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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 100, de 06/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 100

ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA

PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS

Sesión núm. 10

celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Ratificación de las Ponencias que han de informar los siguientes proyectos:

--De cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias. (Número de expediente 121/000018) (Página 2614)

--Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. (Número de expediente 121/000019) (Página 2614)

--De medidas de disciplina presupuestaria. (Número de expediente 121/000016) (Página 2614)

--De medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Número de expediente 121/000017) (Página 2615)

Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, los siguientes proyectos de ley:

--De medidas fiscales, administrativas, y del orden social. (Número de expediente 121/000017) (Página 2615)

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Se abre la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados para el examen y, en su caso, aprobación de los proyectos de ley que nos han sido encomendados.
En cuanto al orden de tramitación de los asuntos quiero advertir a SS.
SS. que, en principio, las votaciones las celebraríamos nunca antes de las doce horas de mañana, a menos que el estado de la tramitación nos exija un retraso, sin perjuicio de lo cual quiero decir a SS. SS. que tal vez a lo largo de la sesión de hoy sea conveniente realizar alguna votación. Es ciertamente improbable, pero se lo quiero decir a todos para que no nos encontremos a lo largo de la sesión simplemente los miembros de la Mesa, el Letrado y algún que otro Diputado, portavoz o no. Se lo digo porque la sensación de soledad que se provoca a altas horas nocturnas puede ser ciertamente insufrible para aquellas personas que tengan que hacer uso de la palabra. Por consiguiente, les prevengo de todo. Quiero apelar a su buena condición de compañeros parlamentarios en el sentido de que nunca nos sintamos abandonados en el quehacer parlamentario del día de hoy, que va a ser largo, enjundioso y tal vez tedioso para algunos.
En principio, las sesiones están planteadas para que se celebren a lo largo de la tarde-noche de hoy, el día de mañana y quizás, todo depende de lo que se prolonguen las discusiones, el viernes por la mañana.
Esperamos que, a más tardar, por supuesto, podamos concluir las sesiones de esta Comisión en la mañana del próximo viernes, aunque puede que acabemos en la tarde de mañana jueves.
En relación al desenvolvimiento de la sesión de esa tarde, en la medida en que hemos sido abocados a comenzar tarde, como consecuencia de que la Comisión de Presupuestos ha acabado muy tarde, la idea sería, en principio, si ustedes lo tienen a bien --estamos abiertos no sólo a discutir sino a aceptar cualquier sugerencia--, que la discusión acabase a las doce de la noche, haciendo sesión nocturna, para finalizar antes de pasado mañana, viernes, si es posible. Por tanto, acabaríamos alrededor de las doce de la noche de hoy, siempre y cuando el debate de los títulos correspondientes de la ley de medidas fiscales, administrativas, sociales y de otra índole que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado para este año estuviera en un punto adecuado. Si no, acabaríamos un poco antes o un poco después, en función de cómo esté la discusión de los títulos correspondientes.
En cuanto al sistema de debate, la Mesa ha entendido, y así se acordó también por Junta de Portavoces, que se discutiría por títulos completos.
En principio, estaríamos siguiendo el ejemplo, por sus resultados positivos, del proyecto de ley de presupuestos en el sentido de que cada grupo parlamentario intervenga en una sola ocasión a efectos de manifestar los argumentos en favor de las enmiendas propuestas, así como su posición en relación a las enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios. Daríamos diez minutos elásticos, intemporales, para que SS. SS. puedan administrárselos de forma y manera que, dentro de la compostura adecuada del debate, se puedan guardar los tiempos necesarios para que podamos acabar en un tiempo prudencialmente no corto sino necesario para que el proyecto de ley quede suficientemente debatido y recogido en el «Diario de Sesiones». Por cierto, y abundando en alguna discusión que se ha producido esta mañana, he de decirles a ustedes que todo lo que aquí se dice consta en el «Diario de Sesiones», no así en el acta. Porque por mucho que ustedes pidan que algo conste en el acta sólo corresponde al señor Secretario y al Presidente decidir qué consta en ella, lo pidan ustedes o no. En el «Diario de Sesiones» consta todo absolutamente con pelos y señales, con comas y puntos, todo lo que ustedes sugieren o proponen.
Vamos a comenzar el examen de los asuntos comprendidos en el orden del día de hoy, advirtiéndoles de antemano que en relación al proyecto de ley por el que se autoriza la participación de España en el Fondo para el medio ambiente mundial --les aseguro que esto de medio ambiente mundial no es en absoluto un modismo moderno, sino que efectivamente se llama así, medio ambiente mundial (Risas.)-- reestructurado y la contribución correspondiente a la primera reposición de recursos, en las conversaciones que en muchas ocasiones mantenemos el Letrado y la Presidencia (como quiera denominarse a esta figura), tal vez en función de que se trata de una adhesión a un organismo internacional y de que podría entenderse que se trata de un convenio internacional y en esta medida la competencia no correspondería plenamente a esta Comisión, sino su dictamen para que posteriormente fuese examinado y ratificado en su totalidad por el Pleno de la Cámara, el Letrado con buen criterio y con la ratificación de esta Presidencia, ha solicitado a la Mesa de la Cámara que reconsidere la postura de esta Comisión con competencia legislativa plena y en esta medida no será visto en la Comisión a celebrar en el día de hoy y, por consiguiente, si les parece bien, lo retiramos del orden del día para que pueda ser examinado e informado por los servicios de la Cámara a efectos de conocer a quién corresponde la competencia para su aprobación definitiva.


RATIFICACION DE LAS PONENCIAS QUE HAN DE INFORMAR LOS PROYECTOS DE LEY:

--DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS. (Número de expediente 121/000018.)

--ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (Número de expediente 121/000019.)

--DE MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000016.)

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--DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000017.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al examen de los asuntos comprendidos en el orden del día de hoy para lo cual comenzaremos por la ratificación de las ponencias que han examinado los diferentes proyectos de ley. Y digo informe de la ponencia en la medida que se puede llamar informe a una ponencia que no acepta ninguna de las enmiendas que se han presentado. (Risas.) Señores Diputados, ¿se ratifica la designación de las ponencias? (Asentimiento.)

DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:

--DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000017.)

El señor PRESIDENTE: Quiero excusarme por la amplia exposición con anterioridad al examen en concreto de los proyectos de ley y, sin más preámbulos, vamos a pasar a examinar el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social con el debate de las diferentes enmiendas presentadas.
Comenzaremos por examinar las enmiendas presentadas, de mayor a menor, por el Grupo Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Grupo Catalán (Convergència i Unió), Grupo Vasco (PNV), Grupo de Coalición Canaria, Grupo Mixto y posteriormente el Grupo Popular fijará su posición. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, aparte de agradecer el amable speech introductorio, ya que tenemos sesión nocturna, espero de la Mesa que tenga a bien servir unos cafés a las diez o las once de la noche.
Aparte de esto, señor Presidente, quiero decirle que el letrado había hecho un informe sugiriendo la solución de algunos materiales del texto que mi grupo entiende que se deben incorporar directamente, siguiendo el criterio del letrado. Entre ellos quería referirme principalmente, por si tienen a bien incluirlo, a que la disposición final primera atribuye la capacidad reglamentaria a dos directores generales, lo cual técnicamente no es tan correcto como atribuírsela a los propios ministros correspondientes. De acuerdo con el informe del letrado, entiende mi grupo que se puede incorporar directamente al texto de la ponencia que hoy vamos a debatir.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿debo entender que con esta intervención ha consumido usted su turno de diez minutos a efectos de fijar la posición de su grupo en relación con las enmiendas por ustedes presentadas y por los demás grupos? (Risas.)

El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que si quiere aceptar de palabra las sugerencias que formula el letrado en relación con el informe de la Ponencia, las incorpore en su intervención para defender las enmiendas y no consumimos ahora un turno. Sin perjuicio de lo cual e decirle que, por supuesto, esta Presidencia asume las sugerencias que realiza en cuanto a la intendencia y ruego a los servicios de la Cámara que alrededor de las nueve de la noche nos sea servido un refrigerio, que esperamos sea mejor que el de hace dos años. (El señor Martínez Sanjuán: Señor Presidente, ¿puedo pedir la palabra por alusiones?) La culpa no la tuvo usted, señor Martínez Sanjuán. (Risas.) Les ruego a SS. SS. que fijemos nuestra atención con profundidad en los proyectos de ley que tenemos que debatir.
Tiene la palabra el señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Con brevedad, además de felicitarle por el florido lenguaje con el que obsequia a esta Comisión que augura una sesión espero que cordial en las intervenciones de todos los parlamentarios, y antes de que lo difícil y prolongado de las discusiones nos suma a todos en el tedio, quisiera expresarle, en relación con la intervención que acaba de hacer el señor Martínez-Pujalte que ha recogido la observación hecha por el Letrado sobre la inconveniencia de asignar a un director general nada menos que una facultad reglamentaria, que me parece que el trámite adecuado no puede ser que esto se dé por recogido, sino que formulemos de común acuerdo entre los grupos parlamentarios la observación correspondiente para que pueda ser incorporada. Podríamos buscar la fórmula ulteriormente. En ese sentido, quiero expresar mi voluntad de asumir lo que es jurídicamente incorrecto.
En segundo lugar, y respecto a las previsiones de intendencia por parte del Grupo Socialista no encontrarán ningún obstáculo, sobre todo si se formulan en términos tan sugestivos como los que ha hecho la Presidencia.
Y sin más trámite, si lo tiene a bien el Presidente, quisiera dar lugar ya al comienzo de la presentación de las diferentes enmiendas, anunciando que en cada uno de los títulos habrá diferentes portavoces del Grupo Parlamentario Socialista. En el caso del título I, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista será don Luis Martínez Noval.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, tengo que demandar de su benevolencia, como primeras manifestaciones de mi intervención, la comprensión de que seamos tres los portavoces socialistas en la defensa de

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nuestras enmiendas a este título I. Concretamente del capítulo III, que se refiere a las tasas, se ocupará el señor Alvarez Gómez y de la sección sexta, que se refiere al régimen económico y fiscal de Canarias, se ocupará el señor Segura. Trataremos los tres de ser austeros en el consumo del tiempo y de atenernos a la petición que usted hacía al inicio de la sesión.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas enmiendas a la práctica totalidad de los artículos de este título. En relación al artículo 1.º, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de supresión del artículo que modifica el tratamiento de las retribuciones en especie. El argumento que justifica nuestra posición no es otro que entender que este nuevo precepto que introduce la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, rompe el tratamiento unitario de las retribuciones en especie, lo cual es inconveniente.
Además de este argumento que es fácilmente comprensible, nos preguntamos dónde han quedado las manifestaciones y las apelaciones del Grupo Parlamentario Popular en relación con la simplicidad, las garantías, la seguridad, etcétera, del sistema fiscal. La introducción de un tratamiento divergente respecto al conjunto de las retribuciones en especie, modificando el artículo 26 de la ley de renta, introduce aspectos inconvenientes para nosotros, tan inconvenientes que solicitamos la supresión del artículo 1.º.
En el artículo 2.º encontramos un precepto que nos ha llamado poderosísimamente la atención. En el apartado 2 del artículo 1.º se da un nuevo tratamiento a unas rentas de personajes famosos, conocidos, que han venido siendo objeto de discusión, de debate y de controversia en la sociedad española. Hace bastante tiempo que en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los medios de comunicación hablados, escritos y visuales, se ha discutido sobre el problema de la tributación de los derechos de imagen, que es una práctica que aceptó la Hacienda pública española para dar tratamiento a un conjunto de rentas, por cierto bastante elevadas, de unas personas que en ese modo de entender su trabajo y de calificar su presencia en la sociedad encontraron una forma de obtener algún beneficio fiscal.
El apartado 2 del artículo 2.º introduce una modificación en el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la cual se pasa a considerar estas rentas como rendimientos del capital mobiliario. En relación con esa cuestión yo tengo que hacer simplemente tres consideraciones, por no extenderme más en atención a la demanda del Presidente. En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que, después de los sucesivos rechazos, tanto en esta Cámara como en el Senado, de los que esta consideración como rendimientos del capital mobiliario a este tipo de rentas fue objeto, en tan poco tiempo el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno se hayan convencido de que éste es el mejor procedimiento para afrontar un problema que, sin ninguna duda, existe.
Podemos suponer, señorías, que a partir de ahora, si a estos profesionales de élite del deporte y de otro tipo con mucha incidencia en medios de comunicación social se les da este tratamiento, va a ser inevitable que un conjunto de profesionales de todo tipo entienda que una parte de sus rentas se pueden acoger a este tratamiento. Lo mismo que ocurre en otros aspectos en que sus medidas van a convertir en implícitos todos los rendimientos explícitos de los capitales en razón de la discriminación que han hecho entre un tipo de rendimientos y otros, no es aventurado asegurar que también se va a producir un fuerte desplazamiento de muchos derechos que se corresponden sencillamente con contraprestaciones a un trabajo realizado y que se van a convertir en rendimientos de actividades profesionales sometidas a esa consideración de derechos de imagen.
En segundo lugar, entendemos que esto es --voy a utilizar una frase muy reiterada estos días-- una puñalada trapera al esfuerzo y a la diligencia de la inspección financiera del Estado, en concreto a los inspectores de la Agencia Tributaria. ¿Por qué razón? Porque hay inspectores que individual y colectivamente han hecho un trabajo muy tenaz y muy importante a lo largo de estos últimos años para tratar de desentrañar el origen, la consideración y la imposición de estas rentas. Consecuencia de ese trabajo inspector hay levantadas unas actas que todos sabemos que son millonarias. Entendemos --y me gustaría escuchar otra cosa del portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- que la introducción de este nuevo precepto en la ley de renta viene a echar por tierra y a desautorizar todo el trabajo de esos inspectores de la Agencia Tributaria, que han sido capaces en estos años de llevar a cabo el mejor trabajo en beneficio de la Hacienda pública. No creemos que sea la mejor solución para un problema que tiene a algunas entidades enormemente preocupadas. ¡Cómo no las va a tener si las actas son de miles de millones de pesetas! El peor procedimiento para la autoestima, para la consideración de su trabajo --y estoy hablando del cuerpo inspector de la Hacienda pública-- es, justamente, que una norma rompa, en alguna medida, el tratamiento y la consideración de esos inspectores plasmada en las actas de inspección.
Nosotros pensamos que el peor procedimiento para respaldar ese trabajo y esa actividad es el de introducir en la ley este precepto.
En tercer lugar, señorías, no podía autoestimarme como Diputado de la oposición si no les dijera que a nosotros nos preocupa esa remisión reglamentaria con la que concluye el nuevo precepto. Aquí sólo se dice que esos rendimientos tendrán la consideración de rendimientos de capital, al añadir una letra g) al artículo 37 de la Ley 18/1991, y poco más sabemos sobre cómo van a ser tratados esos rendimientos. Nos preocupa que la solución de ese desconocimiento sea la remisión al reglamento.
Al artículo 3.º tenemos una enmienda, la número 129, que propone la supresión del 10 por ciento en la deducción en cuota de las primas de seguros. Bien es verdad que tienen determinadas condiciones, pero el portavoz del Grupo Popular conoce bien mi posición y la del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia. Estamos discutiendo estas cuestiones en el ámbito de la subcomisión de esta Comisión que se ocupa de la fiscalidad de las figuras de previsión social. Entre esas figuras, se encuentra, sin ninguna duda, el seguro de vida. Desde el momento en que se hizo

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público y, sobre todo, desde que las primeras sospechas dieron lugar a la seguridad de que esa nueva deducción en cuota de las primas de seguros se incluía en la ley de medidas, adujimos que hay una subcomisión que se propone discutir esta cuestión. No es que nosotros estemos en desacuerdo con la aparición de nuevo de esta figura. Digo de nuevo porque ya existió en su momento la deducción del 10 por ciento en cuota, pero en su momento nos manifestaremos en relación con la materialidad de esa reaparición en la ley. Lo que ahora nos lleva a solicitar la supresión, a través de nuestra enmienda número 129, es la inconveniencia de un trabajo que el Gobierno se toma inoportunamente cuando hay una subcomisión de esta Comisión que está discutiendo ese asunto.
Al artículo 5.º, señorías, nuestra enmienda número 130 trata de suprimir la reducción del 15 por ciento en los rendimientos sometidos a índices, etcétera, en definitiva, estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta no es la coyuntura más adecuada para que esa reducción tenga lugar. Bien es verdad que nosotros hemos producido en el pasado reducciones de esta naturaleza, pero en fases del ciclo económico que no son exactamente aquella en la que nos encontramos.
No es que cuestionemos tampoco el principio de que esa reducción de los rendimientos pueda tener lugar. Lo que nos llama poderosamente la atención es que, estando en la fase del ciclo económico en la que estamos, ustedes tomen esta medida.
Al artículo 6.º mi grupo no tiene enmienda alguna, porque hay enmiendas de otros grupos a las que posteriormente me referiré. Este artículo se refiere básicamente a cuestiones que tienen que ver con la Ley del Impuesto de Sociedades, que he utilizado una y otra vez a propósito de modificaciones que se han propuesto en otras normas que consiguieron modificar la Ley 43/1995. Es una Ley tan reciente que si pretendiéramos modificarla el Grupo Parlamentario Socialista actuaría contra sus propios actos, ya que son actos tan recientes y cercanos como el mes de diciembre del año 1995. Por eso, es comprensible que el Grupo Parlamentario Socialista no haya presentado enmienda alguna a ese artículo.
Sí hemos presentado la número 131, al artículo 7.º, que modifica preceptos de la ley que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido, que tiene, desde nuestro punto de vista, bastante interés, ya que trata de introducir un nuevo apartado en el artículo 20 de la ley, de modo que sea posible y tenga cobertura legal la no inclusión en la base imponible del impuesto de las ayudas comunitarias. Eso se ajusta perfectamente a la normativa europea, a la Sexta Directiva. Algunos sectores como, por ejemplo, el aceite de oliva y muchos otros que reciben ayudas comunitarias se verían beneficiados por esa vía porque no es en modo alguno necesario que se incluyan en la base imponible del sujeto pasivo.
Nuestra enmienda número 132, señorías, trata de aclarar la norma vigente en cuanto a la posibilidad de reducir la base imponible cuando hay suspensiones de pagos o quiebras, en la medida en que no contribuye a ensombrecer aún más la situación económica del sujeto pasivo que desgraciadamente se ve sometido a este tipo de situaciones concursales, sea suspensión de pagos o quiebras.
La enmienda número 133, al artículo 111 de la Ley 37/1992, del Impuesto del IVA, pero sigo en el artículo 7.º de la ley de medidas --me entiende perfectamente el portavoz del Grupo Popular--, trata de mejorar las posibilidades de comprobación de la Administración tributaria. Las enmiendas al artículo 137 son pequeñas modificaciones de la Ley del IVA que tratan de mejorar las posibilidades y las capacidades de comprobación a la Administración tributaria.
El Grupo Parlamentario Socialista trata de introducir en el artículo 9.º, con nuestra enmienda número 135, una nueva exención de ese impuesto novedoso, el impuesto sobre las primas del seguro. La norma no recoge adecuadamente el tratamiento de unas operaciones aseguradoras que son absolutamente equiparables a las que trata de proteger la ley eximiéndolas o exonerándolas del impuesto. Son aquellas operaciones realizadas por mutualidades de previsión social. Esperamos el mejor entendimiento de esta enmienda que da un tratamiento de equidad a las operaciones aseguradoras que se realizan por parte de las mutualidades de previsión social.
Con nuestra enmienda número 136 tratamos de eximir del impuesto a los seguros agrarios combinados y también a otro tipo de seguros que no son obligatorios (el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sabe bien que están exentos), como son los seguros de algunos colectivos de funcionarios, seguros de vida e incluso seguros de accidente que proceden de la negociación colectiva en las empresas. Son compromisos de las empresas con sus empleados, que generalmente, insisto, proceden de la negociación colectiva. Con los mismos argumentos con los que se eximen del impuesto los seguros que son obligatorios, deberían también en estos casos quedar eximidos del impuesto.
Señorías, hay nuevos artículos. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular introduce un nuevo artículo planteando un problema al que yo me refería a la discusión de la ley general presupuestaria que hemos concluido esta mañana. Si el Grupo Parlamentario Popular cambia preceptos de la ley general presupuestaria a la ley de medidas, ocurrirá que, como el Grupo Parlamentario Socialista u otros grupos habíamos enmendado esos preceptos en la ley general presupuestaria, pero no en la ley de medidas, nos encontramos en estos momentos con que si ustedes introducen en Comisión ese precepto en la ley de medidas, nosotros no tenemos presentada una sola enmienda. De manera que tienen que ser ustedes comprensivos con esa dificultad que tenemos a la hora de poder enmendar algunos preceptos. Me refiero, en concreto, a la enmienda número 456, del Grupo Popular, que tiene tres apartados respecto de los cuales quiero hacer alguna consideración. Esa enmienda tiene que ver con dos apartados que son simplemente la traslación a la ley de una sentencia del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a las pensiones de incapacidad permanente o total de los funcionarios públicos.
Señor portavoz del Grupo Popular, usted recordará que esta exención estaba en la ley general presupuestaria, y allí la habíamos enmendado nosotros. De allí la trajeron aquí,

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y aquí nos encontramos con que nosotros no tenemos enmiendas en esta ley a este precepto. Lo habíamos enmendado en la otra. Le quiero decir que vamos a complicar un poco más la cuestión, señor Martínez-Pujalte. Vamos a introducir una razón más en nuestra consideración.
En estos momentos, al menos en lo que se refiere al apartado 3 (los dos primeros apartados tienen nuestro acuerdo, en la medida en la que reconocemos que se trata de una simple traslación de una sentencia del Tribunal Constitucional), usted sabe exactamente igual que yo que el tratamiento en el impuesto sobre la renta de las prestaciones por desempleo que se cobran de una sola vez y que se invierten por el desempleado a la búsqueda de un puesto de trabajo en una sociedad cooperativa o en una sociedad laboral, está siendo objeto de discusión en la ley de sociedades laborales, que se está tramitando en estos momentos.
Nosotros no estamos de acuerdo con la cuantía de 500.000 pesetas a la que ustedes limitan (y fíjese que no tenemos enmienda, porque no la podemos tener) el tratamiento beneficioso, en términos fiscales, de ley de renta.
No estamos de acuerdo con esa limitación. En la discusión que está teniendo lugar en relación con la ley de sociedades laborales, somos partidarios de elevar esa cifra.
Señor Martínez-Pujalte, señores portavoces de otros grupos, la propuesta que yo hago es que hoy nuestra posición más razonable sería abstenernos en esta enmienda número 456, en la medida en que estamos de acuerdo con dos apartados, pero no con el tercero, y que en el plazo que va desde la finalización de este trámite en Comisión y el Pleno del Congreso en el que discutamos esta ley, podamos encontrar una enmienda transaccional o una enmienda conjunta que traslade de la ley de sociedades laborales a la ley de renta, que sería lo más razonable, el tratamiento fiscal de las prestaciones por desempleo que se cobran de forma acumulada; que desaparezca también de aquella ley y que presentáramos una enmienda conjunta ya que trasladándolo a esta ley se trasladaría a la ley de renta.
Pocas enmiendas más tiene presentadas el Grupo Parlamentario Socialista a los artículos a los que me quería referir. No quisiera dejar pasar nuestra enmienda número 145 a la modificación que ustedes introducen en la Ley de Represión del Contrabando y que también nos llama poderosísimamente la atención. Estamos hablando de una ley que tiene una recientísima vigencia, la Ley 12/1995, de finales del primer semestre de 1995, y sin embargo ustedes ya introducen, al cabo de los pocos meses de vigencia de esa ley, una modificación que no entendemos. Reducen ustedes la sanción de tres meses a cuatro días a los establecimientos comerciales que hayan sido objeto de esa sanción por delito de contrabando. No entendemos por qué y podemos barruntar unas u otras razones, pero seguramente escucharemos en boca del portavoz del grupo que sustenta al Gobierno algún argumento que esté detrás de esta tan pronta y tan drástica reducción de una sanción grave por contrabando a establecimientos comerciales, que pasa de tres meses de cierre del establecimiento a sólo cuatro días.
Señorías, si me refiriera al resto de enmiendas de los otros grupos parlamentarios seguramente necesitaría toda la tarde; bien es verdad que hay algunas que merecen comentarios más detenidos y precisos que otras.
Pero en aras de la brevedad a la que impelía el Presidente y en aras también a que restan otros dos compañeros de mi grupo parlamentario por defender nuestras enmiendas a otros apartados de este título I, doy por concluida mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Debo entender, señor Martínez Noval, que, a continuación, deberá intervenir el señor Alvarez Gómez para seguir defendiendo la posición de su grupo, ¿no es así?

El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Presidente, el capítulo III que se refiere a tasas, y con posterioridad hablará el señor Segura.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvarez Gómez.


El señor ALVAREZ GOMEZ: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al capítulo III, del título I, Normas fiscales, un total de ocho enmiendas que responden a la función que nuestro grupo entiende que deben tener las tasas en un sistema fiscal considerado en su conjunto. Nuestro grupo entiende que la equidad es el eje en torno al que debe construirse el sistema fiscal, hasta tal punto que ausente o capitidisminuido este principio, difícilmente podríamos hablar de un sistema jurídico fiscal.
La equidad da cohesión y fortaleza al sistema fiscal. Su ausencia provoca diseminación de normas sin ligazón y, además de otros efectos, contribuye a obstaculizar uno de los objetivos anunciados por el Gobierno del Partido Popular: la persecución del fraude tributario.
En los últimos años se ha venido haciendo un esfuerzo de simplificación y racionalización de estas figuras tributarias para, entre otros objetivos, dar al sistema de mayor transparencia, de forma que se pudiera conocer realmente toda la carga fiscal. Acudir en la actualidad a este tipo de ingresos, sobre todo en el ámbito de la Administración central como vía para paliar el déficit público, puede ser considerado un anacronismo que inyecta dosis significativas de regresividad a la Hacienda pública, sobre todo como se hace en este proyecto de ley, si se emplea este tributo de forma desordenada y se modifican desproporcionadamente las cuantías de las tasas preexistentes.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado establece en su artículo sesenta y seis que se elevarán para 1997 los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, como consecuencia de la aplicación del coeficiente 1,08 a las bases que están actualmente en vigor. Ello ya significa un incremento notable de la presión fiscal, aunque el Gobierno y el grupo que lo sustenta se empeñen una y otra vez en intentar demostrar lo contrario. Pero si ello fuera insuficiente, se modifican desproporcionadamente las cuantías de algunas tasas preexistentes y se crean otras nuevas. Ello es tanto más grave en la medida en que no se acompaña una memoria económica que permite evaluar la correspondencia entre el coste de los servicios públicos y los ingresos proporcionados a la Hacienda pública por las tasas, de manera tal que, en el mejor de los casos,

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es incierto que se cumpla el principio básico de equivalencia que ha de regir este tipo de tributos y, en el peor, es notorio que no se pretende aplicar este principio. Con lo cual esta Cámara, merced a la iniciativa del Gobierno y con el criterio de los grupos que le apoyan, se está situando extramuros de esta figura tributaria para, bajo la apariencia de tasas, establecer impuestos con los que financiar servicios generales.
Todo ello agravado porque estos impuestos maquillados no estarían basados en el principio de la capacidad de pactos.
No terminan aquí las excelencias de este proyecto de ley puesto que, aun ausente la citada memoria económica, es obvio que por decisión unilateral del Gobierno y de los grupos políticos que le apoyan en esta Cámara, los trabajadores de la Administración del Estado no verán incrementados sus salarios y retribuciones, siquiera sea nominalmente, en el ejercicio 1997. Por ello exigirles a ellos y al resto de los ciudadanos que paguen nuevos tributos o que paguen cuantías notoriamente mayores que las que venían ingresando en la actualidad por los mismos servicios, es una clara y contundente irresponsabilidad política que pone de manifiesto una vez más que este proyecto de ley no forma parte, por mucho que insista en ello la exposición de motivos, de un todo, no está integrado en un planteamiento global sólido y debidamente estructurado conjuntamente con el proyecto de ley de presupuestos para 1997. Por cierto, otros costes para la producción de bienes y servicios públicos, como los financieros, son también inferiores para el ejercicio 1997 de hacer caso a las previsiones del Gobierno, y son razones añadidas a las anteriores que tampoco se querrán tener en cuenta por aquellos grupos que voten la actual redacción de este proyecto de ley con respecto al capítulo III, título I.
A juicio del Grupo Socialista, por tanto, no sólo se introduce regresividad e inequidad en el sistema fiscal, sino que de esta forma se refuerza el carácter inarmónico y desestructurado de este proyecto de ley en torno exclusivamente a un eje: la búsqueda de nuevas y no tan nuevas formas de financiar el gasto público.
Por todo ello y compartiendo los objetivos de política macroeconómica enunciados por el Gobierno, pero no los mecanismos e instrumentos para conseguirlos, el Grupo Socialista ha formulado ocho enmiendas al título I, capítulo III.
La enmienda número 137 de adición al artículo 15, Tasas por expedición de permisos de trabajo, se justifica en cuanto que algunas de las nuevas tasas, o la elevación en concreto de la cuantía de las tasas en este caso concreto, tienen relación con la dificultad especial que tienen determinadas personas que acuden a nuestro país en la búsqueda de puestos de trabajo. No quisiera dejar pasar tampoco que algunas de las nuevas tasas introducidas por este proyecto de ley se establecen por la solicitud y prestaciones de determinados servicios públicos esenciales y aun por el ejercicio de derechos fundamentales contenidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, derechos que son objeto por lo demás de especial protección y garantía en el Capítulo Cuarto del mismo Título I del texto constitucional.
Además de la significación cuantitativa hay otra valoración cualitativa que todavía merece mayor atención, puesto que es una forma inédita en nuestra joven democracia de abrir la vía de exigir tributos por cualesquiera servicios públicos, por esenciales que sean, o por el mero ejercicio de derechos constitucionales por parte de los ciudadanos, hasta el punto que pudieran impedir, en casos concretos, el libre ejercicio de esos derechos sobre todo por colectivos de nivel de renta mínimo.
Por todo ello el Grupo Socialista ha formulado estas ocho enmiendas que voy a referir. Enmienda número 137, tasa por expedición de permisos de trabajo, a la que ya he hecho referencia, que tiene la virtualidad de intentar facilitar el trabajo en nuestro país a los naturales de países en vías de desarrollo, propiciando la virtualidad del principio de solidaridad.
Enmienda número 138, de supresión, al artículo 18, tasas por vacunación de viajeros internacionales, al entender que en la redacción actual además de desconocer el derecho a la salud como fundamental, se evitan deseconomías externas cuyos costes tendríamos que pagar en nuestro país todos los ciudadanos.
Hay dos enmiendas de modificación al artículo 21 en relación con la ordenación de las telecomunicaciones, que se pretenden incluir para aclarar que la necesaria protección del dominio público radioeléctrico continúa teniendo fuentes de financiación adecuadas. Me refiero a las enmiendas número 139, de modificación del artículo 21, Uno y 21, Dos y la número 140 de modificación al artículo 21, Dos, punto 1 que pretende añadir una disposición adicional, la duodécima, a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, para establecer un canon anual del 0,5 por mil sobre los ingresos brutos de explotación.
Justificamos esta enmienda en que este porcentaje fijo es más adecuado y porque dejar su fijación al rango reglamentario podría tensionar, cuando no violar, el principio de reserva de ley contemplado en nuestra Constitución. En todo caso, reiteramos la ausencia de memoria económica que permita fijar con un criterio sólido y estable este canon.
La enmienda 141, de supresión, al artículo 22, Tasas por inscripción y acreditación registral, pretende evitar que se grave con una tasa el cumplimiento de obligaciones que el ciudadano tiene que realizar casi obligatoriamente ante la Hacienda pública y casi en beneficio exclusivo de la propia Administración, puesto que es ésta a quien, a efectos tributarios, le interesa más conocer cuál es la situación, la descripción, los usos, las características y los titulares de las fincas registradas en el catastro.
Por otra parte, quiero significar que, especialmente en determinados territorios, la realidad económica y la que figura en el catastro son divergentes en extremo, de forma tal que la expedición de certificados ocasiona la participación en la identificación de parcelas rústicas no sólo de los interesados, sino de los familiares de más edad, y crean gran dificultad en la identificación de las parcelas. Es, por tanto, un campo propicio para la colaboración ciudadana y la cercanía del ciudadano a la Hacienda pública. Sin esta colaboración todavía habrá menos

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concordancia entre el registro y la realidad y la tasa no será, si finalmente se establece, sino un obstáculo más para que se conozca la realidad socioeconómica sobre todo de las fincas y parcelas rústicas, especialmente en aquellos territorios cuya estructura productiva se basa en el minifundio.
La enmienda 142, de sustitución al artículo 24, Tasas por inscripción y publicidad de asociaciones, pretende evitar que se pongan dificultades al libre ejercicio de un derecho fundamental reconocido en el artículo 22.1 de nuestra Constitución, que ciertamente sólo exige la mera inscripción a efectos de publicidad o de publicación. Desde el Grupo Socialista entendemos que esta tasa establece dificultades para el ejercicio de un derecho fundamental que está dotado de garantías constitucionales específicas antes señaladas. No sabemos a dónde quiere ir el Gobierno con la presentación de esta iniciativa. La recaudación de ingresos no puede hacerse de espaldas a la Constitución y al propio tiempo rasgarse las vestiduras afirmando que gobiernos anteriores no fortalecían sino que menoscababan la articulación de la sociedad civil. El derecho de asociación no debe tener servidumbres fiscales.
Enmienda 143, de sustitución al artículo 29, modificación de tasas consulares, que defendemos en aras a introducir una mayor equidad en el sistema fiscal, especialmente en relación con colectivos que han aportado significados esfuerzos a la construcción y al desarrollo económico de nuestro país y que necesitan que a la hora de prestar determinados servicios fuera de su territorio puedan hacerlo con la debida ponderación en cuanto a los costes de las tasas que han de satisfacerse. Me refiero, naturalmente, a los emigrantes que en algunas zonas de nuestro territorio fueron significativos actores a la hora de dotar de capital a las entidades financieras y por ende, y derivadamente, a las empresas para producir una mejora relativa en la economía de estos territorios.
Finalmente, señorías, señor Presidente, la enmienda 144, de sustitución al artículo 31, Tasas de seguridad aeroportuaria. En particular nos llama la atención esta tasa en relación con lo expresado globalmente al principio de nuestra toma de posición, en cuanto a que se establece sobre servicios de seguridad, servicios que en todos los países se consideran esenciales en cualquier Estado de Derecho, además de ser contraria a lo que viene siendo tónica habitual en la normativa vigente, en la Ley de las haciendas locales. Entendemos que de esta forma, aunque sea una tasa cuasi simbólica en cuanto a su cuantía, viene a abrir el camino de costear un servicios público esencial de vigilancia y de seguridad, de forma individualizada, cuando es el típico servicio público de consumo obligado, conjunto y no excluyente por parte de todos los ciudadanos, y que en el absurdo del camino podría llevar a que cuanto más inseguridad existiera, por las causas que fueren, más complejidad conllevaría en las tareas de vigilancia y por ende mayor coste de la tasa para el sujeto pasivo. En suma, a mayor inseguridad mayor tasa, y así hasta la inseguridad final. Por ello planteamos la supresión de esta tasa y esperamos que los distintos grupos de esta Cámara se sumen a esta iniciativa.
Finalmente, debo añadir que se han presentado numerosas enmiendas al capítulo III del título I, la mayoría de las cuales, en su filosofía y en su concepción, coinciden con los planteamientos que hemos hecho desde el Grupo Socialista, pero tenemos que entender que en algunos casos habría que tener en cuenta que no se deben perder de vista otros objetivos macroeconómicos. Por tanto, nuestra posición ha sido de enmendar solamente aquellas tasas que por las razones expuestas introducían estos factores de riesgo, de inseguridad y de inquietud en el sistema en mayor medida, para, finalmente, aceptar que hay otro tipo de recursos de esta naturaleza, aun siendo contrarios a la filosofía que entendemos que debe cumplir este tipo de ingresos públicos en el conjunto del sistema fiscal.
Por tanto, entendiendo que no era necesario o prioritario introducir estas enmiendas, acogeremos, repito, aquellas que se inscriban favorablemente dentro de la filosofía que acabo de señalar.


El señor PRESIDENTE: Espero que me permitan decir: Después del buen olor que nos ha dejado el señor Alvarez Gómez, tiene la palabra el señor Segura. (Risas.)

El señor SEGURA CLAVELL: Voy a proceder a la defensa de las diferentes enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la sección sexta de este título I, sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Como cuestión previa, parece razonable exponer las razones políticas que han conducido al Grupo Parlamentario Socialista a la presentación de estas enmiendas, como consecuencia de la intencionalidad de introducir mejoras en el contenido de una ley de modificaciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, lo que es menester a efectos de perfilarla como un instrumento operativo que, junto con el contenido reglamentario que en los próximos meses el Gobierno tiene la obligación de desarrollar, haga que la Zona Especial Canaria se configure como un instrumento poderoso de desarrollo económico de la comunidad canaria y, esencialmente, como la primera zona «offshore» del Estado español, que compita con las de los restantes países comunitarios.
De ahí que resulte fundamental conocer el contenido de la resolución emitida por el Pleno del Parlamento autónomo de Canarias, al emitir el informe preceptivo, tal como es obligatorio, que se prevé en la disposición adicional tercera de la Constitución y también en el artículo 45.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias. En desarrollo, pues, de ambos preceptos, el Parlamento canario emitió un informe, informe que fue aprobado por unanimidad e informe que, elevado a las Cortes Generales, parecía elemental que los diferentes grupos parlamentarios se hiciesen eco de este contenido, a efectos de la modificación, de la mejora y, consiguientemente, del mecanismo que haga que la ZEC canaria sea una entidad rotundamente operativa, como acabo de decir.
Señorías, el análisis del proyecto de ley --como denominamos coloquialmente-- de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, y, en particular, de su artículo 49 en lo que afecta a la ZEC, como coloquialmente es conocido en la Comunidad canaria, lo hacemos

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con el objetivo de manifestar cuáles son las necesidades de modificación de esa ley, la Ley 19/1994, para que la ZEC encuentre un posicionamiento estratégico entre sus más inmediatos competidores de la Unión Europea.
Geográficamente, el competidor más inmediato radica en Madeira, que es la zona económica equivalente del Estado portugués, al amparo de la normativa fiscal, tributaria y económica de la Unión Europea.
Señorías, podrían preguntarse y plantearse las razones por las cuales el Gobierno trae las modificaciones contenidas en la sección sexta. En su globalidad, el Grupo Parlamentario Socialista se identifica con el contenido de esa sección sexta, a la que enmendamos, con unas cuantas enmiendas a las que haré referencia y defenderé con posterioridad.
Sin embargo, es importante que maticemos que en su globalidad nos identificamos con el contenido de la sección sexta, repito, por cuanto la historia en la elaboración de la propia ley --conocida por SS. SS.--, lo justifica. Recordarán que esta ley surge en el año 1993 como una iniciativa parlamentaria, una iniciativa legislativa del Parlamento canario, iniciativa que en su tramitación a través de las dos Cámaras sufre notables mejoras y modificaciones con varios centenares de enmiendas que introducen los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, y que termina configurando la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Pero esa accidentada tramitación naturalmente trae consigo el inconveniente de la necesidad --transcurrido un período de tiempo razonable, como es este año y medio o cerca de dos años que han transcurrido desde la entrada en vigor de la ley-- de producir un fino ajuste. Consiguientemente, esta sección sexta la entendemos como un ajuste fino, en terminología pseudocientífica, a lo que fue una tramitación relativamente acelerada de la ley y que en base a la experiencia de los dos últimos años es menester producir.
Señorías, estimamos que el diseño de la Zona Especial Canaria obedece esencialmente al modelo de la delimitación por el objeto y por los sujetos en su ámbito de aplicación. Se define así y se perfila así en el contenido de la sección sexta de este título I el principio de estanqueidad de la ZEC, de manera que, a diferencia de lo que ocurre con zonas económicas de otros países comunitarios --insisto, el más próximo Madeira--, se controlan en ellos mejor, con mayor claridad las operaciones de las entidades ZEC con residentes en territorio nacional, cuestión que no recogía la ley inicialmente. Pero quisiéramos dejar muy claro, a efectos de potenciales preocupaciones de miembros de la Cámara, que con la ZEC estamos definiendo no un paraíso fiscal, no una zona --«offshore»-- sino una zona que previsiblemente se configure con un alto dinamismo económico pero que la transparencia fiscal constituya la condición esencial que la defina. No es una zona offshore, no es una zona de fiscalidad cero, no es una zona opaca, es una zona económica singular del Estado español pero sometida a una normativa de seguimiento y control tributario riguroso, ampliada ahora al ejercicio posibilitado con los contenidos recogidos en la sección sexta y con las previsibles enmiendas que se introduzcan a raíz del debate parlamentario en las dos Cámaras.
Consiguientemente, se trata de una zona valientemente definida por el Estado español, una zona del Estado español no exclusivamente de la comunidad canaria, sino una zona que, teniendo como plataforma física y geográfica la comunidad canaria y al amparo de la normativa global del Estado español en lo que se refiere a transparencia fiscal, en lo que respecta a todo tipo de regulación, el Estado español ofrece a la Unión Europea y a países frontera no comunitarios la posibilidad de utilizarla como plataforma común de intercambio comercial, de intercambio financiero. En consecuencia, es una zona que entre todos tenemos que mimar, pero en mi caso particular, como parlamentario socialista canario, quisiera dejar muy claro que la posición del Grupo Parlamentario Socialista además es entender que es una zona común a todos los ciudadanos españoles, es una zona común a la Unión Europea, no es una zona opaca, sino una zona innovadora en lo que al establecimiento de normativa moderna se refiere, en cuanto a seguros, a instituciones financieras y con una actividad comercial muy diferente.
Señorías, creemos que este proyecto de ley en este capítulo VI trata de plasmar la aspiración histórica de Canarias de contar con una zona singular, con una zona eficaz, con una zona necesaria para hacer atractivas las islas, que por razones de lejanía y de singularidad geográfica, están situadas en pleno Atlántico, y constituyen frontera precisamente con Africa. Con el cumplimiento de esta aspiración se configuran las reminiscencias y se toma el hilo conductor de lo que históricamente fueron los puertos francos canarios diseñados en 1852, con la esperanza de coadyuvar, junto con los incentivos fiscales y las políticas económicas aplicables a los residentes, al desarrollo económico y social del Archipiélago.
Desde esta óptica general a la que acabo de hace referencia, señorías, parece razonable que haga la defensa de los contenidos de cada una de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este capítulo, y que tienen en común dos condiciones: una, la de terminar perfilando sus límites de cara a proporcionar operatividad a la Zona Especial canaria y, otra, la de hacernos eco, la de convertirnos en portavoces rigurosos de los pronunciamientos que el Parlamento canario ha producido reiteradamente en el sentido de demandar la configuración que, ahora pensamos, terminará de producirse.
De aquí, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista, basado en estos dos pilares a los que acabo de hacer referencia, presente un conjunto de enmiendas que van desde la número 146 hasta la 149, pasando, pues, por las 147 y 148.
La enmienda 146 al artículo 48, relativo a los incentivos a la inversión, trata de ceñir la exención al tipo de bienes a los que le es de aplicación los incentivos a la inversión recogidos en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificaciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, insistiéndose en la enmienda en el calificativo de inversión y evitándose que la exención se aplique a la adquisición de cualquier tipo de bienes. Asimismo con ella

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pretendemos darle el sentido lógico que no termina de configurarla con la Ley 19/1994, que priva, según nuestra manera de entenderla, la creación de nuevas empresas, la adquisición de activos nuevos o la ampliación de empresas constituidas. De aquí que con esta enmienda 146 se ciñe la exención a este tipo de actos y no a los bienes corrientes, como puede quizá interpretarse en la regulación actual que ha venido dando origen a una serie de discusiones de naturaleza técnica y a una serie de razonamientos de diferente índole.
La 147 que, como ven SS. SS., es una enmienda notablemente amplia, afecta a la configuración global de la Zona Especial Canaria, en lo que se refiere al artículo 49; modifica el artículo 31, relativo al ámbito objetivo de aplicación, así como el artículo 30, que se refiere al ámbito de aplicación; modifica también el artículo 46, que habla de las exenciones en el impuesto general indirecto canario, e igualmente introducimos conceptos nuevos. Iré defendiendo de la manera más breve posible cada uno de ellos.
En el artículo 30, relativo al ámbito de aplicación, nosotros introducimos una serie de párrafos que están recogidos en la enmienda, eliminando la palabra «solamente». Al final del primer párrafo 2.a) y después de la palabra «independiente», incluimos la frase «haciendo este punto extensivo a las actividades previstas en el capítulo IV de este título». Añadimos un tercer párrafo al apartado 2.a) que dice así: «También se autoriza la inscripción de las entidades previstas en el capítulo XIV de la Ley 43/1995». Después del capítulo XIV añadimos --no está en la enmienda--» la frase «del Título VIII», lo que comunico verbalmente en estos instantes. Quiero hacer constar este fallo al señor Secretario de la Comisión y agradecería que se tuviera muy en cuenta lo anteriormente expuesto. Por ello la frase quedaría así: «también se autoriza la inscripción de las entidades previstas en el capítulo XIV del título VIII de la Ley 43/1995». Reitero que se introduce y se hace referencia al título correspondiente.
A continuación se mejora el primer párrafo del apartado 2.b) mediante la adición del siguiente texto: «A estos efectos se entenderá que una entidad ZEC tiene su dirección efectiva en la Zona Especial Canaria cuando radique en ella dirección de sus actividades sin perjuicio del emplazamiento de los órganos de control».
Me parece razonable justificar esta enmienda porque la restricción legal existente en el actual artículo 30.2.a) del proyecto de ley, en cuanto obliga a que las entidades que pueden establecerse en la ZEC deben tener personalidad jurídica, constituye un elemento que disminuye su competitividad en relación a otros centros financieros internacionales de similar característica.
Así pues, la exigencia de que las entidades ZEC tengan personalidad jurídica, que es lo que pretendemos con estas enmiendas, puede constituir aparentemente una desventaja en la medida en que determinado tipo de inversiones se realiza mediante el uso de sucursales. Esta limitación puede resultar importante en el ámbito financiero, donde existen figuras sin personalidad jurídica de uso frecuente, como los fondos de inversión y los fondos de pensiones, que pensamos que serían mejor reguladas sus actividades financieras respectivas mediante los párrafos a los que hacemos referencia.
También creemos que ocurre lo mismo con la regulación existente en el artículo 30.2.c) del proyecto de ley, en cuanto a los tipos de servicios que pueden establecerse en la ZEC. Nosotros creemos que adicionalmente pueden plantearse problemas de operatividad en relación al centro financiero de la ZEC o la inexistencia de acceso a la misma por el hecho de que no se haya regulado adecuadamente sus condiciones de funcionamiento en lo que se refiere a determinado tipo de sociedades de servicios, habituales operadores en este tipo de centros, como son las sociedades cautivas de seguros, los centros de tesorería, etcétera, que según la regulación actual, hasta ahora, con el ordenamiento jurídico en vigor, resultaban difícilmente encajables y con notables dificultades.
Con posterioridad, se modifica también el artículo 31 en lo que se refiere al ámbito objetivo de aplicación. Señorías, esta enmienda es esencialmente de carácter técnico y de homogeneización de la normativa de la ZEC con el resto del ordenamiento jurídico y, en especial, con las normas que rigen las inversiones extranjeras en España y viceversa.
Dado que el artículo 31 se dedica esencialmente a regular el ámbito objetivo de aplicación de la ZEC, es decir, a regular el tipo de relaciones que las entidades ZEC tendrán con los no residentes en España, es lógico que la determinación de la no residencia deba hacerse a través del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, en el que en esencia se establece que sean las representaciones españolas en el exterior las que acrediten la residencia en el país de origen del inversor. Eso es lo que nosotros pretendemos matizar con el contenido de la enmienda que modifica el artículo 31, repito, del ámbito objetivo de aplicación.
Nos preocupa una modificación que, inesperadamente y de manera injustificada, trae el proyecto de ley, y nos preocupa porque consideramos que es una iniciativa políticamente sectaria, políticamente innecesaria y manifestación de un desprecio a lo que se pacta en determinados momentos de la vida política de este país. Me refiero, señorías, a la modificación que el proyecto de ley trae al número 4 del artículo 34 de la ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Y nos preocupa porque tiene una intencionalidad política, sectaria, sesgada, absolutamente impresentable y que los socialistas consideramos inadmisible, por lo que rogamos al Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario de los que sostienen al Gobierno, la reconsidere. Se pretende transformar un acuerdo político, que dio origen a la estructura de gobierno del consejo rector de la ZEC, modificándolo y posibilitando el cese inmediato de las personas que integran la misma.
Señorías, nosotros hemos entendido que el consejo rector de la ZEC es un organismo de gestión de una entidad estatal --repetimos, de una entidad estatal--, no de una entidad de naturaleza económica vinculada exclusivamente a la Administración autonómica canaria, y que, al igual que ocurre con el consejo de administración del

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Banco de España o con el consejo rector de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o con el órgano rector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el consejo rector de la ZEC se constituye por un período de tiempo, y, siempre y cuando no medie un expediente sancionador justificado al amparo de los mecanismos penales en este Estado de Derecho en vigor, no hay ninguna razón para producir el cese de ninguno de sus miembros.
Sabemos que en el texto hay implícitamente un planteamiento, repito, sectario, un planteamiento desestabilizador de la estructura de gobierno del consejo rector, y no se hace ningún servicio al desarrollo de la ZEC aceptando el contenido. De ahí que nosotros hayamos planteado esta enmienda, que viene en líneas generales a dejarlo tal como estaba, para que no se modifique la estructura de gobierno del consejo rector de la Zona Especial Canaria.
Señorías, esperando tener la posibilidad de defender algunos preceptos de la enmienda en la tramitación parlamentaria en el Pleno, en el supuesto de que no fuese incorporada naturalmente al texto legislativo que surja de la Comisión, pasaré a defender la enmienda número 148, presentada a los artículos 75 y 76, con la que terminaré esta intervención.
Señorías, ésta es una enmienda que pretende modificar los artículos 75 y 76, por los cuales se regula fiscalmente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades de las empresas navieras titulares de barcos mercantes que se registren en el Segundo Registro del Estado Español que se sitúa en Canarias. Como saben muy bien SS. SS., la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de noviembre de 1992, creó el Segundo Registro de Buques del Estado Español --repito, del Estado español--. Por tanto, ésta no es una enmienda que se pueda tachar de naturaleza local, de tipo específico para una sola comunidad, sino una enmienda de interés para un sector clave de la economía española como es la marina mercante. No olvidemos, señorías, que a través de nuestros puertos, en un país ribereño como es España, pasa del 75 al 80 por ciento del tráfico de mercancías que entra o sale de nuestro país. A lo largo de los últimos años se ha producido un descenso en el número de barcos registrados en nuestro país. Armadores españoles y armadores comunitarios están registrando sus buques en banderas de conveniencia --en Bahamas, en Bermudas, en Chipre, en Panamá--, y con este Segundo Registro se trata de evitar el éxodo de barcos, con lo cual la administración marítima española pierde el control en lo que a seguridad marítima se refiere, se pierden puestos de trabajo esencialmente, que es lo relevante, y, consiguientemente, el debilitamiento de la flota mercante.
Con esta enmienda, señorías --y ya termino--, se pretende aportar al Segundo Registro de Buques del Estado Español las mejoras fiscales que creíamos necesitaba. Nada más por lo que se refiere a la defensa de las enmiendas del título VI.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor, perdón, profesor Segura.
(Risas.) Quiero decirles a ustedes, señoras y señores Diputados, que la Presidencia está siendo absolutamente generosa en cuanto al disfrute de los tiempos por parte de SS. SS.
Como ustedes saben, existen diferentes modos de medir el espacio, no así en cuanto al tiempo, aunque realmente estamos introduciendo alguna que otra nueva medición del tiempo en cuanto a los diez minutos de este Congreso, que son unos minutos especiales. Por eso apelo no a la generosidad de SS. SS., sino a su comprensión hacia los demás compañeros de esta Comisión porque posiblemente a este paso no acabaremos nunca el debate de este proyecto de ley, y no les quiero decir nada de los cuatro proyectos de ley que tenemos que debatir. Por consiguiente, vuelvo a apelar a la comprensión de SS. SS., a su generosidad, y tal vez a su sensatez, a los efectos de que sepan medir los diez minutos en términos convencionales de medición del tiempo. Les vuelvo a repetir que los términos de medición del tiempo son unívocos en todo el universo, no así en relación con el espacio, y no vayamos a introducir sistemas nuevos, específicos, de mediciones.
Efectivamente, como ustedes saben, señoras y señores Diputados, en lo que se refiere a la discusión de los proyectos de ley, pueden acometer su discusión perfectamente artículo por artículo. No se ha hecho así y, por consiguiente, los diez minutos, en la medida en que nos referimos a título por título, son diez minutos comprensivos, pero una cosa es comprender lo que son diez minutos elásticos y otra es el abuso manifiesto que están ustedes realizando del concepto minuto.
Por consiguiente, señor Ríos, en la medida en que a ustedes les toca intervenir y hacer uso de la palabra, le quiero decir que diez minutos no significa en absoluto utilizar los diez minutos en el sentido socialista del término (Risas.). Y apelo a usted, señor Ríos, porque no está aquí el señor Alcaraz y no existe esa competencia por igualar los tiempos que emplea el Grupo Socialista en hacer sus exposiciones, por supuesto siempre legítimas, siempre acertadas y siempre comprendidas por los demás grupos parlamentarios.
Dicho lo cual, tiene la palabra, por parte del Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, estoy convencido que, por la tendencia del grupo anterior, me han socializado una parte de mi tiempo y voy a intentar privatizar para mí una parte de él, en contra de lo que vienen a ser mis planteamientos ideológicos (Risas.). Voy a empezar diciendo que estoy terminando para, así, poder terminar en el tiempo más breve posible.
Nosotros hemos presentado, señor Presidente, un paquete de enmiendas a todo el título I, el de normas fiscales, que pretenden introducir elementos diferentes a la filosofía del propio proyecto del Gobierno, fundamentalmente para buscar un reparto más equitativo de la carga fiscal. En segundo lugar, dotar de mayor progresividad fiscal a las distintas figuras impositivas y, por otro lado, reducir, o en algunos casos eliminar, el excesivo gasto fiscal que hemos encontrado en todos los artículos.


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Antes de pasar a argumentar cada uno de los capítulos que componen este título, y dentro del capítulo IV cada una de las secciones, permítanme hacer unos comentarios previos a la discusión de esta ley de acompañamiento. Creo que el espacio de tiempo que hemos tenido para prepararla, estudiarla y enmendarla y la documentación que se ha aportado nos llevan a hacer nuestras las observaciones particulares que el CES, el Consejo Económico y Social, ha hecho sobre este proyecto de ley, proyecto de ley que modifica 53 leyes.
La verdad es que fue como anteproyecto al Consejo Económico y Social y éste venía a decir fundamentalmente que añadía tres grandes comentarios a esta propuesta del Gobierno. Primero, que esta filosofía de acompañar la ley de presupuestos con un volumen tan importante de modificaciones legales generaba una inseguridad jurídica a la hora de revisar determinadas normas fiscales. En concreto, hacía referencia al IVA y a otras figuras. Esta técnica jurídica, decía el Consejo, hacía difícil poder identificar la norma cada año, inclusive cuando solamente se hacía referencia a la ley sustantiva de base, pero no a las modificaciones posteriores de cada una de las normas.
El segundo criterio que introducía el Consejo Económico y Social es que no se acompaña una memoria económica. Tengo que decirles, señor Presidente, señorías, que nos ha sido difícil medir, indudablemente por nuestra limitación de información, que no hemos podido cuantificar los efectos de cada una de las reformas de esta ley y, por tanto, no hemos podido ver de qué manera va a afectar a la política económica y de ingresos del propio Gobierno y de qué manera se proyecta una filosofía fiscal determinada.
Por último, señor Presidente, creo que la teoría con la que el Gobierno ha remitido a la Cámara esta profusa y heterogénea propuesta de reforma fiscal tampoco es la mejor.
En todo caso, nosotros hemos dirigido 33 enmiendas al capítulo 1, impuestos estatales, las hemos concentrado fundamentalmente en el artículo 6 y hemos introducido una reforma a la ley del IRPF. De esas 33 enmiendas al artículo 6 hemos intentado precisar 15 de ellas con adiciones, hemos intentado corregir con supresiones de la propuesta del propio Gobierno todo lo que pudiéramos llamar políticas para fortalecer la progresividad del propio impuesto, intentando recuperar un tratamiento fiscal a los incrementos y a las disminuciones que significaban las propuestas del Gobierno. Hemos pretendido abordar toda una serie de medidas para intentar corregir lo que pudiéramos llamar beneficio fiscal injustificado, y sobre todo hemos intentado que la precisión legal signifique una mejora para los propios receptores de la figura impositiva que son los ciudadanos en general.
En segundo lugar, nosotros hemos intentado reducir los gastos fiscales por vivienda, que están introducidos de manera indiscriminada. Hemos entendido, y lo reflejamos a través de nuestras enmiendas, que el criterio de propiedad de la vivienda no es un criterio para introducir un gasto fiscal, porque las viviendas tienen valores distintos, y hemos puesto un valor límite de 20 millones de pesetas para poder medir la calidad o la categoría de vivienda habitual.
En tercer lugar, hemos introducido la supresión de gastos fiscales en función de los ingresos de explotación de la propia imagen --han hecho referencia a este tema el portavoz del Grupo Socialista y otros--.
Nosotros creemos que con nuestra enmienda 219 se corrige la desviación que tiene esta propuesta del Gobierno.
En cuarto lugar, nosotros suprimimos el gasto fiscal por las primas de seguro de los contribuyentes. Nuestra filosofía es que la neutralidad entre las diferentes fórmulas de gasto vaya avanzando y no se debe primar lo que pudiéramos llamar rentas altas. Las enmiendas 220 y 221 van dirigidas a este objetivo.
En quinto lugar, proponemos la supresión de la reducción del régimen de estimación por módulos, puesto que nosotros creemos que no existen beneficios reales con esta actuación y más bien salen beneficiadas por un cálculo estimado determinadas actuaciones de la vida económica y no la mayoría de la pequeña y media actuación productiva.
En sexto lugar, queremos evitar la carencia de progresividad en el tratamiento de la plusvalía y hemos eliminado la deducción de gasto de primas de seguro con la enmienda 227. Hemos reducido los gastos por enfermedad en conceptos que no estén cubiertos por la red sanitaria pública, enmienda 228. Hemos subido el tipo de sociedades al 40 por ciento, puesto que nosotros creemos que las exenciones fiscales que ahora mismo tiene el Impuesto de Sociedades, en torno al 45 por ciento, son excesivamente altas, y nosotros pretendemos suprimir o reducir estos beneficios fiscales o este coste fiscal con las enmiendas 229 a 236.
Nosotros excluimos la retención en los ingresos de capital mobiliario del Estado con la enmienda 237.
Añadimos unas enmiendas que van dirigidas al IVA en envases reutilizables, enmiendas 239, a reducir a un año la posibilidad de desgravarse el IVA soportado, enmienda 240, a gravar el tipo normal de los refrescos, enmienda 241, refrescos que tienen un IVA reducido, ya que tanto la coca-cola como la cerveza tienen un trato beneficiado a nivel fiscal. Pretendemos gravar a un tipo normal las cuotas de radiodifusión y de televisión y las cuotas de televisión por cable, cuando se puedan producir. Por cierto, ahora mismo la televisión de pago paga un impuesto muy reducido, creo que es el 6 por ciento. También hemos presentado la enmienda 246 para reducir los gastos fiscales del IBI para las asociaciones confesionales. Creo que con esto he argumentado todas las enmiendas dirigidas a los gastos fiscales.
Al capítulo II, de impuestos locales, hemos presentado una sola enmienda.
Al capítulo III, tasas, prestaciones y servicios, hemos presentado cinco enmiendas. Suprimimos el artículo 15, que pretende introducir una tasa a las actuaciones de los inmigrantes. Al capítulo IV, normas tributarias, presentamos cinco enmiendas; una de ellas a la normativa reguladora del contrabando; otras a los artículos 46 y 47, en la referencia catastral.
Por último, señor Presidente, hemos presentado enmiendas al régimen especial canario. Se han defendido unas enmiendas del Grupo Socialista cuya bondad podremos estudiar. Pero me gustaría hacer una precisión, señor Presidente. El Estatuto de Canarias exigía un informe previo

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a cualquier modificación de su régimen económico especial. Lo cierto es que hicimos el debate de totalidad el día 22, el mismo día en que el Parlamento canario discutía estas enmiendas y, en realidad, hemos producido un trámite facilitando la capacidad de iniciativa del Gobierno.
En todo caso, permítame, señor Presidente, que traslade aquí la posición de Izquierda Unida de Canarias, que ya ha sido explicada allí, nuestro posicionamiento contrario a las medidas que pueden significar una especie de fomento de exenciones fiscales para actuaciones económicas que no estén ligadas al compromiso productivo de una zona, porque los beneficios fiscales deben tener un compromiso de generar empleo, deben estar ligados a la actividad productiva de las propias islas, y éstas no pueden ser sólo un sitio donde ubicar determinadas estructuras industriales o económicas que, al final, lo que buscan es la exención fiscal más que el asentamiento de actividad productiva. Por eso, hemos manifestado que esta zona especial puede ser provechosa para realizar determinada actividad, pero no es la que debería introducirse en Canarias para favorecer la complicada situación insular en lo que respecta a mejorar la adaptación de un archipiélago con ocho islas que debe tener perspectivas de desarrollo sostenible en el futuro próximo.
En todo caso, ante las exenciones fiscales que en su momento se recogieron en el REF, que fue aprobado por Coalición Canaria y por el Partido Socialista Obrero Español (en aquel momento el Partido Popular defendió unas exenciones fiscales del 50 por ciento y no se sumó a aquella propuesta; hoy hace una propuesta diferente), tendremos que analizar las propuestas del Parlamento canario aprobadas por unanimidad.
Nosotros las apoyaremos puesto que, si están aprobadas por unanimidad en el Parlamento canario, creemos que representarán una mejora. En todo caso, si eso se ha votado allí, se mantendrá también aquí, porque no se puede decir una cosa en un sitio y otra distinta en otro. Estamos convencidos de que esta actuación no es la que Canarias necesita para salir adelante y para tener una perspectiva económica consolidada.
Señor Presidente, he tardado justo trece minutos y medio. Creo que, sin que me lo haya exigido S. S., he podido cumplir con el compromiso de defender mis enmiendas y socializar la parte de mi tiempo en favor de otros grupos.


El señor PRESIDENTE: Como saben ustedes, en esta Comisión no hay luz ámbar ni roja, por consiguiente, no podemos calcular el tiempo que usted ha consumido, pero nos creemos sus apreciaciones sobre el mismo y, por supuesto, se lo agradecemos en nombre de los demás miembros de esta Comisión.
El señor Homs me ha pedido que saltemos su turno, pero eso no quiere decir que le impidamos el uso de la palabra. Posteriormente intervendrá el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía Lezámiz o Lezamiz. (Risas.) También me gustaría que nos dijera si va a intervenir usted solo o intervendrá alguien más en nombre de su grupo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, empiezo por la segunda cuestión. Desgraciadamente, voy a intervenir yo solo.
También me hubiera gustado conocer previamente el salto de turno del Grupo Parlamentario Catalán porque podría haberme pillado en una situación un tanto imprevista. Espero que empiece a contar ahora el turno de diez minutos para mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, los diez minutos, como usted sabe, son elásticos en cuanto al principio y en cuanto al final.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar ceñirme al tiempo que tengo establecido.
A este título I del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, nuestro grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas; en concreto, a un capítulo que no aparece, como es el Impuesto sobre Sociedades. En este caso, lo que intentamos a través de la enmienda 34 es introducir algunas mejoras en el tratamiento para las sociedades en algunas deducciones que, a nuestro entender, debería de contemplar el Impuesto sobre Sociedades. En primer lugar, proponemos una deducción íntegra del 10 por ciento de los gastos de formación profesional efectuados en el período impositivo; en segundo lugar, establecer el concepto de empresas de reducida dimensión, de forma que puedan acceder a este concepto aquellas cuyas cifras de negocio sean inferiores a 500 millones de pesetas en el ejercicio; y, en tercer lugar, incrementar las deducciones por inversiones en inmovilizado material, estableciendo una deducción del 5 por ciento en la cuota íntegra. Son mejoras que entendemos deben de trasladarse a todas las empresas, que ya están recogidas en el Impuesto sobre Sociedades de las normas forales vascas y creemos que puede ser interesante para el resto de las empresas del Estado. También dentro del Impuesto sobre Sociedades proponemos la creación de una cuota íntegra de deducción de 800.000 pesetas para el incremento promedio de plantilla de aquellos trabajadores que sean minusválidos. Esta era una medida que ya existía en el anterior proyecto de ley, que fue eliminada, y entendemos que puede ser importante el volver a restaurar esta deducción no sólo de cara al apoyo a la creación de empleo, sino también para la creación de empleo precisamente de este colectivo de personas. Estas son las dos enmiendas que hemos presentado al Impuesto sobre Sociedades.
Otro paquete de enmiendas están relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Una de ellas va dirigida nuevamente --y digo nuevamente porque ya lo hemos dicho en diversas ocasiones-- al tratamiento que se da a la cuota repercutida cuando se producen impagos por parte de los clientes. Creemos que éste es un tema que debe volver a plantearse por parte de la Administración, puesto que se sigue sin corregir este problema de la cuota repercutida cuando existe impago por parte del cliente. Se ha mejorado con las últimas medidas que ha establecido el Gobierno, pero creemos que todavía hay que avanzar mucho

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más en este aspecto, de forma que se contemple el hecho de que pueda modificarse la base imponible en aquella parte de la cuota repercutida que no ha sido pagada cuando se den diversas circunstancias. Las circunstancias que nosotros proponemos en estas enmiendas son: primero, que haya transcurrido el plazo de un año desde el vencimiento de la obligación de pago, segundo, que el cliente esté procesado por el delito de alzamiento de bienes y, tercero, que el pago de la deuda haya sido reclamado judicialmente. En definitiva, creemos que es conveniente contemplar el impago de los clientes y, por lo tanto, la modificación de la base imponible en la deuda por la parte de la cuota repercutida.
Otra de las enmiendas en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido se refiere a la equiparación en la exención que entendemos tienen que tener los colegios mayores y menores y las residencias con los centros educativos.
Modificamos también en el Impuesto sobre el Valor Añadido un aspecto algo novedoso, pero importante, para lo cual me van a permitir que me extienda algo más. Hay un hecho que se está produciendo respecto a la bolsa de metales, un instrumento que se está utilizando, que viene del London Metal Exchange y que existe en el Estado español concretamente en dos Bolsas de valores, la de Bilbao y la de Barcelona. Se trata de modificar la vigente Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para evitar el diferente tratamiento que tienen estas empresas respecto al resto de empresas de la Unión Europea. Este desigual tratamiento puede conducir a que se hagan inviables en el Estado español estas bolsas de metales reconocidas y, por lo tanto, creemos que debe dárseles el mismo tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido que el que tienen en el resto de los países de la Unión Europea. La solución que proponemos no perjudica la recaudación del IVA porque en lugar de producirse el ingreso en el momento de salida de los bienes desde las zonas que están exentas únicamente se reduce la financiación producida por la anticipación en el cobro del Impuesto. Por tanto, no representa un perjuicio para la recaudación del Estado. Creemos que éste es un tema importante y me gustaría que el resto de los grupos parlamentarios tuvieran en consideración esta modificación que proponemos.
Finalmente, respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, proponemos la aplicación del tipo reducido del 4 por ciento para los vehículos de minusválidos.
En cuanto al resto de las enmiendas a este título, nuestro grupo ha establecido un bloque de enmiendas relacionadas con los impuestos locales que paso a detallar muy brevemente. Por una parte, respecto a la contribución territorial urbana para centros docentes, proponemos extender la exención con efectos desde el año 1993. Esto es consecuencia de que en un principio esta exención, que fue suprimida para centros docentes, fue nuevamente recuperada a partir de enero de 1994; sin embargo, ha quedado una etapa --concretamente el ejercicio de 1993-- en que esa recuperación no ha tenido efecto. Lo que pretendemos con esta enmienda es que ahora, de acuerdo con la actual normativa en vigor desde enero de 1994, esa exención se pueda recuperar también en el año 1993.
Otra enmienda hace referencia al Impuesto sobre Actividades Económicas, concretamente para la educación primaria, la antigua educación general básica. Lo que intentamos, de acuerdo con las modificaciones de la Logse, es que se establezcan nuevos epígrafes en el Impuesto sobre Actividades Económicas para estos centros de educación primaria.
En cuanto a la enseñanza y, en este caso, a la enseñanza reglada, también hemos presentado una enmienda de modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas para aquellos centros que tienen gran dimensión, es decir, grandes colegios a los cuales se les está aplicando el epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas para toda la superficie del colegio cuando tienen grandes áreas de recreo o esparcimiento. Esta aplicación sobre toda la superficie les perjudica y produce un costo excesivo y desproporcionado a estos grandes colegios. Por tanto, pedimos que sólo se tengan en consideración los metros o los edificios que están destinados a impartir enseñanza y no los que estén destinados al recreo.
Finalmente, hemos presentado otra enmienda para modificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En cuanto a lo que se refiere a los coches de inválidos pretendemos que se aumenten los caballos fiscales necesarios para la exención de 12 a 13,5. Es una enmienda que también ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en los mismos términos que la nuestra, por lo que espero que SS. SS.
tengan la consideración oportuna.
Señor Presidente, éstas son las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario al título I de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía, por la escasa elasticidad que ha dado usted a los diez minutos y, viniendo de la tierra de donde viene, la elasticidad tiene mucho que ver con el acero de magnesio que es, como usted sabe, el acero que se utiliza para hacer los muelles, un muelle que, en este caso, se encoge. Por supuesto, la Comisión se lo agradece fervientemente.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, como otros intervinientes han explicado ampliamente alguna de las enmiendas que nosotros presentamos porque coinciden con las suyas, tendrá usted la satisfacción de que nosotros no consumamos ni siquiera los diez minutos.
Vamos a dar por defendida la enmienda número 10 al artículo 31, sobre tasas aeroportuarias, en la que se plantean los graves efectos que sobre islas y territorios no peninsulares produce esta tasa. A los artículos 48, 49, 50 y 51 hemos presentado un amplio bloque de enmiendas que recogen íntegra y textualmente, incluyendo las comas, el documento que ha aprobado el Parlamento de Canarias por unanimidad, unanimidad en la que han participado los grupos Popular, Socialista y de Coalición Canaria, y que ha contado con el apoyo de amplios sectores de la sociedad

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canaria. Las enmiendas buscan, como es evidente, dar a la zona especial canaria un nivel de flexibilidad que le permita ser competitiva con otras muy próximas, como concretamente la de Madeira. Parece que hay un número amplio de grupos en la Cámara que van a votar positivamente el tema del registro de buques, tema básico para que España frene, en el caso concreto de Canarias, la huida de buques de bandera española hacia zonas como Madeira o el Caribe. Simplemente, pretende hacer competitiva una zona que prácticamente todos los países europeos empiezan a tener y que no es una zona, como alguien ha explicado aquí, canaria, sino una zona de España en Canarias con carácter especial para justificar actividades productivas. Como ha planteado anteriormente el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente a consolidar una zona de baja fiscalidad para generar empleo y no para crear actividades especulativas o actividades intermediarias que pudieran servir para la evasión fiscal y que buscarían la atracción de dinero negro. No es eso lo que nosotros pedimos para la zona especial de Canarias.
Por ello, quiero dar por defendido este conjunto de enmiendas y espero que el Grupo Popular, que ha votado favorablemente todas estas enmiendas en el Parlamento de Canarias, al menos, tenga la actitud flexible de considerar, sobre todo, el asunto de registro de buques y otra serie de temas que está estudiando en estos momentos, para que se pueda dar una relativa unanimidad que, en el caso de Canarias, ha sido total. Espero que aquí obtenga una amplísima mayoría, porque yo creo que es un instrumento muy importante para que Canarias, que está en este momento en el primer lugar de España en cuanto a índice de desempleo, según el Inem, pueda generar actividades productivas que creen empleo y que sirvan para el comercio con toda la zona de Africa, Latinoamérica, etcétera.
Doy por defendidas todas estas enmiendas, en espera de que los grupos parlamentarios reflexionen sobre la importancia que para Canarias tendría sin duda alguna la ampliación de la zona especial en los términos que estamos defendiendo y que propone el Parlamento de Canarias.
Espero no haberle sorprendido, señor Presidente, ni haberle interrumpido porque estaba pensando que me quedaban todavía seis o siete minutos, y que pueda seguir con ese buen humor que caracteriza a la Presidencia de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ser todavía más breve que el portavoz que me ha precedido.
Me gustaría que me prestara un minuto de atención y tuviera a bien aceptar la propuesta del Grupo Mixto. En el título que nos ocupa, el título I, el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado diversas enmiendas de los distintos partidos que lo integramos, y mi intervención sería tan breve como dar por defendidas el conjunto de enmiendas a este título I, pero solicito la benevolencia de la Presidencia para que, por falta de infantería del Grupo Mixto, pudiera dar por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto a la totalidad de la ley, a los cinco títulos.


El señor PRESIDENTE: Por supuesto, si usted lo tiene a bien así, se dan por defendidas sin ningún otro problema, y si ustedes, señores Diputados, entienden que se dan por defendidas el resto de las enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios, me imagino que tampoco habría ningún inconveniente en que así fuese aceptado, no solamente por la Mesa y por esta Presidencia, sino por el resto de los grupos. Pero como imagino que no es así, pasaremos a continuación, y aceptando por supuesto las precisiones y el buen hacer del señor Chiquillo, a la exposición de la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán y a su fijación de posición en relación a las enmiendas formuladas por los demás grupos, para lo cual tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, vamos a dividir nuestra intervención en tres, puesto que la mayoría de nuestras enmiendas lo son a este primer capítulo. Primero intervendrá el señor Silva, luego el señor Guardans y yo voy a cerrar el turno.


El señor PRESIDENTE: Señor Silva, si no le importa, la palabra se la doy yo y no el señor Homs, porque tenga usted en cuenta que no estamos en la Comisión de Industria y Turismo --Turismo todavía--, sino en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda. Tiene usted la palabra, señor Silva.
(Risas.)

El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente, además se demuestra que cualquier momento es bueno para aprender de S. S. Tomo nota.
El Grupo Parlamentario Catalán en este momento procede a la defensa de las enmiendas 363, 368, 372 y 373. La enmienda 363, sobre la que se nos ha advertido de la posibilidad de una transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene por objeto que las deducciones por hijo a cargo en el ámbito del Impuesto sobre la Renta --las deducciones familiares, no sólo por hijo, sino también por ascendiente-- puedan indexarse atendiendo a la inflación prevista para ese año. La justificación que entendemos suficiente es que hay determinadas políticas familiares que deben constituir el núcleo duro del Estado del bienestar y no pueden estar total y absolutamente al albur de determinados cumplimientos o determinadas restricciones presupuestarias y, por tanto, procede, en un momento en el que se practican otro tipo de congelaciones, al menos indexar estas deducciones conforme a la inflación prevista.
Quiero advertir a SS. SS. que en el apartado b) de nuestra enmienda hay un error y debe constar la cifra de 16.500 pesetas en lugar de 15.900.
En cuanto a la segunda de las enmiendas, la número 368, tiene por objeto, tal y como se indica, aclarar que la presunción de las cantidades satisfechas por los sujetos obligados a retener se entienden percibidas con deducción del importe de la retención correspondiente. Por tanto, ésta constituye una presunción iuris tantum y no una presunción

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iuris et de iure o una ficción legal. Eso en base a dos elementos.
Quiero recordar a SS. SS., por un lado, que en el informe sobre el fraude en España que fue formulado en julio de 1994 por la unidad especial para el estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección del frude fiscal, se formulaba una propuesta concreta, la 122, en la que se indicaba que sería precisa una modificación normativa para eliminar el mecanismo de la elevación al íntegro en los supuestos en que se practican retenciones inferiores a las preceptivas, justificando que la aplicación de esta elevación al íntegro generaba quebrantos a la Administración y enriquecimientos injustos a particulares. No es la finalidad de nuestra enmienda dar un total cumplimiento a esta propuesta de la Unidad del fraude, pero sí quedarnos en una posición intermedia aclarando --y reitero el concepto de aclarar-- que esta presunción que permite posiblemente la aplicación de la elevación al íntegro es una presunción iuris et de iure y, en cualquier caso, esto nos permite ajustarnos a la jurisprudencia de nuestros tribunales y a las sentencias de la Audiencia Nacional del 23 de junio y 4 de julio de 1995 que entienden que la presunción actualmente vigente es una presunción iuris tantum.
En cuanto a nuestra enmienda 372, pretende la modificación del texto del proyecto de tal manera que el inicio de actividades empresariales y profesionales que se describe en el artículo 111.3 de la correspondiente ley, no se vincule a la prestación ejercida de servicios o a la entrega efectiva de bienes, sino como decimos que se vincule con el comienzo de la realización habitual del objeto de la actividad empresarial o profesional. La justificación también es obvia, hay inicio de actividad empresarial o profesional sin entrega efectiva de bienes o prestación efectiva de servicios. En el fondo, cuando se define el comercio o la actividad empresarial, se entiende que es aquella que tiene por objeto la organización de los factores de producción dirigida a ofrecer --y no digo prestar o entregar, en principio-- bienes y servicios para el mercado. La finalidad de nuestra enmienda es vincular el inicio de esta actividad empresarial y profesional al inicio del objeto de la actividad, al inicio de esta oferta de entrega de bienes y prestación de servicios y no a la prestación efectiva de tales servicios o a la entrega efectiva de tales bienes que será un momento posterior al de la oferta.
Finalmente, en cuanto a nuestra enmienda número 373, no tiene otra finalidad más que la de garantizar la neutralidad de las formas de gestión del servicio público de la Televisión a efectos fiscales, porque se entenderá que no es razonable que sean unas u otras las consecuencias fiscales si el servicio se presta directamente por una sociedad estatal, por un ente público o directamente por la Administración central o por la Administración directa. De ahí que pretendamos con la justificación que se contiene en la misma que en aquellos casos en los cuales se presta por una sociedad estatal o por una entidad pública y los déficit de explotación sean subvencionados, que no se considere porque no tiene por qué con la nueva normativa comunitaria considerar esta subvención como precio a efectos de sometimiento al Impuesto sobre el Valor Añadido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Seré muy breve, ciñendo mi justificación de las enmiendas a las números 386 hasta la 390, que hacen todas referencia a una misma sección de este título, que es la sección cuarta, relativa a la referencia catastral.
Nosotros hemos presentado algunas enmiendas en este sentido. Una primera acerca de cuál es la documentación que debe ser presentada para justificar propiamente el contenido del Catastro en las operaciones inmobiliarias, acerca del contenido que tiene que tener el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que debe ser en el que conste de forma indubitada la referencia catastral.
En segundo lugar, hemos presentado otra enmienda relativa a la documentación de cualquier rectificación de cabida que pueda hacerse. El proyecto de ley, tal como está redactado, pretende una rectificación automática del Registro Civil mediante la simple presentación del contenido del Catastro acreditado por las vías que en la propia ley se exponen.
Entendemos que es más correcto que esto se haga a través de escritura pública, sencillamente porque es esa la base documental ordinaria y generalizada para la inscripción de actos que no proceden de la Administración de justicia o de la Administración pública, es decir, actos instados por particulares que han de tener acceso al Registro.
Entendemos que tales actos solicitados por particulares y que han de tener constancia registral deben pasar a través de la fe que da la escritura pública. La falta de escritura pública en este caso, como detalladamente explica nuestra justificación de la enmienda, supone una excepción que no queda justificada y que casi entra frontalmente en contradicción con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y con el 298 del Reglamento Hipotecario. La inseguridad jurídica sería clara, puesto que se daría de hecho una discordancia entre lo que es el título de dominio, que presenta eficacia de cara a terceros (el título de dominio lo da la escritura pública, en la cual consta la inscripción registral, pero la escritura pública como tal es título de dominio --escritura pública de compraventa, de donación etcétera--), y el contenido del Registro, que habría sido modificado directamente por la simple presentación de un documento de naturaleza fiscal. Nos parece que esta discordancia, esta excesiva repercusión de documentos de naturaleza fiscal en el ámbito privado, sin pasar por ese sistema de fe pública que es la escritura pública, no es correcta.
Por otro lado, y un poco en esta misma línea, hemos presentado otra enmienda al artículo 41.nueve, por la que se propone el siguiente texto: «Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación urbanística y agraria.» Esto hace referencia --sin entrar en el detalle del texto-- a que también debe mencionarse --nos parece de gran importancia-- la legislación hipotecaria. Creemos que no es correcto que se refiera exclusivamente a la legislación urbanística y agraria y se deje fuera la ley más importante y que más sustancialmente queda modificada por estas disposiciones, que es la

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Ley Hipotecaria, verdadera Biblia en este momento de todo lo que es el Derecho inmobiliario español. Nos parece un error, no tanto político, sino de técnica jurídica que podría plantear graves problemas de interpretación, entre otras cosas porque la Ley Hipotecaria es la que regula todos los recursos que se pueden dar contra las decisiones del registrador. Al haber una remisión expresa a la legislación urbanística y agraria, y no hacerse remisión alguna a la legislación hipotecaria, podría darse a entender que no son aplicables aquí los recursos contra la decisión del registrador previstos en la Ley Hipotecaria, lo cual sería una contradicción. Por tanto, creemos que es importante esta remisión, que desde el punto de vista técnico se limita a introducir la palabra «hipotecaria» en esa sucesión de leyes a las que se remite.
Por último, hay dos enmiendas que hacen referencia al mismo problema, que es el hecho de que las comunicaciones que esta ley impone como obligatorias, a partir de su entrada en vigor, está previsto que se hagan directamente a la Dirección General del Catastro. Creemos que esto no se corresponde ya con temas de reparto autonómico, sino de simple y pura descentralización administrativa, como es el caso. Por tanto, proponemos que las comunicaciones no se hagan a la Dirección General del Catastro, sino a la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral que, en su caso, las tramitará, ya por conducto interno de la Administración General del Estado, a la Dirección General.
Con esto termino mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Para terminar este turno de defensa de nuestras enmiendas en este primer bloque, no haré mención a todas ellas, puesto que alargaría excesivamente el derecho a la defensa y el tiempo a utilizar por parte de nuestro grupo, pero sí las más sustantivas.
En primer lugar, quiero referirme a aquellas por las que incorporamos una revisión a las exenciones fiscales específicas. Sus señorías saben que en la ley de presupuestos se contempla la supresión de la deducción del 5 por ciento por inversiones en activos fijos. Es una decisión que ha tomado el Gobierno, que está habilitada en la Ley de Sociedades y aunque nuestro grupo tiene ciertas reservas sobre la oportunidad de esta medida, la hemos acatado por razones de ordenación general política presupuestaria en este ejercicio de 1997. Sin embargo, entendemos que si se toma esa decisión de supresión de la deducción general de las inversiones, deberían revisarse las deducciones específicas que hoy contempla el Impuesto de Sociedades. La línea utilizada ya por el anterior Gobierno ha sido la de ir reduciendo la deducción general y potenciando las deducciones específicas y en esa misma dirección se enmarca la medida que toma ahora el Gobierno. Sin embargo, las enmiendas que proponemos son para revisar las deducciones específicas que se plantean en el ámbito de potenciar la inversión vinculada a la exportación, en el ámbito de la inversión vinculada al I+D y también en el ámbito de la inversión relacionada con las actividades medioambientales. Esta última es una novedad. Por primera vez se introducirá en el ordenamiento legal la posibilidad de aplicar una deducción por aquellas inversiones que realicen las sociedades para poder adecuar sus procesos a las exigencias de las normas que se imponen para controlar el impacto sobre el medio ambiente. Es una decisión sustantiva, sin duda importante. En ese sentido, la enmienda que proponemos es novedosa, ya que incorpora por primera vez un concepto nuevo que va a ser importante tenerlo presente y que en lo sucesivo deberá irse modulando, mejorando y precisando en toda su aplicación.
También es positiva la enmienda 367 que planteamos, ya que revisa el régimen fiscal de las actividades de arrendamiento financiero que hoy contempla el Impuesto de Sociedades. Se trata de no dejar fuera de esa actividad buena parte de las inversiones que se realizan básicamente en terrenos, solares o activos amortizables de carácter inmobiliario. Se trata, señorías, de contemplar una modificación de ese régimen en las operaciones de renta financiera, básicamente sobre bienes inmuebles, por entender que puede ser positivo para el futuro desarrollo de la inversión en España. Con la modificación que proponemos su alcance va a afectar principalmente a la pequeña empresa y la deducción no deja de ser específica en un ámbito concreto de la pequeña empresa. El destinatario de esa revisión no deja de ser la pequeña empresa y cuando invierte ésta en activos inmobiliarios lo hace por regla general por procedimientos de arrendamiento financiero. Creemos que potenciar el régimen fiscal hoy aplicable en ese campo es avanzar y profundizar en las deducciones específicas y compensar, al menos, la supresión de la deducción general.
En definitiva, el nuevo marco que dibujan estas enmiendas es muy positivo porque se mejora la actuación dirigida a la investigación y desarrollo, se mejoran las inversiones vinculadas a la actividad de la exportación, se mejoran las inversiones en el ámbito del medio ambiente y se mejoran también las inversiones que realicen las pequeñas empresas mediante el procedimiento de arrendamiento financiero en el país.
El segundo grupo de enmiendas hace referencia a impuestos indirectos.
Nuestro grupo plantea la enmienda 369 que propone la reducción del IVA aplicable hoy a las autopistas. Esta medida que proponemos es sobradamente conocida por la opinión pública, porque ha sido incluso uno de los puntos y compromisos incorporados en el pacto entre el Partido Popular y Convergència i Unió, y se trata de rebajar el IVA aplicable a las autopistas. Está claro que ese compromiso se va a abordar en el marco de los dos ejercicios siguientes, éste y el de 1998, y nuestro grupo cree que ya es oportuno adoptar esa decisión en este ejercicio de 1997. Por eso, planteamos la decisión para que se tome en consideración por parte de esta Cámara.
La enmienda 370 viene a plantear una cuestión de naturaleza social. No es una enmienda que tenga repercusión tributaria, pero sí trata de modificar aquellos criterios que hoy permiten una mayor extensión de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a las personas que tienen minusvalías. Se trata de modificar el criterio y el límite de los caballos fiscales de aquellos vehículos

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adaptados para las personas con minusvalías, para que a un nivel más elevado de caballos fiscales --proponemos 13,5--, pueda aplicarse también la exención. Señorías, se trata simplemente de una enmienda muy específica, en el sentido de permitir una ampliación de esta exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a las personas que tienen minusvalías y que adquieren vehículos preparados y adaptados para su conducción en función de la minusvalía que tengan.
La siguiente enmienda también hace referencia al IVA, y trata de corregir un tema ya muy histórico en los debates que habíamos tenido anteriormente. Incluso me acuerdo de la regulación de la reforma que se hizo del IVA, en donde ese tema ya se abordó. Me refiero al nuevo cambio que ha operado y se ha experimentado en la elaboración del pan. Al pan se le aplica el IVA reducido, pero ahora el pan ya no se hace como se hacía a principios o a mitad de siglo, sino que ha cambiado el procedimiento, todo está muy tecnificado y el pan tiene su origen ya en la masa congelada. Se trata de adaptar el IVA exactamente a esos cambios tecnológicos que hoy han obligado a que el pan se elabore por unos procedimientos distintos.
Las enmiendas 372 y 373 ya han sido defendidas antes. La 374 viene a resolver un problema complejo y difícil hoy no resuelto. Nuestro grupo entiende que no es fácil la solución que aportamos, pero aportamos una posible solución en aras de buscar, si no se considera esta solución como aceptable, algunas otras fórmulas de solución. Se trata de ver cómo se debe aplicar el IVA al ejercicio profesional de los agentes de aduanas cuando éstos operan y no actúan en nombre propio, sino por cuenta ajena o en nombre del importador. Entendemos, señorías, que debe procederse a esa revisión, porque en estos momentos se está dando la circunstancia de que, en los supuesto de impago por parte de los importadores, a los agentes de aduanas se les causa un gran trastorno por tener que soportar cuantías importantes, y quien tiene obligación de atender esas imposiciones tributarias es la empresa que importa y no el profesional que media en la gestión y en los servicios de esta importación. Creemos que ahí deberíamos encontrar una redacción que pudiera resolver ese conflicto; conflicto que está en estos momentos causando importantes agravios muy sustantivos a ese colectivo, ya muy afectado por todo el proceso de integración a la Unión Europea y por el cambio de su función y su papel en los servicios que prestan en las transacciones económicas internacionales.
La enmienda 375, señor Presidente, viene también a reconsiderar un aspecto muy concreto en el ámbito de los impuestos especiales y en el IVA, cuando éstos se exigen a la salida de los productos que están en los depósitos francos. Se trata de modificar los criterios que se aplican en las liquidaciones en las aduanas cuando los productos salen de esos puertos francos y su destino no es el mercado exterior, sino el mercado interior.
La 378, señorías, ya tiene otro carácter más popular y conocido. Se trata de poner sobre la mesa, junto con la enmienda 377, la revisión del IVA al deporte, a las prácticas deportivas o a los espectáculos deportivos o a aquellas entidades que prestan servicios deportivos. Nuestro grupo sabe que ésta es una propuesta que ya contempla el Partido Popular en su programa, que lleva años identificándose también con la conveniencia de revisar y modificar el IVA aplicable a las actividades deportivas. Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en la motivación de esta enmienda y en el propósito que tiene y estoy seguro incluso de que los Diputados del Grupo Popular con gusto y satisfacción darían su aprobación a esta enmienda. Lo que pasa es que la vida es como es y las medidas se pueden tomar en el momento en que se pueden tomar y hay que valorar las repercusiones que tienen estas medidas. Puede haber cautelas recaudatorias o prudencias para no tomar esta medida, pero estoy seguro de que al menos oiré cantos, digamos, de adhesión al objetivo de esta enmienda, aunque no se pueda suscribir la aprobación final de la misma.
Ahora, igualmente quisiera escuchar también que si en esta sesión o en este trámite no se puede adoptar ese compromiso, se va a hacer al menos el esfuerzo de emplazarnos a futuros trámites de esta ley o a otras ocasiones para tomar esa decisión, porque creo que es justo y razonable que en España se revise la tributación del IVA aplicable a la práctica del deporte, como ocurre en la mayoría de los países de Europa.
La enmienda siguiente, la número 380, tiene por finalidad que ni las entidades judiciales ni las sanitarias paguen el IVA, que los hospitales y los juzgados no se vean obligados a tener que ingresar el IVA y tener la obligación de aportar los recursos derivados de la aplicación de ese tributo.
La siguiente enmienda, señor Presidente, la 383 tiene por objeto en la creación de la tasa por la expedición del diploma de mediador de seguros, si la prestación de este servicio y los títulos son expedidos por la administración autonómica, como sucede en muchos casos porque es materia transferida, la tasa correspondiente proceda a recaudarla la administración que presta el servicio. Creo que es lógico y obvio, y como es tan obvio creo que la enmienda podrá admitirse.
Las enmiendas números 384 y 385 proponen un ajuste de las propuestas de revisión del marco jurídico que regula la revisión de la Ley de Haciendas Locales en cuanto a todos los cambios en los procesos de determinación y actualización de los valores catastrales. Nuestro grupo intenta mantener coherentemente el acuerdo que se adoptó en la anterior legislatura en el Pleno de la Cámara al aprobarse una proposición no de ley por unanimidad de todos los grupos y --estando el Grupo Popular y el Grupo Socialista de acuerdo también en aquella proposición no de ley-- en el sentido de que en las grandes ciudades la actualización de los valores catastrales procediera a hacerse por fases, pero siendo su entrada en vigor única y simultánea en el momento en que se acordara por el municipio. La decisión que toma nuestro grupo es mantener ese criterio. Creo que no es la pretensión del Gobierno, y creo que tampoco es la del Partido Socialista, que ese criterio no se aplique. Ha quedado descabalgado en la nueva revisión que se ha hecho de la norma y creemos que es positivo no descabalgarlo, dejarlo tal como estaba, de acuerdo con la proposición no de ley que

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se adoptó en el Pleno de la Cámara y mantener ese mecanismo de que se puede proceder a la actualización por fases, pero su entrada en vigor debe ser siempre simultánea. Creo que con ello resolveremos un problema práctico y operativo y es que en una gran ciudad, como Madrid o Barcelona, resultare que un distrito municipal tuviera actualizados los valores catastrales y los vecinos de la acera de enfrente no los tuvieran. Eso genera, señorías, unas distorsiones en los funcionamientos ordinarios de las vidas de las ciudades y por eso planteamos que el proceso se haga por fases, pero su entrada en vigor será simultánea en todo el municipio.
La enmienda siguiente, señorías --y voy terminando porque es la última--, tiene por finalidad retirar los artículos 46 y 47, que hacen mención a las autorizaciones que hasta ahora venían regulándose para poder imprimir los documentos que utiliza Hacienda para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que la preparación y elaboración de dichos documentos se hacía por un procedimiento de mercado, absolutamente desregularizado y liberalizado, y ahora parece que por los artículos 46 y 47 lo que se está haciendo es volver atrás, intervenir, regular y someter a concesión todos los procesos de elaboración de los documentos que se tienen que utilizar por los ciudadanos en cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes. Mi grupo cree que es una contradicción que el Gobierno quiera liberalizar, privatizar, desregularizar, mientras que en ese ámbito, en ese sector, hacemos todo lo contrario: intervenimos, regulamos y establecemos criterios absolutamente dependientes de la Administración pública.
Señor Presidente, con esto doy por terminada la defensa de todas las enmiendas que nuestro grupo tiene presentadas a este primer bloque.


El señor PRESIDENTE: Me imagino que, como usted sabe, de acuerdo con el artículo 134.6 de la Constitución, las enmiendas que supongan disminución de ingresos requieren la conformidad del Gobierno para su tramitación; conformidad que me imagino que usted habrá obtenido previamente a la formulación y defensa de estas enmiendas; ello sin perjuicio, lógicamente, de que siempre la Mesa ha sido generosa en lo que se refiere a la admisión de enmiendas que suponen minoración de ingresos y nunca las ha cursado al Gobierno para que posibilite o no su tramitación.
Lógicamente me refiero a otros términos, en lo que se refiere a las enmiendas que usted brillantemente acaba de defender.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, tiene usted razón, pero sabe que ese artículo lo que dice y reza exactamente es que estas enmiendas a una ley ordinaria, como es ésta, no pueden admitirse a trámite si afectan al presupuesto aprobado en curso. Estas enmiendas no afectan para nada al presupuesto aprobado en curso; afectan, en cualquier caso, a ejercicios posteriores.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, no estamos de acuerdo en lo que se refiere a la interpretación de este apartado del artículo de la Constitución, pero evidentemente éste no es momento de entrar a discutir sobre ese particular.
Le agradezco su intervención y sin más doy la palabra al señor Martínez-Pujalte para que defienda las enmiendas del Grupo Popular a este título del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, asimismo, para que fije su posición en relación a las enmiendas formuladas por los demás grupos y, al mismo tiempo, si lo tiene a bien, introducir algún tipo de enmienda transaccional --no lo sé-- a las que han presentado los demás grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Quiero agradecer, en primer lugar, el tono que ha tenido esta tarde el debate de este título, creo que es un tono apropiado para tratar una ley que puede ser importante y que el foro de discusión técnica debe ser la Comisión de Economía. Además, quiero agradecer el detalle con que los distintos portavoces se han referido a cada una de las enmiendas que han presentado y al conjunto del proyecto, ya que algunos incluso han enjuiciado el proyecto artículo por artículo.
(El señor Vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa la Presidencia.) Me permitirá el señor Presidente que mi exposición quizá exceda algo de los diez minutos que la Presidencia otorgaba, porque estamos en un proyecto con más de 140 enmiendas...


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señor Martínez-Pujalte, la duda ofende.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, lo sabía, al no ser el señor Zabalía, sabía que no le cortaría.
Quiero, señor Presidente, referirme sobre todo a los grupos que con más detalle han defendido sus enmiendas. Antes de empezar, también pido excusas a aquellos grupos que han presentado alguna enmienda a la que no me refiera, porque puede ser por olvido o porque el tiempo es escaso.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero aceptar el ofrecimiento del portavoz del Grupo Socialista, señor Eguiagaray, en relación a la enmienda in voce que modifica la disposición final primera. Por parte de mi grupo --no han dicho nada los restantes grupos-- parece apropiado que se haga de ese modo, porque es importante que se solvente ese pequeño defecto jurídico que podría contener la ley al conceder la capacidad reglamentaria a los directores generales.
Quiero también, de acuerdo con lo que me ha dicho el Presidente al inicio de la sesión, manifestar que mi grupo entiende que las mejoras técnicas propuestas por el letrado se deben incluir en el dictamen de la Comisión, ya que son simplemente mejoras de índole gramatical o de puntuación y numeración de los artículos de la ley.
Pasando al texto, entiendo que las exposiciones de los distintos grupos han sido largas, porque el título I del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden

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social, en lo que se refiere a las medidas fiscales es un texto denso, supone una reforma importante del sistema tributario o de algunas figuras del sistema tributario, se añade un impuesto importante, como es el impuesto de seguros, se añaden seis tasas, se actualizan los tipos de las tasas, se dota --entendemos nosotros-- de mayor equidad y justicia a las grandes figuras tributarias.
El texto consta de cuatro capítulos. En el primero se habla de impuestos estatales. En los artículos 1 a 5, relativos al IRPF, se añaden algunos puntos que a nosotros nos parecen importantes. El señor Martínez Noval se refería a ellos, pero yo quiero insistir sobre todo en los que hacen referencia al artículo 1, que son las retribuciones en especie. Nos parece que añade dos puntualizaciones muy importantes. En primer lugar, se distingue entre la retribución en especie consistente en la utilización del comedor de la empresa y la consistente en la utilización de fórmulas indirectas, que hasta ahora tenían un límite de 900 pesetas, límite que fue anulado por el Tribunal Supremo. De ahora en adelante los comedores no tendrán límite cuantitativo, lo que nos parece importante para los trabajadores, y dejamos ese límite cuantitativo para las fórmulas indirectas, porque nos parece coherente. En segundo lugar, se añaden algunas retribuciones en especie que no tendrán la consideración de tales.
En ese mismo artículo, el señor Martínez Noval y después el señor Ríos hacían referencia a los rendimientos de capital que se modifican en el artículo 2. Se actúa en dos sentidos. De una parte, se determina, para los inmuebles que carezcan de valor catastral o si éste no se hubiese notificado, que se tomará como valor del inmueble a efectos de determinar su rendimiento íntegro, el que deba computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. De otra --que es a lo que hacían referencia los dos portavoces--, estaba el sometimiento a retención de las contraprestaciones procedentes de la cesión del derecho de la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su explotación.
Decía el señor Martínez Noval que a lo mejor íbamos a sacar del sistema a algunos que estaban tributando. A nosotros todo lo que sean cautelas nos parece conveniente, lo que pasa es que si ponemos cautelas a un recinto donde dentro no hay nada, muchas cautelas tendremos pero dentro no habrá nada. Actualmente, en este tipo de figuras de explotación o de comercialización de los derechos de imagen --dice el señor Ríos de explotación de los hombres, quizá recordaba alguna frase de El Capital-- se estaba produciendo una elusión impositiva absolutamente generalizada, como ustedes conocen. Lo que se busca es precisamente que esas figuras entren en la tributación, que a esas figuras se les apliquen unos rendimientos que permitan mejorar la tesorería pública, que permitan someter a tributación algunas características de contratos que actualmente estaban en una clara elusión fiscal. También decía el portavoz del Grupo Socialista que quizá estábamos haciéndole un flaco favor a los inspectores que habían levantado algunas actas. Yo entiendo que más bien al contrario, los inspectores están encantados porque esas actas, como SS. SS. conocen, tienen algunos inconvenientes que podrían provocar que nunca fueran cobradas. Nosotros entendemos que a lo que hay que ir es a un sistema que garantice, por lo menos, unos ciertos emolumentos recaudatorios, y esto es lo que se hace en ese artículo.
En la sección segunda, en el capítulo I, que se habla del Impuesto sobre el Valor Añadido, hay dos puntos que nos parecen importantes: uno es la eliminación de la autorización administrativa en el IVA de los morosos.
Los señores del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) han defendido algunas enmiendas que ellos habían presentado que tienen relación con el IVA en las operaciones donde se produce morosidad, y el señor portavoz del Grupo Vasco (PNV) también tiene una enmienda en ese sentido. Nos parece que es un tema que hay que corregir en el sistema tributario. No tiene mucho sentido que las personas que ofrecen una contraprestación en la Administración tengan que ingresar el IVA en Hacienda y, sin embargo, luego no lo cobren. Eso exige una cierta corrección. Nosotros entendemos que esa corrección hay que estudiarla. En la legislación actual, como SS. SS. conocen, el IVA en los casos de suspensiones y de quiebras se puede deducir previa autorización administrativa. Lo que hace este proyecto es eliminar la autorización administrativa. Ustedes proponen una enmienda para volver al sistema de la autorización administrativa. Nos parece que eso es caminar no hacia una mayor simplificación que favorezca a los que cumplen con Hacienda, sino más bien al contrario.
También se añade en el artículo 7 del capítulo I un tratamiento del IVA algo novedoso al inicio de las actividades empresariales. Nos parece que la concesión de algunos elementos que permitan la deducibilidad del IVA previa a la actividad es favorecer la instalación de nuevas iniciativas empresariales.
Por otra parte, la sección cuarta de este capítulo I es la más importante y hace referencia al impuesto sobre el seguro que ustedes no han mencionado. Yo creo que ha sido suficientemente debatido en el Pleno y probablemente por ello ningún grupo ha hablado sobre esta cuestión, aunque luego haré referencia a algunas enmiendas que proponen alguna modificación. Incluso el Grupo de Izquierda Unida propone su eliminación.
Respecto al capítulo de las tasas, y aunque ahora me refiera a las enmiendas que han presentado diversos grupos en orden a la supresión de algunas de ellas, quiero hacer constar: primero, que conceptualmente las tasas tienen un sentido que se puede discutir, pero la doctrina de fiscalidad dice que hay que caminar hacia un sistema en el que por lo menos por algunos servicios de la Administración se reciba una contraprestación por las tasas, porque no tiene mucho sentido --y los señores del Grupo Socialista proponen la supresión de la tasa por vacunación para salir al extranjero-- que un señor haga un viaje turístico al extranjero y el resto de los españoles le tengamos que subvencionar la vacuna que debe ponerse. No parece que eso tenga mucho sentido y parece que lo que tiene coherencia es que el señor que va a realizar un viaje turístico pague su vacuna como paga al tour operator el viaje.
Por eso nos vamos a oponer a algunas de las enmiendas, y luego me referiré a ellas.


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El régimen de Canarias es otro punto esencial que contiene este proyecto de ley. No están los portavoces del Grupo de Coalición Canaria, tampoco está el portavoz del Grupo Socialista que ha intervenido en este punto, pero nosotros entendemos que esta ley debería contener una serie de medidas que posibilitaran el impulso para que arrancara algo que nos parece importante, que es la ZEC, que estaba regulada y había un problema para ponerla en funcionamiento, para que fuera operativa. Nos parece que los artículos que nosotros añadimos en la ley posibilitan que la ZEC sea operativa.
Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, vamos a retirar la 457, que se refiere a la deducción en las aportaciones a planes de pensiones por personas físicas que ejercen una actividad profesional. Nos parece que esta enmienda es coherente, está llena de sentido, pero su aprobación en esta ley estaría recabando el debate que debe haber sobre todo el conjunto de la previsión social complementaria, que se está tratando en la subcomisión que tiene esta Comisión de Economía. Como digo, retiramos esta enmienda y propondremos este tema en el informe que el grupo parlamentario hará a la subcomisión.
Nos parece especialmente importante la enmienda 456. Retiramos de la ley de presupuestos, como saben SS. SS., creo que era el artículo cincuenta y uno, porque dijimos que lo íbamos a incluir aquí. Dice el señor Martínez Noval que le hemos privado de presentar enmiendas. Señor Martínez Noval, no es así, porque ustedes presentaron enmiendas al artículo cincuenta y uno y las votamos con resultado negativo a sus propuestas. A continuación votamos la supresión del artículo, pero previamente votamos sus enmiendas. Lo que hacemos es añadir el texto del artículo en esta ley, porque nos parece un marco más apropiado, añadiendo además otra deducción, otra desfiscalización, si quieren ustedes, que son las 500.000 pesetas en prestación, cuando se recibe una prestación única o unos emolumentos únicos en la prestación por desempleo. Nos parece que es un avance.
Quiero decir al señor Martínez Noval, en el tono en que se está desarrollando este debate, que nosotros estamos abiertos a consensuar con ustedes mejoras en el resto del trámite parlamentario. Nos parece que es un tema importante, que es un avance. Agradezco su abstención, por lo menos su no oposición, a esta enmienda, porque nos parece importante.
Además, le ofrezco el mayor de los consensos en el resto del trámite parlamentario.
Entendemos que aumentar el límite de las 500.000 pesetas supondría un cierto problema de tesorería para Hacienda y que podía ser consensuado el plazo mínimo obligatorio de 10 años establecido para el mantenimiento de las acciones, si ustedes entienden otra cosa. Estamos abiertos a cualquier conversación, a cualquier posibilidad de entendimiento.
Presentamos la enmienda 458 que se refiere a la eliminación del artículo 3.º de este proyecto. En él se habla de la deducción del 10 por ciento de los seguros de vida individuales. Coincidimos con una enmienda del Grupo Socialista, la 129, que propone la supresión del artículo, y con otra de Izquierda Unida, que también pretende su supresión. Nosotros pedimos la supresión de este artículo, aunque no por las mismas razones que el Grupo de Izquierda Unida, pero somos coincidentes en el objetivo de eliminarlo de este proyecto, si bien nosotros lo trasladamos a la ley de cesión de tributos.
La enmienda 459 añade una omisión --es una enmienda técnica-- que se tuvo al confeccionar el texto. Y la 460 también es técnica.
Las enmiendas 461 a 466, de mi grupo, hacen referencia al régimen especial de Canarias. Hemos hecho un esfuerzo enorme para consensuar el conjunto de enmiendas que se habían presentado en esta Cámara con referencia al régimen especial de Canarias y a la ZEC. Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Hemos hecho un esfuerzo, repito, y hemos estudiado muy a fondo este tema, porque mi grupo entiende que hay que dotar a Canarias de unos instrumentos que permitan el desarrollo de lo que se contiene en la ZEC. Nuestras enmiendas son mejoras técnicas y están en consonancia con lo expuesto. Luego haré una relación de las enmiendas de Coalición Canaria que vamos a apoyar, algunas de ellas coincidentes con las del Grupo Socialista. No sé si será mejor apoyarlas en este trámite parlamentario o, para dar mayor coherencia al texto final de la Ponencia, si suponen alguna variación, siendo coincidentes absolutamente, sobre todo por lo que hace referencia a los buques, consensuar las mejoras que propone el Grupo Socialista en el trámite parlamentario del Pleno.
Voy a referirme a algunas enmiendas del Grupo Socialista, ya que han tenido la amabilidad de ser exquisitos en el tono de su exposición, exposición técnica y rigurosa, muy detallada, después de una labor importante de conocimiento del texto que se trataba.
Nosotros creemos que las enmiendas del Grupo Socialista hablan en muchos casos de instrumentos que no se pueden aceptar. Vamos a aceptar la 129, como he dicho, y a rechazar el resto. Ya me he referido antes a las enmiendas 127 y 128, de las que ha hablado el señor Martínez Noval.
En cuanto a la 129, decía el señor Martínez Noval que era una enmienda que había que eliminar de aquí y del proyecto de ley de cesión de tributos y enviarla a la subcomisión. Nosotros entendemos que el 10 por ciento de deducción en la cuota para los seguros de vida individuales es un paso en el reequilibrio de las figuras de ahorro-previsión y que no elimina las competencias que la subcomisión de previsión social tiene.
Sabe el señor Martínez Noval que mi grupo está buscando el mayor consenso posible en esa subcomisión, que está haciendo unos trabajos rigurosos --creo que el del resto de los grupos también lo está siendo--, y que pretendemos que antes de final de mes concluya los trabajos la subcomisión.
Señor Martínez Noval, coincido menos con usted en su enmienda 130, coincidente también con una enmienda del Grupo de Izquierda Unida, que pide la supresión de la deducción en la estimación de los rendimientos del IRPF para los empresarios que se encuentran en régimen de módulos.
Pensamos que es esencial apoyar a las pequeñas y

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medianas empresas. El año pasado hubo una verdadera rebelión de los empresarios que estaban en régimen de módulos, con manifestaciones callejeras, cosa no habitual en este sector, exigiendo una reestructuración de todo el sistema de módulos. Nosotros queremos afrontarlo con la debida calma, con el debido estudio, pero nos parece que la deducción del 15 por ciento es positiva para la creación de empleo y para el crecimiento económico. Por eso lo ponemos. No entendemos que ustedes nos pidan la supresión de este porcentaje del 15 por ciento cuando es esencial.
Me he referido antes a las enmiendas números 132 y 133. No sé si me dejo alguna.
Señor Martínez Noval, a lo mejor no he entendido su argumentación respecto a la enmienda número 135, que habla de las mutuas. Las aportaciones a las mutuas, cuando son ahorro-previsión, tienen una reducción en la base. Nosotros creemos que ya tienen esa reducción. Si el elemento que usted quiere añadir con esta enmienda es otro, estaríamos encantados de hablarlo en las conclusiones de la subcomisión.
Quiero luego hacer algunos comentarios a las opiniones que ha vertido el Grupo Socialista en torno a las tasas.
Las tasas suponen el 0,7 por ciento de los ingresos, no estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Yo no sé si con las seis tasas que hemos puesto y con sus ingresos ustedes entienden que podíamos hacer todo. Lo único que se ha hecho es dar una conceptualización mejor al sistema tributario, adecuar la contraprestación por los servicios que se prestan al valor que tiene ese servicio. Se sube el 8 por ciento. Se actualiza monetariamente la contraprestación por el servicio que se presta. Y se añaden seis tasas, tampoco es una enormidad, y por conceptos muy concretos. Nos parece que no atenta contra la capacidad de pago, más bien se introduce un elemento que es que paguen los servicios aquellos que los reciben y avanza en una concepción moderna del sistema tributario, dotado de perfecta equidad. No voy a referirme a la tasa aeroportuaria o a la de vacunación, que nos parecen absolutamente coherentes.
Sobre las enmiendas de Izquierda Unida, que ha defendido el señor Ríos con brevedad, a la enmienda al artículo 2, que ha titulado de explotación de la imagen, ya me he referido antes. Creo sinceramente, señor Ríos, que lo que se hace es mejorar la tesorería de la hacienda pública, porque actualmente no pagaba nadie, y eso lo conocen ustedes mejor que yo.
No entiendo cómo ustedes nos piden que eliminemos el 15 por ciento de exención para las personas físicas, pequeños empresarios, que tributan en el régimen de módulos, señor Ríos. Yo creo que eso lo debían reconsiderar.
La elevación del 40 por ciento, a lo que también ha hecho referencia, del Impuesto de Sociedades no nos parece adecuado. Nos parece que está en un tipo, el 35 por ciento, un tipo efectivo medio mayor que el tipo efectivo medio del IRPF, mucho mayor. Porque no hay que hablar de tipos. Cuando se habla del tipo marginal del 56 por ciento en el IRPF y del tipo del 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades parece que las personas físicas pagan más que las sociedades. El tipo efectivo medio es mucho mayor en el Impuesto sobre Sociedades que en el IRPF, señor Ríos. Nos parece que el 40 por ciento es un tipo elevadísimo. El Impuesto de Sociedades cuenta con un menor número de deducciones y, por tanto, el tipo efectivo medio es mayor.
El Grupo de Izquierda Unida presenta un conjunto de enmiendas al Impuesto de Sociedades y al IRPF, eliminando las deducciones. Nos parece que es entrar en la concepción total del impuesto y que éste no es el momento de tratarlo, en la ley de acompañamiento.
Y respecto a las tasas, me remito a lo que he respondido al Grupo Socialista.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), señor Zabalía, quiero decirle que comparto totalmente la sensibilidad que tiene usted con los problemas. No voy a votar sus enmiendas, pero creo que muchos de los temas que plantea hay que estudiarlos y mi grupo está en disposición de hacerlo. Me voy a referir a algunos.
En primer lugar, dos enmiendas relativas al Impuesto de Sociedades. Nos consta que no le afecta. Nosotros estudiamos sus sugerencias, sugerencias que van más allá de las enmiendas y las sugerencias al Gobierno en el Parlamento nacional. Sus sugerencias están en blanco sobre negro en boletines oficiales y nosotros lo estudiamos con detenimiento, porque de alguna nos podemos aprovechar, pero lo que usted nos pide de que volvamos a poner la deducción del 5 por ciento por inversiones nos parece inapropiado, nos parece que es una deducción de carácter tan general que no responde a la filosofía del Impuesto de Sociedades. Encontramos más apropiadas las sugerencias que realiza el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que son algunas deducciones puntuales para algunos temas concretos que pueden mejorar el desarrollo económico de las empresas en todo el conjunto de España; en ese sentido las apoyaremos y luego me referiré a ellas.
Ha defendido usted tres enmiendas sobre el IVA de la morosidad, al que antes me he referido, y comparto esa sensibilidad. Creo que el Gobierno, con la aportación que ha realizado en este proyecto, avanza eliminando la autorización administrativa. Nos parece importante ese paso, porque era añadir un trámite burocrático más, pero también nos parece que la inversión del sujeto pasivo del IVA en el caso de la morosidad plantea algunos problemas técnicos que usted, como buen conocedor del tema, señor Zabalía, sabe muy bien. Hay empresas que hacen la provisión por morosidad con un porcentaje. Si aprobáramos su enmienda estaríamos concediendo a esas empresas casi un forfait del Impuesto sobre el Valor Añadido. Creo que hay que estudiarlo más detenidamente, pero nos parece que su sensibilidad es positiva.
La exención del IVA para los colegios mayores, tema que conozco bien, señor Zabalía, lo estamos estudiando con el sector. La exención del IVA, para colegios mayores, menores y residencias de estudiantes, no les permitiría deducirse el IVA que ellos soportan, plantearía un problema de mayor coste en la prestación de los servicios...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, le interrumpo para decirle que, por favor, hable mirando al micrófono, porque si, hablando para atrás, pretende que se le escuche en toda la sala y que su voz se grabe, tendría que

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ser un divo del bel canto, cosa que me parece que usted no es. Por consiguiente, le ruego que se acerque al micrófono.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Agradezco al señor Presidente su sugerencia.
El tercer tema sobre el IVA, el producido por los depósitos de algunas sociedades que tienen su actividad en la London Metal of Exchange, de Londres, señor Zabalía, lo estamos estudiando. Las sugerencias que ustedes nos hacen se las han hecho también a nuestro grupo parlamentario y al Gobierno, y el Gobierno está estudiando reglamentariamente solucionar este pequeño problema.
El resto de sus enmiendas hacen referencia a impuestos municipales.
Estaríamos dispuestos a aprobar la enmienda sobre el Impuesto de Vehículos para personas con minusvalías, enmienda que es coincidente con la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Mañana quizás hagamos, antes de la votación, una enmienda transaccional para que se añada una adicional diciendo que eso no suponga tener que compensar a los ayuntamientos por esta modificación legislativa.
Aunque el portavoz de Coalición Canaria no está, sí quiero dejar constancia, para que la Mesa lo tenga presente, de que mi grupo va a apoyar las enmiendas números 15, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 29 y 30.
Mañana les daremos una plantilla para agilizar el trámite de votaciones.
Nos parece que el Grupo de Coalición Canaria ha hecho un esfuerzo por mejorar la situación de la ZEC y nosotros hemos correspondido haciendo un esfuerzo para consensuar estas enmiendas.
El Grupo Mixto ha dado por defendidas todas las enmiendas. Yo anticipo la opinión de mi grupo diciendo que no las vamos a apoyar. Con la misma brevedad con que las ha defendido las contesto yo.
Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha tenido tres portavoces, le agradezco el tono y espero que lleguemos a un acuerdo sobre la multitud de enmiendas que han presentado.
La enmienda 362 no la vamos a apoyar, porque nos parece que es un tema que hace referencia a lo que la subcomisión de previsión social tiene que estudiar. Por tanto, remitimos al Grupo Catalán a que ése sea un tema de estudio en la citada subcomisión.
La enmienda 363 nos parece correcta porque avanza en el tratamiento fiscal de las familias. Mi grupo tiene una enmienda muy parecida en la ley de cesión de tributos, por lo que la vamos a apoyar. Sí nos gustaría, señor Presidente, hacer una transaccional con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en esta enmienda, transaccional que no he dado todavía a la Mesa. Proponemos añadir después del párrafo a) un texto, que hemos consensuado con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que diga que la misma deducción será de aplicación en el caso de menores en régimen de acogimiento familiar bajo la tutela de las administraciones públicas. Nos parece que es un añadido positivo, que mejora el texto de la enmienda. En el párrafo b), vamos a pedir que se añada una modificación para que las 15.900 pesetas pasen a ser 16.500, porque es la cifra que se amolda al espíritu de la enmienda.
De las enmiendas que ha defendido el señor Homs, las números 365 y 366 nos parecen muy importantes. Son enmiendas que mejoran de verdad el régimen para facilitar el desarrollo del tejido empresarial y las vamos a apoyar. A la enmienda 364, deducciones en actividades medioambientales, hemos presentado al Grupo Catalán una enmienda transaccional, que he hecho llegar previamente a la Mesa.
En cuanto a las deducciones por leasing, señor Homs --por referirme a algunas de las enmiendas que usted ha defendido--, mi grupo está estudiando algún instrumento que mejore las actividades de leasing. No podemos admitir la deducción que nos propone, pero sí le aseguro, señor Homs, que muchas de las cosas que usted ha señalado son instrumentos que hay que mejorar en el futuro y que mi grupo está estudiando.
Señor Homs, usted ha presentado algunas enmiendas al IVA, al artículo 7.
Decía que la reducción del IVA para las autopistas era un punto recogido en el documento de pacto de gobernabilidad con el grupo parlamentario y que estaba previsto su cumplimiento en dos años. Yo sé que usted conoce que nosotros estamos estudiando un régimen global para las autopistas, en el que entrará el IVA. Actualmente, la Comunidad Europea no nos permite aplicar un IVA reducido a las autopistas --por lo menos, ésa es nuestra opinión-- y, por eso, no lo vamos a apoyar.
Respecto a la reducción del Impuesto de vehículos para personas con minusvalías, me remito a lo que he dicho al señor Zabalía, que la vamos a apoyar, pero vamos a pedir que se añada una disposición adicional que permita que lo que se pueda perder de ingresos no tenga que ser compensado por la administración central. Nos parece que esto es un impuesto municipal y que la carga de este servicio la tienen que tener los ayuntamientos.
Señor Homs, comparto su opinión sobre los problemas que conlleva el IVA para los agentes aduaneros y le aseguro que mi grupo lo está estudiando; incluso nos gustaría poder añadir una enmienda técnicamente correcta en el trámite del Senado. En cuanto a las dos enmiendas relativas al IVA en el transporte, aunque comparto totalmente sus puntos de vista, creo que ese mismo problema lo tienen otras muchas actividades y tampoco las vamos a apoyar. Sí vamos a apoyar la enmienda 371, referida al IVA del pan precocinado y de las nuevas formas de realización del pan, con las que el señor Homs nos ha deleitado. Le hemos propuesto una enmienda transaccional que se ajusta a lo que nos dice la Dirección General de Salud. Del resto de las enmiendas, vamos a apoyar las enmiendas 386, 389 y 390, porque nos parece que mejoran sustancialmente todo lo relativo a las referencias catastrales. No sé si me dejo alguna enmienda de las que usted nos ha hablado.
Por último, señor Presidente, quiero referirme, aunque su votación esté prevista al final del trámite de los títulos, a dos enmiendas adicionales que ha presentado mi grupo, y así las doy por defendidas para el próximo trámite; son la 447 y la 486. La enmienda 486 pretende la introducción de una nueva disposición adicional, a efectos de determinar el rendimiento neto de las actividades a las que resulta aplicable el sistema de módulos, no computando como personas asalariadas las que se contraten en este tiempo, y la

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enmienda 447 entendemos que es una mejora técnica del Impuesto sobre Sociedades.
Con esto concluyo, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿algún otro miembro de su grupo va a ser proponente en este título del proyecto de ley?

El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. A efectos de conocimiento de esta Presidencia, cuando usted ha manifestado que no van a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), ¿significa que van ustedes a hacer un voto protesta, como sucedió en la Comisión de Presupuestos en relación a las enmiendas del Grupo Popular?

El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, le aseguro que no, sino que vamos a votar negativamente a las enmiendas del Grupo Vasco.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su precisión, señor Martínez-Pujalte.
Concluido el debate del título I, pasamos a debatir el título II, para lo cual ustedes van a tener la suerte de que les va a presidir el señor Martínez Sanjuán. (El señor Vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título II, tiene la palabra el señor Cercas, por un tiempo de diez minutos, aproximadamente.


El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, tendré que consumir menos tiempo, puesto que la Diputada María Teresa Fernández de la Vega hará la exposición de nuestra postura respecto a uno de los últimos capítulos de este título II.
El Grupo Parlamentario Socialista ha leído con atención no solamente las medidas que se contienen en este título II de la ley, sino también la exposición de motivos, con el objeto de establecer si había una mínima congruencia entre los objetivos que se proclaman enfáticamente en esa exposición de motivos y las distintas disposiciones de este título. Al leer la exposición de motivos, nos hemos enterado de que la presente ley se refería a los distintos campos en que se desenvuelve la actividad del Estado y que perseguía introducir la racionalidad --no sabemos si introducir la racionalidad significa que hasta el momento el Estado español vivía en la absoluta irracionalidad-- y que en este título II se trata de conseguir un mayor control de la gestión de los recursos. Sin embargo, desgraciada y paradójicamente --ojalá estos bellos deseos se hubieran traducido en preceptos legales--, nos encontramos con un conjunto de preceptos que, lejos de conseguir una mayor racionalidad y lejos de conseguir un mayor control en la gestión de los recursos, lo que va a producir es justamente lo inverso, un incremento de la discrecionalidad basado en una triple consideración que suele ser bastante habitual en los discursos, si no en la Cámara, sí del conjunto de actores que van conformando la posición política del Partido Popular, basado en una creencia dogmática de que la iniciativa privada va a mejorar inevitablemente cualquier gestión que esté realizada en este momento por las administraciones públicas, basado en una creencia profundamente reaccionaria de que el conjunto de beneficiarios de los programas de protección social cuando menos son sospechosos de estar utilizando de una manera fraudulenta los distintos instrumentos de dicha protección social y, en definitiva, sobre la base de una consideración teórica de que toda administración pública es sospechosa o culpable, por principio, de ineficacia e ineficiencia.
En consecuencia, se va desgranando en este título II una serie de preceptos que, en lugar de introducir racionalidad y mejor y mayor control en la gestión de los recursos, lo que produce es justamente lo inverso, puesto que lo que hay es un desembarco masivo de la iniciativa privada en ámbitos que hasta el momento estaban regulados por el Derecho administrativo. En resumen, señoras y señores Diputados, un enorme retroceso y una enorme marcha atrás.
Al Grupo Socialista, como es lógico, le hubiera gustado haber discutido este conjunto de preceptos que referencian múltiples e importantes instrumentos legislativos, con una mayor tranquilidad, con un mayor sosiego, con una mayor publicidad de los mismos. Se ha elegido la vía, una vía que había sido ampliamente criticada por la doctrina y de la que nosotros también hemos hecho uso en este tipo de leyes ómnibus, pero para construir no un ómnibus, sino todo un convoy de modificaciones poco meditadas, poco estructuradas y que tenemos que discutir a uña de caballo en esta sesión ya casi nocturna.
Dentro de nuestras posibilidades, hemos procurado ofrecerles algunas alternativas que mejoran su propio texto. No solamente con el apoyo de nuestras enmiendas, sino con el apoyo que daremos a otras enmiendas de otros grupos parlamentarios de la Cámara, incluido el Grupo Popular, alguna de cuyas enmiendas votaremos afirmativamente, esperamos, al menos, minimizar el desastre que puede significar este conjunto de reformas improvisadas.
En esta línea, el Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 151, al artículo 59, con la que pretendemos ampliar el concepto de las deducciones que pueden ser realizadas a los entes del sector público, con una redacción más matizada y, sobre todo, con una redacción que posibilite efectivamente el cumplimiento de los objetivos que se persiguen con este precepto; se la ofrecemos a los grupos que forman la mayoría del gobierno, porque camina en la dirección que ellos dicen caminar en la exposición de motivos, pero que no se ve en el texto articulado.
La enmienda número 152, al artículo 61, párrafo primero, donde les ofrecemos una mejora técnica para que la colaboración de las mutuas en materia de incapacidad temporal se atenga con mucha mayor corrección a lo que deben ser normas que ya habían sido puestas en funcionamiento

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desde el año 1994 y para que el desarrollo reglamentario se realice también con una mayor corrección.
La enmienda número 153, al artículo 61, pretende una más correcta redacción y establece con mayor precisión las competencias del Consejo Interterritorial de Salud, puesto que el Gobierno no conoce o parece haber olvidado que este Consejo no tiene facultades ejecutivas y los preceptos que se contienen en ese artículo 61 van más allá de lo que es la propia figura de ese Consejo.
La enmienda número 154, al artículo 68, se refiere a un precepto que para nosotros ha sido, sin duda, poco meditado pero en el que, al mismo tiempo, se observa con bastante nitidez el conjunto de motivaciones políticas y estratégicas que tiene el Partido Popular de someter a las capas más desfavorecidas de la sociedad, como son los desempleados, a todo un iter doloris para seguir manteniendo su condición de perceptores del subsidio de desempleo. Es tal el furor privatizador y de auxilio a cualquier iniciativa privada, que incluso han olvidado que, hablando de agencias privadas de colocación, no todas son con ánimo de lucro, señores del Grupo Popular, también las hay sin ánimo de lucro. De modo que, por favor, acepten, al menos, nuestra enmienda 154, al artículo 68, porque las agencias privadas sin ánimo de lucro, no solamente las que tienen ánimo de lucro, también merecen este celo reformador del Partido Popular.
La enmienda número 155, al artículo 71, que bien necesitado está, ojalá que tuviera alguna modificación de mayor calado, pero, viendo que somos minoría en la Cámara y que no podemos conseguir otra cosa que mejorarlo técnicamente, les ofrecemos una redacción que incorpora indudables mejoras técnicas a ese artículo.
Señor Presidente, he dejado para el final, antes de dar la palabra a mi compañera, nuestra enmienda número 150, al artículo 55, 2, puesto que, en el cúmulo de desaguisados que se introduce en este título II, merece quizás un minuto de reflexión, que también esperamos que sea oída atentamente por los Diputados del Grupo Popular, porque no nos mueve otro interés que evitar que el Gobierno cometa un atropello como el que se pretende en este artículo 55. En este artículo 55 se pretende utilizar lo que eufemísticamente se llama procedimiento negociado, que no es otra cosa que el procedimiento de contratación directa, sin publicidad y sin concurrencia, para todo un conjunto de servicios concertados de la asistencia sanitaria, con iniciativas de diversa índole, que conculca no solamente el sentido común, no solamente diversas proclamas que ha hecho el Grupo Popular en la anterior legislatura, sino directamente la Directiva 92/50 de la Comunidad Económica Europea, cuya trasposición se ha realizado íntegramente al Derecho español. En concreto este procedimiento, que es un procedimiento tasado, excepcional, puesto que, reitero, excluye cualquier publicidad, es por tanto un procedimiento que recuerdo a SS. SS. que estaba en la base de la crítica que se hacía respecto a algunos problemas que hubo en la antigua Dirección General de la Guardia Civil, porque se seguían estos procedimientos de designación directa, secreta, sin publicidad, que trajo lo que trajo. Pues bien, el Partido Popular nada más y nada menos que pretende utilizar estos procedimientos excepcionales, digitales, en un terreno donde efectivamente existe múltiple concurrencia en el sector privado español --la diálisis, el transporte de enfermos, etcétera--. No acabamos de comprender cómo pueden ustedes romper todo un conjunto de afirmaciones retóricas con las que acusaban ustedes al Gobierno anterior de utilizar procedimientos de designación directa, y ustedes ahora lo expanden con fuerza a todo un conjunto de prestaciones de servicios, cuando en la sociedad española existen múltiples empresas a las que qué menos que pedirles que concurran en la prestación de estos servicios. ¿Cómo no, señores del Partido Popular? ¿Por qué pretenden ustedes someter esta contratación, la contratación de toda la asistencia sanitaria concertada nada más y nada menos --creo que son 300.000 millones de pesetas--, a la opacidad, a la ausencia de publicidad, en definitiva huyendo de todas las cautelas que tienen no solamente el derecho administrativo interno, sino también las directivas de la Comunidad Europea? Señor Hernando, yo no voy a deslizarme por interpretaciones que ustedes solían hacer sobre posibles intereses ocultos, pero tendrá usted que reconocerme que resulta enormemente raro que el Partido Popular transite por esta vía, en la que, en definitiva, ustedes se autoexoneran de cualquier limitación, para hacer lo que les dé la gana en la contratación, como le digo, de centenares de miles de millones de la asistencia concertada de la Seguridad Social. Y no vale que me diga quizá en su réplica que el precepto tiene la cautela de la remisión a las normas de adjudicación que contempla nuestra Ley 13/1995, de 13 de mayo, puesto que en esa ley no se habla para nada de los contratos-marco que pretenden ustedes realizar con entidades privadas y, por tanto, es una remisión al vacío, puesto que no existen tales contratos-marco en nuestra legislación de contratos del Estado.
Les reitero, señores del Partido Popular, que este artículo 55, sobre todo en el apartado dos --también en el apartado uno hay alguna enmienda de algún otro grupo de la Cámara que merecerá nuestro apoyo--, es un precepto que, de llevarse a cabo, va a traer enormes consecuencias al sector sanitario, y no les quepa la menor duda, señores del Partido Popular, posiblemente también les traiga a ustedes muchos dolores de cabeza, y se lo decimos por alguna experiencia que hemos tenido, puesto que este tipo de contratos ciertamente pueden estar justificados con carácter excepcional, por motivos de seguridad nacional o de sectores donde no existe ninguna posibilidad de que concurran ofertas diversas, pero sinceramente es un escándalo que ustedes lo traigan aquí nada más y nada menos que para todo el conjunto de la asistencia sanitaria concertada de la Seguridad Social.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para la defensa de la enmienda 156, tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muy brevemente, para exponer cuál es la postura del Grupo Parlamentario Socialista en lo que se refiere a la nueva regulación

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contenida en el capítulo III de este título II sobre ayudas a los afectados por delitos de terrorismo. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda, la 156, de modificación parcial del artículo 76, que tiene por objeto dejar claro que en el ámbito de aplicación de las normas reguladoras de las ayudas a los afectados y a las víctimas por delitos de terrorismo que se modifican en esta ley están incluidos aquellos supuestos que lo están hoy con arreglo a la normativa actual, los daños corporales y materiales que se causen como consecuencia o con ocasión no ya de los delitos terroristas, que evidentemente están dentro del ámbito de aplicación de la ley, sino de aquellos que se produzcan como consecuencia del esclarecimiento y la represión de los delitos terroristas. La frase «esclarecimiento y represión» ha desaparecido del texto de la ley, no sabemos si porque expresamente se quiere excluir y que la indemnización y resarcimiento del daño se soliciten por la vía del artículo 139.1 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o bien porque ha sido un olvido involuntario. En cualquier caso y al margen de otras consideraciones, mi grupo cree que el supuesto debe estar cubierto en el procedimiento y cuantía regulados en las ayudas a las víctimas del terrorismo. No parece muy coherente con la nueva regulación que se establece en estos artículos, que propugna, por una parte, la ampliación de la cobertura, por tanto por daños corporales como materiales --cuestión en la que mi grupo está de acuerdo-- y, por otra, la consolidación en el mantenimiento finalmente de dos regímenes diferenciados de ayudas a las víctimas, por un lado las víctimas del terrorismo y, por otro, las de cualquier otro delito violento, rompiendo así el criterio que se establecía en esta Cámara hace no mucho tiempo en la disposición adicional segunda de la Ley 35/1995 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que disponía que el reglamento que se dictase en desarrollo y aplicación de la ley contemplaría que la tramitación, resolución e impugnación de los expedientes de resarcimientos por daños a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas se sustanciaría conforme a las normas contempladas en la ley. Es decir, que se pretendía unificar los procedimientos a efectos de agilización y simplificación de estructuras administrativas. Con esta nueva regulación parece que los órganos encargados de tramitar este supuesto van a estar ubicados, como lo están hasta ahora, en el Ministerio del Interior, rompiendo lo que había establecido la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos, que pretendía la unificación de esos pagos y de esa tramitación en el Ministerio de Economía.
Al margen de esto --no esta segunda parte no estaríamos muy de acuerdo--, lo que no nos parece muy sensato es que esta consolidación de regímenes diferentes pueda llevar consigo la exclusión del régimen especial de ayudas a las víctimas del terrorismo de los daños que se produzcan como consecuencia del esclarecimiento y la represión, es decir, de la investigación de los delitos terroristas. Llevar esto al régimen común, como decía antes, al régimen de la Ley de procedimiento administrativo va a suponer un retraso mayor en la percepción de las indemnizaciones por parte de las víctimas y, sobre todo, va a dejar en manos de los jueces la fijación de los criterios y de las ayudas. Por tanto, nos parece que debería aceptarse la enmienda en el sentido de introducir dentro de este artículo 76 la frase de que serán resarcibles también aquellos supuestos, incluido el esclarecimiento y la represión de los delitos de los daños producidos como consecuencia de acciones terroristas.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Antes de dar la palabra al representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --no sé si lo ha dicho el Presidente--, he de decir que hacia las nueve y cuarto aproximadamente, en función de cómo estén las intervenciones del grupo parlamentario que termine en torno a esa hora, suspenderemos la sesión por un tiempo no superior a media hora para que todos los miembros de la Comisión y los servicios de asistencia a la misma puedan cenar, ya que se ha preparado una cena rápida en la tercera planta, y luego continuaríamos intentando terminar el título III esta noche.
Para la defensa de las enmiendas y fijación de posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Ríos.


El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, ¿me permite una pregunta? ¿Los miembros que no somos de la Comisión también podemos asociarnos al ágape?

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señor Cercas, cuando se habla de los miembros de la Comisión, me refiero a todos los miembros que han intervenido y están en esta Comisión. (El señor Eguiagaray Ucelay: Son miembros adheridos.)

El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias por su generosidad, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): En esta Comisión no pedimos las sustituciones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: A la tercera va la vencida.
Voy a intentar defender las diecinueve enmiendas que mi grupo ha presentado al título II. La mayoría de estas enmiendas van dirigidas al capítulo II, a lo que pudiéramos llamar acción protectora de la Seguridad Social, porque lo que se pretende es reducir esa acción protectora.
En todo caso, las seis primeras enmiendas van dirigidas al capítulo I, que hace referencia a la organización y procedimientos de la Seguridad Social. La primera se refiere al artículo 55, en el que se estructuran los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria que suscribe el Insalud, sin necesidad de autorización del departamento ministerial para los centros de asistencia sanitaria del Insalud. Proponemos la supresión de ese artículo.


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La enmienda 258 se refiere al artículo 56, sobre el control financiero en hospitales y demás centros sanitarios, que viene a sustituir lo que es la función interventora por lo que se viene a denominar control financiero de carácter permanente,y no es más que un control a posteriori, y aunque hay que decir que significa una agilización de la gestión de los centros sanitarios, podría facilitar un funcionamiento no riguroso, por así decirlo, de lo que pudiera ser la gestión de más de 400.000 millones de pesetas en la actuación de los centros sanitarios del Insalud.
La enmienda 259 va dirigida al artículo 58 del proyecto de ley, que hace hincapié en las medidas sobre deducciones en la facturación de las recetas correspondientes a la prestación farmacéutica, y viene a establecer que se imputarán al presupuesto de gastos del ejercicio en que se produzcan como minoración de las obligaciones satisfechas, con lo cual podemos ir buscando como una especie de argucia contable para no tener claro cuándo se va a producir la contabilización de estas deducciones de la facturación por recetas.
La enmienda 260 va dirigida al artículo 59, y es una adición que propondríamos en el segundo renglón, cuando habla de la deducción de deudas del sector público y dice que se autoriza al Gobierno a establecer un procedimiento de deducción que permita retener a favor de la Seguridad Social los importes adeudados a la misma, tanto por la Administración central como por las administraciones de las comunidades autónomas o diputaciones. Nosotros proponemos introducir, después de «a favor de la Seguridad Social los importes...» «... del principal...» adeudados por las distintas administraciones. Lo que queremos evitar es que se pueda limitar o poner en dificultades financieras a la propia Administración del Estado en el ejercicio de actuaciones, sobre todo en el caso de los ayuntamientos y de entidades de carácter local, en competencias que no eran las que tenían.
La enmienda 261 va dirigida a la colaboración de las mutuas de accidentes en la gestión de la incapacidad temporal. Nosotros proponemos la supresión de este artículo que introduce esta colaboración en las bajas médicas, porque creemos que puede perjudicar la gestión en lugar de agilizarla, o por lo menos puede introducir criterios de interés que no sea solamente el de la situación de incapacidad temporal en que cualquier ciudadano pueda encontrarse en un momento determinado de la vida.
Al artículo 67, señor Presidente, además de una enmienda de supresión presentamos dos enmiendas de adición, la 263 y la 264. En este capítulo que nosotros llamábamos de desatención protectora de la Seguridad Social se trata de una adición a lo que es el texto actual que dice: «... en el momento de la producción de dichas situaciones.» Nosotros pretendemos sustituir ese párrafo, a la hora de solicitar la baja por desempleo, por un texto que dijera: «... pasados tres días desde la fecha real del momento de la producción de dichas situaciones.» Conforme está redactado tendría que comunicarse en el momento en que se produce, no hay una especificación en el tiempo, y eso podría crear situaciones de sanción y de pérdida de derechos cuando en realidad nada más que es una actuación que, aun tendente a evitar abusos, nosotros creemos que la interpretación literal, conforme está, podría provocar precisamente más abusos de la propia actuación de la Administración. Esas serían las dos enmiendas de adición, con las que pretendemos, tanto en el artículo 67 uno como en el 67 dos, precisar este texto. En todo caso, esas enmiendas funcionarían, señor Presidente, si nuestra enmienda anterior, la 262, no consiguiese suprimir este artículo. Como el tiempo parece ser que no está para llover, sobre todo por el calor que hace en esta sala, por si acaso, por si no se nos admite la supresión, hemos presentado estas dos enmiendas de adición.
La enmienda siguiente va dirigida al artículo 68, sobre las obligaciones de los trabajadores cuyo incumplimiento origina infracciones. Pedimos la supresión de este artículo, que vendría a otorgar una delegación de competencias a entidades asociadas a estos servicios integrados. Si se hiciese esto, deberíamos añadir que estas entidades asociadas deberían recibir del Instituto Nacional de Empleo una delegación expresa, puesto que si no estaríamos relativizando el papel del Inem en el control del incumplimiento de las obligaciones que los trabajadores pueden tener o de las infracciones que se puedan derivar de dicho incumplimiento.
Proponemos también la supresión de las sanciones por conducta de los trabajadores inscritos en las agencias de colocación, recién creadas por la reforma del mercado laboral, que ahora mismo son intermediarias. En el punto segundo se entenderían como faltas graves de los trabajadores rechazar una oferta de empleo adecuada ofrecida por estas agencias, no sólo por el Inem. Estamos hablando de agencias que cobran por esa prestación. Es verdad que es en sustitución de sus gastos de funcionamiento, pero tienen una opción de interés de intermediación. Nos parece que puede no tener relación con lo que es la profesión de la persona, no está ligado a ello y puede estar ligado al salario que se destina, puesto que la persona va a tener que ir a un puesto de trabajo, con independencia de la realidad que exista, no en la empresa receptora, sino en la propia empresa de trabajo temporal. Esta situación viene a desregular de manera agigantada la situación actual y va a crear graves problemas en los ciudadanos y en estas empresas que están creándose ahora mismo y sobre las que, por desgracia, los requisitos originarios de la ley que se aprobó en la reforma del año 1994 se están haciendo muy livianos y muy poco exigentes.
Pedimos también la supresión del artículo 70, en donde se regulan unos requisitos de carencia de rentas en función de unas responsabilidades familiares, tanto en el momento del hecho causante como durante su percepción.
Presentamos una enmienda de supresión del artículo 71, que habla de la extinción del derecho del subsidio de desempleo, que vendría a agravar la situación de personas que lo que menos necesitan es desprotección. En cuanto a la supresión del derecho al subsidio por desempleo se podrá decir que pueden tener trabajos complementarios o chapuzas, pero lo cierto es que las personas malviven con sus asignaciones. El fraude se podía empezar a corregir por otro lado más que en el subsidio de desempleo, en el que si hay situaciones anómalas son fácilmente corregibles.


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Proponemos, señor Presidente, la supresión del último párrafo del artículo 73, donde se habla de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva. Ese párrafo dice textualmente: «Igualmente, los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva que sean contratados como aprendices recuperarán dicha pensión durante los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes.» No sé por qué los contratos de aprendices deben tener un reconocimiento en esa situación de pensión de invalidez y otros no. En todo caso, es una medida un tanto sui generis la contenida en el párrafo del artículo 73.
El artículo 74, cuando habla de asistencia a extranjeros, al final del primer apartado hace referencia a las personas que estarán comprendidas en el sistema de la Seguridad Social. Nosotros proponemos que en la medida que no existan convenios de reciprocidad, se ampliarán estos mismos derechos a los residentes extranjeros, independientemente de la nacionalidad.
En nuestra enmienda 271 proponemos, señor Presidente, añadir la derogación de una previsión, que era el fomento de la ocupación y los contratos formativos dentro de la Ley 13 del año 1994 de medidas urgentes. Con nuestra enmienda 272 tratamos de incorporar una precisión en los contratos de formación en el artículo 75, y es que podrán celebrar contratos de trabajo de formación para la adquisición de conocimientos y para la percepción dentro de esos contratos de lo que pudiéramos llamar unos ingresos no inferiores al salario mínimo interprofesional. Por tanto, lo que queremos conseguir es que no sea una fórmula de contratación permanente y estable, sino que esté ligada precisamente a la obtención de la formación y no sea una fórmula de contrato barato.
Señor Presidente, termino con dos enmiendas. La 273 pretende modificar el punto 11 del artículo 77, en las prestaciones; punto 11 que precisa que las prestaciones reguladas en los números anteriores serán de aplicación a los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1997. Creemos que debe precisarse y ampliar la cobertura de estas ayudas y, por tanto, que fueran de aplicación a los hechos que hubieran dado lugar a procedimientos judiciales sobre los que, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, no hubiera recaído sentencia firme.
Señor Presidente, hay una enmienda, que es la enmienda 274, que por equivocación nuestra se ha formulado al artículo 81, cuando se refiere al artículo 80. Si se da cuenta, señor Presidente, hace referencia a las pensiones públicas, y el artículo 81 ya está dentro del título III y no dentro del capítulo IV. Por tanto, nuestra enmienda trata de suprimir toda esta calificación de la actual situación de derechos pasivos de los sistemas de previsión de las comunidades autónomas y corporaciones locales del fondo especial de la mutualidad de funcionarios públicos.
Esta definición como consideración de pensiones públicas nosotros no consideramos que sea necesaria hacerla en una especie de rondón, sino con una decisión clara y nítida. No sabemos si con esto lo que se quiere es incorporar al régimen de la Seguridad Social todo el sistema de lo que hoy son derechos pasivos o se quiere hacer de otra manera, pero nosotros, al no verlo claro, proponemos su supresión.
Espero haber sido conciso o, en todo caso, lo he intentado, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Muchas gracias, señor Ríos, y además absolutamente certero porque ha terminado usted a las nueve y cuarto, que era la hora en la que habíamos previsto suspender la sesión durante unos minutos.


El señor HOMS I FERRET: ¿Va a suspender la sesión, señor Presidente?

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Efectivamente.


El señor HOMS I FERRET: Es que ha dicho usted las nueve y cuarto y son las nueve y siete minutos, señor Presidente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): En Madrid son las nueve y cuarto; quizás sean las nueve y siete en Barcelona.


El señor HOMS I FERRET: La verdad, señor Presidente, es que creo que faltan unos minutos y mi intervención sería muy breve y, por tanto, podríamos...


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señores portavoces, dado que el señor Homs promete ser breve, y así se lo exigirá la presidencia, dado que el señor Zabalía sólo ha presentado tres enmiendas a este bloque, si les parece, terminamos con las intervenciones del Grupo Catalán y del Grupo Vasco (PNV), suspendemos y comienza la sesión media hora después con la réplica y la fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra para defender las enmiendas a este Título II el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente, por su reinterpretación de la decisión adoptada anteriormente y permitirme esa defensa, que va a ser muy breve, como le decía.
En este título II tenemos unas enmiendas puntuales que hemos planteado básicamente a todo lo relativo al capítulo de las entidades que integran el sistema de Seguridad Social y entidades gestoras. Nuestra enmienda 392 propone sustituir la referencia que se hace a entidades que integran la Seguridad Social ya que puede interpretarse que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social forman parte de dichas entidades de la Seguridad Social, cuando la realidad es que esas mutuas colaboran en la gestión de la Seguridad Social, pero no forman parte de la misma.
La enmienda 393 tiene por finalidad que no solamente se contemple la parte de la Administración sanitaria que depende de la Administración central del Estado, sino también aquella parte de la Administración que está transferida

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a las comunidades autónomas y, por tanto, estamos planteando que los descuentos en la facturación de las recetas correspondientes a las prestaciones farmacéuticas afecten no sólo al Insalud transferido, sino también a los servicios de salud que han sido transferidos a las comunidades autónomas.
Las restantes enmiendas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Un segundo, señor Homs.
Rogaría a los miembros de la Comisión que permanecieran un poco en silencio, dado que los señores taquígrafos no pueden recoger con exactitud las palabras del señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Las demás enmiendas, señor Presidente, se explican suficientemente en la justificación y no voy a referirme a ellas, excepto la 396, sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Nuestro Grupo propone esta enmienda agilizar la colaboración entre las mutuas y el Sistema Nacional de Salud, al objeto de posibilitar realmente la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por parte de las mutuas. Es una propuesta que hacemos de un mecanismo que permita y garantice la colaboración que deben establecer esas mutuas de accidentes de trabajo con el Sistema Nacional de Salud.
Señor Presidente, con esas observaciones doy por defendidas todas las enmiendas y le agradezco que me haya permitido intervenir en este turno.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Dado que las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Mixto se han dado por defendidas, para terminar el turno de enmiendas le doy la palabra al señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado tres enmiendas al título II de este proyecto de ley. Dos de ellas intentan mejorar el tratamiento de los trabajadores discapacitados y, concretamente en la primera, a través del fomento de la contratación por tiempo indefinido y en jornada completa, mediante una subvención de 800.000 pesetas por cada contrato de trabajo que se realice en estas condiciones y además con una bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social que sería del orden del 80 por ciento de la cuota para contrataciones de trabajadores menores de cuarenta y cinco años y del cien por cien para contratos efectuados a trabajadores mayores de cuarenta y cinco años. Con ello lo que intentamos es actualizar las ayudas que estaban establecidas para este colectivo, tanto en las subvenciones como en las bonificaciones por la contratación de estos trabajadores.
La otra enmienda, también referente a este colectivo de discapacitados o minusválidos, lo que propone es la tipificación como falta muy grave, en vez de como grave como está establecido en estos momentos, por el incumplimiento de las empresas en la obligación que tienen de reserva de puestos de trabajo para discapacitados, según establece la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Estas son las dos enmiendas que hacen referencia a este colectivo de discapacitados que ha formulado nuestro grupo parlamentario.
La tercera enmienda la ha presentado nuestro grupo parlamentario reiteradamente en los diversos proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado en los últimos tiempos y hace referencia al recargo del 8,20 por ciento que tienen que pagar los ayuntamientos y comunidades autónomas por las cotizaciones a la Seguridad Social del personal que en su día se integró en la Munpal. El hecho es que en la integración de la Mutualidad Nacional de Previsión de las Administraciones Locales al régimen general de la Seguridad Social se estableció este tipo adicional del 8,20 por ciento sobre la cotización de los ayuntamientos, y comparado este porcentaje con otros similares de integración que han existido y que estaban en tipos de cotización del 1 ó 2,2 por ciento, resulta francamente desproporcionado. No se tuvo en cuenta cuando se fijó este sistema adicional de cotización la elevada deuda que entonces tenían acumulada las distintas instituciones con la Munpal, que fue establecida en la fecha de integración, que fue el 1 de enero de 1993. Por otro lado, las administraciones locales y autonómicas no pagan ni dicho recargo ni siquiera el principal en algunos casos, con lo cual se crea un agravio comparativo importante, de tal manera que además hoy hay que tener en cuenta que la equiparación de las nuevas pensiones no es de carácter inmediato, sino que es paulatino, al producirse esta equiparación, digamos, durante los quince años, después del reciente acuerdo sobre pensiones que se ha firmado. Además, cuando se estableció el recargo del 8,20 por ciento tampoco se podía prever que posteriormente, como ya queda establecido después del Pacto de Toledo, iba a existir la separación de las fuentes de financiación establecidas, con lo cual esto también tendría unas consecuencias para el establecimiento del recargo del 8,20 por ciento.
Por todas estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario, como ya lo ha hecho en diversas ocasiones --en este caso hemos cambiado la propuesta-- propone que a partir del 1 de enero de 1998 se pueda proceder a una reducción en un 25 por ciento cada año hasta la desaparición total en el año 2001 de este tipo adicional del 8,20 por ciento. Con esto lo que pretendemos es no causar un perjuicio excesivo en cuanto a la paralización total de la tributación o de la recaudación por parte de la Seguridad Social, sino establecer un período por el cual, a partir del año 2001, podría quedar sin efecto esta cotización adicional del 8,20 por ciento que tienen las corporaciones locales.
Esta es la propuesta que hacemos, que espero que tenga la efectividad suficiente y el reconocimiento por parte de los demás grupos parlamentarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Vamos a suspender la sesión de la Comisión hasta las diez

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en punto de la noche; reloj de la Presidencia y no reloj del señor Homs.
Hasta la diez en punto.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Tiene la palabra el señor Hernando para manifestar la posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas por él formuladas, así como su posición en relación a las enmiendas presentadas por los demás grupos.


El señor HERNANDO FRAILE: Voy a ir haciendo referencia a las enmiendas del título II --De lo social-- de la ley de acompañamiento, en virtud no de su formulación por los distintos grupos, sino, por buscar un método más sistemático y más cómodo para todos, de acuerdo con la ordenación de las mismas al articulado de la ley.
En primer lugar, quiero agradecer el tono moderado, amable y siempre tranquilo del portavoz del Grupo Socialista, señor Cercas, que solamente ha calificado esta ley como desastrosa, improvisada, opaca, o ha expresado otros términos tales como escándalo, corrupción. Como decía al principio, es algo habitual en el lenguaje del señor Cercas que este portavoz siempre agradece.
Por lo que se refiere a algunas de las enmiendas --entro ya en materia--, vamos a comenzar por las presentadas al artículo 55. Son dos enmiendas.
La primera es la 257, del Grupo de Izquierda Unida, en la que se pretende la aplicación del régimen previsto en la Ley de contratos de las Administraciones públicas a los conciertos que para la prestación de la asistencia sanitaria se realicen por el Insalud. Eso es lo que pretende, no otra cosa, el texto del articulado. Por tanto, entiendo que las prevenciones manifestadas, tanto por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como por el propio portavoz del Grupo Socialista, señor Cercas, sobre las dudas que le ofrecía la regulación y la formulación de este artículo, nos parece que están fuera de tono.
Nosotros creemos que con este artículo 55 se va a permitir promover los concursos. Eso no va a ser modificado ni alterado y se va a realizar conforme a la Ley de Contratos del Estado.
Lo que sí introduce es la posibilidad de que los centros de gestión negocien las prestaciones conforme a sus necesidades. Esa autonomía que se les concede a los centros de gestión, a nuestro juicio, va a favorecer el mejor desarrollo de los contratos y a hacerlos más eficaces. Ello no va a suponer, en ningún caso que estos contratos puedan adjudicarse a dedo, como han manifestado aquí los dos portavoces de los grupos enmendantes. El contrato debe ser adjudicado conforme a la Ley de Contratos del Estado.
Lo que sí se abre es la posibilidad de emplear el procedimiento negociado del artículo 160.2 de la Ley 13/1995, de 13 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas, un mecanismo perfectamente contemplado en la ley y que pretendemos desarrollar. Por ello, tanto la enmienda 257, de Izquierda Unida, como la 150, del Grupo Socialista, van a ser desestimadas por nuestro grupo.
Al Artículo 56 existe una enmienda, la número 258, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en la que se propone suprimir el artículo del proyecto de ley de medidas fiscales. Con ese artículo lo que nosotros pretendemos es extender el control financiero permanente, que ha sido introducido ya en una primera etapa, que, a nuestro juicio, viene funcionando con éxito y que está contemplado en el artículo 89.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Pensamos que este sistema, que, repito, está en funcionamiento parcialmente, permitirá una mayor y una mejor detección de los problemas de gestión en los distintos centros y dotarlos de una mayor agilidad. Por tanto, no entendemos que sea necesario, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, la supresión propuesta por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Al artículo 57 se presenta una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la que se pretende excluir a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de lo que dispone el artículo 151 de la Ley General de Previsión, relativo al control y contabilidad de estas entidades. Nosotros opinamos que, si bien es cierto que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no son entidades gestoras de la Seguridad Social, al tratarse de asociaciones de empresarios con el objeto de colaborar en su gestión, y tal como establece el artículo 2 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, sí son parte integrante del Sistema de la Seguridad Social.
Por tanto, están sometidas a control por parte de la Intervención General de la Seguridad Social, así como al régimen de la contabilidad pública.
Por otra parte, en el artículo 71.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establece que las mutuas serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Y en el mismo sentido, señor Presidente, se pronuncia el apartado 1, del artículo 56, del Reglamento de Colaboración. Por tanto, esta enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) iría en contra de estos preceptos y, por ello, entendemos que no es éste el trámite en el que debe ser sustanciada la misma.
En lo que se refiere al artículo 58, también se han presentado otras enmiendas. La enmienda número 259, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pretende suprimir el artículo 58 de este proyecto de ley, y nosotros tenemos que desestimar la enmienda presentada, ya que los argumentos que emplea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no nos parecen satisfactorios. Con el sistema de minoración de las obligaciones satisfechas que propone el texto se podrá reflejar el coste real que la prestación farmacéutica comporta para el Insalud, y nos parece de extraordinaria importancia llegar a conocerlo. Sin embargo, sí vamos a aceptar la enmienda número 393, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).
Por lo que se refiere al artículo 59, señor Presidente, se han presentado tres enmiendas. La primera es la número

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151, del Grupo Socialista, y con ella se pretende que el procedimiento de deducción de deudas del sector público con la Seguridad Social al que se refiere el artículo, se pueda realizar respecto de todo el importe que por cualquier concepto haya de entregarse a la Administración o ente público deudor, y no sólo de las transferencias que deba recibir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Asumir esta enmienda implicaría una mayor efectividad, en principio, del procedimiento administrativo de deducción; sin embargo, es evidente que la propuesta excede de los límites de dicho procedimiento, ya que la misma lo convertiría en un procedimiento, a nuestro juicio, confiscatorio y retenedor de cualquier ingreso, fuere éste público o privado, que tuviera cualquier de las administraciones y entes públicos a los que se refiere este artículo. Asumir dicha propuesta, además, iría contra la naturaleza de las instituciones jurídicas, no sólo del procedimiento de deducción, sino también del procedimiento de descuento y de compensación. Incluso afectaría a las garantías formales de los bienes y créditos de las administraciones públicas.
La enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya número 260 sin embargo va al contrario de lo que pretende la anterior enmienda presentada por el Grupo Socialista y, a nuestro juicio, esta enmienda desconoce la naturaleza propia de las deudas con la Seguridad Social como consecuencia de incumplimientos en los ingresos de derecho público de la misma. A nuestro juicio, tan ingresos de derecho público son los recargos de mora o de apremio como el débito principal. Por tanto, vamos a votar en contra de la enmienda presentada por Izquierda Unida.
La enmienda número 394 ha sido presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y vamos a aceptarla y votarla favorablemente, ya que las razones que aduce entendemos que son fundadas, y lo son siempre que las resoluciones que se dicten al efecto sean cumplidas.
Al artículo 60 existen dos enmiendas: la número 467, de nuestro grupo, y la número 395, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); ambas son de un tenor similar. Ambas hacen referencia al mismo apartado y enmiendan el mismo verbo. Nosotros creemos que si aceptáramos una de las formulaciones, tal como está redactada stricto sensu, quizá no dejaríamos el texto lo suficientemente adecuado, ya que el texto, al decir «se consideren al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social», lo que pretende es establecer una ficción jurídica. No sólo se pretende afectar a aquellas que realmente se encuentren al corriente de pago, sino que hay algunas otras deudas, que, aun sin encontrarse o hallarse al corriente en el pago, pueden acogerse a las deducciones. Sin embargo, pueden no estar al corriente de pago por haber obtenido un aplazamiento de su deuda o por tenerla consignada, avalada o garantizada en cualquier forma, hasta que se resuelvan las impugnaciones administrativas o judiciales o, también, porque la ley conceda moratorias excepcionales, pero, en cualquier caso, estas situaciones están objetivadas por la norma. Por tanto, propondría una transaccional al Grupo de Convergència i Unió en la que se dijera que se entienda que se encuentren. Es decir, la enmienda diría: «que se entienda que se encuentren al corriente en el pago de las cuotas». Con ese texto, a nuestro juicio, queda mejor definida la intención, tanto del articulado como de ambos grupos parlamentarios.
Al artículo 61 se han presentado cuatro enmiendas. La 261, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pretende la supresión total del artículo.
En lo que incide fundamentalmente el artículo 61 es en la lucha contra el fraude. Por eso, creemos que es necesario mantener la actual redacción del precepto para intensificar la colaboración entre todas las entidades implicadas, con la finalidad de posibilitar una mayor eficacia en la gestión de la prestación de la incapacidad temporal. Por eso, vamos a desestimar esta pretensión de suprimir el artículo 61.
En cuanto a la pretensión de la enmienda de Convergència i Unió de modificar el artículo proponiendo mayores derechos a las aseguradoras para agilizar la colaboración en la gestión de las prestaciones de incapacidad laboral, entendemos que esto es más adecuado a través de un desarrollo reglamentario que, además, está previsto en el primer párrafo del artículo 61. Creo que es en el reglamento donde debíamos establecer el límite o la colaboración exacta que se produce entre las mutuas y las entidades gestoras en esta materia.
Además, a nuestro juicio, el contenido de la enmienda llevaría a la revisión de diversos preceptos vigentes en materia de colaboración que ya están funcionando en estos momentos en la gestión que se ha asignado a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y que no están reguladas normativamente porque están pendientes de ese desarrollo reglamentario. Por tanto, entendemos que sería conveniente que el propio Grupo Catalán retirara esta enmienda.
Sí vamos a aceptar la enmienda número 152 del Grupo Socialista al párrafo primero, que es de mejora técnica. Por tanto, vamos a votar a favor.
Sin embargo, no vamos a aceptar la enmienda 153 del mismo grupo porque, si la aceptáramos, permitiría introducir un alto grado de discrecionalidad en un área en la que es preciso establecer criterios claros y uniformes para todo el sistema sanitario y de protección social.
Principios que, además, y a diferencia de lo que se argumenta en la enmienda, no van en contra del hecho de la gestión descentralizada del Sistema Nacional de Salud, que ya se contempla a través de las comunidades autónomas. A nuestro juicio, estas comunidades autónomas están representadas precisamente en el Consejo Interterritorial de Salud.
Además, el Consejo Interterritorial de Salud no queda limitado en sus competencias ni reducido a emitir opiniones, sino que tiene una participación activa en la configuración de los criterios de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas en la configuración de los criterios del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, no vamos a aceptarla.
Al artículo 62 hay una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) al párrafo segundo, que también vamos a aceptar porque es una enmienda técnica que mejora la redacción de este párrafo.


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Por lo que se refiere al artículo 65, ha presentado otra enmienda el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que pretende la supresión de dicho artículo por suponer una deslegalización de la materia de cotización, según este grupo. Nosotros, frente a lo que se dice en la enmienda, no pretendemos a través de este artículo 65 deslegalizar la materia de cotización a la Seguridad Social, sino evitar precisamente algunos aspectos que se habían producido en cuanto a la subjetividad que existía por parte de la Administración al aplicar el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social. Eso supone que mediante norma de rango adecuado se fijen los requisitos y cuantías por los que determinados conceptos salariales quedan excluidos de la cotización a la Seguridad Social. Si aceptáramos la enmienda, se consagraría la situación actual en la que esa falta de determinación provoca precisamente la actuación discriminada y discriminatoria de la Seguridad Social, que da un amplio margen a la Administración que, a nuestro juicio no debe tener, porque ello provoca situaciones de agravio y crea una situación de inseguridad jurídica para los cotizantes.
Al artículo 66 también se ha presentado otra enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la que se pretende suprimir el artículo 66.
Nosotros creemos, por lo que hemos deducido de la lectura de la enmienda, que quizá no se ha tenido en cuenta que en el texto del proyecto únicamente se pretende que la responsabilidad del deudor con la Seguridad Social, según la naturaleza de la misma, alcance no sólo al empresario sino a los demás obligados al cumplimiento del pago de las deudas con la Seguridad Social; es decir, el deudor solidario en los términos previstos en los artículos 1.137 y siguientes del Código Civil y además el subsidiario, solamente en defecto de no hacerlo el responsable principal y por la cuantía que tuviere avalada o garantizada. Si suprimiéramos este artículo, señor portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos estaríamos apartando de las construcciones doctrinales de la responsabilidad solidaria y además estaríamos, a nuestro juicio, estimulando el posible fraude en supuestos sustantivos de imputación de responsabilidad solidaria en el ámbito de la Seguridad Social, ya que la supresión llevaría a que en el peor de los casos se abonare en momento muy posterior únicamente el principal, sin recargo alguno, con el consiguiente aplazamiento de hecho para el solidario.
Al artículo 67 se han presentado cinco enmiendas, tres del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y dos del Grupo Mixto. En la primera del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como decía antes el señor Ríos, se pide lo más, que es la supresión del artículo en su totalidad. A nuestro juicio el artículo da una mayor agilidad en la gestión dinámica del derecho a las prestaciones por desempleo, evitando que se produzcan situaciones de percepción indebida en dichas prestaciones. Eso se hace obligando a comunicar las bajas y las prestaciones en el momento que se produzcan las situaciones de suspensión o adscripción del derecho o se dejen de reunir los requisitos para su percepción. Por tanto, creemos que es necesario mantener este artículo 67 y vamos a votar en contra de la enmienda.
Además vamos a votar no al resto de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este artículo, tanto en las que pide un plazo de tres días para comunicar esta baja a los dos apartados, así como a las que presenta el Grupo Mixto dando un plazo mayor, de 15 días. Eso se debe a que hay algunos casos de baja que no permiten, señor Ríos, la comunicación de baja a posteriori. Piense usted que existen casos en los que hay traslados al extranjero, ingresos en prisión, cumplimiento del servicio militar y es en esos momentos cuando se produce la baja. Si no se comunicara previamente en algunos casos habría dificultades para poder hacer esa comunicación en el plazo que ustedes dan. Por eso pretendemos que en el momento que se produzca la baja o cuando se deje de tener esos derechos a la percepción previamente la baja esté comunicada por el afectado.
Al artículo 68 se han presentado otras dos enmiendas. En la 265 de Izquierda Unida se pretende la supresión total del artículo. Con este artículo no se disminuyen las competencias legales del Instituto Nacional de Empleo para fiscalizar estas entidades asociadas de los SIPE, como ha argumentado el señor Ríos en su exposición, ni tampoco para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Es una obligación del Instituto Nacional de Empleo fiscalizar a estas entidades asociadas. El artículo no va en contra de lo que ya prevé la ley ni lo deja al margen. Por tanto, no son aceptables los argumentos que se han expresado para suprimir este artículo.
Sí vamos a aceptar una parte de la enmienda número 154, del Grupo Socialista, que contenía dos aspectos. En uno pretendía cambiar en el primer párrafo la preposición «ante» por la preposición «por». Nosotros creemos que eso debe de seguir así porque mantiene el sentido del texto; lo contrario desvirtuaría el objeto. Sin embargo, sí entendemos que es positiva la inclusión de la obligación de comparecer ante las agencias de colocación sin fines lucrativos. El portavoz del Grupo Socialista, señor Cercas, de forma tremendista, nos acusaba de que se había olvidado.
Quiero decirle que en este caso lleva razón en el fondo, aunque, como siempre, no en el tono por la forma en que expresa sus argumentos.
El artículo 69 tiene otras tres enmiendas, dos del Grupo Mixto y una de Izquierda Unida. La 266, de Izquierda Unida, pretende la supresión del artículo. Este artículo, al igual que otros anteriores, va en el paquete de lo que hemos denominado desde nuestro grupo y desde el propio Gobierno medidas de lucha contra el fraude, por eso creemos que este artículo debe mantenerse; para mayor seguridad jurídica se debían tipificar las infracciones que pueden producirse por incumplimiento de los perceptores de las prestaciones por desempleo, que suponen conductas negativas a su reinserción laboral ante las empresas de colocación sin fines lucrativos o ante las entidades asociadas de los SIPE. Es el mismo tratamiento que se da a los desempleados que están inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.
Las enmiendas 86 y 87, del Grupo Mixto, que vamos a votar en contra, pretenden incorporar la necesaria comprobación

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por el Instituto Nacional de Empleo de los hechos que se produzcan ante las agencias de colocación. Nos parece que esto es redundante porque ya el Inem tiene que comprobar los hechos de oficio sin necesidad de que se introduzca esta enmienda, al ser competente para sancionar las infracciones recogidas en el artículo. Por tanto, no entendemos que sea necesario introducir ninguna de estas dos enmiendas del Grupo Mixto.
Al artículo 69 bis (nuevo) se presentan dos enmiendas, las números 49 y 50 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En principio, no entendemos que sea necesario aceptar ninguna de las dos. Nosotros creemos que las bonificaciones existentes en las cotizaciones para la incorporación de los minusválidos, tanto para los mayores de 45 años como para los menores de 45 años, son suficientes, son del 70 y del 90 por ciento, respectivamente; por tanto, creemos que en estos términos está justamente reconocido el tratamiento, discriminatorio y favorable, a los minusválidos.
La segunda enmienda, la número 50, que iba en el mismo sentido, la hubiéramos entendido siempre que hubiese sido formulada en términos positivos y no en el que va, que es tipificar como muy grave el incumplimiento de la reserva de puestos para minusválidos. Yo creo que todas las medidas que se adopten para favorecer la incorporación de los minusválidos a puestos de trabajo deben ser valoradas positivamente, pero en este caso, tipificar un agravamiento de las sanciones cuando no se reserven puestos de trabajo nos parece que no es razonable. Esto ya está previsto en la ley, tiene su sanción perfectamente señalada y no nos parece demasiado adecuada la inclusión de esta enmienda.
Al artículo 70, señor Presidente, se han presentado otras dos enmiendas, la número 88, del Grupo Mixto, y la 267, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Izquierda Unida sigue pretendiendo suprimir toda esta serie de artículos que vienen, a nuestro juicio, dentro del paquete de lucha contra el fraude, y en este caso también se le había unido el portavoz del Grupo Mixto. Vamos a votar ambas enmiendas negativamente.
Al artículo 71 se ha presentado la enmienda 89, del Grupo Mixto, y la número 268, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es similar a la del Grupo Mixto, en las que se pretende la supresión de este artículo, con una argumentación que en muchas ocasiones se utiliza por parte de Izquierda Unida y es que, cuando se persigue el fraude, no es lo mismo si el fraude se comete por unas personas o por otras. Para nosotros, el fraude es fraude y el fraude en las prestaciones debe combatirse, lo practiquen unas personas o lo practiquen otras. Con este artículo, el Gobierno del Partido Popular en ningún caso pretende perseguir a las clases menos favorecidas, como demagógicamente me parece que argumenta alguno de los grupos que presentan estas enmiendas. También ha presentado una enmienda, la número 155, el Grupo Parlamentario Socialista, que pretende dar una nueva redacción al artículo introduciendo modificaciones sobre los apartados del artículo 215 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social. A nosotros no nos parece bien la modificación propuesta porque no aporta nada y, sin embargo, sí se deja una de las referencias que se hace expresamente, que es la relativa al apartado 1.3 del artículo 215 del texto refundido, en cuanto a la extinción del subsidio cuando se obtengan rentas superiores a las establecidas en ese apartado del artículo 215. Por tanto, la vamos a votar negativamente.
Al artículo 73, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretende la supresión del último párrafo de dicho artículo y, además, tiene relación con otras formulaciones que se han venido realizando sobre la concepción que Izquierda Unida tiene del contrato de aprendizaje. Esta mañana hemos discutido también otras enmiendas que había presentado el mismo grupo respecto de este asunto al debatir el proyecto de ley de presupuestos. Nosotros creemos que con esta enmienda se pretende equiparar los derechos del contrato de aprendizaje con los que tienen otro tipo de contratos, y esto entraría en contradicción con la disposición adicional sexta de la Ley general de Seguridad Social, que excluye la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a los aprendices.
Al artículo 74 --y vamos acabando-- se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuya finalidad es posibilitar que los extranjeros que residan en el territorio español continuadamente puedan acceder a las prestaciones de la modalidad no contributiva, aunque no existan convenios de reciprocidad. Si aceptáramos esta enmienda, estaríamos haciendo incursiones en asuntos de Derecho internacional que están perfectamente regulados a través de convenios internacionales con distintos países, y supondría la igualdad para los ciudadanos de otros países que se encuentran en estas condiciones, sin que hubiera una referencia a un convenio internacional que, además, aprueban las Cámaras. Por tanto, estaríamos renunciando, a mi juicio, a una competencia clara de las Cortes Generales, marcada por la Constitución, y a la posibilidad de negociaciones de la firma de convenios bilaterales de España con otros países. Por tanto, tampoco la vamos a aceptar.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha presentado al artículo 75 bis (nuevo) una enmienda de adición referida al tema de la Munpal. A nuestro juicio el tipo adicional del 8,20 por ciento señalado, que ponía en duda el portavoz de este Grupo, señor Zabalía, responde a un cálculo actuarial realizado para determinar el coste de integración de las pensiones de los funcionarios de la Munpal que eran objeto de integración cuando pasaron al sistema de la Seguridad Social, así como el reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos de prestación de servicios en la Administración local por parte del personal activo. El hecho de que se pueda haber establecido un tipo de cotización adicional en el proceso de integración de la Munpal mayor que el establecido en otros procesos de integración, se debe únicamente a la diferencia entre los recursos aportados por la Munpal en el momento de la integración y el coste real de esa integración. La aprobación de esta enmienda supondría un fuerte quebranto en los ingresos previstos para la Seguridad Social, lo cual se vería

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obligada a abonar las pensiones integradas, así como a hacer frente a la parte de pensión correspondiente a los períodos cotizados en la Munpal, sin contar con los recursos financieros que dieran cobertura parcial al pago de dichas prestaciones. Esto supondría, señorías, un grave incremento del déficit público y, por tanto, no podemos votar esta enmienda favorablemente.
A este artículo 75 bis (nuevo), se ha presentado la enmienda 271, de Izquierda Unida, mediante la que se pretende añadir un nuevo capítulo al título II. Tampoco vamos a aceptar esta enmienda porque, a nuestro juicio, no procede en el marco de esta ley. Entendemos que la referencia debería hacerse al artículo 3.º de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre contratos formativos. El objetivo que pretende este artículo es crear empleo y facilitar la formación y la inserción profesional de los jóvenes y no dejar sin efecto las medidas que consideramos útiles para los objetivos indicados.
La enmienda 272, al artículo 75, ter (nuevo), del Grupo de Izquierda Unida, tampoco la vamos a votar favorablemente, porque mediante los cinco epígrafes de esta enmienda lo que pretende el Grupo de Izquierda Unida es la reimplantación del contrato de formación derogado por el Real Decreto-ley 18/1993 y sustituido actualmente por el contrato de aprendizaje en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 11. A nuestro juicio una revisión del estatuto no puede contemplarse en esta ley y no puede contemplarse de forma tan parcializada como la que pretende el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nosotros estamos convencidos de que es necesario proceder a la reforma laboral. Hemos concitado y convocado a los agentes sociales para ello y somos respetuosos con los agentes sociales, aunque en reiteradas ocasiones hemos pedido a los sindicatos, organizaciones sindicales y empresariales que aceleren sus trabajos al objeto de proceder a la reforma laboral; una reforma laboral que, a nuestro juicio, debe ir encaminada a la consecución de mayor empleo fijo y estable en nuestro país. Por tanto, y al ser ésta una modificación parcial, creemos que no es el momento adecuado ni es ésta la ley oportuna ni, en consecuencia, merece nuestra aprobación.
Al artículo 76, el Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 156, defendida por la señora Fernández de la Vega, que no he entendido muy bien la argumentación que ha expresado a lo largo de su defensa, porque, al final, lo único que hace en su enmienda es incrementar el proceso en cuanto a la resarcibilidad por el Estado de los daños corporales y materiales que se causen con ocasión de delitos de terrorismo. El Grupo Socialista pretende incluir el esclarecimiento y represión y, sin embargo, en la defensa de la señora Fernández de la Vega, parecía que estaba hablando de otras cosas, incluso de si quien iba a tener que pagar estos daños sería el Ministerio de Interior o el Ministerio de Economía y Hacienda. Yo creo que el artículo no hace referencia a ello. Esto tiene que ser desarrollado de forma reglamentaria o a través de otra norma, y me parecen muy bien las dudas de la señora Fernández de la Vega, pero no entiendo el planteamiento que se hace. Por otra parte, creemos que no procede la inclusión de los daños recogidos en la enmienda, porque los mismos ya son indemnizables al amparo de la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial del Estado, contemplada en el artículo 106.2 de la Constitución, y 139 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, pues en el referido supuesto, se está en presencia de lesiones sufridas por particulares como consecuencia del funcionamiento normal o incluso, en algún raro caso anormal de los servicios públicos, en este caso de la policía, y, por tanto, no entendemos ni vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Al artículo 77, se ha presentado la enmienda número 273, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A nuestro juicio, no procede la modificación pretendida por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya que los resarcimientos a víctimas de delitos terroristas no se vinculan a los procedimientos policiales seguidos por tales delitos, de forma que el resarcimiento se reconoce y hace efectivo una vez que en vía administrativa queda acreditado el carácter de hecho terrorista del evento dañoso, lo que es indispensable para reconocer el resarcimiento con la máxima rapidez. Por otra parte, la extensión que se pretende por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del ámbito temporal de los resarcimientos, sería económicamente muy gravoso, ya que por la larga duración de los procesos judiciales, habrían de revisarse resarcimientos por hechos producidos desde hace bastantes años; por tanto, vamos a votar negativamente a esta enmienda.
Por último, las enmiendas al artículo 80, entre las que incluyo la número 274, de Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se había presentado de forma errónea, tal como ha señalado el señor Ríos, al artículo 81, y que vamos a votar igualmente en contra.
Nosotros hemos presentado la enmienda número 468 a este artículo 80, párrafo primero (nuevo) que, obviamente, votaremos a favor.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE:¿Se da cuenta, señor Martínez-Pujalte, que otro vendrá que bueno le hará, con todos los respetos para el señor Hernando? Les quiero decir a todos ustedes, señoras y señores Diputados, que si están al tanto de los avances de naturaleza científica que podemos conocer, se ha descubierto el porqué la nicotina es mala para salud, y es porque desinhibe los sistemas fisiológicos que impiden el crecimiento de las células cancerígenas. Se lo quiero recordar a todos ustedes, sobre todo a SS. SS. femeninas, en el sentido de que además a estas horas de la noche el tabaco perjudica seriamente su salud. Se lo quiero decir a ustedes como consejo y como reflexión a lo largo de esta noche, y creo que es bueno también tomarlo en consideración.
Debatido el título II de este proyecto de ley, pasamos a debatir el título III. Para defender las enmiendas y fijar su posición en relación con las enmiendas de los demás grupos, tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, el señor Caldera.


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El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias por el consejo, señor Presidente.
Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo a la hora de analizar este título III, porque materias tan heterogéneas --menos mal que aquí no se incluye nada relacionado con el pernicioso vicio del tabaco-- son difíciles de asumir, de interiorizar, estudiar y enmendar. Como decía el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Saura, no sin cierta ironía, en la Junta de Portavoces, ésta parece la verdadera ley de presupuestos, y las otras la acompañan. Es tal la modificación del ordenamiento jurídico que provoca que estamos anonadados, nos cae el peso de la mal llamada ley de acompañamiento, porque ésta es la verdadera ley.
Hemos hecho un gran esfuerzo, y dentro de la racionalidad que hemos podido alcanzar nuestras enmiendas son pocas, como una muestra además de buena voluntad; son pocas, significativas, pero tienen que venir precedidas de un discurso previo. El gran problema de la regulación que se aborda en este título III está una vez más en la quiebra de un derecho, y es el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva. Yo tengo aquí el texto --que prometo ir desgranando a lo largo del iter parlamentario--, del acuerdo entre la Administración y los sindicatos para el período 1995/97, donde se establecen elementos esenciales de muchas materias que aquí se regulan, y se regulan vulnerando su contenido y sin haber llamado a los representantes de los empleados públicos a la mesa negociadora para discutir con ellos estos preceptos.
Sin duda algunos de ellos son rechazables, otros creo que pueden ser aceptados, pero el defecto original parte del hecho de que no ha habido negociación, no ha habido entendimiento o comunicación con los representantes de los empleados públicos, porque en estos acuerdos se habla del empleo público, de la planificación de los recursos humanos, de las políticas de desarrollo de recursos humanos, gestión de personal, negociación de planes de empleo, criterios para la oferta de empleo público, que aquí se regulan, conversión de plazas temporales en fijas --también hay algún precepto que le afecta--, criterios sobre carrera y promoción, sobre promoción interna de los diversos grupos que compone la función pública española, del E al A, sobre la formación, etcétera. Por tanto, repito una vez más la protesta política de mi grupo parlamentario en el sentido de que deberían haber sido discutidos, negociados en su aplicación con los representantes de los empleados públicos.
Voy a defender algunas enmiendas del Grupo Socialista y me pronunciaré también sobre algunas de otros grupos parlamentarios que creemos merecen nuestro apoyo para no hacer tediosa esta intervención, porque lo esencial lo he dicho ya. Todo lo aquí contenido podría ser perfectamente razonable siempre que hubiera cumplido el trámite previo necesario: negociación y acuerdo con el colectivo al que va dirigida esta regulación, al menos intento de acuerdo, por lo menos comienzo de la negociación.
Nosotros enmendamos así, por ejemplo, el artículo 82, que pretende modificar el artículo 18 de la Ley de Reforma de la Función pública, porque esta declaración que hace el proyecto de ley impide la reasignación de funcionarios sometidos a planes de empleo. Es decir, lo que pretende el proyecto de ley es eludir, evitar la realización de concurso previo cuando existen plazas vacantes entre quienes ya tuvieren la condición de funcionarios. Dado que ha habido colectivos de empleados públicos sometidos a procesos de planes de empleo, es lógico que debiera respetarse el derecho preferente de éstos para el acceso a las plazas vacantes que puedan irse dando en la Administración.
Al artículo 83 nos oponemos, porque da una regulación de la excedencia voluntaria un tanto extraña. Estamos de acuerdo con todo salvo en un punto: elimina --y no sabemos por qué-- el período máximo de permanencia en esa situación administrativa. Cualquier funcionario, como todo el mundo sabe, tiene derecho a solicitar la excedencia, pero la regulación actual concede un plazo máximo para la permanencia en esa situación administrativa, por necesidades derivadas del servicio, de quince años.
El proyecto de ley lo elimina, de tal suerte que esto puede producir beneficios muy minoritarios a determinados altos cuerpos de la Administración que pueden caer en la tentación de aprovechar, estando en la situación de excedencia especial muy próximos a la edad de la jubilación, un reingreso en el servicio activo para disfrutar de las facilidades o los beneficios de esa condición de cara a su jubilación. No parece razonable eliminar ese extremo y le pido al Grupo Parlamentario Popular que lo piense porque los representantes de los funcionarios y empleados públicos se han quejado especialmente con respecto a este punto.
Mi grupo no enmienda el artículo 84, pero hay una enmienda bastante razonable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que vamos a apoyar y que tiene que ver con la posibilidad de que se les permita a los funcionarios que hayan perdido su condición por una serie de casos tasados --ellos hablan de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente-- la rehabilitación. Parece bastante razonable que preveamos esta posibilidad de reingreso cuando se dan estas circunstancias, así como un procedimiento de rehabilitación, a petición del interesado, para cuando haya existido una condena a pena principal o accesoria de inhabilitación también en determinadas circunstancias.
La justificación que hace el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) me parece evidente, en el sentido de que se pueden referir a personas que hayan perdido su puesto de trabajo por razones de objeción de conciencia, por ejemplo. Dado que en el resto del ordenamiento se ha producido un cambio evidente en el tratamiento, especialmente en el Código Penal, de aquellos que objetan por motivos de conciencia, parece razonable permitir un procedimiento de reingreso, por lo que mi grupo parlamentario va a apoyar esta enmienda.
Hay un hecho importante que no enmendamos y lo hacemos de forma consciente. Es el artículo 86. Es un debate de consecuencias serias para la Administración pública. Tiene que ver con el alargamiento voluntario, cierto es, de la jubilación forzosa de los funcionarios públicos españoles, de tal modo que se establece que éstos de forma voluntaria, entre los 65 y los 70 años, podrán decidir la prolongación

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en el servicio activo y, por tanto, la no jubilación forzosa a los 65 años.
Nos vamos a abstener de enmendar este artículo y le voy a explicar por qué. Porque es un artículo que opera sobre una realidad contradictoria.
De una parte, como es lógico, obtura, impide el acceso a la Función pública de jóvenes que estén en disposición de hacerlo por cuanto elimina una posibilidad de oferta de empleo público, pero esa realidad hay que ponerla en consonancia con la actual situación económica, con la necesidad de cumplir con unos criterios de convergencia y con la necesidad de establecer el menor gasto posible. De ahí el planteamiento restrictivo que hace el Gobierno y lo compartimos en la oferta de empleo público en la tasa de reposición de las bajas que se produzcan a lo largo del ejercicio y, por tanto, debemos valorar estos dos bienes en presencia.
¿Por qué nos vamos a abstener? Fundamentalmente por una razón, porque el colectivo al que va dirigido no ha sido consultado. No se ha discutido con los representantes de los empleados públicos, no se ha negociado con ellos y el Partido Popular en la anterior legislatura afirmó que el lugar idóneo para una medida de esta naturaleza era un non nato, un prometido estatuto de la Función pública. Probablemente ése sea el marco natural y no deberíamos tomar decisiones ahora que puedan ser precipitadas, pero --repito-- mi grupo se abstiene en función de esa otra reflexión que he hecho.
Por último, hay otro motivo para la abstención: que el artículo excluye a determinados colectivos que tienen normas específicas de jubilación, que deberían revisarse también, porque el resultado final pudiera ser discriminatorio. Podría poner --no quiero alargar esta exposición-- ejemplos concretos en los que en el mismo ámbito de trabajo, por ejemplo en educación, habrá situaciones distintas entre funcionarios: unos podrán jubilarse a los 70 años y otros deberán jubilarse imperativamente a los 65. Si esta medida se aprueba, le rogaría al Gobierno y al grupo que lo sustenta que en ese futuro estatuto de la Función pública procediera a un planteamiento negociador previo con los representantes de los empleados públicos y a eliminar algunos de estos problemas.
Proponemos la eliminación del artículo 89 porque no hay razones que avalen la variación del régimen legal existente; tiene que ver con la competencia en relación con los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.
En el artículo 94 quiero detenerme brevísimamente, porque creo que es un artículo importante. Se da una solución extraña de privilegio, en nuestra opinión, al personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud, que puede incorporarse a otras entidades que se creen a partir de los procedimientos establecidos en el Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio.
Como saben ustedes, mi grupo ha criticado por activa y por pasiva este decreto-ley, porque todavía no se han explicado los españoles qué van a suponer los procedimientos que establece en la gestión del Sistema Nacional de Salud. Es decir, si la descentralización se va a hacer exclusivamente a partir de fórmulas de entidades públicas, aunque sometidas algunos aspectos al derecho privado, o también, como nosotros sospechamos, se va a poder habilitar la prestación de servicios que ahora hace el Sistema Nacional de Salud a empresas de carácter privado.
Como esto no está claro, nosotros estamos en contra de este artículo, porque si fuere un mecanismo de adaptación del paso del actual personal estatutario del Sistema Nacional de Salud a otras entidades de carácter público (y hay algunos ejemplos de determinadas comunidades autónomas, Andalucía y creo que Galicia) para la prestación de estos servicios, y hay que hacerlo como colchón de seguridad para este personal en tanto en cuanto comienzan a funcionar estos sistemas, siendo públicos no habría inconveniente, porque no es una excedencia de lo que se habla aquí.
Fíjense SS. SS. que se hace reserva de plaza, y la excedencia voluntaria, cuando lo es, no supone en modo alguno la reserva de plaza para el empleado público que la solicita. Sin embargo, aquí durante tres años se mantiene la plaza en situación de reserva más bien que de excedencia, por tanto, impropiamente llamada excedencia voluntaria y, al mismo tiempo, hace un planteamiento de rigidez por cuanto esta ley obliga, si se quiere retornar a la Administración de origen, es decir, al Sistema Nacional de Salud, a incorporarse, bien en la modalidad de atención primaria o atención especializada cuando, por ejemplo, en el caso de la enfermería pudiera haber un procedimiento de intercambio que hiciera más útil este tránsito.
Por eso nos oponemos a esta enmienda. Como nos oponemos a lo regulado en el artículo 105, que se pretende suprimir con la enmienda 161. Fíjese usted lo que dice el artículo 105: Que los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado, donde no dudamos que es necesario que se produzca una adscripción, mantendrán su régimen retributivo propio, que es el de arancel.
¿Cómo es posible que se mantenga? No lo entendemos. Deseamos que se nos explique. El régimen retributivo propio, es decir, el de arancel, cuando se produce la adscripción a un órgano de la Administración, en este caso el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Registros y Notariado, donde lógicamente las tareas a desempeñar son totalmente distintas (de asesoramiento, etcétera) a las del ejercicio activo de la profesión de notario o registradores de la propiedad. En tanto en cuanto no se nos explique, nosotros nos opondremos a este artículo.
Por último, voy a hacer referencia a la enmienda 162 de mi Grupo, al artículo 197, que entendemos importante. Tiene que ver con la orfandad.
Dada la revisión que se produce, de acuerdo con lo que esta Cámara ha aprobado, en la ampliación de la edad de orfandad en clases pasivas, en el sistema que estamos discutiendo, de 18 a 21 años, puede darse un caso de injusticia para todos aquellos beneficiarios que hayan perdido el derecho y pudieran estar todavía entre los 18 y los 21 años antes de la entrada en vigor de esta ley. Las señorías del Grupo Parlamentario Popular se habrán dado cuenta de que conviene proceder no sólo al reconocimiento a petición propia de este derecho, sino de oficio a la revisión de todos aquellos que pudieran estar todavía en los 19 ó 20 años y pudieran tener derecho al mantenimiento, la ampliación de la pensión de orfandad. Me

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parece muy importante esta enmienda, y de ahí que les propongamos que la tomen en consideración.
Vamos a votar favorablemente enmiendas de otros grupos, singularmente de Izquierda Unida. Hay algunas de ellas que nos parecen importantes, que van en la línea de lo que he explicado, y para no alargar más mi intervención, con esto acabo.


El señor PRESIDENTE: ¿Ha acabado ya la intervención? (Asentimiento.) ¿No cita a Cervantes?

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Hoy no toca.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a intentar defender nuestras 18 enmiendas a este título III, con el objetivo de convencer. Yo sé que cuando se discuten enmiendas presupuestarias unos pueden venir con las anotaciones, con la chuleta hecha de cómo se ven desde la Administración que gobierna las enmiendas que proponen los grupos de la oposición. pero sin conocer esas opiniones, voy a intentar convencer para que se puedan aceptar algunos de los criterios de Izquierda Unida, aunque no sea textualmente.
Si se suprimiera todo este título III relativo a las retribuciones, situaciones y modificación del régimen de los funcionarios públicos no complicaría en exceso, máxime cuando la Administración central, el propio Ministro y el secretario de Estado han dicho que tienen abiertas mesas de negociación con los agentes sociales, no ya para los salarios, que de hecho están dispuestos a negociar siempre que acepten la propuesta originaria del Gobierno, es decir, subida cero, sino para la oferta pública de empleo, la promoción interna, las condiciones y las gratificaciones. Si están abiertas mesas de negociación, algunas de ellas muy importantes, ¿por qué proceder a esta regulación? No sería tampoco una complicación para el Gobierno que tendría actuaciones posteriores para poder regular lo que aquí se pretende hoy.
Nuestro objetivo sería que se retirasen los efectos perjudiciales de esta regulación que propone el Gobierno a expensas del resultado de las distintas mesas de la Función pública. Pero me gustaría centrarme fundamentalmente en tres enmiendas. La número 283, sobre el fomento de la jubilación a los 70 años; la 284, sobre la situación del personal laboral ante las vacantes que se puedan cubrir de la Función pública y el ingreso mediante el concurso-oposición, y la número 285, que serían los concursos internos para que los cuerpos D y C puedan acceder a plazas de los grupos C y B.
Se puede decir que determinados puestos de la Función pública de alto nivel podrían ver con agrado el que se estimulara la jubilación a los 70 años, pero los servidores públicos no sólo son los de estos grupos.
Además hay servicios públicos que necesitan de una dedicación física y mental muy importante. No me imagino a una persona de 70 años dando clase a unos niños de 3 a 5 años, aunque quien lo quiera hacer puede hacerlo.
Si dura más de dos días, la evolución la conoceremos después. La calidad en el servicio público no va a verse beneficiada con esta decisión. Hay otros servicios que necesitan de una presencia muy activa, como puede ser la conservación de la Red Nacional de Carreteras, del antiguo MOTPMA, hoy Ministerio de Fomento. Si los operarios y los peones camineros que trabajan en la carretera tienen 70 años ello repercutirá en la eficacia para arreglar y reparar las carreteras. Creo que la enmienda no ha reflexionado sobre la calidad del servicio o la mejora de la prestación de los servicios, sino simplemente con el objetivo de evitar la oferta pública de empleo, la incorporación de jóvenes o el pago de determinadas prestaciones pasivas.
La enmienda 284 propone la incorporación del personal laboral de la Administración a las vacantes que se puedan producir en los distintos cuerpos y escalas a través de un concurso-oposición. ¿Qué pretendemos? Que antes de salir a concurso-oposición se ofrezcan las vacantes al personal que ya está dentro, reconociendo la experiencia y el historial del personal laboral. Por cierto, en la Administración no hay mucha diferencia entre un ATS o un arquitecto, funcionarios o personal laboral.
La enmienda 285 pretende facilitar la promoción interna de los cuerpos inferiores hacia las vacantes que se puedan producir en los cuerpos superiores. Esto supondría la convocatoria de concursos de méritos para el personal de la Función pública antes de sacar a concurso-oposición las vacantes que se puedan producir.
Las demás enmiendas, señor Presidente, hacen referencia a determinadas precisiones al artículo 81. La número 275 propone sustituir la expresión: «tiempo de servicios prestados por : «tiempo en activo», para hablar de cada día de servicios prestados a la hora de las pagas extraordinarias.
Proponemos también calcular hasta el último día en situación de activo y utilizar siempre los servicios en activo efectivamente prestados, porque la redacción del proyecto es bastante ambigua.
Tenemos cinco enmiendas al artículo 82, sobre la provisión de puestos de trabajo y las vacantes que se pueden producir. Ya he hecho referencia antes, con una propuesta diferente, a lo que significaría la supresión de los números 2 y 3 del citado artículo del proyecto del Gobierno. Y tenemos una serie de enmiendas a otros artículos que intentan regular algo que no sería imprescindible abordar ahora porque podría hacerse después de la negociación con los agentes sociales. Esperamos que las enmiendas puedan ser tenidas en cuenta, aunque es difícil que el Grupo Popular acepte enmiendas que proponen la supresión de artículos enteros, como las números 287 y 288.
Termino, señor Presidente, con la enmienda 292, al artículo 105. No entendemos cómo se pueden prestar servicios en la Dirección General de Registros y Notarios y a la vez mantener un régimen retributivo propio, que es el arancel. Si nos dan razonamientos y nos pueden convencer, lo aceptaremos y lo propondremos para otros funcionarios

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públicos que también puedan tener el mismo régimen retributivo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra mi querido y admirado compañero, señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Voy a defender muy brevemente las cuatro enmiendas que tenemos presentadas a este título, manifestando, en primer lugar, que, como será obvio para SS. SS., la enmienda número 400 contiene un error, ya que la justificación es de supresión del artículo 82. dos, mientras que lo que se contiene en la enmienda es el mismo texto de la ley. Procederemos en el día de mañana a la retirada de esta enmienda.
En cuanto a la enmienda 401, quería agradecer, en primer lugar, la manifestación del portavoz del Grupo Socialista de adhesión a los criterios de la misma. Como saben SS. SS., la eficacia que en el ámbito del propio estatuto del funcionario produce una condena de inhabilitación absoluta o especial es tremenda, pudiendo ser en muchos casos mucho más grave la pérdida de la condición de funcionario, así como la imposibilidad de obtener de nuevo esta condición durante el tiempo que dure una condena. Sobre todo la pérdida de la condición de funcionario, que supone después de cumplir la condena reingresar a través de los procedimientos legalmente establecidos, puede ser, como ya digo, mucho más grave que la pena principal que le pudiera haber sido impuesta, produciéndose además el evento de que esta pérdida de condición de funcionario no puede calificarse de pena, porque obviamente no está en una ley orgánica, está en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado; tampoco cabría calificarla como una sanción administrativa, porque se impondría de plano, sino que más bien constituye una pura medida de organización de la Administración que no quiere tener dentro de sus filas, por así decirlo, a personas que se ven apartadas de la misma durante un cierto período de tiempo. Esta ha sido la justificación de nuestra enmienda. Es lógico, por lo que hace referencia al apartado tres.3, que una vez superadas las circunstancias que determinan la pérdida de condición de funcionario por pérdida de nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente, pueda rehabilitarse en la propia condición de funcionario. Y en cuanto al segundo de los aspectos, que hace referencia concretamente a esta pérdida de condición de funcionario por pena principal o accesoria de inhabilitación, debe admitirse la posibilidad de rehabilitación a instancia del funcionario condenado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Es algo que viene exigido por la propia equidad y que, como se ha señalado anteriormente y se dice en la propia justificación de la enmienda, podría dar salida a algunas situaciones que en este momento no tienen un tratamiento total y absolutamente correcto.
Por lo que hace referencia a la enmienda 402, al artículo 85, que pretende la modificación del apartado 3 de dicho artículo, la remisión incondicionada que se efectúa a la entrada en vigor de lo que se dispone en los números 1 y 2 del propio artículo al momento en el cual el Gobierno efectúe el correspondiente desarrollo reglamentario, constituye, como decía anteriormente, una remisión incondicionada en cuanto a su vigencia, dejando en manos del Gobierno el vigor de los apartados anteriores, por lo cual no es procedente. No le debe costar al Gobierno preparar la disposición reglamentaria de desarrollo de este precepto, de tal manera que cuando entre en vigor, o en un período relativamente breve, la ley de acompañamiento pueda tener lista la disposición reglamentaria de desarrollo, porque, como digo, el artículo 85.3 no nos resulta agradable. En cualquier caso, quizás podría llegarse a una transacción sobre este apartado.
Finalmente, por lo que hace referencia al artículo 86, al que se refiere nuestra enmienda 403, que también debe vincularse con la 452, que se configura como una disposición adicional, estimamos que la redacción del segundo párrafo del artículo 86 debe calificarse, benévolamente, como abstrusa por la propia reiteración de las preposiciones «hasta». Queda mucho más clara la naturaleza de esta posibilidad del funcionario público de prolongar su permanencia en el servicio activo hasta los setenta años en la redacción ofrecida en nuestra enmienda.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas, la 480 y la 482, bajo la fórmula de enmiendas a disposiciones adicionales o transitorias que quizá pudiesen contemplarse en su conjunto y pudiéramos llegar también a una enmienda transaccional que pudiese ser votada por la mayoría de los grupos.
Sí quiero hacer referencia a nuestra enmienda 452, porque tiene mucha vinculación con la 403. Si bien puede no ser en estos momentos políticamente oportuno atribuir un carácter retroactivo a esta disposición, sin olvidar que en años anteriores tal retroactividad, prolongada por lo demás, se efectuó con algunos funcionarios públicos específicamente considerados, como sería el tema de los magistrados o de los catedráticos de universidad, debiera permitirse a las administraciones públicas decidir o determinar la posibilidad de aplicación de esta permanencia en el servicio activo a funcionarios que no puedan gozar de la misma por haber cumplido los sesenta y cinco años antes del 1 de enero de 1997 y cuya permanencia les sea de notable utilidad. Mi Grupo quiere hacer referencia concreta al supuesto de los secretarios de ayuntamiento. Estamos convencidos de que habrá muchos ayuntamientos que querrán hacer uso de esta posibilidad: mantener en el servicio activo a secretarios que cumplan los sesenta y cinco años o los hayan cumplido ya y no hayan llegado a los setenta años, y lo propio cabe decir de otras administraciones públicas. Queremos llamar a la conciencia del Grupo Parlamentario Popular para que establezca una transacción que permita que sean las diferentes administraciones públicas las que, en función de las circunstancias y de sus necesidades, puedan recuperar para el servicio activo a estas personas que, por lo demás, seguro que son tremendamente valiosas.
Nada más, dado lo avanzado de la hora.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Zabalía tiene la palabra.


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El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, muy brevemente porque nuestro grupo ha presentado una sola enmienda a este título III, que va en línea con las que ya hemos presentado en otros títulos, incluso en el proyecto de ley de presupuestos y hace referencia a estas personas minusválidas o con discapacidades. Es una enmienda mediante la cual se crea un nuevo artículo, que hemos denominado 99 bis (en realidad debería ir detrás del artículo 99) y tiene como objeto la modificación de la disposición adicional decimonovena de la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública. Lo que se solicita a través de esta enmienda son dos temas concretos: por una parte, respecto a las pruebas selectivas para discapacitados proponemos establecer un turno específico para estas personas; que se concentren las plazas reservadas, de forma que se produzca un desempeño idóneo del trabajo de estas personas; la adaptación a sus peculiaridades, en cuanto a los puestos de trabajo --todos estos temas, como digo, están referidos a pruebas selectivas--; y establecer unas medidas de fomento a la preparación de los candidatos para que puedan realizar estas pruebas.
Por otra parte, en esta enmienda solicitamos que se proporcione una adaptación de los puestos de trabajo para que estas personas puedan integrarse en el mundo laboral de una forma adecuada a su situación. Este es el objeto de la enmienda número 55 que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario en el título III.


El señor PRESIDENTE: Para que conste, se dan por defendidas las enmiendas de los Grupos de Coalición Canaria y Mixto, si las hubiera o hubiese.
Por último, por parte del Grupo Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, han sido un buen número de enmiendas presentadas, muchas de ellas formuladas por el Grupo Mixto, que presentan el denominador común de ser todas ellas de supresión al contenido de no pocos artículos del título III.
El portavoz socialista, a la hora de defender las enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario empezaba justificando el escaso número de las mismas, pero con carácter previo había realizado una descalificación global al título III y al propio proyecto de ley en su conjunto. Si S. S.
dice que el texto es malo, que el título es pésimo y, a continuación, el número de enmiendas presentadas es escaso, SS. SS. convendrán conmigo que el texto es bueno porque las enmiendas son pocas y, por tanto, las posibilidades de introducir mejoras a dicho texto legal son escasas, o la imaginación del Grupo Parlamentario Socialista es escasa respecto a mejorar un proyecto de ley que ellos califican de lamentable, de desastroso y de no sé cuántas cosas más.
El señor Caldera decía que era necesario introducir una reflexión previa, reflexión que se ha hecho en el debate de la ley general presupuestaria, donde hemos mantenido vivas discrepancias que yo estoy dispuesta a reiterar. Su señoría, y el resto de los miembros de la Comisión saben perfectamente, porque lo ha explicado el Gobierno y el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, que no es cierto que se haya incumplido el acuerdo firmado en su día por el Gobierno y por los sindicatos, que en el propio acuerdo se incluían disposiciones y previsiones que ligaban la subida salarial de los funcionarios públicos a los criterios de convergencia de Maastricht, a parámetros genéricos de la economía española y, en definitiva, a las disponibilidades presupuestarias que pudiesen ofertar para estos incrementos los Presupuestos Generales del Estado.
Hemos dicho también --y quiero reiterarlo-- que son unos presupuestos especialmente austeros, comprometidos con la reducción del gasto corriente y que hemos pedido una medida que implica un sacrificio por parte de los empleados públicos en nuestro país. El Gobierno lo ha dicho, el Grupo Parlamentario Popular lo ha reiterado y somos muy conscientes de que el no incremento de retribuciones, toda vez que la propia ley de presupuestos, y en la ley de medidas así se contempla también, tiene carácter de normativa básica por indicación del propio texto constitucional en su artículo 149, debe ser de aplicación a toda la Administración entendida en su conjunto y no sólo a la Administración del Estado.
Pues bien, si eso es así, y no tenemos ninguna duda de que así se cumplirá por diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas, estamos colaborando a que el déficit en nuestro país se corrija, cosa que no sucedió en ejercicios anteriores, ni siquiera en aquellos ejercicios presupuestarios en los que el Partido Socialista y el anterior Gobierno implantaron la congelación salarial de los funcionarios públicos. Pero es que ésta va a tener un menor coste para los propios funcionarios públicos, toda vez que las previsiones del Gobierno para la inflación del año indican que el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se aminorará en consecuencia con estas previsiones de una disminución en la propia inflación prevista para el próximo año.
El portavoz socialista y otros portavoces también hacían referencia a la importancia que tiene --y ello es indudable-- el artículo 86, que aparece recogido en este título III. Como SS. SS. saben perfectamente, el artículo 86 supone una innovación, toda vez que se puede prolongar --porque es una medida de carácter voluntario-- la permanencia en el servicio activo de los funcionarios públicos. Por tanto, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir los 65 años, pero se establece la posibilidad de que el funcionario, de forma voluntaria, ejercite el derecho a ampliar su permanencia en activo hasta la edad de 70 años.
Quiero aprovechar el comentario acerca de este artículo 86 para decir que no entendemos la postura del Partido Socialista. Se podrá aceptar o se podrá rechazar la bondad del precepto. Se podrá aceptar o se podrá rechazar la conveniencia de introducir la ampliación en la edad de jubilación a los empleados públicos. Desde luego, lo que no se puede decir es que se apoya la medida con carácter general y que por tanto no se presentan enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista y, a renglón seguido, decir que el Partido Socialista se va abstener en la votación del artículo 86.


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No acabamos de entender el nivel de incoherencia del planteamiento que ha hecho el portavoz socialista en defensa de este artículo 86 --una defensa un tanto sui generis, si se me permite la expresión--, porque es difícil entender la argumentación inexplicable a la que ha hecho referencia en su exposición en la noche de hoy.
También decía que compartía la posibilidad que se incluye en la Ley General Presupuestaria, y que se reitera aquí, de incremento de un 25 por ciento en la oferta pública de empleo, como tasa de reposición. Decían que ésta era una medida que apoyaban, pero que entendían que, dentro de un presupuesto de austeridad, no procedía la ampliación de la edad de jubilación. Desde luego, no podemos compartir esa tesis y él sabe perfectamente --también lo saben SS. SS.-- que es una medida que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular y, desde luego, el Gobierno han comprometido públicamente desde hace mucho tiempo, creyendo que se estaban desperdiciando no pocos saberes, conocimientos y experiencia de funcionarios públicos en este país, que se encontraban con una jubilación prematura cuando, en muchísimos casos, a los 65 años de edad estaban en la culminación de toda una carrera profesional y administrativa. Encontrábamos razones suficientes, y las seguimos encontrando y manteniendo, para prolongar voluntariamente la edad de jubilación, en aras de esa profesionalización que defendemos --y que otros parecen defender pero a la hora de plantear medidas concretas dan un paso adelante y otro atrás--, porque creemos que es una medida positiva, buena, que demanda la función pública en este país y de la que existen antecedentes en otros países que acreditan la bondad de la medida.
Con respecto al artículo 94 el portavoz socialista decía que no lo entendía, que no estaba claro. Sin duda alguna es una visión subjetiva del portavoz socialista, o tal vez una falta de indagación en lo que es la filosofía y la justificación del precepto. El artículo 94 establece una situación administrativa del personal que pasa a prestar servicios en centros, servicios o establecimientos con personalidad jurídica propia.
Hay grupos que plantean la supresión de todo el artículo y lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es que se suprima en su integridad la redacción del artículo 94; la motivación o justificación para dicha supresión es que genera problemas al sector público por privilegios al sector privado.
Sabemos, porque lo hemos oído en reiteradas ocasiones, que el Grupo Parlamentario Socialista no acepta ni comparte la filosofía prevista en el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, donde se pretende favorecer la movilidad del personal estatutario que presta sus servicios en el Insalud. Ha sido una apuesta que nosotros hemos defendido; creo que no es el momento ni el lugar de reproducir un debate que ya se ha producido en diversas instancias parlamentarias, y consideramos que tildar la medida que se concentra en el artículo 94 diciendo que es un privilegio en el sector privado no puede ser más desafortunado. Las nuevas fórmulas de gestión que aparecen previstas en el real decreto al que he hecho referencia se dictan y se encuadran dentro del ámbito de lo público, no alterando los aspectos substanciales del Sistema Nacional de Salud ni, por supuesto, su carácter público. Por tanto, señorías, rechazamos las consideraciones de supresión a la totalidad del artículo 94 que plantean determinados grupos parlamentarios.
Se han planteado también por diversos portavoces unos problemas de entendimiento en la redacción del artículo 105 de este título III. El artículo 105 se refiere a la adscripción de diez plazas en la Dirección General de los Registros y del Notariado servidas por notarios y registradores dependientes directamente del director general y que se proveerán mediante concurso de mérito, que se convocará y resolverá en la forma y régimen jurídico que se determina en la legislación hipotecaria.
Este es el tenor literal del artículo 105.
He de decir como primera consideración --que sin duda no ha pasado desapercibida a SS. SS., pero por si sirve para la clarificación en este momento del debate y, desde luego, para aclarar la intención del artículo, la filosofía subyacente y despejar alguna duda que SS. SS. han planteado y que por ello han presentado enmiendas-- que se trata de una situación prevista en la actual legislación española, y más concretamente en el artículo 541 del reglamento hipotecario; es decir, que no estamos más que mejorando una situación que legalmente está contemplada.
¿Cuál es la situación? Me llama la atención la importancia --sin duda la tienen todos los preceptos que componen un proyecto de ley-- que le dan al hecho de que se establezca la posibilidad de que estas diez plazas se encuentren adscritas a la dirección general. Sus señorías saben que el número de registradores y notarios que existe en toda España es, aproximadamente, de cuatro mil, es decir, que en términos porcentuales se verá que la adscripción de estos diez registradores o notarios dentro del contexto general no tiene una importancia en términos porcentuales que justifique su alarma. Ello es así porque se trata de una medida de carácter excepcional. Se trata de dar solución a este problema con una legislación a nuestro juicio y a juicio del Gobierno muchísimo más adecuada, dar una base sólida a una situación de hecho que está producida y que se produce por las propias necesidades del centro; ustedes conocen perfectamente la función que tienen asignada en el dictamen de resoluciones, en recursos gubernativos contra la calificación de los registradores. Yo creo que no es el momento de desgranar aquí de forma específica todas y cada una de las funciones que les están encomendadas porque, sin duda, sería redundante; yo sé que SS. SS. lo conocen. Lo que sí quisiera dejar claro --y con ello finalizo la explicación respecto a este precepto-- es que, desde luego, tiene justificación por la excepcionalidad y tiene justificación por la mejora de una legislación aplicable en idéntico sentido, que está vigente en España y, más en concreto, como dije anteriormente, recogida en el artículo 541 del reglamento hipotecario vigente. Por tanto, SS. SS. pueden tranquilizarse y pueden serenarse porque se trata de mejorar algo que se está aplicando y que tiene vigencia en la actualidad cuando hoy estamos discutiendo este proyecto de ley.
El Grupo de Convergència i Unió hacía referencia igualmente al artículo 86, que es el relativo a la prolongación

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en la edad de jubilación de los empleados públicos en España, y lo ponía en consonancia --es cierto que es oportuno en este momento, aunque no estemos abordando la discusión de las disposiciones adicionales-- con las enmiendas que ha presentado su grupo parlamentario, concretamente las números 403 y 452, que tienen por finalidad mejorar la redacción de un precepto que tal vez presente algunas dudas interpretativas. Compartimos esta premisa con carácter general, hasta tal punto que el propio Grupo Parlamentario Popular ha presentado también a las disposiciones adicionales dos enmiendas muy coincidentes con las de Convergència i Unió. Las nuestras son las números 480 y 482, donde se establecen una serie de requisitos que permitan que se ejercite el derecho del funcionario de forma adecuada y en un plazo determinado y razonable, en el supuesto de que el funcionario quiera ejercitar ese derecho de ampliación en la permanencia en el servicio activo. No parece sensato y causaría distorsiones en la propia organización de la Administración en España que ejercitase ese derecho el día antes de cumplir los 65 años. En este sentido van las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que permiten completar lo que es el precepto general establecido en el artículo 82, donde se fijan esas líneas maestras de permanencia. En las disposiciones adicionales se articulan mecanismos más precisos para ejercitar en condiciones de garantía el derecho subjetivo por parte de los funcionarios, pero también en condiciones de seguridad para la propia marcha y organización de la Administración pública española.
Existen otras enmiendas --quizá no estoy haciendo gala de un exquisito orden en el comentario de las mismas-- que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que, a nuestro juicio, plantean distorsiones con las enmiendas, no así con el propio precepto. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 83 que hace referencia a la permanencia en el servicio. A este artículo 83 ha presentado una enmienda el Grupo Socialista que, con una justificación bastante poco afortunada, trata de fomentar la profesionalización de la Administración modificando los criterios de excedencia voluntaria que se establecen en dicho artículo. A nuestro juicio el mantenimiento de un plazo máximo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por interés particular produce una serie de efectos no deseados en la propia Función pública, como es obligar a solicitar el reingreso a los funcionarios excedentes voluntarios con el único objeto de no perder la condición de funcionario. A nuestro juicio, con la redacción que se propone en el texto de la enmienda de sustitución se deriva justamente lo contrario que aducen en la motivación, que es fomentar la profesionalización de la Administración pública en España.
Por lo que se refiere al artículo 82, ha habido también enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista solicita la supresión del apartado Uno, aduciendo que así se permite la reasignación de funcionarios sometidos a planes de empleo. Tratar de justificar el apartado Uno del artículo 82 con algo que, a nuestro juicio, no afecta para nada a la reasignación de los funcionarios sometidos a planes de empleo, nos hace pensar que o bien hay una confusión o una inadecuación entre la petición de supresión y la justificación final de la propia enmienda.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una enmienda al artículo 82, Tres, que concretamente hace referencia a la permanencia en el servicio. Entendemos que su redacción lleva justamente a computar, a efectos de permanencia efectiva, aspectos tales como licencia sin retribución, que no tendría ningún sentido a efectos de cómputo de las pagas extraordinarias.
En cuanto al artículo 82, Cuatro, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende su supresión porque dice que es un acto que tradicionalmente tenía que ser autorizado por el ministro y que dejarlo en instancias inferiores puede dar lugar a ser usado como mecanismo represivo. Nos parece una alegría esta justificación de la enmienda por la frivolidad en la que incurren SS. SS. al argumentar la supresión diciendo que se coadyuva a que se establezcan mecanismos represivos en otras instancias inferiores de la Administración por debajo de lo que es un ministro. Señorías, no dudo de sus desvelos a la hora de colaborar en la bondad del proyecto y en la mejora del mismo, pero justificaciones como éstas descalifican buena parte del trabajo conjunto, al que estoy segura que SS. SS. se han entregado con entusiasmo.
Creo que hemos dado respuesta a no pocas de las enmiendas. Toda vez que los propios enmendantes no han hecho referencia al bloque en su conjunto de las formuladas por escrito, nos permitirán también que nosotros hayamos hecho en nuestra intervención un tratamiento singularizado de aquellos aspectos en los que han incidido con mayor interés, con mayor reiteración, que justifican, quizá, una mayor importancia, teniéndola todas dentro del título III. (El señor Zabalía Lezámiz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Perdón, señor Presidente, pero no ha contestado a mi enmienda. Quizá es que estaba distraído o quizá es que la han aprobado y no han dicho nada. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, no hay por qué contestar a la enmienda formulada por su señoría. Evidentemente, el grupo que acaba de exponer su posición en relación con las enmiendas de los demás grupos es libre de formularlas en el sentido que tenga por conveniente. Por consiguiente, no ha lugar a que usted exija que le contesten a su enmienda. Y sin perjuicio de lo cual, no hay perjuicio de lo cual.
(Risas.) En materia de criterios, no ha lugar a discusión. Como decía un viejo refrán, siempre tiene razón el que esté en el ministerio; en este caso tampoco es eso. Usted puede quejarse porque no contesten a su intervención o decir que quizá no haya estado atento suficientemente, pero sin perjuicio de ello, señor Zabalía, quiero reiterarle que no ha lugar a formular nada al respecto.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente. Después de sus manifestaciones pido perdón por haber

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dicho que no me han contestado (Risas.). Lo único que pido es que no me mande retirar la enmienda S. S. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, esta Presidencia no manda nada, en absoluto. Fíjese usted si no mandaremos nada que de esto que acabamos de debatir uno sabe mucho pero no puede decir nada y se tiene que callar.
(Risas.) Dado lo avanzado de la hora, si les parece a SS. SS., vamos a proceder a la votación, ¿o no les parece a ustedes? (Algunos señores Diputados: ¡No, no! ¡Mañana, mañana!) ¿Entonces les parece a ustedes que hagamos tres tiendas, una para Elías, otra para Jacob y otra para nosotros, o bien que nos retiremos a nuestros aposentos particulares para continuar la discusión mañana? Me imagino que como esto último es lo que todos ustedes prefieren y además a mí también me parece lo más sensato, vamos a suspender la sesión y la reanudaremos mañana a las 9,30 mal contadas y también elásticas.
Señoras y señores Diputados, se suspende la sesión hasta mañana.


Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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