se hayan ido desfondando en función de la diferencia, del hiato entre las palabras y los hechos, y teniendo en cuenta también la subida de otros ciertos grupos que intentan seguir impulsando el espíritu de aquel 28 de febrero de 1980, de la conquista de la autonomía plena a nivel de los estatutos de vascos, catalanes y gallegos, conquista de la autonomía plena que también, en el mismo nivel, a partir de esa línea singular que marca la política, tuvo su enorme influencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Es la lucha, señorías por un Estado solidario, no asimétrico; es decir, simétrico en el sentido no de que haya que homogeneizar las diferencias, las singularidades culturales o lingüísticas, pero que no puede aceptar techos diferenciales, techos de distinta altura a la hora de intentar construir un Estado federal solidario e igualitario. En función de esa lucha con la gente en la calle en Andalucía, y también en Extremadura, se conquistan de manera específica para estos dos estatutos, uno aprobado en 1982 y otro en 1983, sendas disposiciones adicionales que hablan de circunstancias históricas, de desigualdad histórica y de que hay que empezar a compensar esa desigualdad año tras año en función de lo que fijen las comisiones mixtas paritarias para intentar llegar al nivel medio de los servicios básicos del Estado. Por tanto, estamos reclamando la suturación de una situación injusta, estamos reclamando una deuda histórica labrada en función de una circunstancia histórica injusta, insolidaria y asimétrica.
Estamos trabajando por un futuro diferente para Extremadura y Andalucía. Anteayer, en Andalucía, más de 40.000 personas, en la calle, también reclamaban este futuro diferente para nuestra tierra.
Que nadie caiga en la trampa, señorías, de que se ha pagado con la Expoþ92 parte de la deuda histórica con Andalucía. Allí está la Expoþ92 como un dedo acusador señalando al Gobierno, tan abandonada como el astillero de Juan Carlos Onetti. Iba a ser la locomotora que tirara de todo el desarrollo andaluz, sacando a Andalucía del bache, del hoyo. Bien. Ahí está Andalucía con los indicadores de siempre. Seguimos aportando el mismo producto interior bruto que en los últimos 25 años. Según la EPA, 900.000 parados, 2.300.000 pobres, de ellos 900.000 pobres de solemnidad.
Destrucción masiva de la estructura productiva, con ataque muy serio últimamente a la industria, a la estructura pesquera y al sector agrario.
Que nadie, de manera correlativa, caiga en la trampa de identificar el actual y culpable silencio del señor Rodríguez Ibarra con que en Extremadura se han empezado también a solucionar los seculares problemas que aquí estamos denunciando.
Andalucía y Extremadura han sido un ejemplo de lealtad, de paciencia y de sentido solidario con el Estado. Pero como tenemos paciencia y sabemos medirla, y no queremos que la paciencia en un momento determinado, por mala medida, empiece a rozar la deslealtad, es por lo que estamos insistiendo en que Andalucía y Extremadura se conviertan en cuestiones de Estado. Por eso, hoy lo estamos discutiendo aquí, con la Cámara un poco vacía, pero poco a poco, insistiendo, conseguiremos que esta cuestión de Estado se entienda desde el punto de vista en que nosotros la estamos exponiendo, desde el punto de vista solidario, de un Estado justo que hasta ahora no tenemos.
Reivindicamos, por tanto, ciertas deudas, y las estamos reivindicando de otra manera a como se ha hecho ahora desde el Gobierno de Andalucía. Cuando se ha venido aquí, en función de un sentimiento equivocado de solidaridad, el Presidente del Gobierno andaluz se ha sentado del lado de la mesa del Gobierno central para hablar, incluso, con otras autonomías. No. Hay que sentarse a un lado el Gobierno central, sea el que

Página 9772


sea el color de su partido, y a otro lado las comunidades autónomas. Al otro lado, de manera reivindicativa, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este es el problema de fondo, señorías. Este es el problema de fondo. Que parece tenerse dos lenguajes, dos prioridades, dos sentimientos, uno en Andalucía y otro cuando se llega aquí, al nivel del Estado, donde se difumina la necesaria reivindicación de las condiciones especiales que sufren tanto Andalucía como Extremadura.
El presupuesto anterior, el de 1995, fue devuelto, fue recogido por el señor Chaves, porque no lo derrotamos en la enmienda de totalidad. En un ejercicio de responsabilidad, Izquierda Unida retiró la enmienda de totalidad. Fue luego el señor Chaves quien retiró los presupuestos en el debate de las enmiendas concretas referentes a los gastos. Entonces se nos dijo que, a partir del discurso de investidura --y se reflejó en el debate del presupuesto para 1995--, el señor Chaves no estaba dispuesto a cambiar ni un punto ni una coma de su política. Dijimos al señor Chaves que no había asumido la pérdida de la mayoría absoluta en Andalucía y que nosotros no queríamos imponer nuestro presupuesto, queríamos, en todo caso, que se estableciera una relación entre los Diputados que representamos cada uno en el Parlamento de Andalucía --por redondear cifras--, el PSOE, el 45 por ciento, 45 Diputados, e Izquierda Unida el 20 por ciento, 20 Diputados. Esa relación es la que se tenía que haber expresado, tanto en el capítulo de ingresos como en el capítulo de gastos.
Ahora hemos encontrado mayor sensibilidad en el Gobierno andaluz, en el señor Chaves, posiblemente también en el Grupo Parlamentario Andaluz y en el PSOE de Andalucía. Se ha aceptado el concepto de deuda histórica, es decir, algo que se debe a Andalucía, no sólo por transferencias mal valoradas, sino antes de las transferencias por una acumulación que ha hecho que los servicios básicos se desarrollen en un nivel muy inferior en Andalucía con respecto a la media del Estado. Y se ha aceptado una cantidad, 51.000 millones de pesetas.
Nosotros hemos ido a este acuerdo con la vocación y la voluntad de conseguirlo y con mucha flexibilidad. Empezamos por la cantidad, en función de cinco anualidades --teniendo en cuenta que nosotros ciframos la cuantía total de la deuda histórica en 500.000 millones-- de 100.000 millones de pesetas. Hemos ido bajando y es cierto que el señor Chaves ha ido subiendo su propuesta inicial, llegando a un término medio. Por cierto, la cantidad definitiva la puso el señor Chaves: 51.000 millones de pesetas.
Hemos ido flexibilizando posturas. Dimos como horizonte, en principio, a partir del cual ya no era posible un acuerdo, el día 15 de este mes. Estamos a día 21 y hemos estado intentando este acuerdo hasta dos minutos antes de que expirara el plazo de presentación de enmiendas. Todavía más. En principio, pusimos como condición fundamental para conseguir este acuerdo que se tenía que reunir la Comisión mixta y, en consecuencia, tenía que haber como referente legal un decreto-ley. Nos encontramos en el trámite no de defender un decreto-ley, sino una simple proposición no de ley. Nos asombra mucho que no lleguemos a un acuerdo, teniendo en cuenta, como todos sabemos perfectamente, el alcance, el sentido, la naturaleza específica de lo que es una proposición no de ley.
¿Qué está pasando aquí? Que de pronto los miembros de Izquierda Unida nos encontramos extrañamente solos, como si tuviésemos que defender y negociar dos veces el mismo convenio, una vez allí, pero cuando traspasamos Despeñaperros de nuevo se deshace el velo y hay que empezar a negociar el mismo convenio con distintos interlocutores. En todo caso, con la asistencia de otros interlocutores pero que permanecen mudos cuando traspasan Despeñaperros o cambian de posición.
Nosotros defendemos con vigor y argumentos suficientes el acuerdo conseguido en Andalucía. ¿Por qué? Primero estamos defendiendo una ley orgánica, máximo rango jurídico en nuestro país. Estamos defendiendo, consecuentemente, los estatutos de Andalucía y de Extremadura y una deuda que nunca se ha pagado. En 1982 se aprueba el Estatuto de autonomía andaluz y en 1983 el Estatuto de autonomía extremeño. No se ha pagado todavía una peseta de la deuda histórica.
Es cierto que para el presupuesto de 1990 el señor De la Borbolla consignó una partida de 31.000 millones de pesetas. Pero como no hubo reunión de la Comisión mixta, no hubo decreto-ley, no hubo garantías suficientes, nunca llegó una peseta de esos 31.000 millones para los servicios mínimos para Andalucía. Defendemos el acuerdo alcanzado con el señor Chaves en Andalucía, respecto del cual él mismo señaló la cantidad y la consignó en este libro que contiene los presupuestos generales de la Comunidad autónoma y que han sido ya depositados en el Parlamento andaluz, cuyo Presidente nos honra hoy con su presencia, y que contienen, en la página 86 --aplicación económica 404--, la cantidad de 51.000 millones de pesetas.
Estamos defendiendo lo conseguido en Andalucía y lo consignado en sus presupuestos. Y defendemos el acuerdo desde la solidaridad, sin complejos de insolidaridad. No vale el argumento de que esto puede suponer una pedrea en la que intenten participar el resto de las comunidades autónomas. Sólo hay dos, por razones objetivas perfectamente historizables y cuantificables, que han recogido la disposición adicional respecto a los servicios mínimos básicos.
Solamente hay dos: Extremadura y Andalucía. Y no nos vale que nos presionen diciendo que el señor Bono o cualquier otro Presidente de comunidad está exigiendo lo que no pueden hacer al nivel en que nosotros lo hacemos, desde el texto de la ley orgánica, es decir, de los estatutos de autonomía de Extremadura y Andalucía.
Defendemos el acuerdo alcanzado en Andalucía entre el PSOE e Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria

Página 9773


por Andalucía, negociado fundamentalmente en gran parte del tramo por los señores Chaves y Rejón.
Defendemos, por lo tanto, la cantidad, 51.000 millones de pesetas, pero no en la misma dirección en que se consignaron en el presupuesto de 1990 por el señor De la Borbolla. Ahora necesitamos la garantía. Necesitamos el aval. Es como si a alguien se le da un papel de un crédito que va a cobrar al banco y éste le dice: te falta la garantía, te falta el aval. Ahora mismo falta el aval. Felipe González ha dicho, y sus declaraciones de hoy, desde Bruselas, en absoluto han ayudado a intentar culminar la negociación, que se trata de no amarrar las manos del Gobierno, que no aceptan nada tomado premeditadamente, de antemano, que les pueda vincular a la cantidad en un momento determinado, a los 51.000 millones de pesetas. Y éste es el problema: que nosotros queremos asegurar esa cantidad, no que se valore simplemente a ver cuál es la cuantía definitiva que, en su caso, decida la Comisión Mixta. Queremos que se consignara, así lo hemos dicho a lo largo de la negociación, lo mismo que el día 2 de este mes de 1995 dijo en el Parlamento de Andalucía el señor Chaves. Solamente queremos eso: que se consigne en esta resolución, en esta proposición no de ley. Dijo: yo he llegado a un acuerdo con Izquierda Unida para fijar esa deuda histórica, o sea, un fondo de nivelación de 51.000 millones de pesetas, y me he comprometido también a buscar una garantía jurídica, que sustituya a la que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado que permita asegurar el pago de la asignación complementaria a partir de 1996, que permita asegurar el pago.
Este verbo es el que no se ha querido recoger: asegurar, materializar, garantizar; se nos ha puesto sobre la mesa: estimar, tener en cuenta, valorar. Eso no supone que Andalucía reciba, como corresponde, 51.000 millones de pesetas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya concluyendo, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Por lo tanto, no podemos aceptar... y mucho menos que el señor Yáñez diga que, si no se vota su propuesta, la retira, porque eso supone que no creen en la necesidad de Andalucía, no creen en la disposición adicional, y ha sido un tema de mercadeo que ahora retiran, en función de lo que se anunciara aquí. Nosotros nos íbamos a abstener ante esa enmienda, esa autoenmienda del Grupo Socialista.
Y tampoco podemos aceptar, señor Yáñez, la propuesta que se nos hace sobre Extremadura. Por cierto, Extremadura en absoluto figura en sus resoluciones escritas y solamente aquí aparece su nombre, eso sí «in voce». Se dice «in voce» que en el plazo de quince días... en la Comisión Mixta... se aprueben las medidas conducentes a valorar la propuesta que, en su caso, el Gobierno de la Junta, no el Parlamento, el Gobierno de la Junta de Extremadura, incorpore a sus presupuestos de 1996.
Señor don Luis Yáñez-Barnuevo, he de recordarle que en el Parlamento de Extremadura, por mayoría absoluta, se ha aprobado una cantidad de 10.000 millones de pesetas. Para que se confirme también, no solamente en su caso, ni solamente por la Junta de Gobierno. Allí hay otra mayoría absoluta. Hay que asumir que se ha perdido la mayoría absoluta y que aparece un nuevo ciclo, una nueva realidad política.
Señor Presidente, he de contestar también al señor Seco, en el sentido de que, antes de intervenir de la manera en que lo ha hecho, hay que empaparse mejor, hay que conocer mejor el asunto del que se está tratando. Porque si usted dice que votar una cantidad exacta es una frivolidad, ¿por qué ustedes han votado 10.000 millones de pesetas en el Parlamento de Extremadura y no 11.000, 9.000, 7.000 ó 13,25 pesetas? Tenga usted en cuenta los discursos que pronuncia en un sitio y en otro; no vayamos a que estén en todos los bombardeos.
Señor Seco, nos da la impresión de que sienten una gran alegría, y a veces no la pueden contener, de que los 51.000 millones no vayan a Andalucía por razones de tipo partidista, por intereses personales de un dirigente o de otro. Desde ese punto de vista, hemos visto en declaraciones que se han producido en las últimas semanas la alegría cada vez que este proceso de síntesis llegaba a un atasco, como ha llegado en muchas ocasiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz concluya, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Le aseguro que el destino de esos 51.000 millones no lo conoce usted, no va a gastos, va fundamentalmente a inversiones relacionadas con sanidad y enseñanza.
Señor Presidente, no se asegura la cantidad; ni siquiera se está dispuesto a asegurar ese verbo u otro de tipo similar, como: materializar o garantizar. Por ello, no podemos aceptar esa enmienda que usted nos plantea.
Termino, señor Presidente. Pensamos que se ha dejado caer al señor Chaves. El señor Chaves ha llegado a un acuerdo y ese acuerdo no se respeta aquí. Se le ha dicho algo así como: Convoca, haz lo que quieras, pero no hay una cantidad firme, pase lo que pase. Yo no sé si SS. SS. se dan cuenta de que, en el último período, don Felipe González Márquez sólo piensa en don Felipe González Márquez, sin tener en cuenta otro tipo de cuestiones y sin tener en cuenta que, de manera sucesiva y constante, se está entregando la cabeza de un montón de dirigentes. Nosotros estamos defendiendo hoy aquí, no al señor Chaves, pero sí el acuerdo alcanzado con el señor Chaves por el señor Rejón, en representación de Izquierda Unida-Los Verdes. No estamos defendiendo ningún otro tipo de cuestiones y no aceptamos que se nos diga que eso no se puede garantizar, que hay que dejar las manos libres. Y se nos ha evocado

Página 9774


el tema de los mercados financieros, el tema de Maastricht, el tema de que habrá pedrea en otras comunidades autónomas, cuestiones todas ajenas a algo que se ha negociado en Andalucía y que pensamos que el señor Chaves lo ha negociado responsablemente...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: ..., sabiendo que también existen los mercados financieros. (Rumores.--Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, termine, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
En definitiva, yo creo que el PSOE, en Andalucía, ha perdido el norte. Lo pienso así. Ha perdido la vocación de gobierno. El PSOE ya no tiene allí capacidad de gobierno. Estamos de acuerdo en que, por razones culturales de estructura social y por la misma disposición política, el Partido Popular...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: ... allí nunca será alternativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, no obligue a la Presidencia a retirarle la palabra. Termine, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente. (Rumores.) Por lo tanto, señor Presidente --gracias por su amabilidad--, nosotros pensamos que se ha perdido la última oportunidad para que la izquierda demuestre (la izquierda del Partido Socialista, que nosotros le ponemos comillas, como ustedes saben) una vocación y una voluntad de gobierno. Ustedes no han respetado la voluntad del señor Chaves, el acuerdo conseguido. Mañana, posiblemente, se derroten por segunda vez los presupuestos de Andalucía y es lógico que haya elecciones anticipadas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, sin intención de alargar esta sesión, nocturna, pero dejando constancia, eso sí, de la importancia de las tres iniciativas, voy a hacer un breve análisis de las proposiciones no de ley presentadas en este trámite.
Por un lado, hay que decir que el texto del Grupo Socialista es, o era, más global, sin mención especial a ninguna comunidad autónoma y encaminada a que por parte de las comisiones mixtas se haga un estudio de las medidas a tomar. Así, en la motivación se hace referencia a que en distintos estatutos de autonomía se reconoce que las circunstancias socioeconómicas existentes en esas comunidades autónomas impiden la prestación de un nivel mínimo de los servicios efectivamente transferidos y que, para corregir esta situación, se prevé el establecimiento de un instrumento financiero específico, que recibe el nombre de asignaciones complementarias, y que estas asignaciones se consignarán en los Presupuestos Generales del Estado, como fuentes excepcionales de financiación. Los dos puntos de su proposición no de ley van, o iban, en este sentido, remarcando que es necesario impulsar los trabajos de las respectivas comisiones mixtas paritarias Estado-comunidad autónoma, para que se adopten las medidas precisas.
El Grupo Parlamentario Popular plantea una exposición de motivos más amplia, con referencia incluso a los derechos fundamentales y concretando en este caso a Andalucía y Extremadura. En la citada exposición de motivos del Grupo Parlamentario Popular se habla del artículo 158 de la Constitución, también del artículo 15 de la Ley Orgánica para la financiación de las comunidades autónomas, en donde se consagra la necesidad de que se incluyan las partidas excepcionales en los presupuestos generales del Estado. Y, en el caso de Andalucía especialmente, y de modo análogo en el de Extremadura, se refuerzan en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional segunda de su Estatuto de Autonomía. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular contiene en este caso, no dos, sino tres puntos, en los que se añade que se determine la cuantía de la asignación excepcional a establecer, que se adopten las medidas necesarias para que los sucesivos presupuestos incluyan las asignaciones que procedan y que se tomen idénticas medidas para todas aquellas otras comunidades autónomas cuyos respectivos estatutos de autonomía también lo contemplen.
Finalmente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hace referencia al proceso de destrucción del tejido productivo y al incremento de los desequilibrios territoriales, a la deuda histórica de Andalucía y Extremadura, así como a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que confirma la posibilidad de asignar fondos adicionales. Las letras a) y b) de su iniciativa propone la liquidación de 51.000 millones de pesetas como anticipo a cuenta para Andalucía y otros 10.000 millones también como anticipo a cuenta, en este caso para Extremadura.
Vistas y analizadas las distintas proposiciones no de ley, habría sido importante que los proponentes hubieran

Página 9775


llegado a un solo texto consensuado que se habría presentado a votación. De las manifestaciones hechas, se desprende que el consenso no ha sido posible, lo cual es una verdadera lástima, porque básicamente estamos hablando de asignaciones complementarias para algunas comunidades autónomas. Dado que se mantienen las tres, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a cada una de ellas, aunque muy brevemente.
Sin duda, las proposiciones no de ley del Grupo Socialista y del Grupo Popular no se diferenciaban demasiado en su inicio, aunque sí a partir del intento de incorporación de una enmienda transaccional ofrecida por el portavoz del Grupo Socialista. Es cierto que en esta enmienda transaccional se habla de que se estudie si verdaderamente procede la cuantificación ofrecida; por tanto, en el fondo, no acepta la cuantía mínima que el Grupo proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, solicitaba.
Pero yo entiendo que las dos hacen referencia a circunstancias socioeconómicas, a los distintos estatutos de autonomía, a la necesidad de que las asignaciones complementarias se consignen en los Presupuestos Generales y a que se estudien y cuantifiquen. Al constatar que se mantienen ambas, nos vamos a abstener en las dos.
Muchas más dudas se nos plantean en la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --lo digo de verdad--, mucha más atención si cabe hemos dedicado al análisis de sus proposición no de ley, pero debo decirles que tampoco la vamos a apoyar. Desconozco, aunque así parece, si la votación final de esta Cámara tendrá o no incidencia en la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que hace, repito, que vayamos con mayor cuidado todavía, pero no nos vemos capaces de valorar si los 51.000 millones y los 10.000 millones que se nos indican como cantidades a cuenta son cifras correctas o no, porque implican una aceptación y una posible cuantificación de la deuda histórica que debería tener, según nuestra opinión, un trámite previo debidamente aceptado. No siendo así, tampoco vamos a apoyar esta iniciativa. Esta es la posición de nuestro Grupo y el sentido de nuestro voto.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
(El señor Yáñez-Barnuevo García pide la palabra.) Señor Yáñez, una vez que el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha indicado que no acepta las enmiendas ni la enmienda «in voce» que planteaba un nuevo punto 2 bis ni --así lo ha entendido la Presidencia-- la enmienda de sustitución, quería preguntarle si lo que desea que se someta a votación es el texto inicial.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Le contesto, señor Presidente.
Como anuncié en mi intervención, el sentido de la enmienda transaccional, como su nombre indica, es lograr un acercamiento en relación a la proposición no de ley de Izquierda Unida, políticamente así expresado en la intervención. Al haber anunciado Izquierda Unida que no va a votar positivamente esa enmienda transaccional, el Grupo Socialista la retira, pero no sin antes anunciar dos cosas en relación a la enmienda «in voce» sobre Extremadura que queda ahora también decaída: primero, que el Presidente de la Junta de Extremadura piensa incluir en los presupuestos 10.500 millones como cantidad a cuenta, y segundo, que el debate demuestra sin ningún género de duda que Izquierda Unida ha intentado engañarnos y trampear con el tema de Andalucía, que es muy grave.
Gracias. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, ha hablado de trampear y engañar, y no estoy dispuesto a permitirlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Alcaraz! Usted conoce perfectamente cuál es el mecanismo. El Grupo que plantea una enmienda tiene la palabra --en este caso, el mismo Grupo-- para indicar su aceptación o rechazo. Todos los grupos han manifestado alguna breve opinión de por qué la aceptan o la rechazan. Pasamos a la votación.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, pero ha habido una valoración...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
(Rumores.)

El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, que conste mi protesta en acta por no concederme el turno de réplica.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra, señor Alcaraz. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios transferidos a las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 152; en contra, 15; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.


Página 9776


Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a asignaciones complementarias para garantizar la prestación de servicios básicos en las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 118; en contra, 167; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
Proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la adopción de medidas para saldar la deuda histórica reconocida a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 15; en contra, 278; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las once y diez minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal