Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 23/10/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 33 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE Sesión Plenaria núm. 32 celebrada el miércoles, 23 de octubre de 1996

ORDEN DEL DIA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas: -- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 14.1, de 1 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000015) (Continuación) (Página 13735 ) -- Proyecto de Ley de medidas de disciplina presupuestaria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 21.1, de 11 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000016) (Continuación) (Página 1373) -- Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 18.1, de 9 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000017) (Continuación) (Página 1373)

Página 1366


-- Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 19.1, de 10 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000018) (Página 1414) -- Proyecto de Ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 20.1, de 10 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000019) (Página 1414)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1373)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
(Continuación.) (Página 1373)

Proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria. (Continuación.) (Página 1373)

Proyecto de ley de medias fiscales, administrativas y del orden social.
(Continuación.) (Página 1373)

El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda a la totalidad presentada. Manifiesta que, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, es necesario hacer una distinción entre lo que es un debate de ingeniería financiera y monetaria y lo que es un debate sobre impulso y desenvolvimiento de la economía. Considera que es un error el hacer pivotar toda la política económica sobre la consecución del euro en 1999. Con esta política, posiblemente, lo único que se consiga a la larga sea la reducción del papel del Estado en la economía española.
A continuación pasa a analizar los presupuestos y las leyes que lo acompañan. El Bloque Nacionalista Galego se muestra proclive a aceptar que con o sin Maastricht había que hacer una disciplina presupuestaria, pero pone en duda si el intento de reducir los gastos y aumentar los ingresos se hace por el camino apropiado. No considera correctas las dos vías que se adoptan: la de las privatizaciones de empresas públicas rentables y la del aumento de tasas e impuestos. También le parecen equivocados los caminos por los que se intenta reducir los gastos del Estado y, a este respecto, piensa que no se puede hablar de congelación del salario de los funcionarios sino de rebaja, porque además no se dice nunca que esta medida va acompañada de la congelación de la oferta de empleo público. El Bloque Nacionalista Galego piensa que el Gobierno recurre a artificios y trampas para que las cuentas de 1997 cuadren y resulten conforme a un modelo que, desde luego, no está pensado para todas las naciones del Estado español. Pone de relieve a continuación el contraste que existe entre realidades e ilusiones y se pregunta si realmente hay un cambio de expectativa en la economía mundial; por el contrario, estima que lo que hay es una cierta atmósfera de inseguridad psicológica. Desde la perspectiva de Galicia, le resulta preocupante el horizonte que se vislumbra en los presupuestos para 1997, hace una mención especial a las deficiencias en infraestructuras que sufre Galicia y se pregunta si a todas ellas podrá hacerles frente la iniciativa privada. Asimismo se refiere a la reducción de la capacidad de inversión en asuntos pesqueros o a cómo se pasa olímpicamente de la economía productiva y no se contemplan las agresiones al sector lácteo del Estado español, concretamente al gallego. En definitiva, piensa que estos presupuestos no valen para afrontar los problemas reales del Estado --particularmente los de Galicia, porque parten de un supuesto de autoengaño del Gobierno, bien o mal intencionado, y de una improvisación oportunista con fines privatizadores-- y son regresivos desde el punto de vista impositivo y de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Finalmente, como pregunta que subyace a todas estas críticas, plantea cuál es el peso del Estado español, ahora, en la Unión Europea y cuál va a ser en el futuro. No cree aconsejable hacer todo en función de un solo criterio y se plantea la posibilidad

Página 1367


de poder quedar fuera y hacer un traje a la medida.
La señora Lasagabaster Olazábal defiende las dos enmiendas de totalidad presentadas tanto al proyecto de ley de presupuestos de 1997 como al de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Manifiesta que estos proyectos de ley se presentan con un objetivo muy concreto: cumplir los criterios de convergencia del artículo 109-J del Tratado de la Unión para entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Así pues, conseguir llegar a un déficit del 3 por ciento en las administraciones, a una inflación del 2,6 por ciento, a un descenso de los tipos de interés y de la deuda es el gran objetivo inmediato del Gobierno. Coincide en la necesidad de cumplir este objetivo, pero no como un principio en sí, sino en el entendimiento de que, a través de esa vía, se pueda llegar a una convergencia mayor, para poder crecer más y mejor y resolver uno de los grandes problemas que tiene el Estado, que es el del paro.
Asimismo considera que estos proyectos de ley son voluntaristas, porque confían en exceso en un aumento de ingresos y en una considerable disminución del gasto. En relación con los ingresos, no está conforme con el aumento de los impuestos indirectos y con la creación de tasas, porque gravan de igual manera a todos, independientemente de la capacidad adquisitiva de cada uno. En cuanto a los gastos, considera que los sistemas contables que se diseñan para la contención del gasto público lo hacen de una manera transitoria, como es el caso de las deudas de las empresas públicas sustituidas por avales. En el capítulo de gastos hace especial mención a la congelación salarial de los funcionarios, considerándola una medida injusta y que en nada va a solucionar las graves deficiencias estructurales de la Administración, sobre todo si se trata de imponerla a otras administraciones de comunidades autónomas que, en el sentido práctico de la economía, no tienen el problema de déficit que tiene la Administración del Estado.
Por otra parte, se refiere a la falta de recursos que se destinan en estos presupuestos a inversiones en infraestructura, industria e investigación y desarrollo. También considera grave el incumplimiento de determinados compromisos adquiridos por el Partido Popular, como el famoso 0,7 por ciento de ayuda al tercer mundo.
Como conclusión, añade que no sólo hace falta cumplir los criterios de convergencia para principios de 1998, sino que hay que desarrollar una política de verdadero crecimiento real, porque de nada vale estar en la Unión Económica y Monetaria si no se soluciona el problema del paro.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, interviene en nombre de Unión Valenciana para explicar los motivos que les han conducido a presentar esta enmienda de totalidad a los presupuestos, aun habiendo puntos de coincidencia. Manifiesta que siendo los Presupuesto Generales del Estado y la ley de acompañamiento el principal instrumento político con que cuenta el Gobierno para conseguir sus objetivos, impulsar políticas e imprimir cambios estructurales, lo cierto es que los de 1997 no han despejado todas las dudas acerca de si serán capaces de consolidar la recuperación económica y de conseguir la plena integración en la Unión Económica y Monetaria.
A continuación cita algunos datos del panorama macroeconómico que ponen de manifiesto que la estimación del Gobierno no es tan realista como se quiere hacer creer y puede llevar a tener que hacer un recorte presupuestario aún más amplio del que se ha realizado. Considera que el error de cálculo en el consumo, el recorte de la inversión pública, el retraso de programas de reformas estructurales, el aplazamiento de la reforma integral de la fiscalidad y el aumento de la presión fiscal denotan un cierto afán recaudatorio. Añade que los presupuestos intentan la convergencia nominal con Maastricht, pero nos conducen con un paso normal a una divergencia real y social, que es lo que más preocupa a los ciudadanos. Por otra parte, desde su punto de vista, se ha inflado el cálculo de la previsión recaudatoria en los ingresos y se manejan escenarios macroeconómicos muy particulares, si tenemos en cuenta que se basan en una deseada pero presumible reactivación francoalemana. Y no sólo es poco creíble la estructura de los ingresos, sino que es injusta por el incremento de las tasas porque, con la anunciada reducción del IRPF, lo que en realidad pretende el Gobierno es gravar el consumo antes que la renta. Asimismo la convergencia real, el bienestar social, el empleo, el PIB «per capita» y el nivel de infraestructuras son un gran interrogante. También la inversión pública sufre un duro recorte, tan duro y antisocial como el de los funcionarios. En aras a la convergencia con Europa, meramente nominativa, se rebaja el esfuerzo para igualarnos con los países más avanzados de la Unión Europea en la lucha contra el paro, contra las desigualdades, el acceso a la vivienda o la mejora de los servicios públicos. Con ello el presunto aumento del consumo privado y de la inversión es una ficción, por lo menos en los números que ha manejado el Gobierno, sobre todo cuando el Estado actúa como freno

Página 1368


para que esto se produzca. A continuación se pregunta sobre las promesas que hizo el Partido Popular en cuanto al recorte radical de gastos corrientes, la reducción de altos cargos, la reducción de las cotizaciones sociales y el recorte del 15 por ciento de las inversiones reales, y añade que, en Unión Valenciana, esperaban un reparto más equitativo y una mejor distribución del recorte inversor. Hace hincapié en que la Comunidad Valenciana, con un déficit grave de infraestructuras, sufre un recorte espectacular de las inversiones reales regionalizadas, muy por encima de los recortes a otras comunidades, y pasa a pormenorizar las insuficiencias estructurales de la Comunidad Valenciana.
Finaliza su intervención manifestando que estos presupuestos son injustos e insolidarios para la Comunidad Valenciana, y esperaban algo más de sensibilidad del Partido Popular, vistos los compromisos de su programa electoral, por lo que se han visto obligados a presentar esta enmienda de totalidad.
El señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo) contesta a los tres enmendantes. Replican el señor Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Chiquillo Barber.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Molins i Amat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario Canario, contestando sucesivamente a los tres portavoces el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). Cierra el turno de fijación de posiciones el señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, son rechazadas por 161 votos a favor y 176 en contra.
Asimismo son rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria por 155 votos a favor, 176 en contra y cuatro abstenciones.
Finalmente, son rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social por 160 votos a favor y 176 en contra.
Se suspende la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.


Proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias (Página 1414)

Proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (Página 1414)

En nombre del Gobierno, el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey) procede a la presentación conjunta de los dos proyectos de ley. Manifiesta, en primer lugar, que ambos proyectos de ley tienen su origen en la necesidad de adaptar la legislación al acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre último por el Gobierno y doce comunidades autónomas y que establece un nuevo modelo de financiación para las mismas para el quinquenio 1997-2001. Anuncia que dividirá su exposición en dos partes: la primera, para explicar el porqué del nuevo modelo de financiación y en qué consiste, y la segunda, para concretar las medidas legales.
Comienza haciendo una breve referencia al modelo anterior, que termina su vigencia el 31 de diciembre del presente año, y que, según su opinión, tiene como característica básica la enorme dependencia financiera de las comunidades autónomas respecto de la Hacienda central, quedando limitados los recursos de la gestión propia de las comunidades autónomas al rendimiento de los tributos cedidos y a las tasas afectas a los servicios transferidos. Considera que esta situación presenta graves inconvenientes, algunos de fondo y otros de tipo práctico. Añade que no es normal que en España existan tres administraciones con autonomía en el gasto, como son la central, la autonómica y la local, y sólo dos administraciones con autonomía en el ingreso, que son la central y la local. Tampoco le parece sensato que España se haya dotado en su texto constitucional de un modelo de Estado que garantiza y reconoce el derecho a la autonomía, no sólo administrativa sino también política, y con atribución de capacidad legislativa, y que ésta no vaya acompañada de una cierta autonomía financiera. Asimismo, considera que la exigencia de autonomía financiera responde al espíritu constitucional y concretamente al de sus artículos 156 y 157. También le parece una exigencia mínima en un sistema democrático el que el contribuyente pueda percibir la relación que hay entre lo que da y lo que recibe, como sucede por ejemplo con las corporaciones locales.


Página 1369


Tras dieciséis años desde la aprobación de la Lofca, considera que es cada vez más necesario que la política de la reivindicación empiece a ser sustituida por la dinámica de la responsabilidad en el ingreso, que sin duda llevará aparejado un mayor control en el gasto.
Estima que sobre estos puntos existe un acuerdo muy generalizado, y prueba de ello es que no hay ningún programa electoral en el que no haya un posicionamiento claro en favor de la corresponsabilidad fiscal, por lo que entiende que lo que se discute ahora no es ésta sino el procedimiento para aplicarla. Explica que el Gobierno ha utilizado a estos efectos dos vías: una, la de los actuales tributos cedidos, atribuyendo a las comunidades autónomas capacidad normativa; y dos, la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, atribuyendo a las comunidades autónomas no sólo una participación territorializada en la cuota líquida recaudada en su territorio, como hasta ahora, sino también la capacidad normativa, con el límite del 30 por ciento al final del proceso y con un período transitorio en el cual solamente se cederá con capacidad normativa un 15 por ciento del IRPF. Añade que se han elegido estos instrumentos porque se trataba de tributos que, de una u otra forma, ya tenían una relación con los ingresos de las comunidades autónomas.
Sintetiza los aspectos básicos de la reforma en los siguientes puntos: corresponsabilidad fiscal, que implica capacidad normativa, con los límites que establecen las leyes; participación de las comunidades en la Agencia Estatal Tributaria; establecimiento de los puntos de conexión y, por tanto, establecimiento por ley del lugar en el que se han de pagar los impuestos; y establecimiento de unos mínimos de garantía mucho más importantes que los que existían hasta el momento presente. Pone de relieve que la regulación del modelo de financiación que ha sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 23 de septiembre es una regulación mucho más acorde con el espíritu del texto constitucional que la que existía en el momento presente. Considera también de indudable importancia política el que este modelo de financiación se ajuste escrupulosamente al programa electoral con que el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales, en contra de lo que se ha dicho por algunos dirigentes políticos sobre que este modelo estaba impuesto al Partido Popular por parte de determinada fuerza política.
A continuación, pasa a exponer los contenidos prácticos de los proyectos de ley y se ofrece gustoso a responder a cuantas preguntas le quieran hacer los señores Diputados sobre el modelo de financiación, agradeciendo el que se le presentara algún modelo alternativo.
El señor Eguiagaray Ucelay defiende la enmienda de totalidad en nombre del Grupo Socialista, y manifiesta que un debate a uña de caballo sobre la articulación del Estado de las autonomías mezclado con los presupuestos es simplemente un disparate político, por la forma y por el fondo. Se refiere a continuación a los acuerdos del señor Rato con el señor Pujol, a la falta de topes del sistema y a la responsabilidad que recaerá solamente sobre el Gobierno actual, porque no se trata sólo de un asunto de dinero sino de romper un consenso que ha existido durante dieciséis años sobre la financiación del Estado de las autonomías. Opina que se trae ahora a la Cámara un modelo que dicen que es excelente, pero que, de ninguna manera, han defendido anteriormente, aunque ahora pretendan haberlo hecho en su campaña electoral. Considera que la Lofca es la savia del Estado de las autonomías y no se puede modificar por una mayoría, por legítima que sea, de un partido político de ámbito nacional y de una fuerza política que gobierna solamente en una comunidad autónoma.
A continuación, recuerda al señor Rajoy que, en pasadas legislaturas pudieron reformar la Lofca y no lo hicieron, pactando con el Grupo Popular los estatutos de autonomía y muchas cosas más, porque el Gobierno anterior creía que esto no era una cuestión solamente de aritmética parlamentaria, sino de Estado, y había que ponerse de acuerdo no sólo en el contenido de la ampliación estatutaria sino también en la forma de hacerla.
Agrega que se está discutiendo el salto cualitativo de pasar de un modelo como el de la Lofca, consensuado entre todos, a un modelo solamente defendido por el Grupo Popular y otras fuerzas políticas con representación en una o dos comunidades. A continuación, muestra su sorpresa por que se solicite de la Cámara un acto de fe en que los efectos de la reforma son buenos para las diecisiete comunidades autónomas y al mismo tiempo para el Estado, y se haga sin dar una sola cifra y sin explicar en qué consiste la financiación de las autonomías y la financiación del Estado. Se pregunta quién defenderá a todos y cada uno de los españoles, no en términos de bloques aislados sino en su conjunto. Por otra parte, estima que es un sistema malo, peligroso e injusto y tiene la convicción de que no perdurará, no sólo porque tendrá efectos negativos sino también porque habrá nuevas mayorías.
Manifiesta a continuación que el Grupo Socialista no ofrece un modelo alternativo, aunque lo tienen, porque acordaron en el Consejo de Política Fiscal y

Página 1370


Financiera discutir en torno a una serie de propuestas para llegar a un acuerdo entre todos.
Agrega que el modelo que proponen, desde la apariencia de aumentar la corresponsabilidad fiscal en una serie de aspectos, lo que hace es aumentar las diferencias de autonomía financiera de unas comunidades autónomas respecto de otras y romper los mecanismos de solidaridad que existían, creando un déficit estructural cuando se está diciendo por los responsables de la Hacienda del Estado que hay que reducirlo. Opina que lo que habría que hacer es ir al mecanismo de participación en los ingresos del Estado que se asentaba en que los ingresos de las comunidades autónomas evolucionaban de acuerdo con un gasto del Estado atemperado por la evolución del PIB nominal y por las posibles desviaciones que se pudieran producir, lo que hacía posible que las comunidades autónomas pudieran evolucionar de acuerdo con la capacidad de crecimiento de la financiación global. Sin embargo, el Gobierno propone restringir los mecanismos que limitaban la evolución separada entre los ingresos de unas y otras comunidades, sustituyéndolos por una serie de fondos que no tendrán apenas virtualidad. Opina que se va hacia un modelo hecho fundamentalmente para que las comunidades autónomas puedan reducir los niveles señalados, lo que va a afectar, por tanto, a lo que el propio Tribunal Constitucional ha llamado los fundamentos jurídicos de igualdad de las personas en el sistema tributario.
Se refiere a continuación a la posibilidad de paraísos fiscales y asegura que efectivamente pueden darse, como señala el Presidente de Castilla y León cuando afirma que este sistema no solamente es más caro sino que además contribuirá a la existencia de paraísos fiscales. Confiesa que se puede estar de acuerdo en la corresponsabilidad, en que es necesario avanzar en la autonomía financiera y en la coordinación de las haciendas sin necesidad de estar de acuerdo con el modelo propuesto, pero hay que volver al acuerdo, quasi constitucional, que ha dado sentido al Estado de las autonomías durante todo este período. Asimismo añade que hay problemas jurídicos serios en estas leyes porque, si se aprueba la modificación de la Lofca y de la Ley de Cesión de Tributos, esta reforma no podrá tener efectividad durante el año 1997, ya que será necesario completar las transferencias en educación, modificar algunos estatutos de autonomía y aprobar las leyes de cesión específica de tributos a las diferentes comunidades autónomas, y esto no será posible hacerlo antes de diciembre del presente año. Solicita que se hagan las cosas con calma, volviendo a restaurar las posibilidades de acuerdo. No quiere detenerse en las modificaciones que se deberían hacer y que no se han hecho en la Lofca porque quiere poner el énfasis fundamentalmente en los aspectos políticos, pero no puede dejar de referirse a que con este modelo se crean condiciones de desigualdad básica para los ciudadanos en el territorio, refiriéndose de una manera especial al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Finalmente, insiste en el argumento de que no es posible que sólo dos fuerzas políticas impongan un modelo al resto y que éste no debería aprobarse hasta que se lograse un acuerdo entre las fuerzas políticas presentes en la Cámara.
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda de totalidad en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que plantean el debate sin exageración ni demagogia y tampoco vienen a defender el modelo anterior, porque éste estaba agotado y necesitaba modificaciones. Plantean el debate desde la defensa de los mismos principios que mantuvieron en la discusión del año 1980: un modelo de Estado autonómico cimentado en la distribución competencial del Estado, en la autonomía financiera, en la suficiencia de esa autonomía y en una corresponsabilidad fiscal desarrollada al mismo tiempo con elementos de solidaridad. Desearía que el modelo de financiación que hoy se debate pudiera ser respaldado también por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, como sucedió entonces, porque los modelos alternativos cerrados no existen; sólo existen las propuestas que puedan abrir el camino hacia un modelo determinado.
Expone que lo que quieren devolver al Gobierno en este trámite es lo que ha definido el señor Ministro en su intervención como la adaptación legal para aplicar un modelo que ha sido tramitado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Considera que este modelo está condicionado fundamentalmente por el pacto de investidura.
No están de acuerdo con el tipo de reforma que se plantea, aunque sí con algunos de sus elementos. Consideran que hablar de autonomía sin hablar de financiación es algo así como intentar hacer «El Quijote» con Sancho Panza, pero sin El Quijote y entienden que el actual sistema de financiación autonómica se halla en un atolladero del que solamente podrá salir si se consigue configurar simultáneamente una autonomía financiera y un esquema de nivelación.
A continuación, se refiere a aspectos técnicos de la reforma y se pregunta si nos encontramos ante un modelo que pueda representar al desarrollo

Página 1371


constitucional, del que en un principio nos dotamos por consenso de todo el pueblo español, o ante una imposición de una parte frente a la otra.
Considera que el modelo que se propone no hace frente a las necesidades que tienen hoy las comunidades autónomas y no se puede vender un modelo donde alguien se ve beneficiado y otros se pueden ver perjudicados. Opina que el apoyo al presupuesto de alguna fuerza política está fundamentado en la distribución territorial de la inversión del Estado, pero considera que éste no es un buen método para dotarse de un proyecto estable, donde todos se vean reflejados. Considera anómala la forma de negociar diciendo que si no se acepta este sistema, tal comunidad autónoma puede perder 3.000, 4.000 o 5.000 millones de pesetas.
Por otra parte, estima que no se conocen los efectos reales del costo y explica las diferencias que ha encontrado entre el proyecto de presupuestos y el documento que acompaña al acuerdo del 23 de septiembre de 1996. Asimismo, considera que el modelo de financiación presentado tiene trucos, porque al utilizar las variables del año 1989, la Comunidad Autónoma de Murcia, por ejemplo, que ha crecido en 100.000 habitantes, no recibirá el dinero que correspondería a esos 100.000 habitantes más. En el mismo caso se encuentran las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha.
Por otra parte, expone que el cuerpo legal se debería reformar para adecuar el Fondo de Compensación Interterritorial a la realidad de hoy, porque la propuesta de reforma fiscal y el modelo que lleva detrás pueden abrir las puertas a lo que se pudiera llamar niveles de divergencia en la realidad actual y se pregunta a dónde podría llevar ese nivel de divergencia. Expone también que el modelo de Estado de financiación se hace de espaldas a los municipios.
Añade que quieren devolver el modelo y las leyes que lo acompañan porque creen que hay un grado de consenso que se debe ampliar para que ese modelo de financiación sea el modelo del Estado en el que todos se puedan ver reflejados. A continuación, pasa a exponer los criterios sobre los que considera su grupo que deberían ser reelaborados los textos: primero, que a la vez que se desarrolle la corresponsabilidad, se desarrolle la capacidad normativa y se regule por ley la nivelación y los fondos compensatorios; que se logre un incremento de la autonomía financiera de todas las comunidades autónomas, aunque no de manera similar; que se incorporen otros impuestos de base imponible más amplia, como pueden ser el IVA o los impuestos especiales; que se mejore sustancialmente el Fondo de Compensación Interterritorial y que se evite lo que se llama la competencia desleal a nivel fiscal.
Pasa, a continuación, a hacer una referencia sobre los textos concretos, que considera que necesitan precisiones en cuanto al IRPF y al Impuesto del Patrimonio.
Termina su intervención explicando que su filosofía es que se cumplan los compromisos, pero que los intereses del señor Pujol no sean incompatibles con los de todas las comunidades autónomas y así lograr un modelo que acompase los tres niveles que considera básicos en cualquier modelo de financiación; autonomía financiera que logre suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal pareja a la nivelación y, sobre todo, solidaridad garantizada para que se corrijan los desequilibrios. Se muestran partidario del diálogo y de la negociación para llegar a cuerdos que corrijan las limitaciones de la propuesta de origen.
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto, interviene para defender las enmiendas a la totalidad presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de modificación parcial de la Lofca. Manifiesta que el modelo vigente se reveló insatisfactorio y por eso, el 23 de septiembre de este año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un nuevo modelo de financiación para el quinquenio 1997-2001, basándose en la ampliación del ámbito de la cesión a las comunidades autónomas de una parte del IRPF y de la atribución a estas comunidades de ciertas competencias normativas en relación a los tributos cedidos. Considera que lo que se propone en estos proyectos de ley es un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que no altera sustancialmente el anterior y, por lo tanto, no se quiere abordar los problemas de fondo que representa la actual configuración del Estado y que son fuente de continuas insatisfacciones. Se trata, según su opinión, de un nuevo pacto de financiación de las comunidades autónomas basado fundamentalmente en acuerdos de gobernabilidad. Estima que el reconocimiento práctico de que el Estado español es un Estado plurinacional ayudaría a resolver y a situar en su lugar un sinnúmero de problemas. A continuación se pregunta por qué produce alarma el ceder soberanía a las naciones que conforman el Estado español y no lo produce el ceder más soberanía en el proceso de integración en Europa.
Manifiesta, por otra parte, que el Bloque Nacionalista Galego defiende un modelo de financiación

Página 1372


acorde con un modelo de Estado federal que responda al carácter plurinacional del mismo y que permite la convivencia armónica y en pie de igualdad de los distintos pueblos que lo componen. Considera que el plantear la centralización financiera y política como una manera de no producir desigualdades territoriales es obviar intencionadamente que los diferentes grados de desarrollo económico y social entre los distintos territorios del Estado se produjeron y se mantiene en el contexto del Estado centralizado. Estima que si en el Estado español se reconocen las nacionalidades históricas y se acepta que esas autonomías no son constitucionalmente del mismo rango, eso tiene que tener traducción en el modelo de financiación.
Expone que el modelo de financiación que se propone es insatisfactorio, cuando menos para la Comunidad Autónoma de Galicia, y plantean estas enmiendas de devolución porque el modelo limita la base de la autonomía fiscal a la cesión de un tramo del IRPF, descartando un modelo alternativo que abarcase el conjunto del sistema tributario estatal, porque la fijación de la cesión del IRPF en el 30 por ciento proporciona en el caso gallego una cobertura financiera insuficiente y porque la capacidad normativa que se reconoce a las instituciones gallegas para el 30 por ciento del IRPF y los demás tributos cedidos es muy limitada y no recoge las medidas necesarias destinadas a residenciar en las comunidades autónomas a los sujetos pasivos que perciban ingresos o beneficios por las actividades económicas realizadas en su territorio.
Asimismo, considera que en la cuantía inicial del gasto público, necesaria para cubrir las necesidades de la Comunidad Autónoma de Galicia, debería quedar recogida la deuda histórica acumulada como consecuencia de las deficiencias de cálculo registradas en procesos de negociación anteriores. Defienden un sistema de financiación que permita impulsar una política autonómica de desarrollo económico y social tendente a recuperar posiciones en el espacio del Estado español y de la Comunidad Europea y a la residenciación en Galicia de las sujetos pasivos que perciban ingresos o beneficios por las actividades económicas realizadas en su territorio y que, hasta ahora, figuran domiciliadas fiscalmente fuera de Galicia. Proponen la creación de una administración tributaria integrada de la Hacienda estatal y de las comunidades autónomas y defienden que en el órgano de la Agencia Tributaria existente en Galicia, la presencia de representantes de la administración autonómica alcance, como mínimo, el 50 por ciento de la totalidad.
Asimismo, propugnan que se acometa un incremento paulatino del reparto de los recursos a disposición de las comunidades con rango de nacionalidad histórica en relación con los atribuidos al aparato central del Estado en la distribución del conjunto consolidado de los fondos presupuestarios estatales. Por lo tanto, considera que le modelo de financiación que proponen es adecuado a la realidad concreta y sirve para que las comunidades autónomas, en concreto la de Galicia, avancen en los niveles de bienestar económico y social.
Contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey), replicando los señores Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista; Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto, duplicando el señor Ministro de Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En virtud del artículo 73 del Reglamento y de manera excepcional, intervienen los señores Eguiagaray Ucelay y el señor Molins i Amat. Replica el señor Ministro, duplicando el señor Molins i Amat.
Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, replicando el señor Ministro de Administraciones Públicas. Cierra el turno el señor López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias, son rechazadas por 150 votos a favor, 175 en contra y dos abstenciones.
Asimismo, son rechazadas las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, por 149 votos a favor, 175 en contra y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.


Página 1373


Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (Número de expediente 121/000015) (Continuación)

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA (Número de expediente 121/000016) (Continuación)

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000017) (Continuación)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a reanudar la sesión.
Quiero comunicar a SS. SS. que las votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad que estamos debatiendo al primer bloque del orden del día, que agrupa, como recuerdan, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, el de acompañamiento y el de normas que modifican la Ley General Presupuestaria, no se producirán antes de las doce y media de esta mañana, y podrán producirse a partir de esa hora en función del transcurso del debate que ahora comienza con la defensa de las enmiendas de totalidad presentadas desde el Grupo Mixto, en primer lugar, por el señor Rodríguez, que tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas y señores Diputados, posiblemente, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, sea necesario hacer una distinción entre lo que es un debate de ingeniería financiera y monetaria y lo que es un debate sobre impulso y desenvolvimiento de la economía.
En uno de los casos, en ingeniería financiera, tendríamos que discutir los números formales que están intentando suplantar a la realidad de los hechos, y, en el caso de discutir sobre desenvolvimiento económico, tendríamos que hablar de si esos números están en función de paliar o no el problema del paro, de impulsar el tejido productivo, de aumentar los intercambios comerciales y de forma positiva en relación con el Estado español, y, en definitiva, señorías, si hay un equilibrio sostenido en el desarrollo económico. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Los presupuestos del Estado español para 1997 están cortados conforme a un modelo mimético que el Bloque Nacionalista Galego considera deforme para el cuerpo que intenta cubrir. El propio sastre que hizo los patrones, y que además hizo los modelos para que nos cubramos con él, desautoriza a los modelos de la pasarela. En este preciso momento estamos asistiendo a un debate que prácticamente está desautorizado por las autoridades del Bundesbank, o en todo caso, por ministros de finanzas de Estados europeos que tienen hoy una posición jerárquicamente superior en la Europa de Maastricht. Ellos hacen diferencia, y no diferencia respetuosa sino negativa, y hacen jerarquización pública, como tuvimos ocasión de comprobar en los medios de comunicación estos días.
Por tanto, seguir manteniendo contra viento y marea el objetivo monetarista de la consecución del euro en 1999 y hacer pivotar ahí toda la legitimidad de la política económica, nos parece al Bloque Nacionalista Galego un error. Es curioso que en un Estado en el que todos los estudiosos están a favor de Maastricht el único gran argumento que tienen es que el Estado español no va a poder resistir, caso de entrar en la Europa de Maastricht, la competencia muy superior a la actual. Pero estamos en un mundo de fatalidades. Es la única alternativa. Con este pretexto, el Gobierno del Estado español está empeñado en reducir el déficit público hasta un 3 por ciento del PIB para 1998 y la eliminación en el año 2000.
Con esta política, posiblemente, lo único que haya de cierto a la larga, y no por mala voluntad, sería la reducción del papel del Estado en la economía española. Por tanto, vamos a analizar los presupuestos desde ese punto de vista. Además, está incluso perfilado en el proyecto de ley de acompañamiento, que viene a reforzar muchísimo los sustratos filosóficos de estos presupuestos.
Realmente, el Bloque Nacionalista Galego y mucha gente del Estado español podría ser proclive a aceptar que con o sin Maastricht había que hacer una disciplina presupuestaria o incluso aplicar criterios de veracidad a los presupuestos, cosa que nosotros no vamos a discutir que sea esencial, y una de las leyes, desde nuestro punto de vista, es aséptica en ese sentido. Pero vamos a discutir si el intento de reducir los gastos y de aumentar los ingresos se hace por un camino apropiado, teniendo en cuenta o no la existencia final de Maastricht.
¿Qué camino se intenta seguir para aumentar los ingresos? Pensamos que por dos vías que no nos parecen correctas. La primera es la de las privatizaciones de empresas públicas rentables, que también hemos asistido en los últimos días a discusiones o a marejadillas

Página 1374


sobre su pérdida de valor, provocada precisamente por la intencionalidad de su privatización. Solamente hace falta ver los argumentos que se emplean en relación con la joya de la corona para decir que no hay ningún grupo privado, por lo menos español, que esté posibilitado a privatizar rápidamente un grupo empresarial tan importante. O por el aumento de tasas e impuestos, que, efectivamente, se aumenta todo lo visto a través de la ley de acompañamiento e incluso con un nuevo impuesto que pensamos que no es discutible su carácter regresivo, como es el impuesto sobre primas de seguros.
En el primer aspecto, las privatizaciones, la contradicción y el síntoma es el siguiente: si privatizamos las empresas públicas no cabe duda de que va a haber menos ingresos para el Estado en el futuro. Además, será más difícil planificar la economía en función del mantenimiento y el aumento de los puestos de trabajo. En todo caso, la sociedad, mayoritariamente, va a estar al pairo en función o en manos de grupos privados, cuando no transnacionalizados.
En el segundo caso, la regresividad fiscal es evidente, y además se viene a aumentar lo que ya el Gobierno del Partido Popular hizo cuando rebajó los impuestos sobre las plusvalías del gran capital --no hagamos ahora el totum revolutum de que también benefició a las plusvalías pequeñas--, y con la actualización de balances el Real Decreto 7 de 1996.
Cuando se intentan reducir los gastos del Estado, las salidas, los caminos nos parecen también equivocados. No se puede hablar de congelación del salario de los funcionarios; hay que hablar de rebaja.
Estamos aquí ante un nuevo eufemismo. Además, no se dice nunca que esta medida va acompañada con la congelación de la oferta de empleo público, que es como hay que entender correctamente las dos cuestiones. O cuando sin paliativos de ningún tipo, reconocido por el Gobierno, el montante global de las inversiones se reduce en un 13,7 por ciento, con lo cual está claro que esto, en el Estado español, tal como está conformado, no va a ser compensado por la cofinanciación privada y mucho menos con el producto de las privatizaciones, que, en todo caso, serán futuribles a discutir.
En tercer lugar, el recorte de subvenciones a empresas públicas, sin pararse en barras de si puede llevar a su desaparición o a la reducción productiva, con los efectos negativos que esto va a provocar.
En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego piensa que el Gobierno está viviendo unos momentos de autoengaño, no sé si mal intencionado o bien intencionado. Pero, cuando menos, recurre a artificios y trampas para que las cuentas de 1997 cuadren y resulten conforme a ese objetivo, a ese modelo, que, desde luego, no es pensado para todas las naciones del Estado español, para el colectivo y la mayoría social que vivimos hoy en lo que se llama el Estado español.
Cuando se hace crecer en cinco puntos las retenciones del Impuesto sobre Sociedades no se nos habla de qué parte habrá que devolver, o cuando se dice sustituir las subvenciones por avales tampoco se habla de que algún día habrá que pagarlos. Pero veamos el contraste entre realidades e ilusiones. Hay hipótesis por verificar. La primera: se dice que hay un cambio de expectativa, ¿pero se piensa realmente eso? Ya no es un problema del Estado español. ¿Se piensa que hay un cambio de expectativa en la economía mundial e incluso en los centros regionalizados más poderosos? ¿No hay una cierta atmósfera de inseguridad psicológica grande, por lo menos en todo lo que es la mayoría de las capas de la población? ¿Se piensa que va a haber un elevado nivel de ahorro familiar con tanta restricción de capacidad de consumo, por un lado, y de miedo a gastar o incluso a ahorrar, por otro, en la medida en que hay cantidad de posicionamientos de inversiones para el ahorro familiar que han perdido el valor que tenían hace años? ¿O se está seguro de que se va a poder aumentar las exportaciones en un mundo tan sumamente competitivo y con reglas de juego tan desiguales, tan discriminatorias, con parte de la economía del Estado español? La realidad, sin embargo, es que hay pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y falta de inversiones públicas. Todo el mundo reconoce que el producto interior bruto es una casuística de interrelaciones en todos estos factores a los que he aludido antes.
El Bloque Nacionalista Galego existe fundamentalmente por Galicia y en relación de Galicia con la humanidad. Y desde esta perspectiva queremos decirle al Gobierno las siguientes cuestiones que no son privativas de este Gobierno actual, sino que es una cierta continuación con los anteriores.
Galicia tiene una debilidad grande del sector privado autóctono y un papel importante, sobre todo potencial, del sector público. La propaganda --y digo propaganda cuando se manejan políticamente las cifras no con otra intención-- dice que en las inversiones regionalizadas de este año va a haber 76.000 millones de pesetas, sobre todo en defensa, fomento y medio ambiente para Galicia. Si descontamos lo que es para autovías, que todos sabemos que están desde el año 1992, vamos a ser la comunidad que vamos a mantener el ranking de que las autovías van a tardar más de diez años en construirse; la entrada en nuestro país sería 56.000 millones de pesetas, con lo cual la inversión pública en Galicia para este año quedaría en 20.000 millones de pesetas. Es más, aún aumentando las autovías, si es que se hace restrictivamente para lo que es el territorio de Galicia, esta cifra se quedaría exactamente en 50.000 millones de pesetas. Esto es, la estrella, lo estelar desde hace más de seis años, será así hasta dentro de diez años, y lleva consigo el abandono total del ferrocarril.


Página 1375


¿Saben SS. SS. cuánto se va a invertir en Galicia en ferrocarril, y ya tuvimos aquí un debate sobre la situación del ferrocarril no ya en 1997, sino hasta el año 2000? Se va a invertir prácticamente 696 millones de pesetas, y en el año 2000 vamos a estar otra vez con quinientos y pico, es decir, el 1,5 por ciento del total en este año y el 0,6 en el año 2000. O si se analiza la programación plurianual del Ministerio de Fomento se observa cómo vamos a pasar del 16 por ciento de 1997, por las autovías, al 5 por ciento en el año 2000.
¿La iniciativa privada va a hacer frente a todas estas deficiencias? ¿Va a hacer frente a la creación de infraestructuras de carreteras, algunas de ellas discutibles, que podían esperar, pero otras realmente alarmantes, como el acceso norte, por ejemplo, a Ferrol?, ¿o si la autovía del Cantábrico debe abarcar también a Galicia?, ¿o promesas de carácter piadoso sometidas a litigios territoriales muy fuertes, como puede ser que figure a partir del año 1998 la construcción de Fusa Cemet que está presupuestado en 3.400 millones de pesetas entre el año 1998 y el 2000, pero se van para Santa Bárbara, Coruña?, ¿o asistiremos también a un proceso de fagocitación por parte de otros territorios y de otras empresas públicas del Estado o esos extraños convenios de Industria y Defensa, que llevan consigo dejar a Bazán sólo para la industria militar y sometidos a un tipo de financiación muy discutible y cuando menos muy problemática? No les voy a hablar, por lo demás, de la reducción de la capacidad de inversión de los presupuestos en asuntos pesqueros para un país que está en una crisis virulenta en este sector o de cómo se pasa olímpicamente de economía productiva y no se contemplan las agresiones al sector lácteo del Estado español, concretamente al gallego, al no contemplar nada sobre la multa por la tasa de cuota láctea.
En definitiva, señorías, queríamos concluir lo siguiente: pensamos que estos presupuestos no valen para afrontar los problemas reales del Estado español y particularmente los de Galicia. Son consignas trasnacionalizadas que son dañinas para el conjunto de las naciones que lo integramos y, por supuesto, para aquellas que tenemos un punto de partida claramente discriminado. Parten de un supuesto de alto engaño del Gobierno, bien o mal intencionado, y, desde luego, de una improvisación oportunista con fines privatizadores que es evidente incluso en el proyecto de ley de acompañamiento. Lleva consigo regresión social desde el punto de vista impositivo y de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y en el Estado español el problema del funcionariado es muy importante como modelo y como contraste, y no hay preocupación real por el empleo y por la dinamización de la economía.
Cuando se trata de atacar los síntomas de una enfermedad y no ir a las causas, no podrá haber solución adecuada. Estamos asistiendo al deterioro y privatización de los servicios sociales y de las infraestructuras de enseñanza, no sólo en Castilla y León, también en Galicia, de no ser que sea un mérito andar moviendo la mitad de la población escolar de un lugar para otro debido a un sistema que no está adecuado a las necesidades del país, que nosotros no hemos aprobado ni se hizo en función del marco gallego sino en función de la mayoría del Estado español.
Señor Presidente, señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, la pregunta que subyace a todas estas recomendaciones o a todas estas críticas es la siguiente: ¿Cuál es el papel del Estado español, ahora, en la Unión Europea?, ¿cuál es su peso?, ¿cuál va a ser en el futuro? ¿No es preocupante hacer todo en función de un solo criterio? ¿No nos podemos quedar compuestos y sin novia o novio? ¿No es legítimo pensar también en la opción de poder quedar fuera --que quedarán muchos más-- y hacer un traje a nuestra medida? Está claro que en este Parlamento se emplean métodos de dos velocidades, los de unos y, muchas veces, los del Grupo Mixto. Hay una diferencia con el caso de la Europa de Maastricht. En el Grupo Mixto estamos habituados a que haya dos velocidades y dos jerarquías. No sé si el Gobierno español, con las responsabilidades que tiene también de cara al futuro, no sólo para el año 1997, está haciendo las cuentas en este sentido. Es desde este punto de vista, no solamente desde una oposición frontal a los criterios de Maastricht, desde el que hacemos este tipo de intervención.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda de totalidad, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, señorías, intervengo desde esta tribuna, en nombre de Eusko Alkartasuna, en defensa de las dos enmiendas de totalidad presentadas tanto al proyecto de ley de presupuestos de 1997 como al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, denominado proyecto de ley de medidas de acompañamiento, solicitando para ambos la devolución al Gobierno.
Se nos presentan estos proyectos de ley con un objetivo muy concreto, muy preciso y muy señalado reiteradamente por el Gobierno: cumplir los criterios de convergencia del artículo 109-J del Tratado de la Unión, y ello por cuanto que se espera entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria o lo que coloquialmente se denomina subirse al tren del euro. Así pues, conseguir llegar a un déficit del tres por ciento en las administraciones, a una inflación del 2,6 por ciento, a un descenso de tipos de interés y de la deuda es el gran objetivo inmediato del Gobierno.


Página 1376


Hemos señalado en múltiples ocasiones que coincidimos en la necesidad de cumplir esos objetivos, pero no como un principio en sí o como un dogma sino en el entendimiento de que, a través de esa vía, podríamos llegar a una convergencia mayor. Es decir, entendemos que dentro de la Unión Económica y Monetaria podríamos crecer más y mejor, especialmente para resolver uno de los grandes problemas que tiene el Estado, el del paro o desempleo.
Por ello entendemos que el análisis que tenemos que hacer de estos proyectos no lo es tanto en función de si se cumplen o no formalmente y de manera inmediata los criterios de convergencia para 1997 o primeros seis meses de 1998, sino que el análisis debiera de ser si estos presupuestos, además de cumplir los criterios de convergencia para este año o el que viene, suponen realmente una mejora en este objetivo clave, es decir, conseguir un menor desempleo o un favorecimiento del empleo.
Es éste el sentido de nuestro análisis y por ello entendemos que quizá no sean los mejores presupuestos para este objetivo claro. ¿Por qué? porque este proyecto de ley de presupuestos no ha puesto el acento, de manera clara, en el problema del empleo. Y no es éste un análisis detallado y concreto de cuál va a ser la eficacia y la eficiencia de cada una de las políticas presupuestarias en materia de empleo. Es decir, para el ciudadano normal se mantiene la incertidumbre de su empleo, que es uno de los problemas clave a la hora de conseguir el fomento del consumo. Es muy significativo, como se ha dicho aquí reiteradamente, que haya habido una gran disminución de los fondos para el desempleo.
También entendemos que estos proyectos de ley son voluntaristas. Lo decimos porque confían en exceso, no digo que no haya que confiar, pero confían en exceso, demasiado, en un aumento de ingresos y en una considerable disminución del gasto. Se trata de una mezcla de confianza y de deseo.
Como dice el Gobierno, en lo que se refiere a los ingresos --señalo literalmente--, éstos se basan en un aumento de la recaudación derivada de la previsible evolución positiva del empleo y del moderado incremento de la remuneración de los asalariados. Es difícil que la evolución positiva del empleo lo sea, especialmente si no existe por parte del Gobierno una política de prioridad, y yo diría que una política activa, de empleo, que permitiera desarrollar, incentivar y fomentar el mismo, o lo que hemos llamado en algunos casos una especie de ficha, en vez de medioambiental de «medioempleo». para saber cuál es la incidencia de cada una de las propuestas y de las previsiones presupuestarias.
Igualmente, estos proyectos se basan en el crecimiento de los ingresos, es decir, en un aumento de muchos tipos de impuestos indirectos y, sobre todo, de creación de tasas. Por ejemplo, respecto al proyecto de ley de acompañamiento, la mejor definición podría ser proyecto de ley recaudatorio, por cuanto que aparecen de manera novedosa tipos de tasas de diversa índole, que se podrían denominar tasas al consumo, cuya única finalidad es recaudatoria. No se percibe que esas tasas supongan el pago de ninguna mejora de servicios o prestaciones del Gobierno. Ciertamente, el Gobierno ha aumentado la presión fiscal, o al menos así nos lo parece, y la ha aumentado en impuestos que menos protestas generan en los ciudadanos, pero no por ello dejan de ser injustos o regresivos, y ello porque gravan de igual manera a todos, independientemente de la capacidad adquisitiva de cada uno.
En relación a los gastos, se diseña una serie de sistemas contables --no sé si habría que definirla o no como contabilidad creativa-- cuyo objetivo pretende ser la contención del gasto público, pero esa contención lo es, a nuestro modo de entender, de manera transitoria. Así, el caso de las deudas de las empresas públicas sustituidas por avales.
¿Qué ocurrirá al final? No cabe duda de que en algún momento habrá que hacer frente a esos avales si no se cumplen las previsiones para las empresas públicas. ¿O es que, de repente, todas aquellas empresas públicas que tradicionalmente --y aquí se ha señalado reiteradamente-- han ido mal van a ir mejor? Dudosamente. Ello nos lleva a pensar en la lógica consecuencia de que habrá que arrastrar ese gasto al futuro, pero, eso sí, será en otros ejercicios de los que ahora no hablamos.
Lo mismo ocurre con la introducción de la figura del contrato de pago único al final de la misma, o de iguales efectos para problemas y cargas puede ser la ampliación de plazos en la concesión a las empresas constructoras de autopistas. Aquí señalaría que se plantean problemas no sólo con las que están previstas y no comenzadas, sino incluso con las que ya están hechas y en período de concesión a las empresas. ¿Qué ocurre con ellas? Hay casos flagrantes, algunas de ellas pendientes de transferencia y apenas quedan cinco o seis años para que termine ese plazo de concesión. ¿Qué va a pasar? En el capítulo de gastos, cómo no hablar de la congelación salarial de los funcionarios. Entendemos que es una medida injusta, cuyo objetivo vuelve a ser un objetivo llamado de recaudación transitoria, es decir, una especie de parche, y es injusta porque se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta la eficiencia de su trabajo. Además, en nada va a solucionar las graves deficiencias estructurales de la Administración. Es una medida fácil, pero entendemos que no se debería haber adoptado.
Tenían que haberse buscado esas reformas y tratar de incentivar las que fueran estructurales de la Administración. Daremos algunos ejemplos, sin perjuicio de que lógicamente el Gobierno podrá tener más conocimiento y causa para dar otros. Uno podría ser la readecuación de la Administración periférica; también el estudio de la incentivación de funcionarios,

Página 1377


y toda la asesoría externa, etcétera. Además de considerar que esa medida es injusta, todavía puede ser más injusto el que se trate de imponer a otras administraciones, por ejemplo, a administraciones de comunidades autónomas que en el sentido práctico de la economía no tienen ese problema de déficit que tiene la Administración del Estado. ¿Por qué? Porque están cumpliendo por la senda pactada del déficit. ¿Por qué imponer una medida injusta? Por no hablar, en materia de principios, de la libertad competencial en su ámbito y en su autonomía que les debiera permitir responder de distinta manera a los diferentes problemas que mantienen.
En tercer lugar, no podemos dejar de mencionar la falta de recursos que se destinan en estos presupuestos a inversiones que permitieran un desarrollo verdadero de la economía productiva, en dos campos muy claros: infraestructuras e industria, y también en un tema para nosotros particularmente importante que es la investigación y el desarrollo, el llamado I+D. Así, las inversiones en infraestructuras y equipamiento no crecen lo que debieran. A modo de ejemplo simplemente diré que en la comunidad autónoma del País Vasco de los 8.000 y pico millones de inversiones, más de 3.000 se destinan a Defensa e Interior o al mantenimiento de edificios públicos de la Administración central.
Entendemos que esas inversiones en Defensa e Interior no van a ser lo suficientemente buenas o adecuadas para que puedan aprovecharse por parte de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, se dejan aparcadas o relegadas a partidas exclusivamente simbólicas inversiones que sí podrían suponer un gran beneficio para las pequeñas y medianas empresas o para las empresas en general, como podría ser la Y vasca, cuyo presupuesto es exclusivamente de cien millones de pesetas, que no llega ni para hacer un estudio, por no hablar de puertos y aeropuertos.
Otro capítulo es el de investigación y desarrollo. Se ha dicho que no decrece. Ciertamente, en términos generales no decrece, pero lo que sí se observa es que el alejamiento entre la media que destinan los Estados europeos y lo que destina el Estado español es cada vez mayor. Vamos del 2,5 de media en los países europeos al 0,9 en el Estado español.
Simplemente quiero decirles que en la comunidad autónoma del País Vasco es el 1,2, a pesar de que no tenemos la transferencia que reiteradamente solicitamos. No voy a hablar de la naturaleza de las inversiones de I+D, porque, como aquí se ha dicho, vuelven a recaer en un capítulo de investigación en Defensa. ¿Por qué es importante? Porque, a nuestro entender, ésta es la clave del desarrollo productivo. Es muy significativo y no es casual que Francia y Alemania la semana pasada, en el eje francoalemán de política conjunta, la Europa de dos velocidades que pretenden, traten de hacer políticas comunes en materia de I+D, porque saben que de esa manera sus empresas siempre serán más competitivas que las empresas del resto de los Estados europeos. Esa es una inversión clave que debe ser reprochada en estos presupuestos.
Por último, y no por ello lo menos importante, quiero referirme al incumplimiento de determinados compromisos adquiridos por parte del Partido Popular, así como otros partidos, en vísperas de elecciones, el famoso tema del 0,7. Este es un incumplimiento muy grave, no sólo porque no se tiene en cuenta la necesidad estratégica que supone para Europa el colaborar activamente al desarrollo del tercer mundo, sino porque se plasma, una vez más, una política no solidaria y porque este principio responde al incumplimiento en otra serie de temas que venimos observando y nos tememos que al final pueda ser una práctica generalizada en la política del Gobierno del Partido Popular.
En conclusión, entendemos que no sólo hace falta cumplir los criterios de convergencia para finales del año que viene o principios de 1998, sino que lo que hay que hacer es, además de cumplirlos, desarrollar una política de verdadero crecimiento real. De nada nos vale estar en la Unión Económica y Monetaria si no solucionamos nuestro verdadero problema, que es el paro.
En la medida en que no se ha elaborado suficientemente una política activa que permita ese crecimiento real, tenemos que solicitar la devolución de los presupuestos al Gobierno. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Tiene ahora la palabra, para la defensa de sus enmiendas, el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, intervengo en nombre de Unión Valenciana para explicar los motivos que nos han conducido a presentar esta enmienda de totalidad a unos presupuestos en los que, aun habiendo puntos de coincidencia, otros han pesado más y nos han forzado a presentar esta enmienda de totalidad con petición de devolución.
Asistimos hoy al debate más importante de los que celebra la Cámara a lo largo de un año, el debate presupuestario. Ayer en su primera sesión y hoy en la segunda hemos oído muchos de los planteamientos del actual Gobierno acerca de objetivos muy loables, algunos alcanzables, otros no tanto, y críticas de la oposición, rebatidas con algunas de las explicaciones que son asumidas y ciertas dudas que no han sido aclaradas.
Siendo los Presupuestos Generales del Estado y la ley de acompañamiento el principal instrumento político con que cuenta el Gobierno para conseguir sus objetivos, impulsar políticas e imprimir cambios estructurales, lo cierto es que los presupuestos generales

Página 1378


de 1997 no parecen haber despejado todas las dudas acerca de si serán capaces de consolidar la recuperación económica y de conseguir nuestra plena y definitiva integración en la unión Económica y Monetaria que deseamos.
Y ahí están algunos de los datos de su panorama macroeconómico; algunos de los informes de la primera quincena de octubre ya los cuestionan. Son incertidumbres que se centran en si incrementaremos nuestro potencial de desarrollo y de creación de empleo, que deben ser nuestros objetivos prioritarios. El cuadro de estimación macroeconómica no es tan realista como el Gobierno nos quiere hacer creer y hay informes que ya ponen en cuestión algunos de los objetivos de los números de la macroeconomía, sobre todo en lo referente al consumo interno y a la inversión que se tiene que relanzar.
El objetivo del déficit público del 3 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas puede sufrir un duro revés si hay mínimas desviaciones en las previsiones de crecimiento económico y, sobre todo, de la evolución del empleo, situación que, de producirse, nos llevaría a un recorte presupuestario en el primer trimestre de 1997, que es una posibilidad que hay que valorar. Nos podemos encontrar con que de ahora a marzo o abril de 1997, con algún cambio externo más que interno, la repercusión nos obligue a hacer un recorte presupuestario aún más amplio del que se ha realizado.
¿Qué va a determinar un resbalón presupuestario? ¿Qué lo puede ocasionar? El error de cálculo en el consumo; el recorte de la inversión pública, porque así se ha puesto de manifiesto por algunos estudiosos de la materia; el retraso de programas de reformas estructurales; el aplazamiento de la reforma integral de la fiscalidad; el aumento de la presión fiscal, como así se determina en la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento, que se incrementa poco, hasta el 30 por ciento del PIB, frente al 29,7 del año 1996, que ha denotado un cierto afán recaudatorio en algunas de las medidas que se han contemplado en las leyes que nos ocupan en los debates de ayer y hoy.
Ustedes confían en el crecimiento de los ingresos como modelo de reducción y corrección del déficit, conducta que ustedes --particularmente usted-- criticaron duramente al anterior Gobierno en el debate de los presupuestos de 1995 y 1996. Los presupuestos intentan hacernos converger nominalmente con Maastricht, pero nos conducen, no a un paso lento ni rápido, pero sí importante, a una divergencia real y social, que es lo que preocupa a los ciudadanos, porque es lo más palpable.
Es un país con una tasa de paro de más del 22 por ciento, donde el consumo privado cayó un 1,4 en el tercer trimestre del año y la producción industrial casi un 2 por ciento en el mes de julio (son datos del propio Banco de España), difícilmente puede aumentar, como se pretende, el número de contribuyentes que incremente los ingresos del Estado. Es ir muy lejos en la previsión recaudatoria. Desde nuestro punto de vista y el de algún otro, se ha hinchado un poco el cálculo de la previsión recaudatoria en los ingresos. Puede ser normal a la hora de confeccionar un presupuesto, pero ahora ha sido excesivamente exagerado.
Se manejan escenarios macroeconómicos muy particulares, más aún si tenemos en cuenta que se basan en una presumible --deseada pero presumible-- reactivación franco-alemana que está por ver, porque los propios indicadores de Francia y Alemania, que pensaban que el último semestre de 1996 y el primero de 1997 iban a ser mucho más positivos, están poniendo ciertas dudas a sus cálculos. Y nuestro presupuesto depende excesivamente de ese cálculo respecto a Francia y Alemania.
La estructura de los ingresos del Estado no sólo es poco creíble sino, además, injusta, y lo es por el incremento de las tasas. Con la anunciada reducción por el concepto de IRPF, lo que en realidad el Gobierno pretende es gravar el consumo antes que la renta; y el consumo perjudica, sobre todo, a aquellos que menos posibilidades tienen.
La convergencia real, el bienestar social, el empleo, el PIB per capita, el nivel de infraestructuras son un gran interrogante. Los efectos negativos que sobre la competitividad tienen las insuficientes infraestructuras influyen claramente en el avance hacia mejores cotas de bienestar social. Se olvida aquello del 5 por ciento del PIB y la inversión pública sufre un duro recorte, tan duro y antisocial como el de los funcionarios. En aras a la convergencia con Europa, meramente nominativa, se relaja el esfuerzo para igualarla con los países más avanzados de la Unión Europea en la lucha contra el paro, contra las desigualdades, el acceso a la vivienda o la mejora de los servicios públicos. Con ello, el presunto aumento del consumo privado y de la inversión es una ficción, por lo menos en los números que ustedes han manejado, sobre todo cuando el Estado actúa como freno para que esto se produzca.
Hoy podíamos decir aquello de una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. ¿Dónde está el recorte tan radical que prometían de gastos corrientes, la reducción de altos cargos, la reducción de las cotizaciones sociales, el recorte del 15 por ciento de las inversiones reales? ¿No es voluntarista y alegre la tasa de recuperación del consumo privado? ¿Qué me dice del poder adquisitivo de los funcionarios, cuando ustedes defendieron y criticaron, por injustas, las congelaciones anteriores? ¿Y qué me dice de las inversiones reales en las comunidades autónomas? En Unión Valenciana esperábamos un reparto más equitativo, una mejor distribución del recorte inversor, por aquello de la solidaridad y que todos lleváramos las cargas de ese recorte que parece necesario e inevitable. Pero la Comunidad Autónoma Valenciana --y usted lo conoce bien--, con un déficit grave de infraestructuras, sufre

Página 1379


un recorte espectacular de las inversiones reales regionalizadas, muy por encima de los recortes a otras comunidades, y es donde nosotros ponemos la denuncia y la protesta en el día de hoy, quedando tan sólo en 20.885 millones de inversiones reales regionalizadas en la Comunidad Valenciana, algo más de 20.000 millones. De cada 100 pesetas que se invierten, sólo 2,5 pesetas vienen a la Comunidad Valenciana. Ese reparto del recorte no ha sido equitativo, justo y solidario. La insuficiencia de estructuras de la Comunidad Valenciana frena nuestro potencial de desarrollo, y el nuevo recorte de inversiones sufrido hipoteca nuestro relanzamiento económico.
La técnica de retrasar las inversiones importantes en infraestructuras a los años 1999 y 2000, a sabiendas de que los próximos presupuestos van a ser restrictivos --usted lo dijo ayer y expertos y voces más autorizadas han manifestado que el recorte de este año será en 1998, será en 1999 y será en el año 2000--, nos preocupa porque son inversiones vitales para la Comunidad Valenciana. Esta técnica de retrasar en el tiempo las inversiones, ustedes la criticaron muy clara y rotundamente al Partido Socialista y ahora nos encontramos con el mismo defecto.
En infraestructuras de carreteras y ferrocarriles --y voy al grano de esos recortes que hipotecan el futuro de nuestra Comunidad--, ahí está el AVE Madrid-Valencia; ahí está la terminación definitiva, antes del siglo XXI, de la N-III, que es otra incógnita, y las variantes de las carreteras nacionales en el ámbito valenciano. Por ejemplo, tenemos unas carreteras Valencia-Barcelona cuya única vía rápida puede ser la autopista, y en la ley de acompañamiento se amplía la concesión cuando la sociedad valenciana está reclamando que se rescate esa concesión porque la alternativa a la autopista es una carretera nacional lamentable, y las inversiones en esas variantes de la carretera N-340 se retrasa nuevamente; el acceso a la ciudad de Valencia y sus ejes viarios; la autovía a Aragón, a la que se da un impulso, pero no suficiente porque es el eje natural de salida hacia el sur de Francia desde Valencia, por Aragón, muy importante y reiteradamente solicitado por los sectores económicos y sociales valenciano y aragonés; el soterramiento de vías del parque central de Renfe en la ciudad de Valencia; la línea Játiva-Alcoy, cuyo mantenimiento no se asegura; la financiación del hecho metropolitano valenciano en igualdad de condiciones con el de Barcelona y de Madrid, asignatura pendiente, con un compromiso de su propio conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana de conseguir financiación para el Conseil Metropolitá d'Horta, vía Presupuestos Generales del Estado, tampoco aparece. Si los trasvases son la última solución, hacen falta inversiones en infraestructura hidráulica que contribuyan a paliar los efectos de la sequía, y se relajan a los años 1999 y 2000; trasvases a la Comunidad Valenciana; la presa de Tous; la modernización de los regadíos en la Comunidad Valenciana; los trabajos de depuración y saneamiento de la Albufera de Valencia; el barranco de Carraixet; el plan de avenidas.
Son actuaciones que se dejan al año 1999 y al 2000, a sabiendas de que va a haber un recorte en los años 1998, 1999 y 2000, y es lo que nos preocupa.
Actuaciones en costas y regeneración de playas en el litoral valenciano; modernización del sector agrario valenciano ante los retos de la nueva OCM de frutas y hortalizas; los acuerdos preferenciales con terceros países; ayudas a relanzar ese sector agrario que está en una difícil situación, y usted lo sabe; el comercio exterior valenciano en aquellos sectores tradicionales necesita una reforma en integridad para relanzar, modernizar y hacer competitivos sectores como el calzado, el juguete, el mueble, el textil y un largo etcétera que no tienen en estos presupuestos esa inyección, cuando menos de moral, para abrir esa posibilidad a nuevos mercados y llegar con capacidad de éxito a los retos del siglo XXI. Y un largo y lamentable etcétera de proyectos necesarios y urgentes para el futuro de la Comunidad Valenciana, que son retrasados en el tiempo hasta prácticamente el siglo XXI.
Son éstos unos presupuestos injustos e insolidarios para la Comunidad Valenciana y, por ello, se demuestra que nos hemos visto forzados a presentar esta emnienda de totalidad, porque, si bien estos presupuestos pueden acercar Europa al conjunto del Estado, cosa que nos alegraría a todos los valencianos porque tenemos una clara visión europeísta desde hace muchos y creemos en el juego de la Unión Europea, a la Comunidad Valenciana cada día le cuesta más llegar en condiciones óptimas, física y materialmente, a Europa, por ese déficit de infraestructuras y porque nuestro tejido económico no está preparado de una manera seria y rigurosa para afrontar ese duro mercado de competitividad que es la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego que concluya.


El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente, señor Presidente.
Y con estos ya son 15 años, 15 presupuestos. Yo sé que ustedes no tienen la culpa de todo, porque ahí hay 14 instrumentos presupuestarios de los anteriores gobernantes que han dejado la Comunidad Valenciana como la han dejado en algunos extremos que yo he denunciado; pero esperábamos algo más de sensibilidad visto cuál era su programa electoral, cuáles eran sus compromisos y buenas palabras en la Comunidad Valenciana de cara a las elecciones del 3 de marzo. Pero, como digo, una cosa es predicar y otra cosa es repartir el trigo.
Quedan aparcadas de nuevo inversiones esenciales para el tejido productivo valenciano, su potencial económico y su relanzamiento de cara al nuevo siglo.


Página 1380


Y ya que se ha hablado mucho en los últimos meses de deudas históricas, por este conjunto de peticiones o, como algunos dicen, reivindicaciones localistas, le formulo esta pregunta: ¿Cuándo se saldará la enorme deuda histórica del Gobierno central con la Comunidad Valenciana? Nosotros queremos compromisos y esperábamos que en estos presupuestos de 1997 hubiera alguno de esos compromisos, con letra y con números, para que la Comunidad Valenciana afrontara el futuro con ilusión y con optimismo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
El señor Vicepresidente del Gobierno tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quiero agradecer a los tres representantes del Grupo Mixto sus intervenciones y sus aportaciones al debate, que paso a comentar y a contestar, en algunos casos, empezando, por orden de intervención, por el representante del Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez.
El señor Rodríguez ha hecho afirmaciones referentes a la ingeniería financiera, no concretadas muchas de ellas, por no decir ninguna, y, después, ha pasado a afirmar rotundamente que estos presupuestos no contienen ningún elemento positivo desde el punto de vista del paro, desde el punto de vista del tejido productivo y desde el punto de vista de intercambios comerciales.
Señoría, teniendo en cuenta que en el año 1997, el Gobierno prevé, en una evolución absolutamente natural del año 1996, un aumento de la población activa, es decir, que más españoles van a incorporarse al mercado laboral; un aumento del empleo de 237.000 personas y una disminución del paro de 144.000 personas, la afirmación del señor Rodríguez es, como poco, parcial. Seguramente podríamos pensar que habría otro ritmo posible. Quiero significar que, con un crecimiento de la economía alrededor del 3 por ciento, las previsiones del Gobierno de un incremento del empleo de 2 por ciento nos parecen suficientemente importantes y demuestran algo que yo también mencioné ayer y que quiero repetir hoy: el hecho de que la economía española está creando empleo cada vez con umbrales menores de crecimiento, lo cual demuestra una capacidad económica notable y algo que paso también a contestar de la segunda parte de la intervención del señor Rodríguez, y es su convencimiento de que estos presupuestos son unos presupuestos motivados exclusivamente como consecuencia de los requisitos de la convergencia nominal expresados en el Tratado de la Unión Europea. Quiero desmentir esa afirmación. Estos presupuestos, como yo dije ayer en varias ocasiones, están basados en un modelo de crecimiento, de estabilidad macroeconómica, independientemente de las condiciones de Maastricht, independientemente de los calendarios de Maastricht. La economía española necesita caminar hacia la estabilidad macroeconómica. El tejido productivo español es el primer beneficiario de que nuestra economía tenga bajos tipos de interés, de que nuestro crédito, desde el punto de vista de los mercados internacionales, esté aumentando de manera realmente importante en los últimos meses y en las últimas semanas y de que nos encontremos en estos momentos probablemente en tasas reales de tipo de interés a largo plazo en la mejor situación de Europa. En ese sentido, la estabilidad macroeconómica es, sin duda, la base de la prosperidad de los ciudadanos en el presente y en el futuro.
Aquellas de SS. SS. que crean que estamos asistiendo exclusivamente a un proceso inspirado por posiciones internacionales no comparten la posición del Gobierno. El Gobierno está comprometido en conseguir que España sea un país con equilibrios macroeconómicos, porque en demasiadas ocasiones, y algunas relativamente recientes, hemos tenido que sufrir frenazos en nuestro crecimiento como consecuencia de la desconfianza internacional.
No está tan lejos el mes de marzo de 1995, cuando tuvimos que enfrentarnos a una masiva situación de desconfianza que supuso un aumento considerable de nuestros tipos de interés a largo, una devaluación de la peseta, una quiebra en la confianza en España y un aumento de la inflación. Todo eso ha repercutido, como hemos podido ver inmediatamente, prácticamente al trimestre siguiente, en una quiebra del proceso de crecimiento. Por tanto, aquellos que creen que en este momento se puede planificar la economía sin tener en cuenta los criterios de estabilidad, no coinciden con el Gobierno.
No estamos ante un objetivo monetarista, el Gobierno no ha cifrado un objetivo monetarista, el Gobierno está fijando un objetivo de equilibrio, de reducción del déficit público, de reducción de la inflación, de aumento del empleo, de mantenimiento de las prestaciones sociales, de profundización del Estado del bienestar, de negociación con los interlocutores sociales, de lucha contra el fraude y, desde luego, de racionalización del gasto público. Esos son los elementos con los que el Gobierno está trabajando. En ningún caso puedo compartir la afirmación del señor Rodríguez de que estamos en un modelo que no se ajusta a lo que necesitan los españoles. ¿Qué es lo que necesitan los españoles? ¿Necesitan los españoles en este momento un aumento del déficit público, o propone S. S. que lo que necesitan los españoles es un aumento de la tributación de los impuestos esenciales? ¿Con eso contribuiríamos al aumento del crecimiento? En mi opinión y en opinión del Gobierno, no sería así.
Dice el señor Rodríguez que se va a producir a lo largo del proceso europeo una reducción del papel del

Página 1381


Estado en la economía, y tiene razón. Sin duda, en los próximos años vamos a ver que el papel del Estado en la economía va a tener una tendencia a mantenerse. Precisamente en ese sentido va a haber un aumento de la capacidad de la oferta privada de producir bienes y servicios y, por tanto, empleo.
Si los españoles repasamos nuestra propia historia reciente y comprobamos que en los últimos diez años ha sido el aumento del empleo en el sector público el que ha propiciado el crecimiento del empleo, y hemos visto cómo ha ido aumentando la tasa de paro, no es difícil llegar a la conclusión de que ése es un modelo que tiene, primero, claros límites, en los que seguramente ya nos encontramos, y segundo, que el coste de esa política expansiva del gasto público acaba repercutiendo, cada vez en más corto plazo, en crisis coyunturales constantes que producen altísimos costes desde el punto de vista del empleo y del bienestar, como se ha puesto de relieve en la crisis de 1993 en nuestro país. En eso quiero interpretar también a la señora Lasagabaster, que respalda, o por lo menos, no presenta una enmienda a la totalidad a la ley de disciplina.
Aprovecho para agradecérselo, aunque lo haré también después, porque interpreto que coincide con el Gobierno en que es imprescindible mejorar nuestro sistema de disciplina presupuestaria y, por tanto, centra sus críticas en la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento.
Nos dice el señor Rodríguez que hemos aumentado las tasas. Sí. Nosotros creemos que aquellos servicios públicos no esenciales, que deben ser pagados por el usuario, si la tasa no se acomoda al precio, son pagados por todos los contribuyentes. Me gustaría saber si S. S. considera que lo que hay que hacer en un sistema tributario equilibrado, solvente y progresista, es que en los costes de los servicios públicos no esenciales que están gravados por tasas deban ir perdiendo capacidad recaudatoria, para que el conjunto de los contribuyentes soporte los costes que supuestamente, y según la ley, tendrían que estar soportados por tasas.
Me parece que es una posición muy clara. El Gobierno no tiene ninguna duda de que, mientras que en este país haya tasas, aquellos servicios que deben pagarlas deben hacerlo al precio de la producción de esas tasas, porque si no estamos haciendo que sea el conjunto de los contribuyente el que las pague.
Me ha sorprendido que en el tono general de su discurso el señor Rodríguez, considere regresiva el impuesto indirecto sobre seguros. ¿Sabe usted, señor Rodríguez, por qué el resto de la Unión Europea tiene un impuesto indirecto sobre seguros? Porque no tiene ningún sentido que un producto financiero tenga mejor tratamiento fiscal que los productos alimenticios y básicos de los ciudadanos. ¿Se ha parado a preguntarse, señor Rodríguez, que en este país, hasta esta ley, un producto financiero, puro y simple, está mejor tratado que los productos básicos de alimentación que los consumidores van a comprar a los supermercados? Simplemente le hemos puesto el 4 por ciento que es el IVA superreducido, el equivalente.
Seamos consecuentes en nuestros discursos políticos. Si hacemos discursos exigiéndole al Gobierno que no tenga ningún miramiento con los supuestamente grandes núcleos de poder económico, cuando se produce una simple homologación entre un producto financiero, absolutamente no esencial, aunque sea comúnmente usado, y los productos básicos de consumo de una familia española, no nos plantee esa cuestión como una injusticia que estamos realizando con los contribuyentes más modestos. Especialmente cuando ésa es una figura de imposición indirecta en los seguros que está homologada en el conjunto de Europa, España era la única excepción que no la estaba aplicando y se le aplica el IVA superreducido. Por otra parte, se hace con una compensación en el propio sector de seguros, dando incentivos al seguro y al ahorro a largo plazo en los seguros de vida.
El Gobierno no tiene ningún inconveniente en reiterar, porque es un debate que interesa a muchas de SS. SS., que las plusvalías que se pagan en el Impuesto sobre la Renta en España afectan a ciudadanos de rentas muy pequeñas. El 80 por ciento de las plusvalías que se declaran en este país son menores al millón de pesetas. La teoría de S. S. de que no debemos preocuparnos de la mayoría, porque a ver si en algún momento beneficiamos a alguien que no merezca, en opinión de S. S., ser beneficiado, me parece una práctica que no es aconsejable desde el punto de vista del Gobierno y de los intereses generales.
Aplicar un sistema de plusvalías por el cual se exonera, es decir, no hay que pagar impuestos al cabo de 15 años, lo cual permite que cualquier tipo de plusvalía del volumen que sea quedaba exonerada al cabo de 15 años, lo hemos sustituido por un sistema por el cual todos los contribuyente pueden tomar decisiones en función de la rentabilidad y no de los impuestos.
Parece que en el mundo en que vivimos de economía global, de la posibilidad prácticamente diaria para los ahorradores de tomar decisiones, condenar a los pequeños ahorradores a la inactividad como consecuencia del sistema fiscal es un gravísimo error. Además, por si tuviéramos alguna duda sobre nuestra decisión, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y comprobar qué país europeo compartía la legislación española de hace tres meses. Con eso podemos llegar a la conclusión de que simplemente le hemos dado al pequeño ahorrador español las mismas posibilidades que tiene cualquier pequeño ahorrador en el resto de Europa.
El Gobierno no congela la oferta de empleo público, sino que la reduce al 25 por ciento de la tasa de reposición. Por tanto, critíquenos por la medida que tomamos, no por la que no tomamos. El 25 por ciento de la tasa de reposición es indudablemente una reconducción

Página 1382


del crecimiento de la oferta de empleo público hacia un crecimiento moderado que satisfaga las necesidades de la Administración central y, al mismo tiempo, responda a un hecho que a mí me ha parecido siempre llamativo, incluso yo diría escandaloso, y es que, después de quince años de un proceso autonómico, la Administración central ha sido incapaz de reducir sus efectivos. En ese sentido me parece que racionalizar el crecimiento de la oferta de empleo público limitándola al 25 por ciento de la tasa de reposición es una medida altamente necesaria y que hace mucho tiempo debería de haberse tomado. No nos diga, pues, que estamos congelando la oferta de empleo público. Además, combinamos esa medida de restricción de la oferta de empleo público al 25 por ciento con la capacidad de que voluntariamente se puedan aplicar criterios de movilidad geográfica y funcional dentro de la Administración pública, lo cual también me parece imprescindible desde el punto de vista de la Administración central, habida cuenta del proceso de transferencias autonómicas.
Es cierto que la caída del capítulo 6 se produce, pero, como también dije ayer, hay que añadir ahí la oferta de financiación extrapresupuestaria que, el Gobierno plantea a través del esfuerzo del sector público vía privatizaciones y que va a ser una constante de próximos años. Sin duda, como se puso de relieve ayer, el propio Plan Director de Infraestructuras ya nos anunciaba en la legislatura pasada que parte de los esfuerzos en la creación de infraestructuras en este país va a tener que venir de la mano del capital privado, de los usuarios y de fórmulas extrapresupuestarias.
Dice el señor Rodríguez que el pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades es un año. Si el año que viene suprimimos todos los pagos a cuenta de dicho impuesto, sí; pero yo quiero recordarle al señor Rodríguez que tiene ya varios años y que, por tanto, no es más que lo mismo que sucede con las retenciones del IRPF. No veo la razón por la cual tenemos que prever que las sociedades españolas van a acabar con un proceso que lo que trata es de acercar la situación de pago el hecho económico del cual se deriva, que es lo que está pasando en relación con las personas físicas y el resto de los trabajadores. Por tanto, en ese sentido me parece que no hay ninguna propuesta no sólo del Gobierno sino de ningún grupo de la Cámara de que el sistema de retenciones o de pago a cuenta vaya a desaparecer del sistema tributario español.
Dice el señor Rodríguez que hay un cambio de expectativas. Lo hay, sin duda a mejor, en España y fuera de España. Desde luego en este momento hay una situación en Europa de cambio de expectativas. Se han producido considerables bajadas de los tipos de interés, que están afectando a la recuperación económica, y aunque hay países que tienen ciertas dificultades, desde luego Alemania está superándolas --y lo ha mencionado S. S. y por eso lo menciono yo--, y las expectativas del Gobierno alemán de hace escasamente menos de una semana son que todavía el año 1996 será un poco mejor que lo que estaba previsto. Eso es importante para España, habida cuenta de que Alemania es uno de nuestros mejores clientes. Sin duda miramos con preocupación los problemas que tienen otros países, como puede ser Francia, no sólo por proximidad y por simpatía, sino también porque es nuestro principal y más importante cliente. No le quepa duda a S. S. de que los efectos de las políticas monetarias cada vez más neutrales en Europa van a producir efectos positivos en el crecimiento, como los está produciendo en España. Yo creo que en un país como el nuestro, en el que la tasa de inflación está cayendo, la tasa de inflación subyacente cae todavía más deprisa que la de inflación y está permitiendo una considerable bajada de los tipos de interés, es una magnífica noticia para la recuperación económica y para la confianza de los ciudadanos.
Dice S. S. que está cayendo la tasa de ahorro. Su señoría en eso no tiene razón. No está cayendo la tasa de ahorro en España, sino que está creciendo, en parte como consecuencia del aumento del empleo y en parte como consecuencia de la moderación del consumo. Es cierto que el consumo, no sólo en España sino en el conjunto de Europa, está creciendo a tasas muy moderadas para la situación del ciclo económico en la que nos encontramos, pero no es menos cierto que esa tasa se está recuperando y que, a lo largo de cada trimestre, se está sustentando cada vez un mayor fortalecimiento del crecimiento del consumo. No creo que haya miedo a consumir, creo que hay cambios de expectativas. Coincido con S. S. en que los efectos de la crisis de 1993, desde el punto de vista de los consumidores y de los ciudadanos, han sido muy profundos y en que las desconfianzas que se generaron en la inestabilidad política y en la inestabilidad económica de los años 1994 y 1995, en relación con la cual ya he mencionado la devaluación de marzo de 1995, han incidido en un retraimiento de las expectativas, pero en este momento la situación se está recuperando claramente, y no sólo las encuestas sino la propia evolución de los tipos de interés y la confianza de los ahorradores a largo plazo en la economía española demuestran que eso es así, por suerte para todos.
Cuando S. S. se pregunta cómo van a crecer las exportaciones tampoco da una cifra exacta. Están creciendo. Las exportaciones españolas se están comportando muy positivamente desde hace varios años y cada vez más, lo cual demuestra que la empresa española está siendo capaz de competir internacionalmente. Que los costes españoles se están adaptando es una muestra de que las relaciones industriales de diálogo entre empresarios y trabajadores son cada vez más fructíferas en el sector privado y es una muestra también de que en un momento en que nuestra moneda se está comportando de manera estable nuestros exportadores son capaces

Página 1383


de competir en el extranjero. El Gobierno pretende contribuir a ello con sus medios al haber modificado el marco tributario de la internacionalización de las empresas españolas, dándoles las mismas posibilidades del conjunto de las empresas en la Unión Europea para competir en mercados internacionales.
La pérdida de la capacidad adquisitiva, señor Rodríguez, está mucho más relacionada con el crecimiento de la inflación que con otra cosa. La indexación no ha producido mejoras de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y mucho menos de los ciudadanos con rentas más modestas. Son las caídas de la inflación las que garantizan la capacidad adquisitiva.
Son los países como Alemania, Finlandia u Holanda, con inflaciones cercanas al uno por ciento, los que están ofreciendo a los ciudadanos estabilidad, confianza y mejora en su capacidad adquisitiva. Desde luego españa tiene hoy una situación mejor que la que tenía con una inflación del cinco o del diez por ciento. Como ciudadanos de a pie o como consumidores somos conscientes de que el dinero de bolsillo que damos a nuestras familias o que utilizamos para consumir es mucho más seguro hoy, con un 3,5 por ciento de inflación, que lo era hace unos años cuando teníamos un 8 por ciento.
Su señoría critica las inversiones del ferrocarril en Galicia, pero en su comunidad autónoma se hacen importantes inversiones en carreteras.
Algunas de ellas no las considera acertadas y espero que en el debate de las secciones podamos ver cuáles son las alternativas de su señoría. Me parece importante que S. S. considere los esfuerzos extrapresupuestarios que se van a hacer desde el punto de vista de la inversión en infraestructuras de ferrocarril y que considere también lo importante que son algunas de las decisiones que en materia de empresa pública ha conseguido este Gobierno y que afectan directamente a Galicia. Voy a mencionar una: el programa F-100, que va de 1996 al 2005, para la construcción de fragatas, que supone 16 millones de horas de trabajo en la factoría de Bazán, en Ferrol. Esa es una buena noticia para todos, y el Gobierno está muy satisfecho de que se haya producido así. Sin embargo, en un presupuesto de estas características, restrictivo, no hemos podido satisfacer todas las demandas de infraestructuras de ninguna comunidad autónoma y mucho menos de todas al mismo tiempo. Creo que hemos hecho un reparto equilibrado de ellas y un esfuerzo considerable para mantener el nivel de inversión en infraestructuras, y en concreto, a través de la inversión de la empresa pública en algunos lugares, y desde luego en la factoría de Bazán, en Ferrol, las noticias son bastante buenas, todo puede ser mejorable, pero son bastante buenas.
Paso a contestar, señor Presidente, a la portavoz de Eusko Alkartasuna, señora Lasagabaster, a quien también agradezco su respaldo o, al menos, la no presentación de una enmienda de devolución de la ley de disciplina presupuestaria, cosa que considero muy positiva, porque demuestra que hay una conciencia en la Cámara de que estamos en un momento crucial de cambio en dicha materia, ya que vamos a pasar de ser uno de los sistemas más laxos de la Unión Europea a ser uno de los más estrictos. En ese sentido, aparte de que indudablemente puede haber posiciones distintas y enmiendas concretas, agradezco la no presentación de la enmienda de devolución.
Me voy a centrar, por tanto, en las enmiendas de devolución al presupuesto y a la ley de acompañamiento. Vuelvo a insistir en algunos argumentos. Es indudable que el proyecto prevé claramente un aumento del empleo, un aumento de la población activa y una disminución del paro. Eso no se produce por generación espontánea, se produce como consecuencia de una mix de políticas. El Gobierno reduce claramente el gasto público, pero no reduce los elementos básicos de solidaridad. El Gobierno mantiene las políticas activas de creación de empleo, mantiene trescientos y pico mil millones --mencioné ayer la cifra exacta, me parece que son 323.000 millones-- en políticas activas. Hace una política decidida de mantenimiento de las prestaciones sociales y, al mismo tiempo, introduce criterios de lucha contra los abusos que puedan producirse en la incapacidad laboral temporal. También modifica, y las clarifica sobre todo, algunas de las condiciones de prestaciones por desempleo, para garantizar que los perceptores de esa prestación estén en las condiciones que especifica la ley y carezcan de medios o de otras alternativas durante todo el período de percepción, además de regular condiciones que se refieren a la aceptación de ofertas de empleo. Todo eso es un paquete que busca, y en nuestra opinión consigue, acercar nuestras prácticas en políticas activas y en políticas de empleo a lo que son nuestras necesidades, y nuestras necesidades son dinamizar el mercado español. El Gobierno ha tomado desde su inicio, desde el mes de junio, medidas dirigidas a fomentar el empleo en las pequeñas y medianas empresas, a fomentar el empleo de los trabajadores mayores de 45 años y de minusválidos y el Gobierno está decidido a seguir profundizando en esa dirección.
Su señoría dice que se mantiene la incertidumbre en el empleo. ¿Qué quiere decir S. S. con eso? ¿Cree S. S. que debemos aprobar una ley por la cual se prohíba la incertidumbre en el empleo? ¿Qué quiere decir esto? Me dice que sí con la cabeza. Supongo que querrá decir que me lo va a explicar, porque ¿cree realmente S. S. que el efecto en España de las medidas de situar el empleo como algo imposible han producido efectos? ¿No debíamos preguntarnos por qué somos el país del conjunto de los países europeos que menos empleo ha creado desde 1970? ¿Las medidas de flexibilidad que se han introducido en este país han sido perjudiciales? ¿El hecho de que en este momento el umbral de crecimiento para crear empleo sea más bajo que hace cinco años es malo para los ciudadanos? Me gustaría ver cómo

Página 1384


S. S. pretende que los poderes públicos hagan desaparecer la incertidumbre en la vida de los ciudadanos. Lo que los poderes públicos pueden hacer es lo que hacen y hacerlo cada vez mejor. Cuando un ciudadano tiene una situación de incertidumbre o de pérdida de empleo debe tener una cobertura que responda a sus necesidades familiares, debe tener unos servicios públicos que le permitan reciclarse, una formación profesional que le permita reciclarse y debe tener unos sistemas de casación de ofertas con demandas de empleo que le permitan encontrar empleo. Debe tener políticas de vivienda ágiles y políticas que fomenten el alquiler para permitir que encuentre una vivienda si tiene que desplazarse de ciudad y tiene que tener además una serie de servicios básicos satisfechos, como son claramente la sanidad y la educación de sus hijos, que deben ser gratuitos. Me parece que hemos construido una sociedad en la que esas certidumbres existen y deben seguir existiendo, y este presupuesto lo garantiza, pero me gustaría que me explicitase a qué otro tipo de certidumbres se refiere su señoría. Vuelvo a repetir que no es cierto que no existan políticas activas. Claramente el Gobierno apuesta por el mantenimiento de las mismas con un paquete muy importante de inversión en esta materia.
Dice que son unos presupuestos voluntaristas --creo claramente que no lo son--, y aduce para ello el tema de las tasas. Ya he contestado al respecto, pero vuelvo a hacerlo. Yo puedo entender la posición política, aunque económicamente no la comparta, de que no haya tasas en un país, de que todos los servicios, aunque no sean esenciales, sean pagados por todos los contribuyentes, es decir, que cuando los fabricantes de máquinas de recreo necesiten una homologación del Estado no paguen ellos los costes de esa homologación, de la actuación del funcionario, de los documentos, sino que los paguen todos los contribuyentes; o que cuando una persona va a pedir al catastro un tipo de documento no lo pague esa persona, que es quien lo usa, sino que lo paguemos todos los contribuyentes; o que los usuarios de aeropuertos no paguen 150 pesetas como consecuencia de las inversiones realmente importantísimas que se están realizando en materia de seguridad en los aeropuertos, sino que las paguen todos los contribuyentes. Nosotros no compartimos esa posición, pero si alguien la comparte, díganlo. Ahora bien, si comparten la creencia, por otra parte absolutamente extendida en la doctrina tributaria occidental, de que hay servicios públicos no esenciales que no deben ser sufragados por impuestos generales, entonces lo que tenemos que hacer con las tasas es que representen de verdad los costes que deben ser sufragados, y si desde 1988 no se han revisado dichos costes, si la inflación acumulada es del 14 por ciento y el Gobierno la revisa en un 8 por ciento, yo más bien entendería que SS. SS. exigieran al Gobierno que las revisara definitivamente para evitar que el conjunto de los contribuyentes esté pagando los costes de servicios públicos no esenciales que deberían ser --y están tasados por la ley-- satisfechos por tasas.
Su señoría considera que, en el tema de los gastos, el Gobierno no realiza bien su política de empresa pública. El Gobierno hereda toda una situación de cosas buenas y de cosas malas. Probablemente, la empresa pública no se encuentre entre las buenas, desde muchos puntos de vista, y lo que ha decidido el Gobierno ha sido transmitir un mensaje de que la empresa pública supuestamente desahuciada, aquella que se separó de las empresas rentables por el Gobierno anterior y fue enviada a la Agencia Industrial del Estado para ver si algún gobierno alguna vez sabía qué hacer con ella, esa empresa pública debe ser rentable, porque todas las empresas del sector público deben ser eficientes y deben responder a un objetivo de convertirse en empresas que estén en el mercado, y es firme voluntad del Gobierno que eso sea así.
En cuanto a la posibilidad del pago único de infraestructuras, señoría, está recogida en la Ley de contratos del Estado cuyo artículo 100 prevé la posibilidad de que el Estado encargue una obra y la pague a su recepción. Lo único que nosotros hacemos es desarrollar esa posibilidad, que tampoco forma parte de la política de infraestructuras del Gobierno de manera determinante en este momento, pero es una posibilidad y por qué no hemos de contemplarla, especialmente cuando la sometemos a un claro control, porque tiene que haber un acuerdo formal de Consejo de Ministros; tanto en el caso de las inversiones de pago único como en el caso de los contratos-programa plurianuales tiene que haber un acuerdo de Consejo de Ministros que garantice la transparencia y el control de esas operaciones.
Dice la señora Lasagabaster que hay una parte importante de la inversión en investigación y desarrollo que se dedica a defensa. Sí, pero es investigación y desarrollo española, es decir, en la construcción de esas fragatas en Ferrol hay trabajadores españoles, son pymes que suministran a Bazán, son tornillos españoles, son ingenieros españoles. ¿Es que todavía vamos a hacer aquí una distinción entre investigación y desarrollo civil y militar? ¿Es que no hemos descubierto que prácticamente todos los grandes avances en investigación y desarrollo en los últimos cincuenta años se han producido independientemente de esa consideración? ¿Es que es menos solidario construir fragatas o aviones que construir vías de ferrocarril, desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista del crecimiento o desde el punto de vista de la política de reequilibrio regional? Sinceramente, yo creo que lo importante es que construyamos elementos de progreso. ¿Que indudablemente, los países invierten en defensa y en seguridad? Es cierto. ¿Y que de ahí podríamos hacer un discurso moral sobre que los seres humanos invertimos en defensa y en seguridad? Es

Página 1385


cierto. También los policías que nos protegen en la calle invierten en defensa y en seguridad, pero no encuentro razón alguna para diferenciar, estigmatizando, a partir de ahí una inversión de otra, sobre todo cuando no se puede decir que nuestro país se distinga por realizar una inversión imperialista en defensa, sino que lo único que estamos haciendo es mantener un nivel, en opinión de los expertos, por debajo del mínimo de seguridad. Desde luego, yo estoy contento de que españa haga esfuerzos por mantener abiertas las factorías de Ferrol, de que haga claros esfuerzos por encontrarse en proyectos de investigación y desarrollo a nivel europeo, que van a redundar en que podamos tener una industria y una capacidad de investigación y desarrollo que, si no, no vamos a tener.
Paso, señor Presidente, a contestar en relación con la enmienda de devolución del señor Chiquillo. Dice que hay puntos de coincidencia --yo me alegro de que los haya-- y que el presupuesto de 1997 no ha despejado todas las dudas. No; no las ha despejado. Todas las dudas no las va a despejar el presupuesto de 1997, ni el de 1998, ni ningún presupuesto.
Estamos inmersos en un proceso --y ahí sí quiero insistir, porque algunas de SS. SS. lo han dicho-- de cambio de política presupuestaria, indudablemente. Vamos a ir a unas políticas presupuestarias distintas, donde vamos a ir viendo aparecer el papel de la colaboración del sector privado en mucha producción de servicios públicos; aunque haya una provisión por parte del Estado, aunque haya una garantía estatal de la existencia de esos servicios, vamos a ver cómo se va produciendo esa colaboración, y lo estamos viendo.
Ayer se mencionaba a lo largo del debate, las agencias privadas de colocación sin fines de lucro; hemos visto cuáles son los efectos positivos que pueden producir los hospitales ligados a fundaciones sin fines de lucro; estamos viendo cuál puede ser la colaboración de los usuarios en la financiación de infraestructuras hidrológicas. ¿Ese es un mundo que alguien puede negar? Sinceramente, creo que no tiene sentido negarlo si queremos estar en una economía que utilice los recursos públicos de manera eficiente.
Dice usted que aumenta la presión fiscal. No, no aumenta la presión fiscal. Ya dije ayer, y lo vuelvo a repetir ahora, que el conjunto de ingresos no financieros sobre el PIB no aumenta, pero es que, además, las principales figuras impositivas no aumentan. Los únicos impuestos que S.
S. puede mencionar son las tasas y el impuesto sobre seguros, y los he justificado anteriormente y estoy dispuesto a volverlos a justificar en este momento, pero también hay otras figuras tributarias, como, por ejemplo, el impuesto sobre las gasolinas, que este año, por primera vez en mucho tiempo, no se revaloriza en pesetas constantes. Por tanto, unas cosas equilibran las otras. Y, sin duda, el Gobierno le pide un esfuerzo a las sociedades más importantes, que facturan más de 1.000 millones de pesetas, para que aumenten sus pagos a cuenta un 25 por ciento, porque creemos que es una combinación de políticas tributarias razonable y equilibrada, pero no aumenta la presión fiscal.
Y no bajamos el déficit por los ingresos, señor Chiquillo, sino que producimos una caída del crecimiento del gasto del Estado, que crece sólo el 1,7 por ciento. El conjunto del gasto agregado crece el 2,1 por ciento. Es la primera vez que se presenta un presupuesto en que el gasto en pesetas constantes crece menos que el año anterior. Su señoría podrá decir que no es suficiente, podrá decir que no lo ve claro, pero no me puede decir que el Gobierno no plantea una reducción del déficit vía los gastos.
En cuanto a los datos del crecimiento del cuadro macroeconómico --su señoría ha mencionado algunos--, se están produciendo algunas tasas negativas, efectivamente, pero compárelas con las anteriores. Es importante que veamos que se está produciendo una evolución en la inversión en España de situaciones más negativas en el cuarto trimestre de 1995, que están mejorando a lo largo de este año; por tanto, estamos sustentando una recuperación. Si a eso unimos la caída de los tipos de interés, la mejora de nuestros clientes más importantes, la caída de los precios internos de este país, la reducción de la inflación subyacente, veremos que estamos en un camino de recuperación sostenida y clara de la actividad, como está pasando en la mayor parte de los países europeos, con la excepción probablemente de alguno, pero desde luego, en Alemania, según las cifras oficiales, se está produciendo esa recuperación.
Sobre las tasas, vuelvo a insistir en que responden a un modelo tributario, que es el español. Si tenemos tasas, tendrán que representar aquello para lo que están pensadas. Me parece injusto, no sólo ineficiente sino injusto, que sea el conjunto de los contribuyentes el que pague a los productores de máquinas recreativas sus guías; me parece injusto. Es una posición como otra cualquiera, pero a este Gobierno le parece injusto. Me parece injusto que las tasas pensadas para sufragar bienes no esenciales, por la puerta de atrás, a base de no revisar la inflación, las esté pagando el conjunto de los ciudadanos españoles. Me parece injusto y, desde luego, en ese sentido el Gobierno mantiene su posición y la mantiene con bastante seguridad.
No se reduce el esfuerzo en vivienda --perdone que se lo diga--, se mantiene el compromiso de la financiación de 136.000 viviendas que están en los planes con las comunidades autónomas.
Reducción de altos cargos y gastos corrientes. Una cosa es predicar y otra dar trigo, me dice el señor Chiquillo. Seguramente eso es verdad, siempre será así. Me parece que el Evangelio tiene muchas frases que no son fáciles de contrarrestar desde la experiencia. Pero dentro de que el trigo que demos no sea todo el que S. S. o incluso nosotros quisiéramos, vuelvo a insistir

Página 1386


en que hemos reducido en un 30 por ciento los puestos de directores generales y en 15 por ciento los de subdirectores generales, y vamos a continuar con los organismos autónomos y con los entes durante el mes de noviembre. Su señoría me contestará que no es suficiente, no sé si me lo va a decir, pero lo que sí le quiero informar es que, primero, son partidas considerables y, segundo, es la primera vez que se invierte la tendencia en este país al crecimiento de los altos cargos, la primera vez en mucho tiempo; desde luego, en los últimos trece años, eso seguro. Por lo tanto, estamos entrando en una nueva fórmula de entender la Administración central, con reducciones considerables de altos cargos, con reducciones considerables de lo que puede ser la oferta de empleo público, limitándola al 25 por ciento, con pasos decididos hacia la movilidad geográfica y funcional voluntaria. Yo creo que son pasos claros para responder a un principio, que la Administración central del Estado tiene que limitarse y tiene que empezar a pensar en reducirse sin que pierdan calidad los servicios públicos.
En cuanto a los gastos corrientes, hemos presupuestado una caída del 10 por ciento en el sector Estado. Ayer se nos decía por otro portavoz que eso va a ser imposible. No va a ser imposible, va a ser así, entre otras cosas porque la ley, que no sé usted pero sus compañeros del Grupo Mixto no han enmendado a la totalidad, nos va a obligar a hacerlo.
Por último, el señor Chiquillo me hace comentarios sobre la inversión en Valencia. De momento, los compromisos del metro y de los ferrocarriles valencianos, incumplidos en cuanto el Partido Socialista perdió las elecciones --desde luego llama la atención que unas partidas que estaban en el presupuesto dejaran de cumplirse en cuanto las autoridades autonómicas cambiaron de partido--, nosotros los vamos a mantener.
Segundo, en la autopista de Levante hemos hecho un claro esfuerzo, que además S. S. conoce, porque de un total de previsión de inversión de 37.000 millones, 30.000 millones están presupuestados en los años 1997 y 1998. Por lo tanto, me parece que hacemos un esfuerzo importante. El dato de inversión en la totalidad de la Comunidad Autónoma Valenciana es de 39.600 millones y comienzan todas las obras de infraestructuras. El señor Chiquillo hace bien probablemente en su posición de decirme que por qué no hay más. Yo lo entiendo, pero también creo que se hace bastante y se hace en un conjunto equilibrado de políticas de austeridad que me parece que son las que en este momento necesitan todos los ciudadanos y desde luego las necesitan comunidades económicamente tan dinámicas como la Comunidad Autónoma Valenciana.
Quiero, señor Presidente, agradecer en cualquier caso el debate y lo que pueda ser la réplica ahora por parte de los tres representantes del Grupo Mixto, así como su talante y sus aportaciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, muy brevemente, sólo para aclarar algunas cuestiones después de agradecer al señor De Rato lo pormenorizado de sus explicaciones.
En cuanto a la alusión por parte del Bloque Nacionalista Galego a la ingeniería, se refiere ni más ni menos a que cuando se mantiene un debate en el terreno de discutir sobre la inflación, sobre los tipos de interés o sobre la deuda pública en exclusiva está claro que se trata de un debate de ingeniería o de macroeconomía, pero que puede ser perfectamente fraudulento si no lo ponemos en contraste con la realidad.
En segundo lugar, en cuanto a la ilusión del aumento de la población activa, tengo que decir que realmente no ha cambiado el ciclo que estábamos viviendo para nada, que hay pequeños dientes de sierra dentro de una línea de estabilidad y que eso es muy preocupante.
En tercer lugar, con los ejemplos europeos que nos pone en cuanto a menor inflación, mayor estabilidad, menos tasa de paro, se le olvida decir una cosa importante: que son aquellos países que están manteniendo mejor sus sectores productivos dentro de la Unión Europea y en su relación con terceros países, algo que en cuanto al Estado español habría mucho que discutir. En el caso de Galicia, está clara la crisis violenta del sector pesquero, asi como el mantenimiento del sector agropecuario, gracias al esfuerzo del propio país, contra viento y marea, triunfando de momento, pero veremos lo que nos espera.
En cuanto a los tipos de interés, he de decir que son válidos si realmente sirven para que el pequeño consumidor y el pequeño y mediano empresario puedan llevar adelante sus proyectos. Pero eso está por ver, porque hay una tendencia hacia la inversión en cuestiones de carácter especulativo que es bastante preocupante.
Sobre el tratamiento fiscal, ya sé que discutido aisladamente da para todo tipo de gustos, de visión y de opinión. Pero hay una cosa clara y general: los impuestos indirectos, muchos de ellos imperceptibles para la mayoría de la sociedad, van por un camino y tarde o temprano nos gravan a todos. Desde luego, prácticamente la inmensa mayoría de la población está afectada por los relativos a seguros, mientras que está claro que la política del Gobierno es favorecer a las rentas de capital más altas.
Incluso cuando se habla del beneficio de las plusvalias. El 20 por ciento sale muchísimo más beneficiado que el 80 por ciento restante. En todo caso, esto hay que mirarlo en un conjunto de medidas, cuyo resultado se verá dentro de dos o tres años.
Para acabar, quiero decirle que el caso de Bazán, aparte del tipo de financiación que se va a seguir, que es muy problemático, siguen vinculándolo de forma

Página 1387


poco regulada a la producción militar. Eso también es un corsé.
También quiero advertirle de que cuando se intentan aplicar las mismas medidas a realidades diferentes, los resultados también son distintos. Yo no creo que el Estado español sea Dinamarca, Noruega o incluso Francia, para bien o para mal.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Agradezco también al señor Vicepresidente que haya detallado tanto las respuestas que ha dado a los comentarios de esta Diputada.
Voy a empezar por el final, según lo que me ha dicho respecto a investigación y desarrollo. El argumento que yo he expresado no era tanto el de cualificar si la investigación se tiene que efectuar en defensa o en investigación civil, sino que lo que estaba diciendo era que investigación y desarrollo es uno de los temas clave para tener una economía productiva. Y así lo están demostrando Alemania y Francia. Mi argumento era que aunque crece en términos reales, sin perjuicio de que además decía que lo era en investigación de defensa, sin embargo se está produciendo mayor distancia entre lo destinado a inversión en I+D en el Estado español y lo que se destina en países europeos. Entiendo que ése es un grave problema. Ahora si me apura y me lleva al detalle de qué me parece mejor, entiendo que la investigación civil --no sé si es mejor o peor--, cuando menos tiene una relación más directa en el tiempo con las empresas civiles, al menos con las que yo conozco en mi circunscripción.
Pero no estoy cualificando ni entrando a valorar si tienen que ser de defensa o civiles; estoy diciendo que esa distancia se va agrandando y que eso es lo grave de cara al futuro. No hay más que leer lo que dijeron Francia y Alemania días pasados sobre investigación y desarrollo.
Empresas públicas. Su presupuesto es voluntarista por cuanto consideran que ahora que han asumido la gestión todas van a ir bien. Por lo menos admita que alguna irá mal, con lo cual el aval lo tendrán que pagar. Lo mismo ocurre con los contratos de llave en mano en temas de obras.
Las tasas. No las cuestiono, pero como ha citado algunos ejemplos muy concretos, yo también aludiré a uno. La tasa por certificados de registro de últimas voluntades afecta a todos los ciudadanos, puesto que yo sepa se mueren todos los ciudadanos, aunque a lo mejor hay alguno que no.
Yo no digo que no haya que estudiar cómo aplicarlas en la actualidad, pero lo que está clarísimo es que la finalidad, hoy por hoy, es recaudatoria y no ha supuesto ninguna mejora ni en seguridad aeroportuaria ni de cualquier otro tipo, que es lo que estaba diciendo.
En cuanto al empleo dice que no pueden adoptar políticas para la certidumbre. Evidentemente. Yo no dudo de que hayan tomado algunas medidas para incentivar el empleo, ¡faltaría más! Lo que estoy diciendo es que así como se han ocupado de los criterios de convergencia, déficit, etcétera, que me parece muy bien, lo que no han hecho es un estudio detallado respecto a cómo van a afectar todas esas políticas al empleo o lo que llamamos una ficha de estudio del empleo. No digo que no hayan tomado ninguna medida, sino que quizás no tengan en mente la preocupación que tiene el ciudadano de la calle. ¿Por qué no se fomenta el consumo? Porque el ciudadano de la calle está preocupado por la precariedad en el empleo, por la incertidumbre y eso es lo que de una u otra manera hay que tratar de paliar. No digo que no se haga, pero digo que hay que tenerlo in mente más de lo que se tiene en estos presupuestos, en los que se está preocupado por una serie de criterios de convergencia formal sobre los que estamos encima. Pero no digo que haya que hacer política de certidumbre, sino que ése es un tema de los que más preocupan al ciudadano y por el que esta Diputada entiende que se produce un menor fomento del consumo y, por tanto, un menor desarrollo de la economía.
Hay dos temas a los que no me ha contestado y me gustaría que lo hiciera: En primer lugar, el porqué más de 3.000 millones de pesetas, de los 8.000 millones de pesetas de inversión que van a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se destinan a defensa e interior.
En segundo lugar, ¿por qué se pretende imponer desde el Gobierno central unos criterios de congelación salarial a administraciones públicas, como comunidades autónomas, que no tienen ese problema y que, además, pueden solucionarlo de otra manera menos injusta? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Chiquillo, tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Gracias, Señor Ministro de Economía y Hacienda por las explicaciones y por el talante de las contestaciones dadas a los Diputados del Grupo Parlamentario Mixto y, en particular, a este Diputado.
Cuando le recriminaba, entre comillas, lo de las dudas o incertidumbres sobre estos presupuestos me refería a lo que son los grandes datos y vuelvo a remarcarlo: hay ciertas dosis de inconsistencia en algunos de los datos de estos presupuestos. ¿A qué es debido? Se ha criticado que hay cálculos demasiado voluntaristas, aleatorios, dicen otros. Hay cuestiones en el recorte de inversiones, que también ha sido muy criticado, porque es muy importante que se mantenga un cierto nivel

Página 1388


de inversión pública, inversión real que modernice y haga competitivos todos los sectores productivos españoles.
Respecto a la presión fiscal, dejémoslo, porque va a ser un debate que empezó ya ayer sobre si sí o sobre si no; otra cuestión es la del disimulo de la deuda. Son los grandes datos macroeconómicos. Aquí hay veinte opiniones de veinte informes de institutos de predicción económica y en todos ellos figuran las previsiones de dos variantes muy importantes --la del crecimiento y la de la inflación para el año 1997-- que se alejan en algunos casos medio punto y en otros hasta casi un punto respecto a las previsiones optimistas, que ojalá se cumplieran. Por esto me refería a que la inconsistencia de algunos de sus planteamientos nos puede llevar a que en el primer trimestre del año 1997 haya recortes similares a los que el último Gobierno socialista hizo a los veintiún días de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 1995. Esa inconsistencia y esas dudas están ahí.
Respecto a la entrada del sector privado, bienvenida sea y si eso significa, en particular para la Comunidad Autónoma Valenciana, que los grandes retrasos en inversiones reciben una inyección extrapresupuestaria, vía capital privado --ya hace muchos años que empresarios valencianos están dispuestos incluso a cofinanciar el tren de alta velocidad Madrid-Valencia, etcétera--, bienvenido sea ese cambio en la política presupuestaria si es para mejor. Vamos a esperar a que dé sus resultados y cuando veamos que no los da se criticará, si procede, en su momento.
La cita de una cosa es predicar y otra dar trigo, no lo entienda sólo respecto a los altos cargos porque me refería, además, al recorte de gastos corrientes, a la reducción de las cotizaciones sociales, al recorte del 15 por ciento en las inversiones reales, que son cuestiones que ustedes planteaban al anterior Gobierno en su enmienda de totalidad a los presupuestos de 1995-1996, y ustedes han incurrido en los mismos errores que criticaban.
Referente a la presión fiscal, las tasas o el conjunto de la fiscalidad en el Estado español, usted dijo --y está recogido en el «Diario de Sesiones»-- que el sistema tributario y fiscal español había dado claras muestras de agotamiento, y usted ha incrementado las tasas, ha creado otras nuevas y ha creado un cierto panorama que ha despistado a los ciudadanos con tasas que salen o no salen, impuestos que suben o no, y llega un momento en que a ese agotamiento del sistema tributario y fiscal habría que añadirle el gran desconocimiento por parte de muchos ciudadanos sobre qué tasas sí, qué tasas no, qué impuestos suben y qué impuestos no suben. A esto han contribuido esos globos sonda que se han lanzado en los últimos meses, desde los medios de comunicación, sobre tasas, impuestos, contribuciones, precios públicos, etcétera.
Respecto a las inversiones en la Comunidad Autónoma Valenciana no voy a discutir los números, usted tiene unos y yo tengo otros. Son los presupuestos generales de 1997 resumen del anexo de inversiones reales regionalizadas, 0,3 por ciento Valencia, 12 por ciento Castellón, 46 por ciento Valencia; total, 20.885 millones de inversiones reales regionalizadas en el territorio de la actual Comunidad Autónoma Valenciana. Eso supone una caída en las inversiones de más del 50 por ciento respecto del último presupuesto aprobado por esta Cámara, el del año 1995, y el descontento y el malestar que ha causado este recorte brusco en las inversiones, muy superior al recorte en otras comunidades, es lo que nos ha hecho plantear esta enmienda, en el sentido de que consideramos este recorte y estos presupuestos injustos e insolidarios para con la comunidad valenciana. Ese es el tema.
Agradezco la cortesía de las contestaciones, esperemos que se mantenga durante el debate de las enmiendas parciales, ya que siempre pueden servir para mejorar lo que pensamos que es mejorable y siempre hay que estar abiertos a que todo se puede mejorar.
Por último, simplemente a título de ruego o súplica, si la Presidencia me lo permite, cuando se refiera a la autovía Madrid-Valencia, a la autovía de la comunidad valenciana, por favor, por respeto a la sensibilidad de los valencianos, no utilice la terminología autovía de Levante porque no nos sentimos identificados con esa denominación geográfica y climatológica.
Muchas gracia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muy brevemente, señor Presidente.
Al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, le diré que discutir de tipos de interés no es economía financiera, discutir de tipos de interés es lo que hace todo el mundo que tiene deudas o ahorros en los bancos. Yo no me considero ningún experto en economía financiera, pero veo claramente lo que me cobran los bancos por los tipos de interés y creo que eso le sucede a cualquiera de SS. SS. y al común de los mortales. Por tanto, yo diría que los tipos de interés ya son un elemento doméstico en la vida de los ciudadanos y, además, por suerte. Quiero decir que la gente está pendiente de lo que le pasa con sus créditos o con sus ahorros.
¿Que los impuestos indirectos gravan a todos? Sin duda. Pero también el IVA sobre la leche y el pan grava a todos. Su Señoría me dice que el impuesto que hemos establecido sobre los seguros grava a todos, sí es verdad. pero vuelvo a repetirle que es un producto de las compañías financieras que hasta ahora estaba tratado mucho mejor incluso que los productos esenciales

Página 1389


básicos de la familia española, lo cual nos parecía terriblemente injusto. Además, la razón por la que todo el resto de países de la Unión Europea tienen un impuesto indirecto sobre seguros es porque no están gravados por el IVA. En ese sentido, ya sé que los impuestos indirectos gravan a todos los que utilizan productos generales, pero hay productos esenciales y productos no esenciales, aunque todos utilicemos todos los productos, unos esenciales y otros no, pero el sector público, el Estado, puede discriminar respecto a qué impuesto pone a unos, cuál pone a otros o qué tasas fija para algunos de ellos.
Respecto a las rentas de capital insisto en que el impuesto de plusvalías no está afectando a las grandes rentas de capital de este país, ahí están las estadísticas. Es decir, la posibilidad de que el 80 por ciento de las plusvalías españolas declaradas sea de un millón de pesetas es cierta.
Si, a partir de ahí, consideramos que en este país las grandes rentas de capital se mueven por debajo de un millón de pesetas, realmente, estamos considerando un país que se da de bruces con la realidad que podemos ver por la calle.
Estamos hablando de que las personas sometidas a las plusvalías afectas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son las personas que no tienen alternativas para utilizar sus recursos a través de medios societarios, es el pequeño ahorrador. Y le hemos dado al pequeño ahorrador las mismas circunstancias de poder decidir en función de la rentabilidad que tienen en este momento los ahorradores que pueden utilizar medios más sosfisticados. Eso me parece que es esencial desde el punto de vista de equidad y desde el punto de vista económico, si queremos movilizar el ahorro en España y si queremos dar a los ciudadanos la oportunidad de colocar su ahorro en un mundo moderno en el que se producen oportunidades de ahorro en el mercado de capitales todos los días, de la misma manera que las pueden tener otros ciudadanos que puedan colocar sus bienes en fórmulas societarias, con un cúmulo de activos, de asesores o de instrumentos, ya que las plusvalías del ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene el 40 por ciento --vuelvo a decir, ahora entre paréntesis-- de las plusvalías que se declaran en España, son de 200.000 pesetas. ¿De qué estamos hablando, de que puede haber una persona que salga extraordinariamente beneficiada con esta norma? Lo dudo, porque no es tal. No construyamos discursos ético-tributarios sobre la espalda del ciudadano de a pie. Ya sé que es muy fácil hacer el discurso de los ricos y los pobres olvidándose de la realidad de que el 40 por ciento de las plusvalías que se declaran en España es por una cuantía menor de 200.000 pesetas. ¿Por qué no hacemos los discursos tributarios sobre la realidad de los ciudadanos? No vaya a ser que por hacer un discurso fácil, estemos condenando a una parte de los ciudadanos a una situación injusta desde el punto de vista tributario.
Señoría, la producción de Bazán es de fragatas. A S. S. no le gusta.
Primero, me parece que a S. S. le gusta más según se va acercando a Ferrol que cuando se acerca a Madrid, ésa es la impresión que tengo y lo comprendo. Pero lo que el Gobierno ha conseguido para mantener 16 millones de horas de trabajo en la factoría de Bazán de Ferrol son fragatas. Bienvenidas sean y, si puede venir alguna más, estoy seguro de que S. S. coincidirá conmigo en que son bienvenidas. Si pueden venir otros productos, también, pero no cabe duda de que una factoría que está funcionando, que está modernizando sus sistemas de producción, una factoría que puede mantener a sus equipos productivos perfeccionándose, que puede mantener funcionando a sus suministradores y a las pequeñas empresas que le suministran, es un factoría que está en el mercado y tiene posibilidades de conseguir otros pedidos. En ese sentido, creo que, al final, estamos todos bastante de acuerdo.
Para acabar, dice S. S. que España no es Francia ni Dinamarca. De eso se trata, no es que queramos ser ni Francia ni Dinamarca, pero sí nos gusta el nivel de solidaridad, el nivel de calidad de servicios públicos, el nivel de inflación y el nivel de estabilidad económica que tiene Dinamarca, por ejemplo, u Holanda. Creo que son países de los que tenemos cosas que aprender, no tendremos por qué aprenderlas todas, ni se trata de eso; nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias necesidades, nuestras ventajas y nuestros inconvenientes, pero hay cosas que podemos aprender de los demás, como hay cosas que podemos aprender entre nosotros mismos. En ese sentido, me parece que no nos perjudica para nada que nuestras metas las fijemos, en muchos de los objetivos económicos que tenemos, tomando como referencia los países más eficientes de Europa, entre otras cosas porque, la verdad, no vale la pena fijarlas en razón de los países menos eficientes.
La señora Lasagabaster dice que España tiene un déficit en investigación y desarrollo, y tiene razón. Sin duda, ése es un debate importante que habrá que trasladar a que una parte considerable de la investigación y desarrollo de nuestro país y del conjunto de los países europeos se va a hacer, cada vez más, a través del sector privado, y será cada vez más positiva una colaboración entre la empresa y la Universidad, en la que el sector público deje de ser un elemento de intervención. Medidas que permitan mejoras en las amortizaciones, medidas que permitan la actualización de balances, medidas que permitan la competencia de la empresa española para que tome conciencia en los mercados internacionales, todas ellas se dirigen a fomentar la investigación y desarrollo.
Estoy de acuerdo con S. S. en que nos queda un largo camino por recorrer, pero también es verdad que este año, un año de especial restricción presupuestaria, el Gobierno hace el esfuerzo de mantener los programas

Página 1390


de investigación y desarrollo, aunque no podamos resolver un problema que indudablemente es una de las grandes divergencias con esos países a los que hacía mención cuando contestaba al señor Rodríguez.
Dice S. S. que la tasa de últimas voluntades la pagamos todos. Bueno, siempre que tengamos algo que decir en última voluntad, sí, pero las tasas no se diferencian porque se apliquen a productos que no pagamos todos sino porque no son esenciales; ésa es la diferencia, no son esenciales. No sé si deberíamos de considerar esencial la tasa de últimas voluntades o está más allá de lo esencial. En cualquier caso, indudablemente podemos desafectar y entender que hay productos que deben ser sufragados por el conjunto de los contribuyentes, sin duda, pero mientras esos productos estén afectos a tasas, lo justo, lo equitativo y lo ético es que los que los usan paguen lo que valen; si no, estamos haciendo trampas en contra del conjunto de los contribuyentes. Si S. S.
cree que la tasa de últimas voluntades debe considerarse un servicio esencial, a lo mejor, el conjunto de los aquí presentes puede llegar a esa conclusión. No lo sé y es una broma, sin duda, pero quiero insistir, desde el punto de vista del principio, en que, en opinión del Estado, lo que diferencia a los productos que merecen ser sufragados por impuestos generales de los que son sufragados por pagos del usuario es que no son servicios esenciales.
La seguridad aeroportuaria ha mejorado en nuestro país, qué duda cabe. No hay más que ver la cantidad de máquinas que se están poniendo todos los días como consecuencia de las necesidades de seguridad aeroportuaria, y el Gobierno entiende que ésa es una seguridad que deben pagar los usuarios de los aeropuertos y no el conjunto de los ciudadanos. Es un debate abierto. Puede plantearse de otra manera, pero ésa es la única racionalidad que se puede encontrar e indudablemente es una racionalidad que tiene que ver mucho con la recaudación.
¿Cómo afectan todas las políticas a las políticas de empleo? Todas las políticas económicas que produzcan estabilidad, en opinión del Gobierno, claramente afectan a las políticas de empleo.
En cuanto a la inversión en el País Vasco, los datos que yo tengo en este momento es que está en 9.142 millones de pesetas. No puedo contestarle con exactitud al desglose de esa inversión, pero le remitiré una nota a la mayor brevedad posible.
No sé si había alguna otra cuestión.
El señor Chiquillo dice que hay una dosis de inconsistencia en los grandes datos. Yo no coincido con él. Creo que un crecimiento del PIB del 3 por ciento en 1997 es consistente con lo que está sucediendo en este momento y con la previsión del 2,5 por ciento para el conjunto de la Unión Europea. Piense S. S. que este año la Unión Europea va a crecer aproximadamente el 1,7 por ciento y que España va a crecer aproximadamente el 2,3 por ciento y, por tanto, estamos manteniendo nuestro potencial de crecimiento. En ese sentido me parece que no estamos haciendo una previsión voluntarista.
En cuanto a la previsión de inflación le diré que es una previsión ambiciosa, pero es a la que nos obliga en este momento el Tratado, y si queremos dar un mensaje inequívoco de que España va a formar parte de la integración monetaria debemos darlo con rotundidad. Por eso el Gobierno ha diseñado su política de precios regulados introduciendo la fórmula del IPC menos X que estamos aplicando al butano y a la electricidad y que vamos a aplicar a todos los productos. Por eso el Gobierno ha establecido claramente una negociación para estimular a las compañías petroleras a que reduzcan el precio del petróleo en España, aunque siempre teniendo en cuenta la evolución de los crudos y por eso ha diseñado su política de ingresos renunciando este año a aumentar en términos reales los impuestos sobre la gasolina. Además, el Gobierno va a seguir tomando medidas de lucha contra la inflación, porque coincido con S. S. en que es un objetivo ambicioso, pero imprescindible.
Dice que el sistema fiscal está agotado. Sin duda lo está y por eso hemos empezado a modificarlo. Por eso mantenemos la deducción del 15 por ciento, que otros grupos parlamentarios no comparten, en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero en lo que S. S., por lo que le he oído en otras ocasiones, está de acuerdo. Por eso mantenemos claramente una modificación de lo que debe ser el sistema fiscal que afecta a las pequeñas y medianas empresas y por eso hemos empezado simplificando las tarifas del IRPF y produciendo una pequeña reducción en la presión fiscal del IRPF, sobre todo en las rentas inferiores a dos millones de pesetas.
Dice que los ciudadanos no saben qué impuestos suben. Lo saben perfectamente. Saben que no les ha subido el IVA. Saben que nos les ha subido el IRPF. Saben que no están subiendo los impuestos importantes que pagan todos los días. Yo creo que los ciudadanos no tienen ninguna duda, porque los ciudadanos son racionales por suerte para ellos y sobre todo por suerte para el funcionamiento de este país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Concluido el debate de las enmiendas de totalidad, pasamos a la toma de posición de los grupos parlamentarios.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorías, el acuerdo de investidura y de gobernabilidad alcanzado entre el Partido Popular y Convergència i

Página 1391


Unió el pasado mes de abril, junto con los demás acuerdos del Partido Popular con la mayoría de fuerzas nacionalistas presentes en esta Cámara, permitió la investidura del Presidente Aznar y la formación de Gobierno.
La presentación y posterior apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 viene a ser la confirmación de aquellos acuerdos, por el hecho de que era precisamente en los presupuestos anuales donde se debían concretar muchos de los compromisos alcanzados con carácter previo al debate de investidura.
Desde esta perspectiva Convergència i Unió considera que el proyecto de ley de presupuestos para 1997, unido al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social y a los proyectos de ley de modificación parcial de la Lofca y de cesión tributos a las comunidades autónomas, cumple en buena parte los compromisos adquiridos por el Grupo Popular con este grupo parlamentario hace poco más de seis meses, requisito necesario para poder otorgar nuestro apoyo al proyecto de ley del Gobierno.
Para Convergència i Unió es preciso remarcar que la adecuación de estos proyectos de ley a esos acuerdos significa que avanzamos en la buena dirección, y lo vamos a señalar en relación a cinco grandes ámbitos abordados ya en los acuerdos iniciales de investidura.
Los presupuestos para 1997 contribuyen, en primer lugar, a la consolidación del Estado de las autonomías, al cumplimiento de los acuerdos de Maastricht, a reforzar el Estado del bienestar, a impulsar la economía productiva y a iniciar un conjunto de reformas estructurales.
Son cinco áreas prioritarias para Convergència i Unió, que determinan nuestro apoyo global a los presupuestos y el consecuente rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por los diversos grupos. Este apoyo global no evita, sin embargo, que consideremos que debían reforzarse o mejorarse diversos aspectos contemplados en los presupuestos, sobre los que vamos a presentar diversas propuestas de modificación a las que me referiré más adelante.
Nuestro apoyo, pues, a estos presupuestos reside en el hecho, en primer lugar, de que contribuyen, como decía, a la consolidación del Estado de las autonomías. Los presupuestos para 1997 asumen ya y sin demora la reforma del modelo de financiación autonómico para el quinquenio 1997-2001. No es ahora, en este debate, donde corresponde defender la reforma del modelo de financiación autonómica, pero sí es preciso destacar que los presupuestos para 1997 incluyen las previsiones del nuevo modelo, lo que nos permite avanzar en la corresponsabilidad fiscal y mejorar la estructura autonómica del Estado desde el instrumento de su financiación.
Los presupuestos que debatimos contribuyen al cumplimiento de los acuerdos de Maastricht. Probablemente la mayor responsabilidad de los presupuestos para 1997 sea cumplir con las exigencias de convergencia que nos impone Maastricht. Desde nuestro grupo parlamentario pretendemos descartar cualquier posibilidad de no cumplir este compromiso que nos alejaría de la integración en el euro y abriría un período de incertidumbre de efectos negativos muy superiores a los esfuerzos que ahora nos exigimos para garantizar nuestra integración.
Los presupuestos para 1997 prevén una reducción del déficit de las administraciones públicas del 3 por ciento del PIB, 2,5 para las administraciones centrales, y una disminución de la inflación del 2,6 por ciento, magnitudes que se ajustan plenamente a esas exigencias, permitiendo así que la peseta pueda incorporarse en el euro como moneda única a partir del 1.º de enero de 1999.
Consideramos que estos objetivos son plenamente alcanzables por la economía española, si bien en algunos casos pueden requerir políticas específicas más expansivas. Las previsiones presupuestarias que avalan la reducción del déficit y de la inflación contemplan un escenario optimista de rápido crecimiento económico, un 3 por ciento, que resulta fundamental para garantizar el aumento previsto de los ingresos y el control y austeridad en los gastos. Pero será positivo reconocer que si no se produce este crecimiento las finanzas públicas españolas pueden tener graves dificultades para evitar una desviación significativa al alza del déficit previsto. En esta coyuntura, consideramos que será conveniente complementar la política presupuestaria propuesta por el Gobierno con otras políticas, a las que nos referiremos más adelante, que permitan afianzar las previsiones de crecimiento económico. Estos presupuestos refuerzan el Estado del bienestar. Decíamos en el debate de investidura que afirmar que nuestros desequilibrios presupuestarios provean del Estado del bienestar era falso y que nuestro grupo parlamentario se opondría a cualquier política que se pretendiera en esa dirección. Los presupuestos para 1997 son austeros en el gasto pero no recortan las prestaciones del Estado del bienestar, al contrario, las garantizan y en algunos casos las incrementan. Las políticas de gasto social, pensiones, sanidad, educación y asistencia social absorben el 54,3 por ciento del presupuesto del Estado para 1997, es decir, 0,8 puntos más que en 1996 y 3,5 puntos más que en los presupuestos de 1995, lo que convierte este objetivo en una de las prioridades de los mismos. Precisamente son los presupuestos destinados a sanidad, que aumentan en un 6 por ciento, y los que se destinan al pago de las pensiones, que crecen en un 5,1 por ciento, con el fin de poder mantener el poder adquisitivo, los que reciben un mayor incremento de recursos. Hay que remarcar, en este sentido, que las pensiones mantienen todas ellas su poder adquisitivo y que incluso algunas de ellas, como las de viudedad o las de orfandad, mejoran por encima de ese índice o alargan su período de cobro. En definitiva, estos son unos presupuestos

Página 1392


en los que, cumpliendo los objetivos de déficit público con los que estamos comprometidos, el Estado del bienestar amplía y mejora sus prestaciones. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) También es cierto que hay gastos sociales que disminuyen, pero son precisamente las prestaciones por desempleo, y ésta es lógicamente una buena noticia, ya que se debe a la favorable evolución del empleo previsto para 1997. Los presupuestos prevén la creación de 240.000 puestos de trabajo y la reducción del paro en 137.000 personas. En este ámbito, señor Vicepresidente, echamos en falta dos cuestiones. En primer lugar, un mayor trasvase de recursos procedentes de políticas pasivas de empleo, subsidios de desempleo, para destinarlos a políticas activas, formación y ayudas a la creación de empleo, en línea con las políticas que aplican los demás países europeos. En segundo lugar, las ayudas a la familia. En los presupuestos para 1997 no hay avances en esta materia, por lo que emplazo al Gobierno para que, en la prevista reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aborde con la voluntad de primar el factor familiar, ya sea mediante la adopción del sistema splitting o del cociente familiar, ya sea mediante la introducción de verdaderas deducciones por hijo.
Los presupuestos para 1997 contribuyen a impulsar la economía productiva principalmente a través de dos vías. En primer lugar, a través de las políticas presupuestaria, fiscal y laboral. Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendemos que el principal activo, en la etapa de colaboración con el anterior Gobierno socialista, fue nuestra participación en el cambio de orientación que se dio a la política económica durante la última legislatura, con el fin de otorgar un mayor apoyo a la economía productiva. Resulta positivo recordar algunas de las modificaciones legislativas efectuadas en los años 1994 y 95, como la reforma laboral, la mejora de la fiscalidad para pequeñas y medianas empresas, los incentivos a la inversión o el nuevo Impuesto sobre Sociedades. Todas ellas contribuyeron a la reactivación de la economía española después de años de crisis, y todas ellas, junto con las primeras medidas que ha adoptado el nuevo Gobierno del Partido Popular, relativas a la actualización de balances, a la disminución de los rendimientos estimados en los módulos de IRPF o al cambio de tributación de las plusvalías, coincidirán en su aplicación a lo largo del año 1997, lo que constituirá un apoyo importante para la economía productiva, con el fin de mantener sus expectativas de inversión y de mejora de competitividad.
Al Grupo Catalán le congratula haber participado en este proceso durante la última etapa socialista y mantener la orientación en pro de la economía productiva en esta nueva etapa, bajo gobierno del Partido Popular.
El descenso de los tipos de interés es el segundo gran elemento de apoyo a la economía productiva, que resultará fundamental para garantizar un rápido crecimiento económico. El acuerdo presupuestario ha facilitado este descenso. Es cierto que, en los últimos meses, los tipos de interés españoles se habían aprovechado menos que los de otros países europeos de la favorable coyuntura internacional que invitaba a su reducción. Tanto las instituciones monetarias como los mercados fijaban en el acuerdo presupuestario el punto de inflexión para continuar la reducción de nuestros tipos de interés, y así ha sido. A principios de año, el diferencial de tipos de interés a largo plazo, a diez años, entre España y Alemania se situaba en 3,5 puntos; en el mes de agosto este diferencial había disminuido a 2,6 puntos y, con posterioridad al anuncio del acuerdo presupuestario y a la presentación del proyecto de ley de presupuestos, este diferencial descendió a 1,6 puntos para situarse hoy --como recordaba ayer el señor Vicepresidente-- en 1,76 puntos. El míbor a un año, en julio de 1995, estaba en el 10,27 por ciento y ahora está en el 6,60; es decir, 3,70 puntos inferior. Las letras del Tesoro a un año, en julio de 1995, estaban en el 10,27 y en estos momentos están en el 6,70, es decir, 3,6 puntos inferior. También las economías domésticas y empresariales se benefician de este descenso. En estos momentos hay instituciones financieras que ofrecen hipotecas en su primer año a tipos inferiores al 5 por ciento, algo absolutamente impensable hace sólo dos o tres años. Y la totalidad de productos financieros están experimentando una bajada de tipos de interés que invita a la inversión, pero también al consumo. Por ejemplo, un descenso de 2 puntos aplicado a tipos de interés de una hipoteca de 10 millones de pesetas, a 15 años, significa un ahorro mensual de 13.500 pesetas, lo cual, para rentas familiares netas de unas 190.000 pesetas al año, pongamos por caso, equivale a un ahorro del 7 por ciento de la renta, muy superior a cualquier incremento salarial esperado, ahorros que deberían contribuir a la reactivación del consumo; crecimientos del consumo y de la inversión que deben permitir alcanzar el objetivo de crecer al ritmo del 3 por ciento contemplado en los presupuestos para 1997.
También nuestro apoyo reside en el hecho de que estos presupuestos inician la aplicación de reformas estructurales. Los presupuestos asumen algunas de las decisiones más significativas que el actual Gobierno ha adoptado en relación a lo que venimos llamando reformas estructurales y que a medio plazo deberán configurar un Estado menos burocrático, más austero, menos voluminoso y con unas administraciones mejor interrelacionadas. En este campo lo que hay por hacer es mucho. En esta dirección irán nuestras propuestas. Sin embargo, resulta positivo constatar que en este primer presupuesto del actual Gobierno ya se han iniciado los trabajos en diversos grandes ámbitos que, a título

Página 1393


meramente enunciativo, podemos concretar en la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, avanzando hacia la corresponsabilidad fiscal; en el inicio de la aplicación de los Pactos de Toledo, y en este ámbito el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se felicita del amplio consenso, aunque no sea total, con el que se están adoptando las decisiones, y se congratula de la incorporación de los sindicatos al consenso político mediante el documento firmado entre sindicatos y Gobierno; en la adopción de una decidida política de privatizaciones en el sector político-económico, acompañada de la reducción de las transferencias a empresas públicas; y por último, en la apertura de la actividad inversora del sector público hacia la iniciativa privada.
Entraré ahora, señor Presidente, en los aspectos que nuestro grupo parlamentario pretende reforzar durante la tramitación parlamentaria.
Importantes y contundentes son las razones que nos impulsan a aprobar los presupuestos, pero también queremos manifestar al Gobierno nuestros recelos, que deberán ser también los suyos, y nuestras prioridades en aquellas cuestiones que a lo largo del trámite parlamentario debemos intentar mejorar.
En primer lugar, señor Vicepresidente del Gobierno, prioridad absoluta al cumplimiento presupuestario. El primero y más importante de los aspectos que conviene reforzar es el de cumplir estrictamente las magnitudes presupuestarias que en materia de gastos determine el Congreso de los Diputados. Los presupuestos deben aprobarse para ser cumplidos y, en esta materia, además de una legislación estricta --y a esto se dirige el proyecto de ley de disciplina presupuestaria que también hoy debatimos-- requerimos de una voluntad firme del Gobierno para hacerlo posible.
Quiero manifestarle claramente mis recelos sobre algunos de los esfuerzos de austeridad que presupuestan. Cuando en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios (alquileres, luz, teléfono, material de oficinas, etcétera), el Gobierno presupuesta una reducción del 10 por ciento sobre gastos que ya se habían reducido, teóricamente al menos, en ejercicios anteriores, sólo pueden ocurrir dos cosas: o se cierran oficinas públicas y se reduce la infraestructura de la Administración como consecuencia de una auténtica reforma estructural de racionalización de las infraestructuras de la Administración, reforma que aplaudiríamos, o estamos empezando a esconder los problemas bajo la alfombra. El crédito extraordinario de 721.000 millones, que aprobamos hace escasas semanas, contenía partidas presupuestarias tan significativas como los 52.000 millones de pesetas correspondientes a gastos en bienes y servicios del Ministerio de Justicia e Interior, referidos a energía eléctrica, teléfonos, alquileres, etcétera, que habían sido dejados al margen de los presupuestos. Es evidente que para reducir el importe de los alquileres que paga la Administración central, la sola voluntad de hacerlo no basta.
Es preciso desalquilar locales, reducir infraestructuras. En esta línea debo manifestarle que el Gobierno debe avanzar la reforma de la Administración, reforma profundamente estructural, hacia el modelo de Administración única contemplada en la Lofage, para afrontar una verdadera reorganización de la Administración central del Estado que permita la reducción real de los gastos.
Comentarios parecidos me gustaría hacer en relación a la reducción de transferencias corrientes presupuestadas para empresas públicas.
Convergència i Unió es partidaria de esta decisión, y en el presupuesto para 1997 éstas se reducen en unos 120.000 millones de pesetas, lo que representa un 29 por ciento de disminución. Pero detrás de este ahorro teórico para el Estado debe existir una auténtica reforma estructural del sector económico estatal, basada en una mayor eficiencia de las empresas públicas. En caso contrario, antes de acabar el ejercicio nos corresponderá corregir el error presupuestario con un nuevo crédito extraordinario que sería absurdo necesitar. Es más, resulta tan importante el compromiso de mantener la disciplina presupuestaria que podemos afirmar que el principal peligro que tiene la economía española para no alcanzar la convergencia que nos exige Maastricht no es alcanzar el ritmo de crecimiento del 3 por ciento, no es tampoco tanto corregir la inflación ni reducir los tipos de interés; el principal peligro es no cumplir estrictamente las previsiones que el propio Gobierno ha presupuestado, entre otras cosas porque ese no cumplimiento tendría influencia sobre los tipos de interés y sobre el nivel de inflación.
En consecuencia, aplaudimos la austeridad presupuestada, pero exigimos su cumplimiento. En esta cuestión, señor Ministro, me perdonará usted que desconfíe --lo hice del Gobierno socialista, lo hago ahora de su Gobierno y lo haría probablemente de cualquier otro Gobierno-- y quisiera sugerirle determinadas medidas a añadir a las que ayer usted mencionaba para que, no ahora, sino en el momento de liquidación del presupuesto, en los inicios de 1988, pueda usted con todo derecho decirme que quizá desconfié en exceso. En esta línea, señor Vicepresidente del Gobierno, le anuncio la intención de nuestro grupo de presentar iniciativas parlamentarias con el objetivo de controlar la efectiva disminución del gasto corriente en los diversos ministerios, y así le solicitaremos nos comuniquen, a 31 de diciembre, las decisiones tomadas en todos y cada uno de los diversos gastos corrientes de los distintos ministerios para conseguir esa reducción del 10 por ciento presupuestada en los gastos corrientes y su efectivo control con periodicidad mensual. Lo mismo pretendemos hacer, señor Ministro, con respecto a las transferencias a las diversas empresas y entes públicos.
Intentaremos también, señor Vicepresidente, a través del debate presupuestario, conseguir un mayor impulso

Página 1394


a las políticas de inversión, garantizando el aumento de inversión pública. Teóricamente la inversión pública es la gran perjudicada por el recorte presupuestario. Como usted mencionaba ayer, eso no es cierto. Las operaciones de capital del Estado, inversión más transferencias de capital, resultan inferiores a las del presupuesto base de 1996 en 128.000 millones de pesetas. Sin embargo, una parte de la inversión pública tradicional del Estado, en autovías, en el tren de alta velocidad, no está contemplada en el presupuesto, ya que será efectuada directamente por la iniciativa privada. Vendrían a ser unos dos billones de pesetas para los próximos diez años, que comportan una inversión media anual de 200.000 millones de pesetas. Este nuevo marco permite que la inversión pública en 1997 pueda ser superior a la de 1996, tal como pretendíamos desde Convergència i Unió, por lo que apoyamos también al Gobierno en esta decisión.
Donde debemos manifestar nuestras cautelas es en las vías y procedimientos para incorporar los sectores inversores privados a la inversión pública. Urge acelerarlos porque, en caso contrario, la inversión extrapresupuestaria no se realizará en 1997, bien por falta de tiempo, bien por falta de interés de esos inversores. También aquí, señor Vicepresidente, nuestro grupo tiene previsto presentar en el trámite de enmiendas diversas propuestas con el objetivo de impulsar y hacer efectiva esa participación y, en consecuencia, esa inversión real que tanto necesitamos para la creación de ocupación y para el cumplimiento del crecimiento económico presupuestado.
Deseamos también, señor Vicepresidente, favorecer la inversión en bienes de equipo. La inversión ha sido el motor de la reactivación alcanzada por nuestra economía durante los últimos años. En 1994, 1995 y 1996 ha sido la inversión en bienes de equipo la que ha mostrado mayor dinamismo. Para 1997 las previsiones del Gobierno apuntan a un crecimiento de un 12 por ciento en la inversión en bienes de equipo y de un 3 por ciento en la inversión en construcción. Sin embargo, y es una cierta contradicción, se reducen los incentivos fiscales para la adquisición de activos fijos nuevos, lo que afecta directamente a las inversiones de bienes de equipo.
Para el Grupo Parlamentario Catalán, pretender que los sectores económicos incrementen su inversión en porcentajes tan significativos y, al mismo tiempo, eliminar los incentivos que tradicionalmente se han venido otorgando a la misma, es excesivamente arriesgado. No podemos eliminar la deducción del 5 por ciento sobre inversiones en activos fijos; debemos mantenerla o, en caso contrario, compensarla con una revisión de las tablas de amortización o con la mejora de deducciones específicas, como mínimo, mientras el consumo siga en crecimientos moderados como los actuales. También aquí nuestro grupo se propone realizar propuestas concretas.
Un tercer capítulo, señor Vicepresidente, es la inversión en vivienda.
Obra pública aparte, es la inversión en vivienda la que tiene mayor incidencia en este sector. Con toda seguridad, los descensos de tipos de interés favorecerán la inversión en vivienda y en buena parte en vivienda propia. Pero en nuestro país tenemos una gran necesidad de disponer de un mercado de vivienda de alquiler que en estos momentos se encuentra en situación de subdesarrollado, perjudicando el acceso a la vivienda a los jóvenes y perjudicando también la movilidad geográfica de la población.
Estos presupuestos deben introducir estímulos fiscales para la construcción de viviendas de alquiler, y en esta dirección vamos a presentar algunas propuestas.
En este mismo campo de la vivienda, y contando con la significativa reducción de los tipos de interés, nos preguntamos si no es quizá llegado el momento de sustituir una política de subvenciones de efectos muy dilatados en el tiempo, que compromete de forma muy onerosa los presupuestos de años sucesivos, como hoy podemos comprobar; si sustituir, digo, una política de subvenciones por una política de fiscalidad más adecuada no es ya el momento de realizarlo o, como mínimo, un equilibrio más inteligente, más adaptado a la realidad de hoy del sector de ambas políticas: la política fiscal y la política de subvenciones. También en este capítulo deseamos realizar propuestas en el debate presupuestario que tengan en cuenta, obviamente, las disponibilidades presupuestarias; pero que tengan en cuenta también la importancia del problema social de la vivienda y el importantísimo papel de motor económico que este sector representa.
En estos primeros meses de gobierno el Ejecutivo ha cedido una parte muy importante de su iniciativa en política laboral y de creación de empleo a los acuerdos que puedan alcanzar sindicatos y organizaciones empresariales. Ha sido ésta una buena decisión, apoyada por nuestro grupo parlamentario, en busca de la concertación social y de la que estamos seguros de que se obtendrán acuerdos positivos. Sin embargo, en la coyuntura económico-laboral en la que nos encontramos, crear empleo es algo más que una necesidad. Es una urgencia. Crear empleo es una de las pocas vías capaz de garantizar el crecimiento económico que necesitamos.
Dicho de otra manera, las políticas antiinflacionistas, que debemos aplicar para situarnos en la senda que nos exige Maastricht, nos condicionarán a un crecimiento económico menor del que teóricamente podríamos tener en otras condiciones, por lo menos, durante un corto período de tiempo.
La política presupuestaria y de austeridad y contención del gasto público lógicamente también comportan una moderación a nuestro crecimiento económico. Estamos, por tanto, condicionados para la utilización de las diferentes políticas económicas que nos deben permitir crecer a ritmos del 3 por ciento anual. Sin duda que la bajada de tipos de interés es el principal estímulo

Página 1395


a este crecimiento, pero no podemos renunciar a la utilización de otros instrumentos de política económica, y menos a incrementar nuestra capacidad de generar empleo. Es bien cierto que en estos dos últimos años se está produciendo un hecho realmente esperanzador. Mientras que tradicionalmente la economía española era incapaz de generar empleo neto con crecimientos del producto interior bruto inferiores al 3 por ciento, en estos tres últimos años, 1994, 1995 y 1996, se ha creado empleo neto con crecimientos significativamente inferiores a esa cifra. Tanto la, en su momento, tan denostada reforma laboral de 1994 como una moderada política de rentas salariales han contribuido a ello, pero se ha de continuar en el esfuerzo. En esta línea plantearíamos dos recomendaciones. La primera está dirigida a trabajadores y empresarios.
En el sector público se ha establecido la congelación salarial como una de las principales vías para la reducción del déficit. El sacrificio que afrontan los funcionarios debería ser compartido, en parte, por los demás trabajadores. Cuando los precios industriales se incrementan a ritmos del 0,8 anual debería intentarse, por todos los medios, que los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos crecieran al mismo ritmo, como máximo, que la inflación. Sería una contribución importantísima a la creación de empleo.
Por lo que se refiere a la política laboral, en estos momentos estamos conociendo un continuo de sentencias judiciales que desautorizan la aprobación de convenios entre empresas y sindicatos en los que se flexibiliza, a nivel de empresa, convenios colectivos de ámbito superior.
Evidentemente, los jueces se limitan a interpretar la ley, con lo cual caemos en la contradicción de que incluso los acuerdos alcanzados por sindicatos y empresarios, en aras a una mayor creación de empleo, no tienen el suficiente marco legal donde ubicarse. Interlocutores sociales, Gobierno y grupos parlamentarios debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las modificaciones legislativas que debemos afrontar. Pero hagámoslo pronto, si puede ser antes de fin de año, porque crear empleo es la exigencia que la sociedad nos impone con mayor firmeza.
Un último apunte, señor Vicepresidente del Gobierno, hace referencia al reconocimiento de la insuficiencia de recursos que padece la sanidad pública. Coherentes con el pacto de financiación de la sanidad alcanzado en 1993, y válido hasta el 31 de diciembre de 1997, los recursos destinados a financiar la sanidad en el ejercicio presupuestario de 1997 crecen al mismo ritmo que el crecimiento nominal de la economía, un 6 por ciento, es decir, 4 puntos más que el crecimiento medio del gasto. Ese acuerdo preveía igualmente la introducción de medidas de racionalización del gasto que suponían, según la valoración del Ministerio de Economía y Hacienda del momento, un ahorro para el conjunto del sistema sanitario de 90.000 millones de pesetas/año del año 1994, en una primera etapa, y de 60.000 millones de pesetas/año más en una segunda etapa. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Esos 150.000 millones de pesetas/año de 1994, 180.000 millones de pesetas de hoy, de ahorro están contenidos también en el presupuesto de sanidad que hoy tenemos en las manos. Era el pacto sanitario vigente, como decía, hasta 1997, y es hasta cierto punto lógico que el Gobierno actual siga dando a la sanidad el tratamiento presupuestario impuesto por el Gobierno anterior. Es más, el presupuesto para 1997 introduce nuevas medidas de racionalización...


El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MOLINS I AMAT: Sí, señor Presidente.
Medidas de congelación salarial, disminución del margen farmacéutico y disminución del margen industrial que podrían valorarse, según parece, en unos 70.000 millones de ahorro efectivo que los presupuestos permiten interiorizar al propio sistema sanitario, es decir, que permitirán una mejor financiación del conjunto del sistema.
Como ya tuve oportunidad de señalar ante esta Cámara con motivo del debate de investidura, nuestra sociedad exige hoy un sistema sanitario con una calidad en las prestaciones que encajan difícilmente en los estrechos márgenes de incremento del gasto que las nuevas políticas sobre el déficit permiten. Pasados los momentos, propicios siempre a la demagogia, de una campaña electoral y su resaca consiguiente, esta Cámara debería ser capaz de encontrar, como lo fue en la legislatura anterior con motivo de las pensiones, el sosiego necesario para pactar con amplio consenso el futuro de la financiación del gasto sanitario. Nuestra sociedad nos reclama a gritos ese pacto, a nosotros que quizá con demasiados gritos hemos utilizado en exceso la sanidad para marcarnos tantos políticos. En la consecución de ese pacto nos jugamos también la pervivencia de un componente fundamental del Estado del bienestar.
Nuestro grupo ofrece toda su colaboración y compromete todo su esfuerzo en la consecución de ese objetivo en los trabajos de la ponencia creada en la Cámara con ese fin, y desearía encontrar en todos los grupos de la Cámara la misma actitud constructiva que se encontró en los Pactos de Toledo.
Hasta aquí hemos hecho referencia a cuatro grandes ámbitos de actuación presupuestaria que el Grupo Catalán considera que deben reforzarse: cumplimiento presupuestario, incorporación del sector público a la inversión pública, la economía productiva, fiscal y laboral, y la sanidad, con el reconocimiento del déficit y la definición de vías para su financiación. El último de los grandes ámbitos presupuestarios que deben reforzarse es el que va destinado a incentivar la mejora de la competitividad de la actividad productiva.


Página 1396


Para crear empleo, para garantizar el Estado del bienestar, para crear riqueza necesitamos una economía productiva competitiva. Hasta hace muy pocos años ese objetivo no estaba entre las prioridades de los gobernantes y, en la actualidad, todavía mantenemos una legislación poco adecuada para resolver muchos de los problemas que tiene la actividad productiva. La fiscalidad de las pymes o las ayudas a la exportación e internacionalización de la economía irían, señor Vicepresidente, en esta línea. En estos y en otros ámbitos orientados a mejorar nuestra competitividad, nuestro grupo parlamentario presentará enmiendas para intentar mejorarlos durante el trámite parlamentario. En síntesis, señor Presidente, señorías, sí a los presupuestos; sí a la previsión macroeconómica en los que se fundamentan; sí a la apuesta europea que asumen los presupuestos; sí al cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos que en este presupuesto se contemplan.
Para acabar, señor Presidente, se ha comentado a lo largo de este debate, fundamentalmente en el día de ayer y también lo ha recordado nuevamente el señor Vicepresidente esta mañana, la situación económica mundial con lo que se ha venido en llamar globalización de las políticas económicas.
El mundo se queda pequeño, el mundo es un único mundo y no existen políticas económicas que puedan hacerse deslabazadamente unas de otras.
La soberanía existe, nosotros podríamos decidir no entrar en Maastricht, pero la realidad económica nos castigaría por ello. Hoy las políticas económicas, debido a esa globalización, se fundamentan en la estabilidad como única garantía para el crecimiento continuado. Sólo la búsqueda de estabilidad, por tanto el abandono de políticas de desequilibrio para crecer, es la tesis de todas las economías del mundo, no para entrar en Maastricht, no para entrar en la Unión Monetaria. Todos, incluso los que están fuera de esa región económica del mundo, hacen y deben hacer una política que busque la estabilidad, que abandone los desequilibrios como política para crecer, entre otras cosas porque en caso contrario te pasan cuentas. Europa pretende precisamente eso, conformar un espacio de estabilidad, un espacio fuerte como única garantía del crecimiento continuado. Aunque sólo sea por el convencimiento de que, como ha escrito alguien, sólo hay algo peor que estar dentro de la Unión Monetaria Europea, que es quedarse fuera, todos deberíamos tener ese objetivo; aunque sólo fuera a través del argumento negativo de que sólo hay algo peor que estar dentro, que es quedarse fuera. Nuestra actitud no es precisamente esa. Nosotros queremos conformar con los países europeos la Unión Monetaria Europea, porque ese es y será un bloque estable como el que más, porque será un bloque fuerte como el que más, porque será un bloque capaz de crear riqueza como el que más, pero sobre todo porque será el bloque más justo, más libre y más solidario del conjunto del mundo. Nadie como Europa cumplirá las condiciones de solidaridad y de justicia; nadie lo hará. Por eso éste es un objetivo por el que vale la pena luchar. No es algo teórico, es algo real. Nuestra calidad de vida depende de que seamos capaces de cumplir ese objetivo. Por eso la Administración tiene hoy un enorme compromiso con la sociedad: controlar el gasto, impulsar la actividad económica para cumplir los objetivos de crecimiento. Pero ese es un trabajo fundamentalmente de la sociedad.
Permítanme, señor Vicepresidente del Gobierno y Grupo Parlamentario Socialista, ayer lucharon ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, por diferenciarse. No es que quiera yo aguarles la fiesta, pero creo que en estos últimos años las cosas se han hecho, y además han salido razonablemente bien. No podríamos hoy plantearnos el cumplimiento de los objetivos de Maastricht de no haberse hecho las cosas razonablemente bien en los últimos años. Por otra parte, la situación deja hoy muy poco margen de libertad si hay coincidencia en los objetivos. Al margen del debate político, que fue --insisto en ello-- enormemente interesante y constructivo, todos coincidimos en los objetivos, pero debemos ser capaces de transmitir a la sociedad un mensaje de búsqueda conjunta de ese objetivo, conscientes de que no sólo depende de nosotros el cumplirlos, sino del conjunto de la sociedad. Con esta petición acabo mi intervención, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins. Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como S. S. ha recordado, señor Molins, es una parte sustancial de los acuerdos de investidura la que se refiere a la política presupuestaria, a la política económica y a los compromisos que su coalición y el Partido Popular acordaron como los grandes objetivos no sólo de 1997, sino de esta legislatura. Dentro de ellos, la política presupuestaria y algunas otras cuestiones que van a ser objeto de debate en esta misma sesión forman parte de nuestros acuerdos, entre ellas la financiación autonómica. Por cierto, querría recordar que no es la primera vez que este proyecto de ley forma parte de la misma sesión en la que se discute una ley tan importante como la ley de presupuestos; no es la primera vez y seguramente no será la última, y no supone ninguna acumulación imposible de digerir por esta Cámara, no lo ha sido nunca y no creo que lo sea ahora.
Agradezco que el señor Molins y su grupo afirmen, como el Gobierno ha hecho, que vamos en la buena dirección. Efectivamente, creo que los acuerdos de gobernabilidad, acuerdos públicos, acuerdos escritos,

Página 1397


acuerdos que han sido explicados y que seguirán siendo explicados a la opinión pública por parte de los que los firmamos, han introducido a la política española en una dirección de estabilidad imprescindible. Y en ese sentido creo que la propia opinión que sobre nuestra estabilidad tienen hoy no sólo los mercados internacionales, sino lo que es más importante, los ciudadanos de españa, los ciudadanos de nuestro país, nos debe ratificar en que acertamos plenamente cuando establecimos aquellos acuerdos políticos. Yo creo que en este momento quienes los establecimos nos damos perfecta cuenta de cómo acertamos al hacerlos.
El señor Molins menciona, en primer lugar, la consolidación del Estado de las autonomías y el modelo de corresponsabilidad fiscal. Es verdad que éste es un debate que tendrá a lo largo de esta tarde y de mañana, según la previsión de la Mesa y la Junta de Portavoces, una mayor capacidad de extensión, pero quisiera mencionar que con el acuerdo del 23 de septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha dado un paso sustancial en lo que debe ser la profundización del Estado de las autonomías, lo que debe ser la corresponsabilidad fiscal, de manera que los ciudadanos puedan pedirles a sus gobernantes autonómicos responsabilidades no sólo en las decisiones de gasto, sino en las decisiones de ingresos. Y como tuve ayer ocasión de mencionar en una parte del debate, lo que se hace en el acuerdo de financiación autonómica es profundizar en las experiencias que ya había adquirido la financiación autonómica en españa. ¿Quiere eso decir que esas experiencias eran las únicas posibles? No, quiere decir que eran las nuestras. ¿Dónde se profundiza? En los impuestos cedidos y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se profundiza de manera equilibrada, se profundiza transmitiendo capacidad normativa pero garantizando, al mismo tiempo, que se va a establecer un juego de lealtad no sólo entre el Estado central y las comunidades autónomas, sino también de las comunidades autónomas entre sí. En este sentido, no dejo de sorprenderme de que pueda haber reticencias sobre la responsabilidad política y económica que puedan tener las comunidades autónomas en ejercicio de su capacidad normativa, y lamento que eso todavía pueda plantearse como un debate que afecta a los principios de cohesión o de unidad españolas.
Con respecto a Maastricht y al proceso de integración europea, coincido con S. S. claramente en que estos presupuestos garantizan esa evolución.
Me atrevería a decir, señor Molins, algo obvio pero que no he dicho todavía: los presupuestos se aprueban por esta Cámara, siempre será así y debe ser así, pero llegan a esta Cámara aceptados y juzgados por la opinión pública nacional e internacional. Siempre ha sido así y siempre será así. Estos presupuestos llegaron a esta Cámara con una opinión económica nacional e internacional y con una opinión social claramente distintas de presupuestos anteriores, y esa razón --que ayer no era el momento probablemente de exhibirla, porque podría parecer que el Gobierno llamaba en su ayuda a quien no puede votar aquí-- es muy importante.
Estos presupuestos han dotado de credibilidad a la economía española, estos presupuestos han permitido que españa se halle cada vez más lejos de lo que se dan en llamar los países periféricos --entre los que tantas veces, en una comparación injusta política y económicamente, se nos sitúa-- y se nos vaya ubicando entre los países que están teniendo grandes posibilidades y para los que la integración en la moneda única es una gran oportunidad. españa es un país que puede compararse en situación de beneficio con otros países. En este momento, españa es un país con un potencial de crecimiento superior al de otros países de la Europa integrada. Por tanto, españa puede beneficiarse, si tiene condiciones de estabilidad, de mejoras de la competencia respecto a otros países, y ése es nuestro desafío, ése es nuestro claro desafío.
El señor Molins ha recordado que estos presupuestos garantizan el cumplimiento del déficit con la disminución del gasto y con la necesidad de completar esto con otras políticas. ¡Qué duda cabe! Estamos entrando en una nueva etapa de definición política, de definición de políticas económicas que no se va a acabar ni en uno ni en dos años. Trataremos de conseguir la estabilidad económica de nuestro país ampliando las posibilidades de empleo y de competencia de nuestro tejido productivo, respondiendo a los desafíos de la economía mundial y mejorando la calidad de nuestros servicios públicos para siempre. Ese es un camino de perfeccionamiento que nunca vamos a modificar y en el que se están dando pasos importantes.
Los presupuestos refuerzan el Estado del bienestar y deben hacerlo. Una sociedad cohesionada, una sociedad en la que se produzcan elementos de bienestar y de cohesión es el complemento imprescindible de una sociedad en la que haya elementos de competitividad y de eficacia. Así lo ha dicho su partido, y así, desde luego, lo hemos dicho nosotros, y creo que es un consenso general en lo que podríamos llamar el modelo europeo de crecimiento. Pero el modelo europeo de crecimiento no puede basarse en políticas cada vez más orientadas a condenar a las personas a establecerse para siempre en posiciones de subsidio; el modelo de bienestar europeo tiene que ir buscando mejores fórmulas que cada vez produzcan mayores incentivos entre los ciudadanos para prosperar por su propio esfuerzo y, si no pueden hacerlo, darles cobertura para que puedan hacerlo sin proteger situaciones de abuso. Este presupuesto se mueve en esa dirección claramente, manteniendo y mejorando prestaciones sociales, pero incentivando al mismo tiempo las políticas activas, incluso la participación de los sectores no estatales en la configuración de la política social.


Página 1398


Creo que en este presupuesto no abordamos todo lo que quisiéramos abordar, pero sin lugar a dudas mi grupo está comprometido con la evolución de las ayudas a la familia, que es un debate que debe plantearse en el futuro, y el marco la de evolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas me parece perfectamente adecuado.
Su señoría también ha hecho referencia a la economía productiva. La pujanza de las exportaciones, la reducción de los precios industriales, nuestra capacidad para competir internacionalmente, nuestro sector turístico, que es el segundo del mundo y que está manteniendo esa capacidad año tras año desde 1994 a 1995, todo ello demuestra claramente que tenemos un sector productivo que cuando se le ha dado la oportunidad de competir, cuando se le ha sometido a procesos de reforma y liberalización, ha dado una respuesta de gran dinamismo. La economía española está otra vez creciendo por encima de la media europea y debemos incentivar que eso siga así. En ese sentido, las medidas que se han tomado en esta Cámara, con el respaldo del grupo al que S. S. representa, con respecto a la actualización de balances, a las plusvalías, al incentivo de una nueva fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas, son medidas esenciales en esa dirección. También coincido con S. S. en la importancia que tiene para la vida de los ciudadanos la reducción de los tipos de interés y su papel imprescindible desde el punto de vista de la reactivación de la inversión y del consumo y de la estabilidad de las expectativas.
Reformas estructurales. Este país necesita muchas reformas estructurales.
Hemos comenzado debatiendo algunas y se está consiguiendo incluso un consenso que inicialmente no se tenía respecto a las telecomunicaciones, a las reformas del suelo, a las reformas del funcionamiento de la economía, y debemos continuar por ese camino.
No cabe duda alguna de que la financiación de las comunidades autónomas es un paso en esa dirección. Uno de los grandes elementos positivos que tiene la economía española es precisamente su configuración autonómica, que permite que haya una sana expresión, a veces plural y distinta, de las diferentes maneras de resolver los mismos problemas. Qué duda cabe de que el paso que se ha dado en los acuerdos a los que S. S. ha hecho mención, y que nosotros estamos desarrollando, de que la política social activa pueda tener manifestaciones plurales y ejemplos plurales en el conjunto de españa es un elemento positivo desde el punto de vista español. Los Estados centralistas, los Estados que pretendan mantener políticas uniformes para todos sus problemas a nivel de todas sus regiones, de todos sus territorios, son Estados que no están resolviendo sus problemas con la misma eficacia que Estados que tienen mucha más flexibilidad. En ese sentido, y dejando aparte consideraciones políticas o de otra índole, desde el punto de vista económico no debemos tener miedo a tener una economía flexible y también una Administración flexible en nivel de eficacia y en nivel territorial. Lo es también el Pacto de Toledo con los sindicatos; creo que ahí se produce una aproximación y un efecto de madurez de la sociedad española. Lo decía ayer refiriéndome a las declaraciones de otra persona; no es simplemente que los sindicatos hayan madurado. Probablemente esta Cámara debe pensar que también ha madurado, y debemos preocuparnos por nuestra propia maduración, porque seguramente los demás se preocupan por la suya. En ese sentido, coincido con S. S. en que es un elemento positivo.
Me plantea S. S., como no podía ser de otra manera, que, además de las coincidencias, existen prioridades que S. S. y su grupo van a incrementar, a subrayar; por ejemplo, el cumplimiento estricto del presupuesto. Todo lo que podamos hacer en esa dirección, todo lo que sea impulsar y respaldar al Gobierno en esa dirección, todo lo que sea garantizar la efectividad de nuestras cuentas públicas no sólo será bien recibido, sino que me parece imprescindible.
Es verdad, como dice S. S., que tenemos que hacer un esfuerzo considerable en el capítulo II, sin duda, pero también es verdad que algunas de las modificaciones que ya están contenidas en estas leyes, como es la vinculación de los gastos de tracto sucesivo, harán muy difícil que no tengamos que cumplirlo, y también es verdad, como dice S.
S., que todos y cada uno de los ministerios están estudiando ya fórmulas de variar su funcionamiento, de reducir sus gastos generales y de llevar a cabo claras políticas de austeridad, que no se diferencian mucho de las políticas que adopta cualquier ente privado, incluso cualquier familia, cuando tiene que enfrentarse a políticas de austeridad. Las menciones que ayer hice a la política de compras y a la política de inmuebles, la paralización de cualquier alquiler nuevo, de cualquier compra nueva de inmuebles en la Administración central del Estado hasta que seamos capaces de conocer cuál es el stock con el que contamos, cosa que hasta ahora se desconocía, y seamos capaces de tomar decisiones de ubicación distinta para los servicios públicos centrales, es un camino en la misma dirección que el que estamos tomando en la simplificación y reducción de los altos cargos, que --lo anuncio ya-- durante el mes de noviembre se extenderá a los organismos autónomos y entes públicos.
Su señoría me dice que desconfía del ahorro que podamos producir en las empresas públicas. Yo creo que en este presupuesto ya hay elementos que indican claramente la voluntad del Gobierno, por un lado, de mantener unos niveles salariales con subida cero durante 1997 en las empresas públicas deficitarias y, por otro lado, de desterrar esa división según la cual hay empresas que están condenadas a ser siempre deficitarias.


Página 1399


Hay empresas que no están condenadas a ser deficitarias y no deben serlo, sino que, en el futuro, con su posición en el mercado, deben contribuir a compensar las pérdidas o las aportaciones que todos los españoles, a través del Estado, hemos hecho en ellas a lo largo del tiempo.
El mantenimiento de la inversión pública a través de fórmulas extrapresupuestarias, con aportación de las privatizaciones y también con aportación del sector privado. Coincido con S. S. y es intención del Gobierno poner en práctica esas fórmulas lo antes posible para que esos impulsos del sector privado puedan jugar su papel desde el primer momento. Las enmiendas de su grupo, si van en esa dirección, serán estudiadas con toda atención.
En cuanto a la inversión en bienes de equipo, es verdad que reducimos los incentivos generales, pero no es menos cierto que eso se hace en un cuadro de actualización de balances --mejora, por tanto, de las oportunidades de inversión--, de la nueva aplicación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, extraordinariamente importante, y, sin duda, de la intención del Gobierno de buscar fórmulas que puedan incentivar la inversión en áreas concretas o mejorar la situación de las amortizaciones. Desde el punto de vista de la vivienda, el Gobierno mantiene la inversión en vivienda que preveía el plan firmado con las comunidades autónomas. Creo que el debate sobre qué debemos hacer para incentivar la política de vivienda, flexibilizando, por un lado, los mecanismos que permiten su financiación e incentivando, por otro, la existencia de viviendas en alquiler, es un debate esencial en la sociedad española y, en ese sentido, coincido con S. S.
Con respecto al empleo --lo he dicho varias veces y lo ha reiterado S.
S.--, la relación entre PIB y empleo ha mejorado y se está produciendo además, por primera vez en mucho tiempo, la aparición de empleo estable.
Plantea S. S. un tema políticamente muy importante, que es dar pasos para conseguir empleo estable que tengan un respaldo jurídico suficiente desde el punto de vista de las leyes y de los derechos individuales que son respetados por los tribunales. La posición del Gobierno en esta tema es conocida y yo la reitero: creemos que el consenso entre los interlocutores sociales, los mismos que firman esos acuerdos a los que se refiere S. S., debe permitir que esos acuerdos puedan tener vigencia jurídica. En ese sentido, el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que ese consenso que es tan positivo para la sociedad española, que se manifiesta en la moderación salarial, que se manifiesta en el Pacto de Toledo y que se puede manifestar en otros muchos aspectos de movilidad funcional y geográfica, en la desaparición de algunos costes ya inasumibles por las empresas españolas, como vemos en los nuevos convenios, un consenso que permite esos acuerdos a nivel de empresa y a los que S. S. hace referencia, sea capaz de producir las modificaciones que nos garanticen el aumento de la estabilidad en el empleo. Desde luego, el Gobierno está trabajando en esa dirección.
Con respecto a la sanidad pública, sin duda el Gobierno aporta en estos presupuestos, además del cumplimiento del pacto de 1994, cantidades importantes que mejoran la financiación de la sanidad pública. Hay un debate que está abierto, un debate que no se puede abrir simplemente diciendo que el Gobierno anterior, como ayer se dijo --S.S. no lo ha dicho pero ayer se dijo--, a última hora estaba dispuesto a reconocer que donde había dicho una cantidad bien podría haber dicho otra. Me parece que la sanidad pública se merece algo más que ese tipo de matizaciones.
El Gobierno, entendiendo que la sanidad pública en sus acuerdos de financiación de 1994 requiere de mejoras financieras, aporta este año 44.000 millones desde el punto de vista de la restricción de salarios, 26.000 millones desde el punto de vista del acuerdo con Farmaindustria y una cantidad importante que se va a producir gracias al acuerdo sobre el decreto de márgenes con los colegios farmacéuticos. A partir de ahí, el Gobierno, con el respaldo de los grupos parlamentarios, ha planteado una ponencia en la Comisión de Sanidad para llegar a un acuerdo, un acuerdo que tiene una fecha límite. A finales del año que viene, dentro de doce meses, deberíamos tener, tenemos que tener un acuerdo de financiación del Sistema Nacional de Salud para el futuro. Pero yo creo que algunas de SS.
SS. tienen la ambición de que ese acuerdo se produzca antes, probablemente como consecuencia del acuerdo anterior. Pues bien, el Gobierno no tiene ningún inconveniente en tenerlo antes, el Gobierno no tiene ningún inconveniente en trabajar con los grupos parlamentarios para que en un plazo razonable, en el que se puedan discutir las opciones y en el que se pueda conocer la realidad, no sólo del Sistema Nacional de Salud, al que representa el Gobierno central, sino del que representan también las comunidades autónomas, podamos tener una visión de la realidad de la que partimos y hasta dónde nos queremos dirigir. Por lo tanto, el Gobierno está plenamente dispuesto a que, como consecuencia de los acuerdos de la ponencia, podamos empezar a debatir y a cerrar acuerdos que afectan a un sistema de financiación sanitario que es imprescindible robustecer y es imprescindible garantizar. Y robustecerlo desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, consiguiendo mejores acuerdos con la industria o con los distribuidores, pero también mejorando el funcionamiento de la sanidad pública en beneficio claramente de los ciudadanos.
En cuanto a las iniciativas de competitividad, creo que algunas han sido tomadas, otras deben ser tomadas y otras se contienen en estos presupuestos, pero desde luego la reducción de la inflación es un tema esencial y el Gobierno quiere dedicar sus máximos esfuerzos desde el punto de vista de los precios regulados,

Página 1400


desde el punto de vista de la lucha por la competencia, desde el punto de vista de la flexibilidad de mercados para conseguir que la inflación en España se acerque a la inflación de los países con los que tenemos que competir.
Su señoría ha efectuado un análisis sobre la política de estabilidad en Europa --coincido con usted-- y al final ha hecho una afirmación política sobre el grupo que respalda al Gobierno y el primer grupo de la oposición. No voy a entrar en discusiones con el señor Molins sobre los debates que tengo con el representante del Partido Socialista, porque me parece que sería excesivo para todos.
¿Las cosas se han hecho razonablemente bien? Mire, señor Molins, si quiere saber mi opinión --ya que lo ha planteado en un turno que me corresponde, por lo menos puedo dar mi opinión-- le diré que las cosas se han hecho todo lo razonablemente bien que cabría esperar, teniendo en cuenta de dónde venían. Sí, señorías. Todos somos conscientes de quién ha evolucionado en política económica y, aunque yo no tenga por qué recordar nada a nadie, está claro en qué dirección se mueve la mayoría de esta Cámara con respecto a la política económica. Está claro que las políticas de estabilidad, de reducción del déficit, de financiación ortodoxa del mismo, de reducción de la presión fiscal sobre la economía productiva están en la dirección de unos determinados partidos y, cuantos más seamos, mejor.
Todavía se van a producir debates importantes. Ayer, en el debate general de la primera parte de este proyecto de ley de presupuestos, quedaron muchas cosas por decir. Desde luego, desde el punto de vista de algunos grupos, parece que la tributación de las pequeñas y medianas empresas en España no debe modificarse. Ahí va a haber una gran diferencia y creo que no sólo en este momento va a haber mayoría para modificarla, sino que me atrevería a decir una cosa, señor Molins: dentro de unos años todavía seremos una mayoría más amplia porque algunos de los que parecen tener reticencias, dada su capacidad de evolución en los últimos años, aún tienen mucho tiempo para sorprendernos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Molins tiene la palabra.


El señor MOLINS I AMAT: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Simplemente deseo agradecer desde la tribuna al señor Vicepresidente del Gobierno su respuesta y hacer un par de comentarios a su intervención.
Tiene razón cuando dice que estos presupuestos han venido a la Cámara, sin desmerecer para nada el trámite parlamentario, con una cierta aprobación por parte de los mercados. Pero quisiera recordar --yo, al menos, quisiera quedarme con eso-- lo que el Gobernador del Banco de España decía hace unos días. Venía a decir algo así como que eso no sea flor de un día. Comentaba cómo había descendido la evolución del diferencial del tipo de interés. Yo mismo lo decía desde la tribuna. Hoy está en 1,70 y la semana pasada estaba en 1,80. Después de haber bajado a 1,60 subía a 1,80 simplemente por unos comentarios de unos señores del Bundesbank, y usted lo sabe. Es decir, que la gloria es efímera si no hacemos cada día un esfuerzo continuado. Ese era el objetivo de mi intervención, señor Vicepresidente del Gobierno. Ahora hemos elaborado unos presupuestos que cuadran negro sobre blanco, que cuadran con suficiente garantía como para que los mercados los hayan aprobado, aunque el examen se realiza cada día. En eso prefiero pecar de ser desconfiado, porque creo que es en lo que de mayor ayuda le podemos ser desde nuestro grupo parlamentario. Vamos a ser exigentes con el Gobierno porque ése creemos que es el papel que nos corresponde, y lo hacemos con sumo gusto.
Debemos pasar el examen cada día; el examen no es en junio de 1998; el examen es diario. Y en la primera oportunidad que la realidad diga y confirme que no hemos sido capaces de cumplir las políticas presupuestarias, se nos exigirán cuentas. Por eso, señor Vicepresidente, queremos corresponder --pensamos que es nuestro papel-- en el cumplimiento del control del gasto y en el impulso de la inversión, en el que también nos jugamos mucho. Y en eso el Gobierno, tanto en la inversión pública como en la privada, tiene mucho que decir.
Para acabar, señor Vicepresidente, quiero hacer un comentario. Creo que le he dado dos posibilidades para explicar la evolución de las cosas durante estos últimos años: porque se han hecho bien o porque las cosas han salido bien. La realidad es --insisto-- que hoy no podríamos plantearnos el cumplimiento de las condiciones de Maastricht si no estuviéramos en unas determinadas condiciones como para poder dar ese paso. Nos queda un paso largo, hay quien dice que menos largo, incluso, del que ha de dar Alemania. Alemania, para dar ese paso, tiene huelgas, y el señor Kohl no es un masoca que busque las huelgas por disfrutar; hace las cosas porque no tiene más remedio que hacerlas para cumplir con Maastricht, y en Francia las tienen también para cumplir con Maastricht.
Nosotros no las hemos necesitado. Por suerte, el esfuerzo que se pide a nuestros ciudadanos es suficiente para estar en Maastricht sin necesidad de hacer determinadas cosas mucho más duras, como ocurre en otros países de nuestro entorno, curiosamente. Nadie lo pensaba, pero es así.
Está en nuestras manos que los mercados, que son los que confirman unas políticas u otras, sigan confiando en nosotros. Por eso hay que ser tan enormemente riguroso en el tiempo. Sin embargo, no me preocupa si ha sido porque se haya hecho bien, porque

Página 1401


haya salido bien o porque nuestra sociedad, que creo es lo más importante, está trabajando bien. Se está produciendo esa conversión en la forma de pensar, en las actitudes de las personas, que va en ocasiones mucho más allá de las actitudes de los Gobiernos. Eso se está produciendo, pero, sea lo que sea, en este momento --y en ese me quiero quedar, señor Vicepresidente-- existe un amplísimo consenso en esta Cámara, que quiere decir que existe un amplísimo consenso en nuestra sociedad, en la necesidad de hacer el esfuerzo por alcanzar la estabilidad económica como único camino para lograr la continuidad en el crecimiento, en la creación de empleos; ese consenso existe en la sociedad y ese esfuerzo vale la pena. Y es en ese esfuerzo en el que deberíamos, deslindando las cosas que nos desunen, unir nuestras fuerzas para conseguir con la sociedad, que es la que ha de conseguirlo, esa conjunción con los objetivos de Maastricht que son no simplemente unos objetivos teóricos, sino aquellos que deben permitirnos vivir en la sociedad más próspera, justa y solidaria del conjunto de la economía mundial.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la política económica y social que debe contener los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año está condicionada por un objetivo con el que coincide la práctica totalidad de las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales y la sociedad en general. Este objetivo es cumplir con los criterios de convergencia nominal de Maastricht y poder acceder a la Unión Monetaria, dentro de los países elegidos, en la primavera de 1998.
Sin embargo, esta convergencia necesaria debe enmarcarse más como un medio que como un fin, puesto que en definitiva lo que debe proporcionar la entrada en la Unión Monetaria, y más en concreto el proceso de construcción europea, es que los países integrantes consigamos un crecimiento estable de nuestras economías que garantice un crecimiento del empleo y, en consecuencia, un mayor nivel de bienestar.
Ante esta situación, ningún país que pretenda estar en la moneda única en 1999 se puede permitir gobernar sin presupuestos, ni soportar la situación de incertidumbre que produciría en los mercados internacionales este hecho. Si bien consideramos que estos presupuestos y su ley de acompañamiento son mejorables, creemos que la responsabilidad política ante el bien común de todos los ciudadanos del Estado exige un esfuerzo de las fuerzas políticas por anteponer esta prioridad a planteamientos partidistas o de estrategia. Tenemos que ser conscientes de que ya este ejercicio en que nos encontramos carece de presupuesto; de que estamos, por tanto, en prórroga presupuestaria, con lo que conlleva de imprevisiones, de incertidumbres y de dificultades en la gobernabilidad.
Tenemos que ser conscientes de que hemos perdido la oportunidad de haber adelantado el esfuerzo de ajuste presupuestario que en este momento nos estamos proponiendo; esfuerzo presupuestario que, repito, se debería haber hecho en años anteriores, y no se ha hecho. Bien es cierto que nuestro Grupo Parlamentario fue uno de los que rechazó los presupuestos para 1996 presentados por el Gobierno anterior, pero en aquella ocasión tenía plena justificación política y económica, y creo que ha quedado suficientemente demostrado.
Los sectores productores, el sector financiero, los mercados, los inversores, la economía en general, necesitan medidas adecuadas de política económica: necesitan un marco económico de actuación basado en la estabilidad política y social. Los Presupuestos Generales del Estado son una de las herramientas más importantes para conseguir este objetivo.
Por tanto, con más razón que en otros ejercicios necesitamos unos presupuestos para 1997; unos presupuestos que cumplan los objetivos señalados dentro de un marco estratégico creíble y realizable. Esta es la razón fundamental por la que nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad, lo cual no significa que, como he dicho anteriormente, existan aspectos mejorables, e incluso planteamientos y medidas criticables, algunas de las cuales me van a permitir SS. SS. que, a pesar del tiempo, les relate brevemente.
En primer lugar, el marco económico de referencia para el Gobierno, y en el cual ha de moverse para fijar las líneas maestras de su política presupuestaria, se encuentra dentro de un contexto, a nivel europeo, de políticas presupuestarias sumamente restrictivas, marcadas principalmente por esfuerzos de ajuste fiscal y contención de la inflación. En este sentido, hay que destacar el esfuerzo de ajuste que presentan estos presupuestos para 1997. El Gobierno ha conseguido elaborar unas cuentas públicas en las que el déficit primario arroja un resultado positivo importante, cercano al billón y medio de pesetas, que permite enjugar, en parte, la carga financiera de la deuda y reducir, consecuentemente, el déficit público hasta el 2,5 por ciento del producto interior bruto. Este resultado, siempre que se cumplan las previsiones presupuestarias y no suceda como ha sido habitual --y éste es uno de los mayores problemas--, que los ingresos previstos no alcancen mientras que los créditos de gastos resulten insuficientes, permite concebir esperanzas sobre el cumplimiento por el Estado español del criterio de convergencia relativo al déficit público al finalizar el ejercicio de 1997.
Respecto al ajuste previsto en estos presupuestos, realizados con la impronta de Maastricht, se hace necesario,

Página 1402


sin embargo, hacer algunas puntualizaciones que nos preocupan por su posible repercusión en el futuro. Por un lado, la evolución de la economía del Estado, que durante este año nuestra síntomas de cierto estancamiento debido a la ralentización experimentada por la demanda interna y a la casi nula aportación del sector exterior.
Las previsiones de cierre apuntan a un leve repunte del consumo privado y de las exportaciones, que pueden situar el crecimiento económico en torno al 2,3 por ciento. Esta situación nos hace pensar que quizá sea demasiado optimista, lo cual no quiere decir que no vayamos a intentar conseguir que la previsión del crecimiento llegue al tres por ciento de nuestra economía. Y también en este aspecto hay que tener en cuenta las estimaciones realizadas por la OCDE, que en la última previsión revisaba a la baja y auguraba un crecimiento de la economía del Estado del 2,7 por ciento, siendo para el conjunto de la Unión Europea del 2,5 por ciento.
Por tanto, las perspectivas económicas parece que, en principio, pueden tener algunas sombras de credibilidad. Sin embargo, también parecen más optimistas de cara al futuro, ya que para los próximos años podrán evolucionar dentro de una moderada y paulatina recuperación, aunque existen, y existirán, grandes dosis de incertidumbre, precisamente por la entrada en la construcción europea.
Por otro lado, es posible que se produzca un aumento de la presión tributaria, con un crecimiento superior al producto interior bruto, en la imposición indirecta, no sólo por haberse creado nuevas figuras tributarias sino también por una previsión de crecimiento del ocho por ciento en la recaudación sobre el Impuesto del Valor Añadido. La evolución de esta última magnitud --me refiero a la recaudación del IVA-- está muy relacionada con el crecimiento económico, en particular con el consumo, que, de no acabar de despegar, no va a permitir el avance recaudatorio previsto, máxime cuando se esperan tasas de crecimiento elevadas de la formación bruta de capital y de las exportaciones, las cuales pueden incidir negativamente en los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Más importante nos parece el hecho de la contención del gasto y, además, que éste haya recaído fundamentalmente en los créditos destinados a la inversión, por los efectos que ello puede tener en el proceso de modernización y de convergencia real hacia los países comunitarios y en un avance del consumo más moderado del inicialmente previsto. Esto nos preocupa verdaderamente, señor Vicepresidente del Gobierno. Si por fin se converge, la política monetaria la fijará el nuevo Banco central; las empresas tendrán que ganar cuotas de mercado compitiendo en precios y en calidad y esto requiere más inversión pública y más inversión privada; inversión pública en infraestructuras, en transportes, en comunicaciones, en investigación y desarrollo, actuando así de reclamo para la inversión privada.
La estrategia de reducir el déficit público debe tener muy presente que gran parte del desequilibrio presupuestario tiene un enorme componente estructural, ajeno a la evolución del ciclo económico. Ello significa que no podemos confiar en conseguir un equilibrio presupuestario duradero sin tomar medidas de carácter estructural. No se puede confiar en rebajar la carga de la deuda únicamente en los descensos de los tipos de interés, ni es posible congelar indefinidamente los salarios del sector público, ni puede continuarse reduciendo la inversión pública. Para evitar que el cumplimiento del criterio de convergencia en materia de déficit público, recogido en este proyecto de presupuestos, se convierta en algo ilusorio y pasajero, se hace necesario adoptar medidas que permitan atajar la parte estructural del déficit público y que garanticen la continuidad del camino que hemos emprendido. Por tanto, deben redoblarse los esfuerzos por corregir los problemas de fondo que tiene nuestra economía, máxime cuando nos encontramos en una coyuntura favorable. Sin ellos, el clima de confianza y credibilidad que estos presupuestos han generado en los agentes económicos se romperá, produciéndose fenómenos especulativos como los ocurridos en la primavera del año 1995, y de esta forma pueden truncar los avances hacia la convergencia de Europa.
Es evidente que para reducir el déficit público, requisito ineludible para superar este examen de Maastricht, no hay más alternativa que reducir los gastos y aumentar los ingresos. La intención es buena, pero, por lo que a los ingresos tributarios se refiere, las cifras previstas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado parecen excesivamente optimistas, con un efecto multiplicador en la recaudación de más de un punto sobre el producto interior bruto, esto suponiendo que se cumpla el cierre previsto en el ejercicio en curso, otra de las incógnitas que tenemos.
Se está confiando excesivamente en que el alza recaudatoria será una consecuencia lógica de la mejoría económica. Es cierto que a nivel europeo, incluso mundial, se está saliendo de la última etapa de estancamiento, por lo que creemos que podemos ser optimistas en ese aspecto. Sin embargo, la evolución prevista para 1997 es, simplemente, de una moderada y paulatina recuperación, no tanto como lo que esperábamos.
Por tanto, éste será uno de los aspectos que habrá que ir siguiendo en cuanto a la evolución de la economía internacional y ver cómo puede afectar en este aspecto a la economía del Estado.
Hablando de déficit y de ingresos tributarios, me voy a detener en las tres figuras impositivas más importantes, que son las que, de alguna forma, van a estar sustentando los ingresos tributarios.


Página 1403


Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se prevé para el conjunto del impuesto un incremento interanual del 6,8 por ciento, por encima del registrado en los ejercicios anteriores, pero todo este incremento se centra exclusivamente en las retenciones por rendimientos de trabajo, puesto que el resto de los apartados se incrementa ligeramente con respecto al año 1996. Esto lleva a que las cifras de retenciones citadas se incrementen por encima del 8 por ciento interanual, incremento que difícilmente va a alcanzarse porque existen algunos factores que pueden incidir en él, como puede ser la deflactación de las tablas o la creación de empleo que, si es un empleo temporal y poco cualificado, puede repercutir de alguna forma en una menor cuantía de las retenciones; también puede influir la congelación salarial propuesta en el sector funcionarial. Todos estos aspectos hacen que pueda ser difícil cumplir los objetivos de recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
También se dice que el Impuesto sobre Sociedades se va a incrementar un 8,5 por ciento. Esta cuota diferencial neta debe incidir a la baja en el impacto de la nueva normativa que ha entrado en vigor el año 1996, conforme a la cual se presentarán las primeras autoliquidaciones en 1997, pero es que el peso más fuerte del incremento radica en las retenciones sobre rendimientos de capital, que recoge en torno al 30 por ciento de la recaudación por este concepto, mientras que el 70 por ciento restante se integra en el Impuesto sobre la renta.
Finalmente está el Impuesto sobre el Valor Añadido, que prevé también un incremento recaudatorio superior al registrado en los ejercicios anteriores, pero, dado que no están previstas subidas en los tipos impositivos, todo el incremento recaudatorio por el IVA debe provenir de la evolución de la actividad económica.
Si estos indicadores que nosotros estamos manejando apuntan hacia una recuperación del consumo favorecido por la creación de empleo y la contención de la inflación, no parece factible que este relanzamiento del consumo sea especialmente importante y que la actividad económica en general pueda propiciar un incremento tan alto en la recaudación del IVA.
Esta es una de nuestras incógnitas en este momento.
Resumiendo. Sin subida de tipos de los tres impuestos, el incremento previsto en la recaudación tributaria para 1997 sólo puede provenir del empuje de la actividad económica, de la mejora de la gestión y del mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
No quisiera dejar de comentar --porque al margen de los presupuestos también hay otros proyectos de ley que estamos debatiendo en estos momentos-- algunos aspectos que me preocupan y que preocupan a todos los ciudadanos. Me refiero a la situación del desempleo.
La previsión de creación de 237.700 nuevos puestos de trabajo puede parecer un objetivo que para el nivel de paro de nuestra sociedad sea poco ambicioso, aunque reconocemos que está ajustado a la previsión de la evolución económica y a la capacidad actual del mercado laboral, pero en los cuatro últimos años estamos reduciendo a duras penas la tasa de desempleo, un punto por año. Esto significa que todavía estamos por encima del doble de la Unión Europea y éste es un grave problema. Sin embargo, este problema no se solucionará si no profundizamos en medidas estructurales de la economías liberalizando más los sectores monopolísticos, reforzando la fiscalidad, estableciendo un sistema tributario que redistribuya mejor la riqueza y que impulse el sistema productivo, propiciando una mayor competitividad de las empresas, reformando el mercado laboral para dotarlo de mayor flexibilidad y, desde luego, acometiendo decididamente una reforma intensa de las administraciones públicas.
Además, resulta indispensable propiciar un gran pacto social que vincule la actitud ante el empleo, no sólo de la Administración y de otros poderes públicos, sino también de los agentes sociales y económicos; un pacto social que armonice sectorial y territorialmente una política de rentas dirigida a la creación de empleo, que posibilite actuaciones de distribución de beneficios ajustada a los requerimientos de los diferentes sectores, que posibilite crecimientos de salarios acordes con la evolución de la productividad de cada sector; un pacto que permita profundizar en la reforma laboral de las leyes 10, 11 y 14 de 1994.
Otro capítulo importante al que no quiero dejar de referirme es, dentro de los gastos presupuestados, el correspondiente al gasto social que contempla el incremento del 2,6 por ciento en las prestaciones económicas para los pensionistas. Con esta medida se da cumplimiento al acuerdo recogido en el Pacto de Toledo sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que ha sido suscrito recientemente en el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de UGT y Comisiones Obreras. Creemos que era necesario dar esa seguridad y esa garantía que, aunque ya estaba recogida, de esta forma no deja ninguna duda hacia los pensionistas.
En último lugar, me merecen especial atención las medidas de disciplina presupuestaria que se contemplan tanto en el proyecto de ley específico como en el proyecto de ley de acompañamiento. Si importante en todo presupuesto es su contenido económico, no lo es menos su grado de ejecución y la transparencia de su gestión mediante el cumplimiento estricto de las normas contables públicas y de las emanadas de la Ley General Tributaria.
Después de los últimos acontecimientos conocidos, principalmente los que dieron motivo al Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, por el que se concedían créditos extraordinarios por importe de 721.000 millones

Página 1404


de pesetas, el Gobierno ha adelantado una serie de medidas de modificación de la Ley General Presupuestaria con el fin de introducir mayor rigor y mejorar la gestión del presupuesto. Ahora, con estas modificaciones normativas, se intenta, por una parte, corregir situaciones detectadas por la Intervención General del Estado y en las que se pusieron en evidencia anticipos realizados pendientes de formalizar, obligaciones que estaba previsto atender pero que, por diversos motivos, no se tramitaron los créditos extraordinarios correspondientes y obligaciones generadas en ejercicios anteriores sin imputación presupuestaria.
Por otra parte, se introducen modificaciones en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para corregir situaciones con tratamiento deficiente en la realización de obras de emergencia y expropiaciones por el procedimiento de urgencia, para lo cual se corrige la Ley de Expropiación Forzosa.
Entendemos que tanto estas modificaciones como las introducidas en el capítulo de gestión de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social vienen a reforzar el control de algunas situaciones producidas que estaban fuera de una ortodoxia contable. Sin embargo, desde el punto de vista de la técnica legislativa, no entendemos por qué se han realizado modificaciones en dos proyectos de ley distintos.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego concluya.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino enseguida, señor Presidente.
Decía que no entendemos por qué se han realizado modificaciones en dos proyectos de ley distintos, el de acompañamiento y el de disciplina presupuestaria, que se tramitan conjuntamente --lo estamos haciendo hoy--, cuando además afectan a los mismos textos legales. Me refiero a la ley de acompañamiento cuando modifica el artículo 61.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria referente a compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, y lo mismo se hace en el proyecto de ley de disciplina presupuestaria, pero con otra redacción distinta. Por cierto, nos gusta más la redacción que viene en la ley de acompañamiento.
También encontramos algunas incongruencias con las modificaciones del artículo 63.1 de la Ley de Contratos del Estado; pasa algo parecido, dado que la disposición adicional primera de esta ley establece su carácter básico, salvo el último inciso, y ahora se ha añadido un párrafo final.
¿Cómo queda establecida esta situación en cuanto a la disposición adicional primera? Pensamos que se debía de derogar.
Por lo demás, nos parece adecuada la redacción del artículo 146.4 de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, y también nos parecen adecuadas las modificaciones introducidas en la Ley de Expropiación Forzosa. Coincidimos en que era necesario revisar esta normativa. Sin embargo, estas medidas no son suficientes. Ha llegado el momento de que el Gobierno envíe a las Cortes la reforma de la Ley General Presupuestaria. Pero, además de actualizar y adaptar esta normativa a las necesidades de control de las cuentas públicas, es necesario revisar los objetivos de funcionamiento de la Intervención General del Estado --competencia del Gobierno como fiscalizador interno-- y del Tribunal de Cuentas, como fiscalizador externo. Ambos organismos no están respondiendo hoy a las exigencias de un control presupuestario adecuado, por lo que desde aquí pido al Gobierno una reforma en profundidad de ambos organismos y, fundamentalmente, del Tribunal de Cuentas.
Decía que no es suficiente con la reforma de la Ley General Presupuestaria y tampoco con las reformas de los organismos de fiscalización que acabo de mencionar, porque, en definitiva, estos instrumentos no tendrán eficacia si en la Administración no se introducen criterios de rigor y de eficiencia y no se proporciona al Parlamento información transparente para su conocimiento y control.
Finalmente, señor Presidente, señorías, decía que nuestro Grupo Parlamentario no presentó, por los motivos que he dicho al principio, enmienda a la totalidad. En este momento estamos debatiendo enmiendas de totalidad de otros grupos, y a este respecto, al margen de las razones esgrimidas al principio de mi intervención y después del análisis de los presupuestos, existen razones que están en relación con los motivos que han inducido a los grupos parlamentarios a solicitar la devolución de estos presupuestos al Gobierno. Desde nuestro grupo respetamos esa decisión, pero no encontramos elementos de peso suficiente como para apoyar estas enmiendas si contraponemos en la balanza los aspectos negativos, incluso las consecuencias irreparables de una inestabilidad política y económica en unos momentos críticos como en los que nos encontramos y como los que se nos avecinan.
Es evidente que la práctica totalidad de las fuerzas políticas coincidimos con los objetivos de los presupuestos, por tanto, en este aspecto no hay discrepancias. Podemos coincidir en la crítica a determinados planteamientos, y algunos ya los hemos apuntado; en concreto, las dudas que tenemos sobre el posible cumplimiento del crecimiento en un 3 por ciento del producto interior bruto. Somos críticos también con los recortes en inversión pública y proponemos corregir, a través de enmiendas, la distribución de fondos, priorizando proyectos o reequilibrando su distribución geográfica. Sin embargo, no compartimos las críticas generalizadas de algunos grupos a las recientes medidas económicas del Gobierno. Tampoco compartimos la permanente e insistente culpabilidad en el aumento del gasto como consecuencia del avance en el sistema

Página 1405


de la financiación de las comunidades autónomas, algo en lo que algún grupo está, permanente y cicateramente, presionando e insistiendo; no lo compartimos. Tampoco compartimos el rechazo frontal al proceso de privatizaciones. Entiendo que éste debe de efectuarse con prudencia, con planificación y transparencia, asegurando el verdadero objetivo que se persigue, pero no compartimos el rechazo frontal al mismo. De igual forma, creemos que no tiene suficiente justificación el rechazo a las medidas fiscales...


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, ha superado con creces su tiempo. Le ruego que concluya en un minuto.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino en un minuto, señor Presidente.
De igual forma, creemos que no tiene suficiente justificación el rechazo a las medidas fiscales en su globalidad, y menos las que se refieren, en el orden tributario, al apoyo al sistema productivo, como son la actualización de balances y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas.
En algunas enmiendas de totalidad se señala que existe obsesión con el objetivo de reducción del déficit público; puede parecer que así sea. En cualquier caso, dada la trascendencia y el significado de esta magnitud macroeconómica, no es malo estar tan preocupados por la regeneración de las cuentas públicas.
En definitiva, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario, tras el debate de las enmiendas a la totalidad, como he dicho anteriormente, y en la defensa que de ellas han hecho los grupos que las han presentado, no encuentra razones de peso suficiente, por lo que anunciamos nuestro voto en contra de las mismas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Zabalía. Coincido con S. S. plenamente en que la convergencia no es un fin, sino que es un medio, y que, al final, lo importante --creo que se ha tratado mucho a lo largo del debate-- es la necesidad de acercarnos a posiciones cada vez de mayor estabilidad macroeconómica. En ese sentido, precisamente la relación entre confianza y estabilidad es un círculo no vicioso, sino lo contrario, un círculo virtuoso que nos aleja de círculos viciosos tradicionales en nuestra economía, que estaban más bien orientados a la inestabilidad y el ajuste.
De eso es de lo que, en este momento, la economía española debe huir y coincide, como no podía ser de otra manera, con lo que el conjunto de las economías más prósperas de Europa están intentando realizar también.
Coincido con S. S. --lo dije ayer y lo digo hoy-- cuando ha dicho que es el ajuste que en años anteriores no se hizo. De lo que no cabe duda es que el cien por cien del ajuste presupuestario hay que realizarlo entre los años 1996 y 1997 y, en este sentido, me parece que huelga cualquier manifestación sobre las políticas presupuestarias anteriores.
En este presupuesto --lo mencioné ayer en mi discurso y quizá no fue suficientemente resaltado después, en el debate--, como consecuencia del ajuste del gasto y de la contención del déficit --hasta el 2,7 por ciento en la Administración central y el 3 por ciento para el conjunto de las administraciones públicas--, se produce un importante superávit primario, que va a permitir que, por primera vez en mucho tiempo, el stock de deuda decrezca --muy ligeramente, pero decrezca-- con respecto al producto interior bruto, lo cual es un paso también sustancial en la confianza del futuro de la economía española.
Sobre el crecimiento, S. S. manifiesta que el 3 por ciento para 1997 es una posición optimista. Yo creo que hemos de calcular que si este año la economía española va a crecer aproximadamente 0,8 puntos de diferencia positiva con las economías europeas; si la economía alemana está en un proceso claro de recuperación (los efectos de la economía alemana sobre el conjunto de las Comunidades Europeas son conocidos); si las economías grandes, como la economía británica, se encuentran en un proceso de asentamiento y de crecimiento, en un proceso claro de disminución de sus desequilibrios; si el conjunto de Europa está en un proceso de caída de la inflación y de caída importante de los tipos de interés, estamos adentrándonos en un proceso de estabilidad que irá manifestándose cada vez con mayor claridad.
Estas reformas estructurales que se están planteando en todos los países para conseguir que se mejore la eficacia de la economía, indican que en España, con una caída de los tipos de interés como la que se está produciendo y con una caída de la inflación subyacente, si perseveramos en políticas estructurales de reforma; si se mantiene un ambiente de consenso y de negociación social que permita unos incrementos salariales moderados y en relación con la productividad; si, al mismo tiempo, intensificamos la presencia de nuestras empresas en el exterior, y si damos una clara sensación de que la estabilidad macroeconómica se producirá por el lado del presupuesto y no por el lado de la política monetaria, creo que estamos claramente coadyuvando a un crecimiento que no me parece que deba ser muy distinto del que fija el cuadro macroeconómico del Gobierno, habida cuenta de las previsiones de crecimiento en Europa.
Su señoría, después, ha hecho un análisis de los impuestos, diciendo que ahí puede radicar una debilidad

Página 1406


del presupuesto. Quiero insistir en una idea que expuse ayer y que quizás, como consecuencia del debate, pudiera haber quedado un poco desdibujada. Tanto en el IVA como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 1996 se está produciendo un incremento considerable de las devoluciones, lo cual hace que la recaudación en 1996 aparezca minorizada con respecto a lo que podría ser una serie homogénea de los últimos años. Hemos hecho un esfuerzo para que las devoluciones de los años 1995 y 1996 se estén produciendo en este momento. En ese sentido, quiero decir que las cifras homogéneas demuestran un crecimiento menor de los tributos.
Desde el punto del IVA, quiero decir a S. S. que ya se está produciendo una recuperación clara en la recaudación del IVA en estas últimas semanas, que indica probablemente la recuperación del consumo, la recuperación de la economía y la eficacia del sistema productivo y de la lucha contra el fraude.
Desde el punto de vista del IRPF, no cabe duda de que la política de aumento del empleo, además de los efectos de las devoluciones, creo que justifica las previsiones del Gobierno. Y desde el punto de vista del Impuesto sobre Sociedades, no cabe duda de que el aumento en un 25 por ciento de los pagos a cuenta de dicho impuesto en las sociedades más importantes, en las grandes sociedades, va a ser un elemento crucial, como lo va a ser también el pago del 3 por ciento como consecuencia de acogerse a la actualización de balances.
Coincido con S. S. en que el desempleo es el tema importante y básico del futuro de la economía española; que es imprescindible enfrentarse a él con medidas estructurales, no sólo dirigidas al mercado laboral sino dirigidas a la descentralización de las políticas activas; dirigidas también a movilizar recursos en telecomunicaciones y en suelo; dirigidas, asimismo, a mantener una competencia a ultranza en el sector de los precios regulados, en el sector financiero. Todo eso contribuye a la eficacia de la economía y, como consecuencia, todo eso contribuye a crear empleo.
Coincido con S. S. en que la reforma laboral para conseguir un empleo más estable debe provenir de un consenso posible, y yo creo que plenamente posible. En ese sentido, el Gobierno está trabajando en ello y creo que todos debemos coadyuvar en lo que se pueda en esa dirección.
En cuanto a la disciplina presupuestaria, S. S. ha manifestado que el hecho de que haya en dos leyes un tratamiento del artículo 61 debería obligar al Congreso, y yo coincido, a unificar ese tratamiento en una sola de las leyes, que debe ser la ley de disciplina presupuestaria. En ese sentido, desde luego, mi grupo va a proponer que la medida de modificación parcial del artículo 61, que está en la ley de acompañamiento y que se refiere a las obras que se pagan en una sola vez, al final de su proceso, se incorpore a la ley de disciplina presupuestaria, que no es más que el anticipo de una nueva Ley General Presupuestaria; nueva Ley General Presupuestaria que el Gobierno debe presentar durante el próximo período de sesiones y que, indudablemente, debe ser la base del futuro de los presupuestos en nuestro país.
Yo creo que todos somos conscientes de que, después del anuncio de la aparición de unas obligaciones no reconocidas en el presupuesto de 1995, era imprescindible dar una respuesta de confianza al conjunto de los mercados y de la sociedad española, y que la ley de disciplina presupuestaria, que la mayoría de los grupos parlamentarios, con excepción de uno, comprensiblemente, respaldan, es una ley que viene a garantizar que las prácticas presupuestarias de ejercicios anteriores no podrán repetirse en 1997.
Creo que con ello he dado respuesta a muchas de las cuestiones que ha expuesto S. S. También ha planteado la importancia de que la inversión pública colabore con la inversión privada en el mantenimiento del esfuerzo inversor en el año 1997 y sus dudas sobre las previsiones del Gobierno para bienes de equipo. El conjunto de efectos de mejora de costes de las empresas y de márgenes; la reactivación del consumo; la disminución de los tipos de interés; el claro panorama, cada vez más amplio, de estabilidad de la economía española y la mejora de las expectativas, junto con la mejora del empleo, nos indican que claramente existe un impulso creciente en la evolución de los bienes de equipo, como también existe un impulso creciente en la recuperación de la construcción, a la que el Gobierno tiene que coadyuvar, por un lado, con su política de inversión pública o de vivienda, y, por otro lado, con todos los esfuerzos que va a realizar respecto a las mayores flexibilidades posibles en el mercado de hipotecas.
Estudiaremos detenidamente sus enmiendas, pero quiero agradecer el tono de la intervención, y también el respaldo que supone a la política presupuestaria del Gobierno el rechazo de las enmiendas de devolución.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El Señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a intervenir brevemente en nombre del Grupo de Coalición Canaria. Ya he pactado con el señor Presidente que mi intervención va a ser breve, porque seguro que eso ayudará a recibir el agradecimiento de los señores Diputados a estas alturas del debate. (Algunos señores Diputados: «¡Bien, bien!») Ya sabía yo que iba a tener una aclamación favorable a mi breve intervención.


Página 1407


Mi grupo sale a expresar el apoyo a estos presupuestos, y consecuentemente su voto negativo a las enmiendas a la totalidad, en la medida en que entendemos que estos presupuestos son coherentes con el discurso de investidura que pronunció el Presidente del Gobierno y con los compromisos que el Partido Popular y Gobierno popular han adquirido con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En aras a la brevedad y a la concisión, voy a huir de los artificios técnicos y de las brillanteces dialécticas que tanto han proliferado a lo largo del debate de estos presupuestos. Mi intervención va a ser muy breve, pero política, porque entiendo que los presupuestos, en último término, son la expresión contable de un conjunto de decisiones políticas. Voy a explicar muy brevemente qué decisiones políticas entiende mi grupo que hay detrás de estos presupuestos y por qué las apoyamos.
La primera decisión que tenía que tomar este país era la de si de verdad respondemos al compromiso europeo. No es que unos señores en Maastricht o los guardianes de la ortodoxia de los bancos centrales europeos en Frankfurt decidan que hay que ir hacia la convergencia europea. Europa, esquemáticamente, está en un desafío mundial. Es un desafío de una economía globalizada, de una economía abierta, de la competitividad, etcétera. Europa y los países que componen la Unión Europea toman la decisión de aceptar ese desafío a través de dos normas básicas: primero, el equilibrio, el saneamiento y la modernización de sus economías y, segundo, una decisión clave, el mantenimiento del Estado de bienestar.
Europa puede aceptar la competitividad internacional, pero no a costa de modelos asiáticos o de otro tipo, sino de un modelo que defiende la cohesión social como un elemento de la competitividad, lo que el Presidente Aznar llamó en el discurso de investidura el bloque constitucional del Estado de bienestar.
Ante esa decisión europea, España toma la misma decisión: estar en el proceso de convergencia, en el equilibrio y el saneamiento de su economía, pero defendiendo el Estado del bienestar. Esa decisión tiene detrás un problema político muy serio. Y ese problema político es el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para hacer los ajustes necesarios de sanear nuestra economía y, al mismo tiempo, mantener el Estado de bienestar? El gran problema --ya lo decía en mis intervenciones en los últimos años desde esta tribuna-- es que este país está perdiendo un recurso escaso y muy importante, que era el tiempo. Y ahora tenemos que hacer, en año y medio, un ajuste en unas condiciones muy difíciles. Nos han dejado una deuda pública, un déficit público, una inflación, una situación económica, unas empresas públicas con un déficit importante y tenemos que ajustar todo esto. El ajuste en año y medio se puede hacer desde dos posiciones: una, conservadora (el Grupo Socialista ha estado haciendo esfuerzos notables desde sus artificios dialécticos para decirnos que la propuesta que hacen estos presupuestos es conservadora) y, otra, progresista. Hay una alternativa conservadora y otra progresista en Europa y en España.
¿En qué se diferencian? Yo creo que está claro, pues las recetas no son muchas. Hay una que habla de bajar la presión fiscal, de recorte social, de saneamiento rápido y urgente de la empresa pública, de ir al déficit de una manera dura y rápida, pero este camino, sin duda alguna, tiene un alto coste social y político.
El señor Molins hablaba de la experiencia Juppé, en Francia y, de la experiencia Kohl, alemana. Algunos discursos del Partido Popular en la oposición en los últimos años hacían pensar --y algunos desear-- que el Partido Popular iba a coger la senda conservadora. El problema de que bajando los impuestos se incentiva la inversión, se genera empleo, eso produce equilibrio y saneamiento y se pueden hacer operaciones quirúrgicas urgentes en la empresa pública. Por suerte, el Partido Popular no ha escogido la vía conservadora. Está en la posición del centro reformista que anunció el señor Aznar en el debate de investidura y que nosotros hemos apoyado. Porque la segunda decisión política, después de aceptar el compromiso europeo, ha sido mantener el Estado de bienestar.
¿A quién irrita --supongo que en este Parlamento no habrá nadie que le irrite-- que se haya firmado el pacto del mantenimiento de la defensa del sistema público de la Seguridad Social y que lo hayan aceptado los sindicatos? Naturalmente, el coste no es de los obreros y de los sindicatos, el coste es que hay que mantener las cotizaciones sociales que alguien había pensado que, a corto plazo, se podían bajar. No se ha creado ninguna incertidumbre en el sistema de la Seguridad Social. En los discursos electorales se decía que los intereses de los grupos financieros por los fondos de pensiones era la gran razón para poner en crisis el sistema de la Seguridad Social.
Decisión política: mantengamos el sistema público con la revalorización de pensiones y el sistema protector de la Seguridad Social. Qué difícil era mantener esa decisión política en unos presupuestos terribles que nosotros teníamos que adoptar en el marco de la situación de la convergencia europea y de la pérdida de tres o cuatro años en los procesos de ajuste. Sin embargo, la hemos adoptado. Estos Presupuestos defienden eso. Y defienden el mantenimiento del 6 por ciento del crecimiento sanitario. Ahora bien, aparece una reflexión, porque no se trata sólo de hacer unos presupuestos para 1997, sino que sean unos presupuestos sostenibles durante cuatro o cinco años de estabilidad.
Aparece un gran debate abierto y nuestro grupo ya expresa su posición a la defensa de lo que el señor Borrell llamaba ayer un eficiente sistema sanitario, una gran consecución de un sistema público, pero que necesita

Página 1408


mejorar su gestión, hacer su catálogo de prestaciones y, sobre todo, necesita que la desviación del gasto sanitario que se produce, igual que se producía en la Seguridad Social, tenga elementos de control. Este Gobierno ha tenido la valentía y el coraje de empezar a tomar medidas en lo genérico, en el gasto farmacéutico y en los márgenes comerciales, por lo cual nuestro grupo le felicita.
Tercera gran cuestión, el gasto del desempleo se mantiene. No hay recortes en el seguro de desempleo y en la Seguridad Social. Cuestiones que quedan relativamente pendientes. El sistema educativo español necesita --y ése va a ser el gran tema del año próximo, junto al sistema sanitario-- definir su marco financiero y las necesidades del sistema educativo español. Va a ser muy importante que pactemos la inversión en el sistema educativo con los grupos de la oposición.
Aparece una incógnita que yo quiero expresar y que en el futuro va a plantearle problemas a este Gobierno. Parece ser que estamos en la estructura militar de la Alianza Atlántica. Estamos en el objetivo del Ejército profesional. ¿Cuánto puede soportar este país en cuatro años el incremento del presupuesto de Defensa? La decisión en este presupuesto es prácticamente congelarlo. Hay un pequeño repunte, alguna fragata, el avión de combate, etcétera. La modernización del Ejército español no se puede hacer con un coste del 2 por ciento del producto interior bruto en cuatro años. Hay que optar entre sanidad, educación y una modernización limitada del presupuesto de Defensa. Un gran debate para los años próximos en el que mi grupo ya está expresando de alguna manera su posición.
Esos debates, junto a la mejora de la Administración de justicia y del Ministerio del Interior, que necesitarán mejores presupuestos en el futuro, son los grandes debates de los próximos años. Hemos cogido el camino correcto. Lo hemos cogido porque no era posible compatibilizar la defensa del sistema de protección social y bajar al mismo tiempo los impuestos.
La oposición le dice al grupo que apoya al Gobierno: es que suben ustedes el 0,38 por ciento del PIB en presión fiscal. Yo no sé si eso es una crítica o un elogio. En el fondo es una especie de crítica a determinadas posiciones que se tomaron desde la oposición.
El Grupo Popular, al asumir el Gobierno, tiene la madurez de plantearse que hay cosas que no son compatibles al mismo tiempo, aunque sean objetivos deseables a largo plazo. Lo que sería bueno es que un grupo parlamentario que ha gobernado durante trece años no pase de la madurez al infantilismo demagógico en tan poco tiempo y que acepte que, tomando decisiones como éstas, se está defendiendo no sólo un proyecto equilibrado de presupuestos, sino que estos presupuestos son posibles políticamente, porque hay una mayoría parlamentaria, y también socialmente, porque puede haber una mayoría parlamentaria y una profunda contestación social, que no se va a producir.
El gran éxito no es sólo la certidumbre económica, la garantía, la estabilidad, el prestigio de estas medidas que se están tomando, sino que la contestación social en una situación muy difícil va a ser mínima. Y lo es porque lo que hace el Gobierno es sólo congelar el gasto corriente, el gasto a los funcionarios; sin duda alguna, una decisión política difícil, yo diría que hasta injusta, pero a veces gobernar implica elegir la menos injusta de un conjunto de decisiones injustas, y éstas es la menos injusta. Nosotros creemos que congelando el gasto corriente, haciendo una reducción del capítulo II, en un esfuerzo enorme que necesita rigor y seguimiento presupuestario, manteniendo el gasto social y una presión fiscal razonable, será posible avanzar en la reforma fiscal. Ahora solamente ha habido algunos reajustes fiscales en la pequeña y mediana empresa, como ha explicado muy bien el Vicepresidente del Gobierno, que crean incentivos a la inversión.
Por último, hay un debate sobre el que yo quisiera pronunciarme, es el relativo a los artificios contables. Yo ayer a veces no sabía si estaba oyendo a un líder de la oposición que presentaba un proyecto de alternativa de izquierda, o escuchaba los reproches del señor Tietmeyer o del Bundesbank sobre los artificios contables de este presupuesto. ¿Por qué son los artificios contables, si se pueden llamar así? Porque este presupuesto tiene la necesidad de diluir en lo posible en el tiempo los impactos negativos de carácter social que tienen las medidas de ajuste.
Aquí se dice que ingresos del futuro se incorporan hoy o que gastos que son de hoy se relegan al futuro --algo que se ha planteado aquí como crítica--, pero es que es la mejor forma de seguir la lógica presupuestaria europea de decir: hagan ustedes el ajuste en año y medio que nosotros podemos tomar medidas como la relativa al plan de privatizaciones de la empresa pública. Tenemos que seguir con la privatización que se ha hecho de Telefónica, de Argentaria, de Repsol y, en el futuro, de Endesa. Los ingresos que vamos a obtener a cambio de desregular esos mercados, de hacerlos más competitivos, de hacer reformas estructurales que benefician a los ciudadanos, tienen que servir para que las empresas no rentables, que tienen un efecto social importante en este país (Hunosa, Ensidesa, empresas siderúrgicas, empresas navales, Renfe, etcétera), puedan hacer su ajuste y su saneamiento en un plazo razonable.
Si colocamos por vías extrapresupuestarias ingresos patrimoniales o hacemos inversiones también extrapesupuestarias, estamos consiguiendo unos presupuestos de crecimiento económico del tres por ciento y, al mismo tiempo, sin ajustes sociales que sean insoportables para esta sociedad.
En definitiva, y termino señor Presidente, nuestro grupo parlamentario entiende que estos presupuestos no tienen alternativa. No se ha presentado ninguna alternativa, porque la única que tienen, es una alternativa conservadora. Se podían haber hecho otros: bajar la

Página 1409


presión fiscal, reducir el gasto social, sanear en corto plazo la empresa pública. Yo sé cómo se podían haber hecho otros presupuestos. Serían unos presupuestos conservadores, que habrían tenido un enorme coste político y social y habrían hecho imposible estos presupuestos para el Gobierno. Por lo visto, el gran desastre para la oposición es que no han hecho ustedes unos presupuestos conservadores, sino que han hecho unos presupuestos centrados, equilibrados, que son viables política y económicamente y soportables socialmente. Al hacer eso, sólo queda una oposición que hace una meritoria intervención del señor Borrell --tengo que reconocerlo--, una meritoria y brillante construcción dialéctica, pero sin base ni fundamento. Artilugios técnicos para escondernos que sus decisiones políticas no podían ser otras que las que se han tomado y que las decisiones políticas que se han tomado no tienen otra alternativa.
Utilizando las décimas de segundo que me quedan, sólo diré que estando de acuerdo con estos presupuestos, sólo me preocupa el papel de la oposición. Este país necesita una oposición constructiva y razonable. El señor González podía haber intervenido haciendo una alternativa presupuestaria razonable, constructiva y de consenso. Porque apostar al fracaso de estos presupuestos es, de alguna manera, apostar al fracaso de España. (Rumores.) Yo sé que el señor González no ha salido a la tribuna porque no había una alternativa y había que hacer un enfoque puramente brillante y dialéctico de lo que eran las insuficiencias técnicas de estos presupuestos. (Continúan los rumores.) Pero la oposición...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Mauricio, le ruego concluya.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: La oposición socialista va a tener que elegir entre una brillante oposición parlamentaria, que puede ser larga, o una alternativa oposición parlamentaria, que puede ser corta. Esa alternativa se basa en que en este país sigamos avanzando, que igual que hemos hecho el pacto de las pensiones, hagamos el pacto de la sanidad, hagamos el pacto de la educación, hagamos el pacto de la estabilidad parlamentaria y consigamos que España entre en el proceso de convergencia europea en primera división. Porque supongo que el Grupo Socialista no querrá que el tanto, el éxito político sólo se lo apunte el Grupo Popular. Nosotros estamos dispuestos también a que no se lo apunte sólo el Grupo Popular, sino que haya un amplio consenso en esta Cámara de lo que es un objetivo nacional, un objetivo de España.
Por eso, señoras y señores Diputados, me alegro de que no haya un presupuesto conservador. Seguirán teniendo ustedes en estos cuatro años tentaciones de hacerlo, tendrán enormes presiones para hacerlo, pero mientras no lo hagan contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Aplausos.-- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. Señorías, guarden silencio.
El señor vicepresidente tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Mauricio, como ya he dicho en intervenciones anteriores, estos presupuestos efectivamente coinciden con las posiciones del Gobierno expresadas por el señor Aznar en el discurso de investidura, y son el desarrollo de nuestros compromisos desde el punto de vista político, económico y social. Su señoría ha dicho que, efectivamente, los presupuestos son la traslación contable de unas posiciones políticas. En algunos momentos ha podido parecer que este debate --yo lo dije ayer-- era más una comparecencia de altos cargos en Comisión que un debate de alternativas políticas; en otros casos, no.
Probablemente eso tiene que ver con la posibilidad de presentar alternativas a lo que el Gobierno ha planteado. Sin duda, éstos son unos presupuestos que están marcados principalmente por tres cuestiones: una de ellas es el calendario europeo, al cual estamos comprometidos no porque suponga un fin en sí mismo, sino porque es un medio indudable de que la economía y la sociedad española se integren en un proceso de creciente confianza y estabilidad económica y, por tanto, de creciente capacidad de empleo y de prosperidad. La segunda es el elemento básico del mantenimiento del crecimiento económico, que la economía española vaya recuperando su potencial de crecimiento y se mantenga en sendas de crecimiento cada vez más estables y en consonancia con su propio potencial. Y la tercera, los compromisos de integración, de solidaridad y de cohesión social del Grupo Popular y también de los grupos que apoyaron a José María Aznar como Presidente del Gobierno.
Su señoría ha planteándolas alternativas posibles a este presupuesto, pero sin duda hay otra alternativa posible que S. S. no ha diseñado, cual es la de olvidar la realidad y pretender una recuperación del gasto público, muy en la línea de lo que podría haber sido y de lo que fueron indudablemente los presupuestos de ejercicios anteriores. El hecho de que el cien por cien del ajuste presupuestario haya que realizarlo entre 1996 y 1997 nos indica cuál fue la alternativa presupuestaria, independientemente de la retórica. Pero lo que también es importante, y S. S. lo ha significado, es que estos presupuestos, como yo dije ayer, son los presupuestos que quiere la sociedad española. La sociedad española que quiere integrarse en Europa, la sociedad española que quiere una recuperación de la economía, la sociedad española que quiere mantener

Página 1410


una solidaridad y que quiere mantener un elemento de cohesión social básico, que quiere estar gobernada desde el consenso y desde posiciones políticas y económicas equilibradas, respalda ya estos presupuestos antes de que se produjera este debate, y he hecho alusión a ello durante esta mañana. Estos son unos presupuestos que no sólo gozan de la estabilidad política suficiente para ser aprobados, que no sólo gozan de la estabilidad política suficiente para ser desarrollados, sino que gozan del crédito político, social y económico que necesitan no sólo para debatirse aquí, sino para producir los efectos en la economía española, y ese crédito sería imposible si no combinaran, por un lado, una política económica de estabilidad, una política presupuestaria de rigor y de austeridad, y una política social respaldada por la mayoría de los españoles.
¿Son los presupuestos posibles socialmente? ¿Son los presupuestos deseables socialmente? ¿Cómo no va a ser deseable socialmente que en estos presupuestos se anticipe ya una mejora de la financiación sanitaria cuando es necesaria? ¿Cómo no van a ser deseables socialmente si en estos presupuestos se incorpora un acuerdo con los sindicatos que no fue posible hace diez años y que ahora lo es? ¿Cómo no van a ser estos presupuestos deseables socialmente si en ellos se mantienen los esfuerzos en vivienda y se mantienen los esfuerzos en políticas activas? Estos son los presupuestos mejores para lo que los españoles desean, son los presupuestos que resuelven los problemas de la sociedad española de hoy.
Yo comprendo que el respaldo de S. S. es interesado, si me lo permite; lo ha dicho así y, por tanto, le respondo así, como también le estoy dando una respuesta eminentemente más política que económica porque S. S. ha planteado sus preguntas en términos políticos. Es un respaldo interesado porque no hay alternativa razonable, ni política, ni económica, ni social. En ese sentido, también debe ser razonable el consenso, si puede haberlo parcialmente. Las posiciones políticas de cada cual pueden marcarlo. Me parece interesado el consenso y me parece un interés lógico y bueno. Contestando a S. S. he de afirmar que estos presupuestos responden a lo que los españoles nos pidieron no sólo a nosotros sino a los que hicieron posible la investidura. Y como le decía antes me parece que al señor Molins, cuanto más tiempo pasa, más nos damos cuenta de que acertamos en aquellos acuerdos, como vamos a acertar en estos presupuestos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
El señor Mauricio tiene la palabra. Le ruego que sea muy breve.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente intervengo brevemente para decir que mi apoyo y el de mi grupo es un apoyo interesado para conseguir que haya un sistema público de la Seguridad Social garantizado en este país, que haya un sistema sanitario público con mejora de la gestión, y ése es el próximo compromiso que veremos. Usted ha dicho que dicho compromiso se verá cumplido en diciembre de 1997, pero nuestro grupo es partidario de adelantarlo lo máximo posible.
Estamos muy interesados en discutir la financiación y el modelo de sistema educativo en España para que haya un sistema público con conciertos con la enseñanza privada; estamos muy interesados en hacer un plan estratégico para que la privativatización de las empresas públicas suponga una liberalización de los mercados, pero también apostamos por la defensa del interés estratégico de España y de sus comunidades autónomas, por la liberalización de las telecomunicaciones, por la liberalización del sistema eléctrico, etcétera.
Por tanto, cuenta con nuestro apoyo claramente interesado en el sentido que le expresé al Presidente del Gobierno cuando dimos nuestro apoyo al voto de investidura. Hay que centrar este país, hay que buscar un gran consenso nacional, hay que conseguir que España se incorpore a los países de primera fila europea. Usted, señor Rato, lo ha dicho muy bien en su última intervención, hemos conseguido una mayoría política, un cierto consenso parlamentario porque no hay alternativa, pero, sobre todo, hemos logrado un importantísimo consenso social. Estos presupuestos tienen muy poca contestación social, y en toda Europa está habiendo una altísima contestación social en situaciones económicas mucho mejores que la nuestra. Si lo hemos conseguido es el resultado de esos equilibrios, de esa actitud responsable que ha tenido el Gobierno. Yo digo que este Gobierno también está interesado y que su coalición o colaboración con nosotros también es interesada. Del mutuo interés sale interés general, señor De Rato, y en ese interés general nos encontrará siempre al Grupo de Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías, desde nuestros escaños del Grupo Parlamentario Popular hemos escuchado atentos y respetuosos las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.
Hemos podido constatar los apoyos que reciben los proyectos del Gobierno.
Los agradecemos. Eso permite augurar que las enmiendas de totalidad serán rechazadas.
También hemos podido escuchar las críticas que han recibido de diferentes grupos parlamentarios. Permítanme, señorías, que diga que algunas críticas eran críticas sin alternativa, y algunas alternativas, permítanme

Página 1411


también decir, son imposibles porque por más que se envuelvan en dialécticas brillantes, la pura yuxtaposición de anécdotas no puede elevar a la categoría de alternativa el discurso del Grupo Socialista, por más, digo, que se expusiera de forma brillante. Al mismo tiempo hemos podido sentirnos gratificados por la intervención del señor Vicepresidente del Gobierno, que ha hablado desde el rigor, que ha hablado desde la eficacia y desde la convicción, y esas son las notas que, les guste o no, reflejan la confianza que la ciudadanía tiene en este momento en que estos presupuestos son los posibles y los mejores para nuestro país.
Señorías, mi grupo parlamentario, como no podía ser menos, va a dar el apoyo a estos tres proyectos, el de presupuestos, el de medidas fiscales, administrativas y de orden social y el de disciplina presupuestaria, con el convencimiento profundo de que constituyen los instrumentos normativos necesarios para afrontar los nuevos retos, dando respuesta a la demanda de los ciudadanos.
Señorías, afrontamos unos presupuestos enmarcados en una realidad bien distinta. Venimos de un año con presupuestos prorrogados, el año que ha puesto fin a una larga etapa y ha dado paso a una nueva mayoría que ha iniciado una política económica distinta reflejada en los presupuestos que hoy debatimos. Me gustaría destacar tres características de estos presupuestos: son una apuesta por el empleo y el crecimiento, son creíbles y persiguen el acceso al grupo de cabeza de los países de la Unión Económica y Monetaria.
Señorías, el Gobierno al que mi grupo parlamentario presta su apoyo tiene dos objetivos resueltamente preferentes: mantener la cohesión social y crear empleo. En una sociedad con casi tres millones y medio de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo; en una sociedad donde existe un millón de hogares con todos sus miembros desempleados, con un enorme porcentaje de paro de larga duración; en una sociedad donde los jóvenes tienen extraordinarias dificultades para incorporarse al mundo laboral, todas las decisiones de la política económica deben orientarse en la dirección de corregir tan inaceptable realidad. Debemos contemplarla como un drama personal y no como un mero índice estadístico. Las medidas de junio se tomaron pensando en la recuperación económica y la creación de empleo, y este presupuesto es una clara apuesta por ambos objetivos. Es un empeño serio que contiene reformas estables y estructurales para hacerlo posible y supera la perspectiva coyuntural para encaminarse resueltamente en la dirección del cumplimiento efectivo de los objetivos de la Unión Económica y Monetaria, tan enfáticamente proclamados como realmente desatendidos por la política económica socialista.
El Gobierno presenta un cuadro macroeconómico con un crecimiento del 3 por ciento. Es una previsión realista suscrita por los expertos españoles y avalada por las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Su logro supondrá que avancemos en el camino de la convergencia real. La creación de 237.700 nuevos empleos --700 diarios-- y la reducción de la tasa de paro en más de un punto serán las consecuencias más estimulantes de nuestra previsión presupuestaria. La razón fundamental de esta buena perspectiva proviene de la mayor confianza de los ciudadanos, de las familias y de los mercados, confianza fruto del clima de estabilidad política y social, que contribuirá a la recuperación del consumo privado.
Como señaló ayer el Vicepresidente, el crecimiento y la creación de empleo serán realidad dentro de un marco estable que permita sostener en el tiempo los índices positivos. Tenemos demasiados ejemplos recientes de cómo políticas irresponsables, consintiendo déficit abultados y altas tasas de inflación, han conducido a las situaciones más indeseables. El Gobierno del Partido Popular ha marcado su voluntad inequívoca de romper aquellas inercias y de introducir la estabilidad y el rigor en la política económica. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La segunda característica que debe reconocerse a estos presupuestos es su credibilidad. Los mercados, los agentes económicos internos y externos y el Banco de España se la han otorgado ya. El crecimiento del 3 por ciento, un déficit del Estado del 2,5 por ciento y del 3 por ciento para el conjunto de las administraciones y una inflación del 2,6 por ciento son indicadores realistas no animados sólo por el voluntarismo, sino por la objetividad y el resuelto compromiso político de alcanzarlos. Para hacer posible el cumplimiento del presupuesto se plantean reformas estructurales sobre el gasto público con el proyecto de ley de disciplina presupuestarla que continúa en la línea trazada por los reales decretos-leyes de junio. Sólo estas reformas estructurales pueden convertir los deseos en posibilidad y restituir a la norma presupuestaria un crédito perdido. El presupuesto se había transformado en una autorización al Gobierno tan amplia que convertía su aprobación por esta Cámara en una declaración de intenciones, restando certeza a la principal ley que el Congreso aprueba de manera regular. La reducción de créditos ampliables, la limitación a la incorporación de créditos, el asentamiento del principio del devengo y la prohibición absoluta de generar gastos sin soporte presupuestario son instrumentos básicos para la contención del gasto y para dotar de credibilidad a los presupuestos. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor De Grandes.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señoría.


Página 1412


El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Después de esta ley, señorías, ustedes tendrán la certeza de que lo que autoricen se gasta en el concepto para el que efectivamente lo han autorizado y sólo por la cuantía en que lo hayan hecho. También las medidas adoptadas en prevención del fraude, las mejoras hacia la gestión del patrimonio del Estado y la nueva política de compras públicas otorgan una mayor credibilidad a la previsión presupuestaria.
La tercera nota es que este presupuesto aspira a aproximar la convergencia real y nominal con Europa para que España figure entre los países que accedan desde el principio a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. No queremos sólo una convergencia nominal sino una convergencia real, más renta per capita, más empleo, más cohesión social, mayor calidad en los servicios públicos. Nos movemos en un calendario que tiene un plazo cierto, 1999. En el año 1998 habremos de pasar una reválida, sólo superable si cumplimos las previsiones para 1997 que este presupuesto persigue. 1999 se ha convertido en un año crítico. España no puede perder la oportunidad de integrarse en el espacio económico más exigente y dinámico. Quedarse fuera de él supondría afrontar una costosa prima de riesgo para el futuro, supondría mayores dificultades para crecer y crear empleo, supondría resignarnos por un largo e incierto período de tiempo a ocupar una situación periférica fuera del centro de las decisiones y las oportunidades.
Los dos criterios básicos para conseguir estar entre los países del núcleo central son la consolidación fiscal y la contención de los precios. Tenemos el convencimiento de lograr el objetivo de que el déficit sea de un 3 por ciento a finales del año próximo. Sabemos que nuestro compromiso con Europa exige realizar el 70 por ciento de la consolidación presupuestaria en poco más de un año, en gran medida, señorías, lo quiero recordar, como consecuencia de insuficiencias y demoras anteriores. Queremos afrontar ese compromiso con la voluntad de perseverar en una política presupuestaria que consiga una reducción duradera del déficit público y permita el recorte de tipos de interés y la deuda pública.
El objetivo de inflación se conseguirá en virtud de las medidas liberalizadoras adoptadas en los sectores que presentaban una mayor rigidez y gracias a la mayor disciplina presupuestaria, pero en este punto no cabe bajar la guardia, porque no se trata sólo de tener índices bajos, sino diferenciales nulos con los países europeos. La lucha contra la inflación es la política social más justa, pues es sabido que la inflación castiga a los más débiles. No hay impuesto más injusto, señorías, que una inflación alta, y este presupuesto avanza en el objetivo a la vez económico y social de reducirlo.
El Gobierno, señorías, encontrará en nuestro grupo parlamentario el apoyo necesario para afrontar las reformas estructurales sin las que sería imposible cumplir los requisitos de Maastricht, que no son sino el barómetro del buen funcionamiento de la economía, porque, señorías, este presupuesto sería necesario aunque Maastricht no existiera. Aun sin la Unión Económica y Monetaria, colocar a la economía española en una situación competitiva dentro de un mercado globalizado constituiría un objetivo inexcusable. Los presupuestos son una voluntad política hecha cifras que revelan una voluntad y las preocupaciones del Gobierno y del partido que le apoya.
Cuando escuchaba las críticas al proyecto del señor portavoz del Grupo Socialista no podía por menos de admirarme o de su audacia o de su falta de memoria, porque, ciertamente, estos presupuestos podrían haber sido de otra manera, menos exigentes, podrían haber sido más suaves de no haber tenido que partir de la realidad que afrontan. Esa realidad, señores del Grupo Socialista, se define por 47 billones de deuda pública, por unos compromisos de pago de más de 3,5 billones de intereses como servicio de aquella deuda; por 13,5 millones de parados, con una economía requerida de profundas reformas estructurales; por el incumplimiento de todas y cada una de las condiciones de Maastricht. Sospecho que en tan insatisfactoria realidad tiene alguna responsabilidad el señor portavoz del Grupo Socialista y bastante o ninguna nosotros, de forma nula, pero no teman, que no es mi propósito ceder a la tentación fácil de abordar un ajuste de cuentas con el pasado, sino de destacar en términos positivos los rasgos principales de un presupuesto en torno a los cuales nos gustaría comprometer la voluntad de todos.
En primer lugar, la austeridad. La reducción del déficit recae fundamentalmente sobre el sector público, cuyo gasto corriente disminuye en casi un 10 por ciento, en el que se reducen las transferencias a las empresas públicas y donde se reclama el mayor esfuerzo a los funcionarios, a los empleados y trabajadores de la Administración y del sector público. La austeridad no afecta en absoluto, sin embargo, a los bienes y servicios que integran la sociedad del bienestar, fruto de conquistas sociales y a cuya consecución ya desde la misma transición política ni mi grupo político ni nadie fue ajeno.
La preocupación por la cohesión social es una segunda nota dominante en el presupuesto. Se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, con un incremento del gasto de 382.000 millones de pesetas, representativo de un aumento del 5,1 por ciento. Esta decisión, señorías, se inscribe en el contexto del pacto social alcanzado por el Gobierno que pretende desalojar, de una vez por todas, la inquietud por las pensiones del escenario del debate partidista, disipar cualquier zozobra y garantizar a nuestros mayores su bien ganado derecho a una tranquilidad. Sólo una deliberada voluntad de generar alarma social en el grupo humano con mejores títulos para verse preservado de ella

Página 1413


explica la terquedad en desconocer la alta significación de aquel pacto, rubricado por un Gobierno del Partido Popular haciendo buenos los compromisos contenidos en el discurso de investidura del Presidente Aznar.
El gasto en sanidad aumenta lo mismo en el producto interior bruto nominal, un 6 por ciento, y el ahorro producido por las mejoras de gestión, 70.000 millones de pesetas, no se destina a reducir el déficit, sino que revierte en el sistema para mejorar la calidad de los servicios.
Los incrementos en la dotación de asuntos sociales permitirán, sin duda, políticas más activas. El servicio a los objetivos de la cohesión social que estos presupuestos revela debería bastar para extirpar muchos prejuicios, para erradicar muchos tópicos cristalizados sobre las intenciones del Partido Popular. Si tales descalificaciones continuasen, estarán avaladas únicamente por el sectarismo, jamás por la elocuencia de los datos y las cifras.
Los presupuestos para 1997 apuestan claramente por la modernización de las infraestructuras. La leve disminución en inversiones reales, inevitable dentro de un contexto de contención del gasto, se ve compensada por la articulación de modelos alternativos de financiación extrapresupuestaria, similares a los utilizados en otros países europeos.
Un nuevo modelo de financiación de infraestructuras basado en la participación del sector privado y en la utilización de los ingresos obtenidos por la venta de participaciones accionariales en empresas públicas dará lugar a una inversión real que ayudará a la modernización del país.
Señorías, quiero aludir por fin --y termino-- a la contención de la presión fiscal. Las familias españolas van a pagar menos impuestos. (Un señor Diputado: ¡Bueno!) No se ha modificado al alza ninguna de las grandes figuras tributarias que afectan a la mayoría. Han bajado los impuestos a la pequeña y mediana empresa. No se ha actualizado el impuesto especial sobre hidrocarburos, como venía haciéndose mecánicamente. Se ha bajado prácticamente a cero el Impuesto sobre Sucesiones en los casos de herencia, de vivienda y de negocios familiares.
Con este presupuesto se crea un marco para que fluyan las iniciativas sociales y empresariales y para la creación de empleo, que es nuestro objetivo esencial. La reducción de los tipos de interés, la adaptación de los impuestos a las necesidades financieras de las empresas y el gran esfuerzo inversor en el apoyo a la pequeña y mediana empresa son los elementos necesarios para que la economía funcione correctamente. Esta voluntad no ha supuesto que el Gobierno vuelva la espalda a las exigencias constitucionales de preservar el Estado del bienestar y de la mejora de los servicios que todos los ciudadanos de las sociedades desarrolladas y, en especial, sus grupos más débiles tienen derecho a demandar de los poderes públicos.
Mi grupo, señorías, afronta este debate con una inequívoca voluntad de diálogo y de consenso. El presupuesto es el lógico resultado de conversaciones con los grupos que dan el apoyo y que van a hacer posible el rechazo a las enmienda a la totalidad, pero nuestra voluntad es ampliar lo máximo posible este consenso. Mi grupo está dispuesto a hablar, a pactar, a buscar soluciones para todos en defensa de los intereses generales, porque entendemos que los objetivos que se plantean deben ser percibidos como propios por toda la sociedad española. Por ello queremos estar en el diálogo permanente con las fuerzas sociales y políticas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Vivimos años decisivos. No siempre y a todas las sociedades les es dada la oportunidad de asomarse con su solo esfuerzo a un horizonte tan prometedor. Creemos que este Gobierno y estos proyectos caminan en la buena dirección. Por eso queremos enviar a los restantes grupos parlamentarios, a toda la Cámara y a toda la sociedad española un mensaje bien sencillo: el esfuerzo, señoras y señores, vale la pena.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad. (Pausa.) Enmiendas de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 161; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad a la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 155; en contra, 176; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria.
Enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 160; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Página 1414


El Pleno continuará con el debate del segundo bloque que anuncié ayer a SS. SS. a partir de las cuatro de esta tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.


--PROYECTO DE LEY DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS (Número de expediente 121/000018)

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de expediente 121/000019)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continúa el orden del día que les anuncié al comienzo de los debates de totalidad. En consecuencia, procede el debate sobre el segundo bloque, que agrupa el proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias y el proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica número 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, a los que se han presentado enmiendas de totalidad por tres grupos parlamentarios que, tras la exposición del Gobierno, consumirán su respectivo turno de defensa de tales enmiendas.
En previsión de lo que puede ser el transcurso del debate de esta tarde, puedo anticipar a SS. SS. que las votaciones, en cualquier caso, no parece que se puedan producir antes de las ocho y media de la tarde, siempre que el debate no se alargue más, en cuyo caso tendríamos que continuar mañana por la mañana.
Para exponer los proyectos de ley mencionados, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Ministro de Admistraciones Públicas, señor Rajoy.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a proceder a la presentación conjunta de los dos proyectos de ley, el de modificación parcial de la Lofca y el de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y medidas fiscales complementarias. Ambos proyectos de ley tienen un mismo origen, que es la necesidad de adaptar la legislación al acuerdo adoptado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre último, por el Gobierno y doce de las quince comunidades autónomas y que establece un nuevo modelo de financiación para las mismas para el quinquenio 1997-2001.
En consecuencia, dividiré mi exposición en dos partes. La primera, que es sin duda la más importante --pues es la que justifica la segunda-- para explicar el porqué del nuevo modelo de financiación y en qué consiste, y la segunda me servirá para concretar, con la brevedad debida, las medidas legales, para dar cuenta, en suma, de los dos proyectos de ley. Voy a explicar, pues, en primer lugar, el modelo de financiación y su porqué.
Me centraré en lo fundamental a los efectos de no extender en demasía mi intervención, y en las sucesivas, con mucho gusto, responderé a las inquietudes que tengan a bien plantear los distintos grupos parlamentarios en relación con el modelo de financiación y las modificaciones legales que son precisas para su aplicación.
Para proceder a la explicación del modelo y, sobre todo, para proceder a la explicación de su porqué, me parece necesaria una breve referencia al modelo anterior, que en realidad es el modelo actual, puesto que, como todos los señores Diputados saben, su período de vigencia termina el 31 de diciembre del presente año 1996.
El modelo actual de financiación de las comunidades autónomas tiene, en mi opinión y en otras muchas opiniones, una característica básica, que es la enorme dependencia financiera de las comunidades autónomas respecto de la Hacienda central y, en consecuencia, la preponderancia de los recursos derivados de la participación en los ingresos de ésta, quedando limitados los recursos de la gestión propia de las comunidades autónomas exclusivamente a dos mecanismos: el rendimiento de los tributos cedidos, de escasa potencia recaudatoria, especialmente en las comunidades autónomas de mayor techo competencial, y las tasas afectas a los servicios transferidos, cuya cesión es plena en cuanto a facultades, pero su rendimiento es apenas apreciable. Naturalmente, hay otras posibilidades como los recargos sobre los tributos estatales, cosa que conocen perfectamente todos los señores Diputados, pero que han sido muy poco usadas hasta el presente momento por las distintas comunidades autónomas.
Pues bien, ésta es la situación y en mi opinión el problema básico, como he dicho, que tiene el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas. Esta situación presenta a nuestro juicio graves inconvenientes, algunos son de fondo y otros de tipo práctico, que yo sintetizaría con la mayor claridad de que soy capaz en los siguientes. En primer lugar, no es normal que en España existan tres administraciones con autonomía en el gasto, como son la central, la autonómica y la local, y sólo dos admistraciones con autonomía en el ingreso, que son la central y la local.
En segundo lugar, no parece que sea lo más sensato que España se haya dotado en su texto constitucional

Página 1415


de un modelo de Estado que garantiza y reconoce el derecho a la autonomía, que es una autonomía no sólo administrativa sino también política y con atribución de capacidad legislativa, y que ésta no vaya acompañada de una cierta autonomía financiera. Esto no parece sensato.
En tercer lugar, creo que, además, la exigencia de autonomía financiera responde al espíritu constitucional y concretamente al de sus artículos 156 y 157. Recuerden los señores Diputados que el artículo 156 comienza hablando de la autonomía de las comunidades autónomas para luego hacer referencia a la necesidad de su coordinación con la Hacienda estatal y, como no podía ser menos, hace una tercera referencia a la solidaridad.
En cuarto lugar, parece necesario, y una exigencia mínima de un sistema democrático, que el contribuyente pueda percibir la relación que hay entre lo que da y lo que recibe y, en consecuencia, tenga mayores elementos de juicio para opinar, como sucede por ejemplo con las corporaciones locales de su gobierno autonómico. Es decir, no parece sensato que el contribuyente o que el vecino sólo juzgue el gasto, pero no pueda juzgar algo tan importante en un gobierno como es la adecuación entre la política de ingresos y la política de gastos.
En quinto lugar, yo creo que a estas alturas de modelo autonómico, tras dieciséis años desde la aprobación de la Lofca, parece cada vez más necesario, y yo creo que en esto coincidimos todos los grupos políticos, que la dinámica de la reivindicación empiece a ser sustituida por la dinámica de la responsabilidad en el ingreso, lo que sin duda llevará aparejado también un mayor control en el gasto. Es muy difícil que habiendo autonomía en el gasto y no habiéndolo en el ingreso pueda existir el necesario control por parte de las comunidades autónomas a la hora de gastar.
Pues bien, yo pienso sinceramente que sobre estos razonamientos que acabo de sintetizar aquí existe un acuerdo muy generalizado, existe entre los partidos políticos, no hay ningún partido político que no hable de la necesidad de incrementar la corresponsabilidad fiscal; existe entre los gobiernos autonómicos, no conozco a ningún gobernante autonómico que se oponga a la corresponsabilidad fiscal, repito, a ninguno; y, desde luego, existe entre los expertos en la materia. Todos ellos están de acuerdo en que es preciso avanzar en la autonomía financiera y en la corresponsabilidad fiscal, y tengo que recordar que cuando se aprobó el último modelo en el año 1992, es decir, el modelo hoy vigente, se produjo un importante debate sobre este asunto y se condicionó, cierto es que solamente en parte, el voto de algunas comunidades a la puesta en marcha de la corresponsabilidad fiscal. Más adelante, como recuerdan los señores Diputados, en el año 1993 se aprobó la cesión del 15 por ciento de la cuota líquida del IRPF, que poco tiene que ver con lo que es la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal.
Buena prueba de que hay un consenso generalizado en aumentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y en establecer una corresponsabilidad fiscal efectiva es que, después de haber leído los programas electorales de todas las fuerzas políticas que tienen representación en esta Cámara, no he encontrado ninguno en el que no haya un posicionamiento claro a favor de la corresponsabilidad fiscal. Por eso no entiendo exactamente qué es lo que se discute ahora. Probablemente, y tengo que entenderlo así a la vista del debate político que se ha producido en fechas pasadas, lo que se discute es el procedimiento para aplicar la corresponsabilidad fiscal, pero no el propio concepto de corresponsabilidad fiscal.
El Gobierno, a estos efectos, ha utilizado dos vías: una, la de los actuales tributos cedidos, atribuyendo a las comunidades autónomas capacidad normativa, eso sí, dentro de ciertos límites y no sólo de gestión, como sucedía hasta ahora; la segunda vía es la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, atribuyendo a las comunidades autónomas no sólo una participación territorializada en la cuota líquida recaudada en su territorio, como hasta ahora, sino también la capacidad normativa, con ciertos límites, sobre una parte del impuesto, que será del 30 por ciento al final del proceso y que tendrá un período transitorio en el cual solamente se cederá, con capacidad normativa, un 15 por ciento del IRPF.
Este es el modelo que han acordado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, doce de las quince comunidades autónomas y el Gobierno.
Probablemente haya otros muchos modelos, pero, hasta el presente momento, yo no conozco ninguno distinto del que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De lo que sí estoy absolutamente convencido es de que, hoy, los distintos grupos parlamentarios presentes en esta Cámara nos van a explicar con meridiana claridad cuál es su propuesta, cuál es su modelo de financiación para los próximos cinco años. Hasta este momento, solamente hemos visto cómo en quince comunidades autónomas el mismo partido político se oponía al modelo aprobado por todos, pero en todas las comunidades autónomas utilizaba argumentos diferentes, lo cual es grave, pero mucho más grave es que los argumentos no sólo eran diferentes, sino que también eran contradictorios entre sí. Lo que se pedía en un sitio, se rechazaba en otro, y lo que en un sitio era bueno, en otro sitio era, sin duda, un gravísimo error y generaba un enorme perjuicio para la comunidad autónoma.
Pues bien, ¿por qué hemos elegido nosotros, como instrumentos para la corresponsabilidad fiscal, los tributos cedidos y el IRPF? Por una razón elemental y que supongo que todos los señores Diputados entenderán cuando se la explique. Se trataba de tributos que,

Página 1416


de una u otra forma, ya tenían una relación con los ingresos de las comunidades autónomas. Los tributos cedidos son gestionados y su importe es percibido por las comunidades autónomas, pasando a formar parte de su presupuesto de ingresos, y una parte del IRPF, el 15 por ciento de la cuota líquida, lo recibían las comunidades autónomas. Sin duda, podían usarse otras figuras como el IVA o como determinados impuestos de los llamados especiales, pero lo cierto es que el libro blanco de los expertos --expertos a los cuales el Gobierno anterior encargó su redacción-- establece que el impuesto más fácil, a efectos de utilizar la corresponsabilidad desde el punto de vista técnico, es el IRPF, además de los tributos cedidos. Si quieren, en turnos posteriores podemos analizar las dificultades técnicas que tendría utilizar el IVA o los impuestos especiales para aplicar la corresponsabilidad. Este es el modelo y ésta es su justificación.
El establecimiento de una autonomía financiera y de una corresponsabilidad fiscal efectiva, puesto que las comunidades autónomas podrán actuar en más del 60 por ciento de sus ingresos, significa salir de la situación de atraso en la que nos encontrábamos en el presente momento y que, como he dicho antes, supone que unas instituciones con una capacidad de gasto de aproximadamente el 25 o el 26 por ciento del conjunto del gasto público español no tienen ninguna capacidad en el ingreso.
Esta modificación, que es la básica, va acompañada de otras muchas, que yo, para no agotar a los señores Diputados, voy a sintetizar en tres. En primer lugar, una participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal Tributaria, lo cual tiene su lógica puesto que, si la recaudación por IRPF se convierte en ingreso básico de las comunidades autónomas, lo normal es que esas comunidades tengan la posibilidad de intervenir en la gestión del mismo. La segunda novedad, que es muy importante y que, sin duda alguna, puede servir para que algunos señores Diputados, que pudieran estar intranquilos por este tema, dejen de estarlo, es la siguiente: Como quiera que una parte de los ingresos de las comunidades autónomas va a depender de lo que se recaude en su territorio, pudiendo además las comunidades autónomas ejercer una cierta capacidad normativa, es importante que no se produzcan situaciones no deseadas como la de que un contribuyente se traslade de una a otra comunidad por razón de que la regulación tributaria le sea mas o menos conveniente. Para evitar estar situaciones, para evitar eso que algunos, de una manera consciente y desde luego un tanto exagerada, han calificado de paraísos fiscales, se determina, con claridad y con rigidez, los puntos de conexión de las diferentes figuras impositivas. Se establece, en suma, en dónde hay que pagar el impuesto y no se deja al libre albedrío del contribuyente la elección del lugar donde quiere pagarlo.
Esta novedad es, sin duda, muy importante y es una novedad que ya era necesaria antes, pero que lo es mucho más ahora, puesto que aumenta el grado de autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Y la tercera gran novedad del modelo de financiación, que complementa la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, es el instrumento de mecanismos de solidaridad. ¿Cuáles son esos mecanismos de solidaridad? En primer lugar, todas las comunidades autónomas van a percibir durante el quinquenio, como mínimo, en la parte que perciban por IRPF, una cantidad igual a la que hubieran recibido por el sistema anterior, es decir, que esta parte se incrementará PIB nominal. En segundo lugar, todas las comunidades autónomas tienen garantizado que el volumen total de sus recursos experimentarán durante el quinquenio una subida de al menos el 90 por ciento del incremento medio del volumen de recursos de todas las comunidades autónomas. En tercer lugar, todas las comunidades --y sin duda, éste es un tema muy importante-- tendrán, al final del quinquenio, una financiación mínima per cápita equivalente al 90 por ciento de la financiación media per cápita del conjunto de todos ellos.
Por si ello no fuera suficiente, por primera vez se cumple la ley, la Lofca y por primera vez, desde el año 1980, se crea el fondo de nivelación previsto en el artículo 15 de la Lofca; repito: fondo de nivelación y artículo 15 de la Lofca, que no se ha cumplido hasta el día en que se apruebe esta ley y, además, se incrementan los fondos del fondo de compensación interterritorial, que es un instrumento de solidaridad por excelencia, el instrumento de solidaridad por excelencia, según la Constitución, y que llevaba congelado desde el año 1992.
Estos son, en síntesis, los aspectos básicos de la reforma: corresponsabilidad fiscal, que implica capacidad normativa, con los límites que establecen las leyes, que luego se presentará, en los impuestos cedidos y en el IRPF; segundo, y consecuencia de lo anterior, participación de las comunidades en la Agencia Estatal Tributaria; tercero, y muy importante, vuelvo a insistir, establecimiento de los puntos de conexión y, por tanto, establecimiento por ley del lugar en el que se han de pagar los impuestos, para evitar fugas de contribuyentes, y cuarto, establecimiento de unos mínimos de garantía, sin duda mucho más importantes que los que existían hasta el momento presente.
Sobre este asunto, quiero hacer dos comentarios a los que doy importancia. En primer lugar, que la regulación del modelo de financiación que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 23 de septiembre es una regulación mucho más acorde con el espíritu del texto constitucional que la que existía hasta el momento presente; repito, mucho más acorde. Porque el artículo 156, como antes decía, hacía referencia fundamentalmente a tres conceptos: autonomía financiera de las comunidades autónomas,

Página 1417


coordinación con la hacienda estatal y solidaridad. Pues bien, la autonomía financiera de las comunidades autónomas se ve incrementada, sin ningún tipo de duda, respondiendo al clamor general, al que antes hacía referencia (de las comunidades, de los partidos, de los programas electorales, de los expertos, etcétera), pasando las comunidades autónomas de la posibilidad de incidir en el 25,8 de su gasto a un 63,8, lo cual es ciertamente importante y, desde luego, muy acorde con el texto constitucional.
En segundo lugar, la coordinación con la hacienda estatal se consigue de dos formas: primero, y esto es perfectamente entendible y, por tanto, no requiere aclaración alguna, mediante el establecimiento de mecanismos, como he señalado antes, para que las comunidades autónomas puedan participar en la Agencia Estatal Tributaria y mediante las restricciones que recogen los proyectos de ley, que tengo el gusto de presentar aquí, a la capacidad normativa de las mismas. Y los mecanismos de solidaridad están claros también en el proyecto: el establecimiento de un mínimo; la puesta en marcha del artículo 15 de la Lofca; una mayor dotación del fondo de compensación interterritorial; el establecimiento de la garantía del 90 por ciento de la financiación per cápita y algo que me parece de suma trascendencia, que es el mantenimiento de las mismas variables a la hora de distribuir la PIE que había hasta el presente momento.
A pesar de que hubo una gran polémica entre todas las comunidades, creo que se ha conseguido un acuerdo, aunque, como he señalado anteriormente, en algunas comunidades se criticó al Gobierno de turno porque no se habían modificado las variables, mientras que en otras se criticaba al Gobierno de turno porque no había hecho los esfuerzos suficientes para que no se modificaran. Este es el primer comentario que quería hacer a los señores Diputados sobre el modelo.
El segundo comentario, que me parece también de indudable importancia política, es que este modelo de financiación se ajusta escrupulosamente al programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales. (Rumores.) Repito, se ajusta escrupulosamente, como voy a demostrar, leyendo el programa electoral del Partido Popular, página 154. (Rumores.) En este programa electoral se dice lo que yo he dicho: las ventajas de la corresponsabilidad fiscal consisten en permitir identificar la recaudación de los ingresos fiscales con la administración que los va a utilizar. Sólo así los ciudadanos podrán saber cuánto les cuestan las administraciones y los servicios que de ella reciben para poder evaluar mejor la eficacia de los responsables políticos. Continúo. Por estas razones, el Gobierno del Partido Popular impulsará un acuerdo de financiación autonómica fundamentado en los principios de solidaridad y corresponsabilidad y suficiencia financiera.
Y más adelante... (El señor Benegas Haddad: ¡Un acuerdo!) ¡Un acuerdo! Lo que no puede hacer es imponerlo, lógicamente; un acuerdo para el que quiera sumarse. (Rumores y aplausos.) Y más adelante dice el programa: el libro blanco será la base sobre la que se desarrollará la búsqueda de un acuerdo con las comunidades autónomas. Y, sin duda, ha sido el libro blanco. Además, continúa diciendo el programa electoral, a tal fin propondrá establecer para el quinquenio 1997-2001 un método para la financiación autonómica sobre la base de una verdadera corresponsabilidad fiscal, de tal manera que se haga visible a los ciudadanos la política fiscal de cada comunidad autónoma. Dicho método deberá garantizar a las comunidades autónomas el autonomismo de la financiación y la suficiencia financiera, teniendo en cuenta, además, la necesidad de garantizar en todo caso la solidaridad interterritorial. Y continúa: Además, se procurará una dotación más adecuada y especializada del Fondo de Compensación Interterritorial y se creará el fondo de nivelación previsto en la Lofca para asegurar un nivel mínimo de calidad común en la prestación de servicios en las comunidades autónomas. Esto es lo que decía el programa electoral del Partido Popular.
Por tanto, a nadie debe sorprender el nuevo modelo de financiación que hoy estoy presentando. Y, en este sentido, tengo que decir que por parte de algunos dirigentes políticos, no voy a decir señores Diputados, se ha dicho que éste era un modelo que se imponía al Partido Popular por parte de determinada fuerza política. Se ha dicho hasta la saciedad, y se ha utilizado este argumento por escrito y verbalmente en varias comunidades y en múltiples oportunidades. Lo que ocurre es que el programa electoral del Partido Popular es el que es y, por fortuna, todos esos dirigentes que utilizaron ese argumento fueron desautorizados por el antiguo Presidente del Gobierno cuando recientemente dijo que algunas de las propuestas de este modelo, concretamente la utilización y la atribución de capacidad normativa en el IRPF y en los tributos cedidos era un planteamiento que había hecho, no el señor al que criticaban todas las personas del partido al que pertenece el ex presidente del Gobierno, sino el propio Partido Popular. Y, efectivamente, así es. Este es un modelo que se ajusta escrupulosamente a lo que el Partido Popular ha dicho a lo largo de estos últimos años y a la oferta electoral con la cual se ha presentado ante el conjunto de los españoles. (Aplausos.) Pues bien, señoras y señores Diputados, a partir de ahí los dos proyectos de ley que presento no suponen sino, como he dicho anteriormente, una adaptación a este nuevo modelo de financiación. Creo que lo importante era dar una explicación sintética del modelo, tal y como he hecho, pero ahora voy a hacer una breve referencia a los proyectos de ley. Ya digo que los proyectos de ley no suponen sino plasmar en la legislación vigente, mediante su modificación, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 23 de septiembre.


Página 1418


Así, en la Lofca --Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas-- se reforma el concepto de tributo cedido, abriendo la posibilidad de cesión parcial de tributos, concretamente el IRPF, y, al mismo tiempo, se le atribuyen competencias normativas. Desde otro punto de vista, se hace una relación de los tributos susceptibles de cesión, introduciendo también el 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modifica la normativa vigente sobre los recargos y se establecen una serie de modificaciones en la misma, fijando con claridad qué competencias normativas tienen las comunidades autónomas en los tributos, cuáles son las competencias de gestión que se le ceden --en tributos cedidos son las que tenían ahora y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no hay cesión de la delegación de gestión, sino, como he dicho antes, una participación en la Agencia Estatal Tributaria-- y se establece también una norma para fijar la posible incidencia que en ambas cuestiones puedan tener las normas comunitarias sobre esta materia.
No voy a abrumar a los señores Diputados explicando una por una las competencias normativas que se pueden ejercer en cada uno de los impuestos, porque figuran en la exposición de motivos de la ley y en el texto y porque sé que los señores Diputados me lo agradecerán.
En cuanto al segundo proyecto de ley, diré que supone, igual que sucede con la Lofca, la adaptación de determinadas leyes vigentes a la modificación que establece este nuevo modelo de financiación. En concreto, para conocimiento de los señores Diputados, yo señalaría como aspectos más importantes los siguientes. El proyecto se divide en tres títulos. Un primer título, que tiene un artículo único. Un segundo título, en el que se establece el marco general de la cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas, igual que se hizo en 1983 con la Ley 30, de 28 de diciembre. Este título, que comprende los artículos 2 a 27, regula los siguientes aspectos, en la línea a la que yo hice referencia en la primera parte de mi intervención, establece cuáles son los tributos cedidos, el rendimiento que se cede, la normativa aplicable, el alcance y los puntos de conexión --éste es un punto en el que quiero volver a insistir, ya que me parece de suma importancia-- y regula también el alcance de las competencias normativas, así como la delegación de gestión en los cedidos--que en realidad, lo que supone es una ratificación-- y no, como he dicho antes, en el IRPF. En el título II se procede a adecuar la normativa específica de cada uno de los tributos susceptibles de cesión a la nueva regulación y por ello se modifica una serie de leyes, como la del IRPF, la del patrimonio, la de sucesiones y donaciones, la de transmisiones, la de las tasas fiscales y la de las normas sobre el juego.
Por último, en el título III, dado que la existencia de un nuevo régimen de financiación de las comunidades autónomas exige una mayor participación de éstas en los órganos de gestión de la hacienda estatal tributaria, se crean, previa supresión de otros, dos nuevos órganos que sirven para que se produzca una mayor colaboración entre ambas administraciones, que están regulados en los artículos 34 y 35 del proyecto.
Señores Diputados, y con esto termino, creo que el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas supone un avance indiscutible en la regulación actual, que data del año 1980; supone incrementar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que es tanto como incrementar su propia autonomía; supone acabar con el anacronismo que implica la existencia de tres administraciones que gastan y solamente dos administraciones que ingresan; supone que, a partir de ahora, los gobernantes autonómicos, igual que hace quien gobierna en la Administración central del Estado y en las corporaciones locales, tengan que asumir sus propias responsabilidades y controlar el gasto público.
Además, como he dicho antes, es un sistema solidario, porque establece nuevos mecanismos de financiación, algunos previstos en la legislación vigente y que no se habían puesto en marcha hasta ahora. En suma, supone una reforma de verdad. Tenemos un Estado descentralizado políticamente, tenemos un Estado descentralizado en el gasto y, ¡oh paradojas de la vida!, no tenemos un Estado descentralizado en la recaudación de los ingresos. Como he señalado, esta reforma es la que motiva las que hay que hacer a su vez en esta Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en las otras leyes a que acabo de hacer referencia.
Con mucho gusto responderé a las intervenciones, a las inquietudes, a las dudas y a los comentarios que tengan a bien hacer los señores Diputados, pero agradecería, puesto que llevo meses solicitando que alguien presente un modelo de financiación alternativo, que esta vez, efectivamente, fuera así, que no suceda lo que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado, en los que ayer, desde esta misma tribuna, el Vicepresidente Segundo pidió una alternativa, no la hubo y hoy hemos visto una rueda de prensa, que supongo que sería el resultado de preparar con rapidez a lo largo de esta última noche algunas ideas, para decir que hay una alternativa a los presupuestos. (Aplausos.) Yo estoy absolutamente convencido, y lo siento por el señor Rato, de que voy a tener mucha más suerte que él y que podré argumentar en contra del modelo de financiación alternativo que se presente a éste, porque, créanme, de verdad es complicadísimo argumentar en contra de quince modelos distintos; en cada sitio hay un modelo distinto. (Rumores.) Eso es dificilísimo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, se han presentado enmiendas de totalidad, como les anticipaba.
En primer lugar, por el Grupo

Página 1419


Parlamentario Socialista, para su defensa, tiene la palabra el señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, señorías, yo sé que nos coge esta tarde a todos relativamente cansados, después de un debate como el de ayer y como el de esta mañana sobre los Presupuestos Generales del Estado, la ley de acompañamiento y las modificaciones en materia de disciplina presupuestaria. Sin embargo, me parece que, aunque sea reconociendo este ambiente, es bastante importante poner de manifiesto desde el principio que el debate de hoy no sé si para ustedes es un trámite, no sé si para ustedes es, señor Rajoy, exclusivamente un mal trago que hay que pasar, con algún tono humorístico, pero, quiero decirlo desde el principio, para el Grupo Parlamentario Socialista es un tema muy serio, muy importante.
Ustedes han venido, creo yo, a este debate exclusivamente a cumplir, a tener un buen pasar, un pasar quizá sobre ascuas, a hacer alguna broma, a poner de manifiesto que naturalmente en todos los ámbitos políticos hay diferencias y a pretender que, como estamos debatiendo nada menos que cinco leyes casi simultáneamente, esto, aunque no sea más que pura acumulación de información, pasara simplemente invisible para la opinión pública.
Quiero decirles, señor Rajoy, señores del Partido Popular y señores que apoyan este proyecto, que un debate a uña de caballo sobre la articulación del Estado de las autonomías mezclado con los presupuestos es simplemente un disparate y un dislate político. Pero lo es no solamente por la forma, lo es también por el fondo; lo es porque hoy, que vienen ustedes fundamentalmente a pagar un precio, el precio de la investidura del señor Aznar, hoy, que vienen ustedes a hacer esto de tapadillo, con una protesta de que éste es su modelo, yo quiero decirles que aquí estamos a punto de dar un paso en una dirección hacia el disparate, y quiero decirles que van a ser ustedes los únicos responsables si esto se produce. (Aplausos.) Durante el debate de investidura del señor Aznar, contestando al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aznar decía --leo textualmente-- y le aplaudían con entusiasmo desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: Es ahí, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en su caso, en los presupuestos, donde hay que debatir algunas de las cuestiones que usted ha planteado (se refería al señor González), si el sistema tiene topes, por ejemplo, si el sistema se destopa, o qué base se toma para el cálculo. Esto es, en este debate, en el debate de los presupuestos teníamos que estar discutiendo aquello que ustedes no están en ninguna disposición de modificar. Más aún. El señor Aznar no quiso desvelar que ya tenía pactado, como después también reconoció el señor Pujol, que la base de cálculo era la que era, no había topes y que, naturalmente, se iban a hacer las cosas de una manera determinada.
No me entiendan mal, no he venido aquí a responsabilizar a otros que a quienes tienen la responsabilidad del Gobierno, entre otras cosas porque, como muy bien ha dicho el señor Rajoy, los únicos responsables de hacer lo que quieren hacer y lo que están a punto de hacer son ustedes, no el señor Pujol. El señor Pujol ha dicho claramente que éste no era su modelo; que son ustedes los que se han empeñado en llevarlo a cabo. El señor Pujol lo que ha dicho es que él tenía algunas necesidades de financiación. Son ustedes los que han hecho que este modelo que usted ha resumido tan bien y de esta forma tan fresca se pueda poner en marcha.
Son ustedes, por lo tanto, los que están a punto de meter a este país en el jardín en el que ciertamente se puede meter, desde el punto de vista de la articulación del Estado de las autonomías.
Después de aquel debate, el señor Rato, que acudió a Cataluña naturalmente para ver cómo plasmaba los acuerdos, tuvo que escuchar, en una rueda de prensa, algo bien conocido a lo que ustedes hoy dan cumplimiento como lo dieron ayer. Decía el señor Pujol: Desde nuestra perspectiva, el acuerdo de financiación autonómica es una de las dos espinas dorsales de nuestro acuerdo. Y ustedes saben que cuando se rompe una espina dorsal se rompe el cuerpo. Lo decía el señor Pujol en su momento. Es bueno que ustedes cumplan sus compromisos, los que tenían, pero aquí no estamos hablando de un compromiso de dinero solamente; es como si estuviéramos debatiendo el problema de la financiación del Estado de las autonomías como si fuera solamente una cuestión de más o menos dinero, y esto es importante, pero hay algunas cosas notablemente más importantes que cuánto dinero se pone en un lado de la balanza y cuánto dinero se pone en el otro.
Hasta esta mañana hemos estado hablando fundamentalmente de números. Yo creo que a todos nos importan los números, le importan al Estado, le importan a la hacienda estatal, le importan a la hacienda de cada comunidad autónoma, nos importan a todos los españoles, sin duda, y sería una frivolidad por mi parte dejar esto como si fuera una cuestión de segundo rango. Pero es importante poner de manifiesto que lo que hoy se va a hacer o lo que hoy pretenden ustedes hacer, señor Rajoy, no es solamente hablar de más o menos dinero, con ser importante y a lo que volveré después, sino romper un consenso que ha existido durante nada menos que 16 años sobre la financiación del Estado de las autonomías; 16 años de vigencia de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas; un consenso que se urdió no con el Partido Socialista en el poder, sino en tiempos de UCD, con una ley de 1980 que tuvo una larga tramitación, tan larga que coincidió incluso con la tramitación de varios estatutos de autonomía, como el catalán. Y que hizo

Página 1420


posible cohonestar previsiones estatutarias con previsiones de financiación de todas las comunidades autónomas. De la discusión de aquella Ley, un buen número de fuerzas políticas presentes hoy aquí, o representadas, y herederas algunas de las que entonces estaban, dieron su conformidad a un sistema de financiación autonómica. ¿Saben quiénes se abstuvieron o quiénes expusieron entonces sus diferencias? Una fuerza política de la que ustedes o una parte de ustedes tienen origen que se llamaba a la sazón Coalición Democrática. ¿Saben con qué argumento? En el Congreso, con un argumento: que los recargos iban a significar demasiadas dispersiones en la fiscalidad de las diferentes autonomías. Cuando el proyecto de ley volvió otra vez al Senado, ¿saben con qué argumento? Que la Lofca no era una ley suficientemente española porque implantaba un modelo extranjero, cuando realmente lo que en este país había que hacer era extender la forma del concierto económico a todas las comunidades.
El portavoz de Coalición Democrática entonces era un adelantado para la época. Probablemente, algunas de las cosas que hoy estamos oyendo, algunas de las posiciones que ustedes están adoptando quizás tengan que ver con aquella capacidad, entonces no estimada como profética, que ciertamente exhibió el portavoz de Coalición Democrática. Esa ley se aprobó nada menos que con 289 votos a favor, siendo los emitidos 307, 16 votos en contra y solamente dos abstenciones. Dieseis años está en vigor y dieciséis años, con sus luces y sus sombras, sus dificultades y sus insuficiencias, hemos tenido un consenso básico entre la derecha y la izquierda, entre las fuerzas políticas con responsabilidades de Gobierno en las diferentes comunidades autónomas y las fuerzas políticas de ámbito nacional también.
¿Qué nos traen hoy? Lo que hoy nos traen es una broma sobre un modelo que dicen ustedes que es excelente, que de ninguna manera ha sido el modelo que ustedes han defendido, que ahora pretenden es el modelo que han defendido en la campaña electoral. Pero más allá de eso, de sus excelencias, que las dejo para ustedes, pretenden que sea lo que sustituya al consenso cuasi constitucional.
La Lofca no es ni siquiera una ley orgánica más --todas son importantes--; es la savia y los nervios del Estado de las autonomías, y esto no se puede modificar por una mayoría, por legítima que sea y por absoluta que pueda ser circunstancialmente en esta Cámara, de un partido político de ámbito nacional, como ustedes, como el Partido Popular, y una fuerza política, todo lo legítima que sea --no se trata aquí de poner en cuestión nada de eso--, que gobierna solamente en una comunidad autónoma.
No es posible, señor Rajoy. Quiero que lo entienda, y que lo entienda no desde la legalidad; que lo entienda desde la visión política del Estado de las autonomías.
Usted es Ministro de las Administraciones Públicas. Ha tenido ocasión, cuando no lo era, de discutir conmigo y con antecesores en su ministerio, míos y de usted, una cosa como el pacto autonómico. Recordará, señor Rajoy, que nosotros, que tuvimos en legislaturas pasadas 202 Diputados, que pudimos modificar la Lofca y no sé cuantas cosas mas, no lo hicimos.
Recordará que no lo hicimos, que pactamos con ustedes estatutos de autonomía y muchas cosas más, y recordará que incluso la ultima reforma autonómica importante, la del pacto autonómico, que todavía está teniendo su paso por esta Cámara a través de reformas de estatutos, está pactada con ustedes y con otras fuerzas políticas, porque el Gobierno que les antecedió creía que esto no era una cuestión solamente de aritmética parlamentaria; esto era una cuestión de Estado y había que ponerse de acuerdo no sólo en el contenido de la ampliación estatutaria sino también en la guía y en la forma de hacerla, exactamente lo contrario de lo que ustedes están pretendiendo hacer hoy, aquí y ahora, después de este tedioso debate naturalmente, por todos sus intervinientes.
Señor Rajoy, hacer una alteración del Estado de las autonomías en esta cuestión no es algo baladí. Por eso, si ustedes lo hacen, porque hoy expresan la debilidad que están expresando, si ustedes creen que esto lo puede hacer duradero, y que esto puede convertirse en algo que signifique el futuro de España, el futuro de sus comunidades autónomas y el futuro de las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas, me parece, señor Rajoy, que están muy confundidos. No solamente por una cuestión de dinero, a la que después volveré, sino sobre todo porque rompen por primera vez lo que ha sido seguramente uno de los consensos más importantes que con dificultad todas las fuerzas políticas de esta Cámara nos hemos dado con ahínco en el pasado.
Romper el consenso en esta dirección es algo que no se puede frivolizar y quiero, señor Rajoy, decirlo con toda seriedad. Por eso, el modelo de hoy y el modelo que ustedes explican, difícilmente se reduce a eso que usted ha resumido, y muchísimo menos a lo que en algún medio de comunicación he visto: que estamos discutiendo si dos por quince son treinta, o estamos discutiendo si se amplía lo que se hizo en una legislatura anterior. No, señor Rajoy. Estamos discutiendo otra cosa distinta; estamos discutiendo el salto cualitativo de pasar de un modelo como el de la Lofca, consensuado entre todos, a un modelo que solamente sea defendido por ustedes, que son una fuerza política minoritaria y una fuerza política con representación en una o en dos comunidades autónomas.
Nos piden, a continuación, señor Rajoy, que además hagamos un acto de fe; por si esto no fuera ya suficientemente importante, que hagamos un acto de fe en que los efectos de su reforma son buenos, benévolos, beatíficos para todos, tan buenos que lo pueden ser a la vez

Página 1421


para las 17 comunidades autónomas, las 15 afectadas y, al mismo tiempo, para el Estado, esto es para los españoles en su conjunto.
Y nos lo dicen sin darnos un solo dato, sin darnos una sola cifra, no atreviéndose a explicar en qué consiste, de más o de menos, la financiación de las autonomías y la financiación del Estado; la financiación de cada una de las comunidades autónomas, en este año y en los años siguientes, pretendiendo que votemos a ciegas --a ciegas--, simplemente jugando a la gallinita ciega, algo que va a comprometer el presupuesto del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas en los próximos cinco años.
No quiero eludir hablar de números, pero es verdad que tampoco quiero hacer especulaciones con las cifras. Hemos hecho nuestros cálculos y nos sale lo que nos sale, pero son sin duda alguna ustedes los que tienen esos cálculos y los que se han negado, por activa y por pasiva, a ponerlos en conocimiento de los ciudadanos. ¿Es que cabe en la mente de cualquier ciudadano español que se pueda aprobar una ley cuando el Gobierno, incluso en la memoria que la acompaña, se niega a hacer un cálculo, siquiera aproximado, con argumentos tan festivos como ése que usted utiliza habitualmente de que como no sabemos qué uso van a hacer de la autonomía normativa las comunidades autónomas no podemos saber qué efecto tendrá esto sobre la recaudación? Si utilizara esto el señor Rato todos los días, ¿cómo se atrevería a hacer previsiones del crecimiento de la economía sobre el PIB? ¿Es que eso depende del Ministerio de Economía y Hacienda o depende también de lo que ocurra en Japón, en Estados Unidos y en Alemania, que todavía, que yo sepa, no controla el señor Rato? Nos piden ustedes, por tanto, que hagamos algo que está por encima de toda razón. No sólo nos han dado datos confusos sino que se han jactado, contra toda responsabilidad, de que éste es un modelo que a todo el mundo le viene bien. Ayer lo decía mi compañero, el señor Borrell: Si ustedes hacen anuncios en Andalucía para decir que esto significará, si no lo aceptan los andaluces, perder cuatrocientos y pico mil millones de pesetas, y si un colega de ustedes en la Comunidad de Murcia dice que a los murcianos les tocan 30.000 millones de pesetas más, y los canarios dicen que son 110.000 millones en su comunidad, si sumamos todo eso, ¿cuánto sale? ¿Y quién defenderá, señor Rajoy, quién defenderá a todos y cada uno de los españoles, no en términos de bloques aislados, murcianos, castellano y leoneses, canarios, sino de españoles en su conjunto? (Aplausos.) ¿O es que tendremos que soportar que es bueno sólo aquello que significa aumentar los presupuestos de las comunidades autónomas, incluso si pierde el presupuesto del Estado? ¿No será más cierto que hay responsabilidades del Estado que importan a castellano-manchegos, a leoneses, a extremeños, a andaluces, asturianos y catalanes, y que son, naturalmente, preocupaciones como las que tiene su compañero de escaño por la sanidad, todavía no transferida, o las que también tiene su compañero de gabinete por el trabajo y naturalmente por la Seguridad Social y por las pensiones, o las que tiene el Ministro de Fomento por que se puedan dotar de mayores infraestructuras, que hoy todavía son responsabilidad y seguirán siéndolo, de la Administración del Estado? ¿Cuándo dejaremos de hacer un discurso en virtud del cual la suma de la periferia contra el Estado es buena, que es la irresponsabilidad de las irresponsabilidades? Señor Rajoy, éste es un sistema malo. Es malo y peligroso. Es malo porque es injusto, es peligroso porque, además, es una bomba de relojería; una bomba de relojería que sería un error aprobar, y no sólo por lo que llevo dicho sino también por los efectos que, sin duda alguna, va a producir en el futuro.
Tengo la convicción, señor Rajoy, de que si lo hacen no perdurará. No perdurará no solamente porque tendrá efectos negativos sino que no perdurará porque habrá también nuevas mayorías, y si rompen ustedes un consenso básico. tendrán que aceptar que pueda haber modificaciones después, algo que yo no deseo, porque lo que estoy pidiendo, señor Rajoy, no es un modelo alternativo. Lo que estoy ofreciéndole no es siquiera un modelo alternativo acabado, le estoy diciendo, señor Rajoy, que es necesario el consenso. Si no hemos presentado el modelo alternativo es precisamente porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se había quedado en discutir en torno a una serie de propuestas para llegar a un acuerdo entre todos, no para que ustedes impusieran, como pretenden imponer en este momento, un modelo, o para que nosotros dijéramos que tenemos --y lo tenemos, señor Rajoy-- un modelo alternativo que pueda ser perfectamente mejor, mucho mejor que el que ustedes han planteado.
¿Cuál es el problema, señor Rajoy? El problema es que ustedes --y en esto le doy la razón-- estaban buscando, como ya habíamos dicho, más corresponsabilidad y más autonomía financiera.
El sistema de financiación autonómica también tenía que responder a una mejora de los ingredientes y de los instrumentos de la solidaridad, y a la vez --lo habíamos acordado también, esto formaba parte de los elementos del guión-- a la exigencia de la política presupuestaria global en los momentos que estamos viviendo, no solamente por imperativo constitucional de coordinación de las haciendas sino, al mismo tiempo, por respeto a todo el debate que acabamos de tener sobre en qué situación presupuestaria estamos.
Pues bien, ustedes han optado por una muy específica forma de corresponsabilidad fiscal que, desde la apariencia de aumentar la corresponsabilidad fiscal en una serie de aspectos, lo que hace es generar muchos más problemas en materia de autonomía financiera, aumentar las diferencias de autonomía financiera de

Página 1422


unas comunidades autónomas respecto de otras, romper los mecanismos de solidaridad que existían, aun cuando ustedes planteen haber sacado no sé cuántas nuevas ingeniosas fórmulas, cuya puesta en funcionamiento todavía está por ver, en forma de fondos alternativos a los que en este momento existían.
En el preciso momento que los responsables de la hacienda del Estado están diciendo que hay que reducir el déficit estructural del Estado, no solamente están creando un déficit estructural mayor en la hacienda del Estado por pérdida de recursos permanentes, sino que a la vez están poniendo en cuestión, como le decía, una parte del sistema que existía en su contribución a la autonomía financiera y a la corresponsabilidad. Por decirlo de una forma muy sencilla, ¿qué teníamos, señor Rajoy? Un mecanismo de participación en los ingresos del Estado que se asentaba en que los ingresos de las comunidades autónomas, es verdad que todavía excesivamente dependientes de transferencias, evolucionaban de acuerdo con un gasto del Estado atemperado, eso sí, por la evolución del PIB nominal y atemperado también por posibles desviaciones que se pudieran producir. Esto es, había una norma para hacer posible que las comunidades autónomas pudieran evolucionar de acuerdo con lo que era la capacidad de seguir creciendo esta financiación global.
Pues bien, ahora esa participación en los ingresos del Estado queda reducida y se transfieren recursos que iban por esa vía a otros recursos que ya no seguirán esa senda, sino que seguirán la senda que les fije la evolución del IRPF en cada uno de los territorios. El Estado, por tanto, va a perder recursos al ritmo en que crezca el IRPF; esto es, a un ritmo que depende fundamentalmente de que es el impuesto más dinámico de todos los que componen el sistema fiscal y, a la vez, en cada comunidad autónoma tendremos tantas mayores diferencias cuanto más crezca la recaudación por IRPF en esa comunidad.
¿Qué hacen ustedes? Restringir los mecanismos de evolución, aquellos que limitaban la evolución separada excesivamente --o disparatada-- que pudiera producirse entre los ingresos de unas y otras comunidades autónomas. Estos son los que ustedes reducen. Y ustedes lo que hacen es sustituirlos por una serie de fondos que no tendrán apenas virtualidad, cuyas magnitudes en las estimaciones que hemos sido capaces de hacer no se empezarán a ver más que dentro de algún tiempo y que, además de constituir nuevas cartas para los presupuestos del Estado, en absoluto garantizan que las diferencias de financiación, de autonomía financiera y, por tanto, de evolución dispar de unas y otras comunidades autónomas, no crezcan.
Señor Rajoy, su modelo no es neutro, financieramente. No vale decir en este sentido que hay una restricción financiera inicial que es una cosa muy elemental; de lo que estamos hablando es de cómo evoluciona. No es neutra la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que les he dicho, y no es neutro en las relaciones de unas comunidades autónomas respecto de otras.
Pero hay más. Este es un modelo en el que se va a producir un conjunto de efectos que tienen que ver, fundamentalmente, con la inspiración que tiene el modelo. Hasta ahora había un sistema fiscal en el que esta Cámara, las Cortes Generales, establecían el nivel mínimo de imposición básica en toda España. Estoy hablando de las principales figuras tributarias y, naturalmente, del Impuesto sobre la Renta, y las comunidades autónomas podían subir a partir de esa imposición mínima.
Ahora vamos a un modelo distinto, a un modelo hecho fundamentalmente para que se bajen los impuestos, señor Rajoy, para hacer lo contrario de lo que hemos constatado ayer y hoy, que es necesario al menos mantener. Ya sé que todos deseamos que bajen los impuestos, incluso el señor Aznar desea que bajen los impuestos; ya lo decía, ya le gustaría a él que bajaran, ahora los ha subido, pero ya le gustaría a él que pudieran bajar. Ahora, el modelo que ustedes hacen es un modelo para hacer posible que bajen los impuestos, para que esta Cámara señale unos niveles que puedan ser después reducidos por las comunidades autónomas. Esto es algo que va a afectar, por tanto, a lo que el propio Tribunal Constitucional ha llamado los fundamentos jurídicos de igualdad de las personas en el sistema tributario; esto es, una posición básica de igualdad que es necesario garantizar y que en la medida que existe una autonomía normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con posibilidades de ser alterada en unos lugares y en otros, la posición de igualdad puede finalmente afectar a elementos subjetivos básicos de la igualdad de los ciudadanos en unas y en otras regiones.
Usted ha dicho antes en su intervención, y casi en tono de broma, que algunos se habían referido a esta cuestión descalificándola, como si se tratase más o menos de una broma, hablando de la posibilidad de creación de paraísos fiscales. ¿Ha leído las declaraciones de alguien que tiene la autoridad que debe tener entre ustedes y desde luego en alguna comunidad regida por ustedes, como es el Presidente de Castilla y León cuando dice que efectivamente este sistema no solamente es más caro, sino que además contribuirá a la existencia de paraísos fiscales? No sólo algunos que debemos ser muy retrógrados pensamos que esto tiene muchos problemas, que esto es más caro, que puede producir una competencia fiscal con resultado negativo para todas las haciendas; que puede producir una competencia también para la creación, quizás no tanto como paraísos fiscales, pero en todo caso para una reducción significativa y, por tanto, para la creación de desigualdades básicas en el territorio, en la ubicación de las personas y de la actividad económica.


Página 1423


Sí, señor Rajoy, este no es un modelo inocente. Es un modelo con muchos problemas. Se puede estar de acuerdo en la corresponsabilidad, en que es necesario avanzar hacia principios elementales como el de la autonomía financiera, el de la corresponsabilidad y el de la coordinación de las haciendas, sin necesidad, sino todo lo contrario, de estar de acuerdo con ustedes. De estar de acuerdo, además, en que es posible hacer modelos alternativos mejores, pero en que hay una condición fundamental: la condición de volver al acuerdo constitucional o cuasi constitucional, si usted lo prefiere, aquel que ha dado sentido al Estado de las autonomías durante todo este período, para avanzar con rigor, para no meternos en una senda de imposible previsión en este momento y mucho más si ustedes no nos cuentan las cifras de que están hablando.
En estas leyes hay problemas jurídicos serios. No quiero, porque no me gusta, a pesar de que se puede argumentar incluso en términos de constitucionalidad, ni siquiera utilizar esta argumentación, pero quiero, señor Rajoy, que sea usted consciente de que esta reforma, incluso si se aprueba la modificación de la Lofca y la modificación de la ley de cesión de tributos, no podrá tener efectividad, como ustedes deseaban, durante el año 1997, porque va a ser necesario hacer muchas más cosas que ésta.
Va a ser necesario --entre otras cosas porque el modelo lo prevé-- que se completen las transferencias en educación hasta que el modelo finalmente pueda desarrollarse. Va a ser necesario que, además, se modifiquen algunos estatutos de autonomía. Va a ser necesario que se aprueben las leyes de cesión específica de tributos a las diferentes comunidades autónomas y todo esto, señor Rajoy, no se puede hacer de aquí a diciembre.
No quiero entrar ahora en los mil problemas desde el punto de vista jurídico, pero debe usted saber que salvo los estatutos de Asturias y Extremadura, que no tienen la cláusula general de que la modificación de los tributos cedidos no supone alteración del estatuto, todos los demás la tienen; por tanto, puede ser dudoso que no haya que hacer la reforma estatutaria para modificar la posibilidad de cesión de tributos. En todo caso, es escasamente dudoso jurídicamente, señor Rajoy, con los estatutos que hoy existen, que no sea necesario hacer una modificación expresa de los estatutos para incorporar lo que ustedes pretenden incorporar, que es la posibilidad de cesión de autonomía normativa. Cuando la Constitución habla de autonomía o cuando habla de cesión de tributos, se refiere a la cesión de los rendimientos y no a la cesión de los tributos y de la autonomía normativa correspondiente.
Hay, por tanto, problemas jurídicos serios, señor Rajoy, y hay, mucho más allá de los problemas jurídicos serios, que probablemente además de hacerles imposible que lleven ustedes a cabo esta reforma al ritmo que desean, llevarán consigo una enorme confusión en términos de los eventuales contribuyentes, que van a generar una conflictividad jurídica seria en detrimento de los ingresos y de los recursos de la haciendas durante el año 1997.
¿Qué necesidad tenemos, señor Rajoy, de sufrir eso? ¿Por qué no hacer estas cosas con pausa, con calma, volviendo a restaurar el acuerdo y las posibilidades de acuerdo? No es necesario. Ustedes ni siquiera lo han pintado del todo en los presupuestos para el año 1997. Démonos tiempo, insisto una y otra vez.
Algunas cosas más quería comentarle, señor Rajoy. Ustedes no modifican --porque querían dar la apariencia de que se modificaban pocas cosas-- algunos artículos de la Lofca que debieran modificar para hacer posible su propia reforma. Por ejemplo, la referencia al esfuerzo fiscal del artículo 13, o las causas de revisión de la participación en los ingresos del Estado, que las han cambiado en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, sin embargo, no han modificado el artículo correspondiente de la Lofca. Hay, por tanto, incongruencias de múltiples tipos. No me quiero detener en ellas porque estoy tratando de poner el énfasis fundamentalmente en los aspectos políticos, pero sí quiero hacer, al menos, una referencia fundamental a algo que ustedes ya están presumiendo que habrá de ocurrir. Cuando le decía que crean ustedes condiciones de desigualdad básica para los ciudadanos en el territorio, me refería de manera especial al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es verdad que para hacer frente a alguno de los peligros de los que hemos hablado, para conjurar los riesgos de cambio de localización de las personas, del domicilio, hacen una nueva regulación del domicilio fiscal y crean unas reglas para hacer imposible --hay que suponer buena voluntad o buena intención-- que la gente defraude, lo que es tanto como asumir que precisamente la autonomía normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va a generar precisamente esos problemas que quieren ustedes conjurar; lo conjuran, o tratan de conjurarlo, mediante unas fórmulas absolutamente imposibles de aceptar.


El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego que concluya.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Voy terminando, señor Presidente.
¿Qué sentido tiene impedir la movilidad de los ciudadanos en el territorio para que no defrauden? Señor Rajoy, no es razonable. Ustedes no podrán impedir que los ciudadanos deambulen por el territorio y fijen su residencia allá donde tengan a bien. Es un derecho fundamental. No los penalicen; no deben hacer la modificación jurídica que da lugar a tener que utilizar similares trucos en contradicción con el mayor sentido común. No hagan, por tanto, una apuesta por impedir los movimientos de las personas; modifiquen, en cambio,

Página 1424


las normas que hacen posible que se produzcan los riesgos que ustedes quieren conjurar.
Pero, señor Rajoy, han hecho una ruptura de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según ustedes, para hacer posible también este nuevo modelo de financiación; han modificado o modifican los dieciocho tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los reducen a diez. Quiero que sepan que con eso lo que han hecho es reducir la progresividad del impuesto. Ya se lo habíamos advertido en la campaña electoral. El argumento que han utilizado es el de la simplicidad. Ya me contestará, señor Rajoy, cuando usted hace la declaración de la renta si se fija en todos los tramos o solamente en el que le corresponde, aquél en el que usted se sitúa. Entre elegir su tramo o elegir otro, elegir entre en una tabla de diez o en una tabla de dieciocho, me parece que la simplicidad no variará mucho.
Pero fíjese usted lo que significa tener dos tablas, y fíjese usted si, como alguno me decía, esto lleva consigo que, además, haya dos tablas de retenciones en el territorio, una estatal, otra territorial y, dependiendo de la utilización de la autonomía normativa, diversas tablas en los diferentes territorios sobre las retenciones en el IRPF. Señor Rajoy, además, quiero que sepa que la tabla que han hecho es también una contribución al aumento de la presión fiscal. Le he dicho que es más regresiva. Un 40 por ciento de los contribuyentes va a pagar con esta tabla más de lo que pagaba anteriormente. Quiero que lo sepan. Se ha publicado y se ha analizado por todos. Ustedes lo están vendiendo como si esto fuera simplemente la simplificación del sistema y encima --lo digo entre paréntesis y utilizaré esta palabra-- es una pequeña chapuza técnica hacer esa deducción variable que ustedes hacen simplemente porque no les casa la tabla que habían hecho con lo que querían que les saliese y con lo que querían que dijera la opinión pública.
Todo lo dicho, señor Rajoy, confirma o conforma un horizonte no solamente de dudas jurídicas, de insuficiencias, sino de manifiestos errores de regulación, de inseguridad, de seguras alegaciones a la falta de títulos jurídicos para la imposición de determinadas normas fiscales en el territorio. Sin duda alguna, tenemos además importantes problemas presupuestarios y fiscales de falta de neutralidad en las relaciones entre el Estado o la hacienda central y la hacienda de las comunidades autónomas, en perjuicio de la hacienda central, en este caso, pero también en perjuicio de las relaciones entre unas y otras comunidades autónomas, y tenemos, sin duda alguna, señor Rajoy, la pérdida de elementos absolutamente claves de solidaridad que, además, van a determinar una modificación de las condiciones básicas de igualdad de los ciudadanos en el territorio. Todo esto son elementos muy importantes --elementos jurídicos, elementos económicos, elementos políticos--, pero fíjese si todos nos hubiéramos vuelto locos y hubiéramos consensuado para hacer una cosa que está peor que la que existe, sería difícil que nos pudiéramos reprochar a nosotros mismos, pero alterar lo que tenemos con todos sus defectos, alterar lo que tenemos para hacer una cosa mucho peor, para meternos en un senda que no sabemos a dónde lleva o que lleva, eso sí, a una mayor desigualdad de los ciudadanos y de los territorios, a mayores problemas de relaciones entre la hacienda del Estado y la hacienda de las comunidades autónomas y a hacerlo encima rompiendo el consenso constitucional, señor Rajoy, yo creo que es exactamente lo contrario de lo que corresponde hacer.
Usted se ha referido, y yo también lo voy a hacer, al señor Pujol. Hace unos días decía el señor Pujol: Yo no me he empeñado en que me den lo que se han empeñado en darme. Lo ha dicho, yo lo he repetido y usted también, y ha dicho que esta es una cuestión, entre otras --no solamente porque lo diga el señor Pujol, yo también se lo digo--, en la que no es posible que sólo básicamente dos fuerzas políticas impongan un modelo al resto. Este es un mal modelo que no debe ser aprobado, que si se aprueba no tendrá larga vida, que será efímero y que además generará problemas, y éste es un modelo que no debiera jamás aprobarse hasta que se logre un acuerdo entre las fuerzas políticas presentes en la Camara. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) Señor Rajoy, se lo vuelvo a decir. Se lo digo si quiere desde la seriedad, también desde una legítima preocupación pero, a la vez, con una sonrisa. Quiero que lo piense y quiero que lo piensen seriamente antes de contestarme. Me gustaría que el señor Aznar, el Presidente del Gobierno, estuviera aquí, porque hablar de consensos y hablar de diálogo cuando se hace lo que se está a punto de hacer, cuando se trata de imponer un modelo que ni siquiera viene necesitado o justificado en términos estrictos de su investidura, sino que es simplemente la imposición de una sinrazón contra alguna razón, aunque no sea toda, de quienes componemos, en este caso al menos, la izquierda de esta Camara, me parece simplemente que es un disparate. Si usted y su grupo quiere hacerse responsable de avanzar por esta vía, qué le vamos a hacer. Quiero que sepa que nosotros estamos abiertos a seguir discutiendo de esto seriamente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiegaray.
Para la defensa de sus enmiendas de totalidad, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, antes de entrar a exponer los argumentos de Izquierda Unida para intentar razonar la sinrazón que se nos ha echado encima a la hora de ver las alternativas

Página 1425


que podíamos barajar, antes de decir qué queremos devolver al Gobierno, por qué queremos devolver al Gobierno y para qué queremos devolver al Gobierno estas dos reformas que se nos traen --la reforma de la Lofca y la de cesión de tributos--, quisiera decirles, señorías, con qué talante y actitud venimos a este debate de totalidad en el que vamos a pedir la devolución al Gobierno de estos dos textos.
En primer lugar, nosotros venimos a plantear el debate sin exageración, sin confrontación y sin ningún camino hacia la demagogia. En segundo lugar, al contrario que otras posiciones, nosotros no venimos desde la defensa del modelo anterior; creemos que el modelo anterior estaba agotado y que necesitaba modificaciones. Nosotros venimos desde la defensa de los mismos principios que trajimos a la discusión del año 1980, cuando la fuerza mayoritaria que nos representaba aquí aprobó con nuestro voto favorable los principios fundamentales que para nosotros eran tres: un modelo de Estado cimentado en la autonomía debe cifrarse en la distribución competencial del Estado, en la autonomía financiera --por tanto, no sólo en la transferencia de gastos, sino en la posibilidad de establecer impuestos, de hacer política de ingresos--, en la suficiencia de esa autonomía, para que todas las comunidades puedan hacer frente a competencias similares, y en una corresponsabilidad fiscal desarrollada al mismo tiempo con elementos de solidaridad. Estos mismos principios que entonces defendió el señor Pérez Royo en nombre del Grupo Comunista, son los que hoy nos traen a defender esta enmienda a la totalidad, con el objetivo de que tras este debate se pueda lograr un diálogo que consiga el mismo grado de consenso que en aquel momento se produjo y que nosotros votamos favorablemente. A nosotros nos gustaría que el modelo de financiación que hoy debatimos también pudiera ser respaldado por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas.
Pero esa perspectiva de hacerlo abiertos al diálogo debe ir ceñida al rigor de las propuestas y al rigor de las distintas alternativas que estamos barajando, con el ánimo de hacerlas confluir. Los modelos alternativos, nítidos, cerrados, no existen. Existen las propuestas que pueden abrir el camino de un modelo determinado.
¿Qué es lo que nosotros queremos devolver al Gobierno? Queremos devolver lo que usted ha definido en su intervención como la adaptación legal para aplicar un modelo que ustedes han hecho tramitar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y digo tramitar porque, en realidad, ha obedecido a unos criterios bilaterales desde la concreción de ese modelo.
Por tanto, el cuerpo legal que usted nos plantea para reformar la Lofca y la cesión de tributos lo devolvemos, porque el modelo que usted nos propone, que es el soporte de esta reforma legal, creemos que no hace frente a los problemas que tenía el sistema anterior. Pero nosotros creemos que ese modelo que usted nos trae, al que obedece esa reforma legal, no viene consensuado, no porque ustedes no hayan tenido tiempo, sino porque han tomado una opción que les condiciona. Bajo nuestro punto de vista, lo que les condiciona a ustedes es, fundamentalmente, el pacto de investidura.
Ustedes tienen ya una opción y nosotros creemos que el modelo de Estado no se puede construir a jirones, no se puede construir a empeñones, a empujones de unas regiones a otras; no puede abrir una brecha de confrontación entre territorios. Creemos que eso es negativo.
El que la propuesta que ahora mismo contemplamos pueda tener mayores o menores visos de apoyo está en función, no de plantear el debate como aquí ha podido verse, y es: miren ustedes, la propuesta inicial nuestra es la que tienen encima de la mesa. Son lentejas, si las quieren las toman y si no las dejan. Podemos arreglar algunos condimentos, pero el plato no. Desde esa óptica es muy difícil.
Algunos elementos que se plantean en esta reforma no los vemos mal. El problema es qué tipo de reforma se aborda. Ustedes intentan, bajo estas propuestas, evitar los problemas de constitucionalidad. La propuesta originaria que ustedes hicieron no llevaba consigo la reforma de la Lofca y de la ley de cesión de tributos, simplemente querían reformar impuesto a impuesto. Sin embargo, ahora ya traen esa reforma para intentar evitar el problema de constitucionalidad o de recurso constitucional que pudiera haber frente a esta actuación.
¿Por qué les queremos devolver a ustedes la propuesta? ¿Cuáles son las razones que a nosotros nos llevan a plantear esta devolución al Gobierno? Fundamentalmente, creemos que hablar de autonomía sin hablar de financiación es algo así como intentar hacer «El Quijote» con Sancho Panza pero sin el Quijote.
Es muy difícil que nos planteemos hablar de cosas si no van acompasadas propuestas económicas con propuestas políticas. Por ello, estamos convencidos de que, frente al modelo anterior que teníamos agotado, que necesitaba de una reforma para poder dar pasos en el desarrollo del artículo 15 de la Lofca --el fondo de nivelación--, que necesitaba caminar hacia la corresponsabilidad fiscal, el informe de los técnicos que usted ha citado aquí, después de analizar las limitaciones del modelo anterior, concluía diciendo: Puede decirse sin exageración que el actual sistema de financiación autonómica se halla en un atolladero del que solamente podrá salir si somos capaces de configurar, simultáneamente, el camino de una autonomía financiera y de un esquema de nivelación. Tendrá que reconocer conmigo que el modelo que usted nos propone está muy ultimado en cuanto al tema de corresponsabilidad, pero muy poquito ultimado en cuanto al tema de nivelación. Es decir, 10.000 millones a negociar con las comisiones mixtas y durante un año, que estudiará la Comisión. Ustedes son muy estudiosos. En el pasado

Página 1426


período fueron cinco años de estudio en la Comisión de expertos. Ustedes ya ahora añaden un año más. Le dan un poquito de prolongación a la necesidad para estudiar y poder concluir. Por tanto, nosotros creemos que eso hay que modificarlo.
¿Quiere decir que ustedes no han movido pieza? No, no creemos que ustedes no hayan movido pieza. Nosotros sabemos que ustedes han movido pieza desde la propuesta inicial. Han añadido un límite parcial o una armonización a la propuesta de cesión de tributos: el 20 por ciento en el IRPF, los mínimos en el patrimonio, el domicilio, aunque no sé cómo lo logran, porque dicen: donde residan, les contaremos las vacaciones, la circulación por el país, hasta tres años. En fin, intentan resolver, pero no resuelven lo que es el domicilio donde se va a aplicar el impuesto para evitar eso que ustedes dicen de que vayan a buscar el sitio donde más le favorezca a nivel fiscal para fijar su residencia.
Ustedes añaden un límite a la divergencia que se va a producir, hasta el 90 por ciento; ustedes ponen un incipiente fondo de nivelación, escaso, mal regulado; ustedes descongelan el Fondo de compensación. Y nosotros creemos que ustedes intentan corregir las dificultades legales a la propuesta inicial. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Eso ha obedecido a un proceso de negociación entre las fuerzas políticas y las distintas comunidades autónomas? ¿Nos encontramos ante un modelo que pueda representar al desarrollo constitucional que en un principio nos dotamos por consenso de todo el pueblo español? ¿O nos encontramos ante una imposición de una parte frente a otra? ¿Podemos encontrar en el modelo que usted nos trae las señas que la izquierda sí encontró en el desarrollo de la Lofca, cuando la aprobamos en el año 1980? ¿Podemos encontrar esos dos niveles que significan en el mismo lado la autonomía y la equidad? ¿De qué manera se pueden ver reflejados los principios de igualdad y de solidaridad? Porque la Lofca también es fondo de compensación interterritorial; la Lofca también es fondo de nivelación; la Lofca también es PIE y participación en los ingresos del Estado. En suma, la Lofca no son solamente los dos artículos que ustedes modifican para incorporar el IRPF y los otros impuestos cedidos y a la vez dar capacidad normativa.
Por tanto, permítame que le diga las razones que nosotros encontramos para devolverles la propuesta que nos traen para que intenten reelaborarla. Tiempo tienen ustedes. No es necesario tramitar esto a machamartillo, con siete días para estudio y enmiendas. No va a entrar en vigor en 1997; ¡si el fondo que ustedes proponen será para 1998! Si el cuerpo, además, no es necesario para ponerlo en marcha. Ustedes ya tienen unas previsiones presupuestarias para aplicar la doceava parte. Después me referiré a la cuantificación correspondiente, pero yo sí les he encontrado los números. Por desgracia les he encontrado tres números diferentes, según el papel que he leído, pero sí hay números. Me gustaría que usted me precisara cuáles son los que van a utilizar. Hombre, una pequeña diferencia de unos 100.000 millones arriba o abajo tampoco es mucho, pero en fin; ese pequeño despiste de 100.000 millones que va del acuerdo a la propuesta de presupuestos se puede quedar colgado por ahí.
Por tanto, nosotros creemos que el modelo que ustedes nos proponen no hace frente a las necesidades que tienen hoy las comunidades autónomas.
El señor Pujol decía anteayer que tienen un acuerdo que representa un progreso respecto a la situación anterior y no pueden renunciar a la mejora que el acuerdo representa. Alguien sale beneficiado. Pero, ¿usted cree que se puede vender un modelo donde alguien se ve beneficiado y otros se pueden ver perjudicados? No es posible. No es un buen camino para llegar a acuerdos: no es bueno que ésta sea la forma de poder venderlos. Hombre, esto lo dijo de visita por Andalucía. Por tanto, creo que fue a explicar cuáles son las limitaciones que él encontraba.
Pero es que la propuesta que usted nos trae obedece a criterios bilaterales en la concreción de ese trámite, que usted decía, del pacto inicial, a cómo ha llegado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hay un documento en julio, otro el 17 de septiembre y un tercero el día 23 de septiembre. ¿Sabe dónde he encontrado que existe la relación bilateral? En los Presupuestos Generales del Estado que hemos discutido esta mañana. ¿Sabe usted dónde? En la distribución territorial de la inversión del Estado. Y, mire por dónde, cuando ustedes reducen en 300.000 millones la inversión del Estado. al mirarla distribuida territorialmente nos encontramos con que baja en muchas comunidades pero sube en algunas. Pondré un ejemplo: en Canarias pasa de 14.000 a 23.000 millones de pesetas; sube el 61 por ciento la inversión territorial del Estado. En Castilla-León sube de 69.000 a 80.000 millones de pesetas, el 15 por ciento. Ahora entiendo las intervenciones de esta mañana apoyando la bondad del presupuesto. ¡Claro, ya está pagada la parte de compensación para el apoyo del presupuesto! Es decir, ustedes utilizan un arma que no es buena para dotarse de un proyecto estable, de un proyecto que garantice visión, donde todos nos veamos reflejados, y es esa relación fuera de cuerda (tanto te puedes llevar) que ahora se abre también en las comisiones mixtas. Y podemos ver cómo se pone en marcha la deuda histórica para algunas comunidades y para otras no, cómo distribuimos el dinero de la financiación, o la deuda de la sanidad. En suma, hay muchas puertas desde el presupuesto del Estado para decir: esto te puedes llevar; esto tendrás si te sumas. Eso sí, usted ha dicho en su presentación algo así como: ojo con los pecados que pueden cometer los que no se sumen al proyecto. Usted lo ha dicho de forma moderada, pero ha venido a decir: los que no se sumen, tendrán sus complicaciones. Esa manera de negociar es como decir:

Página 1427


o te metes al hilo o te voy a decir que pierdes 3.000, 4.000 o 5.000 millones de pesetas para tu comunidad. Esa forma de negociar que ustedes tienen es un tanto anómala, bajo nuestro punto de vista, y no obedece a un desarrollo simultáneo de lo que pudiéramos llamar corresponsabilidad y solidaridad. Pero es que, además de todo eso, no conocemos los efectos reales del costo del sistema, y me va a permitir que le diga dónde hemos encontrado nosotros las cifras que ustedes dan, no la distribución, porque en unos figura la distribución pero en otros, no.
En el proyecto de presupuestos que ustedes nos han traído aquí y que esta mañana hemos aprobado... --perdón, no hemos devuelto al Gobierno, después veremos si se aprueba--, ustedes nos proponen dos billones 363.000 millones de pesetas para distribuir a las comunidades autónomas; pero en el documento que acompaña al acuerdo, en éste que ustedes aprobaron el día 23 de septiembre de 1996, la cifra que señalan ustedes como el costo de la PIE es de dos billones 356.000 millones de pesetas --por el camino se han quedado una cantidad-- y cuando establecen ustedes la cifra a distribuir entre las comunidades autónomas en el año 1997 --en este acuerdo sí está distribuido por comunidades autónomas--, dan una cifra diferente, y la cifra que a mí me sale son dos billones 263.000 millones de pesetas; es decir, 90.000 millones menos de lo que han puesto en los presupuestos. Lo que va aquí son 90.000 millones menos de lo que va aquí; (El orador muestra los dos documentos.) es verdad que esto lo presentaron en esta Cámara antes del 30 de septiembre, es del 23 de septiembre.
Dígame usted de qué manera va a empezar a actuar el día 31 de enero, cuando empiece a pagar la doceava parte a cada comunidad. ¿Sobre cuánto dinero va a aplicar el porcentaje? ¿Cuánto se va a llevar cada comunidad autónoma por la doceava parte que le corresponda? Porque, eso sí, ustedes van a capitalizar las comunidades autónomas --que me parece muy bien-- con esas aportaciones previas.
Además. desde nuestro punto de vista, el modelo de financiación que ustedes proponen aquí tiene trucos, tiene trampas a la hora de poder aplicarlo. Por un lado, ustedes hacen una presupuestación de un fondo de garantía de 10.000 millones, para que ninguna comunidad autónoma se quede por debajo del 90 por ciento, que se pagará en el año 1998, pero ya hay una modificación fiscal que entrará en vigor en enero; por lo menos, ésa es la pretensión que ustedes tienen. Pero usted decía antes, en su presentación, que las variables que utiliza son las mismas que había antes. ¿Sabe usted cuáles son? Las del año 1988. Cuando el modelo del año 1992 actualizó las variables, ¿sabe usted lo que costó en todo el período del sistema? Costó 300.000 millones de pesetas. ¿Sabe usted que significa que la comunidades autónomas van a contar con una población que era la que tenían en el año 1988 y, por ejemplo, la mía ha crecido en 100.000 habitantes? Pues no recibirán el dinero que correspondería a esos 100.000 habitantes más. Y en el mismo caso se encuentran las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha. Si aplicáramos la variable población al nivel del año 1995, no del año 1988, supondría una diferencia de 65.000 millones de pesetas: para Andalucía, 29.000 millones; para Valencia, 18.000 millones; para Murcia, 8.000 millones; para Castilla-La Mancha, 4.000 millones. Pero también podríamos utilizar la variable de unidades administrativas, porque las comunidades autónomas que han ido recibiendo, desde 1988 hasta ahora, competencias nuevas, tienen nuevas unidades administrativas. Como se van a aplicar las variables del año 1988, usted va a transferir para población y estructura competencial del año 1988, y nos dice que ése va a ser el modelo para los años 1997-2001. Pues la verdad es que, bajo nuestro punto de vista, no ha resuelto algo que debe ser equilibrado: techo competencial, capacidad financiera y recursos en manos de las propias comunidades autónomas.
Además, ustedes no modifican el Fondo de Compensación Interterritorial y este Fondo no debe estar sujeto a lo que puede ser una actuación graciable. La Ley del Fondo fija un 30 por ciento de la inversión nueva.
Cuando discutíamos esto en el año 1980, nosotros ya hablamos de poner el Fondo en relación con lo que eran los ingresos tributarios del Estado: el 12 por ciento, un porcentaje; pero podíamos ponerlo en relación al PIB, para dar estabilidad al compromiso que ustedes contraen, como Gobierno, para corregir desequilibrios territoriales. Ustedes dicen: Este año añadimos 5.000 millones más. Desde luego, es más que en los seis años anteriores, que ha estado congelado, pero eso no puede ser graciable cada año. No podemos venir a que digan: 5.000 millones los distribuimos así, entre una comunidad u otra. Ustedes deberían reformar el cuerpo legal para adecuar el Fondo de Compensación Interterritorial a la realidad de hoy.
En suma, nosotros creemos que la propuesta de reforma fiscal que usted nos trae y el modelo que lleva detrás, puede abrir las puertas a lo que pudiéramos llamar niveles de divergencia entre la realidad actual y nosotros somos conscientes de que la realidad actual de España es diversa, es dispar a nivel económico, a nivel territorial, a nivel de capacidad, no solamente de lengua, lo reconocemos; pero es que el modelo, al final de los cuatro años, dónde nos llevará el nivel de divergencia? ¿Cuál será? El primer año, ya sabemos: la media de las 17 comunidades, o de las 19 comunidades si metemos Ceuta y Melilla, en el 90 por ciento, ninguna quedará por debajo; ya sabemos eso, en el primer año. En el segundo año, será la media del segundo año; en el tercer año, la del tercero; en el cuarto, la del cuarto... ¿O es a todo el conjunto del sistema al final? Si es al conjunto de los cuatro años, se cobrará la compensación a los cuatro años; son recursos que se recibirán

Página 1428


después. ¿O daremos porcentajes a cuenta? Pero es que ustedes no lo han desarrollado; es que ustedes no han puesto el fondo de garantías en una ley, para que sea cuerpo legal. No está desarrollado; está en el acuerdo al que ustedes han llegado.
En suma, nosotros creemos, por último, que el otro defecto que tiene es que el modelo de estado de financiación se hace de espaldas a los municipios. Cuando los municipios van a recibir, o deberían recibir, un volumen de competencias y capacidad, en la distribución de los dineros del Estado, poner un volumen en un lado y otro, no se cuenta con el papel y el protagonismo de los propios municipios.
Por tanto, señor ministro, nosotros creemos que éstas son las razones para devolverle el modelo y las leyes que le acompañan. Pero, ¿para qué le queremos devolver este papel? ¿Se lo queremos devolver porque queremos fastidiar al Gobierno el trabajo que hasta ahora ha hecho? ¿Se lo queremos devolver porque queremos perjudicar el grado de consenso que se ha producido hasta ahora? De ninguna manera. Creemos que hay un grado de consenso que se debe ampliar, para que ese modelo de financiación sea el modelo del Estado en el que todos nos podamos ver reflejados. Por ello, le devolvemos estos dos textos, para que usted los reelabore. Y vamos a intentar mojarnos y exponerle cinco criterios para que usted los pueda reelaborar; cinco criterios que modificarían la propuesta que usted nos ha traído aquí.
Primero, que a la vez que desarrolle corresponsabilidad (estamos de acuerdo en que debe haberla), desarrolle capacidad normativa; que los parlamentos tengan capacidad normativa nos parece muy bien, no estamos en contra de ello, pero, a la vez, debe haber un desarrollo nítido de la nivelación y de los fondos compensatorios, regulados por ley, para que sea estable, para que sea fijo.
Segundo, nosotros creemos que deberíamos lograr un incremento de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, no de manera similar, pero sí de forma que se incremente la autonomía financiera de todas las comunidades, y esto puede parecer una cosa sin importancia. Le voy a poner un ejemplo. Para Madrid, que recauda 1,6 billones de pesetas de IRPF, su 30 por ciento, o su 15 por ciento, es un volumen de 600.000 millones; para Extremadura, que tiene un IRPF de 66.000 millones de pesetas, su 30 por ciento son 22.000 millones de pesetas, con un presupuesto actual de 200.000. Dígame usted qué capacidad de movimiento le da acompasado, divergente, pero, de qué manera uno ve mejor reflejada su autonomía financiera en esta evolución común de todas las comunidades autónomas, aceptando divergencias, aceptando niveles que actualmente tenemos y una evolución posterior de una forma más o menos razonable.
Pero es que, además, nosotros creemos que ustedes renuncian a una posibilidad. Ustedes, en la reforma de la Lofca y en la reforma de la cesión de tributos añaden lo que supone la cesión del IRPF y retiran el IVA y los impuestos especiales; dicen que porque tienen limitaciones técnicas o porque hay indicaciones comunitarias que, más o menos, impiden que eso se pueda producir. Pero usted tendrá que reconocerme que el IRPF es el impuesto más progresivo y no es el de más homogeneidad en su base imponible, no supone el mismo volumen y, lógicamente, la distancia entre comunidades que tienen mayores perspectivas de desarrollo, mayor capacidad de renta, mayor capacidad de hurgar y de meter el dedo en lo que es el fraude o los pagos que deban ser aplazados, son unas frente a otras, de tal manera que esa pequeña divergencia que se establece del 3 por ciento, porque 20 por ciento arriba o 20 por ciento abajo en el IRPF, como capacidad normativa de los parlamentos, significa un 3 por ciento en realidad; pero, fíjese, ¿qué calor me suena a mí cuando hablamos de impuestos? Me suena el calor de que lo importante es bajar la presión fiscal. ¿Quién podrá bajar la presión fiscal? Quien tiene ingresos por rentas suficientes y puede hacer frente a sus obligaciones con una menor presión fiscal . Pero es que el 3 por ciento que puede ser de reducción en unas, para otras que no tienen recursos suficientes puede ser de incremento. Y, mire usted por dónde, la paradoja puede ser que la evolución sea divergente también en donde reduzcan y en donde suban, y nos podemos encontrar con que las regiones con menor capacidad de renta sean las que tengan que incrementar su propia presión si quieren hacer frente a sus competencias. Estoy poniendo un ejemplo que puede no darse, pero esto lo facilita como propuesta.
En consecuencia, otra propuesta a tener en cuenta sería la incorporación de otros impuestos de base imponible más amplia, como puede ser el lVA, como pueden ser los impuestos especiales.
Nosotros creemos que debería usted mejorar sustancialmente el Fondo de Compensación Interterritorial. Podía venir en la reforma del artículo 16 de lo que es la Lofca y la ley que le acompañó tres años después, que es la Ley del Fondo. Se puede decir que ya hemos subido 5.000 millones y que por qué razón queremos más. Pero ¿sabe usted lo que también oí ayer en el debate de presupuestos? Que ahora tenemos dos inversiones que se suman, la inversión que está en los presupuestos y la que vamos a sacar por ahí de extrapresupuestario, por no decir de extranjis, porque ya veremos de dónde vienen esos 300.000 millones. Pero la inversión nueva ¿cuál va a ser? A la hora de aplicar el Fondo ¿cuál va a se la inversión nueva? ¿Los 800, o los 300 también? Y ¿se van a invertir de verdad, o no se van a invertir de verdad? ¡Hombre! ¡Pues depende de que los privados quieran invertirla o no quieran invertirla! Es decir, la evolución futura no va a caminar si no se precisa legalmente el Fondo en una condición le estabilidad.


Página 1429


Por último, nosotros sabemos que ustedes han introducido elementos de amortización fiscal en las reformas del día 23 de septiembre, elementos positivos a lo que fue la propuesta originaria, límites; mínimos en cuanto a patrimonio, en el IRPF los marcos, en cuanto a sucesiones la ubicación, pero no hay una armonización fiscal suficiente que evite eso que se llama la competencia desleal a nivel fiscal. Digo que evite, no digo que se vaya a producir. Yo sé que el impuesto que más divergencias podía crear es el de sociedades, el Impuesto sobre Sociedades es el que más divergencias podía crear. No estamos discutiendo el de sociedades.
Aquí estamos hablando de unos movimientos mínimos, pero movimientos que pueden funcionar en la evolución del modelo que usted nos plantea.
Por tanto, nuestra posición es la de mirar la reforma de la Lofca que usted nos trae y la reforma de lo que son la cesión de tributos en función del modelo de financiación que usted quiere acompañarnos.
Pero permítame que le haga dos referencias sobre lo que son los textos concretos. En lo que es la reforma de la Lofca, apenas modifican ustedes dos artículos fundamentales, incorporando el 30 por ciento del IRPF y añadiendo capacidad normativa. Eliminan el IVA en lo que era la posibilidad anterior y no desarrollan otras capacidades de la propia Lofca; por ejemplo, el artículo 9.º. Una de las posiciones que mantuvimos en nuestro debate en 1980, era la necesidad de modificar el artículo 9.º.
Le ponía muchas trabas a la capacidad de impuestos propios de las comunidades autónomas. Se inclinó más por el tema de los recargos a los impuestos del Estado, en lugar de que cada comunidad hurgara, buscara fórmulas fiscales, nuevos impuestos a añadir. Bueno, pues a ese artículo 9.º ustedes le añadieron más limitaciones de las que la propia Constitución le daba originariamente; le añadieron más de las que estaban previstas. Ya defendimos aquello en 1980; no se consiguió. En consecuencia, un camino para obtener más recursos podría ser esa reforma o esa consolidación de aquel artículo 9.º, quitando las limitaciones que ustedes le añadieron para poder conseguir otras actuaciones.
En lo que se refiere a la cesión de tributos, usted nos ha venido a proponer --no nos ha hecho referencia-- alguno de los textos que vienen recogidos en la ley: vamos a darles capacidad a las comunidades autónomas a nivel normativo en la tarifa autonómica, y a nivel individual o conjunta y, dice aquí: su estructura deberá ser progresiva. ¿Qué es eso de deberá ser progresiva? ¿Cómo se va a evolucionar en el control de eso? Pero es que, además, ustedes hablan aquí de que les corresponde las deducciones por circunstancias personales, por inversiones no empresariales, y por otras actuaciones determinadas. Es decir, el texto que usted nos ofrece, en cuanto al IRPF, el texto concreto de la reforma, en lo que es el título II de la ley, no en el título I, tiene necesidades de precisión. Pero en el Impuesto sobre el Patrimonio aún más. Dice en el Impuesto sobre el Patrimonio las comunidades autónomas podrán regular el mínimo exento y la tarifa. Y mire usted el párrafo que añade: la estructura de la tarifa deberá tener una progresividad similar a la del Estado --similar--, siendo idéntica a la de éste en lo que significa la cuantía del primer tramo de la base liquidable y el tipo marginal mínimo.
A mí me gustaría conocer cuáles son los límites. Fíjese que le estoy hablando de un impuesto sobre patrimonio que el Estado tiene ya desfiscalizado; por desgracia, no porque estemos de acuerdo --nosotros creemos que debía ser mucho más eficaz--, actualmente el 95 por ciento del impuesto sobre el patrimonio son exenciones fiscales. En suma, también hay limitaciones que deberían ser corregidas en las propuestas concretas que usted nos ha aportado.
Termino, señor Presidente, señorías, explicando lo que querríamos conseguir con esta propuesta de devolución al Gobierno de estos dos textos legales que, desde nuestro punto de vista, podrían tener un trámite positivo, pero que no responden a un criterio negociado, a un consenso en el modelo de financiación, y tampoco a un consenso en el cuerpo legal que debe desarrollarse. Nuestra filosofía es que se cumplan los compromisos, que se busque --no queremos impedir los compromisos que ustedes tengan-- que los intereses legítimos del socio que apoya al Gobierno, el señor Pujol --que yo no sé si manda mucho o aparenta mucho; en cualquier caso, es un problema que a mí no me importa--, no sean incompatibles con los intereses, también legítimos, de todas las comunidades autónomas y vernos reflejados en un modelo que acompase los tres niveles que nosotros creemos que hoy son pilares básicos de cualquier modelo de financiación: autonomía financiera que logre suficiencia financiera, que no es lo mismo; corresponsabilidad fiscal pareja a la nivelación, y, sobre todo, solidaridad garantizada para que se corrijan los desequilibrios, porque, si no, vamos a una España que tendrá que preparar la ubicación en zonas más desarrolladas de las zonas menos desarrolladas y estaremos incumpliendo compromisos concretos de asentamientos de población, de evitar despoblamientos en las zonas rurales, de funcionar de una manera diferente.
Por todo eso, nosotros le devolvemos la propuesta que nos hace, con el objetivo de tenderle la mano y decirle que si el Gobierno aprueba esta propuesta de devolución, queremos dialogar, queremos avanzar en la propuesta que usted nos ha hecho y queremos llegar a acuerdos que corrijan las limitaciones de la propuesta de origen. Esa es la voluntad con la que venimos aquí.
¿Hemos podido participar antes? ¡Hombre!, yo reconozco que nuestra presencia solamente condiciona como voto en algunas comunidades poco importantes para algunos, muy importantes para otros, como pueden ser Asturias, Extremadura o Andalucía; que nuestro

Página 1430


voto condiciona, como fuerza política con 2.800.000 votos, a nivel del Estado, pero nosotros no hemos participado en la discusión de estos números, hemos sido informados por el Gobierno. Ese es el pequeño matiz que hacemos al señor ministro y al Gobierno que él representa hoy aquí.
Ustedes confunden negociación con información. Negociar es informar, recibir las propuestas de la otra parte, acercar posiciones, ceder las partes y llegar a acuerdos. Eso es negociar. En todo caso, como vengo del sur, encuentro dificultades para explicar qué es negociar, pero si ustedes siguen con la dinámica de informar e imponer, nosotros nos tendremos que oponer.
Nada más. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de su enmienda de totalidad, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender las enmiendas a la totalidad presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de modificación parcial de la Lofca. El modelo que está vigente, pero que va a dejar de estarlo en breve, se reveló desde luego insatisfactorio y es por eso que, el 23 de septiembre de este año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a propuesta del Gobierno, aprobó un nuevo modelo de financiación para el quinquenio 1997/2001, basado en lo fundamental en la ampliación del ámbito de la cesión a las comunidades autónomas de una parte del IRPF y de la atribución a estas comunidades de ciertas competencias normativas en relación a los tributos cedidos. En función de eso, se propone modificar algunos aspectos de la Lofca y de la Ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades Autónomas.
Lo que proponen estos proyectos de ley es un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que no altera sustancialmente el anterior, que es un modelo provisional y limitado en el tiempo, basado en lo fundamental en el pacto de gobernabilidad entre el Partido Popular y Convergència i Unió. Por hablar con claridad, se vuelve a no querer abordar los problemas de fondo que presenta la actual configuración del Estado y que son fuente de continuas insatisfacciones.
No es difícil aventurar que las tensiones entre un modelo de Estado centralizado y un modelo de Estado que se estructure bajo fórmulas federales persistirán, y esas tensiones se van a manifestar naturalmente también en el terreno de la financiación. Estamos delante de un nuevo pacto de financiación de las comunidades autónomas basado, como decía, fundamentalmente en acuerdos de gobernabilidad.
Nosotros queremos dejar claro que nos parece absolutamente legítimo que las fuerzas nacionalistas de cualquier nacionalidad histórica del Estado planteen las posiciones que les parezcan más oportunas y que sean más beneficiosas para los intereses de su propia comunidad autónoma, pero los acuerdos entre dos fuerzas políticas, por legítimos que sean, no deberían configurar el modelo de financiación de las comunidades autónomas, que en este caso además tendrá vigor entre los años 1997 y 2001.
Señoras y señores Diputados, el Estado español es un Estado plurinacional. El reconocimiento práctico de esta realidad ayudaría a resolver y a situar en su lugar un sinnúmero de problemas que, mientras permanezcan escondidos, mientras se nieguen a la práctica seguirán siendo fuente de conflicto y confusión; una realidad plurinacional, por cierto, reconocida, aunque no en su plenitud, en la Constitución, que define a Galicia, Euskadi y Cataluña como nacionalidades históricas; una realidad plurinacional, por cierto, que no es exclusiva del Estado español y que otros Estados tuvieron y tienen que afrontar con mayores o menores problemas, con mayor o menor acierto. No estamos por tanto ante una realidad exclusiva de este Estado.
Es difícil comprender el miedo permanente a ceder soberanía a las naciones que conforman el Estado español, como si eso, que facilitaría la convivencia armoniosa de los pueblos del Estado, supusiese una auténtica tragedia o la desaparición de España. Se oyen frecuentemente voces que ni siquiera aceptan los estrechos límites del modelo autonómico actual. Y mientras esto sucede, el Estado español cede más y más soberanía en el proceso de integración en Europa, sin que esta situación parezca alarmar lo más mínimo a los defensores del Estado unitario y central.
El BNG propone un modelo de financiación acorde con el modelo de Estado que defiende; un modelo de Estado federal que responda al carácter plurinacional del mismo, que permita, como decía, la convivencia armónica y en pie de igualdad de los distintos pueblos que lo componen; un modelo que no será fuente de desigualdad sino de armonía. Uno de los argumentos más socorridos para los defensores de la centralización financiera y política del Estado es que, de no mantenerse esta estructuración, se crearían desigualdades interterritoriales, obviando intencionadamente que las desigualdades, los diferentes grados de desarrollo económico y social entre los distintos territorios del Estado, se produjeron y se mantienen en el contexto del Estado centralizado. ¿O acaso no se produjeron fuertes desequilibrios territoriales a lo largo de la historia, a pesar de aplicarse un modelo de Estado férreamente centralista? En un modelo federal o confederal, señoras y señores Diputados, los pueblos que se federan pueden ceder parte de su soberanía tributaria a las instancias del aparato central del Estado federal, en consonancia con las funciones que tenga atribuidas

Página 1431


ese aparato central. Pero lo hacen sin menoscabo de la conservación de su poder tributario.
La configuración del actual modelo de Estado, al partir de una situación previa de Estado unitario, en la que los pueblos no tenían una identidad propia reconocida, es un proceso inverso, pero la tendencia debería ir en el sentido de alcanzar un punto de llegada semejante al Estado federal, si se reconoce de verdad que el Estado es un Estado plurinacional. Desde nuestro punto de vista, ahí está el meollo de la cuestión. El debate sobre la financiación no puede sustrarse del debate político de fondo, sopena de caer constantemente en la frustración y en la permanente revisión del modelo de financiación.
Si en el Estado español se reconocen las nacionalidades históricas y, en consecuencia, al vertebrarse ese Estado de las autonomías se acepta que esas autonomías no son constitucionalmente del mismo rango, eso tiene que tener traducción en el modelo de financiación. Si, por el contrario, lo que se hace en la práctica es negar el carácter de nacionalidad histórica y negar el distinto techo competencial, aparece la llamada situación de café para todos, que al final no resuelve nada.
Sirvan estos apuntes para enmarcar el porqué del rechazo del Bloque Nacionalista Galego a los proyectos de ley que hoy debatimos. Nuestro rechazo al sistema de financiación que proponen los proyectos de ley, no es desde el punto de vista del mantenimiento del Estado actual, ni desde el punto de vista del mantenimiento de la dependencia financiera de las instituciones gallegas, sino justamente desde el punto de vista contrario: desde la convicción de que para intentar resolver algunos de los problemas que padece Galicia es precisa una mayor autonomía financiera y una mayor capacidad de decisión de sus instituciones.
El proyecto de ley de modificación parcial de la Lofca pretende modificar, en parte, un sistema de financiación que, como decía, se reveló insatisfactorio. Lo hace, insisto, no abordando a fondo un nuevo sistema de financiación, con visión de futuro y superador de las dificultades actuales, sino con vocación de provisionalidad para un periodo corto de tiempo, respondiendo más a necesidades coyunturales de mantenimiento de la estabilidad del Gobierno actual que al diseño de un acuerdo que permitiese avanzar en la autonomía financiera de las comunidades autónomas, en consonancia con el carácter plurinacional del Estado.
Al basar la corresponsabilidad fiscal de la autonomía financiera en lo fundamental, en la cesión a las comunidades autónomas de un tramo del IRPF, supone no sólo un nivel muy reducido de autonomía financiera, sino que, además, al partir de realidades con nivel y desarrollo económico dispares, será fuente de desigualdades en el grado de suficiencia financiera.
Para una sociedad subdesarrollada en el contexto estatal como la gallega, la corresponsabilidad fiscal no puede basarse casi exclusivamente, como se propone, en la cesión de un tramo del IRPF, sino sobre el conjunto del sistema tributario, de manera que se puedan compensar las desventajas comparativas que nos ocasionaria el modelo propuesto. Más aún, en una situación en la que no se prevé la residenciación de los sujetos tributarios en la comunidad en que perciben los ingresos por sus actividades económicas, lo que en el caso de Galicia es manifiestamente perjudicial, ya que todo el mundo sabe que las grandes empresas o los accionistas de las mismas que allí generan sus recursos están domiciliados fiscalmente en otro lugar.
No deja de ser preocupante, además, que el modelo de financiación propuesto quede sometido a exigencias externas al Estado español; es decir, que dependa de las exigencias normativas de la Unión Europea, en cuyo caso las competencias cedidas a las comunidades autónomas quedarían sin efecto y volverían a ser ejercidas por el Estado central. Esta cortapisa, desde nuestro punto de vista, pone de manifiesto aún más, si cabe, la fragilidad y la provisionalidad del modelo y su carácter de concesión del Estado central.
El modelo de financiación que se propone es, en nuestra opinión, un modelo insatisfactorio, cuando menos, para la comunidad autónoma de Galicia. En consecuencia, presentamos estas enmiendas de devolución a la totalidad porque el modelo, en primer lugar, limita la base de la autonomía fiscal a la cesión de un tramo del IRPF, descartando un modelo alternativo que, como decía, abarcarse el conjunto del sistema tributario estatal. En segundo lugar, porque la fijación de la cesión del IRPF en el porcentaje el 30 por ciento proporciona en el caso gallego una cobertura financiera muy limitada, consolidando, en consecuencia, su dependencia de las transferencias de la Administración central. En tercer lugar, porque, la capacidad normativa que se reconoce a las instituciones gallegas para el 30 por ciento del IRPF y los demás tributos cedidos es muy limitada y no recoge las medidas necesarias destinadas a residenciar en las comunidades autónomas a los sujetos pasivos que perciban ingresos o beneficios por las actividades económicas realizadas en su territorio, y que en la actualidad figuran domiciliadas fiscalmente fuera de sus límites territoriales.
Señoras y señores Diputados, el actual sistema político español es el resultado de una descentralización del poder concentrado en el Estado mediante la fórmula de las autonomías. En el terreno fiscal, la descentralización fue hasta ahora muy pequeña. Excepto en el caso de la Comunidad Autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, donde rige el llamado concierto económico, un mecanismo que proporciona un importante poder a las haciendas de ambos territorios, para el resto del Estado el sistema de financiación se basa en la existencia de una caja única estatal en la que se ingresa todo lo recaudado por la mayoría de los tributos existentes, y desde la que se transfiere una parte de los mismos a los gobiernos autónomos,

Página 1432


en base a unos criterios de reparto establecidos, por última vez, por cierto, en el año 1992.
El nivel de centralización existente en el hasta ahora vigente sistema de financiación queda reflejado, por ejemplo, al observar que la capacidad de actuación propia del Gobierno de Galicia sobre el total de los ingresos que administra, se reduce aproximadamente a un 10 por ciento.
Con la propuesta de cesión del 30 por ciento del IRPF es probable que aumente el porcentaje de los ingresos sobre los que tendría capacidad decisoria. Persiste, a pesar de eso, la escasa autonomía financiera y, por tanto, sigue el nivel elevado de centralización, aunque nosotros no podemos entrar a valorar si este modelo de financiación supone para alguna comunidad autónoma disponer de un mayor nivel de competencia propia sobre el conjunto de sus ingresos. No se pueden obviar en la valoración de la propuesta de financiación los indicadores relativos al nivel de renta de comunidades como la nuestra, en la que las retribuciones salariales son inferiores a la media estatal, o en la que existe un amplio número de perceptores de prestaciones sociales con un bajo nivel cuantitativo de las mismas.
El modelo de financiación propuesto se basa teóricamente en tres principios: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y solidaridad. La suficiencia financiera y la corresponsabilidad fiscal son los pilares sobre los que se debe montar la autonomía financiera; corresponsabilidad fiscal como método y suficiencia financiera como criterio, para conseguir que los recursos de una comunidad autónoma determinada sean suficientes para afrontar el gasto y lograrlo en condiciones de equilibrio presupuestario.
Estaríamos de acuerdo con la corresponsabilidad fiscal como método para la autonomía financiera, pero al ceñirlo exclusivamente a la cesión del IRPF resulta inaceptable porque, al tratarse de un impuesto progresivo y en exclusiva, será fuente de desigualdad.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, el modelo de financiación de las comunidades autónomas debería suscitar o, cuando menos, no impedir un proceso evolutivo hacia un modelo de hacienda congruente, con una estructura político-institucional de Estado federal o confederado. Partiendo de ese marco global, nosotros rechazamos el modelo de financiación que se propone en este proyecto de ley por constreñir sólo a la cesión de una parte del IRPF la obtención de la autonomía financiera en forma de corresponsabilidad fiscal.
A nuestro entender, la fase para la formulación de la autonomía fiscal deberá abarcar necesariamente al conjunto del sistema tributario estatal, por lo que el abanico de impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma de Galicia debería ser completado con la cesión del IVA, de los impuestos sobre consumos especiales y del impuesto de matriculación. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Creemos también que en la cuantía inicial del gasto público necesaria para cubrir las necesidades de la Comunidad Autónoma de Galicia deberá quedar recogida la deuda histórica acumulada como consecuencia de las deficiencias de cálculo registradas en procesos de negociación anteriores.
Defendemos un sistema de financiación que proporcione a la hacienda pública de Galicia la cuantía de recursos suficientes para desarrollar cualitativa y cuantitativamente los contenidos competenciales de su autonomía política con rango constitucional de nacionalidad histórica.
Defendemos un sistema de financiación que permita impulsar una política autonómica de desarrollo económico y social tendente a recuperar posiciones en el espacio del Estado español y de la Unión Europea.
Defendemos la residenciación en Galicia de los sujetos pasivos por los diferentes impuestos, que perciban ingresos o beneficios por las actividades económicas realizadas en su territorio y que hasta ahora figuran domiciliadas fiscalmente fuera de Galicia.
Proponemos la creación de una Administración tributaria integrada de la Hacienda estatal y de las comunidades autónomas, encargada de realizar la gestión y la recaudación de los tributos, en la línea de la propuesta contenida en el libro blanco elaborado en 1995 por el grupo de expertos comisionados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Defendemos que en el órgano de la Agencia Tributaria existente en Galicia la presencia de representantes de la Administración autonómica alcance, como mínimo, el 50 por ciento de la totalidad del mismo.
Defendemos que se acometa un incremento paulatino del reparto de los recursos a disposición de las comunidades con rango de nacionalidad histórica, en relación con los atribuidos al aparato central del Estado, en la distribución del conjunto consolidado de los fondos presupuestarios estatales.
Estos criterios expresan nuestra posición sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas y, en concreto, sobre el modelo de financiación de la Comunidad Autónoma de Galicia. Un modelo más acorde con nuestra necesidad de desarrollo y que contribuya a paliar la situación de desigualdad a la que históricamente se vio sometida nuestra comunidad.
Es muy difícil, por no decir imposible, que para síntomas distintos se pueda aplicar el mismo medicamento. Esto es lo que se nos propone con este modelo de financiación: aplicar la misma receta a realidades y necesidades diferentes. Nosotros proponemos un modelo de financiación adecuado a la realidad concreta y que, como decía antes, sirva para que las comunidades autónomas, en concreto la nuestra, avancen en los índices de bienestar económico y social.


Página 1433


En conclusión, el Bloque Nacionalista Galego rechaza el modelo de financiación de las comunidades autónomas que se propone para este período 1997/2001, porque no es beneficioso, desde nuestro punto de vista, para la Comunidad Autónoma de Galicia; porque creemos en un modelo que atienda a los problemas de fondo y tenga perspectivas de futuro; un modelo, por tanto, que reconozca el carácter de nacionalidad histórica de Galicia.
Este rechazo nada tiene en común con aquellos que propugnan el mantenimiento del status actual; de quienes les parece el modelo propuesto una concesión excesiva; de quienes, en el fondo, incluso llegan a cuestionar el modelo autonómico actual y su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a contestar a las tres enmiendas de totalidad por el orden en el que han sido presentadas, intentado abordar en mi respuesta al mayor número posible de cuestiones de los distintos intervinientes, en el bien entendido de que no repetiré las contestaciones a planteamientos que han hecho algunos de los intervinientes y que son coincidentes.
Voy a contestar, en primer lugar, al señor Eguiagaray, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, que ha comenzado su intervención con tres afirmaciones sobre las cuales me gustaría hacer algunos comentarios.
Ha dicho que el Gobierno viene aquí a pasar un mal trago; que el Gobierno intenta minimizar este debate, porque lo hace junto con la ley de presupuestos, la ley de acompañamiento y la ley de disciplina presupuestaria; que el tema no es una broma y que hay que tomárselo muy en serio. Yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con esta última información. Crea usted que el Gobierno no pasa por ningún maltrago al venir aquí a defender este modelo de financiación; crea usted que el Gobierno no minimiza, en absoluto, el debate. Yo no tengo inconveniente alguno en debatir el modelo de financiación. Ya lo he hecho --fíjese usted-- tres veces en el Senado. Antes de aprobarse, tuve que hacer este debate en tres oportunidades en el Senado. Lo estoy haciendo en el día de hoy, lo haré en el Pleno del Senado dentro de unos días y está convocada la Comisión General de Autonomías, en el Senado, para debatir este asunto.
Por si ello no fuera suficiente, he respondido en multitud de ocasiones a preguntas formuladas por ustedes, tanto en esta Cámara como en el Senado, a lo largo de los últimos días. Por tanto, no diga usted que minimizamos el debate. Recuerdo que cuando se aprobó este modelo, con fecha 20 de enero de 1992, no hubo ni siquiera un debate porque se llegó a un acuerdo después de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, como usted muy bien recuerda. Por tanto, cuando todavía no ha entrado en vigor el modelo ya se ha debatido en seis oportunidades.
Luego dice el señor Eguiagaray --y sobre esto sí que me gustaría hacer algunas observaciones-- que este es un tema muy serio. Estoy de acuerdo en que es un tema muy serio, señor Eguiagaray. Precisamente porque es un tema muy serio el Gobierno, a lo largo de estos últimos meses, ha hecho un esfuerzo para intentar pactarlo con todas las comunidades autónomas.
Puesto que es un tema muy serio, me gustaría saber cuál es el planteamiento que ustedes, como Partido Socialista, tienen en materia de financiación autonómica. Es tan serio que no ha sido capaz el Partido Socialista de presentar un modelo. Eso sí, es tan serio que piden un referéndum en una comunidad autónoma concreta y determinada, y hablando de anuncios presentan unos en la Comunidad Antónoma de Andalucía donde se dice que con el nuevo modelo, con lo cual yo entiendo que ya tienen cuantificado el costo, un andaluz recibirá una peseta, un catalán siete pesetas y un valenciano nueve pesetas. Naturalmente, esa no es la tesis que sostiene el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que increpa al presidente de aquella comunidad por haber dado su voto y su apoyo al modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa es la seriedad que tiene el tema para el Partido Socialista. (Un señor Diputado desde los escaños del Grupo Socialista: Estamos en el Congreso.--Rumores.) El tercer comentario hace referencias contradictorias. Por una parte, dice que es el precio que tenemos que pagar a una determinada fuerza política, pero, por otra parte, reconoce, como no podía ser menos, puesto que lo ha dicho su jefe de filas, que la propuesta del modelo la ha hecho el Partido Popular, como yo he ratificado mediante la lectura que he hecho del programa de este partido. No sé por qué entonces habla usted de precio. ¿Porque se aplique el programa del Partido Popular se va a pagar un precio? Si fuera el programa de otra fuerza política, aún podría entenderlo. ¿Acaso dice usted eso porque tiene alguna experiencia en tiempos pasados? No lo creo, pero, a juzgar por las afirmaciones que usted ha hecho, no me deja otra opción. Su intervención, señor Eguiagaray, la podría resumir en tres afirmaciones. Primero, ha criticado la falta de consenso, que se modifique la Lofca sin consenso. En segundo lugar, hace un comentario, sobre el cual yo también quiero hacer algunas precisiones, referido a las discrepancias que existen en el sentido de que es bueno lo que proponen las comunidades y no es bueno lo que propone la Administración central del Estado. Y, en tercer lugar, hace referencia a la igualdad de los ciudadanos en el Impuesto sobre la renta y a los posibles paraísos fiscales.


Página 1434


Estoy de acuerdo en que es bueno, positivo, incluso casi me atrevería a decir que es necesario, que todos los temas que afecten a la organización territorial del Estado se hagan por consenso, por acuerdo entre las fuerzas políticas. Tengo la autoridad moral para afirmar esto porque en el año 1992, siendo usted Ministro de Administraciones Públicas, yo, evidentemente bajo la dirección de quien entonces era el jefe de la oposición, firmé con ustedes un pacto autonómico, que no teníamos como partido de la oposición ninguna obligación de firmar; ninguna. Pero lo hicimos por responsabilidad y porque creíamos que era bueno llegar a un acuerdo en este tipo de asuntos.
Por si ello no fuera suficiente, pocos años después, cuando usted ya no era Ministro de Administraciones Públicas, este partido firmó con el Partido Socialista y el Gobierno los Estatutos de las ciudades de Ceuta y Melilla, con un indudable coste para quien en ese momento estaba en la oposición, que era el Partido Popular. Consenso que, sin embargo, no hubo en el año 1993 cuando ustedes impusieron, a mitad del período de vigencia del modelo 1992-1996, la cesión del 15 por ciento a las comunidades autónomas. Consenso que tampoco hubo en el año 1995 cuando se debatió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la prórroga del modelo del 15 por ciento para 1996, que tuvo un voto a favor, como es sabido, de una comunidad autónoma y del Gobierno. Por tanto, el tema salió adelante con los votos del Gobierno, que tiene la mitad en dicho Consejo, como es sabido por los señores Diputados, más el de una comunidad autónoma.
Consenso, señor Eguiagaray que nosotros estamos absolutamente dispuestos a intentar, siempre lo hemos estado, pero es que una cosa es el consenso y otra el derecho de veto, y la sensación que ha tenido el Gobierno a lo largo de estos últimos meses no era que se dijera que el Gobierno no quería el consenso, que sí lo quería, era que había determinadas comunidades autónomas y determinados partidos que lo que querían era vetar que se hiciera un nuevo modelo de financiación, porque si eso no fuera así y como ya le he dicho antes, usted y su partido hubieran presentado ante la opinión pública cuál era su modelo de financiación y no nos hubiéramos encontrado con peticiones absurdas como la que ha hecho el Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura o con planteamientos como los que ha hecho el Partido Socialista de Andalucía, porque ¿está usted de acuerdo, señor Eguiagaray, o es el modelo del Partido Socialista aquel en el que se pide lo siguiente: potenciar la capacidad normativa de las comunidades autónomas en los tributos cedidos --esto que usted critica lo propone la Comunidad Autónoma de Andalucía--; el impuesto especial sobre las labores del tabaco; el impuesto especial sobre determinados medios de transporte? Y luego fíjese usted lo que se pide: atribuir el 15 por ciento de la cuota líquida del IRPF, atribuir el 50 por ciento del impuesto especial sobre hidrocarburos y distribuir el rendimiento de la Organización Nacional de Loterías. Naturalmente proponen otra alternativa además, que es sustituir la participación en el IRPF por una participación territorializada en el 15 por ciento del IVA.
¿Este es el modelo del Partido Socialista, este es el modelo de la Junta de Andalucía o este es uno de los quince modelos que ha presentado a lo largo de estos últimos meses el Partido Socialista? (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Señor Eguiagaray, es que es muy difícil consensuar algo con un partido que decide utilizar como arma contra el Gobierno un asunto como es el de la financiación autonómica. Es que, señor Eguiagaray, he estado en Galicia, porque soy Diputado por aquella circunscripción, en numerosas ocasiones a lo largo de estas fechas y he visto allí cómo los dirigentes socialistas estaban utilizando argumentos absolutamente contradictorios con los que estaban empleando los socialistas en esta zona de España.
¿Cómo quiere que se pueda conseguir un consenso con un partido que tiene quince modelos, que además no tiene voluntad de conseguir un consenso, porque está utilizando esto políticamente para enfrentar comunidades entre sí, y encima con un líder que si estaba tan preocupado por el tema de la financiación autónoma, debía no estar ausente, como ha estado, de la política española a lo largo de estos meses, sino planteando aquí cuáles son los problemas y cuáles son las grandes catástrofes que puede generar este sistema de financiación autonómica. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El señor Leguina Herrán: ¡Mucho hablar y pocas ideas!--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor Presidente, ha dicho el señor Eguiagaray, y estoy de acuerdo, que no es deseable que se genere la sensación de que todo lo que se proponga por parte de las comunidades autónomas es bueno para el conjunto del interés general y lo que proponga el todo, el conjunto de todas esas comunidades autónomas, el Gobierno de España, no es bueno para el interés general.
Estoy absolutamente de acuerdo, pero tengo la impresión de que este modelo no tiene nada que ver con esa afirmación que ha hecho el señor Eguiagaray; si acaso algo puede tener que ver con esa afirmación son las actuaciones que como consecuencia del debate de este modelo han llevado a cabo algunos dirigentes de su partido, porque proponer un referéndum y llevarlo a un Parlamento en el que se quiere preguntar a los ciudadanos de esa comunidad: ¿está usted de acuerdo con el modelo de financiación para Extremadura acordado por Convergència i Unió y el Gobierno?, eso sí que es generar tensiones entre comunidades, eso sí que es generar problemas al conjunto de los españoles. ¿O está usted de acuerdo con la actuación

Página 1435


de su partido a lo largo de este proceso en las distintas comunidades? Porque es que es muy cómodo venir aquí, criticar el modelo, no presentar otro y al mismo tiempo militar en un partido que está utilizando este asunto como ariete contra el Gobierno con argumentos contradictorios.
Tengo que decirle estas cosas, señor Eguiagaray. Presente aquí su modelo, pero que ese modelo lo asuma el Partido Socialista en toda España. El modelo que el Gobierno ha acordado con todas las comunidades autónomas lo asume el Partido Popular en toda España. Creía --y lo dije al principio de mi intervención-- que usted nos iba a dar a conocer el modelo del Partido Socialista. No lo ha hecho y ha dicho que no tiene que hacerlo porque usted lo que quiere es que haya un consenso como lo hubo en el año 1980. Mire usted, nosotros lo que queremos --y creo que es algo absolutamente razonable-- es que este modelo se apruebe ahora, que es cuando hay que aprobarlo, porque el modelo tiene que entrar en vigor en 1 de enero de 1997 y no queremos que suceda lo que ocurrió en el año 1992, donde, por cierto, no consensuaron ustedes con ninguna otra fuerza política, pero, sí, aprobaron el modelo el 20 de enero de ese mismo año y hubo que aplicarlo con efecto retroactivo desde el día 1 de dicho mes, como usted a buen seguro recuerda. Por tanto, consenso sí, pero a derecho de veto, sintiéndolo mucho, señor Eguiagaray, no estamos dispuestos. Y, desde luego, las palabras siempre tienen que ir acompañadas de los hechos, porque si no ciertamente va a ser difícil que nos entendamos. El Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y yo mismo hemos tenido conversaciones con el señor Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con su Consejera. Llegamos al acuerdo de intentar consensuar el modelo, y dos días después toda Andalucía apareció invadida por una serie de carteles publicitarios criticando el mismo. Es muy fácil hablar de consenso, pero hay que actuar en consecuencia, señor Eguiagaray.
Hay dos temas que también son muy importantes y que para ustedes, sin duda alguna, constituyen un problema grande a la hora de dar el apoyo al modelo. Hace referencia, en primer lugar, a que la atribución de capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puede producir desigualdades entre los españoles y que es dudosamente constitucional. Sobre ese particular voy a hacerle los siguientes comentarios, para que usted tenga claras algunas ideas y para poder resolverle las dudas que usted ha planteado. El Tribunal Constitucional ha dicho que es plenamente constitucional que haya IRPF distintos en todas las comunidades. La Lofca permite que haya IRPF distintos en todas las comunidades, porque permite el establecimiento de un recargo. El señor Leguina, que sí tenía ideas --antes dijo el señor Leguina que había pocas ideas; él sí las tenía--, fue quien en su día quiso establecer un recargo del 3 por ciento sobre el IRPF. El sí que tenía ideas. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Pero es que, señor Eguiagaray, fíjese usted la autoridad moral, con perdón, que tiene el Partido Socialista para hablar de IRPF distintos. En el año 1983 ustedes establecieron una de las normas más pintorescas que se han aprobado en España desde el año 1977, que fue el recargo municipal sobre el IRPF. En aquel año hubo IRPF distintos no entre comunidades sino entre todos los ayuntamientos de España; algún ayuntamiento como el de Santander llegó a establecer un recargo del 10 por ciento de la cuota líquida del IRPF. Tengo aquí la relación de ayuntamientos que aplicaron recargos en el IRPF y, como es natural, la pongo a su disposición, pero no voy a agotar a los señores Diputados con la lectura de la misma. Naturalmente, el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional esa ley aprobada por ustedes, porque los recargos y la capacidad normativa están sujetos a una reserva de ley y evidentemente los ayuntamientos no aprueban leyes. Pero por si ello no fuera suficiente, diré que hay impuestos distintos en España, los ciudadanos pagan impuestos distintos. Se pagan impuestos distintos ahora, se pagan impuestos de transmisiones distintos, según cómo se quieran valorar los bienes; se pagan impuestos sobre sucesiones y donaciones distintos, según la valoración que de los bienes hagan las distintas comunidades autónomas; tenemos, como he dicho, el impuesto sobre la renta, pero es que los propios estatutos permiten la creación de tributos propios por parte de las comunidades autónomas.
Por tanto, señor Eguiagaray, le tranquilizo. Es perfectamente posible, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que exista una capacidad normativa en el IRPF y que, por tanto, se paguen IRPF distintos, con los topes que, por otra parte, se establecen en el actual proyecto que presenta el Gobierno y que son mucho más limitativos que los que hay ahora, porque ahora existe la posibilidad de establecer un recargo --el famoso recargo del señor Leguina-- que no tiene ningún tope. Sin embargo, en el planteamiento que hace el Gobierno se dice con meridiana claridad que la tarifa autonómica, que va a ser el 15 por ciento, no puede exceder en un 20 por ciento, en más o en menos, a la cuota que el que resultaría de aplicar la tarifa estatal.
Otro asunto que creo que también merece cumplida respuesta es el que hace referencia al famoso asunto de los paraísos fiscales. Ha citado S. S. al Presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, al que yo voy a hacer los honores en esta Cámara. (Aplausos.) Es que ustedes siempre hacen igual, porque me lo han hecho en el Senado hace quince días. Ustedes ven una declaración y citan la parte que les interesa. Claro, como yo ya estoy acostumbrado a eso, ahora tengo que leer todas las declaraciones, lo cual, sin duda, me genera un enorme trabajo, pero me permite responderle a usted aquí en relación con las declaraciones del señor Lucas: «El nuevo modelo de financiación autonómica puede

Página 1436


crear paraísos fiscales y desigualdades entre las distintas regiones españolas.» (El señor Almunia Amann: ¡Ahí, ahí!) Exactamente, pero a continuación dice que para ello es necesario que se establezcan los domicilios fiscales con meridiana claridad y de suerte que los impuestos se paguen en los lugares donde se obtiene la renta.
Son los puntos de conexión que se establecen en la ley de tributos a los cuales yo antes he hecho referencia, es decir, el impuesto de actos jurídicos documentados no se paga donde quiera el contribuyente, sino que se paga en aquella comunidad en donde esté el registro en que sea obligatorio inscribir el documento notarial de que se trata. El impuesto de transmisiones de bienes inmuebles no se paga donde quiera el contribuyente, sino donde esté el inmueble objeto de la transmisión.
(Rumores.) Paso a hacer algunos comentarios sobre otras afirmaciones que ha realizado el señor Eguiagaray, que sin duda han sido muchas y muy ilustrativas. Hace una serie de argumentaciones jurídicas... Perdone usted porque creo que me he perdido en todas sus consideraciones. (El señor Eguiagaray Ucelay pronuncia palabras que no se perciben.) No es necesario modificar los estatutos de autonomía. Basta con una ley del artículo 150.1 de la Constitución española. Le tranquilizo a usted con ese asunto. No es necesario. Hay que hacer una ley de tributos para cada comunidad autónoma. Sin duda eso es cierto. Haremos una ley de tributos para cada comunidad autónoma. No crea mayores complicaciones ni dificultades hacer en el plazo de 15 días una ley de cesión de tributos para cada comunidad autónoma. No tiene nada que ver el traspaso de la competencia de educación con el nuevo modelo de financiación. En el nuevo modelo de financiación hay un 15 por ciento con capacidad normativa para todas las comunidades autónomas y se cede un 15 por ciento en la cuota líquida a aquellas comunidades cuya PIE lo pueda absorber, y a las que no lo puedan absorber, un 10 o un 5 por ciento, y, efectivamente, el modelo estará completo en su totalidad cuando se proceda al traspaso de educación y entonces todas las comunidades tengan el 30 por ciento de IRPF.
No quiero terminar, señor Eguiagaray, sin hacerle una reflexión. ¿Qué es lo que a ustedes exactamente --porque voy a sintetizar ahora los aspectos básicos del modelo-- no les gusta del modelo? El modelo establece una mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Eso está en su programa electoral, que quieren mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal. Pueden, sin duda alguna, parecerles malos o no convenientes los instrumentos que utilizamos, que son los tributos cedidos, por una parte, pero yo no creo que no le parezca bien la cesión o no cesión de los tributos cedidos, porque en este momento las comunidades tienen la gestión y tienen toda la recaudación de esos tributos cedidos. Pero es que, además, la Junta de Andalucía pide la capacidad normativa de los tributos cedidos. Por tanto, yo no creo que ustedes estén en desacuerdo con dicha capacidad normativa.
La capacidad normativa en el IRPF. Yo puedo entender que ustedes estén en contra de que se ceda capacidad normativa en el IRPF, pero no me negarán ustedes que no es contradictoria con algunas de las actuaciones --y he hecho referencia aquí a algunas muy claras--, como son los recargos que permite actualmente la legislación y como son los recargos que ustedes permitieron para los ayuntamientos en el año 1993.
Introduce una participación de las comunidades en la Agencia Estatal Tributaria. No me parece normal que ustedes se opongan a que eso sea así.
Delimita con meridiana claridad los puntos de conexión del impuesto. Esto es tremendamente importante. Yo no creo que ustedes se opongan a esto, yo no creo que ustedes se opongan a que una persona que haga una determinada escritura que tenga que inscribirse en un registro tenga la obligación de pagar el impuesto en el lugar donde radica el registro y no se vaya a otra comunidad, cosa que a lo mejor sucede ahora y a lo mejor no. Tampoco creo que se opongan a ello.
Tampoco creo que se opongan a los mecanismos de solidaridad que se establecen en el modelo, que se han acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ¿se oponen ustedes a que suba el Fondo de Compensación Interterritorial? No lo creo, aunque ustedes lo tuvieron congelado cinco años; a lo mejor es que quieren seguir teniéndolo congelado más años. ¿O se oponen ustedes a que se ponga en marcha el artículo 15 de la Lofca? Tampoco lo creo, aunque no lo han puesto en marcha desde el año 1980. ¿O se oponen a los otros mínimos de garantía? Por tanto, señor Eguiagaray, al final he llegado a la conclusión de que por muchas apelaciones que usted haga al consenso, éstas tienen que ir acompañadas de hechos concretos, como hicimos nosotros. Y se lo vuelvo a repetir, tengo la autoridad moral --porque era usted ministro y yo miembro de la oposición-- de demostrarle que hemos sido capaces de lograr un acuerdo. Usted tiene que acreditar si tiene la autoridad a partir de ahora para llegar a un consenso sobre este asunto. Desde luego el comportamiento de su partido --he dado algunos datos y podría dar muchos más-- en las distintas comunidades a lo largo de estos meses ha sido auténticamente lamentable. Han propiciado los problemas entre comunidades autónomas, han hecho --con perdón-- demagogia de toda suerte --y usted lo sabe-- en algunas comunidades autónomas concretas y determinadas.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Por tanto, no venga usted ahora aquí a hacer un discurso que nada tiene que ver con lo que es la actuación del partido.
Hay algunos otros asuntos en los que podría entrar, como la neutralidad o no del modelo, pero es que gobernando ustedes cedieron los hoy llamados tributos

Página 1437


cedidos a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, a partir de la recaudación normativa, reciben el importe total de todo lo recaudado. ¿Eso era neutral o no era neutral? Supongo que unas comunidades autónomas recaudarían más por tributos cedidos que otras. Lo mismo ocurre con el 15 por ciento del IRPF. ¿Era neutral o no era neutral? Señor Eguiagaray, no se moleste ni se enfade, es que las cosas hay que decírselas. En cualquier caso, si se molesta y se enfada, pasaré a contestar al señor Ríos y le dejo tranquilo. (Risas.) Señor Ríos, se lo digo con absoluta cordialidad, a veces cuando debato con su partido no sé exactamente lo que estoy debatiendo. He tenido dos experiencias a lo largo de esta legislatura muy ilustrativas en este sentido, Una, la que tuvo lugar con ocasión del debate de la Lofage. En aquella ocasión tuve un debate con usted y tuve otro con el Partido Socialista. Curiosamente yo tenía la sensación de que la oposición del Partido Socialista a la Lofage era mucho mayor que la de Izquierda Unida. No sé por qué presentó usted una enmienda a la totalidad e ignoro por qué ha presenta usted ahora porque yo entiendo que el Partido Socialista lo haga, porque dice que no está de acuerdo con la capacidad normativa ni, supongo, con los instrumentos de solidaridad ni en cómo se han hecho las cosas, pero no entiendo exactamente qué es lo que Izquierda Unida critica en el planteamiento que ha hecho el Gobierno.
Hemos hablado del consenso, de que no ha habido negociación. Señor Ríos, yo no sé si ha habido negociación o no, o si con usted ha habido negociación o no, pero le aseguro que ha habido intensisímas negociaciones y además todo el mundo lo sabe. Ha habido múltiples reuniones con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, multilaterales y bilaterales; ha habido reunión con todos los presidentes de comunidades autónomas; se ha hablado con los grupos políticos, etcétera.
Se queja S. S. de falta de solidaridad en el modelo. Yo no sé si el modelo tiene falta de solidaridad o no, pero desde luego es mucho más solidario que el anterior, aunque a lo mejor no le parece suficiente.
Entiendo que usted hubiera preferido que el FCI en lugar de incrementarse en el porcentaje que se hizo se hubiera duplicado, lo entiendo, pero nosotros tenemos que hacer los presupuestos --usted puede hacer discursos-- y cuando se hacen los presupuestos se hace lo que se puede hacer sin duda alguna. Lo mismo digo de los fondos de nivelación.
Reconocerá usted que al menos ha habido un avance, porque antes no se había puesto en marcha el artículo 15 de la Lofca y ahora sí. Reconocerá usted que se establecen unos mecanismos de garantía que no existían hasta el momento presente.
Dice S. S. que algunas comunidades salen beneficiadas y otras no. No sé si algunas salen beneficiadas y otras no. Yo lo que creo es que en españa este Gobierno ha sido capaz de hacer una reforma del sistema de financiación que nadie se había atrevido a hacer, aunque todo el mundo estaba absolutamente de acuerdo en que era necesario que las comunidades autónomas tuviesen corresponsabilidad fiscal. No sé quién sale beneficiado o quién sale perjudicado, pero lo que es evidente es que el Gobierno establece en el modelo una serie de mecanismos que, sin duda, van a servir y van a ser muy útiles para que no se establezcan desequilibrios entre comunidades autónomas. Vamos a ver, con el tiempo, a quién se le aplican estos mecanismos de solidaridad. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Plantea el tema de la deuda histórica. Sin duda es un tema muy importante que se recoge en la Lofca y en algunos estatutos de autonomía. Plantea el tema de la PIE. No le he entendido exactamente qué ha querido decir usted con las cifras. La PIE de las comunidades autónomas, lo sabe todo el mundo, es la misma que había el año pasado, incrementada en PIB nominal.
Ya hemos dicho en múltiples oportunidades, y lo seguiremos diciendo, que la PIE es la misma, que el Estado no aporta ni una sola peseta nueva al modelo, salvo el leve incremento del FCI y el fondo de nivelación del artículo 15 de la Lofca.
Habla de la distribución de las variables. Hemos acordado en el Consejo que las variables sean las mismas, incluida la población --que efectivamente son parámetros del año 1988--, porque al conjunto de las comunidades le pareció que era oportuno y conveniente no abrir un debate sobre otras variables, porque había algunas comunidades autónomas que querían que primara más el criterio de población, otras querían que primara el criterio de superficie y otras --ya saben ustedes cuáles son el criterio de insularidad--. A S. S. le parece poco el FCI.
Habla de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Dice que hay comunidades autónomas con más autonomía que otras. Sin duda esto es así, pero es que esto ya era así. Lo importante de este modelo es que pasamos de una autonomía del 25,8 por ciento a una autonomía del 63 por ciento. Esto es muy importante. En concreto su comunidad, la murciana, pasa de una autonomía del 38,2 a una del 99,8. Tendría que estar usted encantado de la vida, porque, además, eso es plenamente congruente con el programa electoral de Izquierda Unida. Por eso me sorprendo de que usted presente esta enmienda de totalidad. Es que el programa electoral de Izquierda Unida dice que hay que ceder tramos del IRPF y de otros impuestos en cuantía suficiente para lograr una auténtica autonomía financiera. A lo mejor es que no hemos ido demasiado rápido en la reforma. Probablemente nos hemos situado en el punto medio entre el Partido Socialista, que no quería absolutamente nada, y ustedes, que van lanzados. En fin, creo que los gobiernos tienen que actuar con una cierta prudencia y una cierta sensatez.


Página 1438


Al final termina con una formulación que es la clásica propuesta que hacen todas las fuerzas políticas cuando quieren oponerse a algo, que es: paren ustedes el asunto y vamos a negociar. Le hago la misma pregunta que al Partido Socialista. ¿Dónde está la alternativa de Izquierda Unida al modelo de financiación? Porque también Izquierda Unida se ha opuesto al modelo de financiación en todas las comunidades autónomas y también, mira por dónde, con argumentos distintos y contradictorios en todas ellas, y, claro, ustedes tienen que darse cuenta de que el Gobierno tiene que gobernar y es el que tiene que hacer el esfuerzo para llegar al consenso.
Ustedes han preferido utilizar este tema para hacer daño o para oponerse al Gobierno, y al final nos encontramos en la situación en que nos encontramos.
En cuanto al representante del Bloque Nacionalista Galego, ha hecho una amplia intervención en la que más que entrar en el análisis del modelo de financiación ha entrado en lo que, en su opinión, debe ser el modelo de Estado, fundamentalmente en los temas competenciales, políticos, legislativos, y ha hecho una breve referencia al final al modelo de financiación. Yo le digo a usted, como paisano, que el modelo de financiación es bueno para Galicia, aumenta su autonomía financiera en una cantidad importante, del 14 al 39,3 por ciento. Galicia es, por otra parte, una comunidad en constante proceso de crecimiento y, por tanto, parece lógico que su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crezca de una forma razonable y, por consiguiente, que el modelo sea bueno para el interés del conjunto de los ciudadanos de Galicia. Por otra parte, se establecen unos mecanismos de solidaridad que, sin duda, como ya le he dicho al representante de Izquierda Unida, podrían estar dotados con una cuantía mayor de la que lo están en el presupuesto actual, pero es evidente que las limitaciones presupuestarias han impedido que esto haya podido ser así. En cualquier caso, usted tendrá que reconocerme que, respecto del modelo anterior, se han producido avances sustanciales. Así he creído deducirlo de sus palabras. Naturalmente, usted puede proponer muchas cosas porque ni ha gobernado nunca ni lo hace en este momento, pero puedo asegurarle a usted y estoy absolutamente convencido, que el modelo que se ha presentado es el más sensato que se podía hacer en el presente momento. Espero que usted así lo entienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente.
Señor Rajoy, como le he dicho antes, ya me temía yo que hoy fuéramos de florete, que viniera más bien aquí a obtener el aplauso exclusivamente de sus correligionarios, pero no a plantearse los problemas, al menos como yo he querido ponerlos de manifiesto. Toda su argumentaciones un conjunto de declaraciones sobre, lo que nosotros hemos hecho mal en el pasado. Es un discurso al que estamos acostumbrados. Ya sabemos que desde Viriato aquí no ha habido más responsable de todos los males de este país que el Partido Socialista. Ya nos lo han dicho; nos lo han dicho muchas veces.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Pero, además de decir eso, señor Rajoy, ¿ qué más sabe decir? Además de decir que somos los culpables de todos los males y que naturalmente ustedes son el colmo de la bondad, de la responsabilidad y de la seriedad, ¿qué más son capaces de decir cuando se plantea, como he tratado de hacerlo, quizás erróneamente, a la vista de la recepción de mis palabras, que éste no es un problema para echamos en cara los unos a los otros, sino un problema para ver cómo solucionamos el presente y el futuro de España, y que el Estado de las autonomías no es solamente una cuestión de dinero, que también, sino de talante y de acuerdo político entre todos, lo que no quieren imponer, ni hacer, ni llevar a cabo? (Aplausos.) Usted me dice unas cuantas cosas y, como siempre, lo mismo --supongo que es un estilo de la casa--, con ese juego malabar con el que lo que se pretende es que la oposición haga el papel del Gobierno y no que el Gobierno haga el de la oposición. Se dice: denme ustedes un modelo.
Cuando se lo damos se quejan, entonces no les gusta; pero cuando no se lo damos, y le he anunciado que yo no venía aquí a explicar un modelo ni siquiera el que tenemos, sino ... (Un señor Diputado: Así están.) No se enfaden, hombre, tengan un poco de calma, déjeme hablar. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Le he dicho, señor Rajoy, que venía a decirle fundamentalmente que si ustedes imponían este modelo con el consenso que tienen, con el apoyo que tienen, éste iba a ser un modelo efímero, un modelo que no resolvería los problemas de nuestro país y que, por lo tanto, lo razonable era aparcarlo, no porque ésta fuera una estratagema del Partido Socialista para paralizar la acción del Gobierno, señor Rajoy. El Estado de las autonomías es un problema de todos, de ustedes y nuestro, pero así es como no se resuelve. Así resuelven lo que le he dicho al principio: aquel compromiso que ustedes asumieron para hacer Presidente del Gobierno al señor Aznar. Así sí lo resuelven; y lo resuelven probablemente mucho más allá de lo que sus socios han querido.
Resuelven la cuestión financiera y resuelven algunas cosas que nunca les han pedido. Usted ha dicho que ése era su modelo; su modelo, pero no el de nadie más, ni siquiera de sus socios. No es el modelo, desde luego, que podamos

Página 1439


compartir los demás. Me aceptará, por lo tanto, que es muy difícil que si éste es su modelo --cosa que yo dudo, porque después en la réplica, por cierto, ha dicho que es el modelo de Izquierda Unida, del Partido Socialista y de no sé cuánta gente más--, pueda ser o haya sido nunca el modelo del Partido Popular.
Pero, en fin, cosas veredes, Sancho. Ustedes, que se han opuesto a todo lo habido y por haber --hasta al Estado de las autonomías, muchos de los que se sientan aquí--, ahora están no solamente por la resurrección de la mayor diversidad en materia de autonomía normativa, sino que, contra lo que es la evidencia, sostienen cosas contradictorias en un sitio y en otro. Fíjese. Usted ha hecho aquí un canto a la bondad de la autonomía normativa, diciendo que es muy bueno el que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pueda ser completamente distinto en un sitio y en otro. El señor Rato, Vicepresidente del Gobierno, ha dicho --es verdad que en La Rioja-- que él lo que quiere es la misma presión fiscal en todo el país. ¿Sabe por qué lo decía? Porque en La Rioja se quejaban de algunos de estos problemas. En La Rioja ha dicho eso. Lo que no nos han aclarado, ni el señor Rato ni usted, señor Rajoy, es en qué consisten algunos acuerdos, que a lo mejor vuelven a generar mayores diferencias de presión fiscal en el territorio, quizá suscritos esta misma noche. Yo quisiera nada más saberlo, no digo ni siquiera si estoy a favor o en contra. Quiero saberlo por no tener discursos contradictorios en un sitio y en otro, como ustedes están haciendo cuando defienden --y antes lo he citado-- que se pueda aumentar los recursos de todas las comunidades autónomas y que éste sea el modelo de España.
Señor Rajoy, no me acuse de incoherencia. Usted es el representante y un miembro de este Gobierno. ¿Qué modelo defiende? ¿Uno, como el que se plasma en los anuncios de sus correligionarios en Andalucía, de que van a perder 440.000 millones más? ¿Uno, como el que le permite decir al señor Pujol que, con cargo a esta cuenta, a lo largo del período, la Generalitat tendrá --lo digo porque lo dijo en el debate de política general--, exactamente 113.068 millones más en el año 2001? ¿Cuánto significa esto desde el punto de vista del conjunto de España? No lo dice, señor Rajoy. Viene usted aquí y pretende que yo me crea, que este grupo se crea, que la Cámara se crea, que los españoles se puedan creer un modelo que no tiene siquiera el valor de explicar cuánto vale. ¡Haga el favor! (Aplausos.) ¿Qué es eso de la coherencia y de la incoherencia? ¿A qué venimos aquí, solamente a resucitar declaraciones de unos y de otros? Incluso, me cita mal al señor Lucas. He dicho antes --y lo he citado bien-- que el señor Lucas había manifestado --aquí lo tiene usted-- lo siguiente: Algunas propuestas, de unos y de otros, pueden vulnerar la Constitución. Pero no me refiero a eso. Y sigue: El nuevo modelo de financiación autonómica puede crear paraísos fiscales y desiguales entre las distintas regiones españolas. Y dice después: El paraíso fiscal está creado desde el momento en que, comparativamente, se reduce un gravamen o impuesto. Exactamente lo contrario de lo que usted está defendiendo, porque usted está defendiendo el que pueda haber, comparativamente, distintos tipos de impuestos, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El señor Lucas no estaba de acuerdo con el modelo; lean ustedes.
Lo que ustedes han hecho es pintar ahí una serie de cosas, que llaman fondos de garantía y que dicen que son de solidaridad, pero que en cualquier cálculo aproximado se sabe que van a importar escaso volumen de dinero y que, además, no entrarán en funcionamiento en muchísimas comunidades autónomas, aunque sí en algunas que ustedes han señalado con el dedo, a lo largo de estos años, y que, por lo tanto, los mecanismos de solidaridad que existían se van a ver alterados seriamente. Esto de la autonomía normativa de su modelo, señor Rajoy, lo que significa es más dispersión en los recursos de las comunidades autónomas, menos autonomía financiera o más diferencias en autonomía financiera de unas comunidades autónomas respecto de otras.
Me dice --y usted se arroga aquí una legitimidad moral que solamente se la voy a otorgar a usted en un período, pero no en otro período--, y es verdad, que hicimos un pacto autonómico. Pero --lamento que no esté el señor Aznar-- no fui yo solamente quien impulsó ese pacto autonómico; antes que yo hubo otros ministros de Administraciones Publicas, y otros que me antecedieron, que trataron de hacer lo que solamente fue posible un año y pico después de que estuvieron ustedes vetando el avanzar en la reforma o en la ampliación de competencias de las comunidades autónomas del artículo 143. Y le diré más. Nosotros aguantamos ese tirón. El portavoz hoy del Grupo Parlamentario Socialista, señor Almunia, cuando era ministro, tuvo que aguantar --como a mí me tocó aguantar-- el que ustedes estuvieran haciendo demagogia en todas las comunidades y diciendo que lo que después acordaron con nosotros era una barbaridad. Y nosotros aguantamos, desde el Gobierno, con paciencia, pensando en algo más, en que, a pesar de eso, no podíamos hacer la modificación sin acuerdo con ustedes. Y nosotros lo hicimos; lo hicimos porque creíamos que era fundamental que se hiciera de común acuerdo. Ustedes están haciendo en este momento exactamente lo contrario. Saben que es necesario un acuerdo con nosotros en esta materia, con nosotros y con otros; que ustedes no lo pueden llevar a término solamente con algún otro partido; saben que esto es irresponsable, y de lo que nos acusan es de pedir un veto. Un veto, no, señor Rajoy: simplemente un acto de responsabilidad y de reflexión.
El problema es que esto viene muy mal desde el principio. No es solamente una cuestión de discusión con las comunidades autónomas, porque en sus comunidades

Página 1440


autónomas, como en las nuestras, hay diferencias, puesto que están defendiendo intereses territoriales que no tienen por qué coincidir necesariamente con el interés general; porque ésa es su función exactamente. Pero un acuerdo para el desarrollo del Estado de las autonomías es un acuerdo fundamentalmente de partidos en esta Cámara, entre las principales fuerzas políticas, y ése es el que ustedes no han impulsado --ni el otro tampoco-- de ninguna de las maneras.
Señor Rajoy, hacer el Estado de las autonomías significa demostrarlo con hechos, y puesto que usted me lo pide, yo le sigo ofreciendo la posibilidad de acordarlo. Pero si lo que me ofrece es solamente que diga sí a un canto en favor de un modelo que ni siquiera tiene el valor de explicar cuánto vale; si lo que me ofrece es modificar la Lofca sin consenso; si lo que me ofrece es imponer este específico modelo de corresponsabilidad fiscal; si lo que me ofrece es romper la unidad fiscal de españa; si lo que me ofrece es que los recursos del Estado caigan en el futuro; si lo que me ofrece es mayor déficit para el conjunto de las Administraciones públicas; si lo que me ofrece es crear incertidumbres jurídicas y si lo que me ofrece es que esos raros consensos que con dificultades teníamos, unos y otros, en esta Cámara, entre las principales fuerzas políticas, lo rompamos definitivamente, créame, señor Rajoy, en ese camino estará sólo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad, señor Ministro, es que usted tiene que haber pasado un mal rato. Yo no sé si aplicarle a usted una pequeña receta, y es: dos no se pelean si uno no quiere. (Rumores.) Por tanto, le puedo aplicar eso también a cómo ha tramitado esto: dos no llegan a acuerdo si uno no quiere. (Rumores.) Yo puedo haber cometido errores en la negociación; ahora, me comprenderá usted si le digo que usted, que es el que participa en el Gobierno, es el que menos ha puesto, porque no lo ha conseguido. (Rumores.--Un señor diputado: ¡Qué nervios!) No se preocupen ustedes con los nervios; los nervios se quedan en el sitio. (Risas.) En todo caso, da la impresión de que usted hubiese partido del siguiente dilema: antes de nosotros, el caos; con el big bang que somos nosotros, todas las puertas abiertas. Pero es que hay algunas que no ha abierto usted; hay algunas a las que usted, ¡ay que ver!, ni llama dos veces, ¿eh? Hace así con los dedos: tiririn, tiririn, y punto. (Risas.) Porque si no, no comprendería cómo no hemos podido avanzar en algunas cosas.
Perdone que le haga esto, porque yo creo que usted es un hombre de muy buen talante, aunque se vé que hoy le ha pillado regular.
Ha dicho usted algo que me ha sonado a un incienso raro, y yo he sido monaguillo, es decir, no se preocupe, que sé lo que digo. (Risas.) Cuando ha terminado ha dicho algo así como: La postura de ustedes, ha sido la de le tiendo la mano para negociar porque no quiero negociar. Y ha dicho usted: Esa es la postura clásica de todos los partidos. Está en el «Diario de Sesiones», lo va a poder usted leer. Eso me suena a una época en la que los partidos eran malos y el que gobierna no está en ningún partido. Señoría, ¡usted está en algún partido! Usted está dentro de algún partido, creo yo.
¿Por qué le digo esto? Porque usted ha negociado con los consejeros de las distintas comunidades autónomas, usted habrá llamado a muchas puertas, con unas habrá ofrecido compensaciones, porque entraron al Consejo de una manera y salieron de otra --me refiero a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 23--, pero con otras hay una pequeña complicación porque resulta que somos una fuerza política. Y, mire usted, para desarrollar la Constitución en un pacto constitucional el diálogo tiene que ser entre fuerzas políticas y organizaciones territoriales del Estado o partes del Estado, municipios, comunidades y Estado central. Y a nosotros no nos ha llamado muchas veces. En cualquier caso, quizá no me ha podido escuchar cuando le he dicho para qué le proponía yo que le devolvía la propuesta que nos traía. Le he dicho: Primero, regular la nivelación, porque los 10.000 millones que usted nos propone están a expensas de la negociación con las comisiones mixtas y del estudio durante un año por parte de la Comisión de expertos. ¿Es así o no? Segundo, que incrementen de manera similar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Y yo le he dicho a usted: Extremadura, 66.000 millones de IRPF; 30 por ciento, 22.000 millones; autonomía financiera, el 26 por ciento. No le quiero poner el ejemplo de Cataluña. Le voy a poner el ejemplo de Madrid: IRPF, 1,6 billones; 30 por ciento, 600.000 millones; transferencias, 99.000 millones. Todo eso en relación con un presupuesto y la capacidad de endeudamiento de esas comunidades autónomas.
Ustedes han rechazado otros impuestos. En el programa de Izquierda Unida hablamos de cesión de tributos, tramos de IRPF, IVA, otros impuestos especiales. Ustedes los han retirado. ¿Sí o no? ¿O estoy confundido? Mire usted, si utilizamos los programas para echárnoslos los unos a los otros, podemos buscar excusas mil. Lo que sí le pregunto es si ustedes están dispuestos a buscar un punto que recoja lo que pudiéramos llamar intereses legítimos de las partes que hasta ahora han llegado a un consenso y los intereses legítimos de las partes que no han entrado en ese acuerdo. Y no vale la solución del que quiera, que se suba, y el que no quiera, que no se suba, porque el que no se suba tendrá penalizaciones que le dificultarán su propio movimiento. Por tanto, la actuación que yo le estoy pidiendo

Página 1441


o que yo le he pedido debería salir de una discusión de encuentro.
Además, antes le he hecho más preguntas. Usted me ha respondido que todos se han puesto de acuerdo en que las variables sean las de 1988. Los representantes de las comunidades tendrán que explicar cómo lo han aceptado, porque esas variables obedecen a 1988, y en el año 1988 había comunidades que tenían una población y hoy tienen otra que, por suerte o por desgracia, ha evolucionado. Las comunidades del artículo 143 tienen todo lo que ha sido las transferencias nuevas más el pacto de 1992 de ustedes --Inserso, universidades, más unidades administrativas--, pero la previsión que usted propone se hace sobre la realidad de 1988. Así, ¿cómo van a financiar? Población y otras variables para fijar la participación.
¿Es o no es? Y, si es así, ¿hay comunidades que van a percibir menos recursos porque si se actualizaran serían beneficiadas? ¿Sí o no? Porque las cifras yo se las he dado antes y se las podría repetir.
Voy a hacerle una precisión sobre lo que son las cifras. Usted ha dicho: ¡Qué fácil es hablar desde la oposición! La verdad es que yo le tengo que reconocer que me tengo que calentar menos los cascos que usted. Digo calentar los cascos de pensar. Yo me los tengo que calentar mucho menos que usted, pero usted tendrá que convenir conmigo en que si yo estuviese en el Gobierno tendría que explicar, igual que usted, a qué números nos vamos a referir para el año 1997, y se lo voy a volver a recordar. Si miro el librito éste, que es el de los presupuestos que ayer no se rechazaron, aquí ponen ustedes una cifra. La cifra es de 2 billones de pesetas, más los costes efectivos que ascienden a 176.000, dos billones 263.000 millones de pesetas. Si aplicamos lo que viene puesto, son 2 billones 363.000, cien mil millones más. Bueno, le quitamos los 10.000 de la nivelación y lo dejamos en 90.000 millones más, díganme, ¿cuáles van a funcionar para distribuir? Pero es que si aplicamos la cifra del pacto que ustedes aprobaron, la que pone aquí, en el anexo III, de lo que es la distribución de los recursos, ya no es ninguna de ésas, la cifra ahora es de dos billones 356.000 millones. Es verdad que la diferencia es poca, son 9.000 millones de pesetas. Un poco más altas o un poco más bajas, las cifras son similares, pero, para ser gobierno y tener tantos economistas ahí, ya podía usted haber cuadrado los números, ya podía haber hecho mejor los números.
Por tanto, no se crea que venimos aquí para lo que usted ha terminado diciendo, algo así como que ustedes vienen a este debate a oponerse al Gobierno y --fíjese lo que ha dicho-- a hacer daño. Yo espero que usted, en su gobierno, haga el menor daño posible; por eso, la propuesta que le hemos hecho ha sido de devolución al Gobierno. Cuando se le devuelve una propuesta al Gobierno es para reelaborarla, no para que la archive.
También hay gobiernos olvidadizos, hay gobiernos que se olvidan de lo que tienen que hacer. Nosotros no queremos eso y, con buena voluntad, le hemos tendido la mano para poder concretar lo que creemos que son déficit de ustedes. No puede ser graciable para un año 5.000 millones más de FCI; hay que modificar la Ley del FCI y garantizar que la solidaridad llegue concretada para corregir desequilibrios, porque tenemos una españa desigual y una España en la que, si crecen más unas regiones con capacidad económica por su propia realidad económica, por su propia renta, mañana va a tener más diferencia con otras que tienen necesidad de actuación solidaria. Hay que comprometer los volúmenes de solidaridad, hay que desarrollar la cuantía necesaria para compensar y nivelar los servicios, y ese sistema compensatorio establecerlo en una ley. En suma, le hemos dicho que queremos corresponsabilidad fiscal, que queremos autonomía para que los parlamentos desarrollen normas, con una armonización que sea eficaz para evitar la competencia desleal --fíjese que yo he sido prudente en los términos, yo no hablo de no sé qué batallas de asentamientos--, pero de competencias que se pueden hacer, ¿o acaso no existen?, ¿o acaso no es posible que se den? Ustedes ponen aquí, en el texto de lo que es la memoria que acompaña a las dos reformas, lo siguiente: Tomaremos medidas para evitar que los ciudadanos se vayan donde les sea más favorable fiscalmente. ¿Qué pasa? ¿Se han puesto el tafetán antes que la herida? Pues si es porque ustedes también lo tienen previsto como un mal, corríjanlo.
Termino, señor Presidente, diciendo que nuestra misión no es hacer daño, sino evitar que ustedes hagan daño; por eso, le tendemos la mano para hablar y para dialogar y queremos conformar propuestas. En la Lofage lo va a ver usted. Lo devolvimos para reelaborarlo, pero no ha sido así; ahora vamos a otro trámite: enmiendas concretas para mejorar la propuesta que usted hace. Esa es la filosofía con la que venimos aquí, no vaya a ser que la única filosofía es que aceptemos sus números y su estrategia.
Si no es así, es muy difícil.
Nada más. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la breve alusión a nuestra intervención que hizo el señor Ministro de Administraciones Públicas y, con la misma brevedad, le voy a contestar.
El señor ministro nos dice que no entramos en el modelo de financiación, sino en el modelo de Estado. Yo quisiera que me explicara si el problema de la financiación es un problema abstracto, si tiene o no tiene que ver con el modelo de Estado y si a lo largo de todo este debate no está subyaciendo precisamente el

Página 1442


modelo de Estado que se quiere definir, aunque con eufemismos. Desde luego, nosotros preferimos hacerlo con cierta claridad, estén de acuerdo o no los demás. Por tanto, es evidente que nosotros no rechazamos el modelo propuesto porque sea excesivo, como otras voces parecen querer resaltar; que no cuestionamos que sea útil para otras comunidades autónomas; que, naturalmente, no rechazamos la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera, sino que lo rechazamos por corto, porque efectivamente es deficitario y porque no es suficiente para nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, nosotros pretendemos un modelo que lleve la autonomía financiera a la Comunidad Autónoma de Galicia, a pesar de que no está gobernada por nosotros sino curiosamente por su propio partido, pero eso es lo que deseamos para nuestra comunidad, estemos o no en el Gobierno.
Además, usted hace un cántico a que, efectivamente, va a haber una buena evolución del IRPF. Desde luego, o vivimos en países distintos o usted, por sus responsabilidades, visita cada vez menos aquel país al que dice que también pertenece, porque, con el panorama económico que estamos viviendo en estos momentos, me parece excesivamente optimista. Pero es más, incluso con esa posibilidad, que naturalmente yo niego debido a la crisis láctea y ganadera, la reconversión de las empresas públicas y la crisis de la pesca, para la situación relativa de Galicia en el contexto es obvio que sólo con la cesión del IRPF, además teniendo en cuenta que fiscalmente está deslocalizado el pago de ese impuesto, nosotros no saldríamos beneficiados. Por lo tanto, sí, nosotros hablamos de un modelo de financiación distinto que incluya naturalmente el IVA, los impuestos especiales, etcétera. ¿Que es beneficioso para Galicia? Pues, fíjese usted, cuando se propuso la cesión del 15 por ciento del IRPF, como usted sabe, la comunidad autónoma, a través de su Gobierno, planteó un recurso de inconstitucionalidad porque juzgaba que ese mecanismo no era beneficioso para la comunidad autónoma. Usted me dirá: No, es que ahora es un nuevo modelo, que se basa en la corresponsabilidad fiscal. Pero la corresponsabilidad fiscal al final se vuelve a basar en lo mismo, la cesión del 30 por ciento del IRPF, con lo cual lo que no se puede entender es que lo que era malo antes sea bueno ahora. Es evidente que eso no es así. Por decírselo también en palabras de alguno de sus portavoces, que dice que la corresponsabilidad fiscal no va a suponer para cada autonomía un grado de suficiencia financiera igual, o que no cabe duda de que cuanto más amplio sea el abanico de impuestos sobre los que se pueda establecer esa corresponsabilidad mayor serán las posibilidades que eviten diferencias que deben ser corregidas vía mecanismo de solidaridad.
Tanto es así que, como usted sabe también, el Partido Popular que gobierna en Galicia, y por lo tanto la Xunta de Galicia, aceptó varias de las propuestas que nosotros planteamos también en este Parlamento para la discusión de la posición de Galicia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cosa distinta es que, luego, ese Gobierno, que parece que de esa manera sí comparte la necesidad de que se cedan otros tributos para llegar a esa autonomía financiera, no lo defienda, pero eso es responsabilidad de cada uno. Allá cada cuál con su responsabilidad. Por lo tanto, nosotros seguimos rechazando este modelo, naturalmente no por excesivo --insisto-- sino porque para nuestra autonomía financiera es claramente insuficiente y perjudicial respecto a otras comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias, señor Presidente.
Una intervención muy breve a título de resumen, aunque me veo en la obligación de hacer un apunte muy preciso sobre la intervención del señor Eguiagaray. Insisto en que cuando se cite --se lo he dicho al Grupo Parlamentario Socialista en algunas otras ocasiones-- a una persona en la Cámara, se cite la totalidad de sus palabras, porque, si no, estamos deformando las mismas.
El señor Lucas ha dicho que el nuevo modelo de financiación puede crear paraísos fiscales y desigualdades entre las regiones españolas. Por eso Castilla y León va a pedir que no se produzcan alteraciones en los domicilios fiscales con arreglo a los lugares donde se obtiene la renta.
Y por eso, y porque lo han pedido otras muchas comunidades, en la ley de tributos que estamos debatiendo aquí se establece con meridiana claridad dónde hay que pagar los impuestos. Por ejemplo, entre otros y como más importante --usted creo que conoce perfectamente la problemática-- el de actos jurídicos documentados. Por lo tanto, citemos la totalidad de lo expresado por las personas a las que hagamos referencia en nuestra intervención.
Dicho esto, el señor Eguiagaray ha comenzado su intervención muy alterado y, al final, me ha dicho algo así como qué sabe usted decir o qué va a hacer. Al menos yo, en representación de este Gobierno, he traído aquí un modelo de financiación autonómica en el plazo de tres meses. Eso es lo que este Gobierno sabe decir y hacer: en el plazo de tres meses traer un modelo de financiación autonómica. Usted no lo trae. De momento, ustedes tienen quince modelos de financiación autonómica. Usted hace grandes apelaciones al acuerdo, pero vuelvo a insistirles en que esas apelaciones al acuerdo tienen que ir acompañadas por los hechos, y no me negará usted que la actuación de su partido y de personas con representación institucional de su partido no ha sido la más adecuada para conseguir un

Página 1443


acuerdo a lo largo de estos últimos meses, más bien ha sido todo lo contrario, han hecho todo lo posible no para llegar a un acuerdo sino para intentar deteriorar, como he señalado antes, al Partido Popular en las distintas comunidades autónomas.
Por último, quiero finalizar diciendo, como señalaba en mi primera intervención, que este modelo que se propone es mucho más acorde con el espíritu del texto constitucional, y concretamente con el artículo 156, que el actual. Así desde luego parece que lo han reconocido algunos de los intervinientes que dicen --y no ha sido imposición de ninguna otra fuerza política, porque han sido propuestas nuestras-- que es el modelo que el Partido Popular había presentado en su programa electoral.
Señor Ríos, probablemente no me he expresado bien en algunas de mis intervenciones. Usted dice que hay que regular la nivelación, que lleva 15 años sin regular. Podíamos haberla regulado en tres meses, pero no me negará que es difícil hacerlo. Hemos introducido una partida en el presupuesto, cosa que no había ocurrido hasta el presente momento, y es nuestra intención que se cree un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que pueda abordar este asunto. Lo mismo le digo reiterando lo antes señalado sobre el incremento de la autonomía financiera. La autonomía financiera aumenta en el conjunto de todas las comunidades y comunidad autónoma a comunidad autónoma, y allá donde no es posible que una comunidad autónoma tenga la misma autonomía financiera que otra, se aplicará la solidaridad. Tienen más aportaciones del Estado, tienen más PIE que las otras comunidades autónomas. Este es un modelo en el que se combina autonomía financiera con solidaridad, como muy bien conoce. Sin duda alguna, vuelvo a repetirle, podía haber más Fondo de Compensación Interterritorial. En cuanto a la competencia desleal, que es una forma fina de decir que no se produzcan cambios de contribuyentes, yo ya he reiterado --por tercera vez lo hago ahora-- que en las leyes que hoy se presentan aquí está perfectamente regulado y establecido dónde hay que pagar los impuestos.
El señor Vázquez, representante del BNG, rechaza el modelo por corto, otros lo rechazan por todo lo contrario. Yo creo que el punto medio que se ha conseguido ahora es lo razonable. Galicia tiene una autonomía del 40 por ciento, ha conseguido un avance importante y por las especiales características de la comunidad debe insistir mucho --y así lo han hecho los representantes del Gobierno de Galicia durante la negociación-- en el argumento de la solidaridad.
En cuanto a la referencia que ha hecho sobre el 15 por ciento, es verdad que el Gobierno gallego en su día se opuso a la cesión de la cuota líquida del 15 por ciento del IRPF, pero, como también ha dicho usted, se trata de dos modelos absolutamente diferentes. Aquí hay capacidad normativa en los tributos cedidos, en el propio IRPF, pero además se establecen unos mecanismos de solidaridad que antes no existían: el fondo de nivelación, el FCI, que se incrementa en su dotación, y los tres que ya conoce. Ninguna comunidad va a recibir menos que con el anterior modelo, lo cual es una garantía muy interesante para las comunidades, ninguna recibirá menos del 90 por ciento de las ganancias que reciban todas las demás y ninguna recibirá, al final del quinquenio, menos del 90 por ciento de la financiación media por habitante de todas las comunidades autónomas. Lógicamente, aparte de que el 30 por ciento, con corresponsabilidad, no es lo mismo que el 15, el escenario es muy distinto y estamos hablando de cosas muy diferentes. Eso es lo que entiendo que justifica que se haya producido un cambio de criterio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.) Señor Eguiagaray, el debate ha concluido, como sabe su señoría. Salvo que me invoque algún precepto específico, no tiene turno de palabra.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, al amparo del artículo 71, me parece que tengo derecho a un turno, teniendo en cuenta que la intervención del señor Ministro de Administraciones Públicas ha hecho alusiones que implican juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de este Diputado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, las alusiones y los juicios de valor están absolutamente implícitos en las intervenciones que el Reglamento tiene previstas para el debate. Es natural que si usted ha sido el portavoz de su grupo, las alusiones de cualquier oponente incluyan juicios de valor sobre sus palabras.
Si ha habido algún tipo de alusión personal peyorativa, le dejo que intervenga. Si se trata de un nuevo debate político, no.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, si me permite, el señor Rajoy ha dicho que yo no cito bien a un compañero suyo y como sí le he citado bien, quiero poner de manifiesto que lo he citado bien y que él en cambio no lo ha hecho porque se ha saltado un párrafo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray. (El señor Ministro de Administraciones Públicas, Rajoy Brey, pide la palabra.) Señor Ministro, también quiero indicarle...


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): No hace falta, señor Presidente,

Página 1444


que me lo repita, porque evidentemente sé lo que quiere indicarme.
Simplemente quiero leer el párrafo. (El señor Almunia Amann: A ver si lo lee entero.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le quiero hacer una aclaración. El Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate. El debate ya había concluido. Si el Gobierno interviene, reabre el debate con el señor Eguiagaray. (Rumores.) Perdón, señorías, el Reglamento lo interpreta la Presidencia y agradece sus ayudas fuera del hemiciclo.
En consecuencia, señor Ministro, si se trata de leer un documento...


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Leer un documento, como ha pedido el señor Eguiagaray.


El señor PRESIDENTE: ...tanto por su parte como por parte del señor Eguiagaray, si es el mismo documento, procédase a su sola lectura, como ayer pidió, por cierto, el portavoz del Grupo Socialista, y queda concluido el incidente.
Proceda a la lectura, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta que se hace al señor Lucas es la siguiente: ¿El nuevo modelo de financiación puede crear paraísos fiscales? Y la respuesta es la siguiente, la que ha dicho el señor Eguiagaray: Sí puede crearlos, puede establecer elementos de desigualdad. El paraíso fiscal está creado desde el momento en que comparativamente se reduce un gravamen o impuesto.
Lo que no ha dicho el señor Eguiagaray es lo siguiente: Castilla y León va a pedir que no se produzcan alteraciones de los domicilios fiscales con arreglo a los lugares donde se obtenga la renta. Esto es lo que no ha dicho el señor Eguiagaray. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en este debate, que podríamos llamar un debate sobre la financiación autonómica, al hilo de dos proyectos de ley, el de modificación de la Lofca y el de cesión de tributos a las comunidades autónomas, quisiera iniciar mi intervención repasando cuáles son los criterios, que, en general, en diversas ocasiones, todos los grupos políticos hemos manifestado, que se pueden requerir a aun sistema de financiación.
Decíamos, y estábamos de acuerdo, en las grandes palabras por lo menos, que el sistema debe ser suficiente para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los gastos que representan el coste de dar a sus ciudadanos los servicios que les han sido transferidos. Adelanto un criterio de suficiencia. También decíamos que el sistema debería dotar a las diversas comunidades autónomas de autonomía financiera; es decir, que dispongan del máximo posible de los recursos que deben recibir las comunidades autónomas, en base a esa suficiencia para dar los servicios, de la forma más autónoma posible. Por tanto, autonomía financiera.
Pedimos una tercera cosa al sistema: corresponsabilidad fiscal. Que las comunidades autónomas puedan responder ante sus ciudadanos, no sólo de la bondad de su actuación en la gestión de sus competencias, en la gestión del gasto, sino también en la gestión de la captación de sus recursos. Y pedíamos también al sistema, y todos se lo pedimos, que sea un sistema que aplique criterios de solidaridad. Queda claro --por haber sido un objetivo de toda la sociedad, en los últimos dos siglos, por lo menos, a través de los diversos sistemas fiscales-- lo que es la solidaridad a nivel individual, que más pague quien más tenga. A nivel territorial, es lo mismo, pero a nivel territorial; que aquéllos que tienen más capacidad de aportación aporten también para aquéllos que la tienen menor y, por tanto, que se produzca un flujo entre territorios desde los más ricos, en el sentido de generar mayores aportaciones fiscales, hacia los menos ricos, los menos capaces de generar, por su menor actividad económica, esos recursos fiscales.
¿Hasta ahora, en los sistemas sucesivos de financiación de las comunidades autónomas, cómo se han ido solucionando estos cuatro aspectos que, insisto, por lo menos teóricamente, todos estamos de acuerdo que debe cumplir cualquier sistema de financiación? El primer aspecto es la suficiencia de los recursos. La suficiencia de los recursos, en el sistema vigente, viene de la mano de un criterio fundamental que es la llamada participación en los ingresos del Estado.
Realizadas las transferencias, la suma del conjunto del coste de esas transferencias conforma un bloque de recursos que, en un momento determinado, se ligaron con los ingresos del Estado. Y a partir de ese momento, esos ingresos, que eran de las comunidades autónomas, pasan a ser un porcentaje de los ingresos del Estado y a evolucionar en el tiempo, bien con los ingresos del Estado, bien con los gastos del Estado, bien con el ITAE, es decir, por diversos criterios, y objetivan los ingresos de las comunidades autónomas con los ingresos del Estado.
Por tanto, es una participación en los ingresos del Estado lo que fundamentalmente conforma, los recursos de las comunidades autónomas. Lo conforma y en el conjunto de los recursos de las comunidades autónomas.


Página 1445


Después, esa bolsa común de todos los recursos de todas las competencias transferidas se reparte: entre las diversas comunidades autónomas siguiendo diversos criterios. Para el reparto de esos recursos se tiene en cuenta fundamentalmente la población, como es lógico, pero también la dispersión territorial, la insularidad y, curiosamente --y digo curiosamente porque es el único Estado de hacienda federal o cuasi federal que utiliza ese criterio en el coste de los servicios transferidos--, con un criterio que es el de pobreza relativa.
Vale la pena recordar que, por la aplicación de este criterio de pobreza relativa, se infieren ya unas diferencias, a igualdad de competencias de recursos transferidos. A igualdad de competencias existen recursos transferidos distintos, que provocan una oscilación entre --insisto, a igualdad de competencias-- 101.540 pesetas por habitante y año, la autonomía que menos recibe, y 115.213 pesetas por habitante y año, en la media de las comunidades autónomas del artículo 143, en la media simplemente, no en la que más recibe. De ahí se inferiría que entre ésa y la que más recibe, ya por ese concepto, insisto, de pobreza relativa en el coste de los servicios transferidos, se podría llegar a cifras de diferencia de hasta 83.000 millones de pesetas.
Es bien cierto que, a partir del momento en que entran en juego --como un mecanismo de la forma de aportar los recursos, no de la forma de calcular el coste de los servicios transferidos-- los impuestos cedidos, estos impuestos cedidos pueden convertirse en un mecanismo de incremento de los recursos cedidos a las comunidades autónomas y, por tanto, pueden pasar a formar parte de la suficiencia o no de los recursos cedidos, si es que esos recursos cedidos evolucionan por encima de la norma. Porque, de no ser así, si se recauda menos de los previsto, lo que harían sería disminuir. Pero ciertamente, si evolucionan por encima de la norma, si recaudan más de lo que la norma prevé, en ese caso, incrementan los recursos cedidos.
El segundo criterio es el de la autonomía financiera, la cesión de impuestos para que las comunidades autónomas recauden directamente parte de los recursos que les corresponden por los servicios transferidos.
Una vez que se determina cuál es el coste de los servicios transferidos, en los primeros tiempos sin impuestos cedidos, esta cantidad a recibir por cada comunidad autónoma se dividía en doceavas partes y era el dinero que se enviaba a cada comunidad mensualmente, para hacer frente a sus competencias.
Cuando se incluyeron los impuestos cedidos para dar autonomía a las comunidades autónomas, la unica diferencia que hubo es que ya no se dividía por doce el conjunto de la PIE, sino que a la PIE se le restaba el importe de los impuestos cedidos en el momento de la cesión y el resto era lo que por doceavas partes recibían las comunidades autónomas. A través de ese mecanismo, las comunidades autónomas que disponían directamente de los impuestos cedidos tenían una parte de su financiación, que era autónoma, por lo menos en cuanto a su disponibilidad. No existían mecanismos para exigir de la hacienda central el pago de los intereses por los posibles retrasos en el envío de esas doceavas partes. En la parte correspondiente a los impuestos cedidos, ese retraso no se producía. Era una autonomía que todos buscábamos y por eso se hizo la cesión de impuestos.
Vale la pena decir que la autonomía financiera ya comporta automáticamente corresponsabilidad fiscal porque en esa cesión de impuestos existe ya, a nuestro entender, una cierta corresponsabilidad fiscal. También esa autonomía financiera puede suponer más recursos. Lo supone indirectamente, porque al no haber retrasos no hay costes financieros, por tanto, es una disminución del gasto, pero también los puede suponer si los ingresos, vuelvo a decir lo mismo que anteriormente, evolucionan por encima de la norma. Si el impuesto cedido --el patrimonio, las sucesiones, las donaciones, etcétera-- evolucionara, como lo han hecho en algunos casos, por encima de la norma. Teóricamente, esos impuestos cedidos podrían suponer menos ingresos en el caso de que la realidad evolucionara peor que la norma. Hasta ahora, sin embargo, la hacienda central ha asegurado siempre un efecto como mínimo neutro a esa cesión de tributos.
Una tercera petición que se hace al sistema es el de la corresponsabilidad fiscal, que haya responsabilidad en ingresos y en gastos. En cierta manera, la corresponsabilidad fiscal admitiría también una cierta relación entre el coste de los servicios, el coste de vida y el esfuerzo fiscal. Y la corresponsabilidad fiscal tiene, al menos para nosotros, un componente muy importante, que es dotar de soberanía fiscal a los parlamentos autonómicos. Este es, y quiero que lo oigan SS. SS., un objetivo muy claro, muy contundente para nuestro grupo parlamentario. La soberanía fiscal que la capacidad normativa, la corresponsabilidad fiscal, entendida así, representa.
Un cuarto objetivo que se persigue en cualquier sistema de financiación es el de la solidaridad. En el sistema de la hacienda española existen varios mecanismos que provocan esa solidaridad del sistema. El primero de ellos, el formalmente más reconocido como tal, el del Fondo de Compensación, conformado por 133.000 millones de pesetas --ya se ha sabido que actualizado en este ejercicio presupuestario--, se reparte entre las diez comunidades de menor renta. Pero hay otros mecanismos de solidaridad, los fondos europeos, en cuantía muy importante, 366.000 millones, casi tres veces más que el propio Fondo de Compensación Interterritorial previsto en la Constitución. Los fondos europeos actúan como fondos de solidaridad, por cuanto, en su mayor parte, se reparten sólo y exclusivamente entre las comunidades de menor renta.


Página 1446


Para que puedan SS. SS. hacerse una idea, en el año 1993 la suma de estos dos mecanismos, el del Fondo de Compensación y el de los fondos europeos, representó una diferencia entre la comunidad que más recibió, 38.938 pesetas por habitante, y la que menos recibió, 1.188 pesetas por habitante. La suma de estos dos fondos dio a la comunidad que más recibió un 30 por ciento más de financiación de la que dispuso la comunidad autónoma que menos recibió. Este es el funcionamiento real de la solidaridad en el sistema vigente.
Y aún hay más, porque, aun sin ser identificados como criterios o fondos de solidaridad, existen más que actúan como fondos de solidaridad. Uno de ellos, ya lo he identificado previamente, es el cálculo de los servicios transferidos con base a un criterio de pobreza relativa, y otro es, no sé si de forma voluntaria pero al menos siempre ha salido así en la administración de las inversiones del Estado, cualquiera que haya sido el partido que haya ocupado la responsabilidad de gobierno, las inversiones del Estado, que se han aplicado a lo largo, insisto, de toda la época democrática, con criterios de solidaridad, es decir, dando y aportando más inversión sustantivamente a las regiones de menos renta y menos a las de mayor renta, con una excepción Madrid, que, disponiendo de una gran renta, ha recibido, en porcentaje muy superior al que le correspondía por la simple aplicación del criterio de población, mucha mayor inversión del Estado.
Estos últimos criterios de solidaridad, el de los fondos de inversión del propio Estado y el del cálculo del servicio con el criterio de pobreza relativa, no existen en ningún otro Estado con modelo federal o cuasi federal.
Si debo ser sincero, en este debate, que se corresponde con la discusión del nuevo modelo de financiación al que venimos obligados por la finalización de la vigencia del anterior, me da la sensación de que no hemos avanzado en algún tema muy importante, que es la clarificación, la transparencia de los criterios de solidaridad que se incluyen en nuestro sistema de financiación de las comunidades autónomas.
¿Quién puede, quién debe decirnos cómo se mueven los flujos económicos? ¿Tenemos un sistema solidario, sí o no? Dígase. ¿Cuánta solidaridad queremos? ¿Funciona la solidaridad o no? Alguien debe clarificar esta cuestión. Yo no voy a insistir, lo hice ya en el debate de investidura, ni en la solidaridad del sistema, ni en la participación extraordinariamente alta de las comunidades más ricas, Cataluña por encima de cualquier otra, en esa solidaridad.
Pues bien, señor Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario apoya el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno, votará en contra, en consecuencia, de las enmiendas de totalidad presentadas a las dos leyes que debatimos, porque en los cuatro apartados a que antes me refería, que todos solicitamos de un sistema de financiación, en los cuatro, el nuevo sistema avanza respecto al anterior. Aporta más recursos a todas las comunidades autónomas; es, para entendernos, más suficiente que el sistema anterior. Aporta mayor autonomía a todas las haciendas autonómicas, ni una sola hacienda autonómica tendrá con el nuevo sistema menor autonomía de la que tenían con el sistema vigente todavía hoy, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996.
El nuevo sistema da mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas. Hay quien incluso sostiene que sólo hay corresponsabilidad fiscal cuando exista o a partir del momento en que exista capacidad para legislar; es decir, que este es el primer sistema que tendrá realmente corresponsabilidad fiscal.
Y sigue aportando solidaridad al sistema, porque asegura una evolución con unos mínimos, mínimos que aseguran los ingresos actuales a todas las comunidades autónomas, que aseguran un 90 por ciento de la evolución positiva de aquella comunidad autónoma que mejor evolucione del conjunto del sistema, porque crea el fondo de nivelación, porque dota mejor al Fondo de Compensación Interterritorial, uno de los mecanismos de solidaridad constitucionalmente previsto, como hemos visto, y porque no cambia ninguno de los mecanismos de solidaridad preexistentes, el índice de pobreza relativa en el cálculo de servicios transferidos, o los fondos europeos.
Por estas razones, nosotros damos apoyo al nuevo sistema.
Señor Presidente, en el debate se han producido críticas al sistema, y es evidente que, tratándose, como se trata, de votar «no» a unas enmiendas de totalidad, debo entrar en la discusión suscitada por quienes han defendido esas enmiendas de totalidad.
En primer lugar, y ya llevamos días con esa discusión, se dice que este es un debate que se está produciendo a uña de caballo. Ya ha sido dicho, pero no puedo dejar de recordarlo. Desde el debate de la Lofca, nunca se había debatido con tanta profundidad la renovación de un sistema de financiación de las comunidades autónomas. Se debate conjuntamente con los presupuestos porque la Constitución ordena que los presupuestos contengan las modificaciones del sistema de financiación y porque la modificación del sistema de financiación influye en el contenido de los propios presupuestos. No puede hacerse de otra manera. El debate debe ser conjunto porque es en los presupuestos donde se integran las conclusiones de las modificaciones de los sistemas de financiación.
Recuerdo, sin ir más lejos, que el sistema del año 1993, hoy vigente, se introdujo como enmienda a los presupuestos en el Senado. Imagínense ustedes si pudo provocar o no un menor debate. Se introdujo como enmienda en el Senado. Hoy lo tenemos con dos leyes que acompañan a los presupuestos y que están siendo discutidas con toda solemnidad, perdónenme que se lo diga, en este mismo debate.


Página 1447


Y ya que ha hablado de debate a uña de caballo el portavoz socialista, le diré que tengo entendido que a petición del Grupo Socialista esta sesión ha dado comienzo media hora antes de lo previsto. No es nuestro grupo parlamentario el que no tiene deseo de discutir, con toda la profundidad que se desee, este tema de la financiación autonómica.
Se ha mencionado que es la primera vez que la financiación autonómica no se hace con consenso. No es verdad. Es la primera vez que se modifica la Lofca sin consenso; quizá, algún modelo de financiación autonómica requirió una modificación de la Lofca que no se hizo en su momento. En cualquier caso, nuestro grupo parlamentario es el primero en desear que un tema como éste se pueda aprobar con el mayor de los consensos. Pero, señor portavoz del Grupo Socialista, ¿a qué consenso se refería? ¿Al de ustedes con el Partido Popular? ¿Sólo al de ustedes con el Partido Popular? Porque ya tuvieron uno, que fue la Loapa; nosotros no estuvimos en él, y tuvo que venir el Tribunal Constitucional en nuestro auxilio.
Por tanto, ese no debe ser, supongo yo, el consenso al que usted apela.
En cualquier caso, comprenda que no sería del agrado de nuestro grupo.
Se apela al consenso constitucional, es decir, al de todos, a aquél en el que nosotros también participamos. Nos encantaría poder haberlo tenido.
Y, señor portavoz del Grupo Socialista, ¿cuáles son los términos del consenso que proponen? ¿Cuáles son los términos del consenso que propondrían? ¿Un sistema de financiación que no tuviera capacidad normativa? Por cierto, el artículo 157 a) y b) de la Constitución me parece suficientemente explicativo como para que no pueda tener la lectura que insinuaba su señoría respecto a la constitucionalidad o no de la capacidad normativa. Dice así: «Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado... b) Sus propios impuestos...», que obviamente también pueden ser los impuestos cedidos por el Estado. En ningún sitio, en ninguno, se puede interpretar del texto constitucional que la capacidad normativa de los impuestos cedidos no pueda ser a su vez cedida porque la Constitución lo prohíba.
¿A qué consenso se refiere? ¿A uno en el que no exista capacidad normativa?

El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya terminando.


El señor MOLINS I AMAT: Señor Ministro, perdón, señor portavoz del Grupo Socialista --aún le recuerdo como ministro; es tan cercana nuestra colaboración, señor Eguiagaray--, ¿no les gusta el sistema adoptado por la suficiencia del sistema? Algo parecían insinuar. Creen desproporcionado que esto pudiera, en el año 2001, llegar a dar 400.000 millones más --me parece que es ésa la cantidad que ha mencionado-- a las comunidades autónomas. ¿Alguien está dispuesto a ponerse a discutir si son suficientes o no los recursos existentes? Con ustedes lo hemos tenido crudo durante 16 años.
Ayer escuchamos aquí una cosa que a mí me dejó absolutamente perplejo, también al portavoz socialista en otro acto, era otra persona. Se lamentaba, y con una de cara que parecía deducirse que estuviera sufriendo en realidad personalmente, y decía que sufría por el niño de Castilla y León que no dispondría para la educación de los mismos recursos que, por la aplicación de ese sistema, iba a recibir el niño de Galicia. Esa fue la expresión; insisto, con cara de sufrimiento.
Supongo que los antecedentes jacobinos de esta persona le llevan a creer que no es bueno que cada gobierno autónomo pueda decidir en qué aplica sus recursos y que uno pueda decidir, en uso de su libertad y de su soberanía, si los dedica a enseñanza o los dedica a hacer carreteras.
Esto entra dentro de la absoluta libertad de cada gobierno autonómico.
Este es el Estado de las autonomías que entre todos hemos hecho. Y lo que es peor, se lamentaba de la aplicación de un nuevo sistema, de que lo decidan libremente los gobiernos y, en cambio, no se ha lamentado nunca, nunca, de que, por el cálculo que se realiza de los servicios transferidos, Cataluña y otras comunidades también disponga, para enseñanza de sus niños de menos recursos de los que recibe del Estado Galicia para la educación de los suyos. Porque esa es la consecuencia de la inclusión del índice de pobreza relativa en el cálculo de los servicios transferidos. Y este es el sistema del que hemos dispuesto durante 16 años, que no ha hecho ni pestañear, ni pestañear, absolutamente a nadie. Por tanto, ¿a qué consenso? ¿En qué términos ese consenso? ¿No les parece bien la autonomía financiera? También hoy hemos oído que no les parece bien porque en el nuevo sistema las comunidades autónomas tendrán diversa autonomía financiera. Estaba pasando exactamente igual con el sistema del 15 por ciento. Incluso había una comunidad autónoma que, no podía recibir ni el 15 por ciento, porque se pasaba de los recursos que necesitaba, la Comunidad de Madrid, y nos parece muy bien.
Porque hay dos cosas que son incompatibles, señor Ministro, mientras sigamos funcionando como funcionamos, con un sistema asimétrico de competencias, con unas comunidades que tienen unas competencias y otras que tienen otras. Y eso, que es incompatible, es la misma autonomía y, además, la misma corresponsabilidad fiscal. Es inevitable que mientras tengamos competencias diversas, el sistema no puede dar a la vez la misma autonomía y la misma corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas.
Nosotros, ciertamente, y como le decía, no estamos de acuerdo con su enmienda de totalidad, pero tampoco lo estamos con la intervención que en nombre

Página 1448


de su grupo ha tenido. ¿Están ustedes en condiciones, de verdad, de ofrecer consenso? Ustedes no han querido o no han podido consensuar un modelo, por lo menos hasta ahora. ¿Qué es lo que defiende el PSOE? ¿Qué es lo que defiende? ¿Son suficientes los recursos que hoy se está transfiriendo y ha dado el sistema suficientes recursos? ¿No desean ustedes capacidad normativa? ¿Los recursos son suficientes? No es lo que dicen obviamente sus responsables institucionales en las comunidades autónomas gobernadas por ustedes ni lo que dicen los responsables políticos en las que no gobiernan ustedes. ¿No desean la capacidad normativa? Tampoco es lo que dicen, por lo menos que nosotros sepamos, sus compañeros del Partido Socialista de Cataluña. Debería haber visto la cara de algunos de ellos, por cierto, durante su intervención, señor Eguiagaray.


El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.


El señor MOLINS I AMAT: Voy acabando, señor Presidente.
Supongo que no son las nuevas formas de solidaridad que incorpora el nuevo sistema las que a usted le molestan.
En cualquier caso, no han podido o no han querido, no sé si es que no están en condiciones de incorporarse a un consenso. Sepa, señor Eguiagaray, sepa el Grupo Socialista, que nada nos complacería más que ustedes se pudieran incorporar al consenso sobre el nuevo sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas al que nosotros, señor ministro, señoras y señores Diputados, damos claramente nuestro apoyo.
Para terminar quiero decirle, señor ministro, que la Lofca incorpora un aspecto del proyecto de ley que a nuestro entender debe revisarse, que es la revisión del IVA en fase minorista como uno de los tributos que puedan ser cedidos a las comunidades autónomas. En el nuevo sistema de financiación no se contempla esta cesión que está contemplada en la Lofca, no dice nada la Constitución respecto a la imposibilidad de ser utilizado, los expertos en su libro blanco recomiendan que ése puede y debe ser uno de los impuestos cedidos, no entendemos por qué, y desearíamos que en su posible intervención ahora o en el debate posterior, nos dijera que no es intención del Gobierno seguir manteniendo ese artículo y suprimir --que entendemos no debe tener lugar-- la posibilidad de transferencia del IVA minorista, en el momento que se estime oportuno, como un recurso más de financiación de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Señor Eguiagaray, pero alegando el número del artículo del Reglamento que invoque para su intervención, porque no se me alcanza qué fundamento puede tener una intervención ahora del señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, dejo a su discreción probada elegir entre los artículos 71 y el 73. (Risas.) En todo caso, creo que no necesito probar por mi parte que el señor Molins se ha estado refiriendo a mi intervención en repetidas ocasiones, incluso solicitándome tomas de actitud alrededor de sus palabras.


El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, para conocimiento de S. S. y de algún otro Diputado que quizá no ha reparado en la redacción del articulo 72.1. La observancia del Reglamento por un Diputado cuando pide la palabra, implica siempre la cita del artículo cuya aplicación reclama.
Es verdad que la Presidencia puede auxiliarle como antes (Risas.), pero en este caso quiero añadir una consideración. La toma de posición es sobre lo que se ha debatido, y lo que se está debatiendo y luego se vota son justamente las enmiendas de totalidad, una de las cuales ha presentado S. S. Es natural que los grupos puedan fijar su posición en contra o a favor de tal enmienda de totalidad como fundamento de su grupo. En consecuencia, no vemos natural que la argumentación implique también juicios de valor sobre las posiciones políticas del grupo que S.
S. representa.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente, por sus explicaciones.
Puesto que me dice tengo que elegir, creo que lo que procede --y vuelvo a invocar en este caso el artículo 73 del Reglamento--, es dicho artículo cuando dice: «...el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u otros de los intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco minutos».


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Señor Eguiagaray, el artículo 72.1 establece que es la Presidencia la que debe dictar la resolución sin que haya posibilidad de debate sobre ese punto.
Presumo, señor Eguiagaray, que el señor Molins podría haberse referido a la argumentación que S. S. ha expuesto en defensa de su enmienda. Sin que sirva de precedente, dado que el debate implica la tramitación conjunta de dos proyectos de ley y que la Presidencia ha procurado ser laxa con el tiempo en todo momento, tiene S. S. dos minutos para mantener un mini debate con el señor Molins.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.


Página 1449


Con brevedad, porque realmente no quería más que corresponder también desde la cortesía a las palabras del señor Molins, que naturalmente ha utilizado su turno para oponerse legítimamente a las enmiendas que yo he defendido.
Solamente me gustaría hacerle un par de consideraciones, señor Molins. No creo que las relaciones de su grupo político y del nuestro en el pasado, ni siquiera en el presente, hagan imposible la existencia de acuerdos ahora ni en el futuro. Por eso me parece hasta de mal gusto invocar precedentes en los que hemos estado en desacuerdo cuando hemos probado nuestra amplia capacidad para el acuerdo en materia autonómica y en otras.
Segundo. Como usted sabe, toda la intervención del Grupo Socialista ha estado presidida por una idea, no tanto la de crear diferencias sino la de buscar acuerdos, lo que en este momento no existe. No hay un acuerdo.
Si su invitación es (con esto he terminado también anteriormente refiriéndome al señor Rajoy) simplemente a que firmemos un contrato de adhesión, naturalmente comprenderá que es una invitación, como mínimo muy poco delicada, por no decir que es imposible de compartir por este grupo.
Sin embargo, sí creo que es posible, señor Molins --entre otros, el líder del partido al que usted pertenece también lo ha invocado en público--, la conveniencia de que hubiera un acuerdo de esta naturaleza entre las distintas fuerzas políticas (la suya por supuesto, el Partido Popular, el Partido Socialista, y creo que no habría ni debiera haber ningún inconveniente para que otras fuerzas políticas también estuvieran) en torno a algo que me parece sumamente importante: una financiación autonómica que tenga que ver --como usted ha descrito ampliamente-- con la suficiencia, naturalmente con la autonomía financiera, reconociendo que este es un país muy plural y muy diverso y que hay a veces objetivos que entran en conflicto, pero también con la corresponsabilidad, así como con principios de solidaridad.
El problema es que, repitiendo los principios una vez y otra, no es tan fácil llegar a un acuerdo. Lo que hay que hacer es discutir en torno a modelos mucho más precisos. Naturalmente, no incurrir en el enorme error de quienes defienden este modelo, de no contar en qué consisten las tripas financieras del mismo, sino explicarlo con detalle para ver si somos capaces de llegar a soluciones acordadas en torno a lo que es fundamental para usted, para el Grupo Socialista y ¡ojalá! alguna vez acabe por serlo para el Grupo Popular, y es que el Estado de las autonomías se debe hacer entre todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Eguiagaray, creo que lo he dicho en tres ocasiones, voy a una cuarta: Estaríamos encantados de que el Grupo Socialista se pudiera incorporar o se hubiera incorporado ya al consenso.
Desde el mes de mayo aproximadamente (por no decirle desde el 3 de marzo, porque con anterioridad al día 1.º de mayo, el día de la constitución del Gobierno en que también tuve ocasión de hablar con miembros de su grupo parlamentario sobre este tema) en repetidas ocasiones hemos hablado de este tema con su grupo parlamentario y en todas ellas me ha parecido ver que la condición sine qua non, el pasa o no pasa, eso que el ministro Rajoy no ha conseguido que usted dijera desde la tribuna, era la capacidad normativa que se da en el nuevo sistema de financiación en los impuestos cedidos. Si este es su pasa o no pasa, también lo es por nuestra parte; probablemente por eso sea difícil su incorporación al consenso. Por tanto, comprendo que no tienen ustedes que estar de acuerdo con el cien por cien de lo que se propone.
Ha habido muchas modificaciones; a lo largo de estos tres meses ha habido muchas modificaciones, lo sabe usted bien, señor Eguiagaray, en el modelo que quedó abierto en los acuerdos anteriores a la investidura del señor Aznar, entre el Partido Popular y nosotros. Se han introducido muchas modificaciones en ese modelo, pero una tan sustantiva como la capacidad normativa para los impuestos cedidos, nuestro grupo, obviamente, no hubiera permitido que se realizara. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor Presidente, una breve intervención para contestar a la del señor Molins, fundamentalmente respecto a tres asuntos.
Primero, coincido --por eso lógicamente el grupo parlamentario al que el señor Molins representa y el Gobierno van a votar en el mismo sentido-- en que este Gobierno da a las comunidades autónomas más suficiencia, más autonomía, más corresponsabilidad fiscal y más solidaridad. A unos de los que se han opuesto al modelo les ha parecido poco, a otros de los que igualmente se han opuesto al modelo les ha parecido mucho, pero creo que es un planteamiento sensato y razonable que ha sido producto de un acuerdo mayoritario.
Precisamente la segunda parte de mi intervención, en relación con lo que ha dicho el señor Molins, versa sobre el acuerdo y sobre el consenso.
Vuelvo a insistir en lo que he dicho a lo largo de toda la tarde. Es importante que se haga un esfuerzo para llegar a acuerdos; lo que sucede es que a lo largo de unos meses el Gobierno y todas las comunidades autónomas que quisieron estuvieron trabajando muy duramente. Ha habido

Página 1450


múltiples reuniones bilaterales y multilaterales, como ya antes he dicho.
El propio modelo que el Presidente Aznar presentó en el discurso de investidura se mantuvo, como es natural, en sus líneas esenciales, pero fue objeto de múltiples aportaciones de las comunidades autónomas que lo enriquecieron. A lo largo de muchos días ese modelo fue configurándose en su totalidad, repito, por los consejeros de economía de las comunidades autónomas, por los propios presidentes autonómicos, incluso por aquellas comunidades que luego no dieron apoyo al modelo. Mientras eso sucedía hubo quien hizo todo lo posible para que no hubiera ningún tipo de acuerdo; hubo quien hizo todo lo posible para utilizar políticamente este asunto, y una vez que se consigue un acuerdo entre 14 comunidades autónomas y el Gobierno, ¿se pretende que el Gobierno rompa el acuerdo con esas 14 comunidades autónomas que lo han votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Al final, señores Diputados, una cosa son los discursos y otra muy distinta son las actuaciones en consecuencia.
El tercer tema sobre el que quería hacer un breve comentarlo en relación con la intervención del señor Molins es el de la cesión del IVA en fase minorista. Sin duda, la Lofca preveía la posibilidad de que se pudiera ceder el IVA en su fase minorista, y el proyecto que presenta el Gobierno no prevé esta posibilidad, supone, por tanto, una modificación en la Lofca El Gobierno no lo ha hecho por razones caprichosas; lo ha hecho porque entendemos que la cesión del IVA tiene problemas de indefinición, tiene problemas técnicos, tiene dificultades de cuantificación y, sobre todo, es un tributo muy armonizado en el ámbito comunitario de manera que los Estados miembros disponen de escasas facultades de regulación. No obstante, el Gobierno manifiesta su buena disposición y espero que el grupo del señor Molins también la tenga para tratar este asunto en el período de enmiendas al proyecto de ley y, en consecuencia, si al final se ve que puede ser de utilidad introducir esta cesión, podrá hacerse. En otro caso, si así lo convenimos, no se haría esta cesión. (El señor Molins i Amat pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Molins, ahora sí entendía que el turno estaba concluido. ¿Para qué desea la palabra?

El señor MOLINS I AMAT: Es la primera réplica del señor ministro, por tanto supongo que me corresponde un turno.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. En cualquier caso, no se preocupe porque voy a ser muy breve.
Sólo hablaré de la disposición. Toda la disposición que podemos mostrar será presentar la enmienda. Sólo tiene una solución, que eso se retire, porque es una cosa que está en la actual ley. Creemos que lo que abunda no daña; es decir, se tenga o no se tenga, en el futuro veremos lo que haremos, pero, si la ley simplemente lo permite y no obliga a ello, yo creo que no está haciendo ningún daño y debería continuar en ella.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, los dos proyectos de ley que se debaten, sobre cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, son el resultado del acuerdo alcanzado sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Como saben SS. SS., este modelo de financiación autonómica no afecta directamente al País Vasco ni a Navarra, cuyas relaciones financieras y tributarias con el Estado se regulan, respectivamente, a través del concierto y del convenio económico; por ello, nuestra opinión sobre este nuevo régimen de financiación, desde el primer momento queda marcado por este hecho, lo que quiere decir que somos respetuosos con el modelo de financiación mayoritariamente aprobado en el seno del Consejo de Política Social y Financiera.
Dicho esto, creemos que el nuevo modelo de financiación, en la medida que avanza en el grado de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas o, mejor dicho, en la medida que inicia el camino real de la corresponsabilidad fiscal y proporciona un mayor margen de autonomía financiera a las comunidades autónomas, debe ser saludado, por tanto, como un paso adelante en la verdadera concepción de un Estado descentralizado. El sistema existente hasta ahora se caracterizaba por la dependencia respecto de la transferencia del Estado, por la ausencia de corresponsabilidad fiscal real y, por fin, como consecuencia de las dos anteriores, por incorporar, en el propio modelo, cierta tendencia al endeudamiento de las comunidades autónomas. Este sistema ha generado una clara orientación de la actividad de las comunidades autónomas hacia el ámbito del gasto y a una forzada pasividad en el ámbito normativo respecto de los ingresos de carácter tributario. En el Estado español, el desarrollo estatutario y, por consiguiente, la implantación de un modelo autonómico se ha realizado paulatinamente mediante la asunción, por parte de las comunidades autónomas, de algunas competencias, en ningún caso de todas; competencias que figuran en sus respectivos estatutos de autonomía.


Página 1451


Hasta que se firmó el denominado pacto autonómico, era evidente que el proceso autonómico llevaba dos velocidades diferentes según se tratase de comunidades forales --del País Vasco y Navarra--, comunidades acogidas al artículo 151 --Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias-- o de aquellas que se acogieron para la elaboración de su estatuto al artículo 143 de la Constitución, que fueron el resto de las comunidades. La distinción era clara y venía a responder a realidades distintas en cuanto a las características históricas, culturales, económicas, políticas y sociales que en cada una se daban. Con el pacto autonómico, se pretendió elevar el techo competencial de las denominadas autonomías de vía lenta, para equipararlas a las autonomías del artículo 151. A pesar del empujón dado, siguieron existiendo las dos velocidades, aunque la diferencia sea ahora menor. Por ejemplo, las autonomías del artículo 143 siguen sin tener competencias en materia de sanidad, a pesar de que se amplía su techo competencial con el mencionado pacto. Con este pacto autonómico, el Estado pretendió dar por cerrado el desarrollo del estatuto en el Estado español y, por tanto, establecer ya un marco autonómico fijo y estable para el futuro. Sin embargo, todo el proceso de desarrollo autonómico vivido en el Estado español hay que matizarlo considerablemente.
El marco autonómico que se ha ido configurando a lo largo de los últimos años se ha fundamentado en ceder a las comunidades autónomas competencias en materia de gasto, que no han llevado pareja la correspondiente asunción de competencias en los ingresos que financien dichos gastos; es decir, mientras en gastos se ha ido configurando una descentralización hacia los poderes autonómicos, la responsabilidad transferida a las autonomías en el ingreso ha sido mínima, realizando, hasta la fecha, la labor recaudatoria el Estado.
Si como ya se ha expuesto anteriormente, el marco autonómico desarrollado hasta la fecha únicamente se ha basado en transferir, por parte del Estado, competencias en materia de gasto, siendo prácticamente nula la descentralización del ingreso, el futuro del modelo de financiación debe pasar por desarrollar este último campo; es decir, debe transferirse a las comunidades autónomas competencia en el ingreso o, lo que es lo mismo, debe de implantarse un modelo de corresponsabilidad fiscal en el que participen las comunidades autónomas. La corresponsabilidad fiscal no debe entenderse únicamente como una participación en los principales ingresos tributarios del Estado, mediante la fórmula que al respecto se adopte; la corresponsabilidad fiscal debe implicar una corresponsabilidad en la gestión y una corresponsabilidad normativa sobre los tributos, lo que obliga a establecer, al igual que en su día sucedió con las competencias de gasto, velocidades diferentes para las autonomías diferentes. Es decir, no se trata de poner a todo el mundo un traje de la misma talla; hay que hacer trajes a medida.
De llevarse a la práctica lo indicado anteriormente, nos encontraríamos, al igual que sucedió con el gasto, con un sistema de doble velocidad de funcionamiento. Dicho sistema deberá ser cerrado, con la puesta en marcha, por parte del Estado, de los mecanismos oportunos de equilibrio financiero, con el fin de paliar las posibles pérdidas --pérdidas entre comillas-- o menores recursos que pudieran obtener las distintas comunidades, poniendo en práctica el principio de solidaridad que preconiza la Constitución.
El nuevo sistema que recoge el proyecto de ley de financiación de las comunidades autónomas amplía el campo de los tributos cedidos y, además, otorga capacidad normativa a las comunidades autónomas sobre los mismos.
Este hecho marca el nacimiento de un sistema en el que la corresponsabilidad fiscal comienza a tomar carta de naturaleza. Es difícil que un modelo de este tipo, que afecta a comunidades de muy variadas características, consiga una aceptación unánime; en esta materia, existen intereses cruzados, por otro lado legítimos, entre comunidades autónomas. Un sistema diferente del anterior implica por fuerza que van a producirse resultados relativos diferentes en unas y otras comunidades autónomas. Creemos que las precauciones que se han tomado en esta materia para evitar movimientos excesivos son, desde luego, más que suficientes, aun a costa de desleír la corresponsabilidad fiscal originaria, para conseguir un mayor grado de seguridad financiera y, por qué no decirlo, de consenso entre las comunidades autónomas, de modo que el nuevo sistema de financiación evita que una comunidad autónoma se vea perjudicada financieramente por su aplicación, aunque encarezca el costo del Estado. Debe desterrarse la idea de que solidaridad interregional y descentralización fiscal son dos elementos que no pueden convivir entre sí.
No nos queda sino reseñar que las modificaciones normativas introducidas en estos proyectos de ley van a suponer cierto incremento de la complejidad de nuestro sistema tributario, fundamentalmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si bien no creemos que este hecho deba asustarnos. La experiencia comparada demuestra que existen países de nuestro entorno donde conviven de forma pacífica impuestos sobre la renta superpuestos por las diversas haciendas de dichos países.
Por tanto, señorías, creemos que estos proyectos de ley de financiación de las comunidades autónomas son un paso importante y decisivo para la consolidación del futuro de un Estado verdaderamente autonómico y, por consiguiente, descentralizado. Creemos, además, que ha sido un modelo debatido en profundidad y consensuado al máximo.
En consecuencia, desde nuestro grupo parlamentario no podemos apoyar las enmiendas que rechazan estos proyectos de ley.
Nada más y muchas gracias.


Página 1452


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, por cortesía y en respuesta a un amplio grupo de Diputados que me han solicitado intervenga durante el menor tiempo posible, les garantizo que, en nombre del Grupo de Coalición Canaria sólo voy a intervenir para decir que estamos de acuerdo con los dos proyectos de ley que presenta el Gobierno y que, naturalmente, vamos a votar en contra de las propuestas alternativas que presentan los grupos de la oposición.
Muy esquemáticamente, explico mi voto y el del Grupo de Coalición Canaria en función de los siguientes criterios.
Primero, hemos pactado que el desarrollo democrático de este país implica el desarrollo autonómico hacia un Estado descentralizado. La Constitución española dejó en 1978 un espacio ambiguo, el Título VIII, que se mueve entre componentes que en teoría política son de un Estado autonómico y componentes que son de un Estado federal.
Hemos llegado a un momento político, momento que sin duda tiene relación con el proceso de integración europea y con el desarrollo democrático y constitucional de España, en el que tenemos que cerrar el modelo de Estado. Por tanto, son muy útiles las diferentes ofertas que se han hecho aquí entre los partidos de mayor representación parlamentaria para consensuar ese modelo de Estado y, si fuera posible también, con los grupos nacionalistas.
Nosotros creemos que el avance que se produce hoy en estos proyectos de ley, avance hacia la autonomía financiera y hacia la autonomía fiscal, introduce elementos limitados de lo que es un Estado federal, y yo creo que responde a la pluralidad de este país. Es bueno ver el proceso de competencias que hay que ceder a las comunidades autónomas y cerrarlo, pero no intervenir desde la falsa idea y desde el falso concepto de eso que algún parlamentario ha llamado el interés general; a veces hay una interpretación abusiva del interés general. Si se ceden determinadas competencias, en esta línea de esfuerzo fiscal y de corresponsabilidad fiscal también hay que ceder aspectos y tramos de la política fiscal.
Creo mucho más dudosa la cesión de la imposición indirecta, considero que los tramos de la imposición directa son mucho más razonables, y, en cualquier caso, no es este Gobierno el que ha abierto la cesión de tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino que se hizo en acuerdos anteriores. Otra cosa distinta es que haya elementos de celos de lo que ha sido una especie de relación entre un partido que gobierna con mayoría en España y aquí se ha citado repetidas veces a una fuerza nacionalista, pero yo creo que no es exclusiva de los intereses generales y de los intereses particulares de cada comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que es bueno cerrar el modelo de Estado, es bueno definir esos límites que están entre un Estado autonómico y un Estado federal, creo que a eso responde al pacto constitucional, en esa línea estamos y yo creo que el Gobierno responde perfectamente a ella.
No venía aquí a hacer un debate conceptual, pero la intervención que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha obligado a fijar mi posición. Parecía que hasta ahora había un problema de agravios comparativos entre comunidades autónomas. Yo tengo que decir que el modelo de cohesión social y territorial en este país es mucho más amplio y mucho más complejo que el tema de la financiación autonómica. Este país tiene un modelo complejo, un modelo muy intrincado, muy complicado, pero que convendría examinar con rigor porque la cohesión territorial en el país tiene cuatro componentes esenciales, y termino: uno es el de la financiación autonómica y otro es el tema de la compensación interterritorial. Pero hay otros: la inversión en empresa pública y el sistema de Seguridad Social. Sería muy bueno que todo el país supiera cuáles son las comunidades que más reciben y las que más aportan al sistema de caja única de Seguridad Social que nosotros defendemos como elemento de cohesión social y territorial del país. Si uniéramos todos esos elementos más la inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado aparecería que las comunidades que más agraviadas se sienten son las comunidades que solidariamente, y nosotros lo apoyamos, están mejor tratadas en este país, con muchísima diferencia sobre otras que aparecen como beneficiadas.
Por tanto, no convirtamos este debate en una demagogia de agravios comparativos, avancemos en la cohesión social y territorial de España, avancemos en su descentralización y pacten ustedes, consensúen ustedes un modelo de Estado que en la medida que este Gobierno ha avanzado en temas como el pacto de la Seguridad Social y tiene que avanzar el pacto de la sanidad, culmine bien, correctamente y por buen camino hacia el pacto autonómico y el pacto de modelo de Estado.
Por estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar a favor del Gobierno y en contra de los proyectos alternativos que se presentan.
Muchísimas gracias. (El señor Ministro de Administraciones Públicas, Rajoy Brey, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor Presidente, muchas gracias.
He pedido la palabra para contestar con brevedad a las intervenciones del señor Zabalía y del señor Mauricio.


Página 1453


Coincido con la idea de que el modelo establece como principal novedad la corresponsabilidad fiscal y que eso no sólo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rajoy. Perdone.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Decía, señor Presidente, que coincido con el señor Zabalía y con el señor Mauricio en que la principal novedad que introduce el modelo es, efectivamente, el establecimiento de la corresponsabilidad fiscal, lo cual, como ya se ha dicho a lo largo de este debate, era algo --al menos en el concepto-- en lo que estaban de acuerdo todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara, que incorporaban la idea a su propia oferta electoral, lo cual parece bastante sensato, porque no es lógica la existencia de un gobierno con autonomía en el gasto pero al que sus ciudadanos no puedan juzgar por lo que hace en el ingreso. Por otra parte, también tiene valores positivos, como la circunstancia de que esa responsabilidad en el ingreso sin duda va a obligar a las comunidades autónomas a un mayor control en el gasto, lo cual va a servir al conjunto de los intereses generales.
Además, creo que el modelo incorpora instrumentos de solidaridad más potentes que los que había en el anterior y una participación en la Agencia Estatal Tributaria, que, sin duda, va en la línea de lo que establece el texto constitucional cuando habla de la necesidad de que se coordine la Hacienda estatal con la actividad de las propias comunidades autónomas.
En suma, señor Presidente, creo que ha sido un modelo debatido hasta la saciedad; es la sexta vez que yo debato estos asuntos en las dos Cámaras.
Y se ha pactado con quien ha querido pactar, con quien no ha querido pactar no se ha pactado, pero lo que no se le puede pedir al Gobierno es que abdique de sus obligaciones, y una de sus obligaciones era presentar este modelo de financiación ahora, para que se apruebe conjuntamente con la ley de presupuestos y pueda entrar en vigor el día 1 de enero de 1997.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, siguiendo la pauta marcada por mi antecesor, voy a ser extremadamente breve, dado el gran trabajo que ha realizado la Cámara durante los dos días que está reunida en sesión plenaria.
Creo que el debate sobre el modelo de financiación autonómica que conlleva la ley de cesión de tributos y la modificación parcial de la Lofca es un modelo absolutamente positivo, y aquí se han resaltado los perfiles y las aristas del mismo, que no son otros que la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal y los importantes elementos de solidaridad que tiene.
El anterior modelo aprobado por el Gobierno socialista era un modelo que carecía de corresponsabilidad fiscal y ello hacía que nuestro partido, en algunos casos, se hubiera opuesto a dicha cesión del 15 por ciento; pero ha sido la llegada del Partido Popular al Gobierno la que ha modificado el actual statu quo de la financiación autonómica y ha hecho que se haya llegado a un acuerdo, yo creo que muy amplio, entre diferentes comunidades autónomas y algunos partidos políticos, representados en esta Cámara la mayoría de ellos, por el cual, como ustedes saben, se cede un 30 por ciento del IRPF cuando se hayan transferido todas las competencias de educación, y ello supone que, de alguna manera, también se establece la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre diferentes elementos considerados como esenciales dentro del tributo. Por tanto, ésa es la auténtica corresponsabilidad fiscal, que, en este nuevo modelo, sí está plenamente garantizada.
En consecuencia, conseguimos no sólo que haya una autonomía financiera, es decir, que las comunidades autónomas sean responsables tanto de su ingreso como del gasto, sino que conseguimos que las comunidades autónomas dejen de ser menores de edad, en el sentido de que en gran parte pasan a financiarse con recursos que les son parcialmente cedidos desde el Estado, pero que tienen ya un carácter de propios, así como con sus propios tributos compartidos y, al mismo tiempo, tienen esa corresponsabilidad fiscal. Yo creo que este modelo pecaría de incompleto si no tuviera unos importantísimos elementos de corrección y de solidaridad. Para ello, se han creado algunas variables que intentan conjugar todo el sistema de cesión del impuesto con una serie de topes que, intentando entrar en la armonización de todo el sistema de financiación, puedan garantizar que ninguna comunidad saldrá perdiendo o, en definitiva, que, al final del quinquenio, ninguna comunidad pueda salir perjudicada o pueda salir con mucha menos financiación de la prevista en el modelo, al menos en teoría.
Estas dos variables son que ninguna comunidad pueda percibir menos del 90 por ciento del crecimiento de los recursos recaudados por cesión del IRPF, y que ninguna comunidad pueda recibir menos del 90 por ciento de la financiación per capita que, como media, reciben el resto de las comunidades autónomas.
Yo creo que estos topes mínimos, que juegan por separado, son unos elementos que contribuyen a introducir un principio de igualación entre todas las competencias y son unos principios absolutamente

Página 1454


básicos. Por arriba, sin embargo, no se establece ningún tope máximo, lo que permite que, de alguna manera, la lucha contra el fraude fiscal se vea absolutamente compartida por las comunidades autónomas a través, no sólo de la no existencia de topes máximos, sino por la integración de las comunidades autónomas en la nueva agencia tributaria integrada.
Pero yo quiero resaltar sobre todo el aspecto fundamental de progreso y de centrista que tiene este modelo, en el sentido de que es una constante en él su preocupación por la solidaridad interterritorial, por la vertebración del Estado en su conjunto, y, a este respecto, no nos cansamos de decir que hemos puesto en marcha el artículo 15 de la Lofca, que hasta este momento era un artículo que estaba previsto pero que nunca se había desarrollado, después de dieciséis años de funcionamiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y se le ha dotado ya presupuestariamente este año.
Yo creo que esto es un elemento muy importante, así como el desbloqueo del Fondo de Compensación Interterritorial, desbloqueo que supone poner otra vez a andar un Fondo que estaba parado, que estaba muerto desde hacía cinco años.
Pero, por si esto fuera poco, se crea también un fondo de solidaridad importante que, en el conjunto del quinquenio, tiende a resolver las desviaciones que se puedan producir en todo el modelo. Por tanto, creo que es un modelo de progreso, que vertebra territorialmente al Estado, que tiene como constante --vuelvo a resumir-- la solidaridad, por tanto, creo que es un modelo que viene a solucionar lo que han sido preocupaciones históricas en los diferentes modelos de financiación autonómica. El Partido Popular no se cansa de pedir en esta materia un consenso lo más amplio posible y ha dado muestras de responsabilidad siempre que ha tratado estos temas, como muy bien ha dicho el señor ministro.
Por tanto, señor Presidente, el Partido Popular y el Gobierno han remitido a la Cámara dos proyectos de ley, de modificación parcial de la Lofca y de cesión de tributos a las comunidades autónomas, a los que se han presentado enmiendas de totalidad solicitando su devolución el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Bloque Nacional Galego.
El Grupo Parlamentario Popular, al que represento, rechaza dichas enmiendas por entender que carecen de justificación para dos proyectos de ley, uno, con el carácter de orgánica, que permite un nuevo modelo de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, que es un modelo que permite la profundización en el Estado de las autonomías, que establece una responsabilidad de las mismas, no sólo en el gasto, como hasta ahora, sino también en el ingreso (Rumores.), una coparticipación en la gestión y recaudación del IRPF conjuntamente con el Estado, una participación en la nueva agencia tributaria...


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio. Resulta difícil escuchar al orador. Les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Puede continuar.


El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Una participación en la nueva agencia tributaria de carácter integrado, una existencia de topes mínimos que hacen saltar la solidaridad efectiva con el cumplimiento de cualquiera de los mismos y la puesta en funcionamiento de un fondo de solidaridad, el desbloqueo del Fondo de Compensación Interterritorial y la puesta en marcha, por primera vez, desde el año 1980, de un fondo de nivelación de servicios mínimos considerados como fundamentales.
Todo ello hace que nuestro grupo no sólo tenga que rechazar, como he dicho antes, las enmiendas a la totalidad presentadas, sino que apoya al Gobierno desde la seguridad --y con ello termino-- de que el camino emprendido es probablemente el mejor de los posibles.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Amor.
Concluido el debate, vamos a pasar a las votaciones.
Votación de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 150; en contra, 175; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Votación sobre las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica número 8, de 22 de septiembre de 1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 149; en contra, 175; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al referido proyecto de ley.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal