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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 16-1, de 04/10/1996
 




BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:

PROYECTOS DE LEY 4 de octubre de 1996 Núm. 16-1
PROYECTO DE LEY
121/000014 Orgánica por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(121) Proyecto de Ley.

121/000014.

AUTOR: Gobierno.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Acuerdo:

1. Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, por el
procedimiento de urgencia, a la Comisión de Justicia e Interior.

Asimismo, publicar en el Boletín, estableciendo plazo de enmiendas, por
un período de ocho días hábiles, que finaliza el día 15 de octubre de
1996.

2. Solicitar de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley que
eleve criterio razonado a la Mesa de la Cámara acerca del carácter
orgánico u ordinario de los artículos 3.2, 5, la Disposición Adicional
Novena y la Disposición Transitoria Unica y, en su caso, del resto de los
contenidos en dicha iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.

PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE
VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES PUBLICOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 104.1 de la Constitución establece que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, para cuyo cumplimiento actúan con absoluto respeto a
la Constitución y al resto del ordenamiento, tal como recoge el mandato
constitucional en su artículo 9.1 y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.1.

La prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la
conservación y custodia de bienes que se encuentren en situación de
peligro, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en
espacios abiertos al público, lleva a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad al empleo de medios técnicos cada vez más
sofisticados. Con estos medios, y en particular mediante el uso de
sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento,
se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los bienes y
libertades de las personas.



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Ahora es oportuno proceder a la regulación del uso de los medios de
grabación de imágenes y sonidos que vienen siendo utilizados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, introduciendo las garantías que son
precisas para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en la Constitución sea máximo y no pueda verse perturbado con un exceso
de celo en la defensa de la seguridad pública.

Las garantías que introduce la presente Ley en el uso de sistemas de
grabación de imágenes y sonidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, parten del establecimiento de un régimen de autorización
previa para la instalación de videocámaras inspirado en el principio de
proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad e intervención mínima.

La autorización se concederá por los órganos administrativos que se
determinan previo informe preceptivo, que será vinculante si es negativo,
de una Comisión que presidirá el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, y en la cual la
presencia de miembros dependientes de la Administración autorizante no
podrá ser mayoritaria.

La Ley prevé, además de las instalaciones fijas de videocámaras, el uso
de videocámaras móviles con la necesaria autorización del órgano
designado al efecto, salvo en situaciones de urgencia o en las que sea
imposible obtener a tiempo la autorización, en las cuales se procederá a
comunicar su uso a la autoridad policial y a la Comisión. En todos los
casos la Comisión será informada periódicamente del uso que se haga de
las videocámaras móviles y tendrá derecho a recabar la correspondiente
grabación.

Las imágenes y sonidos obtenidos por cualquiera de las maneras previstas
serán destruidos en el plazo de un mes desde su captación, salvo que se
relacionen con infracciones penales o administrativas graves o muy graves
en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso
o con un procedimiento judicial abierto. El público será informado de la
existencia de videocámaras fijas y de la autoridad responsable y todas
las personas interesadas podrán ejercer el derecho de acceso y
cancelación de las imágenes en que hayan sido recogidos.

Finalmente, se dispone la inmediata puesta a disposición judicial de
aquellas grabaciones en las que se haya captado la comisión de hechos que
pudieran constituir ilícitos penales y, en previsión de que, por
circunstancias que deberán ser justificadas, no sea posible, se establece
la entrega de la grabación junto con el relato de los hechos a la
Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal.

La Ley lleva a cabo modificaciones en otras Leyes que, con el mismo fin
de protección de la seguridad de las personas y de los bienes y garantía
de los derechos y libertades, permitan dotar de mayor eficacia a las
previsiones de ésta.

Así, introduce modificaciones en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de junio,
Reguladora del Derecho de Reunión, y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, con la finalidad de
atajar la violencia callejera que eventualmente se produce con ocasión
del ejercicio del derecho de reunión y manifestación en lugares de
tránsito público.

Corresponde al Estado, en el ejercicio de la competencia que le atribuye
la Constitución (artículo 149.1. 29.ª) en materia de seguridad pública,
la aprobación de la presente Ley que, por otra parte, en la medida en que
incide en la regulación de las condiciones básicas del ejercicio de
determinados derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen y
el derecho de reunión, debe tener en su práctica totalidad el carácter de
Ley Orgánica, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las
Comunidades Autónomas en esta materia de acuerdo con lo que dispongan sus
Estatutos de Autonomía.

Artículo 1. Objeto
1. La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares
públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de
asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de
prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con
la seguridad pública.

Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de
los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que
habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de
autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos.

2. Las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y
cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo, y
en general a cualquier sistema de captación de imagen y sonido, e incluso
a la simple observación o toma de imágenes y sonidos acompañada de la
grabación en soporte separado.

Artículo 2. Ambito de aplicación
1. La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los
términos previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias,
quedan excluidas del ámbito de protección de la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, a tenor de su artículo 2.2.

2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la
presente Ley, el tratamiento automatizado de las imágenes y sonidos se
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.

Artículo 3. Autorización de las instalaciones fijas
1. La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en
los términos del artículo 1.2 de la presente Ley está sujeta al régimen
de autorización, que se otorgará, en su caso, previo informe de un órgano
colegiado presidido por un Magistrado y en cuya composición no serán
mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante.

2. Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado serán autorizadas por el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de que se trate, previo informe de una Comisión cuya
presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la misma Comunidad. La composición y el funcionamiento de la Comisión
se determinarán reglamentariamente.



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3. No podrá autorizarse la instalación fija de videocámaras cuando el
informe de la Comisión prevista en el apartado segundo de este artículo
estime que dicha instalación supondría una vulneración de los criterios
establecidos en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica.

4. La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser
motivada y referida en cada caso al lugar público concreto que ha de ser
objeto de observación por las videocámaras. Dicha resolución contendrá
también todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en
particular las referentes a la cualificación de las personas encargadas
de la explotación del sistema de tratamiento de imágenes y sonidos así
como las medidas a adoptar para garantizar el respeto de las
disposiciones legales vigentes. Asimismo, deberá precisar el ámbito
físico y la duración de la autorización a cuyo término habrá de
solicitarse su renovación.

Artículo 4. Criterios de autorización de instalaciones fijas
Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta,
conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios:

asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus
accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional;
constatar infracciones a la seguridad ciudadana y prevenir la causación
de daños a las personas y bienes.

Artículo 5. Autorización de videocámaras móviles
1. En las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación
de videocámaras fijas, podrá utilizarse simultáneamente otras de carácter
móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley.

2. También podrán utilizarse en los restantes lugares públicos
videocámaras móviles. La autorización de dicho uso corresponderá al
máximo responsable a nivel provincial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado quien atenderá a la naturaleza de los eventuales
hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización del medio a
los principios previstos en el artículo 6.

La resolución motivada que se dicte autorizando el uso de videocámaras
móviles, se pondrá en conocimiento de la Comisión prevista en el artículo
3 en el plazo máximo de dos días, la cual podrá recabar el soporte físico
de la grabación a efectos de emitir el correspondiente informe.

En casos excepcionales de urgencia máxima o de imposibilidad de obtener a
tiempo la autorización indicada en razón del momento de producción de los
hechos o de las circunstancias concurrentes, se podrán obtener imágenes y
sonidos con videocámaras móviles, dando cuenta, mediante un informe
motivado, al Jefe policial y a la Comisión aludida en el párrafo
anterior, la cual, si lo estima oportuno, podrá requerir la entrega del
soporte físico original y emitir el correspondiente informe.

3. La Comisión prevista en el artículo 3 será informada quincenalmente de
la utilización que se haga de videocámaras móviles y podrá recabar en
todo momento el soporte de las correspondientes grabaciones y emitir un
informe al respecto.

4. En el caso de que las autoridades competentes aludidas en esta Ley lo
consideren oportuno, se podrá interesar informe de la Comisión prevista
en el artículo 3 sobre la adecuación de cualquier registro de imágenes y
sonidos obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios del
artículo 6.

Artículo 6. Principios de utilización de las videocámaras
1. La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de
proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención
mínima.

2. La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando
resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la
seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

3. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la
finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la
videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de
las personas.

4. La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable
riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un
peligro concreto, en el caso de las móviles.

5. En ningún caso se podrán tomar imágenes del interior de las viviendas,
ni de sus vestíbulos, salvo que se disponga de la correspondiente
autorización judicial. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente
en estos lugares deberán ser destruidas inmediatamente.

Artículo 7. Aspectos procedimentales
1. Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en
la Ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser
constitutivos de ilícitos penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos a
disposición judicial con la mayor inmediatez posible, y en todo caso en
el plazo máximo de 72 horas desde su grabación. Cualquier demora en este
último plazo deberá ser justificada. De no poder redactarse el atestado
en tal plazo, se relatarán verbalmente los hechos a la autoridad
judicial, o al Ministerio Fiscal, junto con la entrega de la grabación.

2. Si la grabación captara la comisión de infracciones administrativas
relacionadas con la seguridad ciudadana, se remitirá al órgano competente
para el inicio del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 8. Conservación de las grabaciones
1. Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes, salvo
que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves
o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación
policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo
abierto.

2. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga
acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva,
confidencialidad y sigilo en relación con las


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mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en el
artículo 10 de la presente Ley.

3. Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes y sonidos obtenidos de
conformidad con esta Ley, salvo para los fines previstos en la misma.

4. Reglamentariamente se determinará el órgano o autoridad gubernativa
que tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la
responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o
destrucción. Dicho órgano será el competente para resolver sobre las
peticiones de acceso o cancelación promovidas por los interesados.

Artículo 9. Derechos de los interesados
1. El público será informado de manera clara y permanente de la
existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de
la autoridad responsable.

2. Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y
cancelación de las grabaciones en que figure. No obstante, el ejercicio
de estos derechos podrá ser denegado por quien custodie las imágenes y
sonidos, en función de los peligros que pudieran derivarse para la
defensa del Estado, la seguridad pública, la protección de los derechos y
libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se
estén realizando.

3. Contra la resolución denegatoria cabrá la interposición de recurso
ordinario en los términos legalmente previstos.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
Cuando no haya lugar a exigir responsabilidades penales, las infracciones
a lo dispuesto en la presente Ley serán sancionadas con arreglo al
régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto,
con sujeción al régimen general de sanciones en materia de seguridad
ciudadana y de tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
La presente Ley tendrá el carácter de orgánica, excepto lo dispuesto en
los artículos 3.2, 5 y 10, en las Disposiciones Adicionales Tercera,
Séptima y Novena, en la Disposición Transitoria y en las Disposiciones
Finales, que tendrán el carácter de ley ordinaria.

Segunda
Las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de las
personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público, con
arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía y
en la Leyes Orgánicas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de Protección
de la Seguridad Ciudadana, podrán dictar, con sujeción a lo prevenido en
esta Ley, las disposiciones necesarias para regular y autorizar la
utilización de videocámaras por sus fuerzas policiales y por las
dependientes de las Corporaciones locales radicadas en su territorio.

Tercera
Se crea un registro de instalaciones fijas de videocámaras dependiente de
la autoridad competente para autorizarlas.

Cuarta
El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del
Derecho de Reunión, queda redactado de la siguiente forma:

«3. Los participantes en reuniones o manifestaciones que causen un daño a
terceros, responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas
naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o
manifestaciones, responderán de los daños que los participantes causen a
terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos.»
Quinta
1. Se da nueva redacción al artículo 23.c) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que queda
redactado de la siguiente forma:

«c) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de
manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9,
10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho
de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o
promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de
infracción penal.

En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
cuya celebración se haya comunicado previamente a la autoridad se
considerarán organizadores o promotores las personas físicas o jurídicas
que suscriban el correspondiente escrito de comunicación.

Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se
considerarán organizadores o promotores, quienes por las publicaciones o
declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los
discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las
mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por
cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son
inspiradores de aquéllas.»
2. Se da nueva redacción al artículo 23 d) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que queda
redactado como sigue:

«d) La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de
tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran
los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983.»
3. Los actuales párrafos d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) y ñ)
del artículo 23 de la Ley Orgánica citada se convertirán


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en los párrafos e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o)
respectivamente.

Sexta
Las autorizaciones de instalaciones fijas de videocámaras constituyen
actividades de protección de la seguridad pública realizadas al amparo
del artículo 149.1.29 de la Constitución y no estarán sujetas al control
preventivo de las Corporaciones locales previsto en su legislación
reguladora básica, ni al ejercicio de las competencias de las diferentes
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que deban respetar los
principios de la legislación vigente en cada ámbito material de la
actuación administrativa.

Séptima
Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre
los bienes afectados por las instalaciones reguladas en esta Ley, o
quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y
permitir su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de
obtener, en su caso, la autorización judicial prevista en el artículo
87.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de
las indemnizaciones que procedan según las leyes.

Octava
1. Se considerarán faltas muy graves en el régimen disciplinario de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las siguientes infracciones:

a) alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre
que no constituya delito.

b) permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y
sonidos grabados o utilizar éstos para fines distintos de los previstos
legalmente.

c) reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los
previstos en esta Ley.

2. Se considerarán faltas graves en el régimen disciplinario de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las restantes infracciones a lo
dispuesto en la presente Ley.

Novena La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de
captación y reproducción de imágenes para el control, regulación,
vigilancia y disciplina del tráfico, se efectuará por la autoridad
encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, y demás normativa específica en la materia y con sujeción a lo
dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación
del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de
5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los principios de
utilización de las mismas previstos en esta Ley.

DISPOSICION TRANSITORIA Unica
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, se procederá, en su caso, a autorizar las instalaciones fijas de
videocámaras actualmente existentes, así como a destruir aquellas
grabaciones que no reúnan las condiciones legales para su conservación.

DISPOSICIONES FINALES
Primera
El Gobierno en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para su
ejecución y desarrollo.

Segunda
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».


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