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BOCG. Senado, serie III B, núm. 29-a, de 06/10/1998
 




BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie III B: 6 de octubre de 1998 Núm. 29 (a)
PROPOSICIONES DE LEY (Cong. Diputados, Serie B, núm. 218
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Núm. exp. 122/000191)
PROPOSICION DE LEY
624/000019 Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada
con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
624/000019
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 6 de octubre de 1998, ha tenido entrada en esta Cámara el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo a la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas
graves.

Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la
remisión de esta Proposición de Ley a la Comisión de Justicia.

En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del
Senado, el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo
día 19 de octubre, lunes.

De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación del texto de la mencionada Proposición
de Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los
señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.

Palacio del Senado, 6 de octubre de 1998.--El Presidente del Senado, Juan
Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María Cruz
Rodríguez Saldaña.

PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCION INVESTIGADORA
RELACIONADA CON EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS
ACTIVIDADES ILICITAS GRAVES
PREAMBULO
La criminalidad organizada ha adquirido en nuestro tiempo una alarmante
dimensión, tanto por su importancia, como por el «modus operandi» con que
actúa.



Página 2


Ante este nuevo reto, los sucesivos Gobiernos han ido poniendo
instrumentos de todo orden en manos de quienes tienen la misión de
perseguir y reprimir dichas conductas, si bien existen todavía algunos de
los que puede dotarse legítimamente un Estado en su lucha contra esas
formas de criminalidad que no han tenido acogida en nuestro sistema
jurídico.

Asimismo, la persecución de los fenómenos relacionados con la
delincuencia organizada y su vinculación al tráfico ilegal de drogas,
común motivo de preocupación para todas las naciones, ha sido en los
últimos años materia de urgente atención y absoluta prioridad, como viene
a demostrar la elaboración de distintos instrumentos jurídicos
internacionales. En esta línea, destaca la aprobación en el marco de las
Naciones Unidas de la Convención contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de
diciembre de 1988, en donde se insta a las Partes firmantes de la misma,
entre ellas España, a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de
orden legislativo y administrativo, que, de conformidad con las
disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos
internos, sean necesarias para hacer frente con la mayor eficacia a los
diversos aspectos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas que tengan una proyección internacional.

Las reformas que se incorporan en la presente Ley parten de la
insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha
contra este tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en
ámbitos transnacionales y con abundancia de medios conducentes a la
perpetración de los delitos. De esta forma, se introducen en el
ordenamiento jurídico medidas legales especiales que permitan a los
miembros de la Policía Judicial participar del entramado organizativo,
detectar la comisión de delitos e informar sobre sus actividades, con el
fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de sus
autores. Todas estas modificaciones deben introducirse respetando el fin
del proceso penal que no es otro que el descubrimiento de la verdad real
y la aplicación de la ley penal al caso concreto, teniendo siempre en
cuenta que los límites de las técnicas propuestas de investigación se
encuentran en el sistema de derechos y garantías que la Constitución
reconoce a todo imputado, ya que por más abyectas que sean las formas de
delincuencia que se tratan de combatir, ello no justifica la utilización
de medios investigadores que puedan violentar garantías constitucionales.

Por tanto, la búsqueda de medios jurídicos eficaces para luchar contra la
criminalidad organizada, no debe comportar un detrimento de la plena
vigencia de los principios, derechos y garantías constitucionales y la
preservación de los aludidos principios, derechos y garantías exige,
siempre que exista conflicto, que el mismo se resuelva en favor de estos
últimos, porque ellos constituyen el verdadero fundamento de nuestro
sistema democrático.

Por todo ello, en el presente texto se contempla en primer lugar la
regulación de la «entrega vigilada» contenida en el artículo 263 bis de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en ésta por la Ley Orgánica
8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, y que hasta este momento estaba referida
exclusivamente al delito de tráfico de drogas, para extenderla también a
las investigaciones relacionadas con los delitos de blanqueo de bienes y
de comercio ilícito de precursores. La extensión que ahora se opera está
en concordancia con la obligación impuesta a los Estados Parte en el
artículo 11 de la citada Convención de las Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Por otra parte, se añade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo
artículo 282 bis), que proporciona habilitación legal a la figura del
«agente encubierto» en el marco de las investigaciones relacionadas con
la denominada «delincuencia organizada». De esta forma, se posibilita el
otorgamiento y la utilización de una identidad supuesta a funcionarios de
la Policía Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial
posterior, con lo que se completa el régimen de protección que preveía la
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, respecto a peritos y testigos
de causas criminales. Asimismo, se delimita a estos efectos el concepto
de «delincuencia organizada», determinando las figuras delictivas que
comprende. Finalmente, se faculta al agente encubierto para utilizar,
bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de
investigación.

Artículo 1
Se modifica, en el Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal el artículo 263 bis, que tendrá la siguiente redacción:



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1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los
Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de ámbito provincial
y sus mandos superiores, podrán autorizar la circulación o entrega
vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por
resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea
posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y
cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se
tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación
con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El
Juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al
Juzgado Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro
de dichas resoluciones.

También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los
equipos materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del
Código Penal, así como los bienes y ganancias a que se hace referencia en
el artículo 301 del Código Penal, en todos los supuestos previstos en el
mismo."
2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente
en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas,
sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos
materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las
sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas,
así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas
tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal,
circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia
obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin
de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de
algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales,
bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades
extranjeras en esos mismos fines.

3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano
internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados
internacionales.

Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de ámbito
provincial o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio
Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con
el apartado 11 de este artículo y, si existiese procedimiento judicial
abierto, al Juez de Instrucción competente.

Artículo 2
Se añade en el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal un artículo 282 bis con la siguiente redacción:

1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de
investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia
organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal
dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la
Policía Judicial mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad
supuesta, que será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo
de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando
legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la
investigación concreta, bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero
del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso
concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las
actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta
a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la
investigación. Asimismo dicha información deberá aportarse al proceso en
su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial
competente.

2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una
investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el
apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el
proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y
siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada,
siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de
23 de diciembre.

3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos
fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial
competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la
Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales
aplicables.

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo se
considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más
personas para realizar de forma permanente o reiterada, conductas que
tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:



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a) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a
373 del Código Penal.

b) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del
Código Penal.

c) Tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en
los artículos 566 a 568 del Código Penal.

d) Falsificación de moneda previsto en el artículo 386 del Código
Penal.

e) El blanqueo de bienes de procedencia ilícita previstos en el
artículo 301 del Código Penal.

f) Secuestro de personas previstos en los artículos 164 a 166 del
Código Penal.

g) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos
187 a 189 del Código Penal.

h) La extorsión prevista en el artículo 243 del Código Penal.

i) Delitos contra el Patrimonio y el orden socioeconómico.

j) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los
artículos 312 y 313 del Código Penal.

5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por
aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la
investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la
finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones
realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para
conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de
algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal
circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en
atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.

DISPOSICION DEROGATORIA
Unica
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION FINAL
Unica. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».


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