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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 135, de 17/02/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 135

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 130

celebrada el martes, 17 de febrero de 1998

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre despenalización de la eutanasia. (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 146.1, de 9 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000127) (Página 7061)

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida Castro y Sr. Saura Laporta), sobre disponibilidad de la propia vida. (Orgánica). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 143.1, de 26 de enero de 1998 (número de expediente 122/000124) (Página 7061)

--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se derogan los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal y se modifica el régimen de infracciones y sanciones en materia de Objeción de Conciencia y del Servicio Militar.
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 136.1, de 19 de diciembre de 1997. (Corrección de error en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 136.2, de 2 de enero de 1998) (número de expediente 122/000117) (Página 7073)

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--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos. (Orgánica). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 151.1, de 13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000132) (Página 7073)

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Vázquez Vázquez y Rodríguez Sánchez), sobre modificación de algunos artículos del Código Penal que castigan el delito de insumisión. (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 140.1, de 26 de enero de 1998 (número de expediente 122/000119) (Página 7073)

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sras. Almeida Castro y Rivadulla Gracia), sobre despenalización de los denominados «delitos de insumisión». (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 153.1, de 13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000134) (Página 7073)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la denuncia del Convenio entre España y Estados Unidos de 1998 sobre Cooperación para la Defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e impulso en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 24, de 14 de junio de 1996 (número de expediente 162/000033) (Página 7085)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 227, de 30 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000192) (Página 7092)

--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 227, de 30 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000194) (Página 7092)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la situación de Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre del día 13 de enero de 1998 (número de expediente 173/000060) (Página 7103)

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre extensión de la peste porcina en España durante 1997-98 y sus repercusiones en la economía del sector ganadero e industrial en nuestro país (número de expediente 173/000061) (Página 7109)

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación actual de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva (número de expediente 173/000062) (Página 7115)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7061)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre despenalización de la eutanasia. (Orgánica) (Página 7061)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Almeida Castro y señor Saura Laporta), sobre disponibilidad de la propia vida.(Orgánica) (Página 7073)

En defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre despenalización de la eutanasia interviene el señor Castellano Cardalliaguet. Considera que este es un tema pendiente desde la aprobación del vigente Código Penal que se debe abordar desde dos conceptos

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ineludiblemente unidos a la democracia: el derecho a una vida digna y el derecho a la libertad. Se trata en suma del cumplimiento de la Constitución que, al hablar de una vida digna y de la integridad física y moral, añade que nadie puede estar sometido a ninguna clase de torturas, vejaciones o humillaciones que nazcan objetivamente del hecho de estar en una situación incurable, del hecho de estar en una situación en la que se ha perdido uno de los elementos fundamentales de la vida que es la esperanza. Sin embargo, también resalta el hecho de que a nadie se le impone la eutanasia, ni siquiera se le aconseja, sólo se trata de proteger el ejercicio de la libertad del ser humano, defendiéndose de la manipulación de otros que quieren imponer su moral o su concepto de la vida. Encuentra paradójico que la sociedad admita ya el suicidio y no permita que una persona pueda poner fin a su sufrimiento o prohiba la ayuda que le puedan prestar otros.
A continuación expone los dos supuestos de despenalización que se contemplan en su proposición de ley: en primer lugar, el de quien, perdida toda esperanza racional, solicita ayuda para morir, sin que ésta sea considerada como colaboración al suicidio; y en segundo lugar, el de los allegados que decidan libremente adelantar la muerte de la persona que está sufriendo sin esperanza. Solicita respeto a las ideas propias y ajenas en el debate que, sin duda, se va a producir a continuación, y termina con una cita del Tribunal Constitucional que dice: La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás.
En defensa de la proposición de ley sobre la disponibilidad de la propia vida, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Alcaraz Ramos, de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Considera que este tema requiere una cierta reflexión antropológica que lleva al terreno ignoto y siempre terrible de la muerte. Añade que sería deseable que los grupos parlamentarios dejaran libertad de conciencia a sus diputados y que así se transmitiera a los ciudadanos. Añade que en el suceso reciente del señor Sampedro no conmueve tanto la muerte como una vida que, más allá de las fronteras del dolor, se convirtió en una lúcida reflexión sobre la dignidad y la libertad.
A continuación centra su intervención en las tres ideas fundamentales que se deberían combinar, según su proposición de ley, para dar solución al problema. En primer lugar, dilucidar un terreno posible de consenso ético; en segundo lugar, analizar la capacidad normativa del Estado, y en tercer lugar, definir una propuesta jurídica que no tenga más límites que los de cualquier norma, la propia Constitución.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre despenalización de la eutanasia, se rechaza por 25 votos a favor, 288 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por la señora Almeida Castro y el señor Saura Laporta, sobre disponibilidad de la propia vida, se rechaza por 24 votos a favor, 289 en contra y cinco abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se derogan los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal y se modifica el régimen de infracciones y sanciones en materia de objeción de conciencia y del servicio militar. (Orgánica) (Página 7073)

De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos. (Orgánica) (Página 7073)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Vázquez Vázquez y Rodríguez Sánchez), sobre modificación de algunos artículos del Código Penal que castigan el delito de insumisión. (Orgánica) (Página 7073)

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Del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Almeida Castro y Rivadulla Gracia), sobre despenalización de los denominados «delitos de insumisión». (Orgánica) (Página 7073)

En primer lugar, el señor Moya Milanés defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la despenalización de los delitos de insumisión y a su sutitución por sanciones administrativas, por entender que es necesario adecuar la legislación vigente a la realidad social y porque el bien jurídico a proteger, que es la seguridad en la defensa, ha cambiado en los últimos años, puesto que se va hacia una profesionalización de las Fuerzas Armadas. Añade que la proposición de ley que hoy someten a la consideración de la Cámara va en la línea de crear un sistema alternativo de sanciones administrativas que sirva de efecto disuasorio para el cumplimiento de una obligación legal, pero sin el carácter punitivo actual. Si se despenalizara la insumisión simplemente, sin ningún tipo de sanción, se crearía un vacio legal durante el periodo transitorio y se estaría incitando a un incumplimiento legal.
A continuación fija la posición del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación a las otras iniciativas. Muestra su alegría porque su proposición haya motivado una cascada de iniciativas similares, pero encuentra esta manera de hacer política un tanto oportunista y deja constancia de que el Grupo Socialista ha sido el pionero en este debate, independientemente de cual sea el resultado final de las votaciones.
En segundo lugar, el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la proposición de ley orgánica, presentada conjuntamente con los grupos parlamentarios de Convergència i Unión y Coalición Canaria, que pretende modificar algunos aspectos del régimen sancionador aplicable a los denominados delitos por insumisión. Asimismo fija posición respecto de las otras proposiciones de ley que abordan los mismos supuestos desde ópticas diferentes y adelanta su voto negativo, bien por no ser acordes con los principios rectores del ordenamiento jurídico o bien porque no amparan suficientemente el valor constitucional de la defensa, que es el bien jurídico que se trata de defender.
También en defensa de esta proposición de ley intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A continuación interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) para defender la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por él mismo y por el señor Rodríguez Sánchez. El Bloque Nacionalista Galego pretende que el Congreso de los Diputados aborde la discusión de la necesaria reforma del Código Penal en lo que se refiere a delitos contra el deber del cumplimiento del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria y, en consecuencia, que se adapte la ley a la realidad actual. Por otra parte, anuncia su voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, también del Grupo Parlamentario Mixto, absteniéndose en el resto.
La señora Rivadulla Gracia defiende la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto. En ella se solicita la derogación de los artículos 527, 528 y 604 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con objeto de suprimir la penalización de esas conductas denominadas de insumisión por considerar que el ordenamiento jurídico entra en colisión directa con la libertad de conciencia. A continuación pide el voto favorable a su proposición de ley y anuncia su abstención en relación con todas las otras iniciativas.
Asimismo defiende esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto y fija su posición en relación con las otras la señora Lasagabaster Olazábal.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación en primer lugar la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 129 votos a favor, 170 en contra y 24 abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la iniciativa de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, se aprueba por 165 votos a favor, 135 en contra y 23 abstenciones.
Sometida a votación en tercer lugar la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por los señores Vázquez Vázquez y Rodríguez Sánchez, se rechaza por 26 votos a favor, 166 en contra y 132 abstenciones.
Sometida a votación finalmente la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por las señoras

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Almeida Castro y Rivadulla Gracia, se rechaza por 27 votos a favor, 166 en contra y 131 abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 7085)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la denuncia del convenio entre España y Estados Unidos de 1998 sobre cooperación para la defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e impulso en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia (Página 7085)

Interviene, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Meyer Pleite para defender su proposición no de ley que viene en un momento muy oportuno como es el debate sobre la posible utilización de la base de Morón por los Estados Unidos para bombardear Irak y sobre un modelo de seguridad que su grupo considera caduco. Su modelo de seguridad mundial es totalmente contrario al implantado por Estados Unidos y más acorde con la realidad, que ha dejado atrás los dos bloques antagónicos que surgieron a raiz del Pacto de Varsovia. Entiende que una posición estratégica como la que tiene España hacia el Mediterráneo y hacia Africa debería ir acompañada de una política de defensa totalmente diferente a la que se está planteando; debería tender a la desnuclearización del mundo, a no provocar, a no amenazar, a lograr que desaparecieran todas las alianzas militates, a desestimular el rearme, a reducir al mínimo el papel de los Estados Unidos en la seguridad del mundo y a apostar por un período de transición que hiciera imposible la aventura que se puede vivir proximamente en Irak.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla Gracia y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); De Puig i Olivé, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 21 votos a favor, 298 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales (Página 7092)

Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres (Página 7092)

En el debate conjunto de las dos proposiciones no de ley interviene, en primer lugar, la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Denuncia que los malos tratos a mujeres han sido considerados historicamente más como un problema que como un delito y reclama respuestas justas y equitativas del sistema judicial, penal y procesal. Se ha de transmitir el mensaje claro de que la sociedad condena la violencia contra las mujeres y el principio fundamental debe ser el derecho de las mujeres a ser protegidas. Proponen en su iniciativa que, buscando el mayor de los acuerdos posibles, y previo estudio, se elabore un informe relativo a la legislación actual, con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de la mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso interviene la señora Fernández de la Vega Sanz, que manifiesta que la violencia contra las mujeres es un fenómeno social que no tiene fronteras, que afecta a un gran colectivo de la población y que, sin duda, tiene graves consecuencias trágicas para la vida y la seguridad de las personas y pone la convivencia en peligro. Este tipo de violencia no surge por casualidad y no tiene las mismas raíces y causas que otros tipos de violencia; la violencia contra las mujeres tiene que ver con su situación social e histórica y persiste en nuestras sociedades como consecuencia del mantenimiento de una sociedad patriarcal que ha hecho durante siglos de lo masculino valor preponderante y de lo femenino valor subordinado.


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Para terminar se refiere a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y fija su posición en relación con algunos temas propuestos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar algunas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios distintos a los proponentes, intervienen las señoras Sainz García y Fernández de la Vega Sanz.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 321 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 317 votos a favor y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7103)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la situación de Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre del día 13 de enero de 1998 (Página 7103)

Presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente, el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Expone, como ya hizo en la interpelación urgente, la grave situación en materia socioeconómica y en infraestructuras que se sufre en la comarca de Ferrol Terra y que se puso de manifiesto a partir del desastre del día 13 de enero. Solicita una serie de actuaciones necesarias ahora mismo y otras que son ineludibles después del mes de mayo, una vez que se cumpla el compromiso del Gobierno de reconstruir el puente tal y como estaba en una primera fase de la obra. Considera que la moción es muy limitada en sus aspiraciones, pero muy realista y sólo hace falta voluntad para cumplirla. Aboga por que se establezca un sistema de ayudas en el sector marisquero y en la industria derivada y por que se resuelvan deficiencias estructurales graves.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta moción intervienen los señores Borreiros Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 312 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre extensión de la peste porcina en España durante 1997-1998 y sus repercusiones en la economía del sector ganadero e industrial en nuestro país (Página 7109)

La señora Cunillera i Mestres presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre la extensión del brote de peste porcina y las repercusiones que estos brotes del año pasado y parte del actual han tenido en la industria y en la economía del país. En primer lugar, solicita que no se trate por igual a los importadores que hayan actuado incorrectamente y a los ganaderos que, por el contrario, han sido los más directamente afectatos por esa forma de actuar. También solicita que se explique por parte del Ministerio cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo ante la Unión Europea en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Agricultura.
A continuación, centra su moción en dos grandes cuestiones que, a su entender, están pendientes y reciben un tratamiento poco eficaz del Ministerio, como son el enfoque de la sanidad animal en general y las partidas presupuestarias habilitadas para hacer frente a una contingencia como la de la peste, no contemplada en las leyes presupuestarias del año pasado ni en las del presente.
En defensa de la enmienda presentada a esta moción, interviene la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario

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de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, interviene la señora Cunillera i Mestres.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 136 votos a favor, 158 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación actual de la reforma de la organización común de mercado (OCM) del aceite de oliva (Página 7115)

El señor Centella Gómez presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, recordando los dos objetivos fundamentales: provocar una discusión serena y lo más clara posible sobre la situación actual de la reforma de la OCM del aceite de oliva y alcanzar hoy, en la moción, un acuerdo unánime del Parlamento español que se convierta en un instrumento importante en la defensa del aceite de oliva. En definitiva, se trata de afirmar el apoyo de la Cámara al acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo y de instar al Gobierno a que haga patente ese apoyo ante la Comisión Europea y ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Asimismo la moción pretende respaldar las decisiones que de forma unánime ha tomado y tomará la Mesa nacional en defensa del aceite de oliva. Añade que, de ser aprobada, esta moción recogería el anhelo del sector del olivar y de la sociedad española en general, que saludó como un gran éxito español el acuerdo del Parlamento Europeo, alcanzado gracias al informe del eurodiputado Salvador Jové y al esfuerzo de todos los eurodiputados españoles que supieron estar a la altura de las circunstancias en aquel momento. Considera que lo más importante en esta moción es la unidad, que es la que le dará fuerza ante la Unión Europea, y no entendería que no se pudiera conseguir por consideraciones meramente partidistas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pliego Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Centella Gómez.
Sometido a votación el punto primero, apartados a) y b) de la moción, se aprueba por 280 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el punto segundo, se aprueba por 165 votos a favor, 113 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE DESPENALIZACION DE LA EUTANASIA. (ORGANICA) (Número de expediente 122/000127)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ALMEIDA CASTRO Y SEÑOR SAURA LAPORTA), SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA. (ORGANICA) (Número de expediente 122/000124)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Quiero llamar la atención de SS. SS. (Rumores.), incluso de aquellos que no la prestan, sobre la extensión del orden del día que está previsto para la tarde de hoy, para la tarde-noche, me temo. En consecuencia, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, prevengo a los intervinientes que la Presidencia va a ser inflexible en la aplicación de los tiempos, de forma que no se perjudiquen las propias iniciativas, ni las ajenas, y que puedan debatirse, en tiempo razonable, para su eficaz defensa y adecuada transmisión.
Para empezar, hay dos iniciativas que se van a tramitar acumuladamente, relativas a materia de naturaleza

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análoga, la primera del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y la segunda del Grupo Mixto, señora Almeida y señor Saura, sobre despenalización de la eutanasia, la de Izquierda Unida, y disponibilidad de la propia vida, la del Grupo Mixto.
Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Izquierda Unida, señor Castellano, para la defensa de su proposición de ley.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
No creo que constituya ninguna sorpresa el que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida reintroduzca el debate de un tema que, cuando fue objeto de aprobación el vigente Código Penal, quedó perfectamente claro que no nos producía ninguna satisfacción en cuanto a su desprecio o, por lo menos, en cuanto a su falta de consideración. Se trata, en suma, de la despenalización de la eutanasia; se trata, en suma, del reconocimiento del derecho a la disposición sobre la propia existencia de cualquier ser humano.
Reiniciamos un debate que últimamente ha producido en nuestra sociedad una cierta convulsión, al observar de una forma absolutamente tangible a qué supuestos puede llevar el que se ignore la realidad en la que vivimos, debate que, además, queremos dejarlo muy claro, se inició precisamente cuando este país recuperó la democracia, porque es un debate en el que, lógicamente, vamos a hablar de dos conceptos ineludiblemente unidos a la democracia: el derecho a una vida digna y el derecho a la libertad.
No nos gusta, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, hablar del derecho a una muerte digna; al contrario, nos gusta hablar del derecho a una vida digna, del derecho a una vida auténticamente humana, del derecho a una vida consciente, no a una vida latente, paciente o vegetal, del derecho a una vida en la que el disfrute de ese bien inestimable, que por el destino o por la providencia, como ustedes quieran, se pone en nuestras manos, no pueda depender del capricho de nadie ni ser objeto de manipulación. Vamos a hablar de la libertad que tenemos que reconocer a todo ser humano para algo tan importante como es dejar de sufrir, para algo tan importante como es acabar con esa tortura física o psíquica en la que por unas desgraciadas circunstancias se ve inmerso. Vamos a hablar, en suma, del cumplimiento de nuestra Constitución, que al hablar de una vida digna y de la integridad física y moral añade que nadie puede estar sometido a ninguna clase de torturas, ni siquiera a las torturas, vejaciones o humillaciones que nazcan objetivamente del hecho de estar en una situación incurable, del hecho de estar en una situación en la que se ha perdido uno de los elementos fundamentales de la vida, que es la esperanza. Vamos a hablar, pura y sencillamente, del derecho a dejar de estar inerme e inerte. Asómense SS. SS. al Diccionario de la Lengua Española y verán qué significan estas dos expresiones. Inerte: inútil, estéril, inactivo, ineficaz. Inerme: sin arma alguna con la que poder defender ni más ni menos que la propia existencia, arrastrando una vida que podríamos llamar de carácter vegetativo, en la que faltan los elementos fundamentales para poder hablar de una vida en dignidad.
Cuando un ciudadano llega al no ser, llega a esa diferencia que hemos hecho siempre entre el ser y el estar, lógicamente volcando nuestra intención en el ser, tiene perfecto derecho y es el único juez que puede administrar si conviene o no a su propio destino el poner fin a esa situación de sufrimiento, de vejación o de tortura, el poner fin a una falta de integridad física, a una falta de integridad moral.
Interesa recalcar a nuestro grupo parlamentario, porque este tema se presta a toda clase de manipulaciones, que a nadie se le impone la eutanasia, ni siquiera se le aconseja. Lo que se reconoce es que en la realidad diaria hay seres a los cuales la desgracia les conduce a situaciones absolutamente irreversibles y tienen perfecto derecho, si son conscientes, de forma sincera y eficaz, a poder decidir si quieren seguir sufriendo, a poder decidir si el dolor para ellos es gratificante o si, por el contrario, les puede conducir cada día más a una actitud de pérdida de su propia estima y de pérdida de su propio respeto.
Estamos hablando, en suma, del ejercicio de la libertad del ser humano. Y en el ejercicio de la libertad del ser humano éste tiene el derecho a defenderse de la manipulación de otros, tiene el derecho a defenderse de los que le quieren imponer su moral o su concepto de vida, tiene perfecto derecho a defenderse para que, cuando llega ese momento de final de una existencia, el recuerdo que pueda quedar no sea el recuerdo de personas atormentadas en el dolor, de personas que se desesperan y, en alguna medida, se rebelan contra el destino, sino el derecho a que ese tránsito se produzca de la forma menos vejatoria y más digna posible.
Cuando ya nada se puede esperar racionalmente de la ciencia y cuando nada se puede esperar ya de uno mismo, porque uno ha perdido la esperanza, es fundamental que estas actitudes no sean objeto de penalización, sino, bien al contrario, sean objeto de comprensión, sean objeto de auténtica solidaridad.
Por ello, señor presidente, nos llama enormemente la atención el que los que invocan un derecho a la vida apoyándose en conceptos religiosos sean absolutamente insensibles al dolor y al sufrimiento físico y psíquico, al propio y al ajeno, sean absolutamente insensibles a algo tan importante como es la responsabilidad de cada uno mismo con cada uno de nosotros.
Tenemos derecho a sentirnos, tenemos derecho a vivir, y si eso no se puede producir en las condiciones adecuadas, tenemos perfecto derecho a poner fin a esa situación de la forma más razonable y menos cruenta posible. Es paradójico que nuestra sociedad admita el suicidio, que en una época estuvo hasta sancionado

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penalmente, y no admita que cuando las condiciones de vida son las que mejor podían aconsejar esa solución final, sea cuando le negamos la ayuda a quien quiere poner fin a una situación de sufrimiento, o prohibimos a aquellos que sufren de la situación, los más allegados, el que puedan recabar la correspondiente asistencia para que, efectivamente, dejemos y abandonemos la ficción de algo que ya no es vida, algo que no merece tal consideración.
No puede haber nadie que, en virtud de ningún precepto, nos imponga el vivir sufriendo, nos obligue a creer en los milagros, nos obligue a esperar sin esperanza o crea que vamos a encontrar en el sufrimiento un sufrimiento redentor. No puede haber nadie, cuando le negamos incluso al Estado el derecho a disponer de la vida ajena, que sobre el derecho a disponer de nuestra propia vida nos quiera administrar la libertad y nos quiera administrar la existencia. Dejémonos de tutelas y dejémonos de mal pretendidas compasiones que ocultan detrás de ello un intento de imponer la moral o de imponer el pensamiento ajeno y, por favor, si ha llegado el momento en que uno decide poner fin a su vida, que sea su hora, no la hora que otros deciden, que sea la hora en que él ha querido lógicamente poner fin a ella.
Son dos supuestos los que tiene que contemplar la despenalización en este proyecto de ley: el de quien pensando que no le merece más la pena continuar adelante, perdida toda esperanza, racional y razonablemente solicita ayuda, y quien se la presta no está cometiendo ninguna colaboración con ningún suicidio, no está, en modo alguno, lesionando ningún derecho protegible que no sea el de la propia vida de quien quiere disponer de ella. El otro supuesto, señor presidente, es el de aquellos que ya ni siquiera tienen ocasión de poder pronunciarse, en un estado de coma irreversible, con pérdida absoluta de toda clase de facultades, de conciencia y de posibilidad de manifestación de ninguna clase de sensibilidades, que tienen que tener derecho a que sus allegados, o quienes con él están sufriendo esa situación, puedan tranquilamente hacer algo tan elemental como es adelantar lo que naturalmente va a acabar produciéndose.
En esta discusión, señor presidente, se van a decir cosas muy curiosas.
Se va a producir incluso hasta --¿por qué no?-- una agresión diplomática. Yo trato de evitarla por el buen nombre del país, porque como ya he tenido discusiones similares cuando esto ha salido a relucir, no sé qué nos ha hecho el pobre pueblo flamenco que, por si fuera poco el haberle enviado al duque de Alba, ahora le consideramos un pueblo de asesinos sencillamente porque ha legalizado la eutanasia, y sentamos con un enorme rigor científico y técnico que en Holanda se puede disponer de los ancianos con la tranquilidad con que se dispone de cualquier producto perecedero. Yo pediría que en este debate haya un poco de respeto a las ideas propias y ajenas, y el respeto a las ideas propias y ajenas, señor presidente, empieza porque los que no piensan así, que están perfectamente capacitados para no utilizar jamás la eutanasia, le dejen a los que así piensan que la utilicen.
Pero voy a acabar, señor presidente, con una sentencia del Tribunal Constitucional que, ¡qué casualidad!, es una sentencia que va en la exposición de motivos de un proyecto de ley del Grupo Popular y de su Gobierno, en la exposición de motivos de la modificación del título VIII del libro II del Código Penal; esto que llamamos la ley sobre las agresiones sexuales (que yo la llamo la ley de la agresión sexual, porque la ley en sí es una completa agresión sexual), tiene una sentencia que vale la pena recordar. Fíjese, señor presidente, lo que nos dice el Tribunal Constitucional: La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. Esta es la única definición que tiene que valer en el mundo del Derecho, y estamos hablando de un tema jurídico, en estas discusiones. No tiene que valer ninguna otra discusión. Una vida que se manifiesta singularmente, como un hecho irrepetible en cada uno de nosotros, en la autodeterminación consciente y responsable, cuando consciente y responsablemente se decide no querer vivir, eso merece --como dice la propia sentencia del Tribunal Constitucional-- el respeto por parte de todos los demás. Respeto que, evidentemente, no se manifiesta cuando se incluye en un Código Penal una figura que no tiene su razón de ser ni en la libertad ni en la democracia ni en el respeto y que sólo tiene su razón de ser en que, por ciertos atavismos, por ciertos valores que vamos heredando y transmitiendo a lo largo de los siglos, valores que tienen un nombre muy claro, un nombre religioso, se los imponemos a los demás y con ello lo que estamos haciendo es condenar a un sometimiento, a torturas y vejaciones a quien tiene el perfecto derecho a eliminarlas y a eludirlas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor Alcaraz, para la defensa de la proposición del Grupo Mixto, tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, para defender la proposición sobre la disponibilidad de la propia vida.
No se les oculta a SS. SS. que nos encontramos ante un tema muy sensible, que afecta a la fibra seguramente más sensible que todos los ciudadanos tenemos, pero, precisamente porque es un tema sensible y debe ser tratado con sensibilidad, sería insensible la prisa pero todavía más la pasividad.


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Creo que cuando esta cuestión llega a sede parlamentaria como hoy, cuando se debate en otros foros, académicos, éticos, religiosos, periodísticos, requiere una cierta reflexión antropológica; una reflexión antropológica que sin duda lleva a ese terreno ignoto y siempre terrible de la muerte, a la conciencia del límite del ser humano que también --y también en este caso-- es límite en la capacidad del legislador. Legisladores, los que hoy nos encontramos aquí debatiendo este tema, que también, lógicamente, tenemos nuestra propia conciencia y que tenemos nuestras creencias legítimas. Seguramente sería deseable que en temas como éste el ciudadano español entendiera, supiera, porque así se practicara, que los grupos parlamentarios dejan libertad de conciencia a sus diputados, pero no es éste el tema que lógicamente a mí me compete advertir al resto de los grupos.
Si cada diputado o cada diputada tenemos nuestras propias creencias y conciencias, que no dejamos en la puerta cuando aquí entramos, también entramos con obligaciones para objetivar y legislar sobre la vida digna y sobre la práctica extrema de la libertad. Porque no es apuesta simplemente programática, no es éste un tema que pueda ser defendido sólo desde la posición, aunque legítima, de un partido político, sino que debe ser obligación de todos los grupos el trasladar a este recinto la sensibilidad, los interrogantes que en este mismo momento se está planteando la sociedad española.
Sus señorías no ignoran que un reciente hecho ha conmocionado a España, y no es que este hecho haya creado la oportunidad del debate ni de la proposición, lo que sucede, desgraciadamente, es que siempre habrá al menos un recordatorio que nos obligue a pensar en la necesidad de este debate si no lo resolvemos a partir de hoy en esta Cámara.
En el suceso del señor Sampedro, que ha conmovido a la opinión pública, no conmueve tanto la muerte como una vida que más allá de las fronteras del dolor se convirtió en una lúcida reflexión sobre la dignidad y la libertad. La lección, en este caso y en otros menos conocidos, es la que se podría decir, seguramente, con unos versos de Jorge Luis Borges: Si tu voluntad fue rehusar todas las mañanas del mundo, es inútil que palabras rechazadas te soliciten.
Esta es, pues, una realidad cotidiana ante la que no podemos desviar la mirada. Para buscar una salida creemos que hay que combinar tres ideas, que voy a tratar que centren el resto de mi intervención. En primer lugar, dilucidar un terreno posible de consenso ético; en segundo lugar, analizar la capacidad normativa del Estado; en tercer lugar, definir una propuesta jurídica que no tenga más límites que los de cualquier otra norma, la propia Constitución.
A nuestro modo de ver, hay que buscar un principio de análisis ético que se base en una moral civil. Dicha moral civil siempre será plural, tolerante por definición, pero también autónoma de otros influjos, singularmente los religiosos. Ello no significa, lógicamente, que los ciudadanos y ciudadanas deban renunciar a sus creencias, sino que esas creencias no pueden llegar a imponerse a los que no participan de las mismas. De igual manera hay que ser consecuentes con el hecho de que esa ética civil es un fruto de la historia, no es una verdad revelada que ha sido dada de una vez para siempre, y está en el fruto de la historia occidental la apreciación altísima de la vida que merece ser vivida basada en la dignidad que aporta la autodeterminación individual y la libertad, en este marco, como un valor permanente e inderogable.
En su relación con la eutanasia, este es el campo de valores determinante, y el respeto a esa autodeterminación exigirá que nunca se violente la conciencia de nadie, pero tampoco que se impida, por la invasión del Estado, la existencia de ese ámbito para los que su libertad les lleva a preferir basar su esperanza en la vida y en la muerte con dignidad. Por ello, esperar un consenso universal será siempre una quimera, pero todo parece indicar que la opinión dominante en nuestra sociedad se inclina nítidamente por la regulación de la eutanasia. En una encuesta del CIS, el 62 por ciento de los españoles se mostraban de acuerdo; hasta un 70 por ciento en la franja de edad entre 18 y 24 años, hasta un 73 por ciento en la franja de edad entre 35 y 44 años. Hace apenas unas horas se ha publicado en un medio de comunicación otra encuesta que ya elevaba esta cifra: un 66 por ciento de españoles se muestran favorables a la regulación de la eutanasia, siendo mayoría entre los votantes de todos los partidos del arco parlamentario.
Por tanto, no parece sostenible que con el contenido genérico de la ética civil, sin recurrir a otras éticas salvo las que se pudieran imponer sobre esa que he definido como civil --ética civil que es sustrato de nuestra convivencia--, pueda argumentarse sobre la imposibilidad de legislar con las cautelas necesarias. Es precisamente la actual invasión legal del Estado, prohibiendo taxativamente determinadas prácticas, lo que impide ese pleno desarrollo de principios éticos insoslayables.
A nuestro entender, la Constitución, en cuanto expresión de ese sustrato de ética civil plural y tolerante, acoge perfectamente como norma fundamental una legislación sobre la disponibilidad de la propia vida. En efecto, las primeras palabras del Título I de nuestra Constitución son para recordar que la dignidad de las personas es el fundamento del orden político y de la paz social. A partir de ahí, la libertad y el derecho a la vida no pueden contemplarse como valores antagónicos, sino complementarios en la búsqueda de dicha dignidad. El derecho a la vida no puede transmutarse en deber, que incluso podría contradecirse con el derecho a la integridad moral, también pregonado en nuestra Constitución.


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En este marco, los poderes públicos deben velar por el respeto a la vida, pero con el límite de la autodeterminación personal cuando ésta está suficiente y libremente acreditada. No es que la libertad sea un valor superior a la vida, pero sí puede afirmarse que en el conflicto entre la propia vida y el ejercicio de la libertad los poderes públicos deben asegurar la dignidad, asegurando, al mismo tiempo, el espacio necesario a la libertad. Esta, por tanto, es la filosofía que preside nuestra proposición, que afecta a dos normas existentes: el artículo 143.4 del Código Penal y los artículos 10 y 11 de la Ley General de Sanidad.
El primero de los dos artículos de que consta la proposición despenaliza la conducta del que, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma.
El artículo segundo, por su parte, modificaría parcialmente la Ley General de Sanidad, para introducir el derecho del paciente a decidir libremente, una vez informado, con toda una serie de cautelas que se fijan para asegurar que esa libertad quede siempre de manera manifiesta y fehaciente.
Es para esta proposición para la que los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya piden el voto, con el convencimiento de que un debate concreto en esta sede parlamentaria es hoy una exigencia de la sociedad española, como seguramente nunca antes lo fue. Y también lo planteamos con la suficiente modestia y humildad para saber que hay que estar abiertos aunque...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alcaraz, si desea compartir su turno con otros miembros del Grupo Mixto.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Hay que estar abiertos, decía, a que, aunque se aprobara esta proposición, no fuera nunca nuestra ley, sino que se pretenda conseguir el mayor acuerdo para evitar --como hoy mismo recordaba en un medio de comunicación Fernando Savater-- un embrollo indebido entre lo moral y lo penal, pero también --como pide el mismo filósofo-- siendo conscientes de no encontrarnos ante un mero acto administrativo que no puede ocultar las zozobras éticas de cada uno.
Para concluir vuelvo a citarles a Borges: Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. No podemos, no debemos volver la cara; debemos mirar al problema antes de que un nuevo, triste y doloroso caso nos obligue a hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para fijar la posición del resto del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para establecer la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con las proposiciones de ley referidas a la legalización de la eutanasia, presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario de Nueva Izquierda-Iniciativa per Cataluña, quiero hacer mías las palabras de nuestro compatriota Ramón Sampedro, cuando afirmaba en su testamento que vivir es un derecho y no una obligación. Y también queremos comprender su acusación al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los poderes morales imperantes en la sociedad española.
Decía nuestro compatriota que muchas veces la chulería se convierte en incomprensión, el paternalismo en cobardía y en sensibilidad y el absolutismo moral en fanatismo. Sin duda alguna, nosotros pensamos como él, compartimos su criterio, asentado en una ideología típicamente liberal y burguesa, en el mejor sentido de la palabra, de que el cuerpo es propiedad legítima de quien lo tiene, es una propiedad que va vinculada a la vida y a la conciencia, y que hay actos de libertad que necesitan ayuda de terceros como un deber moral y como un acto de amor, a pesar de que el acto de quitarse la propia vida corresponde, exclusivamente, a la intención del propio suicida. Y empleamos la palabra suicida porque es precisamente la consideración que el artículo 143 del Código Penal sigue manteniendo para opacar el grave de problema del derecho a la eutanasia.
Nosotros debemos estar preocupados exclusivamente porque aquellos que quieren acceder a una muerte digna, en nombre de preservar también una vida digna, puedan tener todas las cautelas y las prevenciones de que no se va a utilizar la legislación de forma aviesa individualmente por aquellos que tienen necesidad de desaparecer del mundo, sino por parte de los poderes establecidos. Este es el único miedo que podemos tener las fuerzas políticas.
Esperamos que este Congreso de los Diputados se deje iluminar por la buena estrella que lleve a nuestras conciencias comprensión, valentía, relativismo moral y tolerancia, que hagan posible la legalización de la eutanasia en el Estado español.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)

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¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
La iniciativa que han tenido en relación con la eutanasia el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto por algunos de sus portavoces creo que merece un reconocimiento positivo por mi parte. El debate que hay --contradictorio, por supuesto, porque todas estas materias tienen debates contradictorios en la sociedad española-- merece que el Parlamento reflexione y vaya tomando un compromiso de legislar sobre la materia.
Se ha invocado aquí, por uno de los portavoces defensores del Grupo Mixto, una encuesta recientemente aparecida que viene a dar un 66 por ciento de la población española favorable a la regulación de la eutanasia, o, lo que sería lo mismo, a su despenalización, dado que, como bien se ha recordado aquí por los ponentes de la iniciativa, el Código Penal vigente de 1995 penaliza esta figura.
Desde luego que en un 66 por ciento de la población española, como se ha dicho, caben todas las tendencias políticas, pero lo que a mí me ha llamado la atención es el distinto comportamiento ante la eutanasia y su despenalización no cuando se analiza por segmentos políticos, sino cuando se analiza por segmentos de edad, es decir, por tramos de edad. El planteamiento ante una circunstancia extrema, con 20 ó 25 años de edad, no es el mismo que cuando ya se está entrando en el otoño biológico de la vida y la población que tiene que opinar se ve más cerca de los hospitales que de otra actividad humana.
Mi grupo, que desea que este Parlamento legisle sobre este tema, pide dos condiciones para que se entre de lleno en un análisis de la situación actual de la eutanasia en el Código Penal. En primer lugar, que sea objeto de un amplio estudio, debate de toma de conciencia. La materia no es baladí. Estamos hablando de suprimir la vida de una persona; estamos hablando de una materia que despenalizaría que un tercero interviniera, no el que como dice en alguna figura nuestra literatura se deja morir; no es ésa la cuestión. Es la cuestión de terceras personas que son coadyuvantes, propician o consiguen la cesación de la vida de esa persona. Eso requiere de un escenario.
Cuando debatimos aquí la cuestión del aborto --sin entrar ya en los supuestos distintos-- era necesario discutir sobre el escenario de garantías donde la mujer que decidiera abortar tenía que realizar el acto técnicamente en sí, como una clínica, un hospital y el personal médico facultativo que la asistiera para las garantías de la vida de la mujer embarazada. Aquí se va a dar ese caso. Tenemos que legislar la despenalización, porque a quien se le puede aplicar --como bien ha señalado el señor Castellano en su defensa de la iniciativa-- es a la figura que está regulada en su propio texto para despenalizar; es decir, despenalizamos y, por tanto, no incurre en delito alguno el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. Aquí es donde a nosotros nos preocupa que una falta de indefinición total y completa sitúe ese acto no en un ambiente supuestamente en la habitación familiar, sino en unas condiciones técnico-sanitarias y médicas en que ese ejercicio de la eutanasia no esté realizado con plenas garantías.
Por supuesto, señor Castellano, que mi grupo comparte en el fondo de su intervención los principios de una ética humanística, en este caso humanitaria, unos principios de tener una garantía por el respeto a una muerte digna. Pero si en eso está nuestra manera de pensar y de ser, exigimos que se llegue con un amplio conocimiento del legislador de todos los pros y los contras, no ya desde el punto de vista ético, que cada uno responde de su ética, sino en los aspectos técnico-médicos que garanticen esa eutanasia.
En segundo lugar, las garantías para quien quiera esa eutanasia o sus familiares, porque se está dando entrada aquí a terceros en casos de inconsciencia; todas las garantías para que no vaya a ocurrir que al amparo de un auténtico fraude de ley se esté realizando la eliminación de la vida de una persona que no la desea voluntariamente por sus limitaciones sanitarias, y es ahí donde pedimos este estudio de expertos, esa reflexión.
Otra condición que ponemos es que esto tiene que estar más allá de una única iniciativa parlamentaria política --con todos los respetos, y lo reconoce nuestro propio reglamento--, y tiene que venir a la Cámara con la firma de todos los portavoces, con el máximo consenso posible. En una iniciativa que trata de suprimir la vida humana o hay consenso o mi grupo no la firma, precisamente por esas garantías de la persona.
Cuando en la pasada legislatura debatimos, y este diputado intervino con otros compañeros de grupo...


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Mardones, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Cuando debatimos, decía, lo que iba a ser el apartado cuatro del artículo 143, de la Ley 10/1995, del nuevo Código Penal, nosotros ya lo dijimos.
Y yo añado una tercera condición: vamos a ordenar el no seguir picoteando el Código Penal cada vez que aparece una nueva circunstancia. Pongámonos de acuerdo en que si hay que hacer esta despenalización sea por consenso y sobre todo con las garantías que la vida de una persona merece.
Por tanto, señor presidente, mi grupo votará en contra de la toma en consideración de estas dos iniciativas

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de proposición de ley mientras no se alcance un consenso con una proposición de todas las fuerzas políticas de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra la señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.


La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la muerte de Ramón Sampedro, ocurrida a principios de año, ha reabierto el debate social sobre la disponibilidad de la propia vida, todavía reciente la elaboración del Código Penal, cuyo artículo 143 aborda el tratamiento jurídico penal de las conductas de instigamiento y cooperación en un suicidio ajeno. Es un tipo que implica sustituir la tutela del derecho a la vida por la protección de una vida no deseada por su titular, lo que modifica sustancialmente el contenido del injusto en estas figuras y compele a fijar los límites de la intervención penal. ¿Es ello una exigencia constitucional? En nuestros sistema, la previsión constitucional sobre el derecho a la vida tiene un sentido garantista que en ningún caso podría limitar la voluntad del sujeto. El deber del Estado es proteger la vida y no impedir la libre disposición por su titular y, desde luego, el texto constitucional no permite una interpretación del derecho a la vida no compatible con la dignidad humana. Las serias dudas se introducen cuando se discurre sobre la exigencia de un deber constitucional de tutelar la vida contra la voluntad de su titular; si es clara o no la obligatoriedad de someter a sanción penal los comportamientos de ayuda o participación en un suicidio libremente deseado, de forma expresa e inequívoca. La decisión político-criminal de dotar de relevancia penal a las conductas de cooperación en el suicidio de otro no es quizá una exigencia constitucional, sino que tiene su justificación en otras fuentes como la ética o la religión.
Las actividades suicidas son impunes en el Derecho español y en los ordenamientos que nos son próximos, pero no sucede lo mismo con la inducción o el auxilio al suicidio ajeno que se contempla en el artículo 143 del Código Penal. Con todo, el Código vigente se muestra mucho menos riguroso que el anterior con aquel que siega la vida de un tercero a petición expresa suya, siempre y cuando el suicida sufra una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o produjera graves padecimientos permanentes, incluso psíquicos, difíciles de soportar.
Puede, desde luego, sostenerse, y así lo hacen prestigiosos juristas, que siendo la libertad un valor superior del ordenamiento jurídico, el ejercicio de tal libertad, incluso para decidir sobre la propia vida, constituiría un derecho, de tal modo que quien ayuda a un potencial suicida no haría otra cosa que ayudarle a ejercitar su derecho a morir.
El Código Penal vigente opta por una postura de relativa condescendencia con el ejecutor piadoso de la muerte ajena solicitada por la propia víctima, pero sin llegar a legalizar su proceder, y en ello entiendo que juegan dos factores que son importantes: un cierto sentido religioso de la vida, sociológicamente de innegable existencia, y el evitar el riesgo de abusos que podría conllevar el abrir excesivamente la mano en esta materia. Piénsese en el pariente anciano, incómodo y rico del que se desea heredar. En ningún caso se trataría de proteger a canallas sino a personas moralmente compasivas. Una buena solución para conocer el grado de reproche social de este tipo de conductas hubiera sido atribuir su enjuiciamiento al tribunal del jurado, lo que no se hizo acaso por temor a que proliferasen declaraciones sistemáticas de no culpabilidad en el tema por afectar profundamente a la fibra de los sentimientos.
Reabierto hoy el debate, como he dicho al inicio de mi intervención, nuestro grupo no tiene elementos de juicio bastantes para sostener una postura distinta a la que defendimos en la tramitación del Código Penal.
No negamos que este suceso concreto haya abierto una serie de interrogantes, vinculados además a los avances científicos y técnicos en medicina, que han logrado modificar de forma importante el proceso de morir. Por tanto, no nos negamos a que se aborde una modificación normativa, pero creemos que trasladar la moral a lo legal requiere un estudio pausado, regular las necesarias cautelas procesales, los dictámenes médicos, testigos imparciales y documentación fehaciente, que permitan despenalizar, si es el caso, las conductas de que hablamos para no correr el riesgo de una desviada utilización para propósitos criminales; requiere un mayor sosiego y estudio que el "aquí te pillo, aquí te mato" que, con el debido respeto, nos parece que son las dos iniciativas que hoy analizamos, presentadas sin duda con el loable propósito de satisfacer una alarma social.
Prevista ya en el Senado la creación de una comisión especial de estudio sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, presentada por el Grupo Socialista, el portavoz de senadores vascos ha firmado esta mañana la conformidad con su constitución. Por tanto, nos abstendremos hoy y posponemos nuestro criterio definitivo hasta que esta comisión de estudio concluya sus trabajos.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
El señor Silva, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


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Abrimos hoy un nuevo debate sobre la eutanasia, más concretamente sobre la eutanasia activa, y quizá lo que corresponda es hacer algunas afirmaciones.
No hace mucho tiempo, poco más de dos años, se aprobó el Código Penal, en cuyo artículo 143, apartado cuarto, se establecía una tipificación de estas conductas, entendiendo que por una reducción, podríamos decirlo así, de su carácter de antijuricidad, así como también de la propia culpabilidad, derivada, por una parte, del consentimiento del sujeto y, por otra, de la compasión que puede merecer respecto de terceros, determinaba una rebaja de uno o dos grados de la pena establecida en el Código. Por tanto, aplicando las reglas ordinarias sobre atenuación y condena condicional, determinaba que estas conductas, la causación de la muerte o la contribución a esa causación de la muerte en supuestos de enfermedades terminales con padecimientos graves, acabasen en unas penas que no implicasen en ningún caso la entrada en la prisión.
Cierto es que hubo un debate importante, hubo enmiendas por parte del Grupo Mixto, que entendía que debiera regularse en una ley especial; por el Grupo de Izquierda Unida, que sostenía en aquellos casos una exculpación, una excusa absolutoria, la inexistencia de punibilidad, así como también por el propio Grupo Popular, que pretendía modificar la tipificación y establecer una reducción inferior en cuanto a la pena determinada, y también del Grupo de Coalición Canaria. Sin embargo, señorías, lo que no puede negarse es que, de noviembre de 1995 hasta ahora, se han producido algunos acontecimientos, tanto en el ámbito del Derecho comparado como en la propia realidad social española, que pueden determinar, sin lugar a dudas, abrir otra vez este debate.
Lo primero que tenemos que tener claro, incluso a efectos de información de nuestros conciudadanos, es que no se trata obviamente de tipificar lo que se conoce con el nombre de encarnizamiento terapéutico, que, como todo el mundo sabe, es impune, así como el suministro de analgésicos, aunque ello suponga el acortamiento de las posibilidades de vida, que también determina la total y absoluta impunidad. Estamos hablando de esa causación activa u omisiva de la muerte de una persona que padece una enfermedad terminal o una enfermedad que le provoca graves padecimientos.
Sobre las dos proposiciones de ley que hoy se traen a la consideración de esta Cámara hay que entender que la posición que mantuvo Izquierda Unida en aquel debate ha sido modificada. Por un lado, en una de las proposiciones se habla de padecimientos físicos, en otro caso se habla de enfermedad que, sin provocar esos padecimientos, impide a una persona valerse por sí misma. Por tanto, entendemos que se ponen encima de la mesa situaciones nuevas que no fueron contempladas en aquellos momentos.
Lo propio cabe decir respecto del tema citado de Ramón Sampedro que, de alguna manera, hizo de su vida la historia o la preparación de su propia muerte y que ha conmocionado la conciencia de buena parte de nuestros ciudadanos.
Lo cierto es que de noviembre de 1996 a esta parte se han producido acontecimientos que determinan la conveniencia de la constitución de la comisión de estudio suscrita por diversos senadores, entre ellos los de Convergència i Unió, que presentaron el 13 de febrero, en el registro del Senado, una proposición solicitando la constitución de esta comisión, solicitud en la que se incluían unos párrafos de un contenido habría que decir enormemente poético del mártir de la democracia Tomás y Valiente.
En cualquier caso, querríamos indicar, de un lado, que desde noviembre de 1996, como decíamos anteriormente, se producen diversas situaciones. El 13 de febrero de 1997, el Parlament de Cataluña aprueba una proposición no de ley para que el Gobierno de la Generalitat investigue la posibilidad y la eficacia real y jurídica de efectuar un estudio sobre lo que se conoce con el nombre de testamento vital.
Por otra parte, el 4 de abril de 1997, en Oviedo, se suscribe, en el ámbito del Consejo de Europa, por diversos Estados, incluido el Estado español, el Convenio europeo de bioética, que tiene por objeto, tal y como dice su título, la protección de los derechos humanos y el respeto de la dignidad de la persona humana en relación con los avances de la medicina y de la bioética. Hay que indicar que en este convenio se reconocen como principios fundamentales el de la autodeterminación, el del tratamiento consentido, pero, por el contrario, también tenemos que manifestarlo así, no se incluye ningún aspecto referente precisamente al final de la vida, a la fase terminal y, por tanto, a la eutanasia.
Desde luego, presenta interés para mi grupo y, sin lugar a dudas, será otro documento que será puesto de manifiesto en el Senado y que tendrá que ser valorado por esta comisión, el código de deontología del Consejo General de Médicos de Cataluña, aprobado el 16 de junio de 1997, en el que se establece una importante distinción --lo digo basado en aquellas sentencias del Tribunal Constitucional, la 120/1990 y la 137/1990-- entre lo que sería la alimentación forzosa y los supuestos de fase terminal de la vida, que el Consejo General de Colegios de Médicos entiende que no debe prolongarse desproporcionada o innecesariamente, pero que tampoco debe acortarse artificialmente.
En el ámbito del Derecho comparado, señorías, podemos también hacer referencia a las dos sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 26 de junio de 1997, en las que, partiendo de la base de este principio de autodeterminación y de disposición de la propia vida tan propio del derecho anglosajón, valoran una serie de efectos contraproducentes: la posibilidad de coacción de orden económico o psicológico respecto de las personas con menos recursos, de los enfermos

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terminales o de las personas discapacitadas, o el cambio de rol del médico, que se convierte, de sanador de una persona, y con el consentimiento del enfermo, en determinados casos en provocador de su muerte.
Señorías, son muchos los acontecimientos que se han producido desde noviembre de 1996. También hay que recordar la suspensión de la ley de eutanasia del territorio del norte de Australia, en marzo de 1997, por su tribunal federal, y otros acontecimientos que determinan la conveniencia de acogerse al planteamiento de esta comisión de estudio, de no hacer oídos sordos a lo que constituye un importantísimo debate social en estos momentos; de no hacer oídos sordos también a lo que son las tendencias en materia de Derecho comparado, de no examinar la experiencia holandesa, después del decreto de 17 de diciembre de 1993, y la conveniencia de ajustar los comportamientos parlamentarios y legislativos a lo que, sin lugar a dudas, es un debate social.
Debate social que hemos de decir en estos momentos --para acabar-- que tampoco produce un efecto o emite un mensaje absolutamente diáfano. Creo que ha sido Luis Mardones, el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, quien resaltaba en esta encuesta que ha sido publicada el día de ayer por un periódico catalán, aunque también de divulgación en Madrid (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.), que hay una mayoría de españoles que están a favor de la despenalización de la eutanasia, pero no deja de ser sorprendente que esa mayoría disminuye en aquellos sectores de más probable aplicación de la misma, esto es, los mayores de 65 años. Eso, sin lugar a dudas, debe ser motivo de reflexión.
Por consiguiente, señorías, abiertos a cualquier planteamiento, sin embargo, requiere, como se ha dicho anteriormente, un tratamiento absolutamente sereno. Hay que recordar que no fue otro el planteamiento que se hizo a lo largo de la tramitación del Código Penal y quiero hacer mías unas palabras de la señora Del Campo, que después tendrá ocasión de contestar, la cual, al final de su intervención en el debate del artículo 143 del Código Penal, precisamente hacía hincapié sobre cómo junto a este principio de autodeterminación de libertad, de respeto a la disposición de la propia vida, el Consejo Asesor de Sanidad establecía que no dejaba de ser problemático despenalizar este tipo de conductas, en la medida que existe la probabilidad de que se produzca un efecto contrario al buscado de protección al enfermo y suponga una actuación indirecta, sutil, subliminal hacia el paciente, que se ve en cierto modo coaccionado a recurrir a la eutanasia.
Señorías, hemos de contactar con una gran preocupación social. Mi grupo parlamentario va a la comisión sin prejuzgar el resultado de la misma y, por lo tanto, abierto a las consideraciones que en ella puedan hacerse.
Así pues, y en la medida en que entendemos que el debate de hoy no es un debate de fondo, sino que en cualquier caso sería un debate apresurado, procederemos a votar que no a la toma en consideración de esta proposición de ley manifestando, como ya ha sido dicho, la voluntad de constitución de la comisión en el Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Señorías, la dramática historia de Ramón Sampedro y su difícil camino hacia una muerte deseada ha sido la oportunidad para que hoy debatamos aquí estas dos proposiciones de ley y para que se abra un nuevo capítulo de un debate más amplio, un debate que afecta a toda la sociedad española y que, a más largo o a más corto plazo, debe conducir a un consenso que se refleje en la ley.
Es difícil decir a estas alturas de las intervenciones algo nuevo respecto a lo planteado por otros grupos, pero sí quisiera señalar que ese debate que hoy se abre tampoco es enteramente nuevo. No está de más recordar que un debate y un consenso de características similares, si bien partiendo de un punto mucho más atrasado, de una legislación sumamente represiva, como era la del Código Penal anterior, se produjeron en torno al Código de 1995. Y gracias a este consenso casi general --reconozco la excepción de Izquierda Unida-- este texto despenaliza hoy conductas que estaban penadas hasta entonces, como la complicidad en el suicidio de otro o la eutanasia activa indirecta. Tras el Código de 1995, entre las acciones que están destinadas a facilitar una muerte digna a aquel que lo solicita voluntariamente, sólo quedan dos conductas penadas: el auxilio directo y necesario al suicidio y el homicidio consentido.
Pero incluso en estos dos casos todavía tipificados se recoge la convicción general de que el Derecho debe tener en cuenta los móviles humanitarios de la acción y se reducen sustancialmente las penas, de forma que quien las lleva a cabo evita en muchas ocasiones el ingreso en prisión.
Hemos llegado, pues, a un consenso, señorías, un consenso que muy posiblemente evitará el ingreso en prisión de aquellos que hoy suscitan simpatía generalizada en nuestra opinión pública, de quienes ayudaron a su muerte a Ramón Sampedro, que eran, según todos los indicios que tenemos, posiblemente, simples cómplices o cooperadores no necesarios en ese suicidio. Hemos llegado a un consenso general que era válido en el momento en que se aprobó nuestro Código Penal, un consenso largamente debatido y trabajosamente conseguido, un consenso que hace un par de años reconocía en general la sociedad española, así como el propio Consejo General del Poder Judicial que, hablando de este artículo 143.4 del Código Penal, artículo 149 del anteproyecto de 1992, señalaba que sin

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un debate profundo no se puede ir más allá de lo que resulte fácilmente aceptable para todos, y parece que el precepto de aquel proyecto se mueve justamente en ese marco.
Estos hechos son ciertos, en la historia; pero también es cierto algo, señorías. No hace dos años que ha entrado en vigor nuestro Código, pero algo se ha movido. Los acontecimientos de estos últimos días, las terribles historias que hemos visto reflejadas en los medios de comunicación --en concreto, la historia de Ramón Sampedro-- han supuesto un aldabonazo para la sociedad española. Un aldabonazo de tal magnitud que hoy cabe plantearse dudas razonables sobre si ese mínimo de acuerdo exigible que hace falta para regular conductas tan delicadas sigue siendo el recogido en el Código Penal o si la conciencia común de los españoles ha dado algún paso más allá, algún paso que abra la puerta a ampliar la penalización de la eutanasia activa. Precisamente por ello hoy es necesario abrir un nuevo capítulo de ese debate, el más hondo y el más amplio, y el Grupo Socialista pretende hacerlo.
Con el apoyo de otros grupos hemos presentado en el Senado una iniciativa para crear una comisión que estudie los problemas que plantea el derecho a una muerte digna; una comisión en la que puedan oirse las voces de todos, políticos, afectados, representantes sociales y profesionales; una comisión que nos aproxime a conclusiones comunes que podamos en el futuro trasladar a la ley, con la necesaria reflexión, con la precisa serenidad y sin movernos por impulsos emocionales que irremediablemente hoy, a la vista de los hechos recientes, nos afectan a todos.
En cambio, las proposiciones de ley que hoy debatimos quieren ir más allá de aquel consenso básico --no olvidemos que el único constatado hasta hoy--, pretenden eludir todo este proceso de debate --que parece ser generalmente aceptado por la Cámara-- y dar el salto de despenalizar ya, y con carácter general, las distintas formas de eutanasia activa. Los motivos que aducen son dignos y son nobles, señorías; las razones, humanitarias --el derecho del enfermo a morir con dignidad-- y el creciente apoyo de la opinión pública a este tipo de conductas, son argumentos incontrastables y hechos innegables, con los que nuestro grupo no puede menos que estar de acuerdo. Sin embargo, los socialistas no tenemos tan clara, ni tiene la sociedad tampoco, la forma de asegurar en la práctica lo humanitario de los motivos, la dignidad de la muerte y la libre formación de la voluntad del paciente. Y hablo de la sociedad porque es claro que la proporción de ciudadanos favorables a la legalización de la eutanasia activa, con las debidas garantías, va aumentando en las sucesivas encuestas. Pero también es claro, señorías, que hay diferencias muy significativas, tanto a la hora de precisar cuáles deben ser esas garantías como en razón de la edad de los encuestados. Es cierto --y se ha señalado aquí-- que las personas mayores muestran un rechazo mucho mayor a esta práctica, un rechazo infinitamente más amplio que el de los jóvenes, que la ven sólo como una posibilidad lejana, y muestran este rechazo porque son conscientes del peligro de que, si no hay garantías firmes y claras, la influencia familiar o la presión hospitalaria pueden acabar por torcer los supuestos motivos humanitarios y fuercen sutilmente su voluntad, instándoles a solicitar la eutanasia.
Mal servicio habríamos hecho, no sólo a la humanidad, no sólo a la libertad, sino también a la dignidad humana, si dejáramos la puerta abierta a que se produjera ese tipo de riesgo. Y es un riesgo real y no imaginario, señorías. Experiencias de países que han aceptado la justificación a posteriori de la eutanasia (del único país que lo ha hecho, de Holanda) demuestran que los ancianos emigran a residencias y hospitales de otros países porque no están tranquilos en cuanto a la realidad y a la aplicación de estas garantías necesarias. Este hecho nos demuestra que no estamos ante una amenaza imaginaria, sino ante un peligro real que a nosotros, al menos, nos suscita interrogantes razonables que no nos sentimos capaces de resolver en este momento.
Para nosotros quedan, por tanto, señorías, serias dudas. No dudas en cuanto al innegable derecho de todo ser humano a una muerte digna --no lo discutimos--, sino dudas en cuanto a la forma concreta de articular ese derecho más allá de donde hemos llegado hasta hoy: a la forma de evitar consecuencias indeseables, que hagan improcedente su regulación con carácter general. Creemos que para resolver estas dudas --en esto estamos de acuerdo con la mayor parte de los grupos que han intervenido hasta ahora-- el mejor camino, el único aceptable, es ese debate profundo que proponemos, y desde aquí pedimos a todos los grupos, no sólo a los que han avalado con su firma la constitución de la comisión, que la apoyen en el Senado y que contribuyan a constituirla . Este debate será la única forma de despejar estas dudas, pero no legislemos antes precipitadamente, señorías, ni adoptemos arriesgadas conclusiones hasta extremos, como los que propone Izquierda Unida en este momento, a los que ninguno de los países europeos, ni siquiera Holanda, consciente de sus peligros, ha llegado todavía.
Desde esas más que razonables dudas y con esa oferta de trabajo positivo para solucionarlas, mi grupo se opondrá hoy a la toma en consideración de ambas proposiciones de ley.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Del Campo.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, en nombre de mi grupo debo alabar ante todo

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la seriedad del planteamiento de las dos iniciativas que se traen hoy aquí, porque habíamos tenido ya ocasión de debatir estas cuestiones pero partiendo de unos textos que parecían una mera oportunidad para abrir un debate oral sin un contenido escrito consistente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Los autores de esta iniciativa, para bien o para mal, han intentado darle contenido y a él me referiré en nombre de mi grupo.
Indudablemente, a la hora de abordar esta cuestión, hay que recordar un problema básico al que el otro día aludió magistralmente mi compañero Jorge Trías, que es el de la relación entre el Derecho y la moral. Si el otro día se nos decía con toda razón que por detrás del Derecho siempre hay un juicio moral, y especialmente por detrás del Derecho Penal, hoy debo hacer hincapié en que la moral y el Derecho, lógicamente, no deben identificarse. Por eso quisiera recordar que tienen objetivos distintos; en un caso, la búsqueda de una realización personal maximalista en sus exigencias y, en el caso del Derecho, el intento de garantizar una convivencia ajustada asegurando un mínimo ético. De ahí que debamos distinguir entre dos conceptos de altruismo totalmente distintos, ya que no es lo mismo el altruismo moral que el jurídico. El altruismo moral se plasma, sobre todo, en un sentimiento que todos los que estamos aquí compartimos, que es un sentimiento de compasión ante el que sufre, un intento de ponernos en su lugar e incluso, en los casos más positivos, un intento de ayudarle a encontrar un sentido a esa difícil situación.
Ejemplos de este altruismo los encontramos en las personas que llegan a arriesgar su vida para intentar salvar la de otro que quiere acabar con ella; por ejemplo, el bombero que salva de una cornisa a un suicida, que acaba dándole las gracias al cabo del tiempo, o el profesional sanitario o familiar que neutraliza con su dedicación y afecto circunstancias muy penosas y consigue que el enfermo no tenga ningún deseo de morir.
Por debajo de este debate de la eutanasia hay frecuentemente --y esto llama la atención si tenemos en cuenta los grupos que traen aquí las iniciativas-- unos planteamientos excesivamente individualistas que ignoran una realidad, y es que el hombre es un ser en relación, sin llegar a afirmar que el hombre sea resultado de las relaciones sociales, como afirmaba el marxismo que estos grupos suscribían no hace mucho; lo que sí está claro es que el hombre no es un ser aislado y que, por tanto, su conducta va a acabar influyendo en esas relaciones. De ahí que cambiar una norma jurídica, integrada necesariamente en un contexto social, no sea simplemente dar satisfacción al deseo legítimo de una persona, sino que inevitablemente es incidir en todo un tejido social que va a quedar afectado, y desde esa perspectiva individualista, que paradójicamente suscriben algunos grupos que no hace mucho defendían el socialismo real, se tiende a olvidar esas consecuencias prácticas que pueden llevar consigo esas medidas.
El doctor Diego Gracia, que elaboró un informe para el entonces gobierno socialista con motivo del Código Penal, resaltaba este aspecto llamando la atención sobre el peligro de que una despenalización de la eutanasia desnaturalizara absolutamente la relación médico-enfermo, una parte de ese tejido social que conviene valorar mucho porque tiene mucho que ver con ese ajuste de relaciones que el Derecho debe perseguir sin maximalismos éticos ni excesos de altruismo moral.
Nos preocupa en ese sentido que el Grupo Mixto hable en su proposición de la eutanasia como una variante más del tratamiento médico. Es un asunto preocupante, porque si es un aspecto más del tratamiento médico quiere decir que obliga a los médicos a ejercerlo, puesto que el médico por definición está obligado a administrar tratamientos médicos y ,si lo hace, la salud pública indudablemente no podrá negarse a ello.
Sin duda, coincide con este planteamiento el de Izquierda Unida cuando ha tenido la precaución, que no ha tenido el Grupo Mixto, de aludir en su disposición adicional a la necesidad de garantizar la objeción de conciencia. No hay objeción de conciencia cuando no hay un deber, por tanto se reconoce que hay un deber en el médico y, así, estamos entrando ya en una dinámica que convierte el acabar con la vida de una persona en un tratamiento médico más, lo cual desde el punto de vista del altruismo jurídico tiene una gran importancia, porque el altruismo jurídico no se va a caracterizar por la compasión, se va a caracterizar por el sentido de responsabilidad. Se va a preguntar qué consecuencias prácticas derivarán del cambio de una norma, qué consecuencias prácticas no sólo para esa persona en situación lamentable que nos pide que acabemos con su vida sino para otras muchas que no nos lo piden y cuyo entusiasmo por esta despenalización curiosamente decae, como se acaba de ver en las mismas encuestas, según se acercan a esa situación.
El altruismo jurídico lleva a ponerse en guardia ante efectos tan inevitables como no queridos de las normas, lleva a ponerse en guardia ante bienintencionadas leyes preterintencionales, que acaban ocasionando consecuencias prácticas no imaginadas por falta de responsabilidad. No hacen falta grandes esfuerzos de imaginación para aludir a reformas no muy lejanas de nuestro Código Penal que tuvieron esas consecuencias y que nos deberían hacer meditar un poco sobre lo que tenemos entre manos.
Se alude en una de las proposiciones a la existencia de un sentir favorable entre los ciudadanos respecto a la despenalización de la eutanasia, y, aparte del escepticismo hacia la sociología, que sobre todo en los grupos que no suelen estar muy favorecidos por las encuestas debería cundir, me preguntaría qué entiende el ciudadano al que se le está preguntando por esta cuestión. Me temo que entienda que se le pregunta lo siguiente:

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¿Quiere usted que siga sufriendo una persona que piensa que ya ha sufrido bastante? Esa es una pregunta en el contexto del altruismo moral, a la que solo una minoría y por razones probablemente religiosas responderá que sí. El problema es que no es ésa la pregunta. Reducir a eso la pregunta es desvirtuar el problema, olvidarse de que ese cambio normativo va a tener unas consecuencias prácticas es no entrar en la obligada ponderación de todos los elementos que hay en juego y quedarse simplemente en uno aislado. Quizá eso justificó que en Australia, como ya se ha dicho, se acabara anulando esa ley regional, a pesar de que el 75 por ciento de los australianos estaban a favor, pero probablemente se ha entendido que estaban a favor de otra cosa, no precisamente de las consecuencias prácticas que esa norma iba a tener.
De ahí que pensemos que no es preciso siquiera tomar partido en el debate moral que este problema lleva consigo para llegar a la conclusión de que sería una irresponsabilidad ignorar las graves consecuencias que para derechos --ahora volveré sobre la cuestión--, derechos de tercero, tendría este cambio normativo, así como para bienes jurídicos dignos de protección. Se dice en la exposición de motivos de la proposición del Grupo Mixto algo que me choca bastante: la vida como objeto de protección jurídica no presenta, en principio, ningún problema. ¡Hombre!, creo que es un lugar común que presenta dos: cuándo comienza y cuándo termina, que no son pocos problemas. Concretamente los problemas jurídicos que hoy plantea el derecho a la vida son ésos y prácticamente ésos, salvo la referencia a la integridad respecto a la tortura, a lo que ya se ha aludido aquí. Por tanto, ese problema está ahí, por lo menos cuándo comienza y cuándo termina una vida que merezca ser llamada humana. Eso es un problema que está ahí y es un problema filosófico, moral y jurídico que no cabe ignorar.
En la proposición de Izquierda Unida se establece una correlación indebida entre lo que sería la disponibilidad de la propia vida y la existencia de un derecho a la muerte. No es lo mismo. No vamos a entrar aquí en el debate de si el derecho a la vida es renunciable o no. Ya sabemos, por ejemplo, que el derecho a la educación hasta los 16 años no es renunciable; pero, en fin, podemos admitir como hipótesis que el de la vida sí porque sería menos importante. Podemos admitirlo. Pero en eso, el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre la huelga de hambre de los Grapo --sentencia que, sin duda, habrá citado el Grupo Popular en alguna proposición de ley porque este grupo es muy leído--, es bastante claro al respecto y, se pronuncia de una manera muy tajante al decir lo siguiente: El derecho a la vida del artículo 15 tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte --impide considerarlo-- . Ello no impide reconocer que la persona pueda fácilmente disponer --disponibilidad-- sobre su propia muerte, pero esta disposición constituye sólo un acto que la ley no prohíbe y, en ningún modo, un derecho, un derecho subjetivo que implique --y esta es la clave-- la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental.
El señor Castellano, que es un gran jurista, sabe distinguir perfectamente entre agere et dicer, al que se refiere el Tribunal Constitucional como disponibilidad y lo que es un derecho fundamental sin duda ninguna. De ahí que, según nuestro Tribunal Constitucional, hay una disponibilidad fáctica sobre la vida, pero no un derecho que llevaría a la posibilidad de imponer un deber a un médico para el que su grupo reconoce la objeción de conciencia. Para reconocer la objeción de conciencia tiene que haber un deber, para que haya un deber tiene que haber un derecho que el Tribunal Constitucional no reconoce. Esa es la situación, no nos engañemos, sobre el particular.
Por otra parte, ¿qué es lo que hace que una vida sea digna o deje de serlo? Desde una perspectiva kantiana sería la propia autonomía de la voluntad. Una vida es digna en la medida que uno es capaz de encontrarle sentido. Por tanto, la clave de la cuestión estaría en la propia libertad como autonomía ejercida. Pero en su proposición de ley se nos habla de un fuerte menoscabo de su dignidad como persona, y eso ya cobra un tono más objetivo que subjetivo. ¿La tetraplejia es un fuerte menoscabo a la dignidad de la persona? En el caso del señor Sampedro, multicitado hoy aquí, se ha dado por hecho que así es, pero no pocos tetrapléjicos han protestado ante la posibilidad de que se afirme que su vida es una vida carente de dignidad. La dignidad se la dan ellos y quizá los que les rodean, que les han ayudado a encontrarle un sentido.
Aquí es donde viene el problema del altruismo jurídico. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (Pausa.) Vaya concluyendo, señor Ollero, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor presidente.
¿En qué medida no estamos argumentando desde una perspectiva de altruismo moral, compadeciente con un sujeto y, sin embargo, estamos generando una situación objetiva que va a perjudicar a muchas personas que no quieren morir? La verdad es que, a la hora de llegar a algo en que coinciden ambas proposiciones, como es la necesidad de unas garantías, de unas medidas, de unas cautelas, se nos ha dicho aquí que estas medidas y estas cautelas son un misterio. Izquierda Unida, y esto es sorprendente porque el calado jurídico de sus componentes no hacía esperar este planteamiento, despacha la cuestión en la disposición adicional, remitiendo

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a un reglamento del Gobierno. Yo recuerdo la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de centros, que fue declarado inconstitucional por haber remitido a un reglamento de régimen interno el cómo se organizaba la participación de los miembros de la comunidad escolar. ¿Piensa usted, señor Castellano, que realmente estamos satisfaciendo las exigencias del artículo 15 si remitimos a un reglamento del Gobierno, de un Gobierno que tendrá más dinero o menos dinero, el establecimiento de las garantías de la vida humana en esas circunstancias? Me sorprende enormemente el planteamiento.
El Grupo Mixto, que ha ido más allá y se ha preocupado de toda una reforma de la Ley General de Sanidad, dice más. Llega a decir en un momento dado que si hay una opinión fundada del médico que está entendiendo del asunto, prevalecerá incluso sobre la voluntad del paciente o de los familiares. ¡Caramba!, aquí ya la dimensión subjetiva ha desaparecido absolutamente, aquí estamos ante un médico que está en condiciones de decidir que alguien se va a morir en contra de su voluntad. Me remito al texto de la proposición de ley, que me deja asombrado. Esto es lo que se está proponiendo aquí.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, concluya, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Concluyo, señor presidente.
En esa misma proposición se nos dan una serie de argumentos de un gran valor sobre los elementos en juego: importancia de la vida, irreversibilidad de las consecuencias, necesaria implicación de terceros, vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión, necesidad de medidas para garantizar la plena libertad. Todo eso es lo que está ausente en las dos medidas.
Para terminar, señor presidente, yo resumiría toda esta exposición diciendo que un respetable altruismo moral podría justificar la solicitud de despenalización, pero que un mínimo altruismo jurídico ayuda a reconocer que ello comportaría una grave irresponsabilidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.


Antes de proceder a las votaciones correspondientes a las proposiciones de ley, quiero anunciar a la Cámara que tenemos entre nosotros a seis representantes colegas del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, pertenecientes al caucus hispano, que realizan estos días una visita a España invitados por el Congreso y por el Senado. (Aplausos) Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre despenalización de la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 25; en contra, 288; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por la señora Almeida y el señor Saura, sobre disponibilidad de la propia vida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 24; en contra, 289; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE DEROGAN LOS ARTICULOS 527, 528 Y 604 DEL CODIGO PENAL Y SE MODIFICA EL REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE OBJECION DE CONCIENCIA Y DEL SERVICIO MILITAR.
ORGANICA (Número de expediente 122/000117)

--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) Y DE COALICION CANARIA, SOBRE SUPRESION DE LAS PENAS DE PRISION Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE LAS PENAS DE INHABILITACION PARA DICHOS SUPUESTOS. ORGANICA (Número de expediente 122/000132)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES VAZQUEZ VAZQUEZ Y RODRIGUEZ SANCHEZ), SOBRE MODIFICACION DE ALGUNOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL QUE CASTIGAN EL DELITO DE INSUMISION. ORGANICA (Número de expediente 122/000119)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORAS ALMEIDA CASTRO Y RIVADULLA GRACIA), SOBRE DESPENALIZACION DE LOS DENOMINADOS «DELITOS DE INSUMISION». ORGANICA (Número de expediente 122/000134)

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a proceder a la tramitación, también conjunta, de la iniciativa del Grupo Socialista, más la de los grupos parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, así como las dos del Grupo Mixto, todas ellas relativas a las infracciones y sanciones en materia de

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objeción de conciencia y del servicio militar o delito de insumisión. En la tramitación conjunta de estas iniciativas se observarán las mismas normas de procedimiento que hemos seguido en el debate anterior.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya (Rumores.) Silencio señorías. He señalado al comenzar la sesión que el orden del día de la tarde es muy extenso, y en beneficio de todos ruego silencio y los inalambricos desconectados.
Cuando quiera, señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una proposición de ley relativa a la despenalización de los delitos de insumisión y a su sustitución por sanciones administrativas.
Hace dos meses ya anunciamos esta iniciativa, que traía causa de una situación también anterior, y que, fundamentalmente, conecta con una realidad social a la que pretendemos adecuarnos. Si el legislador debe estar siempre atento a las demandas y a la sensibilidad social y no ir a remolque de la misma, aunque es cierto que siempre irá por delante esta sociedad, en este tema casi todos podríamos convenir que había ya unos largos de distancia excesivamente amplios entre la sociedad y su sensibilidad sobre este tema y la tipificación legal que en este momento está vigente en el Código Penal.
Esta falta de adecuación social también se reflejaba en otros ámbitos, por ejemplo, en el propio ámbito de los jueces y tribunales encargados de aplicar la ley, en la medida en que se han venido haciendo aplicaciones dispares, aplicaciones a veces contradictorias, como consecuencia de no haber una identidad de criterios a la hora de interpretar los tipos penales.
Por otra parte, también el propio Defensor del Pueblo, en una de sus recomendaciones, nos venía a decir en esta Cámara que las sanciones no estaban proporcionadas, en la medida en que la privación de libertad era una pena exagerada en relación con la conducta que se trataba de reprochar. Pero, sobre todo, creo que ha incidido un elemento fundamental, y es que ha cambiado el bien jurídico a proteger como consecuencia de todo este debate. La seguridad en la defensa se ha venido articulando a lo largo de los últimos tiempos o instrumentando a través de la práctica o de la institución del servicio militar obligatorio. Pero a partir de un momento determinado en que se produce un anuncio de profesionalización a fecha fija y que el propio legislador, o todos los grupos de la Cámara, aceptamos también, en un momento determinado, encaminarnos hacia esa profesionalización, estamos diciendo que en un periodo no muy lejano conductas que hoy son reprochables y que están tipificadas en las leyes vigentes van a dejar de estarlo a fecha fija.
Esa es una realidad incontestable a la cual debemos adecuarnos y tener un sentido claro de la adaptación. Ese es el sentido de nuestra iniciativa y ese es el sentido de nuestra proposición de ley.
No parece que los principios propios del delito que rigen el ius puniendi del Estado, como puede ser la intervención mínima, la última ratio o el carácter subsidiario, se vean reflejados en los actuales tipos penables.
Por eso hemos adoptado una proposición de ley, que hoy sometemos a consideración, en la línea de crear un sistema alternativo de sanciones administrativas que sirva también de efecto disuasorio para el cumplimiento de una obligación legal, pero que no tenga el carácter punitivo que tienen las actuales tipificaciones penables.
Desde el punto de vista jurídico, nosotros entendemos que mientras que haya una obligación legal, aunque sea con carácter transitorio, sus posibles o eventuales incumplimientos tienen que acarrear algún tipo de sanciones. De lo contrario, como ocurre con algunas iniciativas que vamos a ver aquí esta tarde, que preconizan simplemente la despenalización sin ningún tipo de recambio, si eso se mantuviera así, de hecho estaría desapareciendo la propia ley, estaría despareciendo la propia obligación legal. Y no tenemos otra salida. Sólo queda la de sustituir, con un sistema que también sea disuasorio, el incumplimiento ante conductas de esta naturaleza. Piénsese qué sería de la organización de la defensa o del sistema de defensa en España si durante el tiempo que queda de servicio militar obligatorio --tres años, cuatro años, los que sean-- no existiera ni un ejército profesional, que estaría en este momento en trámites de creación, ni tampoco un servicio militar obligatorio que subviniera a las necesidades de la defensa. Se crearía un vacío como consecuencia de tener una obligación, cuyo incumplimiento no acarrearía ningún tipo de sanciones, y eso prácticamente no es tener ninguna obligación legal.
Nosotros hemos optado, por tanto, por una actitud que no es la despenalización pura y dura ni tampoco es la mera sanción simbólica, como alguna iniciativa que se va a ver esta tarde, porque una sanción puramente simbólica en la práctica estaría incitando al incumplimiento de la obligación, aunque fuera con carácter transitorio. Yo creo que desde el legislador no podemos adoptar actitudes irresponsables en la conciencia de tomar medidas que estuviesen incitando a un incumplimiento legal. Por otra parte, sería menospreciar al propio cumplidor de la norma --el que realiza el servicio militar obligatorio, el que realiza la prestación social sustitutoria-- si al mismo tiempo viera que simultáneamente, al lado suyo, un colectivo no la cumple y tiene unas sanciones puramente simbólicas, prácticamente de efecto casi inexistente.
Eso sería también un demérito, un menosprecio para los que sí cumplen con la legislación. Y desde el punto de vista del legislador no parece de recibo que se trate igual a unos y a otros colectivos.


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Me parece que el espíritu de la proposición de ley es claro, su contenido yo creo que también; refleja, en definitiva, esta filosofía de que la Administración tiene que responder desde su propio ámbito a la falta de colaboración o contribución que todos los ciudadanos deben tener en un ámbito o en otro. A esa falta de contribución responde la Administración con sus propias armas de alguna manera, actuando recíprocamente en el propio ámbito de sus sanciones administrativas. Se podrá discutir a lo largo de los trámites subsiguientes si las sanciones que proponemos en esta proposición de ley son altas o son bajas o requieren, de hecho, una mayor graduación o un tratamiento, si se quiere, de otra naturaleza. Eso se podría discutir a lo largo de los trámites subsiguientes, pero nos parece que la filosofía era la adecuada y en ese sentido hemos presentado esta iniciativa.
Con respecto a otras iniciativas, nos encontramos, por una parte, con dos del Grupo Mixto, que prácticamente ya he comentado al presentar la nuestra, que simplemente proponen una despenalización sin ninguna otra alternativa. Ya he dicho anteriormente que eso prácticamente elimina, casi por la vía de facto, la obligación legal y que incluso desde el propio punto de vista jurídico no tiene ningún sentido y es una ficción mantener obligaciones que luego después sus incumplimientos no acarreen ningún tipo de sanción.
La otra proposición de ley, la que presenta el Partido Popular de la mano también de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, fundamentalmente tiene un mismo fondo. En definitiva, es la misma idea. Creo incluso que, al haber sido presentada la nuestra con dos meses de anterioridad, ha habido una cierta copia de la idea --permítaseme decirlo así--, no digo del texto, porque difieren en algunas cosas que pueden ser más o menos importantes, aunque el fondo es el mismo. En cualquier caso, yo creo que hay un estilo un tanto preocupante en cuanto a que, parlamentariamente, cuando un grupo presenta una iniciativa, en seguida vemos que se le cuelgan multitud de iniciativas de otros grupos parlamentarios del mismo tenor, al objeto probablemente de desdibujar la iniciativa del grupo que ha tomado el protagonismo en ese debate. No me parece una técnica demasiado aceptable, pero es lo que es, y no lo voy a poder cambiar. La realidad que hoy tenemos delante es que a los dos meses de que el Grupo Socialista presentara su iniciativa, y después de que la misma fuera descalificada por el Grupo Popular, que hoy presenta iniciativas en esta misma dirección (incluso fue tildada de una iniciativa irresponsable y de la que se dijo que lo único que pretendía era poner piedras en el camino del proceso de profesionalización y obstaculizarlo), resulta que ahora esas piedras han desaparecido y el grupo que hacía esa crítica --el Grupo Popular-- presenta una iniciativa del mismo alcance y de la misma filosofía, aunque con diferente contenido, en la medida en que ubica las sanciones en el Código Penal en lugar de sanciones administrativas.
Jurídicamente podríamos discutir mucho sobre el tema. Me parece que tampoco quizá sea ahora el momento y se puede hacer en trámites posteriores.
En cualquier caso, sí hay una referencia que nos parece preocupante en la proposición del Grupo Popular y de Convergencia y es la tipificación, la creación, en definitiva, de un nuevo delito, cual es la falsa alegación de los motivos de conciencia, para eludir el servicio militar obligatorio. Yo creo que eso es un error grave. Es una regresión en relación con lo que actualmente está vigente en el Código Penal. Creo que el Grupo Popular debería rectificar en cuanto a este punto concreto porque me parece que complica enormemente la situación y que no es de recibo esa tipificación ex novo que acaba de introducir en su iniciativa.
En definitiva, mi grupo tiene una doble sensación a la hora de concluir este debate. Por una parte, satisfacción; satisfacción porque, sea cual sea la iniciativa que al final prospere tras este debate, entendemos que se habrá dado un paso adelante y, por otra, en buena medida se habrá alumbrado una cierta solución del problema en relación con las conductas de insumisión. El denominador común de haber eliminado las penas de privación de libertad está en todas las iniciativas, lo cual ya es un paso adelante, y eso es un elemento fundamental de consenso. Esa es la satisfacción.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Voy concluyendo.
Satisfacción de que el Grupo Socialista, al traer su iniciativa, haya tenido la capacidad de atracción de todos los demás grupos para montarse encima iniciativas del mismo tenor. Nos alegra que se haya producido este efecto cascada con nuestra iniciativa, nos parece muy gratificante, y nos parece también muy gratificante que nuestras iniciativas tengan esa bis atractiva en relación con el resto de los grupos.
No deja también de haber un cierto regusto amargo al contemplar que, cuando se presentan iniciativas por un grupo parlamentario, con una cierta labor de plagio, al menos en cuanto a la idea si no en cuanto al contenido textual, se produzca una amalgama y una agregación de iniciativas que tratan de difuminar la que el grupo protagonista acaba de realizar, e incluso quién sabe si a la vista del debate a lo mejor ni siquiera prospera la que ha traído el grupo que es autor de la iniciativa y prospera la de los que se han sumado con posterioridad a la misma. Esas son las consecuencias de una manera, a nuestro juicio, un tanto oportunista de hacer política parlamentaria. Nosotros, en este sentido, queremos dejar constancia de que el Grupo Socialista ha sido pionero en este debate, independientemente de cuál sea el resultado final de las diferentes iniciativas. Con esa satisfacción queremos acabar este

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debate y también con esa perplejidad por el efecto que ha tenido en relación con otros grupos que, manteniendo la misma filosofía, presentan iniciativas contrarias aparentemente a la que hemos presentado como Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender la proposición de ley orgánica que hemos presentado conjuntamente con los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Coalición Canaria y que pretende modificar algunos aspectos del régimen sancionador aplicable a los denominados delitos por insumisión.
En un debate como el que se está produciendo esta tarde en la Cámara, donde se acumulan varias proposiciones de ley que abordan estos supuestos desde ópticas diferentes, necesariamente fijaré la posición sobre las demás, adelantando que no contarán con nuestro voto favorable, bien por no ser acordes con los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, bien porque no amparan suficientemente el valor constitucional de la defensa, que es el bien jurídico que tratamos de proteger.
Ese valor de la defensa, de acuerdo con el modelo vigente, se concreta para los jóvenes españoles, de un lado, en la obligación de prestar el servicio militar y, para aquellos otros jóvenes que sean reconocidos como objetores de conciencia, en la obligación de cumplir una prestación social de carácter sustitutorio. Es cierto que el Gobierno apostó por cambiar el modelo de Fuerzas Armadas y que nos encontramos en pleno período de tránsito hacia la profesionalización, en el que los diferentes grupos políticos ya han dado a conocer, pública y explícitamente, sus propuestas, tanto sobre el número final de efectivos profesionales como sobre la duración de este período de tránsito.
En cualquier caso, sea cual fuere la conclusión a que se llegue, lo cierto es que el mantenimiento de la operatividad y las funciones de nuestras Fuerzas Armadas requieren que el cambio de modelo no se realice bruscamente, sino de forma pacífica, escalonada y responsable, por lo que, aunque se atisbe en un horizonte cercano, aún restan varios años para que se dé por concluido el período de profesionalización.
Ello significa que, aunque estemos en un período de transición de un modelo a otro, siguen plenamente vigentes los deberes de cumplimiento del servicio militar y prestación social sustitutoria como garantía para proteger nuestras necesidades de defensa. Y precisamente porque ambas prestaciones siguen siendo deberes jurídicos, necesariamente tienen que ser imperativas, y la reacción del Estado, en consecuencia, tiene que manifestarse de alguna manera en caso de incumplimiento. Esa reacción no existe en la proposición que el Grupo de Nueva Izquierda nos presenta hoy a debate, por cuanto pretende derogar los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal sin contemplar alternativa sancionadora alguna, por lo que de ser aprobada, el incumplimiento de determinados deberes establecidos en normas legales vigentes no tendría ninguna consecuencia desfavorable para el infractor. Es más, dejar impunes los incumplimientos derivados de ambas obligaciones equivaldría a vaciar de contenido las leyes sobre las que se sustenta el vigente modelo de Fuerzas Armadas al carecer de respuesta jurídica su desobediencia. Esta impunidad, además de producir un cambio brusco del modelo de Fuerzas Armadas, podría comprometer gravemente el valor constitucional de la defensa, y eso es algo que nuestro grupo parlamentario necesariamente debe rechazar.
En la medida en que su proposición persigue el mismo fin que la que en su día, hace dos meses, se debatió ampliamente en la Cámara, que presentó el grupo de Izquierda Unida, no parece que sea necesario reproducir los argumentos que ya tuve ocasión de manifestar desde esta tribuna, por lo que no podemos apoyar la proposición que nos presenta hoy Nueva Izquierda. Como tampoco podemos apoyar la proposición del Bloque Nacionalista Galego. Señor Vázquez, en la exposición de motivos de la proposición que hoy nos presenta ha invocado el principio de proporcionalidad que ha de regir el Derecho penal, y sin embargo, considerando que estas conductas siguen siendo merecedoras de reproche penal, la pena que ustedes nos proponen es solamente una multa de diez a veinte días. Pero es que, además, si su proposición lo que pretende es suprimir las penas privativas de libertad para los insumisos con el mantenimiento de la pena de multa, ese objetivo no se consigue, porque con el Código Penal en la mano si el insumiso no paga la multa, bien por ser insolvente o bien acorde con sus propias convicciones, lo cierto es que el artículo 53 del vigente Código Penal prevé la posibilidad de sustituir el impago de multas por penas privativas de libertad, consecuencia ésta que choca frontalmente con los principios que inspiran su iniciativa. Por ello, no apoyaremos su proposición.
En este punto sí quiero realizar una precisión, en relación con la afirmación hecha por el portavoz del Grupo Socialista sobre el texto de nuestra proposición, que de alguna manera se permitía afirmar que hemos transformado un agravante en un nuevo tipo delictivo. En ese punto he de decir, para que quede claro para el resto del debate, que no es nuestra intención ni ampliar la extensión de las causas ni de los supuestos de sanciones penales para estos incumplimientos ni, desde luego, criminalizar la llamada objeción de conveniencia, por lo que si se toma en consideración nuestra proposición estamos dispuestos a introducir en el texto

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las mejoras técnicas precisas para evitar que se produzca esa interpretación. Es evidente que nuestra intención es rebajar las penas para estos incumplimientos y no ampliar los tipos delictivos, por lo que si existe algún defecto técnico en nuestro texto anuncio que lo subsanaremos posteriormente en el trámite de enmiendas. Señor Moya, errores e imprecisiones también hay en otras proposiciones; en la suya, por ejemplo. En los antecedentes de su proposición se hace referencia al reglamento de objeción de conciencia de 1988, que es un reglamento derogado por ustedes mismos en el año 1995. Es decir, errores, deficiencias e imprecisiones hay en otras proposiciones, para eso está precisamente el trámite de ponencia, para eso está precisamente el trámite de enmiendas y, además, ya he anunciado que nosotros subsanaremos esa deficiencia técnica.
Voy a continuar explicando las razones por las que, en este caso, tampoco podemos apoyar la proposición que el Grupo Socialista nos presenta. Al inicio de mi intervención decía que el resto de las iniciativas que hoy se presentaban a debate no contarían con nuestro apoyo, bien por no amparar suficientemente el valor constitucional de la defensa, o bien porque, a nuestro juicio, no eran acordes con los principios rectores del ordenamiento jurídico. La proposición que ustedes nos presentan, a nuestro juicio, obedece a esta última consideración.
Nos acusan de incoherencia y oportunismo. Si ustedes, que durante sus catorce años de Gobierno mantuvieron las penas de cárcel para los insumisos, reclaman ahora la posibilidad de reconsiderar su posición argumentando que estamos en una situación distinta, de tránsito hacia la profesionalización de las Fuerzas Armadas, ¿cómo pueden negar a nuestro grupo que podamos realizar la misma reflexión cuando hemos sido nosotros, y no ustedes, los impulsores del cambio de modelo de Fuerzas Armadas? Esa acusación, señor Moya, yo creo que es absurda. Además, la reflexión que da origen a nuestra proposición no es reciente. En noviembre de 1994 el Grupo Popular del Senado votó a favor de una moción en la que se solicitaba a su Gobierno, con escaso éxito, que se suprimieran las penas privativas de libertad para los insumisos. Nuestra portavoz de justicia en el Senado, la senadora Vindel, también lo ha manifestado en múltiples ocasiones, así como nuestra organización juvenil. Yo mismo hace dos meses afirmaba en esta tribuna que nuestro grupo no era favorable a despenalizar la insumisión, pero sí a revisar algunos aspectos del régimen sancionador aplicable a dichos incumplimientos. Por tanto, nuestra proposición es coherente y, más que oportunista, yo diría que es bastante oportuna.
Nos acusan también de haber copiado su proposición. Nada más lejos de la realidad, como podrá comprobar. Es cierto que tanto su proposición como la nuestra coinciden en señalar como sanción, para los más graves incumplimientos de los deberes de prestación del servicio militar y de la prestación social sustitutoria, la privación de derechos por un tiempo de cuatro a seis años. Pero sobre este hecho poca originalidad hay en ninguna de las propuestas. El Código Penal vigente ya sanciona estas conductas con penas privativas de derechos y, en cuanto a su duración, ambas son tributarias de la decisión previa del Gobierno de fijar un límite temporal para la finalización del proceso de profesionalización, por lo que tratándose de copiar en este punto, señor Moya, no sé quién copia a quién. Sí hay discrepancia --y ésta es radical-- en la configuración punitiva de estas conductas.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Ya concluyo, señor presidente.
Su proposición califica los más graves incumplimientos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria como infracción administrativa, pero les asigna una pena disfrazada de sanción administrativa. Ese malabarismo jurídico es, a nuestro juicio, inaceptable. Primero, si antes llegaba a la conclusión de que la proposición del Bloque Nacionalista Galego nos conducía a una suerte de delitos sin pena, ahora se produce justamente lo contrario. Segundo, en su proposición establecen que un órgano administrativo pueda imponer como sanción la pérdida definitiva de cargo público, es decir, la privación del derecho de sufragio pasivo, lo que contraviene claramente la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que en su articulado establece que carecen de derecho de sufragio los que hayan sido inhabilitados para ello por sentencia judicial firme. Por tanto, parece claro que esta sanción está reservada a los tribunales de justicia y no a órganos administrativos. Tercero, el derecho de acceder y de mantenerse también en condiciones de igualdad en los empleos y cargos públicos es en nuestra Constitución un derecho fundamental, consagrado en su artículo 23, y, como tal, acreedor de una inmediata, directa y eficaz tutela judicial. Si de acuerdo con su proposición es la Administración la que sanciona, la que priva desde el inicio del derecho de acceso a empleo o cargo público o la que priva de él al que ya lo tiene, la intervención judicial ya no será inmediata, ni siquiera necesaria y preceptiva, sino ulterior, sólo a petición de parte y con una finalidad meramente revisora.


El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez de Castro, ha de concluir.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Por tanto, entendemos que su proposición no es acorde con los principios rectores del ordenamiento jurídico y podría suponer un retroceso en el sistema de derechos

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y garantías de los ciudadanos, por lo que no la podemos apoyar.
Nuestra proposición --y ya termino, señor presidente-- pretende, por un lado, dar respuesta a una demanda social creciente, desde el Defensor del Pueblo hasta diferentes organizaciones sociales y políticas, que venían reclamando la supresión de penas privativas de libertad para estos supuestos y, por otro lado, amparar y proteger el valor, las necesidades de defensa durante este período de tránsito, por lo que mantenemos como delito el acto de insumisión, aplicando penas privativas de derechos, pero no de libertad, para quienes rehúsen cumplir el servicio militar.
Señorías, si muchos sectores de nuestra sociedad consideraban que las penas privativas de libertad para los insumisos era una sanción excesivamente dura, dada la situación actual, nuestra proposición da respuesta a esa inquietud, respuesta que esperamos sepa reconocer y valorar el conjunto de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez.
Tengo que prevenir a los intervinientes en favor de esta proposición de ley, de esta misma iniciativa, que el turno que ha consumido el portavoz del Grupo Popular hace forzosamente que tengan que reducir mucho el tiempo de intervención en los suyos.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Procuraremos hacer la intervención ajustada en tiempo al contenido de esta iniciativa. El pasado 16 de diciembre ya tuvimos oportunidad de debatir una iniciativa que también incidía en la cuestión de la insumisión y también lo tuvimos que hacer en septiembre del año anterior.
El último debate, el que tuvo lugar el 16 de diciembre, y las consecuencias que se derivaron del mismo, hicieron que nuestro grupo parlamentario fuese objeto de importantes críticas. Se nos acusó de incoherentes, de contradictorios y de insensibles a una determinada realidad social. Hoy, con este debate que también planteamos nosotros, tenemos la oportunidad de clarificar estas posiciones y, sobre todo, tenemos la oportunidad real de avanzar en un cambio legislativo de ese Código Penal que a todos --insisto-- nos repugna.
El señor Moya hablaba desde la amargura que le podía producir el hecho de que su iniciativa quedase subsumida en otras iniciativas o previendo que su iniciativa no sería tomada en consideración hoy en el Pleno. Nosotros podríamos hablar de la amargura que nos han supuesto las acusaciones injustas que desde el Partido Socialista a lo largo de estos meses se han dirigido a nuestro grupo parlamentario en relación con esta cuestión.
Evidentemente, nuestra posición en relación con la supresión de las penas de prisión no se remonta a los debates de esta legislatura, sino que se remonta al debate de 1995, a la reforma del Código Penal. Hemos de recordar, y queremos que conste en la sesión de hoy, que si en el Estado español existen presos de conciencia, alrededor de 90 jóvenes condenados a penas de prisión por el delito de insumisión, es responsabilidad del Partido Socialista.
Las enmiendas que Convergència i Unió presentó en 1995 al Código Penal tenían el objetivo de corregir esta cuestión. Lo conseguimos en el caso de la insumisión a la prestación social, donde el proyecto inicial del Grupo Socialista preveía penas de prisión de seis meses a dos años, no lo conseguimos en el caso de las penas de prisión para la insumisión. Por tanto, no es responsabilidad de Convergència i Unió que hoy haya alrededor de 90 jóvenes condenados a penas de prisión por delitos de insumisión. Y si en 1995 nos repugnaba el planteamiento del Código, hoy aún nos repugna más.
Señorías, estamos inmersos en un irreversible proceso de transformación del modelo de las Fuerzas Armadas, un proceso que responde no sólo a razones de coyuntura internacional, sino también a un cambio profundo de los valores, a un cambio de modelo de nuestra sociedad ante el hecho militar. Por tanto, el principal reto que tiene marcado este Congreso, el principal reto que tenemos marcado el conjunto de grupos políticos es avanzar hacia ese nuevo modelo que nos reclama la sociedad, un nuevo modelo --insisto-- que se fundamenta en valores diferentes a los que han informado la vida del conjunto de la sociedad española en relación con la cuestión militar a lo largo de estos años.
Para hacer posible este nuevo modelo es necesario gestionar de manera inteligente su transición, haciéndola lo más corta posible, afectando lo menos posible a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y no creando agravios comparativos entre los ciudadanos sometidos aún, y de manera provisional --insisto--, a un determinado régimen de obligaciones.
Desde este punto de vista, debemos encontrar qué formula sirve para regular en ese régimen transitorio el incumplimiento de esas obligaciones legales. Entendiendo, y lo decíamos ya en el debate del pasado mes de diciembre, que con la reforma que hoy introducimos e incluso con la reforma que pretende introducir Izquierda Unida, no abordamos el problema de fondo que nos plantean los movimientos antimilitaristas, los movimientos de la insumisión. El debate de fondo que se nos plantea desde el antimilitarismo es un debate en relación al papel de los ejércitos, a su relación con la sociedad, a la relación de los Estados. Y este debate no lo agotamos hoy ni lo vamos a agotar en esta legislatura.
Tenemos oportunidad de continuar avanzando en el desarrollo de políticas de defensa diferentes. En ellas incide el movimiento de la insumisión, pero en el debate en relación a la penalización de los llamados delitos de insumisión no entramos en esta cuestión.


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Las reformas que impulsamos Convergència i Unió, Coalición Canaria y el Partido Popular las ha explicado de manera clarísima el señor Bermúdez de Castro. Recordemos: eliminación de las penas de prisión y de las multas, rebaja a la mitad de las inhabilitaciones, dejándolas de considerar absolutas por especiales y estableciendo un expreso régimen de retroactividad. Entendemos que ésta es hoy la mejor reforma posible y, por tanto, la reforma que es necesario que impulsemos.
En cuanto a las propuestas que nos plantea el resto de grupos de la Cámara, estoy seguro de que podemos compartir el fondo de la mayoría de ellas, pero introducen una complicación en el trámite parlamentario que nos parece innecesaria y especialmente compleja, ya que es importante que antes del verano hayamos reformado el Código Penal.
La propuesta del Grupo Socialista nos parece que crea determinadas situaciones de indefensión a ciudadanos que se hayan visto privados de derechos fundamentales a través de un trámite del derecho sancionador administrativo. La proposición del BNG nos parece que introduciendo las multas como método de punición puede crear una complejidad especial al distinguir entre personas insolventes y las que no lo son, por lo que no es un régimen más justo, y evidentemente la propuesta de Nueva Izquierda, en la medida que no plantea ningún régimen sancionador alternativo, nos parece que no es posible aceptarla.
Señorías, va a ser importante que en esta legislatura avancemos hacia la supresión del servicio militar. Va a ser importante que encontremos ese sistema de gestionar de manera inteligente esta transición. Invitamos al conjunto de grupos de la Cámara a que participen de esa demanda de la sociedad y a que participen, además, del éxito que va a tener la misma.
Insisto, vamos a tener oportunidad de discutir a fondo las cuestiones, que creo que también son las que existen en el núcleo del debate, respecto a la supresión del servicio militar. Ese objetivo de la supresión del servicio militar no debe resultar cuestionado por frivolidades o actitudes no excesivamente meditadas, pero que al mismo tiempo esa transición sirva para resolver injusticias que vienen funcionando desde 1995.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
También Coalición Canaria, como grupo firmante y proponente de esta iniciativa que, junto al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hoy traemos aquí, ha tenido y tiene sus razones respecto a la misma y subo a la tribuna para especificarlas. No haré repetición de los argumentos que han sido dados ya por mis dos compañeros cofirmantes en los aspectos fundamentales.
Hicimos este texto y, como es un texto de consenso entre tres fuerzas políticas, comprenderán SS. SS. que todas tienen que ceder algo. Lo que tenemos que hacer aquí es votar una toma en consideración y, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Popular, estamos abiertos en los trámites de ponencia y Comisión a llevar a cabo perfeccionamientos del texto legal, por si alguien le ha dado una interpretación que fuera contraria a los principios que inspiraron el consenso de los tres grupos parlamentarios. Se trata fundamentalmente de aprovechar un periodo necesario de transición hacia el nuevo modelo profesional de las Fuerzas Armadas para que el delito de insumisión, ante la situación que este periodo transitorio plantea, no llegue a situaciones esperpénticas --lo que es delito hoy, mañana no lo es-- y no hacer caer ese peso del principio de la ley para el bien jurídico que estamos defendiendo, que no es un derecho individual, ya defendido por el Derecho en otras ramas específicas, sino el bien jurídico de la defensa nacional, para que en este interregno no se produzca un verdadero vacío de efectivos ni un mal ejemplo --vamos a llamarlo así-- en los cumplidores al cien por cien de la Ley del Servicio Militar Obligatorio actual. Eso es lo que pretendemos perfeccionar fundamentalmente en ese trámite.
Voy a decir una cosa. A la objeción que se ha hecho de que hay una supuesta lectura de criminalización por parte de esta iniciativa de los tres grupos para sacar un nuevo tipo penal y hacer de la objeción de conveniencia una figura delictiva, tenemos que decir lo siguiente. Para los que han dado este argumento, eso se deduce de la modificación que proponemos del artículo 527 del Código Penal, que comienza diciendo en su apartado primero: haya alegado falsamente motivos de conciencia.
Señorías, cuando estuvimos haciendo esta lectura, este portavoz tenía presente no solamente el Código Penal, tenía presente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los sistemas de leyes procesales españolas, donde la carga de la prueba es evidente. De los cuatro puntos que hay, posiblemente el segundo, el tercero y el cuarto son objetivos y están tasados y medidos, pero quien haya alegado falsamente motivos de conciencia los alega ante un órgano y, para una aplicación del artículo 527 del Código Penal, hay un tribunal, hay un juez y un magistrado y éstos, en razón del principio procesal de garantías al justiciable, que inspira nuestro Derecho y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exigen la carga de la prueba y habrá que demostrar que ha alegado falsamente. Esta no es una apreciación puramente subjetiva, sin ninguna garantía para el justiciable. Nosotros vamos a dejar claro en los trámites de ponencia y Comisión que no haya el menor atisbo de

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inseguridad jurídica en esta figura para que a una persona se la pueda acusar de objeción de conveniencia.
Hay una diferencia fundamental en nuestro texto con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Coincidimos con los planteamientos de fondo, dichos hoy aquí, del texto de la iniciativa socialista; con lo que no podemos coincidir es con lo que coincidimos el día en que debatimos aquí la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, cuando llegamos a estos artículos a los que este diputado presentó enmiendas que fueron apoyadas por el Grupo Socialista y apoyamos la propuesta del Gobierno socialista en aquel momento, que donde dijimos ayer blanco, ahora digamos negro. Es que ustedes, en su texto, modifican no el Código Penal, modifican la Ley 48/1984, de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria y, al final de todo el alegato de modificación de la Ley de la objeción de conciencia, en la disposición derogatoria se derogan de una tacada tres artículos del Código Penal. En nuestra iniciativa, perfectible y perfeccionable, a lo que estamos abiertos, no entramos en la Ley de la objeción de conciencia y de la prestación social, sino que modificamos dos artículos del Código Penal, el 527 y el 604, suprimiendo el 528. Esta es una diferencia formal, pero muy importante. Preferimos entrar por la vía de la modificación del Código Penal para que el justiciable, llámese insumiso u objetor de conciencia en el caso previo, tenga todas las garantías del sistema procesal español, pero con una vinculación al Código Penal como principio de la defensa del bien jurídico fundamental a proteger. Esto no significa negar nuestro sistema de derechos individuales que debe tener cualquier ciudadano español en el resto de las leyes y en su contexto.
Por estas razones, mi grupo, obviamente, va a votar a favor de nuestra iniciativa, abierta a las modificaciones, y en contra de las demás.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar y para defensa de la que ha presentado con el señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra el señor Vázquez Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Con la proposición de ley orgánica que presenta el Bloque Nacionalista Galego tratamos de que este Congreso de los Diputados aborde la discusión de la necesaria reforma del Código Penal, en lo que se refiere a delitos contra el deber del cumplimiento del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria y, en consecuencia, que se adapte la ley a la realidad actual.
Desde nuestro punto de vista, es una evidencia que el actual modelo de servicio militar obligatorio está absolutamente en crisis, lo que tiene su reflejo en el incremento imparable del número de jóvenes que se niegan a realizar el servicio militar, sean objetores o sean jóvenes que se califican como insumisos, que, por cierto, todos ellos son personas con un alto nivel de integración social, no son personas insolidarias, como muchas veces se afirma, sino que simplemente aspiran a cambiar la sociedad y lo hacen, por cierto, con su sacrificio personal, afrontando muchas veces penas de cárcel e inhabilitación. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el modelo de servicio militar obligatorio está en crisis y también, hay que decirlo, el modelo de ejército, porque si no fuese así no se podría explicar el amplísimo rechazo que se produce a realizar el servicio militar obligatorio, un rechazo mucho mayor que el que se produce en países del entorno geográfico del Estado español.
La Ley de Objeción de Conciencia trató en su día de procurar una alternativa al no cumplimiento del servicio militar obligatorio y, sin embargo, esta ley fue cuestionada por muchos jóvenes; fue vista más como un castigo que como una alternativa al servicio militar obligatorio.
La objeción y la insumisión siguieron aumentando y, desde luego, parece claro que, en un intento de frenarlas, el nuevo Código Penal, en sus artículos 527, 528 y 604, estableció penas de multa, prisión e inhabilitación absolutamente excesivas y desproporcionadas para el delito que se pretendía castigar y que, desde luego, no tienen equivalente en el incumplimiento de otras leyes, penas de todos conocidas y que no voy a pasar a relatarles. Eran penas desproporcionadas, estaban planteadas más como amenaza y castigo que como respuesta al incumplimiento de una ley y, además, resultaron inútiles; que eran desproporcionadas es una evidencia al castigar con penas de ese calibre el teórico delito producido, y que, además, resultaron inútiles lo demuestra la práctica de que cada vez el número de objetores y de insumisos no solamente no disminuyó, sino que fue aumentando. Esto lleva a que aparezca el Estado español con un alto número de presos de conciencia, algunos de ellos en prisiones militares, como acontece, por citarlos en este momento, a dos insumisos gallegos, Elías Rozas y Ramiro Paz, entre otros. Estamos, por lo tanto, ante una situación insostenible y más aún cuando se está a las puertas de la creación del ejército profesional. De nada vale, por tanto, esconder la cabeza cuando la realidad es la que es. Las contradicciones de nuevo aumentan y es difícilmente entendible que mientras que se castiga con dureza a jóvenes que se niegan a realizar la prestación social sustitutoria o el servicio militar obligatorio, existan por sorteo los llamados excedentes de cupo, es decir, que al ejército le sobran efectivos y, sin embargo, se castiga a los que no quieren realizar el servicio militar obligatorio.


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El Bloque Nacionalista Galego cree y defiende que ni la insumisión al servicio militar sustitutorio ni la insumisión al servicio militar obligatorio pueden ser considerados delitos y, por tanto, no deben ser castigados. Esa filosofía impregnó e impregna nuestra actividad y esto queremos dejarlo claro. En todo caso, también somos conscientes de la dificultad de conseguir en este momento la despenalización total, entre otras cosas porque la mayoría de este Congreso de los Diputados no está por esa labor.
Por lo tanto, nosotros presentamos una proposición de ley que nos parece que es pragmática, que es posible jurídicamente, en tanto no se modifique el marco legal que hace que existan las penas y que propone modificar los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal, suprimiendo de los mismos las penas de prisión y de inhabilitación y rebajando sustancialmente las multas a aplicar, mientras no se suprima el servicio militar obligatorio.
Una reforma, por lo tanto, del Código Penal, en este período transitorio hasta la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que no signifique la supresión de las penas de inhabilitación y prisión es absolutamente timorata e insuficiente, desde nuestro punto de vista; es un pequeño avance, pero creemos que, al mantenerse la inhabilitación, lo que se hace es simplemente tratar de evitar el aspecto más llamativo y poco defendible ante la sociedad, que es que por motivos de conciencia haya jóvenes en prisión en un Estado democrático. Conviene decir que en la vida de una persona la inhabilitación acarrea probablemente consecuencias más graves que el propio paso por prisión.
Por lo tanto, esperamos que esta proposición de ley sea apoyada y se tome en consideración, aunque algunos portavoces ya expresaron su voto negativo. En todo caso, es probable que sea la primera y última propuesta del Bloque Nacionalista Galego en el sentido de reformar el Código Penal y, por lo tanto, nos veremos abocados, como es práctica habitual en nosotros, a seguir considerando que la insumisión no es delito y propugnando la despenalización total de la misma.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, termine por favor.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Concluyo, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya y nos abstendremos en el caso del resto de las proposiciones presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señorías, Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda, dentro del Grupo Mixto, presenta hoy una proposición de ley en la que solicitamos directamente la derogación de los artículos 527, 528 y 604 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con objeto de suprimir la penalización de esas conductas denominadas de insumisión.
Señorías, creemos que estamos en la obligación de modificar un ordenamiento jurídico que entra en colisión directa con la libertad de conciencia y que hace que más de 3.000 jóvenes hayan estado o estén sufriendo procesos judiciales, que 100 jóvenes estén en las cárceles y que centenares de jóvenes en estos momentos estén inhabilitados.
Pensamos que hasta el momento se están sancionando penalmente unas conductas que no provocan alarma social y que no merecen ni estar sufriendo un reproche social. Muy por el contrario, pensamos que son conductas que están siendo vistas con simpatía por el cuerpo social, a excepción, seguramente, del señor Molins, de Convergència i Unió, que hizo recientemente unas declaraciones en las que tachaba a estos jóvenes de asociales, lo que, a mi entender, es una calificación absolutamente injusta.
Estamos sometiendo a juicio la propia conciencia de la persona sobre una actuación, señorías, que dentro de poco va a dejar de ser delito. Estamos haciendo una penalización de conveniencia. Esto sí que es de conveniencia, no la objeción de la que todo el mundo está hablando --objetores de conveniencia--, sabiendo a lo que se arriesgan estos jóvenes con penas de cárcel y de inhabilitación. Estamos penalizando por conveniencia, porque nos conviene, porque el Grupo Popular está incumpliendo sus promesas electorales, ya que dijo que en este mandato se produciría la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y ahora lo está posponiendo para el año 2005. Y si unimos a esto el hecho de que está buscando un modelo de macroejército, de 160.000-180.000 efectivos, cosa absolutamente inadecuada para las necesidades defensivas de nuestro país, significa que hasta el año 2003, durante cinco años, tendremos a jóvenes que serán penalizados sufriendo unas penas de inhabilitación que, quiero recordarles, señorías, no son peccata minuta, pues significan exactamente pérdida definitiva e imposibilidad de obtener cualquier honor, empleo o cargo público al servicio de cualquiera de las administraciones u organismos públicos, así como subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo por tiempo de cuatro a seis años.
Señorías, no es un tema menor. Por eso, Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda presenta esta proposición de ley sobre despenalización total de los delitos de insumisión.
En relación a las demás proposiciones de ley que se plantean hoy en esta Cámara, nos vamos a abstener.


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Respecto a la presentada por el Bloque Nacionalista Galego, sabemos que la sanción que quieren establecer es absolutamente simbólica y conocemos los motivos que les mueven, pero, por una cuestión de principio, nos vamos a abstener. En cuanto a las dos proposiciones restantes, quieren evitar la prisión de los insumisos, pero mantienen unas penas de inhabilitación que las acabo de nombrar y que, a nuestro juicio, son gravísimas. Y, aunque nos consta la voluntad del Grupo Socialista de despenalizar este delito, de sacarlo del Código, entendemos que da más garantías. Ya que la pena es la misma --inhabilitación de cuatro a seis años--, creemos que ayuda el hecho de que sea un procedimiento judicial por el que se impone la sanción, porque en este tipo de procedimiento siempre juegan las circunstancias modificativas --atenuantes y eximentes--, mientras que en un procedimiento administrativo, aunque puede graduarse la sanción, la responsabilidad que se determina es siempre de carácter objetivo. Por otra parte, si es una sanción administrativa, es menos beneficioso para los insumisos porque, al permanecer el tipo en el Código Penal, en el momento en que desaparece el delito, se podría pedir por el afectado la revisión de la condena, lo que no parece posible en un procedimiento administrativo sancionador.
Por todo ello, señorías, nuestro grupo anuncia la abstención para las proposiciones de ley que hoy se debaten en la Cámara y solicita la votación favorable a nuestra proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
La señora Rivadulla me ha indicado que compartía su tiempo --aunque ya queda un minuto-- con la señora Lasagabaster. Tiene un minuto, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
En este turno de fijación de posición, quiero decir que hemos reiterado desde el inicio...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Lasagabaster, un momento.
No es un turno de fijación de posición. Es una defensa de unas proposiciones de ley en las que se reparte el turno con la señora Rivadulla. Es decir, si el Grupo Parlamentario Mixto consume un turno de defensa de las enmiendas, no tiene turno de fijación de posiciones. Habla repartiéndose el turno --ya queda muy poco tiempo-- de defensa de una de las propuestas.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: En ese caso, señor presidente, voy a hablar en defensa de nuestra posición y en relación con las dos iniciativas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero muy brevemente, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Brevemente, señor presidente.
Creo que han oído en más de una, dos, o incluso cinco ocasiones nuestra posición favorable a la despenalización y a la no muerte civil de los insumisos; creo que, incluso, desde el mismo debate de investidura del señor Aznar como presidente. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara.
En cualquier caso, creemos que su conducta no es socialmente reprochable, al menos en Euskal Herría tienen un gran apoyo de la sociedad, y entendemos que merece que se despenalice. No creemos que la inhabilitación sea la fórmula adecuada y, por eso, vamos a votar a favor de las dos iniciativas del Grupo Parlamentario Mixto y nos abstendremos en las demás proposiciones.
Esto nos permitiría, además, solventar otros problemas, como el de aquellos insumisos, alcaldes o concejales, que han sido condenados por no hacer el alistamiento de mozos; o, incluso, problemas como interposición de querellas --a nuestro entender muy injustas-- por un mero delito de opinión, en cuanto a favorecer la insumisión, que creemos es una conducta para nada reprochable y apoyada por una gran mayoría, al menos de la sociedad vasca.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la postura del grupo al que represento sobre este asunto es sobradamente conocida. Desde siempre hemos apostado por la despenalización de estas conductas y por la existencia de un ejército profesional. Hecha esta promesa por el presidente del Gobierno, desde nuestra óptica, lo que procede o lo correcto es la eliminación, sin más, de la obligación relativa al servicio militar. Entendemos que ello está implícito en la proposición de Iniciativa per Catalunya y, por eso, es la que votaremos íntegramente.
La situación provisional previa a la configuración definitiva del ejército profesional no debe atenderse por medio del recurso fácil de mantener la obligación legal del servicio militar o la prestación social sustitutoria. Si yo le preguntase al señor ministro de Defensa --de estar presente-- el porqué del plazo de seis años que prometió el presidente del Gobierno, se me contestaría que por razones económicas o de adecuación de efectivos, y la insuficiencia presupuestaria no justifica ilícitos penales.


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Debe y puede hacerse un esfuerzo por imaginar y conseguir mecanismos alternativos que permitan atender los requerimientos de esta situación provisional desde la perspectiva de la defensa; por ejemplo, medidas de fomento del acceso voluntario al ejército. Si se mantiene la obligación legal, que no es lo necesario, desde nuestra óptica, debe regularse obviamente una consecuencia jurídica de su incumplimiento. La sanción administrativa puede ser una fórmula adecuada, siempre que la misma responda estrictamente a los criterios propios de la determinación de la sanción en el marco punitivo.
La aludida situación de provisionalidad y la naturaleza del hecho determinan la configuración concreta de las finalidades de la sanción, que son las que a su vez delimitan los criterios para su determinación, tanto en abstracto como en concreto. La prevención general no exige mucho en este caso, porque ya se ha admitido que la obligación de que se trata no sirve a la salvaguarda del valor constitucional de la defensa.
Tendríamos que el bien protegido no es tanto la defensa, sino la regularidad y la ausencia de problemas organizativos en el tránsito del sistema actual al sistema del ejército profesional. Pero este bien jurídico no tiene trascendencia suficiente como para estar protegido por el Derecho punitivo, y, si se admite que tiene la necesidad de protección, es absolutamente leve y leve debe ser, por tanto, la sanción que lleve aparejada.
Puede decirse que el único aspecto referente a la necesidad de prevención general que se da en este caso es el consistente en la mera afirmación de la existencia del Derecho, y así parecía sostenerlo el representante del Grupo Popular, a través de la efectiva respuesta del ordenamiento ante las vulneraciones del mismo. Pero éste es un aspecto desconectado de la necesidad de bienes jurídicos relevantes, no requiere de la sanción o, si la requiere, precisa una respuesta de todo punto moderada. La naturaleza del hecho, unida a la situación de provisionalidad aludida, conduce a la práctica desaparición de la necesidad de prevención especial en este caso.
Es importante considerar que no hay que evitar la comisión por el ciudadano incumplidor de nuevos hechos del mismo significado, pues se trata de un incumplimiento que no puede repetirse, tanto por su propia naturaleza como porque la obligación va a desaparecer, y siendo ello así, ni procede la reeducación ni la amenaza concreta de sanción.
Hay que tener en cuenta también que, al margen de lo que acaba de decirse, en absoluto cabe aquí hablar de función resocializadora, pues estamos ante un incumplimiento de la legalidad que tiene su causa en convicciones ideológicas o religiosas individuales. Hablar de función resocializadora en estos casos es aludir a la posibilidad de cambiar tales convicciones a través de la amenaza punitiva, y esto es rotundamente inconstitucional.
Se podría contrargumentar que la función resocializadora va dirigida, no a ese cambio, sino al aprendizaje de que las propias convicciones ideológicas no permiten cualquier incumplimiento de la legalidad vigente.
Con ser esto cierto, resulta muy difícil diferenciar esta segunda finalidad de la primera, que es inconstitucional, máxime teniendo en cuenta que la libertad ideológica comprende la posibilidad de ajustar los propios comportamientos a las propias convicciones en asuntos vitales y esenciales para el libre desarrollo de la personalidad.
En cuanto a la función resocializadora, no es propia de la sanción administrativa. Podría hablarse de la función retributiva, pero, amén de que la misma es rechazada por abrumadora mayoría en la doctrina en los países de nuestro entorno, tal función estaría limitada, al igual que todas las demás funciones de la sanción o de la pena, por el principio de proporcionalidad, el cual debe referirse, por un lado, a la gravedad de los hechos ilícitos y, por otro, a la incidencia de la sanción en el ámbito de las libertades y derechos de los ciudadanos.
La consideración de la gravedad de los hechos nos lleva, en este caso, por las mismas razones expuestas al analizar la relevancia de la función de prevención general, a una respuesta sancionadora muy leve, si es que desea mantenerse la existencia de la obligación.
Sobre la sanción adecuada, empezamos por la crítica de la inhabilitación agravada, que se fija tanto en la iniciativa del Grupo Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria, como en la del Grupo Socialista.
Las sanciones administrativas llevan aparejadas, en general, respuestas punitivas menos limitativas de derechos que las infracciones penales y suelen ser multas, salvo en aquellos casos en los que se pretende excluir al infractor de un cierto ambiente. Pondré el siguiente ejemplo: Si se incumple una normativa en materia de subvenciones, cumpliendo un tipo infractor, suele llevar aparejada la sanción de no poder concurrir a otro proceso subvencional de una determinada administración. Pero en este caso es una sanción desproporcionada e injusta y, al ser injusta, no sirve a la escasa función preventiva que, como hemos visto, pueda concurrir en este caso. Por otro lado, si se admitiese la existencia de una cierta función resocializadora, habría que convenir que dicha sanción hace un flaco servicio a esta función.
Desde nuestro modesto criterio, creemos que la exposición de motivos de la proposición del Grupo Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria mete la pata de forma escandalosa, al mencionar dicha función como fundamento de la regulación que pretende.
Decimos que es desproporcionada porque conlleva una limitación muy relevante de las posibilidades vitales de la persona, máxime considerando que la sanción se va a aplicar a jóvenes que están en proceso de formación o iniciando su andadura laboral.


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Así vistas las cosas, se trata de una sanción que afecta negativamente a la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo formativo y laboral.
Piénsese en el acceso a la función pública, en el acceso a la formación académica, preparatoria del camino profesional, en el acceso a las ayudas a la constitución de primeras empresas, etcétera. Y ello conlleva una afectación negativa a valores y derechos constitucionales, que son el auténtico sustento del Estado social y democrático de Derecho, tales como la igualdad real, artículo 9.2, la dignidad personal y el libre desarrollo de la personalidad, artículo 10.1, también de la Constitución.
Esa desproporción aleja la sanción criticada de las funciones admitidas en el Derecho punitivo moderno, lo cual permite verla con independencia de la intención que lo anime como un castigo arbitrario que busca desalentar el ejercicio de derechos y libertades constitucionales. Esto, amén de inconstitucional en sí mismo, es contradictorio con la pretensión de abolir el servicio militar obligatorio.
En definitiva, se puede considerar que esa función de afirmar el Derecho, la única que queda, puesto que hemos dicho que sólo razones económicas o de adecuación de efectivos justifican el mantenimiento de la obligación, se podría conseguir con una infracción administrativa muy leve, con una sanción administrativa muy leve, cual podría ser la de una multa.
Desde nuestra óptica, son rechazables tanto el esquema que plantea la iniciativa del Grupo Popular como la iniciativa socialista y, por tanto, apoyaremos, por considerarla la más correcta, la iniciativa del Grupo Mixto, Iniciativa per Catalunya. También, por su valor simbólico, aunque pretende aparejar una sanción a nuestro modo de ver poco adecuada a la técnica legislativa, la propuesta por el Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Al entrar en el Pleno esta tarde, un periodista me hacía un comentario, en alguna medida adulador para Izquierda Unida, y decía: Estaréis contentos, porque, por fin, después de aproximadamente diez intervenciones de vuestro grupo a lo largo de anteriores legislaturas, parece ser que esto se va abriendo camino y que lo que el día 16 de diciembre era imposible, que se admitiera a trámite una proposición de ley que pedía lo que se pide hoy, la despenalización sin ninguna clase de disimulos de la insumisión, lo que entonces no fue posible, resulta que hoy va a serlo, porque por lo menos algunos grupos parlamentarios parece ser que han reconsiderado su actitud y nos presentan hoy unas proposiciones que efectivamente se puede calificar, con todo cariño, de absolutamente vergonzantes.
Hay que preguntarse qué ha pasado desde el 16 de diciembre a hoy. Yo creo que lo que ha pasado es que se han puesto en fila en el despacho del ministro de Defensa, señor Serra, para pedirle permiso y, como el señor Serra se lo ha dado, ya vienen hoy todos contentos a decir: Vamos a ser buenos con los insumisos. Es más, hasta entran en una polémica por ver quién es el pionero, quién es el precursor, quién va mas lejos, quién se queda simplemente en la sanción administrativa, quién mantiene la sanción penal.
Es sinceramente un espectáculo que yo quiero entender porque me parece que esta semana es la semana de carnaval. Por lo tanto, yo lo entiendo como un espectáculo. Porque no es serio, señor presidente, no lo es. No es serio que se esté llamando la atención con un conjunto de argumentos y que hoy los que han rechazado los argumentos vengan y los pongan de manifiesto en la tribuna. Hoy sí entienden que no había ningún ilícito en la conducta de los insumisos, hoy sí entienden que no había ninguna actitud reprochable, hoy sí entienden que el valor que teníamos que proteger jurídicamente, que era el de la libertad, tiene que predominar sobre todos los demás. Hoy ya lo entienden todo. Pero, mientras tanto, hay que preguntarles, no desde el día 16 de diciembre, sino desde mucho antes, si con estas proposiciones no de ley van a devolver ni un solo minuto de libertad a los que están en la cárcel. Ahí, nosotros tenemos la conciencia bien tranquila, porque ya hace mucho tiempo dijimos que eran condenas injustas con leyes injustas.
Ahora, ¿qué quieren ustedes? ¿Que tengamos que votar estas proposiciones? Claro que tendremos que votarlas, pero no porque nos hayan convencido, sino por un principio muy lamentable: del lobo, un pelo. Con tal de avanzar, nos tendremos lógicamente que reprimir las ganas de seguir echándoles en cara lo que hay que echarles, la irresponsabilidad. Son ustedes unos auténticos irresponsables. Si fueran personas responsables, hubieran admitido a trámite aquella proposición y hoy estaríamos, con sus propias enmiendas, habiendo avanzado en un camino muy serio para haber puesto fin a una situación. Pero aquí hemos oído de todo.
Aquí hemos visto a grupos parlamentarios que mantenían la despenalización absoluta; de pronto, cambiaban de criterio; hoy vuelven a cambiar de criterio. Hemos visto grupos parlamentarios que se erigen hoy en defensores de la libertad del insumiso y que alababan una circular de un fiscal general del Estado, que pedía a los fiscales que castigaran todavía con mayor dureza a aquéllos que se oponían pura y sencillamente, por objeción de conciencia, a cumplir el servicio militar.
Porque siguen ustedes instalados en que la objeción de conciencia la tienen que administrar ustedes. Y la

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objeción de conciencia la administra la conciencia de cada uno; no la tienen que administrar ustedes. La objeción de conciencia es un valor constitucionalmente respaldado ¿para qué? Para que nadie se erija en el administrador de ella y nadie se erija en tutelador. Y siguen ustedes, vergonzantemente. ¡Cómo es posible! ¿O la objeción de conciencia y el derecho del ciudadano a mantener sus tesis se reconoce plenamente o en base a qué razón se le puede imponer ni más ni menos que una pena de interdicción civil? Una pena muy superior que, señores --vayan ustedes al Código--, no se la ponen ustedes, cuando hablan de inhabilitación, al conjunto de corruptos que se han dedicado a meter la mano en la caja del Estado. Muy superior. Las concesiones que han hecho ustedes con el Código Penal, de la prescripción, no las han hecho nunca con los insumisos y ahora, de pronto, todos a ponerse en fila y a reclamar el número uno en esta lucha.
Sinceramente, el asunto es repugnante. Pero como lo que importa es ir avanzando y en lo que tenemos que pensar es en la libertad de los que están en la cárcel, como lo que importa es eso, vamos a tener que hacer tabla rasa de todo ello. No obstante, que quede en el «Diario de Sesiones» que aquí, por lo menos, se ha mantenido la libertad, la libertad de saber decir lo que se piensa en todo momento y sin pedir permiso a los del fajín. No hemos pedido permiso a nadie.
Por tanto, señor presidente, claro que votaremos a favor de la proposición de Nueva Izquierda, coincidente con la nuestra. Votaremos también a favor de la proposición del Grupo Mixto y, desde luego, en lo que se refiere a las otras proposiciones, vamos a hacer un gesto de educación que no se ha tenido nunca con nosotros, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Castellano.
Vamos a pasar a la votación de todas estas iniciativas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones de ley que se han presentado y debatido por el Pleno.
En primer lugar, se somete a votación la iniciativa del Grupo Socialista para que se deroguen los artículos del Código Penal 527, 528 y 604 y se modifique el régimen de infracciones y sanciones en materia de objeción de conciencia y del servicio militar.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 129; en contra, 170; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa del Grupo Socialista.
Iniciativa suscrita por los grupos parlamentarios Popular, Catalán (Convergència i Unió) y de Coalición Canaria, sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 165; en contra, 135; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley suscrita por los tres grupos parlamentarios.
Votación sobre la iniciativa del Grupo Mixto, suscrita por los señores Vázquez y Rodríguez Sánchez, sobre modificación de algunos artículos del Código Penal que castigan el delito de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 26; en contra, 166; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la iniciativa.
Finalmente, la proposición de ley también del Grupo Mixto, de las señoras Almeida y Rivadulla, sobre despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 27; en contra, 166; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo Mixto.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA DENUNCIA DEL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS DE 1998 SOBRE COOPERACION PARA LA DEFENSA, ASI COMO ENTREGA A LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS DE SUS INSTALACIONES MILITARES EN TERRITORIO ESPAÑOL, E IMPULSO EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA DE UNA POLITICA DE DEFENSA PROPIA. (Número de expediente 162/000033)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día. Proposiciones no de ley.


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En primer lugar, la del Grupo de Izquierda Unida, relativa a la denuncia del Convenio entre España y Estados Unidos de 1998 sobre Cooperación para la Defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e impulso en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías, silencio. Señora Conde, por favor.
Cuando quiera, señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Este debate que vamos a tener hoy, señorías, es un debate muy oportuno en relación a la posible utilización de una de nuestras bases, la base de Morón, para el conflicto de Irak, un bombardeo anunciado, posiblemente para el día 26, y, por tanto, es un debate que viene...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Meyer, un momento, por favor.
Por favor, señorías, respeten con el silencio la intervención del señor Meyer. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que es un debate que viene muy bien en el tiempo político para fijar posición del conjunto de los grupos políticos sobre la utilización de las bases norteamericanas de nuestro país y también para fijar una posición de fondo sobre un modelo de seguridad, que es un modelo de seguridad caduco, que se debe revisar, y, desde luego, con nuestra posición, la de Izquierda Unida, pretendemos que se abra un debate, lógicamente, sabiendo cuál va a ser de entrada...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
Señora Balletbó, por favor. (Pausa.)

El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que sabía de entrada cuál va a ser el conjunto de las argumentaciones de la mayoría de la Cámara. Yo estoy convencido de que, a la hora de la réplica o de la toma de posición, la mayoría de la Cámara nos va a hablar de las excelencias de este acuerdo bilateral con Estados Unidos, de lo beneficioso que es para España y el mundo contar con bases militares extranjeras, de la extraordinaria aportación que supone para la seguridad internacional tener este despliegue de bases extranjeras por el mundo. Van a mantener ustedes el mismo discurso, exactamente el mismo, que, con matices, se ha venido manteniendo en España desde 1960 hasta ahora. El mismo, con distintos matices.
¿No creen ustedes, señorías, que el mundo ha cambiado algo? ¿No creen que ha llegado la hora de revisar el modelo de seguridad que finiquitó en 1991? ¿No creen que un despliegue militar de cualquier país, fuera de sus fronteras, de las características del norteamericano supone en sí mismo un peligro? ¿Lo que ven lógico para Estados Unidos, lo verían también SS.
SS. para cualquier otro país, como China, como la India, como Sudáfrica o como Alemania? Yo creo que no.
Señorías, ha llegado la hora de dejar a un lado los dobles lenguajes y las hipocresías, para entrar en un debate real, a fondo, sobre cuál debe ser el futuro de la seguridad, cómo organizar la seguridad en el mundo y qué es lo que da más inseguridad en el mundo.
Efectivamente, señorías, el mundo ha cambiado. Desde 1991 para acá no es el mismo. Con la disolución del Pacto de Varsovia, ese mundo bipolar, dos bloques antagónicos, preparados con un arsenal nuclear incluso para un intercambio nuclear táctico, con la posibilidad de utilizar el arma nuclear en un conflicto generalizado, un mundo repartido en dos áreas de influencia, un mundo donde esos dos grandes bloques tenían, en el conjunto del mundo, desplegadas tropas extranjeras fuera de sus fronteras, ese mundo ha terminado, ha finiquitado. Por lo tanto, esas bases, que en la guerra fría tenían la finalidad fundamentalmente de almacenar, de orientar ese posible conflicto nuclear, además de ser centros de habituallamiento, centros de información y de seguimiento electrónico, no tienen ya por qué seguir con ese cometido.
Decía que el mundo ha cambiado en los aspectos fundamentales, pero lo que no ha cambiado es que los Estados Unidos siguen planteando ese despliegue militar en el conjunto del mundo, para posibilitar incursiones militares fuera de su área de influencia y con un criterio también de recoger información y de tener vigilado el conjunto del mundo. Porque una parte fundamental de las bases, estén donde estén, debe ser recoger información vía satélite, tener controlado cualquier movimiento, incluso de los civiles, vía satélite, y almacenar información, ser observados, ser vigilados. En definitiva, ser los ojos y los oídos de las Fuerzas aeronavales norteamericanas. Con un dispositivo, que no nos debemos olvidar que sigue en pie, que es el de la posible utilización del arma nuclear táctica, ya sea empleada por avión o por naves. Hay que tener en cuenta que esta es una de las cuestiones fundamentales de la utilidad de las bases en la actualidad.
Decía que el despliegue de Estados Unidos no ha variado ni un ápice desde 1957, 1958 ó 1960. ¿No creen exagerado que en estos momentos Estados Unidos tenga bases extranjeras en Alemania, Bélgica, Grecia, Italia.
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España,

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Turquía, Reino Unido, Islandia, Alaska, Singapur, Japón, Corea del Sur, Guam, Australia, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Panamá, Cuba, Honduras y Bermudas? ¿No creen que esto es exagerado? La Unión Soviética llegó a tener 19 bases extranjeras. Ya no existe ninguna. Sólo hay un país que mantiene este despliegue, que es Estados Unidos. Y, lógicamente, lo que Izquierda Unida pide para España, también lo pide para Estados Unidos.
Este no es un discurso antiamericano; no. Estados Unidos gasta en estos momentos 278.730 millones de dólares --presupuesto del año 1997--, es decir, un 35 por ciento de todo el gasto militar del mundo. Incluso al Congreso de Estados Unidos ha llegado ya el debate de lo que significa el gasto desmesurado de este despliegue militar, que nada tiene que ver con la seguridad internacional que demanda hoy el mundo. Y lógicamente este poderío militar produce efectos negativos para la economía de Estados Unidos. Los niveles de vida de la gran mayoría de los asalariados de Estados Unidos han empeorado, mientras que los ingresos de los más ricos han aumentado. Treinta y dos millones de norteamericanos están por debajo de la línea de pobreza, es decir, uno de cada ocho norteamericanos. Los empresarios tratan de exprimir más la fuerza de trabajo para mantener sus beneficios en un mercado más competitivo. Por ejemplo, los hombres de Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, tienen más probabilidades de vivir más allá de los 40 años que las personas que viven en Harlem, en Estados Unidos. Las condiciones sanitarias han empeorado: un tercio de los alumnos de preescolar en Estados Unidos no ha sido vacunado, más de 31 millones carecen de cobertura y 20 millones tienen seguros parciales que no cubren enfermedades graves.
Efectivamente, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso lo que reclamamos para España, desde la posición firme Izquierda Unida, es ir desmilitarizando el concepto de seguridad y, con el ahorro que significa, invertir fundamentalmente en programas de desarrollo y para no desmantelar el estado social; también lo queremos para los Estados Unidos. Por eso creemos que ha llegado el momento de plantear ese nuevo modelo de seguridad, que no pasa por tener tropa armada extranjera en nuestro territorio como no lo hay en ningún país del mundo. Lógicamente una parte del riesgo de no plantear con claridad el cierre, el finiquito de todas las bases extranjeras de nuestro país trae como consecuencia esta irresponsabilidad que estamos viviendo en estos momentos en relación con el conflicto de Irak, que previsiblemente puede comenzará el día 26, y previsiblemente parte de los bombarderos salgan de nuestro país, de Morón.
Señorías, este conflicto es absolutamente injusto. De producirse un bombardeo contra una población indefensa que no amenaza a nadie, cuando las propias Naciones Unidas han planteado con claridad que la práctica totalidad de las resoluciones están cumplidas, cuando se ha destruido todo el armamento, excepto dos misiles, según Naciones Unidas, el machacar a esa población con el embargo, un embargo injusto que ha creado más de un millón de muertos, de los cuales 850.000 son niños menores de cinco años, va a convertir a los impulsores de ese ataque en criminales de guerra; todos los gobiernos, administraciones del mundo que faciliten el ataque en esas condiciones lo serán también. Desde luego,esas bases de los Estados Unidos desplegadas por el conjunto del mundo cumplen esa amenaza, ese papel de guerra, ese papel indiscriminado, no de seguridad, no de llevar la paz, no de llevar la tranquilidad, con planteamientos incluso neocoloniales como efectuar acciones de castigo sobre un régimen que no nos gusta a nadie. No nos gusta a nadie el régimen de Sadam Husein, a nadie; pero nosotros no somos hipócritas. No nos gusta Sadam, no nos gusta Hassan, no nos gusta la actitud de Israel. Israel incumple resoluciones de Naciones Unidas; Israel ha invadido Líbano. ¿Y qué pasa? ¿A alguien se le ocurre bombardear de manera sistemática a Israel? ¿Es que el gobierno de Hassan es un gobierno democrático? Por lo tanto, vamos a acabar ya con las hipocresías, con los dobles lenguajes. Desde luego, se hacen afirmaciones para justificar ese ataque como que no quiere dejar su palacio presidencial, y si lo hiciera se podría ver lo que tiene en el sótano. Vamos a ver, señorías, ¿ustedes creen que Estados Unidos estaría dispuesto a que cualquier organismo internacional fuera a los silos de los Mineuteman de los misiles balísticos intercontinentales, o a los sótanos del Pentágono? Les pongo un ejemplo más cercano. Reto a cualquiera de ustedes a que haga lo siguiente, y lo verifiquen. Ustedes son tan representantes del pueblo como yo. Vayan ustedes a la base de Rota o a la base de Morón, acredítense en la puerta como diputados --es decir, la máxima representación del pueblo español-- y vayan a cualquier buque de la Armada norteamericana o a cualquier avión bombardero para verificar si se cumple el referéndum de 1986; vayan ustedes. Les van a decir que no.
Pues bien, aplicando el mismo rasero, habría que plantear que habría que bombardear esa base porque no se dejan verificar ni siquiera por la representación popular del pueblo español. Por tanto, señorías, vamos a acabar ya con este dislate. Yo creo que la mejor apuesta es la que sin duda hoy no va a prosperar; ya sé cuál va a ser el resultado: SS. SS. van a apelar al discurso tradicional de la seguridad y el magnífico papel en la seguridad internacional de Estados Unidos y que, por tanto, es excelente, incluso muy importante, mantener en nuestro territorio esas bases extranjeras. Pero para cualquier ciudadano que esté pensando más en el siglo XXI que en el siglo XX, este debate, que hoy seguro que vamos a perder, habrá que recuperarlo. El conjunto del movimiento pacifista, el conjunto de los movimientos interesados en la paz va a manifestar con

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claridad que ese despliegue de bases extranjeras de Estados Unidos es en sí mismo un peligro que hay que acotar.
Por tanto, señorías, desde una posición inequívocamente pacifista, como la de Izquierda Unida, una posición que claramente aboga por unas relaciones internacionales desmilitarizadas, por un ahorro militar que ayude a los trabajadores de Estados Unidos a tener una mayor capacidad adquisitiva, que la están perdiendo; no desmantelar y llegar más allá de esa cobertura ínfima que está teniendo el pueblo de los Estados Unidos, y al conjunto de los pueblos desarrollados, que están afectados por el Estado social, y, lógicamente, a los países del subdesarrollo; todo eso hay que revisarlo.Y, desde luego, es un estorbo para esa revisión la actual presencia de tropas extranjeras en nuestro país.
Señorías, el referéndum de 1986, ése que la mayoría de ustedes han tirado a la papelera, proponía en una de sus condiciones que se debía ir a una reducción progresiva de la presencia extranjera, es decir, de las tropas norteamericanas en España. Han pasado seis años, ¿me dicen ustedes dónde ha llegado la progresión? Porque yo tengo la impresión de que se ha reforzado la presencia norteamericana; se ha reforzado, señorías. Los que conocemos un poco la técnica militar, señorías, sabemos que la parte fundamental, que no van a soltar nunca los norteamericanos, es la referente a la guerra electrónica concentrada en Rota; sin Rota la VI Flota norteamericana no funciona. Y ésa no la sueltan; ni referéndum de España ni sandiós.
Por tanto, señorías, éste es el debate. Entendemos que una posición estratégica como la que tiene España hacia el Mediterráneo y hacia Africa debería ir acompañada de una política de defensa totalmente diferente a la que estamos planteando:encabezar la desnuclearización del mundo, no provocar, no amenazar, que desaparecieran todas la alianzas militares, desincentivar el rearme, reducir lógicamente al mínimo el papel de los Estados Unidos en la seguridad del mundo y apostar por un período de transición que haga imposible la aventura que se puede vivir en Irak, que la haga total y absolutamente imposible.
Señorías, al día de hoy, pensando en el siglo XXI, la guerra ya no es cuestión de victoria o de derrota, representa en sí misma el fracaso total del espíritu humano. Estas son las nuevas características de lo que debe ser un conflicto. La guerra ya no es victoria o derrota, ya no; la guerra significa en sí misma una total derrota del espíritu humano.
Para terminar, señorías, quiero decirles que, por lo menos, si con su voto van a hacer posible que continúen las bases, y desde luego nosotros no lo vamos a celebrar precisamente, al menos saquen ustedes alguna contrapartida. Es que al Gobierno portugués, por las Azores, los norteamericanos les pagan un alquiler al menos. El conflicto que estamos teniendo en estos momentos en Rota con los trabajadores españoles que están al servicio de la flota aeronaval norteamericana es porque están siendo sustituidos por trabajadores norteamericanos y se les está poniendo en la calle. ¡Hombre! Un poquito de dignidad nacional, al menos, se debería tener. Pero, en fin, creo que incluso este debate, la negativa a sustituir personal español por norteamericano, también lo voy a perder; también lo voy a perder en aras a ese gran artilugio en el que la mayoría de la Cámara, como siempre, va a estar absolutamente de acuerdo en plantear las excelencias, diciendo que tener tropa extranjera en España es magnífico. Eso sí, norteamericana; pero que no se les ocurra a los chinos empezar a desplegar en treinta y cinco países bases extranjeras --en Latinoamérica--. Eso no; eso no vende. Ahora, como son los yanquis, eso está muy bien.
Este debate se abrirá de nuevo en la sociedad hasta alcanzar una realidad, y es que en ningún país del mundo haya una base militar extranjera. En ese momento estaremos todos mucho mejor situados para abordar un debate de seguridad en las coordenadas que la humanidad está reclamando en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Meyer.
¿Grupos que deseen fijar su posición respecto de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo de forma muy breve para manifestar nuestro apoyo más absoluto a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida.
Creemos que la utilización y la presencia de las bases extranjeras de Estados Unidos en España no es querida por el conjunto de la población.
Europa en este momento debe defender, sobre todo, una política exterior y de seguridad común y es en este ámbito donde se tiene que discutir la supresión de estas bases, y esto, además, señorías, también por una cuestión, diríamos, de derecho y también de moral colectiva. Cómo puede ser que Estados Unidos decida unilateralmente en estos momentos, sin el respaldo de Naciones Unidas, un ataque a Irak, que es la historia de un ataque anunciado, ya que incluso hay articulistas que están diciendo que se producirá con la luna nueva, porque por lo visto militarmente es el momento más oportuno, más idóneo.
Nuestro Grupo Parlamentario, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, está en absoluto desacuerdo con que la base de Morón sirva para los propósitos norteamericanos que no cuentan con la mayoría del respaldo internacional. Por todo ello, señor presidente, señorías, consideramos muy oportuna la proposición no de ley de Izquierda Unida y la votaremos a favor.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Bloque Nacionalista Galego respecto a la presencia de bases militares estadounidenses en territorio español es conocida. En todo caso, hoy tendremos ocasión de reiterar esta posición expresando el voto favorable a la proposición no de ley de Izquierda Unida por la que insta al Gobierno a denunciar el vigente convenio con Estados Unidos sobre cooperación para la defensa.
Si nunca fue justificable la presencia de bases militares estadounidenses, desde la perspectiva de los intereses del Estado español, menos aún en la actualidad, después de los cambios que tuvieron lugar en el mundo. Las bases militares son un símbolo del dominio de Estados Unidos sobre el Estado español y su único fin es ser utilizadas en beneficio de los intereses de lo que algunos llaman el amigo americano; intereses que en lo fundamental consisten, cómo no, en imponer su hegemonía a nivel mundial; intereses, por cierto, que demasiadas veces son contrarios a los del Estado español, quien debería practicar una política internacional propia e independiente.
Decía el señor diputado proponente que era muy oportuna la proposición, y efectivamente lo es, porque vuelve a estar de actualidad la utilización de las bases para facilitar el ataque militar de Estados Unidos a Irak, aunque, por cierto, esta vez no exista mandato de la ONU; bien es verdad que, como dijo la señora Albright, Estados Unidos no necesita el permiso de nadie para imponerse por la fuerza.
La utilización que el Gobierno español está dispuesto a permitir incondicional y entusiásticamente contrasta con la actitud de numerosos países que, por cierto, forman parte de lo que muchas veces se llama nuestro entorno y, en teoría, con intereses semejantes; países que tratan de impulsar una política propia, beneficiosa para sus intereses, en contraste con la sumisión absoluta que practica el Gobierno español. ¿En qué beneficia la presencia y la utilización de las bases a nuestro Estado? Probablemente en nada; antes al contrario, el Estado hace potenciales víctimas de desaguisados, provocados por esa presencia militar. Por no referirme a los que hizo referencia el diputado señor Meyer, baste recordar que recientemente en Italia tuvieron una prueba fehaciente de la actividad de estos empedernidos militares defensores de la paz mundial, que provocaron numerosos muertos en una estación de esquí.
¿Existe algún enemigo potencial para los ciudadanos del Estado que haga necesaria la permanencia de las bases? Mas bien parece que no y, si no es así, convendría que lo supiéramos también. El Gobierno debería reconsiderar la presencia de las bases y el resto de las fuerzas políticas presentes en esta Cámara también. Las bases se instalaron en otra época y, desde luego, hoy no tienen justificación.
Yo estoy convencido de que los ciudadanos del Estado no querrían ser cómplices de la masacre que, si no se impide, están dispuestos a ejecutar los Estados Unidos contra el pueblo de Irak, que será --por cierto-- quien sufra las consecuencias del ataque; desde luego, nosotros no. La política del Gobierno camina por otros derroteros, lo que hace más necesario que nunca insistir en el lema que alguna de SS. SS. seguro que conocen y, a lo mejor, algunos corearon: OTAN no, bases fuera.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos acostumbrados, señor Meyer, a que las cosas en política, en sociedad en cualquier momento, solamente tienen un amplio debate cuando lo decide Izquierda Unida, cuando lo decide Iniciativa per Catalunya o cuando lo deciden ustedes. Cuando los demás debatimos, hablamos de asuntos, intentamos establecer convenios, intentamos ligar razones, intentamos establecer argumentos, y si estas razones o estas decisiones son aceptadas por la mayoría del pueblo, para Izquierda Unida no están suficientemente debatidas. Este es el argumento general, pero --y usted lo sabe muy bien, señor Meyer-- es reiterativo en esta sala, porque el mismo planteamiento que se hace ahora surgió en 1991 con ocasión de la guerra de Irak, surgio en 1993 porque convenía, y se expresa hoy por una razón especial, que se está proponiendo una sustitución genérica de todo un ejército, transformándolo de mixto a profesional, y esto es un avance que es bueno, que está aceptado por la sociedad, pero que, a criterio de Izquierda Unida, no ha sido lo suficientemente debatido.
El modelo de seguridad es el que se debate en este Parlamento, se acepta por su mayoría y tiene que ser aceptado por ustedes porque también están en él. Una cosa es no compartirlo --que seguro que no lo harán--, pero otra es intentar establecer que el modelo de seguridad no es el adecuado, simplemente porque a Izquierda Unida no le parece bien.
Es evidente que por mucho que insista en el planteamiento no le voy a convencer, porque usted está hábilmente predispuesto a no ser convencido, que es lo habitual en Izquierda Unida. Pero intentar explicar los temas de seguridad a la gente que ya lo entiende en algunos momentos creo que es perder el tiempo, porque la mayoría de los votantes del pueblo español están

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dando sus votos a aquellas personas que, como usted ha definido, no coinciden con usted. Yo estoy dispuesto a todo, pero normalmente en democracia cuando hay más razón votada en un sitio es que la razón existe ¿ O es que la razón, según sus criterios democráticos, sólo existe alrededor de los minoritarios? (El señor Meyer Pleite pronuncia palabras que no se perciben.) Tranquilo, que voy a seguir. Espere que no he acabado de decirlo todo. (Risas.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías. Señor Nadal y señor Meyer, el debate es a través de la Presidencia.


El señor NADAL I MALE: Entonces le pido al señor presidente que transmita a Izquierda Unida que no he acabado.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): El señor presidente le ampara en el uso de la palabra. Por favor, señorías.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias.
Las nuevas tecnologías. Ahora la gran preocupación de Izquierda Unida es que existen satélites que permiten identificar a las personas y que la VI Flota puede identificarlas. Pero si nos están identificando con la tarjeta VISA por todas partes; si no podemos pasar una autopista sin que sepan que hemos pasado; si no podemos entrar en el Congreso de los Diputados sin que nos haya identificado otra persona. Ha llegado un momento en que la obsesión por la identificación puede ser perjudicial, porque llega un momento en que todo lo está. Si pagamos IVA y a partir de ese momento se sabe quién lo ha pagado; no se obsesionen por eso.
Lo que ya es peligroso como obsesión es el que Estados Unidos va mal. Yo creía que la frase: España va bien, sonaba bien a los oídos, pero que ustedes la hayan hecho suya para hablar de Estados Unidos es un poco peligroso.
El otro día, un ilustre tertuliano que se sienta a su lado estaba preocupadísimo porque este pobre alcalde de pueblo había ido a Washington a intentar hacer una gestión y decía: ya verás lo que te van a decir los mallorquines cuando parte de la VI Flota en lugar de ir a Palma de Mallorca vaya a Tarragona. (Risas.) Como me ha dicho un compañero, estar en misa y repicar al mismo tiempo es prácticamente imposible. Lo que no se puede decir es que la VI Flota es buena económicamente y mala por otros motivos. Lo que no se puede decir es que la situación de Morón es de una manera y conviene que sea de otra. O se van o se sustituye; o se quedan o no. (Rumores.) Perdone el discurso --y con esto acabo, señor presidente--, pero lo que no puede ser parlamentariamente hablando es que cada vez que toque, cada vez que convenga o cuando interese a Izquierda Unida, se reitere un discurso en esta sala que no está hecho para el Parlamento, sino para la galería.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor de Puig.


El señor DE PUIG I OLIVE: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo diré que vamos a votar en contra de la proposición no de ley, lo que no va a sorprender a nadie y menos a los colegas de Izquierda Unida. ¿Por qué vamos a votar en contra? Porque es lo mismo que harían los europeos y que harían los socialistas europeos, con los que estamos de acuerdo en un sistema de seguridad que Europa se ha dado y a cuya formación última nosotros hemos contribuido. Tengo que agradecer al señor Meyer que haya expuesto el tema aquí en términos de abrir un debate. Me parece muy bien que Izquierda Unida abra un debate y, sobre todo, que en esa apertura introduzca la discusión sobre la construcción de un sistema de defensa europeo. Se lo agradezco, porque es una novedad viniendo de su grupo. Algunos, hace muchos años que estamos en ese debate, que estamos discutiendo sobre los sistemas de seguridad europeos y que estamos construyendo la nueva seguridad europea. Lo que es sorprendente es que se nos diga que hay que empezar a hablar de la nueva seguridad europea, de la futura seguridad europea cuando en los últimos 4 ó 5 años, en Europa se ha producido nada más y nada menos que un cambio radical de doctrinas militares, una reforma radical de la Alianza Atlántica, hasta su apertura a nuevos países. También se ha creado la OSCE como estructura en materia de defensa. Se han adoptado los acuerdos de desarme nuclear y convencional conocidos por todos, así como una reducción casi a la mitad de la presencia de las fuerzas americanas en Europa. Se ha producido la reactivación de la UEO (la Unión Europea Occidental) y, en la última cumbre en Amsterdam, la Unión Europea se ha impuesto tomar responsabilidades en materia de defensa y seguridad. Eso ha sido un largo debate en el que hemos participado nosotros, junto a todos los gobiernos europeos y junto a la mayor parte de las fuerzas políticas europeas, excepción hecha de Izquierda Unida, que desde el comienzo ha estado siempre en contra de ese debate, tal y como se llevaba, y de las instituciones y de los mecanismos que se iban creando.
Creemos que hay que seguir trabajando en este campo y si es posible con el concurso de Izquierda Unida, pero no se nos diga que no se ha hecho nada. Se ha hecho una auténtica revolución en el campo de la defensa y la seguridad en los últimos años en Europa.
En cuanto a la presencia americana creo que hoy no hay motivos para señalar que deberíamos pedir a los

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americanos que se vayan. En primer lugar, porque el sistema con el que estuvimos de acuerdo entonces sigue vigente y, además, porque creo que no hay peligro alguno de subordinación. ¡Cómo lo va a haber! Si hay posibilidad de utilización de las bases españolas será porque el Gobierno español da el permiso. No se trata de que estemos subordinados; se trata, simplemente, de que el Gobierno tiene que tomar una decisión. Y ésta si es no, es no; y si es sí, es sí. No se diga que por el hecho de que hay bases existe subordinación.
Señor presidente, creo que como nunca hoy el pacifismo y los ciudadanos de Europa entienden el nuevo sistema de seguridad que los europeos nos hemos dado, con el vínculo atlántico incluido, es decir, con las fuerzas euroatlánticas: la OTAN, la OSCE, al mismo tiempo que damos más fuerza y más potencia a la UEO. Este es el camino y, por eso, vamos a votar en contra de la proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor de Puig.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Meyer, plantea Izquierda Unida en el día de hoy una proposición no de ley de la que se han distanciado ustedes para introducir el debate sobre el posible conflicto que puede producirse en relación con Irak. En ese sentido tengo algo que decir, porque se ha manifestado el presidente del Gobierno en esta Cámara y porque el Gobierno ha dicho reiteradamente que apuesta decididamente por una solución dialogada, por agotar las vías diplomáticas antes de tener que llegar a ninguna acción armada.
Es más, el Gobierno de España, en una decisión sin precedentes, ha llegado a ofertar inspectores españoles para poder verificar lo que se está denunciando, que no es otra cuestión que las armas de destrucción masiva de las que dispone Irak y que, por lo visto, pretende seguir construyendo.
Por tanto, en este debate, señor Meyer, creo que nadie tiene que dar ningún tipo de explicaciones y, desde luego, lo que está muy claro es el anuncio que ha hecho este Gobierno de apoyar todo diálogo y de agotar toda vía diplomática antes de llegar a ningún tipo de confrontación bélica.
Hablaba usted, señor Meyer, de que aquí se aplican permanentemente dobles lenguajes e hipocresía, y yo no sé por parte de quién. Es un mensaje reiterado que utiliza Izquierda Unida pero al que hay que dar alguna contestación. Para usted el doble lenguaje y la hipocresía ¿cuáles son? Son los que utilizan el resto de los grupos políticos de esta Cámara que no están de acuerdo con los planteamientos de Izquierda Unida, exclusivamente; pues, no señor. En esta Cámara hay numerosos grupos parlamentarios que tienen una forma de ver la política de defensa de una manera bien distinta a la que tiene Izquierda Unida y no por eso hacen demagogia ni utilizan un doble lenguaje ni muchísimo menos hipocresía alguna. Quizá habría que traer a colación en este momento quién utiliza un doble lenguaje, quién está pidiendo bases fuera, quién está diciendo que los americanos se marchen, por un lado, y por otro está pidiendo que en Rota no se despida a los 1.500 trabajadores civiles que están trabajando en la base americana. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Tampoco es cierto, señor Meyer, que a esos españoles que están trabajando se les esté reemplazando por personal civil norteamericano, y usted sabe que no es así; se les está reemplazando por personal militar norteamericano. Y el Gobierno español lo que está haciendo, antes y ahora, es dar salida y recolocar a esos españoles que, precisamente por el abandono de determinados puestos en instalaciones militares norteamericanas, tiene que reabsorber el Gobierno español. Como no es justo utilizar el doble lenguaje, señor Meyer, de decir que ya está bien del incremento de los gastos militares, por un lado y, luego, encabezar manifestaciones para que no se toque un solo puesto de trabajo en la Empresa Nacional Bazán si no se hacen fragatas, para que no se toque un solo puesto de trabajo en la Empresa Nacional Santa Bárbara si no se construyen carros de combate, o para que no se toque un solo puesto de trabajo civil en Construcciones Aeronáuticas, S. A., cuando lo que tenemos que estar haciendo es fabricar el Eurofighter.
Por tanto, sobre dobles lenguajes e hipocresías, señor Meyer, habría que analizar en profundidad, dentro del discurso de cada uno, quién los practica y, sobre todo, quién trata de utilizar un lenguaje totalmente demagógico, uno dentro de esta Cámara y fuera otro completamente distinto, señor Meyer.
En relación con la proposición no de ley que aquí debatimos hoy, quiero decir, con toda claridad, que la utilización conjunta de las bases (de determinadas bases, que no de todas, porque desde el año 1988, las quince bases de utilización conjunta en España se han quedado reducidas exclusivamente a dos, la de Rota y la de Morón, y esas bases no se utilizan totalmente en su conjunto, sino determinadas instalaciones de una y otra) ha contado con la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados en el año 1988 y no se incumple absolutamente nada. Previo el informe preceptivo e informe favorable de esta Cámara, el Gobierno de entonces firmó, el día 1 de diciembre de 1988, el Convenio que trata de la proposición no de ley que ustedes presentan aquí hoy, y el 27 de ese mismo mes se remitió a las Cámaras para su discusión. Si hay algo cierto es la coherencia de mantener permanentemente un discurso igual, porque ustedes en la III, en la IV, en

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la V y, ahora, en la VI Legislatura, han pedido en reiteradas ocasiones la misma cuestión que hoy solicitan con la proposición no de ley que plantean ante la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular, señor Meyer, y termino con esta parte expositiva, tiene que decir que coincide y abunda con los argumentos que se han expresado aquí, tanto por Convergència i Unió como por el propio Partido Socialista, y tiene muy clara una cuestión: mire usted, cuando en una orquesta un músico o un instrumento desafina, habrá que relevarlo por otro, cuando son dos o tres, también, pero cuando da la casualidad de que toda la orquesta desafina, habrá que empezar a pensar que el director de orquesta, hoy en este caso el que presenta la iniciativa, es el que se equivoca y probablemente sea el que tenga que cambiar de opinión y amoldarse a lo que es la realidad en estos momentos desde el punto de vista de la defensa.
Concluyo diciéndole, señor Meyer, que el Grupo Parlamentario Popular va a votar que no a su iniciativa en coherencia con la postura que ha mantenido a lo largo de las últimas legislaturas y, como no puede ser de otra forma, en ésta en la que gobernamos y tratamos de aplicar el programa que hemos venido proponiendo. En primer lugar, porque el Convenio del año 1988 con los Estados Unidos se basa no en contrapartidas económicas, como ustedes dicen, sino solamente en intereses de seguridad compartida. En segundo lugar, porque los derechos norteamericanos sobre las bases de utilización conjunta han quedado reducidos al uso de algunas de las instalaciones y, sobre todo, ha quedado de manifiesto la soberanía española sobre las mismas, precisamente desde ese Convenio del año 1988.
En tercer lugar, porque el propio Convenio supedita la instalación, almacenamiento o introducción en territorio español --y leo literalmente-- de armas nucleares o no convencionales al acuerdo del Gobierno español. Y en cuarto lugar, no se considera innecesaria la presencia de unidades militares norteamericanas en España, como ya quedó explicado en esta Cámara por varios grupos políticos, sino que ayuda a fortalecer los vínculos con nuestro aliado atlántico.
Por último, señor Meyer, en cuanto a la política de seguridad europea, la posición mayoritaria que comparte España, que comparte este Congreso, es la integración progresiva de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea.
Por ello, señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que esta proposición no de ley no debe ser tomada en consideración y votaremos en su contra.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Fernández de Mesa.
Vamos a proceder a la votación. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la denuncia del Convenio entre España y Estados Unidos de 1988 sobre cooperación para la defensa, así como entrega a las Fuerzas Armadas españolas de sus instalaciones militares en territorio español, e impulso en el seno de la Unión Europea de una política de defensa propia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 21; en contra, 298; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EN EL SENO DE LA COMISION MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER SE ELABORE UN INFORME QUE ESTUDIE LA LEGISLACION ACTUAL CON EL FIN DE IMPULSAR AQUELLAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE PROCEDAN, TENDENTES A REFORZAR LA PROTECCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. (Número de expediente 162/000192)

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A ERRADICAR LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA DE LAS QUE SON VICTIMAS LAS MUJERES. (Número de expediente 162/000194)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Procedemos a continuación al debate conjunto de las proposiciones no de ley que aparecen con los puntos números 7 y 8 en el orden del día.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales.
Para su presentación y defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz García. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
Señora Sainz, le ruego que, además de presentar la proposición de su grupo parlamentario, defienda asimismo las enmiendas que S. S. ha presentado a la iniciativa

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del Grupo Socialista. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Puede comenzar, señora Sainz.


La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender en nombre de mi grupo la proposición no de ley relativa a la protección de las mujeres víctimas de malos tratos.
Hace tres meses señalábamos precisamente desde este misma tribuna cómo el problema de la violencia doméstica o los malos tratos que sufren numerosas mujeres es un asunto grave que arranca de la desigualdad entre hombres y mujeres, que afecta no sólo a la dignidad de la persona, sino también al conjunto de la sociedad, no pudiendo consentirse en modo alguno en una sociedad libre y democrática. Es éste un fenómeno social demasiado generalizado y de cuyo alcance, año tras año, hablan de por sí las estadísticas; cifras que, como sabemos, en lo relativo además a malos tratos, son datos ocultos, porque la mayoría de las veces no salen a la luz por miedo de las propias mujeres, si bien afortunadamente son cada día más las que denuncian estos actos violentos. Aunque también conocemos que el ámbito doméstico en el que estos delitos se desarrollan hace que la violencia sea más compleja, más difícil de prevenir y, consecuentemente, también de eliminar y de ayudar a las víctimas que la sufren. No nos cansaremos de insistir que toda la sociedad debe rechazar estas situaciones que empiezan a veces por brutales palizas y que terminan en muerte. Debemos seguir todos haciendo una llamada a que la mujer adquiera una clara conciencia de que no debe tolerar ni un solo golpe sin denunciarlo.
Conviene hoy señalar que, en el marco del plan de acción que contra la violencia el Gobierno está, afortunadamente, elaborando en colaboración con las comunidades autónomas, hay un apartado relativo al desarrollo y a la aplicación legislativa. Señorías, coincidirán conmigo en que la ley proporciona el marco institucional para responder a la violencia contra las mujeres, y que es uno de los caminos más importantes a través del cual se crea la protección, la rectificación, la sanción, la represión y la justicia.
Sabemos que los malos tratos contra las mujeres han sido considerados históricamente más como un problema que como un delito. Resulta necesario conseguir respuestas --reclamamos constantemente-- más justas y equitativas del sistema judicial, penal y procesal. La aplicación del Derecho, penal y civil, debe contribuir a transmitir el mensaje claro de que la sociedad condena la violencia contra las mujeres, y el principio fundamental debe ser el derecho de las mujeres a ser protegidas. Es necesario que la ley se aplique de forma firme, que las sentencias reflejen la gravedad del delito cometido y que se reconozca, desde el primer momento, el peligro que representan los delincuentes y la necesidad --insisto-- de proteger a las víctimas. Este Parlamento debe considerar como obligación suya la de conseguir respuestas más justas y equitativas del sistema judicial penal, insistiendo en la gravedad de los delitos y apoyando, en su caso --si así se considera oportuno--, la revisión de la legislación y de los instrumentos procesales.
En nuestro país, muchas voces han expresado últimamente su preocupación, tanto en cuanto al marco legislativo como en relación con los procedimientos legales y a las sentencias que se dictan. Se ha señalado, con acierto, que los miembros del sistema judicial deben estar bien informados, sensibilizados sobre la violencia doméstica, y que deben comprender su gravedad, la presión --también-- y el temor que sufren las víctimas. Hemos visto cómo muchas mujeres sufren la falta de protección al verse obligadas a compartir vivienda con los violentos, o conocemos datos que hablan de cómo las mujeres son maltratadas, de nuevo, como resultado de las medidas adoptadas para el contacto de los padres con los hijos. Hemos oído también voces autorizadas que señalan que el artículo 153 del Código Penal de 1995 contempla la habitualidad en el grave comportamiento de la violencia física sobre el cónyuge, pero que en la práctica hay imprecisión y a veces hay problemas, llegando a ser incluso de difícil aplicación al interpretarse como cosa juzgada. Sabemos también cómo se solicita que pueda ser aplicada, como medida cautelar durante la tramitación de las diligencias de investigación, la prohibición de estancia y residencia en determinados lugares o proximidad a la víctima.
Desde luego, muchos comprobamos cómo, en demasiadas ocasiones, las sentencias se reducen a una simple multa o a un arresto domiciliario, que encierra precisamente a la víctima con su agresor, y los problemas y el alcance de esta medida los conocemos, a veces, en algunos casos verdaderamente dramáticos que todos denunciamos.
Estas y otras cuestiones, como el introducir una interconexión entre juzgados civiles y penales, o el estudio de la introducción de la especificación de cónyuge o conviviente de hecho en los artículos 169, 772, 617 ó 600.2, que hablan de amenazas, de coacciones, de lesiones, que son delitos y faltas con otras personas, están siendo analizados, están siendo evaluados certeramente, no sólo por la Administración, sino también por profesionales de prestigio.
Nuestro grupo entiende que, en todo caso, es muy importante que, si se considerase de interés introducir algunas reformas legales, éstas deben meditarse. Pensamos sinceramente que en la Comisión Mixta ofrecemos un marco de trabajo que debe ser aprovechado, con el fin de estudiar todos los extremos que acerca de la legislación se están realizando. Por ello, en la proposición no de ley que defendemos proponemos que, buscando el mayor de los acuerdos posibles, y previo estudio, se elabore un informe relativo a la legislación

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actual con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales, que será remitido después al Gobierno y al seno de esta Comisión, que está trabajando en colaboración con las comunidades autónomas.
Precisamente hoy se aprobó en el seno de la Comisión Mixta, y es bueno que lo conozcan, celebrar el día 9 de marzo una sesión relativa a los malos tratos, en la que se invitará a comparecer a representantes de dos ONG, a fiscales y a miembros del Consejo General del Poder Judicial, de la que queremos que salgan importantes conclusiones de interés que sirvan de base para el trabajo que proponemos se realice en la Comisión Mixta.
En relación, señorías, con la proposición no de ley del Grupo Socialista, señalaré que compartimos, como no podía ser de otra manera, muchas de las reflexiones que se hacen acerca de la gravedad de la violencia que sufren las mujeres. Pero me permitirán que diga que también rechazamos otras, que consideramos gratuitas e inciertas, que se hacen en la exposición de motivos, y lo digo, sencillamente, porque el Gobierno, muy lejos de mostrarse inoperante ante este problema --como se dice en la exposición de motivos--, está haciendo lo que nunca hizo ningún Gobierno anterior, no sólo recogió en el tercer Plan de igualdad de oportunidades un área específica para estos problemas, sino que lo ha hecho desde la responsabilidad política de saber que es un problema que sufren las mujeres y que se viene dando en nuestro país desde hace años y, a pesar de no estar incorporado como uno de los objetivos en el cuarto programa europeo, consideró de gran interés social introducirlo en el tercer programa.
Por otra parte, la preocupación y el interés del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de la Mujer se ha puesto también de manifiesto en una conferencia sectorial monográfica sobre este problema celebrada el 26 de junio, en donde se ha acordado la elaboración del primer plan de acción que recoja un conjunto de medidas para mejorar la atención y la defensa de las mujeres víctimas de estos malos tratos en los diversos campos y con distintas medidas y acciones. Entre ellas, están algunas de gran interés y que han sido solicitadas reiteradas veces por todos los grupos y que, incluso, se recogieron en una proposición no de ley que el Grupo Popular presentó el 11 de noviembre en esta Cámara, como es la sensibilización y la formación de los profesionales del Derecho que instruyen causas de malos tratos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, también quiero manifestar que para nosotros es una satisfacción haber escuchado hoy al ministro de Interior en la Comisión Mixta, que señalaba que estos últimos cuerpos deben ser no solamente instruidos y formados, sino que deben ser elementos activos para que las denuncias se produzcan y para que, desde su profesionalidad y desde su mejor conducta de ser humano, puedan colaborar decididamente con estas mujeres que pasan por unos trances realmente difíciles.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz, le ruego que vaya concluyendo.


La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor presidente.
Acabo diciendo que también se ha creado una Comisión interministerial.
¿Para qué? Para mejorar, para intensificar los mecanismos, algunos ya existentes en las distintas áreas, y para impulsar también unos nuevos instrumentos que no han sido articulados hasta el momento, al menos --coincidirán conmigo-- con la eficacia suficiente para garantizar la protección de estas mujeres, como evidencian los debates que en estos momentos estamos teniendo, y no olvidando además que había ya un informe del Senado del año 1989 donde se pedían una serie de medidas.
Pues bien; entre las medidas que aparecen en este avance del plan de acción, figura también la de interesar al fiscal general del Estado una instrucción dirigida a los fiscales, pues la última era del año 1982.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz, la ruego concluya.


La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor presidente.
Nuestro grupo, coherentemente, por supuesto, va a apoyar la iniciativa que figura en ese plan, y así lo anunció la ministra, si bien consideramos de interés introducir una enmienda, que solicitamos sea aceptada por el Grupo Socialista, con la que añadimos que se perfeccionen las estadísticas para que se puedan utilizar en estudios de interés y se recojan los datos de todo el territorio nacional. Estamos seguros de que la Fiscalía General, que estará sensibilizada, lo va a hacer coincidiendo con todos nosotros en que la violencia que sufren las mujeres merece una especial atención.
Termino, señor presidente, pidiendo el voto favorable para la proposición no de ley del Grupo Popular, aceptando también una enmienda presentada por Izquierda Unida, y contemplamos la posibilidad de una enmienda transaccional con el Grupo Socialista. Por tanto, anuncio el apoyo a la del Grupo Socialista, porque estamos seguros de que con ello marcamos estrategias y medidas desde el acuerdo para alcanzar acciones eficaces con las que consideramos que estamos obligados a dar respuesta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sainz.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción

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de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: La violencia contra las mujeres es, desde luego, un fenómeno social que no tiene fronteras, que afecta a un gran colectivo de la población y que sin duda tiene graves consecuencias trágicas para la vida y la seguridad de las personas y pone en peligro su convivencia en paz.
Es evidente que la mujer como individuo, como persona, puede sufrir cualquier tipo de acción, violenta o no, y ser víctima de un delito contra las personas igual que el hombre, pero, a diferencia de éste, es también víctima de una serie de delitos por su condición de mujer como consecuencia de una serie de factores socioculturales que permiten que se produzca esa agresión en los tres ámbitos principales en los que se desarrolla su vida: en el ámbito familiar, en el medio social y en el medio laboral.
El tema de la violencia contra las mujeres, señorías, todos sabemos que no es nuevo, no es de hoy, no surge de modo distinto. Hoy sale a la luz desde la más profunda de las tinieblas en las que nos hemos encontrado las mujeres en la historia de la humanidad. La respuesta histórica de la sociedad a estos hechos, a los hechos de la violencia contra las mujeres, indica que la valoración del problema ha ido desde la negación de su existencia hasta la justificación o la trivialización como algo intrascendente por su levedad y su rareza, ubicándolo a veces entre los factores socioeconómicos que convierten a las familias en susceptibles de llevar a cabo cualquier cosa, o bien tratando de resaltar diferencias biológicas o de otro tipo entre hombres y mujeres capaces de explicar estos hechos.
Sin hacer aquí, señorías, un análisis de los complejos mecanismos mediante los cuales se genera y produce la violencia doméstica en nuestra sociedad, algunos nuevos y otros tradicionales, estos sucesos que emergen todavía desgraciadamente en su forma de violencia familiar y doméstico-sexual contra la mujer y que conmueven o empiezan felizmente, aunque por desgracia, a conmover la a veces placidez autocomplaciente de nuestra sociedad democrática, ponen de manifiesto la existencia, o más bien la persistencia, de un sistema de dominación patriarcal del que irradia una cultura en la que las relaciones sociales y sexuales de desigualdad entre hombres y mujeres son interpretadas como producto de características biológicas y/o psicológicas de los seres humanos.
Por tanto, es evidente que no surge por casualidad esta violencia y no tiene las mismas raíces y causas que otros tipos de violencia. La violencia contra las mujeres tiene que ver, y debemos decirlo, con su situación social e histórica. Y no se asusten, señorías, no voy a analizar aquí el tratamiento del que ha sido objeto la mujer en la historia de la humanidad, porque nos llevaría mucho tiempo; sólo quiero decir que traer a colación la historia en esta breve reflexión significa afirmar la necesidad de la memoria, una memoria orientada a la recuperación del pasado en nuestro presente, una memoria que, rompiendo el silencio clásico, sea nuestro testigo para entender el presente, corregirlo y preparar un futuro mejor. Sin ella, es imposible entender el hoy, y menos aún pensar en mañana, porque la tentación estaría en pensar que existe la fórmula mágica y que ésta está desligada del modelo social predominante en el que hemos vivido y que todavía hoy subsiste.
No voy a hablarles tampoco, señorías, de la historia de la mujer en el Derecho, o, mejor, del tratamiento que el Derecho ha dado a la mujer, que es la historia de una discriminación; que la mujer en muchos aspectos de su vida, de su consideración social, de su integridad física y moral se ha visto desfavorecida jurídica y efectivamente, es algo que hoy nadie se atreve a discutir; que la violencia doméstica persiste en nuestras sociedades como consecuencia de la persistencia de una sociedad patriarcal que ha hecho durante siglos de lo masculino valor preponderante y de lo femenino valor subordinado, nadie puede negarlo; que hasta bien entrado el siglo en el que estamos las leyes políticas civiles y penales han mantenido a la mujer en una situación jurídica de incapacidad y consagrado un poder absoluto del hombre sobre la mujer, que ha justificado, señorías, claramente la violencia autorizada en los códigos hasta fechas escandalosamente reciente, nadie puede negarlo; que nos ha costado, señorías, a todos cerca de 20 siglos hacer desaparecer del Derecho reglas como las que establecían que está bien que el hombre pegue a la mujer cuando desobedezca al marido, si bien, pasado el tiempo, con el límite que se introdujo de que procurase finalmente no matarla ni herirla demasiado. Y así eso ha pervivido, señorías, y esto hay que recordarlo, hasta bien entrado el siglo en el que estamos. De ahí hemos heredado el que el marido es el juez de su mujer; de ahí hemos heredado normas que han estado hasta hace pocos años en nuestros códigos. Y esto, señorías, no lo podemos olvidar si queremos atajar, de verdad, el problema tan grave que tenemos entre nuestras manos.
Es necesario, por tanto, para saber qué está pasando hoy, conocer qué elementos contribuyen a la persistencia de la violencia doméstica, qué elementos dificultan la lucha contra la violencia doméstica, qué medidas son las más adecuadas para acabar con esa violencia doméstica, la historia y el pasado. En los últimos 20 años se han adoptado y se han puesto en práctica en nuestro país cuatro tipos principales de políticas dirigidas a reformar el ordenamiento jurídico, a fomentar investigaciones y estudios sobre el tema, a elaborar estadísticas,

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a organizar campañas de información y a hacer, desde las políticas sociales de igualdad, programas, servicios de asistencia a las mujeres.
El problema sigue existiendo, a pesar de esas políticas, por lo que habrá que seguir insistiendo en las mismas.
Yo quiero decir que en las reformas legales en los últimos años se ha avanzado mucho en el ámbito civil y penal. Todo es susceptible de mejora, no lo dudo, pero tengo la impresión, y esa es también la impresión de mi grupo, de que hoy, a principios de 1998, la persistencia del problema de la violencia doméstica no tiene su origen tanto en la inexistencia de leyes cuanto en su aplicación, probablemente porque las reformas legales, junto a las políticas sociales, han constituido las medidas más importantes en la lucha contra la violencia hacia mujer en España con posterioridad al año 1975, siendo en el ámbito penal las últimas contenidas en la reforma de 1989 y de 1995.
No creo que se pueda afirmar hoy con rigor que el Código Penal de 1995 no aborde o trate de abordar con eficacia este problema. Una simple lectura del mismo nos lleva a poder afirmar que son diversos los tipos penales que protegen y reprimen las conductas que se pueden considerar incluidas en la violencia contra las mujeres. Es verdad que el Código Penal optó, como una opción de política criminal, por evitar los tipos penales complejos que tratan de proteger, bajo la descripción de una conducta, bienes jurídicos distintos. Hecha esta opción, es preciso, en cada caso concreto que se denuncie la violencia contra las mujeres, analizar con rigor si existe o no concurso real de delitos y aplicar, en consecuencia, las normas correspondientes.
El Código Penal de 1995 contempla diversos tipos que son teóricamente los aplicables a los supuestos de la violencia, que se han mejorado en su definición técnica y que deben ser más eficaces en la persecución, desde el tipo de malos tratos, que ha pasado a tener una pena de arresto mayor a una pena de uno a tres años de prisión, en donde se ha ampliado el ámbito de los sujetos protegidos, hasta los tipos de las lesiones, que son más fáciles de aplicar en su modalidad de tipo agravado, puesto que no se exige la necesidad de una acusada brutalidad, como se decía en el texto anterior, pasando por tipos que hoy están inéditos todavía, que están vírgenes, señorías, y que decidimos en esta Cámara incluir, como es el tipo que comprende los daños contra la integridad moral. Quiero que me digan ustedes si en la mayoría de los supuestos de violencia contra las mujeres no hay un ataque a la integridad moral. Yo creo, señorías, que sí lo hay. Pues bien, este tipo no se ha aplicado nunca, es más, no se ha utilizado nunca ni siquiera por el ministerio fiscal. El que infringiere a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Además, el Código establece que este tipo es concurrente con otros que, si hay malos tratos, lesiones y daños a la integridad moral, hay que aplicar de acuerdo con las normas que establece el Código de concurso real de delitos que son la opción que eligió el legislador para que las conductas que sean graves sean castigadas gravemente. Es por eso por lo que mi grupo ha considerado que como instrumento necesario de política criminal es imprescindible que el fiscal general del Estado aborde, en una circular o en una instrucción interpretativa, todos los instrumentos que el Código Penal ofrece hoy para perseguir estas conductas.
No vale con remitirse, como se hizo el 19 de enero, cuando se presentó esta proposición, a una circular que es del año 1988, porque en el año 1988 ni siquiera existía el tipo de malos tratos, que se introdujo por primera vez en el Código Penal de 1989, y porque el Código Penal de 1995, junto a estos temas, aborda muchos otros, y es necesario que el fiscal analice todas las posibilidades que el Código ofrece, no sólo en la aplicación en concurso de todos estos delitos sino también en la aplicación de medidas de aseguramiento de la víctima, como son las contenidas en el artículo 57 del Código Penal, que prevé el alejamiento de esa víctima del agresor, o como las medidas que establece al juez de vigilancia penitenciaria en el momento de dar la libertad condicional, la posibilidad de que también se establezca ese alejamiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de la Vega, le ruego que vaya concluyendo.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Ya acabo, señor presidente.
De la misma manera quiero reseñar aquí qué es lo que está pasando en la realidad. En la realidad, a mi grupo le llegan denuncias de que, en muchas ocasiones, otro tipo muy importante, como es el de las amenazas condicionales que existen claramente en estos asuntos, lo que están haciendo cuando se denuncia por malos tratos o por violencia una amenaza condicional es automáticamente calificarlo como una falta. ¿Saben por qué, señorías? Porque es la única manera de no abrir un juicio por jurado, porque la Ley del Jurado establece como competencia las amenazas condicionales, y la interpretación que se ha hecho de este tema es muy restrictiva.
Creo que estas y muchas otras cuestiones son las que deben contenerse en la instrucción del fiscal. De la misma manera que la referencia a la habitualidad ha sido claramente interpretada por la jurisprudencia en el sentido de que es un concepto criminológico social y no jurídico formal, es decir, que no ha de interpretarse en el sentido de que sean necesarias las condenas previas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de la Vega, le ruego concluya.


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La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Ya acabo, señor presidente, un segundo. Solamente me voy a referir a las enmiendas presentadas por los otros grupos y a nuestra posición en los demás temas.
Quiero decir, señorías, que hay en tramitación en esta Cámara un proyecto de ley de medidas cautelares, a instancia del Partido Nacionalista Vasco, que ya prevé también la posibilidad de establecer medidas cautelares de alejamiento desde el momento en que se elabore la denuncia.
Hemos presentado una enmienda a nuestra propia proposición que recoge el contenido de otra presentada por mi grupo y que requiere, por una razón de economía procesal de que no tengamos que volver a discutir en esta Cámara este tema, que se adopten las mismas medidas por los responsables del Ministerio del Interior y se elabore y dirija una circular a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actualizando la que existía.
Finalmente, quiero decir que mi grupo no se opone a que se estudie ningún tipo de reforma, ¿cómo nos vamos a oponer a eso? Pero sí que creemos que no podemos seguir diciendo que los problemas existen porque las leyes no están o porque las leyes están mal; los problemas existen porque las leyes no se aplican.
No obstante, vamos a apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Nos parece bien, además, que el protagonismo en esta materia lo tenga la Comisión Mixta de los Derechos para la Mujer, y hemos presentado una enmienda que espero que pueda transarse con el Grupo Parlamentario Popular.
En cuanto a las demás enmiendas presentadas, tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por Izquierda Unida, mi grupo las va a aceptar. Referente a las presentadas por el Grupo Mixto, vamos a aceptar la referente a la formación de los profesionales, por considerar que en el tema del extrañamiento (el extrañamiento es una figura que no cabe dentro de nuestro Código Penal) el alejamiento ya está previsto. Respecto a las casas de acogida, creemos que antes de promoverlas nos tendríamos que poner de acuerdo en qué modelo es el que queremos ofrecer a las mujeres para estos temas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Han sido presentadas enmiendas a ambas iniciativas, además de por los propios grupos parlamentarios Socialista y Popular, por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes, señor presidente y señorías.
Subo a esta tribuna para defender dos enmiendas a las proposiciones no de ley del Partido Socialista y del Partido Popular.
La enmienda que mi grupo ha efectuado al texto del Partido Popular es una enmienda que actúa como cláusula de riesgo o, en positivo, como cláusula de garantía. El debate que se está produciendo hoy en esta Cámara sobre la violencia doméstica revela una alta irresponsabilidad por parte de este Gobierno y de sus antecesores, ya que este conflicto no es novedoso, señorías, es tan ancestral como el propio diseño del organigrama social de clases y de género. Por tanto, parece un poco farisaico tanto ruido para tan pocas nueces. Quiero decir que plantearnos a estas alturas como objetivo el estudio de un problema que tiene rostro, que tiene nombre, que tiene causas y efectos, es, cuando menos, dilatar un problema no privado, señorías, y sí un problema de graves consecuencias personales, familiares y sociales.
No es tiempo sólo de estudiar, señorías, como plantea el Partido Popular --que también pero adicionalmente--, sino de intervenir para prevenir y para curar las lesiones físicas y psíquicas que están originando un alto porcentaje de agresores y un alto porcentaje de víctimas. Estamos ante un problema de la suficiente magnitud como para hacer un esfuerzo de pasar de las declaraciones a las actuaciones. No se puede convertir la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en una facultad, sino en un instrumento para la intervención. Los malos tratos, señorías, están golpeando y degradando a una sociedad no suficientemente democrática y no suficientemente civilizada, y que pone en jaque la credibilidad de unas estructuras y de sus mecanismos correctores.
Señorías, si no se rompe la ley del silencio, la complicidad social, todos seremos políticamente culpables. Por eso, el tiempo de análisis ha concluido y estamos planteando pasar de las meras medidas de choque a un plan estructural y presupuestario solvente que aborde todos los límites de esta lacra y que vaya, desde los instrumentos cautelares, a la obligada protección de la víctima, la rapidez de los juicios, la relación objetiva entre pena y delito, la suficiencia de los recursos económicos y sociales de salarios de emergencia, vivienda y asistencia para reinsertarse socialmente la víctima. Es decir, señorías, estamos ante una enmienda leve que pretende poner a disposición de las mujeres víctimas de la violencia doméstica todos los servicios del Estado y sus instituciones, sin que ninguna intervención pueda ser paralizada por razones burocráticas o de cualquier otro signo; esto quiere decir no admitir coartadas ni demoras en contra de las necesarias actuaciones urgentes que estamos obligados a acometer ya, porque es tiempo de mujer, pero no de mujeres maltratadas. Y para recuperar la esperanza, señorías, hace falta actuar, hace falta luchar, pero sobre todo hace falta una gran unidad política.
Respecto a la enmienda a la proposición del Partido Socialista Obrero Español, se trata de mejorar un texto

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sin ningún interés de entretenerme en la oratoria; se trata de trabajar unitariamente en la defensa de las mujeres agredidas. Creo que al día de hoy quizá sea inútil, señorías, una polémica sobre la conveniencia de las modificaciones legales. Si es para más penas, mi fuerza sería contraria; si es para adecuar la ley a la demanda social, siempre que el fin último sea la rehabilitación y no el castigo, sí estaríamos de acuerdo; si es para buscar la separación del domicilio familiar del agresor, también; si es buscando zonas de seguridad para la víctima, también; si es para que no haga falta la condición de reincidente para la consideración de delito, también; si es para que se garantice la gratuidad de la justicia cuando así se solicite, también; si es para que se posibilite la acusación particular a las instituciones, también. En ese sentido, señorías, estamos absolutamente de acuerdo.
En concreto, la enmienda trata de que se aborde una reforma procesal que evite la multiplicidad de expedientes y, consiguientemente, juzgados por los que tramitar diferentes actos, y que no se considere una paliza una falta leve que se cura con una pequeña multa, en lugar de estimarse como una violación gravísima de los derechos humanos. En este sentido, se sigue entendiendo que varias palizas denunciadas en diferentes juzgados se resuelven con varias pequeñas multas. Convendrán conmigo, señorías, que esta tipificación es un verdadero atentado a la integridad física y a la dignidad psíquica.
Sería igualmente necesario, en esta línea de enmiendas, establecer desde el principio la asistencia letrada, aunque la falta no es preceptiva al no existir la posibilidad real de que los malos tratos sean redundantes.
En el caso de ser esta asistencia de oficio, el mismo abogado debería asumir las sucesivas faltas, cuya acumulación debería dar lugar a un delito.
Las enmiendas buscan fundamentalmente que el agresor no escamotee la ley y que la víctima tenga garantías de que la justicia la ampara y la protege. Y termino con ellas esperando sean asumidas por SS. SS., ya que estoy absolutamente convencida de que, junto a la movilización de las conciencias, hace falta una fuerte intervención del Gobierno mediante la adopción de medidas estructurales, urgentes y financiadas que quiebren la delincuencia, insisto, la delincuencia doméstica que duele a quienes la padecen y humilla profundamente a quienes la consienten por activa o por pasiva.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña-Los Verdes hemos presentado la misma enmienda a las dos proposiciones. Nosotros no vamos a oponernos nunca a estas cosas, pero decía la compañera de Izquierda Unida que me ha precedido en el uso de la palabra que estamos haciendo declaraciones programáticas todos los días. En noviembre celebramos un debate en el que ya se habló de la violencia doméstica, se planteó hacer una campaña de sensibilización pública, se acordaron otros ocho puntos que había presentado el Grupo Popular sobre distintos temas, se encargó que hubiera asistencia a las víctimas por personal femenino de la policía, etcétera. Creo que estamos dando vueltas a un asunto que está demasiado mareado. Lo que se impone es gobernar alguna vez, decidir e invertir, porque todas estas cosas tienen nombre y apellido, pero necesitan inversión. No puedes decir a una mujer que denuncie, para luego no tener ningún apoyo cuando lo hace, para encontrarse que se queda abandonada o que no le pagan la pensión. Todavía estamos esperando que venga el fondo de garantía, estamos haciendo 80.000 cosas, pero luego no se concreta nada.
Todo lo que sea por la mujer me parece estupendo, lo apoyaremos, la enmienda de este grupo, del otro, todo. Pero ¿qué les vamos a dar a las mujeres? Ahora han pasado ustedes a otro estudio, a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. La vamos a estudiar estupendamente, las mujeres van a estar estudiadísimas, pero van a seguir igual de maltratadas. Por tanto, tenemos que empezar a buscar acciones eficaces de verdad.
El problema no es sólo de Código Penal y de reproche sancionador. Se tiene que ir a una nueva cultura de la relación hombre-mujer, a lo que hemos llamado otras veces contrato social, a un cambio de actitudes, a un cambio muy profundo en la educación; que se vea con energía que los niños y las niñas no se educan sólo juntos, sino que se les educa para ser iguales, independientes, para respetarse, para que ya no se crea que son de nadie, para que eso de mío o de la tumba no siga siendo verdad, que alguna vez se diga: no es mía, es de ella, y el otro es de él, nadie somos de nadie y todos nos repartimos y nos compartimos fácilmente. Por tanto, hay que insistir en muchas cosas y hay que ir a la práctica. La enmienda que nosotros hemos hecho quiere un poco más.
Mañana vamos a tener dos interpelaciones sobre este tema, van a venir otras mociones. Podemos hacer mociones de 20 puntos y enmiendas a las mociones. Vamos a tener ya un dossier de cosas que hemos decidido y si algún día nos pudiéramos traer el correspondiente a las que se han cumplido nos quedaríamos mucho más contentas. Hay que pasar a la acción, y no lo digo en un sentido revolucionario; hay que pasar a la ejecución de las cosas que queremos hacer; hay que dar medidas; hay que hacer presupuesto; hay que decir,

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si una se tiene que ir de casa, que hay alquileres para familias monoparentales con problemas; hay muchas cosas, y yo creo que algunas se tenían que hacer ya.
Nosotros vamos a apoyar las dos propuestas. ¿Cómo no vamos a pedir que haya una circular? Es verdad que las leyes no son sólo cómo se hacen, sino cómo se aplican, la importancia que se les da; que no se rían de la señora que va a denunciar y está llorando todo el día, que no se diga que no valen los testigos de casa. Hay muchísimas cosas que tendríamos que cambiarlas como comportamiento. Por eso una circular lo puede recordar.
Podemos, además, participar desde la Comisión aportando elementos a esa circular.
Nosotros hemos puesto en nuestra enmienda la necesidad del alejamiento, no del extrañamiento, que no es la palabra correcta. Es verdad que existe ya en el Código Penal, pero no está determinada de manera alguna para este tipo de faltas como son los malos tratos. También propusimos en su momento que esto no estuviera en el ámbito de las lesiones en el Código Penal, porque aunque te de una bofetada tu marido, no le vas a poner 30 años de cárcel, ya que es una falta. Si nosotros pusiéramos un título que se llamara De los delitos, de los deberes y derechos familiares, este tipo de actuación tendría un reproche social que no es tan individual.
Vamos a sentarnos a hacer cosas eficaces, cosas que ayuden a lo que necesitan las mujeres, a que no se rían de ellas además de estar maltratadas, a que no se declaren impunes conductas determinadas porque no se tienen pruebas, sobre todo que no se sientan animadas a denunciar, sino a ser independientes. Porque hay veces que ejercer un derecho como es el separarte, como es simplemente buscar tu propia libertad y la ruptura de una relación que te es hostil, te puede costar la muerte. Por tanto, hay que hacer muchas más cosas. Nosotros, a las dos proposiciones que hoy se presentan, que son dos declaraciones programáticas, les queremos añadir esta enmienda, que por supuesto la transaccionamos en la forma que pueda verse como más importante. La mantenemos, aunque vamos a apoyar todas. Mañana también oiremos la interpelación y el próximo martes veremos otra vez la moción consecuencia de esa interpelación.
A mí lo que me parece importante es saber cuándo les vamos a decir a las mujeres los derechos que tienen, que van a mejorar su situación. Dejemos ya de estudiar tanto que, de verdad, vamos a ser especialistas en el tema, y procuremos, con medidas eficaces, que no muera la Comisión Mixta, sino hacerla de verdad relevante para poder elaborar proyectos concretos.
Que traiga aquí el Gobierno las medidas, los presupuestos que quiere dar para estas cosas, y empecemos a caminar en la resolución y dejemos el estudio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha estado estudiando y valorando estas iniciativas parlamentarias para luchar contra la violencia que padecen los colectivos que se han señalado aquí de mujeres maltratadas. Quisiera que no cayéramos en un confusionismo de idas y venidas de iniciativas parlamentarias, que compartimos y que ha denunciado la portavoz del Grupo Mixto, la señora Almeida, enmiendas a las que todos en el fondo nos sumamos para la lucha contra los malos tratos en la mujer.
Me voy a circunscribir fundamentalmente azlas dos iniciativas básicas, que son las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. En verdad creemos, desde el estudio que hemos hecho, que ambas, estando de acuerdo en el fondo de lo que pretendemos combatir, son complementarias. Mi grupo desearía que precisamente hubiera un entendimiento, un ensamblaje entre las dos. En cualquier caso, si a esto no se llega y dado que las iniciativas se votan por separado, mi grupo anuncia ya, señor presidente, que vamos a votar favorablemente tanto la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular como la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. En esta línea de actuación, señor presidente, creemos que la complementariedad será positiva.
No podemos salir ante la opinión pública española, alarmada por esta circunstancia, con que vamos a hacer un estudio más en el seno de la Comisión. Esto no es de recibo en este momento ni aunque tenga cuestiones de urgencia; todo estudio lleva un tiempo y los casos están ocurriendo en estas mismas fechas, por tanto, hay que salir a atajar ese problema.
Nosotros hemos hecho una valoración positiva, a nuestro juicio, como digo, de ambos textos. Sobre el texto del Grupo Parlamentario Popular, quiero señalar en este momento que viene a plantear, con el informe, solamente estudiar la legislación actual y agilizar los procedimientos judiciales. Creemos que hay otras medidas junto a actualizar las modificaciones legislativas pertinentes, porque hay otros aspectos para combatir este pernicioso fenómeno que no son de tipo judicial ni de modificación legislativa. Aquí valoramos muy positivamente la iniciativa que ha tomado el Grupo Parlamentario Socialista con su enmienda de que el Ministerio del Interior dicte unas instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que esperamos que también la asuman las comunidades autónomas con policía autonómica propia, para que se dé un trato cotidiano a estos fenómenos. Lo que sí creemos que es importante, pero parecería obvio, es que

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pidiéramos al fiscal general del Estado que cumpla con el principio de legalidad, pero es que está obligado a ello. Por tanto, valoramos, repito, muy positivamente la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque hace una invocación para que interesemos del fiscal general del Estado --del Gobierno, por supuesto-- que realice una instrucción dirigida a los fiscales. Y nos parece que esto es importante, señor presidente, porque nos da la sensación de que lo que tienen los fiscales --al menos en lo que hemos conocido en consultas previas realizadas-- son instrucciones anteriores al vigente Código Penal.
Creemos que la Fiscalía General del Estado debe, por tanto, actualizar sus indicaciones al ministerio fiscal sobre el cumplimiento de la legalidad vigente en razón de la pieza fundamental que tenemos: la Ley Orgánica 10/1995 del vigente Código Penal. Por esa vía de celo en el ministerio fiscal, con las complementarias que haya de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las modificaciones legislativas --que llevarán su tiempo, desde luego-- es cierto que el fiscal general del Estado puede, desde ya, dictar esa instrucción a los señores fiscales para estimular su celo en el cumplimiento del principio de legalidad.
Por estas razones, señor presidente, y por entender que existen valores positivos suficientes, pero de complementariedad, vamos a votar las dos iniciativas favorablemente y deseamos que pueda prosperar el ensamblaje de las mismas para resolver el problema de fondo en el que creo que todos estamos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señor URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, a nadie se le oculta la importancia y la trascendencia del tema y las graves consecuencias de toda índole que las conductas de violencia doméstica originan. El grupo al que represento se ha sumado a cuantas iniciativas se han tramitado por estas cuestiones en la Cámara y también lo hará en esta ocasión.
No somos, en principio, muy partidarios de modificaciones legislativas.
En tres ocasiones en el día de hoy hemos hablado de modificar el Código Penal y dos de ellas lo era por hechos concretos que han generado alarma social. No es ello bueno para el reposo que los textos penales merecen y deben primero explorarse sus virtualidades antes de pretender cambios.
El artículo 153 del Código Penal se introdujo como fruto de una enmienda socialista recogiendo las violencias en el ámbito familiar. En él se ampara no sólo como sujetos pasivos a las mujeres, sino también a los hijos, bien sean de uno o de ambos convivientes, así como el maltrato de las personas ancianas, que es una trágica realidad también existente.
Es cierto que en él se hace referencia sólo a la violencia física, pero los supuestos de trato degradante o vejatorio o de trato humillante dentro del ambiente familiar deberán ir al artículo 173, que castiga el menoscabar gravemente la integridad moral de otra persona. En el supuesto del artículo 153 creemos que no se requiere la existencia de lesiones y si éstas se producen el precepto se aplica sin perjuicio de las penas que correspondan a las lesiones. Habrá, por tanto, que sumar ambos delitos, habrá concurso de delitos y no concurso de leyes.
Sí hay en este tipo penal, sin embargo, aspectos como el concepto de habitualidad o la referencia al propio ámbito, si se refiere al ámbito familiar o a persona concreta en cuanto a la repetición del maltrato, que requerirían lo que contiene la iniciativa socialista y que nos parece muy interesante: que se inste a la Fiscalía General del Estado para que elabore una circular que permita que la acusación en estas materias se ejerza siempre con idéntico criterio. Las circulares de la Fiscalía han gozado siempre de un merecido prestigio y sería muy adecuada una interpretación que tiene casi el carácter de interpretación auténtica en esta materia para, repito, unificar criterios en la acusación pública.
Se ha hablado de medidas cautelares. No es necesario hablar de nuevas o explorar nuevos ámbitos, puesto que en este momento está en tramitación en la Cámara una iniciativa del Grupo Vasco, la proposición de ley de medidas cautelares penales, que fue tomada en consideración por todos los grupos de la Cámara y que está pronta en el tiempo a entrar en la Comisión de Justicia e Interior. En ella se plantean cuestiones tales como la prohibición de acercamiento a determinados lugares o a determinadas personas que, debidamente vigilados por quien corresponda administrativamente, pueden tener virtualidades muy interesantes en la materia concreta que estamos tratando.
En todo caso, creemos que el Derecho penal se revela como ineficaz en este tipo de situaciones. Se reflejaba de forma gráfica en un noticiario de días recientes cuando, tras la celebración de un juicio por lesiones en el ámbito familiar, el magistrado preguntaba a la mujer maltratada si quería añadir algo y ella concluía diciendo que creía que todavía estaba enamorada del maltratador y que probablemente le perdonase. Creemos, por tanto, que no es tan necesaria la acción penal como una acción penal positiva valiente en el ámbito de la educación en valores, de la propia estima, en la no sumisión a otra persona, en la suficiencia y en la autoestima personal a las mujeres.
En el día de hoy hablaba con la ex diputada de esta Cámara, señora Aguirre, perteneciente a mi grupo y actual responsable de bienestar social en la Diputación de Alava, y me contaba que mañana presenta un ambicioso plan de medidas sociales en este ámbito para el territorio histórico por el que es diputada. Me hablaba de las medidas de tratamiento psicológico a prestar al

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núcleo familiar completo, es decir, incluyendo al maltratador, que en el ámbito de los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa están teniendo un éxito considerable, según se dice, y que llevan implantadas desde el año 1992.
Somos más partidarios de atajar las causas y no quedarnos en la mera reprensión de las conductas. Sin embargo, nos parece interesante todo el debate sobre estas cuestiones que, repito, creemos que tiene la suficiente relevancia social y apoyaremos las decisiones que hoy se adopten en la Cámara, consensuadas por todos los grupos.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, tiene la palabra la señora Solsona.


La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor presidente.
Señorías, toda agresión constituye un delito contra la integridad de la persona, en mayor o menor grado, y es, en este sentido, motivo de condena. Pero las agresiones constituyen, además, un atentado contra la libertad más íntima de la persona, tanto en el plano físico como en el psicológico, y en el caso de las agresiones a las mujeres suponen la demostración clara de que en la sociedad todavía queda un largo camino para llegar a la igualdad.
Hablamos de un delito que lamentablemente es muy antiguo y afecta a un gran número de mujeres en la mayoría de las sociedades del planeta. Es precisamente esta universalización la que hace pensar que para entender su naturaleza hemos de remitirnos a las estructuras sociales. En ellas constatamos la existencia de pautas culturales con componentes sexistas, a pesar de que la legalidad otorga a ambos géneros un trato paritario. La violencia afecta a toda la organización de nuestra sociedad, por tanto, debemos analizarla dentro del contexto social en que vivimos.
Los hombres han dominado hasta ahora el espacio público y han ejercido también el poder en el privado, en su familia. El reparto de papeles ha permitido que la mujer, los hijos y las hijas, fueran considerados como una propiedad del hombre. La violencia física o psíquica ejercida dentro del ámbito familiar o de pareja era considerada como cosa de dos o asunto privado. Es un fenómeno amplio y complejo que abarca múltiples y sutiles formas, y ahora, señorías, ha salido a la luz; pero lo que ha salido es sólo una pequeña muestra, las agresiones siguen ocultándose. Los motivos para ocultar la agresión dentro del hogar son diversos: el miedo a la represalia, la dependencia afectiva, psicológica y económica, la creencia de que es una situación irrepetible, la existencia de hijos, el ámbito hostil y poco acogedor que envuelve a la mujer, la vergüenza de reconocer que la relación no funciona, etcétera. Pero, sobre todo, subsiste siempre la consideración de que todo aquello que suceda dentro del hogar es un asunto privado, y esta consideración se ve reforzada, en algunos casos, por la inexistencia de una conciencia social que apoye a las personas agredidas y que considere las agresiones como delitos penales y no como desavenencias familiares.
Por otro lado, muchas víctimas han declarado sentir el delito tan humillante como el trato recibido en el momento de la denuncia. La respuesta judicial es esencial como eslabón inicial de soluciones personales y sociales, aunque la respuesta judicial es sólo una parte de la respuesta social a este gravísimo problema. La humanidad y profesionalidad de los que reciben la denuncia es fundamental para la mujer maltratada, víctima del miedo, humillación, sometimiento y baja autoestima. La formación específica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los jueces y fiscales es fundamental para recibir con eficacia la denuncia. Aunque la denuncia sea respondida por una reacción peor de los agresores, esto debe servir para extremar las precauciones, no para ocultar las agresiones e impedir que se denuncie por miedo.
La violencia contra la mujer es el principal delito que se comete en nuestro país, hasta ahora oculto y extendido en todas las capas sociales.
No hay nada nuevo salvo que las mujeres empiezan a rebelarse contra la injusticia y el hombre lo vive como una provocación. Hay que encontrar soluciones, unas a corto plazo, pero otras difíciles de aplicar puesto que comportan un cambio de mentalidad. Podríamos señalar algunas, por ejemplo: mejorar la posición de las víctimas en los procedimientos penales, coordinando la acción judicial con la de los servicios y recursos de atención a la víctima; prevenir estas situaciones mediante políticas de amplio alcance en materia de educación y trabajo, que contribuyan a incrementar la autonomía de las mujeres y acciones de prevención específica, técnica o situacional, orientadas a disminuir las posibilidades de cometer estos delitos y a incrementar los riesgos de detección de estas situaciones y de los autores de malos tratos; evitar penas de multa o de arresto, cuando se convive con la víctima o ésta depende económicamente del agresor, ya que no es la solución adecuada y agrava la situación familiar; reeducar a los agresores mediante un tratamiento educador en centros a los que deban acudir periódicamente; juicios rápidos, sobre los que el Ministerio de Justicia el pasado día 16 anunció en el Senado que se están haciendo esfuerzos para la rápida celebración de juicios de faltas y celebrar juicios rápidos en caso de delito.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Solsona, le ruego que vaya concluyendo.


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La señora SOLSONA I PIÑOL: Sí, señor presidente.
El Consejo General del Poder Judicial está también estudiando el tema en una comisión especial y anuncia posibles modificaciones legislativas a finales de febrero.
Señorías, todas las iniciativas son positivas y encomiables, como lo son las presentadas hoy en esta Cámara, pero no hay que dispersar y malgastar esfuerzos. En este momento, existe un plan de acción del Gobierno sobre la violencia contra las mujeres, en colaboración con las distintas comunidades autónomas, en el que intervienen todos los ministerios implicados. Hoy, en la comparecencia del ministro del Interior ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, también se ha tratado este tema y la Mesa y portavoces de esta Comisión --como ya se ha dicho anteriormente-- han acordado coordinar todos los esfuerzos de los diversos grupos parlamentarios y celebrar urgentemente una jornada extraordinaria de estudio dedicada exclusivamente a este tema. En ella comparecerán las principales asociaciones de mujeres dedicadas a la detección y prevención de estas conductas violentas, así como forenses especializados en el tema y miembros del Consejo General del Poder Judicial. Con ello, señorías, la Comisión mixta pretende elaborar sus propias conclusiones y, conjuntamente, elevarlas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para que las tenga en cuenta en la elaboración del plan de choque que estudia el problema.
Nos parece positivo que hoy aquí se haya llegado a un acuerdo entre las enmiendas presentadas como un paso hacia este consenso necesario, a fin de mejorar los derechos de las mujeres y de protegerlas cuando éstas se convierten en víctimas de malos tratos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Solsona.
La señora letrada me comunica que, tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular como por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se van a aceptar una serie de enmiendas del resto de los grupos parlamentarios. Como el turno que corresponde es de aceptación o no de las enmiendas presentadas, yo les rogaría que, sin ningún comentario al margen, se limitasen a leer el texto resultante de ambas aceptaciones de enmiendas sobre los textos iniciales, sobre todo para que quede claro a efectos de la votación que a continuación vamos a establecer.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Sainz, a la que le ruego que lea el texto resultante de la aceptación de sus enmiendas.


La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para leer esa transaccional que habíamos ofrecido al grupo socialista y que de alguna manera habíamos consensuado con los demás grupos. Quedaría así: El Congreso de los Diputados acuerda que, en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, se elabore un informe que contemple cuantas medidas se considere necesario adoptar y estudie la legislación actual con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y a agilizar los procedimientos judiciales, salvo aquellas modificaciones legislativas y actuaciones urgentes que se puedan aprobar en el seno del Parlamento antes de la finalización de dicho informe.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sainz.
Señora Fernández de la Vega, le ruego que dé lectura también al texto que resulta de la aceptación de enmiendas desde su grupo parlamentario.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor presidente.
El texto resultante de las enmiendas, que ya he anunciado en mi intervención que iba a aceptar, es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas aquellas medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres y en especial: Uno, a que interese del fiscal general del Estado a realizar una instrucción dirigida a los fiscales en la que ordene que se persigan con diligencia las denuncias de las mujeres víctimas de la violencia, instando siempre durante la tramitación del proceso la adopción de aquellas medidas cautelares que puedan contribuir a su seguridad, así como la acumulación de acciones de una misma denunciante en un solo procedimiento. Dos, a que adopten las medidas necesarias para mantener actualizada una estadística detallada de los procesos por delitos y faltas que tengan por objeto lesiones y malos tratos a mujeres en todo el territorio nacional. Tres, a que por el Ministerio del Interior se elabore y dirija una circular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado donde se contengan todas las directrices a tener en cuenta en el trato cotidiano a la mujer víctima de malos tratos. Cuatro, a introducir en la formación de policías, abogados, fiscales y jueces, mediante los instrumentos de colaboración oportunos con otros órganos, contenidos relacionados con la violencia que las mujeres soportan en el ámbito familiar, laboral y social, de manera que se haga llegar a estos colectivos la importancia del problema y de sus consecuencias.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Entiendo que los grupos enmendantes aceptan la transaccional y, por tanto, retiran las enmiendas planteadas. (Asentimiento.) Gracias, señorías.


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Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer se elabore un informe que estudie la legislación actual, con el fin de impulsar aquellas modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y agilizar los procedimientos judiciales en los términos resultantes de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 321; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las que son víctimas las mujeres, en los términos resultantes, asimismo, de la transaccional aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA SITUACION DE FERROL Y SU COMARCA, AGRAVADA A CONSECUENCIA DEL DESASTRE DEL DIA 13 DE ENERO DE 1998. (Número de expediente 173/000060)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto III del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la situación de Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre del día 13 de enero de 1998.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la semana anterior tuvimos ocasión de debatir en el Pleno de la Cámara la grave situación, en materia socioeconómica y en infraestructuras, que se evidenció en la comarca de Ferrol Terra a partir del desastre del día 13 de enero. Todas las deficiencias que en aquel momento enumeramos estaban allí, no eran nuevas, y servían de base precisamente a una sociedad que se debate entre el escepticismo, la desmoralización, la hipercrítica, el individualismo, pero también una sociedad que empieza a comprobar cuánto normal podíamos tener, de lo cual carecíamos. Después, hablaremos de este aspecto de la cuestión que es, sin duda, el más positivo, el cambio de mentalidad y el cambio social.
Hay una serie de actuaciones necesarias ahora mismo y otras que son ineludibles después del mes de mayo, una vez que se cumpla el compromiso del Gobierno de reconstruir el puente tal como estaba en una primera fase de la obra, según el ministro de Fomento. Por eso, presentamos esta moción que es muy limitada en sus aspiraciones, pero muy realista y solamente hace falta voluntad política para cumplirla.
En primer lugar, como no podía ser menos, abogamos por que se establezca un sistema de ayudas centrado en dos sectores básicos, primero, el sector marisquero, que vio gravemente afectado el banco de almeja natural más importante que existe en Galicia, hasta el extremo de que, según las noticias que se divulgan en la prensa y los datos con los que cuenta la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, prácticamente disminuyó a la mitad la producción de este banco marisquero; en segundo lugar, tener en cuenta las calamidades y las pérdidas debidamente justificadas que tengan los servicios y distinto tipo de industrias de la zona. Está claro que estas cuestiones deben de ser llevadas de mutuo acuerdo por la Administración autonómica y la Administración central. Pero, en todo caso, señorías, me gustaría recordarles la existencia de 500 familias, con todas las personas que hay detrás, que viven del banco marisquero de la ría de As Pías en concreto y la reducción de producción a la que se ven sometidas. Y todo esto en el marco de una comarca que tiene el 30 por ciento de paro y que padece una crisis industrial que aún se va a completar ahora prácticamente con la reducción de plantillas de Bazán y una amenaza constante de reducción de la plantilla de Astano.
También se dan unas deficiencias estructurales graves, para cuya resolución sólo hace falta voluntad política. Les recordaré los datos: 600.000 habitantes rodeando una carretera y una línea férrea entre A Coruña y Ferrol; una importante industria naval, metalúrgica o incluso térmica y, por supuesto, industrias no solamente públicas, sino privadas, dedicadas a aglomerados o incluso a productos de carácter químico; un puerto que merecía tener una interrelación modal con la estación de ferrocarril. Recuerdo las palabras del señor ministro, sin duda no malintencionadas, pero que evidenciaron la situación, con las que nos aclaró que las autovías valdrían para que los productos gallegos

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llegasen rápidamente a Madrid y de Madrid a los puertos del Mediterráneo, lo cual no es ni más ni menos que la evidencia de lo que se está haciendo hoy. Gran parte de las mercancías que exporta Galicia hay que llevarlas al Mediterráneo. Y, por fin, unos sectores de Defensa que, en el conjunto de los datos que les di, merecen que contemos con una línea férrea, no con un tren de alta velocidad pero sí con una línea férrea, que pueda funcionar y cuya potencialidad y necesidad se demostró precisamente a raíz del desastre. Siete mil viajeros diarios hay hoy de acceso a Ferrol y de salida de Ferrol, en una línea que solamente puede andar a 48 kilómetros por hora de media. Sólo haría falta poner solución a los 45 kilómetros de vía férrea entre Ferrol y Betanzos para lograr, en dos años, que la velocidad media pudiese ser de 80 kilómetros por hora y mantener un ferrocarril que no es ningún lujo y que supondría para las mercancías un pingüe negocio que tiene hoy Renfe, cuyo presidente así lo reconoce, como reconoce la potencialidad que para el servicio de viajeros tiene en la zona. Por lo tanto, función económica y social fundamental.
Por eso pedimos que se contemple este trazado entre Ferrol y A Coruña en el conjunto Ferrol-Coruña-Vigo-Porto, que es lo que constituye el eje ferroviario atlántico. Y deben de tener en cuenta SS. SS. que no vamos a contar con autovías gratis. Solamente con una autopista de peaje que llegará a Ferrol prácticamente en el año 2000. Por lo tanto, no es mucho pedir que, en estas condiciones, se contemple también el ferrocarril.
También, es curioso, queremos racionalizar el gasto, señorías. Sería absurdo que se reconstruyese el puente de As Pías con cuatro carriles o con dos y que no se solucionase el problema del cuello de botella brutal que hay en Fene, que es uno de los principales motivos del atasco por carretera a que estamos sometidos los ciudadanos de Ferrol continuamente.
Tanto si se construyen cuatro carriles, como si se hacen dos, se necesita sacar el tráfico del centro de Fene, para lo que solamente hace falta una ronda de apenas tres kilómetros, que sería la ronda sur-oeste, que fuera a dar prácticamente a la autopista de peaje A-9. Efectivamente, la autovía Fene-Ferrol hay que realizarla, pero como no va a estar antes del año 2001, este interregno de tiempo se podría cubrir prácticamente con esta ronda y tendríamos una situación si no óptima, sí desde luego muy mejorada en relación con lo que tenemos hoy en día.
Por fin, señorías, pensamos que hay que hacer un seguimiento continuo de la situación de emergencia que nos situó en el año 1920, prácticamente antes de la dictadura de Primo de Rivera. Quiero invocar a todos ustedes para que tomen el tema con el interés y preocupación que sin duda alguna tendrán hoy los diputados y diputadas que pudieron seguir el debate del día anterior: que estamos ante una zona en declive pavoroso, que nuestras peticiones son muy moderadas, que tienen una legitimidad grande y que se trata de una necesidad angustiosa. Lejos del esquema de que con las autovías radiales de Madrid a Galicia, a Coruña en concreto y a Vigo, las cosas están resueltas, se trata de ver cómo paliar y mejorar con los medios de los que se dispone lo que es competencia del Estado y que el Gobierno español tenga, por una vez, consideración por una realidad que merece otra atención y otro trato.
Sensibilizar al Gobierno es la intención de esta moción que presentamos.
Es una cuestión constructiva, colectiva, de eficacia política y pensamos que, en caso de aprobarse, redundará en beneficio de las instituciones democráticas que bien necesitadas de crédito están. Creemos, además, que ponemos en manos de las instituciones locales, empezando por el Ayuntamiento de Ferrol, una serie de medidas que, una vez que cuenten con la legitimidad de esta Cámara, será la manera también de reclamarlas debidamente a un gobierno que, sin duda, va a ser diligente en su cumplimiento, porque, vuelvo a repetir, se trata solamente de voluntad política y de muy pocos cuartos, de muy poco dinero. Por lo tanto, señorías, espero su votación favorable a esta moción. Solamente quiero decirles que, después de escuchar la intervención de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, nos posicionaremos como Bloque Nacionalista Galego respecto de las enmiendas que se presentan.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
A esta moción se han presentado enmiendas por diversos grupos. En primer lugar, y para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Borreiros.


El señor BORREIROS FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista se ha sentido gobierno en el debate sobre la situación de emergencia en el área metropolitana de Ferrol. Ya desde el mismo día y lugar del desastre hemos adoptado una posición de ayuda, planteando acciones para solventar y aminorar los efectos negativos del aislamiento y las pérdidas económicas y sociales. Seis iniciativas de construcción, de acción, de impulso al Gobierno, hemos presentado a esta Cámara, pero, para nuestra sorpresa, el Grupo Popular ha reforzado esa sensación, digamos entre comillas, «gubernamental» de los socialistas, después de escuchar la exagerada crítica a mi partido, que a expensas de la famosa herencia parecían ser los socialistas los culpables de los males habidos y por haber, incluso de las consecuencias del desastre del Discovery. Lo que tengo que decir es que el Discovery es la última plataforma que se construye en Astano, que después del año 1996 no hay ninguna nueva contratación,

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por lo que sí, somos culpables de haber contratado una obra de más de 40.000 millones de pesetas en la empresa Astano. Hoy casualmente, porque el Grupo Popular habló mucho de Astano en su anterior intervención, se dan las cifras de que en 1997, año en el que no gobernamos los socialistas, Astano supera las pérdidas de 8.000 millones de pesetas. Esa es nuestra culpa.
Ese recurso defensivo de la oposición nos parece que no se debe utilizar; si quiere hacerlo el Grupo Popular que lo haga, pero no cuando se trata de un asunto tan serio que debe estar por encima de las siglas. Lo que debemos de hacer, sobre todo los partidos responsables, es tratar de acabar con el aislamiento cuanto antes posible y ayudar a las personas, a los grupos y a las clases sociales que padecen de una manera clara y rotunda el aislamiento físico y sociológico de la zona de Ferrol.
Hoy, parte de las enmiendas del Partido Popular nos parecen meramente técnicas y nos parecen bien. Decíamos hace una semana que el Grupo Popular tendría que cambiar de rumbo; no lo ha hecho en Galicia, pero si lo hace aquí, nos parece bien y lo aplaudimos. Estamos contentos de que así sea. Es un texto con el que estamos muy de acuerdo porque refleja la actitud que hemos tomado todas las fuerzas políticas, menos el Partido Popular en Ferrol, y los cuatro sindicatos, las organizaciones empresariales, los colectivos de justicia y sociedad, los comerciantes, etcétera. Eso sí, hemos sacado esta iniciativa y esta plataforma sin contar con el Partido Popular.
Tengo que decir que de la zona del área metropolitana de Ferrol y de los seis ayuntamientos que se ven más inmersos en esta tragedia, tres están gobernados por los socialistas y uno por el Partido Popular. Lo tengo que decir, porque ninguno de esos tres alcaldes ha sido recibido por ninguna autoridad dependiente directa o indirectamente del Gobierno de la nación.
Es por eso que nosotros hablábamos de cambio de rumbo y pensábamos que por encima de las ideologías había que garantizar, aprovechando que la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego en esta Cámara se adelanta a otras iniciativas, con una proposición no de ley socialista que prácticamente viene a resaltar los mismos puntos, su aprobación por parte de la Cámara.
Así pues, nos parece importante llegar hoy a un acuerdo en este sentido.
En primer lugar, la reposición actualizada, no de hace 30 años, no del año 1968, sino al día de hoy, de las comunicaciones que fueron afectadas y su salida por el municipio de Fene. En segundo lugar, el impulso a las infraestructuras que estaban pendientes, y no hablamos de ninguna nueva, sino de las que estaban pendientes y prometidas en el programa electoral del partido que en este momento está gobernando. Y en tercer lugar, medidas de acompañamiento, de emergencia, de impulso de inversiones productivas, incentivos y ayudas, que nos parece importante, sobre todo para el mundo empresarial y para el mundo comercial del área metropolitana de Ferrol.
Sin ánimo de introducir una nueva variante en este aspecto, sí queremos saber, después de cinco semanas del desastre, de la situación de emergencia, cuál es la responsabilidad que pudiera haber en todos los ámbitos con respecto al accidente. Este accidente no fue porque sí y queremos saber si, desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las autoridades autonómicas, estatales, locales, etcétera, existe algún tipo de responsabilidad.
Nosotros, por eso, a esta parte de los acuerdos que se llegaron a adoptar en Ferrol en su día, y que están aprobados por los seis ayuntamientos, incluido el que está gobernado por un alcalde del Partido Popular, hemos presentado tres enmiendas, que nos parecen interesantes. En primer lugar, pedimos un plazo benévolo, que esté por escrito lo que ha dicho el ministro aquí y es que antes del verano, es decir, en el primer semestre del año 1998, estén licitadas las obras de la autovía Fene-Nera-Ferrol.
En segundo lugar, medidas de acompañamiento. Las ponemos en general porque nos parece que, a lo largo de las próximas semanas, puede haber intención, por parte de los grupos sociales, de los sectores implicados y también --por qué no-- de las autoridades, de aplicar medidas de acompañamiento a cuestiones que estaban más o menos previstas en el tintero --o por lo menos se nos decía eso--, como puede ser la rapidez en tramitar ayudas, inversiones e incentivos que durante estos últimos meses se han expuesto a los medios de comunicación por parte del Gobierno.
Para acabar, he de decirles que me parece importante que haya un cambio de rumbo en la política del Grupo Popular con respecto a este tema. Lo decía hace una semana. No me parece correcto ese muro infranqueable que se ha puesto, desde Ferrol, al resto del territorio nacional, en un partido que tiene tantas responsabilidades a nivel autonómico y a nivel nacional. Creo que no ha valido para nada. De hecho, lo que este diputado tiene que decir --y creo que me van a dar la razón-- es que, si hoy sólo se presentan enmiendas técnicas, ustedes van a estar de acuerdo, en general, con la visión que los demás hemos tenido desde un principio.
Yo diría una cosa. El otro día estuvo el vicepresidente del Gobierno en Galicia. Arias-Salgado no estuvo en Galicia por este tema; seguro que Arias-Salgado no pertenece al sector gastronómico del Partido Popular. El señor Alvarez-Cascos estuvo en la feria del cocido anteayer, pero no atendió a Ferrol ni a ningún tipo de autoridad de la zona de Ferrol.
(Rumores.) Me parece que es una falta de amabilidad con respecto a una zona donde no están resueltos los problemas porque allí ya ganamos las elecciones, como se dijo aquí la semana pasada. No es el problema de haber ganado las

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elecciones, es un problema que surgió hace cinco semanas, y creo que hay que dialogar. Y diría más. Todos estamos dispuestos y todos los ferrolanos están dispuestos allí a que ustedes puedan escoger interlocutor. Pueden escoger a cualquiera de los cuatro sindicatos mayoritarios que existen allí: UGT, Comisiones Obreras, la Ciga y USO. A los cuatro juntos o a cualquiera de ellos. Pueden escoger a los representantes de la CEOE de allí, pueden escoger a la Asociación de empresarios Ferrol Terra, juntos o por separado. Pueden escoger a cualquier tipo de partido político, juntos o por separado, porque la gran mayoría de la población estamos representados en esa plataforma.
No es de recibo que, a estas alturas y con estas situaciones de emergencia, el Gobierno, o los representantes del Gobierno en el territorio de Galicia, no admitan un diálogo con las personas que representan al pueblo en ese momento, porque tan importante es el alcalde de un ayuntamiento como el del otro. En una situación de emergencia, no se debe mirar cuál es su partido, sino a los ciudadanos a los que representa.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Borreiros, le ruego concluya, por favor.


El señor BORREIROS FERNANDEZ: Termino.
Al comienzo yo decía que el Partido Popular tenía que hacer un cambio de rumbo y tenía que rectificar, y me parece muy bien que hoy sea el comienzo de ese cambio de rumbo. Lógicamente, la facultad para aceptar las enmiendas no pertenece al Grupo Parlamentario Socialista en este caso, sino al grupo del Bloque Nacionalista Galego. Aunque no se admitan las enmiendas del Partido Socialista, nosotros vamos a votar a favor, y lo vamos ha hacer, precisamente, para dar ese margen de confianza y para ofrecerle la mano al Partido Popular, a ver si cambia de actitud y de rumbo, ya que en términos marineros rumbo también significa derrota.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Borreiros.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda hemos presentado una enmienda a la moción del Bloque Nacionalista Galego, manifestando de entrada nuestro apoyo a la misma, pero queriendo dejar claro con nuestras enmiendas lo que es la opinión de nuestro grupo --Nueva Izquierda-- en coherencia y en concordancia con lo que nos ha planteado Esquerda Unida-Esquerda Galega, y es que en este tema hay una evidente responsabilidad pública que es necesario reconocer. Para algunos esa responsabilidad pública procede de una desidia histórica hacia Galicia, concretada en la escasa dotación de infraestructuras, que da lugar a que se acuse de manera especial la dependencia de alguna de ellas, aquellas cuya desaparición causa una situación dificilísima, como ha ocurrido en Ferrol; para otras personas, esa responsabilidad histórica es el resultado del mal funcionamiento de servicios públicos, como el Instituto Nacional de Meteorología, circunstancia denunciada en su día por la Xunta; para otros, esta responsabilidad pública puede ser el resultado de una escasísima y deficiente política de seguridad marítima, que ha dado lugar a diversos graves accidentes en la Comunidad Autónoma gallega. Finalmente, habrá quien piense que esa responsabilidad pública es consecuencia de la implicación de una empresa pública.
En definitiva, desde Nueva Izquierda pensamos que es necesario que esta Cámara apruebe un conjunto de medidas que acrediten la responsabilidad y el compromiso del conjunto del pueblo español con los habitantes de esta comarca de Ferrol, gravemente afectados por el accidente del puente de As Pías, y, en este sentido, vamos a apoyar la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Finalmente, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Nosotros no pretendemos en modo alguno repetir el debate celebrado la pasada semana con motivo de la interpelación presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Tampoco entendemos que la moción presentada hoy, consecuencia de la interpelación del pasado miércoles, sea limitada en sus aspiraciones. Es una moción que nosotros consideramos importante, que merece nuestro respaldo --y lo digo desde aquí-- y que pretende mejorar en algunas cuestiones ciertos términos que se valoran y reflejan en dicha moción.
A través de la intervención que hoy haré en la Cámara, queremos dejar muy claro, sobre todo después de haber oído algunas intervenciones en las que se buscan responsabilidades de todo tipo, que nadie es responsable de que la plataforma se haya estrellado contra el puente y, desde luego, si alguien no lo es, es el Gobierno del Partido Popular ni muchísimo menos el alcalde del Ferrol. Conviene recordar, ante tanta demagogia escuchada durante todos estos días, cuáles son las acciones que ha tomado el Gobierno de la nación, el autonómico y el del Ayuntamiento de Ferrol a partir del día 13, fecha en la que se produce el desgraciado

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accidente. Para ello, no hay más que leer las actas que se han producido, por ejemplo, en un Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ferrol que recogía diez puntos, que se han cumplido en su integridad, y que son los siguientes: solicitud al Gobierno para que en el próximo Consejo de Ministros, es decir el del día 16, que fue cuando se produjo la aprobación, se adoptaran las medidas necesarias para que la reparación del puente dañado se hiciera en el menor tiempo posible; demandar del Gobierno, dada la situación creada por la catástrofe, la materialización del inicio inmediato de las obras, es algo que se ha realizado en virtud del acuerdo del Consejo de Ministro; demandar la potencialización de los medios de transporte colectivo, también se ha realizado al pasar de 6 a 38 servicios ferroviarios de cercanías totalmente gratuitos porque han sido asumidos por la Xunta de Galicia; establecer sistemas de emergencia y control por parte de la Guardia Civil y de la Policía Municipal en la carretera de Castilla, es algo que se está realizando; valoración socioeconómica de las repercusiones que el accidente tuvo en la comarca, se está realizando en todos los ayuntamientos; y convocatoria urgente de la Mancomunidad de municipios de la ría, algo que hizo de manera inmediata el alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, por cierto del Partido Popular.
Además, el alcalde de Ferrol, en fecha 28 de enero, es decir, dentro de los plazos que establece la legislación vigente, remitió un oficio a la Delegación del Gobierno que, por no leerlo entero, al final, dice: Presento solicitud mediante este escrito para que en su caso se inicie el expediente a fin de evaluar y proceder a la ejecución de actuaciones reparadoras, si a ello hubiera lugar, por cumplirse las condiciones requeridas, y para ello se contemple la normativa vigente.
Es decir, desde el punto de vista de la Administración local, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Ferrol, el Ayuntamiento en pleno, con su alcalde a la cabeza, tomaron las medidas que había que adoptar para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa y que funcionaran de consuno las administraciones públicas.
Por otro lado, hay que recordar que a petición del Ministerio de Fomento, en el primer viernes de celebración del Consejo de Ministros, se adoptaron una serie de medidas que es ocioso reiterar por conocidas en este trámite parlamentario.
Pero lo que sí quiero decir de una manera clara es que el Grupo Parlamentario Popular entiende que la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en este momento tiene una serie de puntos que consideramos importantes para lo que es el seguimiento de las acciones que ya ha emprendido el Gobierno de la nación, de manera que con tres enmiendas que planteamos de una manera muy determinada al punto número dos, donde dice: resolver determinadas deficiencias estructurales graves de la comarca reiteradamente desconsideradas en su solución, nosotros no queremos mirar al pasado, y esta desconsideración de gobiernos anteriores no se produce en este momento. (Rumores.) Con las medidas que ha adoptado el Ministerio de Fomento y el Consejo de Ministros entendemos que es realmente ocioso reiterar esta solicitud. Por lo tanto, pedimos al Bloque Nacionalista Galego que considere lo que es nuestra primera enmienda presentada al punto número dos.
En el apartado 2.2, en el que se hace referencia a la reconstrucción del puente As Pías, con criterios que permitan una fluidez de tráfico apropiada a las necesidades actuales, nosotros entendemos que es necesario incluir en ese segundo punto que el plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Fene, cuya revisión se inició en el año 1993 y todavía no se ha terminado, pueda acometer las obras que se plantean en el punto tercero.
Respecto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista (hay que recordar que el vicepresidente primero del Gobierno no sólo ha ido como tal a Galicia el último domingo, sino que ha estado en otras ocasiones, y seguro que también ha estado sin ser vicepresidente primero del Gobierno; habría que preguntarse cuántos vicepresidentes del gobierno socialista han estado en catorce años, no sólo en Galicia sino tampoco en Ferrol), hay que tener en cuenta que el apoyo que se ha prestado por este Gobierno, por el propio Ministro de Fomento, por el propio presidente del Gobierno, es necesario y conveniente para sacar adelante los problemas que hemos tenido que solucionar en un tiempo récord.
No entendemos las enmiendas que se presentan. La primera de ellas pide que en el primer semestre del actual ejercicio presupuestario, como plantea el Grupo Parlamentario Socialista, se liciten unas obras que realmente si estuvieran previstas desde hace años por el Gobierno socialista ya estarían licitadas, lo cual quiere decir que no estaban ni siquiera previstas. Entendemos que es mucho más razonable la propuesta que realiza el Bloque Nacionalista Galego, en el sentido de estudiar y hacer públicas las circunstancias y causas del desastre identificando y exigiendo responsabilidades, si las hubiere. Yo creo que hay algo, como son las diligencias abiertas en el juzgado de guardia de Ferrol, las investigaciones abiertas por el propio astillero, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Fomento, que en su día depurarán responsabilidades y dirán quién tiene que hacerse cargo de esos pagos que todos los ciudadanos de la comarca de Ferrol Terra que se han visto afectados por este desgraciado accidente tendrán que verse compensados por aquellas indemnizaciones a que hubiere lugar.
Entendemos que, tal y como está planteada la moción consecuencia de interpelación por el Bloque Nacionalista Gallego, es suficiente y recoge realmente los problemas que en este momento existen, a los que el Gobierno

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ha tratado de dar solución ya con acuerdos concretos del Consejo de Ministros, que lo que vienen aquí es a respaldar la actuación que ha seguido el Gobierno y que, por tanto, si contáramos con la aquiescencia del Bloque Nacionalista Galego para aceptar las enmiendas que nosotros hemos presentado, estaríamos en condiciones de votar a favor, sin ninguna duda, dicha moción porque es imprescindible que, de verdad, y no con palabras aquí sólo, se demuestre una unidad de acción y no simplemente el todo vale con tal de ir contra el Partido Popular que gobierna en el Ayuntamiento de Ferrol, en la Xunta de Galicia y en el Gobierno de la nación y por algo será, porque las urnas lo han determinado.
Por tanto, señorías, con las enmiendas que hemos formulado, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Fernández de Mesa.
¿Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado la moción consecuencia de interpelación de la semana pasada con un texto muy positivo y correcto.
Por tanto, le damos nuestro apoyo, incluso con la aceptación de las enmiendas del Grupo Popular, que parece ser que van a prosperar porque suponen una mejora técnica, aun cuando consideramos que la verdadera mejora técnica es la presentada al punto 2.2. Por lo que se refiere a las otras enmiendas, quizá sea mejor el texto inicial.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar nuestro apoyo a la moción consecuencia de interpelación de la semana pasada.
Para no repetir nuestra argumentación, quiero decir que lo moción recoge prácticamente la literalidad de la proposición no de ley que presentó Izquierda Unida al día siguiente del desastre. Por tanto, es una moción tremendamente oportuna que va contar con nuestro voto favorable.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, a los efectos de manifestar la aceptación o no de las enmiendas planteadas por los diversos grupos.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Quería que todos los grupos parlamentarios tuviesen en cuenta que la intención de esta moción es centrar el debate en la situación y realidad de Ferrol Terra antes y después del desastre. Por tanto, hay una voluntad explícita, clarificada, de no querer entrar en este debate sobre las causas del desastre y, mucho menos, en la dialéctica y el comportamiento que pudiesen tener determinado tipo de directivos o de responsables en un astillero que está en una situación de sufrimiento continuo y pendiente de un hilo, como es Astano. Por tanto, este tema está deliberadamente dejado aparte. En la medida en que ese tema aparece de forma explícita o implícita en algunas de las enmiendas, no las vamos a aceptar por la cuestión de que quede perfectamente centrado el tema.
El tema se refiere a unos puntos de partida inexcusables para sacarnos del pozo negro del que debemos salir, desde el punto de vista de las infraestructuras y desde el punto de vista de la ayuda económico-social.
Por tanto, es realismo, pero con contundencia. Aspiramos a que no se toque esta estructura y, de hecho, las enmiendas del Grupo Popular no tocan esta sistemática y las presentan como mejoras técnicas, aunque alguna sería discutible. Por ejemplo, cuando se nos priva del servicio de cercanías queda claro que hay una intención de mejorar la infraestructura, lo que para nosotros ya es un caballo de batalla inicial.
Por la coherencia de la moción vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Popular. Pero queremos dejar claro que en los debates pendientes en Comisión se tratarán, por nuestra iniciativa, el tema de las causas del desastre, el problema de los servicios meteorológicos y otros colaterales que no queremos introducir en este momento.
Para acabar, señor presidente, quiero decir que agradecemos profundamente a todos los grupos de la Cámara su espíritu constructivo, de forma especial a los diputados que en los distintos grupos parlamentarios trabajaron para que esto saliese adelante, y también para los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas y estoy seguro que entenderán el sentido político de nuestra posición.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Vamos a proceder a la votación de la moción. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación correspondiente a la moción consecuencia

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de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para solucionar la situación de Ferrol y su comarca, agravada a consecuencia del desastre del día 13 de enero de 1998, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 312; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la moción.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EXTENSION DE LA PESTE PORCINA EN ESPAÑA DURANTE 1997-1998 Y SUS REPERCUSIONES EN LA ECONOMIA DEL SECTOR GANADERO E INDUSTRIAL EN NUESTRO PAIS. (Número de expediente 173/000061)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Socialista del Congreso, sobre extensión de la peste porcina en España durante 1997 y 1998 y sus repercusiones en la economía del sector ganadero e industrial en nuestro país.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Cunillera.
Señorías les ruego silencio. Señora de Lara. Señor Barrionuevo.
Puede comenzar, señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
La moción que hoy discutimos es consecuencia de la interpelación urgente de nuestro grupo, del pasado día 11, sobre extensión de brotes de peste porcina y las repercusiones que estos brotes del año pasado y parte del actual han tenido en la industria y la economía de nuestro país.
Desde la declaración de los primeros focos en Cataluña, hemos asistido a una permanente fuga de responsabilidades por parte de las administraciones competentes entre sí, y desplazando parte de estas responsabilidades hacia los ganaderos cuyas granjas se han visto afectadas por la epidemia.
Me gustaría, en primer lugar, que nos pusiéramos todos de acuerdo en dejar de lado a los ganaderos, los que no han tenido nada que ver en la extensión de la enfermedad, ni tan siquiera en la importación de la misma, ya que si la Administración tiene la seguridad de que algunos importadores no han actuado correctamente al respecto, tiene los mecanismos necesarios a su alcance para dilucidar estas responsabilidades y, si no los tiene, debe habilitarlos, pero nunca tratar por igual a quienes hayan tenido alguna responsabilidad, bien sea por desidia o por la avaricia de importar lechones de bajo precio y a quienes, en definitiva, han sido los más directamente afectados por esa manera de actuar. Esto ya sería un gran paso adelante. Otro paso que llevaría gran tranquilidad al sector sería que, por parte del Ministerio, se explicara cuáles han sido las actuaciones que se han llevado a cabo frente a la Unión Europea en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada, por unanimidad de todos los grupos, en la Comisión de Agricultura, y que instaba al Gobierno a que, en el ámbito de la Unión Europea, se buscaran las responsabilidades de los países que, al no ejercer con eficacia el control veterinario al que están obligados, extendieron la peste porcina clásica a nuestro país y la consecuente exigencia de indemnizaciones a que diera lugar.
Tendremos, seguramente, ocasión de hablar de ello más adelante, pero nuestra moción de hoy se centra en dos grandes cuestiones que, a nuestro entender, están pendientes y reciben un tratamiento poco eficaz del Ministerio, como son el enfoque de la sanidad animal en general, en el caso concreto de la PPC especialmente, y las partidas presupuestarias habilitadas para hacer frente a una contingencia como la de la peste, no contemplada en las leyes presupuestarias del año pasado ni en la del presente.
Tampoco es la primera vez que hemos tenido ocasión de debatir sobre la atención que desde el Ministerio de Agricultura se presta a la sanidad, tanto animal como vegetal, desde los recortes presupuestarios que en esta materia se produjeron en su momento, como la desaparición de las direcciones generales específicas en los dos aspectos sanitarios, justamente en un momento en que serían más necesarias que nunca. También de ello seguramente podremos hablar, pero en este momento hay que remediar la extensión de la peste porcina clásica en España con cuatro comunidades autónomas con focos declarados, aunque en Cataluña llevamos, afortunadamente, muchos días sin que se declare ninguno nuevo, lo que hace esperar que estemos saliendo ya de la PPC en aquél territorio, así como en otros focos de Castilla y León. Precisamente porque en Cataluña se está saliendo de la epidemia después de diez meses de lucha contra la misma, es por lo que esta experiencia nos debería servir para no repetir los errores que allí se han producido.
Hemos escuchado a la ministra quejarse por lo que respecta al control sanitario veterinario de dos cosas fundamentalmente: por un lado, del mal funcionamiento del programa Animó y, por otro lado, de la falta de coordinación entre comunidades autónomas españolas. Por lo que respecta al primer tema, es evidente que es en el ámbito de la Unión Europea donde deberá ejercer sus buenos oficios negociadores , y sabe la señora ministra que cuenta con nuestro grupo

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para ello. La segunda cuestión, más allá de normas y competencias, es un tema fundamentalmente de cooperación y de diálogo de las comunidades entre sí y con la Administración del Estado. No parece que la ministra ande escasa de la buena disposición de todos, por tanto, no hay excusa para no subsanar las deficiencias que hemos podido observar. Por ello, en nuestra moción hacemos una incidencia especial en el tema sanitario veterinario. No se puede establecer una lucha coordinada contra la peste porcina clásica en el territorio español, si el Ministerio tiene a sus órganos administrativos de dirección de la sanidad animal en la precariedad en que los tiene en este momento. No hay lucha contra una epidemia que sea eficaz sin una dirección clara. De la misma manera, tampoco serán eficaces las medidas que se puedan adoptar en ese ámbito si las asociaciones de defensa sanitaria animal no cuentan con los medios necesarios para sus actuaciones, así como para la instalación de una red de centros de desinfección de los vehículos destinados al transporte del ganado porcino.
En este sentido, como una imagen vale más que mil palabras, sólo cabría relatar los hechos producidos el pasado día 11 de febrero, el mismo día que en este pleno se estaba discutiendo la interpelación origen de esta moción, que sucedieron en Soria y que ilustran nítidamente lo que vengo diciendo. Ese día, en Soria, son devueltos a Segovia, por orden del subdelegado del Gobierno, dos camiones que transportaban cerdos procedentes de la zona de vigilancia contra la PPC de Segovia, con destino a la fábrica de harinas de carne Lo-Gar, y que habían sido denunciados por la Guardia Civil por infracciones a la Ley de epizootias y sanidad animal de la Junta de Castilla y León. No era la primera vez que se daba un suceso de estas características. Había ocurrido ya un hecho similar el 28 de enero, situación que había sido calificada de chapuza por los representantes del sector, incluso después de haberse sabido que las autoridades correspondientes han reconocido que no se cumplían las normas. Pero es que para llegar a Soria, esos camiones que procedían de Segovia habían cruzado las dos provincias , hasta que fueron retenidos en Matalebreras, siguiendo la Nacional 122. Para ello, habían tenido que cruzar frente a dos instalaciones del Seprona, una en San Esteban de Gormaz y otra en Garray, todo ello , repito, después de haber ocurrido lo mismo el 28 de enero. Pero es que hay más. Esos camiones que se detuvieron en Soria vuelven hacia Madrid, por lo que se dirigen hacia la Nacional II, atravesando zonas de alta densidad de ganado, como Almazán o el triángulo Arcos de Jalón-Medinaceli-Santa María de Huerta o Guadalajara.
Las preguntas que a uno se le suscitan de inmediato son: ¿Quién a controlado la salida de Segovia? En el caso de Soria, ¿no era posible pararlos antes de Matalebreras y no se ejerció ningún control? Es evidente que la respuesta es que no. Nadie ejerció ningún control. No se hizo nada, no sirvió la experiencia anterior de Cataluña ni la de las mismas tierras quince días antes. De esto no se le puede echar la culpa al programa Animó, no se le puede echar la culpa a los ganaderos, no se le puede echar la culpa a otros países europeos; la culpa es de las autoridades españolas que tienen la responsabilidad de poner los medios no sólo para que no vuelva a suceder, sino también para que se reparen los daños que se hayan podido causar al sector por esa mala gestión de los recursos de los que disponen y su mejora, si hace falta. Para esa mejora, si hace falta habilitar créditos presupuestarios, se habilitan los que sean necesarios.
El Plan nacional de erradicación de la peste porcina clásica, que se presentó ante el comité veterinario de la Unión Europea, contiene los elementos para la lucha, pero no la dotación necesaria para ella. De la misma manera, se necesita dotar de medios, como he dicho antes, a las asociaciones de defensa sanitaria animal y al comité nacional de crisis, en el que deben estar representados las administraciones competentes, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, pero también el sector productor e industrial.
Nuestro hincapié en la dotación presupuestaria suficiente nace de las dudas que suscita la observación de cómo se ha venido haciendo en el pasado reciente. Discutimos aquí, en julio del pasado año, la convalidación del Real Decreto-ley 10/1997, sobre dos créditos por un importe de 4.200 millones de pesetas, y estábamos hablando en ese momento de un sacrificio previsto de 200.000 animales y de una salida de la epidemia fijada para el 15 de septiembre del pasado año. Pues bien, sólo en Lleida se han sacrificado del orden de 850.000 animales hasta hace 40 días, en Segovia se llevan sacrificados 100.000 animales y nos encontramos en plena lucha contra los brotes de epidemia. Por tanto, los números optimistas que se hacían en aquel momento en el Ministerio se han visto ampliamente desfasados por la realidad y se hace obligado que por parte de la Administración se dé cumplimiento a lo tantas veces comprometido, tanto en este Pleno como en la Comisión de Agricultura, por parte de las autoridades del Ministerio, de la propia señora ministra, en el sentido de que, mientras se luche contra la PPC, se habilitarán todos los créditos que sean necesarios. Ahora es el momento de hacerlo y, por ello, querría insistir en dos elementos que me parece que no son en absoluto menores.
El secretario general del Ministerio se mostró rotundo en la Comisión de Agricultura cuando afirmó que no habría dinero para los ganaderos que han tenido sus instalaciones improductivas por un tiempo excesivamente prolongado para que se pueda sostener por sus economías, con el razonamiento de que en ningún país se ha hecho y por la dificultad de calcular cómo se podía abonar.
Una vez más, debo repetir que no se puede tratar de igual manera a todos los ganaderos afectados: unos

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han salido ganando con esa epidemia y otros posiblemente deberán dejar de explotar sus granjas por no poder resistir precisamente ese período improductivo.
Otra cuestión pendiente es el tratamiento fiscal que se deba dar a los ingresos atípicos que han tenido los ganaderos por los sacrificios de sus animales. La ministra habló en la Comisión de Agricultura de las dificultades en la negociación con los responsables de Hacienda, pero es que ya no queda mucho tiempo para articular las soluciones correspondientes. Y creo, señorías, que, visto lo que hay, no hace falta insistir mucho en la necesidad de aprobar las medidas que contiene nuestra moción, llevarlas a cabo y dejarse de grandes discursos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Cunillera.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda hemos presentado una enmienda a la moción socialista. Vamos a votar esta moción en su conjunto, pero consideramos que deberían quedar de forma más explícita dos puntos que a Iniciativa per Catalunya nos han preocupado mucho desde que hemos sufrido las repercusiones de la crisis de la peste en Cataluña.
Creemos que debe constar en esta moción de forma explícita la habilitación de créditos específicos para el pago del período improductivo. Con motivo de la interpelación ya tuvimos ocasión de señalar que de esta crisis no todo el mundo va a salir igual y que no se pueden echar las campanas al vuelo diciendo que esto ya está solucionado.
Sabemos y nos consta que hay ganaderos que de esta crisis han salido con una situación prácticamente de quiebra; son ganaderos fuertemente endeudados que, después de tener 10 y 11 meses sus granjas vacías, difícilmente van a poder hacer frente ahora a la reposición de los animales.
La segunda enmienda hace referencia a la reflexión que deberá producirse en el seno de la Unión Europea para que una situación como ésta no se pueda volver a repetir. Me estoy refiriendo, señorías, a que deben incrementarse los esfuerzos para estudiar una vacuna marcada que pueda paliar situaciones como las que ahora hemos sufrido en toda la Unión Europea, que han producido la muerte ya de más de 10 millones de animales. Creemos que la forma como estamos haciendo frente a la peste porcina clásica es absolutamente incivilizada. Por tanto, se deben tomar esas medidas de investigación para que pueda ser resuelta de otra manera.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muhas gracias, señora Rivadulla.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Con gran brevedad.
Ya vimos en el debate de la interpelación que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista la pasada semana a este respecto, los argumentos que por parte de la Administración, del Gobierno español y en boca de la señora ministra de Agricultura Pesca y Alimentación se habían manifestado.
Quiero señalar que a mí me sorprende el sistema que se ha seguido para presentar esta moción, en el sentido de que estamos hablando de una epizootia animal en que el comportamiento de las ondas de contagio son verdaderamente difíciles y heterogéneas. Aquí es necesario todo llamamiento a la prudencia y a la confianza en los servicios profesionales veterinarios, tanto del Estado español, del Gobierno central, como de las comunidades autónomas afectadas. Venir con esta propuesta a poner en duda cuestiones que el Comité veterinario de la Unión Europea, a juicio de este portavoz, ha dejado claramente sentadas, es hacerle un flaco servicio a la estructura profesional de los servicios de sanidad veterinaria del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas.
Tampoco estamos conformes con que se proponga aquí nada más y nada menos que la creación de un comité nacional de crisis. No le demos cuartos al pregonero en lo que son en el fondo también los intereses de productores del porcino en Europa, intereses económicos que tratarán siempre de magnificar estos fenómenos en los cuales la responsabilidad administrativa, vuelvo a decir, en el comportamiento de las ondas epizooticas de estos virus no está sometida a unas reglas que puedan ser reguladas por el Código Penal y requieren, por tanto, unos planteamientos de mayor sensatez. Si existe en este momento un Comité nacional de seguimiento, donde están la Administración central y las comunidades autónomas, déjese que este Comité nacional de seguimiento actúe y funcione, pero no vayamos a superponerle un comité nacional de crisis que verdaderamente crea una hipertrofia de valoración en Europa que no favorece a los intereses españoles.
No olvidemos que no estamos hablando aquí de un simple problema sanitario, estamos hablando de algo que tiene una confrontación de intereses económicos y que los intereses de los países europeos productores de porcino no están muchas veces todo lo claros que deben estar ante el Comité veterinario. A nivel de las autonomías están las unidades de seguimiento. Cada autonomía tiene la responsabilidad de sus unidades de seguimiento, basadas también en unos estamentos profesionales que tienen que hacer esta labor. No vemos

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cuál es el alcance que se conseguiría con esto. Hay una Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, y en este momento no es una cuestión de que esté o no esté cubierto el puesto responsable, que tiene que seguir unas líneas administrativas; creemos que se debe dejar que se sigan estas actuaciones porque no sé qué solución se podría aportar.
En este tema yo le pediría al Grupo Socialista que tuviera sentido de responsabilidad, que no de oportunismo, y confiara en los cuerpos profesionales, porque se trata de un problema muy aleatorio y de difícil contención y hacer oportunismo en este momento sobre esta materia nos parece peligroso. En este combate a la enfermedad, los profesionales, en distintas épocas, han planteado sistemas de lucha con vacunación con virus de cepas chinas, hoy no permitidos, y en la actualidad se va a otras fórmulas. ¿Que parecen caras las indemnizaciones? Pero también las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera tienen que tener su grado de responsabilidad. No se puede decir aquí, señora Rivadulla, que las agrupaciones de ganaderos in extenso no son responsables de parte del problema que han tenido. Esto es muy fácil de decir, llevarlo a una sola responsabilidad administrativa; esto no es serio; esto no se soporta por quienes conocen un mínimo el campo del comportamiento profesional especulativo. Sobre todo, se trata de hacer victimismo al decir que son dañados económicamente con el sacrificio cuando se está pagando el sacrificio a precios de mercado. Es muy fácil ponerse de ese lado, de los que dicen que tienen endeudamiento. Vamos a ponernos del lado de una Administración que tiene que resolver un problema con seriedad y sin una sobrecarga en los Presupuestos Generales del Estado.
Por esta razón, señor presidente, mi grupo no va a votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista, así como de la enmienda de adición del Grupo Mixto en relación con la extensión de la peste porcina en España durante 1997 y 1998.
En primer lugar, por entender que se trata de una moción presentada fuera de tiempo y tarde por tratarse de un problema que ya está bastante controlado.
En segundo lugar, el propósito de habilitar un presupuesto extraordinario para financiar determinadas medidas, así como la dotación de partidas presupuestarias que estaban en el apartado 3 de la moción, nos parece que están también fuera del tiempo y de los objetivos que se pretenden paliar.
Por otro lado, a través de algunas de las medidas propuestas intuimos una injerencia en el ámbito competencial de las comunidades autónomas con competencias plenas en la materia.
Finalmente, el punto cuarto de la moción puede llegar a ser especialmente desafortunado, en el sentido de que puede llegar a potenciar el absentismo de los ganaderos o, lo que es peor, que se utilice la afección a determinadas zonas de protección o vigilancia para declarar situaciones falsas con el fin de cobrar las indemnizaciones establecidas por los sacrificios de animales.
Por todo ello, como he dicho al principio, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista, así como de las enmiendas de adición presentadas por el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más, nos encontramos encima de la mesa una moción consecuencia de la interpelación que vimos la semana pasada y que hace referencia a la problemática ligada al ganado porcino. Por tanto, estamos frente a un problema que ha afectado de forma importante al sector, pero cuyas secuelas han influido también en otros sectores, como puede ser la fabricación de los piensos, los mataderos, los frigoríficos, etcétera. En tal caso, nunca podemos considerar que la problemática ha sido de carácter menor.
En las diferentes intervenciones que hemos tenido a lo largo de esta legislatura ha quedado suficientemente demostrada la preocupación que existe en nuestro grupo parlamentario, sobre todo por lo que hace referencia a la sanidad animal y de una forma especial por la problemática surgida en el entorno de la importación del virus de la peste porcina clásica, no en vano Cataluña ha sido una de las principales víctimas.
Aunque en este momento podamos tener la tentación de centrar exclusivamente nuestra preocupación en el entorno de la peste porcina clásica, creemos que sería un error, ya que en cualquier momento podemos tener experiencias similares con otras enfermedades y con otras especies.
Por tanto, creo que es importante tener una visión más amplia del problema.
Creemos que la problemática se puede dividir en dos grandes paquetes: uno sería la prevención de la enfermedad y, otro, la erradicación de la misma. Por lo que hace referencia a la prevención, nuestro grupo parlamentario

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ya presentó en la Comisión de Agricultura del año pasado una proposición no de ley, que fue aprobada, en la cual instábamos al Gobierno del Estado a presentar a las Cortes Generales un programa a nivel del Estado español en el cual se regulase el movimiento de los animales vivos, dentro de lo que es la geografía del Estado español. En un segundo punto también instábamos al Gobierno a que hiciese presión ante la Unión Europea para que se cumpliese la normativa comunitaria, tanto por lo que hace referencia al movimiento de animales entre diferentes países de la Unión Europea como a un control más exhaustivo de las importaciones de animales de terceros países. Muchas veces entran por Estados que no tienen un interés especial en el sector porcino --hablo del sector porcino por lo que tenemos encima de la mesa-- y el control fronterizo no se ajusta a la normativa comunitaria. Creo que en este momento se está trabajando en la presentación del programa Animó a nivel del Estado español, como compromiso del Ministerio; por tanto, si eso es así, entendemos que va por buen camino.
Por lo que hace referencia a la lucha, también sabemos que el Ministerio ha presentado en Bruselas un documento, un marco nacional de actuaciones de lucha contra la peste porcina clásica; lo hemos leído y pensamos que puede tener interés. Por tanto, esperemos que si en el futuro se produce algún tipo de nueva infección se ponga en marcha ese protocolo.
En el caso de Cataluña, en este momento, parece que está controlado; da la impresión de que también en las otras comunidades autónomas está remitiendo y, por tanto, nosotros nos alegramos. En este momento, lo que tenemos que hacer es continuar luchando con seriedad, controlando los movimientos de los animales dentro de la geografía del Estado español y creo que eso será un éxito en el futuro.
Por tanto, señora ministra, le emplazamos a que se cumpla lo que se acordó en la Comisión de Agricultura y a que se presente lo antes posible ese proyecto de trabajo, el programa Animó, sobre todo en lo relativo al control del movimiento de los animales dentro del Estado español, lo que seguramente daría seguridad al sector y sería un buen sistema de prevención para evitar que esos focos se vayan extendiendo por la geografía española.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para indicar el voto favorable de nuestro grupo a esta moción y para repetir que, a nuestro modo de ver, la política sanitaria de la Unión Europea es bastante inadecuada. El problema de la peste porcina clásica es, además de un problema sanitario, un problema económico y social; es un problema que afecta no solamente al propio sector ,sino que también ha afectado a otra serie de sectores que se mueven en torno a él. Las actuaciones se deben dirigir en distintos niveles: uno de ellos es el ámbito europeo; otro, luchar contra la peste estableciendo medidas técnicas; pero, sobre todo, es preciso buscar el equilibrio social. En este sentido, es necesario indemnizar por los períodos improductivos o por los períodos de vaciado sanitario obligatorio --llámense cómo se llamen--, porque si no se indemniza a los productores será muy difícil acabar con la peste y una gran cantidad de productores terminarán en la ruina. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es preciso que el Plan de ordenación del porcino no se convierta, a la larga, en una reestructuración del sector. Como ya dijimos la semana pasada, nos oponemos a que la lucha contra la peste porcina clásica se convierta en una excusa para llevar a cabo una reconversión no deseada o encubierta del sector. También queremos señalar que cuando se dice que hay que fortalecer las ADS se hace en un plano demasiado genérico; creemos que se debe concretar más, que es necesario que se cree la obligatoriedad de pertenecer a una ADS y que éstas tengan que contar con una dimensión geográfica específica. Los ganaderos independientes no pueden estar dependiendo de los lechones de importación.
Para terminar, quiero decir que creemos que es necesario abrir el debate sobre la vacunación marcada. No hemos querido traer una enmienda en este sentido, como en principio pensamos, porque era demasiado precipitado, pero sí queremos hacer un llamamiento para que se abra este debate.
Creemos que no se puede seguir con la situación actual y que es necesaria una profundización en lo que significa la vacunación marcada, que se eliminen unos riesgos que se pueden ver más en apariencia que en la realidad y que, al final, acabemos presentando una propuesta que sea realmente efectiva porque, repito, es imposible seguir en las condiciones en las que actualmente estamos.
Como decía, apoyaremos esta moción porque, aunque tengamos algunas diferencias, es una posibilidad de evidenciar y llamar la atención sobre una situación que está causando demasiados perjuicios a nuestra ganadería.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.


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En nombre del Grupo Parlamentario Popular tenemos que saludar, en primer lugar, el acierto que supone la sustitución de la portavoz del Grupo Socialista en esta cuestión, porque la apocalíptica interpelación de la diputada socialista de la pasada semana, señora Leiva, ha dado paso a la intervención de la diputada socialista señora Cunillera. (Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, no siga por ese camino --y menos a estas horas de la noche-- por respeto a la señora Leiva. No provoque un turno de alusiones que se ve venir, señor Llorens, y que alargaría innecesariamente el trámite de esta moción.
Adelante, señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, lo he comentado porque la diputada socialista por Lleida conoce perfectamente cuál es la situación de la peste porcina clásica y, como la conoce, ha tenido una intervención muy razonable. Sabe que está absolutamente controlada, afortunadamente controlada, y en un período mucho menor que el que necesitaba el Partido Socialista, cuando gobernaba, para dominar la peste porcina africana.
(Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Sosiéguense SS. SS., tengan en cuenta lo avanzado de la hora.
Señor Llorens, céntrese.
El señor LLORENS TORRES: Por otro lado, señor presidente, la señora ministra me acaba de informar, con la prudencia que la caracteriza, que el foco de Toledo está dominado y que afortunadamente se lleva el mismo camino en Segovia. Entonces, venimos a hablar de un problema que está en vías de solución. (Rumores.) En Lleida está absolutamente solucionado y, además, los agricultores afectados han cobrado; han cobrado 17.000 millones, de los 18.500 millones que tenían que cobrar.
No podemos apoyar la moción presentada, a un problema inventado, ya que se ha deformado la realidad (Rumores.), porque no es necesario habilitar un presupuesto extraordinario para financiar las medidas incluidas en el Plan nacional de erradicación, pues las dotaciones presupuestarias existentes en el programa destinado a la sanidad han sido más que suficientes para cumplir los compromisos contraídos.
Promover la creación del comité nacional de crisis no tiene sentido, porque existe una unidad de seguimiento en cada una de las comunidades autónomas con funciones de comité de crisis para la lucha inmediata frente a la enfermedad, porque existe un comité nacional de seguimiento donde está representada la Administración general del Estado y las comunidades autónomas y porque la subdirección general de Sanidad Animal es la unidad que polariza todas las informaciones recogidas en el ámbito autonómico y que transmite todas las alertas sanitarias frente al comité veterinario de la Unión Europea.
Habilitar dotaciones de partidas presupuestarias del Ministerio para fortalecer la organización y los medios de que disponen las asociaciones de defensa sanitaria tampoco es necesario, porque precisamente el próximo lunes día 23 de febrero se va a presentar a la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural la distribución de 415 millones de pesetas entre las comunidades autónomas.
El complemento de indemnizaciones a los ganaderos de explotaciones afectadas en zonas de protección no es posible, por último, porque la Unión Europea prohíbe expresamente que se sobrepasen determinadas cuantías, que son las que se han respetado. Por otro lado, tenemos que comunicar que incrementar este justiprecio, lo que no es posible, sería desvirtuar el equilibrio de mercado y sería una ayuda nacional, no compatible con la organización común de mercados, en la carne de porcino.
Por tanto, señoras y señores diputados, lamentándolo mucho, no podemos apoyar una moción en la que se plantean una serie de medidas que ya están en marcha y que ya se están cumpliendo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.
Tiene la palabra la señora Cunillera, a efectos exclusivamente de aceptar o rechazar la enmienda de la señora Rivadulla.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, ¿no le puedo agradecer un poco al señor Llorens? (Rumores.) Lo dejaremos.


El señor PRESIDENTE: Está implícito en su afirmación.


La señora CUNILLERA I MESTRES: La enmienda que tenemos presentada por el Grupo Mixto, por la señora Rivadulla, no la vamos a poder aceptar, y lo voy a decir muy brevemente, por dos motivos. El primero, porque está perfectamente reflejado, así lo entendemos nosotros, en el punto cuarto de nuestra moción. Se dice: Las medidas compensatorias destinadas a los ganaderos... Creemos que refleja de una manera clara lo que queremos decir todos cuando hablamos de período improductivo. Nos parece que está claramente reflejado.
Segundo punto, el tema de la vacuna. Algún día, todos los grupos tendremos que ponernos de acuerdo para hacer un debate, una comparecencia, lo que sea necesario, para hablar de la vacuna. En este momento, el objeto de nuestra moción es consecuencia de una interpelación, que es un acto de control al Gobierno.


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El Gobierno, por boca de la ministra de Agricultura, está comprometido en la lucha contra los brotes de peste porcina clásica a través de los sacrificios cautelares de animales. Por tanto, ése es el objeto de nuestro interpelación y de nuestra moción: controlar si el Gobierno está cumpliendo las medidas que comprometió en la Comisión. No estamos cerrados a hablar de vacuna en otro momento, pero creemos que no cabe en nuestra moción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera.
Vamos a proceder a la votación de la moción. (Pausa.) Votación de la moción del Grupo Socialista, sobre extensión de la peste porcina en España durante 1997/1998 y sus repercusiones en la economía del sector ganadero e industrial en nuestro país.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295, a favor, 136; en contra, 158; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA. (Número de expediente 173/000062)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación actual de la reforma de la organización común de mercado del aceite de oliva.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, lamentando la hora y que un tema tan importante tenga que verse con nocturnidad, voy a intentar ser breve para que podamos alcanzar un importante acuerdo esta noche.
La semana pasada señalábamos que la presentación de nuestra interpelación tenía dos objetivos. Por un lado, provocar una discusión serena y lo más clara posible sobre la situación actual de la reforma de la OCM del aceite de oliva, pero sobre todo intentaba alcanzar hoy un acuerdo unánime del Parlamento español, que se convirtiese en un instrumento importante en la defensa del aceite de oliva.
Con toda sinceridad, entendemos que la moción que presentamos puede servir perfectamente para alcanzar ese consenso. Es muy concreta, trata de reafirmar el apoyo de esta Cámara al acuerdo adoptado por el Parlamento Europeo y de instar a nuestro Gobierno para que haga patente ese apoyo ante la Comisión Europea y ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. También pretende respaldar las decisiones que de forma unánime ha tomado y tomará la Mesa nacional en defensa del aceite de oliva.
Con todo lo concreta que es nuestra moción, si es aprobada, y mucho más si lo es por unanimidad, recogería el anhelo del sector del olivar y recogería el anhelo de la sociedad española, que saludó como un gran éxito español el acuerdo del Parlamento Europeo, acuerdo alcanzado después de un importante trabajo del eurodiputado Salvador Jové, pero también gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los eurodiputados españoles que supieron estar a la altura de las circunstancias. Hoy, sería posible dar un nuevo impulso a esa unidad alcanzada en torno al llamado informe Jové porque, una vez más lo repetimos, la unidad en este momento es un valor en sí mismo, unidad que ha mantenido la Mesa en defensa del aceite de oliva a pesar de las dificultades. En este sentido, es justo reconocer el trabajo de los componentes de la Mesa, porque no es fácil que se mantengan unidas organizaciones tan dispares ante un objetivo común al que nadie renuncia. Mantenerse unidos, por ejemplo, la patronal agraria y los sindicatos del campo, a pesar de seguir manteniendo importantes diferencias en otros sectores, en defensa de un objetivo común, en defensa del olivar. Por tanto, señorías, resultaría muy difícil, inexplicable, que hoy no fuésemos capaces de llegar a un acuerdo parlamentario sobre bases tan unánimemente defendidas por todos los grupos de esta Cámara, como son el acuerdo del Parlamento Europeo y las decisiones tomadas por la Mesa en defensa del aceite.
Cuando hablamos de alcanzar un acuerdo parlamentario, es evidente que no pedimos que nadie renuncie a nada. Nosotros no lo haremos, porque en estos momentos lo realmente importante es la unidad. Es precisamente esa unidad alcanzada desde la diversidad de posturas lo que da importancia, lo que da valor, a ese carácter unitario del acuerdo que espero que seamos capaces de alcanzar hoy.
Por eso, entendemos la presentación de la enmienda del Partido Socialista Obrero Español y la entendemos como una oportunidad para reafirmar posiciones. Nos parece bien que su portavoz suba a esta tribuna y defienda una serie de presupuestos con los que evidentemente podremos estar de acuerdo. Lo que no entenderíamos, señorías, y sinceramente creo que nadie lo entendería, es que, en nombre de unos objetivos que, repito, todos podemos entender, se acabe rompiendo la unidad, se acabe votando en contra del acuerdo del Parlamento Europeo o de los acuerdos de la Mesa.
Señorías, lo que define la postura de cada grupo es la votación, lo que define lo que cada grupo representa es la

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votación concreta del texto. El documento que se pone a votación dice textualmente que este Parlamento acuerda dirigirse a la Comisión Europea, así como a cada uno de los comisarios y de las comisarias que la componen, y en especial a los señores Martín y Oreja, para que el documento de la OCM del aceite de oliva respete el acuerdo del Parlamento Europeo. También se propone dirigirse a todos y cada uno de los ministros y ministras de Agricultura para solicitarles que tengan en cuenta el documento del Parlamento Europeo. A este primer punto no hay presentadas enmiendas y, por lo tanto, entendemos que va a ser aprobado por unanimidad, ya que, repito, ningún grupo ha presentado enmiendas.
El segundo punto, al que sí se han presentado enmiendas, dice textualmente, y es lo que se va a votar, y repito que cada grupo se definirá con su voto, que el Congreso de los Diputados acuerda dar su respaldo a las medidas que de forma unitaria adopte la Mesa nacional del aceite.
Por eso, y lo repetimos, queremos pedir al resto de los grupos la misma responsabilidad que hemos tenido nosotros para centrar la propuesta de acuerdo en los dos elementos que entendemos con toda sinceridad que nos pueden unir aquí, elementos que son la defensa del acuerdo del Parlamento Europeo, acuerdo tomado con el voto unánime de todos los diputados españoles, y también el apoyo a los acuerdos tomados por la Mesa del aceite.
Nos parece que éste puede ser un buen elemento de unidad, para que salga hoy de aquí reafirmada la unidad de las fuerzas políticas. De esta manera, nos mostraríamos sensibles, recogeríamos el mandato que está realizando la sociedad española y en concreto el sector y los sindicatos, que han hecho comunicados llamando a la serenidad de los partidos políticos y a que no se convierta en una lucha partidista lo que tiene que ser un objetivo común de defensa del olivar. Unidad, eso sí, con objetivos, porque nadie habla de dar cheques en blanco; unidad que defienda el olivar, pero que también reivindique la legitimidad democrática del Parlamento Europeo, porque, como decíamos la semana pasada, el proceso de reforma de la OCM del aceite de oliva ha puesto en evidencia, señorías, los tremendos déficit que tiene la construcción europea, una construcción europea tantas veces denunciada por nuestro grupo y que ahora se ve, en la práctica, cómo puede repercutir negativamente en la economía de cientos de miles de españoles, cientos de miles de españoles que, cuando votaron sus representantes en el Parlamento Europeo, creían que estaban votando una auténtica cámara de representantes, donde residía la Unión Europea.Se ha visto que no era así, porque en estos momentos la construcción europea no ha alcanzado ni mucho menos cuotas de Parlamento democrático. Si no, ¿qué democracia es esta en la que un acuerdo del Parlamento Europeo no vincula a sus gobiernos? O ¿quién respalda a Fischler frente a los millones de ciudadanos que votaron en las últimas elecciones europeas? Señorías, para no alargar más mi intervención, creo que es importante que de aquí salgamos unidos; es importante que todos defendamos lo que ya hemos venido defendiendo en otros momentos; que defendamos los acuerdos del Parlamento Europeo, que nos reafirmemos en esa batalla, porque es hoy el único documento que tenemos que admitir como válido, desechando cualquier otro borrador fantasma que haya aparecido. Es importante que la Mesa del aceite, que ha realizado un importante trabajo, se vea fortalecida, pero también que se vea fortalecido, en general, el campo español, porque también denunciamos la semana pasada que no es casual que en un sector como el olivar, en el que la Unión Europea es líder mundial, en el que además no hay excedentes de producción, se plantee una reforma tan disparatada como la que intentaba llevar a cabo el comisario Fischler. No se trata ni más ni menos que de una parte más de la estrategia que hay en la Unión Europea, una estrategia que lo que pretende es reducir el gasto en agricultura y reducirlo por dos motivos fundamentales: por una parte, por la aplicación radical de la política de Maastricht y para favorecer el dominio de las multinacionales sobre el comercio mundial, dominio que se está acrecentando mediante la liberalización acordada en el GATT.
Por lo tanto, repetir una vez más los millones de jornales que dependen del aceite creo que en estos momentos puede sobrar; repetir una vez más que del aceite de oliva dependen regiones importantes de este país, como Extremadura y Andalucía, puede sobrar. Lo que en estos momentos no puede sobrar es la voluntad de alcanzar un acuerdo unitario. Lo que en estos momentos no puede sobrar es que los diputados y las diputadas de esta Cámara estemos a la altura que demanda la sociedad española de nosotros y que no es otra cosa que alcanzar ese acuerdo unitario. Estoy convencido, lo repito, de que están incluidos en nuestra moción todos y cada uno de los elementos que pueden dar lugar a este acuerdo.
Nosotros creemos que es importante que este país siga luchando y no renunciamos --y así está explicitado en el acuerdo de la Mesa del aceite, en la decisión del Parlamento Europeo-- a seguir luchando por conseguir ese aumento de toneladas hasta 1.850.000, que permita al sector olivar no tener que sufrir esas penalizaciones con las que nos amenaza el comisario Fischler. Esto no es ni más ni menos que hablar de un incremento natural, ya que las actuales 1.350.000 toneladas no dan ni siquiera para el consumo interno de la Unión Europea. También queremos reafirmar el apoyo al subsector de la aceituna de mesa, porque creemos que es importante y que juega un papel determinante a la hora de compensar las temporadas en las que se pueda producir un cierto excedente de aceitunas, que sean compensadas con las aceitunas de mesa.


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Repito que todo esto está plenamente planificado en nuestra propuesta de moción. Pensamos que es importante, por tanto, reafirmar una vez más el apoyo, ese apoyo que los sindicatos nos han pedido de forma explícita e implícita, ese apoyo que hoy puede salir de aquí de forma unánime, porque no hay ninguna otra consideración que no sea la meramente partidista para negar el voto favorable a la propuesta de Izquierda Unida. No se podría entender romper la unidad por una cuestión de buscar falsos protagonismos, tal y como hemos denunciado nosotros y como lo han hecho, lo repito una vez más, los sindicatos. No sería posible presentarnos ante la sociedad unidos en las manifestaciones y que, sin embargo, fuéramos incapaces de alcanzar un acuerdo parlamentario. No es posible que en estos momentos haya grupos que estén más preocupados por ver a quién atribuyen el fracaso del proceso de la reforma de la OCM que en buscar aliados para nuestras posiciones. A este respecto, recordamos, como ya dijimos la semana pasada, que el apoyo de los gobiernos socialistas de Grecia, Italia y Francia haría imposible una reforma de la OCM tal y como pretende el comisario Fischler.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Concluyo en un minuto, señor presidente.
No entendemos que se prefiera la confrontación al debate sereno, que se prefiera marcar diferencias antes que buscar acuerdos. Para estas disputas, señorías, que nadie cuente con Izquierda Unida, que no lo hagan, porque nosotros sabemos muy bien lo que nos jugamos y sabemos lo que se juegan cientos de miles de jornaleros, que tienen en el olivar su única fuente de vida. Nosotros sabemos que con esto no se puede jugar, que con esto no se puede entrar en peleas partidistas. Sabemos que la ruina del campo andaluz y del campo extremeño no va a perjudicar a los propietarios, sino que va a perjudicar fundamental y directamente a los jornaleros.


El señor PRESIDENTE: Señor Centella, vaya terminando.


El señor CENTELLA GOMEZ: Termino, señor presidente.
Repito que no estamos dispuestos a jugar con el futuro de tantos cientos de miles de personas que hoy tienen puesta su esperanza en que los diputados y diputadas de esta Cámara estén a la altura de las circunstancias. Pero si no es posible alcanzar la unidad de esta Cámara, no vamos a renunciar a ella, la vamos a perseguir hasta última hora y lo vamos a hacer ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, porque al final, evidentemente, será nuestro pueblo quien imponga esa unidad y también será quien ponga en su sitio a cada uno de aquellos que hoy la rompan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Han presentado enmienda el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pliego.


El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el olivar y el aceite de oliva se encuentran en un momento extraordinariamente difícil, porque la propuesta con la que está trabajando el comisario de Agricultura Fischler pone en serio riesgo el futuro de miles de familias, de miles de pequeños y medianos agricultores y de centenares de pueblos que viven en torno al olivar. Sobre esta propuesta se ha abierto un debate en la sociedad española y el Gobierno no ha tenido por menos que condenar al mensajero. Lo importante es quién había filtrado el documento, no qué decía. Quiero decir que, si el documento hubiera sido vendible políticamente en términos de los intereses de España, hubieran faltado gaiteros para que la ministra lo pusiera en escena desde una semana antes de tenerlo, en que fue trasladado a los medios de comunicación, pero como no era así, el objetivo era perseguir al mensajero.
En cualquier caso, ¿de qué estamos hablando? En el debate sobre el estado de la Nación en esta Cámara se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una propuesta concreta con respecto a la postura de España en cuanto a lo que se refiere a la reforma de la OCM del aceite de oliva.
Señor Centella, la propuesta decía lo siguiente: Ayuda a la producción real, aumento de la cantidad máxima garantizada, mantenimiento de la cantidad máxima garantizada a nivel comunitario, mantenimiento del sistema de intervención, existencia de ayudas al consumo y prohibición absoluta de las mezclas. Este es el documento que esta Cámara aprobó por unanimidad en el debate del estado de la Nación.
Pues bien, la propuesta que tiene sobre la mesa el comisario Fischler dice: No aumentar la cantidad máxima garantizada, establecer un cupo por país, suprimir el sistema de intervención, suprimir las ayudas al consumo, no prohibición de ninguna naturaleza de las mezclas. Y con respecto al gran tema, del que en España hemos hecho el eje central de nuestra postura en esta reforma, que es ayuda a la producción real, se nos asigna un cupo de 538.000 toneladas, aproximadamente la mitad del potencial productivo del olivar español en este momento.
Esto, traducido al castellano, para que nos entiendan, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que un kilo de aceite producido en la Unión Europea va a cobrar 235 pesetas de ayudas y un kilo de aceite producido en España, con este planteamiento de reforma, va a cobrar 140 pesetas de ayudas.
¿Saben lo que quiere decir, además? Que por cada tonelada de aceite que se pierda,

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del potencial productivo de un millón de toneladas de España, son tres hectáreas de olivar menos productivo, de olivar tradicional que desaparecen; son 75 jornales por cada tonelada que nos falte cuando la ministra presente el resultado de estas negociaciones, 75 jornales de obreros eventuales del campo en las zonas más deprimidas social y económicamente, particularmente de Andalucía y de Jaén.
Ese es el planteamiento y, en este contexto, Izquierda Unida presenta una moción que tiene dos partes. Primera, que digamos a los ministros de Agricultura y a los comisarios de la Unión Europea que tengan en cuenta el documento aprobado en el Parlamento Europeo y, segunda, que el Congreso respalde las medidas que adopte la Mesa del aceite. Medidas que adopte; esa expresión, en términos verbales, es de futuro.
Esto, señoría, no es un compromiso serio con el olivar, esto no es apostar por el aceite. Cuando falta un mes para que Fischler presente el documento de reforma, hay que mojarse más, hay que decir cuál es la postura de España. A Italia, que desde el principio dijo cuál era su postura, le ha ido muy bien. Italia defendió: cupo por países, supresión de las ayudas al consumo y que le dieran las toneladas que tiene. Los tres elementos forman parte del documento que se está debatiendo. Por tanto, en este momento procesal, tenemos que poner sobre la mesa, nítidamente, cuál es la postura de España. Eso no perjudica a nadie, ni siquiera a la ministra; al contrario, la beneficia, porque le da fuerza para hacer lo que no ha hecho en estos 22 meses, que es negociar.
Además, en términos de las medidas que adopte la Mesa, es que no es soportable políticamente que el Congreso de los Diputados ceda su soberanía a la Mesa del aceite en un debate y toma de posición. Pero, ¿qué planteamiento político es que aquí acordemos esta noche respaldar las medidas que adopte la Mesa del aceite, las adopte unitariamente o no? ¿Es posible que este Congreso ceda su soberanía en cuanto al debate y posicionamiento? No estoy hablando de qué coincidencias vayamos a tener o no, pero ¿los grupos de esta Cámara van a votar esta noche que en este momento respaldamos todas las medidas que apruebe la Mesa del aceite, u otro órgano, me daría igual? Eso es insoportable políticamente, no es un planteamiento de recibo.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Pliego, por favor.


El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente. Voy terminando.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas al punto 2, que consisten en apoyar las posturas que adopte la Mesa del aceite, siempre que vayan en una determinada dirección. Y esa dirección, señoría --por no extenderme, dado el tiempo que tengo--, es la postura que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista, la postura que ha defendido el sector y la Mesa del aceite, la postura que ha defendido este Congreso en el debate del estado de la Nación, las posiciones que --al menos a nivel teórico y propagandístico-- ha defendido la ministra y las posturas que ustedes han votado el 12 de febrero en el Parlamento de Andalucía. Textualmente, las que ustedes han votado, y ahora es difícil entender por qué no se acepta esta enmienda. Se dice que porque está implícita. No parece que la tarea de un Congreso sea transitar por el campo de lo implícito, no vaya a ser que nos confundamos porque, acerca del millón ochocientas cincuenta mil toneladas de cantidad máxima garantizada, que se recoge en el informe Jové, estos señores del Partido Popular votaron en su contra hace cinco días en Andalucía, el 12 de febrero. Por tanto, es bueno que lo explícito lo entendamos todos.
Termino, señor presidente. Está en riesgo el futuro de miles de familias; están en riesgo 50 millones de jornales. Los socialistas, desde la unidad, vamos a defender la postura que hemos mantenido hasta ahora, pero no estamos dispuestos a hacer de esto, como se ha hecho, un folklore y a que al final tengan que coger la maleta los mismos que la han cogido siempre.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Por el Grupo Popular, el señor Jordano Salinas.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Seré suficientemente breve por la hora en que nos encontramos.
De entrada, en nombre de mi grupo y porque creo que es de justicia, quiero felicitar al diputado don José Luis Centella por el esfuerzo que ha hecho para redactar un texto que sea asumible por todos los grupos políticos y que, además, parte de la ligazón de dos elementos esenciales en toda la tramitación de esta materia relacionada con el olivar y el aceite de oliva, que es unir el acuerdo del Parlamento Europeo y las posiciones unánimes de la Mesa Nacional del Aceite. Es de justicia reconocer este esfuerzo por redactar este texto, asumible por todos los grupos que piensen en lo mejor para el olivar y los intereses de España.
No quisiera contestar las posiciones del Grupo Socialista, por ahora, pero sí referirme a la enmienda de adición que nuestro grupo ha presentado a esta propuesta, así como a su sentido. Con esta enmienda de adición se trata de instar a la Cámara para que diputados de esta Cámara se trasladen a Italia para explicar, en directo, a los distintos sectores de ese país interesados en el tema cuál es la posición de España y la posición unánime del Parlamento Europeo. Esta petición se hace junto a un esfuerzo social que es necesario, en

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el que ya están participando una serie de productores e instituciones relacionadas con el olivar para conseguir eliminar discrepancias con Italia y lograr una propuesta que sea satisfactoria para los intereses básicos de los dos países. En este sentido, el encuentro que este fin de semana han mantenido el presidente Romano Prodi y el presidente Aznar ha servido para acercar posturas y para establecer una colaboración de máximo nivel de los dos Gobiernos, que permita acercar criterios entre Italia y España, los máximos productores de la Unión Europea, y marcar --esperamos que sirva para ello-- una dirección concreta a la reforma que se realice.
Prescindiendo de alarmismo, señor Pliego, no hay ningún documento elaborado por el comisario Fischler, por lo que usted no puede referirse una y otra vez a un documento que no tiene autor, puesto que la autoría ha sido negada reiteradamente por dicho comisario. Usted puede tener todos los documentos que quiera, pero cuando se refiere a un documento del comisario tiene que tener la palabra de él admitiendo que ese documento es suyo, y usted no está en esa situación.
Segundo, usted parte de que Italia ve siempre recogidas sus propuestas.
Lo que ciertamente tenemos del comisario Fischler es el texto de una conferencia celebrada en Verona el día 11 de este mes, escrita y pronunciada en alemán, cuya traducción oficial a los distintos idiomas ha sido distribuida. Las palabras pronunciadas por el comisario --que es lo que nos permite saber cuál es su postura exacta-- son: definitivamente tendremos en cuenta la importancia social y el papel económico que este sector juega en algunos Estados miembros. Por tanto, ya hay un reflejo de que el esfuerzo realizado por el Gobierno español y por el sector ha servido para algo y que ésa va a ser una de las guías del documento que proponga el comisario.
En segundo lugar, según dice también el comisario, habla de un período transitorio y antes de tomar una decisión sobre la aplicación o no de la polémica ayuda al árbol. Quiere decir que tampoco el comisario ha optado por una ayuda concreta al árbol o a la producción y está admitiendo las dos posibilidades. También en estas declaraciones, aunque habla de un período transitorio en el que se mantienen algunas cosas, da algo por sentado: se va a unificar el sistema actual para que todos los productores tengan el mismo sistema de ayuda. Esto quiere decir que se va a eliminar el sistema de los productores de menos de quinientos kilos, que era uno de los graves problemas que teníamos en nuestra comparación con Italia.
Por tanto, cuando nos refiramos a lo que piensa el comisario, hagámoslo a datos concretos con palabras del comisario, pero no continuemos intentando enredar y liar algo que no es real. Sólo es real porque usted cree que puede beneficiar a la postura del Partido Socialista, pero no es real puesto que ha sido negada su autoría.
Habla usted de una cesión de soberanía a la Mesa del aceite y lo plantea usted en unos términos un poco catastrofistas. Dice que se hunde este Parlamento, porque hay una cesión de soberanía a la Mesa del aceite.
En este asunto lo único que hay es sensatez por parte del Gobierno, ya que, existiendo una postura unánime de todos los sectores, desde los trabajadores a las comercializadoras, pasando por todas las organizaciones que están dentro del sector del aceite, mantiene una postura unánime. Un gobierno sensato es lógico que trate de defender la postura unánime de todo el sector, y un parlamento sensato es lógico que trate de defender la postura unánime de todo un sector productivo; da la casualidad de que el Parlamento hoy se va a manifestar en una única dirección, y la única persona que sigue manteniendo un criterio contrario a la propuesta de la Mesa del aceite y que sigue hablando de cesión de soberanía es su grupo. (Aplausos.) Usted se ha metido también a considerar aquí y parcialmente las votaciones del Parlamento de Andalucía. Esto sí que es entremeterse en la soberanía de otro Parlamento. En cualquier caso, cuente usted la película completa; no se quede usted en una parte. En esa sesión del Parlamento se votaron tres mociones diferentes con veintiuna propuestas cada una, si no estoy mal informado, y hubo posiciones para todos los gustos.


El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, vaya concluyendo.


El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.
El Grupo Popular rechazo la propuesta del Grupo Socialista en la que se mencionaba la ayuda a la aceituna de mesa y votó a favor una propuesta del Grupo Popular en la que se mencionaba la ayuda a la aceituna de mesa.
Por tanto, hubo ciertas contradicciones en esa votación, y hay que contarlo completo.
La postura del Grupo Parlamentario Popular es apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En aras a la unidad que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propone vamos a retirar la enmienda que hemos presentado, no sin recomendar a la Mesa de la Cámara que estudie la posibilidad de que se produzca ese contacto de los parlamentarios españoles con los sectores productivos italianos.
Yo le pediría, señor Pliego, le pediría al Grupo Socialista que en aras a esa unidad retirara también la enmienda presentada por el Grupo Socialista y hubiera unánimemente una sola votación, no dos votaciones: una, respecto a la propuesta, otra, respecto a la enmienda.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jordano.


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¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, el señor Chiquillo, del Grupo Mixto.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Cumpliré lo de la brevedad escrupulosamente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para dar apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto a la posición española, desde la unidad en defensa del sector del aceite de oliva, para que sea respetuosa y recoja los planteamientos y las reivindaciones del sector olivarero español que, con la importancia que tiene social y económicamente, exige que hoy haya de nuevo un consenso en esta Cámara.
Como en reiteradas ocasiones, creo que es de sentido común, y porque el sector así nos lo reclama, que haya un planteamiento de unidad y de coherencia y que todos los grupos parlamentarios, dejando de lado personalismos y planteamientos de mayor papel ante de la opinión pública, renunciemos a esos protagonismos en defensa de un sector y primando por encima de todo lo que él nos reclama.
No sólo la Mesa Nacional del Aceite es la que ha planteado alguno de los extremos que aquí hoy vamos a apoyar, sino que también la Mesa valenciana de defensa del aceite, con las reivindicaciones que desde la mesa nacional se están haciendo, está llamando nuestra atención y está exigiendo y apelando al sentido común porque hay mucho en juego. Es necesario, como ha explicado muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ahora más que nunca, el consenso, la unidad y cerrar filas según esos planteamientos, que muy bien defendió en el Parlamento Europeo en Diciembre de 1997 el eurodiputado de Izquierda Unida, el señor Jové. Creo que desde el primer punto hasta el último, en todos y cada uno de los extremos del informe que se ha presentado, está incluido todo lo que el sector nos reclama y creo que la Iniciativa de Izquierda Unida es oportuna. Debemos cerrar filas acerca de esa posición y Unión Valenciana hoy quiere manifestar ese apoyo en defensa del sector del aceite por la importancia socioeconómica que en diversas comarcas del Estado español está en juego.
Por tanto, apoyamos desde el primer hasta el último punto, este planteamiento que, en su día defendió el señor Jové. Hoy, por el sentido común, también apelo a que el Partido Socialista retire esa parte de su iniciativa que ha presentado, porque creo que la de Izquierda Unida recoge aquello que el sector nos demanda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Por sentido común voy a ser muy breve, dada la hora a la que se está produciendo este debate, pero también porque creo que este tema está suficientemente debatido. Tengo el convencimiento profundo de que los intereses españoles están siendo defendidos por el conjunto de grupos de la Cámara. Por eso Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda va a apoyar esta moción de Izquierda Unida. En el primer punto porque coincide con una iniciativa que desde Iniciativa per Catalunya hemos emprendido hace unas semanas, dirigiéndonos a la Presidencia del Congreso, concretamente al señor presidente, para que promueva una declaración institucional en la que se reflejen los puntos coincidentes del conjunto de la Cámara y sea enviado a la Comisión Europea. En el segundo punto porque pienso que nos podríamos dar con un canto en los dientes, si las propuestas de la Mesa del aceite prosperan en el seno de la Unión Europea.
Creo que está suficientemente explícito lo que significa y lo que dice esta moción y me da la impresión de que es lo mejor que podemos hacer, porque la Mesa nacional del aceite no tiene posiciones estáticas, como es lógico, y, por tanto, no podemos ceñirnos a unos puntos que, a lo mejor, dentro de una semana hemos de rectificar, aunque no en lo esencial.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Había pedido también la palabra el señor Mardones, del Grupo de Coalición Canaria. Le ruego también la misma brevedad que han tenido quienes han usado de la palabra hasta el momento.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente y con gran brevedad.
Coalición Canaria, en un acto testimonial de solidaridad con el sector del aceite de oliva y de olivar español, va a votar favorablemente en sus exactos términos la iniciativa que ha presentado Izquierda Unida.
Nosotros hemos pedido muchas veces el voto para la OCM del plátano y aquí está la reciprocidad. Creemos que esto se atiene perfectamente a un escrupuloso sentido político de apoyar desde el Parlamento español la resolución que aprobó en diciembre el Parlamento Europeo, gracias a la iniciativa del parlamentario señor Jové, y que aquí finalmente se recoge, de remitir este documento ratificado, tanto al Colegio de Comisarios, como al Consejo de Ministros. Celebro también que se recoja aquí apoyar los acuerdos unitarios que tenga la Mesa nacional del aceite de oliva.
Quiero, además, señor presidente, reconocer que ha sido muy positiva la retirada de la enmienda del Grupo Popular, porque gracias a gestiones del señor presidente de la Cámara tenemos constituido el grupo de amistad parlamentaria hispano-italiana, que creo que, sin menoscabo de ninguna otra institución, es un buen puente para transmitir, a través de este acuerdo de cooperación

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parlamentaria, firmado en Roma por el señor presidente del Parlamento, estas iniciativas para que no se llame nadie a engaño, en uso no recomendable de determinadas medidas que puedan comentarse como interferencias. Brindaba esta idea precisamente en aras al reconocimiento de lo que tenemos en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
A efectos de ilustrar a la Cámara, el próximo mes de mayo tendrá su primera reunión ese grupo de amistad con Italia y está previsto que, en los asuntos a tratar en la agenda bilateral, precisamente se encuentre como uno de los puntos más importantes el futuro del aceite y del olivo.
Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación con la OCM del aceite de oliva, instando al Gobierno del Estado a dirigirse a la Comisión Europea para que se respeten los elementos contenidos en el informe del Parlamento Europeo en el documento de la OCM del aceite de oliva. Lo hacemos recordando las diversas iniciativas que han sido aprobadas en esta Cámara para reclamar igualmente que la elaboración de una reforma de la OCM del aceite de oliva no se efectúe menoscabando los intereses del principal productor, como es España.
Parece especialmente correcto el planteamiento contenido en la moción de Izquierda Unida instando al Gobierno español a dirigirse a las diversas instancias que, dentro del entramado constitucional de la Unión Europea, tienen algo que decir y algo que decidir en este sentido.
Por otro lado, no nos parece correcto el planteamiento de las enmiendas de adición presentadas por el Grupo Socialista y no las vamos a apoyar.
Nada más. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Señor Companys por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para constatar que durante los últimos años, tanto en Comisión como en Pleno, hemos debatido por activa y por pasiva a nivel parlamentario como con el resto del sector las ventajas e inconvenientes de cada una de las diferentes propuestas de modificación de la OCM del aceite que se han puesto sobre la mesa.
Nuestro grupo parlamentario ha hecho en diferentes ocasiones esfuerzos importantes para propiciar consensos en cada uno de los debates que se han planteado en esta Cámara, entre otros motivos porque entendemos que es bueno el presentar un frente común en defensa de esos intereses generales del aceite.
Nosotros apostamos por la propuesta del Gobierno español, que es la que recoge la voluntad expresada por la Mesa del aceite y por las diferentes intervenciones aquí en el Congreso de los Diputados y que básicamente es la misma que se aprobó en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
Somos conscientes, al menos en nuestro grupo parlamentario, como nos pronunciamos la semana pasada con motivo de la interpelación, de que la batalla va a ser dura y que sólo será posible una buena OCM para el sector si llegamos a acuerdos puntuales con los productores italianos.
Hemos de ser capaces de poner encima de la mesa una propuesta consensuada que sea aceptable para ambos Estados. Si finalmente a la posición italiana se acabase sumando la de Grecia y ésta terminase dando soporte a las tesis de Fischler se habría roto la unidad de acción de los países productores y los más perjudicados seríamos nosotros. En consecuencia, habríamos fallado en el planteamiento de la estrategia en beneficio de las tesis oficialistas del propio Fischler.
El Ministerio tiene que hacer un esfuerzo de consenso con las principales fuerzas políticas italianas para que se produzca una reforma de la OCM lo más parecida posible a la que ha propuesto la Comisión de Agricultura al Parlamento Europeo, buscando paralelamente el soporte de los señores diputados y también de los comisarios que representan los intereses del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Centella, tiene la palabra para aceptar o rechazar la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.


El señor CENTELLA GOMEZ: Simplemente quiero decir que todavía esperamos un gesto de generosidad por parte del Grupo Socialista para que retire su enmienda. En caso contrario nos veríamos obligados a no aceptarla.
Ya que por parte del Grupo Socialista se ha mostrado tanta suspicacia respecto a la Mesa Nacional del Aceite, pediríamos votación separada, para que al menos pudiesen respaldar el acuerdo del Parlamento Europeo.
En consecuencia, nosotros esperamos ese gesto de generosidad por parte del Grupo Socialista retirando su enmienda y permitiéndonos alcanzar hoy un acuerdo unitario y, si no, pedir votación separada para que

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al menos se pueda respaldar el acuerdo del Parlamento Europeo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Vamos a proceder a la votación. Votaciones de la moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la Organización Común del Mercado del aceite de oliva, porque vamos a segregar el punto primero, apartados a) y b), del punto segundo.
Votación sobre el punto primero, apartados a) y b).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en el punto primero, apartados a) y b).
Votación sobre el punto segundo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 165; en contra, 113; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, también, el punto segundo de la moción. (Aplausos.) La sesión se reanudará mañana a las cuatro de la tarde. Se suspende la sesión.


Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.

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