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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 211, de 07/05/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 211

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA

Sesión núm. 22

celebrada el miércoles, 7 de mayo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. (Número de expediente 121/000014) (Página 5810)

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
(Número de expediente 121/000014) (Página 5810) * * * *

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Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.


--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES PUBLICOS. (Número de expediente 121/000014.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se inicia la sesión.
En primer lugar, procede que la Comisión se pronuncie sobre la ratificación de la ponencia del proyecto de ley orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
¿Alguna intervención en relación a esta ratificación? (Pausa.) Entiendo que por asentimiento queda ratificada.


--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES PUBLICOS.
(Número de expediente 121/000014.)

El señor PRESIDENTE: Como punto segundo del orden del día figura el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica por el que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
La Presidencia entiende que este debate, en atención al número de artículos que integran el proyecto de ley y para agilizar el mismo, debe discurrir con una primera intervención en la que cada uno de los grupos enmendantes mantenga vivas las enmiendas que desee en relación con el texto. A continuación, y terminando un primer turno en el que cada uno de los grupos enmendantes defienda las enmiendas, haremos un breve segundo turno en el que se pueda fijar alguna postura por algún grupo que no haya presentado enmiendas y que desee intervenir y, finalmente, procederemos a la votación de las enmiendas y del dictamen. Dicha votación no tendrá lugar antes de las doce de la mañana y, en el supuesto de que antes hubiese terminado el debate, se suspendería la sesión para que en dicha hora tuviese lugar la votación.
Siguiendo este orden, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster para defender sus enmiendas.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, quisiera una aclaración. ¿Tenemos que hacer en este momento un turno para defender las enmiendas a todos los artículos, o artículo por artículo, empezando por la exposición de motivos?

El señor PRESIDENTE: En la forma en que S. S. desee; en todo caso, realizando una sola intervención para defender todas sus enmiendas.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Correcto.
Para iniciar mi intervención y como marco general, quiero señalar que en Eusko Alkartasuna no éramos partidarios de que la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se regulara por una ley orgánica. En su momento presentamos una enmienda a la totalidad porque entendíamos que no debía regularse la utilización de videocámaras. ¿Por qué? Porque entendíamos que no era necesaria la utilización de videocámaras, salvo en aquellos supuestos en los que se venía utilizando, supuestos en los que había un peligro o un riesgo y, por tanto, había una autorización judicial; y la aplicación extensiva a la instalación de videocámaras fijas entendíamos que no era ni oportuna ni iba a ser eficaz para los objetivos que se señalaron en su momento en la presentación del proyecto de ley por parte del Ministerio del Interior.
En la medida en que no fue así considerado por el Pleno, pasamos al examen y análisis del contenido de la ley. Tal y como habíamos señalado en la defensa de la enmienda a la totalidad, entendíamos que, además de esa cuestión de principios y de oportunidad legislativa, la propia ley en su contenido podía ser susceptible de mejora mediante las enmiendas destinadas a garantizar de manera más detallada algunas cuestiones. Este fue el sentido de la presentación de las enmiendas por parte de Eusko Alkartasuna.
En primer lugar, planteábamos una serie de enmiendas a la exposición de motivos que hacían referencia, no tanto al contenido --que sí lo hacían en las enmiendas 40 y 41--, sino también a esa especie de razonamiento por el cual había que legislar en la medida que ya se estaban utilizando las videocámaras sin legislación ni regulación alguna. Nosotros entendíamos que eso era como empezar la casa por el tejado, ya que lo primero que había que plantear era si realmente era necesaria esa utilización y, una vez superada esa fase de si era o no necesaria esa utilización, proceder a una tramitación legislativa en esta materia.
Respecto a las enmiendas 38, 40 y 41, la primera es una cuestión de principios y oportunidad; las otras dos enmiendas han sido recogidas y transaccionadas a través de otra serie de enmiendas a lo largo del contenido de la propia ley, con lo cual en este momento procedemos a retirarlas.
Quiero señalar de modo global que con las 24 enmiendas que presentó Eusko Alkartasuna, así como con muchas otras que presentaron los restantes grupos, se ha realizado una excelente labor de transacción por parte de todos los grupos parlamentarios, tratando de recoger aquellas cuestiones que preocupaban a todos más o menos por igual, en el sentido de que casi todos los grupos parlamentarios teníamos las mismas preocupaciones, y creo que muchas de las enmiendas presentadas han quedado incluidas en enmiendas transaccionales. Por ello, en mi caso en concreto, se va a producir la retirada de muchas enmiendas.


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A la exposición de motivos retiramos las tres enmiendas presentadas.
Respecto al artículo 1, en la medida en que en esta Comisión se van a producir una serie de transacciones, por cuanto que se pueden añadir cuestiones importantes --el artículo 1 establece cuál era el objetivo de esta ley--, nosotros entendemos (y poníamos una serie de pegas) que la definición de los objetivos es excesivamente amplia. Señalar que el objeto de esta ley puede pretender fines tan generales, sin establecer una pequeña matización, como «erradicar la violencia», entendíamos que no era la mejor expresión. En este sentido, planteábamos una serie de enmiendas. Hemos visto que se admite por parte de los demás grupos que lo que se pretende con esta expresión es «contribuir a», pero en ningún caso por la mera aplicación de esta ley se va a producir ese efecto tan absoluto como se señalaba en el artículo 1 al referirse a la «erradicación de la violencia». Por tanto, procederemos a retirar las enmiendas 18 y 20.
La enmienda 21 al artículo 2, presentada por Eusko Alkartasuna, se refiere a «actividades preparatorias». Nosotros creemos que esta expresión es muy amplia y podía llevar consigo la utilización en muchos casos en actividades que no aparecieran perfectamente definidas.
Entendemos que hay que incluir esta expresión, en la medida en que la ley debe ser lo más concreta posible. Vamos a mantener esta enmienda sin perjuicio de que la interpretación que debería ser utilizada es la de «instalación», pero creemos que si la expresión «actividades preparatorias» hace referencia a instalaciones hubiera podido ponerse ese término y no el de «actividades preparatorias», que es un término tan amplio y tan vago.
Al artículo 3 hemos presentado las enmiendas 23 y 24 que vamos a retirar.
Dichas enmiendas pretendían añadir al texto, además del término «videocámaras», la expresión «así como de otros sistemas de observación auditiva y visual». Creemos que esas definiciones están ya contempladas en el artículo 1.2, en cuanto que se dice exactamente qué se entiende por videocámaras. Por ello entendemos que una referencia a ese artículo pudiera ser suficiente y, por tanto, retiraremos las enmiendas 23 y 24.
Retiramos la enmienda 34 al artículo 4, en la medida en que se ha aceptado una transacción mediante una nueva redacción, no la nuestra, que puede ser comprensible de las motivaciones que nos llevaron a presentar nuestra enmienda. Nosotros hablábamos de establecer claramente cuáles eran las características de la grabación, de señalar al público qué era lo que se iba a grabar y cómo, si era imagen, si era sonido, pero a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley vemos que el objetivo de nuestra enmienda puede quedar subsumido en la enmienda transaccional, por cuanto que se habla de especificaciones técnicas y puede comprender nuestras preocupaciones. Por tanto, nuestra enmienda 34 queda retirada.
Al artículo 4, que se refiere a los criterios de autorización de instalaciones fijas, presentamos la enmienda 25, porque volvíamos a observar con cierta preocupación que se hacía referencia a criterios muy amplios, como la defensa nacional, o expresiones vagas, que no digo que no sean importantes, pero que pueden ser utilizadas para muchas cosas.
Nosotros creemos que hay que hacer una especial mención, por cuanto que esta ley requiere que la utilización de estos términos se haga con los criterios más restrictivos posibles. No tenemos especial inconveniente en retirar esta enmienda, teniendo en cuenta que explicamos aquí su porqué y, sobre todo, porque se puede observar, a lo largo de cómo va a quedar esta ley, que la utilización de esta serie de instrumentos tiene que hacerse con criterios restrictivos y sobre todo para fines muy concretos, y siempre fundamentados, motivados y con informe favorable de la comisión.
En el artículo 5 retiramos la enmienda número 27, porque aparece recogida en una enmienda transaccional. En el texto del proyecto de ley se hablaba de una autoridad a nivel provincial. Nosotros consideramos que no era la mejor expresión hablar de nivel provincial y que había que especificar exactamente quién iba a ser la persona encargada de dar la autorización en un momento de urgencia. Creemos que esta preocupación que nosotros teníamos se ha subsanado con la enmienda transaccional y por ello retiramos nuestra enmienda.
Por otra parte, en el artículo 5 se hablaba de un plazo. Ahora se ha puesto un plazo de 72 horas que consideramos que puede ser razonable. En el proyecto de ley se hablaba de 48 horas; ahora se ha rebajado y en este sentido estamos conformes con la enmienda transaccional a la que se ha llegado.
La enmienda 26 también la vamos a retirar, porque creemos que a lo largo de las enmiendas transaccionales se ha recogido la preocupación que nos hizo plantear esta enmienda.
Al artículo 6 habíamos presentado dos enmiendas, las números 29 y 19, que aunque esta última hacía referencia a otro artículo, también está recogida en éste. Por ello, retiramos dichas enmiendas, ya que lo que nos preocupaba era que se estableciera claramente que estas autorizaciones para grabar imagen y sonido respetaran siempre la dimensión privada de los ciudadanos; es decir, que apareciera claramente, vuelvo a señalarlo otra vez, ese criterio restrictivo y que de alguna manera apareciera en el espíritu de toda la ley que la dimensión privada, la intimidad de las personas fuera siempre respetada. Creemos que con la enmienda transaccional al párrafo 5, en la que se ha recogido no sólo la enmienda de Eusko Alkartasuna, sino múltiples enmiendas de otros grupos parlamentarios, aparece ese criterio restrictivo de señalar siempre un principio que deben tener muy claro aquellos que tengan que utilizar las videocámaras y, por tanto, atenerse a lo que establece esta ley, de respetar, proteger y garantizar al máximo la intimidad de las personas, tanto en lo que se refiere a su dimensión de imagen, como a los sonidos, voces o conversaciones que estén llevando a cabo.
Al artículo 7 no teníamos ninguna enmienda, si no recuerdo mal.


El señor PRESIDENTE: Está la enmienda número 30, que es la 13 de su señoría.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Esta enmienda, que se refería a una cuestión de mejora técnica, la

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retiramos, ya que se van a mantener otras enmiendas, como la 53 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya o la 99 del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros creo que hablábamos del peligro.
Me estoy refiriendo a la enmienda 28.


El señor PRESIDENTE: En su enmienda se propone un plazo máximo de 24 horas. En su justificación decía: «No se requiere 72 horas, hay que acortar el plazo de puesta a disposición judicial.»

La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Esa enmienda la retiramos, porque creo que los plazos ya se han acortado en otras enmiendas.
Al artículo 8 hay dos enmiendas que vamos a mantener, que son las números 31 y 33. La primera hace referencia a la disminución del plazo de un mes.
Nosotros entendíamos que el plazo de 15 días era suficiente y que no hacía falta un mes para proceder a la destrucción de las cintas que no hubieren tenido que ser utilizadas. En este sentido mantendremos la enmienda 31, sobre la reducción del plazo a 15 días.
La enmienda número 33 se refiere a las facultades de la comisión en el supuesto de custodia. Nosotros entendemos que la comisión puede ser la que tenga las facultades y responsabilidad de la custodia de las cintas.
¿Por qué? Porque creemos que, en la misma medida que es la comisión la que autoriza la instalación y por tanto la autorización para proceder a la grabación de determinadas conversaciones e imágenes, creemos que, sabiendo qué es lo que se ha autorizado, puede tener un mejor control para la custodia de aquellas cintas que se hayan utilizado. Es decir, la comisión, el órgano, es el conocedor de lo que se ha autorizado y puede tener un mayor control respecto a las cintas que hayan sido utilizadas y que hayan obtenido grabaciones de imágenes y sonidos. Por tanto, mantenemos la enmienda número 33 respecto a las facultades de la comisión para la custodia de las cintas.
En el artículo 9, la enmienda número 35 volvía a señalar, a nuestro entender, otro «defecto», entre comillas, de la ley, que es la utilización de términos y expresiones amplias, como ocurre en este caso al referirse a la defensa del Estado, término que es muy genérico.
Pensamos que en una ley de esta naturaleza no era lo más adecuado utilizar tantos términos genéricos. En cualquier caso, teniendo en cuenta cómo ha quedado la ley en todo su conjunto, con las restricciones que se han realizado y con los mayores criterios restrictivos y de garantías, etcétera, creemos que podemos retirar esta enmienda número 35.
Si el Presidente no me corrige, creo que hemos retirado todas las enmiendas, salvo las tres que he señalado que son las números 21, 31 y 33.
También quiero señalar que, a la hora de votar, votaremos las transaccionales y las enmiendas de otros grupos parlamentarios que se mantengan vivas y que, a nuestro entender, supongan unos criterios restrictivos que permitan mayores garantías a los ciudadanos, especialmente a aquellos que nada tienen que ver, en muchos casos, con los supuestos problemas que se establecen en la ley, como la violencia; o aquellos ciudadanos que utilizan el espacio público de una manera pacífica. Lo que pretendemos con nuestras enmiendas y con el voto positivo de las demás enmiendas de los grupos parlamentarios es que esta ley sea lo más garantista posible; que establezca la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente el derecho a la intimidad y que, por parte de aquellos que tengan que utilizarla, tengan claro cuál es el espíritu de esta ley, que es la utilización más restrictiva posible para evitar que a los ciudadanos que nada tienen que ver con esta serie de problemas se les perjudique en sus derechos y libertades fundamentales. En este sentido, votaremos algunas enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista que se mantengan vivas.
En último lugar, nosotros también teníamos alguna enmienda destinada a señalar de manera más clara cuáles eran las competencias que determinadas comunidades autónomas tienen en virtud de sus estatutos de autonomía en el mantenimiento del orden público y la protección de los ciudadanos y bienes. En ese sentido, aunque habíamos presentado alguna enmienda, estamos satisfechos en la medida en que otros grupos parlamentarios (como puede ser, si no recuerdo mal, Convergència i Unió) han presentado enmiendas para que, de manera clara, aparezca la configuración de las competencias que las comunidades autónomas tengan en esta materia y que de manera clara puedan establecer, de conformidad con el espíritu de esta ley, sus propias legislaciones, sus propias regulaciones y las propias determinaciones sobre cuáles son las autoridades competentes para una u otra cuestión.
Nada más, señor Presidente. Espero haber sido breve. En cualquier caso --lo diré en la segunda intervención--, respecto al espíritu de esta ley, creemos que no era necesario plantearla; pensamos que no va a ser eficaz, como mantuvimos en el Pleno, pero respecto del contenido creo que hemos sido de utilidad para la mayor garantía de los ciudadanos y en este sentido estimo que se ha logrado un mayor avance en esas garantías para los ciudadanos con la iniciativa de todos los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, solamente mantiene S. S. las enmiendas números 21, 31 y 33; retira incluso la 37. (Asentimiento.) Una advertencia a todos los intervinientes. Por agilizar el debate en la segunda intervención, si tuvieran que hacer un turno en contra respecto a alguna enmienda, si les parece podrían agrupar ya la fijación de posición resultante del debate con esa impugnación, salvo que, naturalmente, en el propio debate y en el contraste entre una y otra enmienda tuvieran que hacer referencia a ellas. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, simplemente a efectos posteriores de poder aclarar votaciones.
La señora Lasagabaster ha hecho referencia a que retira todas sus enmiendas, excepción hecha de la 21, de la 31 y de la 33. No ha hecho referencia a las enmiendas 34 y 36, pero en el proceso de negociación que concluimos ayer manifestó su intención de retirarlas.


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Por otra parte, simplemente quiero advertirle de la necesidad de que mantenga la enmienda 18, a efectos de poder transaccionar la fórmula que también le ofrecí ayer.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Como hemos hecho varios procesos de negociaciones y transacciones, quizá en alguno me he despistado. En cualquier caso, es evidente que las enmiendas 34 y 36 aparecen transaccionadas, porque se recogen en enmiendas transaccionales junto a las de otros grupos.


El señor PRESIDENTE: Creo que así lo ha expresado su señoría.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: En cualquier caso, en cuanto a la número 18, es evidente que he señalado que la mantengo viva en la medida en que se va a acceder a una transacción para delimitar el concepto de los objetivos del artículo 1.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: La primera enmienda que ha presentado a este proyecto de ley Coalición Canaria es la número 3. Antes de empezar con su defensa, en los aspectos que ahora señalaré del texto originariamente presentado, tengo que hacer una declaración de principios por parte de Coalición Canaria, en cuanto a que estamos plenamente identificados con lo que es el objeto y la exposición de motivos de esta ley, referidos a garantizar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia callejera y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.
Hecha esta ratificación de estos principios generales y de ámbito legal en un Estado de Derecho, tengo que decir que nuestras enmiendas han sido formuladas en un marco de inteligencia al respecto, desde la óptica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación a cuál es el tipo de convivencia y de delitos que, en el ámbito de una sociedad eminentemente receptora de turismo, lo plantea cuando puede estar en duda el principio constitucional del derecho a la intimidad de las personas. Estas eran las únicas reservas sobre las cuales se dirige el contenido filosófico de nuestras enmiendas.
Comienzo por la primera, señor Presidente. De los cuatro apartados que tenía la enmienda número 3, vamos a dejar vivo solamente el apartado número 1 y retiramos los apartados números 2, 3 y 4, porque hemos visto que en el trámite de ponencia y en las negociaciones posteriores han sido ya recogidas plenamente y de alguna manera aceptadas o reconducidas a nuevas ubicaciones en el texto del proyecto de ley, como es el tema de los recursos, que aparece en el texto de la ponencia como artículo 11, nuevo, donde se contempla todo el aspecto relacionado con los recursos por vía administrativa, contencioso-administrativa y los contemplados en el artículo 53.2 de la Constitución española.
Por tanto, me voy a centrar únicamente en la enmienda a este artículo 3, de autorización de las instalaciones fijas, en los apartados 1 y 2 del texto del proyecto que viene de la ponencia, y al cual se dirige el apartado número 1 de nuestra enmienda número 3. ¿Dónde están las diferencias fundamentales? Pues bien, señor Presidente, el texto del proyecto mantiene un confusionismo entre lo que se entiende por instalaciones de videocámaras, en el punto 1, y la terminología de instalaciones fijas de videocámaras, en el punto 2. Convendría saber de qué estamos hablando, si de videocámaras móviles o que van dentro de un coche camuflado de la policía, o si estamos hablando de otras instalaciones de videocámaras en otros soportes físicos, fijos o móviles.
Parece que está claro que las instalaciones fijas de videocámaras se contemplan en el punto número 2, donde se dice que tiene que haber una comisión que dé un informe favorable. Pero el epígrafe del artículo 3 habla de autorización de instalaciones fijas. Podría pensarse que esa instalación de videocámaras de la que habla el apartado número 1 se está refiriendo a instalaciones fijas. Por tanto, aquí está el primer factor que motiva nuestra enmienda: la confusión. De la confusión textual se deriva una inseguridad jurídica.
Segundo punto de nuestra enmienda. El proyecto del Gobierno resulta que genera un órgano colegiado, extrañísimo, presidido por un magistrado y dice: «en cuya composición no serán mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante». Nosotros proponemos quitar la figura del magistrado en activo y sustituirla por el Ministerio Fiscal. No nos parece oportuno que un magistrado tenga que tomar una responsabilidad cuando su decisión o su informe, favorable o desfavorable, puede ser objeto de un recurso en vía contencioso-administrativa, porque ya veremos lo que pasa con la comisión que aparece en el punto número 2.
Después, nosotros introducimos la presencia en esa comisión o en ese órgano colegiado, como se le quiera llamar --el proyecto le llama órgano colegiado, cosa extraña--, de otra figura, porque nosotros queremos que esté el alcalde presidente de la corporación municipal afectada. Señor Presidente, no creo que haya alcalde en España que, cuando se trate de aplicar esta ley y de la instalación en el espacio público en la calle de una cámara o de cualquier artilugio para fijar esta cámara como instalación fija, no reclame el uso de la ordenanza municipal. El ayuntamiento está perfectamente legitimado para, de acuerdo con la legislación de bases de régimen local, utilizarlo. Al menos, se debe exigir el cumplimiento, o que se exonere en la ley a la Administración del cumplimiento de la licencia municipal de obras e instalaciones y de la tasa municipal correspondiente. Porque como esta ley se apruebe así, va a haber conflicto con el alcalde que quiera plantarse en exigir el cumplimiento de la normativa municipal. Y quiero recordar aquí que el alcalde tiene instrumentos de orden público suficientes para hacer ejecutar su decisión; es decir, tiene una policía municipal a sus órdenes o tiene unos

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alguaciles con los que puede exigir a la administración que sea que cumpla la ordenanza municipal cuanto esté regulado para licencias de obras e instalaciones en el espacio público de cualquier artilugio de este tipo.
En el punto número 2 del proyecto del Gobierno se dice que serán autorizadas por el delegado del Gobierno previo informe favorable de una comisión cuya presidencia corresponde al presidente del Tribunal superior de justicia de una comunidad. Nosotros proponemos dejar tranquila a la Administración de justicia de la comunidad y no meter a su máximo órgano representativo personal, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Si el informe favorable sobre el cual el delegado del Gobierno va a tomar la decisión correspondiente --o caso de aplicarse la disposición adicional segunda, la que reconoce el campo competencial de las comunidades autónomas para regular esta materia en aquellas comunidades autónomas que tengan esta transferencia y que la vienen ejercitando con fuerzas propias de orden público y de seguridad-- pues resultará que si hay recurso contencioso-administrativo éste irá a la justicia de la comunidad autónoma, y ahí nos vamos a encontrar con que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma se va a ver involucrado, innecesaria e impertinentemente, en una decisión administrativa que no creemos que sea de recibo en este caso. No sé por qué no se utiliza al Ministerio Fiscal para estos menesteres, para liberar y no hacer cómplice de una supuesta decisión, que puede ser recurrida y ganada, al propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Este es, señor Presidente, el motivo de nuestra enmienda, que vamos a mantener y a defender. En su momento pediremos la segregación en la votación de este artículo, de sus apartados 1 y 2, a los cuales va dirigido el apartado 1 de nuestra enmienda número 3.
Paso, señor Presidente, a la enmienda número 4, dirigida al apartado 2 del artículo 5. Cuando habla de la utilización de videocámaras móviles, y que la autorización de dicho uso corresponderá al máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien atenderá la naturaleza de los eventuales... etcétera, nosotros proponemos añadir: «o a su homólogo en las comunidades autónomas competentes de acuerdo con la disposición adicional segunda», que ahora podría ser la primera, dado que la ponencia, atendiendo nuestra enmienda número 10, ha suprimido la disposición adicional primera, pero nuestra enmienda está dirigida al texto original, que era la segunda. ¿Por qué? Porque aunque la disposición adicional segunda del texto del proyecto abre el reconocimiento de las comunidades autónomas competentes en esta materia, entendemos que sin perjuicio de que se siga diciendo en la disposición adicional segunda, debe recogerse en el artículo 5, apartado 2, para evitar confusionismos, señor Presidente. Nosotros estamos defendiendo aquí un principio de equivalencia y de igualdad entre las competencias del responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sean pertinentes en aquellas comunidades autónomas que no tienen estas competencias, con las que sí las tienen, para que ese principio de igualdad y de equivalencia esté contemplado también en el texto del proyecto de ley. No tendría mayor trascendencia esta enmienda que la de simple reconocimiento, del que nosotros no hacemos más causa, porque en cualquier caso estaría funcionando, en caso de duda, la disposición adicional segunda.
La enmienda número 5, que será objeto de una transaccional, la damos ya por retirada y la sometemos al trámite que permita la transaccional. Lo mismo digo de la enmienda número 6 al artículo 5, apartado 2, párrafo 3.º, sobre los plazos y las destrucciones inmediatas, dado que nuestras enmiendas han insistido muy machaconamente en el tema de la custodia de las grabaciones efectuadas con las videocámaras y la destrucción. Este es uno de los puntos donde la ley tiene que demostrar, cuando se aplique, que es buena y no genera efectos perversos a los que a veces nos tienen acostumbrados en los últimos años determinadas informaciones donde los secretos sumariales y los secretos de cualquier pieza de este tipo están en almoneda pública a las pocas fechas. Por tanto, el órgano responsable de la grabación debe ser también responsable de su custodia y responsable jurídico, con la más fuerte penalización, de su destrucción inmediata.
Este es un tema que debe prevalecer siempre, señor Presidente, en comunidades autónomas que reciben lo que reciben en turismo, como es la de Canarias o como puede ser la balear, para preservar el derecho de la intimidad, y debe prevalecer siempre, haya violencia callejera o no haya violencia callejera, porque nosotros lo que tenemos en Canarias son turistas callejeros.
La enmienda número 8, señor Presidente, sigue también el mismo camino de ser retirada por las enmiendas transaccionales, y está recogida ya prácticamente en el informe de la ponencia, en el artículo 6, en su apartado 5. Lo mismo ocurre con la enmienda número 9 que, por tratar de los recursos, está ya recogida en el nuevo artículo 11 del texto de la ponencia y que, por tanto, retiraríamos. Y finalmente, por lo que se refiere a nuestra enmienda número 10, en la que solicitábamos la supresión de la disposición adicional primera, la ponencia ha acordado aceptarla; se ha suprimido la disposición adicional primera y, por tanto, esta enmienda número 10 quedaría retirada en este trámite de Comisión.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, en resumen, quedan retiradas las enmiendas 7, 8, 9 y 10.


El señor MARDONES SEVILLA: Prácticamente todas, señor Presidente, excepto la 3 en su párrafo primero y la 4.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Yo también querría empezar, sin perjuicio de que en su momento, en el Pleno quizá, pueda hacer una valoración más política, de más fondo, haciendo una primera valoración global de este

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texto, del que, en su conjunto, nos sentimos satisfechos, tal como ha salido de la ponencia, dejando claro que, efectivamente, tal como en su momento anunciamos, es un texto que tiene poco que ver con el que originariamente presentó el Gobierno, lo que no es en demérito --y por eso lo digo-- del texto originario. El hecho de que se presentaran más de cien enmiendas, que no es poco, a un texto tan breve como éste, es muy novedoso en términos de derecho comparado, y eso me parece muy importante destacarlo. No estamos aquí haciendo algo similar a otros textos que existen en nuestro entorno jurídico, sino que estamos innovando, y aunque es cierto que los experimentos, como decía Eugenio d'Ors, mejor hacerlos con agua que no con cosas importantes, como el cava --el champán, decía en su momento--, hacer experimentos con la intimidad de las personas tampoco es que sea un deporte especialmente recomendable; sí que es cierto que más vale tener una ley que tiene multitud de incógnitas acerca de su eficacia y de su contenido y los tendrá hasta que sea puesta en práctica, que no tener nada. Y dado que de hecho la policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden contar con vídeos y queda siempre la duda de cuáles son las garantías que estos sistemas de videovigilancia pueden tener, cuál es la eficacia probatoria, cuál es la responsabilidad en caso de mal uso de esas cintas, etcétera, nuestro grupo desde el principio no tuvo ningún inconveniente en dar un pleno apoyo político a esta ley, buscando, eso sí, primero, una aclaración de conceptos jurídicos (algunos no estaban suficientemente claros, a nuestro juicio, y por ahí fueron algunas de nuestras enmiendas); en segundo lugar, asegurando las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos y también las formas de recursos contra las decisiones que pudieran ser poco correctas en este contexto; y en tercer lugar, una mejor y más nítida delimitación de las competencias, puesto que la Generalitat de Catalunya tiene competencias en materia de orden público y, por tanto, podrá precisar por vía reglamentaria cuáles son algunos de los aspectos que han quedado abiertos en esta ley. Por ahí fueron, por tanto, la mayoría de nuestras enmiendas. Nos felicitamos del ánimo abierto que hemos encontrado por parte de los redactores de la ley, que en este caso no hay que olvidar que fue no sólo el Ministerio de Interior, sino también el Gobierno vasco, así como el grupo mayoritario de la Cámara, en el que hemos encontrado un ánimo muy abierto para la aceptación de nuestras enmiendas, no por un tema --y lo digo con toda franqueza-- de fuerza política o de toma y daca, sino sencillamente en un ánimo de diálogo claramente constructivo. Así lo hemos percibido y así quiero dejar constancia, y de ahí que del conjunto de la ley, tal cual parece que va a salir de esta Cámara, nos sentimos parcialmente corresponsables y globalmente satisfechos.
Dicho eso, nos queda una enmienda que hemos querido mantener viva, puesto que no ha sido aceptada en la ponencia. Del resto de nuestras enmiendas algunas han sido incorporadas en su literalidad al texto de la ponencia, otras han sido transaccionadas y, por tanto, en la medida en que han sido transaccionadas, tal como quedan reflejadas en el texto de la ponencia, en esa medida quedan retiradas. No sé si es necesario que especifique el detalle porque creo que ya está en el propio informe de la ponencia.
Permanece viva una enmienda concreta, nuestra enmienda 81, a la que le damos una importancia clara, cuando menos en términos de interpretación técnico-jurídica, cuestión nada desdeñable en esta ley. Nuestra enmienda pretende que quede claro, que quede constancia en esta ley orgánica, que en su momento se aprobará en el Pleno, de que los documentos, es decir, las cintas de vídeo, los soportes magnéticos --para entendernos en una terminología un poco más seria-- en los que queden recogidas las grabaciones, fruto de lo que aquí se autoriza, tengan la consideración de documentos a los efectos de la aplicación de la legislación penal.
Nuestra enmienda dice literalmente: «Las cintas y soportes fijos originales que contengan imágenes y sonidos obtenidos de acuerdo con lo previsto en esta ley tendrán, a los efectos de la aplicación de las normas penales, la consideración de documentos.» ¿Por qué esta enmienda? Esta enmienda tiene un doble sentido y no tenemos del todo claro que ninguno de los dos sentidos quede cubierto por la ley en su texto actual.
Por un lado, la enmienda pretende reforzar el alcance probatorio de estos documentos, de estas cintas de vídeo. Es cierto que toda la ley tiene como música de fondo que, efectivamente, cuando una cinta, cuando una imagen, juntamente con el sonido, haya sido grabada legítimamente, lícitamente, con la autorización correspondiente de la comisión que la ley prevé, a partir de ese momento eso quede sacralizado jurídicamente y, por tanto, tenga una eficacia probatoria. Eso es cierto, pero no se dice expresamente en ningún sitio de la ley y, por tanto, nos parecía importante, y no una simple redundancia, dejar constancia de que ello es así, aunque admitimos que es un debate más jurídico que político; es decir, que podríamos entender que la ley, aunque no lo diga explícitamente, presume que estas cintas de vídeo, correcta y lícitamente grabadas, son documentos a los efectos procesales.
Por otro lado --y tiene más transcendencia este segundo elemento de la enmienda--, el hecho de dejar claro que estamos ante documentos en el sentido jurídico-técnico de la expresión nos remite directamente al Código Penal y muy específicamente a los artículos 413 y siguientes, que hablan de la infidelidad en la custodia de documentos. La intención de nuestra enmienda es dejar claro que el funcionario que manipula una cinta de vídeo, que el funcionario o el civil que alteran, que no custodian debidamente una cinta de vídeo de las que hayan sido obtenidas lícitamente --la ilícita todavía está más claro--, no sólo está cometiendo una infracción administrativa, sino que está netamente incumpliendo, violando una norma penal. Por ejemplo, el artículo 413 del Código Penal habla de la autoridad o funcionario público que a sabiendas sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, etcétera. Pues bien, nuestra intención es dejar claro que, a partir del momento de la aprobación de esta ley, entre estos documentos de que habla el Código Penal también estarán incluidas estas cintas de vídeo correctamente grabadas. Creemos que de esta forma reforzamos la dimensión sancionadora

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de las violaciones de esta ley, asunto que nos parece tremendamente importante puesto que los abusos a los que se podría llegar son enormes.
Podemos poner un ejemplo que me parece muy gráfico. A lo mejor, una revista del corazón, una revista de la llamada prensa amarilla, podría llegar a pagar millones y, por tanto, en hipótesis, llegar a corromper al funcionario más honesto sólo para poder obtener, y en su caso publicar --e igualmente lo podría hacer una televisión--, una cinta de vídeo en la que aparezca reflejada la imagen de una persona famosa en una situación que le pueda resultar perjudicial. En esos supuestos, en los que es imaginable y no es inverosímil pensar en la corrupción de funcionarios, querríamos que quede claro que no estaremos sólo ante una infracción administrativa, ni muchísimo menos, sino que estaremos ante toda la eficacia represora penal que está prevista en el Código Penal para aquel funcionario que no custodie debidamente los documentos que tiene encomendados.
Pero aquí debemos entender también --y la admitimos-- la discusión jurídica que afirma --y así se nos dijo en la ponencia, lo que pasa es que no estamos plenamente convencidos y por eso mantenemos la enmienda-- que no hay discrepancia de fondo con este planteamiento nuestro de que estamos ante documentos, sino que, sencillamente, es que esto ya está recogido en el Código Penal, concretamente en su artículo 26. Es cierto que el nuevo artículo 26 del Código Penal dice que a los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Por tanto, aquí también cabría interpretar que el artículo 26 del Código Penal, en su redacción nueva, ya incluye como documentos las cintas de vídeo grabadas a partir de esta ley. Si esto fuera así, si ésta fuera la interpretación unánime, puede ocurrir que nuestra enmienda sea innecesaria, pero mientras no nos convenzamos de que esto es así, creemos que lo que abunda no daña y, por tanto, en principio, mantenemos nuestra enmienda para dejar clara constancia de que, efectivamente, las cintas de vídeo son documentos a los efectos penales. Esta es, señor Presidente, la única enmienda que nosotros dejamos viva.
Termino felicitándome por el conjunto del texto tal cual ha sido consensuado por la mayoría de los grupos de esta Cámara, no en todos sus extremos --hay enmiendas que no han sido aceptadas--, pero sí globalmente, y por entender que estamos ante un texto mucho más garantista, mucho más sólido jurídicamente pero, sobre todo, con muchas más garantías para los ciudadanos que el texto que fue presentado en su momento.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Nuestro grupo, cuando se ha planteado la presentación de enmiendas a esta ley, ha partido del mismo criterio que justificó nuestra enmienda a la totalidad y, lógicamente, eso matiza el discurso a la hora de afrontar parcialmente el contenido de la ley.
Nuestro cuestionamiento general sobre este proyecto se basaba fundamentalmente en la eficacia del contenido de la ley en cuanto al uso de videocámaras para el objeto que se pretendía, objeto que además era excesivamente genérico y que entendíamos que se había propuesto de esa forma para permitir o hacer ver, tanto al resto de los grupos como al conjunto de la sociedad, que el objetivo, al ser tan amplio, tan genérico y, digamos, difícilmente rechazable por ningún ciudadano demócrata, lógicamente suponía que había que restar algún principio fundamental, algún derecho, alguna libertad, para conseguir ese fin que, como digo, es realmente amplio, genérico. Entendíamos que de nuevo prevalecía el derecho a la seguridad ciudadana respecto a otros derechos fundamentales y que no había lugar a esa pérdida de derechos y libertades en base a un objetivo de difícil consecución, de una eficacia, como digo, cuestionada.
También había elementos que nos hacían posicionarnos en contra, como la presentación de un proyecto de ley realmente deficiente en cuanto a su redacción jurídico-técnica y, sobre todo, había elementos en su articulado que nos hacían rechazarlo claramente, como eran los criterios que analizaban la posible instalación de videocámaras, introduciendo un elemento que para nosotros es ajeno a los objetivos que marca el propio borrador de ley, como es el hecho de incluir como criterio de instalación las infracciones administrativas. Otro principio de utilización de las videocámaras que nos parecía fundamental que se hubiese aclarado --en el proyecto de ley no está recogido así-- era que había que identificar, aclarar que la utilización debía ser en situaciones de un peligro claro, actual, inminente, criterio respaldado por el propio Consejo General del Poder Judicial. (El señor Vicepresidente, Cárceles Nieto, ocupa la Presidencia.) De alguna forma, uno de los principios que se argumentaban para hacer valer esta ley era la proporcionalidad que iba a existir en la minoración de derechos y libertades para el fin que se iba a alcanzar.
Nosotros entendemos que, debido a la forma en la que vemos la eficacia de esta ley, esta proporcionalidad difícilmente se va a producir y que en el desarrollo de la aplicación de esta ley nos veremos sorprendidos --es nuestro parecer-- por el grado de ineficacia que puede llegar a alcanzar, introduciendo también una cuestión que para nosotros es criticable, y es un conjunto de disposiciones adicionales en las cuales se incorporan elementos difícilmente encuadrables dentro del articulado de la ley, como son disposiciones adicionales relacionadas con el derecho a la manifestación, introduciendo responsabilidades subsidiarias de tipo objetivo para los convocantes de una manifestación si se causasen daños, elementos que de alguna forma también hacen retrotraer uno de los derechos fundamentales, como es el derecho de reunión y manifestación.
Por detallar las enmiendas que nuestro grupo ha presentado, empezaré por las que se han retirado en base a la aceptación literal de ellas o a la oferta del consenso que se ha realizado en la ponencia y que nuestro grupo ha aceptado. La número 47 es una aclaración de cuándo se puede autorizar la instalación de videocámaras. La 48 pretende incorporar un tiempo en el que sea vigente la autorización,

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pues no había en el proyecto ninguna apreciación en ese aspecto y nosotros consideramos que no son sine die las autorizaciones con unas causas concretas, sino que habrá que analizar periódicamente si esas causas se siguen manteniendo, y se ha incorporado una limitación de seis meses en la autorización. En ese mismo artículo se ha introducido otro elemento que consideramos importante para dar garantías a la ley, y es la autorización con carácter revocable. Evidentemente no son decisiones que no puedan tener en su momento un posible recurso o una posible eliminación de la autorización.
La enmienda número 54, al artículo 6, es sobre la no captación de imágenes y sonidos en las viviendas, en lugares privados. En la enmienda número 59 a la disposición adicional primera, junto con las de otros grupos, nosotros consideramos que la ley debía ser orgánica, cuestión esta que se ha recogido en su literalidad; y la enmienda número 67 a la disposición adicional octava se incorpora también con la literalidad del texto que Izquierda Unida había propuesto. En este momento hago mención de la retirada de la enmienda número 66, porque en el repaso que hemos dado al conjunto de nuestras enmiendas hemos encontrado una reiteración con alguna de las ya mantenidas.
Sobre las enmiendas que nuestro grupo mantiene vivas expresaré lo siguiente. La enmienda número 42, al artículo 1, apartado 1, sobre el objeto de la ley, propone que se incorpore la constatación y la prevención de la comisión de delitos y faltas. De esta manera pretendemos ajustar el objeto de la ley a una finalidad suficientemente rigurosa y relevante para que puedan verse afectados derechos como los que los medios técnicos previstos en el proyecto pueden menoscabar.
La enmienda número 43, al artículo 2, apartado 1, sobre el ámbito de aplicación, propone suprimir el inciso «... así como las actividades preparatorias,...», entendiendo que no hay por qué eliminar de la protección de ley orgánica este apartado. Hacemos mención también a que queda con una definición importante el elemento de actividades preparatorias, a qué se refiere, qué es una actividad preparatoria, cuál no, etcétera.
La enmienda número 44, a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, sobre la autorización de las instalaciones fijas, propone sustituir los apartados, que por su extensión no voy a mencionar, que hacen referencia genéricamente a la colocación del aparato físico de la videocámara, que proponemos que sea autorizada por el delegado del Gobierno de la comunidad autónoma de que se trate. Quiero hacer aquí un paréntesis: en todas las enmiendas que hacen referencia a las autoridades que deben permitir las distintas autorizaciones siempre aludimos a que en la disposición adicional segunda ya se incorporan los derechos de aquellas comunidades que tienen transferidas las competencias sobre seguridad ciudadana, con lo cual la reiteración en los distintos artículos --así como hay algún grupo que sí ha incorporado también esa referencia en todos ellos-- nosotros la hemos circunscrito a que en esa disposición adicional ya se incorpora. No es nuestro deseo minorar en este tipo de enmiendas parciales a los artículos los derechos de esas comunidades autónomas.
Estaba hablando de la colocación física de la cámara. En segundo lugar, la utilización, un elemento que la ley no clarifica sobre el término de las dos operaciones que consisten en instalar una cámara y ponerla en marcha. Consideramos que, conforme a los criterios que vienen recogidos en la ley, instalar la cámara debe ser autorizado por el delegado del Gobierno, y la puesta en marcha, en la que ya se incorporan los principios de utilización, debe ser otorgada por un juez. En aras de la máxima protección de los derechos que puedan verse afectados por la utilización de los medios técnicos regulada en esta ley y de la propia eficacia probatoria de las imágenes y sonidos obtenidos, esta enmienda atribuye la autorización del uso de las instalaciones de videocámaras a la autoridad judicial, dejando a la autoridad gubernativa la autorización para su colocación.
Las enmiendas números 45 y 46 tienen como finalidad minorar la falta de garantías del texto propuesto por el Gobierno. La 45, al apartado 1 del artículo 3, propone suprimir: «..., que se otorgará, en su caso, previo informe de un órgano colegiado presidido por un magistrado y en cuya composición no serán mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante.» De este modo, en el caso de que no se opte por el sistema de autorización judicial del uso de videocámaras, como habíamos expuesto en la enmienda anterior, al menos se elimina la incorporación de jueces y magistrados en órganos administrativos, ya que no debe perjudicarse la independencia judicial con este tipo de interferencias. Así lo ha manifestado el Consejo General del Poder Judicial en su informe.
Con el mismo fundamento se ha presentado la enmienda número 46 al artículo 3, apartado 2, que propone sustituir desde «... previo informe...» hasta el final por el siguiente texto: «... previo informe de una comisión, cuya composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.» La enmienda número 50 propone sustituir el artículo 4, sobre criterios de autorización, por el siguiente texto, del que nosotros extraemos, como he dicho antes, las infracciones administrativas, pues consideramos que esta ley no se debe aplicar para cuestiones de ese tipo, e introducimos un factor sobre los lugares en los que se pueden instalar que yo creo que es importante, porque la ley habla de salvaguardar las instalaciones, y nosotros incorporamos el elemento «... afectas a la defensa nacional...», porque, según el término que viene reflejado en la ley, cualquier instalación o cualquier lugar puede ser declarado de interés para la defensa. El interés es un elemento tan genérico que no limita en ningún momento la posibilidad de que con ese apartado del artículo sea de interés para la defensa desde cualquier plaza o cualquier camino o lugar de nuestros municipios. Por eso el elemento «afectas a la defensa nacional» ya requiere, como dice el término, una declaración previa de cuáles son los lugares claves para la defensa nacional.
La enmienda número 51, al artículo 5, sobre videocámaras móviles, propone sustituirlo incorporando un nuevo punto: «La utilización de videocámaras móviles en vías o lugares públicos estará sometida a los mismos requisitos y

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régimen de autorización previstos para la utilización de instalaciones fijas de videocámaras». Con esto queremos evitar de alguna forma el uso indiscriminado que, según el artículo, se prevé que ocurrirá con este tipo de instalaciones, a la vez que, como somos conscientes de que en algunos momentos, debido a la urgencia máxima, existe la imposibilidad de obtener a tiempo la autorización indicada para poder filmar algún delito concreto, proponemos que se dé cuenta inmediatamente y mediante informe motivado al juez competente. Su fundamentación, en coherencia con la enmienda 44 presentada a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, consiste en obtener la máxima protección de los derechos que pueden verse afectados por la utilización de los medios técnicos regulados en esta ley y asegurar la propia eficacia probatoria de las imágenes y sonidos obtenidos. Para ello esta enmienda atribuye la autorización del uso de las videocámaras móviles a la autoridad judicial, salvo en los lugares públicos donde se haya autorizado la utilización de videocámaras fijas.
La enmienda número 52 al apartado 2 del artículo 5 propone sustituir en el primer párrafo «... al máximo responsable a nivel provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado...», por el siguiente texto: «... al delegado del Gobierno en la comunidad autónoma...». En el tercer párrafo igualmente se pretende sustituir al jefe policial por el delegado del Gobierno. ¿Por qué? Volvemos a hacer hincapié en que teniendo en cuenta la posibilidad de la utilización de las videocámaras móviles en supuestos de excepcionalidad, sin necesidad de autorización --previsto en el párrafo tercero de este apartado--, esta enmienda pretende que al menos cuando sea posible esta autorización debe otorgarla la máxima autoridad policial de la comunidad autónoma.
La enmienda 53 al apartado 4 del artículo 6, sobre principios de utilización de las videocámaras, propone que el apartado 4 quede redactado de la siguiente manera: «4. La utilización de videocámaras exigirá, en todo caso, la existencia de un peligro claro, inminente y grave para la seguridad ciudadana.» Con ello se pretende fijar principios de utilización estrictos y lo suficientemente relevantes que justifiquen, en virtud del principio de proporcionalidad, la utilización de estos medios técnicos.
Al artículo 7, sobre aspectos procedimentales, se ha presentado la enmienda 55. Con ella se pretende, en primer lugar, excluir del ámbito de utilización de las grabaciones los hechos constitutivos de meras infracciones administrativas. En segundo lugar, disponer la entrega inmediata al juez de los soportes de la grabación y, en tercer lugar, evitar demoras en la entrega, dada la previsible importancia de los intereses en conflicto. Para ello se suprime el apartado 2 de dicho artículo, que posibilita la utilización de grabaciones para sancionar infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana --recuérdese que son constitutivas de esta clase de infracciones, por ejemplo, la admisión en locales de espectadores en mayor número del permitido, la reincidencia del exceso en los horarios establecidos en la apertura de establecimientos, etcétera--. Se sustituye la frase «... con la mayor inmediatez posible...», por «... inmediatamente...», en relación con la entrega de las grabaciones a la autoridad judicial cuando se capte la comisión de delitos. Por último, se suprime la posibilidad de demoras justificadas en el plazo de 72 horas para esa misma entrega a la autoridad judicial. Con todo ello el artículo 7 quedaría remozado con esas características que he enumerado.
La enmienda 57 al apartado 4 del artículo 8 propone el texto siguiente: «4. El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma tendrá a su cargo la custodia de las imágenes y sonidos obtenidos y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción.» Esta enmienda se sitúa en la lógica del Gobierno de proponer un órgano administrativo para autorizar la captación de imágenes. En este supuesto el competente para autorizar debe coherentemente custodiar las imágenes obtenidas. Así también se evita la indefinición del órgano competente que figura en la ley, que lo deja a un posterior desarrollo reglamentario, con los problemas que ello puede acarrear en cuanto al régimen de recursos contra sus resoluciones. La resolución de peticiones se excluye de este artículo en coherencia con la siguiente enmienda, la 58 a los apartados 2 y 3 del artículo 9 sobre derechos de los interesados. El texto que proponemos es el siguiente: «2. Toda persona podrá ejercer los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que figure. El ejercicio de este derecho sólo podrá ser denegado en función de lo previsto en el artículo anterior. La competencia para resolver las peticiones de acceso y cancelación corresponderá al Ministro de Interior.» «3. Contra la resolución denegatoria, que agotará la vía administrativa, cabrá la interposición del recurso previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, así como, cuando proceda, de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de la posibilidad del interesado de recabar la tutela judicial por las vías procesales ordinarias.» La motivación de esta enmienda se fundamenta, en primer lugar, en un elemental principio de seguridad jurídica; se pretende limitar a los supuestos que aparecen como finalidad de la propia ley la posibilidad de negar el acceso y cancelación de las grabaciones. En otro caso la propia ley estaría previendo el supuesto de que quien custodie las imágenes y sonidos pueda alegar un concepto tan amplio como las necesidades de la investigación que se esté realizando para denegar una solicitud de cancelación, obligando al solicitante a iniciar una serie de recursos administrativos y judiciales para lograr su objetivo. En segundo lugar, se atribuye la competencia para resolver al ministro y se abre la vía de un recurso de protección de derechos fundamentales, todo ello para intentar fijar un procedimiento administrativo y judicial rápido y eficaz, eliminando recursos administrativos previos.
La enmienda 60 a la disposición adicional segunda propone su modificación sustituyendo su contenido por un texto que es más aclaratorio, aunque va en la misma línea del proyecto que estamos debatiendo. El texto que proponemos es el siguiente: «Segunda. Las comunidades autónomas con competencia para la protección de las personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público, asumirán, con arreglo a lo dispuesto en sus correspondientes

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estatutos de autonomía las competencias y funciones que esta ley atribuye al Gobierno y otros órganos de la Administración general del Estado.» De esta manera nosotros pensamos que se salvan las diferentes competencias derivadas del orden constitucional en la organización territorial.
La enmienda 61 propone la supresión de la disposición adicional tercera ya que no se justifica en el proyecto la existencia y condiciones de utilización del registro que esta disposición propone crear, un registro de instalaciones fijas de videocámaras.
La enmienda 62 propone la supresión de la disposición adicional cuarta.
La modificación que se propone rompe de forma injustificada con el principio de responsabilidad por hechos propios, cuando la redacción actual de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, ya recoge la culpa in vigilando de forma razonable.
A la disposición adicional quinta se han presentado dos enmiendas de supresión. La primera es la 63, que propone la eliminación del apartado 1, en el que se dispone la modificación de un artículo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el siguiente sentido: añade a la lista de infracciones graves a la seguridad ciudadana la celebración de reuniones o manifestaciones incumpliendo lo preceptuado en el artículo 4.2 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, pero sin adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas. En este sentido, considera organizadores de dichas manifestaciones a las personas físicas o jurídicas que suscriban la comunicación legalmente establecida para su celebración. En todo caso, también considera organizadores o promotores a quienes razonablemente puedan determinarse como inspiradores por las publicaciones o declaraciones de la convocatoria, los discursos que se pronuncien, los impresos que se repartan, los lemas, las banderas o cualesquiera otros hechos. A nuestro criterio, la modificación que se propone en el primer párrafo es injustificable; el segundo párrafo es innecesario y el tercero y último, además de provocar inseguridad jurídica, es una inaceptable confesión de incapacidad sobre la identificación de los presuntos culpables que alteren el orden público.
Asimismo, con nuestra enmienda 64 pretendemos la supresión de los apartados 2 y 3 de la disposición adicional quinta. En el apartado 2 se propone la calificación de infracción grave a la seguridad ciudadana la negativa a disolver una manifestación. Con las disposiciones adicionales cuarta y la quinta el proyecto puede perjudicar injustamente el ejercicio del derecho de manifestación. En todo caso, también se presenta la enmienda número 65 al apartado 2 de la disposición adicional quinta, para atenuar la aplicación de esta infracción mediante la exigencia de que la orden de disolución sea comunicada en la forma legalmente prevista, artículo 5, in fine, de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión.
Se han presentado dos enmiendas a las disposiciones adicionales: la número 69, por la que proponemos que el Gobierno remita a las Cortes Generales semestralmente un informe sobre la aplicación de la presente ley, que contendrá, entre otros, los siguientes extremos: número de instalaciones fijas de videocámaras y su situación; número de autorizaciones de uso de videocámaras móviles y lugar de utilización y resultados obtenidos de la autorización de los medios técnicos previstos en esta ley, con explicación del tipo de procedimientos abiertos y desenlace de los mismos. Con ello lo que pretendemos es hacer posible una evaluación por las Cortes Generales del sistema de videovigilancia que se trata de implantar.
La enmienda 70 propone que el Gobierno remita a las Cortes Generales en el plazo de tres meses un proyecto de ley que regule la utilización de medios técnicos para la obtención de imágenes y sonidos en el ámbito de la seguridad privada, en orden a cubrir la laguna legislativa que existe en este sector.
La última enmienda presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este proyecto de ley, la 71, propone la adición de una nueva disposición transitoria para que mientras no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución, sobre establecimiento de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la tutela judicial prevista en el artículo 9 de la ley se pueda recabar por el procedimiento establecido en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, en coherencia con la enmienda al artículo 9 que recoge la posibilidad de impugnar por esta vía.
Creemos que el trabajo que ha presentado nuestro grupo supone nuestro compromiso con el trabajo de la ponencia sobre la intención de mejorar este proyecto de ley, a pesar de mantener nuestros principios críticos y escépticos sobre la utilidad y la eficacia que puede llegar a alcanzar, y creemos que en la medida de nuestras posibilidades, con el esfuerzo y trabajo que han hecho algunas fuerzas políticas para lograr el consenso con el fin de aceptar algunas de nuestras enmiendas, hemos ofrecido la suficiente flexibilidad para poder alcanzar dichos acuerdos.
Sobre el resto de las enmiendas, anuncio que nuestro grupo las mantendrá vivas hasta el Pleno.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Navas, ¿podría indicar a la Presidencia si las enmiendas retiradas son la 44 y la 66?

El señor NAVAS AMORES: Las enmiendas retiradas son muchas. Unas ya estaban retiradas, solamente queda la 66. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Gracias, señor Navas.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: De la intervención del señor Navas he entendido que procedía también a retirar la enmienda número 47.


El señor NAVAS AMORES: Estaba ya transaccionada e incorporada, aparte de las que he anunciado en el turno que también están incorporadas.


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El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Gracias, señor Navas.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: En el conflicto permanente entre seguridad y libertad, esta ley supone el reforzamiento de la seguridad, sin perjuicio sobre la libertad. Se puede entender una limitación de la libertad, siempre que no se vea perjudicada la libertad, si existe una mejora sustancial de dicha seguridad. Los socialistas hemos tenido desde el principio algunas dudas sobre la posible eficacia de la videovigilancia en la lucha contra el delito en general y contra el terrorismo en particular; sin embargo, esas dudas no nos van a llevar a votar en contra del proyecto de ley. La responsabilidad de un grupo político que hasta hace un año dirigía los destinos del país y que dese la oposición aspira a volver a gobernar lo antes posible nos hace receptivos a cualquier propuesta razonable que desde el Ministerio del Interior se presente a las Cortes Generales para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los instrumentos necesarios para luchar contra el delito. Por tanto, votaremos favorablemente el texto del presente proyecto de ley, ya que la aceptación, mediante transacciones, de nuestras principales enmiendas permite reforzar lo que nos preocupaba, que eran las garantías de los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Socialista, en aras de conseguir el máximo acuerdo posible de todos los grupos parlamentarios y a la espera de las enmiendas transaccionales que nos propondrá el Grupo Parlamentario Popular, quiere anunciar a la Presidencia que retira todas sus enmiendas, excepto la número 94.
A pesar de la presentación de una serie de enmiendas, quiero hacer hincapié en la importancia de la número 91, que también está retirada, y justificar muy brevemente las razones de nuestra oposición a la grabación de sonidos, especialmente en las cámaras fijas. La captación de imágenes en la vía pública supone una agresión al derecho de la intimidad. Si le añadimos el sonido, consideramos que el coste sería excesivo. La posibilidad de sustentar una acusación por el sonido grabado no justifica las miles de veces que se lesionará el derecho a la intimidad. Creo --y es una opinión personal-- que sería como autorizar indiscriminada y permanentemente la escucha telefónica de miles y miles de ciudadanos. La enmienda transaccional permitirá que, sin rebajar la eficacia, no se lesione el derecho a la intimidad.
Mantenemos la enmienda 94 al artículo 3, aunque aceptamos a este artículo la enmienda transaccional al apartado 4, manteniendo el resto de la enmienda, porque no creemos necesario que la comisión sea presidida por un magistrado, no creemos que ésa sea su función y, en cualquier caso, no aumenta la credibilidad de las resoluciones de dicha comisión. Como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, señor Mardones, incluso puede provocar conflictos en caso de recursos. Creemos necesario que se establezca en la comisión la presencia de un representante de la Administración local y que el informe de dicha comisión sólo debe ser vinculante cuando sea negativo, por suponer una vulneración de los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente ley orgánica.
La responsabilidad de la autorización de las instalaciones de las cámaras fijas no debe recaer en la comisión; debe ser el delegado del Gobierno el que asuma la responsabilidad política de dicha autorización. Esperamos que en los próximos trámites, bien sea de cara al Pleno, a poder ser la semana que viene, y si no es posible de cara al Senado, podamos llegar a un acuerdo sobre este tema. Por tanto, retiramos todas las demás enmiendas, excepto ésta.
Votaremos a favor de la enmienda número 62 a la disposición adicional cuarta, de Izquierda Unida, y a la enmienda número 70, del mismo grupo, a la disposición adicional octava, que hace referencia a la obligación del Gobierno de presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley que aplique los principios de esta ley al ámbito de las empresas de la seguridad privada. Lo único que quería proponer al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la ampliación del plazo de tres a seis meses porque nos parece extraordinariamente corto.
Respecto a la enmienda 81, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mi grupo suscribe la interpretación que ha hecho al final el representante de Convergència i Unió, es decir, que el carácter documental de las cintas grabadas viene ya asegurado por el artículo 26 del Código Penal. En ese sentido, y porque queda perfectamente claro, consideramos innecesaria esta enmienda porque está perfectamente establecido así en el artículo 26 del Código Penal.
Para terminar, señor Presidente, quiero manifestar la satisfacción por los acuerdos adoptados, que disipan las dudas que nuestro grupo tenía. La aceptación por parte del grupo mayoritario de la mayoría de las posiciones socialistas es un sistema que consideramos idóneo en temas de Estado como lo es éste. Nos felicitamos y felicitamos al resto de la Comisión por el acuerdo político adoptado, que supone un amplio consenso en tema tan delicado.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): En el turno de portavoces, ¿grupos que desean hacer uso de la palabra? (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Previo al turno de portavoces parecería lógico realizar un turno, pero no un turno en contra, porque creo que no sería adecuado dados los términos en que se ha producido esta sesión así como el desarrollo previo del largo proceso de negociación.
Solicitaría, si no tienen inconveniente la Presidencia y los demás grupos, una brevísima suspensión de cinco minutos para ordenar un poco todos los papeles.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Si les parece bien a SS. SS., procedemos a suspender la sesión por cinco minutos. (Pausa.)

Se reanuda la sesión.


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El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Se reanuda la sesión.
Por tanto, queda acumulado el turno en contra y el turno de portavoces.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra en este turno? (Pausa.) Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Mi intervención se produce en este momento de la Comisión al darse la circunstancia de que las enmiendas presentadas por mi grupo al proyecto de ley orgánica han sido todas ellas aceptadas, bien en su integridad o bien han sido fruto de transacciones y, por tanto, retiradas por mi grupo.
Debo hacer alusión a una circunstancia que ha sido mencionada por alguno de los portavoces y que sí me parece interesante constatar. Me refiero al carácter de impulsor o de casi coautoría de esta iniciativa legislativa que se ha atribuido al Gobierno vasco y que no es tal, sino que ha participado el departamento de Interior del Gobierno vasco. Lo digo por salvaguardar el carácter tripartito que tiene este Gobierno.
Justifiqué, cuando se debatió el debate de totalidad de la iniciativa, el porqué de esta participación desde el departamento de Interior del Gobierno vasco por la circunstancia que se producía de ser, de momento, la única policía con carácter integral ya implantada que iba a tener ocasión de utilizar este instrumento tan necesario para la seguridad ciudadana. De ahí que se haya tenido en cuenta el parecer procedente del departamento de Interior del Gobierno vasco.
¿Qué propósitos animaban a mi Gobierno al impulsar y trabajar activamente en que esta iniciativa pudiese salir adelante? (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por favor, guarden silencio sus señorías.


La señora URIA ECHEVARRIA: Había dos propósitos. El primero era introducir el principio de legalidad en un quehacer policial, una actividad lícita de la Administración que ya existe, rodeándola de todas aquellas garantías que fuesen necesarias para que resistiese el contraste con los parámetros de constitucionalidad. El artículo 18 de la Constitución, cuando consagra el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, circunscribe el núcleo esencial de este derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Por tanto, siguiendo en esto lo establecido ya por la jurisprudencia constitucional francesa, creemos que la incidencia de lo regulado se produce en la esfera de la libertad de los individuos y que, tal y como ha quedado plasmado en el texto, existen las suficientes cautelas y garantías para salvaguardar esa esfera de la libertad del individuo. Esto se ha logrado con la articulación de un sistema de captación, guarda, utilización y destrucción que permite que estemos satisfechos de lo conseguido.
El segundo propósito que animaba al grupo que representa al Partido Nacionalista Vasco es que lo obtenido con las grabaciones pueda servir como prueba en un proceso, es decir, la eficacia probatoria de las grabaciones, respecto de lo cual existía jurisprudencia dispar. Sin embargo, en alguna medida ya estaba establecida de forma clara y se utilizó como base para el análisis la magnífica elaboración dogmática que se había efectuado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, en el procedimiento abreviado 5/90 de enero de 1995 correspondiente al desgraciado asunto, que tuvo notoriedad, del apaleamiento al miembro de la Ertzaintza Ander Susaeta. En su fundamento jurídico primero, punto A... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Un momento, señora Uría. Por favor, guarden silencio SS. SS. porque, si no, no podemos seguir con atención el debate. (Pausa.) Puede continuar, señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Estaba haciendo loa a una resolución judicial, puesto que es normal que se critique cuando los tribunales no actúan adecuadamente. En la sentencia de la Audiencia Provincial, en este apartado concreto, creo que merece resaltarse el esfuerzo dogmático que se hizo por la magistrada-ponente, y en ese sentido lo hacía.
Decía que el fundamento jurídico primero, punto A), de esta sentencia sobre el desgraciado caso de Ander Susaeta, analiza la prueba videográfica y el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la legalidad o incluso la incidencia en el derecho a la igualdad con un criterio que consideramos muy adecuado y que, en gran medida, ha servido para la plasmación de lo que es el texto contenido en el articulado del proyecto de ley.
Una vez hechas estas dos observaciones de carácter general, en cuanto a los propósitos de la iniciativa, creemos que en el debate, tanto en ponencia como en Comisión y por los esfuerzos desarrollados por el propio ministerio proponente de la iniciativa y su equipo técnico, se han conseguido sustanciales mejoras, también con la aquiescencia de todos los grupos y el esfuerzo efectuado por todos ellos.
En cuanto al objeto de la ley y al ámbito de aplicación, quiero elogiar la labor del Grupo de Convergència i Unió, ya que con una enmienda especialmente feliz en su dicción ha conseguido que el artículo 1 quede plasmado de una forma que merece elogios, sin despreciar tampoco la aceptación de enmiendas de otros grupos.
Con referencia a un aspecto en el que mi grupo hizo especial incidencia, que era el de permitir que en el texto de la ley se incluyese también la posibilidad de grabación de sonidos, creemos que finalmente la transacción que nos ofrecerá el Grupo Popular, fruto de la iniciativa del Grupo Socialista, ha hecho que se puedan cohonestar dos cosas: de una parte, que no quede excluida absolutamente la posibilidad de captar sonidos y, de otra, que el respeto a la intimidad quede salvaguardado cuando se introducen cautelas necesarias para que el requisito de la grabación del sonido, respecto de las cámaras fijas, esté sometido a determinadas circunstancias y no sea posible en todo caso. No se prohíbe, por tanto, la captación de sonidos en determinadas

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circunstancias, aunque sí queda claro que se prohíbe la captación de conversaciones privadas, como no podía ser de otra manera.
Decimos esto porque creemos que las imágenes mudas, en muchos casos, pueden quedar mermadas... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Un momento, señora Uría.
He solicitado en dos ocasiones a SS. SS. que guarden silencio y parece que no tenemos el feliz término de la petición de la Presidencia.
Podríamos conceder unos segundos para que SS. SS. acabaran sus conversaciones y después continuar el debate. Es imposible que los servicios de la Cámara puedan escuchar adecuadamente las manifestaciones de la señora Diputada que está haciendo uso de la palabra. Tengamos un poquito de paciencia y un poquito de respeto a la Cámara guardando silencio y que así podamos continuar con el debate. (Pausa.) Puede continuar, señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Me estaba refiriendo a que el texto que finalmente se va a acordar, fruto de las transacciones a las que me he referido, va a permitir la captación del sonido ambiente, lo que dará mayor nitidez o mayor credibilidad probatoria a las imágenes en determinados supuestos y podrá ser de extraordinario interés cuando se trate, por ejemplo, de dilucidar delitos de apología del terrorismo. Sin embargo, creemos que las salvaguardas introducidas por el Grupo Socialista suponen una mejora en el texto inicialmente propuesto, en cuanto que son un avance en las garantías o en la cierta prohibición de la captación de imágenes o conversaciones privadas, que queda así mejor tutelado sin que suponga una exclusión absoluta, como antes me refería.
En cuanto a la autorización de la instalación de las videocámaras, las enmiendas que tenía mi grupo fueron aceptadas en el trámite de Ponencia.
No obstante, quisiera hacer mención a las críticas o a los reproches que desde determinados grupos se han hecho a la composición de la comisión que deberá autorizarlas sobre si debe presidirla un magistrado, el presidente del tribunal de justicia o un fiscal. Esto ha sido objeto de críticas por parte del Grupo de Coalición Canaria, del Grupo Socialista y también del Grupo de Izquierda Unida. Según nuestro criterio, las objeciones que se expresaban desde el Grupo de Coalición Canaria, entendiendo que podía existir una contaminación, puesto que luego la resolución definitivamente adoptada podría acabar teniendo que ser revisada por los tribunales, creemos que no se produce. Digo esto porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la sala de lo contencioso que vería el asunto no tienen ninguna relación de jerarquía, lo que sin embargo sí se produciría si quien preside la comisión es el fiscal jefe, puesto que en este caso el fiscal que interviniese en el procedimiento de protección jurisdiccional de derechos sí estaría unido por una relación de jerarquía. Es decir, creemos que la idea de que el magistrado presida es más garante desde el punto de vista de la salvaguarda de esa no contaminación en el proceso.
Igualmente, tampoco creemos que haya impedimento en que un magistrado intervenga en una función no directamente jurisdiccional, porque así lo permite el artículo 118.4 de la Constitución cuando alude a que podrán tener como cometido, aparte de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, otras funciones en garantía o en tutela de derechos fundamentales.
En cuanto a los criterios de las fijas y de las móviles, a juicio de mi grupo es absolutamente adecuado. Me restaría referirme a la enmienda que mantiene viva el Grupo de Convergència i Unió en relación con el carácter de documento que se da a lo obtenido con las grabaciones. A nuestro modo de ver --y también nos apuntamos en esto a la última parte de la intervención del propio representante del Grupo de Convergència i Unió, como ha hecho el Grupo Socialista-- es una cuestión técnico-jurídica que resulta innecesaria, puesto que la dicción del propio artículo 26 del Código Penal hace que sea perfectamente incluible en su concepto, en la descripción que da de lo que será documento a efectos del Código, lo que en esta ley se va a tratar. El mantenimiento de su enmienda sólo podría dar lugar a una cierta distorsión, entendiéndose que hay definiciones penales al margen del Código Penal, lo que iría un poco en contra de la codificación, idea tan querida al Código Penal de que todo lo que es penal está incluido dentro de ese texto. No diciendo nada distinto de lo que dice el artículo 26, creemos que podría inducir a pensar que se está hablando de un concepto distinto al acuñado con carácter general en el Código Penal y que podría significar un elemento de distorsión o de inseguridad jurídica. Lo pretendido por la enmienda de Convergència i Unió creemos que está perfectamente salvaguardado, insisto, con la dicción actual del artículo 26 del Código Penal.
En cuanto a la conservación de las grabaciones, a los derechos de los interesados, a las infracciones y sanciones, creemos que es indudable que durante la tramitación se han introducido importantísimas mejoras.
Igualmente, debo referirme al carácter orgánico o no dado a la disposición, puesto que inicialmente mi grupo era partidario de que sólo parcialmente tuviese tal carácter; sin embargo, fruto de la persuasión de la que me han hecho objeto el resto de los grupos, he aceptado lo que creo que es más correcto, que la totalidad del texto tenga el carácter de ley orgánica, puesto que se cohonesta mejor con el contenido de lo que se regula y queda perfectamente salvaguardada la competencia propia de las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en esta materia con la disposición adicional, fruto también de una enmienda presentada por Convergència i Unió. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a las modificaciones de la Ley orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, se recogía en ella una enmienda del Grupo Nacionalista Vasco que consideramos que incluía una mejora, puesto que permitía barrer o retirar del texto la idea de responsabilidad objetiva que podía considerarse que estaba implícita en la adición inicial del proyecto. Se ha introducido un pequeño matiz que permite descartar, de forma acorde con lo que establece la jurisprudencia, la idea de objetividad en la exigencia

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de responsabilidad por la organización de manifestaciones.
Igualmente, creemos acertado lo que se ha establecido con relación al régimen disciplinario y nos unimos a lo manifestado desde la representación del Grupo de Izquierda Unida, que creo que va a ser objeto de aceptación por los demás grupos. Esto también ha sido expuesto en otros foros por magistrados del Tribunal Constitucional, en la idea de que el proyecto de ley queda en alguna medida cojo al no incluir lo que hace referencia a las grabaciones de seguridad privada, al uso de la videovigilancia por agentes privados de seguridad pública. Creemos que es posible introducirlo en un desarrollo posterior de este mismo texto o, si no, siempre nos queda el trámite del Senado, en el que quizá será posible, que es lo que deseamos, que exista un consenso parecido al que se ha conseguido durante el trámite en esta Cámara, para que pueda ser salvada esta carencia detectada en el texto de la ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Como expresión última del clima de diálogo, de encuentro y de negociación que ha presidido la tramitación de este proyecto de ley, los demás portavoces de los grupos parlamentarios han requerido un último esfuerzo por parte de este portavoz de brevedad y de concisión. Sin lugar a dudas, insisto en que, como manifestación de ese clima de entendimiento al que todos hemos logrado llegar, este portavoz va a tratar de ser escrupulosamente fiel a ese ruego de los demás portavoces.
Ello no obstante, señor Presidente, tanto por razones políticas obvias como por razones de cortesía, tengo que hacer algunas referencias muy concretas a valoraciones que el Grupo Parlamentario Popular formula en orden al significado y naturaleza de este proyecto, y referencia también, como es natural, a expresiones concretas del mismo, todavía vigentes en el momento de este debate en Comisión, es decir, a las enmiendas que han defendido los distintos portavoces y algunos criterios generales en relación con las mismas.
En aras, pues, a esa brevedad, he de decir que el Grupo Parlamentario Popular considera que este proyecto de ley refuerza el binomio libertad-seguridad, aseverando la esfera del derecho de todo ciudadano a la efectiva protección de su persona y de sus bienes, sin intromisión ilegítima ni menoscabo de su privacidad. Establece un sistema de garantías para la salvaguarda de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen que marcan el límite en el uso de la técnica policial a la que el texto se refiere. Condiciona el ejercicio de la videovigilancia a la apreciación efectiva en cada caso de los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima. Entraña la incorporación a nuestro ordenamiento, con regulación legal expresa de rango adecuado, de lo que son las imágenes obtenidas a través de estos sistemas, como fuentes de prueba. Es eficaz, creemos, porque conlleva efectos disuasorios frente al delito y cierra ciertos espacios o lagunas de impunidad por determinadas no previsiones de las leyes 9/83 y 1/92 que ahora se modifican, y se modifican sin menoscabo alguno del ejercicio exacto de esos derechos. Rompe el riesgo de generalización, inadecuada utilización o manipulación de las videocámaras entrecruzando medidas tales como el método de autorización previa, el acceso ciudadano al registro de imágenes o la modificación del régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para sancionar cualquier irregularidad al respecto. Constituye un elemento de homogeneidad material y jurídica de estos sistemas, tal y como lo acredita el mandato de someter todos los mecanismos operativos con anterioridad a la aprobación de la ley al procedimiento de autorización consignado en la misma, o la aplicación de sus principios a la utilización de cámaras en materia de vigilancia y regulación del tráfico, con alguna expresa nueva referencia final que vamos a hacer con motivo de las transacciones que se ofrecerán también al régimen de la seguridad privada. Finalmente, entendemos que no es legislación excepcional, ni jurídica ni territorial; es desarrollo armónico de una protección conjunta de derechos colectivos e individuales que ni se exceptúan ni fraccionan, sino que se suman en función del interés general.
La segunda gran consideración, que no se puede perder de vista, es que este proyecto representa el consenso de partidos con responsabilidades de Gobierno que han impulsado conjuntamente esta norma por adecuada, para impedir el debilitamiento del Estado de Derecho frente a la acción vandálica de determinados grupos, pero además supone aunar esfuerzos en el cuidado de la convivencia democrática y plural y en el respeto a los derechos de los demás, tal y como se ha acreditado también en todo el trámite parlamentario; me parece que es una idea esencial que conviene recalcar. Este proyecto de ley, fruto originariamente de ese acuerdo, de esa colaboración entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, ha sido singularmente enriquecido con una aportación de diálogo, valorada como muy enriquecedora desde este grupo parlamentario que sostiene al Gobierno y de la que sin lugar a dudas han sido protagonistas, y es justo señalarlo hoy aquí, los portavoces de todos los demás grupos parlamentarios.
No conviene olvidar que a este proyecto de ley se presentó más de un centenar largo de enmiendas y que tanto con el trabajo de ponencia como con las transacciones que se vayan ofreciendo en esta sesión de Comisión se ha logrado una postura básica del consenso y de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en lo que es el aspecto esencial, el aspecto sustancial que debe prevalecer en la consideración de este proyecto de ley, que es precisamente lo que muy bien señalaba el ponente socialista, señor Aguiriano, la necesidad de reforzar la seguridad sin perjuicio ni menoscabo de la libertad; dar, por tanto, una respuesta normativa y política adecuada a ese reto secular de la búsqueda del equilibrio entre los factores de la libertad y los factores de la seguridad. Yo creo, señor Presidente, que no merece ser echado de menos ese factor de diálogo y de encuentro que se ha producido a lo largo del trabajo parlamentario, porque constituye --y permítaseme que lo señale así, sin que en este señalamiento nos incluyamos sino

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como los últimos de la fila-- un procedimiento ejemplar de acercamiento de posturas entre los grupos que refuerza el trabajo de los grupos en sí mismo considerado, que refuerza y beneficia el contenido de la norma, pero que también sirve para reforzar el sentido y la función del Parlamento, entendida ésta como punto esencial de primacía de aquellos aspectos, sobre todo en determinadas cuestiones, en determinadas políticas que son políticas de Estado, de aquellos aspectos, digo, que a todos nos unen, frente a los que puntualmente nos puedan separar. Y haré, porque me parece esencialmente justa, una referencia final a esa cuestión en el último momento de mi intervención.
En relación con las intervenciones de los portavoces de los grupos, tengo que decir que entendemos la legítima posición que la señora Lasagabaster, en representación de Eusko Alkartasuna, ha venido manteniendo a lo largo de este proyecto. La señora Lasagabaster, Eusko Alkartasuna, no cree en la necesidad de este proyecto; sin embargo esa posición de principio no ha impedido --y hay que decirlo y reconocerlo hoy aquí-- que Eusko Alkartasuna haya hecho una aportación enriquecedora a los contenidos de este principio, que no haya mantenido una postura puramente de alejamiento, del no por el no, sino que, una vez establecida su consideración de principio, haya buscado también contribuir con enmiendas puntuales a la mejora de los contenidos del proyecto. La señora Lasagabaster ha dicho en su intervención que probablemente todo el conjunto de lo que ha sido la tramitación parlamentaria hasta este momento de este proyecto de ley se puede sintetizar como --y ésa ha sido su expresión literal-- una excelente labor de transacción. Yo creo que esa expresión de la señora Lasagabaster representa muy bien lo que ha sido el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de todos los ponentes y de todos los portavoces de los diversos grupos parlamentarios en relación con el proyecto.
La señora Lasagabaster mantiene vivas una serie de enmiendas a las que nosotros en este momento vamos a votar que no, que son las enmiendas 21, 31 y 33, por razones que hemos podido exponer en el trámite parlamentario y que no vamos a reiterar aquí para no hacer más extensa esta intervención. Simplemente queremos ofrecerle, en relación con la enmienda número 18, la posibilidad de una transacción. La enmienda 18, referida al artículo 1 del proyecto, pretende esencialmente dotar al proyecto no de una naturaleza finalista en la definición y garantía de los fines que el propio proyecto determina, sino de una finalidad importante pero más bien instrumental. Nos parece que ésa es una aportación adecuada e inteligente por parte de Eusko Alkartasuna. Efectivamente, no sólo este proyecto de ley de videocámaras va a asegurar la valoración de los bienes jurídicos protegidos según el artículo 1, sino que es más bien un elemento de contribución al conjunto del ordenamiento jurídico, entendiendo que el conjunto del ordenamiento jurídico ha de ser quien garantice la protección de esos bienes jurídicos. En ese sentido, señor Presidente, propondríamos a Eusko Alkartasuna que en el artículo 1, apartado 1, conforme al sentido, que no a la literalidad, de su enmienda 18, entre las expresiones «a fin de» y el verbo «asegurar», se introdujera el verbo contribuir. De manera que ese artículo 1, apartado 1, quedaría redactado de la siguiente manera: «La presente ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana...» Los demás términos del apartado 1 quedarían tal y como figuran en el dictamen de la Comisión. Creemos que ese sentido instrumental sobre el que quería incidir la enmienda número 18 de Eusko Alkartasuna queda así recogido y, si la señora Lasagabaster acepta nuestra transacción, votaríamos a favor del texto propuesto en los términos que acabo de señalar.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria igualmente ha sido un grupo que, a través de las aportaciones del señor Mardones, ha contribuido de una manera decisiva a la mejora de este proyecto. Toda una serie de especificaciones para redundar en la finalidad garantista del proyecto aportadas por Coalición Canaria han sido básicamente recogidas en el proceso de negociación y en el dictamen final de la Comisión. Hay probablemente una preocupación que sostiene el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, como también otros grupos, en cuanto a la composición de la Comisión, por hacer una referencia en sentido amplio. Nosotros en este momento vamos a votar conforme al dictamen de la Comisión y no vamos a votar a favor de esas enmiendas vivas, pero sin embargo dejamos abierto --y luego además reincidiré también en ello-- que este proceso de diálogo que se ha suscitado a lo largo de todo el trámite parlamentario pueda continuar en los subsiguientes momentos de este trámite parlamentario todavía pendientes, fundamentalmente en el Senado. De manera que anunciamos nuestra voluntad de seguir abiertos en relación con ese bloque que podríamos denominar de enmiendas referidas a la composición y naturaleza de la Comisión, seguir abiertos al diálogo, sin que esto prejuzgue a priori la posibilidad de llegar a acuerdos o de mantener todavía ciertos desacuerdos puntuales. En todo caso, la misma expresión, el mismo compromiso de diálogo, de acercamiento y de integración de posturas, que ya en el inicio de este proceso legislativo expresó el señor Ministro de Interior y que ha venido expresando también en nombre del Grupo Parlamentario Popular este portavoz, hoy volvemos a hacerlo patente en todos aquellos aspectos en los que todavía no existe una aproximación de posiciones y que pueden venir referidos a la composición, naturaleza y funciones de esta Comisión.
El Grupo Parlamentario Catalán, a través del señor Guardans, ha realizado igualmente contribuciones muy importantes a este proyecto. Yo creo que el trabajo de Ponencia acredita de una manera rotunda y clara que, efectivamente, las aportaciones técnicas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) han sido elementos capitales para reafirmar y profundizar en lo que era un criterio compartido por todos los grupos parlamentarios, un criterio auspiciado e impulsado por el Gobierno, esto es, la necesidad de que este proyecto de ley fuera entendido como lo que pretende ser en realidad, como un proyecto garantista, y, por tanto, que desde esa consideración de base, el equilibrio entre los factores de libertad y seguridad se mantuviera en

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todo punto de manera que no hubiera un bien jurídico o un derecho que pudiera prevalecer en ambas partes de ese binomio sobre el otro.
Simplemente la consideración de lo que ha sido ese trabajo de ponencia y las incorporaciones realizadas de las enmiendas provenientes del Grupo Catalán (Convergència i Unió) acreditan suficientemente la importancia de su trabajo, además formulado en los términos a los que el propio señor Guardans ha hecho referencia hoy, no por ninguna razón de predominio o de protagonismo político, sino por razones fundamentadas técnicas, jurídicas, doctrinales, por razones sin lugar a dudas políticamente importantes, ajenas a cualquier otra consideración de pura matemática.


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, además de avanzar en su brillante, como siempre, informe, la Presidencia le exhorta a que avance en su lucha contra el tiempo. (Risas.)

El señor GIL LAZARO: Avanzaremos en la lucha contra el tiempo. De todas formas, señor Presidente, llevo tan sólo quince minutos. (Risas.) Yo creo que estoy en los términos del compromiso que he suscrito con los demás grupos parlamentarios.
Decía que subsiste la enmienda número 81, del Grupo Catalán. Veo una nota del Grupo Socialista que afirma que se rinden. No ha sido nunca ésta la intención de este portavoz. No ha habido rendición de ningún grupo, sino integración de voluntades y de consenso. Con respecto a esta enmienda, tenemos hoy ocasión de reafirmar lo que dijimos, que suscribimos absolutamente la interpretación que ha hecho el señor Guardans en el trámite de Comisión y que creemos que esa enmienda está de más simplemente porque la interpretación hecha por el señor Guardans es la correcta, conforme al espíritu y a la literalidad del propio proyecto. En este sentido, si al señor Guardans le es suficiente que este grupo parlamentario, como ya han hecho otros grupos parlamentarios, exprese en este acto que esa intepretación hecha por el Grupo Catalán es una interpretación que nosotros compartimos, le rogaríamos, si así lo estima, que procediera a la retirada de esa enmienda.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, dada la admonición de la Presidencia comprenderá el señor Navas que no haga una referencia específica. Simplemente quiero señalar que en los mismos términos que me he expresado en relación con las aportaciones de la señora Lasagabaster tengo que hacerlo en relación con las aportaciones del señor Navas y del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que, partiendo de una no creencia en la necesidad de este proyecto, no se han mantenido al margen del mismo y han realizado una serie de aportaciones, todas ellas muy notables, unas compartidas por nosotros y que han podido ser incorporadas al texto de la ponencia, otras que en este momento creemos que de alguna forma no conectan con la naturaleza del proyecto. En todo caso, son aportaciones que han sido, sin lugar a dudas, enriquecedoras y que mejoran este texto.
Quiero decir que aún en este acto ofreceremos una fórmula transaccional en relación con la enmienda número 70, que esperemos sea de la satisfacción del Grupo de Izquierda Unida, porque entendemos que básicamente recoge las pretensiones que el grupo proponente contenía en su citada enmienda número 70.
Por último, en relación con el Grupo Socialista, señor Presidente, ese principio al que antes aludía y que el señor Aguiriano ha citado en su intervención --la necesidad del reforzamiento de la seguridad sin perjuicio de la libertad-- ha sido la preocupación básica del Grupo Parlamentario Socialista en todos sus importantes trabajos, en sus notables aportaciones a este proyecto de ley. Y ése ha sido el punto que nos ha permitido encontrarnos en orden a un diálogo y en orden a la búsqueda de posiciones comunes, porque ése era también el sentido y la preocupación del proyecto del Gobierno y era, desde luego, la voluntad política de este Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.) Nosotros entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista en este trámite ha hecho gala no solamente de esas aportaciones notables, sino de algo que merece ser destacado en la misma consideración que ya he hecho en relación con los demás grupos parlamentarios, esto es, que, efectivamente, cuando hablamos de valores que afectan a la seguridad...


El señor PRESIDENTE: Señorías, escuchen al orador que ya termina.
(Risas.)

El señor GIL LAZARO: Señorías, cuando hablamos de valores que afectan a la seguridad y que afectan a la libertad estamos hablando de una política de Estado y en esos márgenes cabe muy poco a la frivolidad y cabe muy poco a la disquisición partidista. Yo creo que los acuerdos a los que hemos llegado, a los que daré lectura a continuación, las ofertas transaccionales a las que hemos llegado en ese proceso de acercamiento y de diálogo con el Grupo Socialista refuerzan, efectivamente, para bien el sentido de esta ley, pero refuerzan también para bien algo que trasciende, si cabe, al sentido mismo de esta ley, aunque casa con su naturaleza última, refuerzan la necesidad de que los grupos mayoritarios de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, en aquellos aspectos que trascienden el debate político porque afectan a una política de Estado estemos en situación de diálogo, de encuentro permanente, estemos en situación de entendernos, primando mucho más siempre lo que nos une que lo que nos puede separar. Yo quiero decir y públicamente en este acto que el cierre formal de ese acuerdo, que pudimos suscribir ayer por la tarde el señor Belloch, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión, y yo mismo, a este grupo le satisface y desde luego este grupo parlamentario desea poder continuar esa línea iniciada ayer.
Señor Presidente, en orden a todo lo dicho, nosotros en este momento haríamos una relación de ofertas transaccionales, en primer lugar respecto de la enmienda número 70, de Izquierda Unida. Esta enmienda pretende básicamente que en un determinado plazo de tiempo se proceda por parte del Gobierno a la elaboración de la normativa correspondiente, a fin de poder trasladar los principios de este

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proyecto de ley al ámbito de la seguridad privada. Nosotros, más allá del texto concreto que propone la enmienda número 70 de Izquierda Unida, formularíamos en este acto la siguiente consideración transaccional, que sería literalmente: El Gobierno elaborará en el plazo de un año la normativa correspondiente para adaptar los principios inspiradores de la presente ley al ámbito de la seguridad privada. Creemos que con esta propuesta literal se recoge bien el espíritu último de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en cuanto a la adición de una nueva disposición adicional.
En relación con los acuerdos a los que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Socialista, nosotros propondríamos en este acto enmienda transaccional al artículo 3, apartado 4, del informe de ponencia, respecto de la enmienda número 94, apartado 5, del Grupo Socialista, de manera que ese apartado 4 quedara redactado en los siguientes términos: La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada y referida en cada caso al lugar público concreto que ha de ser objeto de observación por las videocámaras. Dicha resolución contendrá también todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en particular la prohibición de tomar sonidos, excepto cuando concurra un riesgo concreto y preciso, así como las referentes a la cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema del tratamiento de imágenes y sonidos y las medidas a adoptar. El resto del texto seguirá conforme al dictamen de la ponencia. Entendemos que se consigue con esto un principio de garantía esencial, de manera que la ley va a determinar que la instalación de cámaras fijas como regla general lo sea sin incorporación de grabación de sonidos, que la utilización de cámaras móviles como regla general lo sea con la utilización conjunta de sonidos y de imágenes y que solamente en unos determinados casos excepcionales, es decir, cuando se valore por parte de la Comisión la existencia de ese riesgo concreto y preciso, pueda incorporarse a la instalación de cámara fija, a la captación de imágenes, la grabación de sonidos. Creemos que este acuerdo transaccional mejora sustancialmente el texto de la Ley por cuanto que redunda y mejora en beneficio de la finalidad garantista que el proyecto y todos los grupos parlamentarios perseguíamos.
Proponemos igualmente una enmienda transaccional al artículo 5, en relación con la enmienda número 96, del Grupo Socialista, y en consonancia con la enmienda que acabamos de proponer, de manera que el artículo 5 quedaría redactado en su apartado 1: En las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de videocámaras fijas podrán utilizarse simultáneamente otras de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta ley, quedando en todo caso supeditada la toma, que ha de ser conjunta de imagen y sonido, a la concurrencia de un peligro concreto y demás requisitos exigidos en el artículo 6. El punto 2, conforme al texto de la ponencia, con la adición: Se pondrá en conocimiento de la Comisión prevista en el artículo 3 en el plazo máximo de 72 horas.
Proponemos, igualmente, enmienda transaccional al artículo 6, apartado 5, en relación con la enmienda número 98 del Grupo Socialista, de manera que ese apartado 5 comenzaría diciendo: No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonido del interior de las viviendas. El resto seguiría conforme al texto de la ponencia. Desde un primer momento, la intención del proyecto excluía en todo punto la posibilidad de grabación en el interior de las viviendas, pero creemos que esta aportación viene a precisar mucho mejor en términos de literalidad lo que era sin lugar a dudas la intención clara y rotunda del proyecto.
Ofrecemos una enmienda transaccional a la disposición adicional quinta, apartado 1, letra c), párrafo tercero, respecto de la enmienda 109, del Grupo Parlamentario Socialista, que comenzaría señalando: Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se considerará organizadores o promotores a los efectos de esta ley a quienes de hecho las presidan, dirijan, o ejerzan actos semejantes o a quienes, por publicaciones, declaraciones de convocatoria... El resto conforme al texto de la ponencia.
Concluyo, señor Presidente, de verdad, señalando que no me olvido de citar la aportación importantísima, capital, a este proyecto, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en consonancia con las aportaciones realizadas por el Gobierno vasco al origen y desarrollo de este proyecto.
También, sin lugar a duda, como la señora Uría acaba de explicitar en su intervención, se han producido aportaciones concretas, por vía de enmiendas, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que mejoran el régimen de garantías del proyecto y que por ello fueron incorporadas ya en el dictamen de la ponencia.
En definitiva, este procedimiento, señor Presidente, acredita algo que ha venido siendo una constante en mi intervención porque es la realidad básica a valorar en relación con el proyecto: Se ha mejorado sustancialmente, en cuanto a contenidos de garantías, un proyecto de ley que era esencialmente garantista y se ha acreditado una capacidad de encuentro y de diálogo de los grupos en función, sin lugar a duda, de una actitud de Estado por parte de todos.
Sé --y con esto termino-- que no es elegante en la vida parlamentaria utilizar argumentos ad hominem. Sé que no es elegante, pero en este caso no voy a utilizar unos argumentos ad hominem, sino una citación personal de la señora Lasagabaster, del señor Navas, del señor Guardans, del señor Mardones, de la señora Uría, de los señores Aguiriano y Barrero y, en última instancia, a un no ponente, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, del señor Belloch, porque el esfuerzo de todos estos representantes de los grupos ha permitido que hoy podamos no hacer batalla de algo en lo que conviene no hacerlo, de los valores de libertad y de seguridad.


El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de las transacciones ofrecidas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster para que exprese si acepta la transacción sobre la enmienda número 18.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Se acepta y se retira la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Navas,

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¿acepta la transacción ofrecida en relación a su enmienda número 70?

El señor NAVAS AMORES: El objetivo fundamental de nuestra enmienda era adaptar la filosofía de los principios de esta ley a la seguridad privada. El Gobierno acepta ese reto, simplemente hay una introducción de una variación en el tiempo y se me ocurre preguntar si ese año nos garantiza Convergència i Unió su apoyo al Gobierno (Risas.), para mantener como en esta legislatura el plazo en el cual se presentará esa ley. Por lo demás, yo la acepto.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Socialista acepta la transacción ofrecida en relación a sus enmiendas 94, 109, 96 y 98?

El señor AGUIRIANO FORNIES: El Grupo Parlamentario Socialista acepta todas las transacciones que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular a nuestras enmiendas, incluida la 94, al artículo 3, que hace referencia al apartado 4. El resto de la enmienda se mantiene.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBO: No pido la palabra para contestar al señor Navas, puesto que los designios políticos son siempre inescrutables, sino para referirme a la enmienda número 81, que teníamos viva, después de haber escuchado a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y siendo conscientes de que lo que aquí estamos haciendo, modestamente, pero también solemnemente, es contribuir a la interpretación futura de la ley, en la medida en que estamos marcando los antecedentes de trabajo legislativo, los antecedentes parlamentarios que han de servir de pauta de interpretación de esta norma y en la medida en que todas las fuerzas parlamentarias unánimemente han dejado constancia de que entienden que las cintas de vídeo que puedan resultar de la videovigilancia constituyen documentos a efectos de la interpretación del Código Penal; por tanto, están incluidas en el artículo 26 del Código Penal y, sobre todo, en el régimen sancionador que prevé el mismo. Dado que ésa es la interpretación unánime de las fuerzas de la Cámara, quizá resulta innecesaria nuestra enmienda y procedo a retirar la enmienda 81.


El señor PRESIDENTE: Así se toma nota, señor Guardans.
Señor Gil Lázaro, como la Presidencia espera que todas las enmiendas hayan sido ya, además de dichas, escritas, sírvase acercarlas a la Mesa.
Se ruega a los portavoces que indiquen si hay sustituciones.
Señor Mardones, tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: A la vista de lo dicho por el señor Gil Lázaro, cuyas palabras agradezco, comunico a la Presidencia que retiramos la enmienda número 4, al artículo 5, apartado 2, en razón de cómo ha quedado la disposición adicional segunda, que, según la ponencia, pasaría a ser disposición adicional primera. Quedaría vivo, señor Presidente, el apartado 1 de la enmienda número 3.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, vamos a proceder a la votación.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, a efectos de votación, quiero indicar que la señora Díez de la Lastra sustituye a don Javier Peón y don Antonio Aragonés a don Manuel Arqueros.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 21 y 31 y la enmienda número 18, con el texto transaccional ofrecido por el portavoz del Grupo Popular y aceptado.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, sería mejor votar las enmiendas 21, 31 y 33.


El señor PRESIDENTE: No, señor Gil Lázaro, porque se ha solicitado votación separada de la enmienda 33.


El señor GIL LAZARO: En todo caso, la separada después de la votación de la transaccional de la enmienda 18.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 21 y 31, de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 29.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 33, también de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 3, al apartado 1 del artículo 3 del proyecto, de Coalición Canaria. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, la parte que he dejado viva de mi enmienda número 3 es sólo el apartado 1, que va dirigido a los apartados 1 y 2 del texto del proyecto.


El señor PRESIDENTE: Exactamente, apartado 1 de la enmienda número 3.
Procedemos a su votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que quedaban vivas en este trámite, a excepción de la número 70, que será objeto de votación con las que han tenido transacción, de la 66, que fue retirada, y, por tanto, la número 62, cuya votación separada se solicita en este momento, así como las números 61, 52, 46 y 45, que también serán objeto de votación separada. Las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya son las que se someten a votación en este momento.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 30.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas mantenidas en este trámite parlamentario por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, salvo las que son objeto de votación separada.
Votamos las enmiendas 61, 52, 46 y 45, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 62, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 94, del Grupo Socialista, excepto el apartado 4, que será objeto de votación separada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 94, del Grupo Socialista, excepto su apartado 4, que será objeto de votación separada.
Enmiendas transaccionales al proyecto que han resultado del debate y aceptación, en su caso, por los grupos enmendantes.
A efectos de facilitar la votación, salvo que algún grupo solicite alguna votación separada, vamos a votarlas todas conjuntamente.


El señor GIL LAZARO: Simplemente quiero precisar que la enmienda número 18, de Eusko Alkartasuna, supone la introducción sólo de la expresión «contribuir a».


El señor PRESIDENTE: Añadimos esa precisión a las muchas que obran en el debate y en el «Diario de Sesiones».


El señor NAVAS AMORES: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE. En consecuencia, votamos las enmiendas transaccionales a las enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, y la número 70 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Señor Navas, ¿se pueden votar las cuatro transaccionales a las enmiendas del Grupo Socialista conjuntamente? (Asentimiento.) Vamos a proceder a la votación de la transacción relativa a la enmienda número 94, que, como recordamos, era exclusivamente al apartado 4, y a las de las enmiendas 96, 98 y 109, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales en relación a las enmiendas mencionadas del Grupo Socialista. (El señor Navas Amores pide la palabra.) Señor Navas, tiene la palabra brevísimamente.


El señor NAVAS AMORES: Brevísimamente, señor Presidente.
Simplemente es para manifestar la protesta de mi grupo porque, en un proceso tan largo como el de la tramitación de esta ley, en el último momento, cuando nos hemos sentado en esta Comisión para aprobarla definitivamente, senos ha ofrecido un cambio sustancial de la posición del Grupo Popular en unas enmiendas que nosotros considerábamos que eran muy importantes y que durante todo el proceso anterior no habían tenido ninguna consideración. En un debate como el producido en esta ley, en el que todos los grupos hemos estado abiertos al consenso y a la discusión de todos y cada uno de los apartados que se contemplan, nos parece que cambios tan sustanciales como éstos deberíamos haberlos discutido con suficiente antelación. Deseo manifestar simplemente que no estamos cuestionando ni absteniéndonos, ante el fondo del acuerdo, sino ante la forma. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, quiero señalar que no ha habido ningún intento de desconsideración por parte de mi grupo, ni de ninguno, estoy convencido, en este caso hacia el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Siempre es deseable que los acuerdos lleguen de principio. A veces un buen acuerdo llega a última hora. Siempre vale más que un buen acuerdo llegue a última hora que que no llegue. Esa ha sido la única razón.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del dictamen del proyecto de ley. ¿Algún grupo desea

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votación separada de la exposición de motivos? (Pausa.) Queda entendido que la exposición de motivos, de no producirse esa votación separada, se incorpora al dictamen como preámbulo de la ley. Con esa indicación y con la incorporación al texto del informe de la ponencia de las enmiendas aprobadas en el debate en Comisión de este proyecto de ley, se procede a la votación de la totalidad del dictamen. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, pido votación separada del artículo 3 del dictamen, apartados 1 y 2. (El señor Aguiriano Forniés pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Pido votación separada del artículo 3 en su totalidad, excepto el punto 4, del que ha sido aprobada la transacción, y votación también separada de la disposición adicional cuarta. Se pueden votar conjuntamente por nuestra parte.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, el texto del artículo 3 del ditamen en su totalidad, excepto su apartado 4, la disposición adicional cuarta y la totalidad del artículo 3 del dictamen, según había solicitado el señor Mardones. Resulta un poco difícil hacerlo en una votación, porque son contradictorias.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, yo he solicitado votación separada del artículo 3, apartados 1 y 2, del texto del dictamen.


El señor PRESIDENTE: En definitiva, serían posiciones adversas al apartado 1 y 2 pero, a lo mejor, por distintos motivos, en todo caso contrarias.
En consecuencia se procede a la votación del artículo 3, excepto el apartado 4, y la disposición adicional cuarta del dictamen. ¿Es así, señoría? Lo digo porque así queda comprendido lo que el señor Mardones solicitaba que se votase separadamente.


El señor MARDONES SEVILLA: Esta señoría solamente desea votar separadamente los apartados 1 y 2 del artículo 3. Lo he dicho claro, señor Presidente. Yo de la disposición adicional cuarta no he hablado.
Con lo demás estoy conforme.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el artículo 3 del dictamen, excepto el apartado 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, dos; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 3 del dictamen.
Votamos la disposición adicional cuarta del texto del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, uno; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen de este proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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