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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 18/09/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 101

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 97

celebrada el jueves, 18 de septiembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado D. José Antonio Bermúdez Alonso (número de expediente 240/000004)(Página 5055)

-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Núm. Reg.
31131)(Página 5055)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-- Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 1997 (número de expediente 130/000026)(Página 5055)

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-- Real Decreto-Ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas del terrorismo. «BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 1997 (número de expediente 130/000025)(Página 5057)

-- Real Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
«BOE» núm. 208, de 30 de agosto de 1997 (número de expediente 130/000027)(Página 5061)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 33-1, de 3 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000031)(Página 5073)

-- Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 47.830.131.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 35-1, de 17 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000034)(Página 5073)

-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 38-1, de 10 de abril de 1997 (número de expediente 121/000036)(Página 5074)

-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el contrato-programa, correspondiente a 1996. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 57-1, de 13 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000054)(Página 5074)

-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 58-1, de 13 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000055)(Página 5074)

-- Proyecto de Ley sobre por la que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de Desarrollo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 60-1, de 21 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000059)(Página 5074)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 67-1, de 12 de junio de 1997 (número de expediente 121/000062)(Página 5075)

Avocación por el Pleno(Página 5097)

-- Del proyecto de Ley del Sector Eléctrico(Página 5097) Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Continuación):

-- Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida. (Procedente del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 68-1, de 17 de junio de 1997 (número de expediente 121/000066)(Página 5097)

-- Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. (Procedente del Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 69-1, de 17 de junio de 1997 (número de expediente 121/000067)(Página 5097)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el diputado don José Antonio Bermúdez Alonso y sobre declaraciones de actividades de señores diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes(Página 5055)

Real Decreto-ley 12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo(Página 5055) Presenta a la Cámara el Real Decreto-ley 12/1997, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja). Expone que la Ley 5/1997, de 24 de marzo, reformó el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial con el objetivo de mejorar el régimen jurídico de las infracciones y sanciones en esta materia, finalidad a la que responde precisamente la modificación del artículo 67, apartados 1 y 2, pero se evitó transcribir el párrafo 3 de este precepto que regula la inmovilización de vehículos de los conductores no residentes en territorio español cuando no depositen o garanticen el pago de las multas provisionales que les sean impuestas, por lo que estas infracciones quedarían impunes. Para salvar esta laguna legal, se adiciona un tercer párrafo al apartado 1 del artículo 67 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas del terrorismo(Página 5057) Comparece ante la Cámara el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja) para presentar en nombre del Gobierno el proyecto de ley. Comienza su intervención manifestando su creencia de que todos, sin excepción, tienen una deuda con las víctimas del terrorismo, tanto moral como materialmente. Considera que aunque es cierto que la acción de un gobierno debe centrarse fundamentalmente en evitar las víctimas del futuro, tampoco se pueden olvidar las víctimas del pasado, que son las del presente. Asegura que desde hace años todos los gobiernos, el conjunto del Estado, han venido desarrollando un sistema de protección o compensación de los daños provocados por las acciones terroristas y explica algunas de las medidas adoptadas. Sin embargo, opina que muchas de las familias afectadas, junto al daño afectivo y sicológico, están viviendo situaciones de precariedad económica y la cobertura material que se les da es insuficiente. Por ello, el Gobierno ha considerado que la celebración de un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional podría ser un instrumento que despertara el interés social y a la vez ayudara a paliar las necesidades materiales.
Por otra parte justifica la urgencia del Real Decreto-ley en la necesidad de dar una respuesta inmediata a las víctimas, por razones de justicia, y anuncia que los criterios de distribución de las ayudas, así como el procedimiento a aplicar será aprobado por el Gobierno a propuesta conjunta de los ministros de Economía e Interior, ofreciendo el diálogo y la participación en este trámite a todas las fuerzas políticas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista; Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido(Página 5061) Presenta el Real Decreto-ley14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). Expone que dicho Real Decreto-ley contiene cuatro modificaciones. La primera se refiere a la localización de los servicios de telecomunicaciones, para

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ajustarlos al contenido de la decisión del Consejo de la Comunidad Europea del pasado 17 de marzo de 1997, que todos los Estados miembros se han comprometido a incorporar a sus legislaciones nacionales. La segunda es la modificación para la unificación del tratamiento fiscal de los servicios de transporte de viajeros. La tercera trata de la situación de los agentes de aduanas, posibilitando que recuperen el Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiesen satisfecho por cuenta de importadores cuando éstos no se lo hubieran reembolsado en un determinado plazo. Y la cuarta es acerca de los procedimientos de liquidación que se aplican a las operaciones para las que determinados bienes abandonan el régimen de depósito fiscal, sustituyéndolos por otros más flexibles utilizados en otros Estados miembros de la Comunidad, tema muy específico que estaba creando efectos negativos para la economía española.
Termina su intervención manifestando que el Real Decreto-ley para el que solicita su convalidación y su posterior tramitación como proyecto de ley responde a la urgente necesidad de modificar el Impuesto sobre el Valor Añadido para llevar a cabo determinadas adaptaciones a la legislación de los demás Estados miembros, que en opinión del Gobierno no podían ni debían demorarse por más tiempo, y también para dar cumplimiento a sendos mandatos parlamentarios cuyo plazo vencía y así evitar que se prolongasen injustificadamete ciertas distorsiones financieras derivadas de la legislación anterior.
En turno en contra interviene el señor Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno a favor, interviene el señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular.
Replica el señor Martínez Noval, duplicando el señor Ortiz González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Interviene de nuevo el señor Martínez Noval.
Sometida a votación, en primer lugar, la convalidación del Real Decreto-ley12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se aprueba por 318 votos a favor y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la convalidación del Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas del terrorismo, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en tercer lugar, la convalidación del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprueba por 184 votos a favor, 73 en contra y 64 abstenciones.
A continuación, se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley que modifica el texto articulado de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que se aprueba por 317 votos a favor y una abstención.
En segundo lugar, se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se aprueba por unanimidad.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas(Página 5073)

Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales(Página 5073) Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.


Proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 47.830.131.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores(Página 5073) Sometido a votación, se aprueba por 322 votos a favor y una abstención.


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Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial(Página 5074) Sometido a votación, se aprueba por 320 votos a favor y una abstención.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación del Estado a Mina La Camocha, S.A., al importe fijado en el contrato-programa, correspondiente a 1996(Página 5074) Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional(Página 5074) Sometido a votación, se aprueba por 322 votos a favor y uno en contra.


Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de Desarrollo(Página 5074) Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas(Página 5075)

Proyecto de ley del sector eléctrico(Página 5075) Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Industria y Energía ( Piqué i Camps). Comienza su intervención poniendo de relieve que apenas constituido el nuevo Gobierno, el objetivo básico de la política del Ministerio de Industria y Energía en el ámbito energético fue mejorar la competitividad de la industria española a través de una reducción de los costes energéticos. Recuerda lo que dijo ante la Cámara en su primera comparecencia sobre que esa reducción de costes debía producirse en el marco de una política de liberalización dando paso a un mayor protagonismo de las fuerzas del mercado. Todo ello sin olvidar ciertos principios básicos como la seguridad, la calidad en el suministro energético o la buena salud de los estados financieros de las empresas que operan en esos mercados. Reconoce que el camino de la liberalización en el sector eléctrico ya estaba iniciado, aunque de una forma tímida y escasa, por lo que el Gobierno ha considerado necesario presentar este proyecto de ley. Añade que el Gobierno se ha sustentado en dos antecedentes claros: la Directiva 96/92 de las Comunidades Euroepas y la actitud manifestada por los sujetos que actúan en el sector eléctrico. Está seguro que el proyecto de ley permitirá el consenso de muchas de las fuerzas políticas representadas en la Cámara, al igual que ha permitido el acuerdo prácticamente de todos los sectores directa o indirectamente afectados.
Por otra parte, insiste en que el principio sobre el que se fundamenta el proyecto de ley es ante todo el de garantizar el suministro de energía eléctrica a todos aquellos demandantes del servicio dentro del territorio nacional, principio que se superpone a cualquier ánimo liberalizador y justifica la calificación de las actividades dirigidas al suministro de energía eléctrica como servicio esencial, concepto que sustituye al actualmente vigente de servicio público y que va dirigido a justificar las potestades de intervención y regulación que el texto atribuye a las administraciones públicas.
A continuación explica con detalle las medidas que contiene el proyecto encaminadas a hacer efectiva la libre competencia en las distintas actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, como son la distribución y el transporte, la producción y la comercialización y la gestión económica y técnica del sistema. Añade que también se establece como obligación la separación jurídica entre actividades reguladas y actividades en libre competencia, en línea con lo ya establecido en la actual Ley de Ordenación del Sector Eléctrico. Asimismo se refiere al carácter básico de la ley en atención a las competencias estatales previstas en el artículo 149.1, 13 y 25 de la Constitución, por lo que delimita las competencias que especificamente corresponden a la Administración general del Estado, omitiendo la referencia a las competencias autonómicas, cuyo contenido y alcance viene determinado por el denominado bloque de constitucionalidad.


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Insiste en la voluntad de diálogo y de consenso que ha presidido todo el proceso de elaboración del proyecto de ley y en que el modelo descrito no pretende sino conciliar, con vocación de permanencia, la garantía del suministro de energía eléctrica a nivel nacional, la libre iniciativa empresarial en el sector y el apoyo a la expansión económica, que encuentra en el ámbito energético uno de sus incuestionables motores.
En defensa de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Urán González.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Hernández Moltó.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad, interviene el señor Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica, intervienen la señora Urán González y los señores Hernández Moltó y Rodríguez Sánchez, duplicando el señor Medina Toledo.
Intervienen de nuevo el señor ministro de Industria y Energía y el señor Hernández Moltó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometidas a votación, en primer lugar, las dos enmiendas de totalidad de devolución presentadas por los grupos Mixto y Socialista, se rechazan por 152 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la enmienda de totalidad con texto alternativo, se rechaza con 23 votos a favor, 174 en contra y 127 abstenciones.


Avocación por el Pleno(Página 5097)

Del proyecto de ley del sector eléctrico(Página 5097) El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del sector eléctrico, lo que se aprueba por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación)(Página 5097)

Proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo(Página 5097)

Proyecto de ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo(Página 5097) El señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende las dos enmiendas de totalidad de texto alternativo a los dos proyectos de ley.
En turno en contra a las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo intervienen los señores Hernando Fraile y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica interviene el señor Vaquero del Pozo, duplicando el señor Hernando Fraile.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Griñan Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación, en primer lugar, la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, se rechaza por 19 votos a favor, 286 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto

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de ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, se rechaza por 20 votos a favor y 290 en contra.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.


DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACION CON EL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO BERMUDEZ ALONSO. (Número de expediente 240/00004.)

-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCMOS. SRES. DIPUTADOS. (Número de registro 31131.)

Se someten a votación los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que son aprobados.
Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACION O DEROGACION DE LOS REALES DECRETOS-LEYES:

-- REAL DECRETO-LEY 12/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AÑADE UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 67.1 DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 130/000026.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VI del orden del día, convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Vamos a proceder, en primer lugar, a la presentación por el Gobierno del Real Decreto-ley 12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Interior, señor Mayor Oreja.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.) Señoras y señores diputados...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, a quienes deseen abandonar el hemiciclo les ruego que lo hagan en silencio. El orden del día de la mañana es muy apretado y, en consecuencia, les ruego que entre los distintos puntos del mismo guarden silencio para que no se vea interrumpida la sesión.
Continúe, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Con brevedad, señor presidente.
La Ley 5/1997, de 24 de marzo, ha reformado el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con el objetivo de mejorar el régimen jurídico de las infracciones y sanciones en esta materia. Precisamente, a esta finalidad responde la modificación del artículo 67 relativo a las sanciones cuyos apartados 1º y 2º han sido reformados. No obstante, al introducir esta modificación se omitió transcribir el párrafo 3º de este precepto que regula la inmovilización de vehículos de los conductores no residentes en territorio español cuando no depositen o garanticen el pago de las multas provisionales que les sean impuestas. Por lo tanto, de no subsanarse esta omisión, las infracciones de los conductores extranjeros en materia de tráfico y seguridad vial pueden quedar impunes, ya que con esta laguna legal difícilmente puede garantizarse el cumplimiento de la sanción. Por ello, se adiciona un tercer párrafo al apartado 1º del artículo 67 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con la siguiente redacción: Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente. En todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el párrafo anterior respecto a la reducción del 20 por ciento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Interior.
Señorías, antes de comenzar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, quiero anunciarles que las votaciones correspondientes a la convalidación

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o derogación de los reales decretos-leyes que estamos tramitando se producirán de manera conjunta al final del debate de los tres decretos-leyes, a efectos de acortar el tiempo correspondiente a las llamadas a votaciones.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación del decreto-ley? (Pausa.) ¿Turno a favor? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor presidente, con toda brevedad.
El presente decreto-ley es, para el Grupo Parlamentario Socialista, correcto en su contenido, por lo que queremos manifestar nuestro apoyo, y proviene, efectivamente, de una omisión, referida al artículo 67 de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, tal como había sido reformada por Ley 5/1997, de 24 de marzo. Pues bien, aquella reforma provenía, a su vez, de una proposición del Grupo Parlamentario Socialista, y yo quiero simplemente dejar constancia en la Cámara de que ni del tenor de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista ni del tenor de las enmiendas que en su momento se presentaron también a aquella proposición se podía deducir que el legislador tenía voluntad de omitir de la ley de tráfico los supuestos de inmovilización del vehículo en aquellos casos de infractores no residentes en territorio español.
Debieron ser duendes --por llamarlos de alguna forma-- los que hicieron que lo que finalmente se plasma como expresión de la voluntad de las Cámaras no recogiera con fidelidad la auténtica voluntad del legislador y, en este caso, del grupo proponente de aquella reforma que dio lugar a la Ley 5/1997.
Por todo ello, creemos que con este decreto-ley se subsana esa omisión involuntaria del legislador y se reintroduce algo que es imprescindible, y es la regulación del supuesto de inmovilización de vehículos en los casos en los que el infractor no resida en territorio español. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista se felicita y apoya este decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.
Me ha parecido que el Grupo Parlamentario Popular también deseaba intervenir en este turno a favor. Tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para decir, con toda brevedad, en la línea de lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta, que en la tramitación parlamentaria de la proposición que dio lugar a la modificación de la Ley sobre Tráfico no fue intención no sólo del grupo proponente, sino creo expresar el sentir de todos los grupos al decir que no fue intención del legislador, proceder a la supresión de ese párrafo del artículo 67.1 de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. No hubo intención de suprimirlo y no fue, por tanto, la voluntad del legislador, lo que los clásicos llaman la mens legislatoris, a efectos de interpretación de las normas que se contienen en el Código Civil. Fue, sin duda, un duende parlamentario, como ha dicho el señor Cuesta, un duende de los que todavía habitan en este viejo palacio isabelino, el que produjo esta imperfección de la ley --por llamarlo así--, que viene a ser corregida por el real decreto-ley cuya convalidación se somete a esta Cámara en el día de hoy y que, por constituir un medio más que suficiente y adecuado para conseguir perfeccionar la ley en cuanto a la omisión que se produjo, será votada favorablemente por el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.
¿Algún otro grupo desea fijar su posición sobre el decreto-ley? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como explicita la exposición de motivos, cuando debatimos la Ley 5/1997, el precepto que ahora se trata de subsanar, ningún grupo parlamentario planteó la posibilidad de la supresión de la garantía, a efectos de la Administración del Estado, de impedir la inmovilización de un vehículo cuando el causante de una infracción grave de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial no hiciera efectivo el pago de la multa y fuera no residente en España. Esto fue lo que nos obligó, precisamente, el notar esa ausencia en el Real Decreto legislativo 339/1990, a tener que traer a esta Cámara la Ley 5/1997. ¿Y qué trataba de hacer esta ley? Pues, sencillamente, algo muy importante que se cita, afortunadamente, en la exposición de motivos, que es la relación y consonancia con el artículo 33.4 del Código Penal en lo relativo a la comisión de faltas muy graves a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando se trata de infracciones que conlleven la retirada del permiso de conducir durante tres meses o más o la inmovilización del vehículo, si la infracción correspondiente lleva multa por ser falta grave.
A la vista de esto, se dice que se olvidó el tercer párrafo. Pues vamos a subsanarlo con esta norma que trae el Gobierno. Pero quería recordar que la cuestión fue esa, porque fue un tema bastante complejo cuando no se tuvo en cuenta que había que relacionar la falta muy grave con la retirada del permiso de conducción hasta tres meses, la multa que le correspondía y, si no se pagaba la multa, la inmovilización del vehículo.
Lo

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que pasa es que posiblemente estuvimos pensando en que siempre la infracción la cometía un ciudadano español o un ciudadano de otra nacionalidad con residencia oficial en España; pero se dieron varios casos de denuncias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a conductores que cometieron infracciones graves que entraban de lleno en la prohibición de inmovilizar el vehículo, por la cuestión planteada de que no abonaban la multa correspondiente ni se les podía retirar el permiso de circulación porque no era un permiso expedido por las autoridades administrativas españolas.
Por esas razones se subsana la laguna legislativa en el caso de extranjeros no residentes en España, de modo que, si no abonan la sanción correspondiente, dado que no se les puede retirar el permiso de conducción que tienen otorgado por las autoridades de su país, al menos hagan efectivas las multas por la vía coactiva legal de la inmovilización del vehículo.
Por todo ello, señor presidente, Coalición Canaria votará afirmativamente la convalidación de este real decreto-ley. Nada más y gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


-- REAL DECRETO-LEY 13/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACION DE UN SORTEO DE LA LOTERIA NACIONAL A FAVOR DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 130/000025.)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre el decreto-ley, pasamos a la presentación y debate del Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la lotería nacional a favor de las víctimas del terrorismo.
Para su presentación ante el Pleno, en nombre del Gobierno tiene la palabra el ministro de Interior, señor Mayor Oreja.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. para cumplimentar el trámite de convalidación por esta Cámara del Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas del terrorismo.
Señorías, creo que todos, sin excepción, tenemos una deuda con las víctimas del terrorismo. El dolor, la tragedia que se sufre con la pérdida de un familiar, de un padre, de un esposo, de un hijo, constituyen daños irreparables. Pero siendo esto cierto, precisamente por ello tenemos que esforzarnos en el terreno material; porque, señorías, esta preocupación, además de resolver necesidades reales, constituye sin duda ninguna el mejor alivio moral que podemos ofrecer a estas familias, en muchos casos desechas y rotas. Es la manera de destacar que no nos olvidamos de ellos, ni de las víctimas ni de sus familias, que están presentes en nuestro quehacer y que les seguimos recordando.
Es verdad, señorías, que la acción política, la acción de un gobierno debe fundamentalmente centrarse en evitar las víctimas del futuro, pero no podemos y no debemos olvidar nunca las víctimas del pasado, que son las víctimas del presente, y que deben estar siempre en el centro de nuestros debates, de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos políticos.
El terrorismo comporta graves daños físicos, morales y sociales, que trascienden el círculo de las víctimas directas y sus familiares, que provocan enorme impacto y alarma social y, en ocasiones, quiebran la paz y la normalidad en la convivencia de un Estado democrático, y hacen falta precisamente acciones y gestos de índole social que sirvan para aliviar en muchos casos, además de materialmente, moralmente, la situación de tantas y tantas familias. Ello nos obliga a todas las instancias representativas de la voluntad popular a llevar a cabo acciones encaminadas a paliar en la medida de lo posible estos gravísimos y dolorosos efectos.
Quiero decir que se ha estado trabajando desde hace años por el conjunto de gobiernos de forma clara en esta dirección. El Estado ha venido desarrollando un sistema de protección o compensación de los daños provocados por las acciones terroristas. Quiero recordar que el Decreto-ley de seguridad ciudadana de 1979 fue desarrollado por un Real Decreto de 5 de marzo de 1982, y allí se recogían indemnizaciones por daños corporales en cuantía igual a la prevista por las normas de la seguridad social más un posible incremento de un 20 por ciento, ello sin contar con los perjudicados por daños materiales, los cuales carecieron de cualquier tipo de ayuda hasta el año 1992.
Entre el año 1982 y el año 1992 sin embargo hay un esfuerzo por parte del Gobierno y de esta Cámara a través de lo que es la Ley Orgánica de 1984, de 26 de diciembre, que se complementa en un Real Decreto de 24 de enero de l986, o en lo que significa la Ley 33/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, desarrollados por un Real Decreto de 28 de octubre. Asimismo, la ley 4/1990, la Ley de 30 de diciembre de 1991, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, a la que antes me refería, que tiene su continuidad en el Real Decreto de 19 de junio de 1992, regulador del resarcimiento por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas. Por último, la Ley 30 de diciembre de 1996, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que ha constituido un significativo avance normativo en la asistencia y protección de las víctimas, aumentando considerablemente las ayudas que venían prestándose a las mismas. Se ha incrementado el ámbito de la protección, no sólo por los daños personales y materiales, sino también en el contexto socioasistencial,

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se han establecido nuevas ayudas que van desde los resarcimientos a establecimientos mercantiles, vehículos, ayudas de estudios, asistencia psicológica y psicopedagógica, o subsidiación de préstamos cuando queda interrumpida la actividad empresarial.
De toda esta evolución en la cobertura por la Administración de los efectos derivados de las acciones terroristas sin embargo se deriva que un elevado número de víctimas han dispuesto de pensiones en cuantías muy inferiores a la media de las actuales; otros casos en los que se ha carecido de resarcimientos por daños corporales y materiales y otros en los que las cuantías de las indemnizaciones han sido notablemente reducidas.
Esto supone, señorías, que muchas de las familias afectadas, junto al daño afectivo y psicológico, están viviendo situaciones de precariedad económica. En definitiva, señorías, aparte de las ayudas que otras comunidades autónomas, como País Vasco, Navarra y Madrid, han introducido con regímenes de ayudas para víctimas del terrorismo, yo quiero decir que seguimos teniendo una deuda con esas víctimas; las ayudas no han sido suficientes y no resulta suficiente la cobertura material que damos a las víctimas ni, en mi opinión, el interés social que sin duda alguna precisan más que ninguna otra cuestión.
Por todo ello, en atención a estas situaciones, nos parecía que la celebración de un sorteo extraordinario de la lotería nacional era un buen instrumento, si se quiere excepcional, pero me parecía que podía tener la relevancia social y esa componente moral tan indispensable para lo que significa una ayuda a una familia por víctima de terrorismo. Estoy convencido de que esos ingresos se van a destinar a lograr los fines señalados para todas las víctimas del terrorismo, con atención preferente, tal como lo explicita el real decreto-ley, a víctimas y familiares de fallecidos que no hubieran recibido indemnización o resarcimiento alguno o que se encuentren en situación de necesidad económica. Ni que decirles, señorías, que la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad, prevista constitucionalmente, se justifica en este caso porque es preciso dar una respuesta inmediata a las víctimas estrictamente por razones de justicia.
Quiero decirles, señorías, que los criterios de distribución de las ayudas, así como el procedimiento aplicable, lo aprobará el Gobierno a propuesta conjunta de los ministros de Economía y de Interior, tal como lo estipula el artículo 3º de este real decreto ley.
Quiero anunciar que en esos criterios de distribución, antes de formularlos definitivamente el Gobierno, éste ofrece el diálogo, la participación de todas las fuerzas políticas, porque, señorías, estoy convencido de que todos, absolutamente todos, estamos identificados con los objetivos de este proyecto que trata de paliar la difícil situación material, y moral en ocasiones, en que viven numerosas familias españolas.
Señorías, en esta cuestión reitero que las víctimas siempre tienen razón y de lo que se trata con esta iniciativa, y con tantas otras que nos faltan por desarrollar, es de que nosotros no perdamos la razón y, sobre todo, no perdamos la memoria respecto de tantas víctimas del terrorismo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señorías, tomo muy brevemente la palabra para indicar que mi grupo va a apoyar este real decreto-ley y que, por consiguiente, vamos a votar favorablemente al mismo.
Dicho esto, debo indicar que no estamos de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido para esta ayuda a las víctimas del terrorismo. Creemos que cuando se aprobó la Ley de ayudas a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, de la cual el capítulo de ayudas a las víctimas del terrorismo es un solo y especial capítulo, se manifestaron por parte de todos los grupos parlamentarios, también por el Grupo Popular, unos principios que no vemos exactamente reflejados en este real decreto. Creemos, como ha dicho el señor ministro, que la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles de solidarizarse, incluso materialmente, con las víctimas del terrorismo plantea, a la luz de este real decreto, algunas cuestiones procedimentales porque según el mismo no es posible saber cómo se ayuda, con cuánto se ayuda y a quién se ayuda.
Incluso, suponiendo que existan personas que sean objetores de conciencia al juego de azar, no podrían manifestar su voluntad de solidarizarse con las víctimas del terrorismo.
Recojo la invitación al diálogo que ha hecho el ministro del Interior y trataremos, si esa oferta se mantiene, de contribuir con nuestros esfuerzos a perfilar lo que son las sinuosidades o las oscuridades de este real decreto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, para expresar en primer lugar la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por la iniciativa de fondo que incorpora este Real Decreto Ley 13/97, en la medida en que entendemos que contribuye

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de una manera importante a vertebrar esa política de solidaridad y de atención con las víctimas del terrorismo, que viene siendo un esfuerzo claro y rotundo de este Gobierno, en continuidad con la acción que han venido desarrollando gobiernos anteriores y que es, desde luego, un compromiso compartido por todos los grupos de esta Cámara. Nos parece que esta es una iniciativa especialmente útil por cuanto que va a permitir vertebrar esa política de solidaridad, cubriendo la laguna que podía suponer la existencia de un colectivo de víctimas o de familiares de víctimas que o bien no habían podido percibir indemnización alguna o bien se encontraban actualmente en situaciones manifiestas de grave necesidad económica; previsiones que el real decreto-ley determina como básicas y prioritarias a la hora de definir --como se hará conjuntamente por parte de los Ministerios de Economía y de Interior-- la propuesta de distribución de los beneficios obtenidos por esta iniciativa. Que a nadie le quepa la menor duda de que en el espíritu de este real decreto-ley hay una apertura a todas las víctimas del terrorismo, sin voluntad de establecer ningún género de exclusión.
En segundo lugar, quiero recordar, a propósito del real decreto-ley que hoy vamos a convalidar, que no estamos ante una iniciativa aislada, que no estamos ante un único instrumento para poder vertebrar esa política de solidaridad, o para dar respuesta a esa demanda ciudadana de solidaridad con las víctimas con la que todos estamos comprometidos. Esta iniciativa, este real decreto-ley, es un instrumento más en el contexto de una política de solidaridad que el Gobierno viene impulsando, que quiere construirse y que se está construyendo desde los principios de atención integral, de atención individualizada a cada víctima, de atención sostenida en el tiempo, de atención, en definitiva, multidisciplinar, no solamente comprendiendo los aspectos estrictamente económicos sino muchos otros de atención, insisto, sostenida y permanente en el tiempo, para poder lograr que la víctima del terrorismo y su familia pueda sentir esa solidaridad del conjunto de la ciudadanía, de las instituciones del Estado y favorecer, en la medida de lo posible, con lo difícil que esto siempre resulta, una cierta recuperación de las consecuencias gravísimas y dolorosas que siempre produce en el entorno de lo más íntimo de las víctimas el hecho mismo del terrorismo. En este sentido, la creación de la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo viene a ser, sin lugar a dudas --y se inscribe también en el contexto de esta iniciativa que hoy debatimos-- la expresión de esa voluntad de mantener una política sostenida, integral y multidisciplinar.
Ello me permite concluir, señor presidente, recordando algo que probablemente es obvio y que no debería reiterarse más, pero que precisamente en el contexto de la iniciativa que hoy vamos a convalidar conviene nuevamente decir: esta iniciativa, el conjunto de la política de atención y de solidaridad a las víctimas del terrorismo es, por definición, per se y porque no puede ser de otra forma, una política de todos. No es una política de este Gobierno, con la cual quiera levantar bandera exclusiva; no es una política que este Gobierno o este grupo parlamentario pretenda instrumentalizar para patrimonializar en exclusiva ningún sentimiento ciudadano de rechazo a la violencia. Es una política que este Gobierno y este grupo parlamentario conciben y articulan siempre desde la seguridad de que es una política de todos, con todos y para todos, fundamentada esencialmente desde el diálogo, desde ese diálogo que hoy una vez más ha vuelto a reiterar el ministro de Interior y que este grupo parlamentario comparte.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
¿Algún otro grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley por las siguientes razones.
En primer lugar, por las implícitas y explícitas que hay en el propio texto de la exposición de motivos y por la explicación detallada que nos ha dado aquí el señor ministro del Interior. Se trata de conseguir unos medios económicos a través de un instrumento legal del Estado, que es la lotería nacional, para atender aquellas necesidades más perentorias de las víctimas del terrorismo, bien los herederos legales, los familiares de los que hayan tenido que sufrir el terrorismo perdiendo la vida, o bien aquellos que son víctimas con lesiones prácticamente irreversibles de invalidez total permanente, ya que los subsidios, ayudas, etcétera, que puedan tener por otras vías son insuficientes.
Ahora bien, yo quiero --apoyando este instrumento de la lotería nacional, en la parte técnica que conlleva-- decir al señor ministro de Interior aquí presente y al señor ministro de Economía y Hacienda que respondan al principio de solidaridad con el ánimo más generoso, porque la utilización del instrumento de la lotería nacional con los condicionamientos que trae el texto de este real decreto-ley pueden hacer cicateras y reducir mucho las ayudas que pueden percibir las víctimas del terrorismo. Aquí solamente se está autorizando un sorteo para el año 1997, punto primero; se trata de un sorteo finalista de la lotería nacional sobre el que se dice: de los que entren anualmente en el período semanal. Es decir, un sorteo que se celebrará anualmente de entre los que tienen periodicidad semanal, pero resulta que el precio del cupón de la lotería nacional varía según

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el día de la semana. Por eso quiero pedir al señor ministro de Interior que, a través de sus instrumentos, vele por esta cuestión para que, dado que en el propio decreto-ley no se dice que la recaudación sea total sino parcial, negocie siempre con su colega del Ministerio de Economía y Hacienda las cantidades máximas, porque pueden variar muchísimo. Ya tendremos ocasión, posiblemente en sesiones de control que amablemente nos brinde el señor ministro de Interior de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, de hacer un seguimiento informativo de la recaudación de ese sorteo, pero sobre todo quiero pedirle que se estudie cuánto varían las recaudaciones máximas con los cupones de valor mínimo 500 pesetas o con los cupones de otros sorteos semanales, porque con ello también varía la cuantía de los premios, y no es igual de una semana para otra ni el precio del cupón ni la cuantía de los premios en la que está basada la recaudación.
Nuestro principio es de solidaridad, apoyamos la línea expresada por el señor ministro de Interior, pero que no venga el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado con una rebaja o con una intencionalidad que a lo mejor no está implícita, porque descuidadamente podrían meter el sorteo cuando las recaudaciones son mínimas. Creemos además que con esta actuación hay que incentivar también algo muy importante que para nosotros está dentro del espíritu de este real decreto-ley, que es fomentar el mensaje a los ciudadanos. No se trata sólo de una actividad puramente instrumental o benéfica de una institución del Estado para recaudar fondos. Se trata de llevar el mensaje, como hace la Cruz Roja con su sorteo anual, para decir: mire, aparte del incentivo de un premio, hay aquí una exposición de solidaridad, utilice usted su sentimiento de solidaridad comprando precisamente el décimo o la tira o lo que tengan que comprar. Es la parte, digamos, ética y solidaria que encierra una medida de este tipo.
Por estas razones, señor presidente, nosotros vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación de este instrumento que hoy se nos presenta aquí en la garantía de que el señor ministro de Interior vigilará su cumplimiento.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), la señora Uría tiene la palabra.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco compartimos la finalidad de la norma en cuanto a que su objetivo último es plasmar la solidaridad de la sociedad con las víctimas de determinadas acciones delictivas y paliar las consecuencias de las mismas. El medio utilizado, un sorteo de la lotería nacional, no nos parece el más adecuado, por más que en la exposición de motivos se justifique aludiendo a la escasez de medios y a una cuestión de prioridades en la conformación de lo que se ha dado en llamar racionalización del Estado de bienestar. Puede ser, creemos, un parche temporal, pero sostenemos que es ineludible afrontar una regulación presupuestaria.
No cuestionamos tampoco el instrumento normativo utilizado, aunque desde el punto de vista técnico lo sería, ni tampoco vamos a postular siquiera su tramitación como proyecto de ley. Sin embargo, no podemos dejar de advertir dos cuestiones importantes sobre todo de cara a la regulación futura, ya que se hace un llamamiento a disposiciones reglamentarias a dictar por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el Ministerio de Interior. La primera, que es de menor calado pero creemos que importante, es la temporal, es decir, desde cuándo, desde qué época las víctimas van a poder solicitar estas ayudas. La segunda, que es de mayor enjundia, es la determinación del sujeto pasivo. Se alude como tales a las víctimas del terrorismo, a quienes hayan sufrido actos terroristas. La evolución normativa de este concepto se ha venido caracterizando siempre por la ausencia de definición legal expresa, creemos que incluso buscada. He encontrado sentencias en las que se hacía bascular la concesión de las ayudas sobre el hecho ciertamente peregrino de que el atentado hubiese sido reivindicado. Curioso requisito que pone al beneficiario de las ayudas en manos de un hecho que le corresponde a la propia banda armada.
La jurisprudencia parece exigir dos elementos para hablar de acto terrorista: que haya organización armada y que el fin sea subvertir el orden político --violencia política organizada, por tanto--, concepto que con apoyatura en una única sentencia de la Audiencia Nacional se ha venido entendiendo en el sentido de considerar que sólo existe acto terrorista cuando la finalidad de la acción criminal es subvertir el orden constitucional y no cuando la actuación criminal es a favor del orden constitucional, con lo cual han quedado siempre al margen de este concepto las denominadas víctimas del GAL. Creemos que estas ayudas deben hacerse extensivas a las mismas, ya que no hay mayor subversión del orden constitucional, a nuestro criterio, que el hecho de desvirtuar las reglas básicas del Estado de Derecho, como puede ser el actuar desde los propios poderes del Estado para obtener fines que, por lícitos que se pretendan, son al margen del Estado de Derecho. Creemos, además, que se debe utilizar, como referencia para la concesión de las ayudas, la condición de ciudadano del Estado español del solicitante y no el lugar donde se produjeron los daños, que es también un importante elemento limitador a la hora de conceder las ayudas, ya que gran número de atentados se han producido en lo que se llama el ámbito del país vasco-francés. Creemos que debe ensayarse, en el mismo

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sentido que han indicado los demás grupos, un concepto que permita acoger de la forma más generosa y sobre todo más justa a todas las posibles víctimas.
No nos extenderemos nada más. Votaremos a favor de la convalidación de la disposición.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


-- REAL DECRETO-LEY 14/1997, DE 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
(Número de expediente 130/000027)

El señor PRESIDENTE: No habiendo más peticiones de palabra para tomar posición sobre el decreto-ley que se somete a convalidación, damos por concluido el debate del mismo y pasamos al Real Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, para cuya presentación ante el Pleno tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y Hacienda, señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara el Real Decreto-Ley 14/1997, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de agosto y por el que se llevan a cabo diversas modificaciones de carácter urgente de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 1992. En concreto, cuatro modificaciones.
La primera, se refiere a la localización de los servicios de telecomunicaciones para ajustarlos al contenido de la decisión del Consejo de la Comunidad Europea del pasado 17 de marzo de 1997, que todos los Estados miembros se han comprometido a incorporar a sus legislaciones nacionales. Esta decisión del Consejo de la Comunidad Europea venía a resolver un problema que SS.SS. en algunos casos pueden conocer, pero que me gustaría explicar ante la Cámara.
Todos somos conscientes de que los avances tecnológicos en las comunicaciones permiten prestar servicios de telecomunicaciones en cualquier parte del mundo, y los criterios de localización que estaban establecidos en las normas comunitarias para la armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido, antes de esta decisión del Consejo de la Comunidad Europea, llevaban la tributación al país donde radica la sede o el establecimiento permanente de quien prestaba los servicios. Eso permitía trasladar la tributación a terceros países con fiscalidad más reducida, por un lado, perjudicando los derechos de las haciendas públicas de la Unión Europea y, por otro, perjudicando también a nuestra propia industria de telecomunicaciones que se encontraba discriminada por razones fiscales con terceros países.
El Consejo de la Comunidad Europea permite poner fin a esta situación de desventaja de las empresas comunitarias, sin esperar a la aprobación de una directiva que, de todas maneras, está en fase de elaboración y que regulará definitivamente la materia. Así, el Consejo de la Comunidad autoriza a los Estados miembros a aplicar una excepción que permite localizar los servicios de telecomunicación en el lugar donde radica la sede o establecimiento permanente del destinatario, en vez del domicilio del prestador de los servicios, como sucedía anteriormente, o en el lugar donde se utilicen efectivamente los servicios, con una excepción que tiene dos condiciones: que el prestador esté establecido en un país de la Comunidad y, al mismo tiempo, que el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional. Por tanto, a partir de la aprobación de este decreto-ley por parte del Gobierno, los servicios de telecomunicaciones en España tributarán en el domicilio o establecimiento permanente del destinatario, a excepción de aquellos que se presten por empresas comunitarias a personas físicas que no sean ni empresarios ni profesionales y que, a su vez también, como es natural, estén domiciliados en la Comunidad.
La segunda medida que incorpora este decreto-ley es la modificación para la unificación del tratamiento fiscal de los servicios del transporte de viajeros. Esta modificación viene a responder a dos peticiones o a dos urgencias: la primera, como consecuencia de la voluntad mayoritariamente expresada por esta Cámara en el debate de la ley de presupuestos respecto a la reducción del IVA de las autopistas y, la segunda, a las reiteradas observaciones y recomendaciones de la Comisión Europea, en el sentido de dar cumplimiento, lo antes posible, a la disposición adicional undécima de la ley del IVA. Esta nueva modificación o esta nueva unificación de criterios sobre el transporte de viajeros desde el punto de vista de su tratamiento fiscal por el IVA suprime las diferencias derivadas de la normativa que estaba hasta ahora en vigor y que, como SS.SS. saben, estableció para el transporte terrestre un tratamiento tributario distinto al que regula el transporte marítimo y aéreo y, a su vez, un tratamiento distinto para el transporte marítimo y aéreo en el conjunto del territorio nacional, exceptuando Baleares, que tiene un tratamiento diferenciado. En ese sentido, además, por parte de la nueva propuesta del Gobierno se reduce, dentro del transporte por carreteras, el tipo aplicable a la utilización de autopistas de peaje, equiparándolo al resto de las operaciones de transporte de viajeros y sus equipajes. Esta es una medida que me gustaría explicar a SS.SS., porque sé que tiene una cierta polémica. No en vano en este momento la Comisión y una gran parte de Estados miembros se encuentran en un litigio ante el Tribunal Superior de Justicia sobre la aplicación

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del IVA o no a las autopistas, aparte de las recomendaciones que directamente a España, como he mencionado, ha hecho la Comisión para homogeneizar el tratamiento del IVA en el transporte marítimo y terrestre. La mayor parte de los Estados miembros consideran que estos servicios, es decir, el tráfico por autopistas de peaje, no deben estar sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que ha dado lugar --como he mencionado-- a varios expedientes de infracción por parte de la Comisión. En concreto, en este momento sólo hay tres Estados miembros --Italia, Portugal y Suecia-- que aplican el tipo general, y la situación claramente no es pacífica entre los Estados miembros.
Frente al criterio de no sujeción, que mantienen, como he dicho, varios Estados miembros en contra de la opinión de la Comisión, el Gobierno de España plantea una alternativa que no se opone a las posiciones de la Comisión Europea, que nos permite homogeneizar el tratamiento del transporte de viajeros tanto por carretera como por transportes marítimos y aéreos, y que además viene también a responder a la petición de la Cámara de reducir el IVA de las autopistas. Para ello, el Gobierno cree que hay un fundamento jurídico claro para entender que el anejo H) de la Sexta Directiva del IVA permite que las operaciones que pueden disfrutar de un tipo reducido comprenden una interpretación lógica tanto del desplazamiento de los viajeros dentro de un autobús, como de la utilización de su propio medio de transporte y el pago del IVA en ese momento a través de los controles de cada una de las autopistas.
A ello hay que unir el criterio de no sujeción; si elegimos el camino que propone el Gobierno, no nos sometemos al conflicto de la no sujeción que está afectando a la Comisión con cinco países. Además, entendemos que en la elección estamos amparados por el anejo H) de la Sexta Directiva, que permite una situación menos gravosa para el presupuesto europeo que la posición de la no sujeción que mantienen los países que están en conflicto con la Comisión, ya que no supone ninguna reducción de recursos propios en el presupuesto comunitario.
La reforma permite clarificar y homogeneizar el régimen aplicable al transporte de viajeros, con independencia del medio de transporte o la vía utilizada, y fomenta la reducción del precio de los servicios de transporte, a los que antes se aplicaba el tipo general. La reducción del tipo de gravamen que grava la utilización de las autopistas de peaje y los servicios de transporte aéreos y marítimos en nueve puntos porcentuales, al pasar del 16 al 7 por ciento supone una rebaja inmediata del precio que pagan los usuarios, que son quienes soportan el impuesto; esta rebaja se sitúa en torno al 7,7 por ciento.
Quisiera llamar la atención de sus señorías sobre la coincidencia en el tiempo de esta rebaja en el IVA y de la aplicación de lo dictaminado en el decreto del año 1990 sobre la actualización automática de los peajes.
Efectivamente, en el año 1990 el Gobierno español estableció una actualización automática de los peajes conforme a la inflación que, sin embargo, en 1997 había sido congelada por parte del Gobierno durante los primeros nueve meses. Por lo tanto se ha producido una coincidencia en el tiempo que, además, viene a suavizar el aumento del precio de los peajes que exige la legislación española vigente desde el año 1990. Vuelvo a repetir que con la propuesta que figura en este real-decreto ley, que espero ratifique la Cámara, damos cumplimiento también a la disposición adicional vigésima de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social que acompañaba a la ley de presupuestos, que, como ya he dicho, fue aprobada por amplia mayoría de esta Cámara, y que pedía al Gobierno que antes del 1 de septiembre redujera el coste del peaje de la autopistas, bien mediante el establecimiento de compensaciones a las sociedades concesionarias o bien por la reducción del tipo del IVA.
La pregunta que seguramente también sus señorías pueden plantear es por qué el Gobierno ha elegido la reducción del tipo del IVA en vez de la que le ofrecía también la fórmula de la disposición adicional vigésima respecto al establecimiento de compensaciones a las sociedades concesionarias. Por un lado, como he explicado, porque con ella venimos a resolver problemas que nos mantenían en una situación de falta de unificación de criterios de la imposición del transporte que afectaban al transporte aéreo, marítimo y por carretera; pero, por otro, porque el Gobierno entiende que la aplicación de un tipo reducido del IVA se traslada de modo automático e inmediato a los precios pagados por los usuarios, sin ningún tipo de dilación ni de intermediación.
En segundo lugar y también como consecuencia de lo que acabo de decir, esta medida ofrece mucha mayor transparencia, tanto a los usuarios, quienes conocen las causas de la reducción del precio y saben exactamente a qué se pueden atener, como a las propias empresas concesionarias que, en el caso de haber optado por el establecimiento de compensaciones, no habrían conocido su propia situación en relación con las otras, ya que la negociación se habría tenido que hacer con cada una de ellas y en atención a las circunstancias particulares que definen cada contrato de concesión. Además, la Cámara tiene que ser consciente de que algunos de estos contratos de concesión no dependen de la voluntad del Parlamento nacional ni del Gobierno del Estado, sino de la voluntad de los gobiernos autonómicos y, por lo tanto, era prácticamente imposible asegurar una reducción homogénea en todo el territorio nacional afectado por el peaje.
Se trata, por tanto, señor Presidente, de una medida que beneficia claramente a los usuarios de las autopistas, que es acorde con la normativa comunitaria y que,

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en opinión del Gobierno, es más eficiente y transparente que el establecimiento de compensaciones concesionarias. Además, indudablemente, puede ser discutida a lo largo del debate parlamentario, habida cuenta de que el Gobierno va a solicitar de la Cámara la tramitación como proyecto de ley de ese real decreto-ley.
La tercera modificación en la Ley del IVA que introduce este real-decreto ley se refiere a la situación de los agentes de aduanas para posibilitar que recuperen el Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiesen satisfecho por cuenta de importadores, cuando éstos no se lo hubieran reembolsado en un determinado plazo. En este momento, la normativa del impuesto del IVA establece la responsabilidad solidaria o subsidiaria, según los casos, de los agentes de aduanas en el pago del tributo devengado por las importaciones en que intervienen, avalando con su garantía individual o colegiada ese pago y quedando en una clara situación de indefensión cuando el importador dispone de la mercancía importada y no le reembolsa al agente de aduanas el impuesto satisfecho por su cuenta. Este real decreto-ley viene a atender a esta situación, estableciendo un procedimiento especial que permite a los agentes recuperar el impuesto, previo cumplimiento de ciertos requisitos que al mismo tiempo garanticen los intereses de la Hacienda pública. Estos requisitos son que la devolución del impuesto a los agentes de aduanas se condiciona a que éstos hubiesen hecho efectivo el mismo por cuenta del importador sin obtener su reembolso, y en garantía de los agentes de aduanas se les faculta para que retengan en su poder el documento justificativo del derecho a la deducción de las cuotas satisfechas a la importación hasta que hubieran obtenido el reembolso del impuesto, pudiendo solicitar la devolución de la cuota satisfecha cuando hayan transcurrido dos años desde el vencimiento del derecho a la deducción sin haber recuperado el impuesto.
Por último, señor Presidente, paso a la cuarta modificación del IVA que contiene este real decreto y que también, siendo un tema muy específico, estaba produciendo efectos negativos para la economía española y que era urgente resolver. El problema que se crea y que trata de resolver esta cuarta medida se refiere a los procedimientos de liquidación que se aplican a las operaciones para las que determinados bienes abandonan el régimen de depósito fiscal, sustituyéndolos por otros más flexibles utilizados en otros Estados miembros de la Comunidad. Concretamente, se trata de las operaciones relativas a los metales que cotizan en las bolsas extranjeras, es decir, operaciones de futuro, que se colocan al amparo del régimen fiscal suspensivo del impuesto, respecto de los cuales la liquidación del IVA prevista hasta ahora en la legislación española para las operaciones de abandono del mencionado régimen fiscal producía unos costes financieros que impedían el asentamiento de este tipo de empresarios en nuestro territorio, porque entre el pago del IVA y su devolución transcurría un período de tres meses, que resultaba inconveniente desde el punto de vista de la competencia y de los costes financieros en comparación con otras posibilidades dentro de la propia Unión Europea.
Este real decreto soluciona este problema, excluyendo estas operaciones del artículo 19.5 de la ley del impuesto, que regula las operaciones asimiladas a las importaciones y establece un procedimiento de liquidación que permite compensar automáticamente las cuotas devengadas cuando los citados metales abandonan el régimen de depósito fiscal, con lo que desaparecen los costes financieros que hacían inviable esta actividad en el territorio español.
En definitiva, señor presidente, este real decreto-ley que hoy presento ante la Cámara para solicitar en nombre del Gobierno su convalidación, si así lo consideran oportuno los grupos parlamentarios, y su tramitación como proyecto de ley, responde a la urgente necesidad de modificar el Impuesto sobre el Valor Añadido para llevar a cabo determinadas adaptaciones a la legislación de los demás Estados miembros que, en opinión del Gobierno, no podían ni debían demorarse por más tiempo, y también para dar cumplimiento a sendos mandatos parlamentarios, cuyo plazo vencía, y evitar que se prolongasen injustificadamente ciertas distorsiones financieras derivadas de la legislación anterior.
En nombre del Gobierno solicito de la Cámara la ratificación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ortíz tiene la palabra.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Entiendo, señor presidente, que el turno a favor sólo procede si hay turno en contra, y no sé si hay turno en contra.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Ortiz, que quiere solamente fijar su posición y no consumir el turno a favor porque no ha habido turno en contra.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Si no hay turno en contra.


El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, señorías, efectivamente estamos en estos momentos tramitando la convalidación de un real decreto-ley que modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

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en determinadas cuestiones a las que se ha referido el señor ministro, cuatro en concreto: los servicios de telecomunicaciones prestados por terceros países no miembros de la Unión Europea; un viejo problema en el Impuesto sobre el Valor Añadido relacionado con los depósitos de aduanas; un tercero, al que también se ha referido el señor ministro, que tiene que ver con las operaciones de los denominados trades, que compran y venden materias primas; y el cuarto que tiene que ver --creo que es la cuestión más discutida y controvertida en el real decreto-ley-- con la modificación del artículo 91 de la ley del impuesto para rebajar el Impuesto sobre el Valor Añadido a los usuarios de las autopistas hasta el tipo reducido del 7 por ciento.
Subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar nuestra posición contraria a la convalidación del real decreto-ley, no por ninguna de las tres primeras causas o de los tres primeros contenidos a los que me he referido --servicios de telecomunicaciones, depósitos de aduanas e impuesto en las operaciones de comercio de materias primas--, sino exclusivamente en relación con la modificación del artículo 91, que rebaja el tipo de IVA al 7 por ciento a los usuarios de las autopistas. Parecería extraño, señorías, que algún grupo parlamentario suba a esta tribuna para contradecir una rebaja de un impuesto que afecta a unos ciudadanos. Luego me referiré, si tengo tiempo, señor presidente, con un cierto detalle, a cuáles son las causas que justifican nuestra posición.
Al inicio de mi intervención, señor ministro, le quiero decir con claridad que el Grupo Parlamentario Socialista es nítidamente partidario de la rebaja del peaje de las autopistas, lo cual no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con que la vía o el instrumento para la rebaja del peaje sea la reducción del tipo del IVA, en modo alguno; hay otras muchas vías para que eso ocurra. No se preocupe, yo le diré cuáles.
Sin ninguna duda, el procedimiento que ustedes utilizan nos va a acarrear problemas litigiosos --usted mismo lo ha aceptado-- con la Unión Europea, entre otras cosas, señor ministro, porque esta decisión en el ámbito de la normativa comunitaria es ilegal, es clarísimamente ilegal. Si la cosa fuese tan sencilla, otros gobiernos, señor Rato, ya lo hubieran hecho, se le ocurre a cualquiera, es lo más sencillo: rebajar los peajes de las autopistas reduciendo el tipo del IVA. El problema, señor Rato, es que, diga usted lo que diga, esto es ilegal; ilegal en el marco de la Directiva del año 1992 que por enésima vez reformó la Sexta Directiva y que contiene un apartado h) con un párrafo 5 en el que es imposible asimilar la utilización de una autopista con el transporte de personas y sus equipajes. Por cierto, que no sabemos por qué no aprovechan ya también para asimilar a los términos de la legislación española ese apartado. La directiva habla de transporte de personas y el decreto habla de transporte de viajeros. Sería una excelente ocasión, en la tramitación como proyecto de ley, para asimilar mejor esos dos conceptos.
En modo alguno nosotros podemos aceptar que al usuario de autopistas se le pueda asimilar con el transporte de personas y sus equipajes en la modificación del año 1992 de la Sexta Directiva. Es más, el litigio al que se refiere que mantienen otros países, y al que usted parece ser que en la tribuna nos ha querido también asimilar, no tiene nada que ver con nuestro caso, absolutamente nada que ver. Ese litigio es consecuencia --supongo que usted lo sabrá, estoy seguro de ello--, del apartado b) de la directiva, que en el artículo 2 habla de las situaciones anteriores al año 1991. La directiva es del año 1992. Ese es el caso de muchos países que tenían un tipo reducido o un tipo cero en el gravamen por valor añadido a los usuarios de las autopistas. No es, en absoluto, nuestro caso. Todas las excepciones que hay en la directiva tienen que ver con situaciones consolidadas con anterioridad al año 1991, que eran las situaciones de Francia, del Reino Unido, de Alemania, etcétera.
Por tanto, señor Rato, si todos los argumentos jurídicos que tiene el Gobierno para pelear jurídicamente este asunto en el Tribunal de Luxemburgo son los que se contienen en la exposición de motivos, nos las van a dar todas en el mismo carrillo; tengan ustedes la absoluta seguridad porque ésta no es una materia en la que el Grupo Parlamentario Socialista hable gratuitamente; en el grupo parlamentario, en nuestros gobiernos, se dedicaron muchas horas a esta cuestión y la conclusión es muy sencilla, señor Rato, es ilegal, contraviene la legislación comunitaria esa rebaja del tipo del IVA. Como este decreto se va a tramitar como proyecto de ley --de acuerdo con sus manifestaciones--, tiempo tendremos para discutir, más en profundidad, esta cuestión.
Por otra parte, habría que preguntarse por qué razones, si la rebaja del IVA es de nueve puntos, los usuarios no se benefician de una reducción en el peaje de un nueve por ciento, porque como ha dicho usted ha coincidido en el tiempo --cosa que sólo usted es capaz de hacer coincidir-- la disminución del tipo del IVA con el aumento de los peajes, que llevaban congelados desde el mes de marzo.
Señor Rato, ustedes también han puesto en circulación otro proyecto o idea del Gobierno, que es ir a una rebaja todavía mayor, una rebaja sustancial de los peajes por la vía de la ampliación del plazo concesional. Ya les adelanto que vamos a estar muy en contra de esa medida por una razón muy sencilla, porque sólo hace falta echar un vistazo a las cuentas de resultados del primer semestre del año 1997 de cuatro concesionarias privadas, al margen las públicas, que deben entenderse con otra filosofía distinta. Esas cuatro concesionarias privadas, a pesar de la congelación de la tarifa de sus peajes, han visto incrementada muy considerablemente su cifra de negocios, han visto incrementado

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también considerablemente el tráfico, la intensidad media diaria en esas autopistas, y, como resultado de todo ello, incluso con peajes congelados, han visto crecer de manera bastante abultada los resultados de ese medio ejercicio del año 1997.
Una lectura rápida de esas cuentas de resultados y de esos balances de las concesionarias en el primer semestre de este año desvela que son todas ellas sociedades, ya a estas alturas, muy saneadas. Una de ellas, por ejemplo, tiene un 70 por ciento de beneficios sobre la cifra total de negocios, lo cual quiere decir que esa concesionaria está en una situación financiera inmejorable; es una empresa que se puede decir que es un bombón.
Señor Rato, nosotros nos vamos a inclinar por una reducción de los peajes a costa de los abultados beneficios de las concesionarias. Sé bien que eso puede contravenir los acuerdos concesionales, pero vamos a instar al Gobierno a que se renegocien esos acuerdos. (El señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, De Rato Figaredo: Y eso, ¿no es ilegal?) Le estoy hablando, señor Rato, de que el Gobierno renegocie esos acuerdos y que en nada pueda ser entendido como una incautación del derecho que asiste a las concesionarias. Pero también tendrá usted que tener en cuenta que han cambiado muy considerablemente --y ustedes bien que lo pregonan y se pavonean de ello--, han cambiado muy radicalmente las circunstancias de esos acuerdos concesionales, en primer lugar, en relación con los costes financieros.
¿Han bajado o no los tipos de interés? Han bajado, afortunada y felizmente. En ese caso, ¿por qué la bajada de los tipos de interés no ha de afectar también no sólo a aquellos que tienen una hipoteca sobre una vivienda? También a los usuarios de las autopistas, empresas que, por cierto, tienen fundamentalmente dos apartados de coste: los costes de personal, que están disminuyendo, señor Rato (véanse las cuentas de resultados y los balances; los costes de personal de las autopistas están reduciéndose) y los costes financieros, que también se han reducido muy considerablemente.
Señor Rato, no tiene nada que ver, pero hay otra operación que permite rebajar coste para los usuarios como consecuencia, entre otras cosas, de la rebaja de los tipos de interés, que es la reducción de las tarifas eléctricas. La reducción de las tarifas eléctricas fundamenta sus posibilidades en que se afecte a la cotización en Bolsa de las empresas, entre otros motivos porque se han reducido muy considerablemente los tipos de interés, y ello ha conducido a la renegociación y a la reestructuración de la deuda de las empresas eléctricas. Exactamente igual debería de ocurrir, señor Rato, con los peajes de las autopistas.
Sobre la base de las cuentas de resultados de los últimos trimestres, semestres, ejercicios anuales completos de esas cuatro concesionarias privadas, es perfectamente posible que los usuarios españoles de las autopistas, sean públicas o privadas --insisto, las públicas merecerían otra consideración--, vean rebajados sustancialmente los peajes de las autovías.
Señor Rato, yo creo que en esto coincidimos, entre otras cosas, por ejemplo, con el Parlamento valenciano, que ayer mismo aprobó, por mayoría, una resolución, en la que insta al Gobierno a no ampliar el plazo concesional y a rebajar el peaje de las autovías. Porque, sin duda alguna, señor Rato, ¿sabe usted quiénes son los beneficiarios en mayor cuantía de la doble medida que ustedes han tomado, rebajar el tipo del IVA y aumentar los peajes? Los mayores beneficiarios no son los usuarios.
El doble movimiento que ustedes han hecho es engañoso, es tramposo. Las mayores beneficiarias van a ser las concesionarias. Y el perjudicado, ¿quién es? El Estado, que pierde ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Pero las mayores beneficiarias van a ser las autopistas concesionarias, señor Rato. Usted sabe, como yo, que una modificación del peaje de las autopistas, en este caso por reducción de nueve puntos del Impuesto sobre el Valor Añadido, da lugar, en razón de la elevada elasticidad demanda/precio de los usuarios, a un incremento muy considerable del número de usuarios de la autopista, que conduce también a un incremento muy cuantioso de los ingresos totales de las concesionarias.
Estas son las razones, señor Rato, que nos llevan a rechazar la convalidación de este decreto, a la espera de una más detallada discusión cuando se trate el proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.) El señor Ortiz González tiene la palabra.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor presidente, señorías, en el debate de este real decreto-ley que, como ha explicado el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, afecta a cuatro grandes cuestiones en relación con el IVA, prima sobre todas ellas, obviamente, lo que se refiere a la reducción del peaje de las autopistas. Esta es, sin duda, la reforma más significativa y se conecta con la homogeneización o unificación del tratamiento fiscal de los servicios de transporte de viajeros.
El portavoz socialista nos ha sorprendido en el turno en contra por la propuesta final que ha hecho, aunque nos ha sorprendido menos su tono y su contenido por la incoherencia entre sus propias posiciones y decisiones en su etapa de Gobierno y las que mantiene ahora, por un tufo de demagogia al que, por otra parte, últimamente nos tienen acostumbrados dentro y fuera de este hemiciclo. Digo que nos ha sorprendido su propuesta final, y en el propósito de que el real decreto-ley

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no se convalide, porque ustedes, el Grupo Socialista, señor Martínez Noval, votaron favorablemente en esta Cámara la versión final de la disposición adicional vigésima de la Ley de acompañamiento de 1996, que obligaba al Gobierno a reducir el precio final de las autopistas en torno al 7,7 por ciento, bien por la aplicación del tipo reducido del IVA del 7 por ciento, bien mediante el otorgamiento de subvenciones. En ningún caso figuraba en esta disposición final vigésima una propuesta tan pintoresca como la que acaba de hacer, en el sentido de que se recorte la cuenta de resultados de las concesionarias de autopistas; cuenta de resultados que, por otra parte, no se ha producido por primera vez en el año y medio de Gobierno del Partido Popular, y cuenta de resultados que, salvo que vayamos a plasmar su filosofía intervencionista, es objeto de gravamen. Es lógico que esa cuenta de resultados haga su contribución a la financiación de los servicios generales del Estado español mediante la aplicación del Impuesto de Sociedades y el 35 por ciento, en ningún caso mediante un género de confiscación o incautación, que es lo que está debajo y en el trasfondo de su sugerencia de que se haga una renegociación por parte del Gobierno con las concesionarias de las autopistas.
Señoría, que el Gobierno haya optado por la vía de la reducción del IVA mejor que por la vía de compensaciones, de ninguna manera salva la contradicción que existe entre la posición que mantuvieron ustedes votando favorablemente esta disposición final vigésima y la que mantienen ahora.
En su intervención, y al margen de otras cosas, de esa pintoresca renegociación que yo llamaría invitación a la incautación o a la confiscación, hay dos afirmaciones fundamentales: que el real decreto vulnera la normativa comunitaria --obviamente en este punto y no en los otros tres-- y que el mismo es un regalo --lo han dicho sus corifeos mediáticos, no su señoría-- a las concesionarias de las autopistas.
Insiste en que las autopistas de peaje no están comprendidas en el anejo h) de la vieja Sexta Directiva del IVA, en que se recogen sólo las operaciones que pueden disfrutar del tipo reducido. Y aquí no queda sino insistir, señor Martínez Noval. El Gobierno entiende, por el contrario, y mi grupo con él, naturalmente, que la categoría de los transportes de viajeros y los equipajes --su señoría ha introducido una curiosa distinción entre viajeros y personas, no sé si hay viajeros que no sean personas-- a que se refiere el anejo h) de la Sexta Directiva comprende, en una interpretación lógica, el desplazamiento de viajeros y la utilización de la red viaria para dichos desplazamientos, por lo que la aplicación del tipo reducido no es contraria, de ninguna manera, a la normativa comunitaria. Como ha explicado el vicepresidente segundo, la tributación de las autopistas de peaje no es una cuestión pacífica en el seno de la Comunidad Europea, y sobre 15 países comunitarios, en 9 se dan supuestos de no sujeción, en 2 de tributación al tipo cero y en 4, entre ellos España hasta ahora, la aplicación del tipo general.
En todo caso, es evidente que hay una serie de discriminaciones injustificadas que es preciso salvar y en esta línea el Gobierno ha optado por una solución nueva, acorde con la mayoría de los Estados que se inclinan o bien a la no sujeción o a la aplicación del tipo reducido, habida cuenta, además, que, como ha explicado el ministro de Economía y Hacienda, esta fórmula nuestra es menos gravosa que la no sujeción para el presupuesto comunitario.
En definitiva, el decreto-ley, insisto, da una solución razonable, se apoya en un argumento admisible y reduce la discriminación existente en relación con nuestro país, haciendo más competitiva la explotación de nuestras autopistas en términos comparativos.
Señor Martínez Noval, ni la Unión Europea produce normas de derecho divino ni los intereses de los Estados miembros --y así lo demuestran ya los muchos años de historia de la Comunidad Europea-- son irreconciliables con el Derecho comunitario; por ello se ha registrado uno de los numerosísimos conflictos (ayer, a propósito del debate sobre la televisión digital, se hacía referencia a los contenciosos de la etapa socialista con la Comunidad Europea), incontables expedientes de infracción y resoluciones de los tribunales superiores de justicia.
En definifiva, señor Martínez Noval, en sus palabras, en las que no sin aparente fruición anticipa una valoración de la Comisión de las Comunidades Europeas que todavía no se ha producido, asigna a la Comisión un papel de intérprete único y final del Derecho comunitario, que obviamente no tiene, y que es competencia del tribunal correspondiente.
Lo que sí constituyó y constituye una vulneración clara de la legislación comunitaria --tome nota, señor Martínez Noval--, es la que se produjo con la Ley 6/1987, de 14 de mayo, sobre dotaciones presupuestarias para inversión y mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que declaró exentas de IVA las importaciones de armamento, munición y material para uso específicamente militar. Esta exención que ustedes dieron no tiene, en absoluto, fundamento alguno en la normativa comunitaria, lo que ha determinado la presentación por la Comisión de una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. Sobre este tema --no baladí, ciertamente-- volveré más adelante.
La segunda afirmación esencial, al margen de otras realizadas por S. S., es que la reducción del IVA beneficia, fundamentalmente, a las concesionarias. Afirmar, señoría, que cuando se rebaja el IVA, como en este caso, se está favoreciendo al sector afectado, es un claro ejercicio de demagogia. Le recuerdo que ustedes bajaron el IVA en múltiples ocasiones. En 1993 redujeron el tipo del 6 al 3 por ciento para el pan, leche, queso, huevos, frutas, verduras, periódicos, revistas, medicamentos,

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etcétera; y del 15 al 6 por ciento en determinados equipos agrícolas y en los servicios funerarios. Y un caso especialmente significativo, señor Martínez Noval, en el abono a la televisión de pago, en beneficio de un canal bien conocido de ustedes y bien próximo a ustedes, siempre y particularmente en los últimos tiempos. En 1994 se produjo la rebaja del IVA del 16 al 3 por ciento para las viviendas de protección oficial. Y, finalmente, en el año 1995 se produjo la reducción del 15 al 7 por ciento para bebidas refrescantes, flores, hoteles de cinco estrellas, restaurantes de cuatro o cinco tenedores, etcétera.
Y yo le pregunto y pregunto al Grupo Parlamentario Socialista: cuando ustedes bajaron el IVA del pan, de la leche, de los huevos, de las frutas, de los libros, ¿querían favorecer a los panaderos, a los productores de leche y de huevos o a los editores de libros y revistas? Y cuando rebajaron el tipo del 15 al 6 por ciento a los servicios funerarios, ¿querían favorecer a las funerarias? Y cuando, en el año 1995, rebajaron el tipo para las bebidas refrescantes, ¿querían favorecer a la multinacional Coca-Cola? Y no digo nada de la rebaja al 7 por ciento en los abonos de la televisión de pago, en beneficio --repito-- de un canal bien conocido.


El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, vaya concluyendo.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Y qué decir de las armas, señor Martínez Noval.
Cuando con la Ley de 1987, a que antes he hecho referencia, establecieron la exención del IVA a las importaciones de armamento y munición, ¿también querían favorecer a las multinacionales americanas o alemanas? De ser así, sería interesante saber cuáles fueron las contrapartidas.
Quiero referirme al problema de la coincidencia a que ha hecho referencia el señor vicepresidente del Gobierno respecto a la reciente subida, que ha entrado en vigor el 1 de septiembre, porque fue aplazada desde marzo, que es cuando correspondía en base a su Real Decreto del año 1990. Este incremento ha supuesto una subida del 2,67 por ciento. El menor de los últimos quince años en su etapa de gobierno, porque el precio de los peajes de las autopistas creció un 124 por ciento, con una tasa interanual del 5,54 por ciento. Dicho incremento, el menor de los últimos quince años, insisto es del 2,67 por ciento y, por cierto, es el primer incremento que se produce desde el Gobierno del Partido Popular.
Consiguientemente, no hay trampa ni cartón, si me permite la expresión coloquial, en esta coincidencia de una subida sistemática programada, acomodada a un real decreto que dictaron ustedes para la revisión de los peajes.
Finalmente, y acabo señor Presidente, haré referencia a algo que también ha mencionado el señor Martínez Noval: su fobia al aumento de los períodos concesionales. Pues bien, ustedes modificaron los períodos concesionales de acuerdo con una regla de oro en materia de concesiones administrativas de autopistas, que es el mantenimiento del equilibrio economico-financiero. Por real decreto de 30 de noviembre de 1990 se modificó el período concesional del tramo Montgat-Mataró, de Acesa, prolongando su vencimiento desde el año 2004 al 2016, esto es aumentándolo en 12 años, y por real decreto del año 1994 se prorrogó 14 años el período concesional de Eurovias en el tramo Burgos-Bilbao; por tanto, estamos ante un caso más en el que ustedes se oponen a ustedes mismos. Ustedes se oponen ahora a lo que ustedes mismos hicieron. Con razón alguien dijo en este mismo hemiciclo que su mayor enemigo son las hemerotecas, en este caso el Boletín Oficial del Estado.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Ortiz, por favor.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Acabo.
El vicepresidente segundo del Gobierno ha anunciado nuestra posición favorable a que se haga la tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley. Ese será el momento en que sus soluciones técnicas, si las tienen, puedan plasmarse en enmiendas concretas.
En todo caso, yo ruego al señor Martínez Noval que sean coherentes entre la posición que mantienen en este hemiciclo y la que después mantienen en Comisión. En este hemiciclo, en presencia de los medios y de la opinión, ustedes son proclives a una dosis razonable, y en ocasiones importante de demagogia, no así en el recinto más cerrado, más pequeño de la Comisión.
Que no se repita el caso del debate del catastro, cuando aquí, en el hemiciclo, nos obsequiaron con un debate de pobres y ricos y las enmiendas que formularon después en Comisión nada tuvieron que ver con esa actitud y con ese planteamiento. Por favor, no utilicen el doble o triple lenguaje: uno, de cuando estaban en el Gobierno; otro, el que utilizan en el hemiciclo, en los plenos; y otro distinto, aquel con que se manejan o se producen en Comisión.
Por todas estas razones, señor presidente, por entender que el real decreto-ley es beneficioso para los usuarios, para la economía nacional y da una solución razonable a la denunciada colisión con la normativa comunitaria, votaremos, como es lógico, a favor de la convalidación del decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (El señor Martínez Noval pide la palabra.) Señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, entiendo que el turno que ha consumido el señor Ortiz no es a favor del decreto, sino en contra de la posición

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de mi grupo contraria a la convalidación y, por tanto, tengo que matizarle necesariamente alguna cuestión al señor Ortiz.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para una breve réplica de tres minutos, señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Muy brevemente, señor Presidente.
Señor Ortiz, tres cosas sólo, o dos, pero dichas con la máxima claridad posible. Veremos si soy capaz. Nosotros apoyamos esa disposición adicional vigésima porque en ella se contemplaban dos procedimientos para reducir los peajes: uno, la reducción al 7 por ciento del IVA y, otro --lo leo--, compensar a las sociedades concesionarias de autopistas el desequilibrio financiero que les pudiera suponer la reducción del peaje, mediante el otorgamiento de subvenciones a abonar por ejercicios vencidos. De lo segundo nosotros sí éramos partidarios antes y ahora.
Acabo de decirle que las cosas se han conducido de modo que rebajar el peaje no conduciría a ninguna compensación, absolutamente a ninguna, porque la concesionaria más importante del país confiesa en sus informaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el total de ingresos netos por peaje en el primer semestre de este año, con los peajes congelados, se ha incrementado el 8,3 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Luego, rebajando el peaje no haría falta compensar muchos perjuicios en la cuenta de resultados, señor Ortiz, porque es verdad lo que yo le digo. Entienda usted bien lo que los economistas llamamos la elasticidad demanda-precio. Usted me habla del pan, de la leche y del aceite. ¡Hombre! no todos los productos y los servicios tienen la misma elasticidad demanda-precio. Eso, señor Ortiz, está en los manuales del primer curso de esta disciplina. No es lo mismo comprar pan que usar una autopista; no es lo mismo, señor Ortiz, por mucho que usted diga. Y no hablemos para nada de armamento, cuando el cliente en este caso es el Estado, el Ejército español. Créame, además usted lo tiene que saber perfectamente, la demanda del uso de autopistas es muy elástica al precio, señor Ortiz, no así el pan, la leche ni el aceite. Entiéndalo y no llame a eso demagogia, que se está convirtiendo ya en un término y en una acusación muy habitual, en su boca, en esta legislatura. Si nosotros quisiéramos algún manual de demagogia, algún manual que pudiéramos tomar como punto de referencia para hacer oposición con ustedes, serían las hemerotecas, pero de toda la oposición que ustedes han hecho desde el año 1983 hasta 1996.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval. (El señor Ortiz González pide la palabra.) Señor Ortiz, también por no más de tres minutos.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré con la máxima brevedad, en referencia a las dos cuestiones que ha planteado últimamente el señor Martínez Noval.
Respecto a la primera de ellas, efectivamente el Gobierno, a la luz de la disposición final vigésima, tenía una posibilidad de elegir; estaba en términos de opción, podía elegir y el Gobierno libremente ha elegido la rebaja del IVA, mejor que la vía de las subvenciones, que está llena de inconvenientes y a ello se ha referido el señor vicepresidente en su discurso: es conflictiva con las concesionarias, no es transparente y es extraordinariamente difícil de aplicar. El Gobierno, consiguientemente, ha elegido lo que le ha parecido mejor y le sigue pareciendo mejor: la reducción del peaje, y no la vía se subvenciones. En todo caso, a lo que usted se ha referido --si no he entendido mal su discurso-- no ha sido a compensaciones o a subvenciones; ha sido a una renegociación, si usted quiere llamarla así, pero a mí me parece una especie de confiscación o incautación de la espléndida cuenta de resultados según usted, de determinadas concesionarias. Una cosa es subvención y compensación y otra cosa es confiscación o incautación.
En segundo lugar, le agradezco la lección de economía, pero le voy a dar otra, y seguro que se la ratifica su compañero de escaño. No todos los tramos de autopistas tienen el mismo grado de elasticidad. La demanda de las autopistas del Mediterráneo es bastante más elástica que la demanda, por ejemplo, del tramo de Iberpistas de Madrid a Adanero, que, por tener una vía alternativa de carreteras y porque la región de Castilla y León da muy poco más de sí, es absolutamente inelástica. Por mucho que usted baje los peajes, en ese tramo de autopista difícilmente se van a registrar crecimientos importantes en los tráficos. Consiguientemente, el problema de la elasticidad de la demanda de su lección de economía es harto discutible y, en todo caso, si ustedes tienen propuestas constructivas que hacer, tiempo habrá de valorarlo en Comisión.
En cuanto a la referencia a la demagogia, sólo quiero recordarle, para que se la aplique, la definición de demagogia que da el diccionario de la Real Academia Española. Si no recuerdo mal, dice así: Halago a la plebe para hacerla instrumento de sus ambiciones políticas. Este es su caso.
Gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
¿Otros grupos parlamentarios que deseen fijar su posición sobre el Decreto-ley? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra su portavoz, el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.


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Intervengo para manifestar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la tramitación de este real decreto-ley y también al apoyo a su tramitación como proyecto de ley, porque creemos que es el camino adecuado. Hay que recordar que el artículo 86 de la Constitución exige que estas disposiciones legislativas quedan limitadas a casos de extraordinaria y urgente necesidad para tramitarlo como real decreto; por tanto, apoyaremos su tramitación como proyecto de ley.
Entrando ya en lo que se refiere al contenido de este real decreto, la primera modificación se refiere a la adaptación de la normativa española de la decisión del Consejo, de 17 de marzo, por la que se autoriza al Reino de España a aplicar una excepción en el artículo 9 de la Sexta Directiva. Esta excepción se refiere a no aplicar a las prestaciones de servicios el punto de conexión general del impuesto, esto es la sede del prestador de los mismos. Realmente, no cabe hablar de excepciones en esta materia porque esta regla general se ha convertido en algo residual; hay que buscar mucho para encontrar servicios que siguen la regla general de la sede del prestador de los mismos. Ahora les toca la excepción a los servicios de telecomunicaciones, y aquí lo que importa, desde mi punto de vista, es que todos los Estados miembros de la Unión Europea adopten el criterio especificado en cada una de las quince decisiones iguales que el Consejo ha adoptado para cada uno de los Estados miembros; en otro caso se producirían supuestos de doble imposición o de no imposición. La exposición de motivos del decreto-ley afirma que todos los Estados miembros van a adoptar este criterio, por lo que haciendo un acto de fe sobre esta voluntad no deberán existir problemas con la adopción de este cambio.
Realmente, hay que decir que el paso dado en esta materia por el Consejo de la Unión Europea, y ahora por el Gobierno del Estado, era necesario y hay que felicitarse de que se adopte esta iniciativa antes de que el mundo de las telecomunicaciones, que evoluciona con gran rapidez, aprovechara los beneficios, los resquicios de una normativa --la tributaria--, que había sido redactada sin posibilidad de prever los enormes cambios producidos en los últimos tiempos en este sector. De hecho, deberán darse nuevos pasos para impedir que por medio de determinadas transacciones se vacíe la recaudación por estas operaciones u otras derivadas del progreso en el campo de las telecomunicaciones.
La segunda gran cuestión que aborda el real decreto-ley es la modificación de la tributación de los servicios de transporte, traducida en dos medidas. La primera consiste en derogar, por fin, la disposición adicional undécima, que desde que se aprobó la actual normativa del impuesto --allá por diciembre de 1992-- manifestaba una clarísima transitoriedad que ha durado, a la postre, nada menos que casi cinco años. Con la derogación de esta disposición transitoria, todos los servicios de transporte plenamente sujetos al impuesto tributarán al tipo reducido, lo que da mayor coherencia y neutralidad al impuesto.
La segunda modificación que atañe al transporte se refiere al cambio de tipo general reducido de los servicios de utilización de las autopistas.
Hay que recordar que el IVA es un impuesto armonizado y que en cuanto a tipos se refiere, se aprobó una directiva en el año 1992 --la directiva 92/77 de la Comunidad Europea-- que, tras arduas discusiones y concesiones, consiguió establecer un tipo general no inferior al 15 por ciento, y permitió la existencia de un tipo reducido aplicable a una serie de bienes y servicios contenidos en el conocido anexo H) de la Sexta Directiva. Además, en el camino de aprobación de esta directiva, se incorporaron algunas concesiones a los Estados miembros, de forma que no se les obligara a modificar otros tipos reducidos vigentes en su normativa en aquella fecha. Lo cierto es que los servicios de transporte están incluidos en los susceptibles de ser gravados a tipo reducido, y así lo contempla nuestra normativa. Ahora el Gobierno efectúa una interpretación extensiva de lo que son los servicios de transporte, y asimila a los mismos los servicios de utilización de las autopistas y demás instalaciones varias, en régimen de concesión, por el desplazamiento de personas y sus equipajes en motocicletas o vehículos de turismo.
La cuestión obviamente puede despertar dudas y existen argumentos para defender esta extensión y argumentos para criticarla. Sobre una cuestión no cabe ninguna duda. En esta materia, la situación existente en la Unión Europea es muy diversa pues, por ejemplo, sobre ella se cruza la actuación de las administraciones públicas en materia siempre pendiente de resolver en este impuesto. No parece muy lógico que conviva en un mismo país un mismo servicio que por una lado sea gratuito y al que no es aplicable la neutralidad que incorpora el IVA, la regulación de autoconsumos en nuestro caso, donde no existe peaje ni por supuesto IVA a tipo general ni a tipo reducido.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía Lezamiz, le ruego que vaya concluyendo.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino enseguida, señor Presidente.
Se presta el mismo servicio por el que el usuario soporta un coste, en este caso, además, con IVA a tipo general, máxime cuando el usuario carece de alternativa a la utilización de la autopista.
En nuestro caso, en el País Vasco para que se hagan una idea, les sugiero que efectúen el trayecto de Bilbao a San Sebastián por la carretera nacional y comprenderán a qué me estoy refiriendo.
Por tanto, más que discutir sobre si esta modificación de tipo aplicable a las autopistas colisiona con la Directiva 92/77, que podría ser discutible, hay que pensar en positivo, afirmando que se ha eliminado, aunque

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sólo en una parte, una distorsión general existente en nuestro país respecto a los servicios de transporte.
Elévese a la Comisión Europea la preocupación por la situación de la tributación en el IVA de las administraciones públicas y situaciones como ésta que originan distorsiones dentro de los Estados miembros y distorsiones entre ellos.
Quizá la crítica que desde el País Vasco debe formularse a esta modificación se refiera a la Administración del Estado, que ha adoptado una decisión sin contar con las haciendas forales que se van a ver afectadas directamente en la recaudación sin que haya existido --como digo-- una comunicación previa.
Por lo demás, el resto de modificaciones que introduce el real decreto son de carácter eminentemente técnico, aunque no carente de importancia, al que no me voy a referir para no extenderme. Simplemente decir, como he manifestado al principio, que daremos el apoyo a la convalidación de este decreto-ley y su tramitación como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Con brevedad, voy a fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con la convalidación de este real decreto-ley.
Nuestro grupo, señorías, va a convalidar el real decreto-ley por el que se modifican algunos artículos del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el que más importancia tiene a nivel político es el que hace referencia a la reducción del IVA en los peajes de las autopistas.
Señorías, estamos a favor de una reducción de los costes que supone para los ciudadanos la utilización de las redes rápidas en el territorio, redes rápidas de transporte en España. Se ha dado un paso de reducción y nuestro grupo quiere anunciar su compromiso de continuar en esta dirección en el futuro.
Además de estar de acuerdo con el contenido y el propósito de esta reducción, nuestro grupo quiere dejar constancia en este momento que con este real decreto-ley el Gobierno está cumpliendo un mandato legal que se aprobó por esta cámara en la Ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos para este año 1997. Por tanto, señor ministro, el Gobierno ha cumplido el mandato legal, pero no solamente el mandato legal --queremos también dejar constancia de ello--, el Gobierno ha cumplido un compromiso que tenía con nuestro grupo parlamentario, ha cumplido el compromiso político que adquirió al comienzo de esta legislatura al proponer nuestro grupo al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular la conveniencia de que en España se iniciara la estrategia política de ir hacia una reducción progresiva del IVA aplicable a las autopistas.
No nos parece bien que los ciudadanos en este país, además del pago por utilización de las redes rápidas de transporte por carretera, tengan que pagar impuestos. Ello, señorías, está de común acuerdo con lo que están haciendo los demás países en Europa. En la Unión Europea existen cinco Estados miembros que ya están aplicando IVA cero a las autopistas. En estos momentos Francia, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Bélgica, vienen aplicando en su territorio estas medidas, un IVA superreducido o IVA cero a las autopistas. Además, Alemania no tiene ningún pago de peaje a la utilización de las vías rápidas de transporte por carretera. Señorías, esta decisión de algunos países de Europa, que se va a extender a otros países europeos, debería aplicarse también en España.
Me ha extrañado muchísimo ver que el Partido Socialista se opone hoy a esta medida, cuando no hace mucho tiempo la estaba contemplando como una posible decisión a tomar por el último Gobierno socialista. Además, les invitaría a ponerse de acuerdo con sus homónimos de Europa, porque los gobiernos socialistas y los grupos políticos socialistas europeos están contemplando adoptar y generalizar esa decisión en toda la Unión Europea, como ha dicho muy bien el portavoz vasco.
No vayan ustedes contra corriente por aquello de estar en contra porque no lo han hecho ustedes. Esta es una buena medida, y no es una medida que favorezca al sector, señorías, es una medida que favorece a los ciudadanos que utilizan las autopistas, nada más.
En cualquier caso ¿por qué no han levantado ustedes sus recelos cuando los gobiernos socialistas en otros países de Europa adoptan estas decisiones? ¿es que no está de acuerdo el Gobierno laborista para que en Gran Bretaña no se cobre por utilizar los peajes de las autopistas? Señorías, les invito a que se sumen ustedes a lo que va a ser en los próximos años en toda Europa --en Europa, no en España-- una corriente necesaria de homogeneización del tratamiento fiscal del IVA por la utilización de los peajes en el territorio europeo.
Además, señorías, en España existe un problema adicional, apuntado por el portavoz vasco, y es que tenemos un modelo territorial absolutamente desequilibrado. Esta es una segunda razón que justifica la conveniencia política de tomar decisiones para reducir este profundo desequilibrio que tenemos hoy en la red de vías rápidas en el territorio.
Puesto que no dispongo de mucho tiempo, en el espacio que tengo para fijar la posición, quiero indicar a la Cámara que en España, en estos momentos, tenemos un modelo casi único ejemplar en la Unión Europea, de desequilibrio de tratamiento fiscal en aplicación a la utilización de los peajes en las autopistas. La red española de autopistas está profundamente

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concentrada en el territorio, me atrevería a decir un poco más, casi injustamente concentrada en el territorio. Tenemos en estos momentos en España una extensión total de 2.082 kilómetros y el 75 por ciento de ese volumen de kilometraje de vías rápidas con autopistas está concentrado en el Valle del Ebro, en el corredor Mediterráneo y en Cataluña, mientras que en el resto escasean prácticamente las vías de peaje en la utilización de transporte por carretera. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, vaya concluyendo, por favor.


El señor HOMS I FERRET: Voy a concluir, señorías.
No entendemos por qué este desequilibrio tan profundo. Tampoco entendemos por qué además del pago que para casi 15 millones de españoles supone la existencia en su territorio de vías rápidas con peaje, hay que pagar impuestos al utilizar esos peajes. Pongo un ejemplo puesto que estamos ahora hablando de esta cuestión en Madrid. Madrid sólo tiene 17 kilómetros de autopista de peaje, 17 solamente, y en mi comunidad hay más de 700. ¿Por qué ese desequilibrio? ¿Por qué además hay que pagar impuestos al utilizar esos peajes? Señor Borrell, muy mal. Podría usted haber adoptado esa decisión cuando dependía de ustedes poderla tomar. En aquel momento discrepamos de que no lo hicieran y hoy felicitamos al Gobierno porque se ha tomado esta decisión. Es más, esperamos que en el futuro vayamos en la dirección de Europa, de al menos ya cinco países de Europa, y en la dirección de un país puntero en el ámbito europeo, como es Alemania, de no cobrar a los ciudadanos por utilizar vías rápidas de transporte.
Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Simplemente para manifestar nuestra oposición a la convalidación de este real decreto, y el apoyo a que se tramite como proyecto de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Saura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Martínez Noval, pide la palabra.) Sí, señoría.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, una vez más un portavoz que utiliza turno estrictamente a favor del real decreto lo convierte en turno en contra de nuestro turno contra el real decreto-ley. Por tanto, quisiera matizar dos cuestiones al señor Homs.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. tres minutos.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Homs, usted ha traído aquí un debate en el que no vamos a entrar: quién tuvo primero en nuestro país autopistas, aunque fuesen de peaje, y quiénes son, de acuerdo con el consenso generalizado, aquellas partes del territorio nacional que en mayor medida se han beneficiado del desarrollo económico en estos últimos años. Usted ha citado el Valle del Ebro y el eje mediterráneo como territorios que tienen mayor densidad de autopistas de peaje, y curiosamente coincide también con aquellas zonas del territorio nacional que mayor tasa de crecimiento, mayor tasa de prosperidad han tenido a lo largo de estos años. Vaya una cosa por la otra, señor Homs, y téngala usted siempre en cuenta en sus argumentos y razonamientos.
En segundo lugar, no vamos contra corriente, señor Homs, en modo alguno.
Usted se ha referido al señor Blair y ha dicho que ha reducido el IVA en las autopistas en el Reino Unido. No señor, está usted equivocado, es que el Reino Unido tenía un tipo del IVA vigente el 1º de enero de 1991 que está contemplado en el párrafo B) del apartado 2 de la modificación de la Sexta Directiva del año 1991. No leo el párrafo entero porque no hace falta.
No vamos contra corriente, señor Homs, sencillamente respetamos la legislación de la Unión Europea. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.-- El señor Borrell Fontelles pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Por alusiones, señor presidente. He sido citado personalmente.


El señor PRESIDENTE: Queda en el «Diario de Sesiones». Las alusiones han sido a quien ha hecho de portavoz de su grupo. El turno de rectificación o réplica es excepcional en este trámite y no hay más turnos.


El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, he sido citado personalmente por el señor Homs.


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Borrell.
Señor Homs, ¿desea contestar? (Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los tres reales decretos-leyes que han sido presentados y debatidos.
Ruego a SS.SS. ocupen sus escaños para comenzar la votación de la primera de tales disposiciones, Real Decreto-ley número 12, de 1 de agosto de 1997, por el

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que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado, a su vez, por el Real Decreto legislativo número 339/1990, de 2 de marzo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; 318, a favor; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del referido real decreto-ley.
Real Decreto-ley número 13, de 1 de agosto de 1997, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la lotería nacional a favor de las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado por unanimidad del Pleno el real decreto-ley citado.
Real decreto-ley número 14, de 29 de agosto de 1997, por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 184; en contra, 73; abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación referida. (Risas.) ¿El Grupo Catalán había solicitado la tramitación como ley del primer real decreto-ley? (Pausa.) Se somete a votación la tramitación como ley del real decreto-ley que modifica el texto articulado de la ley de tráfico.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley.
(El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
En ocasiones usted mismo ha recordado a la Cámara que el ruido que se produce en el momento de la votación... (Varios señores diputados: !Ah!.-- El señor Núñez Pérez pronuncia palabras que no se perciben.) Decía que en el momento de las votaciones el ruido impide a los portavoces escuchar con claridad cuál es la iniciativa sometida a votación.
La formación de la voluntad de la Cámara es lo más importante en un sistema parlamentario como el nuestro y debe venir dada por la claridad y la seguridad. En consecuencia, manifiesto que mi grupo parlamentario ha cometido un error en base a esa circunstancia puramente material. Espero de su consideración y de la del resto de los parlamentarios que este error sea corregido en el futuro. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señorías, la petición del portavoz del Grupo Socialista viene a sumarse a las que reiteradamente se hacen desde la Presidencia. Ruego a los portavoces que contribuyan y colaboren con la Presidencia a mantener el debido silencio en el hemiciclo, no sólo en el momento de la votación, sino en todo momento en que esté desarrollándose la sesión por el elemental respeto a quién está en uso de la palabra, que es la base de nuestra función.
¿Algún grupo parlamentario ha solicitado la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley del IVA? (Pausa.) Se votado la modificación de la Ley de tráfico porque lo ha solicitado el señor Homs, en nombre del Grupo Catalán. (El señor Homs i Ferret: ¡No!--Rumores.) Señor Homs, sin ninguna duda, se ha votado la tramitación como proyecto de ley del primer decreto-ley, relativo a la modificación de la Ley de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Eso es lo que se ha votado para su tramitación como proyecto de ley, porque entendieron los servicios de la Cámara que así lo había solicitado el Grupo Catalán, cosa que ratificó el señor Homs. Además, el Grupo Popular solicita que se someta a votación la tramitación como proyecto de ley la modificación de la Ley del IVA.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ¡Si no se ha votado! Señor Presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, me temo que a estas alturas no sabemos qué hemos votado. Había tres reales decretos-leyes.
Que yo sepa, por las cuentas que hemos echado, sólo hemos efectuado cuatro votaciones. En consecuencia, me temo que la convalidación o derogación del real decreto-ley que modifica el IVA ni siquiera se ha sometido a votación. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Sí, sí!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, distingamos lo que es absolutamente claro y meridiano --están a su

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disposición las actas taquigráficas--, porque así lo ha percibido la Presidencia con la colaboración de la Mesa. (Rogaría que subieran el volumen porque sigue insistiendo algún miembros de la Mesa en que la audición es deficiente.) Los tres decretos-leyes se han sometido a votación y han sido convalidados por la mayoría de la Cámara. Posteriormente, al haberse apreciado por los servicios que en la intervención del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se había pedido el sometimiento al procedimiento legislativo derivado del decreto-ley, es decir, a su tramitación como proyecto de ley, se ha consultado sobre este proyecto, como pueden comprobar en las actas taquigráficas de la sesión, y el señor Homs, quizá por error, ha ratificado que, en efecto, deseaban esa tramitación, cosa que ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara.
Finalmente, el Grupo Popular solicita la tramitación como proyecto de ley del decreto-ley que modifica la Ley del IVA, que se somete a votación.
(El señor Homs i Ferret pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quiero transmitirle que, efectivamente, hemos efectuado tres votaciones de convalidación, y en la cuarta S. S. ha empezado la denominación de la definición de la votación haciendo referencia a la convalidación, pero se ha detenido un momento, sin mencionar el contenido del real decreto-ley, y me ha mirado en el sentido de decir si lo habíamos pedido...(Rumores.) El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de que mi grupo no ha solicitado la convalidación del primer real decreto-ley, sino la del tercero, al cual he intuido que hacía referencia la votación que usted estaba anunciando.


El señor PRESIDENTE: Vamos a concluir el incidente. Es algo que puede cotejar S. S. en las actas que la Presidencia se ha referido a la tramitación como proyecto de ley del primero de los decretos-leyes convalidado, diciendo que era el que modificaba la Ley de tráfico y circulación de vehículos. Si S. S. y su grupo han percibido otra cosa, o si las voces que se estaban produciendo en el hemiciclo les han inducido a error y quieren someter a tramitación como proyecto de ley el Real Decreto-ley que modifica la Ley del IVA, se trata de un error en la formación de la voluntad de su grupo como proponente al Pleno de la tramitación como ley de ese decreto-ley. ¿Quiere S. S. someter a la deliberación de los portavoces y de todas y cada una de SS.SS. que han votado el que se pueda anular esa propuesta que viciadamente ha sometido S. S. al Pleno? El señor HOMS I FERRET: No tengo inconveniente en que se rectifique esa decisión, pero simplemente quiero dejar constancia de que en el primer real decreto-ley no hemos intervenido, no hemos expresado la voluntad de someterlo a tramitación. Por tanto, no se nos puede imputar voluntad política de haber solicitado la tramitación como ley del primer real decreto-ley porque ni hemos intervenido, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, la Presidencia estima que el principio de seguridad jurídica aconseja mantener el resultado de la votación de tramitación como proyecto de ley, salvada la voluntad de su grupo parlamentario y, por tanto, de la totalidad del Pleno, que ha sido inducida a error. Los grupos tienen suficiente conocimiento de cuál ha sido la decisión para en su caso, y dado que los proyectos de ley derivados de decretos-leyes se tramitan, por imposición constitucional, por el procedimiento de urgencia, acortar, en la medida que les parezca conveniente, la tramitación como ley de ese real decreto-ley.
Ahora sí someto a votación la tramitación como ley del Real Decreto-ley numero 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA OCTAVA AMPLIACION DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EN LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE SU FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES.
(Número de expediente 121/000031)

-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 47.830.131.054 PESETAS, PARA CANCELAR LOS MAYORES GASTOS OCASIONADOS POR CORRECCIONES FINANCIERAS IMPUESTAS POR LA UNION EUROPEA POR SOBREPASAR LAS CUOTAS DE PRODUCCION LACTEA EN LOS AÑOS 1990, 1991 Y 1992, REALIZAR PAGOS FUERA DE PLAZO Y OTRAS DIVERSOS SECTORES. (Número de expediente 121/000034)

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-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y DE UN SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 536.679.448 Y 63.339.367 PESETAS, RESPECTIVAMENTE, PARA SATISFACER RETRIBUCIONES DE JUECES EN PRACTICAS Y DE PROFESORES ORDINARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000036)

-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 1.386 MILLONES DE PESETAS PARA AJUSTAR LA SUBVENCION DE EXPLOTACION DEL ESTADO A MINA LA CAMOCHA, S.A., AL IMPORTE FIJADO EN EL CONTRATO-PROGRAMA, CORRESPONDIENTE A 1996. (Número de expediente 121/000054)

-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 4.989.841.962 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995, POR LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES NACIONAL. (Número de expediente 121/000055)

-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN LA SEPTIMA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO. (Número de expediente 121/000059)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en algunos de los dictámenes de Comisión que están incluidos en el punto VII del orden del día? Al no haberse mantenido enmiendas, se pueden someter todos ellos a votación sucesiva. (Pausa.) Si ningún grupo parlamentario desea intervenir sobre los proyectos dictaminados por las respectivas comisiones, vamos a proceder al llamamiento para sus votaciones. (Pausa.--El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación sobre el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su fondo de operaciones especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el dictamen.
Votamos el dictamen del proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 47.830 millones de pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el dictamen.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación del Estado a la Mina La Camocha, S.A., al importe fijado en el contrato programa, correspondiente a 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; votos a favor, 323.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el dictamen.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por un importe de 4.989 millones de pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Transmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el dictamen.
Dictamen del proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo africano de desarrollo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el dictamen.
Al punto octavo del orden del día no se ha presentado ninguna enmienda de totalidad, por lo cual pasamos al punto noveno.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO. (Número de expediente 121/000062)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a punto noveno del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Rumores.) Señorías, les ruego que si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan con la mayor celeridad. (Pausa.) En primer lugar, vamos a debatir las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley del sector eléctrico, para cuya presentación tiene la palabra el señor Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señor presidente, señorías, tengo hoy el honor de presentar en esta Cámara, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley del sector eléctrico.
Como tuve ocasión de anunciar en mi primera comparecencia ante la Comisión de Industria ante esta Cámara apenas constituido el nuevo Gobierno, el objetivo básico de la política del Ministerio de Industria y Energía en el ámbito energético es mejorar la competitividad de la industria española a través de una reducción de los costes energéticos.
Este es el frontispicio de nuestra política energética. El objetivo final es reducir los costes energéticos para el conjunto de nuestro tejido industrial, porque entendemos que es un elemento fundamental para la capacidad de competir de nuestras empresas.
Todo ello resulta todavía más relevante si tenemos en cuenta que en el próximo contexto de la Unión Económica y Monetaria ya no dispondremos del tipo de cambio como instrumento de competitividad y, por tanto, la reducción efectiva de costes será cada vez más un instrumento imprescindible para asegurar la consolidación y el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial.
También anunciaba en esa primera comparecencia que ese objetivo de reducción de costes debía producirse en el marco de una política de liberalización, o sea, de eliminación de algunos corsés que restringen innecesariamente el adecuado funcionamiento de algunos sectores energéticos, para dar paso, en cambio, en la medida de lo posible, a un mayor protagonismo de las fuerzas del mercado. Todo ello, lógicamente, sin perjuicio de que se respeten ciertos principios básicos como la seguridad y la calidad en el suministro energético, la buena salud de los estados financieros de las empresas que operan en esos mercados, etcétera.
Hay que reconocer que, en el caso del sector eléctrico, ese camino hacia la liberalización ya estaba de alguna manera iniciado aunque de forma, tengo que decir, tímida y escasa. Desde el modelo de intervención administrativa que configuraba el sector eléctrico español, en el que las principales decisiones eran asumidas por la Administración pública a través de rígidos mecanismos de planificación, hasta el modelo que configuró la Ley 40/1994, de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional hoy vigente, se avanzó en la tendencia a la apertura de los mercados eléctricos que internacionalmente ya se venía poniendo de manifiesto. La citada ley propone medidas tales como la separación de actividades en las empresas eléctricas, la creación de un sistema independiente, embrión de un modelo de mercado, o el reconocimiento del derecho de acceso a las redes de transporte y distribución, medidas todas ellas que perseguían fomentar la mejora de la eficiencia económica del sector, aunque hay que decir que en ningún caso se han prácticamente aplicado. Por tanto, los planteamientos de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional impiden generalizar un sistema de mercado para todos los consumidores, con el desequilibrio que ello trae consigo y, además, entran en manifiesta colisión con muchas de las exigencias planteadas por la Directiva 96/92 de las Comunidades Europeas, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
La comúnmente llamada Losen concede derechos exclusivos a la importación o exportación de energía a la sociedad encargada de la explotación unificada del sistema, Red Eléctrica; impide a los distribuidores ser clientes cualificados; somete la autorización de la generación a las previsiones de la planificación, etcétera. Criterios todos ellos, como digo, incompatibles con la citada directiva.
Toda esta reflexión ha llevado al Gobierno a presentar un proyecto de ley que encuentra dos antecedentes claros sobre los que sustentarse: la directiva mencionada, que traspone a nuestro ordenamiento interno la norma presentada y que sienta las bases para la creación

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de un mercado de electricidad competitivo, y también la actitud manifestada por los sujetos que actúan en el sector eléctrico, que encontró su plasmación en el llamado protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional, permitiendo la constitución de grupos de trabajo en los que se ha dado entrada a consumidores, autoproductores, organizaciones ecologistas, etcétera.
En definitiva, estamos seguros de que el proyecto de ley ha de permitir el consenso de muchas de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, al igual que ha permitido el acuerdo prácticamente de todos los sectores, directa o indirectamente afectados.
En cualquier caso, quiero insistir en que el principio sobre el que se fundamenta el proyecto de ley es, ante todo, el de garantizar el suministro de energía eléctrica a todos aquellos demandantes del servicio dentro del territorio nacional. Este principio se superpone a cualquier ánimo liberalizador y justifica la calificación de las actividades dirigidas al suministro de energía eléctrica como servicio esencial, concepto que sustituye al actualmente vigente de servicio público y que va dirigido a justificar las potestades de intervención y regulación que el texto atribuye a las administraciones públicas.
No obstante, y en concordancia con este concepto de servicio esencial, no todas las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reciben el mismo tratamiento, pudiendo diferenciar claramente tres categorías. Por un lado, las que tienen la consideración de actividades reguladas, como son la distribución y el transporte que, por sus características intrínsecas, son monopolios naturales que implican la existencia de infraestructuras básicas para garantizar el suministro. Una segunda categoría integrada por la producción y la comercialización, en tanto que son ámbitos de actividad donde, sin menoscabo del suministro, cabe introducir medidas dirigidas a hacer efectiva la competencia empresarial, con la consecuente incidencia que tales medidas han de tener en los mecanismos de fijación de los precios.
Por último, en tercer lugar, lo que el proyecto denomina gestión económica y técnica del sistema que, teniendo el carácter de actividad regulada, son básicamente actuaciones de carácter instrumental que permiten el desarrollo del mercado de electricidad y la coordinación de las actividades de producción y transporte.
Sin embargo, hacer efectiva la libre competencia en ciertos ámbitos de actividad exige la adopción de una serie de medidas que tienen una profunda incidencia en el conjunto del sistema. Estas medidas se pueden concretar en los siguientes aspectos básicos para cada una de las actividades. En el ámbito de la producción se consagra la libertad de establecimiento de nuevas instalaciones de generación al declararse reglado el procedimiento de autorización administrativa, que en ningún caso prejuzga la fuente de energía primaria a utilizar, siempre que se respeten una serie de normas medioambientales.
Una medida de estas características tiende a garantizar tanto la diversificación de la tecnología utilizada en la producción de energía eléctrica, como la instalación de la suficiente potencia para atender a la demanda, favoreciendo, además, la seguridad jurídica del solicitante de la autorización.
También vinculado a la producción, pero con un efecto inmediato sobre todo el sistema, el proyecto establece las líneas generales para el funcionamiento de un mercado mayorista de electricidad basado en la presentación de ofertas de venta de energía por parte de cada instalación de generación, determinándose el precio final al coste de la última oferta aceptada para cubrir la demanda en cada período de programación; es el llamado criterio del coste marginal.
Para la recepción de ofertas, su casación y posterior liquidación, se constituye una sociedad mercantil regulada en la ley como operador del mercado, que desarrolla junto con el operador del sistema las funciones necesarias de gestión económica y técnica.
El mercado de ofertas de producción se complementa con el reconocimiento a los productores, distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados de la posibilidad de formular demandas de energía o bien de suscribir contratos de los productores. En este nuevo marco contractual cabe destacar la posibilidad que se abre a la existencia de contratos con carácter financiero, cuya implantación podrá dar lugar incluso a la creación de nuevos mercados --mercados de futuro-- cuyo funcionamiento permitirá dar mayor estabilidad al precio de la energía y fomentar la competencia efectiva en el sistema.
No obstante lo anterior, y en consonancia con la política comunitaria en la materia, la ley reconoce determinadas excepciones al libre mercado en la actividad de producción de energía eléctrica. Entre estas excepciones hay que destacar que se autoriza al Gobierno para que pueda dar preferencia al funcionamiento de centrales abastecidas con fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, dentro de los límites autorizados por la Unión Europea, un 15 por ciento, posibilidad esta, como saben SS.SS., de especial trascendencia si consideramos la producción de carbón nacional.
Por otra parte, se apuesta claramente por la potenciación de las energías renovables como fuentes de producción de energía eléctrica, por lo que se refuerza el régimen jurídico singular para este tipo de instalaciones; singularidad que se refiere tanto a la venta de su energía (ya que para instalaciones de una determinada potencia se reconoce la posibilidad de verter toda la energía que produzcan a la red, al margen del sistema de ofertas) como a su mecanismo de retribución, mediante el reconocimiento del derecho a una prima

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sobre el precio de la electricidad, que permita garantizar la viabilidad económica de esas instalaciones.
Pasando al ámbito de la distribución, es importante destacar que se hace una regulación abierta para el acceso a las redes de transporte y distribución, asegurando su uso salvo falta de capacidad evidente de las mismas. La implantación de una medida de estas características es la mejor garantía para crear un mercado. No obstante, el transporte y la distribución concretan su carácter de actividades reguladas en dos aspectos: por un lado, su régimen retributivo, que viene determinado por los peajes de uso que aprueba el Gobierno y, por otro, sus instalaciones se someten a la planificación de necesidades que realice la Administración que sea competente en cada caso.
Dentro del repaso de las distintas actividades dirigidas al suministro de energía eléctrica hay que señalar, como novedad fundamental en la regulación que del sector eléctrico hace el proyecto de ley, el tratamiento de la figura de los comercializadores. Por primera vez se reconoce la comercialización como actividad diferenciada de la distribución de energía eléctrica, actividad que podrá ejercerse en relación con el suministro a aquellos clientes que tengan la condición de cualificados, de acuerdo con la legislación vigente. En consonancia con esta regulación se configura el concepto de consumidor cualificado como sujeto demandante de energía eléctrica, que puede adquirir energía, directamente del productor o de un comercializador, al precio derivado del sistema de ofertas o a través de los mecanismos contractuales autorizados y, por tanto, fuera del régimen de tarifas medias.
El proyecto de ley remite a una norma reglamentaria la determinación de quiénes habrán de tener la consideración de consumidor cualificado, estableciendo como criterio el volumen de consumo anual por punto de suministro o por instalación para consumo propio. No obstante, el proyecto de ley ya determina un umbral mínimo considerando cualificados a los consumidores de más de veinte gigavatios y concede al Gobierno un plazo de diez años para que se reconozca la condición de cualificados a todos los consumidores. En definitiva, es esta medida la que permitirá, desde un esquema sencillo, la generalización de la capacidad de elección de suministrador y, por tanto, la introducción de un sistema de competencia efectiva en el mercado eléctrico.
Por último --y terminando el repaso de las tres categorías de actividad mencionadas al principio--, es necesario delimitar el contenido de lo que el proyecto de ley denomina la gestión técnica y económica del sistema.
Se trata de una actividad regulada que es asumida por dos sujetos diferentes: el operador del mercado y el operador del sistema. Ambos sujetos se configuran como sociedades mercantiles, en aras a garantizar una adecuada flexibilidad en la gestión que tienen encomendada, si bien se delimitan con nitidez sus obligaciones porque el cumplimiento depende del adecuado ensamblaje entre el mercado abierto a la competencia en la producción y la garantía del suministro que predica el proyecto de ley.
El accionariado de ambas sociedades lo podrá integrar cualquier sujeto que desarrolle sus actividades en el sistema eléctrico así como los consumidores, estableciéndose una limitación a la participación de un 10 por ciento, a fin de evitar posiciones dominantes que puedan alterar la objetividad de las decisiones que haya que adoptar. Esta limitación se complementa con el límite máximo del 40 por ciento del capital, que podrá estar en manos de los agentes del sector eléctrico.
En este sentido, es importante destacar que el proyecto de ley configura Red Eléctrica de España, con las limitaciones accionariales señaladas como operador del sistema pero también como gestor de la red de transporte, funciones ambas que ejercidas conjuntamente refuerzan la garantía de funcionamiento objetivo del sistema, aprovechando los activos que hoy son propios de la citada sociedad.
Se han expuesto hasta aquí las principales cuestiones que afectan a cada una de las actividades que, de forma integrada, garantizan el suministro de energía eléctrica. Pero, como se ha señalado, el proyecto de ley realiza una diferenciación entre actividades reguladas y actividades en libre competencia, diferenciación que debe encontrar traducción en la estructura empresarial sobre la que se sustenta el sector eléctrico. En consecuencia, en la línea que ya establecía la actual ley de ordenación del sector eléctrico, se establece como obligación la separación jurídica de unas y otras actividades, de manera tal que existan entidades cuyo negocio esencial sea la explotación de las redes de tránsito de la energía --transporte y distribución-- y otras que puedan actuar libremente en el mercado --producción y comercialización--. La justificación de esta exigencia se encuentra sobre todo en el diferente régimen retributivo que corresponde a unas y otras y en la necesidad de garantizar la mayor nitidez posible en sus contabilidades, condición fundamental para que la formación de precios responda adecuadamente al desarrollo del mercado. Sin embargo, hay que decir que el mercado eléctrico español no está ni mucho menos aislado y cada día lo va a estar menos. Los sujetos del sector eléctrico español han de actuar también en otros mercados y España puede recibir energía eléctrica de agentes ajenos a nuestro sistema, lo que ha determinado un tratamiento específico de los intercambios internacionales de electricidad y en particular de los intracomunitarios, tomando como referencia las exigencias que a este respecto plantea la directiva varias veces repetida.
De todo ello se deriva no sólo una apertura del mercado de la electricidad a nivel nacional, sino también el reconocimiento a operadores, tanto nacionales como comunitarios, de la posibilidad de comprar y vender

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energía en nuestro sistema, salvaguardando una vez más la garantía del suministro, y con la exigencia, en el caso de las importaciones, de que el país de origen de la energía tenga reconocida una capacidad equivalente a los sujetos que operan en su mercado.
Por supuesto, el nuevo marco de funcionamiento de los agentes que actúan en el sector eléctrico no parte de la nada, sino que pretende implantarse en un mercado en el que el peso de los costes de capital es un elemento que no se puede desconocer, lo que exige la adopción de una batería de medidas que, afectando directamente a los procedimientos retributivos, han de permitir un proceso no traumático a la implantación del nuevo modelo en un período transitorio que sea razonable.
El sistema de retribución de la generación del denominado marco legal y estable venía determinado por un reconocimiento de costes de inversión, de operación, mantenimiento y de estructura, a los que se añadían los costes de combustible en los que se incurría afectados por parámetros técnicos de funcionamiento. El paso de este sistema regulatorio a un sistema en el que los ingresos de los operadores procederán de las ventas de energía a precio de mercado daría lugar a graves problemas de recuperación de inversiones que podrían alterar su viabilidad económica y financiera. En este sentido, el proyecto de ley regula el mecanismo para determinar el cobro de los denominados costes de transición a la competencia, fijados en un importe aproximado cercano a los 2 billones de pesetas, que se abonarán a lo largo de 10 años. En esta cifra están incluidos 300.000 millones de pesetas dirigidos a apoyar la energía eléctrica producida mediante combustión de carbón nacional. Estos costes equivalen a garantizar la recuperación aproximadamente del 50 por ciento del inmovilizado de las empresas beneficiarias, lo que parece un planteamiento suficientemente equilibrado.
Un aspecto a destacar es el de que el compromiso de pago de los costes de transición a la competencia supone un ahorro para los consumidores entre 800.000 millones y 1 billón de pesetas --dependiendo de la evolución de los tipos de interés--, respecto de lo que se hubiera pagado con cargo a la tarifa eléctrica en el caso de continuar aplicándose un modelo de marco legal y estable hasta el año 2007. Este nuevo esquema de retribución tiene además consecuencias económicas inmediatas, pues será el que sirva de marco para que el Gobierno pueda avanzar en la política de reducción de tarifas eléctricas ya iniciada, garantizando a su vez una recuperación a las empresas eléctricas de un total aproximado de 200.000 millones de pesetas anuales, que es, más o menos, un 15 por ciento de sus ingresos teóricos, y dejando que el resto se haya de conseguir a través del mercado.
En cualquier caso, la liberalización del sector eléctrico no supone en absoluto una inhibición de los poderes públicos en su funcionamiento. El modelo, globalmente considerado, se sustenta sobre un complejo entramado de autorizaciones, con las consiguientes actuaciones de inspección y sanción y, por supuesto, las dirigidas a garantizar la calidad del servicio, que quedan en manos públicas, complementadas por la actividad de la denominada Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, heredera directa de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que ve reforzada su posición en este nuevo esquema en tanto que órgano de resolución de conflictos y por su posibilidad de recabar información de los sujetos del sistema, a través de circulares, aparte de funciones concretas que se le otorgan en materia de competencia, lo que le permitirá colaborar muy estrechamente en un funcionamiento transparente del mercado, sobre todo dado los principios de autonomía e independencia en su actuación que desde luego la norma garantiza.
La ley se dicta con carácter básico, en atención a las competencias estatales previstas en el artículo 149.1.13 y 25 de la Constitución, por lo que delimita cuáles son las competencias que específicamente corresponden a la Administración General del Estado, omitiendo la referencia a las competencias autonómicas, cuyo contenido y alcance viene determinado por el denominado bloque de constitucionalidad.
No procede describir minuciosamente cuál es el papel que corresponde ejercer a las comunidades autónomas en el sector eléctrico, pero sí es necesario destacar su responsabilidad directa en dos aspectos. Por un lado, en dos cuestiones de las que más directamente afectan al consumidor, como son la distribución de la energía eléctrica y el control sobre la calidad del suministro, y, por otro, su competencia para autorizar instalaciones en el denominado régimen especial, básicamente productores mediante energías renovables, tecnologías cuya potenciación creo que ha de ser una intención compartida por todos los poderes públicos.
Para finalizar, quiero resaltar la voluntad de diálogo y de consenso que ha presidido todo el proceso de elaboración de este proyecto de ley.
Tanto en el proceso que llevó a la firma del protocolo como con posterioridad en los grupos de trabajo que se formaron para la redacción del anteproyecto hubo siempre un espíritu de colaboración y una conciencia plena de la conveniencia de conjugar de forma equilibrada los intereses más particulares con las necesidades del país y la defensa del interés general. Todas las partes han asumido renuncias de sus posiciones iniciales en aras de ese consenso.
Sin caer en falsos triunfalismos, por lo tanto, creo con toda sinceridad que estamos ante un ejemplo alentador de la capacidad de acuerdo que existe en nuestra sociedad, lo que debe llenarnos de confianza respecto a nuestras posibilidades de afrontar futuros retos de carácter colectivo.


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Todo lo expuesto me parece que justifica suficientemente la presentación a esta cámara del proyecto de ley del sector eléctrico y la necesidad de que este nuevo texto aborde una regulación global del sector derogando la vigente Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Sólo quiero insistir en que el modelo descrito no pretende sino conciliar, con vocación de permanencia, la garantía del suministro de energía eléctrica a nivel nacional, la libre iniciativa empresarial en el sector y el apoyo a la expansión económica, que encuentra en el ámbito energético, sin duda, uno de sus incuestionables motores.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Han sido presentadas a este proyecto de ley tres enmiendas de totalidad, una de texto alternativo y dos de devolución.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para la presentación de la enmienda de totalidad con texto alternativo, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, ya sabemos --usted y yo ya hemos debatido en más de una ocasión el protocolo-- que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es solamente que no esté de acuerdo con el proyecto de ley que ustedes han traído a la cámara, sino que no lo está con la filosofía que ha inspirado el protocolo, cuya plasmación es este proyecto de ley. No estamos de acuerdo, entre otras cosas, porque, aun entrando en sus propios criterios de libre competencia, de mercado, de competitividad, de consenso, no es cierto, señor ministro. El consenso al que usted hace referencia no se ha alcanzado ni con las organizaciones sindicales ni con los grupos ecologistas, ni tan siquiera con los consumidores. Es un consenso sólo y exclusivamente con el sector interesado en este proyecto de ley, que es el sector eléctrico, puro y duro, las compañías eléctricas.
Ustedes, con este proyecto de ley, señor ministro, sustentan que van a tutelar, que van a garantizar a las compañías eléctricas que, hagan lo que hagan, siempre estará papá Estado para poderles solucionar los problemas y los errores cometidos ya hace años, que hoy todavía los ciudadanos y ciudadanas del Estado español estamos pagando, en aras a la libre competencia, que tampoco es cierto. Señoría, ustedes están consagrando aquí un duopolio. No existe la libre competencia, porque no hay empresas suficientemente grandes y con peso específico que puedan competir con las dos grandes empresas del sector: Iberdrola y Endesa.
Iberdrola, empresa privada, y Endesa, hoy por hoy todavía empresa pública, en fase de privatización y que ustedes van a vender, ya veremos si dentro de un año, de medio año, a partir de este otoño. Por lo tanto, señoría, no hay libre competencia, no hay competitividad entre las empresas y lo único que va a haber es una reducción de costes que ya estamos empezando a ver. Sevillana reduce mil puestos de trabajo porque ustedes les van a obligar a abaratar esos costes por este proyecto de ley, que a las compañías eléctricas desde luego les interesa. Y lo vamos a pagar los ciudadanos en la tarifa dentro de unos años y ahora mismo los ciudadanos y las ciudadanas a través de la pérdida de puestos de trabajo.
Es más, ustedes están rompiendo la planificación. Decía el señor ministro en su intervención que la planificación es rígida, pero las compañías eléctricas, las empresas, la banca, que están detrás de las compañías eléctricas, sí que van a planificar, pero a base de sus intereses económicos, qué es lo que van a construir en nuestro país, qué potencia van a instalar para cambiar aquélla que les pueda resultar menos beneficiosa para sus intereses económicos, no para los intereses generales del país y no para los intereses de los usuarios, en definitiva.
Hablan de planificación orientativa. Señoría, me parece muy bien que en el texto aludan a que el Congreso de los Diputados va a tener que estudiar esa planificación orientativa, pero realmente va a ser una pérdida de tiempo porque es orientativa; no va a servir absolutamente para nada que nosotros discutamos aquí una planificación eléctrica, porque, si no se quiere, después no se va a tener en cuenta. Hay suficientes datos en todo el proyecto de ley que van a decidir cuáles van a ser las instalaciones que podrán interesar, no al Estado, sino a las propias compañías. Y, desde luego, los resultados van a ser previsibles: aquellas compañías que posean en estos momentos una mayor capacidad de generación de energía hidráulica van a ser las más beneficiadas, en detrimento de aquellas compañías en general, y en particular de Endesa, que tienen una mayor generación por carbón. Pero también vamos a tener causas en el carbón, señoría. Porque el hecho de que tengan que competir a través de un menor coste en la generación de la electricidad les va a suponer realizar los cambios necesarios para poder consumir más carbón de importación, teniendo el carbón nacional, a medio o largo plazo, los problemas que ya se suscitaron cuando se empezó a negociar el protocolo del sector eléctrico.
Nosotros estamos convencidos de que esa competitividad, señor ministro, puede generar un incremento en los riesgos en inversión en seguridad nuclear. Si al costo real del kilovatio/hora de las centrales nucleares se sumara las externalidades que producen y la fase de combustible a la hora de tener un lugar para almacenar los residuos radiactivos, sería de lo más caro, porque se tiene que invertir en mucha seguridad. Por lo tanto, señoría, esto, a pesar de las garantías y salvaguardas

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que ustedes quieren introducir en el proyecto de ley, puede incrementar los riesgos en inversión en seguridad nuclear.
Su proyecto, señoría, además, no apuesta --nosotros estamos convencidos de ello-- por las energías renovables, ni por la gestión de la demanda, ni por los programas de ahorro y eficiencia energética. Ustedes hacen un mero enunciado para cubrir el expediente, para que quede bonito y que, por lo tanto, no se les pueda decir que no van por ahí. Están bastante alejados. Quedan mejor tratadas las energías renovables, que son ya competitivas, pero no se apuesta para que se pueda incentivar sobre todo la solar fotovoltaica, que está todavía en una situación de investigación y de poca aplicación. Y es hacia donde se tendría que tender.
Por lo tanto, señoría, nosotros no creemos que su proyecto de ley vaya a generar mejores expectativas ni que vaya a producir ningún beneficio a los usuarios en general. Y es más, ustedes hablan de consumidores cualificados. Señorías, rompen ustedes la tarifa única, a pesar de las diferencias que pueda haber. Los consumidores cualificados son los que más consumo energético tienen y van a ser aquéllos que van a poder negociar pagar más barata la tarifa; no así los usuarios de menor consumo, que sí son los más conscientes a la hora de poder aplicar programas de ahorro energético; no aquéllos a los que les da lo mismo consumir más o menos, porque, como tienen un contrato negociado y más barato, les va a resultar prácticamente mejor negociar o consumir mucho pues así seguro que todavía reducirán mucho más la tarifa.
Todas estas cosas y muchas más --y desde luego no vamos a entrar a pormenorizarlas en estos momentos porque después iremos desgranando punto por punto el proyecto de ley en las enmiendas parciales-- han llevado a nuestro grupo parlamentario a presentar la enmienda de totalidad con texto alternativo.
Señorías, somos conscientes de la trascendencia social, económica y ambiental de la electricidad. Nosotros sí que estamos convencidos de que es necesario un servicio público para garantizar el suministro a los usuarios. Por eso, siempre, precisamente por la trascendencia que tiene, se ha justificado la intervención intensa de la Administración, cuya finalidad última estaba constituida por la garantía de un suministro correcto, fiable y elemento esencial tanto para la actividad económica como para el logro de un mayor grado de bienestar social.
Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, el objetivo fundamental de nuestro texto alternativo es garantizar la satisfacción de las necesidades de servicios eléctricos y la seguridad del suministro eléctrico con el menor coste. Nosotros sí apostamos por el menor coste; no vamos a apostar por un mayor coste, sino por uno menor y, desde luego, por un impacto ambiental cada vez menor, mediante la gestión de la demanda. Se trata de enseñar a los ciudadanos, de enseñar a las empresas, a que hay que consumir electricidad de manera diferente y que no se puede seguir consumiendo electricidad de un modo ilimitado. Estamos hablando de la gestión de la demanda, de conseguir la utilización de técnicas de ahorro eléctrico y la mejora de la eficiencia con una calidad adecuada.
Estamos seguros de que, precisamente por la importancia que tiene el sector, es necesaria la planificación eléctrica. Estamos convencidos de la necesidad de la planificación y de la regulación, porque debe reflejar los criterios de política energética que ha de establecer el propio Estado para saber qué es lo que tiene que hacer. En un marco ineludible de un sistema en el que la optimización de la capacidad es necesaria para garantizar el suministro eléctrico en las mejores condiciones de seguridad, precio y calidad. Una planificación que abandona la idea de las necesidades de servicio que sólo pueden atenderse con consumos eléctricos cada vez mayores y que se incluye en la nueva filosofía de la planificación integrada de los recursos, también llamada planificación a menor coste.
Atendiendo a esta filosofía, señorías, nosotros pretendemos que nuestro texto alternativo tenga un uso eficiente de la energía, tanto para reducir el impacto producido sobre el medio como para minimizar el coste total. Pensamos que es necesario que se cree la compañía de ahorro eléctrico como empresa pública empresarial con personalidad jurídica propia y como agente interesado en el ahorro y la mejora de la eficiencia eléctrica, con el objeto de asegurar que los programas de gestión de la demanda se conviertan en un recurso económicamente racional y en una opción alternativa a la producción ilimitada de la electricidad. Nosotros establecemos la competencia entre la oferta y la demanda. Queremos que baje la demanda para que baje la oferta y que, por lo tanto, se puedan reducir los costes eléctricos mediante un menor consumo de la electricidad. En esta compañía de ahorro eléctrico, creamos una tasa de aplicación ecológica cuya recaudación tendría que ir dirigida a sus programas de ahorro, a los programas de ahorro de esta propia compañía y al Ministerio de Industria, para que llevara a cabo programas de corrección de impacto ambiental.
Toda esta filosofía, señorías, tiende a poner a disposición del consumidor final los medios para satisfacer las necesidades de servicios eléctricos con menor consumo de electricidad. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que nosotros somos partidarios de que se baje la tarifa eléctrica, pero aún más lo somos de que se baje el consumo mediante las modificaciones necesarias y de inducir a los consumidores a que se compren equipos --maquinaria para la industria-- que tengan un menor consumo energético, así como electrodomésticos.
Señorías, apostamos por que haya un apoyo decidido --nosotros estamos seguros de que es así, aunque

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no lo vemos claro en su texto-- a la generación de electricidad por energías renovables. Y tanto es así, señorías, que creemos que hay que plantear ya que es necesario el cierre definitivo de las centrales nucleares en un plazo de tiempo relativamente breve. No podemos seguir produciendo y generando esa cantidad de residuos radiactivos, que no sabemos qué hacer con ellos y que, al final, señorías, aunque no ocurra ningún accidente nuclear, causan una gran preocupación en toda la población, porque siempre cabe el riesgo. Nuestro texto habla de la planificación y de la regulación del sector, para garantizar el suministro a los usuarios al menor coste posible y con el menor impacto ambiental, abaratando la factura de la luz por menor consumo y eficiencia energética. No apostamos por mayores consumos, sino todo lo contrario.
Los mayores consumos traen consigo mayores costes ambientales. Por eso, creemos que es muy importante que podamos garantizar el consumo con el menor impacto ambiental posible y que, además, abaratemos el coste de la energía a través de los planes de gestión de la demanda, del ahorro energético y de la eficiencia.
Nuestro texto alternativo entra también en la regulación de las conexiones con operadores fuera de nuestro mercado, de los mercados internacionales y están pormenorizadas las infracciones y las sanciones.
Se pretende ordenar y regular el sector eléctrico. Señorías, no estamos de acuerdo con la filosofía que mantiene el Gobierno y por eso hemos presentado este texto alternativo, que esperamos que merezca el apoyo de la mayoría de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Urán.
Para la presentación de la enmienda de totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, uso este turno del Grupo Parlamentario Socialista para anunciar la lógica, prevista y, por otra parte, esperada --supongo-- enmienda de devolución al Gobierno de este proyecto de ley; un proyecto de ley que sinceramente es de los que habría que calificar de proyecto manifiestamente mejorable. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista se siente acompañado por las más de 180 enmiendas parciales que los grupos que apoyan al Gobierno han anunciado que van a presentar. Ya comprenderán que este nivel de estabilidad y de exhibición de ley no se compadece con las opiniones de las bancadas del Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió, PNV o Coalición Canaria. Estos últimos días he escuchado también las opiniones de un colectivo que se siente lógicamente agredido y maltratado por esta ley, el colectivo de los consumidores, opiniones en las que, si se me permite la expresión, ponen a caldo el proyecto de ley. Pero, no sé si como operación de despiste para proteger la posición del Gobierno hoy en esta Cámara o porque, sencillamente, se sienten también contrapuestos, desde las propias empresas eléctricas, he leído palabras gruesas sobre el proyecto de ley. Yo creo que es una operación de ayuda al ministro --permítanme que lo diga--, más que otra cosa; desde el sector suelen diseñar bien este tipo de cuestiones. En cualquier caso, lo que es evidente es que es una ley que nace con los días contados y ésa es nuestra mayor preocupación. Esta es una ley --tienen que saberlo SS.SS.
y tiene que saberlo la sociedad española-- que es muy importante y es una ley de la que nos hemos hecho eco por los medios de comunicación y por el registro de la Cámara.
Sinceramente, señores del Gobierno, señor ministro, hemos perdido una buena oportunidad; la oportunidad del diálogo, la oportunidad del pacto; posiblemente, la oportunidad del entendimiento; pero que en un año de debate eléctrico no haya tenido algún responsable del Gobierno la oportunidad de descolgar el teléfono una sola vez para hablar de algo tan trascendental como el sector eléctrico con el primer partido de la oposición, reconózcame que es una forma muy discutible de entender la negociación y la gestión política y que nosotros no compartimos. Y ya anunciamos, cuando se inició el debate del protocolo eléctrico, que no era el camino, que no era el procedimiento, que, desde luego, esta opacidad, este secretismo, este entreguismo del Gobierno con la potencia de las empresas del sector, ese volver a que los hilos de decisión del Gobierno se tejían y se dirigían desde las empresas eléctricas, ese volver a ocupar cargos de altos responsables de las empresas eléctricas, haga un repaso por el Ministerio de Economía, de Industria o de Medio Ambiente y se encontrará que para que las empresas del sector eléctrico tengan que defender sus intereses como antes no tienen que salir de casa.
Y aquello se produjo en el debate del protocolo. Señor ministro, permítame una pequeña queja: ¿ni un minuto tiene usted para el primer partido de la oposición, para ver si esta ley podía tener un nivel de estabilidad? Porque, claro, su comportamiento --no responsable en esta ocasión-- nos permite anunciar hoy, solemnemente, que esta es una ley que introduce en crisis y en provisionalidad al sector. Tienen que saber los usuarios que el intento de agresión que ustedes pretenden hacerle, no al ahorrarle ocho millones de pesetas --le han hecho mal los cálculos o se ha equivocado usted de línea--, sino al introducirle a cada familia española 200.000 pesetas que van a tener que pagar frente a un ahorro entre las 15.000 y las 20.000 pesetas; es decir, no el ahorro de ocho millones, sino la carga de 200.000, responde al pago de sus facturas, de sus compromisos políticos, que sin duda alguna ustedes tuvieron que hacer con el

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sector para devolvérselo ahora, no en dos, sino en forma de tres billones de pesetas. Y debe ser usted la única persona que no discute esa oportunidad, porque desde todos los foros independientes, desde los órganos reguladores, desde la gente que de verdad conoce el sector y desde la gente que no se siente obligada con las empresas del sector a pagarles nada, no reconocen que esa deuda se tenga que producir.
Nosotros, señores del Grupo Popular, estamos dispuestos a hablar de esa cuestión, pero también anunciamos que vamos a poner pie en pared y vamos a evitar el atropello que supone esta ley. Esta es una ley compleja. Yo lo digo muchas veces: hacer pedagogía política con los gigawatios, con los órganos reguladores, con los operadores del mercado; pasar como sin dejar huella --como usted ha pasado en la presentación--, bajito, para que no se oiga mucho, eso no esconde lo que realmente está detrás de esta ley. Y detrás de esta ley saben lo que hay, ¿verdad? Poder, mucho poder, y dinero, mucho dinero. Ahí, evidentemente, es donde está la primera diferencia. Esta ley, que usted anticipa que es tan estable, va a contar con más de 400 enmiendas: 180 ya las tienen ustedes, pero superarán las 400. Por tanto, vamos a mejorarla en términos concretos: en los operadores del mercado, en los operadores del sistema; en una serie de cuestiones, no se preocupe, la vamos a mejorar; pero lo que vamos a hacer, fundamentalmente, es impedir que esta ley y lo que está detrás de ella continúe el proceso de agresión al sector público y a los intereses generales de este país.
Yo creo que es una buena oportunidad hoy, en esta Cámara, para decir basta ya; basta ya a este año de acoso, de derribo, de abuso de poder y de abuso de autoridad; ¡ya está bien! Por tanto, conozcan las empresas, conozcan los mercados financieros y conozcan los ciudadanos que si se aprueba su ley tendrá el mismo tiempo de vigencia que una nueva mayoría parlamentaria pueda sumarse en esta Cámara para cambiarla. Ustedes son los responsables de introducir a uno de los sectores más sensibles de la economía nacional en crisis.
Pero, repasando los argumentos de la ley, uno dice que por algo tendrá que ser, por algo habrán asumido ustedes esta responsabilidad. En alguna ocasión lo he dicho: deberán ser argumentos de carácter no necesariamente confesable. Ustedes tienen que subir a esta Cámara a explicar por qué les regalan dos billones de pesetas a las empresas eléctricas, y, de tapadillo, le dan uno más adherido a la estructura de la tarifa, en lo que ustedes llaman... --perdónenme la jerga eléctrica, pero no hay más remedio, cuando se habla de electricidad, que tener alguna argumentación por lo menos compleja--. Estúdienlo, porque seguro que coincidirán con nosotros; hay otro billoncejo de pesetas que está detrás de un criterio que el Gobierno pretende seguir manteniendo de garantía del suministro, de garantía de la potencia del país, en un país con una sobreoferta, con una sobreinstalación de potencia que hace absolutamente innecesario ese estímulo. Por lo tanto, eso estará más dentro del obsequio, eso es el a más, a más, que diría aquél. Señor ministro, tiene que explicar a los usuarios por qué tienen que pagar sus compromisos, o sus futuros políticos, o sus futuros personales. Sinceramente, cuando empezamos a observar qué hay detrás de todo eso, nos intranquiliza una cuestión, y es que desde la política económica del Gobierno, desde el equipo económico del Gobierno y desde el PP, ustedes estén de paso hacia la fortuna.
Estos días intentaba repasar cuál era el destino de los que han sido los responsables de la energía y de la industria de este país en los últimos años. Es curioso, no está ahora presente, pero ustedes están hartos de verlo, el ministro de Industria está aquí sentado en su escaño, el anterior presidente de la Agencia Industrial del Estado, de la que ya hablaremos, es asesor del Grupo Parlamentario Socialista, nómina conocida; el anterior presidente de la SEPI está en su puesto de trabajo en una empresa eléctrica, una empresa privada; el anterior subsecretario dando clases en la universidad; el anterior secretario de la Energía dando clases en la universidad; el anterior secretario de Industria en su puesto de trabajo de la administración laboral. Todo esto me hace observar que se han debido llevar bien las cosas; nadie ha cambiado de status en el sector energético y eléctrico sin privatizaciones y sin leyes nuevas eléctricas, o, mejor dicho, con leyes. Parece que nadie tenía que agradecer ningún favor.
Yo les hago una invitación: tomar nota del día de hoy, y, dentro de dos o tres años, aprobada esta ley, redactada esta ley, ver en qué status, en qué situación y dónde está el actual ministro de Industria, el actual presidente de la Agencia Industrial del Estado, el señor Martín Villa, el señor Villalonga, doña Ana Botella... (Rumores.); es decir, qué consejos de administración, qué status profesional, quién habrá reconocido o pagado lo que hoy pretende el Gobierno que paguen los ciudadanos españoles.
Es una duda que, quizá por el exceso de confianza que ya nos tenemos, yo no me resigno a no plantearles en voz alta, porque, señoras y señores diputados, yo entendería que estas ansias de retribuir a las empresas, este proceso de incautación a los consumidores a los usuarios de este país, estuviera bien si es que el sector eléctrico fuera un sector que está en una situación crítica; pero --como ha dicho usted, y no ha tenido más remedio, y, además, ha bajado la voz para que no se le oiga mucho-- en los últimos años el sector ha iniciado un camino de modernización, de consolidación, de estabilización, de saneamiento.
Ustedes saben estadísticas de Unesa (para no ser tendencioso). Saben que desde el año 1990 --no iré mucho más lejos-- la tarifa de los ciudadanos, esa que usted pretende vender como panacea de esta ley ( y ya me contará la necesidad, si es para esto, porque este

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año ha hecho usted una bajada de 3 puntos con la legislación vigente; por cierto, de 2.6; le faltan 0.4; se lo reclamaremos dentro de poco desde esta Cámara). ¿Ustedes saben --seguro que sí-- que en los últimos 5 años la tarifa eléctrica, con el actual marco legal, ha bajado el 18 por ciento? Dice el señor Landeta que el 0, pero es que usted tiene que sumar de verdad, económicamente, no políticamente. El IPC ha subido año tras año dos puntos, dos puntos y medio, por encima de la subida de la tarifa.
Es decir, en términos adquisitivos --ya se lo explicaré después-- la tarifa ha bajado el 18 por ciento.
Usted sabrá --aunque no sé si eso se lo cuentan exactamente-- que ha aumentado el 60 por ciento del consumo eléctrico del país. Es decir, que el país se encuentra suficientemente abastecido, que se ha saneado la situación medioambiental, que hemos avanzado, hemos dado pasos de gigante en relación a la introducción de medidas medioambientales, de introducción de energías renovables. El sector, desde el punto de vista del usuario, es un sector que, evidentemente, sin hacer trampa, esto es, sin decir que el marco que en este momento existe es el del marco legal y estable, que no es verdad, sino el de la Losen, que ustedes no han querido desarrollar, y del que no han querido aprovechar sus mecanismos para bajar... --es que ustedes disolvieron las Cortes con los catalanes ¡hombre!, reconozcan que las cosas tienen su responsabilidad también--.
La Losen fue un marco conveniente. Dirán: sólo para los usuarios. No, no, sino para el sector en su conjunto. ¿O es que usted no sabe que el beneficio de las empresas eléctricas, esas que están tan necesitadas de ayuda que usted les quiere dar 3 billones de pesetas, ha subido, desde 1990, un 60 por ciento? Ha habido años de crisis por medio, ¿eh? Y me parece bien, ¡ojo!, que esto no es un ataque contra las empresas eléctricas, que están en su obligación de defender sus intereses y cuando encuentran a un gobierno entregado como este ¡miel sobre hojuelas! Un 60 por ciento.
¿Quiere que le cuente el impacto que ha tenido la regularización de balances que hemos aprobado aquí? Ha hecho que un billón 300.000 millones de pesetas estén protegidos y con un tratamiento fiscal... es así, un billón 300.000 millones de pesetas.
Pero le diré algo más. ¿Sabe usted que el valor de las acciones, el índice general eléctrico de la Bolsa de este país ha subido un 400 por cien en el sector eléctrico, sin ustedes? A partir de ahora, si yo tuviera que comprar una acción eléctrica..., desde luego es una acción de alta tensión, porque ustedes han introducido riesgo en ese sector. Ha subido un 400 por cien. ¿Saben cuánto ha subido el índice general bursátil de este país desde 1990? El 100 por cien; o sea, cuatro veces más. Por tanto, no se habrá hecho mal ¡hombre! Sin agredir más.
Señor ministro, vamos a tener oportunidad de hablar de estas cosas. Es una lástima que no la hayamos tenido antes. Ustedes son irresponsables al no haber permitido que este debate se produjera. Un debate que --no nos engañemos-- no se produce con el acuerdo del sector. Ustedes impusieron los términos del protocolo a las empresas públicas que pagaron parte de los compromisos que ustedes les pedían a otras privadas y a las pequeñas empresas, con ese abuso de autoridad que también se produjo.
Por tanto, aquello empezó mal, empezó viciado y además se está produciendo en un entorno en el que --aunque no esté en la ley no se nos olvida-- se está iniciando el proceso definitivo de privatización de Endesa. Ahí está la madre del cordero. Un proceso que digo aquí que es ilegal, señor ministro, porque al no haber sabido tramitar a tiempo esta ley, al no haber negociado esta ley, usted sabe que los contenidos que tiene preservan que la red de alta tensión de este país tiene que tener carácter público. Lo saben.
Ustedes, engañando al Consejo de Estado --ahora, cuando me haga la pregunta, le responderé por qué-- encubren que en esta ley ustedes se comprometen a privatizar la red eléctrica, por cierto, incumpliendo hasta declaraciones suyas y del secretario de Estado de la Energía...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, le ruego vaya concluyendo.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy concluyendo.
Hacía esta mención porque era uno de los temas que más nos preocupaba.
¿Qué intereses hay en este proceso en el que, haciendo esta ley conjuntamente con la privatización de Endesa, ustedes pretenden ir generando un grupo o un proceso muy teledirigido que a nosotros nos produce dudas, intranquilidad y legítimas sospechas? Por tanto, lanzamos ese debate públicamente, lanzamos esta advertencia públicamente: no sean tan ansiosos en el proceso de privatización, no quieran acabar cuanto antes este asunto para instalarse en esta nueva situación; vigilen. Retire usted esta ley. Si no la retira, no podrá iniciar el proceso de privatización de Endesa con normalidad, con eficacia. Si no retira esta ley, usted estará en deuda con los ciudadanos españolas. Si no retira esta ley, usted coloca en provisionalidad, crisis e inestabilidad a este sector. Si no retira esta ley, se pone en evidencia frente a lo que ha sido una de sus banderas, frente a una competencia que no existe, frente a una situación de modificación de distribución de energías que ustedes tienden a potenciar unas respecto a otras, señalando claramente sus intenciones de ayuda empresarial...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, le ruego concluya.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Concluyo, señor presidente, simplemente para anunciar, de las múltiples

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preocupaciones que iremos teniendo oportunidad de debatir en las enmiendas parciales, estas tres que yo he señalado: la agresión que supone el reconocimiento, que no es un derecho, de ayuda a las empresas de estos costes de transición a la competencia no la consentiremos. Este intento de neutralizar la objetividad del órgano regulador de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que eufemísticamente, para ustedes modificarlo, lo convierten en la Comisión Nacional de Sistema Eléctrico; hombre, que un cambio de posición de una letra no cambie tanto una significación de sus intereses de control; ustedes quieren tapar la voz de los órganos independientes. Por último, ustedes quieren volver al túnel del tiempo y quieren hacer que en este país su red de alta tensión, su red de transporte, esté en manos, no de los intereses generales de este país, sino de los que ustedes más conocen: de sus propios intereses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, efectivamente vamos a plantear la política de futuro de un sector que representa nada menos que un sector financiero industrial, sin duda el más importante de los existentes en los países desarrollados, y concretamente el más importante del Estado español. Una combinación de banca, de empresas eléctricas, de empresas de telecomunicación, de empresas que se están dedicando en los tiempos modernos que corremos al tratamiento de residuos sólidos urbanos, a la incineración, y así sucesivamente, a unos auténticos monopolios que en el proyecto del Gobierno son catalogados de monopolios naturales y que habría que añadir que explotan también riquezas naturales que a todos nos pertenecen.
Es más, realmente se trata de un sector, concretamente el eléctrico, que sirve de base al desarrollo económico y social del país, que es además muy sensible en relación con el trato que tenemos que darle al ecosistema, y además indicativo de la visión territorial del Estado español, en concreto, en este caso.
Es curioso cómo el proyecto de ley del Gobierno se mueve en un cúmulo de contradicciones indicativas. Por un lado, habla de suministro esencial; por otro lado, habla de que es un sector que necesariamente debe estar regulado, pero inmediatamente pasa a hacerle ascos a la intervención del Estado, a la consideración de la energía eléctrica, de la producción y de la comercialización como un servicio público, y solamente se habla de que hay que garantizar el suministro. Esto, traducido en términos de las empresas que pueden participar en el sector eléctrico, llevaría a la conclusión en la propia ley de que solamente el transporte debe estar reglado por el Estado y que los demás agentes económicos deben actuar por libre en lo que es la generación tan importante, desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales de las diversas zonas del Estado, y la distribución y comercialización. A quien le pregunten hoy si está contento con la comercialización de la energía eléctrica para los pequeños usuarios, que somos la mayoría de la población, respondería que aun con proyectos que intentan que el Estado participe, inspeccione y controle de verdad, realmente los resultados son alarmantemente críticos desde el punto de vista de los usuarios.
Por tanto, señor ministro, consideramos que efectivamente se está siguiendo una tendencia hipócrita a la hora de presentar lo que es ni más ni menos que una obsesión privatizadora del neoliberalismo como una especie de enmascaramiento de lo que no deja de ser una concentración monopolística cada vez más clara, irónicamente enunciada en nombre de la libre competencia y del mercado.
Todos sabemos que este tipo de industrias no pueden ser sino grandes industrias que necesitan estar planificadas y ya hoy, con la Losen, nuestra situación era precaria desde el punto de vista de la cobertura de las necesidades colectivas. A partir de ahora se va a agudizar esta situación precaria al servicio de dos grandes empresas hidroeléctricas o de producción de energía eléctrica en general, Hiberdrola y Endesa; mayor indefensión de los ciudadanos, que ya era grande, y desequilibrio territorial del Estado aún mayor.
En definitiva, es un ataque en regla a una concepción que desde el año 1924 el Estado español, los gobiernos sucesivos, intentaron mantener de servicio público en relación con todo lo que tuviese que ver con el sector eléctrico, con respeto por las fuentes de energía primarias y su forma de utilización y también con capacidad de inversiones importantes para que hubiera tecnologías cada vez más limpias y, en definitiva, por lo menos de cara a la galería, que no apareciese el sector entregado a decisiones privadas que ahora se admiten sin tapujos cuando se habla de dos sociedades mercantiles como operador del sistema y operador del mercado.
Por tanto, esta ley se va a adecuar a algo que hicimos, que hicieron ustedes anteriormente, que fue un protocolo eléctrico y responde a este criterio: duopolio con apariencia competitiva y trasnacionalización; concepción de un gran mercado de compañías productoras y de un gran mercado de empresas consumidoras. No nos hablen ustedes del 80 por ciento de los consumidores, que nada tenemos que ver con esta ley. Y esto lleva consigo algo que a nosotros nos preocupa. Ustedes hablan de la diversidad de materias primas a utilizar, e incluso justifican la diversidad de materias primas en la manera de entrar la energía producida a

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partir de ellas en ese pool a la hora de la oferta al mercado. Ya se habló aquí de que habría que contabilizar cuál es el coste real de esa producción con todas las externalidades, incluidas las de la energía barata que vienen del Tercer Mundo.
Ustedes hablan además de bajada de precios, y aquí ya quedó claro que con el actual marco legal y estable fue posible bajar hasta el 3 por ciento los precios de la electricidad en 1997, y ustedes hablan de sólo el 15 por ciento, conforme a la norma comunitaria, para el empleo, sin necesidad de competitividad de ningún tipo de fuentes de energía autóctonas. Por cierto, señor ministro, la ley comunitaria dice autóctonas, no dice carbón CECA, y ustedes en el protocolo eléctrico --y no lo remedian en esta ley-- dejan fuera de las ventajas de consumir fuentes de energía autóctonas al lignito pardo, que curiosamente es el lignito que se produce en Galicia. Igual que la ley comunitaria sólo habla de separación contable y no obliga a la separación jurídica, que sabe usted que es muy dañino, en el caso de las minas de lignitos, separarlas de las centrales de generación de energía eléctrica.
En definitiva, de los modelos europeos existentes, ustedes optan por el modelo aplicado en la Inglaterra de Margaret Thatcher, recordado recientemente, por lo menos en cuanto a lo que es la explotación de las minas de carbón, en una elocuente película, Tocando al viento, que obviaba el problema del trasfondo de cómo se instalaron en Gran Bretaña todas esas centrales de generación de energía eléctrica a partir del gas y de otras fuentes de energía; gas sobre el que se está montando, curiosamente también, el futuro del Estado español, y habría que hablar mucho de lo que está pasando en el norte de Africa, desde el punto de vista político y represivo en función del control de esa fuente de energía. Como usted también habló de esos gigawatios rarísimos (que no sé muy bien lo que significan, pero tendré que aprenderlo en el futuro) y que ustedes rebajan para los consumidores cualificados, que, por cierto, ya ví hoy que en el Estado español Alúmina Aluminio era un consumidor cualificado y la central térmica de As Pontes estuvo en servicio desde hace muchísimos años.
En tercer lugar, una preocupación que nos alarma es el vaciado de los estatutos de autonomía que realiza esta ley y la violación del marco competencial autonómico. En ese aspecto hay que reconocer que la Losen, que si bien no fue desarrollada como debía ser --aún estábamos a tiempo, ya que es una ley de 1994-- dejaba muy claro, en el artículo 3.4, que correspondía a las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivos estatutos nada menos que lo siguiente: el desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la normativa básica del Estado en materia eléctrica; autorizar las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras comunidades o el transporte no salga de su ámbito territorial, así como ejercer las competencias de inspección y sanción que afecten a dichas instalaciones; impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de su competencia; inspeccionar, en el ámbito de las instalaciones de su competencia, las condiciones técnicas y económicas de las empresas titulares de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas; sancionar, de acuerdo con la ley, las infracciones cometidas en el ámbito de su competencia, y otros muchos artículos que harían prolija la enumeración.
Pero sí quiero preguntarle, en el caso de mi país, Galicia, en qué queda este artículo del estatuto de autonomía. Tenemos competencias nada menos que en instalación de producción, distribución y transporte de energía eléctrica, cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución. Más adelante el artículo 28.3 y 4 decía: Régimen minero y energético, reserva al sector público de recursos y servicios esenciales, especialmente en el caso del monopolio e intervención de empresas cuando venga exigido por el interés general. Y así sucesivamente. Con esta ley quedamos mucho más desprotegidos de competencias, que ya no se utilizaban adecuadamente y en toda su capacidad decisiva.
Acabo con esta reflexión. Galicia, valor añadido del sector eléctrico, representa el 24,6 por ciento del total de la industria gallega, por delante de la alimentación y de la industria del automóvil. Además de esto, la producción energética bruta gallega (no vamos a hablar de Repsol en A Coruña) es la siguiente: energía hidráulica, producción bruta: 360.000 TEC al año, 11,1 por ciento de la producción, prácticamente el 90 por ciento de ella; 37 grandes centrales hidroeléctricas y, el resto, 63 pequeñas. Carbón, excluido de todas las ventajas del 15 por ciento, 2.451.000 TEC al año, el 74,6 por ciento (una central térmica de 1.400 megawatios en As Pontes y una de 550 megawatios, en Meirama.) El resto de producción energética, 470.000 TEC al año, el 14,3 por ciento de térmicas pequeñas de estas eólicas o de autogeneración a partir de productos madereros o alimenticios.
Con todo esto, hay un consumo interno y una exportación que son los siguientes: exportación, el 33 por ciento, el 25 por ciento para consumo de Alúmina Aluminio (fue un comprador cualificado), y el 42 por ciento para el consumo interno.
El señor Martín Villa, en una comparecencia parlamentaria en Comisión, reconoció que Endesa se había creado en todo su emporio a partir de los beneficios sacados de la central térmica de As Pontes. Se cuantifica que el 20 por ciento del beneficio de la empresa y del valor patrimonial que hoy tiene es debido a todo lo que se sacó de la central térmica de As Pontes. El señor

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Martín Villa se encargó de recordarme que no había riqueza gallega, sólo española. Ahora, con esta ley está claro que solamente va a haber riqueza en razón de intereses oligopólicos privados, y esas instituciones, ésta, por supuesto el Parlamento gallego, por supuesto cualquier Gobierno gallego con un mínimo de voluntad de sacar algún partido a estos datos elocuentes que di, en un momento peligroso porque ya sabemos lo que puede pasar con el gas y con el carbón, máxime en el caso gallego, tan desprotegido al no ser considerado carbón nacional ni carbón autóctono, porque no es carbón CECA conforme a un criterio de interpretación sui generis del Gobierno español, a partir de todo esto, ya me dirá qué nos queda a las instituciones políticas, al futuro Gobierno de Galicia, sino el hacer simbólicamente, no ya realmente como hasta ahora, de simple comparsa.
Por todo esto pedimos la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra de las enmiendas de totalidad? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para consumir un turno en contra de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con texto alternativo, y de las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto.
Mis primeras palabras han de ser necesariamente para expresar la sorpresa que me ha producido la poca consistencia de las razones expuestas por el Grupo Parlamentario Socialista al justificar su enmienda de devolución a través de la exposición de motivos, y debo añadir que esa primera impresión se ve corroborada por la intervención del portavoz, señor Hernández Moltó, sobre sus enmiendas. Al señor Hernández Moltó le gustan las frases grandilocuentes de titulares y yo podría proporcionarle una en el sentido de decir que por lo menos ante esta ley la oposición del PSOE parece estar electrocutada. La justificación de su enmienda de devolución oscila entre el ejercicio de un improcedente autobombo al analizar el pasado reciente del sector eléctrico bajo gobierno socialista y la descalificación sin argumentos del proyecto de ley que hoy se discute; esto sin obviar las consabidas y veladas acusaciones de amiguísimo al Gobierno del Partido Popular, y también debo añadir que lo que eran veladas acusaciones en la exposición de motivos se ha convertido en explícitas e intolerables acusaciones en este debate. Pensamos dar a todo ello cumplida respuesta. Todo lo contrario debemos decir de los otros dos grupos parlamentarios a los que nuestro grupo, desde una profunda discrepancia respecto al modelo y a los argumentos esgrimidos, sí les reconoce un esfuerzo de trabajo serio en su papel de oposición.
Tal y como argumenta su posición el Grupo Parlamentario Socialista, sin analizar las propuestas populares del presente, sino simplemente remitiéndose a un presunto pasado glorioso en el sector eléctrico, no tenemos más remedio que someter ese pasado a análisis para justificar la oportunidad de la ley que hoy se presenta y la necesidad de rechazar las pretensiones de su enmienda a la totalidad. Dicho de otra forma, son ustedes, al plantear su enmienda en clave de pasado, los que nos obligan a contrastar ese pasado con nuestra propuesta de presente y su proyección futura. Nuestro grupo parlamentario espera y desea que este método no sea criticado por el Grupo Socialista con alguna de esas frases o latiguillos a los que ustedes son tan aficionados, como las de hacer oposición a la oposición, aptas para el consumo de espíritus simples y poco avisados de lo que aquí hoy se debate. En cualquier caso, veremos también claramente quiénes fueron los pioneros de esa técnica parlamentaria de hacer oposición a la oposición.
Señor Presidente, señorías, después de repasar el debate de totalidad de la vigente Losen celebrado en esta Cámara el 29 de septiembre de 1994, resulta curioso que el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista acusara al Partido Popular, representado por su portavoz don Luis Gámir Casares, de no hacer oposición por no haber presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Nosotros no vamos a hacerles hoy el mismo reproche, a pesar de que ustedes recurren al fácil, cómodo y falso argumento, como nos encargaremos de demostrar, de decir que el marco legislativo de la Losen es mejor, dejémoslo como está, no lo toquemos, no lo movamos. Es menester que ustedes recuperen la memoria y recuerden quién practicó durante años esa noble técnica de hacer oposición a la oposición.
Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que el Partido Popular, el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta cumplen sus compromisos. Vean, si no, cuál fue la despedida, en aquel debate, de don Luis Gámir Casares que cito textualmente: Nos vemos en la obligación de anunciar que cuando la sociedad española decida que el Partido Popular debe pasar al Gobierno, el Partido Popular propondrá a este Parlamento una regulación del Sistema Eléctrico Nacional muy distinta, modificada y mucho más útil y eficiente. Fin de la cita. Justamente eso es lo que nos convoca hoy aquí. Sin embargo --dado lo dicho por el señor Hernández Moltó, no porque yo tenga ningún interés especial en aludir a ningún ex ministro ni a nadie en particular de ese Grupo Parlamentario Socialista--, viendo lo que hacían y decían los ministros en cada

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momento histórico, conviene que recordemos la réplica del entonces ministro de Industria, hoy portavoz, señor Eguiagaray y ahora presente en el debate --antes no--, porque no tiene desperdicio y que decía en aquel momento: A mí me parece muy bien, señor Gámir, que no hayan ustedes presentado un texto alternativo. Creo que S. S. no va a poder sostener la promesa de cambiar esta ley en el futuro por dos razones: la primera, porque ya veremos cuándo llegan ustedes al Gobierno, y, la segunda, porque cuando lleguen espero que hayan entendido cómo funciona de verdad el sistema eléctrico y encontrarán que esta ley es bastante adecuada.
(Rumores.) Pues bien, señoras y señores diputados, la providencia divina, pero muy en particular la voluntad de los españoles, cansada de tanta prepotencia, ha concedido al actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el privilegio de comprobar rápidamente que el Partido Popular tiene en el cumplimiento de sus compromisos una consistencia muchísimo mayor que las previsiones y las creencias de ese digno portavoz parlamentario. Hoy el Grupo Parlamentario Popular apoya a un Gobierno que está aquí y que hoy aquí presenta un proyecto de ley manifiestamente mejor que la Losen, pero también manifiestamente mejorable porque toda obra humana lo es y porque la intención de este Gobierno y del Partido Popular es que se mejore con el apoyo de todos, cosa que, sea dicho de paso, ustedes nunca han hecho en la historia reciente de este país.
Comenzaremos por exponer los argumentos básicos que justifican nuestra oposición a la enmienda de totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Pedir el cierre de las centrales nucleares españolas, y además en una plazo que expiraría el 31-12-1999, es una petición carente de la menor virtualidad y por sí misma justificaría su rechazo. Las centrales nucleares españolas que por sus estándares de seguridad y eficiencia figuran entre las mejores del mundo, suponen el 16 por ciento de la potencia total instalada en centrales en nuestro país y son responsables del 35 por ciento de la energía total producida. El coste de la paralización podemos estimarlo en 2,2 billones de pesetas. ¿Cómo piensa pagarlo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? Además, el 35 por ciento de esa energía producida lo es en centrales que tienen la consideración de centrales base, es decir, son centrales de funcionamiento prácticamente permanente todo el año, con el 98 por ciento de utilización. La construcción de centrales sustitutivas, por su tamaño y naturaleza, el combustible alternativo, son de difícil si no imposible construcción en ese plazo de tiempo.
El texto alternativo en toda su extensión es excesivamente intervencionista y contrario al espíritu liberalizador que inspira la directiva europea, con los costes que ello conlleva e incluso, en algunos casos, es incompatible con ella al no contemplar a los consumidores cualificados.
En cuanto a la creación de la compañía de ahorro eléctrico, compartiendo con ustedes una preocupación amplia y reiteradamente manifestada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por el ahorro energético, no creemos que su propuesta sea el sistema más eficiente para promoverlo.
Creemos que se debe profundizar en las líneas de trabajo que actualmente desarrolla el IDAE, reforzándolas y fomentando su colaboración con instituciones y empresas.
Una preocupación que compartimos con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --pero la compartimos porque es una preocupación tanto de ustedes como del Grupo Socialista y compartimos que no hayan ustedes entendido lo que la ley dice y pensamos aclarárselo-- es la relativa al abandono de la noción del servicio público en lo que se refiere al suministro eléctrico. El proyecto de ley la sustituye por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del mismo dentro del territorio nacional, definiendo ese servicio como esencial y no un servicio especial como erróneamente señala en su enmienda el Grupo Mixto. En la práctica la combinación del sistema integrado con la noción de servicio público tendía a convertirse en un paraguas para amparar ineficiencias a costa del bolsillo de los españoles. La ley arbitra los mecanismos de intervención necesarios en el artículo 10 para que el Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, pueda hacer efectiva la garantía del servicio a los consumidores a través de la intervención administrativa en casos excepcionales; es decir, la garantía del suministro entendemos que está suficientemente asegurada.
Sólo un comentario final respecto de estas dos primeras enmiendas para indicar que la ley no intenta en absoluto la anulación competencial de las comunidades autónomas, como textualmente señala en su enmienda el Grupo Mixto y como muy bien ha desmentido en su exposición el señor ministro de Industria y Energía. El texto del proyecto de ley es mucho más descentralizador que el existente, puesto que no describe los criterios de asignación competencial de las comunidades autónomas y en el caso de las instalaciones en régimen especial además obvia la referencia a las distintas administraciones.
También debemos precisar al señor Rodríguez que el 15 por ciento de energías primarias autóctonas, incluido en la directiva, no es la única excepción al sistema de oferta. La directiva también permite un tratamiento preferencial para las energías renovables de residuos y cogeneración. El proyecto de ley --y en esto discrepamos con la manifestación de la señora Urán-- es aún más avanzado que la directiva en la protección y fomento de las energías renovables y no limita la cantidad de este tipo de energías que pueda vertirse a la red, salvo que existan limitaciones técnicas que lo impidan. Sé que la señora Urán no me cree, pero aparte de que ese es el espíritu y la filosofía que está en el

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proyecto de ley, el trámite parlamentario de enmiendas parciales, en esa perfección necesaria, le indicará que efectivamente ese es el espíritu y la voluntad y que queda perfectamente garantizado.
Señor Presidente, señorías, y en especial señorías socialistas, rechazar sus argumentos exige que vayamos analizando de forma ordenada bien párrafos completos, bien los pasajes más significativos de su exposición de motivos. Se atribuyen ustedes el mérito de sanear el sector eléctrico nacional en el período comprendido entre 1984 y 1994 haciéndolo compatible con los intereses de los consumidores, pero dicen ustedes que esos consumidores han visto evolucionar en los últimos años los precios de la energía eléctrica por debajo del índice de los precios al consumo.
Pues bien, un gobierno socialista con mayoría absoluta llevó adelante la moratoria nuclear y paralizó las centrales y grupos que entonces se estaban construyendo. En ese momento se habían invertido en su construcción 450.241 millones de pesetas. No estamos cuestionando aquí la moratoria nuclear ni las razones que llevan a ella, lo que estamos cuestionando es lo que viene después, que mediante una indecisión sin precedentes en el sector energético español, carente de racionalidad técnica y de coraje político, se dejan pasar diez años sin dar una solución al problema. El PSOE con su indecisión empeora aún más el equilibrio económico-financiero de las empresas más importantes del sector y luego hace pagar el costo económico, ¿a quién? A los consumidores que dice ahora proteger.
Cuando el 31 de diciembre de 1994 la Losen da una solución definitiva a la moratoria nuclear, se dispone que aquellos activos que están ahora valorados en 729.309 millones de pesetas, junto con una ingente cantidad de miles de millones de pesetas en intereses, sean pagados en veinticinco años por los consumidores españoles, y todavía los estamos pagando y los pagaremos durante mucho tiempo. Curiosa forma de sanear el sector eléctrico y respetar simultáneamente los intereses de los consumidores, esos consumidores que ahora dicen defender, pero que además los dicen defender intentando enfrentarlos al Gobierno de la nación, y muy en especial a los consumidores domésticos de este país.
Es claro que los párrafos de su exposición de motivos son inexactos, pero es que, además, producen sonrojo a cualquier que conozca, sólo medianamente, lo que ha ocurrido en el sector eléctrico español en los últimos años. Las tarifas eléctricas habrán evolucionado por debajo del índice de precios al consumo en lo años de gobierno socialista, pero siempre con sus valores nominales al alza; sólo en el año 1996 se congelan las tarifas y lo hacen ustedes en contra de la opinión, manifestada por escrito, de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional que propone una disminución aproximada del 1 por ciento. Ha sido precisa la llegada de un Gobierno del Partido Popular para garantizar a los consumidores una bajada de tarifas en los próximos cinco años, cuyo porcentaje de disminución va desde el 3, 2, 1, 1 y 1 por ciento y que pueden ser mayores si se cumplen ciertas condiciones preestablecidas derivadas de la evolución del sector y de la economía española. Estas condiciones están contempladas, de forma clara y transparente, en el protocolo eléctrico. Más aún, la evolución actual de esos parámetros permite abrigar la esperanza razonable de que en un futuro se produzcan disminuciones adicionales en las tarifas eléctricas.
Por tanto, ese párrafo en el que ustedes textualmente afirman que la ley impone duras cargas a los consumidores sin contrapartidas que aseguren un suministro más barato en los próximos diez años, es simplemente negar la evidencia de los logros del Gobierno, a lo que ustedes son tan aficionados desde que se encuentran en la oposición. Es decir, para duras e innecesarias cargas a los consumidores, las cargas que ustedes impusieron. El Partido Popular y su Gobierno lo que hacen es aliviar progresivamente esas cargas a los consumidores, pero respetando un sano y necesario equilibrio en el conjunto del sector huyendo de soluciones maximalistas.
Un poco más adelante, en su canto general a la Losen, afirman haber introducido la competencia con la gradualidad necesaria y haber promovido una regulación capaz de hacer posible el mercado eléctrico. La introducción de la competencia en la Losen se pretendió hacer a través del sistema independiente, que ya fue denunciado por los portavoces de los distintos grupos diciendo que era un pegote, un brindis al sol, algo que estaba puesto para maquillar una ley eléctrica fuertemente intervencionista y que no tenía absolutamente ninguna viabilidad. Pues bien, los hechos, que son tozudos, se han encargado de demostrar que no sólo en el momento de la entrada en vigor de la Losen, no sólo en el momento del cambio de Gobierno, sino en la actualidad no ha habido ni una sola solicitud de autorización administrativa para poderse amparar en el sistema independiente. Es decir, todos los argumentos de introducción de la competencia y de libre mercado de la electricidad son absolutamente falsos, porque el sistema independiente no es más que un sistema subsidiario del sistema integrado, cuya presencia imposibilita el desarrollo del sistema independiente y, por tanto, de la competencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MEDINA TOLEDO: El que esté en total sintonía, abreviando, con la directiva comunitaria, es muy sencillo. La directiva comunitaria es de mínimos en el largo camino hacia el mercado único de la electricidad en Europa. Su propuesta es inmovilista, mientras

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que la postura del Partido Popular, reflejada en el proyecto de ley del Gobierno, es progresiva y avanzada, aunque se hace con las cautelas necesarias para no poner en riesgo a las empresas españolas y permitir que los competidores extranjeros pueden tener ventajas adicionales.
Señor Hernández Moltó, la brevedad --pero se lo explicaré, si quiere, después de esta intervención-- exige decirle que los CTC, que tan poco gustan a las señorías socialistas y en especial a S. S., garantizan la recuperación de una parte de costes fijos que no pueden ser recuperados vía tarifa en el marco de competencias, que es precisamente lo que garantiza que en el futuro no se produzcan incrementos de tarifas para la construcción de nuevas centrales. Por tanto, los CTC, lejos de introducir ningún tipo de inestabilidad en el sector, lo que hacen es garantizar la estabilidad del mismo y que los precios de la electricidad en el futuro sean los que deben ser. Se lo explicaré luego con más calma, si S. S.
quiere.
Habla usted de una manifestación producida en un periódico económico, pero lo que revela eso es que este Gobierno no está a remolque de ningún tipo de interés particular, sino del interés general de los españoles. Es lógico que las empresas, en su justa demanda o en su intento de lograr al máximo sus objetivos digan lo que quieran decir. Sin embargo, este Gobierno, en esa inteligente política de equilibrio, ha hecho que los costes de transición a la competencia, los CTC, sean un tope máximo de lo que se puede recuperar, aunque es posible que sea menor en función de cómo evolucionen ciertas condiciones que están marcadas. Por tanto, no se trata de favorecer a nadie en particular, sino de actuar en beneficio de la garantía futura del suministro y, al fin y a la postre, al servicio y para beneficio de los intereses generales de todos los españoles.
Necesariamente debemos abreviar. Podría hablarle, y lo haré probablemente en el turno de replica, sobre lo que está detrás de la afirmación de ustedes de que se impide el paso de tecnologías más eficientes. Lo que se impide o lo que se favorece es que haya verdaderamente juego limpio en el mercado y que no se concedan ventajas a algunas empresas que en este momento operan en condiciones de monopolio en el sector. El Gobierno hace lo de siempre, primero liberaliza el sector de energías primarias y luego permite que todo el mundo compita en igualdad de condiciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina, le ruego concluya.


El señor MEDINA TOLEDO: Concluyo, señor presidente.
La afirmación de amiguismo que se contiene, primero velada y después explícitamente en este debate, me exige que tenga que dar una respuesta concreta y clara. Los intereses políticos y económicos acomodados por esta iniciativa legislativa no son concretos, son concretísimos: son los intereses generales de los españoles.
El Grupo Parlamentario Socialista últimamente se ha instalado en una permanente interpretación conspirativa de la labor del Gobierno del Partido Popular, que está derivando en críticas pueriles, carentes de contenido y rigor, desvirtuando la realidad y buscando siempre el titular efectista y el comentario favorable de sus portavoces mediáticos; y sus portavoces mediáticos sí son portavoces y, verdaderamente, son mediáticos.
A este paso no nos extrañaría leer, en algún lugar, que el Partido Popular se ha inventado los CTC para favorecer a la central nuclear de don Federico Trillo, sea dicho con perdón del presidente, que hoy no está aquí presente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya de forma inmediata, señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Concluyo.
Nuestro grupo parlamentario, por los motivos expuestos, rechaza las enmiendas a la totalidad propuestas por los tres grupos, a la vez que manifiesta, consciente de la importancia que tiene esta ley para el sector estratégico de la energía que regula, que está absolutamente dispuesto a realizar un esfuerzo para llegar a un consenso con el resto de los grupos, en las enmiendas parciales y en el trámite de Comisión, siguiendo la senda de concertación y acuerdo que ha sido marcada por nuestro Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Medina.
Para un turno de replica, y recuerdo a SS.SS.que por un tiempo no superior a cinco minutos, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, atendiendo a la petición del señor presidente, voy a intentar no agotar ni los cinco minutos en la réplica.
Agradezco al señor Medina que reconozca que nuestro grupo hace oposición constructiva, pero precisamente ese reconocimiento lo que encierra es un no querer entrar, por parte de su grupo parlamentario, a una confrontación con posiciones políticas totalmente diferenciadas en esta Cámara, como son la propuesta que hace el Gobierno, y que ustedes respaldan, y la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Estaba claro que nosotros no íbamos a compartir su proyecto de ley y que ustedes no iban a compartir

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nuestra enmienda de totalidad, pero desde luego, S. S. ha demostrado que no ha querido entrar a debatir en esta Cámara, realmente y con claridad, cuáles son las posiciones y por qué defendemos cada cual lo que defendemos.
Nuestra enmienda de totalidad con texto alternativo es intervencionista, es cierto, lo he dicho desde el principio. Apostamos por la planificación y la regulación desde la Administración, para que, por supuesto, la Administración, el Estado y el Gobierno jueguen un papel predominante en el sector eléctrico, precisamente porque nosotros sí estamos convencidos de que es un servicio público, un servicio esencial y, desde luego, eso no tiene por qué traer consigo ineficiencias. Señorías, las ineficiencias que estamos pagando ahora los usuarios las hemos soportado cuando el sector estaba liberalizado, cuando las empresas han hecho lo que han querido y, como es un suministro esencial, como es necesario para el bienestar de la población, el Estado no ha tenido más remedio que hacerse cargo de todas las irresponsabilidades que han cometido en el sector eléctrico hace unos años y que aún continuamos pagando. Nosotros estamos convencidos de que eso va a volver a pasar y precisamente por ello estamos en contra.
Es más. Desde luego, yo no dudo de que nuestro texto alternativo sea incompatible con la directiva europea. No estamos de acuerdo con esa directiva europea. Pero, aun así, señorías, el proyecto de ley del Gobierno va mucho más allá de lo que marca la directiva europea, porque ésta en ningún momento impone a los Estados miembros que se tengan que generar consumidores cualificados. La directiva europea dice que los Estados miembros podrán aprobar que existan consumidores cualificados. No es necesario, los consumidores cualificados van a obtener ventajas que vamos a tener que pagar el resto de los usuarios domésticos del Estado español.
Y, desde luego, señoría, tenga usted en cuenta que no me creo que vayamos a conseguir avanzar en mejorar el tratamiento de las energías renovables durante el trámite del proyecto de ley del Gobierno. No me lo creo, me tendrán ustedes que convencer, tendrán que convencer a mi grupo, y en el debate de las enmiendas parciales nos encontraremos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
Señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Gracias, señor presidente.
Quiero defender un turno de ausencia del Gobierno, puesto que lamentablemente pensaba que tenían más profundas convicciones para plantear el proyecto de ley que simplemente cumplir con el ritual protocolario de presentarlo. En cualquier caso, todo esto sin desdoro de la magnífica intervención que, sin duda alguna, ha hecho el señor Medina desde esta tribuna; pero no era lo habitual dentro del debate. Cada uno sabrá por qué lo hace.
Yo subo a la tribuna para sacar de dudas al Grupo Popular en relación a la ausencia de motivos que cree ver en nuestra posición de petición de devolución. Es evidente que éste es el problema que tienen: pensar que todos los argumentos tienen que estar escritos en un documento administrativo. Que usted pensara que nuestros argumentos eran los que exclusivamente figuraban en el documento de introducción no quiere decir que no haya otros, y eso le ha producido una cierta caída de tensión en su propio debate. Porque, señoría, éste es un debate en términos de confrontación de modelo general. Habrá ocasión de ver toda esta retahíla de argumentos que muchas veces intentan esconder la almendra del asunto.
No podemos escondernos en un burladero que intenta evitar lo que de trascendencia tiene este debate, que es un debate de poder y un debate de relaciones económicas. El resto de las cosas sabe usted que están perfectamente garantizadas en este momento. Este grupo parlamentario no tiene que presentar una enmienda con texto alternativo. Obviamente, nosotros somos menos elásticos que ustedes en la cuestión de pensamiento.
Nuestro pensamiento es mucho más consecuente. Desde el año 1995 hasta el año 1997 difícilmente íbamos a cambiar de modelo y, por tanto, tenemos un soporte sobre el que basarnos: que no sacralizamos. Lo hemos dicho en varias ocasiones: tenemos un texto desde el que avanzar, desarrollar, prosperar, y ustedes han optado, legítimamente, aunque creo forma equivocada, por una opción radicalmente distinta. Por tanto, es evidente que el Grupo Socialista tiene un sustento legislativo y político sobre el que basar su discurso eléctrico.
Ya sabemos, usted lo ha reconocido, que el PP cumple sus compromisos, sobre todo los económicos, los políticos y los electorales. Los otros aún no lo sabemos. Sabemos que este proyecto de ley cuesta tres billones de pesetas, inexplicados e inexplicables, y ustedes tendrán magnífica oportunidad de explicarlo a los ciudadanos que lo van a pagar. Ustedes sabrán por qué pierden, día tras día, la oportunidad de darnos luz --nunca mejor dicho-- con un debate sobre este asunto. Por tanto, creo que este es un debate que está en las antípodas. Ustedes están intentando defender sus intereses partidarios y sus compromisos electorales.
Nosotros seguimos defendiendo el interés de los ciudadanos de este país.
Estamos dispuestos a muchas cosas, pero no a travestismo energético en este Parlamento.
Señor Medina, permítame que me asombre por esa excursión peligrosísima que usted ha hecho en relación con la moratoria nuclear. Pregunte al lado. La moratoria y la legislación del Gobierno socialista ha impedido los desmanes y los desaguisados a los que,

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desde el punto de vista de la autorregulación, las empresas eléctricas sometieron al sector y a este país en los últimos años, algo que corremos el riesgo de que esté detrás de este proyecto de ley que ustedes traen a esta Cámara, porque los intereses, la falta de planificación que desborda casi todos los artículos de la ley pone en serio peligro las garantías de suministro de futuro y los riesgos económicos. El sector empieza a resquebrajarse. Precisamente el contenido de la planificación --la recuperación de la autoridad energética donde debe descansar en la Administración y en el Gobierno-- impidió y acabó con aquellos, sin duda alguna, graves errores y alegrías que después, efectivamente, han pagado otros. Le voy a recordar, ahora que son ustedes tan conversos, algunos otros sectores, como el del carbón. Pregunten, si no hubiera sido por la moratoria nuclear, qué hubiera sucedido en muchas cuencas mineras de este país. Por tanto, no se deslicen con tanta ligereza por, simplemente, no buscar una frase grandilocuente, que muchas veces no pueden encontrarla, o por ocupar cinco minutos de discurso cuando no tienen ningún argumento más.
Le diré otra cosa en relación a otro de los argumentos que usted ha expuesto: La necesidad de los costes de transición a la democracia. Eso es, con perdón, y que nadie se sienta ofendido, un engañabobos. Aquí no hay costes de transición a la democracia que valgan que no sean reconocidos, amparados, analizados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández Moltó, le ruego concluya.


El señor HERNANDEZ MOLTO: ¿Usted ha visto los estudios, por ejemplo, de este órgano que ustedes quieren acallar y controlar, como es la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional? Lo primero que dice, por no dejarles en evidencia, es que es un exceso esto de los dos billones de pesetas, que en el mejor de los casos podríamos hablar de 300.000, de 400.000 millones, que en algunas metodologías operativas el sector está sobrevalorado y debería volverse a la tarifa en torno a los 300.000 y 400.000 millones. Seamos consecuentes, seamos sinceros. Ustedes han cometido un error, han ido muy lejos, han hecho una ley que, al final, sólo satisface a ciertas personas. Si encima no son sus amigos, están ustedes con un nivel de masoquismo político preocupante. A alguien le tendrá que satisfacer, o a sus amigos o a sus intereses personales y políticos de futuro, porque al resto del país, créame, a tenor de este debate y a tenor del debate de los medios de comunicación, no le satisface, con lo cual en el propio debate va contenido algo que usted pone en tela de juicio.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández Moltó, le ruego concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor presidente, acabo.
El portavoz del Partido Popular nos iba a anunciar la buena nueva de por qué nuestro debate de amiguismo no estaba amparado y no estaba reconocido por la realidad.
Yo digo y afirmo en este Parlamento que todo aquel que, buscando el poder a través del poder político, a través de decisiones de la Administración, encuentra atajos para recuperar el económico, o lo devuelve cuando deja la política o son procedimientos reversibles o producen auténticos abusos de poder, que es donde está instalada la política económica del Partido Popular el último año.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Solamente para hacer notar al señor Medina, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que habrá notado que en mi intervención hablé continuamente de suministro esencial y no de suministro especial, lo cual indica que en el texto escrito hay una errata de carácter mecanográfico.
Por otro lado, cuando S. S. dijo que el 15 por ciento se dejaba para las energías autóctonas, fue muy clarificador cuando habló de la cogeneración, del papel residual que les queda a las comunidades autónomas, que quedarán --en palabras del señor ministro-- vinculadas solamente a tener algo que decir en estos proyectos que no se integran precisamente en el mercado general.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente. Con toda brevedad he de decir, en primer lugar, a la señora Urán que a nosotros siempre nos merecen respeto los estudios y propuestas de todos los partidos. He querido reflejar con mi afirmación que era especialmente claro, porque hacer un texto alternativo supone un esfuerzo y supone plasmar en negro sobre blanco ideas que se tienen, que siempre es difícil. Sí he de decirle también que su intervención en esta tribuna ha estado más orientada a hablar de los deméritos del proyecto de ley del Gobierno que a pormenorizar los méritos suyos. Por ello no es extraño que mi intervención fuera en ese sentido. Por supuesto, no puede hacer un acto de fe. En principio, tiene que suponerlo por lo que dice el proyecto de ley y,

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posteriormente, en el trámite de enmiendas parciales, podrá ver que la protección a las energías renovables y al ahorro está contemplada.
Señor Hernández Moltó, le puedo dejar una copia de mi intervención para que vea que está prefectamente argumentada y justificada y que no procede su acusación de amiguismo. Lo que ocurre es que los imperativos del tiempo del debate parlamentario me impiden profundizar más. Creo que le dí a S. S. suficientes argumentos y elementos de juicio para comprobar que no procedía.
Señoría, tres billones era lo que iban a pagar los españoles, vía tarifa, en el proyecto de nuevas tarifas y su proyección hacia el futuro que tenían preparado ustedes cuando llegó al Gobierno del Partido Popular y ello se ha reducido, precisamente como mal menor, a través de los CTC que se pretenden pagar. No cambie mis argumentos, señoría. El tema de la moratoria nuclear está muy claro y lo dije. Yo no me caracterizo por ser una persona que haga comentarios ligeros. Yo no le he cuestionado lo relativo a la moratoria nuclear y a las razones. Sepa usted que la moratoria nuclear es hija de un sistema planificado. Y sepa la señora Urán --quien manifiestó que lo hicieron las empresas libremente porque querían-- que el sistema eléctrico español nunca ha estado liberalizado, sino fuertemente regulado, hasta que en este momento se procede a la liberalización por parte del Partido Popular. Por tanto, no cambie S. S.
mis argumentos, ponga lo justo en la balanza, entre esa euforia defensiva y protectora del saneamiento de las empresas compatible con los intereses de los consumidores, que yo niego, negando la mayor.
Usted tiene una fijación obsesiva con el tema de Endesa. Endesa no toca hoy, usted lo saca en todos los debates. Le diré que se cuenta una anécdota en los corrillos bursátiles, respecto de Endesa y otras privatizaciones, que consiste en intentar saber qué dice el señor Hernández Moltó para hacer exactamente lo contrario, porque las acciones suben sin parar. Yo he visto en un momento determinado que usted acusaba a este Gobierno de estar haciendo que cayera la cotización de las empresas públicas y le puedo enseñar un recorte de prensa que tengo donde se dice todo lo contrario. Por tanto, ni las profecías de entonces ni las que hoy nos ha hecho respecto al futuro, diciendo que ya veremos cómo la inestabilidad, etcétera, no nos las creemos. Los hechos, que son tozudos y se suceden rápidamente, como en el caso del señor Eguiagaray, comprueban que sus predicciones y profecías económicas no suelen cumplirse.
Tengo que referirme a otro tema porque ha salido a lo largo del debate y no pude aludir a él por falta de tiempo, pero es muy importante. El Gobierno ha informado a los interlocutores adecuados en el momento oportuno --cosa que ustedes no hicieron con el marco legal y estable--, incluso a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Usted que lleva muchos años en política sabe que no seremos tan ingenuos de dar, en un proceso que tiene que ser discreto, más informaciones de la cuenta a quien pretende que ese proceso no salga adelante. Si usted contempla la memoria económica adjunta al proyecto de ley, verá que hay una especificación perfectamente clara de cómo se calculan los CTC, e incluso cómo se calcula instalación por instalación. Por tanto, de opacidad, nada, señor Hernández Molto; de amiguismo, nada; de defensa de intereses particulares, nada. Este grupo parlamentario y el Gobierno al que sustenta lo que hace permanentemente, con mayor o menor fortuna, cada día --personalmente pienso que con mucha fortuna para los españoles-- es defender los intereses generales.
Gracias, señor presidente (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Medina.
El señor ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervendré con muchísima brevedad porque entiendo que el papel fundamental del Gobierno está cumplido al remitirse a la Cámara en su momento un proyecto de ley que pretende modificar sustancialmente las condiciones de funcionamiento de un sector tan importante y estratégico como el eléctrico, después de haber conversado, negociado y, hasta donde se ha podido, consensuado con todos los sectores afectados, no sólo con el específico sino con todos los demás, y, por tanto, trayendo a la Cámara algo que tiene ya un proceso de elaboración y de maduración muy serio. A partir de ahí viene el papel de los grupos parlamentarios y a ellos corresponde, por lo tanto, fundamentalmente el protagonismo.
Tengo que decir que desde el Gobierno vamos a afrontar el debate con el máximo espíritu constructivo y con la máxima flexibilidad porque somos conscientes de que se trata de un tema enormemente complejo, con grandes complicaciones de tipo técnico, jurídico y, por supuesto, perfectible porque no pretendemos hacer nada que sea definitivo. Por lo tanto, me congratulo de una parte del debate que hoy ha habido.
Desde la profunda discrepancia en el fondo de las cosas que tenemos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, deseo agradecerle el esfuerzo, como ya ha reiterado el portavoz del Grupo Popular --opinión que desde luego comparto-- para centrar el debate en términos racionales, con argumentos, con presentación de alternativas, con críticas a los contenidos, así como garantizarle, en la medida en que ése puede ser el tono futuro de todo el debate parlamentario, que vamos a escuchar con atención aquellos argumentos que puedan ser utilizables, asumibles, aunque ya, como la portavoz sabe, difícilmente vamos a poder aceptar ninguna modificación

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de fondo por razones que hemos tenido oportunidad de debatir en muchísimas ocasiones.
También he de decir algo similar en relación a la posición del portavoz del Grupo Mixto. Sabe que no comparto en absoluto las críticas que ha hecho al proyecto de ley, y además creo que he dado argumentaciones suficientes en mi intervención inicial. No comparto las referencias a que la ley supone algún tipo de agresión a las competencias autonómicas y a la capacidad de autogobierno. Creo con toda franqueza que es absolutamente lo contrario, que es una ley mucho más respetuosa con las competencias autonómicas que la del marco vigente. En cualquier caso, de nuevo, quiero agradecerle también su tono, porque los argumentos se plantean de forma equilibrada, racional. No los compartimos pero, en cualquier caso, seguiremos siendo sensibles a todo lo que se nos diga en un tono razonable.
Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de la intervención del señor Hernández Moltó, portavoz del Grupo Socialista. El señor Hernández Moltó ya nos tiene acostumbrados a esa concatenación de latiguillos, frases hechas y búsqueda de titulares espectaculares que vienen normalmente asociados a una enorme vacuidad argumental. Tengo que decir al señor Hernández Moltó que hoy se ha superado a sí mismo, porque, aparte del vacío intelectual, resulta que ha incurrido en múltiples contradicciones y ha defendido en un corto tiempo una cosa y la contraria. Tengo unos cuantos ejemplos; si quiere, los podemos rememorar. Pero, en cualquier caso, sí le digo una cosa. En el momento en que se aporten ideas que tengan consistencia y congruencia intelectual, en el momento en que se utilicen argumentos y no simples descalificaciones, en el momento en que se ofrezcan propuestas concretas con espíritu constructivo desde la oposición, por supuesto, en ese momento, desde luego, tenga por descontado que la posición del Gobierno será de diálogo y de búsqueda del máximo acuerdo posible en un tema tan importante y tan estratégico como éste.
Tengo que decirle que debe tener mala memoria porque sí se ha hecho algún intento en esa dirección, y usted lo sabe perfectamente. En cualquier caso, yo espero --y la realidad nos lo demostrará-- que esta ley tenga mayor apoyo que el que tuvo la Ley de ordenación del sistema eléctrico nacional en esta Cámara. Así lo espero, porque creo que es bueno para el conjunto del país. Desde luego, yo no renuncio, si recuperamos la consistencia intelectual, a intentar llegar también a un acuerdo con ustedes.
Muchísimas gracias (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro. (El señor Hernández Moltó pide la palabra.) Señor Hernández Moltó, tiene S. S. la palabra durante tres minutos.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Es muy posible que sobren. Mi intervención es, al margen, para recoger la tardía invitación y ofrecimiento del Gobierno a discutir esta ley, y también para lamentar profundamente el acto de cobardía política que supone criticar y atacar la falta de unos argumentos cuando el propio Gobierno no ha tenido ni la delicadeza ni las agallas de subir a debatirlos desde esta tribuna, algo a lo que habitualmente también nos tiene acostumbrados el propio ministro de Industria.
Nada más, presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
Les rogaría a SS.SS. --veo que el señor Gómez va a hacerlo así-- que fijasen su posición desde el escaño.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, intervengo, con brevedad, para manifestar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en esta importantísima ley (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor Gómez.
Señorías, les ruego silencio. Si algunos de los diputados van a intervenir desde el escaño, es imprescindible que SS.SS. guarden silencio; si no, les solicitaré que ocupen la tribuna.
Puede continuar, señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que iba a manifestar nuestra posición en esta importantísima ley, que regula también un importantísimo sector económico de nuestro país.
Esta ley, dejando a un lado actuaciones, atribuciones e imputaciones más o menos de galería y viéndolo con objetividad, supone una aportación al progreso legislativo del sector eléctrico español. No es que sea una ley óptima, es una ley mejorable, pero es una ley con avances. Esas ideas de abandonar el carácter de servicio público, velar por un servicio adecuado y luchar para conseguir los mejores precios para el consumidor, y además liberalizar casi todas sus actividades, con las regulaciones mínimas necesarias, supone un avance. Nosotros creemos que hay que respetar todas las cuestiones referentes a las autonomías, como ha prometido el señor ministro en su última intervención. También insistimos, y lo reiteraremos en el trámite parlamentario, en la exigencia de que se respeten las situaciones insulares que tienen ya un respaldo legislativo.


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Por todo ello, Coalición Canaria, a sabiendas de que esto va a originar unas situaciones de alta tensión y de muchas chispas en el debate parlamentario, va a apoyar la consideración del proyecto de ley del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri. (Rumores.) Les recuerdo a SS.SS. que deben guardar silencio. (Pausa.) Puede comenzar, señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Siguiendo su consejo de intervenir desde el escaño y agradeciéndole las llamadas al orden para que el debate pueda ser posible, le ruego que, en todo caso, el tratamiento a los grupos parlamentarios no sea discriminatorio, pues parece que los grupos más pequeños de la Cámara vamos haciendo caso a la Presidencia en la ordenación del debate, pero luego los consejos no son igualmente seguidos por todos los portavoces, circunstancia que no quisiéramos que se repitiera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor González Txabarri, su señoría sabe que,en primer lugar, en ningún caso se hacen peticiones que vayan a producir ningún tipo de discriminación y, en segundo lugar, es en aras de la agilidad del propio debate. Si S. S. se encuentra sumamente incómodo en el escaño, puede ocupar la tribuna, porque es simplemente una petición de la Presidencia.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Comparto los objetivos y si me siento incómodo le haré partícipe de esa incomodidad. En todo caso, y en aras a la agilidad del debate, voy a intentar ir al grano, ser breve y conciso y manifestar aquellas opiniones que son sustantivas para el Grupo Parlamentario Vasco en relación al proyecto de ley y a las enmiendas a la totalidad que los distintos grupos parlamentarios han planteado a lo largo del Pleno de la Cámara.
Indicaré por ello, en primer lugar, que el posicionamiento del Grupo Parlamentario Vasco en relación al proyecto de ley que ha presentado el Gobierno es básicamente favorable sobre sus aspectos más esenciales, cuyo debate estamos celebrando. A estas alturas del debate es sabido que este proyecto de ley se inspira en dos precedentes de sobra conocidos en esta Cámara por sus distintos debates, sobre todo en la Comisión de Industria y Energía del Congreso, y que ambos precedentes son de diciembre de 1996.
Dejamos en el «Diario de Sesiones» manifestadas las opiniones que el Grupo Parlamentario Vasco tenía en relación a este proyecto de ley, y a ello nos remitimos en su conjunto. Estoy haciendo referencia a dos acuerdos --los dos, además, de carácter paccionado-: el protocolo para el establecimiento de una nueva relación en una nueva regulación del sistema eléctrico; y el segundo, de carácter normativo, la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad.
En ese marco de referencia, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que ese proyecto de ley supone un importante avance en la liberalización y en la competitividad del sector eléctrico. En relación a ambos objetivos, este grupo parlamentario viene intentando trabajar y elaborar en los últimos años y, por tanto, no podemos más que manifestar que los compartimos. Así lo hemos venido defendiendo en esta sede parlamentaria.
Hemos defendido una reforma estructural del sistema eléctrico basada en la introducción de mecanismos de competencia, a través de un modelo que refuerce y asegure un mercado competitivo de la energía en las distintas fases de las actividades que lo constituyen y, por ello, nos vemos gratamente reconfortados al ver que quien insiste consigue que sus propios objetivos se vean recogidos en un proyecto de ley de tanta trascendencia como el que venimos debatiendo.
La apuesta que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular realizan para la consecución de estos objetivos resulta, por lo tanto, básicamente coincidente con los planteamientos que al respecto mantiene en sus programas electorales el Partido Nacionalista Vasco, por lo cual nos vemos gratamente reconfortados. Y, además, el planteamiento que se analiza en el proyecto de ley nos resulta enormemente sugestivo, en lo que se refiere a la materialización y puesta en marcha, sobre todo por las oportunidades que ofrece, aunque hay que manifestar también que existen riesgos que, a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley, habría que ir atemperando y matizando.
Por ello, como primera conclusión, y en el plano de los principios, mantenemos una clara sintonía con el proyecto de ley, razón por la cual a diferencia del posicionamiento defendido por este grupo parlamentario en relación a la vigente ley 40/1994...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor González de Txabarri.
Señor Trujillo, está interviniendo el señor González Txabarri a su lado, por lo que le rogaría que ocupase su escaño.
Puede continuar, señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Como es conocido en la Cámara, el año 1994 nuestro grupo parlamentario presentó enmienda de totalidad a la vigente Ley de ordenación del sector eléctrico.


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Aunque el señor Hernández Moltó es un especialista y nos da los datos a su favor con la dialéctica que claramente utiliza, es bien cierto que en aquel momento nuestro grupo parlamentario presentó enmienda a la totalidad y más enmiendas al articulado que las que en este momento presenta, que son concretamente 76, porque entendemos que el Grupo Parlamentario Vasco no hace ningún caso de seguidismo o entreguismo de la posición del Gobierno. Manifiesta su posición favorable y coincidente en aquellos aspectos donde los programas electorales coinciden e intenta matizar desde sus propias posiciones aquellos temas que entiende que razonablemente debían de tener otro tipo de consideración que no está recogido en el proyecto de ley.
Por lo tanto, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco la posición es claramente distinta. La diferencia fundamental es que el Grupo Parlamentario Vasco entiende que este proyecto de ley resuelve adecuada y equilibradamente el binomio liberalización-regularización por razones de interés público, con el objetivo de garantizar la calidad del suministro eléctrico, y que, además, el mismo se realice al menor coste posible.
En todo caso, señor presidente, esta coincidencia con los principales rasgos del proyecto de ley no impide identificar en su articulado un conjunto de modificaciones importantes que, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, pueden contribuir a consolidar una verdadera y profunda liberalización del sector eléctrico en beneficio, en primer lugar, del consumidor y, en segundo lugar, del reforzamiento de la capacidad técnico-económica del sistema. En orden al mejor establecimiento de estos matices, el Grupo Parlamentario Vasco, como he indicado, ha presentado 76 enmiendas al articulado.
Por lo tanto, entendemos que el binomio liberalización-regulación queda adecuadamente definido tanto en el marco regulador como en su posterior desarrollo. Sin embargo, en el proyecto de ley, aunque el ministro ha insistido en este punto en su intervención, no queda debidamente regulada la relación centro-periferia. El Grupo Parlamentario Vasco entiende que la limitación de la intervención pública no debe suponer un vaciamiento de las competencias de las comunidades autónomas o una materialización a la baja de las mismas, residenciando en el ámbito de la Administración general del Estado actuaciones que por su naturaleza deben corresponder al ámbito autonómico. Gran parte de las enmiendas que presenta al articulado el Grupo Parlamentario Vasco están orientadas precisamente a un mejor equilibrio del tema competencial, a que el binomio centro-periferia tenga un establecimiento más equilibrado y más ajustado a los órdenes competenciales del ordenamiento jurídico vigente.
En consecuencia, señor presidente --para terminar--, el Grupo Parlamentario Vasco apuesta firmemente por la liberalización y por la competitividad de este sector, que es estratégico y fundamental.
Entendemos que este objetivo no puede restar importancia a un tema que es fundamental, y es que para llegar a ese objetivo se fomente una centralización defensiva que va en contra de la actual configuración y vertebración territorial del Estado.
Confiamos en que esta armonía entre binomio centro-periferia, a través de las enmiendas al articulado, pueda encontrar un mejor equilibrio y que el dictamen de la Comisión, que vendrá otra vez al Pleno, pueda mejorar estos aspectos del texto que presenta el Gobierno. Manifestamos la coincidencia con las líneas básicas del proyecto del Gobierno y no quisiera terminar, señor presidente, sin agradecer al Ministerio de Industria y Energía las consideraciones que ha tenido con este grupo parlamentario mientras el proyecto de ley ha estado en fase de anteproyecto y proyecto, porque queremos indicar que ha sido receptivo con las posiciones que el Grupo Parlamentario Vasco ha hecho llegar al ministerio.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de ley eléctrica presentado por el Gobierno; posición, de todas formas, coincidente y en coherencia con la tomada por Convergència i Unió cuando el Gobierno presentó ante la Comisión de Industria y Energía el protocolo una parte importante del cual es la columna vertebral del nuevo proyecto de ley eléctrica.
En definitiva, podríamos decir que los objetivos del protocolo y los objetivos de la nueva ley eléctrica son coincidentes en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la liberalización progresiva de la elección del suministrador por parte de los consumidores elegibles, en cuanto a todos aquellos aspectos referentes a la reducción de costes de la energía eléctrica, a la reducción de los costes empresariales, a la liberación en parte de los suministros de energías primarias por generación, concretamente en el aspecto del petróleo y en cierta medida relativo a todas aquellas cuestiones referentes al gas pues, como todo el mundo sabe, se ha limitado el caso del carbón por razones político-sociales.
También somos coincidentes en cuanto al establecimiento de los costes de transición a la competencia,

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para facilitar de esta forma la competitividad de las actuales compañías eléctricas en los próximos diez años. Como el protocolo fue muy respetuoso respecto a la autoproducción eléctrica, entendemos que en este caso y concretamente en otros cuatro casos más, es donde Convergència i Unió va a centrar todos sus esfuerzos parlamentarios en los debates que se realizarán las próximas semanas en Comisión y en este Pleno para centrarnos, básicamente, en cuatro aspectos fundamentales.
En primer lugar, aspectos competenciales autonómicos. Nuestro grupo, Convergència i Unió, también en conversaciones con el Ministerio de Industria, y he de decir ante esta Cámara que ha sido receptivo a la colaboración en todas las conversaciones y en todas las pretensiones que ha presentado Convergència i Unió ante dicho ministerio, va a plantear la posibilidad de recuperación de las descripciones de las competencias autonómicas, descritas en la anterior ley eléctrica, que aparecían en la Losen, incorporándose también en el capítulo de planificación eléctrica la participación de las comunidades autónomas de acuerdo, lógicamente, con la Administración central; participación también de las comunidades autónomas en la gestión de los respectivos registros administrativos de instalaciones de producción de energía eléctrica y en los registros de distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados; participación también de las comunidades autónomas en la delimitación de las zonas eléctricas a gestionar por las empresas distribuidoras; potestad también exclusiva de las comunidades autónomas de otorgar la autorización de las empresas comercializadoras, siempre y cuando desarrollen su actividad en el ámbito territorial; potestad para las comunidades autónomas en todas aquellas resoluciones de conflictos sobre contratos de acceso a terceros dentro de las redes de distribución.
Hay otro aspecto importante en el cual Convergència i Unió va a hacer un esfuerzo para intentar consensuar con el Gobierno y con el resto de fuerzas políticas en todo lo referente a la calidad permanente del servicio eléctrico, así como también una protección real al consumidor, introduciendo por este motivo una figura comprendida en unos índices a cumplir tanto a nivel del usuario individual, como por su zona geográfica atendida por un único distribuidor, teniendo en cuenta factores tan importantes como puede ser la continuidad del suministro, la calidad del producto, la posibilidad de reducción de facturación a abonar a los usuarios en caso de incumplimiento de los niveles establecidos, así como también la posible incorporación de sanciones para todas aquellas compañías que no reúnan o cumplan los requisitos.
Existe un tercer bloque importante en el que nosotros vamos a hacer un esfuerzo considerable para poder asumir la mejora constante de la calidad que será necesario, a criterio de Convergència i Unió, poder aplicar las reinversiones constantes que la garanticen y para todo ello será necesario incorporar la energía circulada por las redes como formación, entre otros componentes, de puntos de referencia a tener en cuenta para poder determinar la retribución de la distribución.
Hay otro aspecto importante, y éste va a ser un caballo de batalla de la coalición Convergència i Unió, como es aportar claridad, concreción y definición de objetivos para asegurar un marco estable en cuanto al régimen económico referido a las instalaciones de producción eléctrica en régimen especial.
Para nosotros será necesario definir en esta ley una nueva banda sobre las primas que recibirán los productores de energía renovable no hidráulica y biomasa, así como las centrales hidroeléctricas de potencia igual o inferior a diez megavatios.
También entendemos que va a ser necesario incorporar al régimen especial de producción eléctrica todas aquellas actividades e instalaciones de tratamientos de reducción de residuos sobre los sectores primario y terciario, hasta una potencia de 25 megavatios.
Vamos a plantear, señor presidente, una serie de enmiendas dirigidas al mantenimiento del sector de la cogeneración de pequeña potencia, por las ventajas que supone al sector industrial para mejorar su competitividad en los siguientes casos: instalaciones de menos de diez megavatios, instalaciones comprendidas entre diez y 25 megavatios, y todas aquellas instalaciones de cogeneración eléctrica que ya estaban acogidas al Real Decreto 23/1966.
Para finalizar, señor presidente, quisiera anunciarle que nuestro grupo va a presentar otra enmienda importante dirigida a la reducción un 20 por ciento de las tarifas eléctricas individuales, para todas aquellas áreas comprendidas en un radio de 20 kilómetros cuadrados alrededor de centrales nucleares, pues entendemos que esta medida, si resultara aprobada por el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios de la Cámara, ayudaría a potenciar el desarrollo de estas zonas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Vamos a proceder a la votación. (Rumores.) Señorías, ruego silencio.
En primer lugar, en función del artículo 112.3, procederemos a la votación conjunta de las dos enmiendas de totalidad de devolución y posteriormente, si fuesen rechazadas, a la votación de la enmienda de totalidad con texto alternativo. Por tanto, en primer lugar votación correspondiente a las dos enmiendas de totalidad presentadas tanto por el Grupo Mixto como por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 152; en contra, 164; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de devolución.
Enmienda de totalidad con texto alternativo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 174; abstenciones, 127.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la enmienda de totalidad con texto alternativo.


AVOCACION POR EL PLENO:

-- DEL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Ha sido solicitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 que se someta al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del sector eléctrico. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final de este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda, por tanto, aprobada la avocación por el Pleno.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):

-- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA. PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO. (Número de expediente 121/000066.)

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1997, DE 16 DE MAYO. (Número de expediente 121/000067.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): A continuación, a los dos proyectos de ley que figuran en el orden del día, se han presentado dos enmiendas de totalidad, ambas de texto alternativo, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por acuerdo de todos los grupos parlamentarios vamos a proceder tanto en su presentación como en los turnos a que después den lugar los distintos grupos parlamentarios a hacerlo de forma conjunta para posteriormente realizar las votaciones individualizadas.
Tiene la palabra, por tanto, en primer lugar y en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Vaquero. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.-- Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden silencio, ocupen sus escaños aquellos que vayan a quedarse y los demás circulen con rapidez, por favor. (Pausa.) Señorías, silencio, por favor. Algunos de ustedes están impidiendo la continuación del Pleno; guarden silencio, por favor. (Pausa.) Puede comenzar, señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, hoy nuestro país es uno de los más injustos y desequilibrados de la Unión Europea en materia de empleo y relaciones laborales. La alta tasa de paro, el 21,5 por ciento, doble de la Unión Europea a pesar de que a veces se juegue con las estadísticas distintas del paro registrado --si baja de los dos millones o si no baja-- y de la EPA; la alta tasa de temporalidad, de precariedad, de rotación y siniestralidad escandalosa, exigen cambios normativos. Es necesario un marco legal diferente, incluso en algunos aspectos, contrario al que se ha seguido en las reformas de 1994 y de 1997, que han coadyuvado a la generación de una situación tan grave. La reforma de 1997 no va a dar los frutos deseados de creación de empleo, entre otras cosas porque ese no es su objetivo. Nosotros tememos que todo lo contrario, pues es más de lo mismo, más desregulación por la vía de abaratar el despido, aunque hay mejoras en otros aspectos, más dinero a los empresarios a cambio de que estabilicen los contratos, justo hasta que les dure el dinero que se les da como incentivo. Resultado hasta ahora: se ha pasado del 96 por ciento de contratación precaria al 91 al menos esos son los datos que se nos han ofrecido.
Cuando he leído, tanto al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, como al presidente Aznar, declaraciones de que la precariedad es la causa de la mayor siniestralidad laboral, he pensado que, efectivamente, tienen razón, pero, al mismo tiempo, me he acordado de aquel refrán que dice que por la boca muere el pez. El Gobierno se vanagloria de haber incrementado desde el 4 al 9 por ciento la contratación indefinida --entre comillas--, e incluso hace afirmaciones boomerang

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sobre la siniestralidad que produce la precariedad, sin reparar que tiene a sus espaldas el 91 por ciento de esta contratación precaria y siniestralizante aún por erradicar. No me dirán que en esto soy pesimista o agorero, pues, señorías, por mucho que me esfuerce no veo el vaso medio lleno ni medio vacio; está simplemente al 9 por ciento de su capacidad total.
Nuestro texto alternativo pretende invertir el proceso de desnaturalización del derecho del trabajo y la involución del carácter garantista y reequilibrador que lo aleja del mandato constitucional por el que nuestro Estado se definía, con propiedad, como un Estado social y democrático de Derecho, cosa que hoy cuesta hasta pronunciarla. A la hora de flexibilizar el mercado de trabajo, señorías corresponsables de las dos reformas, se les ha ido la mano pues han conseguido más que flexibilización del mercado de trabajo, una auténtica desregulación total del mismo. Hoy nuestras relaciones laborales se caracterizan por el principio de mínima intervención en la Administración laboral, salvo para perseguir con saña la reducción del coste de la invalidez y las prestaciones por desempleo, y el proceso de sustitución del sujeto titular de protección, que ya no es el trabajador, sino la empresa. El carácter punitivo del derecho del trabajo que quería nuestra Constitución ya no existe en nuestra legislación, se ha procedido a una remercantilización de las relaciones laborales, y hoy el trabajador es más una mercancía que otra cosa, como hacía muchos decenios no se veía.
Perlas como la introducción, por primera vez en nuestro ordenamiento, de retribuir al trabajador por debajo del salario mínimo interprofesional, la exclusión de colectivos enteros de ámbitos de la protección social, la novedad del asistencialismo empresarial, bonificaciones, subvenciones, reducciones en la cotización a la Seguridad Social, son elementos que redundan en la centralidad que hoy tiene la empresa y en la renuncia implícita a proteger los derechos del trabajo. La consigna gubernamental es liberalización, privatización, desregulación, y por ello se ha procedido a llevar a cabo este asalto a las instituciones garantistas del derecho del trabajo y a su correspondiente correlato, el aumento exorbitante de los poderes empresariales, así como de los fenómenos del paro, la precariedad y la siniestralidad. La estrategia de crear empleo aunque sea basura, ha tocado fondo, mostrando a todas luces su incapacidad de crear empleo, empleo de calidad, y su virtualidad real que es devolver al empresario las manos libres para atar, hacer y deshacer, originando un retroceso sin precedentes en los derechos de los trabajadores. Ha llegado el momento de producir una inflexión. Nuestra enmienda pretende recuperar una serie de elementos tutelares y protectores del derecho del trabajo y restablecer en la entrada, en la salida y en la permanencia, en la contratación y en la extinción de la relación laboral, los principios de estabilidad, causalidad, defensa y equilibrio que han sido abrogados en su contenido material. Como dice don José Vida Soria, que fue uno de los padres del Estatuto de los Trabajadores en su época de diputado, la última reforma es un paso más, un añadido dentro del proceso de reforma a fondo del sistema normativo de relaciones laborales, que dio un fundamental paso en el vacío en 1994, suponiendo la reforma de 1997 algo así como su cláusula de cierre, hasta que se produzca --continúa diciendo Vida Soria-- un nuevo desmoronamiento del sistema normativo laboral clásico, sin que sea sustituido por otro con consistencia suficiente, por lo que es de esperar que el final de este acto será previsiblemente la nada, pues más allá de la mera flexibilización o de la desregulación selectiva, se ha escogido la vía de la desregulación total.
El proyecto de ley que pretendemos enmendar no es el de la creación de empleo, sino el del despido basura que introduce una reducción de la indemnización del despido y una nueva descausalización material del despido objetivo, contenido en la nueva regulación del artículo 52 c) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; cuestiones ambas que consuman una vieja aspiración de la patronal de nuestro país, pese a ser un auténtico tabú sindical hasta la fecha, pues significa uno de los derechos más emblemáticos de los trabajadores, sin que por otra parte ello vaya a favorecer para nada la creación de empleo, como la experiencia y la doctrina nos enseñan reiteradamente. ¿O no es verdad que ya se ha reducido de forma importante la indemnización desde el mismo Estatuto de los Trabajadores y desde la práctica negocial y jurisdiccional y, sin embargo, ello no había servido para contener el incesante incremento del paro? ¿No es verdad que teníamos este precedente? Hemos seguido en el mismo camino a pesar de la experiencia pasada.
Es un ataque a la razón que, junto al mantenimiento de las causas organizativas y productivas de 1994, se incluyan en la regulación, como un objetivo del despido, la posición competitiva o exigencias de la demanda, que son objetivos de naturaleza estrictamente empresarial, abandonando la única finalidad justificadora hasta ahora del despido, que era garantizar la viabilidad de la empresa y del empleo.
Se ha abandonado el carácter social de nuestra legislación laboral y se ha remercantilizado. El trabajador tendrá derechos siempre que el empresario, y no la ley, quiera, y eso permitido por la ley. ¡Curiosa manera de crear empleo, haciendo más fácil y barato el despido! Debe ser la magia de la mano invisible del mercado.
Nuestra enmienda pretende reponer esta situación en sus justos términos y, junto a este aspecto fundamental de nuestra enmienda, hay otros no menos importantes. La recepción en ámbito normativo de la jurisprudencia sobre la caracterización de los grupos de empresa y la responsabilidad solidaria de esos grupos, así como la de los contratistas y las subcontratas. La

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definición delimitadora de los supuestos de uso de los contratos temporales, el diseño de un nuevo contrato formativo, la potenciación del contrato de relevo para la creación de empleo, la erradicación del prestamismo laboral en paralelo a la potenciación de unos eficientes servicios públicos de colocación, la igualdad retributiva de los sexos, etcétera. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Ustedes no quieren crear empleo, quieren estar en la Unión Europea habiendo cumplido los deberes de la convergencia monetaria. Este es el problema, que no aciertan a compatibilizar la convergencia en la moneda única con la primera necesidad de nuestro pueblo, de la gente, que es el empleo. Eso que dice el Programa plurianual de empleo del Reino de España de que la convergencia crea empleo, no se lo creen ni ustedes mismos.
Si de verdad quieren crear empleo, tienen que modificar el destino de los incrementos de la productividad, no hay más remedio. Hasta ahora, estos incrementos constantes de la productividad han ido a las rentas del capital, a los beneficios de los bancos y, todo lo más, a la recomposición de otros factores productivos como la tecnología, etcétera, cuando no a la subvención de despidos masivos en las empresas, incluso rentables y, por tanto, al incremento del paro. No se han destinado esos incrementos de productividad a reducir el tiempo de trabajo y por eso sobran hoy trabajadores por todas partes. Hay que reducir la jornada laboral. Atrévanse, como lo va a hacer el Gobierno francés pese a las presiones de su patronal. Por ley, sin duda por ley, nada de esperar a que las partes en la negociación lo acuerden pues nos pueden dar las uvas, señorías. Por eso proponemos la jornada de una hora por día y trabajador, es decir, la jornada de 35 horas semanales y la regulación restrictiva y racional de las horas extraordinarias, así como la incentivación al adelantamiento de la edad de jubilación. Sólo con reformar estos tres aspectos se podría crear un millón de puestos de trabajo a medio plazo, según los expertos.
Lo tienen fácil. Háganlo en las administraciones públicas cumpliendo lo que este Congreso mandató en la proposición no de ley de diciembre de 1995 sobre reparto del trabajo en las administraciones públicas, hasta hoy incumplida. Utilicen las generosas desfiscalizaciones de las rentas de capital para financiar un cuarto turno en la sanidad pública, por ejemplo.
Entrando en el proyecto de ley por el que se regulan los incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, con todos los respetos, señorías, tenemos que afirmar que lo que hace es tirar el dinero público. No sólo eso, sino que, además, inicia un peligroso precedente de reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social que dará quebraderos de cabeza en el futuro, pues 12 billones de protección social es un codiciado botín que algunos no están dispuestos a dejar en manos que no sean las suyas. Y, si no, al tiempo; este precedente dará quebraderos de cabeza.
Señorías, Izquierda Unida solicita que el Gobierno traiga a esta Cámara, en el plazo de tres meses, un plan social de empleo negociado con los agentes sociales donde se contemple la creación de 500.000 puestos de trabajo, en cinco años, mediante los sistemas de contratación por las administraciones públicas, que permita mantener la gestión de los recursos afectados al plan en el ámbito del sector público, acabando con la práctica de desviar medios públicos al sector privado, sin garantías de su eficaz aprovechamiento en favor de la creación de empleo estable y de calidad. Los servicios de proximidad, servicios sociales en el ámbito territorial más cercanos al individuo y el medio ambiente, serán sectores desde donde se podrá conseguir la mayor emergencia de nuevos contratos de trabajo.
Esta, junto a otras medidas antes expuestas de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, el control de las horas extraordinarias, el adelantamiento de la edad de jubilación, etcétera, componen el plan social de empleo que Izquierda Unida propone.
La financiación de este plan debe recabarse por medio de los siguientes mecanismos: los fondos de inversión obligatoria, que se nutrirán del porcentaje de beneficios empresariales que la ley disponga en función de las cantidades que se deriven del diferencial resultante de la liquidación del rendimiento neto de las actividades a las que sea de aplicación esta ley; la aplicación de distintos signos, índices y módulos del método de estimación objetiva del IRPF, derivados de la nueva plantilla. Estos fondos estarán afectados exclusivamente a la financiación de los proyectos generadores de empleo en actividades económicas, social y medioambientalmente útiles. A tal efecto proponemos también, lógicamente, la constitución de una agencia pública de gestión de los fondos de inversión obligatoria. El destino de los incentivos fiscales previstos en la ley a esos fondos puede significar un mecanismo corrector de encauzamiento de las inversiones supuestamente creadoras de empleo que los sucesivos gobiernos, éste incluido, han venido realizando sin resultados positivos.
Por otra parte, de todos es conocido el diferencial de presión fiscal que nuestro país tiene en relación a la media europea, que permite establecer, con cautela, sí, pero con decisión también, los mecanismos de reforma fiscal necesarios para financiar este plan, máxime si la primera medida a reformar fuera eliminar la desfiscalización de las rentas del capital que mediante distintas disposiciones se ha ido fomentando de forma tan alegre, sobre todo el último año, desde la constitución de este gobierno.
¿Por qué apostamos por un plan de creación directa por las administraciones públicas de puestos de trabajo?

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Porque creemos que ya está bien de retórica, porque estamos convencidos, señorías, de que para crear empleo lo primero que debe hacer el Gobierno es crearlo, simplemente eso. Después vendrá la economía privada, pero, primero, hay que dar ejemplo y no repartir el dinero sin ton ni son, en saco roto. No se trata de abrir hoyos para después taparlos, como algún keynnesianismo mal orientado podría plantear, pues hoy existe una demanda creciente de servicios sociales, locales, provinciales y de atención a colectivos de niños, ancianos, disminuidos, ayuda a la incorporación de la mujer al mercado laboral y también medioambientales, de reciclaje de los residuos sólidos, de descontaminación y limpieza del entorno que pueden generar una industria importante. Son servicios públicos demandados pero no cubiertos, no son hoyos a tapar. No se trata tampoco de incrementar el número de funcionarios, como despectivamente podría interpretarse. Respecto a esto habrá mucho que hablar en la reforma del Estatuto de la Función pública, pero lo cierto es que existen experiencias piloto en distintas administraciones, de gestión dinámica, motivada y eficiente, así como fórmulas donde se combinan elementos de gestión pública y privada que bien podrían aplicarse a este tipo de servicios a los que iría destinado el grueso del plan.
Tampoco excluye este plan que proponemos la incentivación de la contratación indefinida y la transformación en indefinidos de los contratos de duración determinada o temporal. En nuestro proyecto de ley alternativo planteamos esto, pero limitando la aplicación de estos incentivos a las pequeñas y medianas empresas, para aquellas actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices y módulos de la estimación objetiva del IRPF, y para determinados colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo.
Nuestro proyecto reitera que la forma más eficaz de evitar la abultada cifra de la contratación temporal es desincentivar su uso, no prohibiéndolo porque es necesario en muchos supuestos, pero sí gravando su uso mediante la elevación de las cuotas de la Seguridad Social para aquellos supuestos no estrictamente necesarios. Por tanto, les emplazo a coger el toro por los cuernos.
Señor ministro de Trabajo, señor Arenas, en alguna ocasión usted me ha pregunta con sinceridad, más allá de la retórica, si de verdad creemos que el plan que ustedes han presentado, estos proyectos de ley, no van a funcionar. Con sinceridad le vuelvo a contestar: no están funcionando, al menos en lo que a la creación de empleo se refiere, pues no contienen los elementos necesarios para crear empleo. Le preguntaba antes de este verano: ¿Ahora donde está el plan para crear empleo? Porque, efectivamente, esto puede servir para acabar, más o menos, con una parte mínima de la contratación temporal, de la rotación en último término, durante unos años, pero dónde está el plan para crear empleo. ¿Solamente la convergencia, como dice el programa plurianual de empleo? Si lo que usted quiere es salir del paso y dar cuatro pases de pecho, vale, siempre hay argumentos para justificarlo todo y habilidad no le falta, señor ministro; eso hay que reconocerlo.
El plan de empleo es una utopía; es decir, es realizable, como lo era la clonación hace, por ejemplo, unos decenios. Y para que no se nos olvide que es realizable ahí está el artículo 40.1 de la Constitución, que se lo propone como objetivo y como una obligación para los poderes públicos.
Los poderes públicos --dice el artículo 40.1-- realizarán una política orientada al pleno empleo. Nuestra Constitución no dice: orientada a la convergencia nominal, a la Unión Monetaria; no dice nada de eso. Dice: orientada al pleno empleo, señor ministro. No dice: para ver si reducimos un poquito la cifra de precariedad. No, dice al pleno empleo. Y eso es posible. Este es su deber, es nuestro deber. ¿Está dispuesto este Gobierno a cumplir con su deber de construir la sociedad de pleno empleo, repartiendo el trabajo y redistribuyendo la productividad y la riqueza? Esta es la cuestión.
Tomen buena nota de los nuevos vientos que corren en Europa, del ejemplo francés, y atrévanse a poner el dedo en la llaga. Negocien, por tanto, este plan social de empleo que aporta hoy Izquierda Unida a esta Cámara y, en vez de hablar de empleo, créenlo de una vez por todas.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Vaquero.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la intervención de dos ponentes que han de repartirse el tiempo.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Quiero tranquilizar a la Cámara porque el hecho de que mi grupo solicite un doble turno no va a suponer emplear el doble tiempo en contestar las enmiendas a la totalidad del señor Vaquero. Es necesario recordar algunas cosas previas para situarnos en el debate.
Antes de evaluar en profundidad estas enmiendas con texto alternativo, debo hacer referencia al proceso de elaboración de estos dos reales decretos. Un proceso que, como recordarán, señorías, se inicia en mayo de 1996 y concluye en 1997 con un acuerdo histórico entre los agentes sociales, con tres acuerdos interconfederales; ello provoca una comunicación al Gobierno el 28 de abril, y éste elabora dos reales decretos-leyes

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el 16 de mayo, para dar cumplimiento a esta comunicación.
No hay que olvidar que, en junio, esta Cámara convalidaba por amplia mayoría (una mayoría desconocida en anteriores reformas laborales) estos dos reales decretos-leyes. Eso se hacía, fundamentalmente, por una cuestión importante, Sr. Vaquero, el clima de diálogo y consenso que había provocadon el Gobierno y las fuerzas parlamentarias, que tenía como consecuencia estos dos reales decretos y su convalidación.
En aquellos acuerdos se establecieron los objetivos fundamentales que quiero recordar. El primero era la lucha contra la precarización, la inseguridad y el fin de los contratos basura, la eliminación de rigideces en nuestro mercado laboral, la búsqueda de la estabilidad en el empleo, la modernización de las relaciones laborales mediante el apoyo y el reforzamiento de la negociación colectiva y la reducción de las reglamentaciones. En definitiva, se pretendía, señor Vaquero, la reducción de las desigualdades sociales producidas entre los que tenían un empleo fijo y en precario, y entre aquellos que tienen empleo y los que no lo tienen, intentando que más españoles pudieran tener un empleo de mayor calidad.
Hoy, cuatro meses después de haber aprobado esos dos reales decretos y de que ambos estén funcionando, hay posibilidades de analizar los resultados. Los resultados son los siguientes: en los meses de junio, julio y agosto, y a pesar de ser ésta una época de alta temporalidad, la contratación indefinida se ha triplicado. Mientras en 1996, en la misma época, los contratos indefinidos realizados fueron de 70.526, en 1997 (en estos tres meses) han sido de 210.741, y la mitad de ellos han ido destinados a jóvenes; jóvenes que se encontraban en una situación de inseguridad y de temporalidad; jóvenes que accedían por primera vez al mercado de trabajo. Eso ha colaborado, indudablemente, Sr. Vaquero, a que el número de parados inscritos en el Inem se haya situado por debajo de los dos millones de personas, y también ha contribuido a que los datos de EPA nos estén dando una tasa de paro del 20 por ciento. Es indudable que todavía son datos muy elevados, pero también es indudable que algunos no creían que se pudieran alcanzar después de esta reforma.
El Real Decreto-ley 8/1997 ha contribuido a fomentar el empleo debido a una política económica practicada por este Gobierno. Sólo eso sería suficiente para justificar nuestro voto en contra, pero yo quiero entrar también en el fondo de su texto alternativo. Ustedes proponen en su enmienda la contrarreforma; una contrarreforma basada en la modificación y desnaturalización de los acuerdos de los agentes sociales, del Real Decreto-ley 8/1997, del Estatuto de los Trabajadores y, en definitiva, del marco existente en España en materia de relaciones laborales y de protección social.
La enmienda es cumplimiento de su programa electoral, y ya sé que ustedes se aplican aquello de programa, programa y programa. Pero, a nuestro juicio, existe una clara contradicción entre los fines y los medios que ustedes proponen. En el texto, señoría, establecen un sistema de garantías para el trabajador, penalizando la actividad empresarial.
Introducen rigideces en el mercado laboral que provocarían un efecto contrario al deseado al hacer las empresas españolas menos competitivas, dificultando el acceso y mantenimiento del empleo.
Su texto pretende, señor Vaquero, aumentar los ingresos de los trabajadores, facilitar a su vez las actividades extraprofesionales o las excedencias, conceder horarios obligatorios y, al mismo tiempo, ampliar las vacaciones y reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas, creando además nuevos impuestos contra los empresarios. Todo ello por ley y sin contemplar, señor Vaquero, la situación de las empresas o su entorno competitivo y lo que, a nuestro juicio, traería una inmediata y elevada destrucción de empleo. Es claro y obvio que el papel lo soporta todo, pero la actividad laboral y la actividad económica, no.
Además, señor Vaquero, su enmienda al Real Decreto-ley 8/1997 también tiene errores en técnicas jurídicas. Pretende la modificación de artículos del Estatuto de los Trabajadores mediante disposiciones adicionales; hace alusión a los grupos de empresas sin definir su naturaleza jurídica; introduce el término de discriminación indirecta sin que ese concepto esté contemplado en nuestro derecho positivo; y concluye con la prohibición de las horas extraordinarias, sin definir cuáles son las condiciones y sus características. Pero es que, además, prohíbe las agencias privadas de colocación y establece como sistema único de colocación y de búsqueda de empleo el Instituto Nacional de Empleo. Se vuelve al pasado en el régimen jurídico del despido colectivo; se pretende una nueva regulación del artículo 52, que volvería a hacer del mismo un artículo absolutamente inviable; se establece la jubilación forzosa a los 60 años, asunto que no sólo es un paso atrás, sino que, a nuestro juicio, va claramente en contra del Pacto de Toledo que su fuerza política tuvo a bien firmar. La enmienda da respuesta al programa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero ese programa no tiene nada que ver con la realidad ni con nuestro modelo. Crea, señor Vaquero, un modelo de relaciones laborales irreal, equivocado e impracticable; incrementa la tutela gubernativa frente a la negociación de las partes y aumenta los costes salariales y sociales reduciendo la competitividad, lo que, sin duda, implicará un incremento del paro al esclerosar el mercado de trabajo.
Señorías, la economía española está viviendo una situación de crecimiento sostenido y saneado por primera vez desde hace mucho tiempo. Eso ha sido posible gracias a unos presupuestos austeros; a una situación de disciplina presupuestaria y desregulación económica; a una lucha contra el déficit, el gasto público y la

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inflación, que ha llevado a los tipos de interés a la situación en la que en estos momentos están, y a una situación de confianza por parte de los inversores, de los trabajadores y de los generadores de empleo. Eso ha llevado a que en estos dos últimos años se hayan podido crear 500.000 puestos de trabajo, 500.000 empleos netos, señor Vaquero.
Usted concluía una parte de su intervención reprochando al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular. «Ustedes no quieren crear empleo», decía el señor Vaquero, «quieren entrar en la Unión Europea». Señoría, eso es una falacia, es absolutamente falso. Queremos converger con el resto de los países de Europa; queremos converger en empleo, queremos converger en economía y queremos converger en política de protección social. Eso, señor Vaquero, tiene una receta: sólo se consigue creando empleo en mayor cantidad y de mejor calidad. A eso es a lo que va destinada esta reforma laboral. Por ello, señor Vaquero, le reiteramos que retire su enmienda.
Se lo reiteramos, una vez más, aunque sabemos que ése va a ser, sin duda alguna, un esfuerzo melancólico por nuestra parte.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernando.
Señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Vaquero, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha manifestado que el segundo de los reales decretos-ley al que voy a hacer referencia, hoy proyecto de ley, el que proviene del Real Decreto-ley 9/1997, era lo mismo que tirar dinero público. No conoce este diputado tirar dinero público con tanto consenso social y político como se va a hacer en esta ocasión. Tal vez sea el dinero público tirado con mayor legitimación social en la historia de la democracia.
El señor Vaquero ha omitido claramente a lo largo de todo su discurso que este proyecto de ley derivado de dicho real decreto-ley proviene de unos acuerdos entre los interlocutores sociales, de unos acuerdos entre las centrales sindicales y las organizaciones empresariales que demostraron, justamente con ellos, ser ejemplarmente responsables en un momento en el que la demanda general de la sociedad española y el momento histórico en que se vivía, con la integración de nuestro país en la tercera fase de la Unión Monetaria, hacían necesario ese ejercicio de responsabilidad por su parte; ejercicio de responsabilidad al que no fue ajeno el Gobierno popular, que antes y después de ese acuerdo demostró que cumplía sus promesas de promoverlo, de no interferirlo y, sobre todo, de llevar con rapidez los reales decretos-leyes que ya fueron convalidados en su momento en esta Cámara para hacer realidad práctica justamente aquello que se contenía en esos acuerdos sociales.
Frente a eso ustedes han presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo que se enfrenta, que choca frontalmente contra el contenido de esos acuerdos sociales generadores de los reales decretos del proyecto de ley que ahora debatimos en mor de su enmienda a la totalidad. Y tendrá que convenir conmigo que si el proyecto de ley tiene legitimación social de inicio, su enmienda, que choca frontalmente, carece, por tanto, de la citada legitimación. Por consiguiente, su alternativa choca frontalmente con la legitimación social a la que estaba haciendo referencia con anterioridad.
Cuestión distinta es que ustedes presenten enmiendas de tipo parcial en el debate posterior del proyecto de ley, lo que, sin lugar a dudas, harán otros grupos parlamentarios, mejorando el contenido del citado proyecto.
Pero no han hecho eso, lo que han hecho es enfrentarse directamente con un texto que choca, reitero, frontalmente con el contenido de dicho proyecto de ley, porque entienden, evidentemente, que quienes lo acordaron estaban equivocados.
Nosotros no compartimos esa opinión, señor Vaquero. Creímos que el acuerdo suscrito en su momento entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales era un buen acuerdo y que los reales decretos-leyes que trajo el Gobierno, como vimos en el debate de su convalidación, eran unos buenos reales decretos de desarrollo de aquellos acuerdos. Por tanto, no cabe en modo alguno la enmienda que ustedes nos presentan.
No quiero extenderme, pero usted sabe perfectamente que la doctrina --usted mencionó un profesor, yo le voy a citar la doctrina general del Derecho al trabajo-- nos habla claramente de lo que se ha hecho en esta ocasión. Este es un proceso de negociación prelegislativa, muy propio cuando se busca desde el Gobierno consensuar las reformas que posteriormente se quieren aplicar para evitar la conflictividad y evitar, por lo tanto, una aplicación desordenada o no pacífica de aquello que se persigue. Incluso se ha propiciado desde esa Unión Europea que usted tanto denosta, pero que, a diferencia de su propiciamiento, justamente España --lo pone el Libro Blanco de política social-- ha sido el único país de su entorno que ha conseguido un acuerdo de este tipo. Su alternativa, en la que los sindicatos y las organizaciones empresariales dejan de ser interlocutores privilegiados, a los que no se tiene en cuenta para llegar a ese fin, viene a ser algo parecido a lo que ustedes tanto han criticado, la reforma de 1994. Aquella reforma sí que chocó directamente con las centrales sindicales, y ello mereció agrias críticas de su grupo parlamentario. Ustedes hoy ocupan esa misma posición, la de enfrentarse a los interlocutores sociales, a aquellos a los que va dirigida esa reforma.


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Su postura, en este caso, sí que ha cambiado de entonces ahora.
No entiendan en modo alguno que, con mi pretensión, estoy intentando poner en duda la legitimidad que su grupo tiene de hacer cualquier tipo de propuesta o de traer cualquier tipo de iniciativa a esta Cámara.
Además, tengo que decirles que han sido coherentes con sus planteamientos en cuanto a la reforma laboral con la presentación de este texto alternativo y que, incluso, la densidad del mismo demuestra que, equivocadamente a mi juicio, han trabajado en esta materia. Ese texto alternativo no va a conseguir nada de lo que ustedes pretenden, incluso poniéndole el mismo título que tiene el proyecto de ley. Porque de incentivación a la contratación indefinida, permítame que se lo diga, señor Vaquero, nada de nada. Su texto alternativo no pasa de ser una penalización de la contratación temporal y un importante gravamen para los empresarios que se acojan a las medidas supuestamente incentivadoras que ustedes recogen en él. Es un proyecto absolutamente reglamentista, que complicaría extraordinariamente las posibilidades de contratación en nuestro país, si en algún momento llegara a ser de aplicación. Además, tanto en su exposición de motivos como en su articulado, es altamente contradictorio y evidencia grandísimas lagunas. En su exposición de motivos contiene consideraciones que nadie podría discutir, para, a renglón seguido, introducir elementos restrictivos a esas políticas generales de incentivación, como cuando dice que sólo será aplicable a las pequeñas y medianas empresas o para ciertas actividades. Restringen inmediatamente lo que sería una aplicación más general y, por lo tanto, mucho más positiva de los fines de un real decreto o proyecto de este tipo.
En su artículo 1 anticipan cuáles serán los beneficios que persiguen con su texto alternativo, pero desconocemos el alcance de la propuesta, porque no pasan exactamente de ahí. Si hay que entenderlo referido a la literalidad de su precepto, comprenderemos que solamente van a afectar esos beneficios a la transformación de contratos temporales e indefinidos. Nuevamente una propuesta enormemente restrictiva porque, de aplicarse, lo que traería consigo sería la realización masiva de contratación temporal para, finalmente, transformarla en indefinida, lo cual carece, a nuestro juicio, de todo sentido.
Las propuestas que se recogen en sus artículos 2 y 3, algunas coincidentes con el proyecto de ley, otras no, además de chocar frontalmente --es una constante en su discurso y en el contenido de su texto alternativo-- con lo que fueron los acuerdos entre los agentes sociales, traería consigo, por ejemplo en el artículo 2, aumentar de tal manera el número teórico de trabajadores a los que tendría que aplicarse la medida que ustedes pretenden, que haría inviable de todo punto el equilibrio financiero de nuestro sistema, que tanto preocupa a los grupos de esta Cámara. Usted también ha hecho alguna referencia a ello. Por cierto, quiero desmentirlo en este momento. Ha sido reiterado hasta la saciedad por parte de mi grupo que las bonificaciones e incentivos fiscales que se contienen en este proyecto de ley no van a afectar para nada el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Lo manifestó el señor ministro el día del debate de convalidación. No nos hemos cansando de repetirlo desde cualesquiera de los foros públicos a los que hemos podido asistir, y lo repetimos nuevamente hoy.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego, señor Camps, que vaya concluyendo.


El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Yo creía, señor Vaquero, que usted no caía en esos discursos fáciles y demagógicos respecto a la inestabilidad de nuestro sistema público de protección social. Hoy me he dado cuenta de que, no. Ese texto restrictivo, contradictorio, irreal y equivocado no puede ser alternativa al decreto-ley presentado en su día por el Gobierno, al proyecto de ley que pronto discutiremos en este Cámara.
Señor Vaquero, el texto que enmienda hoy es el camino a seguir. Para algunos seguramente sólo será un paso, para otros incluso un pequeño paso, pero yo creo que va a haber un gran consenso en esta Cámara respecto a que será un paso adelante. Su propuesta sería, en todo caso, un paso hacia atrás. La aplicación de la norma que usted ha traído hoy a esta Cámara produciría, de hecho, una casi total paralización de la contratación en nuestro país, tanto temporal como indefinida, que tanto les preocupa a ustedes. A estas alturas no sería necesario insistir en que el empleo en este país lo crean los empresarios y en que es el Gobierno el que debe crear el marco jurídico para que ello sea posible.
Lo tendremos que reiterar una vez más.
Señor Vaquero, las palabras, como las buenas y las malas intenciones, se las lleva el viento. La letra queda impresa en el papel para recordarnos nuestros compromisos, nuestras promesas, las iniciativas que en un momento tomamos. Pero el tiempo hace que los hechos sean enormemente tozudos. Aquí el tiempo ha pasado, poco tiempo, es cierto --cuatro meses--, pero ha pasado, y los hechos --y ha hecho mención a ellos el compañero del grupo que me ha precedido en el uso de la palabra-- son irrefutables. Se está creando más empleo y de mejor calidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya.


El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.


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Señor Vaquero, los hechos son tozudos y demuestran bien a las claras, en este caso, que sus palabras, que sus letras, carecen de todo sentido.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Camps.
Señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Brevemente quisiera contestar a alguna cuestión que se ha suscitado. En primer lugar, parece machacón por parte de aquéllos que quieren minimizar la importancia de nuestras propuestas enfrentarlas con el consenso social. A esta Cámara todos venimos refrendados por una cierta legitimación social, unos más, otros menos; en cualquier caso, la legitimación social de mi grupo son 2.700.000 españoles y españolas y ésta es la legitimación social que yo represento. Espero que su intención no haya sido descalificarla.
De todos modos, los dos portavoces del grupo mayoritario de esta Cámara tengan la plena seguridad de que Izquierda Unida no ha cambiado de posiciones. Puede ser que otros lo hayan hecho, pero nosotros, no.
Ciertamente, nuestras propuestas intentan defender los intereses de los trabajadores con fórmulas que propusimos en 1994, consensuadas también por los agentes sociales. Ningún esfuerzo, a la hora de intentar plantearse la creación de empleo, debe llevarnos a ningún tipo de melancolía, señor Hernando. Por mi parte, no hay melancolía. Si los hechos son tozudos, tenga la plena seguridad de que nuestro grupo y lo que representamos es tozudo y va a seguir proponiendo lo mismo.
Nosotros entendemos que efectivamente se pueden adobar los datos para presentar una realidad idílica, pero ustedes tendrían que decir a esos tres millones y pico de parados que todo va bien y que, precisamente en una época de bonanza económica, la creación de empleo cuasi marginal que se está dando --es verdad que se está creando un cierto empleo-- es ya la solución para su problema. Además, tendrían que decirles que la convergencia, los datos macroeconómicos y la política económica son el único remedio para su problema. También, que ese empleo precario, ese empleo basura, con ese despido basura, es justamente la solución de su problema. Porque estoy convencido de que no les cuadrarían las cifras, de que tendrían sin duda alguna una contestación mucho mejor, más ingeniosa que la que yo podría dar ahora mismo.
Por tanto, creo que el problema sigue intacto, está ahí, es tozudo. Con esa política que están practicando --y ése sí que es un hecho tozudo-- se crea un empleo mínimo y que al mismo tiempo sigue siendo mayoritariamente precario y siniestralizante, según sus propias palabras.
Estoy convencido de que ciertamente nos separan muchos planteamientos, como es lógico entre dos fuerzas políticas que representan ideas distintas; no sólo ideas distintas, sino también posiblemente intereses distintos. En cualquier caso, permítame, señor Hernando, que reivindique para mí ese término de contrarreforma del Derecho del trabajo. Izquierda Unida no defiende ninguna contrarreforma. Justamente quienes plantearon la contrarreforma, según todos los expertos de Derecho del trabajo, que han acogido ese término que acuñó Marcelino Camacho --permítale, al menos a Marcelino Camacho, a ese líder histórico, mantener ese término de contrarreforma y no se lo apropie, señor Hernando--, fueron ustedes; la contrarreforma del Derecho al trabajo es la que se ha practicado durante estos años y en la que ustedes han profundizado.
Señorías, por último --y acabo ya, aunque sin duda habría que entrar en muchas cuestiones--, creo que no es de recibo que se amedrente a la población planteando que medidas de tipo garantista, un derecho del trabajo, paralizarían la contratación. Los empresarios van a realizar los contratos de trabajo en la medida en que su negocio, su economía, aquello que quieren producir, así se lo demande. Van a hacerlo y va a haber contratos de trabajo. El problema es si el marco legal permite que esos contratos de trabajo lo sean con calidad, con derechos, o no. Ese es el problema que estamos debatiendo. No se vayan por las ramas. Ese es otro tema, que ustedes ni siquiera quieren contemplar. Porque, si no, cuando estamos hablando de distintos diferenciales, en términos de garantías de trabajadores de otros países con respecto a los nuestros, en función de nuestro marco jurídico laboral, estamos precisamente poniendo el dedo en la llaga. No se trata de paralizar ni la contratación ni la economía de este país. No. ¿Cómo lo hacen en otros países? En otros países no se han atrevido a hacer una desregulación total como la que aquí se ha hecho.
Flexibilidad, hasta cierto punto, consensuada, sí, pero desregulación total como la que aquí se ha realizado, eso sí que no es de recibo. Lo que hay que hacer y lo que nosotros demandamos es compatibilizar las nuevas condiciones de la producción con un mantenimiento de las garantías de los trabajadores. Ese es el problema en el que ustedes ni siquiera quieren entrar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vaquero. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.) Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, muy brevemente voy a contestar al señor Vaquero diciéndole que en ningún momento mi grupo ha pretendido plantear la legitimación de un grupo o de otro y su presencia en esta Cámara. Ni mucho menos. Lamento

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que lo haya entendido así el señor Vaquero, porque la legitimación social la tenemos todos los grupos por igual. Unos tenemos más votos que otros pero, en principio, todos los diputados tenemos la misma legitimación, como usted bien sabe, señoría, y nosotros pensamos lo mismo.
Quiero decirle una cosa. Es indudable que los dos reales decretos han gozado del consenso y éste se consigue precisamente mediante el acuerdo.
El acuerdo supone que se ceda en las posturas maximalistas que las partes tienen y ésa es una de las virtudes de estos reales decretos y de estos acuerdos. Se ha cedido, por una parte, en las pretensiones que algunos tenían de creer que la rigidez laboral era el sistema para mantener el empleo en España, porque se ha visto que eso no era así; por otra parte, también han cedido otros que creían que la flexibilización en el empleo era el sistema para poder crear empleo y obtener mayores rendimientos y beneficios. Y fruto de ese consenso y fruto de esa cesión de posiciones maximalistas han sido estos dos reales decretos.
Yo no quiero hablar de qué es lo que hay que decirles a los tres millones de parados que aún tiene nuestro país. Yo sí quiero decirle que sólo hay tres millones de parados, que hay medio millón menos de parados que hace dos años y que hay muchas personas a las que se les puede decir hoy en día, gracias a una política económica acertada, que tienen posibilidad de dejar de ser parados y que tienen posibilidad de dejar de ser víctimas de esos contratos basura que se ha pretendido combatir mediante estos dos reales decretos. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos ha movido, y hoy podemos decir a muchos españoles y a muchos de los parados que tienen una posibilidad, que tienen una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo, porque lo permite la situación económica, y que pueden encontrarlo en mejores condiciones, con mayor calidad que lo hacían hace sólo cuatro meses.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernando.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, los proyectos de ley que hoy debatimos son consecuencia de los reales decretos-ley 8 y 9, de 1997. El Bloque Nacionalista Galego votó en su momento en contra de su convalidación, sobre mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida y de incentivos a la contratación, y lo hicimos porque --desde nuestro punto de vista y, desde luego, a pesar de lo afirmado hoy en esta Cámara, nuestra opinión no ha cambiado-- las medidas propuestas suponen globalmente un retroceso en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tienden a centralizar la negociación colectiva, no van a significar a la larga la disminución de la temporalidad --el tiempo dará o quitará razones; a nosotros, por cierto, nos encantaría equivocarnos en nuestros pronósticos-- y tampoco van a solucionar los problemas que sufren los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, sometidos a reglas de mercado sobre las que cada vez tienen menos capacidad de decidir, reglas trazadas por poderes cada vez más lejanos y contrarios a sus legítimos intereses.
Además, desde nuestro punto de vista, también consolida reformas laborales anteriores que en general supusieron el aumento del paro y la precariedad, con las consecuencias de desequilibrio social que todos conocemos, o el incremento del número de accidentes laborales. Una reforma --decía-- que consolida reformas anteriores y que abre la puerta a otras nuevas. Ya se empiezan a oír voces en el sentido de profundizar en lo recientemente aprobado, en que hay que seguir restringiendo los derechos de los trabajadores para conseguir la ansiada competitividad, vía recorte de los costes laborales.
El aumento del paro y la precariedad laboral son consecuencia de una determinada política económica, una política que está acentuando las diferencias entre sectores sociales y entre territorios; una política que está siendo cuestionada, por cierto, en muchos Estados europeos, donde amplias capas de su población ven con malestar cómo no se da paso a la prometida Europa social, sino más bien al contrario. Y este proyecto de ley introduce factores preocupantes respecto a la facilidad para despedir trabajadores con empleo estable, lo que precisamente no parece que vaya a ayudar a conseguir esa indefinidad --entre comillas-- que se pretende.
El texto alternativo que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es un texto susceptible de discusión, naturalmente, pero para nosotros supone, desde luego, una base mucho mejor que el proyecto de ley, para dar solución a los problemas que en la actualidad sufre el eufemísticamente llamado mercado del trabajo. Por ello, desde nuestro punto de vista, debería ser tomado en consideración.
De cualquier modo, conviene decir que la solución de los problemas de los trabajadores y de muchísimos empresarios --insisto-- pasa necesariamente por un marco político económico que respete la igualdad de condiciones, que respete el derecho a producir, que haga que la economía esté al servicio de la gente.
Lo mismo podemos decir respecto a los incentivos de la contratación. Es evidente que nosotros estamos a favor de incentivar la contratación estable, más aún cuando precisamente una de las grandes tragedias sociales es la precariedad laboral, con todas las secuelas de inseguridad personal y familiar que crea. No volveré

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a incidir en el terrible drama que supone la gran cantidad de accidentes laborales que se están produciendo y que ya nadie niega que se debe precisamente a las condiciones de precariedad y de superexplotación que están empezando a sufrir muchísimos trabajadores.
Sin embargo, también dudamos de la eficacia real de los incentivos que se proponen en el proyecto de ley a la hora de conseguir empleo estable. No vamos a negar que algunos trabajadores pueden resultar beneficiados, pero más preocupante es que no sólo determinados sectores empresariales pueden salir escandalosamente beneficiados al llevar a la práctica este tipo de contrataciones, sino que de alguna manera se penaliza a aquellos otros empresarios que se esforzaron y se esfuerzan por mantener fijas sus plantillas. A estos empresarios no se les reconoce, desde luego, su esfuerzo; al contrario, se les obliga a competir en condiciones de desigualdad.
En todo caso, a ambos proyectos de ley el Bloque Nacionalista Galego presentó sus enmiendas parciales y tendremos ocasión, por tanto, de seguir discutiendo sobre este asunto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar en contra y se opone a la iniciativa de Izquierda Unida con estas enmiendas de totalidad contra los dos proyectos de ley que son causa de este debate.
Las razones son fundamentalmente repetitivas, señor presidente, de lo que dijo nuestro grupo en el debate del pasado 5 de junio, cuando se convalidaron los dos reales decretos-ley. Tenemos la suerte de entrar en una materia que venía con el aval ofertado por los interlocutores sociales, la CEOE, la Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, con respecto al acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo, y ese acuerdo interconfederal se respeta fundamentalmente en su espíritu y en sus enunciados en los textos de los dos proyectos de ley, sobre todo en el primero, que trae causa del decreto-ley 8, de 1997, en razón de que ahí está concebida toda la estructura del principio de acuerdo de estos dos amplios bloques de interlocutores sociales. Por razones de urgencia, el Gobierno los recoge en un texto, utilizando la fórmula del real decreto-ley, y nosotros le damos nuestro voto con la mayoría de otras fuerzas políticas de la Cámara, para su convalidación.
En ese proyecto de ley fundamentalmente, de acuerdo con el Real Decreto 8/1997, hay tres objetivos que coinciden con los del acuerdo interconfederal. En primer lugar, la creación de empleo; en segundo lugar, fomentar empleo estable, transformando los contratos temporales en contratos indefinidos y, en tercer lugar, fomentar la calidad de empleo, conseguir una mayor calidad en los puestos de trabajo.
A esto, en concordancia con el acuerdo interconfederal y con lo que dice el decreto-ley del Gobierno, que nos pareció afortunado --y felicitamos la iniciativa del ministro de Trabajo, señor Arenas--, el Gobierno le añade algo para que no se quede en pura retórica, le añade el real decreto-ley número 9, que es el de incentivos y medidas fiscales. Si no, aquello podía haber quedado en una especie de discurso de juegos florales, de pura retórica. Que los empresarios dijeran: ¿Dónde tengo yo el estímulo del tipo de la Seguridad Social, de tipo fiscal, donde pueda comprometerme en circunstancias siempre de incertidumbre, como puede ser la economía o el mercado laboral y los avances de la tecnología en lo que afecta la sustitución del hombre por la máquina? ¿Dónde? Esas son las medidas que vienen en el segundo proyecto de ley, al cual Izquierda Unida presenta una enmienda a la totalidad, a la que nosotros nos oponemos.
Porque ahí están las figuras, figuras que podremos complementar o matizar en el trámite de ponencia y de Comisión, recordando sobre todo a los interlocutores sociales que este segundo proyecto de ley tiene una serie de matizaciones de tipo ético, de disciplina, fundamentalmente basadas en la Ley 8/1988, sobre infracciones y sanciones en el orden social. Se les dice: Señores empresarios, generen ustedes empleo de calidad, generen empleo fijo, generen un empleo de transformación de los contratos basura, de los contratos a tiempo parcial, en contratos indefinidos, pero cumplan también con todas las obligaciones, con la Seguridad Social y con las cotizaciones correspondientes, porque si usted no cumple el requisito para poderse beneficiar, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social, no puede venir por esta vía a hacer este juego. Nos parece muy loable que el señor ministro de Trabajo haya defendido eso y que se haya traído en el texto del proyecto.
Al hacerse un escalonamiento de los incentivos, desde el 40 hasta el 60 por ciento, según los casos, nos permite a nosotros encontrar una satisfacción a la inquietud que habían mostrado los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Si tenemos estos antecedentes, esa es la garantía. Trabajemos por vía de perfeccionamiento, de enmiendas de los textos que se someten a debate en la ponencia y en la Comisión.
Respetando los planteamientos que haya hecho Izquierda Unida, nosotros no los compartimos y votaremos en contra de sus enmiendas, deseando que al final, con las enmiendas que pueda presentar Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, puedan entrar también aquellos otros derechos que puedan corresponder a la

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seguridad laboral de los trabajadores. Si han firmado Comisiones Obreras y UGT, me parece que esos principios de aval o de garantía, hechos por las propias organizaciones sindicales, algún valor significativo tendrán, aparte del puramente político, que nosotros vamos a transformar en basamento legal.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco se va a oponer a la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presenta el Grupo de Izquierda Unida. No les extrañará, señorías, porque somos coherentes con lo manifestado en la convalidación de los dos reales decretos que se convirtieron en los proyectos de ley que hoy debatimos.
Ya indicamos en su día, en la intervención de nuestro grupo sobre la convalidación de los dos reales decretos, que en los dos proyectos de ley existían claros pero también muchas sombras, desde nuestro punto de vista. Nos referíamos fundamentalmente a los intereses autonómicos, considerados en sentido amplio, y en eso tengo que decir, señorías, que podemos coincidir con la propuesta que presenta en su texto alternativo el Grupo de Izquierda Unida.
La posición de nuestro grupo, el Grupo Vasco, es ya muy conocida en esta Cámara, porque la reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores posibilitó que los acuerdos interprofesionales autonómicos pudieran prevalecer sobre los de ámbito superior. Este proyecto de ley supone, desde nuestro punto de vista, e insistimos en ello, porque ya lo dijimos en su día, una modificación encubierta del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Nuestro grupo entiende, señorías, que este proyecto de ley rompe con lo establecido en ese artículo y que intenta limitar la reforma que se inició en 1994, a través de una potenciación de la negociación colectiva sectorial de carácter estatal que carece, desde nuestro punto de vista, de todo sentido.
En el debate con ocasión de los reales decretos leyes indicamos también que no es lógico decir que en una serie de materias, por ejemplo en los contratos formativos, por circunstancias de mercado o por acumulación de tareas, se dé por ley una prevalencia a lo establecido en los convenios de ámbito estatal sobre lo que pueda decidir la negociación colectiva de ámbito territorial inferior. Nos parece que es más razonable y que se ajusta más a las necesidades productivas y a la propia realidad de la negociación colectiva lo establecido respecto a los contratos por obra o servicio, en los que no existe, como conocen perfectamente sus señorías, tal prevalencia.
El Grupo Parlamentario Vasco es consciente de que de estas reformas se puede esperar efectos evidentes. Por una parte, hacer más flexible la organización interna del trabajo, moderar la dualidad y discriminación entre trabajos fijos y temporales, y facilitar la adaptación de las empresas al ciclo.
Uno de los aspectos centrales se destina, creemos nosotros, a frenar el alto grado de temporalidad y de rotación que ha presentado, y sigue presentando, aunque ha habido algunas correciones, la contratación laboral, para ser sustituido por un mayor grado de estabilidad y permanencia en el trabajo. Parece, señorías, que algún éxito ha tenido ya esta reforma, aunque sea pequeño --ya lo indicaba también con números el portavoz de Izquierda Unida--, en cuanto a la reducción de la temporalidad derivada del nuevo tipo de contrato indefinido. No debemos olvidar que lo que puede garantizar que un empleo sea estable es la situación de la competitividad de las empresas.
El Grupo Parlamentario Vasco, señorías, convalidó los dos reales decretos-ley que hoy debatimos en proyecto de ley y ha presentado enmiendas parciales a los dos proyectos, enmiendas que esperamos que sean atendidas en el siguiente trámite parlamentario. Ya apuntamos en su día que el Grupo Vasco apuesta por la contratación indefinida, por la inserción laboral de los jóvenes y por la inserción laboral de las personas que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo, de las menos favorecidas y que tienen menos oportunidades.
Hoy nuestra sociedad vive una nueva realidad y por eso es necesario que los agentes sociales continúen el diálogo que comenzaron en el año 1994, pero sin exclusiones, señorías. Hay que incorporar a los sindicatos, que son mayoritarios en algunas comunidades autónomas y que no han tenido oportunidad de dar su opinión en este debate. Quedan muchos temas por debatir en una situación cambiante día a día. Hay un campo importante a explotar --ya lo apuntaba el portavoz de Izquierda Unida--, los servicios de proximidad, y esta nueva realidad que vive nuestra sociedad exige medidas realistas y posibles. Nosotros, con todo respeto, señores de Izquierda Unida, no las hemos encontrado en el texto que ustedes presentan y por ello esperamos que en el siguiente trámite parlamentario sean tenidas en cuenta las enmiendas que ha presentado ya el Grupo Vasco.
Ahora repito que nos vamos a oponer a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Antes de terminar, quiero hacer una referencia al proyecto de ley sobre incentivos, porque ya decíamos en la intervención sobre la convalidación de los reales decretos-ley, que no contiene la habitual norma que debe existir en toda disposición que afecta a materias o tributos sobre los que el País Vasco o los territorios históricos de la comunidad autónoma vasca tienen atribuidas competencias normativas. Esperemos que

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este vacío se supere o se llene en el siguiente trámite parlamentario, atendiendo las enmiendas que ha presentado el Grupo Vasco, pero repito que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad a este proyecto de ley.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente. Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en estas dos enmiendas a la totalidad.
Es evidente que nuestra posición no va a ser ninguna sorpresa. El debate de este mediodía es bastante repetitivo del que ya hubo en el Pleno de la Cámara, cuando se convalidaron los dos reales decretos, y en las comparecencias de los agentes sociales y del propio ministro en la Comisión de Política Social. Por tanto, anuncio ya nuestro voto contrario a estas dos enmiendas, en concordancia con aquella posición. Ya entonces expresamos nuestra confianza en la negociación colectiva como mecanismo para la creación de empleo y es evidente que esta reforma refuerza la negociación colectiva.
Entendíamos que en este proceso los agentes sociales habían de jugar un papel central y es evidente que en la reforma laboral lo han jugado.
Mostrábamos nuestra confianza en que un clima positivo en la política, en la economía, y una actitud activa del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas nos llevarían a la creación de empleo. Hoy, escasos meses después de la puesta en marcha de estas medidas, es evidente que el balance ha de ser necesariamente positivo. Las cifras nos indican que existe una tendencia positiva, seguramente ya iniciada antes de la puesta en marcha de la reforma pero que hoy se consolida en los dos grandes objetivos que pretendíamos abordar, no tan sólo a través de estos proyectos de ley, sino incluso en la acción política y económica en su globalidad, que es la creación de empleo y la estabilidad en este propio empleo. Si me permiten, desde una perspectiva nacional catalana, es evidente que en Cataluña esta reforma está teniendo efectos especialmente positivos. La tasa de paro en Cataluña se sitúa muy poco por encima del 8 por ciento y de ello nos podemos sentir satisfechos.
Decíamos asimismo que la reforma no era la poción mágica que iba a resolver todos los problemas sobre la creación de empleo. Es evidente que existe la necesidad de un debate, un debate social y político sobre muchas cosas: sobre la organización del tiempo de trabajo, sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la creación o en la desaparición de empleo, en el desarrollo de los nuevos yacimientos de trabajo. En definitiva, un debate que, siendo necesario que se produzca, seguramente la mejor manera de producirlo no es a través de esta iniciativa que hoy nos propone Izquierda Unida.
Es necesario también un seguimiento de las experiencias que están teniendo otros Estados europeos en esta materia. Esta misma semana, en la subcomisión de juventud, de la Comisión de Política Social y Empleo, el señor Pimentel mostraba su posición abierta a algunos elementos de la experiencia francesa, el plan recientemente aprobado por el Parlamento francés. Y es evidente que debemos insistir en el compromiso social para continuar entendiendo que el diálogo entre los agentes sociales es aquello que nos garantiza unas políticas de empleo eficaces. Por tanto, ese acuerdo a que se ha llegado deberá tener otro desarrollo. Hoy también en Cataluña las principales centrales sindicales han planteado a las asociaciones patronales la necesidad de desarrollar en ese marco este acuerdo. Esa es la vía que debemos apoyar.
Debemos continuar exigiendo que el Gobierno, y no tan sólo el Gobierno, sino también las otras administraciones públicas --el próximo año la Generalitat de Cataluña va a gestionar las políticas activas, creo que también Galicia, y es voluntad del Gobierno del Estado que lo asuman otras comunidades-- se comprometa activamente en la creación de empleo.
Finalmente, deberá existir una política económica del conjunto del Estado en coherencia con la ya iniciada en 1993, que va a ser la que nos va a permitir superar los problemas.
Vamos a tener oportunidad de continuar planteando estas cuestiones.
Dentro de próximas semanas vamos a tener una comparecencia del señor Pimentel en la Comisión de Política Social para debatir el plan plurianual de empleo y vamos a tener las discusiones presupuestarias para conocer los nuevos posicionamientos del Gobierno en relación a las políticas activas. Ahí creo que va a ser importante plantear alguna de las cuestiones que en este debate han podido salir. Pero entendemos que el tempo, la oportunidad y la letra que nos plantea Izquierda Unida no es asumible por nuestro grupo. Seguramente ustedes y nosotros defendemos modelos de sociedad profundamente diferentes e intuyo que incluso podemos defender maneras diferentes de llegar a los mismos objetivos, pero, desde esta discrepancia amistosa, evidentemente le anunciamos nuestro voto contrario.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Griñán. Señor Griñán, le rogaría que fijase su posición desde el escaño, desde donde han fijado la posición todos los portavoces de todos los grupos.


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El señor GRIÑAN MARTINEZ: El tiempo será el mismo. (El señor Griñán Martínez ocupa la tribuna de oradores.) Gracias, señor presidente.
Tenemos esta mañana una cierta sensación de que este es un debate que ya hemos hecho; lo hicimos a finales de primavera, lo repetimos ahora a finales de verano. Son los mismos tiempos, somos los mismos portavoces y, por tanto, forzosamente no podemos pretender originalidad, porque eso iría en detrimento de la coherencia. Repitamos los argumentos, y lo primero que tengo que decir es que el Grupo Socialista está a favor de los proyectos de ley que hoy se presentan y, por tanto, va a votar en contra de las enmiendas de Izquierda Unida, de las enmiendas a la totalidad. La razón fundamental de nuestro acuerdo es porque creemos que la fuente fundamental de las relaciones laborales tiene que ser la autonomía de las partes. Entendemos que, siendo empresarios y sindicatos los protagonistas y los que toman las decisiones más relevantes de cara al empleo, suya debe ser también la responsabilidad preferente a la hora de organizar sus reglas de juego. La virtud del acuerdo mismo yo creo que deroga otros posibles inconvenientes (o por lo menos los minimiza) que pueda tener este acuerdo.
Es verdad que todos tenemos un modelo teórico de relaciones laborales, pero también, señor Vaquero, deberemos convenir que ninguno podemos pretender tener la verdad absoluta sobre estos modelos y, siendo así, desde este escepticismo, permítame decirle que concedamos a los agentes sociales el derecho preferente a equivocarse. Dejemos que primero sean ellos los que intenten regular su reglas del juego, porque de la autorregulación se seguirán, seguro, mejores condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo.
Pero no solamente estamos en contra de la enmienda de Izquierda Unida porque estemos a favor del texto del proyecto de ley, sino porque también, permítame que se lo diga, estamos en contra del texto que ha presentado alternativamente Izquierda Unida, porque entendemos que es un texto que está lejos de la realidad, de la realidad del mercado de trabajo, y porque, de ponerse en vigor, pensamos que se alejaría de la senda de la creación de empleo. El texto alternativo no apuesta por el empleo, sino por un modelo teórico que tengo la impresión de que se aplicaría cada vez más a cada vez menos trabajadores, porque se produciría un deterioro de la ocupación. Permítame que le recuerde un solo detalle que tiene el texto alternativo: ustedes, cuando regulan el despido improcedente, le conceden al trabajador la facultad de optar entre la readmisión a su puesto de trabajo o una indemnización, pero en caso de que el trabajador no ejercitara esa opción porque se le pasara el plazo, pongamos por caso, entonces es el legislador, es decir, ustedes, señores de Izquierda Unida, los que eligen la opción, y la opción no es el puesto de trabajo, ustedes eligen la indemnización. Les interesa más el derecho a la indemnización que el derecho al puesto de trabajo. Así no se puede conseguir que las reglas del mercado de trabajo creen un mayor empleo. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esa primera enmienda a la totalidad y también lo vamos a hacer de la segunda, si bien quiero decirle que si en el primer caso no hemos presentado ni vamos a apoyar la enmienda a la totalidad, ni vamos a presentar tampoco enmiendas parciales, porque podríamos alterar lo que es el equilibrio conseguido en el pacto entre los agentes sociales, en el segundo proyecto de ley sí presentaremos enmiendas, porque el no apoyo a la enmienda a la totalidad no significa en este caso que estemos totalmente de acuerdo con el proyecto de ley. Lo digo previamente para que no se produzca el alboroto que recientemente se ha producido con la Ley de Pensiones. No votar una enmienda a la totalidad, no presentar una enmienda a la totalidad, no significa que estemos de acuerdo con todo el contenido del proyecto de ley. Presentaremos enmiendas para corregir aquello que creemos que se puede mejorar.
No vamos a apoyar tampoco el proyecto de Izquierda Unida porque no nos gusta el texto alternativo, señor Vaquero. Hacer que todos los contratos temporales tengan un sobrecargo en las cotizaciones a la Seguridad Social nos parece, se lo digo sinceramente, perjudicial para el empleo y que destruye la competitividad de sectores de nuestra economía, porque no distinguen ustedes entre temporales causales y no causales, y haciéndolo así consideramos que, por ejemplo, el sector de la construcción sería un sector que perdería en nuestro país su potencial de capacidad competitiva. No tiene ningún sentido gravar todo contrato temporal y no distinguir en este gravamen el contrato temporal que es causal de aquel que no tiene ninguna causa para ser temporal.
Pero no vamos a apoyarle porque contiene además otra serie de cuestiones de favorecimiento de las pequeñas empresas, y luego resulta que lo que se les da con una mano en desgravación fiscal se les quita con la otra en fondos de inversión obligatoria. Por lo tanto, no conceden a los pequeñísimos empresarios ningún aliciente para crear empleo.
Tampoco vamos a dar apoyo total al proyecto. Nuestras enmiendas van a tratar de favorecer aquellos aspectos que tienden a estabilizar realmente el empleo, es decir, a consolidar el empleo estable aun después de que ya no se beneficien de bonificaciones en la Seguridad Social, a impedir el efecto sustitución y a favorecer con bonificaciones sociales los salarios de más baja productividad y salarios y rentas más bajos.
También les digo, para terminar, que no creemos que sea suficiente esta medida para que el mercado de trabajo o, mejor dicho, el crecimiento entre en la senda de la creación de empleo. Dicho de otra manera, se necesitarán más medidas para que el crecimiento económico se traduzca en una mayor creación de empleo.


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Ustedes se dieron mucha prisa en criticar el plan de empleo del gobierno francés que recientemente se ha presentado. Su argumento formal para rechazarlo fue muy sencillo. Dijeron: el empleo debe crearse fundamentalmente en el sector privado y por los empresarios, argumento en todo caso equívoco, porque nos obligaría a determinar qué se entiende por empleo privado y qué se entiende por empleo público. Le pongo un caso. Un maestro trabaja en una escuela pública y eso es inexorablemente empleo público. Un profesor trabaja en una empresa privada de enseñanza que recibe subvenciones. ¿Eso es empleo público o empleo privado? Una enfermera trabaja en un hospital público. Es empleo público. Una enfermera trabaja en una clínica privada que está concertada con la Seguridad Social. ¿Eso es empleo público o empleo privado? Es un debate en el que tendríamos que profundizar, porque no se puede decir simplemente que el empleo tiene que crearse en el sector privado.
Lo que pretende decirnos su filosofía es que todo lo que favorece a los empresarios es bueno para el empleo, y no es así. Todo lo que favorece a los empresarios es bueno para los beneficios empresariales, pero no necesariamente para la creación de empleo. Debe ser la política del Gobierno la que se oriente a aumentar no el volumen de beneficios de las empresas sino el de sus plantillas. Por lo tanto, tienen que ser medidas dirigidas a la creación efectiva de empleo, no al beneficio concreto de las empresas, porque lo único que produce eso es el ensanchamiento de la desigualdad social. Sin embargo, ustedes, después de rechazar el plan de empleo francés, han tenido algo así como el síndrome Jospin, e inmediatamente han querido convertir una obligación comunitaria de dar cuenta en un plan plurianual de medidas de empleo en una especie de programa nuestro de empleo, al que, les digo la verdad, le faltaba prácticamente casi toda la enjundia, la enjundia sobre todo presupuestaria, porque en definitiva ese programa lo único que contenía eran los fondos que provienen de los fondos de cohesión de la Unión Europea; fondos de cohesión que les recuerdo se duplicaron en Edimburgo gracias al esfuerzo del Gobierno anterior. Ese es el soporte fundamental y presupuestario del plan de empleo que ustedes han presentado.
Yo, señores del Gobierno, quisiera decirles algo. Hoy corren vientos en Europa que parece que son peligrosos para los intereses de nuestro país.
Hay un intento, nada disimulado, bastante claro y manifiesto, de volverse atrás del compromiso de Edimburgo que con tanto esfuerzo se consiguió hace años. Desde aquí yo les pido, sencillamente, señores del Gobierno, que pongan todo su esfuerzo en impedir que se consume este retroceso; luchen por defender los fondos de cohesión, luchen por mantener los fondos estructurales, y les aseguro que en su esfuerzo no oirán jamás de nuestra boca la acusación de que con sus reivindicaciones están siendo ustedes pedigüeños.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas de totalidad de textos alternativos que se han debatido a los dos proyectos de ley.
Votamos, en primer lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 19; en contra, 286; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida.
Votación sobre la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 20; en contra, 290.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda también rechazada la enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y quince minutos de la tarde.

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