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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 565, de 28/10/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1998 VI Legislatura Núm. 565

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL CISNEROS LABORDA

Sesión núm. 20

celebrada el miércoles, 28 de octubre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Presentada por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias-Junta General. (Número de expediente 127/000007) ...
(Página 16508)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Presentada por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears- Parlamento. (Número de expediente 127/000008) ... (Página 16508)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Presentada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León-Cortes.
(Número de expediente 127/000009) ... (Página 16508)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Presentada por la Comunidad Autónoma de La Rioja-Diputación General.
(Número de expediente 127/000010) ... (Página 16508)

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Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia de:

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Presentada por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias-Junta General. (Número de expediente 127/000007) ...
(Página 16508)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Presentada por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears- Parlamento. (Número de expediente 127/000008) ... (Página 16519)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Presentada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León-Cortes.
(Número de expediente 127/000009) ... (Página 16526)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Presentada por la Comunidad Autónoma de La Rioja-Diputación General.
(Número de expediente 127/000010) ... (Página 16537)

Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS- JUNTA GENERAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE127/000007).


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES. PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS- PARLAMENTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000008).


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLAY LEÓN.
PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN-CORTES.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000009).


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍADE LA RIOJA.
PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA-DIPUTACIÓN GENERAL.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000010).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Ruego a SS.SS que vayan tomando asiento para que podamos dar comienzo formalmente a la sesión. (Pausa.) Se abre la sesión número 20 de esta Comisión Constitucional, en cuyo orden del día figuran como puntos 1, 2, 3 y 4, que someto a la aprobación de la Comisión por asentimiento, la ratificación de las ponencias constituidas al efecto de informar las propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía del Principado de Asturias, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de Castilla y León y de La Rioja.
¿Queda ratificada la totalidad de estas ponencias por asentimiento? (Asentimiento.) Se considera aprobada.


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DE:

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-JUNTA GENERAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000007).


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, podemos adentrarnos ya en el punto 5 del orden del día: propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.


Como habrán podido colegir SS.SS de la lectura de la documentación de la Comisión, el informe de la ponencia propone la aceptación del bloque de enmiendas coincidentes -digo coincidentes en su alcance y contenido y en algunos casos en su tenor literal-, postuladas por los grupos parlamentarios Popular y Socialista, y el rechazo de las restantes.
Consiguientemente, para la defensa de sus enmiendas, daría la palabra en primer lugar al señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto-Bloque Nacionalista Galego, para la defensa de su enmienda número 1.


El señor Rodríguez Sánchez tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nos gustaría llevar a la preocupación intelectual, e incluso a la emotividad de los diputados y diputadas que están hoy aquí presentes en esta Comisión, una realidad lingüística plural que tiene el Estado español y calibrar que, igual que los Estados tienen fronteras que no están trazadas conforme a la realidad lingüística -no hay nada más que ver la frontera del Estado española con Francia, cómo hay dos idiomas que quedan segmentados, en concreto el catalán y el euskera-,

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sería muy tendencioso, atrevido, y desde luego falto de todo rigor, pensar que la estructura administrativa de las comunidades autónomas que se articularon en el Estado español coincide con una coherencia cultural y lingüística plena. No puede ser de otra manera porque definitivamente las realidades político-administrativas no están acopladas a la perfección a las bases territoriales de tipo cultural y de tipo lingüístico. Por lo tanto, esta diferencia es clave para entender el problema que ahora vamos a plantear.
Está claro que la Constitución española no vincula la variedad lingüística del Estado a que se consiga o no un estatus administrativo determinado, sino que se habla de la diversidad lingüística como un valor que hay que respetar y que hay que proteger. Por lo tanto, a partir de este principio, de esta posición política, se trata de constatar el pluralismo que hay en todo el territorio del Estado español, al margen de su estructura administrativa, y en este caso de su estructura descentralizada, que es el Estado de las autonomías. Realmente a nadie se le ocurriría en los años sesenta o setenta, en pleno franquismo, negar que hasta Navia, más o menos, se podría hablar de la existencia de la lengua gallega. Esto por no entrar en la consideración, que SS.SS deben conocer, de que lo que era la Galicia tradicional, la Galicia del Antiguo Régimen, la Galicia anterior a lo que fue la división administrativa de 1833, no llegaba precisamente hasta León, sino que extendía sus fronteras más allá de acuerdo con una realidad cultural y lingüística más adaptada a la realidad del antiguo reino. Pero esto no es lo importante, lo importantes es que, vuelvo a repetir, la romanística nunca dudó de que se hablase gallego, en términos más o menos como son todas las lenguas que no están impuestas políticamente sino por una evolución natural, hasta el Navia.
No es pretensión del Bloque Nacionalista Galego poner en duda la capacidad del respectivo parlamento autonómico para decidir cómo tiene que articular la variedad lingüística interna. Solamente es competencia del Bloque Nacionalista Galego intentar que se reconozca el pluralismolingüístico, porque es algo constitucional, algo que nos afecta a todos los ciudadanos del Estado y un valor a proteger.
Nuestra enmienda solamente va dirigida en términos estrictamente constitucionales a que en el estatuto, sin tocarlo o sin modificarlo caprichosamente sino por una enmienda de adición, se reconozca que efectivamente hay una franja occidental de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que tiene como lengua la lengua gallega, y que esta lengua en términos constitucionales debe de estar protegida. No se dice ni cómo protegerla, ni siquiera se dice qué franja occidental es la que habla gallego, todo esto quedaría a disposición, lógicamente, y a definición de las autoridades de la comunidad autónoma, y por lo tanto esta enmienda tiene solamente este sentido: el sentido de la realidad, el sentido de la objetividad, el sentido de la variedad lingüística y la asunción de que a estas alturas no se puede pretender que se llame con híbridos a cosas que nunca fueron reconocidas como tales. Aestas alturas hablar de asturiano-gallego, yo creo que es hacer un flaco servicio a la objetividad lingüística y sobre todo a la higiene mental de todos los ciudadanos.
En nombre de esto presentamos nuestra enmienda que, vuelvo a repetir, no tiene una intencionalidad política, sino que simplemente intenta que se reconozca una realidad antropológica, por lo demás bien secundarizada, porque el estatus que la Constitución española ofrece a estas lenguas es suficientemente subsidiario como para que las autoridades autonómicas de Asturias puedan definir una jerarquía de valores en las que el español, el bable, lo que quiera, esté por encima del gallego, pero por lo menos que no se niegue su existencia, porque esto sí que me parece que es la mentalidad de conquistadores españoles de Covadonga.


El señor PRESIDENTE: Desde Covadonga la expansión fue algo más, de mayores latitudes que la de la franja gallega, galaico parlante.
Para la defensa de sus enmiendas números 2 a 6, también por el Grupo Mixto, señor Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de Nueva Izquierda, tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo brevemente para dar por mantenidas las enmiendas de Nueva Izquierda, lamentando que no se haya aceptado ninguna de ellas.
Entendemos, y luego me referiré a ello, que siendo deseable el consenso en lo que queda de tramitación, nuestras enmiendas, o al menos algunas de ellas, hubiera contribuido, en la línea que ya expresamos en el debate en el Pleno, a mejorar el redactado en lo referente al bable asturiano. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Alcaraz. Señor Madrid, señora Fernández, ruego presten la máxima atención al señor Alcaraz Ramos, que está en el uso de la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Decía que estas enmiendas tiene dos elementos fundamentales: lo referente a la regulación estatutaria, que posteriormente proporcionaría una base legal para una más adecuada regulación del bable asturiano que permitiera, desde un punto de vista técnico- jurídico, recoger mejor y cohonestarse mejor con los mandatos constitucionales y con la legislación comparada de otras comunidades autónomas; y también en lo referente a la disolución anticipada de la Cámara, que es alguno que se relaciona estrechamente, como SS.SS no ignoran, con el autogobierno.
Lamentablemente, como digo, no ha sido aceptada ninguna de estas enmiendas y por lo tanto nosotros las vamos a mantener, no sin manifestar que sería nuestro deseo que en el trámite que medie entre este debate y el Pleno, pudiéramos participar en un posible consenso, o que al menos en ese consenso se recojan algunas de nuestras aspiraciones para que podamos favorablemente en la votación final del estatuto de Asturias como ley orgánica.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Santiso tiene la palabra.


El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo quiere manifestar, o continuar manifestando, mejor dicho, su voluntad de que en la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias fuera posible todavía encontrar el consenso suficiente para corregir la

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situación actual, situación en la que, de las cuatro fuerzas presentes en el Parlamento asturiano, solamente dos han alcanzado hasta ahora un acuerdo en los contenidos esenciales.


Dada la importancia que tiene esta reforma, y sabiendo que nunca será una reforma definitiva, que los estatutos de autonomía están llamados a continuar abiertos y a continuar impulsando reformas que superen debates que precisamente hoy están en el eje de la vorágine sobre el modelo de Estado, nosotros seguimos pensando que las cuatro fuerzas políticas presentes tenemos que hacer un esfuerzo para presentarnos ante nuestros ciudadanos en Asturias con las bases de un consenso mínimo, que nosotros ofrecemos a través de algunas de nuestras enmiendas, siendo 43 el número total que hemos formulado.
De los 57 puntos de los que consta el artículo único, vamos a apoyar 36, puesto que en la fase previa hemos participado en Asturias activamente en la colaboración de esta reforma y, por lo tanto, es verdad que se recogen bastantes iniciativas de Izquierda Unida, pero vamos a estar en contra de otros 14 puntos y nos vamos a abstener en 10. Aun así, dando por mantenidas todas las enmiendas, me voy a centrar en algunas de ellas que me parecen las más importantes, sobre todo en aquellas que recogen los mínimos para conseguir alcanzar el acuerdo que al menos por nuestra parte es deseable y en el que además no queremos ningún protagonismo, sino que creemos que es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos.
Empezando por la primera presentada, que es la número 8, expresamos una voluntad que entendemos de mínimos, como es, no ya que se declare cooficialidad del bable desde hoy mismo, sino que esa potestad se traslade precisamente a la Junta del Principado de Asturias y que por una mayoría muy amplia, es decir de tres quintas partes, que es la mayoría habitual para este tipo de cuestiones, algún día, mediante una ley de la propia Junta del Principado, se pueda conseguir la cooficialidad, buscando un consenso amplio en la sociedad, que creemos que hoy se da. No hay que olvidar que existe, por ejemplo, un punto de encuentro que se llama el pautu, en Asturias, donde están presentes tanto los sindicatos -Comisiones Obreras, UGT, USO, Corriente Sindical de Izquierda-, como otras muchas asociaciones y colectivos, e incluso la propia Academia de la Llingua Asturiana.
Todos ellos están en este momento a la expectativa y deseando que este acuerdo se produzca, precisamente para que nuestra lengua no sea el foco de un conflicto no deseado por parte de nadie.
Quiero recordar también que es curioso cómo recientemente, el día 17 de septiembre, en nuestro país vecino, Portugal, el Parlamento luso aprobó precisamente la oficialidad del bable en Miranda de Douro, que es una de las zonas de influencia histórica del bable, y esta aprobación no ha supuesto ningún trauma para el país vecino, sino al contrario, ha sido muy bien acogida socialmente. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo en que esto no es una propuesta que vaya contra nadie, sino que se intenta garantizar, y el propio preámbulo de la Gramática Asturiana, publicada recientemente, reconoce la necesidad de defender además todas las variantes y variables que tiene nuestra propia lengua. Tampoco se trata de aplastar desde una normalización exclusivista todos los dialectos y todas las variantes que efectivamente contiene también nuestra lengua.
En la universidad ya es una lengua que se está estudiando y tiene sus propios departamentos dentro de la facultad de filología. Hay algún tipo de conflicto de ámbito estatal con el Consejo de Universidades, pero creemos razonable que, por estar además ya recogida previamente en nuestro estatuto de autonomía la necesidad de defender el asturiano bable y porque tenemos en este momento una ley aprobada también por la Cámara asturiana que propugna e impulsa poco a poco la extensión voluntaria, y hoy son muchas las escuelas que tienen ya una importante extensión de la enseñanza del asturiano, en algún momento -en ese caso es lo que estamos reivindicando- se traslade esa posibilidad a la propia Cámara asturiana y se pueda de manera natural y tranquila proceder a esa cooficialidad.
Después, en nuestra en nuestra enmienda número 17 recogemos algo que de alguna manera el texto también ya acepta, que son las consultas populares, llámese referéndum. En la número 20 hablamos de los fondos estatales y comunitarios, de la participación de la comunidad autónoma en su gestión. La enmienda 23 hace referencia a las competencias sobre enseñanza. La enmienda 28 recoge lo que ya hoy es una realidad, que es la participación de todas las comunidades autónomas en la construcción europea, con la participación de las propias regiones en sus propios órganos. La enmienda 29 plantea la cuestión de que Murcia y Asturias son las únicas comunidades autónomas con origen uniprovincial, y que en el caso de Murcia se mantienen cinco circunscripciones electorales mientras que en Asturias, son tres. Creemos que no es racional que se produzca esa diferenciación dentro de las propias comunidades autónomas, porque ello conlleva que la elección de diputados autonómicos tenga cuantitativamente un valor diferente, lo que ya no tiene sentido a estas alturas.
La enmienda número 30 intenta corregir una limitación que tiene nuestro estatuto de autonomía, que hoy nos limita la posibilidad de tener un número de diputados superior a 45. En esa enmienda, que es otra de las claves que ofrecemos también para el consenso, proponenos que se abra la posibilidad de una horquilla entre 45 a 60 diputados, para ejercer efectivamente en el momento en que todas las fuerzas con una mayoría amplia consideren importante o necesario llegar a esta ampliación en el número de diputados. La número 32 habla de la sindicatura de cuentas y tengo que reconocer que ya se acepta en el texto. Lo que proponemos es una mejora de redacción, pero la propuesta de Izquierda Unidad ya está recogida en la reforma que se plantea hoy. La número 40 plantea una figura similar a la del Defensor del Pueblo que contempla el artículo 54 de la Constitución, lógicamente propuesta en el ámbito de nuestra comunidad autónomas, entendiendo que ya hay otras comunidades que también han tenido la oportunidad de contemplar esta figura. Creemos que es otro punto posible para el acuerdo y para el consenso de todas las fuerzas políticas. Planteamos otra serie de enmiendas sobre Hacienda pública, tributos, etcétera. Por último, hay otra cuestión, que incluso ha sido votada estos días en la Junta del Principado, sobre la necesidad de recopilar todo el derecho consuetudinario asturiano.


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En resumen, creemos que aquí hay elementos suficientes para que incluso Izquierda Unida pueda hacer dejación de alguna de las cuestiones que planteaba hasta ahora como inamovibles, a pesar de que entendemos que por sentido común se va a imponer en un Estado que nosotros defendemos que en algún momento sea un Estado federal y solidario. Quiero hacer referencia, por ejemplo, a estos que se llama la disolución extraña o disolución corta que se plantea en distintas comunidades autónomas y que no tiene mucho sentido. Es decir, no tiene sentido forzar más allá de lo razonable la necesidad de convocar elecciones el mismo día en toda una serie de comunidades autónomas. La propia realidad política (y en Asturias lo estamos sufriendo en este momento, con una crisis política que no tiene solución a corto plazo, porque además no tenemos la posibilidad en este momento de disolver la Cámara) impone la necesidad de que en momentos concretos, y contemplados también en el ámbito estatal, se pueda ir a una disolución de manera natural, en la cual no haya que forzar de nuevo unas elecciones porque haya un calendario estatal. Si de manera natural se produce un proceso electoral, no tiene por qué anticiparse, si así se establece como hasta ahora esa limitación, de manera artificial, a los dos años a lo mejor tener que volver a celebrar elecciones conjuntamente a la vez que las municipales, etcétera, etcétera.
Creemos que este tipo de actitudes tiene que ser y van a ser necesariamente fruto de una discusión más amplia. La actitud heredada del famoso pacto autonómico entre las dos grandes fuerzas mayoritarias es una actitud a veces timorata, donde el excesivo temor a determinadas cuestiones está provocando debates a veces innecesarios, sin distinguir aquéllas en las que es posible abrir la mano, en el marco constitucional, ya que nosotros estamos planteando mantenernos en este marco constitucional, reformando en su momento si es necesario alguno de los puntos, para que todas las comunidades tengan el derecho a una autogobierno razonable sin que se produzcan agravios comparativos brutales en cuanto al nivel de competencias adquirido, por unas y por otras.
Termino por donde empezaba, nuestro grupo, hoy por hoy, todavía quiere mantener la esperanza, y la mantiene, de que en los tres meses que faltan de aquí a la tramitación en Pleno sea posible encontrar este acuerdo, insisto, entre todos los partidos políticos presentes en la comunidad de Asturias, incluido, por tanto, el Partido Asturianista, que no está presente lógicamente, en esta Cámara, pero que también nos gustaría que formara parte de ese acuerdo de mínimos, sin renunciar nadie a sus planteamientos pero renunciando un poco todos, a la búsqueda de ese punto de encuentro.


El señor PRESIDENTE: Reclamo un poco de atención de SS.SS., primero para anunciarles que las votaciones se producirán sucesivamente, cada una al término del debate de cada uno de los estatutos, tal y como me ha sido razonablemente reclamado por algunos portavoces miembros de la Comisión. (La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.) ¿Me permite un segundo, señora Rubiales? Es que es una cuestión de metodología conducente a la buena economía procesal de la sesión.
Tenemos una tarde ardua por delante y yo quería sugerir a la consideración de SS.SS. que, en los turnos que se inicien en este momento, los grupos que hagan uso de la palabra integren la defensa del informe de la ponencia, y consiguientemente el rechazo, en su caso, de las enmiendas defendidas, con la manifestación de posiciones de aquellos grupos que quieran hacer uso de la palabra respecto a las enmiendas mantenidas, porque esos grupos, aunque han formado parte de la ponencia, no las han suscrito. Es decir, que los portavoces integrasen en un solo turno todas esas distintas funciones parlamentarias porque de otra forma nos resultaría incluso difícil examinar la totalidad del orden del día.
Señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, con todo el cariño y la consideración que la Presidencia me merece, yo quería decirle que por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y lamento haber llegado cuando ya estaba empezada la sesión, no hemos tenido reunión de Mesa ni de portavoces. Sugiero y expongo en voz alta, con el ruego de que los demás portavoces lo consideren, que mi grupo preferiría que la votación fuera agrupada. Dada la cantidad de comisiones que hay y el trabajo de la gente, rogaría que se fijara una hora de votación, señor presidente, para que pudiéramos votar. Son cuatro estatutos de autonomía y como no he tenido oportunidad de manifestarlo en otro comento más que en éste, y ahora me ha brindado el presidente la oportunidad, pediría, rogaría o sugeriría que, si es posible, fijáramos una hora e hiciéramos una votación agrupada, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señora Rubiales, pero esta Presidencia no va a acceder a la petición.
Me hago cargo de que es absolutamente disfuncional para los señores diputados. Primero son cuatro estatutos de autonomía, es decir que se trata de iniciativas de la misma naturaleza y en todo caso se trata de leyes orgánicas concernientes a distintas comunidades autónomas.
Segundo, las votaciones son complejas, repare en el alcance de la enmiendas del señor Santiso, y podemos tener del orden de cien votaciones aproximadamente. Tercero, existe una nutrida representación de los medios de comunicación regionales y locales, cuyo interés, obviamente, se circunscribe y limita al punto del orden que concierne a su propio estatuto. De suerte que he consultado con los miembros de la mesa, efectivamente no ha sido el portavoz titular sino cualificados miembros del Grupo Parlamentario Socialista de la Comisión Constitucional quienes me han manifestado esa posición, y aunque lo lamento, señora Rubiales, dé por cerrada la discusión en ese punto.
Señor Santiso, deduzco del tenor de su intervención, y no quiero prejuzgar la suerte que sufran sus enmiendas, que va a solicitarnos lógicamente votación separada, en razón de que ha manifestado su aquiescencia con 36 de los puntos de orden del artículo, su voto negativo a 14 y su abstención a 10. Eso va a requerir, al tiempo de la votación del informe, votación separada de numerosos artículos. Le ruego que lo haga llegar por escrito.
Asimismo, y antes de que entremos en el turno de votaciones, agradeceré a los señores portavoces que hagan llegar

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comunicación escrita de las sustituciones que se hayan producido en sus grupos antes de que empecemos a votar.
No advierto la presencia del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en la Comisión.
Doña Margarita Uría, ¿Desea hacer uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vasco PNV? (Pausa.) La señora Uría tiene la palabra.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Nos encontramos esta tarde con la tramitación de cuatro estatutos de autonomía, procedentes todos ellos del pacto autonómico prometido en su día por Felipe González en el debate del estado de la Nación del año 1992. Pacto autonómico que hacía referencia a dos aspectos: la elevación del techo competencial de las comunidades del 143 y prever además fórmulas técnicas de relación entre Administración central y autonómica.


El Grupo Vasco no votó a favor de esta iniciativa, es decir votó en contra cuando se plasmó en la Ley Orgánica 9/1992, por entender que tenía una quiebra, y es que se dejaba fuera o quedaba pendiente la fase política de las comunidades históricas, el desarrollo estatutaria de las comunidades históricas.
Nos encontramos, y hace referencia al contenido concreto de lo que se debate en este momento en la Cámara, debatiendo los concretos contenidos competenciales de los estatutos que se han ido desarrollando conforme a la Ley Orgánica 9/1992, que fue en su día pactada por los dos partidos mayoritarios de la Cámara, Partido Popular y Partido Socialista.
Digo que hace referencia, porque al estudiar el contenido de los cuatro estatutos llama la atención a quien entonces no era diputada, como era el caso de quien interviene en este momento, la identidad absoluta de las enmiendas presentadas por los Grupos Popular y Socialista, identidad no en los contenidos sino incluso en la propia forma, con lo cual el pacto evidentemente en todos los textos, en toda la redacción es absoluta, y solamente quedó fuera de aquello, como ya he indicado, lo que hace referencia al contenido de las nacionalidades históricas.
Creemos que quienes hasta ahora han dirigido la política autonómica, -en la etapa crucial inicial el Partido Socialista y ahora el Partido Popular- han optado por un proyecto político claro basado en dos conceptos: La generalización de la autonomía y la uniformidad competencial. Éstas eran las dos pretensiones, sin tener en cuenta que dentro del Título VIII de la Constitución cabría tanto un modelo de autonomía política singular y diferenciada para las naciones vasca, catalana y gallega, frente a la descentralización administrativa para el resto de las regiones, como el modelo actual o como cualquier otro intermedio, y ello con distintas gradaciones.
Hago esta mención al Título VIII de la Constitución para enganchar con cuál será la postura del Grupo Vasco en este trámite parlamentario.
Siempre hemos sido defensores de que autonomía significa diversidad, es decir, que cada comunidad autónoma debe asumir el nivel competencial que sus legítimos representantes se crean capacitados de administrar, pero creemos que no es absolutamente imprescindible que el techo competencial sea idéntico en todas las comunidades autónomas. Es por ello por lo que, al debatirse este estatuto, no teniendo presentadas enmiendas, apoyaremos aquellas que nos parece que abundan en esta dirección.
En primer lugar, y por ir por el orden de presentación de las enmiendas, apoyaremos la enmienda número 1, presentada por el Grupo Mixto, que hace referencia a que una franja del Principado de Asturias en que se habla lengua gallega ésta debe ser objeto de especial protección. Asimismo votaremos a favor de la enmienda número 8, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en relación con el asturiano como lengua propia y patrimonio cultural de Asturias. Creemos además que lo hace en unos términos absolutamente prudentes, posibilitando que después sea el propio Principado quien realmente regule cuál sea el carácter de esta lengua. Y nos gustaría también dar nuestro apoyo a la enmienda 40, que hace referencia a la posibilidad de que el Principado de Asturias disponga, como otras comunidades autónomas, de la figura del Defensor del Pueblo, porque donde existe, aun no teniendo previsión estatutaria, se ha demostrado como institución eficaz en la tutela de derechos y libertades de los ciudadanos.


Al margen de estas precisiones que hago, el Grupo Vasco seguirá en las votaciones en gran medida lo indicado por el Grupo de Izquierda Unida en lo que hace referencia a la totalidad del proyecto, con lo cual ahorro a la Cámara el debate de otros puntos que nos parecen más o menos aceptables. Me interesaba resaltar esos tres puntos de hechos diferenciales referidos a una comunidad autónoma por ser de especial significación desde el punto de vista de la perspectiva del grupo al que represento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Silva tiene la palabra.


El señor SILVASÁNCHEZ: Anunciamos nuestro voto favorable a la enmienda número 1, presentada por el Grupo Mixto, el Bloque Nacionalista Galego, relativa precisamente a ese respecto y protección de la lengua gallega hablada en las zonas occidentales de la comunidad autónoma. Queríamos destacar que en una ley -me imagino que tan poco proclive o calificable de nacionalista- como es la Compilación Foral de Galicia, de 2 de diciembre de 1963, en el artículo 1.o precisamente señala la aplicación de ese derecho civil especial de Galicia -leo textualmente-: en aquellas comarcas de las provincias limítrofes de Oviedo, de León (después tendremos ocasión de hacer referencia también al Estatuto de Castilla y León) y de Zamora cuando se acredite la existencia y uso de esas instituciones.
¿Qué queremos decir, señor presidente? Pues que el derecho, la cultura y obviamente la lengua no se pueden ajustar a martillazos a divisiones, no digo ya administrativas, políticas, porque las comunidades autónomas tienen esa naturaleza política. Por tanto, si una ley de plena época franquista reconocía la aplicación del derecho propio de Galicia en las comarcas limítrofes de las provincias, como Oviedo, no vamos a negar nosotros precisamente el carácter de gallego y el respecto y protección que merezca el idioma que se habla en esa zona occidental de Asturias. En cualquier caso, todo el mundo sabe que cultura, lengua y derecho van extremadamente unidos y que, no debe suponer

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especial problema. Desde luego, lo que no lo merecía para Franco en 1963 no lo merecerá para nosotros en 1998.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuesta tiene la palabra.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Efectivamente, dictaminamos hoy la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. Creo que es una reforma de gran calado porque va a elevar considerablemente la capacidad de autogobierno del Principado de Asturias y, por lo tanto, a desarrollar las previsiones de la vía autonómica que en su día habíamos elegido. Y se produce además en un marco temporal, que es el vigésimo aniversario de la vigencia de la Constitución española, en el que la consolidación de este proyecto autonómico, a través de éste y de otros estatutos que contemplan la realización de sus previsiones iniciales, implica que el proceso de descentralización y autogobierno en nuestro país ha sido fructífero, gradual, dialogado, basado en la experiencia, en la solidez de cada paso, y lógicamente también en el principio que es intrínseco a la propia configuración del Estado y de una democracia, que es el carácter dinámico del Estado y de la evolución de toda norma que intente regular las estructuras del Estado. Efectivamente, tan sólo los sistemas autorizados podrían ser estáticos; la democracia tiene como caracterización fundamental su dinamismo. Por eso, con esta reforma no queda cerrado el proceso autonómico, pero sí quedan contempladas las previsiones que teníamos aquellos que optamos por una vía concreta a la hora de plantearnos la capacidad de autogobierno como comunidad autónoma o como región. Estamos en un Estado que no se cierra en su diseño pero que se estabiliza, que cumple las previsiones iniciales de plenitud en esa perspectiva de dinamismo que existe en todo sistema democrático. Ylo hemos hecho con una metodología similar a la de partida: la del diálogo y del consenso, que es la que presidió también los trabajos de la Constitución. Es cierto que para que un planteamiento sea sólido ante todo debe ser ampliamente representativo.
Ya en la génesis de nuestro proceso autonómico la pretensión fue sumar voluntades, porque entendíamos que cualquier modificación sustancial del planteamiento estructural de una región requería al máximo consenso. Recuerdo, lo citó como mera anécdota histórica, aunque fue importante, que en octubre de 1979 en Asturias se firmó un pacto autonómico entre los partidos mayoritarios en aquella época (el Partido Socialista, la Unión de Centro Democrático y el Partido Comunista de Asturias) y optamos por el proceso autonómico que se definió como de autonomía plena diferida o vía del artículo 148 de la Constitución; autonomía plena diferida que es más que la autonomía plena desde el gradualismo dinámico del que hablaba en el inicio de mi intervención. Fruto de aquel acuerdo resultó un estatuto consensuado, que fue aprobado por amplísima mayoría de las Cámaras por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre. Apropósito de aquella actitud de consenso y de aquel proceso autonómico armonioso, quisiera, aunque sólo sea como referencia, citar a modo de homenaje a quien presidió en aquella época el Gobierno preautonómico asturiano, al hoy excelentísimo senador don Rafael Fernández Álvarez, y aquel proceso de consenso que cristalizó en este camino autonómico y que -lo apunto también como anécdota- dentro de dos días va a ser nombrado hijo predilecto de Oviedo.
Anoto que Asturias fue la nueva primera comunidad autónoma, la primera comunidad autónoma que optó por la vía del 148, pero ella no entrañaba un planteamiento autonómico menor, sino otro dinámico, gradual, diferente, con una metodología distinta, pero en ningún caso un freno de capacidades de autogobierno. Aquel espíritu de consenso que presidió la génesis de este proceso, también marcó los trabajos de las ulteriores reformas: la primera, pequeña, pero importante en su contenido, que fue la que se refería al artículo 25 del estatuto, a su régimen de elecciones, por Ley Orgánica 3/1991, de 13 de marzo; y la segunda, la que fue basada en un pacto autonómico de 1992 entre los grandes partidos, los mayoritarios, pero siempre abierta en su diálogo y en su gestación, también en el ámbito de las comunidades autónomas, al resto de las fuerzas políticas para avanzar precisamente en el aumento del techo competencial. En efecto, aquel criterio de consenso fue el que inspiró la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, que amplío considerablemente la capacidad de autogobierno elevando los techos o niveles competenciales del Principado de Asturias.


Es cierto, también lo quiero dejar muy claro, que aún no se han cumplido todas las previsiones potenciales de aquella reforma de 1994; siguen pendientes algunas transferencias de competencias. Por lo tanto, el diseño consensuado en aquella época debe consolidarse con carácter urgente y definitivo. A su vez, también debe de redefinirse de manera consensuada los mecanismos y los modelos de financiación de las comunidades autónomas.
Parece, no obstante, oportuno que ahora, ya cumplidas las fases intermedias y las previsiones de desarrollo autonómico, logremos el carácter de plenitud de aquel proceso que iniciamos en 1979 o en 1981. Pretendemos que la plenitud de este proceso se haga desde el consenso con todas las fuerzas políticas, y así lo venimos planteando. Lo hemos propuesto en el ámbito del Principado de Asturias, donde hay un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias.
Decía el portavoz de Izquierda Unida que de cuatro había tan sólo dos, pero éstos representan el 80 por ciento de los electores asturianos; son dos que representan el 80 por ciento de la composición de la cámara de la Junta General del Principado de Asturias. Aunque también quiero decir que el proyecto que debate esta tarde la Comisión Constitucional, y que conoce la Cámara, es fruto no sólo de ese diálogo de dos fuerzas, sino del enriquecimiento basado en los trabajos y en las muy importantes aportaciones que han hecho grupos parlamentarios como Izquierda Unida en el propio ámbito de la Junta General del Principado de Asturias. Es decir, no estamos ante una iniciativa de la que pueda predicarse que son ajenas el resto de fuerzas políticas. Hay una presencia, no solamente en la colaboración en la elaboración, sino en las aportaciones. Nos parece razonable intentar sumar voluntades, y yo quiero hacer esa pública apelación a que se logre en la tramitación de este estatuto, pero también desde el convencimiento de que el contenido que dictamina la ponencia, y que básicamente recoge la proposición de la Junta General del Principado,

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es fruto ya del consenso y de posiciones políticas que son ampliamente representativas y mayoritarias.
El proyecto que hoy debatimos mereció alguna enmienda coincidente con las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que básicamente hacen mención a un reajuste más bien de sistemática jurídica, de adaptación a la jurisprudencia constitucional e incluso al propio tenor de la Constitución, de lo que consideramos que era un error técnico de la propia proposición de la Junta General del Principado a la hora de definir el sistema competencial del Estatuto de Asturias.
Pero quiero dejar claro, antes de explicar las enmiendas aprobadas, que queremos que se sumen los máximos apoyos en favor de esta iniciativa; que se amplíe el número de fuerzas políticas que podamos decir que son las impulsoras de este proceso autonómico. Añadiré que mi partido cumple sus pactos, y este proceso autonómico es también fruto de un pacto de Estado que estuvo abierto, que ha sido flexible y que ha sido enriquecido por la Junta General del Principado.
Las enmiendas, decía, intentan recoger y adaptar fundamentalmente aspectos de pura técnica jurídica, de adaptación a criterios de jurisprudencia constitucional y, prácticamente, se concentran en el ámbito competencial. Por referirme al primer bloque de enmiendas, en primer lugar, en la propuesta que viene de la Junta General del Principado se califica en el artículo 10 como competencia exclusiva la defensa de los consumidores y usuarios, la ordenación farmacéutica, corporaciones de derecho público, régimen local.
Creemos más acertado, desde el punto de vista técnico- jurídico, que estas competencias se incluyan entre las de desarrollo legislativo del artículo 11. No obstante, mantenemos como competencia exclusiva del artículo 10 las alteraciones de los territorios municipales. En efecto, las competencias sobre corporaciones de derecho público es de desarrollo legislativo y ejecución, al haber sido incluidas aquéllas por el Tribunal Constitucional en las administraciones públicas sobre las que el artículo 149.1.18 de la Constitución española reserva al Estado las bases, y así aparece recogido de manera indubitada por jurisprudencia constitucional, como la sentencia 227/1988 ó 132/1989.
Lo mismo ocurre sobre el régimen local. La competencia para establecer las bases la recibe el Estado, según señala la sentencia del Tribunal Constitucional 84/1982, y según el artículo 149.1.18 de la Constitución el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas.
Desde otro punto de vista, el artículo 149.1.16 reserva al Estado las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos. En este sentido también hacemos un reajuste competencial en nuestras enmiendas. La defensa de los consumidores y usuarios es obligación, entendemos, de todos los poderes públicos. Es un derecho que deriva del artículo 51 de la Constitución española y entra en aspectos relacionados con lo que podrían ser competencias exclusivas del Estado, como la ordenación general de la economía, seguridad y salud. Al respecto hemos de recordar que ya hay legislación, como la Ley General de Defensa de los Consumidores, 26/1984, de 19 de junio, y que es más correcto que esta competencia se incluya como de desarrollo legislativo y de ejecución en el marco de la legislación básica del Estado.
Respecto a otras competencias aprobadas en el proyecto como desarrollo legislativo -artículo 11, como ocurre con crédito, banca y seguros, o como exclusivas, en el caso de las asociaciones, que se incluyen en el artículo 10- nuestras enmiendas se adecuan a nivel de competencias de ejecución y las adaptan a él, incluyéndolas o insertándolas en el artículo 12, recalco que estas competencias son de crédito, banca y seguros o en materia de asociaciones. Por dar un ejemplo también, en materia de asociaciones, el artículo 81.1 de la Constitución española reserva a la ley orgánica estatal el desarrollo del derecho de asociación, que está reconocido en el artículo 22 de la Constitución española, y parece, por lo tanto, más correcto ubicar esta competencia como de ejecución de la legislación del Estado.


Las competencias referentes al régimen estatutario de los funcionarios, bienes de dominio público y servidumbres públicas, contratos y concesiones se agrupan en un nuevo artículo, tal como también se ha hecho por razones sistemáticas en otros estatutos, cito por ejemplo el de Castilla- La Mancha.
La referencia a la tutela financiera sobre las corporaciones locales se traslada en su sistemática y se ubica en el Título IV del Estatuto, referido a Hacienda y Economía; no implica ninguna disminución del ámbito competencial.
La sanidad se mantiene, y lo aceptamos, y como competencia de desarrollo y ejecución en el artículo 11, tal como viene también en la propuesta de la Junta General delPrincipado, y la gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de seguridad social, Imserso, pasan a ser competencias de ejecución, nuevo artículo 12.4 según nuestra enmienda, especificándose competencias de coordinación hospitalaria, gestión de asistencia sanitaria y gestión de las prestaciones y servicios sociales. Por otro lado, se suprime la competencia en materia de telecomunicación, por ser, consideramos, una competencia exclusiva del Estado, conforme dispone el artículo 149.1.21 de la Constitución española.
Incluimos, y así lo recoge ya el dictamen de la ponencia, el sistema de consultas populares como competencia nueva de desarrollo legislativo y de ejecución del artículo 11.11 nuevo del estatuto, tal y como ha quedado dictaminado por la ponencia.
Finalmente, se retoca el artículo 25, que hace mención a la convocatoria de elecciones, para hacerlo congruente con la última reforma electoral que prevé la coincidencia de elecciones municipales y autonómicas con las elecciones al Parlamento Europeo, coordinando los procesos electorales y sus calendarios en los términos que dispongan las Cortes Generales.
En conclusión, creemos, señor presidente, señorías, que con esta reforma, y tal como queda dictaminada por la ponencia, se aumenta el nivel de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Asturias, se cumplen las previsiones que antes calificaba como previsiones de plenitud de nuestro proceso automático, que no se cierra, que simplemente, aunque es muy importante, se estabiliza. Mi grupo cree que el sistema autonómico no e puede cerrar desde su materialidad, desde su dinamismo, desde su desarrollo, porque la vida, la política, la democracia y el Estado de las autonomías son realidades dinámicas.
Pero dicho esto, entendemos

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que debe haber un cierto esquema de estabilidad en el sistema autonómico español que debe estar basado en un pacto que concite la mayor de las voluntades. Ese esquema de estabilidad tiene como requisitos previos que se logre culminar el proceso de transferencias de competencias. Vuelvo a recordar que las previsiones de la reforma de 1994 aún no están cumplidas en su plenitud, por lo tanto, pedimos que se culmine ese proceso de transferencias de competencias, que se logre la definitiva transferencia en Educación y que se culmine lógicamente esta segunda fase de reforma de los estatutos de autonomía, logrando una cierta homogeneidad -se lo digo a la portavoz del Grupo Vasco- desde la pluralidad, en el nivel competencial de las distintas comunidades autónomas. Y es imprescindible -aprovecho para reivindicarlo también- un modelo pactado de financiación autonómica, sin el cual este proceso en el que nos encontramos no va a ver realizadas todas las expectativas que está generando.
Esta reforma, finalizo, es importante, pero más lo será el nuevo modelo, y sobre todo el modo cómo se dote financiera y económicamente algunas de las competencias que aquí se anuncian como nuevas y cómo se dote económicamente las competencias que es urgente que queden transferidas.


Termino pidiendo el voto favorable a este aumento del autogobierno del Principado de Asturias y haciendo pública apelación a la suma de todos los apoyos posibles y a esa voluntad de consenso y de diálogo que ha inspirado la elaboración de los trabajos de esta propuesta de la Junta General del Principado y el trabajo parlamentario de nuestro grupo.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a doña Mercedes Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, esta Presidencia cree de interés poner en conocimiento de los miembros de la Comisión el contenido de una información de prensa que ha llegado a mi poder en el que puede leerse que el Tribunal Supremo londinense dio hoy la razón a los abogados de Augusto Pinochet que definieron como ilegal, entrecomillado, el mandato que permitió la detención del ex-dictador en la capital británica. Sin embargo, dice también la agencia, Pinochet permanece detenido a la espera del resultado de cualquier apelación que se interponga en contra de esta decisión.
Salvo que la memoria me falle o la información mejor de algún otro miembro de la Comisión me rectifique, yo creo recordar que se trata de una apelación ante la Cámara de los Lores; no se me ocurre otra modalidad en el procedimiento británico. Perdonen la digresión, creo que el interés informativo de la noticia merecía la pena.
Tiene la palabra la señora Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a pasar a hacer referencia a las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario, coincidentes con las del Grupo Parlamentario Socialista, y que todas ellas han sido incorporadas en el trámite de ponencia. Con carácter previo quisiera hacer una pequeña valoración relativa a los antecedentes parlamentarios.
Recordarán SS.SS. que el pasado 19 de mayo de 1998 el Pleno de la Cámara tomaba en consideración la proposición de ley proveniente de la Junta General del Principado de Asturias para que se produjese la tercera modificación del Estatuto de Autonomía de Asturias. Su andadura se inició hace ya 16 años y ha habido tres reformas. Ésta que hoy estamos debatiendo, de especial transcendencia y calado político por lo que asunción de nuevas competencias se refiere, marcaba el tránsito, político y la trayectoria parlamentaria del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. En aquella ocasión quien les habla, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, dijo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, en una referencia a quien, a mi juicio, es un asturiano universal, Gaspar Melchor de Jovellanos, que lo calificaba, entonces y ahora, de auténtico reformista: siempre equidistante entre los que tenían el celo por cambiarlo todo y los que hacían apología incondicional de todo lo viejo. Pues bien, Jovellanos, a mi juicio, estaba siempre equidistante, tratando de que la política y el devenir de la sociedad se fuese desarrollando en Asturias y en España de forma constante, continua y flexible. A esta invocación al desarrollo continuo, constante y flexible, decía, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que si a ello... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Fernández. Señores, el debate de les Illes Balears, llega después.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Sospecho que si el señor presidente hubiese leído el teletipo después de mi intervención habría más silencio en la Comisión.


Decía, señor presidente, que finalizaba mi intervención entonces, el 19 de mayo, haciendo una invocación al consenso, y señalaba que estaríamos ganando entre todos una ocasión para Asturias y para todos los asturianos. Celebro que intervinientes anteriores en este debate parlamentario en trámite de Comisión hayan hecho votos públicos por el consenso entre todas las fuerzas políticas, o al menos, el mayor número de ellas con representación en esta Cámara. Decíamos en Asturias -éste era un debate conocido y yo quiero trasladarlo hoy aquí, que al igual que es sensato, lógico y yo diría que conveniente la discrepancia política en materias sectoriales, a nuestro juicio, que en un debate de estatuto de autonomía todos debemos tener sitio, cabida, porque al final estamos dotándonos de un marco, de un escenario para que la política se pueda desarrollar por todos los grupos, por todos los partidos políticos como entiendan más conveniente y como responda mejor a sus declaraciones programáticas y de principio, pero sin duda teniendo un marco común.


Algún portavoz celebraba que la Constitución española cumpla este año veinte de vigencia y de consenso constitucional. Creo que sería un buen antecedente parlamentario si conseguimos igualmente que el consenso en torno al Estatuto de Autonomía de Asturias sea una realidad durante la tramitación parlamentaria.


Las enmiendas que se han presentado por los diversos grupos parlamentarios, como SS.SS conocen perfectamente, arrojan un total de 65. El Grupo Parlamentario Popular

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y el Grupo Parlamentario Socialista presentaron, de forma idéntica, con la misma redacción, y no por casualidad sino según un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ocho enmiendas a las que el portavoz socialista ha hecho somera referencia. Son enmiendas que se han incorporado en la ponencia desarrollada en fechas muy recientes y, que a mi juicio se pueden sintetizar de la siguiente manera. Obedecen a criterios estrictamente jurídicos, con base constitucional; no pocas sentencias del Tribunal Constitucional español han ilustrado y sirven de fundamento para las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Se trata, en definitiva, de aspectos estrictamente de ubicación, por tanto, competenciales.
Existe un gran paralelismo en un porcentaje elevadísimo entre el texto que llega del Principado de Asturias y el que finalmente hoy estamos discutiendo en el seno de la Comisión Constitucional con las enmiendas incorporadas en la fase de ponencia. Hay cuestiones comunes que obedecen estrictamente a una mejor redacción y, decía antes también, aspectos estrictamente competenciales. Algunos de ellos no fueron objeto de estas enmiendas pero a nuestro juicio mejoran el texto provinente de Asturias. Por ejemplo, señalamos el referido a la definición de comunidad autónoma como comunidad histórica constituida en el ejercicio del derecho de autogobierno amparada por la Constitución. Nos parece igualmente que el refrendo que en el artículo 4 se hace del bable, donde se dice que gozará de protección y que se promoverá su uso y difusión respetando las variantes locales, muchos portavoces lo han puesto de manifiesto a lo largo de su intervención y, probablemente, todos podríamos profundizar en esta redacción en torno al artículo 4, tal y como se recoge en la ponencia correspondiente. Aspectos incluso de técnica legislativa, en los que se evita en la medida de lo posible que haya en determinados artículos y apartados referencias a artículos numéricamente establecidos de nuestro texto constitucional, justifican no pocas enmiendas de las que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular. El traslado de un artículo a otro de competencias exclusivas a competencias de ejecución y a su vez de desarrollo justifican las ocho enmiendas que hemos presentado.
Y existe una enmienda con carácter general, que creo que ha sido igualmente glosada, que trae causa de la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que obliga, por coordinación en la materia, al Estatuto de Autonomía de Asturias y a todos los estatutos que sucesivamente se están tramitando y valorando en las Cortes Generales. Por tanto, la remisión a la Ley de Régimen Electoral General para que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años obedece a una coordinación electoral, desde luego deseada por nosotros y materializada en la enmienda a la que hice referencia.
Por lo que se refiere, señorías, señor presidente, a las consideraciones que desde otros grupos parlamentarios se han hecho respecto a las enmiendas por ellos planteadas, quiero aprovechar para decir que desde Asturias tenemos una gran sensibilidad lingüística e idéntica para el consenso parlamentario entre todas las fuerzas políticas. Puesto que Izquierda Unida hacía referencia al elenco de enmiendas que ha presentado pero fijaba su atención en alguna de ellas, yo quisiera hacer alguna somera puntualización que ponía de manifiesto su portavoz, el señor Santiso. Hablaba de una enmienda, y la justificaba, relativa a la supresión de las tres circunscripciones que ahora mismo están vigentes en el Principado de Asturias: la central, la oriental y la occidental. Me parece respetable cualquier consideración en aras de plasmar, defender y justificar una enmienda. Lo que no me parece especialmente feliz, señor Santiso, es que cuando reivindicamos la diferencia y la especificidad de los estatutos de autonomía utilicemos como aval de la enmienda que solamente en Murcia y en Asturias hay una división en circunscripciones diferenciadas. Cada tierra, y la nuestra usted lo sabe muy bien, tiene sus peculiaridades; los debates han tenido sus luces y desde luego los avales para que ello exista en la actualidad -usted lo conoce perfectamente, como yo- se deben a los antecedentes parlamentarios y a las múltiples discusiones parlamentarias que se han planteado en torno a este tema.
Hacía referencia también, como algún otro portavoz, a la financiación autonómica. Nosotros hemos dicho en otros estatutos, y yo lo quiero reiterar hoy aquí, que el debate de financiación autonómica SS.SS pueden plantearlo cuando estimen oportuno. Nosotros estamos satisfechos del pacto y del acuerdo que se ha conseguido al respecto.
Desde luego, creo que es hablar con bastante precisión -si recordamos todavía el debate que se ha celebrado esta semana en la Cámara- el asegurar que aquellas comunidades autónomas que se han acogido al nuevo modelo de financiación autonómica están ganando poder adquisitivo y, por tanto, mayor financiación, beneficiando directamente a los cuidadanos de esas comunidades autónomas; no voy a entrar en más polémicas respecto al modelo de financiación autonómica.
El señor Santiso hacía referencia también a una institución; nos parece oportuna, y tal es así que está recogida en el proyecto y se ha integrado en las enmiendas de ponencia; estoy hablando de la sindicatura de cuentas. No obstante, me parece que la redacción de la enmienda que presenta su grupo parlamentario, Izquierda Unida, es demasiado prolija en lo que son los requisitos. A mi juicio, la reserva legal en favor de la autonomía asturiana -y más precisamente de su Junta General, en la que establecemos que se regularán por ley las características, competencias y funciones de la sindicatura de cuentas; en el plano estrictamente competencial y desde una política autonómica y autonomista nos parece más respetuosa con la redacción que nosotros presentamos que con la suya, que cuenta con una enumeración exhaustiva de características, funcionamiento y de requisitos. No obstante, creo que debemos convenir y celebrar que lo importante era que la institución apareciese recogida en esta reforma estatutaria, y en este punto hay acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
Hay otro aspecto que me parece también que es interesante, porque sé que en él el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida había puesto especial empeño y énfasis político, que yo quiero señalar. En la enmienda número 17 ustedes plantean el régimen jurídico de las consultas populares en el ámbito del Principado de Asturias y justifican esa enmienda para que competencialmente la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones pueda realizarse en nuestra comunidad autónoma. Su señoría sabe, como el resto de los miembros de esta Comisión, que

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las consultas populares aparecen integradas ya en la ponencia y, por tanto, aceptadas de forma unánime por los diversos grupos parlamentarios que hemos participado en el trámite de ponencia.
Y finalmente yo querría realizar una consideración de tipo político, haciendo abstracción de lo que son singularidades y cuestiones estrictamente competenciales de gramática o de técnica jurídica. Creo que tenemos una buena oportunidad por delante en Asturias, desde Asturias y en las Cortes Generales. Si se puede lograr el consenso político cumpliendo todos los pactos a los que nos comprometimos -estoy haciendo referencia a los suscritos entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular-; si esos pactos, trasladados a ocho enmiendas, pueden ser suscritos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario socialista Popular y el resto de los grupos que han hecho uso de la palabra y podemos convenir en establecer y en encontrar el cauce para conseguir un consenso de mínimos, sinceramente conseguiríamos un buen debate para toda la sociedad asturiana y desde luego un gran éxito político por plasmar esa voluntad de consenso a la que nosotros hacíamos referencia el 19 de mayo. Desde luego, a lo largo de todo el trámite parlamentario vamos a tratar de colaborar activamente.


El señor PRESIDENTE: Permítanme SS.SS recordar que estamos en un procedimiento legislativo de dos lecturas, nos queda el Pleno. Es, no sólo razonable, sino sin duda muy interesante para toda la ilustración de la Comisión la latitud de estas primeras intervenciones, pero ya en estos turnos les ruego una mayor concisión y el ajustamiento a los estrictos términos reglamentarios de tiempo.
En consecuencia, por un tiempo máximo de cinco minutos, en turno de réplica tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez, si desea hacer uso de ello.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No es replicar nada, solamente exhortar a los señores y señoras diputados de Asturias por qué extraño método se llega a la conclusión de que existe el bable y que no existe el gallego. No acabo de entenderlo, pero bueno, milagros tiene la Santa Trinidad y la santa España que los sabrá explicar, porque yo realmente no me acabo de aclarar; o es autoodio del propio sector asturiano que habla gallego, o es un odio histórico que no se explica. Quiero decir, ¿cómo se puede hacer abstracción de una realidad y llevarla además naturalmente? Entonces yo solamente como réplica digo que naturalmente existimos, yo estoy aquí, y nada más.
(Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, de Izquierda Unida, tiene la palabra.


El señor SANTISO DEL VALLE: Muy brevemente, porque efectivamente nos queda todavía otro trámite parlamentario por delante en esta misma Cámara. Quiero insistir en que nuestro grupo está dispuesto a agotar todas las posibilidades de diálogo en el tiempo que queda hasta el debate en Pleno, que en este debate estamos dispuestos lógicamente a renunciar temporalmente, es decir a aplazar muchos de los temas o algunos de los temas que para nosotros siguen siendo importantes, pero interpretando también algo que decía don Álvaro de la Cuesta del Grupo Socialista, que este estatuto de autonomía no se puede cerrar en este momento, es un debate que continuará abierto, y por lo tanto nuestro grupo sigue ofreciendo esa posibilidad de diálogo, insisto, en la voluntad de que no sea el estatuto de autonomía del 80 por 100 de los parlamentarios asturianos, sino que pueda ser el estatuto de autonomía del cien por cien, y en esa voluntad vamos a continuar.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muy brevemente, presidente, quiero hacer una precisión. Aunque en el torno del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, había una cordialidad en un pronunciamiento, con la misma cordialidad quiero decirle que en los antecedentes de la reivindicación que hoy plantea el Bloque Nacionalista Galego, y me remito a los primeros momentos del proceso autonómico, puedo recordarles que en el programa político de la Unión de Pobo Galego por ejemplo, había una reivindicación de fronteras que las hacían extender hasta el río Navia, en Asturias. Fíjense ustedes; lo digo con la cordialidad que me merece el compañero parlamentario que ha hablado en nombre del Grupo Mixto, pero me parece mal camino... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: La señora taquígrafa me expresa su dificultad para seguir las palabras del señor Cuesta en razón del ruido de los rumores ambientes. Les encarezco, por favor, el mayor silencio.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Decía, señor presidente, que me parece mal camino insinuar, aunque sea de manera humorística, que hay algún componente xenófobo detrás del exterminio de la lengua galega que no reconocemos en el Estatuto de Autonomía de Asturias, que tampoco es un derecho foral, por supuesto, ni tiene nada que ver con la realidad foral. Podríamos abrir otro debate muy interesante, porque es cierto que la compilación foral galega en su momento se extendía o era aplicable territorialmente, según se decía a algunos territorios de la provincia de Zamora en concreto y de la provincia antigua de Asturias, pero no es menos cierto que en Asturias ha venido operando no como compilación foral galega sino como especificidad propia del derecho consuetudinario civil. No voy a extenderme ahora en un debate sobre analogías y diferencias entre la compañía familiar galega y la sociedad familiar asturiana, también conocida como sociedad a mesa y mantel, por poner un ejemplo. Quiero decir que esas reflexiones no dan lugar a la existencia de un galego como realidad lingüística que debe ser reconocida en el estatuto de autonomía. Y si ustedes preguntan a los asturianos limítrofes con Galicia, hablan de un bable occidental o hablan de una fala de veiga, no de un galego como norma o como variedad lingüística que debe ser reconocida y recogida en el estatuto de autonomía.
Y finalmente lo que sí quiero dejar muy claro es que hemos construido un consenso, que hemos defendido en este trámite las mejoras que se han introducido en la ponencia y que conectan con lo que fue el espíritu de los trabajos del Principado de Asturias, en este caso de la Junta General

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del Principado de Asturias. Llamamos la atención en torno a los problemas de ultimar el proceso de transferencias y definir el modo de dotación económica de esas transferencias, sin las cuales este proceso de reforma es un papel mojado o por lo menos frustraría muchas expectativas, y lo dije en mi intervención anterior. Creo que hay que hacer una puesta en valor de este dictamen de la ponencia; es fruto de un consenso muy amplio, de dos partidos que formalmente representan el 80 por 100 del electorado asturiano, pero también que ha incorporado planteamientos que han surgido de la propia asamblea parlamentaria asturiana, planteamientos del propio Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y por lo tanto el texto que hoy tenemos ante nosotros ya en sí es una realidad consensuada con la que mi grupo se siente plenamente identificado.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Con toda brevedad, señor presidente, haré las alusiones que a mi juicio son pertinentes, y por tanto obviaré otras con absoluto respeto pero con absoluta y deliberada voluntad.
Quiero empezar por donde ha finalizado el portavoz socialista, don Álvaro Cuesta. El consenso nunca es demasiado ni nunca son muchos los que están en torno a un estatuto de autonomía. Quiero ratificar el acuerdo, y lo he dicho en mi intervención, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero quiero a su vez -y me permitirá SS la ambición parlamentaria, que creo que va en beneficio de todos los asturianos y desde luego de lo que es la propia vida parlamentaria- que nadie, sin hacer dejación de lo fundamental, pueda tener fronteras más allá de lo razonable. Con las fronteras justas y presidido por el ánimo de consenso creo, señorías, que sería un éxito parlamentario concitar la voluntad de todas las fuerzas políticas y que en Asturias todos nos sintiésemos dentro de nuestro estatuto.


El señor PRESIDENTE: Queda concluido el debate del informe de la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y vamos a proceder a las votaciones.
En primer término, someto a votación la enmienda número 1, defendida por el señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos en segundo lugar las enmiendas números 2 a 6, del señor Alcaraz Ramos, en las que hay alguna petición de votación separada de alguna de ellas. Efectivamente, por parte del señor Santiso se me solicita la votación separada por una parte de las enmiendas números 2 y 6, defendidas por el señor Alcaraz Ramos.
Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por unanimidad.
Sometemos a votación seguidamente las enmiendas números 3, 4 y 5, defendidas por el propio señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor SANTISO DELVALLE: Para pedir votación separada de nuestras enmiendas números 8, 40 y 49.


El señor PRESIDENTE: ¿Pueden votarse agrupadamente estas tres, señor Santiso? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: En primer término votamos agrupadamente las enmiendas números 8,, 40 y 49, defendidas por el señor Santiso, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el resto de las enmiendas números 7 a 48, excluidas la 8 y la 40 que ya han sido votadas, defendidas asimismo por el señor Santiso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Concluido el trámite de votación de las enmiendas, pasamos a votar el informe de la ponencia, es decir, el texto de la reforma del estatuto.
Hay, asimismo, por parte del señor Santiso, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, solicitud de votación separada de los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 11, 11 bis, 14, 17, 22, 24, 33, 43 y 44, todos ellos del artículo único. En consecuencia, votamos en primer término los puntos enunciados del artículo único de la reforma del estatuto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 3; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Ponemos a votación los puntos 18, 32, 34, 27, 29, 40, 41, 45, 46 y 55 bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Ponemos a votación los puntos el resto de los puntos del artículo único no afectados por esas peticiones de votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


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Votamos finalmente la disposición final.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente votamos el preámbulo de la proposición de reforma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Queda concluido el trámite del dictamen por esta Comisión Constitucional para su elevación al Pleno de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Permítanme que felicite a todos los señores diputados representantes de esa circunscripción presentes en esta Comisión.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES. PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS- PARLAMENTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000008).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a abordar el punto número 2 del orden del día: propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Como SS.SS habrán tenido ocasión de comprobar, la ponencia propone la aceptación de las enmiendas de los grupos Popular y Socialista, y el rechazo de las restantes, si bien existen algunas enmiendas concretas, la número 3, suscrita por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las 57, 71 y 74, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre las que la ponencia no hace un pronunciamiento expreso y se remite a los acuerdos que puedan adoptarse en este trámite de deliberación en Comisión.
En consecuencia, para la defensa de sus enmiendas 1 y 2, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, doña Margarita Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Como he indicado en la intervención anterior, que no repetiré, el grupo al que represento no suele intervenir en los estatutos de comunidades autónomas distintas de aquellas en las que tiene implantación el partido que represento, y el hecho de haberlo hecho en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares obedece a la coalición que en los procesos electorales europeos mi partido mantiene con Unión Mallorquina. Fruto de esta coalición, se nos solicitó que presentásemos dos enmiendas que encajaban con lo que es el espíritu que mi grupo mantiene en relación con la idea de que autonomía es diversidad y la idea de que cada comunidad autónoma debe organizar sus instituciones de gobierno en la medida que les parezca más conveniente a los órganos que la representan e igualmente asumir aquel nivel competencial que se crean capaces de administrar, dentro de los límites constitucionalmente establecidos.


La enmienda número 2 hace referencia al artículo 1 y en ella se contiene la propia definición que de las Islas Baleares desea sostener el partido al que me refiero, sin representantes en la Cámara pero sí en las instituciones baleares, haciendo referencia a la expresión de su nacionalidad y de su identidad como nacionalidad histórica, criterio que es muy libre de sostener y que nosotros les defendemos en este trámite. Igualmente coincide en alguna medida con la enmienda número 3, presentada pro el Grupo Catalán (Convergència i Unió), enmienda que también será objeto de votación positiva por nuestra parte.
La enmienda que aparece presentada como número 1 se refiere al artículo 14, y es igualmente respetuosa de otro criterio que mi partido sostiene para sí mismos o para la articulación de las instituciones en la que tiene representación, y que por lo tanto hace extensivo a quienes tienen voluntad de gobierno o de participación en la acción política en otras comunidades autónomas: el hecho de que cada isla, con la voluntad de recuperar y actualizar la organización de sus instituciones tradicionales de autogobierno, dentro del marco jurídico vigente, pueda establecer la denominación del concejo insular respecto que históricamente le parezca más correcta. Nos parece que es respetuoso con la voluntad que puedan querer manifestar en su momento, ni siquiera obliga a nada, sino que simplemente pospone al hecho de que cada isla, con la voluntad de que sus instituciones o sus órganos representativos lo manifiesten, podrá actualizar o adecuar la denominación a la que históricamente fue más adecuada.
Conscientes de que coinciden con el espíritu de lo que suelen ser los postulados del grupo al que represento en esta Cámara, mi grupo cree haber expresado el contenido o el alcance de las dos enmiendas que mantenemos, a la vez que ya desde ahora indico que votaríamos favorablemente la enmienda número 3, presentada por el grupo catalán.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de su enmienda número 3, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: La enmienda número 3 pretende, como la número 2, quizá un poco más compleja, presentada pro el Grupo Parlamentario Vasco, el reconocimiento de las Illes Balears con el carácter de nacionalidad. No pude ser, entendemos, de otra manera. Los pueblos que integraron en su día la Corona de Aragón están asumiendo ese concepto, lo ha asumido también la Comunidad Autónoma de Valencia, y por lo tanto desde esa perspectiva parece que la caracterización más correcta de las Illes Balears sea precisamente la de nacionalidad, que no la de región. Ése es el sentido de nuestra enmienda número 3, anunciando del mismo modo que votaremos también favorablemente la enmienda número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.
Anuncio ahora la número 2, aunque parece que el carácter de nacionalidad no queda absolutamente claro, pero también votaríamos a favor de dicha enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, en función de compromisos de los partidos que integran la coalición de Convergència i Unió con el Partido Socialista de Mallorca y con Unión Mallorquina.


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El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 24 a 84 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, doña Presentación Urán tiene la palabra.


La señora URÁN GONZÁLEZ: No voy a hacer una defensa de las enmiendas, enmienda a enmienda, sino que voy a hacer una defensa general, haciendo especial hincapié en aquellas enmiendas que para nosotros tienen una importancia sustancial por lo que modifican tanto el techo competencial como la constitución de los consejos insulares en las Illes Balears.
Por lo tanto, señorías, quiero empezar diciendo mi intervención que sería de desear que en realidad hubiéramos podido llegar a un consenso en la armonización de este estatuto de autonomía y que pudieran sentir representados todos los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares, así como sus representantes en las instituciones, cuando quede definitivamente elaborada esta reforma del estatuto de autonomía. Tenemos que decir que desgraciadamente no ha sido éste el sentir de nuestro grupo parlamentario, sino que más bien se ha llevado a rajatabla el acuerdo alcanzado por os partidos mayoritarios, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y que desde luego no constituyen lo que es el techo competencial que desearía alcanzar nuestro grupo parlamentario y la parte de sociedad a la que nosotros representamos.
Por lo tanto, señorías, es imprescindible que de una vez por todas diseñemos un Estado en el que tenga cabida toda la representación institucional y toda la ciudadanía según sus diferentes posicionamientos, y que desde luego no queda cerrado en ninguna reforma de estatuto de autonomía, pero en el caso de la reforma del Estatuto de les Illes Balears, menos todavía. Se niega la posibilidad de alcanzar un techo competencial como tienen otras comunidades autónomas de la misma vía, es decir, de la vía lenta, de la vía del 143, y desde nuestro grupo parlamentario no se entiende cómo es imposible alcanzar un acuerdo en este sentido en una comunidad autónoma que, haciendo defensa de una de nuestras primeras enmiendas, tiene una identidad nacional que ni tan siquiera se pretende recoger en esta reforma del estatuto de autonomía. Los pueblos de las Islas Baleares conforman una identidad nacional que no se les puede negar desde una institución, y que es histórica, y que por lo tanto tiene que quedar reflejada en la reforma del estatuto de autonomía, así como tienen que quedar reflejados los derechos iguales que deben de establecerse en la cooficialidad de las dos lenguas que se hablan en las Islas Baleares, el castellano y el catalán, y que no queda tampoco recogido de manera clara en el estatuto de autonomía. Es necesario que se potencie y que desde luego velen las instituciones democráticas porque se desarrolle la lengua de las Islas Baleares, que es la lengua catalana, al mismo tiempo que se defiende y que se desarrolla la lengua castellana, y en las mismas condiciones de igualdad, precisamente para que no se pierda uno de los valores y una de las identidades de los pueblos de las Islas Baleares como es su propia lengua.
Por lo tanto, señorías, nosotros planteamos esas dos enmiendas entendiendo que es reconocer y recoger en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares aquellos que identifica a los pueblos de las Islas Baleares y que les hace tener su propia identidad, su propia lengua y su propia cultura.
Apartir de ahí, señorías, nosotros creemos necesario y conveniente que haya un aumento en el techo competencial de forma exclusiva en las competencias que debe de ostentar la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Y el resto de las enmiendas, a partir de la número 28, son enmiendas que lo que vienen a hacer es ampliar precisamente ese techo competencial. Creemos que es totalmente necesario que la comunidad autónoma deba y pueda tener competencias en materia de régimen local y además que pueda tener competencias exclusivas en una materia que es bastante delicada; creemos que es necesario que la comunidad autónoma se dote de una policía autónoma, en el marco de lo que dispone la ley orgánica y dentro del artículo 149.1.29.ade la propia Constitución, pero sí creemos que es necesario que determinados aspectos de seguridad ciudadana sean ejercidos directamente desde las instituciones de las Islas Baleares, como se hace en otras comunidades autónomas, y ello no implica desde luego ninguna disgregación ni ningún conflicto para el Estado central.
Señorías, creemos que es necesario también que tanto el fomento como la ordenación y la planificación de la actividad económica sea una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, dentro de la actividad económica que desarrolle el propio Estado. No queremos que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares pueda fomentar, ordenar o planificar su actividad económica fuera de la ordenación general del Estado, pero sí creemos que es necesaria su competencia exclusiva, así como algunas otras que no haré mención porque iremos directamente a que las que consideramos que puedan ser mucho más importantes, como por ejemplo la ordenación farmacéutica, dentro también de lo que dispone el artículo 149.1.16.a de la Constitución. Señorías, nosotros creemos que es importante que pasen a ser competencia exclusiva las actividades clasificadas, que en estos momentos se las mantiene dentro del desarrollo legislativo y de ejecución del artículo 11 del estatuto de autonomía. Consideramos que son materias sensibles y que deben ser ejercidas de forma exclusiva por parte de la comunidad autónoma y que desde luego han de ser ejercidas por las instituciones de esta comunidad. También creemos que debe de ser materia exclusiva el apartado de ecología y medio ambiente, tanto en espacios naturales protegidos como todo lo que tenga que ver con el medio ambiente.
Señorías, si tenemos en cuenta que de las competencias que tiene atribuidas en estos momentos el Ministerio de Medios Ambiente prácticamente están todas transferidas, no entendemos por qué la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no puede tenerla exactamente igual en materia exclusiva y sí dejarla sólo y exclusivamente a desarrollo legislativo y ejecución, cuando el resto de las comunidades autónomas no lo tienen así; desde luego una de las argumentaciones que se utilizan asiduamente por los representantes del Ministerio de Medio Ambiente es que las competencias están transferidas, por lo que no entendemos por qué no es una de las competencias que la propia comunidad autónoma reclame para sí y la deje sólo y exclusivamente el desarrollo legislativo y ejecución, como corresponde al artículo en el que aparece, que Creemos también que es necesario que tenga competencia exclusiva en los planes, desarrollo y ejecución en las

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islas Baleares -establecidos por el Estado para la reestructuración y promoción de sectores económicos- de programas genéricos para estimular la implantación de actividades productivas y programas de actuación referidos a comarcas deprimidas y sectores en crisis. Nadie mejor que las instituciones de la Comunidad de las islas Baleares van a tener conocimiento de cuáles son las necesidades para poder establecer y desarrollar los programas y los planes para una mejor promoción de sectores económicos o para poder hacer actuaciones específicas en zonas, en comarcas o en sectores que puedan estar deprimidos o en crisis. Creemos que es la mejor forma de poder actuar de una manera coherente dentro de la actividad que debe marcarse como actividad política de las instituciones en las comunidades autónomas, y mucho más cuando estamos hablando de una comunidad autónoma como es la de les Illes Balears, que es una comunidad insular y que por lo tanto tiene todavía más especificidades si cabe que otras comunidades dentro del territorio del Estado.
Por lo tanto, señorías, creemos que hay que aumentar el marco competencial, y con ello no pretendemos que sean competencias que se deban de asumir de hoy para mañana, por decirlo de una manera coloquial, sino que pueden asumirse cuando realmente se considere oportuno o cuando se establezcan los mecanismos que puedan llevar a un buen traspaso de competencias que puedan garantizar una buena financiación y además un buen ejercicio de esa potestad por parte de las administraciones que admitan o que asuma la competencia.
Señorías, otro grupo de enmiendas están también aumentando la capacidad de autogobierno de la comunidad de les Illes Balears, a partir de traspasar lo que es puramente la función ejecutiva al desarrollo legislativo y ejecución de las que aparecen hasta ahora en el estatuto de les Illes Balears. No voy a hacer mención específica de ellas, dándolas por defendidas, y desde luego sí que vamos a hacer mención específica de la enmienda número 60, en la que nuestro grupo parlamentario plantea que la Comunidad Autónoma de las islas Baleares sea informada y además pueda participar en la elaboración de los tratados y de los convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión, sobre todo en aquellos tratados internacionales que afecten directamente a la comunidad autónoma. Creemos que cada vez es mucho más importante, si tenemos en cuenta la globalización y el desarrollo de la política que se viene ejerciendo en instituciones que son superiores al propio Estado, y que por lo tanto afectan directamente a las comunidades autónomas, y en este caso a les Illes Balears; desde luego pretendemos que tenga una mayor incidencia y que las comunidades autónomas, y en concreto la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, pueda perfectamente intervenir y pueda dar su opinión a la hora de que los tratados o los convenios que se puedan llegar a firmar tengan también la visión de cómo afecta su aplicación a los territorios o a las comunidades autónomas del Estado español, y no nos conformamos sólo y exclusivamente que pueda ser a través de una comisión mixta, sino que además tiene que ser a través de consultas.
Nuestro grupo parlamentario cree que es necesario establecer una organización institucional de la comunidad autónoma en la que queden reflejados los consejos insulares como parte de la organización de las islas Baleares. Nuestro grupo parlamentario está convencido de que es necesaria esta institución, que los consejos insulares deben pasar a formar parte de esta organización institucional, con competencias que les sean atribuidas desde el propio Parlamento balear, desde la propia administración balear, pero, además, que puedan ser consejos insulares representativos de las islas y que puedan tener perfectamente una representación elegida por sufragio universal (y estoy defendiendo también en este caso nuestra enmienda número 70).
Nosotros no compartimos cómo ha quedado redactado el texto en la reforma del estatuto, donde se ha intentado dar una solución a este grave problema, donde se compatibiliza la actuación de diputado en el Parlamento balear con la de conseller insular, y en la que, después de la modificación introducida, ampliando los meses de funcionamiento del Parlamento balear, todavía va a quedar mucho más desfavorecido el trabajo que los consejos insulares deben desarrollar y que, como instituciones todavía más próximas a los ciudadanos y a las ciudadanas, van a ver mermada su propia capacidad. En realidad no se le ha dado una solución como debería de dársele a un tema tan importante de estas características. Nosotros consideramos que se ha dejado muchísimo peor de lo que podía estar, con unas especies de dimisiones que al final pueden conducir a que la representación elegida por los ciudadanos y ciudadanas pueda quedar bastante deteriorada, aunque haya sido a través de sufragio universal.
Con nuestro planteamiento, y tiene que ver con otras enmiendas que hemos planteado a este texto, establecemos también el que pueda haber una serie de incompatibilidades para que realmente no se vea dañado el ejercicio del cargo de parlamentario en el Parlamento balear y que se pueda ejercer de manera exclusiva. No ha quedado recogido en la reforma del estatuto de autonomía, y la verdad es que difícilmente podemos asumir las condiciones en las que se ha quedado la redacción y la que parece ser va a tener definitivamente después del debate que tuvimos en la ponencia por la falta de voluntad que hay por parte de los grupos mayoritarios en darle una solución definitiva en este tema. Planteamos, señorías, también que el Parlamento balear pueda tener o tenga capacidad para poder disolverse anticipadamente sin que tenga que estar ligado a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de los estatutos de autonomía de la vía del 143.
Creemos que es necesario, porque en ningún momento sabemos cuáles van a ser las condiciones ni la estabilidad de las instituciones. Por lo tanto, señorías, si se produjera una situación de insostenibilidad en cualquier institución democrática, debe de tener la capacidad para poder disolverse, convocar elecciones y que se garantice un buen gobierno de los ciudadanos y de las ciudadanas desde la instituciones democráticamente elegidas, y no ligarlas a una fecha prefijada que obliga en un principio a mantener incluso la falta de gobierno en caso de que se pudiera producir. Creemos que esto no es baladí, sino todo lo contrario, es dar una competencia para que efectivamente se pueda mejorar o se puedan establecer los criterios necesarios para que realmente los ciudadanos y las ciudadanas tengan la garantía de un buen gobierno que pueda generarestabilidad y que desde luego no se vean abocados a

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mantenerlo sólo y exclusivamente por el hecho de que no se pueda disolver el Parlamento balear.
Establecemos también una serie de incompatibilidades para el presidente de la comunidad autónoma y creemos que es necesario para que exista un mayor rigor y podamos así garantizar un buen gobierno desde la presidencia y desde el gobierno balear. Fundamentalmente, señorías, estas son las enmiendas donde gravita nuestra posición en contra de la reforma del estatuto de autonomía que se ha planteado desde el Parlamento balear.
Para concluir, señor presidente, quiero decir solamente que ha habido una falta de voluntad política, entre otras cosas porque estas modificaciones, esta reforma del estatuto de autonomía, no ha sido elaborada realmente por los parlamentarios y por la representación del pueblo de las islas Baleares, sino que ha sido una reforma del estatuto de autonomía diseñada desde fuera de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y la prueba la tenemos en que prácticamente todas las reformas de estatutos de autonomía que estamos discutiendo tienen el mismo sesgo y el mismo corte, y por lo tanto no se ciñen a las necesidades de cada comunidad autónoma, no es lo que plantean o lo que podrían plantear sus propios parlamentarios, sino que viene prefijada por otras indicaciones que no son precisamente las necesidades de la comunidad o de los ciudadanos y ciudadanas de estas comunidades.
Señoría, si nosotros nos fijamos precisamente en lo que han sido las reivindicaciones de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, nos tendríamos que remitir a una modificación, a una reforma planteada por el Parlamento balear, que no llegó a debatirse en esta Cámara, que fue rechazada, y que desde luego era incluso mucho más ambiciosa que la que este grupo parlamentario plantea hoy. Por lo tanto, queda claro que no es la voluntad de los pueblos de las islas Baleares, sino que es una reforma diseñada desde fuera de allí.


El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no está en la Comisión y en cuanto a los de los Grupos Parlamentarios Vasco (PNV) y Catalán (Convergència i Unió), hemos tenido oportunidad de escuchar ya sus posiciones, de suerte que en ese triple carácter de defensa del informe de la ponencia, respuesta de las enmiendas y fijación de posición de sus grupos, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Teresa Riera tiene la palabra.


La señora RIERA MADURELL: Señor presidente, señorías, con la brevedad que exige este trámite y tras escuchar las intervenciones de los portavoces de los grupos que me han precedido, quisiera dejar claro una vez más que el apoyo que los socialistas hemos dado a este proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, tanto en la tramitación en el Parlamento autonómico como en la toma en consideración por esta Cámara, ha sido siempre crítico. Con él hemos querido y queremos poner de manifiesto nuestra disposición para el consenso en todas las cuestiones que afectan a la configuración y al desarrollo del Estado autonómico, y también nuestra voluntad política de avanzar en la consolidación de la plena autonomía para las islas Baleares, aunque se vaya haciendo a base de pequeños pasos, de pasos posibilistas. Señorías, apoyo sí pero crítico porque el texto no nos satisface todavía en cuestiones tan importantes como las que afectan a los consejos insulares, a la consolidación de nuestra identidad como país y al sistema de financiación autonómica.
Esta no es la reforma que los socialistas hubiéramos deseado, lo dijimos en el debate de toma en consideración y lo repetimos ahora, pero la apoyamos porque ciertamente representa un paso adelante, supone un avance en el contenido competencial, profundiza en la función del Parlamento y, sobre todo, después de la aceptación del Grupo Popular de algunas de nuestras tesis, resalta nuestros hechos diferenciales que, de acuerdo con la Constitución, deben ser claramente protegidos y preservados.
Nuestras enmiendas, así como las del Grupo Popular, coincidentes con las presentadas por nosotros, buscan en su mayoría ajustes a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y mejoras técnicas que adecuen la redacción del texto a leyes tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y precisan con mayor claridad las competencias de la comunidad autónoma en cada uno de los niveles. Me gustaría referirme de una manera especial a dos, las números 14 y 21. La primera porque supone una expresión mucho más contundente a favor de la cooficialidad de las dos lenguas oficiales en la comunidad autónoma, de su uso normal y oficial, y de la obligación de los poderes públicos de asegurar su conocimiento. La segunda, la número 21, precisa las fórmulas de participación de la comunidad autónoma en las actividades relacionadas con los ámbitos internacionales que afecten a materias de interés de la propia comunidad autónoma. En relación con estas dos enmiendas, nos congratulamos enormemente del cambio de posición del Grupo Popular ya que aunque, fueron votadas en contra por el citado grupo en el Parlamento autonómico, en esta Cámara ha reconsiderado su postura manifestándose a favor de las tesis que el Grupo Socialista siempre había defendido. Ciertamente estas dos cuestiones suponen mejoras claras al texto inicial.
En relación con las enmiendas de los demás grupos que quedan vivas en este trámite, y en particular las de Izquierda Unida, después de haber estudiado cada una de ellas con mucha atención, debo decir que nuestro grupo va a votar a favor de las números 71 y 74 y en contra de todas las demás. De las 56 enmiendas presentadas por Izquierda Unida, 34 hacen referencia al marco competencial pero, a nuestro entender, señora Urán, no aportan nada sustancial a la redacción primitiva. Entendemos que aquélla es mucho más correcta, tanto por sus términos como por lo que hace referencia a la ubicación de las distintas competencias, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Me gustaría referirme a la enmienda 57, relativa a vertidos contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral de las Islas Baleares, que quedó pendiente en la ponencia, enmienda que rechazamos también por tratarse de competencias que, después de su estudio, entendemos incluidas en el artículo 11, apartado 13.
En cuanto al bloque de enmiendas propuestas por el Grupo Federal de Izquierda Unida a las cuestiones institucionales, no podemos aceptables en su mayoría por coherencia con el hecho de haber optado nuestro grupo por el

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mantenimiento de las listas electorales únicas y por la flexibilización de su aplicación posterior. Como ustedes conocen, señorías, nuestra opción es fruto de un acuerdo no sólo entre los dos grupos mayoritarios sino también en cada partido. La fórmula que hemos elegido es, pues, un punto intermedio de posiciones que trata de compatibilizar la necesidad que tienen el Parlamento y los consejos insulares de personas dedicadas a una única institución con la cohesión que da el hecho de que los consejeros de los consejos insulares sean miembros del Parlamento autonómico.
En relación a las incompatibilidades, señora Urán, votaremos en contra porque no nos parece adecuado hacer una regulación exhaustiva de las mismas en el propio estatuto, tal y como ustedes pretenden en alguna de las enmiendas. Nos parece mejor que sean reguladas en el artículo 20.3 de esta reforma.
Vamos a votar también en contra de las enmiendas relativas al modelo de financiación. Debo decirles una vez más tal como ya ha apuntado alguno de los portavoces que me han precedido, que las propuestas del Grupo Federal de Izquierda Unida en relación con este tema, tanto aquí como en el Parlamento autonómico, no han tenido nunca la mínima posibilidad de prosperar por chocar contra los acuerdos de financiación que el Partido Popular suscribió con sus socios parlamentarios para conseguir el Gobierno de España, acuerdos que lógicamente tienen sus consecuencias en esta propuesta de reforma estatutaria; acuerdos con los que los socialistas no tenemos nada que ver, por lo que no es a nosotros a quien nos corresponde explicar el alcance de estas consecuencias. Nosotros ya manifestamos en su momento nuestro desacuerdo con el actual sistema de financiación por considerarlo inestable, ligado a la coyuntura política, y porque la falta de consenso deja en precario todo el sistema autonómico.
Finalmente, señorías, vamos a votar a favor de las enmiendas 71 y 74, a los artículos 39 y 46.3, que dejamos pendientes en ponencia, con una pequeña salvedad en la segunda de las enmiendas, en la que proponemos suprimir la expresión «de inspección». Con la aprobación de estas enmiendas quedaría garantizada en la reforma que sean los consejos insulares los que aprueben su propia normativa, algo que nuestro grupo ha venido defendiendo a lo largo de toda la tramitación. En el Parlamento autonómico grupos sin representación en esta Cámara que han sido citados por la señora Uría y por el señor Silva, el PSM y Unión Mallorquina, apoyaron que en las instituciones de las Islas Baleares la potestad reglamentaria fuera inseparable de la función ejecutiva, la ostente quien la ostente. Como he dicho, estos grupos no tienen representación en esta Cámara pero sí tienen sus respectivos embajadores o aliados, tal y como han puesto de relieve los portavoces del Grupo Vasco y del Grupo Catalán (Convergència u Unió), por lo que en coherencia, señora Uría y señor Silva, deberían votar favorablemente estas dos enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
En cuanto las enmiendas 2 y 3 del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nuestro grupo considera que abordan, aunque con matices distintos historicista uno y más pragmático y constitucional el segundo, una cuestión de suma importancia sobre las señas de identidad del pueblo de las Illes Balears. Con el mismo espíritu de consenso con el que nuestro partido ha abordado esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, no podemos dejar pasar la ocasión de que se reconozca formalmente lo que es una realidad de hecho; que somos unas islas con una lengua y una cultura propias, como ya se reconoce en el artículo 9 del estatuto actual, vigente desde 1983, que mandata a los poderes públicos a consolidar y desarrollar las comunes características de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Quince años después de la aprobación del primer estatuto, lo que se apuntaba como un proceso ha quedado consolidado en la realidad y sólo necesita que los instrumentos legales lo reconozcan.
Por esta razón y en aras a conseguir el máximo consenso en una cuestión de este calibre nuestro grupo propone, junto con el Grupo Popular, una enmienda in voce, que hemos entregado al presidente de la Comisión, con un nuevo texto. La lectura y la vigencia conjunta del texto que proponemos en esta nueva enmienda y del artículo 9 puede colmar, en un mínimo aceptable, las aspiraciones que los diferentes grupos han manifestado con sus respectivas enmiendas. El Grupo Socialista ha defendido en toda la tramitación que el término «nacionalidad» apareciera de una manera mucho más clara y contundente, pero en aras al consenso y vistas las enmiendas presentadas por los demás grupos, aceptaríamos esta vía algo más indirecta.
Como he dicho al principio, aunque este no es el estatuto que hubiéramos deseado los socialistas, sí que significa un paso más, un paso adelante en el camino hacia la autonomía plena que emprendió nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, desde 1983. Este es el motivo por el cual nuestro grupo la apoya.


El señor PRESIDENTE: Al tiempo de las votaciones habremos de solicitar del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la aceptación de la reformulación de la enmienda a la que se ha referido la señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Luisa Cava de Llano tiene la palabra.


La señora CAVADE LLANO Y CARRIÓ: Ala reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears se presentaron 84 enmiendas: 2 del Grupo Parlamentario Vasco; 1 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; 10 del Grupo Parlamentario Popular; 10 del Grupo Parlamentario Socialista y 61 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En ponencia se aceptaron las enmiendas presentadas por los Grupos Popular y Socialista y se rechazaron las restantes, si bien se acordó la conveniencia de proceder en Comisión al estudio de las enmiendas número 3, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y 57, 71 y 74, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En la primera se menciona la inclusión del término «nacionalidad», y las últimas hacen mención a los consejos insulares.
Con respecto a la primera, mi grupo parlamentario, junto con el Grupo Parlamentario Socialista, acaba de presentar a la Mesa una enmienda in voce desde el convencimiento de que es bueno que el término «nacionalidad» quede ya reflejado en nuestro estatuto, por la sencilla razón de que efectivamente tenemos una lengua propia, tenemos

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una cultura propia, tenemos una historia propia, tenemos un derecho civil propio y tenemos una situación específica por nuestra condición insular y a la vez pluriinsular. Todos estos elementos diferenciadores, todo estos hechos diferenciales han quedado incorporados a la reforma. Estamos de acuerdo con la inclusión -y de ahí la presentación de nuestra enmienda in voce-, partiendo del contenido del artículo 2 de la Constitución española de que existe una nación que es España y que además están las nacionalidades y regiones. No hay que olvidar que la soberanía es un atributo de la nación, mientras que las comunidades autónomas pueden ser nacionalidades o regiones pero tienen autogobierno, que es cosa muy distinta a la soberanía. Pues bien, desde ese planteamiento de que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, presentamos nuestra enmienda in voce, que dice: Las Illes Balears, como expresión de su identidad histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones, se constituye en comunidad autónoma en el marco de la Constitución y el presente estatuto. En consecuencia, señorías, rechazamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Dice el portavoz de uno de los grupos intervinientes, que no ha habido voluntad política, como si no hubiera habido voluntad de consenso. Tengo que negar esa afirmación, pues ya desde el debate en el Parlamento balear se ha intentado conseguir consenso en todos los temas, sobre todo en los que se consideraban más importantes, que se pueden reducir a tres, como son la reforma institucional interna, las nuevas competencias y el hecho diferencias de las Islas Baleares por su condición geográfica. Se ha partido de dos objetivos claros para conseguir ese consenso: por un lado, adaptar nuestro estatuto a la asunción de nuevas competencias, competencias tan importantes como puedan ser el Insalud, comercio interior, seguros y otras; y por otro lado, conseguir también la reforma institucional interna, potenciando, entre otras cosas, la actividad parlamentaria como la expresión más importante de la democracia.
No creo que sea justa esa manifestación. Señorías, la reforma y las enmiendas que han presentado mi grupo afectan, como digo, a aspectos institucionales, competenciales y al régimen jurídico del propio estatuto. Se amplían de manera considerable las competencias que se reconocen como exclusivas a la comunidad autónoma, incorporando a este apartado competencias que en la actualidad se ejercen a título de desarrollo y de ejecución básica del Estado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los centros de contratación y terminales de carga en materia de transporte; cajas de ahorro e instituciones de crédito cooperativo público o territorial; defensa de los consumidores y usuarios y denominaciones de origen en colaboración con el Estado. Al margen de esta elevación de rango competencial, se introducen también en el estatuto diversas competencias complementarias nuevas, como son puertos, aeropuertos, helipuertos no calificados de interés general por el Estado, tratamiento especial de zonas de montaña, centros de contratación de mercancías y valores, investigación científica y técnica en colaboración con el Estado.
En el apartado relativo al desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado también se han introducido competencias en materia de régimen local, ordenación farmacéutica y consultas populares. En cuanto a la ejecución de la legislación estatal, recibe nuevas incorporaciones basadas en la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, crédito, banca y seguros, participación en las actividades del sector público estatal; puertos y aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión. Asimismo, se extiende también al Instituto Social de la Marina la competencia en materia de gestión del Imserso. Yasí en muchas otras materias que han quedado adicionadas a nuestro estatuto.
Por lo que se refiere ya al resto de las enmiendas a las que no me he referido y que quedaron pendientes de su estudio en Comisión, quiero hacer especial mención a las presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En cuanto a su enmienda número 47, al artículo 12, párrafo 16, relativa a la función ejecutiva de la comunidad autónoma en materia de salvamento marítimo, pretende añadir la siguiente frase: y vertidos contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondiente al litoral de las Islas Baleares.
Entendemos que la citada enmienda es innecesaria porque ya el artículo 11 de la reforma establece que le corresponden a la comunidad autónoma mayores competencias, no sólo la función ejecutiva sino también el desarrollo legislativo, la ejecución de distintas materias, así como las actividades clasificadas. El estatuto vigente hacía mención a actividades, concretamente el artículo 12.3 se refería a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así como aguas interiores y litorales. Toda esta relación ha sido subsumida en la nueva determinación que se le da de actividades clasificadas.
Señorías, la competencia que se otorga con la introducción de las enmiendas es más amplia, ya que se refiere no sólo a la función ejecutiva de la comunidad autónoma, sino también al desarrollo legislativo y a la ejecución, es decir, se amplía la competencia.
Estimamos que la enmienda número 57 de Izquierda Unida, por error, la restringe, por lo que lógicamente vamos a votar en contra.
En cuanto a las enmiendas 71 y 74, también el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los consejos insulares, una es consecuencia de la otra. En el texto que proviene del Parlamento balear se establece que los consejos insulares, además de las competencias que les corresponden como corporaciones locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión de una serie de materias que a continuación se enuncian.
Pues bien, la enmienda 71 de Izquierda Unida pretende eliminar la función ejecutiva y la gestión y hablar sin más de la asunción de competencias que les sean transferidas, es decir, no limita sus funciones a la función ejecutiva y a la gestión, estableciendo la posible asunción plena de competencias. En coherencia con lo que voy a decir a continuación, la rechazaremos. En la número 74 Izquierda Unida pretende otorgar potestad reglamentaria normativa a los consejos insulares sobre las competencias que les son atribuidas.
Señorías, estas dos enmiendas, las números 71 y 74, tienen como finalidad la creación de tres gobiernos insulares

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en las islas de Mallorca, Menorca y en Ibiza y Formentera, y un gobierno de la comunidad autónoma que sería un mero coordinador de los otros tres. Esta distribución del poder político entre las islas, con lo que se podría estar o no de acuerdo y que daría lugar a un debate interesantísimo, nos llevaría a una muy larga discusión.
Quiero significar, por otra parte, que el artículo 49.4 del estatuto establece ya que los consejos insulares tendrán potestad reglamentaria normativa, pero sólo cuando así resulte de habilitación por ley del Estado o del propio Parlamento. Establecerlo de forma generalizada, como pretende en la enmienda de Izquierda Unida, no redundaría en beneficio de los consejos insulares porque podría tener dos consecuencias perversas. La primera es que despojar al gobierno de la facultad reglamentaria implicaría que una misma competencia transferida podría reglamentarse de forma distinta en cada una de las islas, por lo que la coordinación del gobierno de la comunidad autónoma sería casi imposible; y la segunda consecuencia perversa es que estos consejos recibirían muy pocas competencias del gobierno de la comunidad autónoma, precisamente por el miedo que tendría el gobierno de la comunidad autónoma a la facultad reglamentaria. Es conveniente dejar el texto como está, tal y como se decidió en el Parlamento de las Islas Baleares.
No me resta más que decirle a la señora Uría que esté tranquila, somos conscientes de que los consejos insulares tienen que ir asumiendo competencias pero de la forma pausada como se está haciendo a través de la comisión mixta de transferencias entre la comunidad autónoma y los consejos insulares. Y no tema tampoco por la categoría o por la naturaleza jurídica que mi grupo parlamentario otorga a los consejos insulares, porque desde hace mucho tiempo venimos defendiendo su doble naturaleza jurídica como órganos de la administración local y como órganos de la administración de la comunidad autónoma.
Señorías, no nos cabe más que congratularnos por el acuerdo que en determinados temas ha habido aunque no felicitarnos porque ha habido ciertas modificaciones en los acuerdos que se adoptaron finalmente en el Parlamento de las Islas Baleares, en los que cada grupo tuvo que renunciar a muchas de sus pretensiones en aras a un consenso que hoy ha quebrado algún grupo parlamentario. En cualquier caso, estimamos que hay la voluntad de todos los grupos parlamentarios de ir asumiendo cada vez más las competencias que el pueblo balear, por su historia y por sus circunstancias, se merece.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor diputado quiere hacer uso del turno de réplica (Pausa.) En consecuencia, estamos en condiciones de pasar a las votaciones.
Si las señoras diputadas y señores diputados hacen la gracia de prestar su atención a esta Presidencia, voy a dar lectura al texto de la enmienda in voce que ha sido presentado por las señoras portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, cuya admisión a trámite está obviamente acogida por el artículo 114.3 de nuestro Reglamento. La enmienda dice así: Las Illes, como expresión de su identidad histórica y de su singularidad, en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones, se constituye en comunidad autónoma en el marco de la Constitución y el presente estatuto.
Vamos a proceder a votar, en primer lugar, las enmiendas números 1 y 2, defendidas por doña Margarita Uría. Hay una solicitud de votación separada de la enmienda número 1 por parte de la señora portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En consecuencia, sometemos a votación la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; votos en contra, 32; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 2, asimismo defendida por doña Margarita Uría.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; votos en contra, 32; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos, a continuación, a votación la enmienda número 3 defendida por el señor Silva, del Grupo Catalán (Convergència u Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; votos en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado que la enmendante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida introdujese una rectificación en la enmienda número 74. Obviamente sólo puedo ponerlo a votación si el propio grupo enmendante hace suya la propuesta de la portavoz del Grupo Socialista.


La señora URÍAGONZÁLEZ: Sí, señor presidente, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida acepta la enmienda transaccional del Grupo Socialista y se puede someter a votación eliminando las palabras «de inspección».


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, votaríamos, en primer lugar, la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con la rectificación que acaba de introducir el propio grupo enmendante.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entrando ya en el bloque de las enmiendas de Izquierda Unida, se ha solicitado votación separada, en un solo bloque, del artículo 1, apartados 1 y 6. (Pausa.) Tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Solamente se ha votado la enmienda 74 de Izquierda Unida y falta por votar el resto de enmiendas de nuestro grupo. Lo que usted está

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leyendo no son enmiendas de Izquierda Unida, es la votación separada de articulado de la propuesta.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su muy oportuna rectificación.
Pondríamos a votación la enmienda número 71, respecto de la que sí existe una petición de votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas no concernidas por esas peticiones de votación separada defendidas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; votos en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder ahora a someter a votación la enmienda transaccional al artículo 1, formulada in voce y defendida por doña María Luisa Cavo de Llano y doña Teresa Riera, a la que esa Presidencia ha dado lectura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; votos en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Estamos en condiciones de votar el texto de la propuesta de reforma.
Procede ahora la votación separada a la que hacía referencia la señora Urán.
Votamos, en primer término, el artículo 1, apartados 1, 6, 7, 8, 18, 25, 26, 33, 42 y 47.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; votos en contra, tres; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos del propio artículo 1 los apartados 2,15, 35, 39, 40, 41 y 45.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del artículo 1 más los artículos 2, 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos, a continuación, la disposición transitoria única.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se somete a votación la disposición final.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, por último, la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Queda concluso el trámite de informe de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Felicito a los señores parlamentarios de esta circunscripción insular. En cinco minutos reanudaremos al sesión para dictaminar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
(Pausa.)

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN.
PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN-CORTES.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, continúa la sesión, después de la suspensión de cinco minutos, para debatir la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
De acuerdo con el informe de la Ponencia, se mantienen vivas todavía una serie de enmiendas. Vamos a ir debatiendo las que corresponden al señor Rodríguez Sánchez, a la señora Lasagabaster al Grupo Mixto y al Grupo de Izquierda Unida.
La enmienda número 1 es del señor Rodríguez Sánchez, quien tiene la palabra para defenderla.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El más grande estudioso de la lengua gallega en el siglo XVIII se llamaba Sarmiento y fue un fraile benedictino que nunca tuvo ninguna duda de que era de nación gallega, y utilizaba con naturalidad la palabra nación gallega, como todas las personas cultas del siglo XVIII, porque esa palabra tenía exclusivamente las connotaciones de formar parte de un grupo cultural y lingüístico que más o menos tenía homogeneidad y sobre todo que era así definido desde fuera. Nadie tenía duda alguna respecto de la diferencia de los gallegos. Tanto es así que no cabe duda de que hay todo un sustrato cultural e ideológico en el Estado español referido a la fama, la opinión o la consideración que merecemos a otros pueblos del Estado español.
Y empiezo así porque sin duda alguna Sarmiento nación en Vilafranca do Bierzo, en el siglo XVIII. Hoy Vilafranca es una ciudad de El Bierzo y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, lo cual vuelve a plantear el problema de las fronteras administrativas en relación con las realidades culturales y lingüísticas.
Afortunadamente, debido a que las opiniones y las actitudes sociales están marcadas por cantidad de prejuicios, estereotipos que provienen de cómo fue la historia de cada

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país, no hay en El Bierzo una animosidad, ni siquiera hay un autoodio tan marcado, o ni siquiera marcado, como puede existir en otras partes de territorio al que nos referimos en la intervención sobre el Estatuto de Asturias, de tal manera que nadie duda en El Bierzo de que el gallego se habla en una parte considerable de ese territorio, como nadie de las montañas de lo que hoy es Zamora duda de que se habla gallego. Otra cosa es la consideración que le merezca desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista político o la política lingüística que harían de tener libertad de escoger. Ese es un terreno que efectivamente es opinable, descriptible e incluso matizable en términos políticos.


Realmente, para tranquilizar a la Cámara, el nacionalismo gallego, ni el histórico ni el actual, nunca fue expansionista, ni siquiera dentro de los límites de los territorios que fueron Galicia hasta 1833, con toda lógica de dudas y toda lógica de matizaciones en la consideración de lo que eran las fronteras de los antiguos reinos, que lógicamente no tenían esa estabilidad que tienen las situadas en la actualidad. Aún quedan restos de todo este tipo de litigios.
Y para mayor tranquilidad, yo les puedo asegurar que ese partido que fue citado, la Unión do Pobo Galego, al cual pertenezco desde prácticamente mi adolescencia, nunca tuvo en sus diez puntos la integración de El Bierzo ni de las comarcas asturianas que hablan gallego dentro de territorio de Galicia Y no lo digo como un mérito, lo digo simplemente porque, para bien o para mal, dentro de los postulados del nacionalismo de Galicia, siempre tuvo tanta fuerza, tanto peso, la situación terrible interna que nunca nos dio tiempo a pensar en lo de fuera, y además yo creo que sería bueno que los escritores españoles y españolistas fuesen leídos en toda su consideración por las gentes cultas de España.
Y aquí les recuerdo unas palabras de Unamuno y de Ortega y Gasset que no tenían duda alguna, sobre todo el primero, respecto de la gran civilización y cultura que caracterizaba al pueblo gallego, incluso al pueblo inculto, en el sentido de tener una gran cultura detrás, una gran dosis de civilidad, aunque no fuese gente ilustrada. Y hablaba de algo que sí es cierto, aunque como siempre no conviene creer que esas cosas van a ser siempre ciertas o creer en la causalidad que le buscan los escritores españolistas, con todo lo respetables que son. Y digo esto porque hablaba Unamuno, después de reconocer la gran civilización y cultura del pueblo gallego, aunque no tuviese ilustración, de que era un pueblo suizo, pero advertía que el entreguismo gallego era un treguismo más aparente que real, porque nunca entregaban verdaderamente su alma al exterior. Ponía así en guardia también a los españoles de que no había que fiarse, lógicamente, de tanta sumisión porque era una sumisión interiorizada.
El señor Ortega y Gasset adelantó un poco y dijo que éramos almas rendidas.
Posiblemente esto explique un poco que entre el Bierzo y Galicia haya una especie de connatural coexistencia y una connatural aceptación de sociedades que sí nos parecemos mucho, posiblemente en la actitud que mantenemos no agresiva, culta, civilizada, pero, vuelvo a repetir, no creo que eso sea una virtud. Y como no es una virtud llevada a sus últimas consecuencias, les puedo asegurar que la única intención del Bloque Nacionalista Galego es constatar que uno no se puede interiorizar tanto que tenga que negar la realidad. Y aquí se trata de plantear una enmienda que no niegue la realidad, que haga una constatación de lo que naturalmente existe, porque también es peligroso que los gallegos aceptemos que lo que los demás nos digan que no existe naturalmente, nosotros digamos que no existe naturalmente, porque si vamos a eso, yo pude haber creído cuando tenía 16 años que Galicia no existía naturalmente, porque no sabía que existía, y vía en ella. Afortunadamente, hoy estoy aquí.
Entonces, como en El Bierzo no tienen miedo a llamar al gallego, gallego y no tienen miedo a decir que Galicia está allí al lado, pues yo creo que ellos decidirán cómo tienen que promover eso que hablan, pero no cabe negar su existencia, a ver ahora cómo explican que también se les niegue en este estatuto. ¿Qué pasa? ¿Es que vamos a conquistar El Bierzo? Pues no lo sé, pero realmente yo no lo vi nunca escrito en ninguna parte y, sin embargo, se ignoran las modalidades lingüísticas; a mí es que ya me asusta el nivel de natural ausencia que se gasta con la lengua gallega, que no puede más que derivar de esa consideración de España, de que son almas rendidas, naturalmente ausentes y que no tienen que ser tomadas en consideración porque si no, no me lo explico.
Me recuerda, cuando debatimos la proposición no de ley para la enseñanza del gallego en El Bierzo -que fue aprobada con una mayoría muy moderada, pero fue aprobada-, lo que me decía el diputado representante del Partido Popular para disculpar que no figura Zamora: Es que si hacemos figurar Zamora aquí, nos corren a guantazos si decimos que se habla gallego también en Zamora. Pues sí se habla gallego en Zamora, y hay señores que hablan gallego incluso cuando van a la cámara municipal, y además se llaman gallegos, no lo dudan en absoluto, aunque si les preguntásemos qué quieren ser, gallegos o leoneses, seguro que constestarían que leoneses. Pues allá ellos, es problema suyo, pero es un problema administrativo.
En todo caso acabo diciendo que en este terreno sería bueno tener un poco más de ponderación. Recuerdo una carta y ya acabo, que apareció en La Voz de Galicia hace unos días, de un señor A Coruña que indignado decía: Ahora el señor Pujol quiere catalán para todo. Y como prueba de que en España siempre se habló una especie de castellano originario pero que era un popurrí derivado del latín, ahí están los llantos de rey Alfonso VI. Entonces, uno lee los llantos de Alfonso VI y, como yo ya sabía, ve que es un texto en gallego. Lo que pasa es que yo ya sé que es terrible decir a esta Cámara que el rey Alfonso VI, el de Zamora, el de las batallas y el del Mio Cid, era un señor de lengua gallega materna. ¡Pues qué le vamos a hacer! Esto no me lo inventó yo aquí porque sea separatista ni nacionalista ni terrorista ni nada, es una verdad histórica que los libros de texto de España no lo asumieron. Algún día lo tendrán que asumir.
Esto solamente lo digo para que se sepa que la intención es recuperar la historia y la realidad, que sí es más importante, sin ambigüedades. Y vuelvo a repetir, si los señores de El Bierzo no quieren ser Galicia, a nosotros no nos preocupa porque nos sobra con A Coruña. Para ganar la batalla de A Coruña ya tenemos gran ánimo por delante.


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Lasagabaster, tiene la palabra para defender las enmiendas números 29 a 31.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Hemos presentado tres enmiendas a la modificación que se nos ha propuesto en esta Cámara del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Como habrán observado, no suele ser habitual que Eusko Alkartasuna intervenga respecto a estas modificaciones o cambios competenciales en cada una de las comunidades autónomas, porque respetamos profundamente, aunque a algunos les cueste creerlo, la voluntad soberana de todos los ciudadanos y ciudadanas de cada una de esas comunidades autónomas como, por cierto, también esperamos siempre se respete la nuestra.
Por tanto, nos resulta difícil presentar enmiendas, y solo lo hemos hecho en esta ocasión y en otro estatuto que más tarde veremos, porque cambiar la literalidad de lo que fue o ha sido la voluntad de los ciudadanos, no nos parece lo más apropiado desde nuestro punto de vista y desde nuestras posiciones políticas.
Pero una cosa es esa posición política, que hemos mantenido siempre con cierta coherencia, y en las votaciones últimas se ha visto, y otra cosa es que en estas modificaciones de estos estatutos de autonomía, y en concreto en el que estamos hoy debatiendo, se incluyan una serie de expresiones y una serie de contenidos que no son neutros, así de claro. No son expresiones neutras y producen, desde el punto de vista político, ciertas agresiones respecto de otra serie de circunstancias y otra serie de estatutos, o incluso entra en materias en las que entendemos no debiera entrar.
Y este es el caso de la enmienda 29, en la que pedimos la supresión del artículo 41, número 1, un artículo en el que aparecen otros principios y que desde luego es una nueva consideración que se produce en esta reforma de estatuto de autonomía. La mera lectura literal, salvo que pretendiera decir otra cosa, a uno le sorprende, pero no solamente a una persona que reside y forma parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino que incluso yo diría que aquellas otras personas de otras comunidades autónomas se deberían sorprender cuando vieran que, al parecer -y si me equivoco en la interpretación que se me corrija-, la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la que va a velar porque las diferentes comunidades autónomas sean entre ellas solidarias y no tengan ninguna diferencia.
Pues yo creo que, francamente, no es la mejor cuestión a plantear en un estatuto de autonomía. Pienso que eso se tendrá que hacer de conformidad con todas las comunidades autónomas y con los representantes políticos que sus ciudadanos hayan elegido, pero, desde luego, no podemos admitir que sea la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tal y como leo literalmente, la que velará para que las competencias de otras comunidades autónomas y sus estatutos respectivos no puedan implicar en ningún caso perjuicios. Luego habla, lógicamente, de Castilla y León, pero esa primera frase me parece que no tiene el respeto que debiera tener a todas las comunidades autónomas.
Ciertamente, añade, después de una coma, una especie de apostilla, lo que podría ser un intento de que no haya unos privilegios económicos o sociales en lo que se puede denominar, y se desprende lógicamente del contenido, un efecto frontera para Castilla y León. Yo creo que, con todo el respeto que me merece todo el mundo y que se me debe ser exigido pero también exigirse a los demás, no se puede establecer esa serie de perjuicios económicos y sociales por determinados privilegios porque, desde nuestro punto de vista, supone un ataque a una de las instituciones más claras, a una de las instituciones más importantes y más específicas de lo que es nuestro autogobierno, el autogobierno en concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ya no voy a hablar también de Navarra.
El hablar de privilegios económicos y sociales y no de la especificidad que tienen determinadas comunidades autónomas por una serie de derechos históricos que aparecen recogidos en estos términos literales, tanto en la Constitución como en sus respectivos estatutos de autonomía, nos parece que es grave y que además supone iniciar un camino que yo creo que es peligroso y desde luego no es nada pacífico.
Nosotros creemos que, en cualquier caso, no se puede introducir este artículo, este principio, en primer lugar, porque no creemos que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni cualquier otra comunidad deba tener el papel de garante del cumplimiento de los artículos 138 y 139 de la Constitución; y, en segundo lugar, porque hablar de determinadas especificidades de otras comunidades de derechos históricos, como literalmente se recoge en la Constitución y en otros estatutos de autonomía, como privilegios, en el sentido peyorativo, no nos parece que sea ir por buen camino.
Por eso, vuelvo a señalar, desde el mayor respeto que tenemos a los representantes y, por supuesto, a los ciudadanos de Castilla y León, que no nos parece adecuado, porque en primer lugar, estamos iniciando una vía de ataques y de agravios, y estaríamos consolidando de forma legal unas cuestiones que no corresponden a ninguna comunidad autónoma, como es el papel de ser garantes, y en segundo lugar, estaríamos dando un carácter peyorativo a una serie de derechos históricos que no son privilegios de ningún tipo, son simplemente especificidades que responden a una historia, a una manera de ser, y que han sido consolidadas en nuestro Estado, en este caso el Estado autonómico que tenemos en el Estado español.
Las dos enmiendas subsiguientes hacen referencia también a un intento que además supone iniciar un camino que desde luego yo creo que diría que es peligroso y desde luego no es nada pacífico.
Por eso nosotros creemos que en cualquier caso no se puede introducir este artículo, este principio, primero, porque no creemos que tiene que tener la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni cualquiera otra comunidad, el papel de garante de cumplimiento de los artículos 138 y 139 de la Constitución; y en segundo lugar, porque intentar hablar de determinadas especificidades de otras comunidades, de derechos históricos, como literalmente se recoge en la Constitución y en otros estatutos de autonomía, como privilegios en el sentido peyorativo, no nos parece que eso sea ir por buen camino.
Por eso hemos creído conveniente, desde, vuelvo a señalar, e mayor respeto que tenemos a los representantes y, por supuesto, a los ciudadanos de Castilla y León, que no nos parece adecuado porque estamos iniciando una vía de

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ataques, de agravios, y estaríamos consolidando de forma legal unas cuestiones que no corresponden, en primer lugar, a la comunidad, a ninguna comunidad autónoma, ese papel de garantes, y en segundo lugar, dar un carácter peyorativo a una serie de derechos históricos que no son privilegios de ningún tipo, son simplemente especificidades que responden a una historia, a una manera de ser, y que han sido consolidadas en nuestro Estado, en este caso el Estado autonómico que tenemos en el Estado español.
Las dos enmiendas subsiguientes hacen referencia también a un intento (se estará de acuerdo o no) de desbloquear un conflicto que viene siendo yo diría que tradicional y además, como todo conflicto, desde luego con repercusiones negativas. Evidentemente todos estamos haciendo referencia al Condado de Treviño, y creemos que habrá que solventar de alguna manera toda esta cuestión. Nuestra única aportación con estas enmiendas es que, entendiendo que quizá conviene un informe de la comunidad autónoma a la que pertenezca el territorio o municipios que pretendan segregarse éste tampoco debiera ser vinculante, por lo menos en la primera fase.
Hemos tenido ocasión de observar en el último año cómo un territorio, al querer saber cuál es la opinión que tienen sobre determinada cuestión sus propios ciudadanos, ha visto en un primer momento negada la posibilidad de realizar una consulta. Nos parece que la no admisión ni tan siquiera de la consultas realmente no responde a lo que en definitiva debiera ser la democracia en los términos más completos. Por eso hemos intentado introducir una enmienda, al menos desde el punto de vista de inicio de todo el proceso, para que al menos el primer informe no tenga carácter vinculante. Nosotros no negamos que pueda haber un informe, pero al menos no vinculante en el inicio de un procedimiento que sea de consultas. Yeso nos parece absolutamente respetuoso con todos, respetuoso con los ciudadanos que quieren decidir su futuro, respetuoso con los ciudadanos a los que pertenece ese territorio, ese municipio, y, en definitiva, creemos que podría ser interesante para desbloquear un conflicto que ya viene siendo endémico y que no debiera ser endémico si respetásemos las decisiones, cualesquiera que fueren, de los ciudadanos.


El señor VICEPRESIDENTE: Enmiendas números 32 y 33, pertenecientes al Grupo Vasco, PNV. Señora Uría, tiene la palabra.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: En diversas ocasiones he podido expresar ante esta Comisión la actitud del Grupo Vasco ante la construcción de los estatutos de autonomía de los distintos territorios. Autonomía para nosotros es defensa de los propios instrumentos de autogobierno y de los propios niveles competenciales. Creemos que la autonomía o el autogobierno se construye desde dentro con la defensa de lo propio, no con la construcción de la autonomía contra nadie. A esta idea de la construcción contra alguien obedecen las enmiendas presentadas a dos distintos preceptos del Estatuto de Castilla y León.
En principio sostenemos dos enmiendas. La enmienda número 32, que lo es al artículo 41, en el que se establecen unas previsiones respecto de la posibilidad de que a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el Estado le garantice la realización efectiva de los principios de igualdad y de solidaridad, y añade la coletilla de «sin que las diferencias entre sus estatutos y competencias puedan implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales en perjuicio de Castilla y León».
Si uno lee el artículo 147 de la Constitución, vemos que no es materia propia de un estatuto prever actuaciones del Estado en defensa de los intereses propios de una comunidad. Además es inútil tal tipo de prevención, pues el riesgo que se quiere cubrir no existe ni puede existir, conforme al orden de competencias diseñado por la propia Constitución. El artículo 151 prevé la intervención estatal cuando hay un ejercicio ilegal, ilegítimo, de competencias. Respecto al ejercicio legítimo de competencias no existe agresión competencial.
No es aceptable un precepto que está redactado desde la desconfianza y el recelo ante el ejercicio legítimo de las competencias de otras instituciones. Además, si se entendiese, que creemos que no, que tal hipótesis es posible, ¿por qué no se introduce una cautela idéntica al revés, es decir, que se garantice que Castilla y León no perjudicará, entre comillas, a las comunidades limítrofes? Por otro lado, este artículo lo que en realidad pretende es sortear y pasar poro alto una serie de decisiones judiciales reiteradas de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que niega que una comunidad autónoma tenga legitimación activa para impugnar disposiciones de las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Más recientemente, ayer en concreto, se hacía público en distintos medios de comunicación que la misma Sala de lo Contencioso- administrativo de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había rechazado los recursos interpuestos, en este caso no por comunidades autónomas, sino por el propio Estado entendiendo que los incentivos fiscales o la normativa fiscal distinta no es ilegal y era conforme al orden de competencias establecido.
En la toma en consideración en Pleno de este estatuto para su debate ya dije que votaríamos por supuesto a favor, pero que considerábamos que lo contenido en el artículo 41 era un precepto desafortunado, desde nuestra óptica, era ofensivo para la Comunidad Autónoma del País Vasco y, además, como he intentado explicar, es vacío e inútil.
El otro precepto obedece a una cuestión parecida, la cuestión a la que también se ha referido la señora Lasagabaster relativa a los territorios enclavados de Treviño. El Estatuto vasco, aprobado en el año 1979, cuando establece cuál será su composición territorial, tiene previsiones determinadas respecto a la anexión o desanexión de enclaves. Repito, fue aprobado en el año 1979. En el año 1983 se aprueba el Estatuto de Castilla y León y establece un precepto no exactamente paralelo al vasco en la disposición transitoria séptima cuya modificación pretendemos ahora en la reforma del estatuto.
La voluntad del Condado de Treviño de integrarse en la provincia de Álava es antigua. Si alguna de SS.SS. tiene interés, hay estudios históricos abundantísimos, pero de forma muy resumida se puede decir que ya a partir de 1833 son numerosísimos los intentos de integrarse el Condado de Treviño en la provincia de Álava. Alguno de ellos se ha tropezado, por supuesto, con la voluntad de los gobernadores

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correspondientes, impidiendo que esta voluntad pueda ser efectivamente manifestada.
Hubo un lapsus, que es curioso por los tiempos en los que se produce, en 1955. En 1955 los ayuntamientos de Treviño y La Puebla solicitaron nuevamente su incorporación a Álava, y esta vez fue el propio Ministerio de la Gobernación el que involuntariamente puso en marcha todo el proceso: remitió a los pedáneos de su distrito una circular para que el 31 de julio convocaran, el domingo siguiente, a la salida de misa, un concejo extraordinario y monógrafo para deliberar entre todos los vecinos los pros y los contras del cambio de provincia, debiendo comunicarle por escrito el resultado de la deliberación. Del casi medio centenar de núcleos consultados, sólo tres optaron por la continuidad en Burgos. A partir de la respuesta de los pueblos es difícil calcular el porcentaje de vecinos favorables a la integración, puesto que la consulta no tuvo el carácter de referéndum individual.
Evidentemente, en los tiempos que corrían, este desliz del entonces gobernador civil de Burgos fue oportunamente parado (Rumores.-El señor Posada Moreno pronuncia palabras que no se perciben.), pero ya evidenciaba una voluntad de los vecinos o de los núcleos de población de integrarse en la provincia de Álava.
En todo caso, el sistema que la enmienda que el Grupo Vasco articula no pretende en modo alguno suplantar la voluntad del pueblo de Castilla y León, ni siquiera poner por encima de ella la voluntad del pueblo vasco, puesto que lo único que suprimimos de todo el proceso es lo que consideramos un veto administrativo inicial. En la previsión del Estatuto de Castilla y León se habla de que los órganos de la provincia tendrán que dar su autorización para que pueda producirse el comienzo del proceso. Nos parece que es un veto administrativo que impide andar el camino político. Se pretende solucionar además una situación de conflicto realmente existente que no se ha solucionado con la normativa vigente, que no ha solucionado la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1986, y a la vista está que en este mismo año, se ha referido a ello la señora Lasagabaste ha habido intentos, con la dimisión, por cierto de quien gobernaba en ese momento el municipio, perteneciente al Grupo Popular, que ahora se me indigna por mis manifestaciones (Rumores.), y en este momento se ha iniciado el camino desde la vía opuesta: con fecha 22 del pasado mes de octubre el Gobierno vasco decidió empezar el proceso de agregación a la propia Comunidad Autónoma del País Vasco.
En todo caso, y puesto que sé que hay presencia de medios de comunicación propios de la Comunidad de Castilla y León, creemos que el proceso es suficientemente garantista, sólo queremos que el pueblo de Treviño pueda empezar a manifestarse, pero el proceso empieza primero con la solicitud de segregación del ayuntamiento; en segundo lugar, que lo acuerden los habitantes de dicho territorio enclavado; después viene la aprobación del Parlamento de Castilla y León, como no podía ser de otra forma, es decir, si Castilla y León no lo quiere, jamás se podrá producir este proceso; y finalmente, como cuarto punto de la ruta estaría la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Nos parece que el proceso tiene las suficientes garantías, repito, y que simplemente lo que hace es quitar este veto administrativo inicial que impide que un proceso pueda llegar a producirse. Insisto una vez más en que la decisión final será la del Parlamento de Castilla y León y la de estas Cortes Generales. Únicamente manifestaré también que, además de estas dos enmiendas que mi grupo sostiene, votaré las tres presentadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, y por supuesto la que ha defendido con tanta contundencia el representante del BNG en relación con el idioma o la lengua galega que también se habla en al Comunidad de Castilla y León.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Enmiendas vivas que mantiene el Grupo de Izquierda Unida, número 2 a 28. Señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a intentar defender en mi intervención tres bloques de criterios: uno el informe de la ponencia, que aceptó las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, casi idénticas en los términos; en segundo lugar las enmiendas que mantengo vivas a este proyecto; y en tercer lugar, el posicionamiento de mi grupo ante las enmiendas de los demás grupos.
En cuanto a las enmiendas que recoge incorporadas el informe de la ponencia, a la que llegué cuando terminó su trabajo, me gustaría anunciar la presentación de voto particular, que formalmente haré, a la admisión de 8 de las enmiendas que se han presentado, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque reducen las competencias que las Cortes de Castilla y León aprobaron como competencias exclusivas de esa comunidad: montes y aprovechamientos, cámaras agrarias y colegios profesionales. Estos dos grupos parlamentarios que hoy enmiendan tienen grupo parlamentario en aquellas Cortes y defendieron allí que era bueno para Castilla y León tener esas competencias exclusivas; por tanto no están improvisadas.
En ese sentido, anuncio el voto particular a las enmiendas 35, 37, 43 y 45.
La segunda enmienda que yo no comparto por haberse admitido por ponencia es la que quita la competencia ejecutiva, en el artículo 36, de la administración, control y policía de la cuenca del Duero. Tanto los gobernantes anteriores como los gobernantes actuales, como los grupos parlamentarios, han defendido la importancia que tiene la cuenca del Duero, que prácticamente vertebra toda la comunidad, para esa región. Por tanto, el que aquí se retire esa competencia, que es competencia de gestión, de ejecución solamente, no me parece positivo, aunque reconozco que lo añaden como una disposición adicional. Además es una joya esta disposición adicional incorporada al texto del proyecto, es algo que, bajo mi punto de vista, parece prácticamente innecesario porque en realidad lo que viene a decir es que, dada la importancia que tiene la cuenca del Duero, la comunidad velará por actuar y hacer convenios y participará en las decisiones que sea preciso. Dice textualmente: «Dada la relevancia que la cuenca del Duero tiene como elemento configurador, la comunidad autónoma cooperará...». Eso lo puede hacer sin ningún problema, lo ha venido haciendo hasta ahora y no ha sido ningún óbice; por tanto, el que esté en una disposición adicional tercera que

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hará convenios, eso ya está recogido por la Constitución y no es necesario que se ponga en la disposición adicional. Sí tiene virtualidad el que esté como competencia de ejecución, porque van a gestionar esa competencia. De ahí que nosotros estemos en contra de que lo que allí se defendió sea modificado aquí por los mismos grupos, y que lo que ha sido como una especie de ademán en campaña y posicionamiento de estos grupos cuando eran gobierno y cuando son oposición se mantenga. Por eso mantendremos voto particular a las enmiendas 44 y 48 del Grupo Popular y a las 38 y 40 del Grupo Socialista que han sido incorporadas en el informe de la ponencia.
En segundo lugar, voy a defender las enmiendas que mi grupo mantiene, fundamentalmente en cuatro bloques.
Las enmiendas 2, 3 y 4 hacen referencia a criterios generales de la actuación de esta comunidad. Hace poco hemos discutido en el estatuto de autonomía anterior cómo in voce se presentaba un texto por los grupos mayoritarios para el Estatuto de Baleares. In voce más o menos venía a decir que, según lo establecido en la Constitución y para el ejercicio del autogobierno que en ella se reconoce para toda nacionalidad, se reconoce la identidad histórica de Baleares (en el caso anterior). Yo defiendo un texto similar para Castilla.
Y voy a argumentar ésto porque yo, que conozco poca historia de España pero la que conozco empieza desde un momento para acá muy reciente, veo que la coordinación, la cooperación o el cierto grado de unidad se forma a partir de tres reinos: el de Navarra, el de Aragón y el de Castilla, y, a partir de un momento y de una actividad determinada, empiezan a funcionar desde esa confluencia en una actuación conjunta desde los Reyes Católicos para acá. Felipe II incluso tuvo una complicación con Antonio Pérez: se le va a Aragón cuando tiene una complicación y desde allí actúa, pero se mantiene por tanto un cierto grado de unidad con una actuación y una realidad determinada.
Yo, que defiendo como lengua el castellano porque hablo castellano y entiendo que hay otras lenguas en el Estado español que son tan españolas como el castellano, creo que si algo tiene como realidad histórica para tener una identidad es Castilla. Por eso me parece bien que, utilizando el mismo término que antes hemos hecho para Baleares, se pueda utilizar la denominación de Castilla y León que, como expresión de su identidad histórica y su vinculación cultural, en el ejercicio del autogobierno que la Constitución española le da, la Constitución española reconoce para toda nacionalidad, se constituya en comunidad autónoma. No estamos haciendo nada más de lo que se ha hecho para Canarias o de lo que se ha hecho ahora mismo para otros.
Por otro lado, proponemos una serie de enmiendas que mejoran los artículos primeros de la proposición que viene de las Cortes de Castilla y León. El segundo bloque de enmiendas son la 6 y la 7. Las enmiendas 6 y 7 pretenden modificar, precisar, la actuación que recoge en el artículo 25 la posibilidad de reorganizarse en comarcas; dice el texto de la proposición que mediante ley de las Cortes poda regularse. Nosotros creemos que hay un agotamiento de las provincias y que la identidad de funcionamiento geográfico e histórico es otro que la comarca y debería funcionar, por tanto, la posible comarcalización. Por eso decimos que, en lugar de «podrá regularse» o «se podrán reconocer» que se ponga «se regulará» y «se reconocerán».
El tercer bloque son las competencias exclusivas. Nuestro grupo, en las enmiendas 8 a 20, propone incorporar a las competencias exclusivas de la comunidad autónoma competencias que ya tienen otras comunidades que no son de las llamadas históricas porque sus estatutos se aprobaron en la etapa de la República española, sino porque así han sido reconocidas a lo largo de toda la discusión de la evolución del Estado a través de la Constitución española, y, sin estar dentro de esas comunidades autónomas, comunidades como la de Aragón, Canarias o Valencia las tienen reconocidas. Y estas enmiendas hacen referencia a la asistencia social para que recoja la ordenación y planificación familiar y la orientación familiar y de la infancia; la competencia de régimen local, porque no sabemos por qué las pueden tener comunidades como la de Aragón y no la tiene que tener Castilla y León, no sabemos si es que son más torpes a la hora de actuar y poder decidir esa competencia, que facilita la posibilidad de regular su identidad, y no solamente el desarrollo de lo que ya marca la ley de bases; la defensa del consumidor y del usuario; la sanidad y la higiene; la ordenación farmacéutica y las asociaciones y fundaciones.
Por tanto, estamos proponiendo incorporar seis nuevas competencias como competencias exclusivas, estamos intentando ampliar el techo competencial.
Dentro de este paquete de enmiendas están la 20 y la 21, que pretenden incorporar como desarrollo legislativo y ejecución (no solamente como ejecución) la competencia que las Cortes de Castilla y León introdujeron, como la policía del dominio hidráulico de la cuenca del Duero. Creemos que debe tener capacidad de regular y de actuar sobre ella.
Y por último, señor presidente, voy a hacer referencia a las enmiendas que pretenden fortalecer el autogobierno, desde la número 2 a la número 27. Nosotros pretendemos que la actuación de las Cortes de Castilla y León puedan ser fortalecidas a través de la posibilidad del desarrollo legal para crear el Instituto de Empleo y Formación; la posibilidad del acceso, el día de mañana o en función de una actuación, a un concierto económico o a una regulación económica; la posibilidad de tener competencias, dentro del parlamento autónomo, el establecer y modificar impuestos, aprobar los reglamentos de tributos, las actuaciones de cooperación y los planes y programas.
La cooperación estaba metida como competencia de los estatutos a través de una previsión de competencias de los parlamentos, y sin embargo se ha entendido como cooperación de comunidad a comunidad, y no todos los instrumentos de cooperación que cada comunidad puede establecer con otras administraciones, incluida la Administración central. Por tanto, nuestras enmiendas van dirigidas a precisar mejor la calificación de la comunidad autónoma, a fortalecer el techo de competencias exclusivas, la capacidad de autogobierno y las posibilidad del parlamento autónomo.
En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, y éste sería el último bloque de mi intervención, nosotros vamos a votar favorablemente la enmienda del Grupo Mixto, defendida por el señor Rodríguez en nombre del Bloque Nacionalista Galego, porque la argumentación, que ha sido muy brillante, es una, y el texto que se nos propone es precisamente

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lo que recogen todos los estatutos. Yo he defendido para Melilla que el tamazight fuese entendido, fomentado y apoyado; bien, pues está regulado igual para otras lenguas que hay en otras vertientes, y una región como la mía, pásmense ustedes, que es la de Murcia, tiene una pedanía entera de Yecla que habla valenciano, y es una pedanía de un municipio nuestro. Nosotros aquí proponemos que se fomente el respeto y la promoción de la lengua que se habla en una zona determinada, pues parece correcto y no entra en contradicción con otra discusión.
En cuanto a las enmiendas de la señora Lasagabaster, en nombre de EA, nosotros no podemos votar favorablemente la número 20, fundamentalmente porque lo que viene a hacer aquí es reconocer unos principios que la Constitución marca, y son los principios de igualdad, solidaridad y de equilibrio entre los pueblos. Por tanto, yo no sé por qué es un problema. Dice que luego hace referencia a que no puede haber privilegios, pero es que si se quitase parece que los que tienen una realidad histórica diferente tienen privilegios.
Bueno, así era como estaban antes determinados fueros, que podían entenderse como privilegios sobre otros, pero hoy no, hoy es una identidad diferente; por tanto yo no sé cuál es la complicación que de este artículo puede nacer contra otros pueblos cercanos. Yo lo entiendo al revés, lo entiendo como un criterio del modelo de Estado que debemos tener.
Sin embargo, las enmiendas 30 y 31 nosotros vamos a apoyarlas porque creemos que son muy prudentes a la hora de la concreción que establecen. Hay una, que es la 30, que hace referencia a añadir al apartado 57, en su artículo único, una precisión, y es que se recoja lo dispuesto en la transitoria séptima. La verdad es que este apartado 57 dice que no hay ningún techo, no se modifica el texto de la transitoria que aquí se hace, pero nos parece que es acertado y no nos parece mal que se fortalezcan los sistemas democráticos respetuosos con los Estatutos de Guernica y Castilla y León; me parece bien.
La segunda enmienda, que es la 31, también me parece bien porque lo que está haciendo es potenciar el órgano que es la comunidad autónoma y su parlamento, frente a órganos que vienen de la estructura provincial del Estado, que nosotros creemos que no deben funcionar o que deben relativizarse. No creemos en la provincia como estructura organizativa, aunque es verdad que hay una parte de nuestra Constitución que así lo establece. Nosotros trabajaremos por que eso se pueda modificar. Y aquí lo que viene a decir es que el informe sea consultivo y no vinculante para la provincia y que decida el pleno de la comunidad autónoma. No modifica, por tanto, el cuerpo competencial y el papel que tiene Castilla y León y que tiene el Parlamento vasco.
Nos parece bien, es muy prudente a la hora de plantear la enmienda.
Y en cuanto al Grupo Vasco, PNV, nosotros no podemos respaldar ninguna de las dos enmiendas, y voy a explicar por qué. La primera, por el mismo razonamiento que he hecho a la anterior de EA, y la segunda porque añade exigencias a los municipios de Castilla y León que no se le dan a otras comunidades. Las comunidades autónomas, cualquiera de ellas, tienen la posibilidad de discutir la segregación y modificación de sus términos municipales sin la exigencia de que haya un referéndum, y conforme está redactado el texto que nos propone (que dice: Será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: que lo promuevan los ayuntamientos, que haya un referéndum y que lo apruebe el Parlamento), se está reduciendo lo que hoy pueden hacer los ayuntamientos como iniciativa, pretendiendo dar más competencia. Y es que además, en el texto que regula, dice: un referéndum expresamente convocado. Pero ¿cómo se convoca? ¿Quién lo convoca? ¿Se convoca como los establecen las leyes? ¿Cómo lo podíamos proponer en el estatuto? Es decir, no tiene soporte estatutario. ¿El gobierno autónomo podrá convocar referendum? No, no, se regula conforme a la Constitución.
Por tanto, yo compartiría esto si fuese un requisito no sumado, sino diferente; que un referéndum pueda poner en marcha el proceso, que un municipio lo pueda poner, me parece muy bien, pero es que aquí se pone como contradictorio y reduce competencias. Por eso, compartiendo el que se pudiesen combinar esas figuras, la hacemos limitativa y no la podemos votar.
Yo no sé si en poco tiempo he podido decir todo lo que quería decir.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Una vez terminada la defensa de las enmiendas vivas, procede la manifestación de posiciones de los grupos que así lo deseen. No hay, por el Grupo de Coalición Canaria, ningún representante. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Silva tiene la palabra. Por favor, cinco minutos.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Menos, señor presidente, para manifestar simplemente que votaremos a favor de la enmienda número 1, firmada por el Bloque Nacionalista Galego, por las mismas razones por las que anunciamos y votamos a favor de una enmienda similar respecto del Estatuto de Autonomía de Asturias. En segundo lugar, que votaremos favorablemente las enmiendas 29, del Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna, y 32, del Grupo Parlamentario Vasco, en la medida que entendemos que las referencias que se contienen en el texto del estatuto parecen partir de una cierta incomprensión de lo que suponen precisamente, podemos definirlo como hechos diferenciales, como capacidad de autogobierno de otras comunidades autónomas.
Por tanto, en la medida que parece presuponer que la existencia de regímenes autonómicos (no quiero decir especiales, cada uno de ellos es especial en sí mismo) puede afectar a otros o una cierta susceptibilidad respecto de la existencia de esos regímenes o de la ampliación incluso a otros regímenes de concierto, podríamos poner cuarenta ejemplos, entendemos que no procede la inclusión en el texto del estatuto y sobre esa base votaríamos a favor, ya digo, de las enmiendas 29 y 32 que se han formulado al proyecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Fijación de posición del Grupo Socialista. Señor Madrid, tiene la palabra. Muy breve, por favor.


El señor MADRID LÓPEZ: Muy breve, señor presidente.


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La reforma y ampliación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León supone un instrumento mejorado importante y también un avance para un mejor acercamiento, que es de lo que se trata, de las instituciones a los ciudadanos.
El debate que en las Cortes de Castilla y León han venido teniendo otros parlamentarios, utilizando, yo creo, los mejores instrumentos que ya dieron lugar a la Constitución de 1978, es decir, a la pedagogía del consenso, hace que también la reforma de un estatuto como ley orgánica exija también de todos nosotros las posibilidades de una flexibilización para que efectivamente el final de este producto, que es el estatuto de autonomía, sea eso, un instrumento de todos.
Naturalmente que siempre hay ocasiones para poder desmarcarse, para entendernos, de las posiciones mayoritarias de los propios grupos o de posiciones que legítimamente se pueden tener en actitudes maximalistas.
Nosotros tenemos que decir que tampoco estamos al cien por cien de acuerdo con lo que vaya a salir de este estatuto. Pero, naturalmente, el que no estemos al cien por cien satisfechos de lo que previsiblemente va a salir de este estatuto, no nos evita, al contrario, el poderlo aceptar con el interés de que sirva seriamente de instrumento de acercamiento de competencias de autogobierno en definitiva.
Nosotros creemos, sin embargo, que aquí no se deben agotar las posibilidades de mejorar el estatuto de autonomía. Es decir, no estamos ante una situación dramática en la que, acabadas todas las posibilidades, lo que no hagamos ahora ya nunca más lo vamos a poder hacer. Nosotros creemos que, a medida que avancen esas necesidades sentidas de los ciudadanos, las propias reformas sucesivas irán dando pasos también adelante. Nuestro estatuto, que ya se aprobó por una ley orgánica en 1983, ya tuvo una reforma que contemplaba nuevas competencias, y a mí me parece que esta reforma, la reforma que estamos debatiendo, ya no solamente afecta al ámbito competencial, cuestión que desde luego es muy importante, sino que sobre todo profundiza la capacidad de autogobierno.
El autogobierno, como es natural, es la profundización también de la democracia, porque es la posibilidad, el mecanismo que permite que los ciudadanos accedan al gobierno de las cosas públicas. Por lo tanto, merece nuestro respeto el trabajo y esfuerzo que esos otros compañeros, también parlamentarios, han venido realizando durante mucho tiempo, durante años o diría, de acercamiento de posiciones en las Cortes de Castilla y León.
Castilla y León que por otro lado es una comunidad que ha corrido y esto hay que decirlo para que decirlo para que quede sentado, muchos riesgos de que se hubiera convertido en una mancomunidad de diputaciones. Es decir, ese sentido del Estado a veces ha sido mal interpretado y para determinados gobernantes en determinadas circunstancias su objetivo era convertir a nueve provincias de Castilla y León en una mancomunidad de diputaciones par que desde luego lo que es autogobierno, capacidad de decisión, de competencias, etcétera, pudiera haberse transformado en otra, pero por suerte ha pasado ya, creo yo, ese peligro.
Castilla y León, señorías, es una comunidad abierta, es una comunidad sin complejos. Por lo tanto, en determinados asuntos que otros parlamentos regionales y otras comunidades, que probablemente por su historia, por las razones que sean, toman medidas de autoprotección para convertir la singularidad que sin duda alguna tienen cada uno de los pueblos, en nuestra comunidad, por esa situación de apertura hacia los demás para que circulen, se alojen y se instalen en nuestra comunidad no tenemos esas preocupaciones de asegurar absolutamente todo lo que significa singularidad o aspectos peculiares. Pueblos como Vigo de Sanabria, Asturianos, Mingorría, Iruecha, Muga de Sayago, que tienen así sus nombres en nuestra comunidad, muestran que antes y ahora Castilla y León es un pueblo, como decía antes, abierto y acogedor. (Rumores.) Por otro lado, Castilla y León limita con diez comunidades autónomas diez comunidades autónomas con las que nunca ha habido ningún problema, ni lo va a haber, porque ya de antiguo nuestra comunidad blasonaba y decía, tanto a los reyes como a los nobles como a los poderosos que se luchaba por aquello de que nadie es más que nadie, ni en la historia ni en el momento actual. (Rumores.) Yo quiero decirle especialmente, por la fuerza y el cariño con la que ha defendido su enmienda el señor Rodríguez, del BNG..., (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Un momento, señoría. Guarden silencio, señorías, por favor.


El señor MADRID LÓPEZ: ... que es cierto que en determinados territorios de nuestra comunidad no solamente en El Bierzo sino en la Sanabria alta, se habla el gallego, y allí no hay ningún problema en hablar gallego y castellano, en que los niños reciban caricias y palabras cuando nacen en gallego y en portugués, porque no hay dificultad alguna ni la ha habido hasta ahora, de que desaparezcan esas lenguas que terminan siendo tan naturales como el propio castellano. No hay ninguna voluntad en la reforma de este estatuto ni siquiera otras situaciones de más difícil convivencia democrática han sido capaces de erradicar las normas que el pueblo se ha dado a sí mismo. Yo creo, como León Felipe, que el salmo es más importante que el arca. Es decir, es muy difícil que una norma jurídica asegure no sé que otra voluntad en contra de lo que podía ser la espontaneidad de los propios ciudadanos al manifestarse.
Es por lo tanto que en este trámite, y nos queda todavía alguno más, tendríamos que decir que efectivamente las enmiendas que están todavía vivas y que con legítimo derecho están defendiendo otros grupos parlamentarios, nos parecen interesantes porque el debate puede enriquecerlas. Puede también que los ciudadanos, siguiendo esta preocupación de los legisladores y de los políticos, se estén dando cuenta de que estamos intentando conseguir el instrumento adecuado para que el desarrollo político de nuestra comunidad sea importante, y el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto cultural y lo que sea, lo que convenga, las peculiaridades, tengan residencia lógica en un estatuto que no debe, ni puede, desde mi punto de vista, agotar todo lo que es una comunidad que es efectivamente una comunidad histórica. Yo creo que si algún territorio en nuestro país, en España, no tiene complejos de ser un territorio y con unas características históricas, es Castilla y León, pero en ese sentido tenemos que tener la comprensión y la generosidad con otros que quieren llamarse y decirse de otra manera, aunque al mismo tiempo no vamos a renunciar nosotros; habrá ocasión quizás de que algunas de las

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enmiendas que son razonables, de las que aquí se han defendido, en otro trayecto del debate político podamos asumirlas.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Para fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cisneros tiene la palabra.


El señor CISNEROS LABORDA: Con la mayor brevedad de la que sea capaz, a pesar de la enorme importancia y de la capacidad de sugerencia intelectual que tienen las enmiendas defendidas por las señoras diputadas portavoces del Grupo Parlamentario Vasco PNV y del Grupo Parlamentario Mixto-Eusko Alkartasuna.
Créame, señora Uría, que no ha habido la más mínima ni la más leve reacción de indignación ante la defensa de sus enmiendas; es decir, ha interpretado mal algún revuelo por parte de nuestro grupo, pero en ningún caso ha habido indignación; las hemos escuchado con el mayor respeto, con algún elemento de disco incidencia, con la admiración siempre que merecen dos de las mejores parlamentarias de esta Cámara, y ciertamente, señora Uría, señora Lasagabaster, no saben hasta qué punto me conmovería el que mis palabras, si no mover sus votos o sus voluntades, si tuvieran la virtud de relativizar algunos de sus juicios o de disipar algunos de los recelos o sospechas que han manifestado, porque quiero decirles que no deben interpretar el artículo al que se han referido y la alusión a la que se han referido en la expresión de sus sentimientos de agresión, hostilidad o desconfianza que han creído SS.SS. ver en ellos. Si los hubiera, yo votaría sus enmiendas. Si compartiera ese temor o esa sospecha, yo votaría, señora Uría, señora Lagasabaster, sus enmiendas. Es decir, si creen que instituciones tan venerables como pueden ser el cupo, el concierto económico, o en general las instituciones derivadas de unos derechos históricos constitucionalmente reconocidos y amparados, se ven lesionados o agraviados por alguna expresión del estatuto, yo, insisto, sería el primero en votar sus enmiendas, pero creo que sus temores son desproporcionados y no están justificados por la adición enmienda.
Y entrando ya en la respuesta de los dos temas, diciéndolos directa y crudamente por sus nombres, problema Treviño, problema efecto frontera, y empezando por el segundo de ellos, es claro que, como nos decía la señora Lasagabaster, no se trata de modificar el contenido de la propuesta presentada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ella hablaba de voluntad soberana. Yo no creo en la voluntad soberana de los parlamentos autonómicos, yo creo que en la voluntad autónoma de los parlamentos autonómicos, no en al voluntad soberana y, en consecuencia, desde mi propia perspectiva conceptual, yo no tengo la menor obtención a que desde el grupo de Eusko Alkartasuna se introduzcan materias o se pretendan reformas que no están contenidas en la propia propuesta que viene de las Cortes de Fuensaldaña, sino que la extralimitan y se extienden a una materia ajena a la intención reformadora. Es decir, tendría gracia que fuese yo a cuestionar la competencia parlamentaria para aprobar cualquier ley orgánica de reforma del estatuto que se adapte ala Constitución, con independencia de que dicha reforma hubiera sido contemplada por los legisladores autonómicos.
El problema no es ése, el problema, resumiendo, es que en el contenido de las enmiendas Eusko Alkartasuna nos propone modificar el apartado 3.b), sustituyendo entre los requisitos para que un territorio enclavado pueda segregarse e incorporarse a otra comunidad autónoma el informe de la provincia correspondiente de la comunidad autónoma favorable a la segregación por un informe a efectos consultivos no vinculantes. Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco PNV, además de alguna otra modificación, suprime la necesidad del quórum cualificado previo a la solicitud del ayuntamiento en el acuerdo municipal, y suprime igualmente le informe previo de la provincia y de la comunidad autónoma, reemplazándola por la aprobación de las Cortes de Castilla y León, que tendría lugar después, después, y esto sí que tiene importancia y trascendencia política, del refrendo de los habitantes del territorio o municipio afectados y antes de la aprobación por las Cortes Generales.
Parece claro que la diferencia entre ambas fórmulas, la del PNV y la de Eusko Alkartasuna, no menoscaba la intención, claramente coincidente y además explícitamente manifestada, de desplazar hacia los ayuntamientos o territorios afectados el mayor peso -si nos atenemos alas implicaciones políticas, prácticamente la decisión- en los procesos que pueden afectar a su adscripción a una u otra provincia, a una u otra comunidad autónoma, asunto que en nuestra opinión, y hemos tenido ocasión de discutirlo ya en sucesivas ocasiones, rebasa claramente el ámbito de la autonomía local, queda fuera de las competencias municipales, y en nuestra opinión no puede supeditarse exclusivamente al a voluntad mayoritaria de los vecinos del territorio afectado, teniendo en cuenta entre los contenidos mínimos que para los estatutos de autonomía, para los propios estatutos de autonomía, establece el artículo 147.2.b) de la Constitución. Y precisamente porque el asunto afecta a intereses diversos de un ámbito plural de competencias, es necesario mantener una regulación específica, como la contenida en la disposición transitoria séptima del Estatuto de autonomía de Castilla y León, que garantiza la participación de cada una de las partes implicadas.
Es bien sabido, se ha recordado aquí, que apenas aprobado el Estatuto de Castilla y León ya se intentó modificar, se produjeron los recursos de inconstitucionalidad, primero del gobierno y luego del Parlamento vasco simultáneamente, pero no prosperaron las pretensiones de los recurrentes, sino que, por el contrario, el Tribunal Constitucional dejó sentado que dicha disposición transitoria era plenamente constitucional, que no vulneraba, como pretendían los recurrentes, los principios de igualdad, no discriminación e interdicción de la arbitrariedad, y que los procedimientos de agregación o segregación estaban constitucionalmente reservados a los estatutos de las comunidades autónomas. Dicho de otro modo, y resumiendo, las enmiendas intentan primar el poder decisorio de una de las partes cuando hay otras igualmente concernidas, resistiéndose a asumir el principio de que lo que a todos atañe a todos corresponde resolverlo.
Nosotros creemos, señora Uría, señora Lasagabaster, seguimos creyendo, que el camino hacia ese objetivo no es la modificación del procedimiento suprimiendo trámites y contrapesos para facilitar una aparente salida del conflicto,

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que podía ser claramente una salida falsa. Seguimos creyendo que la solución definitiva sólo puede lograrse mediante el compromiso de todas las partes implicadas en la búsqueda del entendimiento, de la cooperación, de la mancomunidad de esfuerzos para la más satisfactoria solución de los diferentes problemas, y sobre todo teniendo en consideración el bienestar de los ciudadanos afectados.
Las cosas no son tan sencillas, señoría Uría, en orden a la determinación de la voluntad de los ciudadanos de Treviño. Los dos partidos de ámbito nacional, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, concurrimos a las elecciones municipales con la bandera del mantenimiento del Condado de Treviño en la Comunidad de Castilla y León y fuimos abrumadoramente respaldados con ese compromiso por los votos de los ciudadanos de Treviño. Efectivamente después han sobrevenido vicisitudes de todo orden, interferencias de alguna asociación pretendidamente cultural pero inequívocamente de carácter político que pretende otra solución distinta o favorable a la anexión a la Comunidad autónoma Vasca pero, insisto, el asunto no tiene la claridad, la linealidad con la que aquí se nos ha expuesto.
Pero, en todo caso, aunque así fuese, si quieren ustedes llevar el problema al territorio del derecho de autodeterminación, al territorio en definitiva de atribuir la titularidad del a decisión específicamente a los vecinos del Condado de Treviño, es también una suerte de falsa aporía. Es decir, ¿en dónde está escrito que tengan los ciudadanos de Treviño esa decisión? Como siemprre que se apela a los grandes principios, principio de la soberanía en este caso, primeramente habrá que determinar quién es el sujeto de ella. Es decir, no se puede decidir quién es el pueblo si previamente alguien no ha decidido quién es el pueblo al que toca decidir. Y creo que la reflexión sobre Treviño sería susceptible de consideración a otros ámbitos, pero no es mi intención ni tengo tiempo ni está en mi ánimo ni en mi voz el poder responder.
Más enfático aún quisiera ser respecto al llamado efecto frontera, ya lo he dicho en mis palabras iniciales. La propia señora Uría en su intervención ha introducido algún elemento de contradicción: primero ha rechazado con gran vehemencia la formulación y después ha reconocido su relativa vacuidad. Por supuesto que a quien le corresponde velar por los principios de solidaridad es al Gobierno de la nación, por supuesto que los artículos 138 y 139 de la Constitución es al Gobierno de la nación al que le toca administrarlos, ¿pero qué quiere decir velar? No es garantizar, es poco más que una declaración de voluntad de impedir o de evitar, porque el efecto se produce, la institución es respetable, ya conocemos las sentencias en el ámbito contencioso administrativo que se están produciendo y las competencias desde el propio marco constitucional, pero no niegue usted a los castellano-leoneses la posibilidad de tomar alguna medida complementaria de propiciar alguna iniciativa que palíe y limite en alguna medida el defecto depresivo que el reconocimiento de esa peculiaridad, que no privilegio, claramente peculiaridad, que no privilegio, pueda producir, si llega a devenir en privilegio, en detrimento de los intereses de los ciudadanos afectados por esa vecindad, por otra parte tan honrosa, tan entrañable, como lo es la inmediatez geográfica con el territorio de la Comunidad Vasca.
Por lo demás, tras expresar mi rechazo a sus enmiendas, quiero manifestar mi enorme satisfacción porque dos representantes en esta Cámara del nacionalismo democrático vasco se hayan sentido implicadas y concernidas en la discusión del Estatuto de Castilla y León.
Hubiera preferido que no hubiese sido necesariamente en términos o bien de pretensión anexionista o bien de expresión de un lamento de agresividad o de posible sospecha, sino una implicación plena y profunda, discutiendo nuestras competencias, discutiendo nuestro marco institucional, pero en todo caso, sea en los términos que sea, me felicito enormemente por las intervenciones de la señora Uría y de la señora Lasagabaster.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Soy consciente de que mi tiempo es corto e intentaré ser muy claro.
Creo que, con su carácter general, esta reforma del estatuto consecuencia en Fuensaldaña, que ha sido impulsada por el Partido Popular y el Partido Socialista, ha tenido una intensa negociación y ha integrado posiciones de todos los grupos. Nuestra posición es, por tanto, de máximo respecto a lo acordado por los procuradores de Castilla y León y por los grupos parlamentarios en Fuensaldaña.
Con esta reforma del estatuto, Castilla y León robustece y reafirma su autogobierno y define el marco que le parece idóneo para desarrollar la actividad política dentro de la Constitución española.
El Estatuto de Castilla y León que hoy debatimos tiene vocación de estabilidad hacia el futuro, pero por supuesto no debe descartarse que en un momento dado pueda modificarse, porque Castilla y León no quiere ser más que nadie pero no tolerará ser menos que nadie.
Quiero señalar la coincidencia con las palabras de Demetrio Madrid, en la última parte sobre todo de su discurso, cuando decía que este proceso que estamos haciendo puede tener cambios a lo largo del proceso, y algunas enmiendas que ahora yo voy a rechazar del señor Rodríguez y de Izquierda Unida, pueden volverse a estudiar, porque incluso en Fuensaldaña hubo momentos en que estuvo muy cerca el acuerdo y por una serie de circunstancias que no son al caso no se pudo lograr. Yo creo que todavía tenemos unas posibilidades, y lo veremos a lo largo de la discusión del estatuto.
Voy a contestar a las enmiendas, contesto en primer lugar al señor Rodríguez diciéndole que esa enmienda, que está bien construida, a mí me parece innecesaria. ¿Por qué? Porque no es sólo la lengua gallega la que se habla aparte del castellano en los límites de Castilla y León, hay otras, y todas deben gozar de respeto y protección. Así se recoge en el artículo 4 del estatuto, y en el 32, competencias exclusivas, el apartado 16, cultura, señala la especial atención a las distintas modalidades culturales de la comunidad. Y puedo asegurarle, porque me consta, que es propósito de la Junta de Castilla y León y de las Cortes de Castilla y León contemplar la lengua gallega, pero no sólo como fenómeno cultural, sino incorporarla al proceso educativo cuando se desarrollen las competencias de educación que vamos a recibir en muy pocos meses.


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En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, como han estado agrupadas quiero contestar los muy sucintamente y las que me parecen realmente más importantes. La primera de ellas era esa introducción indirecta pero relevante de nacionalidad. En Castilla y León creemos que nacionalidad y región no es un acto de voluntad jurídica expresada en una ley, sino que concurren unos elementos objetivables en relación con lo que se entiende que es una nacionalidad, elementos que quizá en el estatuto anterior, como era el de Baleares, pueden estar más objetivamente. Aquí no se trata, en mi opinión, de hacerlo por razón de mimetismo, es decir, si ellos son, nosotros también. La Constitución española atribuye igual el derecho de autonomía a las nacionalidades y a las regiones, y en ese artículo 2 no hay ningún grado de diferenciación. Por lo tanto, a nosotros nos parece que todas las posibilidades reconocidas en la Constitución para las comunidades autónomas puede lograrlas Castilla y León sin necesidad de autocalificarse como nacionalidad, ni siquiera por vía indirecta.
Otro tema que señalaba como importante era el referido a las comarcas, en donde hablaba de esas enmiendas que se referían a, en vez de «podrá regularse», «se regulará»; en vez de «se podrá reconocer», «se reconocerá». Yo creo que no son acertadas, le voy a decir por qué. Porque el estatuto para Castilla y León, como la Constitución para la nación española, debe ser un marco que permita el libre juego de las opciones políticas en un sistema de mayorías y minorías. Si Izquierda Unida gobernara en Castilla y León, introduciría con carácter general las comarcas y regularía su ordenación jurídica, pero no comparte este punto de vista por ejemplo el Grupo Popular, que tiene ahora mayoría absoluta. Yo puedo decirle que como presidente de Castilla y León envié a las Cortes, que aprobaron, la constitución de la comarca de El Bierzo, que es la única comarca que tiene Castilla y León reconocida. No creo que ahora fuera conveniente una generalización de las comarcas, pero a mí me parece muy importante, y el estatuto lo regula, que si una mayoría distinta considera que es conveniente hacerlo, pueda hacerlo, y eso el estatuto lo permite. Es un poco la misma idea que se recoge cuando hablamos del Instituto de la Lengua Castellana, que se introduce en las enmiendas, el Instituto para el Empleo y la Formación. Bien, son instrumentos interesantes y pueden crearse. ¿Qué es lo que a nosotros no nos parece adecuado? Que aparezcan en el estatuto, porque eso es devaluar otros instrumentos y puede ser conveniente que el que gobierne adopte esos o adopte otros.
En cuanto a las enmiendas 8, 9, 11, 13, 15, hasta la 20, que era pasar a competencias exclusivas, competencias de gestión o normativas, nosotros creemos que lo importante es que las competencias están en el estatuto, es decir, que estas enmiendas lo que hacen es ubicarlas en un sitio o en otro. A nosotros nos parece que no es tan importante o no es tan relevante en dónde están situadas. Por ejemplo, en una que se habló en Fuensaldaña y la ha citado el señor Ríos, en el tema de administración local. Propone la enmienda número 9, precisamente de Izquierda Unida, que el régimen local sea competencia exclusiva, y leo: Régimen local y organización y régimen jurídico de las comarcas de la comunidad autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.a de la Constitución: Pero es que ese precepto dice: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases de régimen jurídico en las administraciones públicas, etcétera... Luego estamos introduciendo un «sin perjuicio» que vacía un poco esa competencia exclusiva. Es una cuestión de interpretación, y por eso hay algunas, que va a mantener el voto particular el Grupo de Izquierda Unida, que nos ha parecido más aconsejable colocarlas en otra posición.
Y finalmente de las que ha citado referidas a organización, sería, importante, por su transcendencia, la del concierto económico solidario que pide Izquierda Unida. Creo que lo más solidario es la situación actual, porque basta considerar las cifras de recaudación tributaria en Castilla y León y los gastos del Estado en el presupuesto para darse cuenta de que sería perjudicial un concierto.
Una generalización de los conciertos no es una idea que a nosotros nos parezca adecuada. Sin embargo, y con esto termino, quiero decir que en el espíritu de las propuestas de Izquierda Unida, como se ha reconocido en Fuensaldaña una y otra vez por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, que se puede seguir trabajando y creo que hay algunas enmiendas -se lo digo con sinceridad- que no podrán ser admitidas, pero otras sí suponen un perfeccionamiento y creo que al final se pueden llegar a alguna transacción.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): ¿Precisa algún grupo de usar su derecho a réplica. (Pausa.) Vamos a iniciar la votación.


Enmienda número 1 del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 31.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Queda rechazada.
Enmiendas números 29 a 31 de la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto.
Señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Separar la 20, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Señor Silva.


El señor SILVASÁNCHEZ: La misma solicitud, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Votamos la enmienda número 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Queda rechazada.
Enmiendas números 30 y 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 31; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 32 y 33, del Grupo ParlamentarioVasco, defendidas por la señora Uría. Señor Silva.


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El señor SILVA SÁNCHEZ: Votación separada de las enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Votación de la enmienda número 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro, en contra, 34.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Queda rechazada.
Enmienda número 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, enmiendas números 2 a 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Quedan rechazadas. Señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, pediría votación separada del artículo 1.1 de los artículos 32, 34 y 36, todo eso junto en un bloque y el resto en otro.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Procedemos a la votación de los artículos 1.1, 32, 34 y 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, tres; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Se aprueban los artículos.
Resto del articulado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, tres; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Queda aprobado.
Queda únicamente la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, seis.


El señor VICEPRESIDENTE: (Barrero López): Queda aprobada la exposición de motivos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA RIOJA, PRESENTADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA-DIPUTACIÓN GENERAL.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000010.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a introducirnos en el último punto del orden del día, con la expresión del reconocimiento y gratitud de esta Presidencia por la resistencia de las señoras diputadas y señores diputados, propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.


Como saben SS.SS., el informe de la ponencia propone la aceptación de las enmiendas de los grupos Popular y Socialista y el rechazo de las restantes.
Consiguientemente, para la defensa de su enmienda número 1, tiene la palabra doña Margarita Uría, del Grupo Parlamentario Vasco PNV.


La señora URÍAECHEVARRÍA: La enmienda número 1, presentada por el Grupo Vasco al Estatuto de La Rioja, tiene un matiz absolutamente idéntico a la enmienda que hemos defendido, con escaso éxito, en relación con el Estatuto de la Comunidad de Castilla y León y hace referencia al denominado efecto frontera. Alude al artículo 46 del texto del estatuto, que ha sido modificado en el trámite de ponencia, pero también en términos que nos parecen inaceptables. Si inicialmente se hacía referencia a la vecindad de los territorios forales, es decir, se ponía nombres y apellidos y era claro que la alusión era a los territorios vascos, Comunidad Vasca y Comunidad Foral de Navarra, ahora solamente se dice de los territorios fronterizos. Evidentemente, verde y con asas, como suele decirse en la terminología vulgar. El tono es menos defensivo que el de la enmienda que se sostenía en el Estatuto de Castilla y León, pero incurre en los mismos defectos en lo relativo al efecto frontera. No es admisible el presupuesto del que parte, y así lo he indicado antes, pues constitucionalmente no es posible que del legítimo ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los territorios forales se deriven perjuicios para La Rioja, y, si no fuera así, también cabría pensar en que las posiciones de una comunidad y otros territorios forales podrían alterarse en determinados supuestos. Sin embargo, del mismo modo que en el caso de Castilla y León, se echa en falta que no se diga nada acerca de los perjuicios que para los territorios forales puede tener el efecto frontera con La Rioja.
Hoy mismo sale en la prensa vasca que el IRPF vasco tendrá una rebaja fiscal menor que en el resto del Estado y dispar en los tres territorios forales. Como ciudadana vizcaína me halaga, o me alegra, incluso, esta diferencia, pese que voy a ser de los menos favorecidos por la rebaja. Si queremos mantener el gasto social, de alguna parte hay que financiarlo. Evidentemente hay diferencias internas entre los territorios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa y los ciudadanos vizcaínos deberemos seguir cotizando levemente más que los ciudadanos de los otros tres territorios. Algo parecido va a ocurrir, por lo menos en el ámbito en el que nosotros tenemos competencias, en relación con el territorio del Estado. Las rentas más bajas se van a ver más favorecidas por la normativa, y de ello me alegro, aunque, teniendo en cuenta que pertenezco al nivel medio, medioalto, voy a ser de las que va a tener que cotizar más que una ciudadana de territorio común.
¿Este efecto frontera se va a tener también en cuenta? ¿Se va a considerar que va a haber ciudadanos vascos que van a fijar su domicilio en La Rioja? Nos parece que estas situaciones son absurdas, obedecen

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a hipótesis que denotan una cierta mezquindad, si se me permite decirlo, en el planteamiento y que desde luego desentonan o no tienen encaje en la previsión de distribución competencial que la Constitución quiso y que se plasma en los estatutos de autonomía.
Debo además manifestar que me parece que es hacer trampa en relación con lo que no se obtiene por la vía de los recursos ante los tribunales de justicia. En estos días venían también en la prensa noticias sobre los recursos a los que antes me he referido. Los tribunales, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco viene declarando una y otra vez legales los incentivos del impuesto de sociedades de Vizcaya y existen en este momento, señorías, ciento y pico recursos sobre esta materia. De unos acaba desistiendo el Estado, otros son ganados por las instituciones vascas, pero siempre queda la posibilidad, y en ello debe estar la constancia de quienes instan a los recursos, normalmente proceden de la comunidad cántabra o de La Rioja, de intentar ver si en algún momento obtienen una resolución favorable.
La competencia para establecer un sistema tributario no mimético del estatal y adecuado a las necesidades de los territorios históricos está bendecida por los tribunales y no puede sostenerse que un territorio histórico sea obligado a mantener ni los mismos tipos impositivos ni las mismas bonificaciones que se conceden para el resto del Estado. Así lo reconoce la sentencia dictada o hecha pública en el día de ayer que tengo delante en este momento. Nos parece, por tanto, que el artículo 46 contempla una hipótesis que no es posible, que la norma además es hueca, y que resulta completamente inútil. Lo único que tiene es un efecto de daño o de distorsión respecto de los que así somos ciudadanos de las comunidades limítrofes, que nos sentimos en alguna medida agredidas por una previsión estatutaria que tendría una muy distinta lectura si fuese a la contra. En relativa respuesta a lo manifestado antes por el señor Cisneros en su intervención, ¿qué ocurriría si fuese el estatuto vasco el que contuviese una previsión de este estilo? Creemos que cada comunidad autónoma debe tener, como quiere el artículo 147, sus competencias establecidas, sus instrumentos de autogobierno, y que éste es el contenido adecuado y normal de los estatutos de autonomía, y no estos preceptos que denotan miedo o desconfianzas hacia el llamado efecto frontera con los territorios forales.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 2 y 3, suscritas por doña Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: La verdad es que a esta hora, y siendo un poco redundantes los argumentos que tenemos que dar de esta enmienda, así como los que hemos hecho en el Estatuto de Castilla y León, vamos a ser muy breves.
Es verdad que la redacción del Estatuto de Autonomía de La Rioja es un poco diferente y nos alegra que en el trámite de ponencia se haya modificado en alguna medida, porque, aunque en el fondo yo creo que sigue siendo más o menos lo mismo, al menos las formas no son tan evidentes. No sé si alegrarse o no alegrarme, pero en cualquier caso las formas parece que se han querido cuidar un poco. El contenido yo creo que es exactamente igual, como decía la señora Uría, que todos sabemos a qué hace referencia y que, en definitiva no creemos que sea uno de los contenidos que tenga que tener un estatuto de autonomía, que no es neutro, como decía en la intervención sobre el estatuto anterior, sino que demuestra un cierto, siento decirlo así, un cierto ataque respecto de otras situaciones de otros estatutos de autonomía.
No me voy a extender mucho, pero las tres cuestiones o consideraciones que ha hecho mi compañera, la señora Uría, me parecen muy convenientes y muy oportunas en este momento. En primer lugar, por qué no poner un artículo, una cuestión de otro tenor si otros estatutos de autonomía, otras comunidades autónomas pudieran salir perjudicadas de determinadas competencias que tuviera el Estatuto de La Rioja. No parecería lógico y en cualquier caso, desde luego, si nosotros lo hubiéramos hecho, habría sido considerado inadmisible. En segundo lugar, como señalaba también, por ejemplo, ahora en el tema del IRPF se producen diferentes situaciones y quién puede saber si realmente la diferente situación de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, respecto a La Rioja pudiera dar lugar, por las distintas cuestiones y tipos que se han realizado, a que hubiera un desfase o un desequilibrio económico de algunos de los tres territorios históricos respecto de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Creemos que no hay que entrar en estas cuestiones, que no son los estatutos de autonomía competentes para determinar cuestiones relativas a agravios, a perjuicios, o incluso a denotar un cierto ataque o no ataque, defensa, ofensa a otros, porque nos parece que no es el momento, que no es el lugar y que además responde a una cuestión que no nos parece muy correcta.
En cualquier caso mantenemos nuestra enmienda, nos alegramos de que en el trámite de la ponencia se haya querido suavizar, aunque el contenido nos parece que sigue siendo el mismo, y defenderemos y votaremos también la enmienda de la señora Uría.
Respecto a la segunda enmienda, simplemente quiero decir que se retira, dado que en el trámite de ponencia se ha suprimido la disposición adicional que pretendía modificar.


El señor PRESIDENTE: La enmienda retirada, perdóneme, ¿es la 2 o la 3?

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: La enmienda número 3, que hacía referencia al número 5, lógicamente el artículo primero, disposición adicional segunda, apartado b).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Frutos, tiene la palabra. (El señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor FRUTOS GRAS: Desde hace mucho tiempo... Voy a defender -y luego me extenderé qué quería decir con esto al final de mi intervención- 22 enmiendas en bloque, solamente citando los elementos concretos a los que hacen referencia estas enmiendas, de la 4 a la 26, si no recuerdo mal, que no han sido aceptadas, ni una. Espero

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que en el trámite parlamentario pertinente hasta ir al plenario seamos capaces, o sean ustedes capaces de tener más sensibilidad, en la línea que apuntaban tanto ustedes como los representantes del Partido Socialista, el señor Madrid anteriormente, de que en el trámite parlamentario, o quizás en el futuro, habrá más sensibilidad.
A ello me referiré al final.
El conjunto de enmiendas que defiendo afecta a distintas cuestiones.
Son enmiendas que emanan de la voluntad propia de Izquierda Unida de La Rioja y por coherencia federal de Izquierda Unida en el momento de defender determinadas opciones o planteamientos en cada una de las 17 comunidades autónomas. El conjunto de enmiendas afecta, como decía, a diversas cuestiones. Una primera, importante, equiparar la capacidad competencial a otras comunidades autónomas en un sentido federalizante. En segundo lugar, reflejar más concretamente la capacidad de consultas populares. Nos parece que todo lo que sea acercar la democracia al ciudadano, en cualquier consideración, sea en Treviño o sea en otro lugar, o para otros temas, es interesante.
Reflejar más concretamente la capacidad de consultas populares, tanto de comunidad autónoma, potestades de la comunidad autónoma, las competencias de la comunidad autónoma, como a nivel local. También remitirnos al desarrollo legislativo del Estado y a la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, en coordinación hospitalaria, ejecución de la legislación estatal sobre productos farmacéuticos, etcétera. Otro bloque, otro apartado de enmiendas que van en este sentido. Esto es un nuevo artículo, artículo 9 bis, que planteamos, que nos parece interesante, que no lo aborda el conjunto de la propuesta. Y luego el nuevo párrafo final del artículo 12, impulsando la legislación del Estado para solicitar que las leyes marco con competencia exclusiva del Estado atribuyan a la comunidad autónoma la facultad de dictar la legislación de desarrollo de estas leyes marco.
Poder convenir o desarrollar convenios con el Estado y con las comunidades autónomas, impulsando naturalmente en esto todas las competencias en este sentido. Organización de las tareas del parlamento. Potestad para organizar de forma verdaderamente autónoma las potestades y las potestades y las tareas del Parlamento y que no sean parlamentos, en este caso concreto el de La Rioja, de tercera. Y una serie de competencias de carácter exclusivo de la comunidad autónoma que van en la línea de sector fomento y planificación de la actividad económica, ordenación de las aguas subterráneas propias de la comunidad autónoma, que nacen y mueren en la comunidad autónoma, etcétera. Y una serie de competencias de carácter exclusivo de la comunidad autónoma que van en la línea de sector fomento y planificación de la actividad económica, ordenación de las aguas subterráneas propias de la comunidad autónoma, que nacen y mueren en la comunidad autónoma, etcétera.
Toda una serie de enmiendas, 22, que se subsumen en esta breve síntesis o resumen que he intentado hacer de las mismas.
Para terminar, ya que estamos en un debate que me ha gustado porque en algunos momentos he entendido que finalmente este Parlamento empezara a entender de problemas políticos de fondo que atienden a la definitiva construcción de España, del Estado español, o de lo que sea, considerando que desde nuestra perspectiva federal nos es exactamente igual Estado o Estado español, aunque debe utilizarse de forma diferente según cómo se utilice y en qué situaciones se utilice, nosotros pensamos que en esta marcha a la federalización del Estado, hacia un Estado federal, en cuyo debate deberemos entrar, estamos entrando ya, se está entrando ya colateralmente y a veces de mala forma, con agravios comparativos, memorial de agravios, etcétera, deberemos entrar de forma normal. El camino intermedio -repito- a esta federalización que se está produciendo hacia un Estado federal, el camino intermedio es el artículo 151 de la Constitución.
Actualmente hay una simetría en dos sentidos, el que deriva de los artículos 143 y 151, por toda una serie de razones históricas, políticas, económicas, sociales, de cultura, de vocación autonomista, y el que se fundamenta en este último apartado, en la menor voluntad objetiva de autonomismo que ha habido en los últimos 20 años, que ahora se está potenciando en toda una serie de comunicaciones autónomas. Nosotros pretendemos que, a partir de esta simetría actual, simetría que hay actualmente, se pueda avanzar hasta la posibilidad legal del techo competencial de la actual Constitución, artículo 151, y el que emane posteriormente de las reformas constitucionales que serán precisas si queremos avanzar en esta construcción definitiva del Estado.
Para ello deberemos ir a algo que me parece obvio, pero en todo caso, a veces incluso por la propia ausencia de debates a fondo de estos temas en este Parlamento, deberemos ir a un pacto federal para evitar que haya, que se mantenga, que se potencie y que amplíe el foso de diferencias, una relación singular del Estado con tal o cual comunidad autónoma de forma aleatoria o por intereses coyunturales, que es lo que está predominando en estos momentos en determinadas actuaciones y pactos políticos para la gobernabilidad, para evitar también el mantenimiento obligado de una confederalidad para una parte del Estado y una autonomía de bajo voltaje para la otra parte, al que también se puede ir o como también se pretende, aunque no se diga así, aceptando que hay un vaciamiento de competencias a través de las competencias que va asumiendo la Unión Europea en cada momento, y a partir de ahí que se vayan potenciando las capacidades políticas, legislativas, etcétera, de cada comunidad autónoma. Y a partir de cada situación, de las situaciones diferentes, de esa asimetría que hay, con especial énfasis en las nacionalidades históricas, que existen, que tienen una historia, que además han sido un elemento permanente de conflicto en la construcción del Estado español o de España, y que nos parece que es justo, elemental, de elemental sabiduría política abordarlas y no mezclarlas como si fuera un totum revolutum a partir de las comunidades autónomas existentes, las que se llaman históricas y otras, construir definitivamente España. Y cuanto antes estas comunidades autónomas, en conjunto, sean Estado, a partir de un acuerdo federal de fondo, antes, pienso yo, que empezaremos a situar una racionalidad ya definitiva sobre cualquier debate político, territorial, social que se pueda establecer en el territorio español.


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El señor PRESIDENTE: Nos ha dejado sin explicar, y con alguna perplejidad, el tema del esperantismo, pero no le provocó a ello.


El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, estaba en relación con la cuestión de las lenguas.


El señor PRESIDENTE: Me solicita la palabra brevemente, en turno de fijación de posiciones, el señor Silva, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Quiero manifestar que apoyaremos las enmiendas 1 y 2 del Grupo Parlamentario Vasco, así como la del Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna, por razones que ya se expusieron anteriormente.


Y ya que ha sido citado también, y lo ha sido por la señora Uría, la diferencia en regímenes fiscales, historia tenemos en este país de diferentes regímenes tributarios locales con posibilidad de fijar tipos de contribuciones territoriales y otras circunstancias o incluso el problema que se planteó en su día sobre la revisión parcial de las bases de las contribuciones territoriales, de los valores catastrales, tema que en su día llegó ante el Tribunal Constitucional y lo dejó también debidamente zanjado.
Por lo tanto, las razones existen, las jurídicas y las políticas, y simplemente tengo que manifestar, como decía antes, nuestro voto favorable a las enmiendas 1 y 2.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Ángel Martínez Sanjuán tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Voy a tratar de ser breve, se lo prometo y quiero cumplirlo, señor presidente.
Abordamos la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja y desde luego nosotros no tenemos de bilingüismo, ni tenemos problemas de enclaves fronterizos o de enclaves territoriales en nuestra comunidad, ni nos tenemos que remontar, ni queremos hacerlo, al antiguo reino de Nájera, porque el disparate, me parece, en el que estamos entrando en algunos debates parlamentarios para justificar la reforma de un estatuto de autonomía en un marco constitucional no nos llevaría a ningún lado, señor presidente. Me congratula que se apruebe la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de la Rioja en un momento de cierta convulsión en la construcción, en el ordenamiento territorial de España, en el que lógicamente hay demasiado ruido, demasiadas tendencias posibilistas, tratando de forzar la máquina más allá de lo que pueden estar preparadas las formaciones políticas, la conciencia ciudadana de nuestro país y lo que es el buen orden del estado de las autonomías, que se construye de una forma solidaria, avanzando hacia un modelo ampliamente compartido en un texto constitucional hacia el que la mayor parte de los partidos políticos que estamos en esta Comisión hicimos un esfuerzo por avanzar.
Solamente estamos hablando de una reforma, de una reforma de un estatuto, que amplía la reforma de marzo de 1994, que fue una reforma sólo de competencias que no afectaba a las instituciones. Esta reforma es una reforma más amplia, ampliamente consensuada en el ámbito de la Diputación General de La Rioja, que una vez aprobada esta reforma no se llamará Diputación General de La Rioja, sino Parlamento de La Rioja, y lo que pretendemos es adecuar la construcción solidaria del Estado de las autonomías también en nuestra comunidad autónoma.
Nosotros, como partido político, como Partido Socialista, no tenemos que estar haciendo profesiones de fe de hacia dónde vamos, ni de donde venimos, ni cuáles han sido los éxitos del Estado de las autonomías. Presentamos no hace mucho tiempo un documento sobre la construcción solidaria del Estado y hacia dónde vamos, y decíamos que la reforma y la urgente aprobación de la reforma de los estatutos de la vía del 143 era un elemento de consenso básico con las formaciones políticas. Yeso es lo que hemos hecho, en el Parlamento de La Rioja y también a la hora de formular enmiendas de carácter técnico a la redacción del texto que fue aprobado en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por eso, señor presidente, desde esta óptica, no podemos aceptar las enmiendas que han presentado algunos grupos parlamentarios con relación al artículo 46 básicamente y que la señora Uría y la señora Lasagabaster, con diferente tono, lo tengo que decir, han defendido. Lo han defendido desde una óptica razonable desde su punto de vista de formación nacionalista, de representantes de una formación política del País Vasco, pero sí que quiero que quede por lo menos en el «Diario de Sesiones» el rechazo más flagrante de mi grupo parlamentario a la interpretación que ha hecho la señora Uría respecto a la introducción del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Lo ha catalogado de hecho desde la mezquindad, hecho desde la reserva mental de una comunidad autónoma que no tiene nada que envidiar a nadie ni tiene nada que temer de nadie. Estamos hablando, señor presidente, del marco de relaciones bilaterales dentro de la multilateralidad en las relaciones entre una comunidad autónoma con el Gobierno central, a la hora de fijar su participación en los ingresos del Estado, su peculiaridad. La peculiaridad de la Comunidad Autónoma de La Rioja es precisamente ser fronteriza de otras comunidades autónomas, que, en el ejercicio de su autogobierno, a veces, desde nuestro punto de vista de Comunidad Autónoma de La Rioja, forzando la interpretación jurídica incurren o pueden incurrir en situaciones poco beneficiosas para la Comunidad Autónoma de La Rioja.
No se trata de ir contra nadie ni contra ninguna decisión; se trata simplemente de establecer un marco de transferencias bilaterales, que, a la hora de fijación de los porcentajes de participación en comisiones mixtas de transferencias entre la Comunidad Autónoma de La Rioja con el Gobierno central, se tengan en cuenta las peculiaridades y las posibles circunstancias de decisiones tomadas en otro ámbito de otra comunidad autónoma, en el ejercicio bien, mal, regular, correcto o incorrecto de sus capacidades fiscales, de sus capacidades normativas o de organización fiscal. La experiencia estaría llena de circunstancias en las que se puede decir que la Comunidad Autónoma de La Rioja ha sido perjudicada en su nivel de ingresos, en su nivel de autogobierno y en su nivel de desarrollo económico por decisiones que otras comunidades o territorios forales han tomado de una forma que no voy a calificar. No se trata entonces, señor presidente, y defiendo clarísimamente el texto del artículo 46, de establecer unas barreras ni una

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política de mezquindad ni de posturas huecas, como le parecían a la señora Uría.
En segundo lugar, me quiero referir a las enmiendas de Izquierda Unida. Prácticamente no las ha defendido el señor Frutos y yo tampoco las voy a atacar en los términos que ha establecido. Solamente le quiero decir que en la Comunidad Autónoma de la Rioja y en el partido que representó el Partido Socialista, en esta reforma, no se siente que el techo competencial, el autogobierno que pueda tener después de aprobado este estatuto de la Comunidad Autónoma de La Rioja puede ser negativo ni puede ser inferior a otros. Yo puedo entender que Izquierda Unida entienda, y de hecho así lo hace cuando presenta una serie de enmiendas, que tener capacidad autónoma normativa plena es tener policía autónoma. Es que nosotros no queremos tener en La Rioja policía autónoma propia; bastantes tenemos ya con las que tenemos, y estamos lo suficientemente bien cuidados, bien protegidos por las que tenemos. Además, es que estamos rodeados por otras y para ir a comunidades autónomas y a pueblos de nuestra comunidad tenemos que pasar por sitios donde tienen también su propia policía foral, autonómica o de otras características.
Señor Frutos, no se es más autonómico ni se tiene más nivel de autogobierno por no querer tener una policía propia. Nos basta con la que tenemos. No por eso entendemos que nuestra comunidad autónoma va a tener un techo competencial inferior. Cualquiera que haya oído al señor Frutos, de Izquierda Unida, puede pensar que La Rioja va a tener un nivel de autogobierno inferior a otras. No es verdad, porque todas las competencias que prácticamente introducen con sus enmiendas están recogidas en el texto del estatuto, y todo lo que he oído que hace referencia al Parlamento y su capacidad de decisión nos parece que es absolutamente prolijo y reglamentarista y que no debe ir a un estatuto de autonomía; para eso está un reglamento de un parlamento, que es donde tienen que ir determinadas decisiones, autogobierno y normas de funcionamiento.
Nos parece que, en términos generales, las enmiendas de Izquierda Unida no aporta ni más autogobierno ni más capacidad autonormativa a la comunidad autónoma. Nos parecen, es verdad, en cierto modo original algunas peculiaridades de algunas enmiendas que hace Izquierda Unida, pero nosotros no podemos compartirlas. Por ejemplo, que los ayuntamientos tengan capacidad legislativa. ¿Por qué en La Rioja sí y en otros sitios no? Esto está recogido en un marco constitucional, quién tiene la capacidad legislativa.
No aceptar estas enmiendas no supone dar la razón a aquellos que puedan decir que la Comunidad Autónoma de La Rioja sigue siendo de segunda división, porque no lo es ni lo va a ser; está al nivel de techo competencial del marco de autogobierno de todas las comunidades autónomas que están viendo modificados sus estatutos.
Por eso, señor presidente, y termino ya, la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja para nosotros supone un salto cualitativo y cuantitativo ordenado e importante en el autogobierno de nuestra región; se amplían las competencias exclusivas en un término y en un número muy considerable; se normalizan las instituciones autonómicas llamando las cosas por su nombre: parlamento, parlamento; gobierno, gobierno; y su capacidad de autoorganización propia; se normaliza el papel del parlamento; se establece la posibilidad de la creación del Defensor del Ciudadano y se incorpora al estatuto de autonomía el Consejo Consultivo del Tribunal Superior de Justicia; se establece un marco de relaciones bilaterales entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de la Rioja, no para ir contra nada ni contra nadie, sino simplemente para defender lo que nosotros entendemos que es una peculiaridad de nuestra comunidad autónoma. Y por último, esta reforma, señor presidente, amplía las cuotas de autogobierno en una región que aspira a un desarrollo federal y solidario del Estado de las autonomías como garantía del respeto a las peculiaridades de otras regiones, de otras nacionalidades, y la igualdad y el equilibrio armónico entre ellas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Soto García tiene la palabra.


El señor SOTO GARCÍA: La reforma de Estatuto de la Comunidad Autónoma de La Rioja es completa y además ambiciosa. Es completa porque intensifica de una manera clara la capacidad de autogobierno de la comunidad, afianzando definitivamente las instituciones de La Rioja, y además responde claramente a un sentido práctico de las necesidades de los riojanos. Los riojanos, en este momento, con este estatuto se sienten mayoritariamente reflejados en cuanto a los instrumentos para solucionar esas necesidades. En definitiva, la conciencia autonómica de La Rioja queda plenamente consolidada y perfectamente afianzada en la vida diaria de los riojanos. Tenemos pleno convencimiento de que después de 16 años de estatuto de autonomía, el Estatuto de San Millán, que así lo llamamos allí, ha servido fundamentalmente para la cohesión social y económica de los riojanos y para equilibrar internamente a la comunidad autónoma de una manera envidiable en muchos aspectos. Por eso aportamos decididamente por esta reforma de estatuto que, con toda seguridad, nos va a catapultar a los nuevos retos del siglo XXI como un instrumento claro de profundización en nuestro desarrollo armónico de la Rioja.
La Comunidad Autónoma de La Rioja es una comunidad pequeña, como todas SS.SS. saben, pero a pesar de que es la más pequeña es especialmente dinámica y además muy equilibrada, con un papel propio, a veces difícil de entender desde fuera pero perfectamente definido en la España de las autonomías. No tenemos complejos, pero sí queremos y tenemos clara la voluntad de ser iguales a los demás y además solidarios dentro de este marco constitucional que tenemos en España. Nos gustaría seguir siendo ese buen modelo de convivencia y también de consenso. Decía el portavoz del Grupo Socialista que efectivamente existe ese consenso para la reforma del estatuto, y yo diría que existe incluso hasta en los que ha presentado enmiendas, porque fundamentalmente están de acuerdo en la base y en la sustancia de la reforma del estatuto. Simplemente voy a citar algunas de las reformas o de los techos competenciales que esta reforma supone.
Se incorpora 30 nuevas materias con competencia exclusiva y dejamos abierta incluso la posibilidad de agregar nuevas competencias en materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado. Eso es importante. Y luego, además de las que ha citado don Ángel Martínez Sanjuán,

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creamos instituciones imprescindibles, como es la figura del Defensor del Pueblo, o abrimos posibilidades especialmente interesantes para los pueblos de La rioja, para las corporaciones locales de La Rioja, permitiendo profundizar en lo que denominamos el pacto local. Además incorporamos una especial atención a algo que nos es muy querido: en La Rioja todos sentimos que La Rioja es la cuna de la lengua castellana. Esta reforma presta especial atención a esa parte esencial de nuestra cultura, y no sólo de nuestra cultura, sino también de la cultura de casi 400 millones de personas en todo el mundo.
Por tanto, de las 48 enmiendas presentadas no podemos admitir ninguna más que las que ya se han incorporado a texto de la ponencia, de los Grupos Socialista y Popular. Simplemente sí voy a hacer una breve referencia a las dos enmiendas que han sido citadas en este debate relacionadas con el artículo 46 del Grupo Vasco y de la señora Lasagabaster, ya que lógicamente este artículo recoge la posible corrección de los desequilibrios financieros producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios. Estamos hablando evidentemente, de esas mal llamadas vacaciones fiscales del país Vasco, que teóricamente están produciendo, digo teóricamente porque no tenemos datos contrastados, pero sí referencias claras, la huida de La Rioja de empresas incentivadas por las ventajas fiscales derivadas de la normativa foral.
Yo diría, tanto a la señora Uría como a la señora Lasagabaster, que La Rioja tiene escrupuloso y además sincero respecto a los derechos de los territorios con regímenes fiscales forales, pero SS.SS. son conscientes, fundamentalmente las señorías de esas circunscripciones del País Vasco, que el ejercicio de esos derechos, sobre todo a través de las diputaciones forales, está produciendo una especial sensibilidad -vamos a llamarlo suave- en el tejido socioeconómico de La Rioja que dificulta claramente la neutralidad y la armonía fiscal con nuestros territorios de régimen común.
Nuestro presidente, el presidente del Gobierno de La Rioja para encauzar esta compleja situación entre ambas partes de territorio, viene proponiendo un código ético entre comunidades que establezca una lealtad institucional, lo llama él, en la regulación de la fiscalidad de cada comunidad y del propio Estado. En definitiva, la armonización fiscal debe marcar e futuro de estas relaciones, y en este contexto, y por la vía del diálogo y de la buena vecindad, y entiendo, señora Uría, señora Lasagabaster, que llegaremos a ese necesario consenso entre comunidades de ambos lados de Ebro. El artículo 46 de este estatuto es un paso necesario y en ningún caso puede considerarse beligerante, como se ha citado aquí, para llegar a esa obligada armonización fiscal, respetando evidentemente los derechos fiscales forales, como no podía ser menos. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Lagasabaster, ha sido reiteradamente aludida y contradicha; brevemente tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No era mi intención intervenir y, como bien sabe no suelo intervenir salvo cuando creo que es necesario y evidente.
Se han citado una serie de cuestiones en las que el propio orador mismos se contradecía cuando se hablaba de que no se han probado los perjuicios posibles. Es curioso que se aluda a perjuicios cuando en la frase siguiente se dice que ni tan siquiera han sido probados. Se habla de cuestionar una vacaciones fiscales que reiteradamente los distintos tribunales han declarado absolutamente legales, y la última sentencia es de día de ayer. Es decir, cuestionar algo que hasta los tribunales admiten que es legal y que no crean ningún tipo de perjuicio, me parece que es intentar introducir un elemento de confusión y de incertidumbre que no debe ser propio de los parlamentarios que nos encontramos en esta Cámara.
Quería aclarar simplemente esa cuestión. En todo caso he de decirle al señor representante que ha defendido la posición del Grupo Popular que me parece que es correcto e hablar, siempre hemos dicho y hemos defendido el hablar, siempre nos parece correcto, pero eso se contradice también con la excesiva judialización que se está produciendo a lo largo de los años y con ese intento de diálogo que parece ser se quiere llevar siempre a través de los tribunales. (La señora Uría Echevarría pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Sí, señor presidente, era en tono parecido al que ha manifestado la señora Lasagabaster, puesto que las relaciones de buena vecindad no se manifiestan con ciento y pico procedimientos judiciales, cuyo resultado es siempre absolutamente el mismo: en algunos desiste el Estado; en los que son entre vecinos siempre han declarado los tribunales que una comunidad autónoma carece de legitimidad para recurrir las actuaciones legítimas de la comunidad de al lago.
En todo caso, como alude a la actitud de su presidente en relación con las relaciones de armonización fiscal, únicamente decirle que se vaya adiestrando o ilustrando en lo que son los nuevos aires que corren. Ahora en Europa lo que se lleva es el federalismo competitivo, la competitividad fiscal. Quizá esa sea la vía, y yo he aludido antes a la diferencia impositiva en los tres territorios históricos, también entre las distintas comunidades.
Además se están esgrimiendo este tipo de argumentos desde una comunidad autónoma a la que desde luego nosotros le deseamos lo mejor, pero que está a la cabeza del ranking económico dentro del Estado. Oír a otras comunidades hablar de solidaridad me parecería correcto, oír a la Comunidad Autónoma de La Rioja me parece llamativo.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muy brevemente. Nosotros apostamos por un federalismo solidario, no por un federalismo competitivo de una carrera fiscal. El Círculo de Empresarios acaba de presentar un libro, que me imagino que conocerá la señora Uría, en cuya presentación estuve, no le vi a usted, por cierto, y desde luego no coincido en absoluto con las tesis planteadas. Desde luego La Rioja, insisto, va a defender, con artículos o sin artículos, con estatuto o sin estatuto, la armonización fiscal en España.


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El señor PRESIDENTE: Señor Soto.


El señor SOTO GARCÍA: Con mayor brevedad todavía, simplemente le diré, señora Uría, que nuestra intención no es precisamente llevar a los tribunales cada una de las cuestiones relacionadas con la fiscalidad foral, pero sí le digo que previamente a cualquier normativa de esa fiscalidad foral dentro de sus competencias, es evidente que sería interesante que hubiera más diálogo y menos realidad a los hechos consumados a los que nos tiene acostumbrados.
Usted conoce perfectamente La Rioja y conoce perfectamente el País Vasco, y usted es consciente que, aunque no haya datos estadísticos, como he dicho antes, hay una realidad día a día de la huida, vamos a llamarle así, de empresas de La Rioja al País Vasco, por una razón obvia, porque la continuidad territorial es tan grande que tenemos empresas pared con pared en territorios distintos y con regiones distintas desde el punto de vista fiscal. Y a pesar de lo que usted ha dicho antes del impuesto sobre la renta y de otras cuestiones fiscales, le diré que en estos momentos la fiscalidad, fundamentalmente relacionada con las empresas, y otras ventajas no necesariamente fiscales para las empresas que se ubican en el País Vasco, es infinitamente superior a la que los territorios comunes podemos aportar.
Me limito a recalcar que la armonización fiscal no está en ningún caso, en ningún caso, reñida con la competencia a la hora de captar empresas y a la hora de gestionar correctamente, desde el Estado o desde las comunidades autónomas, esa corresponsabilidad fiscal que la Constitución nos reconoce.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones, tras este debate lleno de viveza y de interés.
En primer término, ponemos a votación la enmienda subsistente número 2 defendida por la señora Lagasabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 22; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y defendida por doña Margarita Uría.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 23; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 4 a 26, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, defendidas por el señor Frutos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a someter a votación el informe. ¿Alguna solicitud de votación separada? (Pausa), señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, la señora Lasagabaster y yo solicitaríamos que se vote separadamente el artículo 46.


El señor PRESIDENTE: Apartado 43, que modifica el artículo 46.
En consecuencia, empezaríamos en primer término sometiendo a votación el apartado 43, que modifica el artículo 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El resto del articulado en su conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Ponemos a votación la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Queda concluido el trámite de dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Antes de levantar la sesión quiero expresar mi reconocimiento y gratitud de nuevo a todas las señoras y señores diputados por someterse a esta laboriosísima sesión, así como a los representantes de los medios informativos que nos han acompañado a lo largo de la tarde, de los que ahora ya sólo algún subsistente permanece en la sala, y obviamente a la redacción del «Diario de Sesiones» por su colaboración.


Se levanta la sesión a las nueve de la noche.


Nota: El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión Constitucional, del miércoles 28 de octubre de 1998, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.

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