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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 103, de 07/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 103

ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA

PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS

Sesión núm. 11

celebrada el jueves, 7 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, los siguientes proyectos de ley:

--De medidas fiscales, administrativas y del orden social.
(Continuación.) (Número de expediente 121/000017) (Página 2692)

--De disciplina presupuestaria. (Número de expediente 121/000016) (Página 2730)

--De cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias. (Número de expediente 121/000018) (Página 2738)

--Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. (Número de expediente 121/000019) (Página 2738)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:

--DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000017.) (Continuación.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar esta sesión, además con cierta puntualidad. Tengo que decir que depende de SS.
SS. el que acabemos hoy o no y, si no acabamos hoy, acabaremos mañana.
(Risas.) Apelo a la sensatez de que siempre han hecho gala para que todo transcurra de la mejor manera posible, sin mermar en absoluto el debate, sin mermar en absoluto los tiempos de que ustedes pueden hacer uso, que evidente lo harán; sin embargo, espero que sepan controlarse y moderarlo adecuadamente, en bien de toda la Comisión y del trabajo parlamentario.
Dicho esto, y sin más preámbulos, pasamos al examen de este título IV de la llamada vulgarmente ley de acompañamiento, es decir, de medidas fiscales, administrativas y del orden social para 1997. Para defender las enmiendas del Grupo Socialista y fijar la posición en relación con las enmiendas formuladas por los demás grupos, tiene la palabra el señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Mi grupo va a dividir la intervención en tres bloques relativos a los tres temas fundamentales a los que afecta este título: uno, que tiene que ver con temas de gestión presupuestaria y de modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; otro, que tiene que ver con temas relacionados con el Ministerio de Industria, y otro, que tiene que ver con el tema de las haciendas locales. En mi opinión, todos ellos son de enorme importancia; en cualquier caso, yo me referiré, como he indicado, al primer bloque.
Esta parte, fundamentalmente los artículos 113 y 124 de este proyecto de ley, a los que me referiré especialmente, marcan una de las líneas fundamentales en el plano político y económico de lo que pretende ser la estrategia del Gobierno y de lo que yo diría que es la conclusión, si es que se puede llegar a alguna conclusión a lo largo de los debates presupuestarios que estamos teniendo en los últimos tiempos. Es decir, que estos temas pretenden dar cobertura jurídica y formal --yo creo, señor Presidente, que se hace de una manera bastante deficiente y quizá precipitada; abordar estos temas en mejores condiciones no sólo para el debate, sino para que puedan ser aplicables en la práctica, exige una reflexión más profunda y con más tiempo--, pretenden abordar la justificación formal de lo que viene en llamarse la financiación extrapresupuestaria de estos presupuestos. Lo que está apareciendo como el eje fundamental de la polémica en estos presupuestos se pretende resolver específicamente en el artículo 113 de este proyecto de ley, que se traslada a la ley de medidas de disciplina presupuestaria, y se pretende resolver en un artículo clave para la justificación de esa otra parte, que es el artículo 124, en lo que viene a denominarse contratos de obra bajo la modalidad del abono total del precio. Y, vuelvo a insistir, yo creo que esto se aborda de una forma incorrecta y, aunque es cierto que en estos artículos el Grupo Popular viene a plantear enmiendas que prácticamente dejan vacío de contenido el artículo 113 y aun estando de acuerdo con las enmiendas en lo que se refiere a la supresión de ese artículo 113, también es cierto que se es consciente de que lo que hace el Grupo Popular es pretender trasladar ese debate a otra ley; pero, como las razones que fundamentan la justificación de esas enmiendas son bien distintas de las de los demás grupos parlamentarios, alguna referencia se tenía que producir. El problema es que, además de pretender introducir los elementos de justificación formal de lo que se viene en denominar la financiación extrapresupuestaria --que, por cierto, no tiene nada que ver con financiación extrapresupuestaria, es manifiestamente imposible que pueda ser así, no puede ser financiación extrapresupuestaria y, en cualquier caso, ésa es la clave de nuestras argumentaciones al respecto--, para poder entrar en la justificación de ese tipo de intenciones resulta que se modifican los ejes fundamentales de lo que ha sido el debate de la ley general presupuestaria en esta Cámara y de lo que ha sido el debate y la justificación fundamental de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Si una de las garantías fundamentales se planteaba en la ley general presupuestaria en todos los debates que se han tenido en esta Cámara durante mucho tiempo y en los debates que se han tenido sobre la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como consecuencia en parte, no sólo pero en parte también, de las incidencias que se han producido en los últimos años, nos encontramos ahora con que se pretende abrir una puerta enorme bajo la cual no hace falta una disciplina presupuestaria, no hacen falta créditos en un ejercicio económico para tomar decisiones, y se introduce la práctica para los contratos de las Administraciones públicas en un supuesto específico que si se quisiera podría abarcar prácticamente a todos los contratos de obras, porque la definición que se hace, en mi opinión, es bastante incompleta, y, en consecuencia, esa definición serviría para cualquier contrato de cualquier obra pequeña también, cuando el objetivo es justamente el contrario, con lo cual nos encontraríamos en supuestos realmente sorprendentes.
Señor Presidente, las enmiendas que presenta mi grupo a los distintos apartados del artículo 113 pretenden la supresión, pero, como vamos a tener un debate más en profundidad sobre este tema de gestión presupuestaria en la ley de disciplina de gestión presupuestaria, no voy a hacer mucha más referencia y por eso simplemente he apuntado las bases que nosotros planteamos para esa crítica. Esta es la justificación de una de las enmiendas. Lo que pasa es que hay otra parte de este artículo 113 que queda en vigor que todavía es más sorprendente; si no más sorprendente, sí que es una situación que no deja de llamar la atención, y es que cuando se regula la gestión presupuestaria de las

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subvenciones, tema que por parte del Tribunal de Cuentas y en los debates que hemos tenido ya en la Cámara en sucesivos ejercicios económicos ha preocupado y sobre el que todos los grupos han pretendido introducir un mayor control, parece como si este artículo sólo estuviera pensado para evitar el control. Este artículo, que su apariencia es un mayor control de las subvenciones, resulta que en el punto fundamental es el descontrol, porque el punto fundamental dice que no será necesaria publicidad en el otorgamiento de las ayudas o subvenciones cuando tengan por objeto financiar a las entidades que se puedan crear al amparo del Real Decreto, etcétera, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa excluir de la publicidad las decisiones sobre gestión de los hospitales del Insalud? Esto significa que frente a todo lo que se ha venido diciendo y se está diciendo sobre la transparencia, la concurrencia, etcétera, el debate tan traído que hemos tenido aquí hasta este momento, resulta que nos encontramos con que se abre la puerta para que no exista ni la concurrencia ni la transparencia ni la publicidad, con lo cual es auténticamente sorprendente la situación. Parece como si todo este artículo, en lo que se refiere a las subvenciones, está perfectamente puesto para intentar dar, por un lado, una apariencia de mayor disciplina presupuestaria, pero al mismo tiempo está ocurriendo que la disciplina presupuestaria, en la parte fundamental económica de lo que es la gestión, la vaciamos de posible control, porque el decreto-ley, a pesar de lo que ha dicho el Ministro de Sanidad en esta Cámara en distintos momentos, abre la posibilidad de que los hospitales públicos puedan ser gestionados, también digo que legalmente, por empresas o por cualquier tipo de entidad privada, también las públicas, por supuesto, bajo la vía de fundaciones. Pero es que si se conociera en profundidad lo que se ha oído también sobre este tema de la sanidad en otros debates que hemos tenido, entendemos que la situación es preocupante, porque se viene a vaciar de capacidad de control a una gestión de enorme importancia, que es la que corresponde al Ministerio de Sanidad.
El artículo 24 también lo enmendamos y planteamos su supresión, pero ya adelanto que en ley de medidas de disciplina nosotros presentamos enmiendas con redacciones alternativas de artículos que de alguna manera pretenden resolver una de las partes fundamentales del problema que plantea esta nueva redacción o la creación de una nueva forma de contratación que es el contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio. Quiero indicar que en opinión de mi grupo es, vuelvo a insistir, una regulación precipitada, una regulación tan incompleta que va a hacer casi imposible que pueda aplicarse en la práctica. El tiempo nos lo irá diciendo si es que este artículo se aprueba en la redacción tal y como está en estos momentos. Pero hay otra cuestión.
Nos hemos enterado estos días en el debate, nos hemos enterado y nos enteramos cada día con sorpresa, hoy vuelvo a leer en los medios de comunicación en qué consiste la financiación extrapresupuestaria, el volumen que significa y los proyectos a los que afecta; hoy nos enteramos, pero cada día nos estamos enterando de algo a este respecto, que éste es el artículo que quiere dar la cobertura formal desde el punto de vista del contrato de las Administraciones públicas. Pero la cobertura formal desde el punto de vista del contrato podría incluso decirse que está, en mi opinión, incompleta manifiestamente y la hace imposible de aplicar en la práctica. ¿Pero dónde está el control de gestión presupuestaria en este tema? No existe. Es que en la forma que ustedes lo han planteado resulta que este tema está al margen del debate del Parlamento. Y eso es imposible. Digo que es imposible aprueben ustedes lo que aprueben, porque no van a poder evitar que todo lo que afecta a estas formas de contratación esté controlado por el Parlamento, hasta los proyectos a los que afecta. Es imposible políticamente e imposible técnicamente que se haga de otra forma.
Pues bien, este artículo lo único que plantea es dejar bien claro varios principios. Primero, que en la redacción de lo que es el contrato esa forma de contrato podría ser hasta arreglar cualquier obra de una entidad pequeña. Es evidente que el objetivo de este contrato se refiere a grandes obras, grandes obras que en la forma en que están planteados algunos de esos supuestos imposibilitan a cualquier empresa pequeña de este país poder concurrir a la celebración de estos contratos. ¿Saben ustedes las formas de financiación que se plantean en esta redacción que ustedes dan? Esto evita, prácticamente impide el acceso a estas formas de contratación de un sector muy importante de las empresas contratistas de este país. Pero no sólo eso. Este contrato plantea que para poder decidir lo excluye de las exigencias que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas estableciera un carácter general, excluye que sea necesaria la existencia de crédito para poder tomar decisiones.
Fíjense ustedes lo que dicen, aparte de una enmienda que presenta el Grupo Popular, porque alguien se debe asustar hasta en el Gobierno sobre las formas, pero al final la forma de asustarse el Gobierno es darle más competencia al Ministro de Economía; es la única forma que se les ha ocurrido de resolver el problema. Sinceramente, ¿después de esta redacción el portavoz del Grupo Popular sabrá decir si esto es competencia del Ministro de Economía o del Consejo de Ministros? Inténtelo saber. Le puedo asegurar que la confusión es de tal envergadura en toda la forma del conjunto de artículos que se refieren a este tema que es realmente preocupante. No hace falta crédito para tomar decisiones. Pero sí es posible algo más. Fíjense en la sorpresa de la redacción del artículo. El expediente de contratación dice que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se podrán establecer y decir los compromisos de gasto que se asumen por el Gobierno. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa esto si a continuación añadimos que lo que se dice también en este artículo es que se autoriza la posibilidad de que la Administración abone el precio del contrato en un plazo máximo de diez anualidades desde la recepción de la obra terminada? ¿Usted cree que es posible comprometer miles de millones de pesetas a más de doce años, estoy diciendo una cifra a la baja, sin que pase por una decisión o por una aprobación de ley del Parlamento? Eso es imposible. Tengo dudas de que formalmente

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sea compatible con el conjunto de nuestro sistema legal en este país. Es imposible, pero ustedes sólo se han preocupado de que el Gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Ese es el problema fundamental que o se resuelve o les garantizo que esta fórmula será inviable legal, jurídica y políticamente, por supuesto.


El señor PRESIDENTE: Para continuar con la exposición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Segura.


El señor PEREZ SEGURA: Intervendré para hacer referencia a los artículos que pretenden la modificación de determinados preceptos de la Ley reguladora de Haciendas Locales. A la mayoría de estos artículos hemos presentado el Grupo Socialista enmiendas de supresión porque entendemos que, en términos generales, vulneran la autonomía de las corporaciones locales, proponiéndose a través de ellos una reforma precipitada e irreflexiva de determinadas potestades financieras que afectan a las corporaciones locales. (El señor Vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa la Presidencia.) A mayor abundamiento, hemos de decir que la redacción actual es contraria al principio constitucional de autonomía local al establecer multitud de tutelas y controles que no están previstos en la Ley de Bases de Régimen Local, ni se justifican por posibles vulneraciones graves que pudieran haberse cometido por algunas corporaciones locales a los intereses generales del Estado, únicos controles y tutelas que admite el Tribunal Constitucional. Además, esta nueva redacción que se pretende dar a la Ley de Haciendas Locales no es congruente con el texto primigenio de dicha ley, al tener un contenido más propio de normas reglamentarias y no de una norma legal.
Las medidas de disciplina financiera en relación con el mundo local afectan al estrato de la Administración que menos repercute en la generación de déficit público. Está cifrado en un 0,2 sobre el PIB; o sea, una verdadera minucia en relación con el conjunto de la Administración. Si el problema del endeudamiento afecta prioritariamente a la Administración central y muy especialmente a las comunidades autónomas, ¿por qué se desvía --es una pregunta que se hace nuestro grupo-- la restricción hacia las corporaciones locales, a través de medidas que decretan, de facto, el estado de excepción en materia financiera a la Administración local? Creemos que puede ser ilustrativo hacer un breve repaso de cuáles son estas medidas. Por eso, aunque sea muy brevemente, me permitiré exponerlas. Estas medidas afectan, según la redacción de la ley, tanto a las operaciones de crédito a corto como a largo plazo y muy especialmente a las operaciones de tesorería, porque tal como viene el proyecto en este epígrafe de tesorería --aunque existen unas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular-- se rebaja la capacidad de contratar créditos del 35 al 25 ciento. Ya he dicho que existe una enmienda del Grupo Popular que intenta llegar a un punto medio y fija el 30 por ciento como límite de posibles contrataciones de esta modalidad de crédito. El proyecto establece también otra limitación del cómputo del 5 por ciento de los ingresos corrientes liquidados, a los efectos de determinar si ha de ser el pleno o el alcalde quien pueda promover una operación de tesorería.
Por lo que hace referencia a operaciones de crédito a medio o largo plazo, se modifica el preceptivo régimen actual de autorizaciones.
También se definen los límites que están previstos por la legislación para este tipo de operaciones y se modifica la definición de los conceptos de carga financiera de una manera que entendemos restrictiva en relación con la situación actual. Si pudiésemos hacer, con tiempo, un análisis más pormenorizado de todas estas limitaciones a la autonomía financiera de los ayuntamientos, se generaría una serie de preguntas.
Algunas de ellas las planteo a la Comisión para que se pueda reflexionar sobre ellas, aunque mucho me temo que caerán en saco roto.
Por mi exposición hemos visto que se pretende una modificación a la baja del límite de endeudamiento a corto plazo en relación con las operaciones de tesorería. Nuestro grupo se pregunta: ¿Quién va a pagar los costes de esta limitación en el endeudamiento? ¿Aumentará el plazo de pago a los proveedores? Otras consideraciones que podríamos exponer pueden ser las siguientes.
Antes se requería una serie de autorizaciones para la superación del límite del 25 por ciento de la carga financiera; ahora se incrementa este tope con otra disposición por la que se requiere que el ahorro bruto disponible en el activo no supere el 2 por ciento. Por tanto, es otra limitación más a la autonomía financiera de los ayuntamientos.
Otra pregunta que podríamos hacer y que queda reflejada en las modificaciones que se realizan en el proyecto, en relación con la Ley de Régimen Local, es cómo se cuenta la carga financiera, los gastos financieros. En el nuevo cómputo que se hace no sólo se incrementan los intereses más las amortizaciones, sino otros conceptos presupuestarios que imponen más gravamen al concepto de carga financiera.
Para no cansar a SS. SS., voy ahora a fijar posición sobre las enmiendas que han presentado los otros grupos. El criterio que tiene el nuestro, con carácter general, es ver positivamente las que coinciden con la postura del Grupo Socialista. En este sentido coincidiremos con bastantes de las presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En otras, amparándose en la buena voluntad de este grupo de intentar enmendar lo que creemos que es inenmendable, no nos opondríamos y nos abstendríamos. Este criterio, con carácter general, también puede aplicarse a las enmiendas que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió. En todo caso, conviene hacer una breve referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular que, de hecho, son un reconocimiento de ciertos errores --algunos técnicos-- en la redacción del proyecto. Dos enmiendas vienen a modificar, en parte, las limitaciones que lleva implícitas el proyecto y a ellas antes hemos hecho referencia. Supongo que habrán sido debidas a negociaciones a posteriori con las organizaciones municipales, con la federación. Una de ellas es la ya anunciada posibilidad de aumentar el nivel de endeudamiento del 25 al 30 por ciento, así como la modificación relativa a las facultades

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del pleno o del alcalde para la superación del 5 por ciento.
Hemos de decir, a modo de colofón, que afirmaciones atribuidas al Gobierno en los medios de comunicación y en los círculos municipalistas, como pueden ser que el Ministerio de Economía quiere poner coto a la deuda de los ayuntamientos, o que el Gobierno pretende un ajuste de cuentas a los ayuntamientos, o que el Gobierno pone bajo sospecha las cuentas de los ayuntamientos, representan un clima generalizado de desconfianza hacia los ayuntamientos por parte del Gobierno popular. Esta especial relación viene confirmada por la inexistencia de consultas a las organizaciones municipalistas con anterioridad a la redacción de la ley de acompañamiento que les afecta tan determinantemente. Hemos visto que a través de contactos a posteriori que hubieran podido mantenerse se ha modificado algún precepto. Dicha valoración es unánime, ya que la realizan desde todas las ópticas políticas concurrentes en la federación de municipios. La modificación de la Ley de Haciendas Locales afecta, cómo no, a todo tipo de ayuntamientos y diputaciones de todo signo político. Si bien es cierto que existen casos críticos en cuanto a la situación financiera, hemos de convenir que, tal y como hemos dicho anteriormente, ni los números del sector público local ni su déficit ni su endeudamiento suponen un obstáculo a los criterios que obsesionan --en este sentido también lo comparte nuestro grupo-- el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Europea. De todas formas, aunque coincidamos en estos criterios, las medidas son del todo excepcionales y desmesuradas en relación con los ayuntamientos y diputaciones. Las restricciones a la autonomía financiera municipal vienen plagadas de requisitos de autorización para todo. De hecho, este criterio de tutela convierte a los ayuntamientos en entidades jurídicas menores de edad.
Hemos de terminar ya nuestra intervención, señor Presidente, con una apelación a las palabras que el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, don Jorge Fernández Díaz, pronunció en la Comisión de Administraciones Públicas, el pasado día 16 de octubre, con motivo de su comparecencia. Viene a coincidir en algunas de las argumentaciones que hace nuestro grupo. Dice que no es menos cierto que sean necesarios determinados ajustes en la Ley de Haciendas Locales, pero sí es censurable, en todo caso para hablar con sus propias palabras, decía, entre comillas, que habrá llegado el momento de que hagamos la reforma global de la Ley de Haciendas Locales y no la parcheemos como estamos haciendo cada año. Seguramente esto puede provocar unas apelaciones a lo que el Gobierno Socialista hacía en su momento, pero creemos que el grupo que sustenta al Gobierno no puede ampararse en estas argumentaciones porque ha tenido la oportunidad de no implementar parches en la Ley de Haciendas Locales y, en cambio, ha hecho un buen acopio de modificaciones, algunas de ellas tremendamente sustantivas, por lo negativo, a la autonomía financiera de las corporaciones locales.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para concluir el turno del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, para facilitar a los servicios de la Cámara el desarrollo de este debate del título IV, me referiré en mi intervención fundamentalmente a las enmiendas que se han planteado a los artículos 126 y 127 de la ley de acompañamiento, desde la 169 a 186, del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas que tienen que ver algunas con la supresión de determinados artículos de la ley, que tienden a modificar el marco legislativo actual de los instrumentos y los organismos del sector público empresarial, y otras enmiendas que no son de supresión sino de adición, con el criterio de cautela, puesto que en la presunción de que pudieran no ser aceptadas las enmiendas de modificación, estas de cautela tenderían a reforzar algunas de las modificaciones, de los cambios que la nueva ley introduce.
En términos generales tendrá que decir que estos dos artículos tienden fundamentalmente a constituir, a poner a punto los instrumentos de ofensiva privatizadora que el Gobierno quiere introducir en los presupuestos para el año 1997. Y tienen que ver en términos generales con la redefinición de lo que es una nueva organización del sector público empresarial o de los instrumentos de actuación sobre el sector público empresarial. Criterios que pensamos son un claro paso atrás en lo que supuso la nueva organización industrial pública del Estado que en 1995 se puso en marcha. En las enmiendas que hemos presentado también está planeando una clara crítica a lo que supone un efecto perturbador en la cuantificación del volumen de la deuda de este país. Pensamos que con estas modificaciones se pretende adelantar, se pretende centrifugar la deuda pública del Estado --lo hemos dicho en alguna ocasión--, teniendo un claro efecto negativo en lo que supone el encubrimiento del nivel de déficit público que el conjunto de las Administraciones públicas pudiera tener en España para el año 1997, lo que ha dado lugar a un concepto de contabilidad creativa que para nosotros, analizando detenidamente estos dos artículos, supone una calificación más negativa de esa contabilidad porque pensamos que es más una contabilidad opaca, que no añade transparencia, sino todo lo contrario. Es evidente que en estas enmiendas pretendemos también contribuir a cerrar, a tabicar el pasillo por el que parece que el Gobierno quiere huir del presupuesto, puesto que a tenor de algunas afirmaciones, que nosotros en ningún caso hemos hecho pero que han contribuido a generar nuestras dudas, parece que es en los instrumentos de privatización, en los organismos que contribuyan a la privatización de empresas públicas, donde se pudiera producir el cumplimiento de compromisos parlamentarios para la consecución de transferencias extrapresupuestarias. Estoy intentando traducir lo que de una manera absolutamente sorprendente y desconcertante se puso de manifiesto en la Comisión de Presupuestos hace tan sólo cuarenta y ocho horas. Parece que aquí es donde se quieren buscar los atajos para escaparse del propio presupuesto y con nuestras enmiendas --repito-- pretendemos cerrar el pasillo para que esa tropelía presupuestaria no se pueda realizar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

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Por tanto, pretendemos actuar sobre el artículo 126, que es el que pretende modificar determinados aspectos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, donde por un lado se pretende aumentar la financiación a las empresas participadas por esta sociedad con una sorprendente ausencia de autorización por parte del Consejo de Ministros y, por otra parte, se está produciendo en esas modificaciones contenidas en el artículo 126 una evidente relajación en el uso de los fondos obtenidos por privatizaciones. Una alerta, una luz ámbar que pretendemos encender en este artículo. Consecuentemente, pretendemos suprimir en la enmienda número 169 el apartado dos de ese artículo 126 que modifica el artículo 12.5.a) de la Ley 5/1996, al que hacía referencia, y el motivo es muy claro, ya que el Gobierno permite que la SEPI pueda aportar financiación a sus empresas participadas, cualquiera que sea el importe, sin su previa autorización, que eso no se pueda producir para no modificar lo que era la naturaleza de la SEPI, cuyo objetivo principal, quiero recordar, era atender la amortización de la deuda heredada del INI. Caso de que eso no se produjera, en la enmienda 170 intentamos poner la cautela correspondiente en algo que estoy convencido no tendrá inconveniente ningún grupo de la Cámara que se pueda introducir: añadir al final de ese párrafo 12.5.a) un mandato para que el Gobierno, trimestralmente, pueda remitir a la Comisión de Economía o a la de Industria, bien del Congreso o del Senado, el conjunto de las operaciones financieras realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
En la enmienda 171, en lo que hace referencia a la SEPI, pedimos la supresión del apartado tres, toda vez que con la redacción que el Gobierno propone a la SEPI se le permite destinar los fondos obtenidos por las privatizaciones al conjunto de empresas que están dentro del ámbito de la Agencia Industrial del Estado o, lo que es más preocupante, a cualquier otra finalidad que se establezca dentro de la ley de presupuestos de cada año. Consideramos que éste es un elemento que introduce una clara confusión, un incentivo que anima a la confusión en materia presupuestaria y de control presupuestario y también supone, desde nuestro punto de vista, recuperar viejas prácticas que pensábamos superadas y que estaban dentro de la órbita de las funciones que tenía el antiguo Instituto Nacional de Industria. Caso de que esta enmienda no fuera aceptada, en estas enmiendas que hemos denominado de cautela pediríamos al Gobierno, en la número 172, que remita a las Comisiones correspondientes del Congreso y el Senado el estado de la deuda de la SEPI, especificando las aplicaciones a las que sus fondos han sido destinados.
Hay una última enmienda a este artículo 126 que tiene que ver con una motivación que no entendemos, que no se explicita, y pensamos que dentro de esa confusión no añade nada a la claridad del proyecto de ley, para lo cual pedimos la supresión del apartado dos del artículo 14 de la Ley 5/1996, que hace referencia a que las sociedades de la SEPI puedan sujetarse al régimen de tributación consolidada del Impuesto sobre Sociedades En relación a esta parte reorganizativa de los organismos de Industria, pedimos al supresión del apartado 5 del artículo 126, que hace referencia a determinados contratos de alta dirección, porque pensamos que es una materia escrupulosa, correcta y suficientemente regulada y que esta modificación lo único que introduce es clara confusión en este aspecto.
Por último, señor Presidente, nuestras enmiendas tienen que ver con la Agencia Industrial del Estado. Concretamente, la número 175 pretende la supresión del apartado uno, toda vez que la modificación del marco legal da una consideración a la agencia de mero accionista de las empresas en las que participa. Pensamos que la Agencia Industrial del Estado es algo más que un mero accionista de esas empresas participadas: es un órgano con todas las de la ley, de carácter descentralizado. Por eso, pensamos que esta modificación limita, desdibuja y transfigura lo que es el papel propio de la agencia.
Presentamos también la enmienda 176, de supresión, para intentar paliar lo que es una ampliación de discrecionalidad, que no compartimos en absoluto y que incluso incurre en el grave riesgo de intentar dar funciones a la agencia suplantando el papel del Ministerio de Industria en determinado tipo de actividades; funciones que incluso contemplan la posibilidad de que la Agencia Industrial del Estado pueda subvencionar, ayudar o colaborar con empresas de carácter privado. Desde luego, las modificaciones que pretenden hacerse entran en clara contradicción con su función, que ya no es de instrumento liquidador de empresas sino, repito, de organismo que pueda incluso suplantar, desdibujar, transfigurar, el papel del propio ministerio. En este caso, pensamos que es absolutamente obligado el impedir que esto se pueda dar.
Caso de que esa enmienda no fuera aceptada, aunque no entenderíamos las razones por las que no se aceptase, presentamos una enmienda de cautela, de seguridad, la 177; si no fuera aceptada la 176, introduciríamos la restricción de que en ningún caso la agencia pudiera ejercitar funciones que supusieran aplicación de fondos a empresas no incluidas en el ámbito del sector público.
Hay otro tipo de enmiendas respecto a la agencia que tienen que ver con cuestiones que nos parecen inconcebibles, como el desarme de algún tipo de condicionantes que tienen los organismos públicos del Estado. La modificación de la ley lleva a excluir a la agencia del ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sinceramente, nos parece una cosa inconcebible, si no un atropello, que este tipo de organismos queden al margen del marco legal del conjunto de las administraciones públicas.
Las enmiendas 178 y 179 van en esa dirección, con su correspondiente cautela. La cautela, que se recoge en la enmienda 180, mandata al Gobierno a que trimestralmente remita a las comisiones correspondientes la relación de determinado tipo de contratos suscritos por la propia agencia. Nos parecen cuestiones de carácter fundamental y, además, están reforzadas en otra serie de enmiendas posteriores, como la 181 y algunas otras.
Por último, nuestras enmiendas 182, 183, 184, 185 y 186 tienen que ver con determinado tipo de licencias de autorregulación, de autoorganización que se conceden a la agencia, muy similares, por cierto, a lo que son costumbres

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que se están ejercitando en el ámbito del Gobierno, que contribuyen a generar dudas, desconfianzas y, desde luego, inseguridades en la actuación del ministerio en relación a la reorganización del sector público empresarial. Le concede facultades de autoorganización vinculándolas a la Ley de Sociedades Anónimas y no a lo que es un organismo público del Estado. Pensamos que estas autohabilitaciones no hacen más que añadir falta de transparencia, falta de control parlamentario y, desde luego, introducen más inseguridad y desconfianza en lo que, repito, es el objetivo que está planeando en la modificación de estos dos artículos de la ley por parte del Gobierno, que es la puesta a punto de un proceso preocupante de cruzada contra el sector público, de desmantelamiento del sector público empresarial.
Estas son las razones por las que presentamos estas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Voy a defender veintiséis enmiendas que presentamos a este título IV, denominado normas de gestión y organización, que es una forma de denominarlas.
Las enmiendas que Izquierda Unida ha presentado, distribuidas en cuatro grandes bloques, pretenden conseguir tres objetivos. Uno, lograr que el sistema de gestión presupuestaria de nuestro país sea mucho más transparente, más claro y, sobre todo, con mucha mayor precisión en cuanto a lo que nos vamos a gastar. El proyecto del Gobierno introduce opacidad, menos claridad y, sobre todo, ninguna precisión sobre lo que nos costarán las obras al final. No sabemos si este modelo de llave en mano obedece al modelo alemán, al modelo inglés o al modelo que en cada país puedan tener, pero indudablemente va a tener nuestro sello particular, el de la improvisación en la actuación presupuestaria.
El segundo bloque de enmiendas de nuestro grupo pretende defender la autonomía municipal y la capacidad inversora de los municipios, que pegan muy poco en un título sobre la gestión y la organización. Ya anuncio, señor Presidente, que muy mal pacto local vamos a tener, porque este Gobierno, que se abre la manga para gastar sin ningún control ni limitación con respecto a los parámetros de déficit y de deuda, cierra la llave a la autonomía municipal y reduce la capacidad inversora de los propios municipios, además de plantear algunas limitaciones de financiación o endeudamiento que va a reducir bastante la capacidad de actuación en la gestión de sus propias competencias.
Por último, señor Presidente, tenemos un paquete de enmiendas dirigidas a la sección segunda del capítulo I, gestión patrimonial, y al capítulo II, de la organización, que se refiere a las sociedades estatales, a la herencia del antiguo INI, que están concebidos al calor de dos conceptos.
Uno, nos sobra la actuación del Estado, hay que gastar el patrimonio del Estado porque tenemos que reducir nuestro déficit. Otro, unimos estas privatizaciones que incrementamos a una especie de relación entre lo que se venda, lo que se privatice, lo que se enajene y las inversiones que se hagan. Parece que unimos nuestra capacidad de enajenación y venta de nuestro patrimonio a la posibilidad de hacer obras con esta financiación en la sombra. (El señor Vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa la Presidencia.) La verdad es que, señor Presidente, eso tendría que tener también una traducción en la política de ingresos, porque, que yo sepa, el presupuesto de ingresos que nos ha aportado a los grupos parlamentarios tiene un capítulo que se llama ingresos patrimoniales, de un billón de pesetas aproximadamente, que es inferior al del año 1996, que estaba previsto en un billón 180.000 millones de pesetas, y serán ingresados al Estado para gastar lo que el Estado tenga que gastar. No se puede unir la finalidad a los ingresos si no se hacen de verdad finalistas algunas de las figuras impositivas. Por tanto, señor presidente, creo que va a ser de difícil ejecución.
Voy a explicar cuál es el contenido de las enmiendas que nosotros dirigimos al artículo 113 en esta reforma presupuestaria y que además se une a la que vamos a discutir después, ya que tenemos otra reforma de la Ley General Presupuestaria. La verdad es que este Gobierno tiene que mejorar bastante en lo que a seguridad jurídica de los ciudadanos se refiere. Necesitaría pasar por alguna actuación más normalizada, más tranquila, porque el movimiento legal que se va a producir va a ser muy amplio y sería buena una mayor unidad de acción por nuestra parte. Pero en fin, como esto se ha hecho después de la reforma posterior y lo han tenido que introducir aquí de rondón, entendemos que pretendan añadir en este artículo 113 conceptos como el de adquirir compromisos de gastos para ejercicios posteriores, como si no estuviese ya introducido en la política presupuestaria de nuestro país. Hay planes plurianuales de inversión que están recogidos, y además otro objetivo que es su aplicación en los contratos efectuados bajo la modalidad de abono total.
Y en el apartado cinco propone que los ingresos realizados durante este ejercicio puedan generar créditos de gastos que no estén previstos. En suma, unen como tres grandes actuaciones, mejor dicho, cuatro, porque el punto seis hace referencia precisamente a la enajenación de bienes inmuebles del Estado. Es decir, que si vendemos el Palacio de la Moncloa o cualquier otro palacio, el dinero que obtengamos lo vamos a destinar a transferencias de capital. Nosotros pedimos la supresión de esas cuatro joyas de este artículo o, por lo menos, su limitación en la gestión presupuestaria, porque esto, señor Presidente, no es ni más ni menos que terminar con una técnica presupuestaria clara.
Yo creo que esta innovación va a tener además algunos conflictos con lo que es el proceso europeo, con lo que es la actuación de la Comisión europea. Además, yo creo que es un mal ejemplo para otras administraciones que empezarán a hacer lo mismo; significa un mayor costo de las actuaciones que se puedan acometer después y supone introducir en la actividad productiva económica de nuestro país un nuevo sector productivo que sería el de los constructores banqueros. Tendríamos que introducir un nuevo criterio

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de un gran sector constructor ligado al sector financiero, porque desde luego se expulsa de lo que pudiéramos llamar actuación de obra pública a la pequeña empresa que se va a concentrar en las grandes empresas.
Incluso ya se anuncia la venida de grandes trust exteriores para ejecutar aquí este tipo de inversiones. Por tanto, todo el paquete de enmiendas al artículo 113 pretende la supresión de estas actuaciones que el Gobierno propone.
El segundo bloque de enmiendas va dirigido, señor Presidente, a los artículos 117 y 116. Tengo que decir que aunque en alguna de nuestras enmiendas figura el artículo 111, se refieren al artículo 117. Pretende reformar la Ley 39/1988 y, en concreto, algunos de sus artículos, como el 53, el 39 o el 54, de financiación de las haciendas locales. En todo caso, es un paquete de enmiendas que pretende defender esa autonomía municipal. Como estamos en clave presupuestaria de origen del noroeste español, hemos actuado, podríamos decir, a mes a mes. Hemos pedido por un lado la supresión del artículo, pero por si acaso eso no fuera aceptado, hemos propuesto modificaciones a los apartados 3 y 4 del artículo 117.
Nuestro objetivo es dar una solución a los preceptos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de operaciones financieras sin vulnerar el principio de autonomía local, que yo creo que es un principio constitucional. Pero como no me gusta decir palabras rimbombantes en una discusión como ésta, dejemos la Constitución para el proceso constitucional y la discusión de una ley como ésta para este trámite.
La enmienda 294 al artículo 117.3 intenta conseguir que los préstamos y los créditos de las haciendas locales tengan su regulación en el marco de la normativa propia de esas entidades, en la Ley 39/1988.
En todo caso, señor Presidente, nuestro objetivo queda claro y es evitar este concepto que nosotros no sabemos si obedece a un criterio de Estado; si obedece a una nueva ordenación de la estructura del Estado, que está pivotada sobre las grandes administraciones (la local, la regional y la central); si esto significa que la Administración intermedia, que es la comunidad autónoma, es la que va a tener un peso determinado y se quiere limitar a la más cercana a los ciudadanos, que son las entidades locales, o se quiere realizar de otra manera. En todo caso, creemos que obedece a una actuación parche, a una actuación puntual. Si obedeciera a un criterio más importante, lo tendríamos que discutir en una ordenación diferente de la acción de la organización del propio Estado.
El otro bloque de enmiendas, señor Presidente, va dirigido a los artículos 120 y 124, de modificación de la Ley del Patrimonio. Nosotros creemos que la voluntad de esta acción del Gobierno va a conseguir que nuestro patrimonio esté en condiciones de ser enajenado. Yo no diría que el patrimonio que ahora mismo tenemos sea la historia común de todos los españoles, sino lo que hemos ido produciendo a lo largo de muchos años, no desde la transición para acá, sino en los últimos cien o doscientos años. No podemos plantearnos que los españoles tenemos excesivo patrimonio común y que tenemos que enajenar y vender porque tenemos dificultades económicas si no establecemos alguna orientación, alguna definición del modelo, de qué nivel de Estado queremos, de qué nivel de patrimonio queremos, qué tipo de patrimonio vamoa a enajenar en un lado y en otro, qué patrimonio es el que nos sobra y queremos residenciar en manos privadas. Sin esa definición previa de lo que pudiéramos llamar patrimonio público, sin esa definición de lo que serían los límites del mismo, no podemos abordar aquí unas actuaciones, que en realidad sería facilitar y no abordar, porque el que se ponga este artículo aquí no quiere decir que se vaya a hacer.
En los artículos 120 y 121 se introduce un nuevo concepto en cuanto a lo que es el régimen jurídico de las entidades estatales, y en el 124, la figura contractual de los contratos de obra bajo modalidad de abono total del precio. ¡Ahí es nada la definición que le damos al artículo, como si hasta ahora no abonáramos totalmente el precio de las cosas! Parece que es una innovación que hemos buscado porque hasta ahora no lo hacíamos, pero ya lo hacíamos, eso sí, nos ahorrábamos los pagos de intereses ya que los hacíamos directamente de la deuda. Ahora que no nos oye nadie, las Letras del Tesoro y la Deuda Pública se pagan a un interés, y los intereses que se dan para las grandes constructoras creo que es un poco más altos. Es decir, vamos a hacer más costoso el pago de intereses y sin ningún control. Eso sí, anuncio a los que podamos tener opción de poder gobernar dentro de unos años que nos van a dejar una joroba un tanto ancha, por aquello de dejar aplazados los pagos a diez, doce, trece o catorce años. Parece que es un descubrimiento eso de pagar cuando finalice y mientras que se haga la obra. Eso es algo que ya estaba inventado en la vivienda. No sé si ustedes recordarán que se pagaban los intereses mientras se hacía la obra, la carencia que se llamaba, y cuando se terminaba amortizábamos intereses y costo total de la obra. Esa innovación es la que hacemos. Yo no sé cómo se hace eso contablemente. La verdad es que yo nunca he prestado mucha atención a esto de la contabilidad, pero creía que era una cosa mucho más exigente con nosotros mismos, que se agarraba un lápiz y lo que cada año se gastaba se apuntaba en ese año y al año siguiente lo que se gastaba en el otro año. Ahora ya no. Esto es una cosa más creativa, más imaginativa: no sabemos qué año lo apuntaremos, pero ya nos lo hemos gastado este año. Es una innovación revolucionaria desde la concepción conservadora de la organización del Estado, pero ya veremos lo que dicen otros a la hora de actuar.
Nosotros prudentemente hemos presentado un pequeño bloque de enmiendas, cuatro, para dejar sin efecto este artículo, señor Presidente. Con toda cordialidad decimos que todo lo que aquí se pone va a conducir a una limitación importante. Creemos que este tipo de figuras oculta el control, el sistema de concesión, la deuda y el déficit y oculta también el coste definitivo. En todo caso, me imagino que esto es una declaración. Ya veremos cómo se pone en marcha y cómo se administra.
Por último, señor Presidente, voy a defender las enmiendas que van dirigidas a los artículos 126, 127 y 130, en las que expresamos la voluntad de privatización, de venta ya no solamente del patrimonio inmobiliario que tenemos, que podríamos inventar de manera rápida, sino de lo que podríamos llamar patrimonio industrial, patrimonio

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societario, que hemos heredado en la historia de nuestra acción industrial, quizá mucho más intervencionista. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo cuándo se debe de intervenir y cuándo no. Yo creo que el poder público debe de intervenir siempre que se haya de defender el interés general. Por lo menos es el mandato constitucional que tenemos; pero, en fin, hay muchas maneras de defender el interés general; una es partiendo del beneficio de unos y otra partiendo del beneficio de todos.
En cualquier caso, el proceso que aquí se nos propone es de organización, porque el título es de organización, en el artículo 125, del Patrimonio Nacional, y en el artículo 126, de la Agencia Industrial del Estado. Este último propone una serie de figuras en cuanto al régimen presupuestario y la contabilidad de la Agencia Industrial del Estado, así como todo lo que es la acción de la agencia de manera subrogada y también la modificación de su régimen jurídico.
La verdad es que no entiendo mucho de mercado, pero no sé si el que anuncia que pone mucho en venta está garantizándose el mejor precio. Como digo, entiendo poco, pero como me he criado en el sur y en la cultura más cercana al mundo árabe sé que cuanto más se ofrece, más barato se vende.
Eso es lo que hemos conocido allí: cuanta más mercancía hay, más barata es la mercancía que entra. Quizá esto produzca un abaratamiento de costes porque los que vayan a comprar también lo podrán pagar más barato, porque éste también puede ser el objetivo de la medida propuesta por el Gobierno.
Termino, señor Presidente, diciendo que este título es preocupante para todos los gestores públicos, da un mal ejemplo a la estructura de la Administración pública y va a ser difícil que pase por el tubo del proceso de convergencia, puesto en marcha actualmente por los que lo apoyan. Creo que el criterio de convergencia de contención de déficit y de deuda, que el criterio de austeridad se rompe por aquí. No se puede decir que renunciamos a invertir 300.000 millones pero que abrimos una vía de financiación extra. Y anuncio para navengantes: esta financiación extrapresupuestaria no quiere decir que un señor vaya a venir con una máquina de billetes haciéndolos después. No, no; la financiación extrapresupuestaria significará que habrá aportaciones de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de organismos públicos, y deberán ponerlo en sus presupuestos. No habrá sociedad estatal que se ponga en marcha sin la previsión presupuestaria. Por cierto, señor Presidente, no está puesta en la previsión de gasto de los presupuestos generales. La puesta en marcha de las sociedades tendrá que tener una aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Me tranquiliza. Eso quiere decir que en 1997 no servirá para nada porque como no está puesto, no se gastará.
Ahora bien, cosas veredes.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, las enmiendas que hemos presentado al título IV de la ley pueden agruparse en cuatro o cinco bloques a los que iré refiriéndome de forma sucesiva.
Nuestras tres primeras enmiendas, la 404, 405 y 406, hacen referencia a la modificación que se introduce en la Ley General Presupuestaria para regular las subvenciones. La enmienda 404 pretende precisamente diferenciar el régimen de estas subvenciones según se gestionen por las comunidades autónomas o por las entidades colaboradoras. Quiero recordar a SS. SS. que las entidades colaboradoras pueden ser en algunos casos entidades de Derecho público, corporaciones de Derecho público, en otros casos simplemente fundaciones o sociedades estatales e incluso personas jurídicas privadas. De ahí que la enmienda 404 pretenda distinguir aquellos supuestos en los que la gestión corra a cargo de comunidades autónomas, y en este caso debería suscribirse el correspondiente convenio con el Estado, de los restantes supuestos.
La enmienda 405 pretende que se fije a quién cabe imputar la mora del deudor, para que en aquellos supuestos en los que se produzca pura y simplemente un retraso en la entrega de los fondos por parte de la Administración del Estado a las comunidades autónomas o entidades colaboradoras no se les impute a ésta la mora y no sean objeto, por tanto, de las correspondientes reclamaciones por intereses.
Finalmente, la enmienda 406 pretende que quede reflejada en la Ley General Presupuestaria la especificidad del Plan Unico de Obras y Servicios de Cataluña como plan de financiación de los municipios de Cataluña, cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma y, por lo tanto, a la Generalitat.
Un segundo bloque de enmiendas hace referencia a las hacienda locales.
Tenemos que decir que las número 407, 409 y 411 no pretenden sino evitar el perjuicio de las condiciones de financiación de estas haciendas.
La enmienda 408, que podría vincularse a la enmienda 413, propone llevar a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 1988, la aplicación en aquellos supuestos de préstamos u operaciones de financiación de las corporaciones locales de los principios básicos que ya se recogen en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Como dejamos sentado en nuestra enmienda 413, que pretende aclarar la exclusión de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de aquellos contratos que instrumentan operaciones financieras de cualquier modalidad, por lo que se entiende que estas relaciones son de Derecho privado, una cosa es esto y otra es que, como en todos los contratos privados de la Administración, no existan los denominados actos separables que deban, por tanto, someterse a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Esto ya resultaría de la propia aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero pretendemos, como ha manifestado algún otro grupo que aporta alguna otra enmienda similar a la nuestra, por no decir idéntica, la traslación al artículo 53, apartado 3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de la vigencia de estos principios: publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, con independencia del carácter privado de estos contratos de financiación.


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Por otra parte, la enmienda 410 pretende salvaguardar la tutela financiera que corresponde a las comunidades autónomas en relación a las corporaciones locales. Esta concurrencia de tutela financiera del Estado y de las comunidades autónomas sobre las corporaciones locales fue ya reconocida en una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, la sentencia de 2 de febrero de 1981. Por otro lado, el artículo 48 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña establece con claridad que corresponde a la comunidad autónoma la tutela financiera de los entes locales, respetando en todo caso la autonomía que le reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución. De ahí que a la necesidad de autorización por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que se establece en el artículo 117.4.1 de la ley se añada la necesidad de preceptiva autorización de la comunidad autónoma.
En cuanto a la enmienda 412, que hace referencia a este debatido contrato de llave en mano, expresión utilizada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo que pretende prever es la posibilidad --excepcional, pero posibilidad-- por parte de las administraciones públicas de efectuar pagos a cuenta durante la ejecución de la obra en aquellos casos en que el plazo de ejecución de la obra sea de una amplitud considerable.
A la enmienda 413 ya he hecho referencia. Hay que indicar que la naturaleza jurídica de estos contratos de financiación, préstamos, operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga, de las administraciones públicas ha generado bastante, por no decir mucha, literatura administrativa. Incluso en las revistas específicas, ad hoc, se encuentran numerosos artículos. Yo creo que es conveniente efectuar una aclaración de tal manera que queden excluidas estas operaciones de la aplicación de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, de ahí que ampliemos la letra k) del artículo 3.1 de la Ley de Contratos. Creo que en esto también coincidimos con algún otro grupo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) La enmienda 414 pretende modificar el régimen de garantías y, por tanto, de finanzas en aquellos supuestos de adjudicación de obra o contrato a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en una presunción de temeridad. Nuestro grupo cree que existe, atendiendo al artículo 111 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, una doble recepción de estas obras: una recepción provisional, que además se efectúa en el plazo de un mes desde la entrega de la obra y que permite, por lo tanto, a la Administración efectuar un examen de la misma, recepción provisional que debe ser expresa y de carácter positivo; y, posteriormente, en función de los plazos establecidos en los pliegos de condiciones, una recepción de carácter definitivo. No tiene sentido, entendemos que es total y absolutamente desproporcionado, exigir en este tipo de contratos, por más que la proposición hubiese estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, una garantía del cien por cien del valor de la obra, una vez que se ha producido una recepción provisional y que la Administración ha tenido el plazo de un mes para efectuar un primer examen sobre la calidad y condiciones de la obra que se entrega.
La enmienda 415 pretende acoger también en el seno de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas alguna fórmula de colaboración empresarial, además de la que ya consta de unión de empresarios o la que puede resultar de otra ley, como son las agrupaciones de interés económico. Tengan en cuenta, señorías, que muchas veces incluso llega a los medios de comunicación y genera litigiosidad la concurrencia a contratos de las administraciones públicas de sociedades limitadas, con un capital ínfimo que genera una apariencia de insolvencia, a las que se adjudica un servicio o una obra de un importe notable y que después proceden, obviamente, a efectuar las ampliaciones de capital correspondiente. Esta imagen inicial de insolvencia de la compañía no desaparece fácilmente. Es normal que se actúe en la vida empresarial de esta manera porque tampoco va a constituirse compañía con un capital social importante si no se está seguro, como no puede estarse, obviamente, de la adjudicación del contrato correspondiente.
De ahí que lo que pretende nuestra enmienda, a través de la adición de un apartado 2 al artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es que pueda dejarse la constitución de la compañía, y por lo tanto la aportación del capital correspondiente, a una segunda fase después de la adjudicación del contrato. En un primer momento los que concurriesen serían personas físicas o jurídicas que se comprometen a la constitución de esa compañía y, una vez efectuada la adjudicación del contrato, se procedería al otorgamiento de la escritura de constitución de la compañía y a la inscripción en el registro correspondiente.
Finalmente, respecto del último bloque de enmiendas, la filosofía del Grupo Parlamentario Catalán es la de efectuar una regulación más detallada del contrato de concesión de construcción y explotación de autopistas, así como modificar en algunos aspectos el régimen tributario de esta modalidad contractual o de construcción, explotación y prestación del correspondiente servicio público.
Termino mi intervención anunciando a SS. SS. que procederemos a la retirada de nuestras enmiendas 424, 430, 431, 433 y 434.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda al título IV que no es de corrección al texto de ninguno de los artículos de este título, sino una enmienda de adición por la que se crea un nuevo artículo que pretende recoger un aspecto que, desde nuestro punto de vista, tiene una serie de incongruencias formales que queremos corregir, y es el referente a las operaciones financieras de las diputaciones forales.
En el momento actual, y debido a la coexistencia de la Ley de Territorios Históricos y de la Ley de Haciendas Locales, las diputaciones forales se ven sometidas a un doble control externo cada vez que intentan realizar una operación de endeudamiento, a pesar de haber sido aprobada por juntas generales en base a la autonomía financiera que le

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atribuyen las normas forales de presupuestos y de la propia Ley de Territorios Históricos. Esta incongruencia lleva a la situación de que mientras un ayuntamiento de régimen común necesita únicamente la aprobación por el Pleno de la corporación y la autorización de la Dirección de Haciendas Locales para emitir deuda, las diputaciones forales necesitan, en primer lugar, la aprobación de las juntas generales; en segundo lugar, del Gobierno vasco, a propuesta del Consejo Vasco de Finanzas Públicas y, en tercer lugar, de la Dirección General de Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda. En la práctica esto significa que las diputaciones forales se colocan a nivel inferior que las corporaciones locales, incluso de las más pequeñas del Estado. Esta situación nos parece absurda y nace del hecho de que con posterioridad a la aprobación de la Ley de Territorios Históricos, en el año 1983, se aprobó la Ley de Haciendas Locales, de 1989, sin haberse adaptado la segunda a la primera. Sin embargo, al no haberse recurrido la Ley de Haciendas Locales, se ha dejado el camino abierto para que se aplique a las diputaciones forales el carácter de entidades municipales.
De ahí nace el absurdo de mantener esta connotación foral para las relaciones interinstitucionales dentro de la comunidad autónoma y de la corporación local. Este contrasentido lleva a que se ejerza una doble tutela financiera sobre las diputaciones forales, la primera por parte del Gobierno vasco y la segunda por la vía de la Dirección General de Haciendas Territoriales. Entendemos que esto puede traer graves consecuencias y producirse un conflicto de competencias, en el supuesto de que el Gobierno vasco autorizase la operación de endeudamiento y la Dirección General de Haciendas Territoriales la denegase. Además puede darse el caso, por ejemplo, de que la Diputación Foral de Vizcaya esté ejerciendo la tutela financiera preceptiva para autorizar operaciones de endeudamiento a ayuntamientos de Vizcaya, mientras que si se trata del propio endeudamiento de la Diputación Foral de Vizcaya, como mínimo tiene que pedir autorización al Gobierno vasco y, tal y como interpreta la Dirección General de Haciendas Territoriales, también tiene que pedirla a este mismo organismo.
Por tanto, buscando un consenso entre la Ley de Territorios Históricos y la Ley de Haciendas Locales, lo que proponemos es llegar a un término medio sustituyendo la necesidad de contar con la autorización de la Dirección General de Haciendas Territoriales para la materialización de las operaciones financieras de las diputaciones forales en el endeudamiento, avales y otras, por esta autorización del Gobierno vasco y la simple comunicación a la Dirección General de las Haciendas Territoriales. Este es el motivo de nuestra enmienda.
Por nuestra parte no hemos presentado ninguna otra enmienda a este título IV.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CAMARA RODRIGUEZ: Trataré de dar respuesta a las cuestiones que se han planteado sobre todo por parte del Grupo Socialista, a alguna de sus inquietudes legítimas, pero inquietudes nada más, relacionadas con la defensa de alguna de sus enmiendas y con el momento de desaforado verbalismo de alguno de sus portavoces, como el señor Gimeno.
Me voy a referir, en primer lugar, a algunas de las manifestaciones --con preguntas retóricas altisonantes-- del portavoz del Grupo Socialista.
Creo que tanta preocupación por algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno que se incorporan a esta ley no tiene reflejo, ni muchísimo menos, en el trabajo que ha realizado su grupo para enmendar lo que en principio consideraba poco aconsejable, incluso desestructurador --según las manifestaciones del señor Gimeno--, de la política sobre contratación y financiación de la obra pública. Porque sólo hemos encontrado una enmienda del Grupo Socialista que exprese esa preocupación tan exacerbada a la que hacía alusión el señor Gimeno. Y me van a permitir SS. SS. que lea cuál es la motivación: Desacuerdo con la nueva figura del contrato de obra por abono total. Esta es toda la motivación que encontramos en el escrito presentado a la Cámara y que después ha tenido toda una serie de excesos verbales sobre lo que les parecía a los señores del Grupo Socialista la medida adoptada por el Gobierno.
Sobre esto yo quería recordar que no fue el Grupo Parlamentario Popular quien presentó a esta Cámara el proyecto de ley de administraciones públicas del Estado en la legislatura anterior, fue el Gobierno sustentado por el Grupo Socialista, que incorporaba un artículo que conocerán sin ninguna duda SS. SS., que es el 100.2 de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, Ley 13/1995, que dice exactamente, contestando también a alguna de las manifestaciones hechas por el señor Ríos en el sentido de decir que nos hemos inventado no sé qué modalidad de contratación a través de la ley de medidas --y perdonen que lo lea--: el pago del precio --se refiere sin duda alguna al contrato de obras-- podrá hacerse de manera total o parcialmente mediante abonos a cuenta. La forma de pago de abonos a cuenta es la que se había establecido y se establecía de modo histórico, era la forma en la que se estaban pagando las obras que eran contratadas por la Administración, y se incorpora, digo, en un proyecto de ley presentado por un grupo que hoy enmienda esta posibilidad de pago del precio en la contratación de la obra pública, que es el Grupo Socialista, y, por tanto, creo que quedan vacías de contenido algunas de las manifestaciones, si no todas, hechas por el señor Gimeno con respecto al contrato de abono de las prestaciones realizadas de manera total.
También quería hacer unas manifestaciones previas sobre lo que a nuestro grupo le sugiere la presentación de este título IV sobre las normas de gestión y organización, que creo que es necesario puntualizar. En este proyecto se contempla la modificación de diversas leyes --esto no se le escapa a nadie--, motivada, aunque parezca obvio, ni más ni menos que por la necesidad de adecuar la realidad normativa de la política del Gobierno que aparece ínsita dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. Digo esto porque parecería --al menos este Diputado tiene esa sensación-- que algún grupo todavía no ha digerido el hecho de que la acción del Gobierno no la dirige

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el Grupo Socialista en este momento, sino el Gobierno sustentado por el Grupo Popular, y es lógico que entienda que dentro de las disposiciones normativas que aparecen en esta ley de acompañamiento no ve reflejada su política, ni la va a ver reflejada desde el momento en que es otra formación política la que toma las responsabilidades del Gobierno, y no el Gobierno socialista. Por tanto, es lógico, repito, que no se encuentren reflejados en la política que ellos harían sobre algunos de los puntos a los que después me referiré.
Para producirse esta adecuación normativa a la que me refiero se han tenido que modificar algunos --más que algunos-- preceptos normativos, además de los referidos por los grupos enmendantes, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que entre otras cosas otorgan --y no se ha comentado-- un tratamiento correcto de la territorialización de las subvenciones dimanentes, en principio, de una consolidada doctrina constitucional a la que tampoco han hecho referencia, porque es ni más ni menos que la justificación que tiene el Gobierno para presentar algunas de las modificaciones normativas al texto refundido, insisto, de la Ley General Presupuestaria. Además, quiero recordar que se produce exclusivamente por una circunstancia, si quieren fortuita, que se corresponde con el error, el fallo o como quieran ustedes denominarlo, que se produjo con respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 1995, que incorporaban una modificación en el artículo 81.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria por el que en su artículo 16 se podía interpretar que quedaban suprimidos el resto de párrafos que contenía, y lo que no aparecía de ningún modo era la intención del legislador --al menos así lo entendemos nosotros-- para dejar sin regulación los apartados hoy contenidos respecto a las entidades colaboradoras.
Se da la circunstancia de que durante este último año y medio había un cierto vacío legal relacionado con la forma en que se regulaban las obligaciones de las comunidades autónomas cuando actuaban como gestores o como entidades colaboradoras de las subvenciones que recibía el Estado y que gestionaban directamente las comunidades autónomas, y me refiero a casi todas las que vienen procedentes de los fondos de cohesión y fondos de la Unión Europea: Feoga-orientación, Feder, Fondo Social Europeo, etcétera. Esto queda sin regular y es una de las justificaciones básicas por las que se incorpora esta modificación normativa al texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Lo digo porque quedó esta laguna sin duda de forma fortuita.
Hay otro bloque de modificaciones a las que al menos el Grupo Socialista tampoco ha hecho referencia a través de la intervención de hoy ni a través de enmiendas, puesto que no se presenta ninguna, y sin embargo en el debate de totalidad, como recordarán SS. SS. --o al menos yo sí lo recuerdo--, sí tuvo una amplia batería de respuestas contradiciendo los criterios del Gobierno para modificar la Ley de Patrimonio del Estado, porque entendían que la política a desarrollar por el Gobierno popular contradecía lo que a ellos les parecía que podría salvaguardar los intereses del patrimonio del Estado. Pues bien, en el debate de hoy no han hecho referencia a ello, ni tampoco a través de sus enmiendas, sin duda, ya digo, porque es más el trabajo que desarrollan con respecto al debate propio personal en esta sala y en el hemiciclo que el que se materializa a través de enmiendas. Me refiero especialmente a la intervención del señor Gimeno, que me ha sorprendido por eso, porque parecía como si hubieran hecho un esfuerzo especial en dotar de una gran complejidad y una gran modificación a la política que se iba a seguir por parte del Gobierno en algunos aspectos, y de momento sólo fueron dos enmiendas las que se presentaron, y además hacía al portavoz del Grupo Popular preguntas de carácter retórico que estaba dispuesto a contestar, pero como veo que no está espero que le transmitan cariñosamente que, si no le respondo, es por el poco interés que manifiesta S. S. en obtener respuesta a aquello a lo que retóricamente al menos parece que solicitaba contestación.
Además, se introducen modificaciones en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Arrendamientos Urbanos que tienden a resolver de una manera completa aspectos relacionados con la gestión patrimonial del Estado referente a las modificaciones a la Ley de Patrimonio que había comentado con anterioridad. Por eso hay otra batería de modificaciones, en las que sí han sido ampliamente desarrolladas las pocas enmiendas presentadas por S.
S. y por el representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que atienden en muchas de las ocasiones a dotar de una nueva regulación legal a un aspecto en el que al menos nuestro grupo comparte la preocupación del Gobierno con respecto al déficit, al endeudamiento alarmante. Según nuestra opinión, en muchos de los casos, en ayuntamientos de pequeño y medio tamaño y, cómo no decirlo, en los de gran tamaño, en el ámbito municipal de las corporaciones locales de España, consideramos que tenía que tener un reflejo normativo de modo inmediato y no de forma gratuita, sino porque además esto iba acompañado de toda una serie de disposiciones normativas dimanantes de la Unión Europea, especialmente sensibilizada con los problemas de carácter presupuestario o financiero que puedan tener los ayuntamientos del ámbito comunitario, y lo que se da es simple reflejo normativo, primero, a la preocupación que nuestro grupo comparte con la posición del Gobierno en este sentido de reducir el endeudamiento en la medida de los posible, y, segundo, a implicar a las corporaciones locales en una modificación de su política de endeudamiento.
Me va a permitir que le recuerde algunas de sus manifestaciones, porque me han parecido como mínimo curiosas. La preocupación de S. S. con respecto a los ayuntamientos versaba más en ver de qué modo se podría pagar a los proveedores, es decir, de qué modo se podía trasladar endeudamiento a otro tiempo más cercano o más lejano, que en la política que yo creo que S. S. compartirá conmigo, que trataría exclusivamente de la reducción del endeudamiento. Una política de endeudamiento no trata de trasladar endeudamiento en el horizonte temporal, trasladarlo a un proveedor o no, sino de que no se vean continuamente los ayuntamientos sometidos a tener que realizar modificaciones de su política de endeudamiento, sobre

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todo en las operaciones a corto plazo, en las que continuamente los ayuntamientos --y esto ha sido manifestado en multitud de ocasiones por el propio Tribunal de Cuentas y por los tribunales de cuentas autonómicos-- refinancian las deudas a corto, de modo que en fraude legal o sin fraude legal, o utilizando de una manera poco ejemplificadora la normativa sobre endeudamiento, se conviertan las deudas a corto en deudas a largo plazo y, por tanto, se vayan vulnerando progresivamente los límites de endeudamiento a largo, que, como saben SS. SS., tienen los ayuntamientos y que siguen sin modificar. Por eso precisamente el proyecto del Gobierno introduce restricciones al endeudamiento a corto plazo, y no como decía S. S. del 25 al 35 por ciento, sino al revés, del 35 al 25 por ciento, por entender que hay que actuar decididamente sobre el endeudamiento de las corporaciones locales y hacer un llamamiento a que esto supone una vulneración radical, como he escuchado por parte del señor Ríos --y si no ha sido así que me corrija-- y del portavoz del Grupo Socialista, de la autonomía local, y que se realizan las medidas de este tipo de un modo precipitado y reflexivo, me parece que como mínimo son manifestaciones que no responden a la realidad, por no decir otra cosa.
Las bases sobre materias de procedimiento de control y las bases sobre procedimientos de contabilidad, sin ningún género de dudas son competencia de carácter estatal. Yo no sé si hacer un llamamiento después a este epíteto, o no sé cómo calificarlo, que parece estar de moda en estos días, pero sí que sería constitutivo de convertir los sistemas de control y los planes de contabilidad de los ayuntamientos en un auténtico «carajal». Es decir, permitir que los ayuntamientos pudieran establecer sus propias normas de contabilidad, su propia estructura del presupuesto, el modo en que van a corregir las desviaciones presupuestarias a lo largo de la ejecución; dejar todo esto en manos simplemente de los plenos de los ayuntamientos, primero, sería contrario a lo que establece la Constitución en materia competencial del Estado y, segundo, convertiría posiblemente --no quiero repetir la expresión-- este tipo de normativa de carácter inferior sobre los planes de contabilidad y de control en los ayuntamientos en un auténtico despropósito de desuniformización para el sistema en general.
Los planes de contabilidad, que son normas de rango inferior, son aplicables directamente. Incluso las estructuras propias de los presupuestos de los ayuntamientos son aplicables a todos los ayuntamientos de España, excepto en aquellas comunidades, como en el caso especial de la que provengo, la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde existe una competencia específica para regular y dotar a los ayuntamientos de planes de contabilidad y estructuras del presupuesto.
Pero haciendo un examen exhaustivo de cuáles son esos planes en las comunidades autónomas donde esto se permite, comprobarán, si hicieran, repito, un estudio, que las tres diputaciones forales tienen planes de contabilidad o determinación de estructuras contables para el presupuesto de las entidades locales estratificados por municipios y número de habitantes, y prácticamente con el mismo tenor literal que las que se establecen a partir de 1994 para el resto de los municipios de España.
Por tanto, no hay, de ninguna de las maneras, ni precipitación ni adopción de medidas irreflexivas a través de estas normas de modificación de las haciendas locales, ni muchísimo menos se vulnera la autonomía local. Simplemente se trata de dar una uniformidad de la normativa aplicable a las entidades locales, más aún, como digo, cuando el propio plan de contabilidad se aprobó en 1994 y todavía no se había operado en el sentido de adecuar la legislación a tales modificaciones.
Así creo responder a la enmienda presentada por el Grupo Socialista al artículo 116, y a la 300, de Izquierda Unida.
Al artículo 117 se presentan por la señora Rahola y por Izquierda Unida en el mismo sentido las enmiendas 7 y 301, respectivamente, enmiendas que vamos a rechazar, y explicaré los motivos.
El artículo 96.1, y alguna referencia he hecho con anterioridad, establece que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno, y eso se hace, entre otras cosas, en este artículo 117. Aparte de que saben SS. SS. que es necesario que haya una norma de trasposición de la Unión Europea para poder incorporar, y que sea plenamente aplicable la normativa externa del Estado en el ordenamiento interno.
Por otro lado, y como he comentado, en el endeudamiento a corto plazo --y así contesto específicamente a la enmienda presentada por la señora Rahola-- por operaciones de tesorería debe admitirse que se queden en un 25 por ciento los recursos liquidados del presupuesto inmediatamente anterior, porque mantener el límite del 35 por ciento es excesivo, como comenté antes, y en este sentido ha habido varias y numerosas manifestaciones del sector bancario para «denunciar» --entre comillas-- las dificultades de reembolso que tienen para recuperar los préstamos, lo que acaba llevando, como comenté, a la práctica iregular de renovar los créditos convirtiéndolos en operaciones a largo plazo.
Sin embargo, lo que sí vamos a aceptar es la enmienda 302, de Izquierda Unida, que pretende la modificación del artículo 49 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Su señoría tiene razón. De hecho, lo que hace dicha enmienda es permitir esas operaciones de crédito, en todas sus modalidades, en toda clase de entidades de crédito. Es decir, ustedes no es que incorporen una enmienda para que se pueda, sino que eso se podía.
Lo único que hace la expresión de la enmienda presentada por ustedes es clarificar y sistematizar los preceptos que son aplicables a la concertación de las operaciones de crédito. Por tanto, siendo coherentes con las modificaciones que se contiene en el proyecto de ley sobre la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aceptaremos dicha enmienda. Si bien es cierto que quiero dejar claro que esto ya se permitía, insisto en ello, y lo que hace la redacción de la enmienda de Izquierda Unida es darle al artículo coherencia y mayor claridad. En cuanto que clarifica y sistematiza la aceptaremos.
No aceptaremos la enmienda 295, referida a este artículo 117, de Izquierda Unida, por cuanto entendemos que la carga financiera en operaciones a largo plazo no puede computarse en base a un parámetro inicial deducido de un

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presupuesto, sino que debe ser medido en términos medios a lo largo de la vida de los préstamos, a efectos de determinar la verdadera capacidad de endeudamiento de las entidades locales. Por tanto, no la vamos a aceptar.
Quería hacer referencia ahora a las enmiendas presentadas por Covergència i Unió, referentes a introducir una tercera sección en el capítulo II, si mal no recuerdo, enmiendas 413 y 414, que modifican algunos preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La primera pretende la introducción de una letra k), al artículo 3, apartado 1, que quedaría redactado en los términos en los que se ha basado S. S. para confirmar de manera inequívoca la necesidad de excluir los contratos de préstamos, créditos y los productos financieros derivados concertados para cubrir el riesgo de tipos de interés y de cambio en el ámbito de la aplicación de la ley, y especialmente de los préstamos y créditos.
También aceptamos la enmienda 414, de adición, puesto que compartimos la interpretación que hacen sobre la voluntad del legislador en el supuesto de las adjudicaciones de contrato a ofertas incursas en presunción de temeridad, y a que el órgano de contratación obtenga la garantía de que la ejecución de la obra se llevará a buen fin, y al efecto impone al adjudicatario la obligación de afianzar, por el importe total del contrato, la correcta y puntual ejecución del mismo, sin que parezca justo --y estamos de acuerdo con S. S.-- que, realizada la obra y recibida de conformidad, la empresa adjudicataria haya de soportar, durante el período de garantía previsto en el contrato, una carga adicional como es el mantenimiento de la garantía definitiva. Por tanto, son enmiendas que aprobará nuestro grupo.
Quería hacer referencia al tan traído y llevado y pírricamente enmendado artículo 124. Digo que está pírricamente enmendado por el Grupo Socialista porque lo único que hace es decir que no le parece bien esto del abono total. Según manifestaba ya con ocasión de la enmienda que presentaban al artículo 113, que es del mismo tenor literal que la presentada al artículo 124, esperemos que de verdad sea con ocasión de la discusión de la ley de disciplina presupuestaria cuando se pueda entrar a debatir alguna de las enmiendas, pero yo ya adelanto que no va a ser así, puesto que no están presentadas, a pesar de lo que decía el señor Gimeno, para este tipo de contrato y, por tanto, asistiremos de nuevo a una representación más retórica y más formal que real de la preocupación que parecía suscitar en el Grupo socialista el contrato de obra por abono total.
Ya dije que el artículo 100.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas introduce esta posibilidad de pago del precio de manera total de una vez y sin que medien los abonos parciales de la obra efectuada. Siempre se pagaban las obras totales, lógicamente, señor Ríos, pero no es una denominación nueva, le recuerdo; ya se denominaba así en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Entonces, nos permitirá que simplemente reflejemos la denominación del pago total del precio, tal y como aparece en la legislación vigente sobre contratos de las administraciones públicas, siempre y cuando nosotros queramos modificar esa forma de pago que se establece en la Ley de Contratos. Así que no hay invención de ninguna denominación, porque desde luego el pago se producirá de modo total, como se venía haciendo hasta ahora.
De lo que sí trata esta modalidad contractual, porque ya se ha comentado en multitud de ocasiones por quienes han comparecido en esta Cámara continuamente para explicar de qué modo se iba a desarrollar normativamente esta forma de contrato de obra por abono total del precio, es de avanzar en la línea contemplada en la Ley de Contratos, insisto, entrando a participar en fórmulas de pago que con experiencias similares van siendo realizadas en países de nuestro entorno. Ni es el modelo alemán, ni es el francés, ni es el inglés; es el modelo genuinamente español, señor Ríos, que se incorpora con esta normativa a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Lo único que se hace es dar consistencia normativa a un precepto que estaba sin desarrollar, por cuanto la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al día de hoy no cuenta con un desarrollo reglamentario como sí contaba la anterior.
Por tanto, es inevitable que se incorpore, al menos con ocasión de la ley de medidas de acompañamiento a la ley de presupuestos. Esta es la única razón por la que aparece así y debiera entenderse que es, ni más ni menos, para que esta modalidad de precio que aparece en la Ley de Contratos pueda ser puesta en marcha.
Son muchas y variadas las ventajas que han sido manifestadas por nuestro grupo en multitud de ocasiones para que esta modalidad de contrato vaya a entrar en funcionamiento. En primer lugar, permite optimizar, sin ningún género de dudas, la utilización de los compromisos futuros que se regulan en el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que por cierto durante los dos últimos años apenas se ha venido utilizando por imposibilidad material, ya que los contratos se limitaban a comprometer los créditos de los dos ejercicios posteriores a que se iniciara la obra, y ustedes manifiestan el sentido de decir que les parece excesivo el tasladarlo a diez, por lo que pudiera entenderse que se podría trasladar la financiación a doce años. A nosotros nos parece excesivo; no hay más que ver cuál suele ser, de las grandes obras de infraestructuras realizadas en nuestro país, el plazo de terminación de alguna de ellas que pretendidamente debieran de finalizarse en el plazo de dos, según la normativa anterior de la Ley General Presupuestaria.
Por otro lado, ningún tipo de imprevisión o de alocada forma de dar reflejo normativo a la modalidad de pago a la que me refiero, ni muchísimo menos, porque básicamente lo único que se hace es estructurar la forma en que puede ser puesto en marcha, dejando el resto de los preceptos referentes a la contratación administrativa en vigor, y se mantienen, como no podía ser menos, todas las acciones preparatorias de los contratos, y no sólo eso, sino que además se establece la necesidad de incorporar alguna de las cautelas que hasta el momento no existían en el caso de que se financiaran las obras mediante compromisos futuros, plurianuales o presupuesto comprometido dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Al trasladar todos los pagos a la finalización de la obra, lo que se vincula, sin ningún género de dudas, de modo

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más efectivo es el gasto público efectuado con su finalidad. Hay que tener muy claro lo que significa una obra en curso, que, en definitiva, es lo que ocurre mientras una obra no está entregada a su término en la empresa privada o en la obra civil, a lo que significa en la obra pública. En las ocasiones en que la iniciativa privada se incorpora al mercado para dejar una infraestructura o una construcción, lo único que se hace es mantener una obra en curso y su destino final es la venta inmediata. Cuando esto lo acomete la Administración, el único destino que tiene la infraestructura es incorporarse al objetivo para el que fue propuesto, que es el servicio público y su utilización inmediata para dar satisfacción a finalidades de carácter público, ya que en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, se produce con la acometida de obras de carácter público, de infraestructuras hidráulicas o viarias.
Por consiguiente, lo que se hace es acompasar la financiación con el objetivo real de la introducción de la Administración pública en la construcción de infraestructuras, y así, además, aunque los temas de contabilidad sean tortuosos en muchos de los casos, dar cumplimiento fiel al principio de devengo, en contra de las manifestaciones de alguno de los portavoces socialista en este sentido. Es decir, lo que se hacía hasta el momento era dar reflejo presupuestario al principio de caja a lo largo de la financiación de la obra pública, porque además la misma edición literal de la Ley actual y de la anterior establecían que las certificaciones de obra constituían abonos a la buena cuenta de la entrega final de la obra. Por tanto, lo que se hacía era procurar la financiación del contratista, y de este modo lo que se exige al contratista es que se autofinancie la obra y que después se entregue de la forma denominada por algunos portavoces como de llave en mano, en el momento en que pueda ser entregada a su finalidad. Es la única manera, les aseguro, de hacer valer el principio contable de devengo en el registro contable de las operaciones presupuestaria relacionada con la construcción de obras hidráulicas, obras de infraestructura viaria, etcétera. Creo que la medida está plenamente justificada y creo haber dado respuesta a las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, y en concreto la única presentada por el Grupo Socialista al artículo 124.
Acabaré, señor Presidente, muy rápido haciendo referencia a las enmiendas al artículo 127, a las que tengo que decir que aquí sí que el Grupo Socialista ha trabajado, porque ha presentado diecisiete enmiendas, que además tienen todo el rigor relacionado con la política industrial que ellos sin duda desarrollarían relacionada con la Agencia Industrial del Estado. Lo que ocurre es que hay una cuestión de simple diferencia de conceptuación de lo que a ustedes les parece que debe ser la Agencia Industrial del Estado y lo que al Gobierno y a este grupo les parece que debe ser y que es así; es decir, la batería de enmiendas presentadas al artículo 126, de la Sepi, y al 127 responde a medidas de carácter político. El plan de modernización de la estructura industrial del Estado responde a una política industrial que tiene este Gobierno y que no tenía el Gobierno socialista. Sus enmiendas son congruentes con una política que ustedes desarrollarían en este sentido con respecto a la política industrial, con respecto al papel que le tocaría desempeñar a la Agencia Industrial del Estado, y no es la del Gobierno popular ni es la de este Grupo Parlamentario. Por tanto, aun aceptando que se hace un trabajo riguroso sobre la consideración que a ustedes les merece la Agencia Industrial del Estado, nosotros rechazaremos sus diecisiete enmiendas por las razones que he expuesto.
Por último, quiero hacer referencia a la enmienda 59, del Grupo Nacionalista Vasco. Señor Zabalía, tiene usted toda la razón en estos momentos en el País Vasco respecto a las diputaciones forales, pero no es un problema relacionado exclusivamente con la autorización que deba dar el Ministerio de Hacienda para los avales concedidos y a conceder. Tiene que ver con un problema de mayor calado que es propio de las diputaciones forales y que no tienen los ayuntamientos, como usted muy bien ha dicho, porque precisamente la conceptuación actual de las diputaciones forales dentro de lo que es el resto de las diputaciones de España, que como se sabe tienen un régimen bien distinto, es un problema que se viene arrastrando desde la incorporación a la normativa vigente de la Ley de Haciendas Locales, de la Ley 5/1986 de Bases de Régimen Local, que sigue sin estar solucionado. No quisiera, aunque lo haría encantado, trasladar a este momento el debate que usted sabe perfectamente que se está produciendo continuamente en el País Vasco, en las diputaciones, en el propio Parlamento vasco respecto a cuál es la conceptuación jurídica (jurídica porque la política es bien conocida) de qué tipo de entidades locales son las diputaciones forales dentro del elenco de diputaciones o de corporaciones locales existentes en España. Está claro que son de carácter especial, pero hasta que no se modifique, hasta que no quede delimitado el papel o la diferente conceptuación de estas tres diputaciones en las bases del régimen local, que aún y salvo modificación constitucional, sigue siendo competencia exclusiva del Estado, este problema seguirá existiendo.
Por tanto, rogaría a los Diputados del Grupo Nacionalista Vasco que ese debate, que se viene produciendo desde hace años en la comunidad autónoma, tenga algún reflejo a través de una introducción en el propio País Vasco de una ley municipal, una coordinación normativa que a ustedes se les ocurrirá, se les debía ocurrir, es más, yo creo que ya se les ha ocurrido la fórmula por la que se puede estructurar dentro del glosario de corporaciones locales, la Ley de Territorios Históricos vigente en el País Vasco, con la normativa de carácter básico de régimen local en el resto del Estado, y es una labor que tocará desempeñar en el Parlamento vasco y, cómo no, en este Parlamento, pero creo que no es el momento, no es la forma, porque se intentaría introducir a través de una ley de medidas de acompañamiento, y yo creo que éste es un debate --no sé si estará de acuerdo conmigo el señor Zabalía-- de mucho mayor calado que la propia enmienda a la que usted se refiere, que es cierto que es una dificultad añadida por el hecho de que, además, haya que pedir una autorización a Hacienda cuando se cuenta con competencias específicas del País Vasco pero yo creo que es un debate, insisto, que ha de ser trasladado a otro foro y no al propio del debate presupuestario. Por ello, nosotros no aceptamos la enmienda, pero

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dejando claro que sí es cierto que entendemos que ahí existe una problemática que hay que resolver y ahí queda.
Por último, anuncio que aceptamos una enmienda al artículo 128, que presenta el Grupo Socialista, la número 186, y la enmienda 316, de Izquierda Unida, por cuanto no están de acuerdo, y nosotros tampoco, y así lo manifestamos, con que el ente público Radiotelevisión Española no quede sometido a la Ley 13/1995, como se establece en el artículo 128.
Por otro lado, me sorprende que no hayan hecho referencia ninguno de los portavoces, pero nosotros aceptaremos esta enmienda porque es nuestro criterio también el que el ente público Radiotelevisión Española quede sometido al precepto del artículo 1.3 de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, de modo que no pueda suponerse en la gestión de Radiotelevisión Española, respecto sobre todo a su producción propia, que se quiere desvincular del derecho administrativo e incorporarse a ese grupo de entidades que la doctrina ha llamado en calificar de entidades en huida del derecho administrativo. Por tanto, nosotros no queremos incorporarnos a esa práctica y aceptaremos en el momento de la votación la enmienda 187, del Grupo Socialista, y 316, de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del título IV, empezamos el debate del título V. Lamentándolo mucho, señoras y señores Diputados, vamos a seguir con rigor el tiempo de diez minutos de intervención por cada grupo parlamentario, diez minutos no elásticos sino absolutamente rígidos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Voy a compartir estos diez minutos con mi compañera doña Cristina Narbona en un título, como es el V, que dentro de este esperpéntico proyecto de ley todavía lo es más, porque si hay que tocar algo, hay que hablar de carreteras, hay que hablar de ferrocarriles, hay que hablar de aguas, hay que hablar de transportes, hay que hablar de la ley del medicamento, hay que hablar de la reforma en materia educativa y sanitaria, hay que hablar de la moneda, es decir, se regulan una serie de aspectos que por mucho esfuerzo que hagamos los Diputados estamos observando que existe una falta de rigor, una falta de seriedad a la hora de resolver de la manera en que se resuelven este tipo de problemas que, según el Grupo Popular o el Gobierno, existen en nuestro ordenamiento. También tengo que decir que da la impresión de que está hecho un poco a la carta: aquí se resuelven los problemas en función de que haya grupos, colectivos o sectores que tienen alguna dificultad y que la plantean al Gobierno para que la resuelvan mediante este proceso que en modo alguno compartimos tal y como está diseñado, tal y como está configurado en este proyecto de ley.
Por ir cumpliendo el plazo que ha planteado el Presidente, voy a trasladar algunas de las posiciones de mi grupo respecto a los artículos que he mencionado; no voy a poder referirme a todos, aunque el Grupo Popular está diciendo a lo largo de la mañana que no contemplamos esta cuestión, pero es que con una enmienda a la totalidad sería suficiente para saber cuál es nuestro planteamiento, no obstante, voy a hacer un esfuerzo de comprensión.
Respecto al artículo 132 hay una serie de aspectos que consideramos bastante negativos y que justifican el que solicitemos su supresión. En el artículo 132, cuando hace referencia al artículo 8.2 de la Ley 8/1973, de 10 de mayo, se establece una fórmula curiosa a la hora de adjudicar las obras, porque lo que se plantea es que primero, se adjudica a alguien que concurre y, después, se obliga a constituir una sociedad anónima. Yo siempre he pensado que el proceso es al contrario: que primero se identifica claramente quién es el adjudicatario porque reúne una serie de condiciones, una serie de características, una serie de exigencias que se plantean en las leyes para que se conozca cuál es la estructura de esa sociedad, y después, si se ve que se está en condiciones de adjudicar esas obras, por supuesto que se le adjudican. Pero aquí se plantea la fórmula contraria, y además con una serie de modificaciones respecto a otras normas, como son los artículos 185 de la Ley de Código de Comercio, y 282 de la Ley de Sociedades Anónimas, que, señorías, nosotros no acabamos de entender. Una cosa es que se quiera agilizar, una cosa es que se quiera hacer todo lo posible para que las obras públicas tengan unos plazos más cortos, la forma de gestión sea más adecuada, o más ágil o como ustedes quieran llamarlo, y otra cosa es que se eliminen algunas trabas que con la pretendida justificación de la flexibilidad y de la agilización están entrando en algo que ustedes han denunciado mucho, que es la falta de transparencia.
Ustedes, al suprimir el artículo 185, por ejemplo, o al no aplicarlo en este caso concreto, cuando dice que el capital social de las compañías, unido a la subvención, si la hubiera, representará por lo menos la mitad de lo que importe el presupuesto total de la obra, o cuando dice que las compañías no podrán constituirse mientras no tuviesen suscrito todo el capital social y realizado el 25 por ciento del mismo, están aquí planteando una auténtica ley de la selva a la hora de ver quién es el que puede acceder a esta adjudicación. Si vamos a la Ley de Sociedades Anónimas, al artículo 282, yo les agradecería que se lo leyeran con un poco de detenimiento y verían cómo es muy complicado, es bastante difícil que las cosas se puedan justificar de la manera que ustedes lo hacen.
En la modificación que ustedes establecen en este artículo 132 al artículo 13, f) de la citada ley también nosotros vemos que es muy complicado el asumir semejante planteamiento, porque ustedes están hablando de unos anticipos reintegrables o préstamos subordinados o de otra naturaleza. Sin embargo, ¿quién los hace?, ¿el Estado?, ¿el Estado es el que va a tener que anticipar a las empresas desde el inicio del período concesional ese tipo de anticipos, de préstamos o de cantidades, y después la devolución la harán cuando estimen conveniente? Aquí ustedes van a la fórmula de que el Estado paga y luego recupera, si es que puede recuperar a la vista de tal y cómo han planteado que se constituía la sociedad inicial.
En el mismo artículo se hace referencia al artículo 25 bis, que habla de la compensación al concesionario. No podemos estar de acuerdo en modo alguno en que pueda

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consistir total o parcialmente en la ampliación del plazo vigente de la concesión, es decir, en llevarla hasta los 75 años que ustedes plantean en la reforma del artículo 30.1. Pensamos que no es la fórmula más adecuada para llevar a cabo la gestión de este tipo de construcción, conservación y autopistas en régimen de concesión. Estas razones y otras que se podrían aducir en un debate más amplio, justifican plenamente que votemos en contra y que pidamos la supresión de este artículo.
Respecto al artículo 133, relativo a la gestión directa de la construcción y explotación de determinadas obras públicas, vemos que, en ese afán liberalizador, en ese afán privatizador de la gestión pública que ustedes tienen, autorizan a construir una o varias sociedades; es decir que, con independencia de que después establecen una serie de limitaciones muy genéricas cuando se trata de carreteras, dentro del apartado 4 incluyen otro aspecto importante, que es la construcción, explotación y ejecución de obra pública hidráulica, a la que luego se referirá doña Cristina Narbona. Y aquí lo que parece claro es que van a hacer todo lo posible para que exista un descontrol por parte del Parlamento hacia este tipo de gestión, como ha sucedido en Aragón con unas empresas públicas que se constituyeron en su momento; se permitió y posibilitó que la gestión de ese tipo de infraestructuras se sacara de la esfera directa del Gobierno y pasaran a unas empresas públicas de nombre, pero que funcionaban con unos planteamientos privados. A pesar de que alguno pueda entender que critico esto, no lo critico, se trata simplemente de que quedaban fuera del control del Parlamento. Ustedes parece ser que han optado por esa fórmula, con la que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, y de ahí que también planteemos nuestro rechazo a este artículo 133.
También planteamos la supresión de los artículos 134 y 135. Entendemos que este ente público de infraestructura ferroviaria que ustedes plantean, este gestor de la infraestructura ferroviaria, tal y como lo explicó el secretario de Estado en su comparecencia, hace que nos ratifiquemos en que cae fuera del control parlamentario. Va a ser difícil que el Parlamento atienda la manera en que se está gestionando la construcción y el desarrollo de las infraestructuras en este país. La verdad es que no dejan nada en manos del Parlamento y todo lo someten a una forma de gestión eminentemente privada y dependiendo de empresas que después no hay manera de que ofrezcan una gestión transparente, clara, nítida de su funcionamiento en el desarrollo de este tipo de obras. Y, a pesar de que este órgano gestor tiene algo más de letra en su propia redacción --porque, a diferencia de los anteriormente contemplados establece ya una serie de condiciones, una serie de aspectos de su configuración, de su creación, de su instauración--, todavía no se perfila nítidamente que pueda plantearse ese control parlamentario y, la verdad, supone un modelo de gestión que no compartimos y que, tal y como está dimensionado, tal y como está planteándose, pensamos que va a formentar la paralización de las inversiones públicas en esta materia.
Pero mientras que en este ente es posible que a lo largo de 1997 su creación sea un hecho, lo que sí está claro es que, en los casos anteriores --artículos 132 y 133--, si la reflexión que les lleva a la constitución es la misma que está llevando a este ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, no creo que en 1997 estén constituidos y, si lo están, es posible que surjan con semejantes problemas de carácter técnico, jurídico e incluso político que su desarrollo sea muy difícil, muy complicado.
Respecto al artículo 139, que hace referencia a subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, nosotros hemos planteado una serie de enmiendas que tienen como misión garantizar que esa subvención se va a producir sin que exista ningún tipo de problema para la calidad de los servicios que se prestan. Pensamos que es una forma de garantizar la redacción que ustedes plantean en su artículo; creemos que con este añadido mejora sustancialmente el contenido del mismo. Además, esta nueva redacción supondría mostrar nuestro acuerdo con lo que plantea Coalición Canaria en su enmienda 32.
Al artículo 140 ha presentado una enmienda de supresión, la enmienda 47, el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros estamos de acuerdo con dicho grupo porque pensamos que la inclusión de un régimen sancionador de estas características en este proyecto de ley resulta inadecuada y, por ello, ponemos de manifiesto que vamos a votar a favor de dicha enmienda. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la enmienda 468 del Grupo Popular.
Pensamos que no es bueno ni correcto incluir este precepto en una ley de acompañamiento y que puede afectar a principios incluidos en la Ley Orgánica Reguladora de Libertades y Derechos de Extranjeros en España; es decir, pensamos que, dentro de este conjunto de disposiciones que se regulan en este título V, el Grupo Popular debiera aceptar la enmienda de supresión.
El artículo 142, que hace referencia a la modificación de la Ley del Medicamento, es otro de los artículos importantes de este proyecto de ley. Nosotros, en nuestra enmienda de supresión de este artículo 142, planteamos una serie de razones justificativas de nuestras pretensiones.
Pensamos que esta modificación que se establece es innecesaria, ya que esta definición de especialidad farmacéutica genérica ya se contempla en la propia ley; pensamos que es discriminatoria, porque se obliga a comparar los medicamentos genéricos con la especialidad de referencia; pensamos que es una modificación que tiene un carácter nulo, porque contraviene una Directiva Comunitaria; pensamos que, de cuerdo con el texto del Gobierno, va a suceder que es el usuario el que elige la especialidad farmacéutica y no acabamos de entender, puesto que el que receta un medicamento es el facultativo correspondiente, por qué razón tiene que ser el usuario el que elija qué tipo de medicamento va a tener que adquirir en un momento determinado. No estamos acostumbrados a que cuando vamos a la farmacia con nuestra receta, si no hay ese específico, el farmacéutico nos recomiende otro, pero que eso se recoja en una ley como la facultad que tiene el usuario de elegir el medicamento que le conviene, nos parece un desatino bastante importante y, tal y como se plantea este artículo 142, es así como viene recogido. De la misma manera, tampoco nos convence, en absoluto, que el usuario pague la diferencia

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entre el precio de la especialidad farmacéutica financiada por la sanidad pública y el de la especialidad farmacéutica elegida. ¿No sería más oportuno que, en lugar obligar al usuario a pagar esta diferencia de precio se fuera a seleccionar una serie de medicamentos que el Estado va a abonar al 100 por ciento? Porque en el gasto farmacéutico que ustedes están planteando no hay ningún tipo de ahorro, ningún tipo de beneficio para el usuario y, la verdad, se está generando una cierta intranquilidad, una cierta preocupación por parte del usuario a la hora de ver cómo se va a actuar en la regulación de la adquisición de productos farmacéuticos. Y esto nos extraña más cuando ustedes están diciendo que la farmacia va a crecer únicamente un 2,6 por ciento; al final, de acuerdo con los baremos presupuestarios, va a crecer en torno al 14,2 por ciento. Nosotros pensamos que, tal y como está redactado este texto, no supone ninguna mejora; acaba gastándose lo mismo que ahora, no hay ninguna diferencia. Se faculta al usuario para elegir una cosa que no es competencia suya, sino del facultativo que le receta, y no entendemos por qué hay que hacer pagar al usuario una cantidad cuando, en lugar de marcar esa diferencia entre el producto farmacéutico y la especialidad de referencia, se debiera plantear, desde nuestra perspectiva, una mejor fórmula que sería que se relacionaran una serie de medicamentos que el sistema sanitario estaría dispuesto a abonar en su cien por cien.
Lo que sí es cierto es que, a pesar de que en algunos aspectos de este planteamiento podemos tener cierta duda, la duda se nos disipa cuando, a la hora de gestionarlos, no tenemos la confianza necesaria en ustedes para esperar que lo que están planteando se pueda gestionar tal como dicen.
Tendría que aludir a muchas más enmiendas a las que se han referido todos los grupos respecto a estos artículos; se me está indicando que vaya más despacio, lo que pasa es que resulta muy complicado el atender a todos los artículos, con todas las enmiendas y después tener que oír que no queremos hacer frente a lo que se plantea en el proyecto, pero intentaré hacer ese esfuerzo para que no se produzca ningún problema.
Lo que venía a decir, señor Presidente, es que en el conjunto de estas enmiendas presentadas por los distintos grupos hay enmiendas a las que vamos a mostrar nuestro apoyo y para indicación de los grupos correspondientes vamos a votar a favor de las enmiendas 319, 320, 322, 323, 324, 321, 329, 328, de Izquierda Unida, si no las retiran; la 441 y 437, de Convergència i Unió; vamos a apoyar la 9 de la señora Rahola; la 360 y 361 del señor Chiquillo; la 72 de la señora Lasagabaster; la 47 y 48 del Partido Nacionalista Vasco y la 32 de Coalición Canaria.
En las enmiendas números 327 de Izquierda Unida y 44 del Partido Nacionalista Vasco nos abstendremos porque vamos a reflexionar un poco más sobre su contenido y veremos si en próximos trámites parlamentarios planteamos una definición más nítida que esté relacionada con el sí o el no a las pretensiones que de las mismas se deducen.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán, por sus diecisiete minutos de intervención.
Tiene la palabra la señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: La brevedad con la que voy a intervenir no guarda ninguna relación con la extraordinaria gravedad del contenido de los preceptos 145 y 146 del proyecto de ley de acompañamiento, respecto de los que hemos presentado enmienda de supresión, enmiendas del Grupo Socialista 196 y 197.
En el artículo 145 el proyecto de ley de acompañamiento diseña un modelo de contrato de concesión de construcción, conservación o explotación de cualquier tipo de infraestructura hidráulica que abre el paso a posibilidades que consideramos absolutamente desacertadas en la gestión de un recurso básico para nuestro país, como es el agua. Ello porque, entre otras cosas, se limita a presentarse bajo un carácter de inocuidad, como una mayor precisión de la legislación hasta ahora existente en materia de contratos del Estado --así ha sido explicado por los responsables del Ministerio de Medio Ambiente-- y, si eso fuera así, no sería ni siquiera necesario modificar la legislación, que ya prevé vías de colaboración suficientemente importantes y abiertas para la iniciativa privada en este campo.
De hecho, la intencionalidad de este artículo es bien distinta y queda de manifiesto cuado se establece un régimen económico-financiero que queda simplemente enunciado, sin ninguna referencia al artículo 106 del la Ley del Agua, artículo que, como todos saben, solamente garantiza el establecimiento de tarifas que apenas si permiten la recuperación del 50 por ciento del coste de la inversión asociada a una obra hidráulica, mientras que, por el contrario, este artículo del proyecto de ley permite el establecimiento de tarifas cuyas condiciones exactas quedan pendientes, en primer lugar, de un reglamento, que anuncia el propio proyecto de ley, y después de las condiciones específicas de cada uno de los contratos.
Volvemos a incidir en algo que está siendo objeto de un análisis muy crítico: la opacidad y la falta de intervención del Parlamento en lo que se refiere al desarrollo de obras hidráulicas, en este caso.
La grave indeterminación sobre las condiciones para los usuarios futuros de obras que pueden incluso estar ya construidas en este momento y para las que se asuma este contrato previsto por el proyecto de ley, nos parece, como he dicho antes, de extraordinaria gravedad, porque no permite actualmente más que suscitar esa preocupación y deja abierto un régimen económico-financiero del cual nada sabemos porque todo queda, como digo, a expensas de un reglamento futuro y de las condiciones de cada uno de los contratos, permitiendo, además, una compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que de hecho significa gasto público, para evitar ningún riesgo por parte de los empresarios que asuman este tipo de concesiones. Para ese viaje no hacen falta alforjas; si queremos empresarios --y los queremos-- algún riesgo deben asumir y no deben verse cubiertos de forma absoluta, como aquí se pretende, por el gasto público complementario a las tarifas que en su caso impongan.
Por lo que se refiere al artículo 146, respecto del que también presentamos enmienda de supresión, somos contrarios a su contenido en la medida que significa la posibilidad de que las Confederaciones Hidrográficas, que son

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en estos momentos los entes que deben regular y controlar el uso del agua en cada una de nuestras cuencas, puedan participar con empresas privadas en sociedades que se ocupen de la concesión de obra hidráulica. Que el ente regulador participe en el beneficio y en el negocio con las empresas concesionarias, con las empresas que deben ser objeto de regulación, nos parece absolutamente aberrante, y así lo han entendido también otros grupos parlamentarios de esta Cámara, que han presentado a ambos artículos, igual que nosotros, enmiendas de supresión, explicándolo además, en el caso de Convergència i Unió en su enmienda 441, con gran claridad. Esperamos que esta enmienda no decaiga, porque significaría renunciar a evitar un perjuicio futuro para la gestión del agua en nuestro país que no debe tolerarse.
Por lo que se refiere a la enmienda 147 --y con esto termino--, presentamos una enmienda que sólo significa una mejora técnica a la propuesta del proyecto de ley, porque de hecho se recoge un proceso de descentralización en la gestión del Ministerio de Medio Ambiente hacia las Confederaciones Hidrográficas que teníamos ya previsto en el proyecto de la non nata ley de acompañamiento de los presupuestos de 1996. Lo único que hacemos en nuestra enmienda es precisar de forma más adecuada el contenido de esa descentralización y ampliar las facultades de las Confederaciones Hidrográficas.


El señor PRESIDENTE: Ruego a las señoras y señores Diputados que aprendan de la elegante sobriedad de la señora Narbona, que ha empleado solamente cinco minutos en hacer su exposición.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar defender las 14 enmiendas que mi grupo ha presentado a un título que se llama De la acción administrativa y que tiene siete capítulos.
Señor Presidente, la verdad es que si lo que hasta ahora hemos venido diciendo en la discusión de esta ley de acompañamiento ha sido importante, creo que en este título lo es aún más, por el tipo de trámite que estamos intentando hacer. No creo que sea bueno que un Gobierno que necesita tramitar unos presupuestos equilibrados en cuanto a ingresos y gastos, que debe buscar el equilibrio parlamentario para esta actuación, una a esa discusión reformas de acciones administrativas que deberían buscar el consenso, el diálogo y la negociación con todas las fuerzas políticas que existen en el país, de temas que van a condicionar el futuro, en algunos casos veinticinco años, cuarenta años o los años a los que den lugar las concesiones que podamos hacer aquí.
Por tanto, sería bueno que en la cultura de la actividad parlamentaria se diferenciara lo que son equilibrios necesarios para sacar adelante unos presupuestos, de lo que es reformar estructura administrativa de nuestro país, que debería buscar otro encuentro.
Les voy a poner un ejemplo, empezando por lo último, que es lo más fácil.
El capítulo VII de esta ley plantea modificar la Ley de Metrología.
¿Querrán decirme SS. SS. en qué va a incidir esto en los números que vamos a aprobar? Otro ejemplo: las personas o entidades que se propongan fabricar, importar, comercializar o ceder en arrendamiento los instrumentos, aparatos, medios de medida, registro y control metrológico... esto ¿qué tienen que ver? Pero, si sigue ustedes, verán: metales preciosos. Esto de metales preciosos es muy importante, sobre todo cuando hablamos de oro y platino.
Y dice: el material precioso para ser comercializado deberá alcanzar las siguientes características: platino, tal; oro, tal... ¿Qué tiene que ver esto con los presupuestos? Esto es que, aprovechando que va a haber un trámite parlamentario y que se les va a dar 7 días a los grupos parlamentarios para que lo discutan y lo enmienden, aquí metemos todo lo que teníamos de remanente. Abrimos el cajón y lo metemos todo a remolque.
Señor Presidente, yo creo que ésta no es la mejor fórmula, pero quizás sabios existen en otros sitios que conocen mejor cómo se deben hacer estos trámites.
A este capítulo VII hemos presentado una sola enmienda. Hemos utilizado el de metrología, pero podríamos haberlo hecho con los demás. Proponemos la supresión. ¡Ojo!, esto no quiere decir que el Gobierno quede maniatado para su acción político-económica de este ejercicio 1997. Quiere decir que se deberá tramitar por régimen normal para poder discutirlo entre todos.
Voy al centro de nuestras enmiendas, señor Presidente. El artículo 132 de este título pretende precisar, modificar la ley 8/1972 sobre construcción, conservación y explotación de autopistas. La verdad es que el Gobierno nos trae esta discusión. Después me referiré a ello. En lo que ha tomado una decisión, y significa mucho dinero, es en la ampliación de las concesiones. Aquí se habla de que el negocio de esta ampliación de 25 años del régimen de concesión puede suponer más de un billón de pesetas. Entiendan SS. SS. que, cuando estamos regateando 7.000 ó 5.000 millones, hablar de un billón de pesetas es un negocio gordo. He sacado este ejemplo de que se amplía la concesión en 25 años más. El artículo 132. Uno, que modifica el artículo 13 f) de la Ley 8/1972, dice: «Excepcionalmente, de anticipos reintegrables o préstamos subordinados de otra naturaleza, desde el comienzo del período concesional» (fíjense en la precisión que hace) «cuando se prevea que vayan a resultar necesarios para garantizar la viabilidad económico-financiera de la concesión». Es decir, el Estado le va a hacer un anticipo y su devolución se hará a partir del ejercicio en el que comiencen a obtenerse resultados positivos. Es toda una joya de la relación económica entre el Estado y los concesionarios a los que ya les hemos metido un billón de pesetas en el bolsillo, so pena de que ustedes digan que van a construir autopistas nuevas de peaje, pero no creo que sea eso; es para lo que ya tenemos, para lo que está cogido. Si yo fuese uno de los empresarios accionistas de estas empresas estaría dando palmas con las dos manos, las dos orejas y los dos pies. La verdad es que la medida es: para el negocio seguro ya lo tienen, y si tienen algún problemilla, se lo vamos a arreglar con las concesiones del propio Estado.


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Las enmiendas que vamos a presentar al artículo 133, señor Presidente, van dirigidas a retirar la posibilidad de que el Estado pueda constituir una o varias sociedades para la construcción, conservación y explotación de carreteras estatales. La verdad es que aquí se genera el entramado legal de lo que antes hemos aprobado como facilidad de la actuación contractual del Gobierno. El procedimiento es el siguiente: el Consejo de Ministros acuerda constituir una o varias sociedades; después, el Consejo de Ministros acuerda establecer convenios; después, el Consejo de Ministros tendrá que poner en los Presupuestos Generales del Estado los compromisos plurianuales para participar esas sociedades y, después, éstas podrán contratar con terceros la construcción de carreteras. Esto es lo que estamos aprobando. De aquí hasta que se termine esta autorización lo que estaremos diciendo es que esta fórmula de acompañar los presupuestos no va a poder ser usada por el Gobierno este año. Por tanto, me da la impresión de que esa venta que se está haciendo de que la ley de acompañamiento lleva la facilidad de hacer inversiones no previstas y no recogidas en los presupuestos es un brindis un tanto extemporáneo.
Dentro de este capítulo I, de inversión pública, nosotros quisiéramos resaltar la modificación que se hace de la inversión en infraestructuras ferroviarias. No voy a abundar más en la argumentación que se ha dado acerca de la construcción del GIF (grupo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias), en lo que significan nuevas inversiones porque tendríamos que discutirlo mucho y, sobre todo, en cómo se va a hacer. Cuando debatíamos el PDI, que no era nuevo, se iba a hacer el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona con esta financiación; de los 0,8 billones que podía costar, 0,7 iban a salir de financiación extrapresupuestaria. Los comparecientes de entonces decían: esta financiación extrapresupuestaria quiere decir de los Presupuestos Generales del Estado, pero significarán otras aportaciones. Por tanto, tendríamos que incluir los recursos de otras administraciones para que este GIF funcione. Además, lo aclara muy bien cuando se dice cómo se va a financiar este instrumento gestor.
Yo quisiera resaltar más que esto el artículo 135. La verdad es que dicho artículo, desde nuestro punto de vista, añade una complicación mucho mayor. Ustedes saben que hoy Renfe está organizada por unidades de negocio. Se decía que aquellas unidades de negocio eran de funcionamiento interno. Una de ellas se dedica a la conservación. Ustedes con este artículo 135 dicen que también se podrá dedicar al GIF la conservación de la red ferroviaria. La verdad es que esto sí que es un bocado. Lo cierto, señorías, es que hacer nuevas carreteras ferroviarias, como decía la anterior presidenta de Renfe, el tiempo no está para llover.
Ahora, poner en manos privadas el dinero que costará la conservación, que sí que está metido en Renfe, puede suponer una buena actuación, que llevaría consigo la privatización de lo que está haciendo Renfe y del volumen de personal que Renfe tiene dedicado a esto. Esto se mete de rondón, sin que se haya discutido, sin que se haya negociado, sin que haya un amplio debate social. La verdad es que respecto a esta actuación deberíamos ser mucho más prudentes.
En todo caso, he resaltado esta enmienda al artículo 135 por si pudiera ser un argumento de convencimiento, al que yo creo que también están llegando otros agentes y no sólo este grupo enmendante. Hay agentes sociales con importante presencia en la acción ferroviaria que van a hacer un ejercicio de claridad sistemática de esto. Por eso, aunque ustedes aprueben el artículo 134, que yo también pido que se suprima, mientras lo ponen en marcha, lo estudian, limiten el artículo 135.
Retírenlo y dejen la conservación como está, con los empleados que hay.
Empiecen ofreciendo un ejemplo que después podamos desarrollar. Están empezando todo por arriba, y a apretón. Ustedes están funcionando arterialmente y la arteria proyecta la sangre del corazón a mucha velocidad, pero también tiene que volver al corazón a través de la vena para volver a ser arteria. Yo les rogaría a ustedes que pudieran tener un funcionamiento más limitado en esta gestión de infraestructuras ferroviarias.
El otro gran bloque de enmiendas va dirigido al capítulo VI, en materia de agua.
Antes de llegar a ella, me gustaría defender las enmiendas que hemos mantenido en materia de transportes, en los artículos 135 y 140, además de referirme a que el artículo 134, del que estábamos hablando, podría tener matizaciones. A él hemos presentado dos enmiendas que pretenden la mejora de las infraestructuras ferroviarias y de ese agente gestor de las nuevas infraestructuras. Pero no sabemos muy bien si va a ser de mayoría pública o de mayoría privada. Como no sabemos muy bien la definición, cuando llegue su momento y tengamos aquí cada uno de los proyectos, tras su paso por el Consejo de Ministros, podremos profundizar más. Pero hay algunas actuaciones que demuestran que ustedes le quieren dar a este GIF una capacidad ejecutiva y gestora que no se somete a ningún control posterior. Incluso pasa por la administración municipal. Dicen que para que el GIF haga una carretera ferroviaria o vaya a modificar el trazado no se precisará licencia municipal. Los municipios que se callen; que digan cómo puede ir, pero lo importante es que se haga. Bien, pero con garantías, no vaya a ser que el GIF que vamos a poner en marcha pueda mover como quiera el trazado ferroviario, cuando ustedes saben que es limitante. En la ordenación del territorio, el trazado ferroviario es limitante, condicionante de los desarrollos urbanos. Pero, en todo caso, veremos cómo evolucionan esas enmiendas.
Señor Presidente, voy a referirme a las enmiendas a los artículos 136 y 140 sobre materia de transporte. En el capítulo III presentan un artículo 41 en el que vienen a lamentarse de la falta de inversión en el desarrollo de la Logse. Vienen a decir: como no tenemos dinero para poner en marcha los centros de secundaria, modifiquemos y digamos que los antiguos centros de primaria, los centros de EGB, que tenían la escolarización desde 3 a 14 años, que ahora van a perder de los 12 a los 14, los podemos adecuar para hacer también formación profesional y secundaria. Y ustedes dicen que eso llevará una adecuación. La verdad es que ustedes van a tener que gastarse mucho dinero en que aulas de parvularios se destinen a aulas de secundaria en una cosa muy sencillita: que los niños de tres años miden

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esto y los de 14 miden esto y no los puede usted sentar en las mismas sillas en las mismas aulas. No sé si ustedes conocerán una escuela por dentro, pero un aula de párvulos es una cosa y un aula de secundaria y de formación profesional otra cosa totalmente distinta. Yo es que he estado en una escuela algo así como 21 años, porque me dedico a eso cuando no estoy dedicado a convencerles a ustedes de la bondad de nuestras enmiendas, y la verdad es que la situación de los laboratorios y de las aulas de la EGB, para lo que es la formación profesional, que empiezan a hacer prácticas en los módulos nuevos desde el primer año, ustedes van a hacer aquí un gasto inmenso que, fíjense por dónde, lo podían destinar a nuevos centros de secundaria, a desarrollar la Logse, a cumplir de aquí al 2001 aunque nada más que fuera el 70 por ciento los pilares básicos de ese desarrollo de la secundaria, porque mucho nos tememos que ésta sea la puerta de atrás para que no se desarrolle la secundaria, para que no se desarrolle la Logse, y buscar ahí una adecuación complicada. Yo sé que esto es un canto que, a lo mejor, tendremos que seguir con posterioridad.
Voy a referirme al tema del agua, y con esto termino, señor Presidente.
La verdad es que sobre los artículos 145, 146 y 147 podíamos hacer dos discusiones: una, o no son necesarios (yo no quiero leérselos a ustedes, porque la señora Narbona anteriormente ya ha hecho referencia a ellos) porque ya tienen ustedes la adecuación en el artículo 131 de la ley de contratos o en la realidad de acción de la Ley de Aguas anterior, ustedes ya tienen posibilidad de esta actuación. Pero, ¿por qué se pone aquí? Se pone porque ustedes van a privatizar o a intentar no invertir desde lo público, pero sí hacerlo desde lo privado, nada más y nada menos que obras de regulación de recursos hidráulicos. ¿Saben ustedes lo que es esto?: pantanos, medidas contra las avenidas, la conducción y potabilización del agua, esto ya se sabe que son las potabilizadoras y lo están haciendo las grandes empresas eléctricas, energía sobre la que alguna vez hablaremos porque no está ahora la parte contratante; el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, son las depuradoras.
¿Se imaginan una empresa que gestiona la depuradora y que luego cobra reutilizaciones, etcétera?, con tarifas para todo lo que son los gastos de construcción, explotación y gestión de la misma, tarifas que harán frente a todo ello. Es introducir, cuando menos, si es que no van a dar un salto cualitativo, elementos complicados.
Pero lo peor de todo ello, señor Presidente, es que en un año en el que, después de 13 años de intentos, teníamos un plan hidrológico nacional en las puertas --decían que estaban a punto de hacerlo, que ustedes van a hacer un libro blanco del agua--, se atreven nada más y nada menos que a modificar la Ley de Aguas, de rondón, por la puerta de atrás. ¿Pero no quieren ustedes consensuar un plan hidrológico? ¿Pero cómo reforman ustedes la Ley de Aguas, previamente a la discusión de ese plan hidrológico, para facilitar, adquirir, comprar, enejenar, lo que son títulos representativos de capital, concesiones? Señorías, esto es el mercado del agua, el agua del mercado, los mercados negros... ¿Qué es lo que pretenden ustedes conseguir con esta reforma de la Ley de Aguas? ¿Por qué no esperar a consensuarla? ¿Por qué meterla aquí, en este trámite, en el que estamos los que estamos y en el que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Yo no sé si es que ustedes piensan de verdad que el problema del agua se puede tramitar así. Yo les digo, del viejo Levante, que somos levantiscos, y los temas del agua es muy complicado tratarlos de esta manera; hasta una gota de agua mal puesta trae su complicación.
Lógicamente, yo les aconsejaría que estas reformas, si quieren hacer lo que en teoría nos dicen, ya tienen aquí la base legal, ya las confederaciones pueden hacer lo que están ustedes proponiendo, ya pueden hacer otras cosas. Si lo que quieren hacer es lo que ya están haciendo y se puede hacer legalmente, Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy... No toquen nada de lo que hay, porque si ustedes reforman esto, es que yo entiendo que van a hacer más de lo que están haciendo ahora, y ello traerá grandes complicaciones, dificultará que haya un plan hidrológico nacional, dificultará el modelo del agua que vamos a tener en el futuro. No es posible hacerlo de la forma que ustedes lo están intentando hacer. En todo caso, arrieros somos, en el camino nos veremos y en la discusión confrontada también.
Señor Presidente, he defendido mis 14 enmiendas con el ánimo de convencer. Quizás mi tono, en algunos momentos, ha sido más alto, pero es que, como estamos aquí desde ayer por la mañana a las nueve y media, en algún momento tenemos que tener altos y bajos para convencernos de que está siendo útil lo que estamos haciendo.


El señor PRESIDENTE. Señor Ríos, yo estoy absolutamente convencido de que lo que ustedes hacen es no sólo enormemente útil, sino utilísimo para toda la sociedad española, y desde luego, he de decir una cosa muy sinceramente: a mí no me ha parecido, en absoluto, que haya utilizado altos y bajos; me ha parecido un tono normal muy propio de un debate parlamentario. Muchas gracias, señor Ríos.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, defenderé únicamente las enmiendas números 47 y 48, porque, respecto de la enmienda 44, intervendrá, si llega a tiempo, mi compañero, el diputado señor Zabalía y, si no, la daré por defendida.
La defensa de estas enmiendas es extraordinariamente sencilla, ya que me basta la mera referencia a lo sostenido por el Consejo de Estado en el informe que acompaña al texto del proyecto que examinamos. El dictamen urgente del alto órgano consultivo considera perturbador regular el transporte de emigrantes y el régimen sancionador aplicable a las compañías o empresas de transporte que traigan extranjeros a España por vía aérea, marítima o terrestre, a las que se exige que adopten las medidas necesarias para cerciorarse de que éstos tengan en su poder la documentación exigida para entrar en territorio español, imponiendo, en caso contrario, a tales empresas la obligación de hacerse

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cargo del extranjero o extranjeros y de su reenvío al país de origen.
El Consejo de Estado observa que la ley en la que se insertan estos proyectos no es orgánica, a pesar de que lo que se regula afecta a una ley que sí lo es, la de derechos y libertades de los extranjeros en España, de 1 de julio de 1985. El precepto es consecuencia del acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles de las fronteras comunes y, sin embargo, se introduce en una disposición legislativa aislada que no es una norma en materia de transporte, ni en materia de extranjería, ni en materia de protección de la seguridad ciudadana, como sería lógico. Además, y esto también lo señala el Consejo de Estado, esta incorporación a nuestro ordenamiento de una normativa relacionada con nuestras obligaciones europeas, realizada mediante la mera transcripción de una directiva, resulta insuficiente para contener todo un novedoso régimen de actuación de los transportistas.
Todas estas reflexiones llevan al Consejo de Estado a considerar --y repito el adjetivo porque es el que el Consejo emplea-- perturbador para los destinatarios del Derecho, ya que no se respeta el lugar adecuado para la regulación legislativa.
Otros grupos, como el Partido Socialista, han anunciado su apoyo a esta enmienda, y yo quiero llamar también la atención del Grupo Popular, de su portavoz en este título, de que, dadas las excelentes relaciones de mi grupo con el Ministerio del Interior, les manifesté el criterio que ahora he sostenido y se me prometió reconsiderar la inclusión de estos preceptos, haciendo caso, no a mi argumentación, sino a la del Consejo de Estado, lo que advierto a los posibles efectos de la aceptación de esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Damos por defendidas el resto de las enmiendas y también damos por defendidas las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), según me manifestó anteriormente su portavoz.
Por parte del Grupo Popular, para mantener su posición, tiene la palabra el señor Ortiz, y le ruego encarecidamente brevedad, dentro de los márgenes prudenciales que aconseja el tiempo y la contestación.
Perdone, señor Ortiz. Llega el señor Silva y, si no le importa a usted, a pesar de que le hemos autorizado la palabra (El señor ORTIZ GONZALEZ: Con mucho gusto, señor Presidente.), se la daré primero a él para que exponga su posición.
Tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su comprensión y apreciación de que el orden de los factores no altera el producto.
Quiero defender, muy brevemente y con mucha sobriedad, las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título V. He de decir que, por un error de este Diputado, se refirió a algunas de las enmiendas al título V al defender las correspondientes al título IV. Es obvio que las que hacen referencia a modificación del régimen jurídico de las concesiones de autopistas y de las novaciones que pretendemos, así como el régimen fiscal, corresponden al título V, y era éste el momento de su defensa, y no al título IV. Advertimos ya en su momento que procederíamos a retirar las enmiendas números 424, 430, 431, 433 y 434 a este título V.
Un segundo bloque de enmiendas es el que hace referencia a la modificación que se efectúa de la Ley del Medicamento. Nuestra enmienda número 437, es una enmienda de supresión, por entender que debiera esperarse a modificar esta ley a las conclusiones de la subcomisión constituida dentro de la Comisión de Sanidad y Consumo, para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Salud, mediante el estudio de medidas para garantizar este marco financiero estable y modernizar el sistema y, subsidiariamente a esta enmienda de supresión del artículo 142, basada en esta necesidad y conveniencia de espera a conocer las conclusiones de la citada subcomisión, hemos presentado tres enmiendas más, creo recordar, al artículo 142, con carácter subsidiario, para precisar algunos aspectos de la especialidad farmacéutica genérica.
Finalmente, mantenemos la enmienda número 441 a los artículos 145 y 146 del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ortiz. Le reitero todo lo que dije antes.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, entiendo que esa llamada a la rapidez y a la prontitud en la exposición de la posición de mi grupo se producirá en términos de igualdad con el tiempo utilizado por otros grupos menos obligados a manifestar la posición respecto a las enmiendas de los demás. Con esa matización, muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me refiero, a las enmiendas que ha presentado mi grupo a este título V, que efectivamente abarca un heterogéneo panorama de acciones administrativas en materia de inversiones públicas, de transportes, materia educativa y sanitaria, telecomunicaciones, energía de aguas, y de otras acciones administrativas.


El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, le ruego que hable con más cercanía al micrófono, a los efectos de su constancia en el «Diario de Sesiones», pues no es posible seguir su exposición.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Mi grupo ha presentado en concreto tres enmiendas a este título V, las números 477, 478 y 479.
La primera se refiere al artículo 133 y establece que las relaciones entre el Estado y las sociedades estatales se regularán mediante convenio, previo informe preceptivo del Ministerio de Economía y Hacienda.
La razón es clara. La incidencia de las cargas financieras derivadas de este tipo de convenios puede tener, tanto en el ejercicio corriente como en los futuros, obliga a este informe necesario del Ministerio de Economía que garantice

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la compatibilidad de las cargas financieras con las previsiones presupuestarias correspondientes.
La segunda enmienda, que tiene que ver con algo que ha expuesto la diputada señora Uría hace un momento, se refiere al concepto de extranjero a efectos del cumplimiento de los Acuerdos de Schengen. Hay que subrayar que lo que pretende la enmienda es una referencia explícita a extranjeros no nacionales de estados miembros de la Unión Europea y que no procedan de países signatarios del acuerdo de Schengen.
La razón de este precepto y, consiguientemente, la razón por la cual no vamos a aceptar las enmiendas 47 y 48 del Grupo Parlamentario Vasco, al menos en este momento, sin perjuicio de ese capítulo de reconsideración posible en base a las conversaciones de su grupo con el Ministerio del Interior, no es otra que el cumplimiento, insisto, del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1995.
Nuestro país se encuentra en una situación de grave incumplimiento de este acuerdo en lo que concierne a las obligaciones relativas a sanciones a los transportistas extranjeros que no estén en posesión de los documentos de viaje exigidos. Los Estados signatarios del acuerdo, con carácter general, han cumplido el mismo, no así la legislación española, que no ha dictado hasta el momento ninguna disposición que pueda ser considerada como cumplimiento de las referidas exigencias derivadas del Acuerdo de Schengen. Esta y no otra es la razón de la enmienda y ésta y no otra, por tanto, es la razón de rechazo a las enmiendas --ya lo digo de paso-- 47 y 48 del grupo Parlamentario Vasco.
Finalmente, la enmienda 479, referida al artículo 144, viene a establecer que entre los límites máximos subvencionables deben incluirse todas las ayudas y bonificaciones contempladas en el título II de la ley. La propuesta deriva de que los topes que admite la Comisión de la Unión Europea para las ayudas no afectan solamente a las subvenciones sino también a las bonificaciones de intereses, exoneraciones fiscales y a cualquier otro tipo de ayuda. Consiguientemente, no es más que una matización en el texto.
Pasando a la posición de mi grupo respecto a las enmiendas de los demás, quiero hacer un doble turno: el primero, para los capítulos I y II, que se refieren a la acción administrativa en materia de inversiones y en materia de transportes; y, el segundo, respecto a todos los demás tipos de acciones administrativas que se contemplan en este título.
En cuanto a las enmiendas del PSOE y de Izquierda Unida, quiero subrayar algo que ya se ha puesto en evidencia ayer en el debate de la sección 17 con anterioridad en la comparecencia del Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes y, en definitiva, en todo el planteamiento de carácter fundamentalmente ideológico entre lo público y lo privado.
Vuelvo a insistir en la demonización de la iniciativa privada en que incurre permanentemente el Grupo Socialista, y también Izquierda Unida --habría que decir que incluso de modo más acusado, a pesar de las tablas parlamentarias del compañero y amigo Pedro Antonio Ríos, no hay más remedio que mantener esa afirmación.
En definitiva, señorías, nos encontramos en presencia de dos modelos de gestión de infraestructuras, y como estamos en democracia estos dos modelos son objeto de confrontación en las enmiendas que pretenden la supresión de los artículos 132, 133, 134 y 135, que se refieren a lo que es el núcleo de la ley de acompañamiento en lo que hace referencia a la ley administrativa en materia de inversiones públicas y de transportes: la modificación de Ley de autopistas del año 1972; la gestión directa, a través de la creación de una o varias sociedades estatales; la creación de gestor de infraestructuras ferroviarias fundamentalmente.
Nosotros creemos en un modelo de gestión de infraestructuras que aúne lo público y lo privado, no ya por las necesidades derivadas de la convergencia de la Unión Europea y de los criterios de Maastricht, sino desde el punto de vista de nuestra convicción. Creemos que la gestión de las infraestructuras debe ser un proceso armonizador de lo público y de lo privado, del mismo modo que creemos que hay también un modelo distinto de la finalidad del patrimonio público, del patrimonio estatal.
Entendemos que hay que proceder a la privatización de aquellos sectores de patrimonio público que no son necesarios en el momento presente en beneficio de aquellas otras necesidades, y una de las necesidades fundamentales es, sin duda, la de incorporar el proceso de creación de infraestructuras a la iniciativa privada (infraestructuras en forma de autopistas y en forma de ferrocarril).
Consiguientemente, desde esta perspectiva se entienden las enmiendas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida que pretenden la supresión de estos preceptos 132, 133, 134 y 135, en enmiendas claramente coincidentes. Se entiende que esta confrontación, de lo que llamaría Ortega el mundo de las creencias, confrontación claramente ideológica entre lo público y lo privado, se diga que esta ley de acompañamiento es esperpéntica; que estos preceptos significan una actuación a la carta; que no se entienda el sentido de los anticipos reintegrables, y se afirme algo más grave, no tengo más remedio que rechazar, que es con este tipo de mecanismos estas inversiones van a permanecer fuera del control parlamentario y del control presupuestario.
El capítulo VIII es como otro de lo Presupuestos Generales del Estado; estará sometido al control parlamentario, obviamente, y, por supuesto, a los controles internos y externos de la Administración pública, llámese Tribunal de Cuentas o llámese Intervención General de la Administración del Estado.
No puedo tampoco dejar de subrayar que el ámbito en el que se produce la ley de acompañamiento está absolutamente de acuerdo con la doctrina constitucional, en una bien conocida sentencia que obligaba a no incorporar a la ley de presupuestos, en sentido estricto y desde el punto de vista formal, preceptos que no tuvieran relación alguna con los presupuestos. La ley de acompañamiento es una ley como otra cualquiera, es una ley material y formal y, consiguientemente, puede incorporar cualquier tipo de materias. Entrar en razones de coherencia o de planteamiento sistemático no es cuestión de este instante. Sí recordarle al señor Ríos que, efectivamente, la ley de acompañamiento

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se produce en el más escrupuloso cumplimiento de la doctrina constitucional en relación con las materias que tienen que ver con los presupuestos y también las que no tienen necesariamente relación con ellos.
Respecto al artículo 135, que tanto le preocupa, en relación con el gestor de infraestructuras ferroviarias y del que pide su retirada, debo matizarle dos cosas: la primera, que el gestor de infraestructuras ferroviarias sigue siendo el ente público, aunque con incorporación prevista de capital privado, y que se producirá una relación en los esquemas de coordinación existentes en nuestro país. Consiguientemente, no veo ninguna razón para que se produzcan descoordinaciones entre Renfe y el gestor de infraestructura ferroviaria. Y la segunda, subrayarle que este gesto de infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de actuaciones, que supongo que no serán generales, en materia de conservación, se va a centrar esencialmente --y éste es el propósito explícito e implícito-- en la temática de la alta velocidad.
En definitiva, por las razones apuntadas, no podemos aceptar las enmiendas de supresión que se presentan a estos capítulos I y II de este título V, porque, en definitiva, nosotros creemos en la iniciativa privada y da la sensación de que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Izquierda Unida creen mucho menos.
Anuncio la formulación de una enmienda transaccional a una enmienda concreta que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida al artículo 144 en su apartado e), por entender que el carácter no preceptivo de la obtención de licencia municipal en las obras de infraestructura que lleve a cabo dicho ente atenta contra la autonomía municipal. En base a la doctrina jurisprudencial, fundamentalmente expresada en la Sentencia de 30 de marzo de 1984, proponemos una transaccional que, sin perjuicio de insistir en la no necesidad de licencia municipal para las obras del gestor de infraestructuras, diga que esto se haga sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 244, apartados 2 y 3 de la Ley del Suelo; en definitiva, sin que en ningún caso, a pesar de no ser precisa la obtención de licencia, se puedan vulnerar los criterios básicos del planeamiento municipal. Creemos que de este modo se salva perfecta y claramente la autonomía municipal.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, fundamentalmente referidas a los artículos 132 y 133, modificativos de la Ley de autopistas de 10 de mayo de 1972, anunciamos la aceptación de las enmiendas números 417, 418, 419, 420. Las enmiendas números 421 y 422, en principio no podemos aceptarlas pero prometemos, por coincidir con los motivos que las inspiran, considerarlas en algún momento ulterior del largo trámite presupuestario que queda. No podemos aceptar las enmiendas número 424, 426, 430, 431, 433, 434 y 435 y ofrecemos una transacción --está redactado el texto, se hará llegar, naturalmente, en el momento oportuno a la Mesa de la Comisión-- respecto a las enmiendas números 416, 427, 432 y 436.
Ya me he referido a las enmiendas presentadas por el Grupo del PNV y las razones de su no aceptación.
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 32 del Grupo de Coalición Canaria al artículo 139, relativo a las subvenciones al transporte, porque tal y como propone se impediría que el volumen de ayudas a esta materia pudiera ser reducido, que es el leit motiv del texto mismo.
Por las razones apuntadas anteriormente respecto a las enmiendas del Grupo Socialista y del de Izquierda Unida, no podemos aceptar ni las enmiendas de la señora Rahola, ni las números 360 y 361 de Unión Valenciana, que se oponen a la posible ampliación del período concesional hasta 75 años y la retirada de la exención del 95 por ciento de la contribución urbana.
En materia de autopistas es obvio que el objetivo que persigue el Gobierno, y por tanto este proyecto de ley, no es otro que crear las condiciones necesarias en las futuras concesiones de autopistas que estimulen a la iniciativa privada para hacerse presente en los concursos o en las licitaciones que se convoquen en su momento.
En cuanto al segundo bloque de enmiendas, respecto a otro tipo de acciones en materia educativa, sanitaria, etcétera, paso a referirme a ellas, muy rápida y tan sucintamente como sea capaz, artículo por artículo.
En el artículo 141, en materia educativa, sin tener la experiencia de la altura de los chicos de los cuatro años o de los diez o los quince de mi compañero don Pedro Antonio Ríos, hay que decir que la disposición adicional decimoséptima de la Logse ya prevé que en la necesidad de escolarización, el Estado y las comunidades autónomas afectadas y responsables para impartir educación secundaria, pueden utilizar edificios escolares de propiedad municipal en los que se imparta educación infantil y primaria. Por consiguiente, la modificación que se introduce en la citada disposición decimoséptima mediante el artículo 141 no viene a cambiar en absoluto la situación ya prevista.
El nuevo segundo párrafo que se incluye en el punto 2 de dicha disposición adicional lo que modifica es que la administración esté obligada a financiar los gastos generales de conservación, mantenimiento, vigilancia, etcétera, estableciendo la Logse que dichos gastos, en los supuestos de la disposición adicional, sean asumidos por el Estado y las comunidades autónomas, y con la redacción del artículo 141, los derivados del primer ciclo de la ESO, cuando se imparta en colegios, serán asumidos por los ayuntamientos. Esta medida no supone un incremento de gastos para los ayuntamientos respecto de la situación real, en la que estaban afrontando, de hecho, gastos de las unidades de primer ciclo de ESO y que vienen a sustituir a las que estaban asumiendo respecto a séptimo y octavo de EGB. Por tanto, con la redacción del artículo 141 de la ley de medidas no se quiebra la coherencia del sistema educativo propugnado en la Logse, ni se rome la unidad de la etapa de la ESO como afirma el Grupo de Izquierda Unida.
En cuanto al artículo 142, hay enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo de Convergència i Unió. Hay que decir muy sucintamente, señor Presidente, que lo que pretende el artículo 142, frente a la supresión que se postula, es adecuarlo a la realidad presente y, por tanto, este precepto es necesario ya que ni la Ley de Medicamento ni su normativa de desarrollo contempla definición alguna de especialización farmacéutica genérica, y no es discriminatorio, ya

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que el procedimiento simplificado para medicamentos suficientemente conocidos, como es el caso de los medicamentos genéricos, está recogido en el artículo 29 de la propia Ley del Medicamento. No es nulo, frente a lo que se ha dicho, ya que no contraviene la correspondiente directiva comunitaria. Si la especialidad cumple los requisitos exigidos de calidad, seguridad y eficacia podrá ser autorizada sin la consideración de especialidad farmacéutica genérica, caso de no haber demostrado la bioequivalencia. Lo mismo cabe decir respecto a las enmiendas que postulan la supresión de otros apartados.
Pasando al capítulo de enmiendas referidas a la conservación de la energía, anunciamos la aceptación de la enmienda de Izquierda Unida número 328, que propone la adición de la expresión «o en sus usos finales», ya que claramente mejora el texto en el sentido de que amplía su campo de aplicación a los usos finales, lo cual está en perfecta línea con la multitud de proyecto que se están impulsando en estos momentos.
Las enmiendas relativas a medio ambiente, fundamentalmente a los artículos 145 y 147, del proyecto, han merecido enmiendas del Grupo Socialista y también de Izquierda Unida. No podemos aceptar estas enmiendas. Hay que decir que la regulación genérica de una modalidad de contrato administrativo no es un impedimento para establecer un régimen jurídico autónomo a través de leyes especiales --y voy terminando, señor Presidente-- de carácter sectorial, si hay razones que así lo justifican, normalmente originadas por las peculiaridades, por las circunstancias de la materia objeto de reglamentación. Citemos como ejemplos la propia Ley de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas o el propio contrato de concesión de aguas previsto en la Ley del año 1985.
Por otra parte, la motivación de las enmiendas y la atribución de no sé qué intencionalidad oculta, es sencillamente errónea, porque la repercusión de costes de obra pública prevista en el artículo 106 de la Ley de Aguas, a través del denominado canon de regulación y tarifa de utilización, es un supuesto típico hidráulico, que se puede encuadrar dentro de lo que la Ley General Tributaria denomina tasas, pues se repercuten a los beneficiarios los costes derivados de la construcción y conservación de la infraestructura hidráulica. Los cánones, por tanto, no son precios públicos ni privados, sino figuras tributarias, como ha sido definido claramente por el Tribunal Económico-administrativo Central en numerosas resoluciones y por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En cuanto a la temática de delegación en las confederaciones, objeto del artículo 147, se trata de dotar de cobertura normativa a esta delegación, ya que, de acuerdo con la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, queda amparada la delegación interorgánica dentro de cada Administración, pero no así la delegación intersubjetiva del ejercicio de competencias entre órganos de la Administración central del Estado y de los organismos autónomos.
La enmienda propuesta por el Grupo Socialista adolece además de una deficiente técnica legislativa dado que, persiguiendo la misma finalidad, incorpora una regulación pormenorizada del posible ámbito de delegación que no tiene sentido ni justificación por su concreción y su detalle, por su carácter claramente antirreglamentario impropio de un precepto legal.
El Grupo de Izquierda Unida postula con su enmienda número 148 que no debe figurar en el proyecto de esta ley de presupuestos. La enmienda, obviamente, no puede aceptarse porque no estamos en presencia de la ley de presupuestos sino de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, denominada ley de acompañamiento.
Es imposible, señor Presidente, dar cumplida respuesta a las numerosas enmiendas que se han presentado, pero entiendo haberlo hecho. Y quiero concluir subrayando los aspectos fundamentales de esta acción administrativa, sobre todo en materia de inversiones públicas y de transportes; en definitiva, las enmiendas que postulan la supresión de los preceptos más significativos responden a un modelo distinto, a una ideología distinta y no son sino la expresión en democracia --y estamos en democracia-- de lo que Ortega denominaba creencias. Sus creencias, señorías, y las nuestras en este punto son bien distintas.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del título V, pasamos al último bloque del debate consistente en las disposiciones adicionales, transitorias y finales de este proyecto de ley.
Para defender las enmiendas por parte del Grupo Socialista tiene la palabra en primer lugar el señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: La enmienda número 199, que es la que me corresponde defender, es de supresión de la disposición adicional primera, organizaciones interprofesionales agrarias. No es una enmienda de forma porque la cuestión que debatimos es totalmente de fondo, y es si están presentes o no las organizaciones profesionales agrarias en las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. La ley actualmente permite que las organizaciones interprofesionales estén presentes. Con la nueva redacción que el Grupo Popular ha hecho en la ley de acompañamiento desaparecería la presencia de las organizaciones profesionales agrarias en las interprofesionales de carácter agroalimentario.
La verdad es que se entiende con mucha dificultad esta disposición que contiene la ley de acompañamiento. Y la dificultad estriba en entender el porqué. Las organizaciones profesionales agrarias son interlocutores habituales del Gobierno. Por lo tanto, son elementos reconocidos por el Gobierno y tienen una importancia clave, como la tienen, sin lugar a dudas, dentro del sector agrario. No entendemos que en un campo que forma parte de la vertebración del sector productivo y en el que las organizaciones profesionales agrarias juegan un papel tan destacado, se las quiera descabalgar o prescindir de ellas, y que siendo precisamente las organizaciones interprofesionales agro-alimentarias uno de los elementos claves de la vertebración del sector productivo, se quiera prescindir de las organizaciones profesionales agrarias.
No queremos suponer que esto se debe a presiones, a que hay presiones de algunos sectores económicos y que el

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Gobierno se ha plegado a las mismas. Eso nos daría una idea mala, la de un gobierno muy dependiente de determinados órganos de presión económica, muy susceptible a las indicaciones que ellos hacen y diríamos, que en este caso no estaba siendo totalmente parcial, no cumpliendo esa ley, no buscando los planos de convergencia de los distintos intereses de los diversos sectores económicos y de los agentes económico-sociales que actúan en un determinado sector, elemento arbitral que fundamentalmente tiene que tener un gobierno.
La verdad es que descabalgar a las organizaciones profesionales agrarias de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias va a redundar, en primer lugar, en un mal desarrollo de esta ley, en las pocas posibilidades de hacer creíble un plano de convergencia en el cual estén todos los sectores productores, cuando precisamente se intenta prescindir de uno de los elementos principales como son las organizaciones profesionales agrarias.
Hay un amplio consenso entre otros grupos políticos respecto a esta enmienda. Sería bueno que, en aras de hacer viable una ley que es tan importante como la que se refiere a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias para el desarrollo del sector agrario, máxime después de la reforma de la PAC y en el marco de los acuerdos del GATT, esta enmienda fuera aceptada. Creemos, además, que con ello facilitaríamos una paz muy necesaria para el desarrollo de toda la vertebración del sector productivo y para el desarrollo y aplicación de esta ley.
No hay justificación alguna, a nuestro entender, para que no estén presentes las organizaciones profesionales agrarias; muy al contrario, creemos que su ausencia puede ser uno de los motivos de que las organizaciones interprofesionales agroalimentarias no tengan el desarrollo que todos deseamos y que además necesitamos a fin de tener un sector vertebrado y competitivo en el marco de la agricultura de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Intentaré ajustarme al tiempo porque todavía queda otra intervención respecto a este bloque de disposiciones adicionales y transitorias.
En primer lugar me voy a referir a la segunda enmienda de supresión que presenta el Grupo Socialista, la número 200, a la disposición adicional quinta, relativa a las operaciones financieras del Instituto de Crédito Oficial, porque consideramos perjudicial la supresión que aquí se sostiene, en el apartado sexto de la disposición sexta del Real Decreto-ley 12/1995.
A continuación, voy a referirme a las enmiendas números 201, 202 y 203, relativas a los programas de fomento de empleo, con las que queremos ampliar y mejorar cualitativamente las medidas contempladas por el Gobierno, que nos parecen parcas y claramente insuficientes.
Consideramos, señorías, que es imprescindible continuar con las políticas activas de fomento del empleo pues son el mejor instrumento para luchar contra la gran injusticia social y humana que supone el desempleo, y porque mejorar los índices de empleo es la mejor garantía de que la evolución de la situación económica en nuestro país es positiva, más allá de las coyunturas estacionales. Por ello, el Grupo Socialista propone una enmienda de modificación y dos enmiendas de adición a esta disposición adicional sexta. Con ello añadiríamos a las escuetas medidas propuestas por el Gobierno las siguientes: ampliar los beneficios de reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en un 50 por ciento cuando se formalicen contratos con parados de larga duración, perceptores de prestaciones de desempleo o que hayan agotado estas ayudas en los siguientes supuestos: contratos de relevo para jubilaciones parciales; contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras o trabajadores que estén en excedencia por cuidado de hijos; contratos de interinidad para sustituir a trabajadores que estén cumpliendo el servicio militar o prestación social sustitutoria.
También proponemos el desarrollo de cuatro programas orientados a la formación profesional dentro de las políticas activas de empleo, programas que nos parecen de gran trascendencia en este momento ya que se trata de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar la formación ocupacional y ampliar a los mayores de escasa formación los programas de casas de oficio. Estos proyectos son: primero, programa nacional de formación profesional ocupacional a distancia; segundo, programa de orientación e información para el empleo a implantar en los centros públicos de formación, tercero, programas de casas de oficios para adultos mayores de 40 años y parados de larga duración y, cuarto, programas de empleo y desarrollo tecnológico.
Por último --dentro de este apartado--, proponemos que se desarrolle reglamentariamente el funcionamiento de los servicios integrados para el empleo, marcando los objetivos, mecanismos de seguimiento y control y los presupuestarios, facilitando así las actuaciones tendentes al incremento de la capacidad ocupacional de los demandantes de empleo. Los servicios integrados para el empleo, de reciente configuración, deben articular las políticas activas de empleo y conseguir una distribución equitativa de los recursos disponibles. Los planes que desarrollen deben tener un carácter personalizado y sistemático que ayude eficazmente al demandante de empleo a su inserción laboral.
En otro apartado, y como nuevas enmiendas de adición --la 208 y la 209--, el Grupo Socialista plantea que se establezcan retenciones en las plusvalías financieras inmobiliarias. Estas retenciones se establecen en un 20 por ciento. Se trata de extender el régimen de retenciones a las rentas sometidas a un tipo fijo de tributación, independientemente de la progresividad de las tarifas. Con ello pretendemos establecer un mayor control sobre los incrementos patrimoniales que resulten de las inversiones en estos mercados financieros y de la transmisión de inmuebles. Así, se restituirá una recaudación adicional a la prevista en estos presupuestos de 1997, disminuyendo las diferencias discriminatorias de tratamiento fiscal entre los ciudadanos en razón de su renta o de dónde tengan depositados sus ahorros, que ha consagrado el Decreto-ley de medidas urgentes de carácter fiscal, y se facilitaría el cumplimiento de los objetivos

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de reducción del déficit público. Según el Grupo Socialista, esta mayor recaudación permitiría dedicar mayor atención a programas de gastos sociales e inversión, prioritarios para este grupo.
Presentamos otra enmienda, la 210, que también significaría un aumento de ingresos recaudatorios y que se refiere a la modificación de las deducciones por inversión en el Impuesto sobre Sociedades, no pudiendo realizarse deducciones por adquisición de elementos de inmovilizado material durante el período impositivo iniciado en 1997, significando esto un esfuerzo de corresponsabilidad en estos momentos de ajuste presupuestario y de necesario control del déficit.
A continuación, voy a citar otras dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y que en este caso se refieren al establecimiento de beneficios fiscales. La primera de ellas, la 205, se refiere al cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que se establece la obligatoriedad por parte del Gobierno de arbitrar un sistema de beneficios fiscales para los arrendadores con contratos anteriores a mayo de 1985, que no pueden actualizar sus contratos al tener inquilinos de rentas bajas. Esperamos la buena acogida de esta medida que, además de justa, fue reclamada insistentemente, entre otros, por el Grupo Popular durante la elaboración y tramitación de la ley. Esta medida afectará a un colectivo de 200.000 propietarios de casas de renta antigua. El anterior Gobierno socialista incorporó estas medidas en el proyecto de presupuestos de 1996, que no fue aprobado. Por tanto, éste sería el momento adecuado para atender las expectativas, comprensibles al estar amparadas por la ley, de estos colectivos.
La segunda enmienda, la 206, se refiere a la no tributación de las ayudas comunitarias percibidas por los agricultores por el abandono de los cultivos o producciones. Con esta enmienda, el Grupo Socialista pretende equiparar a todos los agricultores en los beneficios que ya perciben por este mismo concepto de ayuda comunitaria (otros que en su día se vieron obligados al arranque de viñedos, manzanos, plataneros, etcétera).
La enmienda 212 va encaminada a mejorar el tratamiento sobre la cuota que pagan las empresas a las cámaras de Comercio.
En cuanto a la 207, relativa a las ayudas para el transporte público regular de viajeros en la Comunidad de Canarias, me voy a referir a ella ligeramente al haber sido defendidas y aprobadas en la Comisión de Presupuestos enmiendas parecidas, de tenor similar, presentadas por otros grupos políticos.
Finalmente, me referiré a la enmienda 213, presentada por nuestro grupo, en relación al Decreto-ley 7/1966, de medidas urgentes de carácter fiscal, de fomento y liberalización de la actividad económica. Todos hemos tenido ocasión --y por ello no voy a cansarles-- de conocer los debates que se han producido en esta Cámara con motivo de la convalidación de este decreto-ley el pasado mes de junio; son suficientemente conocidas las razones que el portavoz socialista en esta Comisión expuso en el Pleno de la Cámara para oponerse a la aprobación del mismo. Nuestra rotunda oposición a alguna de las medidas allí contempladas y la trascendencia que adjudicamos a las mismas nos llevan a pedir la derogación de varios de sus artículos, los referidos a reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la transmisión de empresas familiares y de vivienda habitual --artículo 4--; a la actualización de balances a las empresas --artículo 5--, y a las modificaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que afecta a los artículos 6 a 14, ambos inclusive. Consideramos injustas y poco equitativas las modificaciones producidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al perder su carácter articulador y progresivo para todos los ciudadanos, independientemente de la cuantía y del tipo de su renta, al primar más unas rentas del capital que otras, al beneficiar fiscalmente las rentas más altas, al cambiar el concepto de progresividad, consagrado por nuestra Constitución, por el de proporcionalidad. Consideramos irreflexiva e innecesaria la actualización de balances para las empresas en estos momentos y, en definitiva, consideramos que, además de injustas, estas medidas van a producir una disminución importante en la recaudación, que no ayudan a controlar el déficit público y, por tanto, que no alejan de los criterios de convergencia. No creemos que por sí solas signifiquen una reactivación de la economía de nuestro país y, señorías, se supone que éste es el objetivo principal que perseguían.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque lo que voy a defender es bastante importante.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la disposición adicional décima, de modificación del apartado Uno y de supresión del apartado Dos. El objeto de nuestra enmienda no es otro que el cumplimiento de la legalidad vigente, que no es otro que el de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, que, como SS. SS. saben, reformó globalmente el régimen jurídico de las mutualidades, configurándolas como entidades aseguradoras de carácter voluntario y complementario al sistema de Seguridad Social y estableciendo al mismo tiempo la obligación de las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia a afiliarse a la Seguridad Social, bien mediante el alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, bien incorporándose a la mutualidad que tenga establecido su colegio profesional.
A través de este precepto, de esta disposición adicional décima, el Gobierno pretende transformar la mutualidad notarial nada menos que en institución de protección notarial, nombre que más bien parecería corresponder a un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, que es quien ejerce la tutela y protección de las especies amenazadas de la rica fauna ibérica, y al Grupo Parlamentario Socialista no le parece que sea ése el caso de los notarios. Lo que habría que hacer es regularizar la situación de la mutualidad notarial, que es el organismo sobre el que se quiere crear esta institución, y que se someta, como han hecho todas las

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mutualidades de este país, a la legalidad vigente. Como ustedes saben bien, ya en el año 1984 la ley del seguro obligaba a las mutualidades a escindirse en dos entidades: una obligatoria y sustitutoria de la Seguridad Social, y otra voluntaria, de prestaciones complementarias.
Esto debió realizarse antes de 1987, pero, por si había alguna duda, la ley vigente, la Ley de ordenación del seguro, de 1995, determina que todas las mutualidades, absolutamente todas, incluso las que adopten cualquier forma de Derecho público, quedan sujetas a esta ley. Pero no sólo eso, sino que establece otra serie de requisitos, establece unos plazos para su adaptación, obliga a los colegiados de colegios profesionales a darse de alta en autónomos o en la mutualidad de su colegio y establece una serie de normas que integran su régimen jurídico, tales como que se limiten sus prestaciones a los mutualistas a tres millones de pesetas o que se limite la reducción en IRPF de las cuotas pagadas por los mutualistas a un millón de pesetas.
Ninguno de estos supuestos o requisitos se ha cumplido. Las prestaciones de los mutualistas a la Mutualidad Notarial prácticamente doblan los máximos legales permitidos. No existe asamblea de mutualistas y ésta es la situación. Repito, el Grupo Parlamentario Socialista considera que en lugar de regularizar, el Gobierno trae en su disposición adicional la consagración de lo que el colegio notarial pretendió hacer por decreto con anteriores gobiernos, habiendo sido rechazado, y ahí están los informes que obrarán en el Ministerio de Justicia, del Servicio Jurídico del Estado, de la Secretaría de Estado de Economía y de muchos más. Lo que pretende, en definitiva, es eximir a la mutualidad notarial, para siempre y con carácter retroactivo, de las obligaciones que le impone la legislación ordinaria.
Sin embargo, no es sólo eso lo que pretende este precepto, sino muchas cosas más y muy graves en nuestra opinión. Atribuye a una cúpula corporativa la potestad de imponer tasas y arbitrios con carácter obligatorio, algunos con límites cuantificados --40 por ciento y 20 por ciento-- y otros por cuantificar, lo cual supone que una cúpula gremial se apropia de un mínimo del 60 por ciento de los ingresos brutos de los colegiados para aplicarlo a lo que tenga por conveniente. Ni siquiera el Estado tiene la facultad de establecer exacciones obligatorias con esa indeterminación y vaguedad prohibida por la Constitución, por no hablar de su carácter, diría, confiscatorio.
Por otra parte, no es difícil prever que estas facultades confiscatorias, unidas a las distributivas, no producirán otro efecto entre los notarios que el cese de toda competencia y la reducción del trabajo a los mínimos imprescindibles, pues se les convierte en asistidos, obligados a entregar a esa institución de protección la mayoría de sus ingresos y a recabar, a su vez, de esa institución los auxilios que consideren para seguir adelante, porque es la corporación la que recauda y la que distribuye.
Con ello se ataca la garantía y protección de los poderes públicos en defensa de la productividad y a la Ley de Defensa de la Competencia en su objetivo de garantizar una competencia suficiente y protegerla contra todo ataque contrario al interés público.
Además, señorías, a través de esta disposición adicional se confiere a una mutualidad gremial el carácter de corporación de derecho público cuyo gobierno se atribuye al propio gremio, es decir, a la cúpula del gremio de adscripción obligatoria. Esta pretensión, en cuanto restrictiva del derecho de libre asociación, consideramos que es inconstitucional, pues la obligatoriedad requiere, según el propio Tribunal Constitucional, que la entidad asegure la consecución y tutela de fines públicos constitucionalmente relevantes, entre los cuales no se encuentra el pertenecer a un régimen se seguridad social.
Ataca frontalmente también a la Constitución, en sus artículos 14 y 41, y lo que nos parece al Grupo Parlamentario Socialista más grave es que configura las pensiones de ese instituto de protección notarial como haberes de clases pasivas, lo cual es legalmente imposible sin proceder a otras modificaciones de mucho mayor calado, entre ellas atribuir a los notarios el régimen especial de clases pasivas, lo que les constituye en un colectivo acreedor de pensiones públicas, según las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. No hemos podido comprobar que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado exista una partida dedicada al pago de estas clases pasivas que el Estado asumiría con este precepto y que, además, debería vetar para que abonase a sus protegidos.
El Grupo Parlamentario Socialista considera esta pretensión absolutamente descabellada. El notario tiene a su cargo una función pública, pero no es funcionario de la Administración pública, por lo que se encuentra a extramuros de la legislación de clases pasivas y en cambio está sujeto a la legislación general de Seguridad Social y sus mutualidades.
Por otra parte, también querríamos poner de manifiesto que dado el carácter obligatorio que se establece en el precepto y de derecho público --esto nos parece particularmente grave--, las cantidades confiscadas por esta institución de protección notarial a los notarios quedan exentas del pago de IRPF, por lo que el proyecto atribuye a una cúpula gremial la posibilidad de indicar el porcentaje en que los notarios no contribuirán a la Hacienda Pública. Creo que este quebranto, que ya se detectó en su momento, supone una pérdida, y voy a decir un ejemplo, en el año 1994 de al menos 2.800 millones de pesetas para el Tesoro público, que en el futuro será del importe que decida esa institución de protección notarial. Llegados a este punto parece claro qué es lo que protege esta institución, protege a los notarios --haciendo honor a su nombre-- en primer lugar de sí mismos, haciéndoles dependientes y asistidos de una institución y, en segundo lugar, los protege de la Hacienda Pública, que cobrará de los notarios el IRPF que determine esta institución.
Por último, señorías, la disposición transitoria segunda constituye --yo diría-- casi una ley de punto final, pues sujeta al decreto de 1973 --época de democracia orgánica y corporativa--, y con carácter retroactivo, todos los devengos y adeudos, con lo cual se salvan las culpas quedando eximidos los sucesivos colegios notariales del incumplimiento de la ley en que se encuentran al menos

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desde 1987, y los procedimientos administrativos y judiciales pendientes entablados por los notarios contra la mutualidad notarial quedarán cerrados por inaplicabilidad de éstas que desde el primero de enero de 1997 tendrían carácter retroactivo.
En conclusión, el proyecto de ley que presenta el Gobierno hace recaer sobre el sistema de pensiones de clases pasivas del Estado, y a cargo de los presupuestos, al colectivo notarial, exonera a los notarios del pago del IRPF en una proporción indeterminada de sus honorarios no inferior al 60 por ciento y, desde luego, amnistía a los colegios notariales de sus responsabilidades por haber incumplido en todo y por todo la legislación de mutualidades.
Señorías, la aprobación de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista impide todo ello y supondría, además, un ingreso inmediato en la Hacienda Pública de al menos 2.800 millones de pesetas aplicados sobre los datos de 1994 que son los últimos conocidos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve en la defensa de las 23 enmiendas que tenemos presentadas a las disposiciones adicionales y transitorias de este proyecto de ley.
Presentamos dos tipos de enmiendas. Uno, la supresión de determinadas disposiciones que consideramos que no están suficientemente consensuadas y el objetivo que se persigue no está claro. Por tanto, proponemos retirarlas de este trámite para que puedan ser discutidas específica y sectorialmente en las comisiones correspondientes, como podía ser la disposición adicional primera, sobre las organizaciones interprofesionales agrarias; la disposición adicional tercera, que hace referencia a la compensación por pérdidas fiscales --no sabemos a qué actuación podía referirse--; la disposición adicional sexta, sobre el programa de fomento de empleo del año 1997; la disposición adicional séptima, que creemos fue discutida ayer en el título II, que hace referencia a la permanencia y la situación en activo de los funcionarios públicos de forma incentivada y estimulada hasta los 70 años --lo que creemos que no es necesario--, que no facilita la regeneración y la adecuación de la Administración pública a una nueva dinámica; la disposición adicional novena que hace referencia a la capacidad de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa para enajenar patrimonio público y a la forma en que lo debe de hacer, incluso viene a decir que primero tiene que recalificarse o los bienes deben de desafectarse para que después la propia Gerencia de Infraestructuras los pueda vender. En suma, son toda una serie de enmiendas que van dirigidas a retirar de este proyecto de ley actuaciones que, aprovechando que discutimos una ley demasiado cómoda para el Gobierno, teníamos aparcadas en distintos ministerios.
Luego hay un paquete de enmiendas de Izquierda Unida dirigidas a la incorporación de determinadas disposiciones adicionales que se refieren al grupo A de la Administración de la Seguridad Social. Hacen mención a dos grandes bloques. Por un lado, está la idea de dotar a los municipios de mayor capacidad impositiva, de darles eficacia de recaudación, por ejemplo, acerca del Impuesto sobre Vehículos, exigiendo que los vehículos estén al corriente de pago para que puedan circular y reformando el artículo 61 de la Ley de Seguridad Vial; por ejemplo, facilitar a los ayuntamientos que puedan establecer y exigir impuestos sobre construcciones e instalaciones y obras, así como el incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y, por ejemplo, la propuesta que venimos haciendo desde hace tres años de incorporar un impuesto sobre las viviendas desocupadas, que en las grandes ciudades significaría la oferta de más de un millón de viviendas que son un patrimonio en vías de amortización al no salir a circulación.
Por otro lado, señor Presidente, junto con estas enmiendas de mayor dotación de los municipios tenemos un paquete de enmiendas dirigidas a lo que pudiéramos llamar garantías de la política de equidad dirigida hacia la mujer. Pretendemos que se cree un fondo de garantía de pago de pensiones alimenticias y compensatorias; deseamos que haya centros de atención y prestaciones ginecológicas a las mujeres, centros de interrupción voluntaria del embarazo; incluso pedimos medidas que impidan el acoso sexual, campañas de publicidad dirigidas a una sociedad igualitaria compuesta al mismo nivel y con la misma actuación por hombres y mujeres, aunque en algunos casos con discriminación positiva hacia ellas, es verdad, por entender que en la actualidad la equidad, al margen de la declaración existente, se encuentra bastante distante. Es decir, es todo un paquete de medidas para el Ministerio de Asuntos Sociales.
Termino, señor Presidente, anunciando que vamos a votar a favor de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la disposición adicional décima, en cuyos apartados uno y dos se intenta corregir una actuación que ayer se discutió en otro título de la ley y que ahora viene en la disposición adicional, que es la situación de la mutualidad notarial y la entidad de previsión. Nosotros creemos que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista precisa, mejora y evita un trato de favor a una parte de la sociedad que creemos que está suficientemente protegida y, sobre todo, permite que ellos mismos se autorregulen determinadas actuaciones como si fuesen un cuerpo administrativo aparte.
Por tanto, señor Presidente, nuestras 23 enmiendas las doy por defendidas según los criterios expuestos y por el texto que tienen las mismas disposiciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, intervendré brevemente para dar por defendidas las enmiendas y hacer hincapié, si acaso, en dos o tres en las que el criterio puede explicitarse más fácilmente.
Queremos hacer referencia, entre otras, a la enmienda 448, que constituye una modificación del régimen fiscal de

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las rentas plurianuales de las fincas forestales, porque entendemos que obviamente la explotación del bosque, la de los montes, no deja de ser una actividad económica, pero hay que resaltar su carácter social. En el fondo, los propietarios forestales, sobre todo cuando actúan con arreglo a planes técnicos de gestión forestal y a otros acuerdos con la Administración, son más bien agentes medioambientales, y pensamos que el régimen fiscal de esta actividad debe corresponderse con el carácter plurianual, por un lado, de sus rendimientos y, de otro, con los beneficios que se aporta al medio ambiente, a la conservación de la naturaleza y al ciclo del agua, entre otros.
Hacemos especial hincapié también en la enmienda 451, enmienda aclaratoria, que lo que pretende es configurar que las retenciones de los rendimientos del capital mobiliario, a los que hacemos referencia en el artículo 2 de este proyecto de ley, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 1997, como es lo propio.
Deseo manifestar el mantenimiento por parte de nuestro grupo de la enmienda 452, que estaba conectada con nuestra enmienda 403, por entender que debe dejarse a las administraciones públicas, a sus necesidades y a sus intereses la posibilidad de recuperar para el servicio público aquellos funcionarios que no puedan beneficiarse del régimen general por haber cumplido los 65 años de edad con anterioridad al 1 de enero de 1997 y que aún no hayan cumplido los 70 como edad máxima para mantenerse en el servicio activo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado cuatro enmiendas a las disposiciones adicionales.
La primera de ellas, número 45, se refiere a la regulación de la reconversión del sector naval, sector estratégico que, como SS. SS.
saben, ha sufrido una gran reestructuración, que aún no ha terminado, y ha causado un impacto en ciertas zonas con consecuencia directa sobre el tejido industrial provocando la pérdida de puestos de trabajo.
Con esta enmienda se intenta paliar una discriminación hacia un sector o una parte de las empresas de construcción naval que no disponía de autorización para la construcción de buques de acero de cien toneladas de registro bruto a la entrada en vigor del real decreto que regula la reconversión naval. En este momento estas empresas no pueden acogerse a las medidas laborales y de seguridad social que están aprobadas en ese real decreto. Por tanto, lo que proponemos es corregir esta discriminación, permitiendo a las empresas de construcción naval constituidas antes de la entrada en vigor del real decreto de reconversión naval acogerse a estos beneficios, principalmente los relacionados con la financiación de las jubilaciones anticipadas.
La enmienda número 46 es relativa al sector agrario y pesquero y pretende ser consecuente con las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, dado que la diversidad de sectores en este sector primario apunta a que sería poco racional regularlo uniformemente, como lo hace la Ley de Cámaras Agrarias del Estado. Consecuentemente, creemos que se debe ser muy cuidadosos con las competencias de las comunidades autónomas y, desde luego, evitar los conflictos y problemas que está ocasionando la normativa en este momento.
Las otras dos enmiendas que nuestro grupo ha presentado a las disposiciones adicionales son las número 52 y 53, y se refieren al apoyo que necesita el registro especial de buques. El problema procede, concretamente, de que la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 24 de noviembre, establecía, en su disposición adicional decimoquinta, ese registro especial de buques y empresas navieras, que estaría situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para inscribirse en él se señalaba que podrían solicitar su inscripción en el registro especial las empresas navieras que tengan en Canarias el centro efectivo de control de la explotación de buques o que, teniéndolo en el resto de España o en el extranjero, cuenten con un establecimiento de representación permanente en Canarias. Para el desarrollo de esta disposición adicional y, en definitiva, para el desarrollo del llamado registro canario, hubo que esperar a la publicación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuyo título VII está consagrado en el registro especial de buques y empresas navieras, siendo de especial importancia los capítulos II y III de este título, dedicados respectivamente al régimen fiscal y al régimen de cotizaciones a la Seguridad Social. En esta ley se establecían básicamente bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los tripulantes, señalando que tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen el 15 por ciento de los rendimientos íntegros del trabajo que se hayan devengado con ocasión de la navegación realizada en buques inscritos en el citado registro.
En relación con la Seguridad Social, se señalaba que, para los tripulantes de los buques inscritos en el registro especial de buques y empresas navieras, se establece una bonificación del 50 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social, financiada mediante la correspondiente aportación del Estado a la Seguridad Social.
La experiencia nos ha indicado la cortedad de los beneficios, por lo que, a través de leyes de presupuestos generales y de acompañamiento, se han corregido estas medidas: se establecen en las Leyes 41/1994 y 42/1994 nuevas mejoras, cuando todavía no había transcurrido ni medio año desde la entrada en vigor efectiva del registro canario; las modificaciones aportadas por estas leyes eran la elevación de las anteriores bonificaciones al 25 por ciento en concepto de dieta en lugar del 15 por ciento, y la bonificación a la Seguridad Social del 70 por ciento en lugar del 50 por ciento. Sin embargo, nuevamente los beneficios se quedaron, a nuestro entender, cortos, especialmente comparados con los beneficios de otros registros, principalmente con los de Madeira, donde, como es sabido, está una parte improtante de la flota controlada por navieras españolas que desean ondear un pabellón comunitario. En este registro no existe gravamen ni sobre las rentas de los tripulantes

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ni obligación alguna en relación con la Seguridad Social. Por tanto, entendemos que esta situación hay que mejorarla, sobre todo en aras a la competitividad que puede suponer el que puedan existir otros registros donde puedan trasladarse buques de nuestro Estado. La petición que nosotros formulamos es la de mejorar la competitividad del llamado segundo registro español, ampliando nuevamente las bonificaciones al 50 por ciento para la consideración de dietas exceptuadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y al 90 por ciento sobre la bonificación de la Seguridad Social.
Entendemos que los costes presupuestarios de la mejora presentada podemos decir que es cero, dado que se podrían dar resultados similares, de no pago de impuestos queremos decir, a través de la instalación en la ZEC o también a través del abanderamiento en el exterior, lo cual, además, podría llevar a un incremento del paro en el colectivo marítimo, ya de por sí bastante elevado, especialmente entre los subalternos. Por ello consideramos que es justo, necesario y conveniente que se establezcan estas nuevas mejoras o tratamiento en la fiscalidad y en la Seguridad Social de estas empresas navieras.
Señor Presidente, éste es el objeto y el motivo de nuestras dos enmiendas números 52 y 53.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CAMARA RODRIGUEZ: Señor Presidente, con la mayor brevedad que pueda, se lo aseguro, comienzo a fijar la posición sobre las enmiendas presentadas por los otros grupos políticos y por el nuestro en particular.
La enmienda número 199, a la disposición adicional primera, del Grupo Parlamentario Socialista, defendida por el señor Amarillo, pretende la supresión de dicha disposición completa, diciendo que se limita la participación y no se fija ni un mínimo de representatividad para participar como miembro en la organización interprofesional agroalimentaria. En este sentido le quiero decir que el artículo 4.2.a), que no es objeto de modificación, lo único que regula es la garantía que pertenece a la OIA de toda organización representativa de ámbito nacional que acredite representar, al menos, el 5 por ciento. Si lo admite el conjunto de la organización, incluso pueden participar las organizaciones con menor representatividad; por ello, consideramos que no tiene sentido la motivación que presentaba esta enmienda y, en consecuencia, la rechazaremos.
Sin embargo, en cuanto a esta disposición adicional primera, aceptaremos dos enmiendas de precisión técnica presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), las números 444 y 445, que, como digo, introducen precisiones técnicas con las que estamos de acuerdo, y dos enmiendas a la misma disposición adicional primera, las números 443 y 446, por las que se modifica el artículo 5 y la disposición adicional primera, siete, que tratan de que no se limite el ámbito de actuación y de decisión de las denominaciones de origen. Todas ellas vamos a votarlas favorablemente.
Respecto a la enmienda número 201, a la disposición adicional sexta, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, fue defendida ayer por el señor Hernando con ocasión de la discusión del título II de este proyecto de ley y, por tanto, la damos por contestada y la votaremos negativamente.
Sobre la enmienda que pretende la modificación de la disposición adicional décima, apartados uno y dos, sobre modificación de la Ley 29/1983, referente a la jubilación de notarios, agentes de cambio y bolsa y corredores de comercio colegiados, hay que decir que la redacción que se presenta en el proyecto actual se considera más adecuada, por cuanto lo que se hace en la misma sobre jubilación de notarios, agentes de cambio y bolsa y corredores de comercio precisa y clarifica la situación de este colectivo frente a la contingencia de vejez, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, clarificando además la naturaleza jurídica de distribución de protección notarial y su desenvolvimiento jurídico por real decreto, que será aprobado, como es lógico, por el Ministerio de Justicia.
Con respecto a la enmienda número 207, a la disposición transitoria novena, nueva, no me consta que haya sido retirada por el Grupo Socialista, pero fue debatida con ocasión del texto articulado de la Ley de Presupuestos, enmienda número 1.334, presentada por nuestro grupo, que fue votada a favor y además fue objeto de defensa conjunta por parte de Coalición Canaria, por lo que pensamos que, puesto que está incorporada al texto articulado de la Ley de Presupuestos, sería lógico y conveniente que fuera retirada por el Grupo Socialista, pero queda a su consideración.
Después me referiré a las enmiendas presentadas por nuestro grupo a la disposición adicional séptima, que alude al artículo 86 del proyecto de prolongación de la permanencia en situación de servicio activo de los funcionarios públicos. Se presenta enmienda a la disposición adicional, así como enmienda de nueva creación a una disposición transitoria, con la justificación que expondré.
En el artículo 86, y en la propia disposición adicional séptima, tal y como aparece en el proyecto, no se establece expresamente ningún plazo para que los funcionarios puedan optar por la prolongación de su permanencia en el servicio activo después de los 65 años de edad, por lo que, en caso de mantenerse la redacción actual de ambos preceptos, debería entenderse que aquel plazo finalizaba el día anterior a aquél en que cumpla la referida edad cada funcionario interesado. Ahora bien, el mantenimiento de la posibilidad de opción hasta aquella fecha sería perturbador, en principio, para la Administración, ya que ésta necesita, por razones obvias de gestión presupuestaria y de personal, conocer con alguna anticipación si cada funcionario próximo a cumplir los 65 años se jubilará al llegar a dicha edad o continuará en servicio activo después de ella, puesto que se trata de un precepto de carácter voluntario, como SS. SS. saben. Por esta razón, se propone, a través de esta enmienda, fijar una fecha límite y razonablemente anterior al cumplimiento de los 65 años, hasta la cual podrán los funcionarios optar por la prolongación en el servicio activo, a la vez que, en interés de los mismos funcionarios y de la propia Administración, se propone una regla de silencio

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administrativo perfectamente coherente con lo establecido en la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común y del Régimen de las Administraciones públicas, en el sentido de entender reconocida la reiterada prolongación si la Administración no notifica aquello, mediante una resolución expresa en contrario, dentro de un plazo prudencial.
Conviene advertir, además, que en caso de no regularse estas cuestiones en el texto legal que debatimos hoy, sería preciso hacerlo por normas de procedimiento. A este respecto hay que decir que se trataría de normas de carácter reglamentario y pudieran suscitar, a nuestro entender, algunas dudas sobre la legalidad de las mismas, toda vez que, como es sabido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado ilegales y, por tanto, nulas de pleno derecho, las normas ejecutivas de carácter reglamentario que restrinjan facultades o posibilidades en su actuación reconocidas por la ley que aquéllas desarrollen.
Finalmente, lo que sí queríamos manifestar con toda claridad es que la modificación propuesta no tendrá carácter de básica y, por tanto, será aplicable sólo a los funcionarios sobre los que el Estado ostente competencia exclusiva y total, ya que si se intentase extenderla a los funcionarios de todas las administraciones públicas, las comunidades autónomas podrían alegar, con razón, una inconstitucionalidad de la reiterada modificación por entender que el Estado había excedido las competencias que le atribuye el artículo 149.1.18 de la Constitución.
Sobre esta disposición adicional se ha presentado una enmienda por parte de Convergència, con la que estamos de acuerdo con el primero de los párrafos y no con el segundo. Por tanto, tendremos que votarla desfavorablemente. En el primero de los párrafos se introduce el criterio de silencio al que me había referido y que venía explicitado en la enmienda que había comentado con anterioridad.
Pasaré a referirme ahora a la enmienda número 338, de Izquierda Unida, que propone una disposición adicional nueva, que se refiere a la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa en la modificación del tendido de líneas de servicios públicos. Le diré que dicha modificación se rige ya por disposiciones con rango de ley, en concreto, el artículo 7.2 de la Ley 10/1996, de 18 de marzo, que dice, entre otras cosas, textualmente, que la variación del tendido de la línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración en sus diversas esferas comportará el pago del coste de dicha variación y de los perjuicios ocasionados. Sobre este particular se considera que en la enmienda presentada por Izquierda Unida se establece una equivalencia entre el particular afectado y la empresa que actúa como gestora de un servicio público, servicio que sigue siendo necesario prestar sin ninguna duda, con independencia de que sea precisa alguna modificación en sus infraestructuras. La Ley de Expropiación Forzosa comporta que el particular expropiado reciba el precio justo equivalente a su pérdida patrimonial. Esto es indudable y este servicio debe prestarse normalmente sin interrupción, por lo que, por todo lo expuesto, no consideramos que sea viable una enmienda como la presentada por Izquierda Unida y, en consecuencia, votaremos en contra.
Sobre la enmienda 340, del Grupo de Izquierda Unida, ya fijó la posición el señor Martínez-Pujalte con ocasión de la discusión del título I y la doy por contestada, anunciando que votaremos en contra.
Hay una batería de enmiendas presentadas por Izquierda Unida, que a este Diputado le han sorprendido ciertamente, por cuanto pretenden crear una disposición adicional por la que se modifique el artículo 60.2 de la Ley 39/1988, en el sentido de crear un nuevo tributo municipal denominado impuesto sobre viviendas desocupadas, cuya finalidad, a nuestro juicio, carece de toda razón, cual sería la de incentivar la puesta en el mercado de bienes mediante venta o arrendamiento de viviendas no ocupadas por sus propietarios, y sólo podría obtenerse a condición de que el impuesto tuviera carácter confiscatorio. Señorías, con el carácter confiscatorio de los impuestos, como ya se imaginan, no estamos de acuerdo en ninguno de los sentidos. Por tanto, las enmiendas 340, 343, 345 y 346, que van en el mismo sentido, constituyendo una coerción, a nuestro juicio, inadmisible, limitando el derecho de los ciudadanos a la libre circulación por razón de incumplimientos de obligaciones tributarias, consideramos que son inadmisibles por comprometer seriamente los derechos de los ciudadanos, a pesar del incumplimiento reglamentario de las normas municipales, y, por tanto, las rechazaremos.
Por último, haré referencia a que votaremos en contra también de la enmienda 355, presentada por Izquierda Unida a la disposición final cuarta, por la que se pretende la supresión. Precisamente sobre la razón alegada por el grupo enmendante, nosotros consideramos que es precisamente el plan de recursos humanos el que habilitaría los objetivos que pretenden la propia enmienda, como será la evolución de los recursos humanos del sector público estatal. Por tanto, entendemos que es hasta cierto punto contradictoria con el objetivo que se presenta en la enmienda y la rechazaremos.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este proyecto de ley vamos a proceder a la votación, pero antes de celebrarla vamos a suspender brevemente la sesión para un pequeño turno de búsqueda de Diputados cuyo número, como saben, es el siguiente: al Partido Popular, 17; al Grupo Socialista, 14; señor Ríos e Izquierda Unida, 4; al Grupo Catalán (Convergència i Unió), 3, y los demás grupos, uno.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quisiera solicitar cinco minutos de receso, para poder ordenar un poco las votaciones.


El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema. En cinco minutos reanudamos la sesión y comenzaremos a votar. Ruego, por favor, a los señores Diputados, que no se alejen excesivamente para que luego no tengamos pequeños disgustos, disgustillos o disgustazos como consecuencia de que no tengamos el número suficiente de Diputados en alguno de los grupos parlamentarios.


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En el ínterin, y a pesar de que esto no es una rifa, se ha perdido un teléfono móvil, que ha sido recogido en los escaños de atrás. Ruego a su propietario que venga a recogerlo, si puede identificarlo adecuadamente.
Es un teléfono Motorola de Airtel.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Si están preparados, vamos a comenzar a votar. Señor Ríos, dependemos de usted.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, creo que se puede empezar a votar. Estamos tres, está a punto de incorporarse otro compañero a la votación. Como usted prefiera.


El señor PRESIDENTE: No nos cuesta nada, señor Ríos esperar unos breves minutos si efectivamente un compañero suyo se va a incorporar. (Pausa.) A efectos de ordenar el calendario y el horario de esta Comisión en lo que queda de esta mañana y esta tarde, lo haríamos de la siguiente manera, si a ustedes les parece bien. Tras esta votación continuaríamos la deliberación, ya empezando la ley de disciplina presupuestaria, si fuera el caso, a efectos de interrumpir a las dos y media de la tarde, estemos como estemos. Lógicamente, si quedase después de esta votación un espacio de tiempo muy corto, no empezaríamos la discusión esta mañana y comenzaríamos a las cuatro y media de esta tarde, muy puntuales, la deliberación de la ley de disciplina presupuestaria. Posteriormente seguiríamos con la ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y con la de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que debatiríamos en un bloque conjuntamente.
El debate lo haríamos en un solo bloque. Daríamos un tiempo absolutamente amplio a cada grupo parlamentario para intervenir en un primera ocasión.
Iríamos, como siempre, empezando por el Grupo Socialista, de más a menos, terminando por el Grupo Popular, y posteriormente daríamos un turno de réplica, de forma y manera que podríamos pensar que las votaciones pudieran celebrarse a partir, posiblemente, de las ocho de la tarde, con lo cual terminaríamos el debate y votaríamos todo conjuntamente a partir de esa hora: ley de disciplina presupuestaria, ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas, ley de modificación de la Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, con lo cual quedaría zanjado el debate de esta Comisión, porque como saben ustedes hemos dejado para otra ocasión la ley de adhesión de España al Fondo Mundial de Medio Ambiente, como consecuencia de que se han suscitado ciertas dudas acerca de la competencia legislativa plena o no de esta Comisión para aprobar este proyecto de ley, en la medida en que puede afectar a convenios internacionales.
Estando los cuatro miembros de Izquierda Unida en la sala, vamos a empezar con las votaciones (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, de acuerdo con lo que se habló al principio de la reunión de ayer, la enmienda «in voce» que propuso el portavoz del Grupo Socialista a la disposición final primera podría quedar redactada, de acuerdo con un texto que hemos elaborado conjuntamente, de la siguiente manera: Se faculta a los ministros de Defensa y de Economía y Hacienda para regular los procedimientos de reconocimiento de los derechos pasivos a que se refiere el artículo 108 de la presente ley.


El señor PRESIDENTE: De todas maneras, como existe también una enmienda que afecta a la totalidad de los títulos, que es la que incorpora las correcciones gramaticales, semánticas, de acuerdo con el informe del Letrado, si les parece a ustedes, sometemos en primer lugar a votación la enmienda verbal que fue incorporada por el señor Martínez-Pujalte en lo que se refiere a las correcciones gramaticales llevada a efecto en función del informe del Letrado que obran en poder de todas sus señorías.
Sometemos, en primer lugar, a votación la enmienda correspondiente a la enmienda verbal con las correcciones gramaticales derivadas del informe del Letrado.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta enmienda verbal.
Pasamos al primer bloque correspondiente al título I, comenzando por las enmiendas del Grupo Socialista. ¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo solicita que se voten las enmiendas 129, 148 y 149 en un bloque y el resto en otro.


El señor RIOS MARTINEZ: Nosotros pedimos que se voten las enmiendas 138 y 140 en un bloque, en otro las números 133, 134, 135, 136, 137, 139, 143 y 144, quedando las demás en otro bloque.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Para pedir que se voten las enmiendas 148 y 149 en un bloque y la 146 y 147 en otro.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda 129, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de las enmiendas 148 y 149, del Grupo Socialista.


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Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a la votación de las enmiendas 138 y 140, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 27; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 146 y 147, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 133, 134, 135, 136, 137, 139, 143 y 144, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Socialista, que son las números 127, 128, 130, 131, 132, 139, 141, 142 y 145.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A los efectos práctimos hemos de decir que han quedado aprobadas las enmiendas 129, 148 y 149 y rechazadas las demás.
Pasamos a votar las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Grupos que desean formular votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votación separada de la enmienda 220.


El señor MARTINEZ NOVAL: Solicitamos votación de las enmiendas 214, 215, 219, 220, 222, 223, 228, 231, 245, 246, 248, 249 y 250 en un bloque y en otro la 240.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones correspondientes a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se somete a votación la enmienda 220.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la enmienda 240.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas 214, 215, 219, 222, 223, 228, 231, 245, 246, 248, 249 y 250.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, advirtiendo, y espero que sea así, señor Ríos, que son suyas las enmiendas números 214 a 256, es decir, que las subcriben como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: En nuestro grupo el funcionamiento es un tanto asambleario y lo que firma un Diputado va a misa y vuelve.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el resto de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), advirtiendo que de acuerdo con un escrito presentado en la Mesa han sido retiradas las enmiendas números 362, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 388 y 391. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.) Señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Va usted tan rápido que le pediría que vaya un poco más despacio; creo que nos ayudará a todos los portavoces a seguir el proceso de votación.


El señor PRESIDENTE: Repetimos.


El señor HOMS I FERRET: No, señor Presidente, no repita. Quería preguntarle si ha mencionado la 363.


El señor PRESIDENTE: La 363 no ha sido mencionada por mí en la medida en que, si no me equivoco, hay una enmienda transaccional formulada a la misma.


El señor HOMS I FERRET: En ese caso, incorpórela usted en la lista de las enmiendas retiradas.


El señor PRESIDENTE: Queda entonces también retirada la enmienda 363.


El señor HOMS I FERRET: Hay también unas enmiendas tansaccionales a las números 371 y 385.


El señor PRESIDENTE: A las números 364, 371 y 385.


El señor HOMS I FERRET: ¿Cuándo procede proponer estas transaccionales?

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El señor PRESIDENTE: Lógicamente, el grupo que transacciona con usted estas enmiendas debe proponer enmiendas transaccionales a éstas en el trámite de votación separada, y en usted está el aceptar la transacción.


El señor HOMS I FERRET: ¿Tiene la Mesa ya conocimiento de estas transacciones?

El señor PRESIDENTE: Sí, tenemos conocimiento.
¿Tienen conocimiento todos los grupos de las transacciones propuestas? (Pausa.) Entonces, procederemos a su lectura.
¿Grupos que desean solicitar votación separada en relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
¿Señor Aguirre?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo solicita votación separada de las enmiendas 365, 366, 370, 386, 389 y 390, en un bloque, y hay presentadas transaccionales para las enmiendas 364, 371 y 385.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la lectura de las enmiendas transaccionales.
¿Señor Homs?

El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ¿podría disponer de un ejemplar de esas transacciones?

El señor PRESIDENTE: Sí, por supuesto, usted y todos los grupos.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Queremos solicitar votación separada de las enmiendas 375 y 390.


El señor PRESIDENTE: Está retirada la enmienda 375. Tomo nota de que desea votación separada.


El señor RIOS MARTINEZ: Por otro lado, señor Presidente, deseamos que se voten las enmiendas 376, 388, 389, 370, 364 y 379.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, las enmiendas 376 y 388 están retiradas, y hay una transaccional a la enmienda 364.
¿Algún otro grupo desea votación separada? (Pausa.) Señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, nosotros solicitamos votación separada, por una parte, de la número 372, y, por otra parte, de las enmiendas 379 y 370.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, la enmienda 372 está retirada.
¿Algún otro grupo desea formular votación separada? (Pausa.) Vamos a esperar unos breves instantes hasta que traigan fotocopiadas las enmiendas transaccionales propuestas a las números 371, 364 y 385.
Mientras tanto, podemos ir votando el resto de las enmiendas para las cuales no hay transacción.
Comenzamos votando la enmienda número 379.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a votar la enmienda 370.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la enmienda número 389.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda número 390.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas 368, 369, 367 y 374, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, la enmienda 367 estaba retirada.


El señor PRESIDENTE: Le ruego nos disculpe, señor Homs. Nos habíamos equivocado.


El señor HOMS I FERRET: Solicitamos, señor Presidente, que la enmienda número 374 se vote separadamente.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Homs.
Por consiguiente, pasamos a la votación de las enmiendas 368 y 369.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de la enmienda número 374.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 37; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda rechazada.
Vamos a proceder a votar las enmiendas 365, 366 y 386, del Grupo Popular.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Quedan pendientes las transaccionales a las enmiendas números 371, 364 y 385.
¿Señor Homs?

El señor HOMS I FERRET: Quisiera comunicar que en la enmienda transaccional a la 371 falta una coma; si no la hay, no se lee bien. En la segunda línea dice: y el pan común congelado --coma--, destinado solamente a la elaboración del pan común.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe, que la Presidencia va a leerla a continuación.
¿Está de acuerdo con la transacción propuesta?

El señor HOMS I FERRET: Estoy de acuerdo con la transacción propuesta, añadiendo esta coma.


El señor PRESIDENTE: Procedo a leer la transacción que se propone y se acepta por el grupo proponente.
a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado, destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.


El señor HOMS I FERRET: Exacto.
Respecto a la enmienda transaccional a la 364, señor Presidente, mi grupo no la admite, pero para aproximarnos a la posición del Partido Popular, quisiera ofrecer una transaccional, poner en el encabezamiento de nuestra enmienda una frase que dice: Para el ejercicio de 1997. Acto seguido, reza la literalidad de nuestra enmienda. Se la paso a la Mesa para que pueda disponer de ella.


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Martínez-Pujalte?

El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Simplemente decir que aceptamos la transaccional del Grupo Catalán.


El señor PRESIDENTE: Es decir, aceptan la transacción a la transacción.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Eliminamos nuestra enmienda transaccional y aceptamos el texto que nos propone Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Entonces, quedaría así: Artículo nuevo: Para el ejercicio de 1997. El resto, tal cual está redactada la enmienda.
Por último, la enmienda transaccional a la 385.


El señor HOMS I FERRET: La admitimos, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Entonces, si les parece, vamos a votar, en primer lugar, la enmienda transaccional a la número 371.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la transacción a la 364.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la enmienda transaccional a la 385.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
¿Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi Grupo solicita votación separada de las números 42 y 43, y el resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Ríos?

El señor RIOS MARTINEZ: Pedimos votación separada de las números 35, 42 y 43 en un bloque.


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Martínez Noval?

El señor MARTINEZ NOVAL: El Grupo Socialista solicita votación separada de las enmiendas 35 y 42 en un bloque, y en otro, de las números 37 y 38.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.
Enmienda número 35 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 37 y 38.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 24; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 42.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 43.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), números 34, 36, 39, 40, 41 y 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. ¿Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.) Señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, mi grupo solicita votación separada de las enmiendas números 15, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 29 y 30, todas ellas en un bloque.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, por una parte deseo solicitar votación separada de la enmienda 16 y, por otra, en un bloque, de las números 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 30.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: A efectos de poner orden, porque son contradictorias las propuestas de votación separada en función del voto de cada grupo, para darle lógica habría que adoptar las siguientes votaciones separadas. Primero, un bloque que estaría compuesto por las enmiendas 15, 17, 19, 23, 24 y 30 en las que, al parecer, hay coincidencia prácticamente de todos los grupos de la Cámara. Segundo, otro bloque, en el que sólo hay coincidencia con el Grupo Popular, que sería el de las enmiendas 27, 28 y 29. Y, por último, el tercer bloque, en coincidencia con el Grupo Socialista, que son las medidas que presenta el Parlamento de Canarias, que son las números 11, 14, 18, 20, 21 y 22.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, si lo hace a efectos de ordenar el debate no se preocupe, porque tenemos medianamente claro cómo debe hacerse la votación.


El señor MAURICIO MARTINEZ: Repito que se pueden votar las enmiendas 11, 14, 18, 20, 21 y 22 y la 16 separada. A continuación, otro bloque de enmiendas, con los números 10, 12 y 13, que son exclusivamente de Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Deseo pedir votación separada del bloque de enmiendas 23, 24 y 25.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a proceder a la votación en los siguientes términos. En primer lugar, votamos las enmiendas números 11, 14, 18, 20, 21 y 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, procedemos a votar la enmienda número 15.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos la enmienda número 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 23 y 24.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 27, 28 y 29.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 30.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Votamos las restantes enmiendas números 10, 12, 13 y 26, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Grupos que desean pedir votación separada? (Pausa.) Señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, deseo que se haga en dos bloques: por una parte, la enmiendas 60, de Eusko Alkartasuna; la 359, de Unión Valenciana; la número 63, de Eusko Alkartasuna; la 77 del Bloque Nacionalista Galego; la 359, de Unión Valenciana; 67, de Eusko Alkartasuna; 79, del Bloque Nacionalista Galego y 1, de Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Perdone S. S. pero es imposible que Coalición Canaria figure en el Grupo Mixto. Ha dicho número 1 de Coalición Canaria, que es imposible que figure, porque Coalición Canaria no es del Grupo Mixto.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Por lo menos por ahora, señor Presidente.
Nunca se puede saber el futuro, pero por ahora no estamos en el Grupo Mixto.


El señor MARTINEZ NOVAL: Continúo, señor Presidente. Solicitamos votación separada de la número 359, de Unión Valenciana.


El señor PRESIDENTE: Sí, ya la ha mencionado antes.


El señor MARTINEZ NOVAL: El problema es que es una misma enmienda a varios artículos. 82, del Bloque Nacionalista Galego, y 71 de Eusko Alkartasuna.
Pedimos que se voten en otro bloque las números 64 y 65, de Eusko Alkartasuna; la 359 ya famosa, de Unión Valenciana.


El señor PRESIDENTE: Perdóneme. ¿No son todas las enmiendas 359 idénticas?

El señor MARTINEZ NOVAL: No, son a artículos distintos, aunque tienen una única numeración.
Pediríamos también votación separada de la enmienda 383, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), junto con las anteriores.


El señor PRESIDENTE: No puede ser, señor Martínez Noval, porque estamos votando las enmiendas del Grupo Mixto.


El señor MARTINEZ NOVAL: Perdón, señor Presidente, es un error mío.


El señor PRESIDENTE: No pretendo enviar al Grupo Catalán al Grupo Mixto.
(Risas.) Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Grupo Mixto, con excepción de la enmienda número 359, de Unión Valenciana. Son las enmiendas números 60, 63, 67, 71, 77, 79 y 82.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 359, de Unión Valenciana, y 64.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi Grupo retira la enmienda número 457.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea votación separada?

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, solicitamos votación separada por un lado de la enmienda 462; por otro, de las enmiendas 459, 458 y 460. Y por otro, del resto de las enmiendas.


El señor MARTINEZ NOVAL: Solicito votación separada de las enmiendas 462 y 456.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Quisiera aclarar lo siguiente. Hay seis enmiendas del Grupo Popular que se refieren al régimen fiscal canario, son las enmiendas 461, 462, 463, 464, 465 y 466, y algunas están en contradicción parcial con lo aprobado en las enmiendas 15, 17, 19, etcétera. Yo voy a votar a favor, pero quiero que quede constancia de que existe ese problema, señor Presidente. ¿Cómo puede solucionarse?

El señor PRESIDENTE: Evidentemente, yo no sé cómo se soluciona ese problema. (Risas.) Posiblemente se pueda solucionar a través del trámite del Senado.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Queda aprobado lo que no contradiga lo aprobado.


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El señor PRESIDENTE: Eso no es posible. Los servicios de la Cámara son muy diligentes y encontrarán la fórmula para solventarlo. Según lo que dice S. S., las enmiendas son contradictorias y habrá que casarlas de alguna manera eliminando su contradicción, lo que requerirá una decisión política a adoptar por el Pleno, en el supuesto de que presenten en el Pleno una enmienda transaccional en función de algún voto particular que se pueda formular a renglón seguido o bien en el trámite del Senado.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas números 458, 459 y 460.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda 462.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda 456.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, cinco; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La enmienda 457 ha sido retirada. Por consiguiente, votamos las enmiendas números 461, 463, 464, 465 y 466.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Queda concluido el trámite correspondiente al título I.
El señor Zabalía pide la palabra.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, quería hacer una precisión.
Si no he anotado mal, en las votaciones de las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco se han votado las enmiendas 42 y 43 separadamente; he de decirle que es la misma enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, es que se ha solicitado votación separada de las enmiendas 42 y 43.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Es que la enmienda 43 no existe. De todas formas, están aprobadas las dos, no hay ningún problema, pero una por unanimidad y la otra no.


El señor PRESIDENTE: Eso es a causa de la mecánica parlamentaria.
Señoras y señores Diputados, vamos a interrumpir las sesión hasta las cuatro y media de la tarde. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, deberíamos votar el contenido del título I.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, en la medida en que es sólo un proyecto de ley, no hay ningún problema en que votemos el articulado y dejemos ya terminado el título I.
Procedemos entonces a la votación del texto del informe de la Ponencia con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas en relación al título I de este proyecto de ley.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, esperaba que pidiera votación separada de los artículos.


El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Martínez Noval, tiene usted toda la razón del mundo. (Risas.) ¿Algún grupo desea solicitar votación separada de algún artículo?

El señor MARTINEZ NOVAL: Le llamo la atención de que el artículo 3 ha quedado suprimido por la enmienda 458, del Partido Popular, que me parece que se aceptó, de manera que no tendría sentido someterlo a votación porque ha desaparecido.


El señor PRESIDENTE: Es que votamos el informe de la Ponencia con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


El señor MARTINEZ NOVAL: En ese caso no habría necesidad alguna de votar el artículo 3.
Le pido votación separada y en el mismo bloque de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30 y 31; en otro, los artículos 48, 49, 50 y 51, y el resto en un bloque.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea alguna votación separada en relación a los artículos del proyecto de ley del título I? (Pausa.) Procedemos entonces a la votación separada de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30 y 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados estos artículos, con las modificaciones derivadas de las enmiendas que han sido aprobadas con anterioridad.
Votamos los artículos 48, 49, 50 y 51, también con las modificaciones procedentes de las enmiendas que se hayan podido aprobar en relación con estos artículos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto de los artículos de este primer título del proyecto de ley de acuerdo con el informe de la ponencia

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y las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Después de almorzar, que buena falta nos hace a todos, por lo menos a esta Presidencia, para recabar fuerzas y fósforo, volveremos a comenzar la votación a las cuatro y media de la tarde.
El señor Eguiagaray tiene la palabra.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, para seguir el orden que se había establecido anteriormente, como vamos a hacer ahora una interrupción, y quizás ninguno habíamos previsto que se interrumpiera la votación, tal vez sería conveniente que la culminación de la votación de este proyecto de ley se hiciera a última hora de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Por mí no hay ningún inconveniente, pero le ruego que, en la medida en que hay portavoces que discrepan, se pongan de acuerdo entre ustedes. A mí me da lo mismo.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: De acuerdo con el artículo 80, lo razonable sería seguir votando. Ya comprendo que esto es también hacer una interpretación muy rigorista de lo que dice el Reglamento, pero si pudiéramos ponernos de acuerdo, teniendo en cuenta las obligaciones de unos y otros miembros de los diferentes grupos parlamentarios, sería mejor.


El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, tiene la palabra.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular acoge favorablemente la propuesta del señor Eguiagaray y no tiene ningún inconveniente en que se fije la hora de votación en el momento en que la Mesa considere oportuno

El señor PRESIDENTE: Señor Homs, tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Mi grupo tampoco le ve ningún inconveniente a la petición que hace el Grupo Socialista, y nos adheriríamos también a esa sugerencia.


El señor PRESIDENTE: Si les parece a ustedes, en la medida en que la Mesa prevé que el debate de esta tarde venga a durar en torno a tres horas, porque también se va a acumular el debate, como ustedes saben y de acuerdo con todos ustedes, de dos leyes importantes, las votaciones las haríamos todas conjuntamente, nunca antes de las siete y media de la tarde, y a partir del título II de este proyecto de ley.
Suspendemos la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


--DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000016.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar la sesión correspondiente al debate del proyecto de ley de disciplina presupuestaria, enviada por el Gobierno a la Cámara.
Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y fijación de posiciones respecto a las demás, tiene la palabra el señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Nos encontramos ante el debate de un proyecto de ley que tuvo su origen en una intencionalidad concreta. Este año, a lo largo del debate de este complejo de leyes, tanto en lo que se refiere a la ley de presupuestos para 1997 como a la ley de acompañamiento --vulgarmente conocida por tal nombre-- o de medidas fiscales, etcétera, nos encontramos con que esta ley --¡por fin!-- es capaz de decir algo coherente respecto a los otros proyectos de ley. Hasta ahora, señor Presidente --por si no lo sabía--, este proyecto de ley decía cosas contradictorias y distintas de lo que decía algún otro proyecto de ley, pero al final el Grupo Popular nos dice cuál es la versión definitiva.
Nos dice la versión definitiva porque en la ley de medidas fiscales se eliminan algunos artículos, en mi opinión importantes, y se incorporan a esta ley o se introducen enmiendas a esta ley, que tiene que ver con lo que decía esa ley de medidas fiscales, con lo cual nos encontramos con que ésta, en vez de ser una ley que originalmente apareció como una ley de disciplina presupuestaria, no tenemos claro si en estos momentos lo que fomenta es más bien la indisciplina presupuestaria, señor Presidente.
En este contexto, esta mañana debatíamos algunos de los problemas que suscitaban a los grupos algunas de las modificaciones que se introducían en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y necesariamente las modificaciones que se introducían en esa ley debían tener algún reflejo en la ley conocida como de disciplina presupuestaria. En definitiva, necesitaban modificar algunos aspectos de la Ley General Presupuestaria.
Nuestra posición, siempre, desde el comienzo del debate de las enmiendas de totalidad, ha sido la de que no era necesario este proyecto de ley. El Grupo Popular, sin ningún tipo de dudas, podría haber traído a esta Cámara, si hubiera querido, un proyecto de ley general presupuestaria, con la razón tan simple y tan sencilla de que hace no muchos meses el propio Grupo Popular presentó en esta Cámara una proposición de ley general presupuestaria con texto concreto y alternativo, con lo cual hubiera sido fácil para el Grupo Popular, y mucho más para el Gobierno, presentar un proyecto que nos hubiera permitido a todos producir un debate que sin duda es de interés, aunque a veces sea un poco pesado y complejo, técnicamente. Todas las cosas que tienen que ver con la gestión presupuestaria tienen mucho interés, pero son de difícil seguimiento por el conjunto de los que nos oyen.


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En este contexto, creíamos que éste no era un proyecto de ley necesario, y menos por las causas y por los objetivos que se plantean en el mismo, porque más que resolver los problemas que pretendía resolver, en estos momentos, nos encontramos con que, al margen de afirmaciones grandilocuentes y generales, este proyecto de ley introduce más flexibilidad de la que existía con anterioridad al mismo. Esa es la cuestión que, de alguna manera, vamos a intentar incorporar a lo que han sido los criterios de nuestro grupo a la hora de presentar enmiendas al proyecto de ley.
El contenido del conjunto de los artículos, a los que prácticamente a todos hemos presentado enmiendas para su modificación con texto alternativo, no venía a decir cosas diferentes de lo que decía el actual Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, introducía muy escasas modificaciones, algunas lo único que pretendían aparentemente es dar a entender que con aquel proyecto de ley general presupuestaria no se iban a producir problemas en lo que se refiere a los gastos del capítulo 2 de los presupuestos y que nos íbamos a encontrar con que no iba a haberlos tampoco en la computación o en la aplicación, incluso en el impago de algunos gastos del capítulo 2, como pueden ser el teléfono, la luz, etcétera. Yo tengo la impresión de que con las disminuciones que se han producido en el capítulo 2 de los presupuestos que hemos aprobado nos vamos a encontrar en algunos casos con enormes dificultades. Ya veremos qué ha pasado al final del ejercicio 1997. Ya veremos de qué ha servido tanto esta ley de medidas de disciplina presupuestaria como las buenas intenciones que el Gobierno ha manifestado en la explicación de los objetivos y en lo que ha significado la exposición de motivos de este proyecto de ley.
En ese contexto, el Grupo Socialista, puesto que nuestra intención era haber introducido un debate sobre un proyecto de Ley General Presupuestaria, lo que ha pretendido es dar una redacción o un planteamiento coherente al conjunto de los artículos que se presentaban a debate en el proyecto que modifica la Ley General Presupuestaria. Por ello, hemos preferido proponer, en algunos casos incorporando algunos artículos que vienen a recoger aspectos de la Ley General Presupuestaria actualmente en vigor, pero que daban una mayor coherencia al conjunto de los artículos, puesto que si la intencionalidad del Gobierno era la que era, parecía conveniente que se pudieran plantear determinadas cuestiones con mayor claridad.
Cuando leemos el artículo 49 de la Ley General Presupuestaria y la enmienda que presenta el Grupo Socialista que figura con el número 7, que tiene que ver con la especialidad temporal, realmente el proyecto que presenta el Gobierno no dice nada nuevo. La única especialidad que presenta es que entiende y viene a plantear que las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente siempre podrán aplicarse al ejercicio anterior. ¡Vaya descubrimiento! ¿Para eso había que modificar un artículo de la Ley General Presupuestaria? Si eso no resuelve ningún problema de fondo, porque el mismo problema de fondo que sigue planteándose siempre, como es normal cuando se habla de gestión presupuestaria --que, por cierto, no es problema--, cuando se habla de la especialidad temporal, es qué es lo que pasa con los compromisos asumidos o con las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior que no han sido pagadas. Ese problema se sigue produciendo igual aunque ustedes estiren el tiempo hasta el 31 de enero del año siguiente. Es lo mismo. ¿Qué pasará con lo que no se haya pagado el 1 de febrero? Tendremos el mismo problema de compromisos de gastos asumidos o de obligaciones reconocidas.
¿Para eso hacía falta modificar todo el artículo 49? Porque nuevo no dice mucho más ese artículo 49.
Nosotros creemos que para dar mayor coherencia al artículo, puesto que ustedes han planteado ese debate sobre algo que prácticamente no cambia, era mejor que se incorporaran a ese artículo --para darle mayor coherencia-- las excepciones que se plantean siempre al principio de especialidad temporal, porque, en definitiva, cuando hablamos de una Ley General Presupuestaria, lo que se definen son las excepciones. Los principios están muy claros.
En cualquier caso, cuando hablamos de la incorporación de esos aspectos, ello nos lleva a que algunos de los artículos, lógicamente, no harían falta, por eso incluimos un apartado segundo en el que se plantea que, además, deberá aplicarse a los créditos del presupuesto vigente un conjunto de obligaciones que son las que, de alguna manera, se han asumido en el ejercicio anterior y que no se han liquidado, como es normal y como no puede ser de otra manera. Por supuesto, tienen que ser compromisos de gastos debidamente adquiridos porque, si no, nos podríamos encontrar con supuestos de nulidad sin ninguna duda.
En ese contexto, nuestro planteamiento es que la intervención del Ministerio de Economía y Hacienda, que ustedes en todo este proyecto de ley y en los proyectos anteriores han inflado de competencias, más incluso que las que daba el texto de la Ley General Presupuestaria, se produzca siempre sólo a iniciativa de los departamentos correspondientes, en la imputación a créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos adquiridos para los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia, pero creemos que la intervención del Ministerio de Economía debe limitarse fundamentalmente a supuestos en los que, por las contradicciones que pudieran aparecer en decisiones a nivel de un ministerio, tuviera que justificarse la intervención del Ministerio de Economía. Si no, no tendría mucho sentido. E incorporamos que el Gobierno --como a nosotros nos parece que debe ser-- dé cuenta a las Cortes de estos supuestos que se planteen de compromisos de gastos de obligaciones de otros ejercicios, para que si se imputan al ejercicio siguiente se debatan en el Parlamento. Aunque es verdad que, en cualquier caso, se conocen porque se piden comparecencias para conocer todo este tipo de supuestos. Esa es nuestra enmienda, porque pretendíamos dar, repito, una coherencia al planteamiento.
En el artículo 59 lo que se plantea es la especialidad funcional. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿No querían ustedes un planteamiento más rígido? ¿Decimos lo mismo o no cuando ustedes hablan de finalidad específica o cuando nosotros hablamos de finalidad orgánica, funcional y económica? Si es así, acéptenlo. Cuando ustedes hablan

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de finalidad específica, nosotros hablamos de que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente para la finalidad orgánica, funcional y económica, porque creo que estamos en una fase y en un momento en que es posible dar un paso más e ir avanzando en la mayor vinculación de los créditos. ¿No planteaban ustedes eso antes? ¿Qué es lo que les lleva ahora a decir que quieren abrirlo mucho más y no se atreven ni siquiera a hablar de finalidad orgánica, funcional y económica cuando, incluso, el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria ya avanzaba principios de estas carácterísticas? ¡Qué le vamos a hacer! Su disciplina se manifiesta en indisciplina en determinados supuestos.
La gran innovación de este artículo es que incluyen toda una relación en la que parece que quieren establecer mayores vinculaciones. Pero esas mayores vinculaciones se nos diluyen entre los dedos cuando repasamos las cifras globales del presupuesto y vemos que --quizá nos equivocamos en nuestra valoración-- con ese capítulo 2 que han planteado difícilmente van a poder asumir todos los compromisos que van a tener que asumir.
Entonces, de poco sirve que hablen de muchos conceptos que, por cierto, ya estaban en el proyecto de ley que presentó el Gobierno anterior respecto a este tipo de cuestiones. Y hemos incorporado alguno más porque también lo decía el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. ¿Lo quieren establecer así? Pónganlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Les hemos incorporado los organismos autónomos por si se habían olvidado. No sé si se habían olvidado, pero establezcan ustedes también algún principio de vinculación, porque si no este proyecto de ley parece más una manifestación de no se sabe qué, pero, en cualquier caso, sin conseguir unas modificaciones suficientes que permitan avanzar en lo que creo que es un proceso permanente de ir mejorando todo lo que es la gestión presupuestaria.
En el artículo 61, no han podido resistir ustedes. Nosotros hemos planteado primero un artículo 60 para dar coherencia al resto de los artículos, no porque sea una innovación especial. Ustedes lo tienen.
Introducimos una modificación respecto a lo que dice el texto del proyecto de ley, porque nos parece que en vez de fijar la cifra de 1.000 millones sin tener la previsión de que cada año habría que actualizarla, sería más conveniente que cada ley general de presupuestos para cada ejercicio fijara esas cifras a las que se refiere nuestra enmienda como artículo 60. En cualquier caso, hay un apartado que se corresponde también en el proyecto de ley que presenta el Gobierno. Estábamos hablando, para que se nos entienda, de la adquisición de inmuebles cuyo importe exceda de la cuantía que esté fijada en los créditos de cada ejercicio económico.
Han introducido innovaciones que de alguna manera nos permite conectar con el debate de esta mañana y que seguiremos en el Pleno ¿Qué han hecho ustedes con el artículo 61? Aquí, para resolver un problema, han introducido una generalidad de situaciones y a mí me parece un error. No pueden, para hablar de gastos plurianuales, plantear un problema que se deriva, simplemente, de haber introducido una nueva forma de contratación en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando lo aprobemos. No tiene sentido ni tiene lógica. El artículo 61 establecía que podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autorizan, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tal, etcétera.
Nosotros creemos que debe avanzarse más, y así lo decía el proyecto de ley que presentó el Gobierno. Puesto que la voluntad de todos era establecer una mayor disciplina presupuestaria, no lo que propone este proyecto de ley con las enmiendas que ustedes incorporan, planteamos una subordinación al crédito para cada ejercicio presupuestario. Ustedes abren la puerta, pero no es que la abran para los contratos nuevos que introducen. La abren ya para todo. Con la fórmula que ustedes proponen es posible todo. Ya es posible tomar decisiones en un ejercicio sobre gastos plurianuales o sobre contratos programa sin que exista ninguna previsión crediticia para el ejercicio. ¿Cómo es posible que introduzcan ustedes esto? ¿Cómo han redactado esta ley para manifestar lo que están hablando y en estos momentos nos abren la puerta para justificar una modificación que introducen contra la que está vigente y la generalizan para todas las posibilidades de inversiones plurianuales o de gastos plurianuales? No tiene ningún sentido. Establezcan, si quieren, la excepción. Pero es que han aprovechado una situación concreta para tener las manos más libres.
Eso es lo que pretende el Gobierno cuando propone lo que está haciendo.
Ese es el problema que a nosotros nos preocupa y lo que nos hace pensar que esta ley pretendía justificar no sé qué cosas cuando se presentó.
Pero ha sido la tapadera no sólo para justificar lo que decía, sino para introducir la apertura en lo que se refiere a gestión presupuestaria, ya que plantea problemas para avanzar y poder llegar a acuerdos. Creo que en estos temas se debería llegar a acuerdos.
Ustedes ahora presentan el régimen de gestión presupuestaria con la nueva fórmula de contratos de pago en mano, o como le llamemos. Ya sé que figuraba en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas con las modificaciones que introducen ustedes hoy. Le escuchaba cuando hacía esas afirmaciones, pero ustedes introducen, para que pueda ser aplicable, el régimen de este artículo para ese tipo de contratos porque alguna justificación formal tienen que encontrar. Si no fuera así presupuestariamente iba a ser difícil su aplicación.
Teniendo la oportunidad de poder celebrar un debate sobre contratos programa en inversiones plurianuales y sobre estas nuevas fórmulas de contratación que presentan, han perdido la ocasión con este proyecto de ley de que haya una discusión en mayor profundidad y de llegar a unos planteamientos legislativos que permitan avanzar de una forma positiva.
De otra forma, ¿cómo les pueden aplicar este régimen, si ni siquiera se atreven a hablar y a regular con mayor minuciosidad el tema de los contratos programa? Y ya les adelanto que nosotros sí que lo tratamos claramente.
Seguimos pensando que los gastos plurianuales deben estar subordinados a la existencia de créditos en cada ejercicio. Ustedes dicen que no. Ya no hace falta. Se puede tomar

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cualquier tipo de decisión en este ejercicio, aunque no haya ningún tipo de crédito. Es lo que nos están diciendo todos los días. No sé si saben lo que nos están diciendo. A alguien sí que se le ha ocurrido eso. Dicen que ahora nos comprometemos a todo hacia el futuro aunque no tengamos una partida crediticia, ni una justificación formal en el presupuesto. Ahí es donde empieza la gravedad de la situación porque se está planteando en los proyectos de ley que estamos debatiendo la posibilidad de que se asuman compromisos de gasto hacia el futuro, a más de 15 años, sin que exista ninguna capacidad en este Parlamento de regularlo ni ningún mecanismo de gestión presupuestaria que permita un control mínimo. Ese es el problema porque de todo lo demás ustedes casi no han modificado nada.
Si cogen las novedades reales que han introducido ustedes en este proyecto de ley, respecto al Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, con dos artículos sobra, pero resulta que han aprovechado esos dos artículos para abrir un boquete en la gestión presupuestaria que es preocupante.
Ustedes y el Gobierno deberían reflexionar sobre cómo conseguimos que se debatan en el Parlamento esas nuevas formas de contratación y esos proyectos de inversión tan a largo plazo que parece que se pretenden introducir, con el fin de que se vea si son posibles esas fórmulas en una ley general presupuestaria. Eso es lo que queremos proponer. Esa es una de las enmiendas que presentamos. No se extrañen, no digan cosas raras, es que no tienen una enmienda concreta al texto que presentamos. Yo les pediría que lo pensaran porque me parece que es evidente y bastante elemental que se establezcan algunos principios mínimos que permitan que este Parlamento, representante de la soberanía popular, tenga conocimiento a qué proyectos de ley de cada ejercicio se van a plantear esas nuevas fórmulas de contratación o esa cosa que llaman ustedes financiación extrapresupuestaria, porque si no lo que estamos es hipotecando el futuro con compromisos de gasto que no sabemos quién va a poder asumir si esta Cámara no lo ha aceptado. Si esta Cámara no lo ha aceptado, ¿qué garantías tienen semejantes compromisos? Ustedes eso no lo han resuelto. Como creo que es una barbaridad que eso esté sin resolver, me da la impresión de que la precipitación y la prisa es lo que les ha llevado de una forma inadecuada a este tipo de planteamientos en los que nos encontramos en ese momento.
Piénselo porque mi grupo estaría dispuesto a discutirlo. Nosotros estaríamos dispuestos a encontrar las fórmulas que permitieran que todas esas cosas de las que nos estamos enterando estos días por los periódicos pudieran ser debatidas en esta Cámara. Que esta Cámara tenga la decisión sobre qué proyectos de inversión tan a largo plazo van a iniciarse bajo las fórmulas que ustedes plantean en estas leyes que estamos debatiendo estos días. Atrévanse a regular lo que son los contratos-programa porque no pasa nada. Lo que nosotros creemos es que en cualquier contrato-programa, con el volumen de inversiones que significan, deben fijarse los objetivos y deben controlarse. Debe haber comités de seguimiento para hacerlo. Eso es lo que queremos. Atrévanse ustedes a hacerlo si mínimamente quieren hablar de disciplina presupuestaria. Pero eso háganlo también con los nuevos proyectos de inversión. Porque ¿quién va a garantizar en la práctica que los proyectos de inversión a tan largo plazo no son al final un desastre si no se resuelven los problemas que pueden derivarse de la evolución en el tiempo de cada año? ¿Ustedes creen que se puede llegar a compromisos de gasto para dentro de 10 ó 15 años sin que haya un seguimiento anual de qué es lo que está pasando en el desarrollo de esas nuevas fórmulas de inversión? Esos son los planteamientos que habría que hacer.
En ese contexto mi grupo estaría dispuesto a hablar y a negociar con ustedes enmiendas transaccionales sobre aspectos de esas características.
Consideren la necesidad que nosotros pretendemos de que esos debates lleguen a esta Cámara, porque eso no lo han resuelto. Les vuelvo a decir que mi opinión es que ni aun resolviendo esa parte será suficiente para poder ser capaces de que esas nuevas formas de contratación y esos nuevos proyectos de inversión que ustedes quieren asumir sean suficientemente transparentes y estén controlados. En cualquier caso ya les digo que ésa es nuestra posición. Ustedes conocen nuestras enmiendas. Piénselo porque todavía hay tiempo en este debate presupuestario para que podamos avanzar.
Me alegro de que hayan corregido ustedes algunos aspectos, sobre los que me da la sensación de que son de los pocos que ustedes venían a mantener casi como decían antes. En este proyecto de ley lo poco que quedaba, y ustedes también lo han modificado, es el tema de la expropiación forzosa.
Menos mal que se han enterado de que eso que proponían ustedes era inaplicable. ¿Cómo se va a hacer la reserva de crédito pertinente cuando se inicia un expediente de urgencia de una expropiación? Es imposible porque nadie sabe cómo va a evolucionar en el tiempo. Ustedes se han dado cuenta. ¡Menos mal! Nosotros les hemos dado una fórmula. Ustedes proponen otra. Estamos dispuestos a estudiarlo de cara al Pleno, pero en estos momentos nos abstendríamos en principio respecto a esa propuesta que ustedes nos plantean.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Voy a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado a este proyecto de ley general de medidas de disciplina presupuestaria.
Creo que este proyecto se encuentra dentro de ese enredo presupuestario al que el Gobierno nos quiere llevar en esta discusión. La verdad es que desde la aprobación del decreto legislativo de 1988, donde se aprobaba un texto refundido que, además, fue modificado el mismo año, hasta hoy, ha habido muchas discusiones parlamentarias. Todas ellas siempre han estado centradas en que la disciplina presupuestaria tenía que hacer frente a tres cosas. Una, que lo que se aprobara en las Cortes tuviese el menor movimiento posible en la ejecución. Dos, que las modificaciones presupuestarias se limitaran, se recortara al Ejecutivo la capacidad de modificaciones presupuestarias. Y tres, que el

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Ejecutivo informara sistemáticamente a este Parlamento en las sesiones de control sobre algo que muchas veces hemos hablado, como es poner en marcha esa comisión de control presupuestario que debería funcionar en este Parlamento. No hay discusión de presupuestos en la que no saquemos este tema.
Lo que también es cierto es que esta ley ha resituado al Partido Popular respecto a discusiones que hemos tenido aquí. A mí me gustaría, señorías, traerles a colación la exposición de motivos de una enmienda de totalidad con texto alternativo que en noviembre de 1995 --cuando se devolvieron los presupuestos al Gobierno, que hemos tenido prorrogados en 1996-- presentó el Grupo Popular. Después tuvimos un texto alternativo --ya en aquel momento lo acompañaba--, que decía: De nada servirían las disposiciones del título III si quedaran en manos del Ejecutivo potestades tan formidables y discrecionales que le permitieran, dentro de la más absoluta legalidad, ejecutar un presupuesto radicalmente distinto al aprobado por las Cortes Generales. Y decía también: Se va a reforzar el papel de la Intervención General de la Administración del Estado. Y decía también: Todas las medidas se abordarán dentro de un plan de contabilidad pública. Y decía también que se pretendía controlar el gasto y limitar las competencias del Ejecutivo. Esa era la filosofía que proponía el Grupo Popular hasta que consiguió llegar al Gobierno. Yo leo ahora la propuesta de reforma de la ley presupuestaria, que era urgentísima, que tenía que tramitarse ya --por cierto, algunos de los textos de los que hay aquí están en contradicción con los que figuran en la ley que hemos discutido esta mañana; hay artículos concretos cuya redacción es contradictoria con lo que figura aquí--, y resulta que no encuentro nada de todo eso; no encuentro nada relativo a la Intervención, ni de lo que debe pasar por el Parlamento, etcétera. No encuentro nada de eso que proponían entonces.
¿A qué obedece el que no lo encuentre? Fundamentalmente a que no es la voluntad política del Gobierno. Es decir, yo creo que no hay voluntad de que haya transparencia en la gestión presupuestaria; que aquí vienen a tramitar, por vía rápida, lo que se habían olvidado de poner en la ley de acompañamiento para que se puedan hacer algunas actuaciones, como sería esa manera de gestionar presupuestariamente ese gasto plurianual o ese pago diferido o esas actuaciones presupuestarias que no sabemos cómo se van a asentar.
En todo caso, yo le pediría al Gobierno, por el bien de los ciudadanos en general, pero, sobre todo, para que pueda ser aplicable, que automáticamente, a ser posible a primeros de enero, presenten un texto refundido de esta ley. Lo digo para que la puedan aplicar los jueces, porque estas leyes, conforme las estamos haciendo --parece que las estamos haciendo con la máquina de hacer churros--, no sé cómo van a casarse para que sean efectivas. Porque lo importante de una ley es que sea efectiva y perdurable, eso es lo primero que te dicen, que las leyes tienen que ser perdurables en el tiempo y, por tanto, yo pediría que se hiciese bien ese texto refundido para que todos conociéramos dónde están las actuaciones que aquí tenemos. Hay otras leyes --cuatro de las leyes que vamos a aprobar hoy-- que incluyen modificaciones de la Ley General Presupuestaria; el Gobierno ha traído cuatro recortes separados que podrían dar un todo como propuesta, pero no lo dan.
Las enmiendas nuestras son de supresión, salvo una, la número 5, que pretende modificar el artículo 61.Dos, que pretende que funcione el principio de devengo en la fijación presupuestaria y que funcione tanto para estas actuaciones generales del presupuesto como para este invento que hemos sacado, en la ley de acompañamiento, de sociedades estatales que van a gestionar actuaciones de gastar hoy y pagar mañana; eso de hoy se fía y mañana también. Ese criterio de devengo también debería estar recogido para los avales que diera el Estado para esas actuaciones y para las inversiones que se fuesen acometiendo a lo largo de ese cumplimiento que tiene la ley de acompañamiento.
Las otras enmiendas que hemos presentado son de supresión de los artículos que se nos proponen --yo sé que esto es continuar el debate sobre la enmienda a la totalidad de esta ley, que, por cierto, como lo hicimos a la vez que la discusión presupuestaria y la discusión sobre la enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento, no pudimos profundizar mucho--, pero lo bueno, lo riguroso sería que el esfuerzo que el Grupo Popular hizo en noviembre sirviera para traer una nueva ley presupuestaria en todo su contenido para que discutiera. Lo debería haber hecho al principio de la legislatura y sería bueno que se trajera ahora, porque todavía estamos a tiempo. Puede que la legislatura les dure más de dos años y, entonces, sería bueno que al año que viene no tuviéramos otra vez este batiburrillo de leyes porque no les haya ido bien y tengan que volver a cambiarlas.
Resumiendo, una buena técnica sería que el Gobierno --lo digo ahora que no me oye nadie--, cuando haga sus presupuestos, se ajuste a las leyes vigentes y no que lo haga al revés: cambiar las leyes de acuerdo a lo que quiere hacer con los presupuestos. ¿Saben por qué? Para ajustarnos de verdad a una mecánica que sea estable, que tenga tranquilidad, que pueda ser gestionada con un control y con una transparencia permanente. Y, para que eso pueda ser, yo le pediría al Gobierno o, si no puede hacerlo el Gobierno, al grupo o grupos que lo soportan que hagan un cuerpo legislativo de toda la disciplina presupuestaria, si es que quieren disciplinarse, y si no quieren disciplinarse que nos digan cómo van a gestionar presupuestariamente el presupuesto o cómo van a gastarse el dinero. De lo contrario, señor Presidente, yo sacaré una conclusión: el Gobierno quiere que le digamos que le autorizamos a gastarse 30 billones de pesetas donde quiera, cuando quiera y como quiera, y que ya nos lo explicarán después, a los dos años, cuando podamos enterarnos de la liquidación definitiva del presupuesto. Como yo sé que eso no es bueno y, además, no es lo que pretende, por aquello de que obras son amores, les pido que retiren esto o que tramiten una ley conjunta donde de verdad podamos ver cómo vamos a gestionar los presupuestos que en cada caso aprueben los gobiernos, incluso para cuando gobernemos nosotros, y puede que no falte mucho tiempo.


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El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Nuestra única enmienda a este proyecto de ley va en la línea de corregir algo que entendemos que simplemente ha sido un error, una falta de atención en el momento de redactar el proyecto de ley, puesto que en su disposición final primera, la ley que viene modificada por el artículo 2 del proyecto de ley, es decir, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece el carácter básico de casi la totalidad de la ley, con excepción de unos incisos; en concreto, con excepción del último inciso del artículo que precisamente viene aquí modificado, es decir, la letra a), el párrafo primero del artículo 73 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Al haber introducido el proyecto de ley un inciso nuevo, la conclusión sería que o ese último inciso deja de ser básico o han pasado a ser básicos dos párrafos en lugar de uno. Ninguna de las dos fórmulas parece que sea la correcta y, por tanto, la enmienda que presenta este grupo es una simple reordenación del artículo para preservar el contenido básico de lo que incorpora el proyecto de ley, es decir, la referencia a que el acuerdo correspondiente se acompañe de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito. Eso es lo que aporta el proyecto de ley, pero puesto en el centro del artículo y no como un último inciso, para preservar lo que es básico. Se trata de una modificación que tiene su consecuencia, pero, desde el punto de vista formal, simplemente es una reordenación del texto del artículo.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas y manifestar su posición en relación a las de los demás grupos políticos, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Cámara.


El señor CAMARA RODRIGUEZ: Comenzaré por referirme a las manifestaciones que ha hecho el señor Gimeno sobre disciplina e indisciplina. Reconozca que tiene su gracia que ustedes hablen de indisciplina.
Yo pensaba que cuando uno venía a discutir algún proyecto de ley venía con la lección sabida o, por lo menos, leída. Usted ha reconocido por omisión o simplemente por desconocimiento que no se ha leído la exposición de motivos del proyecto de ley sobre medidas de disciplina presupuestaria. O, al menos, cuando se estaba tramitando en la Cámara y se aprobó el Real Decreto 12/1996, el pasado 26 de julio, usted no estaba. Usted no estaba porque lo que se hacía a través de ese Real Decreto-ley --recuérdelo o que alguno de sus compañeros se lo recuerde-- era que se concedieran créditos extraordinarios por importe de 721.169 millones de pesetas, destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores y regularizar anticipos de fondos, ni más ni menos. Esto es fruto inexcusable de cierta indisciplina, y me va a permitir que utilice el mismo calificativo que ha dado usted a algo que en principio no tiene ninguna discusión. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que, al menos al día de hoy y sobre ejecución presupuestaria, hay que decir poco o más bien nada sobre cómo ha ejecutado el presupuesto de 1996 el Gobierno del Partido Popular, puesto que la trayectoria es bien corta y aún no se ha presentado liquidación.
Usted preguntaba, con esa forma tan habitual en usted de efectuar grandiosas y altisonantes preguntas de carácter retórico, más bien formal que real, a ver qué iba a ocurrir al final del año 1997. Ya veremos qué ocurre al final del año 1997; lo que sí sabemos, sin ningún género de dudas, es lo que ha ocurrido hasta el Real Decreto 12/1996: que, entre otros agujeros de desproporcionada magnitud presupuestaria, se encuentra el referido en ese Real Decreto, y lo que se hace en esta ley de medidas de disciplina presupuestaria es atajar de modo inmediato problemas del tipo que estoy comentando, ni más ni menos que para eliminar inercias que en estos momentos existen, porque existen todavía en la Administración propias de su forma de actuar, ejecutando los Presupuestos Generales del Estado durante la trayectoria del Partido Socialista en el Gobierno.
Los resultados son los siguientes: anticipos de fondos sin dotación presupuestaria previa o sin aplicación inmediata a presupuesto. Esto está en la exposición de motivos, señor Gimeno, no lo busque en otro lado. En el número 2): Gastos corrientes generados por obligaciones de tracto sucesivo con crédito insuficiente. Lo que usted llamaba gastos de luz y de Telefónica. Realización de obras de emergencia para las que actualmente no es necesaria la previa existencia de crédito, con demora excesiva en su imputación a presupuesto o inexistente imputación a presupuesto. No voy a seguir leyendo; esto se establece en la exposición de motivos. Yo tenía la creencia de que la exposición de motivos era algo que por lo menos algún compañero suyo del grupo se leía puesto que, por lo menos al texto articulado de la ley de presupuestos se presentaban enmiendas incluso. Parece que en este caso no ha sido así porque las manifestaciones que hacía sobre indisciplina se vuelven contra usted, puesto que la indisciplina es la que lleva al Gobierno del Partido Popular a aprobar el real decreto y esta ley de medidas de disciplina presupuestaria.
Tampoco ha salido otro de los párrafos, el que hace referencia a qué es lo que ocurrirá a partir de este momento con las normas de carácter presupuestario, y, en concreto, en el tercer párrafo se hace referencia a cuál es la posición del Gobierno, qué es lo que piensa hacer el Gobierno, en tanto que usted decía que inicien ya una reforma de carácter presupuestario. Ahí está, señorías. No hace falta esperar la reforma global para eliminar las inercias que han provocado en el Real Decreto 12/1996 y a esto obedece la ley de medidas de disciplina presupuestaria, ni más ni menos, a la que usted llamaba boquete, que decía que ya veremos si se produce o no se produce en el año 1997; hasta el momento el boquete que sí se ha producido ha sido en los presupuestos que hasta el momento se han liquidado de los ejecutados por el Gobierno socialista. De aquellos polvos, estos barros.
Sin más, voy a empezar por fijar posición sobre las enmiendas presentadas por los grupos.


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Voy a empezar por las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque, en principio, las enmiendas 3, 4 y 6 son fáciles de rechazar, porque ustedes proponen la supresión entera de los artículos 1, 2 y 3, y como este debate fue, como usted bien ha dicho, objeto del debate de totalidad, entienda que se rechazan simplemente porque ustedes proponen la enmienda total a este articulado y esto ya no toca, por decirlo así.
La enmienda número 5, a que usted hacía referencia, según nuestra opinión es innecesaria, porque la propia aplicación de los principios generales que se contienen en el texto refundido actual de la Ley General Presupuestaria permite que no sea necesaria la incorporación de esa enmienda. De todas maneras, me alegro de que haya aclarado el tenor de lo que significa la enmienda, porque, a la hora de acometer su lectura, su redacción resultaba difícil de interpretar exactamente a qué se refería el tema en relación al devengo, porque no queda manifestado de ese modo en el escrito de enmienda que ustedes presentan.
Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda número 7, al margen de suprimir el período de ampliación y trasladar el contenido de los dos primeros apartados del artículo 63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria al artículo 49 del mismo texto legal, propone limitar la intervención del Ministerio de Economía y Hacienda a los supuestos de falta de crédito adecuado, reiterando lo que en la actualidad establece la propia Ley General Presupuestaria, cuando justo el objetivo de la norma que figura en el proyecto es que el Ministerio de Economía y Hacienda compruebe que efectivamente se trata de obligaciones debidamente adquiridas con crédito adecuado y suficiente en el ejercicio en que se adquirió el compromiso.
Luego la enmienda justo tiene un objeto completamente contrario al que persigue como objeto general la ley de disciplina presupuestaria. Por tanto, la rechazaremos.
La enmienda número 8 propone una nueva redacción del artículo 59 del texto refundido. La que figura en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno asegura, según nuestra opinión, suficientemente las vinculaciones orgánica y funcional, al igual que ocurría en la actual redacción de la Ley General Presupuestaria. Por tanto, en este caso sí que le doy la razón en el sentido de decir que esto ya estaba en la Ley General Presupuestaria, y por ello, su enmienda carece de utilidad.
Por otro lado, la modificación que pretende en la enmienda número 9, según nuestra opinión, es irrelevante, ya que se limita a trasladar el contenido del apartado 3 del artículo 63 del texto refundido a un nuevo apartado 2, que se crea, y en el artículo 60 del texto refundido, para dejar indeterminada la cuantía a partir de la cual se puede utilizar el procedimiento previsto en la misma, que en la actualidad es de mil millones, puesto que se establece que dicha cuantía se fijará en la correspondiente ley de presupuestos. Por esta razón, entendemos que debe ser rechazada la enmienda número 9.
En cuanto a la enmienda número 10, hacen cuatro propuestas de modificación al artículo 61 en su redacción actual. Las citaré una a una.
En el punto 1 del artículo 61 se introduce el párrafo que empieza por «no obstante». Este párrafo está en relación con la enmienda número 9 que acabo de comentar, y, en consecuencia, no procede la aceptación del inciso, puesto que tiene el mismo objeto que la enmienda número 9, por lo que parece que es irrelevante. Además, refunde los apartados 1 y 2 del texto actual, sin que se introduzca ninguna mejora, sino que refunde el contenido; por tanto, por economía procesal y por economía de medios, nos parece que no es necesario introducir la enmienda. Eliminan además el apartado 2 b), relativo a las transferencias corrientes derivadas de normas legales, que, según nuestra opinión, es el mantenimiento de este precepto resulta absolutamente necesario, puesto que muchas de ellas originan obligaciones a cuya cobertura debe procederse no sólo en el ejercicio presupuestario; por tanto, no nos parece conveniente introducir esta modificación.
Por último, en el apartado 3 se hace referencia tanto al Estado como a los organismos autónomos y Seguridad Social. Al respecto, se indica que la Seguridad Social se rige por su normativa específica, y en el término de organismos del Estado se incluye tanto al Estado como a los organismos autónomos, y yo creo que es de una evidencia gramatical resaltable. En consecuencia, el contenido total de la enmienda no puede ser aceptado.
Con respecto a la enmienda número 11, simplemente no encaja en los objetivos específicos de la ley de disciplina presupuestaria, y le voy a decir más: desconoce el sentido de la enmienda la existencia del artículo 91 del texto refundido, que regula los contratos-programa, cuya redacción sí es cierto que será objeto de revisión, pero en función de lo que se expresaba en la exposición de motivos, que es cuando se acometa la reforma total de la Ley General Presupuestaria, y en este momento no vemos la necesidad de modificarlo con ocasión de la ley de medidas de disciplina presupuestaria, porque la enmienda en su globalidad no responde al objetivo general de la ley.
La enmienda número 12 propone que la retención de crédito que, según el proyecto, se realizará en el caso de expropiación forzosa por procedimiento de urgencia, en el momento de la creación de urgencia y por el importe previsto del justiprecio de los bienes expropiados, se efectúe, dicen, al comienzo del ejercicio presupuestario por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. A nosotros no nos parece correcta esta enmienda, puesto que el Ministerio de Economía y Hacienda desconoce --y ésta es una evidencia más que resaltable-- el importe de las expropiaciones hasta que se produce la contabilización.
Por otra parte, el exigir que se acompañe la retención de crédito con carácter previo a la declaración de urgencia, como establece el proyecto, cumple una finalidad similar a la que figura en los artículos 11.2 y 68.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas para los gastos contractuales. Luego ahí tiene su reflejo normativo.
La enmienda número 13 pretende modificar la regulación del contrato de obra con abono total del precio --no de pago total-- que se incluye en la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. De esta modalidad contractual me he extendido más tiempo del que era necesario

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durante esta mañana, por lo menos según mi criterio y seguro que también de la Presidencia, y puesto que la posición sobre el contrato ha quedado manifestada por nuestro grupo esta mañana, no voy a reiterarla. Dice usted que ya escuchó los argumentos desde su despacho y, aunque no digo que los doy por reproducidos, lo que sí quiero comentar es que ustedes tan sólo presentaban una enmienda en el sentido de decir que no estaban de acuerdo con la existencia de este contrato. Después lo que hacen es dotar de argumentos y de manifestaciones retóricas de todo tipo en el momento en que se entra en el debate. Lo hicieron en el debate de totalidad, lo han hecho esta mañana con ocasión del debate sobre la ley de acompañamiento, lo hacen ahora y nos imaginamos que seguirán haciéndolo, porque ustedes si de algo hacen gala es de oír, pero no escuchar.
Por último, quería comentar las enmiendas 14, 15, 16 y 17, del Grupo Popular, que tienen un objeto muy simple, que es adecuar la temporalidad de la aprobación de los dos proyectos de ley, ni más ni menos. Parecía razonable que se incorporara la modificación del artículo 61 a la ley de disciplina presupuestaria y no a la ley de medidas, puesto que su virtualidad es temporal de un año y sin embargo la virtualidad de la ley de disciplina es mayor, si bien es cierto que el compromiso del Gobierno, manifestado en varias ocasiones por el Vicepresidente y Ministro de Economía y Hacienda, es acometer la reforma general presupuestaria lo antes posible. En este sentido exclusivamente van las enmiendas 14, 15, 16 y 17, que, de carácter técnico, presenta el Grupo Popular.
Por último, queda la 18, de nuestro grupo, que se refiere a los expedientes expropiatorios. Señor Gimeno, si algo se hace durante el debate parlamentario, es precisamente introducir modificaciones por parte de los grupos parlamentarios para mejorar los textos. Nos permitirá que nosotros también introduzcamos mejoras, si es que tenemos la sensación de que se pueden mejorar. Esto es lo que hacemos con la introducción de enmiendas. Efectivamente, nos parece que se mejoraba la redacción técnica del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y eso es lo que hacemos, ni más ni menos. Porque esto es precisamente lo que se hace en esta Cámara. Cuando usted hacía referencia a que el Gobierno trajera a la Cámara el debate, creo que le he entendido, sobre la forma en que se iba a ejecutar el presupuesto extrapresupuestario, o la forma en que se iban a financiar los contratos, no le entendía. Porque entonces no sé muy bien qué es lo que hacemos. Está usted en el momento indicado, en el proceso indicado, en el debate indicado, ha hecho las manifestaciones que creía convenientes y ahí quedan. Por tanto, el debate se trae a la Cámara, sin perjuicio de que lo puedan traer a través de proposiciones de otro tipo, cuando quieran, sin ningún género de dudas.
Por último, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la enmienda 19 al artículo 2 de la ley de disciplina, para que, como ha dicho su portavoz, se dé una nueva redacción al apartado 1.A) del artículo 73 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, con el fin de que no se altere el contenido de las normas básicas que figuran en esta última ley.
A este respecto digo exactamente lo mismo: si alguna virtualidad tiene el debate de las enmiendas presentadas a los proyectos de ley, es justamente mejorar los contenidos de los proyectos presentados. Por tanto, aceptaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Desearía un breve turno, porque se han hecho afirmaciones por el portavoz del Grupo Popular, sobre todo en la primera parte de su intervención, que no sé muy bien a qué venían.


El señor PRESIDENTE: Evidentemente, hay turno de réplica, pero les ruego que agilicen al máximo los trámites. Se lo digo por el bien de todos ustedes. Lo que mal empieza, mal acabará también.
Tiene la palabra, pero le ruego que sea muy breve.


El señor GIMENO MARIN: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Popular sigue teniendo la sensación de que se encuentra casi siempre en la oposición. Yo lamento que sea así. En estos momentos se encuentra apoyando a un Gobierno.
Ha hecho referencia al debate de totalidad y quiero indicarle, señor Presidente, que si algo quedó perfectamente claro de la intervención del portavoz del Grupo Socialista y también de la intervención del Gobierno durante ese debate, es que el Gobierno no decía la verdad cuando en aquellos momentos planteaba lo que planteó para justificar que se presentaba esta ley de medidas de disciplina presupuestaria. Hay una conclusión muy simple a la que se puede llegar: la parte fundamental de la ley de medidas de disciplina presupuestaria no está en el proyecto de ley que presentó el Gobierno; está en las modificaciones que se están introduciendo a este proyecto de ley, vía de unificación de otros aspectos que están en otras leyes. Quedó bien claro en aquellas afirmaciones de aquel debate --si se quiere volveremos a reproducir el debate de totalidad-- que el Gobierno no decía verdad. Se actuó correctamente, de acuerdo con la normativa existente. Incluso en algunos de los aspectos que se plantearon, lo que quedó bien claro, en mi opinión, señor Presidente, es que lo que está haciendo el Gobierno con este debate presupuestario y lo que ha venido haciendo en los meses anteriores es imputar presupuestariamente a ejercicios anteriores al momento en que el Partido Popular llegó al Gobierno, e imputar con posterioridad al año 1996, mediante las modificaciones que introduce en las leyes actuales, los déficit con que se encuentra en estos momentos este país. Lo que ha hecho es centrifugar el déficit hacia adelante y hacia atrás. Quedó bien claro en el planteamiento que el Gobierno no decía verdad.
Una cuestión meramente técnica, señor Presidente. Se me olvidaba decir que en la disposición final el Gobierno parece que pretendía decir que la ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1997. A mí me parece excesivo atreverse a decir esto. Creo que sería mejor corregirlo técnicamente y

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decir que entraría en vigor después de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No sé si es lo correcto, pero creo que es pretencioso decir que va a ser el 1 de enero de 1997.


El señor PRESIDENTE: El señor Cámara tiene la palabra.


El señor CAMARA RODRIGUEZ: Prometo brevedad.
Señor Gimeno, se lo hemos dicho en multitud de ocasiones durante los debates relacionados con el texto articulado de la ley de presupuestos.
No hubo oportunidad de que se produjera lo que se ha producido en estos momentos. Siguen sin resignarse a aceptar el papel de la oposición; siguen sin aceptar el hecho de que los debates no los cierran; siguen sin aceptar el hecho de que están donde están en estos momentos y el Grupo Popular está donde está por mor de lo que ocurrió el 3 de marzo. Vamos a asumir cada uno nuestro papel y vamos a dejar de hacer consideraciones gratuitas que, sin ningún género de dudas, lo único que hacen es entorpecer la marcha de los debates.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Damos, por consiguiente, por debatido el proyecto de ley sobre disciplina presupuestaria.


--DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS. (Número de expediente 121/000018.)

--ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (Número de expediente 121/000019.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, en que vamos a acumular el debate de los dos proyectos de ley correspondientes a la cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias, así como el proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Para defender las enmiendas presentadas por su grupo y fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas por los demás grupos, tiene la palabra el señor Pérez Segura.


El señor PEREZ SEGURA: Nuestro grupo afronta este debate no en el mejor ánimo. Y no es porque llevemos desde el lunes por la tarde sesiones de mañana, tarde y noche y nos asista el cansancio, sino porque tenemos la impresión de que en el debate acumulado de los proyectos de ley sobre la Lofca y de cesión de tributos no vamos a sacar nada en claro.
Es bien conocida la posición de nuestro Grupo, ya expresada en el debate de totalidad, de que el tratamiento de un aspecto tan singular y tan sustantivo en relación a las comunidades autónomas, como es el tema de su financiación, no puede abordarse con la premura de tiempo, no puede abordarse con este debate al galope, acumulado, después de maratonianas sesiones de presupuestos.
Por tanto, vamos a obrar en consecuencia y vamos a tratar en este trámite simplemente de fijar la posición en cuanto a nuestras enmiendas y de hacer unas leves menciones a las enmiendas de otros grupos. No vamos a aportar ninguna posición más que pueda contribuir a debate que, en todo caso, ya se propiciará en el Pleno dentro de 15 días.
Hemos de decir, en cuanto a la defensa de las enmiendas de nuestro grupo, que estos dos proyectos vienen a implementar la reforma del sistema de financiación, acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró como todos ustedes saben, el día 23 de septiembre de 1996 con la postura manifiesta de determinadas comunidades, que coinciden con el signo político de este portavoz, en contra.
El Grupo Socialista presentó enmienda de totalidad y en el debate consiguiente ya ha reiterado su posición, como antes he dicho en un primer momento. Rechazamos estas reformas y las normas consiguientes que rompen el consenso necesario en el desarrollo del Estado de las autonomías, en el desarrollo de estos preceptos cuasi constitucionales.
Es necesario que en estos aspectos se tenga una sensibilidad especial y el consenso prime por encima de consideraciones de otra índole.
Recuerdo a SS. SS. que nuestro grupo, en momentos en que disponía de una mayoría absoluta importante, de 202 Diputados, asumió las reformas correspondientes en el tema de la financiación autonómica con una gran disposición de consenso y con una disposición a poder tratar con todos los grupos de la Cámara la evolución del sistema.
El resultado del esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para acercar sus posiciones y el altísimo consenso que se consiguió fue esta naturaleza cuasi constitucional a la que antes he hecho referencia.
Los partidos y los expertos (y aquí puedo poner a disposición de todos ustedes, aunque lo tenga el libro blanco de los expertos que se encomendó en su día por el ministerio correspondiente) coinciden en la necesidad de perfeccionar el sistema de financiación autonómica, expresado también por nosotros en los debates que ha habido sobre este tema en el conjunto de las Cortes Generales. No puede servir de excusa para realizar esta reforma un procedimiento como el que estamos aquí cursando, expeditivo, unilateral, para modificar una ley de semejante trascendencia.
El modelo que se pretende adoptar con estos dos proyectos de ley es un mal modelo. Se ha optado por un modelo de corresponsabilidad fiscal llevado a sus máximos extremos, inadecuado a la realidad española y europea, en todo caso lógico de implementación en otros parajes mucho más lejanos, y que tendrá como resultado la ampliación de diferencias en

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la autonomía financiera de las diferentes comunidades autónomas. Lo que produce, de hecho, un debate intensísimo, un debate de recelos que ponen a autonomías vecinas, unas contra las otras en este tema tan importante y determinante.
Creemos que este mismo ejemplo es el que valida nuestra posición de que el tratamiento de la financiación de las comunidades autónomas tendría que ser objeto de un cuasi pacto de Estado.
También es conocido de todos que no contiene los mecanismos de nivelación necesarios, al menos desde nuestro punto de vista. Hemos reclamado y reclamamos reiteradamente diálogo y consenso y lo volvemos a reiterar aquí, tal como hizo nuestro secretario general y presidente del grupo parlamentario, don Felipe González, en su momento, y que fue acogido con desigualdad de opiniones y se fueron corrigiendo las posiciones de determinados grupos, incluso los nacionalistas, a lo largo del tiempo.
Por todo ello, y en consecuencia, el Grupo Socialista no ha presentado enmiendas alternativas a los preceptos contenidos en estos proyectos de ley. Ha presentado, como es de todos conocido, enmiendas de supresión a los títulos correspondientes, únicamente para corregir la modificación del artículo 4 de la Lofca, que considera posible el establecimiento de recargos sobre tributos del Estado, algo que significa una extensión de lo dispuesto; vulnera incluso artículos de la Constitución y jurisprudencia dictada en su desarrollo, en especial sentencias del Tribunal Supremo por todos ustedes conocidas.
Después de esta breve aportación, en cuanto a las enmiendas del grupo de Izquierda Unida, queremos expresamente señalar que hay una gran coincidencia con buena parte de ellas. Entendemos que hay un esfuerzo muy meritorio de arreglar algo que es difícil de arreglar. Manifestamos en particular nuestra discrepancia por la modificación de la tarifa del IRPF que altera la progresividad del impuesto. Pero, en coherencia con los planteamientos antes apuntados del Grupo Socialista, de no enmendar lo que debe ser resuelto a través del diálogo y del acuerdo, anunciamos nuestra abstención a este bloque de enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Mixto, en particular, queremos manifestar nuestro desacuerdo con una propuesta del señor Chiquillo de generalización del concierto a todas las comunidades autónomas.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular que se presentan como técnicas, votaremos en contra de todas ellas, así como de las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que estamos tramitando ahora la modificación de dos leyes, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley de Cesión de Tributos.
Lo cierto es que originariamente el Gobierno no tenía la intención de modificar el cuerpo legal, ya que decía que modificando solamente los impuestos específicos se podía aplicar el modelo de financiación que habían convenido y tramitado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero, al final, para ponerse, podíamos decir, paraguas o para prevenir actuaciones de índole constitucional, ha preferido reformar estas leyes.
Por tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya entiende la discusión de estas dos leyes, y así lo pone en la explicación de la presentación de los dos proyectos, como una especie de adecuación del modelo de financiación autonómica que han pactado los grupos de Convergència i Unió y Popular y que han tramitado en sus relaciones bilaterales con los demás gobiernos autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no con todos. Por tanto, nuestra posición originaria fue la de una enmienda a la totalidad, es decir, de devolver estos proyectos.
¿Y por qué queríamos devolver estos proyectos? Pues, fundamentalmente, porque no es posible desarrollar algo que está en el esqueleto básico de la Constitución española, algo que fue pactado en el año 1980, como la reforma de la Lofca, entre todas las fuerzas políticas y entre las comunidades que se puso en marcha en el año 1980, en una situación tan delicada como era el desarrollo del Estado de las autonomías que marcaba el título VIII de la Constitución.
Después de 16 años de experiencia de ese modelo de financiación, que se ha visto agotado en cuanto a la forma de poner en marcha elementos que armonizaran simultáneamente, por un lado, corresponsabilidad fiscal, autonomía y suficiencia financiera y, por otro, solidaridad y equidad fiscal; solidaridad con lo que es una España desigual, territorial y económicamente, que debe hacer frente al futuro, jugando todos desde una perspectiva de progreso y de avance.
Lo cierto y verdad es que se ha preferido componer un Estado de manera bilateral, confederal, más que a una recomposición de un acuerdo global de todas las fuerzas políticas y de todas las comunidades autónomas; un proceso de arriba a abajo y de lado a lado, un proceso horizontal y vertical; y se ha ido a una imposición de esa reforma. Si no se recompone ese diálogo, mal va a ir el proceso de composición de nuestro Estado. Y no se puede hablar de competencias ni de ordenación de las autonomías o de la vida municipal si no hablamos de la distribución de los recursos.
La «pela» es la «pela» y los dineros son los dineros; si no nos ponemos de acuerdo en los criterios para la distribución de los dineros, malamente vamos a poder hacer lo demás.
Por tanto, creo que lo mejor que podría pasarles a estos dos proyectos de ley sería adecuarlos a una negociación entre todas las fuerzas políticas y entre todas las comunidades autónomas, para que no fuese una trágala.
Incluso, se está explicando este proceso a las comunidades autónomas diciendo que a las comunidades autónomas que no se sumen se lo aplicaremos ya y, además, les haremos un listado de los dineros que van a dejar de percibir. Se ejerce una especie de presión a las comunidades para que se sumen al proceso.


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¿Cuál es el objetivo de las enmiendas que propone Izquierda Unida? Nosotros entendemos que en ambos proyectos, modificación parcial de la Lofca y cesión de tributos, había que introducir los elementos olvidados en el modelo de financiación, que serían, por decirlo así, las aportaciones de Izquierda Unida para ese consenso, para ese diálogo.
Tenemos una coincidencia de partida con el Grupo Parlamentario Socialista, que se querría ampliar o abrir a otras fuerzas políticas.
Haciendo un esfuerzo, hemos querido concretar de qué manera entendíamos la simultaneidad de solidaridad, progresividad fiscal y autonomía financiera con la capacidad normativa de las distintas comunidades autónomas. Eso lo hemos cifrado, señor Presidente, en la presentación de 17 enmiendas a la modificación de la Lofca y 14 a la de cesión de tributos, respecto a lo que tengo que decir que lo peor es el título II, donde se especifica el cuerpo legal de todos y cada uno de los impuestos específicos: IRPF, patrimonio, etcétera. El propio Gobierno y los grupos que sustentan el modelo de financiación deberían de entender que lo que hoy ponen en marcha malamente va a ser estable si, de partida, los mismos que lo ponen en marcha ya lo han hecho débil, inseguro. No está cuantificado, no está valorado, pero además de no estar valorado y de no ser seguro, no sabemos si va a ser firmemente ejecutado, o, por lo menos, desarrollado.
Nuestras enmiendas van dirigidas a modificar la Lofca en su conjunto, no solamente en la capacidad normativa o en el incremento del porcentaje de la cesión del IRPF. Con el modelo anterior que, desde nuestro punto de vista, está agotado, por lo que debe reformarse profundamente, ya estaba cedido o en fase de cesión el 15 por ciento del IRPF y, sin embargo, no se había introducido esa cesión del tributo del IRPF. No estamos en contra de que se introduzca, lo malo es que se eliminan otros tributos, precisamente los tributos de una base imponible más homogénea en todo el territorio español. Sus señorías son conscientes de que el IRPF, la renta, tiene una distribución desigual en todo el territorio, en función de la realidad económica de cada región. Pondré el ejemplo de la comunidad de Madrid, por no nombrar a la que pide ahora la selección específica para su propia comunidad, que recauda 1,6 billones de pesetas de IRPF, por lo que su 30 por ciento estaría en torno a 600.000 millones de pesetas; y la comunidad extremeña recauda 66.000 millones de IRPF, por lo que su 30 por ciento serían 22.000 millones de pesetas, a diferencia del presupuesto actual de 200.000. Ni dándole el 300 por ciento del IRPF y el IRPF de las comunidades de al lado, podría ser autónoma para las competencias que ahora tiene, mucho menos cuando tenga educación o sanidad.
Señorías, lo que intento decir con esto es que el desarrollo de la Lofca no sólo debe llevar una fórmula de financiación sobre la cesión de un solo impuesto, sino que debería mantenerse sobre otros impuestos.
Nosotros hemos presentado una enmienda, tanto a la cesión de tributos como a la Lofca, para que el IVA en su fase minorista y los impuestos especiales sean también una fórmula de financiación de las comunidades autónomas, que compongan el cuerpo de ingresos que las comunidades autónomas puedan tener. Hemos propuesto en la reforma de la Lofca una capacidad efectiva del artículo 9. La Lofca está agotada en muchos artículos, no solamente en los que se tocan aquí. Después de dieciséis años, esto es como lo de mi hijo Roque, que dijo «albercoque», porque modificar los artículos 10 y 11 está muy bien pero ¿y el artículo 9?, que facultaba a las comunidades autónomas a poner impuestos propios. Y ¿qué pasa con la limitación que les poníamos en el artículo 9? Ya decíamos, cuando se aprobó esta ley en el año 1980, que se estaban poniendo impedimentos para el funcionamiento del artículo 9 por encima de los exigidos por la propia Constitución. Efectivamente, no ha funcionado; ninguna comunidad lo ha puesto en marcha, han puesto en marcha tarifas, tasas, precios, pero no impuestos propios. La diferencia es diferencia importante.
Junto con ello, el artículo 15 de a Lofca sigue parado. Ustedes han abierto ahí unos 10.000 millones de pesetas a negociar en las comisiones mixtas para que se cumpla un mandato constitucional, que todos los españoles debemos recibir una relación por lo menos equitativa en la calidad de los servicios fundamentales. Pero es que también está recogido en la Lofca el Fondo de Compensación Interterritorial, por lo que habrá que modificar la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial y el concepto de compensación interterritorial. ¿Por qué? Señorías, al calor de lo que hemos estado discutiendo esta mañana, lo entenderán. La verdad es que, como sigan adelante con esto de la financiación en la sombra, pagar mañana lo que hacemos hoy, la inversión nueva se va a contener.
En todo caso, señor Presidente, tendremos que buscar otro parámetro para corregir desequilibrios; si no, estaríamos haciendo competir a las comunidades autónomas, y eso es algo así, señor Presidente, como hacer competir a Antonio Peñalver (que serían las comunidades con renta y capacidad económica) con otro que sea cojo y, encima, le amarráramos la pierna para que no pudiera ponerse en marcha.
Señor Presidente, el objetivo sería utilizar parámetros que pudieran medir ese fondo de compensación y hacerlo efectivo. Es decir, utilizar como comparación un porcentaje del producto interior bruto. Lo hacemos, por ejemplo, para la superación de la ayuda al desarrollo; lo hacemos para medir el gasto en defensa --no se asusten SS. SS--; ustedes dicen llegar al 2 por ciento cuando hablan de incrementar el gasto en defensa; se habla, respecto de educación, que hay que llegar al 6 por ciento para la inversión en educación. Hablamos de porcentajes de PIB, porque es lo que mide la capacidad económica de un país. Por eso, respecto al fondo de compensación, deberíamos obtener el compromiso de todo el conjunto de comunidades autónomas para corregir los desequilibrios; ese compromiso deberíamos cifrarlo en un porcentaje del producto interior bruto que tengamos cada año. Puede ser una fórmula discutible, pero desde luego no es posible hacerlo con lo que hoy es inversión nueva. Este es el paquete de enmiendas que presentamos a la Lofca.
¿Qué paquete de enmiendas presentamos a la cesión de tributos? Señor Presidente, respecto a la cesión de tributos,

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el cuerpo legal que aquí se nos propone debería llevar parejo un compromiso de desarrollo --es nuestra primera enmienda--, y el propio Estado haga una especie de ley de bases de armonización fiscal que evite lo que está apareciendo hoy. Quisiera dejar claro que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya está completamente de acuerdo en que haya corresponsabilidad fiscal y capacidad normativa en las comunidades autónomas, pero el problema es que se está planteando una batalla por desfiscalizar, por reducir presión fiscal, por realizar una política de ingresos dirigiéndola hacia unas capas determinadas. Con esa carrera, deberíamos ver de qué manera se mide y cuál es el marco del que nos dotamos en todo el Estado, para evitar la competencia desleal entre las comunidades autónomas por asentar actividades económicas para captar inversiones, intentando mejorar la ubicación de las personas en función de su renta y su patrimonio y que la situación sea lo más equilibrada posible. Eso no quiere decir, señor Presidente, porque nosotros estaríamos en contra, que sea solamente para incrementar la figura impositiva. No es verdad, porque ésa ya la tenemos en el artículo 13 de la Lofca, que establece la posibilidad de los recargos, y no ha funcionado. Creo que Leguina la puso en marcha en Madrid y no le fue muy bien. No se trata solamente de establecer recargos; se trata de abrir un abanico, una ley de bases que armonice fiscalmente la actuación en todo el país, puesto que hoy es lo que demandamos con Europa, no añadir una evolución diferente.
En todo caso proponemos enmiendas al artículo 10 para conseguir que el tema de la residencia tenga una definición lo menos contradictoria posible, porque la residencia, a la hora de aplicar cualquier impuesto, sea el de la renta o el de patrimonio u otro, es un criterio confuso. La verdad es que con la capacidad de movimiento que hoy existe para cualquier ciudadano, no podemos ponerle puertas al campo. Por tanto, decir aquí que salvo que la nueva residencia se prolongue de una manera continuada durante al menos tres años... Mire usted, la residencia se prolonga o no por las circunstancias que sean. Uno cambia de lugar de residencia en función de muchas circunstancias. Hagamos efectivo que se cotice en el sitio que esté, pero conforme está hecha esta redacción no sabemos cuál va a ser, si vamos a ponerle un límite para vivir aquí; hasta tres aquí pero dos años allá. Además puedo tener una sociedad que paga el impuesto de sociedades en otro sitio, y el patrimonio lo pago no sé dónde. Esto puede ser una evolución un tanto paradójica en el devenir futuro de nuestro país.
Por último, señor Presidente, hay un paquete de enmiendas dirigidas a lo que podría ser el cuerpo de las distintas tarifas. Aquí se suprime lo que son los tramos del IRPF. Nosotros creemos que con 18 tramos no pasa nada.
Cuanto más preciso sea el IRPF no es más complicado, es más preciso. Al reducir los tramos no se facilita nada, se sigue manteniendo una relación determinada, pero además es más progresivo. Es verdad que no se han introducido sustanciales movimientos de progresividad fiscal porque se hayan reducido a diez, pero 18 es más preciso. No sé por qué se mantiene en 10.
Quieren introducir algún tipo de prima, de ayuda o de subvención y buscan en el IRPF una fórmula de bonificaciones de 2.500 pesetas, de 3.000 pesetas. ¡Pues da igual! Yo no sé si ésa es una bonificación suficiente para salir una noche a cenar; según donde se vaya. Modifiquen ustedes los porcentajes a aplicar según los tramos. La progresividad se puede conseguir reduciendo los porcentajes de los primeros tramos y subiendo los porcentajes de los últimos tramos; así pagarán más los que más tienen y menos los que menos tienen. Esa es nuestra enmienda número 8; es una fórmula para hacerlo. También lo introducimos en la enmienda siguiente, para el tramo de la comunidad autónoma.
Hay redacciones dentro de la propuesta del Gobierno, como similar progresividad fiscal, que no sé qué quieren decir. ¿Similar es igual, es idéntica, es parecida, es una desviación del 20, del 30, del 40? Nosotros proponemos suprimir esto.
El Grupo Parlamentario Popular y sus convergentes amigos debían modificar o retirar la propuesta de financiación que nos quieren imponer a todas las comunidades autónomas y entrar a discutir con todas las fuerzas políticas, que aunque algunos seamos pequeñitos tenemos algunos millones de votos más que ellos, somos tan españoles como otros, y también deberíamos opinar en esto de la composición del Estado, que nos afecta a todos, siempre y cuando plantearse la política de Estado sea eso, hacer política de Estado para todos y no poner en estado al Estado, que eso ya es otra cosa bastante distinta. Nos gustaría convencerles y que retiraran esta propuesta y abrieran una mesa de diálogo, de encuentro, para lo cual, por cierto, no habría ningún problema. Las cifras de los presupuestos están ahí. Los porcentajes de participación los podríamos hacer. Yo he visto poner en marcha el anterior modelo de financiación a los seis meses de haber empezado el año legislativo y con efecto retroactivo. No hay ningún problema. ¿Saben ustedes cuándo funciona lo reglamentario y lo regular? Cuando desaparece la voluntad política.
Mientras hay consenso político todo se puede hacer. Ahora bien, si el modelo de Estado se hace desde los tirones sistemáticos de un lado de España queriendo vender que yo salgo ganando, jamás compondremos un estado equilibrado y equitativo, señor Presidente. Eso es lo que propondríamos nosotros. Si no se consigue, aquí hay unas propuestas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para discutir el modelo. No hemos querido mostrar por dónde orientaríamos nosotros.
Estamos dispuestos a discutir, y no vale el todo o nada. Hay quien plantea la discusión presupuestaria de: ¡si admitiéramos todo lo que usted plantea! No. Son posibilidades de modificación; si se dice aceptamos todas o no aceptamos ninguna, por medio hay mucho camino. Se pueden aceptar tres, dos, una, pero siempre para comprobar que unos cedemos un poco y otros también ceden, porque si nadie cede esto termina rompiéndose.


El señor PRESIDENTE: Desde luego, en artes diferentes, pero usted no tiene nada que envidiar al señor Peñalver.


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Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Quisiera iniciar mi intervención al hilo de la que hemos escuchado hace breves segundos.
La verdad es que no puedo por más que decirle al señor Ríos que discrepo con la mayoría de su intervención, no porque no le reconozca que tiene todo el derecho a juzgar de forma distinta los contenidos de estos proyectos de ley, porque está en su legítimo derecho de opinar y juzgarlos de la forma que crea conveniente su partido y su formación política, pero yo creo que pone usted un exceso de demagogia en los argumentos.
Entiendo que cuando ustedes establecen sus posiciones políticas en torno a la política que dice usted de Estado, cuando se está construyendo el Estado de las autonomías, cuando ustedes definen posiciones sí hacen política de Estado y cuando las posiciones las define otro grupo político, por ejemplo mi grupo parlamentario, entonces no hacemos política de Estado. ¿Aquí sólo se hace política de Estado y no se quiebra al Estado cuando se aceptan sus posiciones? ¿Es que nosotros no podemos tener también nuestra propia visión de cuál es la política de Estado? ¿Es que no estamos haciendo política de Estado cuando hacemos un acuerdo que revisa el sistema de financiación del Estado de las autonomías? ¿Eso no es política de Estado? ¡Como ustedes no están de acuerdo, no es política de Estado! Esto es muy opinable, señor Ríos.
Es verdad que hubiéramos deseado el consenso, sin duda lo hubiéramos deseado, pero resulta que hasta la fecha todos los analistas, todos los expertos, muchos responsables políticos, han puesto de manifiesto que el actual sistema vigente de financiación del Estado de las autonomías es inconsistente, plenamente inconsistente, y discriminatorio. Con el acuerdo que se ha alcanzado con el Partido Popular se han superado inconsistencias y se han puesto nuevas bases de redistribución de los recursos que a nuestro entender son más suficientes, más justas y permiten avanzar en la consolidación del Estado de las autonomías en España. No va a quebrar nada; sepa usted que no va a quebrar absolutamente nada. Se va a mantener la cohesión del modelo. Pero cuidado, no se nieguen ustedes a ninguna reforma porque a lo mejor pasado el tiempo y puesto en evidencia que el nuevo sistema es muy positivo para consolidar el Estado de las autonomías tengamos que recordarles sus palabras de hoy. No quisiera tener que recordarles las palabras que ustedes emitían cuando empezamos el proceso de revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas por el inicio de cesión del 15 por ciento del IRPF.
Les quiero transmitir que siempre veo excesiva pasión política cuando discutimos estos temas, con unos sesgos y unos argumentos que muchas veces rozan la demagogia.
Me gustaría que ustedes entiendan que en España se ha construido un modelo que va a tardar unos años en consolidarse. El proceso de construcción del Estado de las autonomías ha transcurrido a lo largo de siete, ocho o nueve años transfiriendo funciones y competencias de la Administración Central del Estado a las comunidades autónomas. La Constitución no tipificó un modelo cerrado de financiación para las comunidades autónomas porque era obvio que los constitucionales en aquel momento entendieron que un proceso tan dinámico debía quedar abierto para poderse ir adaptando progresivamente en el tiempo. La Constitución, muy sabiamente, mandató que cada cinco años se ajustara el sistema de financiación de las comunidades autónomas en España. Este ajuste quinquenal es el que ha dado pie a revisiones progresivas del modelo de financiación y se han hecho ya varios acuerdos de revisiones quinquenales.
Estamos en un momento en que quizá el 80 por ciento de las transferencias de funciones de la Administración central del Estado a las comunidades autónomas ya se ha materializado; un porcentaje elevado. Ya tenemos un cierto grado de asentamiento de funciones y competencias transferidas.
Ahora, lo que hay que hacer es asentar modelos de financiación, estables y lógicos, que permitan automaticidad, que permitan suficiencia, que permitan clarificación en los procedimientos de asignación de los recursos. Posiblemente no se nieguen ustedes a hacer reformas importantes en ese campo, porque si no tenemos un buen marco de modelo de financiación vamos a quebrar el funcionamiento del sistema del Estado de las autonomías.
El acuerdo que hemos alcanzado en torno a esa materia, da cuerpo a los dos proyectos de ley que estamos sometiendo a revisión, es precisamente dar un paso adelante en la dirección de consolidar unos criterios, sin duda novedosos, que permiten avanzar en la línea de dar mayor suficiencia y mayor corresponsabilidad, manteniendo la solidaridad entre las comunidades autónomas. En ese sentido, creo que sin estar cerrado este proceso, sí es un gran paso adelante, un gran paso que consolida el modelo de Estado de las autonomías en España.
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a las enmiendas que mi grupo tiene presentadas a ambos proyectos. Quisiera empezar por la ley orgánica de modificación parcial de la Lofca, porque entiendo que de ahí se desprende la fundamentación de algunas otras enmiendas al segundo proyecto de ley.
En el primer texto, nuestro grupo ha planteado la conveniencia de incorporar en el artículo único, artículo 11 de la Lofca, la referencia a la imposición general sobre las ventas en su fase minorista. Entendíamos que, tal como está el proyecto de ley, de no enmendarse incorporándose el IVA en su fase minorista, estaríamos quebrando lo que ha sido hasta la fecha el bloque constitucional en España, establecido por los estatutos y la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Creo que era un olvido y me consta que así lo ha analizado el Grupo Parlamentario Popular, puesto que si no aceptaran dicha enmienda número 41 sucedería que si en un futuro los estatutos de autonomía y lo contemplado en la Lofca dieran lugar a una cesión de este tributo, IVA fase minorista, deberíamos proceder de nuevo a modificar la Lofca, por su carácter orgánico. Creo, señorías, que se trata simplemente de rectificar una omisión y esa enmienda no tiene más alcance que volver a mantener el statu quo existente hasta la fecha.


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Ahora bien, señor Presidente, a la luz de ciertas enmiendas que plantean otros grupos en este debate, que proponen la incorporación a ese artículo 11 de los impuestos especiales, quisiera decirles que no es necesario, que los impuestos especiales ya están aquí, ya están incorporados en la letra f). La letra f) incluye los impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales, y en este momento sólo queda el impuesto sobre el tabaco, cuyo carácter de monopolio fiscal decae a final de año, con lo cual, a partir del 1.º de enero, que es cuando entrará en vigor esta ley, ya no existirá monopolio fiscal alguno, por lo que esa excepción tampoco tendrá sentido alguno.
Por consiguiente, la letra f) ya reconoce los impuestos sobre consumos específicos, que son todos los impuestos especiales, por lo que ya no es necesaria la propuesta de enmienda de incorporación de los impuestos especiales, porque ya están incorporados. En ese sentido, quiero destacar que si mi grupo no lo ha hecho es porque resulta innecesario, porque ya están incorporados en la Lofca; los impuestos especiales pueden ser ya objeto de cesión, porque está contemplado, repito, en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas.
Sin embargo, señor Presidente, en este proyecto de ley también quisiera comunicar el deseo de mi grupo de formalizar unas transaccionales a algunas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Mi grupo parlamentario ve con muy buenos ojos, y va a dar su voto favorable a las enmiendas 38 y 40; pero en relación a la 39 propone una enmienda transaccional.
La enmienda que proponen, que hace referencia al artículo 23, en su primer punto establece que los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de los tributos sobre el juego, se resolverán por una junta arbitral.
Nuestro grupo cree que en lugar de mencionar cada uno de esos impuestos --y otros que también podríamos mencionar--, en lugar de fijar la relación que ahí se establece, es más oportuno hacer la citación genérica a todos los tributos; no mencionar sólo éstos sino mencionarlos todos.
Proponemos que se supriman de este primer párrafo todas las referencias a cada uno de los tributos con carácter general. En consecuencia, la redacción del primer párrafo quedaría de la siguiente forma. Los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos --en lugar de mencionarlos todos-- se resolverán por una junta arbitral. Proponemos esa enmienda transaccional y, en caso de ser aceptada por el Grupo Parlamentario Popular este grupo podría dar su voto favorable a esa enmienda 39.
También quisiera señalar que nuestro grupo, en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), ve muy favorablemente la motivación que anima la enmienda 36, enmienda 36 que viene cautelarmente a intentar corregir un precepto que mi grupo entiende podría generar cierto confusionismo. Se trata de la asunción de competencias por las comunidades autónomas que podrían ser revertidas y recuperadas por la Administración central del Estado si así lo exige una normativa de la Unión Europea. No nos parece adecuada la redacción tal como está explicitada. comprendemos el sentido último que tiene esa disposición que es preservar, en todo caso, las disposiciones de ámbito comunitario y las directivas comunitarias que obligan, no cabe duda, a la Administración del Estado y a las administraciones autonómicas; pero tal como está redactado, señorías, permite unas interpretaciones confusas. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) es de supresión. Si no hay sobre la mesa ninguna otra propuesta de clarificación de este precepto mi grupo parlamentario prestaría su apoyo a esa enmienda de supresión, porque es mejor suprimirlo que dejarlo mal redactado. Ahora bien, si se propone por algún grupo parlamentario alguna transacción mi grupo escuchará esa transacción y, de ser más perfecta y más correcta, le podríamos dar apoyo.
En cuanto a las enmiendas al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias, nuestro grupo tiene presentado un conjunto de enmiendas, muy puntuales por cierto, que en el caso de ser admitida la enmienda que hemos propuesto de especificar en la Lofca la referencia al IVA en fase minorista, la enmienda 54 es absolutamente innecesaria, y quedaría retirada, señor Presidente, quedaría retirada en el bien entendido de que la enmienda única que tenemos en la modificación de la Lofca quedara aprobada, pero como creo, espero y deseo que así sea la enmienda 54, repito, quedaría retirada.
En cuanto a las demás enmiendas, decir, muy brevemente, que la enmienda 52 lo único que propone es ajustarse al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 23 de septiembre de 1996. Entendemos que esta propuesta se ajusta más, incluso, a los compromisos acordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La enmienda 53 viene a proponer mantener la deducción del 10 por ciento a las aportaciones personales y contribuciones de empresas a mutualidades de previsión social, en un momento que se pretende ampliar y no reducir el ámbito de aplicación de la deducción, entiendo que es un tema marginal al contenido del proyecto de ley, que se ha presentado con la voluntad, simplemente, de explicitar esa cuestión, pero sin duda no es un tema que no pueda reconducirse y reorientarse en otro ámbito normativo y legislativo en esta Cámara.
La enmienda 55 cree mi grupo que es fundamental porque las comunidades autónomas deben poder acceder a la información para el conocimiento de los aspectos fiscales que pueden remitirle en cada momento los registradores o notarios cuando verifican, certifican y dan fe pública a determinadas transacciones.
No obstante, señor Presidente, desearía expresar también que en el trámite de este proyecto de ley hay enmiendas de otros grupos parlamentarios, especialmente del Grupo Parlamentario Popular, sobre las que quisiera hacer algunas observaciones.
Quisiera manifestar que la enmienda 44, del Grupo Popular, es una enmienda a la que mi grupo va a dar su apoyo

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por entender que es una mejora técnica. También prestaremos nuestro apoyo a la enmienda 45.
En cuanto a la enmienda 46, del Grupo Parlamentario Popular, quisiera proponer una enmienda transaccional. La enmienda 46 dice concretamente que, en todo caso, en los supuestos previstos en las letras a) y c) del apartado dos del artículo 6.º de esta ley, las comunidades autónomas aplicarán la normativa del Estado cuando el causante o donatario no hubiere tenido su residencia habitual en el territorio de la comunidad autónoma competente durante los cinco años anteriores a la fecha de devengo del impuesto. La motivación de dicha enmienda es obvia, creo que conocen SS. SS. el tema de fondo y, por consiguiente, nuestro grupo comparte la motivación: Establecer esas cautelas de cinco años para frenar cualquier estrategia de movilidad y de traslación de residencia con el objetivo de evitar obligaciones tributarias.
Pero mi grupo quiere proponer que, tras la referencia a la normativa del Estado, en la tercera línea, debería añadirse la frase: o la de la comunidad autónoma correspondiente. Entendemos que debe preservarse, en determinados casos, la aplicación de la normativa a la comunidad autónoma correspondiente cuando el sujeto pasivo esté en otro ámbito territorial pero su lugar más habitual de residencia sea el de la comunidad autónoma.
Creo que esta enmienda permitiría resolver un último aspecto complejo que quedaría abierto y no precisado. Por tanto, proponemos al Grupo Parlamentario Popular que considere nuestra enmienda transaccional.
Repito, en la tercera línea, cuando se dice «aplicarán la normativa del Estado» se trataría de añadir «o la de la comunidad autónoma correspondiente».
También desearíamos formular una transaccional a la enmienda 47, del Grupo Parlamentario Popular, para poder apoyarla; enmienda transaccional que vendría a sustituir buena parte de esa enmienda, que rezaría de la siguiente forma: El Estado arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las comunidades autónomas en los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación de la presente ley, en cuanto afecten a las competencias tributarias de ellas.
Estamos totalmente de acuerdo con las enmiendas 48, 49, 50 y 51.
Damos por referenciadas las enmiendas de mi grupo y se ha hecho observación de las del Grupo Popular que desearíamos transaccionar.
Finalmente, manifestar que determinadas enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco también nos parecen muy interesantes. Tras conocer la posición de los demás grupos parlamentarios, nosotros daríamos apoyo a una serie de ellas.
A la enmienda 56, del Grupo Popular, también mi grupo le da apoyo. Había quedado pendiente comentar algo de ella, asimismo, mi grupo propone una enmienda transaccional; por tanto, hay tres enmiendas transaccionales. La enmienda transaccional a la número 56 trata de añadir, tras la letra a), la siguiente frase: La misma deducción será de aplicación en el caso de menores en régimen de acogimiento familiar bajo la tutela de las administraciones públicas.
Se trata de que, en aquellos supuestos de régimen de acogimiento familiar, las deducciones que se aplican a los hijos también pudieran aplicarse a aquellas personas que están en ese régimen; es decir, para aquellos hijos y los menores en régimen de acogimiento familiar y bajo la tutela de las administraciones públicas, cuando están integrados en la unidad familiar, las deducciones reconocidas por la ley a los hijos a cargo en la unidad familiar, también se puedan aplicar. Creemos que es justo ese reconocimiento. Se da una discriminación de hecho cuando la unidad familiar acoge un nuevo miembro que no es legítimamente derivado de la misma familia sino que procede de un acogimiento controlado y tutelado por las administraciones públicas. Por ello, debe reconocerse también la posibilidad de aplicarse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la deducción que se reconoce en este proyecto de ley y, concretamente, en esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Con ello, señor Presidente, doy por concluidas las observaciones a todas estas enmiendas.
Quiero terminar indicando que estos dos proyectos, sin duda muy trascendentes, dan contenido al acuerdo entre el Partido Popular y Convergència i Unió en uno de los puntos más fundamentales, que es el de revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas; España da con esos proyectos un paso importante de consolidación del modelo de financiación, que no va a generar discriminaciones entre comunidades autónomas, que es un modelo absolutamente solidario. El modelo no debe analizarse sólo y exclusivamente desde la perspectiva de la cesión del IRPF, porque el modelo de financiación tiene muchas otras parcelas, que a veces olvidamos y no comentamos cuando estamos juzgando solamente la cesión del 30 por ciento del IRPF, ya que mediante el reconocimiento por otros procedimientos se compensan los posibles defectos que pudiera generar de discriminación, a lo que han hecho mención antes otros portavoces. No va a dar lugar a ello porque en la cesión que se hace se han establecido cautelas y límites para que en modo alguno pudieran generarse desigualdades importantes en el proceso de aplicación de esa cesión.
Pero luego hay otros mecanismos: fondos interregionales, fondos de compensación, fondos europeos, actuación directa del Estado, actuación de inversiones reales del Estado con cargo al capítulo 6 que reequilibran totalmente en el territorio de España las posibles discriminaciones que podría observar quien pudiera interesadamente juzgar que es un modelo absolutamente insolidario. No lo es; es absolutamente coherente y solidario y el tiempo juzgará la bondad y el acierto de esta reforma.
Estoy seguro que sucederá lo que sucedió ya cuando se dio un primer paso con el Gobierno del Partido Socialista --que el tiempo vino a reconocer-- y las comunidades autónomas que se acogieron a aquella reforma que se inició. Ahora se profundiza mucho más, con mayor coherencia, con mayor sentido común y con mayor lógica.
Esté usted seguro, señor Ríos, que en el futuro inmediato tendremos oportunidad de estudiar la aplicación de este nuevo modelo y conocer su evolución. Verá cómo Extremadura no va a salir perjudicada en los próximos años sino todo lo contrario, porque aquello que pudiera ser perjudicial

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por una vía, que usted ha juzgado sectaria de cesión del IRPF, es absolutamente compensado por la participación de Extremadura en los impuestos del Estado. Sepa que el 30 por ciento se cede, pero el 70 por ciento se aporta a los ingresos del Estado, y la distribución del 70 compensa plenamente la posible no distribución equitativa del 30 por ciento. Usted se olvida de mencionar a la Cámara y a los ciudadanos que cuando se está hablando de la cesión del 30 (y usted habla de las cautelas y los prejuicios que pudieran tener sobre posibles discriminaciones por los volúmenes de renta desiguales que pudiera haber en las distintas comunidades autónomas), el 70 por ciento del IRPF de todas las comunidades autónomas se aporta a las arcas del Estado, y con cargo a este 70 por ciento más el cien por cien del Impuesto de Sociedades y el cien por cien del Impuesto del Valor Añadido, el cien por cien de Impuestos Especiales y el cien por cien de todas las tasas del Estado, se redistribuye y se establecen unos porcentajes de participación en los tributos del Estado que, como usted muy bien sabe, favorecen a aquellas comunidades autónomas que tienen menor capacidad impositiva. En ese sentido el modelo es justo y solidario. Con cargo a este 70 por ciento se establece un porcentaje de participación más elevado. De esta forma las comunidades autónomas de Extremadura, de Murcia y de Andalucía tienen un porcentaje mucho más elevado que el que usted pudiera asignar a la comunidad que ha mencionado: Cataluña.
No se trata, señor Ríos, de establecer ahora dialécticas cruzadas para generar un debate y una polémica sobre quién tiene rentas más elevadas y quién tiene rentas menos elevadas. Cuando juzguemos el modelo no lo hagamos sólo sectaria o parcialmente. Juzguemos el modelo globalmente.
Hable usted de cómo se distribuye el 70 por ciento. Diga usted al país que el porcentaje se calcula mediante unos parámetros que corrigen las desigualdades económicas entre comunidades autónomas. Hable usted y diga al país que el fondo de compensación interterritorial se asigna de forma que solidariamente compensa a las comunidades autónomas menos capaces.
Hable al país y dígale que por lo que se refiere a la distribución con cargo a los fondos europeos sólo unas determinadas comunidades, las que tienen menos capacidad, tienen acceso a estos recursos. Dígale usted al país que cuando la Administración central del Estado redistribuye los fondos regionales prima a las comunidades autónomas con menor capacidad y con menor renta. Dígale usted al país también que con cargo al capítulo 6 de inversiones reales, el Estado, para favorecer las inversiones, distribuye mayores recursos a aquellas comunidades donde tienen más necesidad y requieren mayor actuación directa.
Hay que ver todo el modelo y juzgarlo globalmente. Verá cómo el tiempo nos va a ir dando la razón. Otros países de Europa --Alemania durante 20 años ha ido madurando su sistema de financiación-- han ido al final a fórmulas equivalentes a la que nosotros hemos establecido con el Partido Popular. Se ha ido a fórmulas más claras, más automáticas, con porcentajes de participación más estrictos, hasta el nivel del 50 por ciento en determinados tributos. En ese sentido verá cómo el futuro y el tiempo dirán que este modelo y las evoluciones futuras que habrá permitirán una mayor cohesión y un mejor funcionamiento del sistema de financiación del Estado de las autonomías.


El señor PRESIDENTE: Si no le importa haga llegar a la Mesa el texto de las enmiendas transaccionales a los efectos de que puedan ser fotocopiadas y repartidas a los demás miembros de la Comisión.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Como nuestro grupo parlamentario dejó constancia en el debate de totalidad de estos proyectos de ley, la Comunidad Autónoma del País Vasco no está sujeta a los mismos; sin embargo, en aras a la responsabilidad que tenemos en la construcción del Estado de las autonomías, estamos intentando participar de forma constructiva para mejorar la redacción de estos proyectos de ley. Algunas veces se nos achaca que intervenimos en cosas que no nos afectan; efectivamente, pero lo hacemos con ánimo positivo, con ánimo de aportar, y éste es el motivo por el que hemos presentado una serie de enmiendas a estos proyectos.
Lo triste es que cada vez que se habla de algún elemento que tiene relación con competencias se abre un debate sobre el Estado de las autonomías. Yo no voy a entrar en ese debate, como han hecho esta tarde otros grupos políticos, porque no es el momento ni el lugar para hacerlo y porque creo que eso debía estar por encima de todas estas cuestiones.
Al final, el problema no es tanto qué modelo de Estado de las autonomías queremos; el problema es que hay algunos grupos, algunos políticos, personas que no creen en el Estado de las autonomías y lo están cuestionando permanentemente. Ese es el problema de fondo, pero, como digo, no es el momento ni el lugar para entrar en este debate.
Me voy a referir exclusivamente a las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado en aras a intentar aportar algo o mejorar el texto de las mismas. En este sentido hemos presentado al artículo 13 dos enmiendas. Las dos se refieren al artículo 13, relativo al alcance de las competencias normativas en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En la primera de ellas decimos que no es necesario el punto 2.º de este artículo 13 y solicitamos su supresión porque entendemos que lo que está haciendo el párrafo es diciendo lo que no podrán regular las comunidades autónomas en una serie de elementos que están detallados en dicho apartado, como son las deducciones, los ajustes, los límites previstos, los pagos a cuenta, etc.
Ya el artículo 13 en el punto 1.º establece cuáles son las competencias normativas. Creemos que es innecesario decir cuáles no son competencias normativas, cuando además al final en la letra f) se habla en general de todas las materias no contempladas en el punto 1.º anterior. La normalización o la regulación en aspectos negativos creemos que no es necesaria y, por tanto, lo que hemos pedido es la supresión del apartado 2.º del artículo 13.


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La otra enmienda a este artículo tiene relación con el caso de las adquisiciones mortis causa. Entendemos que en este caso lo que se está haciendo es limitar la capacidad normativa al establecer obligaciones a las comunidades autónomas en el mantenimiento de la carga global del tributo. No encontramos justificación a estas limitaciones. Creemos que son unas limitaciones que no tienen carácter que esté en consonancia con lo que debe ser la capacidad normativa cuando se cede un tributo. Por tanto, entendemos que esto no es más que poner una serie de barreras a algo que no tiene un sentido lógico. Si se cede el tributo, también se cede la responsabilidad. Creemos que no es conveniente establecer limitaciones, por lo que solicitamos en esta enmienda la modificación en la redacción de este punto.
Hemos presentado tres enmiendas. Concretamente dos de ellas, la 6 y la 7, tratan de corregir un error de cálculo, a nuestro entender, que se da al establecer el gravamen de la base liquidable. Son enmiendas puramente técnicas y me van a permitir que, aunque traten de cifras, intente aclarar cuál es el error que hemos advertido. Si es así, habremos contribuido a mejorar la aplicación de las escalas de gravamen.
Antes de nada quiero hacer una advertencia en el sentido de que en nuestra enmienda hemos cometido un error. Donde hemos puesto 1.001.000 pesetas queríamos decir 1.701.000. En las enmiendas 6 y 7 hemos cometido el mismo error; además, se desprende claramente viendo cuál es el texto de la ley. Es 1.701.000 pesetas en los dos casos. Para terminar de arreglar nuestros errores en estas enmiendas, también hay otro. En la número 7 hemos puesto en el índice multiplicador demasiados ceros, ya que figura 0,00015, cuando en realidad es 0,0015. Hay un cero de más.
Subsanados estos errores, voy a intentar ahora explicar cuáles son, desde nuestro punto de vista, los cálculos que no están bien efectuados en las enmiendas y que están recogidos en las enmiendas 6 y 7. La división de dos componentes de la antigua tarifa del impuesto, así como la reducción de 17 a 10 tramos, se ha efectuado desde la premisa de que no se produzca un incremento de la cuota íntegra respecto de la aplicación de la antigua tarifa correspondiente a 1996, deflactada en el 2,6 por ciento. Este es el planteamiento, y para evitar este resultado se ha establecido una reducción general de 3.000 pesetas para bases liquidables inferiores a 1.700.000 pesetas. Esta reducción se reparte en un 85 por ciento y un 15 por ciento entre la tarifa general y la tarifa autonómica, dando como resultado 2.550 pesetas para la tarifa general y 450 pesetas para la tarifa autonómica. Para evitar errores de salto, se contempla que para bases liquidables correspondientes a 1.700.000 pesetas y dos millones, la reducción de 3.000 pesetas vaya minorándose linealmente, de forma que las 3.000 pesetas se reducen hasta cero a razón de una peseta por cada cien; es decir, para estas bases se multiplica por 0,01 --uno dividido entre cien-- la diferencia entre la base liquidable y 1.700.000 pesetas. El problema que se ha creado es que la reducción de una peseta por cada cien no se ha repartido entre la cuota general y la autonómica a razón de 0,85 pesetas por cada cien en una y 0,15 pesetas por cada cien en otra, sino que se practica en cada una de las dos cuotas.
Resumiendo, el efecto que tiene el proyecto es reducir la cuota dos pesetas por cada cien en vez de una, con el resultado de que esta reducción se hace negativa a partir de unos niveles. Concretamente, en la cuota general a partir de 1.955.000 pesetas y en la cuota autonómica a partir de 1.745.000 pesetas. La solución que nosotros establecemos estriba en repartir la reducción entre las tarifas de la misma forma que se ha repartido la cuota; es decir, el 85 por ciento la cuota estatal y el 15 por ciento la autonómica. O, dicho de otra forma, deben disminuirse las reducciones de 2.550 pesetas y 450 pesetas en un tramo de 300.000 pesetas de base, lo que implica reducirlas a razón de 0,085 y 0,015 pesetas por cada peseta de base liquidable que exceda de 1.700.000 pesetas.
Entiendo que la explicación que he dado es compleja, pero, como quedará constancia en el «Diario de Sesiones», yo creo que si nuestros cálculos son reales y SS. SS. están de acuerdo habremos contribuido a mejorar el cálculo de la base liquidable.
La enmienda número 8 hace referencia al artículo 28.3, que modifica el artículo 75 bis.6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hemos solicitado la supresión de este párrafo. La enmienda tiene un carácter eminentemente técnico, no tiene mayor importancia, pero entendemos que esta supresión es necesaria por cuanto queda mucho más clara la redacción del artículo. Creemos que es mejor no incorporar apartados que no afianzan nada del texto normativo que regular algo que pueda ser confuso. En este caso se refiere a un supuesto muy concreto contemplado en el artículo 14 de la ley con respecto a los no residentes que, sin embargo, tributan por obligación personal, a miembros de misiones diplomáticas o consulares o a funcionarios residentes en el extranjero. Por cierto, parece que estas personas no tienen encaje en ninguno de los supuestos de residencia establecidos en el proyecto a los efectos de atribuir la cuota a una u otra comunidad autónoma; en cualquier caso, se queda el Estado con el 100 por ciento de la cuota.
Para ello se ha creado un artículo 75 bis en el que se especifican los tipos de gravamen autonómicos sobre los que las comunidades autónomas carecen de competencia normativa, lo que en puridad implica que podría ser innecesario todo el artículo, permaneciendo un solo artículo 75 que incorporara los tipos de gravamen. Parece que se ha querido diferenciar claramente entre estos dos conceptos, general y autonómico, hasta llegar a la cuota líquida; sin embargo, entendemos que esto no hace más que confundir, porque, como digo, se especifican unos tipos de gravamen autonómicos y, por otro lado, hay comunidades autónomas que carecen de competencia normativa. Por tanto, de momento, entendemos que esto estaría mucho más claro con la supresión que proponemos.
La enmienda número 9 coincide con la número 50, del Grupo Popular, y en aras a facilitar las cosas retiramos la enmienda número 9 y asumimos la número 50, del Grupo Popular.
A la Lofca hemos presentado dos enmiendas. Una, en la que proponemos suprimir un párrafo en el que se establece

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que la asunción de competencias por las comunidades autónomas quedará sin efecto cuando así lo exija la normativa de la Unión Europea y de nuevo serán giradas por el Estado. Entendemos que la normativa europea no debe modificar en ningún caso la organización interna de un Estado ni la distribución competencial interna de los Estados miembros y, por tanto, presentamos esta enmienda de supresión. En este sentido, quiero agradecer el ofrecimiento del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en apoyo a esta enmienda o a otra transaccional que vaya en esta línea.
Nosotros, si la presentan ustedes y está en línea con lo que proponemos, también tendríamos mucho gusto en aceptarla.
En lo que respecta a la enmienda número 37, tengo que decir que también hay una coincidencia con la número 39 del Grupo Popular. Por tanto, con el mismo razonamiento que he dado anteriormente, retiramos la enmienda número 37.
Respecto a estos dos proyectos de ley, nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: El Grupo Parlamentario Mixto, a propuesta del Bloque Nacionalista Galego, presenta seis enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y 16 al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y medidas fiscales complementarias.
Voy a resumir la filosofía que mueve estas enmiendas que hemos presentado, que está relacionada con el criterio de una fuerza política que parte del supuesto de que el Estado centralista y la homogeneización fiscal en el caso de Galicia no llevaron consigo la igualdad real con las zonas más desenvueltas del Estado español y una homogeneización real de sus economías, desde la perspectiva de una fuerza política que está dispuesta a responsabilizarse de la realidad tributaria, pero también de las potencialidades económicas que tiene nuestro país y que hasta ahora no pudieron ser desenvueltas precisamente por no tener una capacidad competencial propia en todos los terrenos. En este sentido, hay una serie de enmiendas que están destinadas a concebir el Estado de las autonomías con un Estado donde las comunidades autónomas, por lo menos aquellas que lo deseen, tengan una capacidad competencial total en el aspecto tributario, es decir, una soberanía fiscal plena.
Pensamos que, efectivamente, éste es uno de los criterios fundamentales para que el Estado español pueda evolucionar conforme a un criterio de carácter confederal. Sin embargo, nos parece que el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas tiene un perfil que no se adecua a las necesidades de todas las naciones que lo integramos. En ese sentido modificamos el artículo único, en su apartado 5, con una enmienda de sustitución que contempla un perfil que sí sería mucho más prometedor cuando menos para el caso gallego. Añadimos a los impuestos que se pueden ceder a las comunidades autónomas los tributos siguientes: los impuestos generales sobre las ventas, los impuestos generales sobre las ventas en su fase minorista, es decir, el IVA, y el impuesto sobre el beneficio de las sociedades, que no se sabe por qué extraño misterio nadie está dispuesto a reclamarlo de todos aquellos que no participamos del concierto vasco.
Una vez dicho esto --aquí es donde vienen ya las lógicas diferencias-- presentamos también enmiendas para que quede claro que los sujetos tributarios deben tributar por donde tienen ubicadas las actividades generadoras de intereses económicos, es decir por la economía real, y no por donde están las sociedades registradas; o sea, no aceptar el proceso de deslocalización de las empresas que hay hoy en el Estado español.
Nosotros pensamos que incluso en caso de duda habría que guiarse siempre por donde tienen la mayor parte de su inmovilizado material las empresas o las personas físicas que tributan. Por tanto, en nuestro caso se trata de superar las limitaciones que presenta la modificación que nos ofrece el Gobierno y sus socios para que pueda adecuarse más al perfil de todas las naciones que hoy integran el Estado español.
Por último, quiero decir algo que nos parece fundamental. Nosotros, que no agitamos el fantasma de la españolización ni el fantasma de la desmembración del Estado, pensamos que sin embargo este tipo de propuestas que se está haciendo desde la oficialidad tiene un carácter frágil, muy movedizo, inseguro políticamente, y está claro que hay fuerzas políticas que apoyan al Gobierno que se han apresurado a modificar aquellos artículos que dejaban en agua de borrajas la capacidad competencial de las comunidades autónomas en relación con una posible armonización, más que armonización competencia fiscal de la Unión Europea en el futuro, y que esto fuese otra vez competencia del Estado español.
Nosotros asumimos que esto no debe ser así, por lo que presentamos estas enmiendas que van en el sentido de no confundir y para que quede claro que esto es para los que lo quieran, por lo tanto que no es una obligación, pero que por supuesto lleva consigo más medidas de carácter económico que no son simplemente las medidas tributarias.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas formuladas en relación al proyecto de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, para defender las enmiendas de la ley de cesión de tributos hablaré yo, y para defender las enmiendas a la modificación de la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas hablará la señora Montseny. Espero que mi intervención permita que haya un receso antes de las votaciones anunciadas para las siete y media.
En primer lugar, señor Presidente, quiero agradecer el tono del debate, que ha sido el mismo que ha habido a lo largo de los debates de la Comisión de Economía en estos días. No quiero reabrir el debate sobre el conjunto del modelo de financiación autonómica, aunque el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per

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Catalunya, señor Ríos, y posteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Homs, un poco sí lo han hecho. Sí me gustaría hacer constar que estos dos proyectos, el que defenderé yo y el que defenderá posteriormente la señora Montseny, configuran un marco legislativo que hace posible llevar a la práctica el nuevo modelo de financiación aprobado por casi todas las comunidades autónomas. El portavoz del Grupo Socialista y creo que también el portavoz de Izquierda Unida reclamaban un mayor consenso. Este modelo, que lo que hace es dar mayor corresponsabilidad fiscal a las comunidades autónomas, mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas en algunos tributos, se ha hecho con el voto afirmativo de la gran mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas españolas. Quiero recordar al portavoz del Grupo Socialista que el consenso sobre la reforma del último modelo efectuado en 1993 no contó con esta amplia mayoría que hemos tenido nosotros, no contó con el apoyo de casi ninguna de las comunidades autónomas.
Estamos hablando de dar capacidad normativa a los parlamentos de las comunidades autónomas, parlamentos que actualmente tienen una gran capacidad de decisión en los gastos. Estos días, de aquí a final de año, los distintos parlamentos autonómicos aprobarán sus presupuestos, y pueden destinar el dinero a aquellos servicios que entiendan conveniente, con una absoluta capacidad, con un absoluto nivel competencial para determinar a qué servicios destinan los gastos. De esa manera se está dando ya una cierta distinción entre los ciudadanos de unas comunidades autónomas y otras, porque hay ciudadanos de unas comunidades autónomas que recibirán unos servicios determinados y otros ciudadanos de otras comunidades autónomas que recibirán otros servicios distintos, porque las comunidades autónomas, los parlamentos, los diputados regionales, los diputados autonómicos, elegidos por los ciudadanos de esas comunidades autónomas, tienen capacidad suficiente para determinar en qué emplean el dinero que ellos manejan. Eso da una cierta distinción, y lo que se hace con este conjunto de leyes es crear un marco normativo que haga que tengan también capacidad normativa en los ingresos, que tengan también que pedir el dinero a los ciudadanos.
La descentralización que hay en España, que no es sólo administrativa, que es una descentralización política muy amplia que concede a las comunidades autónomas competencias legislativas, ésa no la hemos inventado nosotros, está en el marco constitucional, y en ese marco constitucional se establecen tres niveles de administración: las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Administración central. (El señor Vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa la Presidencia.) Esas tres administraciones tienen enormes competencias. En el gasto esas competencias son totales; sin embargo, en el ingreso tienen una dependencia enorme de las transferencias que les hace la Administración central. Las corporaciones locales y la Administración central tienen una gran competencia en los ingresos, y las comunidades autónomas dependen en un ochenta por ciento de las transferencias de la Administración central. Nos parece que habría que arreglar este problema.
Y estas dos leyes que vamos a aprobar intentan darle una solución a un problema que todos los grupos políticos teníamos planteado: dar mayor corresponsabilidad fiscal a las comunidades autónomas. Que aquellos políticos que asumen el beneficio político de prestar un servicio, asuman además el coste político de pedir el dinero a los ciudadanos. El auténtico autogobierno requiere autonomía recaudatoria. Quien gasta el dinero debe pedir el dinero, estableciendo los suficientes fondos de solidaridad. Eso es lo que hacen estas leyes. Estas leyes no hacen más que establecer un marco legislativo para que se pueda avanzar en el camino de la corresponsabilidad fiscal.
Pero dicho esto, porque algunos portavoces se habían referido al conjunto del modelo, quiero pasar a defender mis enmiendas. Nosotros hemos planteado nueve. Las números 44 y 45 son técnicas. Con la enmienda número 45 se da una solución técnica mejor a los puntos de conexión en el Impuesto sobre Sucesiones.
Con la número 46 --que, por cierto, he leído la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y mi grupo la apoya-- se avanza en un tema que para nosotros es importante, como es evitar la deslocalización en el Impuesto de Sucesiones, estableciendo un período de cinco años en el cambio de residencia. Si el devengo del impuesto se efectúa en un lugar donde un señor no tenía la residencia durante los cinco años anteriores, tributará en ese lugar, pero con la legislación del lugar donde ha tenido la residencia durante esos cinco años.
La enmienda número 47, sobre la que también aceptamos la transaccional del Grupo Catalán (Convergència i Unió), arbitra un tema que nos parece importante, que es la participación de las comunidades autónomas en los acuerdos internacionales cuando afecten a las competencias tributarias de aquélla. Se decía antes por el portavoz del Grupo Parlamentario del PNV que en esta ley se está viendo quién cree y quién no cree en el Estado de las autonomías. Mi grupo pone de manifiesto que cree en el Estado de las autonomías y cree que las comunidades autónomas tienen que participar también en aquellos acuerdos internacionales que afecten a las competencias tributarias que tiene asumidas. Nos parece una enmienda importante.
Las enmiendas 48 y 49 son técnicas.
La número 50 la vamos a retirar, pues es coincidente con la enmienda número 9, del Grupo Vasco (PNV). Entendemos que ésta es más apropiada que la que nosotros habíamos plantado.
La enmienda número 51, que es técnica, resuelve la obligación real de contribuir. Suple una laguna real.
Nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo Socialista.
Decía su portavoz que rechazaba la reforma en su conjunto y que no teníamos claro por qué la hacíamos. El modelo de financiación de las comunidades autónomas se había agotado. El 31 de diciembre de 1996 concluía el sistema actual y había que ir a un nuevo modelo. Hemos arbitrado, pactándolo con casi todas las comunidades autónomas, un nuevo modelo de financiación para el próximo quinquenio. Entendemos que se han avanzado

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en las posiciones que recogía el libro blanco de financiación autonómica.
Lo que no he visto en la intervención del portavoz del Grupo Socialista es si le gustaba o no el modelo. Parece que no votaban nuestras enmiendas porque no había habido consenso, pero no ha hablado del fondo del modelo.
Quizás habría que hablar --en el trámite del Pleno puede ser la ocasión-- de si gusta o no que las comunidades autónomas tengan capacidad normativa sobre algunos impuestos, porque eso figuraba en el programa del Partido Socialista de las pasadas elecciones. Cuando se discuta en el Pleno quizás sea el momento de hablarlo. También tendremos que hablar de si gusta o no gusta que las comunidades autónomas que tienen capacidad en el gasto tengan que asumir la responsabilidad de pedir dinero a los ciudadanos. No hay mejor político controlando el dinero público que el que luego tiene que pasar la bandeja. No hay peor político que el que tiene una disposición de gasto pero luego no pasa la bandeja, sino el vecino. Eso habrá que hablarlo también en el trámite del Pleno porque no ha quedado claro.
Me ha hablado de los mecanismos de solidaridad. Sinceramente, no me esperaba esto porque si alguien ha puesto en marcha los mecanismos de solidaridad somos nosotros con este modelo. El artículo 15 de Lofca, relativo a la nivelación de los servicios mínimos --a que también se ha referido el señor Ríos-- estaba absolutamente virgen, no habían hecho nada, estaba todavía sin abrir. Es un tema difícil, pero no lo habían abierto, no lo habían abordado. Se habían detenido antes de abordarlo, por más consejos que se les había dado. El fondo de nivelación de los servicios mínimos lo hemos puesto nosotros. También nos hablaba del fondo de compensación interterritorial. Lo tenían congelado. Nosotros lo hemos descongelado, poco o mucho, pero lo hemos hecho. Por eso, nuestro grupo va a votar que no a sus enmiendas, porque significan un rechazo frontal del sistema sin aportar nada a cambio.
De las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida --si me dejo alguna ruego me perdonen, pero estoy intentando avanzar en el tiempo para que pueda haber un receso hasta las votaciones--, ya me he referido al pacto, del que ha hablado el señor Ríos. Se ha pactado con casi todas las comunidades autónomas y han dado su aprobación. Ha manifestado que estamos imponiendo el sistema. Decir que estamos imponiendo el sistema cuando lo aprueban 14 de 17 es un poco fuerte. Dice que lo hemos impuesto a la trágala. Nunca se ha hablado en España más de financiación autonómica que en los últimos meses; nunca se ha hablado en el Parlamento más de financiación autonómica que en estos últimos meses. Nunca. Hemos hablado del modelo, hemos tenido trámites parlamentarios, hemos ido a foros de opinión. Si en algún momento en España se ha hablado de financiación autonómica es en estos meses.
Planteaba que qué pasará con las comunidades que no quieran sumarse. No quiero recordar lo que sucedía a las que no querían sumarse después del acuerdo de 1993. Simplemente diré que perdían dinero. (El señor Ríos Martínez: Igual que ahora.) No era un nuevo modelo. Ahora sí vamos a uno nuevo. Y lo que vamos a intentar, señor Ríos, es que las comunidades autónomas que no dieron el voto favorable también se sumen al modelo, porque no por no dar el voto favorable se quedarán fuera del modelo.
Ha hecho una comparación entre Extremadura y Madrid en la participación del IRPF. Señor Ríos, Madrid, después de la aplicación de este modelo, se queda sin recibir nada a través de la participación en los ingresos del Estado; se reduce a cero la participación en los ingresos del Estado. Sin embargo, en Extremadura no se reduce a cero. Es más, el componente más importante de ingresos de Extremadura es la participación en los ingresos del Estado.
Ha hablado de la Lofca y tengo que manifestarle lo mismo que le he dicho al portavoz del Grupo Socialista. Me pedía que estudiáramos sus enmiendas con interés. Lo hemos hecho. Es más, hemos intentado buscar el mayor consenso posible con todos los grupos. A usted le voy a ofrecer una transaccional a su enmienda 22. Nos parece que es una mejora y queremos intentar llegar a ese acuerdo. Su enmienda número 22 nos parece que mejora algo el texto y, en vez del texto que proponen, queremos dejar el actual, pero añadiendo a partir de cuando dicen: ... tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, etcétera. Si aceptan esta transaccional votaremos favorablemente su enmienda número 22.
Respecto a la intervención del Grupo Catalán nosotros aceptamos las transaccionales a las enmiendas 46, 47 y 56. La enmienda 56 esta mañana la hemos retirado para integrarla en el texto de la ley de cesión de tributos porque era el más apropiado.
Entiendo que la enmienda 54 la han retirado.
Vamos a apoyar la enmienda 55 ya que nos parece que mejora sustancialmente la información de la que dispondrán las comunidades autónomas.
Sobre la enmienda 53 quiero decirle, señor Homs, que éste es un tema que se está tratando en la subcomisión de previsión social. Mi grupo ayer retiró una enmienda en la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social porque entendíamos que, aunque era bueno, era mejor que todo lo que hiciera referencia al tema de mutualidad, de seguros, etcétera, se tratara en esa subcomisión.
La enmienda 52 no la vamos a votar porque nos parece que no mejora el texto que ya se pactó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) vamos a apoyar las números 6, 7, 8 y 9, porque nos parece que son enmiendas técnicas importantes. Retiramos nuestra enmienda 50 con la intención de apoyar la enmienda número 9 para recoger la mención al concierto con el País Vasco.
Las enmiendas números 4 y 5 no las vamos a apoyar. La número 4 nos parece que no es redundante. Es importante hablar de las competencias que se les cede y de las que no se les cede. La enmienda número 5 elimina un último párrafo que nosotros creemos importante que conste porque está en el espíritu de los pactos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Las enmiendas del Grupo Mixto, las que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego las vamos a votar en contra,

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excepto la número 30, que si se mantiene en el Pleno podríamos intentar llegar a un acuerdo porque puede mejorar algo. Mi grupo busca el mayor consenso en un tema que es de capital importancia para la vertebración de España, como es la financiación de las comunidades autónomas.
Le dejo ahora la palabra, señor Presidente, a la señora Montseny.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular a la Lofca y fijar la posición respecto a los demás grupos, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Después de los argumentos de mi compañero el señor Martínez-Pujalte en defensa de la ley de cesión de tributos, casi podría entrar directamente a defender nuestra postura frente a las enmiendas que han presentado los distintos grupos. No obstante, no me puedo resistir a la tentación de decir que el Partido Popular ha sido consecuente con su programa electoral, con su programa de gobierno, el día en que el Presidente del Gobierno pronunció su discurso de investidura, y quiero añadir algunos argumentos más para expresar cómo el grupo parlamentario al que represento y que da soporte al Gobierno se siente satisfecho de esa corresponsabilidad fiscal y, por tanto, defiende ese proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 1980.
Quiero agradecer el tono en general aunque quizá el representante de Izquierda Unida ha estado un poco más vehemente. Y tengo que poner de manifiesto algo que me ocurrió a mí personalmente, hace aproximadamente un año y medio, cuando asistí a un seminario en el que se hablaba del desgaste que en un momento dado podía sufrir un Gobierno de la nación por unos Presupuestos Generales del Estado de orden expansivo o de orden restrictivo, y alguien puso el dedo en la llaga al decir que si procede, durante unos pocos años, elaborar presupuestos restrictivos para alcanzar los puntos de convergencia y estar en el primer vagón de salida hacia la Unión Monetaria Europea, desgaste al cual está sometido el Gobierno de la nación, qué pasaría con los gobiernos de las comunidades autónomas, dadas las escasas competencias normativas para aplicar recargos y tributos.
Tengo que decir que creo que es totalmente coherente implicar en ese desgaste también a los gobiernos de las comunidades autónomas. Acabamos de ver las discusiones sobre los Presupuestos Generales del Estado, que sin duda alguna son los más restrictivos de los últimos quince años presentados a esta Cámara. No hay forma de poder controlar el déficit público que en un momento dado pueden ayudar a acumular las comunidades autónomas. Yo quiero decir que si las comunidades autónomas, en virtud de la reforma de ley orgánica que hoy proponemos a esta Cámara, pueden legislar sobre esa cesión del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, justo será también que tengan ese desgaste en cuanto a la competencia normativa de poderlo aumentar o disminuir. Quizás eso ayude a que las comunidades autónomas tengan unos presupuestos también restrictivos. Como Diputada por Barcelona tengo que decir que conozco perfectamente que el Presidente de la Generalitat, en este momento, ha anunciado ya para el próximo ejercicio la elaboración de unos presupuestos restrictivos también. Desde hace mucho tiempo los presupuestos de cada una de las comunidades autónomas vienen siendo muy dispares y muy diferentes en cuantía económica, pero no por eso se rompe el principio de solidaridad, porque, como muy bien se ha argumentado en esta Cámara, existe el Fondo de Compensación Interterritorial, dotado en este ejercicio con 143.000 millones de pesetas; se ha desarrollado el artículo 15 de la Lofca con el fondo de nivelación; y también existen los fondos europeos que solucionan, en parte, la posible falta de solidaridad que pudiera haber entre una mayor o menor riqueza, en cuanto a la renta per capita de los habitantes de las distintas comunidades autónomas.
Por tanto, es importante la reforma de la ley orgánica porque profundiza lo ya iniciado por el Gobierno socialista. No presupone mayor ruptura del Estado ceder el 15 por ciento que ceder el 30 por ciento; es un escalón más dentro de ese porcentaje que puede ser cedido a las comunidades autónomas, y ellos acometieron ya parcialmente esa reforma por la vía de hecho, porque no se reformó la ley orgánica. También quiero decir que en la Ley Orgánica un importante matiz ha sido incorporar a dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, al rango que les corresponde con el régimen jurídico que sus propios estatutos de autonomía les reconocen. Finalmente se soluciona un problema que sólo puntualmente había sido planteado en la Ley de procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, es decir, los conflictos que puedan surgir entre el Estado y una o varias comunidades autónomas o también de las comunidades autónomas entre sí.
Voy a pasar a la discusión de las enmiendas que han presentado los distintos grupos políticos, empezando por las que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista que van de la número 29 a la número 35. El grupo parlamentario al que represento entiende que, en la supuesta sustitución de tributo por impuesto, el concepto tributo es un término genérico más amplio y que engloba el de impuesto. Por tanto, nos parece poco razonable la interposición de esta enmienda.
El resto de las enmiendas, las números 30, 31, 32 y 33, son de supresión de distintos artículos del proyecto de reforma de la ley orgánica que analizamos. Aducen que supone una ruptura del consenso constitucional vigente en materia de financiación de comunidades autónomas. Tengo que decir al representante del Grupo Parlamentario Socialista que usted y yo sabemos que hubo contactos para llegar a este consenso en el marco que nos ocupa y, a pesar de que ha habido algún representante de esta Cámara que ha puesto de manifiesto que dichas conversaciones ni siquiera fueron esbozos, que se iniciaron y nunca llegaron a tener una profundidad importante, usted y yo sabemos que eso no es cierto. En todo caso, ustedes sabrán por qué se apartaron de ese consenso cuasi constitucional, como ustedes le llaman.


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Finalmente, respecto a la enmienda número 34, nos parece una incoherencia posponer la vigencia de la ley de cesión de tributos hasta el 31 de diciembre de 1997. Si esta reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas empieza a regir en el momento de su publicación y con efectos de 1 de enero de 1997, se podría producir un vacío legal que no creemos que ayudara en la marcha hacia esa profundización en la corresponsabilidad fiscal y en la reforma de la ley que estamos debatiendo. Por tanto, señorías, debo anunciar nuestro voto negativo a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
En relación a las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, querría decir, como principio general, que el grupo parlamentario al que represento entiende que descender a pormenorizar y reglamentar en una ley orgánica muchas disposiciones, quizá no fuera todo lo loable que debería ser y podría suponer en muchos casos un cierto caos jurídico. Por tanto, entendemos que es mejor tramitar en la ley de cesión de tributos determinadas enmiendas suyas planteadas a la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, pues se acomodarían más al espíritu de la ley que estamos debatiendo. Voy a matizar algunas de ellas.
Nos parece que la enmienda número 6 presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya dejaría vacías de contenido algunas de las competencias normativas que el proyecto atribuye a las comunidades autónomas en relación a los tributos cedidos. Por poner otro ejemplo, respecto a la enmienda número 10, la fórmula genérica delimitadora de la potestad impositiva de las comunidades autónomas, contenida en el actual artículo 9 de la Lofca, es bastante más completa que la que se pretende introducir.
En cuanto a la enmienda número 11, presentada por el mismo grupo, podríamos decir que ninguno de los tributos cedidos grava el consumo in situ, y sobre la enmienda número 13, le tengo que decir que, cuando ustedes hablan de la cesión del IVA en fase minorista, creo que ésta queda recogida, de alguna forma, en alguna de las enmiendas planteadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Como es mucho más concreta, vamos a apoyar la enmienda presentada por Convergència i Unió, pero es un planteamiento que ustedes querían hacer prosperar y entiendo que prospera por coincidir con aquélla.
Señor Ríos, quiero decirle que lamentamos tener que votar no a sus enmiendas y estamos satisfechos por las coincidencias que se hayan producido con nuestras propias enmiendas y de que en el propio proyecto de ley orgánica que estamos debatiendo y queremos aprobar se reconozcan algunas de las propuestas que ustedes hacen. Sobre todo, quiero resaltar que no creemos conveniente --ya se ha especificado por alguna otra fuerza política-- crispar el debate en cuanto a esa corresponsabilidad fiscal que ha introducido el proyecto de ley orgánica. Creo que es bueno implicar a las comunidades autónomas en esa mayor restricción de gasto, pues todos tenemos que conseguir unos puntos de convergencia que nos lleven a Europa y es también bueno que todos asumamos ese mismo riesgo, sacrificio, desgaste u éxito en el ejercicio de una gestión, sea de la comunidad autónoma o del Estado.
Cuando el representante del Grupo Mixto ha hablado, no he podido entender si también defendía las enmiendas de Unión Valenciana o las daba por defendidas, pero en relación a la enmienda número 4, propuesta por el señor Chiquillo, representante de Unión Valenciana, el grupo parlamentario al que represento en modo alguno puede aceptar el concierto económico porque está reservado a los territorios históricos con derechos forales, por lo que corresponde sólo al País Vasco y a Navarra.
Similar argumentación tendría que hacer respecto de la enmienda que ha formulado la señora Rahola puesto que, como ha dicho muy bien el señor Homs, cuando habla de tributos especiales, de alguna forma ya está contemplado en el proyecto de reforma de la ley orgánica.
En relación a las enmiendas presentadas por el señor Vázquez, en representación del Bloque Nacionalista Galego, tengo que decir que alguna de las que esboza va a incorporarse al texto porque han sido planteadas también por otras fuerzas políticas. Sin embargo, vamos a votar en contra de las enmiendas planteadas por el representante del Grupo Mixto, haciendo una mención puntual a la número 23, porque la vinculación al territorio de un impuesto personal debe realizarse en función del domicilio de la persona; de lo contrario, resultaría imposible su territorialización.


El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, le ruego que vaya concluyendo.


La señora MONTSENY MASIP: Voy concluyendo, señor Presidente.
Finalmente, voy a hablar de las enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista Vasco. Agradezco que haya retirado la enmienda número 37 y proponemos una transaccional a la número 36 presentada por el Grupo Nacionalista Vasco, cuyo texto he facilitado ya a la Mesa, pero no tengo ningún inconveniente en leerlo. Sustituiríamos el texto propuesto en la enmienda...


El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, no hace falta que lo lea, en la medida en que la Mesa ya lo ha fotocopiado y lo ha repartido a los demás portavoces.


La señora MONTSENY MASIP: Yo creo que he sido breve, señor Presidente, porque en realidad he consumido quince minutos, pero pido perdón.
Planteamos esa enmienda transaccional, aceptamos esa enmienda de Convergència i Unió, damos por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y aceptamos la transaccional correspondiente a nuestra enmienda número 39, formulada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, así como la enmienda de dicho grupo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montseny por su comprensión y su brevedad. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Rodríguez para un turno de aclaración.


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El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Nada más para aclarar, porque fue un lapsus imperdonable, que doy por defendidas las enmiendas de mis compañeros de grupo parlamentario, el representante de Unión Valenciana y la señora Rahola.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señor Rodríguez, en esta Comisión nunca han decaído las enmiendas porque no se haya dicho formalmente que se dan por defendidas.
¿Qué grupos desean fijar un brevísimo turno de réplica? (Pausa.) El señor Ríos tiene la palabra para un brevísimo turno de réplica por alusiones.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve, pero quiero precisar algunas de las exposiciones que se han hecho.
Si en algo se caracteriza mi grupo no es en crispar a nadie, con independencia de que cuando existe la crispación es porque se provoca.
Me gustaría hacer dos precisiones a la intervención de quien hablaba en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Primero, decir la verdad a medias es una forma de no ajustarse a la verdad. Dice que hubieran deseado consenso. Le puedo asegurar, señor Presidente, que con este grupo ni se ha intentado. Segundo, se ha dicho lo de demagogia. La definición que el diccionario da de demagogia es: exageración de los argumentos para obtener rentabilidad a tu posición. Desde luego artistas hay en todos los lados, no sólo en uno. (Risas.) También ha dicho que los fondos europeos solamente llegan a unas comunidades. También ha faltado a parte de la verdad y es que hay fondos europeos que llegan a todas las comunidades, por ejemplo, el fondo de objetivo 2, que llega a la comunidad que representa él u otros fondos de origen agrícola. Por tanto, es necesario que se precisen las intervenciones porque no es bueno que el victimismo se utilice desde ninguno de los lados.
En todo caso, señor Presidente, terminaría diciendo que una propuesta es consensuada en mayor o menor grado en la medida en que se recogen propuestas de todos. En la medida en que hay propuestas de una parte nada más, por mucho que sean vinculantes en la discusión de una investidura o de la composición de una mayoría de Gobierno, el modelo de Estado no debe estar limitado y condicionado por ellas.
En ese sentido solamente decimos, señor Presidente, que ese modelo de Estado no está siendo desarrollado con los criterios en los que todos nos vemos partícipes y no solamente las comunidades autónomas, señor Presidente. Las fuerzas políticas tenemos una representación por unos votos obtenidos. Para información general, diré que la fuerza que represento hoy aquí con mayor o menor habilidad, es de 2.800.000 ciudadanos españoles que han cogido nuestra papeleta. Hay otros que tienen otro resultado. Esos 2.800.000 votantes que eligieron nuestra papeleta no han sido llamados a componer el modelo de Estado y las reglas de juego para financiar ese modelo de Estado. Eso es lo que he dicho, señor Presidente.
Por tanto, con el tono más agradable posible he intentado precisar en lo que he sido contradicho fundamentalmente, no en cuanto a reabrir ningún tipo de debate, que no es mi objetivo, porque a estas horas y después de los tres días que llevamos aquí dándonos la paliza unos a otros, no iba a intentar hacerlo.


El señor PRESIDENTE: En cuanto a lo del tono, he de decirle que aquí, excepto insultar, se puede hacer de todo. Le ruego lo tome en consideración para futuras intervenciones.
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Sólo quiero hacer una precisión.
Tenemos un informe del letrado sobre el proyecto de ley de cesión de tributos. No sé si otros grupos lo tienen. A mi grupo le gustaría que algunas de las precisiones que el letrado hace fueran incorporadas al dictamen de la Comisión. No habría que incorporar todo en su conjunto, porque hay algunas cosas que nos parece que exigen un mejor estudio. Si quieren lo explicito o se lo paso a la Mesa y a los otros grupos, como la Presidencia me diga.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, sin ánimo de controversia, quiero decir que yo tengo la nota de los servicios jurídicos, que yo comparto, pero si se va a someter parcialmente a consideración, yo preferiría, por garantía de lo que estamos aprobando, que ese proceso se hiciera en el trámite de aquí al Pleno. Esta mañana lo hemos hecho con otro proyecto de ley, pero asumíamos íntegramente el documento que el letrado había hecho. Como aquí vamos a seleccionar, propongo que podamos hacerlo con mayor tranquilidad y que no improvisemos. En ese sentido iría mi opinión a la propuesta que nos ha hecho el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Me parece sensata y prudente la propuesta que hace el representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nosotros estaríamos dispuestos a asumir en su totalidad el contenido del informe de los servicios jurídicos, de la misma forma que lo estamos en relación con el correspondiente a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero dicho esto, me parece que es más lógico que tengamos ocasión de hablarlo entre los grupos parlamentarios antes de incorporación eventual, total o parcial, al dictamen.


El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Martínez-Pujalte, entiendo que da por retirada su enmienda verbal.


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El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Lo que sí le agradecería es que nos facilitara la nota de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, porque no la tenemos.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, se ha repartido a todos los grupos parlamentarios y desde luego en esta Presidencia obra hace más de una semana.
Suspendemos la sesión durante dos minutos, que, como estamos acostumbrados, serán bastante elásticos. Ruego a los señores portavoces que hagan assemblage de Diputados.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, ¿han reunido ya a sus huestes para empezar la votación? (Risas.) Vamos a comenzar la votación del Título II del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Vamos a someter, en primer lugar, a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Grupos que desean votación separada? Señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo solicita votación separada de la enmienda 152, y considero que está presentada una transaccional a la 154.
(Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: ¿Más votaciones separadas? Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Solicito votación separada, en dos bloques, de las enmiendas 150 y 156 por un lado y de la 151, por otro.
Además, señor Presidente, he entendido que hay presentada una enmienda transaccional a la enmienda 154 y que de la enmienda 152 se ha pedido votación separada. ¿Es así? (Asentimiento.)

El señor EGUIAGARAY UCELAY: Para expresar que aceptamos la transaccional presentada por el Grupo Popular a la enmienda 154, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, sometemos a votación las enmiendas números 150 y 156, en primer lugar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 151.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 152.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a votar la transaccional a la enmienda número 154.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Demás enmiendas del Grupo Socialista, números 153 y 155.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Grupos que desean votación separada? Señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Solicito votación separada de las enmiendas 260, 267, 268, 269, 271, 272 y 273, y por otro lado, de las números 261, 265 y 270.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Enmiendas números 260, 267, 268, 269, 271, 272 y 273.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 261, 265 y 270.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán, Convergència i Unió.
¿Grupos que desean solicitar votación separada?

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El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Solicitamos votación separada de las 393, 394 y 397. Y consideramos que la 395 está transaccionada con la 467, del Grupo Popular.


El señor HOMS I FERRET: En este bloque sólo quedan estas tres enmiendas, las 393, 394 y 397, porque las 392, 395, 396, 398 y 399 han sido retiradas.


El señor PRESIDENTE: Y en relación con la 395, ¿está transaccionada?

El señor HOMS I FERRET: No, es que, al ser coincidente con la enmienda del Grupo Popular, y aceptar nuestro grupo la redacción de su enmienda por entenderla oportuna, la hemos retirado.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Para una clarificación. No sé si he entendido bien. ¿La 395 debo considerarla retirada?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Eguiagaray. Quedan vivas las 393, 394 y 397, exclusivamente.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: ¿Y la 392?

El señor PRESIDENTE: No. Está retirada.


El señor RIOS MARTINEZ: No sé si ha propuesto votar conjuntamente las tres o cada una por separado. Si no ha sido así, pido separar la 393.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Procedemos a la votación de la enmienda número 393.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 394 y 397.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
¿Grupos que desean votación separada?

El señor EGUIAGARAY UCELAY: Desearía que se sometieran separadamente a votación la enmienda 49 por un lado y la 50 por otro.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 49.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 50.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Lo siento, señor Zabalía, su soledad la comprendo. (Risas.) Enmienda número 51.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor EGUIAGARAY UCELAY: Pido votación separada de la 57 por un lado, y las 88 y 89 por otro.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 88 y 89.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 84, 85, 86 y 87.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo retira la enmienda número 467 y sólo mantiene para votación la 468.


El señor PRESIDENTE: Entonces no ha lugar a solicitar votación separada.
Sometemos a votación la enmienda número 468.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a la votación del texto del título II.


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¿Grupos que desean votación separada de algún artículo?

El señor EGUIAGARAY UCELAY: Solicito votación separada de los artículos 55, 59 y 61 por un lado, y 66 y 67 por otro.


El señor PRESIDENTE: Votación de los artículos 55, 59 y 61.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 66 y 67.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de los artículos del título II, según el informe de la Ponencia y de acuerdo con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a efectuar las votaciones correspondientes al título III del proyecto de ley.
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor RIOS MARTINEZ: Las enmiendas 160, 161 y 162.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de las enmiendas números 160, 161 y 162.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Por un lado, las enmiendas 281, 285, 287, 288 y 290; por otro lado, las números 278, 279, 280, 282, 283, 286, 289 y 291.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida números 278, 279, 280, 282, 283, 286, 289 y 291.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas números 281, 285, 287, 288 y 290.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, de las cuales quedan vivas las números 401 y 402, en la medida en que han sido retiradas las números 400 y 403.
Enmiendas 401 y 402.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda número 55 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, por cuanto las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria han sido retiradas, que son las números 31 y 32.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Por un lado la enmienda 90 y por otro las números 91, 98, 103 y 114.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 90 del Grupo Mixto, señor Rodríguez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 91, 98, 103 y 114.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del texto del articulado del título III, de acuerdo con las modificaciones surgidas de las enmiendas aprobadas y según el texto del informe de la Ponencia.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Por un lado el artículo 86 y por otro los artículos 82.1, 83, 89, 94, 105 y 107.


El señor PRESIDENTE: Votación del artículo 86.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los artículos 82.1, 83, 89, 94, 105 y 107.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de los artículos del texto del título III, de acuerdo con el informe de la Ponencia y las enmiendas que han sido aprobadas con anterioridad.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación del título IV, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Grupos que desean votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Votación separada de la enmienda 187.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda 187.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Votación separada de la 316 y 302.


El señor GIMENO MARIN: Por un lado, las enmiendas 297, 298, 299, 306, 309, 310, 313, 314, 316, 318. Por otro lado, las números 304, 305, 307, 308, 311 y 317.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 302.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 316.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 297, 298, 299, 306, 309, 310, 313, 314 y 318.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 304, 305, 307, 308, 311 y 317, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de las cuales quedan vivas las números 404, 405, 406, 407, 409, 413 y 414, puesto que el resto de las enmiendas han sido retiradas. ¿Es correcto, señor Homs? Perdón, señor Homs, se me ha olvidado, y la culpa es mía y sólo mía, votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor HOMS I FERRET: Es que va usted tan rápido, señor Presidente, que a los portavoces que hemos de conducir el debate nos da dolor de cabeza.
(Risas.) Seguirle, a la velocidad que va, representa un esfuerzo de energía concentrada en nuestras mentes; nos es muy difícil alcanzarle.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, la Mesa gustosamente le ofrece una aspirina y un vaso de agua. (Risas.) Perdónenme, señores Diputados; efectivamente, la culpa es mía. He tenido no el lapsus, el gravísimo error de no someter a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que sometemos a votación a continuación.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Homs, de acuerdo con los datos que obran en mi poder, permanecen vivas las siguientes enmiendas: 404, 405, 406, 407, 409, 413 y 414.


El señor HOMS I FERRET: ¿La 415 no forma parte de este título?

El señor PRESIDENTE: Sí, pero, según los datos que obran en nuestro poder, ha sido retirada por usted.


El señor HOMS I FERRET: ¿Y la enmienda 416?

El señor PRESIDENTE: Corresponde al título siguiente.


El señor HOMS I FERRET: Entonces estamos totalmente de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Solicito que se vote por un lado la 407 y, por otro lado, la 409.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo desea que se voten, por un lado, la 413 y la 414 y, por otro lado, el resto.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a someter a votación la enmienda número 407.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 409.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 18; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 413 y 414.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son las números 404, 405 y 406.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación la única enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que es la número 56.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Por un lado, la enmienda 122 y, por otro lado, las números 7, 123, 124 y 126.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 122, del señor Rodríguez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor RIOS MARTINEZ: Solicito que se vote, por una parte, la 474 y, por otra parte, las números 469, 476 y 478.


El señor PRESIDENTE: La enmienda 478 no corresponde a este título; corresponde al título V. Recapitulemos, señor Ríos. Habría que votar, por un lado, la 469 y 476 y, por otro lado, la 474. ¿Es así? (Asentimiento.)

El señor GIMENO MARIN: Mi grupo pretende votación separada de las enmiendas 469, 471, 472 y 476 por un lado y, por otro lado, de la 473 y 470.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 469.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 471 y 472.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas números 473 y 470.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda número 474.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 476.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, mejor dicho, la número 475, que es la única que queda viva.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 475.
A continuación, vamos a pasar a la votación del texto del informe de la Ponencia, con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.
Grupos que desean solicitar votación separada de algunos artículos del texto.


El señor GIMENO MARIN: Por un lado, el artículo 123, y, por otro, los artículos 113, 116, 117, 118, 119, 124, 127 y 130.


El señor PRESIDENTE: Le repito, señor Gimeno, por un lado el artículo 123; y, por otro, los artículos 113, 116, 117, 118, 119, 124, 127 y 130.
¿Es correcto? (Asentimiento.) Por consiguiente, sometemos a votación el texto del artículo 123.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Texto de los artículos 113, 116, 117, 118, 119, 124, 127 y 130.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de los artículos mencionados con anterioridad.
Resto del texto del título IV, de acuerdo con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas en el informe de la Ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del texto del título IV del informe de la Ponencia, con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.
A continuación, pasamos a la votación del título V.
Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, la enmienda 198, por un lado, y el resto juntas.


El señor PRESIDENTE: Entonces, pasamos a la votación de la enmienda número 198.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 198.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En este grupo se ha presentado una enmienda transaccional a la número 323. Señor Ríos, ¿acepta la transacción? (Asentimiento.) Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo solicita votación separada de la 328 y, en consecuencia, de la transacción aceptada.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Otros grupos que desean solicitar votación separada.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, votación separada de la 325 y 326, por un lado; y de la 327, por otro.


El señor PRESIDENTE: Sometemos, por consiguiente, a votación la enmienda número 328.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 328.
Enmiendas números 325 y 326.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 325 y 326.
Enmienda número 327.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 327.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: La enmienda 323 ¿está retirada?

El señor PRESIDENTE: No, hay una transaccional.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas, con excepción de la transaccional.
A continuación, vamos a votar la enmienda transaccional a la número 323.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional a la número 323.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Según mis papeles, han sido retiradas las siguientes enmiendas, en virtud escrito que me facilitó esta mañana el señor Homs. Enmiendas números 424, 426, 430, 431, 434, 437, 438 y 441. Señor Homs, ¿es correcto?

El señor HOMS I FERRET: ¿La número 433?

El señor PRESIDENTE: La número 433 está viva.
Se han presentado enmiendas transaccionales a las números 416 y 427, conjuntamente; 425, 432 y 436.
¿La enmienda 425 es transaccional?

El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente. La transacción a la enmienda 425 simplemente se trata en la misma redacción del texto de la enmienda, tras la frase «a las sociedades de capital público o privado», hay que decir «capital público, privado o mixto», porque pueden ser públicas o privadas. Este es el objeto de la transacción. Es una precisión técnica.


El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta el texto de las enmiendas transaccionales? (Asentimiento.) Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor RIOS MARTINEZ: Enmiendas 420 y 439, en el mismo bloque.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas 420 y 439 en un mismo bloque.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: La enmienda 437.


El señor PRESIDENTE: Está retirada.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo pide votación separada de la 433 y de las transaccionales.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, no ha lugar porque la retiramos al leerla. No la ha mencionado. Debería haber mencionado también la 433, y, al no mencionarla, le ha parecido al Partido Popular que debía solicitar votación separada, pero debería estar retirada. Consta en el escrito.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el texto que usted nos facilitó, no estaba incluida, pero da igual.


El señor HOMS I FERRET: Entonces, se trata de un error, pero debería estar.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) números 420 y 439.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 420 y 439.
A continuación, vamos a someter a votación el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con excepción de las enmiendas que han sido objeto de transacción, que son las números 416, 425, 427, 432 y 436.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que paso a reseñar cuáles son: 417, 418, 419, 421, 422, 423, 428, 429, 435 y 440.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: ¿Y la 439?

El señor PRESIDENTE: La 439 ya estaba aprobada con anterioridad, porque había sido sometida a votación a instancias del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Pasamos a continuación a votar las transaccionales correspondientes a las enmiendas 416, 425, 427, 432 y 436.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Votación separada, señor Presidente, de la número 44.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 47 y 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Como ya les dije, han sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria números 32 y 33.
Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto.
Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, de las números 9, 360, 361 y 72.


El señor PRESIDENTE: ¿En un solo bloque? (Asentimiento.) Sometemos, por consiguiente, a votación las enmiendas números 360, 361, 9 y 72.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación vamos a proceder a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular.
Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Pedimos votación separada de la enmienda 478.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la enmienda 478.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Popular, aunque tardo menos en decir que son la 477 y la 479.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a continuación a la votación del texto del título V, de acuerdo con el informe de la Ponencia y según el texto modificado de acuerdo con las enmiendas aprobadas con anterioridad.
Grupos que desean solicitar votación separada de algunos artículos.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Por un lado, señor Presidente, de los artículos 138, 140, 141, 143, 144 y 148; y, por otro lado, del 149.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, a votar el texto de los artículos 138, 140, 141, 143, 144 y 148.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Texto del artículo 149.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del texto del título V de la Ley con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Enmiendas del Grupo Socialista.


El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, ¿es posible separar las adicionales de las transitorias, etcétera?

El señor PRESIDENTE: Si ustedes lo desean, por supuesto.


El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente, por simplificar el trabajo.


El señor PRESIDENTE: Lo que sucede es que la Mesa no está preparada para efectuar las votaciones así. Las tenemos preparadas para efectuarlas por los mismos bloques en que se ha producido el debate.


El señor GIMENO MARIN: Entonces tendrá que tener más paciencia su Presidencia cuando digamos las enmiendas de los grupos.


El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, yo tengo una paciencia infinita; lo que pasa es que a veces no lo parece.


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Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor GIMENO MARIN: Supongo que se está refiriendo a las enmiendas del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Entonces pido votación separada de la enmienda 204, a la disposición adicional décima.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Coincide la petición, también nosotros solicitamos votación separada de la 204, porque entendemos que estamos en votaciones a las disposiciones adicionales del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Las enmiendas del Grupo Socialista comprenden de la 199 a la 213.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Vamos a votar primero el bloque de las adicionales...


El señor PRESIDENTE: Conjuntamente adicionales, transitorias y finales.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Entonces la 204 por separado, por favor.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, separadas las 201, 206 y 211.
El resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Pasamos a votación de la enmienda número 204.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas números 201, 206 y 211.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Grupos que desean solicitar votación separada.


El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, por un lado, la 341 y la 333; y por otro, la 342 y de la 347 a la 353.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, a la votación de las enmiendas números 333 y 341.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 342, 347, 348, 349, 350, 351, 352 y 353.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán. De acuerdo con las notas que yo tengo, han sido retiradas las números 442, 448 y 453. A su vez, ha sido presentada una transaccional a las números 449 y 454.


El señor HOMS I FERRET: La enmienda 448 la mantenemos viva y solicitamos votación separada. (Pausa.) ¿Ha perdido los papeles, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: No, he perdido la goma de borrar. Los papeles procuro no perderlos nunca, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Como le veía inquieto. Ya me quedo tranquilo.


El señor PRESIDENTE: Hemos de entender que la 448 usted la revive.


El señor GIMENO MARIN: Me permite preguntar qué enmiendas quedan vivas que no me he enterado bien.


El señor HOMS I FERRET: Es que no he terminado. Las transaccionales son a la 449, 452 y 454. De hecho a la 452 no se trata de una transaccional, se trata de que solamente se tiene que someter a votación el primer párrafo porque el segundo decae. La transaccional trata solamente de aceptar el primer párrafo, el segundo no.


El señor PRESIDENTE: Debo entender que la 452 es la 452 no transaccionada, sino modificada.


El señor HOMS I FERRET: No, solamente se mantiene el primer párrafo, el segundo no.


El señor PRESIDENTE: Guillotinada.
Pues bien, quedan vivas, señor Gimeno, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

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números 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, transaccionada ésta; 451, 452, ésta guillotinada; 454, asimismo transaccionada, y la 455.


El señor HOMS I FERRET: ¿Y la 450 la ha mencionado usted?

El señor PRESIDENTE: La 450, según mis notas está retirada, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Quería que usted me lo confirmara.


El señor GIMENO MARIN: Votación separada de la 449 transaccionada y de la 452 como quede guillotinada.


El señor RIOS MARTINEZ: Pedimos votación separada de la enmienda 447.


El señor HOMS I FERRET: La enmienda 447 está subsumida en la 482, del Partido Popular. ¿Es posible votarlas conjuntamente?

El señor PRESIDENTE: No. No es posible votarla conjuntamente. Usted puede retirarla y votar posteriormente la del Grupo Popular, o que el Grupo Popular retire la 482 y que se vote la suya.


El señor HOMS I FERRET: Gracias por su sugerencia. En tal caso, la retiramos y quedará subsumida cuando votemos la enmienda 482 del Partido Popular.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo desea votación separada, supongo que coincidiré con algún otro grupo, de la 448, 451, y de la 455, si se mantiene viva.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación de la enmienda 452.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Perdón, señor Presidente, si mis notas no están mal tomadas la 455 coincide con la 486, del Grupo Popular.


El señor HOMS I FERRET: Lo que sucede es que como la otra coincidía y yo la he retirado, ahora procede retirarla al Partido Popular. (Risas.)

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En el ánimo que nos propone, retiramos la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, si no le importa la retira cuando le toque. (Risas.) Procedemos, por consiguiente, a la votación de la enmienda número 452, que es la enmienda guillotinada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la semienmienda número 452.
Pasamos a continuación a votación de las enmiendas números 448, 451 y 455.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Si ése es el bloque, solicito la separación de la 448, junto con la 451 y separada la 455.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas números 448 y 451.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 455.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, con excepción de las transaccionales a la 449 y 454, que procederemos a votar con posterioridad y por separado; son las enmiendas números 443, 444, 445 y 446.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votaciones en relación a la enmienda transaccional número 449.


El señor HOMS I FERRET: ¿Cuál es esa enmienda transaccional?

El señor PRESIDENTE: Está con el número nueve de las transaccionales.


El señor HOMS I FERRET: A mi grupo esa propuesta concreta no le parece suficientemente satisfactoria. Quiero agradecer al Partido Popular la predisposición a acercarse en esta enmienda porque sin duda es una enmienda cualitativa y sugerirle que ese acercamiento lo hiciéramos de otra forma. Mi propuesta sería que donde dice en la primera línea: El Gobierno en el plazo máximo de seis meses...


El señor PRESIDENTE: Eso no lo dice.


El señor HOMS I FERRET: Yo no acepto la enmienda transaccional, señor Presidente. Propongo para aproximarnos que de la enmienda 449 de Convergència i Unió en la primera línea, donde dice: «El Gobierno en el plazo máximo de seis meses», diga: «en el plazo máximo de un año»; y a continuación, a partir de la aprobación de esta ley donde dice «aprobará», que diga «estudiará».


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Quisiera saber si el Partido Popular aceptaría esta modificación dejando el resto de la enmienda igual.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, si el trámite que propone el portavoz de Convergència i Unió está ajustado al Reglamento y la Mesa lo acepta, nosotros no tendríamos inconveniente, si volvemos a escuchar la literalidad que nos ha planteado el portavoz de Convergència i Unió.
De lo contrario, tampoco habría ningún inconveniente en que se votara la enmienda tal cual está y con esta voluntad que hay de consenso, tanto por la transaccional que en este momento no ha aceptado, pero que provoca otra nueva transaccional in voce, con esta voluntad de consenso --repito--, podríamos ir al Pleno y allí resolverlo.
Por tanto, lo dejamos en manos de la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Si no entiendo mal, ustedes retiran la transaccional presentada y se mantiene viva la enmienda en el texto formulado y presentado en su día.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: No, señor Presidente.
El Grupo de Convergència i Unió no acepta la transaccional porque no le parece suficiente. Por tanto, a raíz de esa transaccional y de la voluntad política de consenso que plantea nuestra transaccional, ellos solicitan una transaccional in voce que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar si reglamentariamente la Mesa considera que ese procedimiento es admisible. De lo contrario, también existe la posibilidad y es la formulación que hago al Grupo Catalán (Convergència i Unió). Dada la voluntad de consenso, podríamos discutir la literalidad de esta enmienda en el Pleno y que se votara tal cual está en este momento la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, esta Presidencia siempre ha entendido que todo lo que sea reglamentario o no reglamentario, si es fácilmente inteligible, dado lo avanzado de las votaciones, es suficientemente comprensible y aceptable por los demás grupos y no hay protestas por parte de nadie en lo que se refiere a la interpretación del Reglamento se acepta. Basta que algún grupo no esté de acuerdo con la transacción efectuada, es decir, la transacción, de la transacción de la transacción, para que lógicamente no podamos aceptarlo.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, yo deseo que puedan entenderse los dos grupos coaligados, pero también desearía saber exactamente qué votamos. Tenemos un texto delante, que parece ser que no satisface al grupo que ha presentado la enmienda. Ese texto puede ser modificado o no. Si lo quieren modificar, rogaría que lo hicieran para saber lo que vamos a votar; si no pueden llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos grupos, me parece que lo que procede, señor Presidente, es votar la enmienda inicial.


El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, voy a proceder a leer la enmienda transaccional y, a su vez, la modificación que propone el señor Homs a la transacción formulada.
Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ésta es una cuestión que ha sido tratada ya en esta Cámara. La última vez que la tratamos fue por unanimidad y dio lugar a un consenso sobre una proposición no de ley. Por tanto, yo sé que ni por parte de mi grupo ni del Grupo Popular ni de ningún otro grupo hay ánimo de suscitar nada que tensione esta cuestión porque las veces que nos hemos pronunciado lo hemos hecho con unanimidad.
Ahora bien, como la enmienda que nos plantea el Grupo Popular nos remite a una voluntad política de estudiar la problemática y nuestra enmienda ya da una solución, yo aproximaba mi posición a la suya cogiendo la voluntad de estudiarlo con la redacción de mi enmienda, pero situándolo a un año.
Pero mi grupo no tiene ningún inconveniente, señor Presidente, en que se vote esa enmienda y, como dice el Grupo Popular, ir al Pleno.
No quiero complicar más la noche y, si quiere el señor Presidente, sometemos a votación la enmienda.


El señor PRESIDENTE: También he de decirles, señoras y señores Diputados, que después de leídas la enmienda, la transacción y la retransacción, las considero absolutamente iguales. Independientemente de lo cual, se retira la transacción del Grupo Popular y vamos a proceder a votar la enmienda en los estrictos términos en que fue formulada en su día.
Enmienda número 449, en los términos estrictos en que está formulada y aparece publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación pasamos a la votación de la transaccional a la número 454.
Presumo, señor Homs, que acepta la transaccional a la número 454.
(Asentimiento.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). ¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo solicita votación separada de la enmienda número 52.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda número 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que son la 45, la 46 y la 53.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.) Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, que son las números 8, 73, 58 y 125.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. ¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El seguir AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo retira las enmiendas números 484, 485 y 486.


El señor RIOS MARTINEZ: Solicito votación separada de las enmiendas números 481 y 482, en el mismo bloque.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas números 481 y 482.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Popular, que son la 480 y la 483.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, vamos a proceder a la votación de la enmienda verbal formulada a la disposición adicional primera, de acuerdo con la sugerencia del letrado, en relación a la sustitución de la competencia para desarrollar el procedimiento previsto en el artículo 108 del texto de la ley, sustituyendo dos direcciones generales por los ministros correspondientes, en la medida en que la disposición adicional primera no facultaba a los correspondientes ministros sino a dos directores generales de sendos ministerios para que regulasen por vía de instrucción.
Quedaría en los siguientes términos. Se faculta a los ministros de Defensa y de Economía y Hacienda para regular el procedimiento de reconocimiento de los derechos pasivos a que se refiere el artículo 108 de la presente ley.
¿Les parece correcta esta enmienda sugerida por el letrado? (Asentimiento.) Votamos esta enmienda verbal.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. Por consiguiente, queda incorporada al texto del dictamen.
A continuación, vamos a proceder a la votación de las disposiciones adicionales, transitorias y finales, según las modificaciones introducidas en el informe de la ponencia por las enmiendas recientemente aprobadas.
¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, solicitamos votar, por un lado, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, octava y novena, las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, séptima y octava y las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; por otro lado, las disposiciones adicionales sexta y séptima, las transitorias quinta y sexta, y la derogatoria.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del texto de las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, octava y novena; las transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, séptima y octava, y de todas las disposiciones finales.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones recientemente citadas.
A continuación, vamos a proceder a la votación del texto de las disposiciones adicionales sexta y séptima, de las transitorias quinta y sexta y de la disposición derogatoria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones mencionadas con anterioridad.
Resto de las disposiciones adicionales, transitorias y finales, según el informe de la ponencia y con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, vamos a proceder a la votación correspondiente a la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hemos concluido el examen y votación correspondiente al dictamen del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que será elevado al Pleno de la Cámara.
Pasamos a continuación a la votación correspondiente al proyecto de ley de disciplina presupuestaria.


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Enmiendas del Grupo Socialista. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada? (Pausa.) Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada?

El señor GIMENO MARIN: Por un lado, la número 5 y, por otro, las enmiendas 3, 4 y 6.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 17; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 3, 4 y 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda 19, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. ¿Grupos que desean solicitar votación separada?

El señor GIMENO MARIN: La 18 por un lado y la 17 por otro. No sé si hay más.


El señor PRESIDENTE: Hay también la 14, 15 y 16.
Votamos la enmienda número 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del Grupo Popular, 14, 15 y 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación sometemos a votación la enmienda verbal formulada por el Grupo Parlamentario Popular, que hace suyas las correcciones gramaticales y semánticas introducidas por parte del letrado de la Comisión que obra, por supuesto, en poder de todas sus señorías.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, quedan incorporadas al texto del dictamen las correcciones gramaticales y semánticas que el letrado sugiere.
Votamos ahora el texto del informe de la ponencia de acuerdo con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe de la ponencia con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.
Votamos el texto de la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Aprobado este dictamen del proyecto de ley de disciplina presupuestaria será elevado al Pleno de la Cámara para su aprobación definitiva.
Pasamos a continuación a las votaciones correspondientes a los proyectos de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas y modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Comenzamos por el primero de ellos, es decir, el proyecto de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas.


El señor HOMS I FERRET: Solicito que el orden fuera el inverso. Es más coherente.


El señor PRESIDENTE: No es un problema de coherencia, es que en el orden del día venía primero uno y luego otro, y ha sido el orden que he seguido. Pero da igual, no discuto.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas correspondientes al proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, comenzando por las enmiendas correspondientes al Grupo Socialista. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada? (Pausa.) Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada? (Pausa.) Votamos dichas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 36, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que es la única que queda viva, a la que ha sido presentada una enmienda transaccional.
Señor Zabalía, ¿acepta usted la transacción?

El señor ZABALIA LEZAMIZ: La acepto.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la transacción a la enmienda número 36.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada? (Pausa.) Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Ha sido formulada una enmienda transaccional a la número 39. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada? (Pausa.) Votamos las enmiendas números 38 y 40.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Señor Aguirre, ¿aceptan ustedes el texto de la enmienda transaccional a la número 39? (Asentimiento.) Por consiguiente sometemos a votación la transacción a la enmienda número 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Texto del informe de la Ponencia con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada de algún artículo del texto? (Pausa.) Por consiguiente, procedemos a la votación del texto del articulado del informe de la ponencia con las modificaciones introducidas, así como a la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos y el texto del proyecto de ley, que será elevado al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
Pasamos a continuación a la votación correspondiente al proyecto de ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas, comenzando por las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué grupos desean solicitar votación separada? (Pausa.) Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Hay una enmienda transaccional a la número 22.


La señora SABANES NADAL: La aceptamos.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con excepción de la 22, que ha sido transaccionada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a continuación a la votación de la transacción a la enmienda número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Señor Homs, ¿mantiene usted viva la enmienda número 54?

El señor HOMS I FERRET: No. Ya he dicho que si se aprobaba la de la Lofca ésta quedaba retirada.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean solicitar votación separada?

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El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas 52 y 53.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 55.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 52 y 53.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Señor Zabalía, si no me equivoco, quedan vivas las enmiendas números 6, 7, 8 y 9.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Efectivamente señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.) Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.) Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Según mis notas, está retirada la número 50 y se han presentado transacciones a las números 46, 47 y 56.
Señor Martínez-Pujalte, ¿aceptan ustedes las transacciones a estas enmiendas? (Asentimiento.) Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.) Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con excepción de las que han sido objeto de transacción. Enmiendas números 44, 45, 48, 49 y 51.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas transaccionales a las números 46, 47 y 56.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Texto del informe de la ponencia, de acuerdo con las modificaciones introducidas por las enmiendas recientemente aprobadas. ¿Grupos que desean solicitar votación separada de algún artículo de este texto? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación del texto del informe de la ponencia, en los términos antes mencionados, así como el texto de la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la exposición de motivos y del informe de la ponencia, con las modificaciones introducidas por las enmiendas recientemente aprobadas, que como texto del dictamen de esta Comisión será elevado al Pleno de la Cámara para su aprobación definitiva.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)

Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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