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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 150, de 16/04/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 150

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 145

celebrada el jueves, 16 de abril de 1998

ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 88-1, de 17 de octubre de 1997 (número de expediente 121/000086) (Página 7982)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 20.425.257.360 pesetas para atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos, del Ministerio de Educación y Cultura. (Procedente del Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre.) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 97-1, de 30 de diciembre de 1997 (número de expediente 121/000095) (Página 7989)

Página 7980


--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio 1995. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 102-1, de 16 de febrero de 1998 (número de expediente 121/000100) (Página 7995)

--Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 115-1, de 16 de septiembre de 1997 (número de expediente 127/000004) (Página 7995)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 104-1, de 24 de febrero de 1998 (número de expediente 121/000102) (Página 8001)

--Proyecto de Ley sobre sanciones aplicables a las infracciones de las normas establecidas en el Reglamento (CE) número 2271/96, del Consejo, de 22 de noviembre, relativo a protección frente a la aplicación extraterritorial de la legislación de un país tercero. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 105-1, de 3 de marzo de 1998 (número de expediente 121/000103) (Página 8001)

--Proposición de Ley Orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 151-1, de 13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000132) (Página 8001)

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:

--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre el Plan Nacional para el Empleo, solicitada en virtud de sendas peticiones de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) y de 76 Diputados del Grupo Socialista del Congreso (números de expediente 210/000018 y 210/000019) (Página 8010)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 7982)

Proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria (Página 7982)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Troconiz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 7989)

Proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 20.425.257.360 pesetas para atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura. (Procedente del Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre.) (Página 7989)

En defensa de las enmiendas al proyecto de ley intervienen los señores Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Página 7981


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Palma i Muñoz, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve), producido en el ejercicio 1995 (Página 7995)

No existen enmiendas a este proyecto de ley.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia (Página 7995)

Defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ortiz Molina, del Grupo Socialista del Congreso, y Gamir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede en primer lugar a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 20.425.257.360 pesetas para atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos, del Ministerio de Educación y Cultura, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión en sus diferentes artículos, disposiciones, anexos y exposición de motivos, que son aprobados.
Se somete a votación el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por importe de 5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio 1995, que es aprobado.
Se someten a votación las enmiendas presentadas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión en sus correspondientes artículos, que son aprobados.


Votación de conjunto (Página 8001)

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (Página 8001)

Sometida a votación de conjunto, por su naturaleza de orgánica, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, es aprobada por haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 8001)

Proposición de ley orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos (Página 8001)

En defensa de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada a la proposición de ley orgánica, interviene la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jover Presa, del Grupo Socialista del Congreso, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno por alusiones intervienen la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, es rechazada.


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento (Página 8010)

Página 7982


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre el Plan Nacional para el Empleo, solicitada en virtud de sendas peticiones de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) y de 76 diputados del Grupo Socialista del Congreso (Página 8010)

Comparece ante la cámara, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra), para informar a la Cámara sobre los contenidos del Plan Nacional para el Empleo 1998 que ha sido presentado ante la Comisión Europea y que tiene como precedente los acuerdos que se alcanzaron recientemente en la cumbre extraordinaria de Luxemburgo sobre el empleo.
Agradece en primer lugar la solicitud de comparecencia formulada por diversos grupos parlamentarios así como todas las aportaciones que se han hecho. Considera que el Gobierno ha cumplido con la obligación de presentar un Plan Nacional para el Empleo ante la Comisión Europea, que responde a las directrices de la cumbre de Luxemburgo y recoge las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, comunidades autónomas, sindicatos, organizaciones empresariales y municipios y provincias y da cuenta de las numerosas reuniones de trabajo llevadas a cabo para la elaboración de dicho plan. Aclara a continuación que el Plan Nacional para el Empleo no es el resumen de las políticas del Gobierno en materia de empleo, sino que se limita a dar respuesta a las demandas de la cumbre de Luxemburgo que tienen como orientación básicamente el establecer una política común en materia de empleo en el ámbito de la Unión Europea, siendo por otra parte perfectamente compatible y coherente con el conjunto de la acción del Gobierno, con el conjunto de las políticas de empleo del Gobierno y con el programa plurianual de empleo presentado también ante la Comisión Europea.
Por otra parte, opina que ha habido una valoración positiva del plan por la organizaciones empresariales, comunidades autónomas e instancias municipales y provinciales, aunque reconoce que no existe una valoración global positiva por parte de las organizaciones sindicales, y aprovecha la oportunidad para ofrecer de nuevo el diálogo social que tan excelentes resultados ha producido en los últimos dos años, con más de siete acuerdos con sindicatos y empresarios.
Expone los objetivos prioritarios que persigue el plan y explica el contenido del mismo, resaltando las tres grandes líneas de actuación: ofrecimiento de más de un millón de puestos de trabajo a los colectivos más desfavorecidos del mercado de trabajo, impulso a la contratación a tiempo parcial estable y apoyo al primer empleo para los trabajadores autónomos. Añade que el Plan se dirige a todos los desempleados, pero especialmente a las mujeres, a los jóvenes, a los parados adultos que llevan más de once meses de desempleo, a las personas con discapacidad y a los autónomos.
Termina su intervención haciendo una valoración sobre la reducción generalizada por ley de la jornada de trabajo y sobre el incremento de la cobertura de las prestaciones por desempleo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Griñán Martínez, del Grupo Socialista del Congreso; Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Peralta Ortega, Vázquez Vázquez (don Guillerme) y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y el señor Griñán Martínez, cerrando el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se levanta la sesión a las tres y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DEL MERCADO DE TABACOS Y NORMATIVA TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000086)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria. (El señor Fernández de Trocóniz Marcos pide la palabra.) Me ha parecido ver ansiosamente la mano del señor Fernández de Trocóniz.
¿Pide la palabra para presentar las enmiendas o para intervenir en nombre de su grupo?

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El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Para intervenir en nombre de mi grupo.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que, además del Popular, desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se trae el proyecto de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria tras su paso por el Senado, donde fue aprobado casi íntegramente el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda, ya que sólo se presentan cuatro enmiendas de supresión al anexo de la citada ley, añadiendo otra por la que se introduce en el organismo autónomo comisionado para el mercado de tabacos un grupo de trabajo permanente, en el que van a colaborar representantes de los sectores tabaqueros afectados. La otra enmienda a la disposición final primera es solamente gramatical.
En nombre de Coalición Canaria queremos expresar nuestra satisfacción por las enmiendas aceptadas entre la treintena que presentamos, pero también queremos manifestar nuestra preocupación por las que nos fueron rechazadas, ya que entendemos que hay temas que debieron ser considerados, como la venta automática, el establecimiento de un sistema más racional de sanciones, etcétera. Aunque se trata de una ley que no afecta a Canarias, pues en 1842 se estableció el régimen de puertos francos --precisamente logrado por un extremeño, por Bravo Murillo--, no podíamos estar ajenos a esta problemática a la hora de la liberalización del mercado de tabacos y, por tanto, a la hora de la finalización del monopolio fiscal.
La nueva normativa suprime los actuales monopolios de fabricación, de importación y de comercio al por mayor para las labores de tabaco no procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, se mantiene la titularidad del Estado en el monopolio del comercio al por menor de labores de tabaco, por su repercusión aduanera y tributaria. El Estado tiene previsto recaudar para este ejercicio alrededor de 750.000 millones de pesetas en conceptos fiscales. La ley crea el comisionado para el mercado de tabacos como organismo autónomo, que sustituirá a la Delegación del Gobierno en el monopolio del tabaco y que dependerá, como el anterior organismo hoy existente, del Ministerio de Economía y Hacienda. El monopolio del comercio al por menor se ejercerá a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre, fijándose los márgenes en la propia ley. Por cierto, no prosperó nuestra enmienda en la que solicitábamos, en vez de un 9 por ciento, un 10 por ciento cuando las instalaciones adecuadas para cigarros fuesen bastante costosas. También establece la ley que la histórica Tabacalera, S. A., la compañía más antigua del mundo, la multinacional más importante en nuestro país, continuará gestionando el monopolio y distribución al por mayor del timbre del Estado y signo de franqueo durante el plazo de cuatro años, otorgándose también a la citada compañía --por cierto, en estos días en vías de privatización, con una OPV brillantemente presentada-- la licencia para el desarrollo de las actividades de fabricación, importación y distribución al por mayor de elaborados de tabacos. Como es sabido, esta compañía, esta importante empresa, con su reciente expansión internacional, se convierte en la primera productora en el mundo de cigarros puros. Lamentablemente, en algunas regiones va reduciendo su presencia a través de filiales, como ocurre concretamente en Canarias.
Esperamos que con esta importante y potentísima empresa española se dé estabilidad también a su personal.
En este orden de cosas, lamentamos que nos fuese rechazada la enmienda al artículo 3.3, apartado c), ya que por los requisitos que exige la ley de utilización de medios de transportes exclusivos va a ser de muy difícil cumplimiento por otro distribuidor. Presumimos que Tabacalera, aunque se privatice y el Gobierno mantenga su acción de oro, va a continuar en una especie de monopolio de hecho en esta faceta económica. Esperemos el futuro.
Por otro lado, nos alegra que el portavoz del Grupo Popular en la ponencia y en la Comisión, el diputado y jurista señor Fernández de Trocóniz, con su reconocida y casi insuperable velocidad de dicción de ideas propias y de captación de ideas ajenas, aceptara nuestra iniciativa in voce, por la que pedíamos el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1 de 1998, conocida como de garantía del contribuyente. Consecuencia de ello, en el título se le ha añadido la expresión: y normativa tributaria.
No tuvo igual suerte la que presenté por escrito en igual sentido en la Comisión de Cooperación Internacional de Ayuda al Desarrollo en la sesión de anteayer. Todavía no alcanzo a comprender por qué me fue rechazada casi por unanimidad. Es para preguntarse si las leyes aprobadas por el Congreso no deben ser observadas también por los miembros de la Cámara en el trámite de confección de leyes.
Aplaudo que se haya resaltado la necesidad de control a las actividades promocionales del tabaco, con las limitaciones establecidas por las normativas sanitarias, y es que, señorías, esta planta que el genial almirante de la mar océana vio fumando por primera vez a los desaparecidos indígenas del Caribe tuvo en un principio una difusión grande, especialmente por sus esperadas cualidades sanitarias --se le llegó a llamar la herba panacea--, cualidades que hoy son absolutamente desconocidas, y si no que se lo pregunten a las autoridades sanitarias con sus célebres advertencias. Hay que reconocer que en la actualidad existe en el mundo una gran corriente antitabaquista, con mayor

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o menor intensidad. En algunos lugares se llega casi al paroxismo en defensa del no fumador. Concretamente en nuestra comunidad autónoma, el año próximo se va a celebrar una magna convención de todos los países europeos que quieren luchar contra el tabaco. Pero Coalición Canaria comprende que la sociedad no puede desconocer, por un lado, ni los aspectos dañinos que origina la nicotina del tabaco y su humo ni tampoco estar en oposición a una realidad económica que existe en nuestro Estado español como en muchos países. Existen cultivos interesantes e importantes no solamente en Canarias, sino en Extremadura y otras autonomías españolas. Además, existen importantes industrias de fabricación de tabaco.


El señor PRESIDENTE: Señor Gómez Rodríguez, vaya concluyendo, por favor.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Sí, señor presidente.
Con ello queremos decir que hay que observar los dos aspectos y que nosotros vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado en esta importante ley de ordenación del mercado de tabaco, pensando que si por un lado es un posible perjuicio para la salud, no olvidemos, como decía la célebre canción, que el fumar es un placer genial y que para la sociedad española todavía, aparte de un cigarrillo light, lo de la siesta, café, copa y puro sigue siendo importante.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez, al menos en nombre de los fumadores que todavía quedamos en este país. Espero que el señor Trocóniz reserve su turno de alusiones encomiásticas para el momento de su intervención.
Tiene la palabra el señor Zabalía , en nombre del Grupo Nacionalista Vasco.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario con respecto a las enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de ley del mercado de tabacos.
Mi grupo parlamentario no cree oportuno enmendar en el trámite del Congreso el texto de este proyecto de ley. Entendíamos que este texto recogía de forma satisfactoria la pretensión de la ordenación del mercado de tabacos y su normativa tributaria. No obstante, también entendimos la mejora que se introducía en dicho texto con algunas de las enmiendas que presentaron los demás grupos parlamentarios, por lo cual dimos nuestro voto favorable a dichas enmiendas. Entre ellas, figuraba la regulación como anexo a esta ley de una tasa, de acuerdo con el artículo 5 apartado 8.a), que pretende el cobro por diversas prestaciones de servicios. Sin embargo, en el trámite de enmiendas en Comisión, algunos grupos parlamentarios creímos oportuno establecer una tasa que penalizara las actividades de contrabando a través del cobro a las empresas productoras de una cantidad por cajetilla aprehendida en concepto de depósito; se establecían 50 pesetas por cajetilla y otra cantidad por la destrucción de estas cajetillas, 0,25 pesetas por cada una. Con ello se intentaba involucrar a estas firmas tabaqueras en la lucha contra el contrabando de tabaco. Así lo manifestamos y apoyamos esta regulación con la introducción de alguna precisión que hicimos en el trámite de Comisión; era una precisión más bien de sentido autonómico.
Sin embargo, a través del tiempo que hemos tenido desde la aprobación en el Congreso de este proyecto de ley y su paso por el Senado, mi grupo parlamentario y algún otro, concretamente el Grupo del Partido Popular, han reflexionado sobre la eficacia y la legalidad del establecimiento de esta tasa. Por nuestra parte, decidimos al final que no era una medida adecuada, por lo que presentamos tres enmiendas que intentaban suprimir el establecimiento de las dos tasas, la de almacenamiento y la de destrucción de las cajetillas de tabaco aprehendidas en acciones de contrabando. Existen, a nuestro entender, dos razones fundamentales que han hecho precisamente que nos replanteemos esta medida. Por un lado, en el aspecto de la lucha contra el contrabando, lo mismo que el tratamiento que se puede dar a la lucha contra el fraude en general, entendemos que deben priorizarse las medidas preventivas sobre las medidas sancionadoras, sin olvidar, desde luego, la importancia disuasoria que tienen las medidas sancionadoras. Por ello, deben ser suficientes, en principio, las competencias que va a tener el comisionado para el mercado de tabacos como organismo autónomo, involucrando, por otra parte, a todos los agentes que intervienen en el circuito del mercado de tabacos.
La otra razón tiene su justificación en el dudoso respaldo jurídico que tiene la implantación de una tasa que, penalizando la actuación ilícita de un sujeto como es el contrabandista, recae, a través de una presunta responsabilidad subsidiaria, en otro sujeto que no participa en el proceso de fraude como es la empresa tabaquera. Esto produciría, a nuestro entender, una situación de incremento importante de recursos para la Hacienda pública por parte de las firmas tabaqueras que, desde luego, complicaría sustancialmente el procedimiento administrativo.
En definitiva, mantenemos nuestra postura, que ya expresamos en el Senado, justificando el contenido de las enmiendas que allí se presentaron y se aprobaron y anunciamos que nuestro voto va a ser favorable a la ratificación de las enmiendas aprobadas en el Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.


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El señor Homs, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
La posición de nuestro grupo ante las enmiendas que nos propone el Senado va a ser también de aceptación de esas modificaciones. Es cierto que el Congreso tomó una decisión para salir al paso de uno de los problemas más importantes que tiene hoy el sector del tabaco, que es el contrabando, incorporando una medida que es la tasa sobre el decomiso del tabaco. La verdad es que en el momento en que se tomó esta medida se justificaba por la importancia que tiene en España el contrabando, cosa que no sucede en otros países de Europa, sólo en Italia también es importante el problema.
En segundo lugar, porque la ley ha incorporado un cambio sustantivo en el destino del tabaco decomisado. La nueva ley establece la obligación de destrucción y, como consecuencia de la incorporación de la destrucción, se creyó oportuno introducir esa novedad de la tasa, que tiene sus dobles efectos: efectos sobre el control del contrabando y también compensación al Tesoro por la destrucción del tabaco. Por esa razón, mi grupo dio su visto bueno a esta medida que, en principio, le pareció aceptable. No obstante, es cierto que el Senado reflexiona más sobre esta medida y pone en entredicho la legitimidad de la tasa por la naturaleza de la misma.
Nos propone la sustitución de esta medida por otra que podría ser eficaz en uno de los objetivos, que es el de ser efectivos en la lucha contra el contrabando. De esta comisión de seguimiento, de estudio, de análisis puede salir un paquete de actuaciones y de medidas que podría ser eficaz en la lucha contra el contrabando. Vamos a dar un año de margen a esta comisión para ver qué resultado saca y qué propone para ser eficaces en la lucha contra el contrabando. No obstante, creo que del debate de esta ley en las Cortes debe sacarse una conclusión: que la mayoría de esta Cámara era muy sensible a adoptar medidas contundentes en la lucha contra el contrabando.
En relación con la tasa específica, vamos a darnos un margen suficiente de tiempo como para que la ley se ponga en funcionamiento o para que esta comisión específica de seguimiento y estudio elabore sus medidas efectivas. De no obtenerse resultados, estoy seguro de que vamos a tener que volver a debatir esta cuestión en futuros ejercicios.
Mi grupo va a dar su visto bueno, aunque la abstención que mantuvimos en el Senado se justificaba porque ahora queda inconsistentemente definida la relación entre la destrucción del tabaco decomisado y el coste que eso supone para el Tesoro, que quedaba compensada con la tasa y ahora no va a ser así; con lo cual no hemos dejado las cosas bien resueltas. Por eso me emplazo a un próximo debate, quizá en el contexto del debate de los presupuestos o de las medidas que acompañan a la ley de presupuestos, para volver a reflexionar sobre esta cuestión.
Termino diciendo que todos los grupos vamos a continuar compartiendo el objetivo de luchar contra el tabaco de contrabando, y aunque no sea esta ley, mediante la tasa, la solución más efectiva, estoy seguro de que en los próximos años vamos a tener que volver a debatir esa cuestión y a proponer nuevas medidas al respecto.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo ha participado intensamente en la elaboración de esta ley y veíamos con satisfacción el resultado que había obtenido en el trámite parlamentario del Congreso, no así las modificaciones que se han producido con las enmiendas del Senado.
Creemos que esta ley aporta, efectivamente, unas medidas de lucha contra el contrabando, en la medida en que lo decomisado va a ser destruido; también aporta nuestras iniciativas respecto a las reglas sanitarias en la lucha contra el tabaquismo, porque, efectivamente, el fumar, según la canción, puede ser un placer genial y también sensual, sin duda alguna; en cualquier caso, está claro que es no sólo una enfermedad social sino también física. En último término, también existe en el texto de la ley un respeto al pequeño expendedor y controles frente a las grandes multinacionales del tabaco, todo lo cual aporta a esta ley los elementos precisos para ser una ley positiva, progresista, que merezca nuestro apoyo.
Sin embargo, en el Senado se modifican las medidas fundamentalmente sancionadoras y se sustituyen por una medida preventiva respecto al contrabando, en la medida en que el almacenamiento y la destrucción del tabaco decomisado no va a ser con cargo, por lo menos parcial, a aquellos responsables de ese tabaco decomisado, sino que vamos a tener que pagarlo todos a través de Hacienda. Esta medida disuasoria desaparece del texto de la ley y nosotros creemos que supone un paso atrás. No confiamos en que la prevención sin sanción tenga eficacia y, por tanto, auguramos que la comisión que se prevé crear en sustitución de la medida no va a servir para los efectos que se pretenden. Por ello, vamos a votar en contra de las enmiendas que hacen referencia a esta cuestión, aunque, obviamente, para no quedarnos sin mecanismo alguno de control, tendremos que abstenernos, al menos, en la enmienda que propone dicha comisión.
Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, tengo que decirles que esta es una ley que ha tenido un alto grado de consenso en la ponencia, lo cual demuestra claramente lo que se puede hacer desde una posición constructiva. Desde el primer momento se llegó a un claro entendimiento en cuestiones de fondo con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Después, por la habilidad sin duda del portavoz del Grupo Popular y del representante en la ponencia, señor Fernández de Trocóniz, bien por convencimiento propio o bien porque mecánicamente perdía por estar en minoría, se fueron aceptando un número importante de enmiendas, de sugerencias, con lo cual tengo que decir que el grado de consenso alcanzado ha sido muy satisfactorio, y la prueba es que se aprobó prácticamente por unanimidad el texto del informe de la ponencia del Congreso de los Diputados.
Desgraciadamente, en el Senado la ley ha empeorado, y nos tendríamos que preguntar por qué ha empeorado. Las enmiendas números 24, 25, 26 y 27 se basan en la supresión de la tarifa 5ª del anexo, es decir, la penalización con 50 pesetas por cajetilla aprehendida a las empresas que sean propietarias de la marca y 0,25 pesetas de canon por destrucción. La medida citada, junto con la destrucción del tabaco aprehendido, era la base para poder luchar contra el contrabando de una manera eficaz desde un punto de vista legal.
Hasta ahora, ha habido una labor encomiable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las labores de represión contra el contrabando, pero no teníamos una legislación lo suficientemente específica y disuasoria para que el contrabando fuese una actividad antieconómica, ruinosa, no solamente para los contrabandistas, por su acción delictiva, sino también para toda la red de carácter comercial que está detrás del contrabando, incluidas las multinacionales. Ahora nos tenemos que preguntar qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado para que en el trámite del Senado pueda cambiar. No quiero hablar aquí de rumorología y, por tanto, me limito tan solo a insinuarlo. Se habla del día, del lugar e incluso se nos dice hasta la hora --y no sé si será cierto o no, he dicho que son rumores-- en que un grupo de directivos de empresas tabaqueras de ámbito internacional, con sede social --al menos tres de las que estaban presentes-- en Estados Unidos, van a visitar al señor Costa, el señor Costa los recibe y a partir de ahí se llama a los senadores y vienen estas enmiendas que suprimen una medida disuasoria tan importante y de carácter tan eficaz como es la penalización de 50 pesetas por cajetilla aprehendida a la empresa multinacional que pueda detentar la marca.
Téngase en cuenta que no solamente es la penalización económica y la pérdida que puedan sufrir estas empresas; es que además toda acción sancionadora conlleva un expediente que es analizado por los gobiernos en los que tienen su sede estas empresas y, por tanto, están sometidas a una fiscalización especial allí donde tienen su sede.
Retirar la enmienda no tiene justificación alguna, por lo que mi grupo va a votar en contra. Entendemos que se hace un flaco servicio. Comprendemos las servidumbres de algún grupo que por razones ajenas al interés de la ordenación del mercado del tabaco, por razones políticas de otra naturaleza, se ven obligados --yo creo que obligados entristecidamente-- a votar que sí. Lamento su rectificación. Yo podría ahora echar en cara --no lo voy a hacer-- a algún grupo una cierta falta de coherencia; no lo hago porque entiendo la difícil posición política que en estos momentos pueda tener. Puedo tener alguna benevolencia --y la tengo-- respecto a ponentes del Grupo Popular, pero no la puedo tener con el grupo en su conjunto. Me parece que un grupo que sostiene al Gobierno tiene que ser lo suficientemente enérgico con él para en un momento dado --y esta era una ocasión de oro-- saberlo enmendar. Porque ¿qué impresión pueden tener, señorías, los ciudadanos cuando les digamos que estamos suprimiendo una penalización desincentivadora de 50 pesetas por cajetilla aprehendida y que, por tanto, de alguna manera estamos favoreciendo, siendo menos duros y más benévolos con las actividades de contrabando? ¿Qué les vamos a decir? Una de dos, o que las mafias del tabaco habían conseguido llegar a los ámbitos del Gobierno --que no lo creo-- o que este Gobierno --lo que sí creo que ha ocurrido-- se pliega ante media docena de empresas multinacionales que van a defender sus intereses, intereses que van en contra de los intereses nacionales. Porque no es que el contrabando nos erosione entre 60.000 y 80.000 millones de pesetas el erario público, sino que además erosiona el tejido industrial, erosiona la producción y es una de las actividades más indeseadas y más indeseable.
Por tanto, nosotros estamos un tanto perplejos ante la debilidad del Grupo Popular que demostró su buena posición --lo mismo digo una cosa que otra--, un buen talante en la ponencia del Congreso, y ahora se haya visto obligado a recoger velas y en estos momentos tenga una actitud tan poco gallarda, tan difícil para ustedes que no sé cómo la van a resolver.
Tengo curiosidad por saber cómo van a defender que una penalización tan importante para el contrabando de tabaco como eran las 50 pesetas por cajetilla ustedes ahora la retiran y hacen que el contrabando sea menos duro. Los contrabandistas ahora, a partir de las enmiendas del Senado, están un poco más tranquilos, y las empresas multinacionales que llevan a cabo una actitud ilícita, ilegal de contrabando, van a estar también más

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tranquilas porque la penalización que se les impuso se les retira. No supone justificación alguna decir que se crea una comisión ad hoc para poder estudiar muchísimo mejor el tema porque no son incompatibles para nada las medidas preventivas con las medidas disuasorias. Las medidas preventivas y las medidas disuasorias no solamente no son incompatibles sino que son complementarias. Por tanto, se puede crear perfectamente una comisión y continuar con las penalizaciones, unas penalizaciones duras que son las que hacen disuasoria la actividad del contrabando.


El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, vaya concluyendo, por favor.


El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señor presidente, diciendo que lo que a mi grupo más le duele es que el Grupo Popular que sostiene al Gobierno parece que se ha plegado a unos intereses que son de fuera y que no coinciden para nada con los intereses de España y de los españoles.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Amarillo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Senado básicamente plantea tres bloques de enmiendas a este proyecto de ley. Uno relativo a la disposición adicional sexta, en la que se añade que aparte del informe que ya debía prepararse por el Gobierno --no es que el Senado introduzca ese informe sobre el contrabando y cómo luchar contra ello sino que ya se introdujo en Comisión esta disposición adicional sexta-- se cree un grupo permanente de trabajo dentro del comisionado. Evidentemente, hemos de votar a favor de esta enmienda del Senado por cuanto refuerza la posición que ya se estableció en la Comisión. Por otra parte, el Senado establece una enmienda, como decía el señor Gómez Rodríguez, meramente gramatical a la disposición final primera, ya que en la redacción de las enmiendas transaccionales al redactor se le pasó introducir la palabra meses después de la palabra seis, por lo cual lógicamente hemos de votar también a favor de esta enmienda. Por último, el Senado introduce una enmienda consistente en la supresión, como se ha dicho antes, de la tarifa quinta del anexo, supresión de la tasa que grava el almacenamiento y la destrucción de las labores de tabaco decomisadas.
Antes de referirme a esta última enmienda, que es la que suscita más discusión hoy en esta Cámara, he de valorar muy positivamente el trabajo realizado aquí en fase de Comisión, puesto que no es cierto, como dice el señor Gómez Rodríguez, que algunas de las enmiendas del Grupo canario fueran rechazadas; no es cierto. Todas las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, fueron retiradas por los correspondientes grupos parlamentarios. No fue votada ninguna enmienda en Comisión de ningún grupo parlamentario, a excepción del Grupo Mixto, por cuanto el texto, el bloque, el cuerpo de la ley, sus siete artículos fueron aprobados por unanimidad de la misma. He de destacar y alabar y, por supuesto, es de reconocer el trabajo parlamentario realizado por los diferentes ponentes de los grupos parlamentarios en este proyecto de ley porque hemos llegado a un texto de amplio consenso, un texto unánime, lo cual realmente es difícil de lograr transigiendo en aras de conseguir un texto duradero y que fuera del gusto de todos los grupos políticos.
A continuación voy a entrar a valorar el porqué de nuestro voto afirmativo a la supresión de la tasa por almacenamiento y destrucción de labores de tabaco. He de decirles algo muy importante. El que nosotros votemos a favor de la supresión de la tasa no hace sino reiterar nuestro voto en Comisión. Nosotros dijimos no en Comisión a la implantación de esa tasa, pero no porque nos pareciera y nos siga pareciendo que sea impropia, no porque nos pareciera que no sea una tasa que puede ser útil en la lucha contra el contrabando; no. Nos parece que es una tasa enormemente sugerente, que es una tasa que debe ser extendida en cuanto a los conceptos fiscales y de lucha contra el contrabando que introduce nuestro marco prejurídico y que debe ser introducida en un futuro próximo en lo que se refiere a modificaciones tanto en los impuestos especiales en su normativa cuanto en la legislación reguladora de la represión del contrabando, ya que es un concepto muy interesante. Introduce el concepto de la responsabilidad del marquista de tabaco que, en un momento dado, determinado labores de tabaco lícitas pasan a ser ilícitas con la connivencia tal vez del marquista de tabaco; concepto absolutamente nuevo el de marquista dentro de nuestra legislación. Por cierto, también he de decirles que el concepto de marquista y la tasa no se introdujo ex novo en la Comisión, sino que la tasa y el concepto de marquista --si bien es cierto que sólo en cuanto al almacenamiento de las labores decomisadas-- ya venía en el proyecto del Gobierno. Por consiguiente, no echamos en saco roto esta tasa, en contra de la cual vamos a votar ahora, la dejamos en cartera y, por supuesto, que sirva de aviso para navegantes la posible existencia de esta tasa y no sólo de esta tasa, sino los conceptos jurídicos de marquistas y responsables de la introducción en los circuitos ilícitos del contrabando de labores de tabaco que en un principio son de lícito comercio. Que sirva de aviso para navegantes y, por supuesto, que lo guardamos en la cartera. Como decía antes el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Homs, una vez que esta comisión que se ha de crear en el Ministerio de Economía y Hacienda,

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una vez que este grupo permanente de trabajo para analizar la represión del contrabando elabore sus correspondientes informes en un plazo que no ha de exceder nunca de seis meses, será entonces el momento. Tengan en cuenta, señoras y señores diputados, que de este informe se ha de dar traslado a la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda de este Congreso de los Diputados y será precisamente en ese momento cuando, con el análisis jurídico meditado, profundo, con las memorias económicas suficientemente justificativas de la posibilidad de establecimiento de la tasa y de su cuantificación, se pueda abordar.
No podemos olvidar --y permítanme que haga un paréntesis-- que la tasa, la cantidad señalada al efecto de 50 pesetas por cajetilla o conceptos asimilados a ella carece de una memoria que justifique la existencia de tal cuantía. No podemos olvidar tampoco que la tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la realización de una prestación de la Administración a favor del sujeto pasivo o bien de la obtención de un beneficio por parte de un sujeto pasivo de forma especial. En este caso la cuantificación de 50 pesetas por cajetilla carece de la justificación que lo incardine dentro de la tasa y, efectivamente, podría vulnerar el principio constitucional de seguridad jurídica. Por esto, en absoluto olvidamos la tasa; eso sí, invitamos a todos los grupos parlamentarios a que ahora, de manera reposada, de manera serena, técnicamente informada, trabajemos todos de consuno para buscar aquellas medidas necesarias.
Posiblemente una de ellas sea la tasa por almacenamiento y destrucción de labores de tabaco decomisadas para que en un futuro pueda establecerse con todo el rigor, con toda la precisión que exige el ordenamiento jurídico para que sea realmente efectiva.
Señor Amarillo, créanos --sé que así lo cree--, nosotros, no los primeros sino junto con ustedes, junto con los demás grupos parlamentarios, estamos interesados en la lucha contra el contrabando; contrabando de tabaco que hoy día en España supone una merma para los ingresos del Tesoro de aproximadamente 90.000 millones de pesetas. Créanos, no lo dejamos en saco roto. Nos parece más oportuno, más adecuado y más prudente esperar, pero no esperar en balde y permanentemente a lo que nunca ha de llegar, sino esperando seriamente para que esa tasa se incardine, se rodee del aparato jurídico y económico necesario para que sea realmente efectiva. Insisto, introduce en nuestro ordenamiento previo de manera novedosa el concepto de marquista y de responsable en España de actividades ilícitas realizadas en el exterior a cargo del representante en España del marquista o su importador en España. Es un concepto muy importante y que nos parece muy interesante no sólo establecerlo en relación con esta tasa, sino extenderlo a los impuestos especiales y a través de las correspondientes...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor presidente, concluyo.
Decía que hay que establecerlo a través de las correspondientes inspecciones indirectas para que no sólo las labores decomisadas, sino todas las labores objeto de contrabando, puedan así verse perseguidas y que el Estado, el tesoro, la Hacienda pública no vea mermados en absoluto sus intereses económicos como consecuencia del contrabando, lo que supondrá en fin y en definitiva la supresión del contrabando de tabaco en España. Ciertamente no sólo a través de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, básicamente de la Guardia Civil, no sólo a través de las fuerzas del resguardo de la Hacienda pública ha de reprimirse el contrabando, sino también a través de medidas legislativas inteligentes, fundadas y con un amplio consenso de esta Cámara.
Por todo lo cual, señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a votar afirmativamente las enmiendas formuladas por el Senado tanto a la disposición adicional sexta cuanto a la disposición final primera y a los anexos. Estamos junto con ustedes empeñados en la lucha contra el contrabando. No piense, señor Amarillo, que hay intereses ocultos ni conversaciones a favor de determinados grupos empresariales, sino que nuestro grupo piensa sólo y exclusivamente, también como ustedes y junto con ustedes, en el bien de España y de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Señorías, finalizado el debate, vamos a proceder a las votaciones.
(Pausa.) Señorías, antes de proceder a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos, les anuncio que las votaciones subsiguientes, las correspondientes a los dictámenes de las comisiones sobre los dos proyectos de ley y la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que tiene carácter orgánico, no se producirán sino conjuntamente, por tanto no antes de las once de la mañana. Lo anuncio puesto que la reforma del Estatuto de Autonomía debe tener carácter orgánico.
Pasamos a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos. En primer lugar, la enmienda a la disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 162; en contra, 114; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 177; en contra, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 162; en contra, 128; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria al efecto.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 20.425.257.360 PESETAS PARA ATENDER COMPENSACIONES DE TASAS UNIVERSITARIAS Y OTROS GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 22/1997, DE 5 DE DICIEMBRE.
(Número de expediente 121/000095)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, al proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 20.000 millones de pesetas para atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura. Han presentado enmiendas los grupos Mixto y Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, mantienen una enmienda, dentro del Grupo Mixto, el señor Alcaraz y la señora Rivadulla.
Señor Alcaraz. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna en nombre de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya para hacer una intervención que no deberá ser prolongada porque trata de la defensa, exclusivamente, de una enmienda viva a este proyecto de ley de créditos extraordinarios para diversas actuaciones en materias relacionadas con el Ministerio de Educación y Cultura. No se oculta a sus señorías que el elemento clave del debate, tanto en la ponencia como en la Comisión y hoy mismo en el Pleno, por las enmiendas que llegan, está en torno a una cuestión concreta relacionada con las tasas universitarias y que más allá del debate de algunas de esas enmiendas nos enfrentamos directamente con un problema político... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Alcaraz.
¡Señorías, les ruego silencio! (Pausa.) Continúe, señoría.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que nos encontramos con un problema político muy importante. En definitiva, esta Cámara tendrá que realizar en su día un debate en profundidad sobre una cuestión cada vez más acuciante, y es el de un sistema de financiación estable para las universidades españolas. Definir ese modelo de financiación es la garantía principal junto con la regulación del sistema de profesorado y de acceso a la universidad para una universidad con futuro para nuestros jóvenes y para nuestro país. Sin embargo, en muchas ocasiones, desde que gobierna el Partido Popular, se ha entendido esta cuestión como un problema de relación cuando no de claro enfrentamiento entre los poderes públicos y, entre comillas, los poderes universitarios, aquellas personas que democráticamente, según la legislación vigente, tienen encomendado el gobierno de las universidades.
Reducir el problema, dado el marco competencial, a que es exclusivamente de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de educación universitaria es simplificar la cuestión. Por tanto, no nos encontramos tampoco hoy en este debate ante un simple problema de relación entre las demandas potencialmente infinitas, según algunos, de las autoridades universitarias y el rigor presupuestario que quieren aplicar los poderes públicos, en este caso el Gobierno. En definitiva, o a ese esquema se le resta esa simplificación y se introduce en un horizonte mucho más certero, mucho más real, que es cómo se está resintiendo la educación universitaria, la investigación, la estabilidad del profesorado, la llegada de más jóvenes a la educación universitaria, o el problema en su conjunto no se puede entender, insisto, en lo que tiene de político.
Lo que hoy vamos a debatir es importante. Estamos hablando de bastantes miles de millones de pesetas, pero no deja de ser seguramente un problema mínimo ante la cuestión de fondo, ese disentimiento del Gobierno que ya comienza a ser clamoroso en materia de financiación autonómica. Por eso mantenemos la enmienda. Quizás alguien diga que de manera testimonial, pero no estará de más que en esta tribuna, al menos desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya

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como seguramente desde otros grupos parlamentario, se alce la voz ante un desatino que se viene prolongando ya demasiado tiempo. También mantenemos la enmienda porque creemos que es una cuestión de justicia, porque las universidades deben recuperar la minoración en sus ingresos por tasas académicas en los tres cursos anteriores, lo que se derivó por la modificación en sede parlamentaria del concepto de familia numerosa que hacía que se trasladara el problema --tenía que haberse adoptado en su día una solución política a una cuestión que se iba a plantear--, sin más, a las diversas universidades del Estado español y a todas las ha afectado por igual, en unas con unas cuantías mayores y en otras menores pero el problema está bien presente, como reiteradísimamente pienso que a todos los grupos de la Cámara ha planteado la Conferencia de rectores españoles, la CRUE, el Consejo de Universidades y, en definitiva, todos los interesados legítimamente en la cuestión.
Planteado en esos términos el problema --un problema que se ha dilatado, como digo, durante años--, querer solucionarlo ahora exclusivamente introduciendo la cuestión en medio de un conjunto de actuaciones dispersas que afectan al Ministerio no parece ni lo más serio ni lo más sensato. Da incluso la impresión de que se ha intentado rehuir un poco la magnitud del problema poniéndolo junto a otras actuaciones, que seguramente son necesarias y que también reclamarían un crédito extraordinario, pero que no tienen la importancia de la cuestión a la que ahora me estoy refiriendo.
Curiosamente en el proyecto se da una salida a un curso académico, pero no a los anteriores, es decir, se establece un sistema para solucionar un curso, pero en el proyecto inicial nada se decía sobre qué iba a suceder con aquella minoración que se había producido en los cursos precedentes.
En la ponencia se anunció por parte del Grupo Popular, a instancias, entendemos, de Convergència i Unió --y por ello felicitamos al Grupo Catalán (Convergència i Unió)-- que se propondría una transaccional que permitiera la inclusión de 7.000 millones de pesetas para compensar esos cursos precedentes. Saludando esta idea, sin embargo hay que advertir --y estaba, yo creo, en la mente de todos los ponentes y miembros de la Comisión-- que esa cifra es claramente insuficiente y, además, es una cifra aleatoria, una cifra que no se sabe muy bien de dónde sale. Es el fruto ciertamente de un acuerdo político entre una enmienda anterior del Grupo Catalán, que pedía 10.000 millones de pesetas y el proyecto del Gobierno, que no preveía nada, y se llega a una cifra de 7.000 millones de pesetas, pero en sí mismo no entendemos muy bien cómo se va a aplicar para resarcir esa minoración de ingresos de los años anteriores.
Hay que recordar que el Gobierno ha visto en los últimos años cómo se aprobaban enmiendas a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado o proposiciones no de ley que le obligaban políticamente a evaluar el perjuicio sufrido por las universidades; es decir, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que le sustenta, al menos, deberían haber estado en condiciones de acudir a la Comisión aportando unos datos reales que no son, por otro lado, difíciles de conseguir porque cualquier universidad los tiene y creo yo que el Gobierno también, donde quede clara cuál es la deuda moral y política contraída con las universidades. Ese estudio no está, no lo conocemos.
Por lo tanto, la cifra de 7.000 millones de pesetas, la de 10.000 millones de pesetas o cualquier otra que ronde este número que se esté barajando parten --insisto-- de un puro acuerdo político sin un refrendo en la realidad de los hechos y de las matemáticas. En definitiva, el Gobierno ha incumplido el deseo de la Cámara de que aportara ese estudio.
Es curioso que en el proyecto se reconozca que la compensación por un curso sea de más de 7.600 millones de pesetas y que lo que se acuerde sea conceder 7.000 millones de pesetas para tres años. Si aplicáramos la cifra que se da para un año, nos acercaríamos al menos a una enmienda del Grupo Socialista que nosotros vamos a votar favorablemente y que lo evaluaba en 8.000 millones de pesetas por año. Eso al menos se compadece con la propia cifra que el Gobierno incluía en el proyecto, pero no esa indeterminación tal y como queda. Pero además ahora planean las siguientes preguntas: ¿cómo se va a distribuir entre las universidades? Se decía: previa justificación. Lógicamente, eso es una perogrullada.
Pero teniendo en cuenta que es una cifra insuficiente, ¿qué criterios se van a seguir? ¿La universidad que pida antes? ¿Se va a prorratear lo disponible entre todas por los años anteriores? Nos tememos que, además de los problemas que han existido hasta ahora, se pueden producir nuevos agravios y situaciones de inseguridad jurídica.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, vaya concluyendo.


El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, señor presidente.
Por eso mantenemos nuestra enmienda, que, como decía al principio, es claramente política y que pide arbitrar los medios para que se abone íntegramente lo adeudado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor presidente.


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Señorías, voy a intentar defender el voto particular y las enmiendas que Izquierda Unida mantiene a este proyecto de ley que actualmente está en vigor como decreto-ley.
La verdad es que si nuestro grupo estuviese en el Gobierno, si yo fuese miembro del Gobierno, consideraría que esto sería una joya de tramitación parlamentaria. El Gobierno vino aquí pidiendo un crédito extraordinario de 13.000 millones y va a salir de aquí con un crédito extraordinario de 20.000 millones. Hemos dicho: mire usted, ha pedido poco; le vamos a dar 7.000 millones más. Esto es una joya de la previsión presupuestaria porque, además, de la discusión en la Comisión ha salido una innovación revolucionaria en cuanto a los créditos extraordinarios, ya que se dice que para el curso 1998/1999 y para los siguientes. En una disposición adicional de un crédito extraordinario le hacemos una previsión al Gobierno de unos volúmenes de dinero mayores de los que ahora mismo puede haber. No, un crédito extraordinario no hace eso, lo hace una ley de presupuestos, y cada año, cuando se hace un presupuesto, se mide cada una de las actuaciones. Además, el Gobierno, bajo la pretensión de que estamos hablando de tasas universitarias, aprovecha e introduce toda su imprevisión presupuestaria en el crédito extraordinario y nos encontramos con que a través de las tasas universitarias vamos a dar un dinero para suministro y energía eléctrica, para dietas e indemnizaciones, para museos, locomoción y desplazamientos; es decir, vamos a pagar con remanentes de tesorería una serie de actuaciones que son típicas de la previsión presupuestaria.
Nosotros queremos limitar este crédito extraordinario a lo que de verdad es el objetivo del crédito: las tasas universitarias. Por eso, las modificaciones que se han introducido recogen una evolución de la discusión que tuvimos en la Cámara. Dijimos que una familia numerosa lo era a partir de un número de hijos y las universidades, en los cursos posteriores a esta decisión, han tenido menores ingresos. Las universidades, que tenían una previsión de ingresos por tasas universitarias, al tener que declarar exentos de pago a algunos jóvenes, han tenido menos ingresos. Esa es la previsión de un crédito extraordinario: como una decisión de esta Cámara ha afectado a las universidades, dotémoslas de unos recursos extraordinarios para pagar esa decisión de esta Cámara que, como digo, ha supuesto una determinada cuantía. Sin embargo, no podemos utilizar un crédito extraordinario para planificar algo que debe obedecer a una previsión de ordenación de cada uno de los años. Le voy a poner un ejemplo. Hemos introducido 220 millones de pesetas para lo que pudiéramos llamar el programa comunitario Erasmus 1996/1997. ¿Es que el Gobierno no sabía que teníamos ese programa Erasmus? ¿Se ha equivocado en 200 millones en relación con el programa? Eso no es una actuación extraordinaria, sino totalmente ordinaria, pero se introduce aquí porque, ya que no estaba, damos este dinero.
Señorías, las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida pretenden que el objetivo del proyecto vaya dirigido a lo que es extraordinario, a lo que ha sido provocado debido a que las universidades tienen menos ingresos como fruto de esta decisión de la Cámara, pero no a hacer frente a todas las imprevisiones presupuestarias del Gobierno. La verdad es que, como fórmula de actuación, no es la más ejemplar. Además, fíjense ustedes en que hacemos recomendaciones para los próximos presupuestos desde una ley y esa no es manera de funcionar. Bajo mi punto de vista, esto es incluso una forma de contentar a los que tienen dudas de que el Gobierno tenga una previsión. Los presupuestos del año que viene se van a redactar por parte de la Administración en mayo de este año y se van a discutir en esta Cámara en septiembre, pero ya estamos diciendo al Gobierno, por si acaso se le olvida, que añada unos 7.000 millones que vale esto. Desde luego, decir eso desde una ley a un Gobierno es una innovación, dentro de la discusión de la Cámara, que no tiene nada que ver con la tradición, ni con lo que es una actuación programada, ordenada presupuestariamente a nivel de ingresos y de actuaciones hacia el exterior.
En todo caso, como hay enmiendas que se mantienen, diré que nosotros vamos a votar a favor de la enmienda del Grupo Mixto. Hay otras enmiendas que se presentaron en Comisión y que no fueron aceptadas --por ejemplo, la del Grupo Parlamentario Socialista-- que pretendían que la cantidad de dinero a aportar a las universidades por esta decisión era mayor, según los datos de que disponían. Nosotros no tenemos ningún problema en que se recoja el dinero dirigido a compensar el costo que esta falta de previsión ha supuesto para las universidades, desde 1994 y 1995 hasta el año actual, para el que ya tenemos los presupuestos aprobados. Recuerdo que, en Comisión, Convergència i Unió cifraba el importe de esta compensación en 10.000 millones, y es verdad que el consenso que se alcanzó en la Comisión fue fijarlo en 7.000, que era el importe que se recogía en la enmienda del Grupo Popular. La valoración que tiene el Grupo Parlamentario Socialista es mayor. Con cualquiera que sea la evolución, circunscrita a los efectos que la reducción de tasas académicas por razón de familia numerosa cause en las universidades, nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien, creemos que es una chapuza presupuestaria pagar dietas de locomoción, indemnizaciones y desplazamientos o programas que deben estar recogidos en los presupuestos, y no lo vamos a respaldar.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.


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No queda ninguna enmienda más viva de ningún grupo parlamentario.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervenimos en el debate sobre el proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios para atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura.
Por la Ley de acompañamiento de 30 de diciembre de 1994, se amplió el concepto de familia numerosa establecido en la Ley de 1971 hasta comprender a las familias que tengan tres o más hijos. En esa misma disposición se señalaba que los beneficios previstos en las tasas universitarias se iniciarían en el curso académico 1995-1996. Eso, señorías, se ha venido incumpliendo, no se ha consignado nada para estos conceptos y ello ha originado déficit en las economías de las universidades por cuanto que éstas sí cumplieron el mandato legal de admitir a los alumnos que procedían de familias numerosas. Por ello, como la Ley General Presupuestaria prohibe contraer obligaciones que no sean del propio ejercicio, es necesaria la concesión de créditos extraordinarios para la cobertura de este déficit que se viene originando desde el curso 1995 en las universidades españolas.
Es cierto que, por aquello del Pisuerga, se han añadido también otros conceptos del Ministerio de Educación y Cultura. La realidad es que en Comisión se logró la ampliación de 7.000 millones y, aunque no fue sobre la base de un documento concreto y un estudio determinado enviado por el ministerio correspondiente, lo cierto es que ello va a aliviar muchísimo la situación deficitaria de nuestras universidades.
Esta es la razón por la que Coalición Canaria va a apoyar este proyecto de ley referente a los créditos extraordinarios que se especifican en la exposición de motivos, aumentados en estos más de 7.000 millones logrados en Comisión.
Consideramos también importante señalar que quizá falta en nuestro país una ley de congruencia, porque se aprueban leyes que tienen repercusión económica y financiera, pero sin que luego se doten los presupuestos. Por ello, para que sirva de mayor esperanza e ilusión para nuestros magníficos rectores, se añadió una disposición adicional nueva, que dice que para los cursos 1998-1999 y siguientes, el Gobierno preverá en los Presupuestos Generales del Estado para 1999 y siguientes las correspondientes partidas presupuestarias que compensen a las universidades públicas por la pérdida de ingresos derivada de la reducción de tasas universitarias a las familias con tres hijos a causa de su consideración como familias numerosas.
Esperamos que la distribución de las cifras que se pretenden aprobar hoy serán suficientes para resolver el déficit de estos años, pero también consideramos que ello supone un avance muy importante en la liquidez de nuestros centros universitarios de alta calidad.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Quisiera intervenir en nombre de mi grupo para explicar y justificar mínimamente nuestro voto en contra de todas las enmiendas que plantean los demás grupos parlamentarios a este proyecto de ley de crédito extraordinario.
Quiero recordarles, señorías, que si estamos debatiendo en estos momentos este proyecto de ley es por iniciativa de mi grupo parlamentario que en el momento en que se convalidó por la Cámara el crédito extraordinario solicitó la tramitación en forma de proyecto de ley, precisamente para poder realizar el debate que han suscitado las enmiendas que han presentado todas SS. SS. y que ha dado lugar a un consenso en el trámite de ponencia y Comisión, que puede ser valorado como insuficiente pero que en sí mismo es positivo. Nadie podría en esta Cámara justificar que el esfuerzo que se ha hecho por mi grupo, por el Grupo Parlamentario Popular y por otros grupos parlamentarios que dieron apoyo para llegar a este consenso de las enmiendas que se han incorporado en Comisión no es positivo para el fin que nos impulsa a todos los grupos, que es compensar a las universidades del efecto que tuvo en el año 1994 la medida que se tomó de reducción de tasas académicas por razón de familia numerosa.
Quiero recordarles, señorías, y especialmente al Grupo Parlamentario Popular, que hoy entra en vigor la medida por la que a partir de dos hijos ya se es familia numerosa si uno de ellos es minusválido, lo que va a ser causa para tener derecho a una deducción en las tasas universitarias, y que con ello crecerán todavía más las reducciones, aunque tampoco conocemos el impacto específico que va a tener esa medida que ahora entra en vigor en cuanto a los ingresos que por tasas vayan a tener las universidades. Por tanto, en el debate de presupuestos para el año 1999 vamos a tener que debatir sobre la previsión económica que atienda esta medida y podremos entonces valorar si la que tomamos hoy es plenamente suficiente o hay que complementarla o revisarla.
En ese sentido, señor presidente, se justifica nuestro voto en contra a las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.


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Mi grupo proponía 10.000 millones más, otros grupos proponían una cantidad mayor y se han aprobado 7.000 millones. Lo que se ha hecho en esta ley, señorías, es resolver el futuro bien, es poner en la ley la obligación de que cada año en los presupuestos se prevea la suficiente compensación por la reducción de tasas en razón de familia numerosa y que en el ejercicio 1998/99, en el que estamos, se asegure la compensación a las universidades, al igual que para los futuros ejercicios, con lo cual el problema no lo vamos a agravar, sino se va a resolver definitivamente para el futuro el impacto de esa reducción sobre los ingresos universitarios. En cambio, en cuanto al pasado, hay que ver de qué forma se termina de reconducir el problema.
Se apoyan ahora unas enmiendas que proponen una mayor cantidad de las que hemos aportado en el trámite de ponencia y Comisión. Mi grupo estaría encantado de aceptar una previsión en esas cuantías, no tendríamos ningún obstáculo. Lo que sucede es que el marco presupuestario aprobado para el año 1998 nos obliga a todos y especialmente a los grupos que hemos aprobado estos presupuestos. Entendemos que los 7.000 millones que se incorporan para compensar la decisión que se tomó en el año 1994 es una cantidad a cuenta. No se establece ninguna periodicidad. Se dice: se compensa en 7.000 millones a las universidades, que deberán presentar los correspondientes justificantes y reclamaciones y deberán justificar las minoraciones efectivas que han tenido en sus respectivos presupuestos.
Entonces, respecto a futuros ejercicios, y sobre la base de un conocimiento exacto de cuáles deben ser esas cantidades a compensar, yo creo que se puede volver a tomar alguna decisión que termine de complementar esa necesaria compensación a las universidades por reducción de tasas.
Esta es la posición de mi grupo. Creemos que hay que valorar positivamente el paso que se da, que es importante. También se resuelve el futuro y emplazamos a que en el debate de presupuestos para el año 1999, con motivo de la medida que ya entra en vigor hoy por la que se modifican las cláusulas de definición del concepto de familia numerosa, se dé lugar a una revisión de ese mecanismo de compensación y terminar así de resolver bien este problema. Esta es nuestra posición y la razón que justifica nuestro voto en contra de estas enmiendas, que no quisiéramos que se interpretara políticamente como que estamos en desacuerdo con que se compensen a las universidades por estos efectos porque estoy seguro que nadie desea esta posición, ni el Grupo Popular ni nosotros ni ningún otro grupo parlamentario.
Invitaría a los proponentes de estas enmiendas, no a retirarlas, evidentemente, porque no me atrevo a decírselo, pero sí a que emplacemos el resultado final de este deseo que todos tenemos de compensar plena y definitivamente a las universidades, por el efecto del pasado, como consecuencia de la disminución de los ingresos que han tenido por la medida que se tomó con la incorporación de una reducción por familia numerosa.
Señor presidente, esta es la posición de mi grupo. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, debo aclarar que la intención del Grupo Parlamentario Socialista era la de mantener las enmiendas presentadas en Comisión, pero es cierto que, a partir de un desafortunado malentendido que atribuyo a mi propio grupo, técnicamente no ha sido posible. En cualquier caso, anuncio que las enmiendas que presentamos, y a las que se refería hace un momento el señor Homs, vamos a presentarlas en el trámite del Senado. Es cierto que ha habido un problema técnico en Comisión, porque un dilema de coordinación interna del propio Grupo Parlamentario Socialista hizo que se interpretara mal la posición que el grupo defendía en este tema. En cualquier caso, nos hubiera gustado mantener estas enmiendas, como decía el señor Homs, pero no ha sido posible.
El punto central que estamos discutiendo hoy en relación al crédito extraordinario, la compensación a las universidades por tasas universitarias, parece que ha estado en su proceso plagado de malentendidos, empezando por el que reconozco y atribuyo al propio Grupo Socialista. En este turno de fijación de posición, quiero aclarar algunos malentendidos producidos a lo largo de este proceso y que no son precisamente a los que me refería de coordinación interna de mi propio grupo. La compensación a las universidades por la exención de tasas empezó mal al plantear este crédito extraordinario a través de un real decreto, puesto que figuraba una partida de más de 7.000 millones de pesetas para compensación a las universidades. Debido a que todos estábamos esperando desde hace dos años que el Gobierno diera algún paso en este sentido, ya que los rectores habían venido reivindicando, de forma reiterada, esta deuda que se iba acumulando año tras año producida por la entrada en vigor de la ley que ampliaba el concepto de familias numerosas, al leer la primera vez este real decreto, todos pensamos que estos 7.000 millones eran el primer paso para empezar a compensar a las universidades por este concepto. Incluso los propios rectores lo pensaron y algunos medios de comunicación llegaron a anunciar que había llegado ya la tan esperada compensación a las universidades por esta deuda. En cualquier caso, quedó claro que esta partida se refería a becas y a ayudas al estudio de carácter general para el curso 1995-1996.


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Por tanto, en este real decreto no había nada, por este concepto, para compensar a las universidades la minoración de ingresos sufrida a partir de la entrada en vigor de la normativa que ampliaba el concepto de familia numerosa en el curso 1995-96.
Es verdad que la tramitación como proyecto de ley de este real decreto se produce a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), precisamente para poder introducir alguna cantidad que satisfaga la demanda de los rectores. Las reivindicaciones de los responsables universitarios se han producido reiteradamente a lo largo de estos dos últimos años y, a su vez, ha habido promesas por parte de la señora ministra de Educación y Cultura y de algunos responsables del Ministerio, tanto en público como en privado, de que el problema se iba a solucionar inmediatamente. Han pasado dos años y no ha sido solucionado. En cualquier caso, reconocemos que estos 7.000 millones de pesetas son el inicio, son un pequeño avance en esta dirección, pero ha habido diferentes oportunidades para que en estos momentos pudiéramos estar bastante más satisfechos de lo que podremos salir hoy, una vez se haya votado este proyecto de ley.
Quiero recordar que hubo dos iniciativas parlamentarias importantes. Una, también del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a través de una enmienda transaccional al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, que no se cumplió. En la disposición adicional se establecía que el Gobierno estudiaría fórmulas para compensar de forma inmediata a las universidades. Quiero recordar también que se aprobó una proposición no de ley en la Comisión de Educación y Cultura, por unanimidad, por la que se instaba al Gobierno a que en el plazo de un mes arbitrara también los mecanismos necesarios para realizar estas compensaciones y que, además, se haría a partir de un estudio en el que se valoraran cuáles eran las cuantías de esta minoración de ingresos.
Este estudio, hasta la fecha, no ha llegado; nos estamos moviendo en el terreno de las estimaciones, de las especulaciones. Desde el Gobierno se habla de 7.000 millones de pesetas al año, los rectores hablan de 8.000 millones al año --estamos entre los 7.000 y los 8.000 millones-- y creo que, a estas alturas, podíamos tener datos bastante más fiables sobre este tema. Evidentemente, se habilitan 7.000 millones, que vamos a ver cómo se reparten, porque no se atribuyen a ningún curso en concreto. En cualquier caso, 7.000 millones cubrirían las necesidades de un solo año y quedan pendientes dos años más.
Respecto a la disposición adicional en la que se manifiesta la intención y la voluntad de, en los próximos años, prever en la ley de presupuestos cuáles son las necesidades para realizar estas compensaciones, es evidente que está muy bien, pero que no son más que intenciones y voluntades cuando se supone que son obligaciones que el Gobierno debe prever precisamente en una ley de presupuestos.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que la habilitación de estos 7.000 millones de pesetas está bien para empezar, pero que es del todo insuficiente para la Universidad, la cual, aparte de este problema --que, aunque sea muy importante para su día a día, es un pequeño problema de financiación--, tiene otros problemas de financiación, también importantes, que en algún momento deberemos discutir y abordar. No podemos aprobar leyes, en este caso de protección de las familias, que está muy bien, a costa de las universidades, que en este momento están actuando casi como entidades financieras, avanzando dinero y pagando igualmente los costes de las plazas de los universitarios que tienen bonificaciones o exenciones de tasas.
En cualquier caso, es necesario abordar el tema de la precaria financiación. No le podemos añadir más corsés. El Grupo Parlamentario Socialista seguirá insistiendo en que es necesario solucionar de forma inmediata el problema de compensar a las universidades no sólo por valor de 7.000 millones, sino de 24.000 millones, más o menos. Esperamos que esta habilitación de los 7.000 millones sirva también para afinar bastante más los números y que podamos saber exactamente de una vez si estos 24.000 millones que están pendientes son reales o no, y continuaremos reivindicando que se habiliten recursos para saldar esta deuda con las universidades.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Popular en el proyecto de ley que primero vino como convalidación de decreto-ley y que a iniciativa de Convergència i Unió, apoyado por el Grupo Popular y los demás grupos de la Cámara, se ha tramitado como proyecto de ley. Creo que todos los grupos están fundamentalmente de acuerdo en el primer crédito extraordinario, es decir los trece mil y pico millones de pesetas que pedía el Gobierno, pero el propio Grupo Popular presentó una enmienda solicitando 7.000 millones más para el concepto de familias numerosas.
Estoy totalmente de acuerdo con las posiciones que han fijado anteriormente tanto el representante de Coalición Canaria como el señor Homs, por parte de Convergència i Unió. Esto es un paso importante para ir resolviendo el tema de que las universidades financien a las familias numerosas en función de una ley aprobada por esta Cámara. Traía la alegría de la ponencia de que la enmienda transaccional a que habíamos llegado había sido votada por la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, excepto Izquierda Unida, pero me llamó la atención que teóricamente se mantenían por parte del Grupo Socialista

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las enmiendas 3 y 4. Ahora se ha comprendido que no se podía haber traído en el orden del día el mantenimiento de las citadas enmiendas, y el Grupo Socialista lo explica diciendo que ha habido una descoordinación o problemas internos, en los cuales no quiero entrar.
Sí quiero entrar, señor presidente, señorías, en un tema. Se ha dicho aquí --y estoy totalmente de acuerdo-- que a costa de las universidades no se puede favorecer a las familias numerosas. Recuerdo a SS. SS., y especialmente a la representante del Partido Socialista, que en la legislatura anterior, en el año 1994, aprobamos en esta Cámara que la familia con tres hijos tuviese carácter de familia numerosa, eso se debió recoger en el presupuesto del año 1995, y automáticamente al haberse prorrogado el de 1995 a 1996, se podría haber hecho. Sin embargo, esto no se hizo, y es el Gobierno que toma posesión en el mes de mayo, el que se tiene que hacer cargo de ello. Es muy fácil que por otros grupos --y no lo digo por Izquierda Unida, porque no ha gobernado-- se pidan ahora miles de millones de pesetas por un error o por algo que el Partido Socialista no hizo cuando estuvo en el Gobierno. La cifra es aproximada, pueden ser 7.000, 7.500 ó 6.800; veremos la justificación que tienen que presentar en estos momentos los titulares del carné de familia numerosa.
Además, como bien decía el señor Homs, ha sido aprobado en esta Cámara que si el segundo hijo es discapacitado, esa familia tiene el carácter de numerosa, y podrá variar en más o en menos.
Finalmente quiero decir, señor presidente, que la disposición adicional a que se había hecho referencia por parte de algún otro portavoz, más que un recordatorio es una obligación para que esta Cámara, a fin de que en los presupuestos del año 1999 se fije la partida correspondiente para familias numerosas.
El Grupo Popular va a votar en contra de las enmiendas de Izquierda Unida, puesto que las del Partido Socialista no están vivas y votó la enmienda transaccional en la Comisión. Nuestro grupo encuentra positiva esta fórmula para ir resolviendo un problema que indudablemente había dejado el Gobierno anterior, pero como los presupuestos y los gobiernos no se pueden dejar a beneficio de inventario, este Gobierno tiene que ir resolviendo este tema que nos dejó pendiente, como otros muchos, el Partido Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Guerra.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 5.647.019.074 PESETAS, PARA ATENDER EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 1995. (Número de expediente 121/000100) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No existen enmiendas al dictamen del proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario a las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha.


--PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LA REGION DE MURCIA. (Número de expediente 127/000004)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a las enmiendas del dictamen sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para la región de Murcia. Han sido presentadas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, que se tengan por defendidas y sean sometidas a votación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.--El señor Ríos Martínez se incorpora al salón de sesiones.) Señorías, vamos a proceder a la presentación y defensa de sus enmiendas por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida al dictamen de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Para ello tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, nos encontramos hoy en el trámite final de reforma del estatuto de autonomía que tuvo como origen una proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de la Región de Murcia. Izquierda Unida mantiene hoy para el trámite de esta sesión dos votos particulares y unas enmiendas.
¿Por qué Izquierda Unida mantiene estas enmiendas si se había producido consenso en el ámbito de la Asamblea de la Región de Murcia? Pues por una razón muy sencilla: porque en el trámite se han producido modificaciones al consenso que se había establecido en aquella región entre Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Creemos que en este trámite, bajo la argumentación en algunos casos real de mejora técnica, se ha producido una minoración competencial en elementos importantes para la región. Se ha producido un movimiento competencial, puesto que lo que de allí venía como competencia exclusiva en régimen local, lo que venía como competencia exclusiva en otras vertientes, se ha trasladado a no ser competencia exclusiva de la Región de Murcia. Por tanto, creemos que se modificado el grado de consenso allí producido,

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y al modificarse mantenemos hoy para el Pleno tres grandes bloques de propuestas: recuperar a través del voto particular las competencias exclusivas que en la Región de Murcia se habían producido, y añadir como competencias exclusivas lo que pudiéramos llamar una evolución similar o parecida, a la que se ha dado en otros estatutos de rango similar a éste; por tanto, proponemos que las competencias en sanidad e higiene, que en otros estatutos de autonomía como el de Aragón están en competencia exclusiva, o las competencias de montes y vías pecuarias, que en otros estatutos están en competencia exclusiva, pasen a ser competencia exclusiva de esta comunidad autónoma.
El segundo rango de las propuestas es que competencias que están en régimen de ejecución pasen a competencias de desarrollo legislativo, fundamentalmente por los problemas que pueden ocasionar. Por ponerles un ejemplo, si el Inserso como transferencia recibida por la comunidad autónoma está en ejecución, generará un problema con la parte de servicio social que ya tiene el Issrm dentro de la propia región. En concreto, los centros de tercera edad de gestión propia que tiene la comunidad podrán ser regulados y articulados, mientras que los que recibe el Inserso, que vienen a ser los mismos pero con una relación determinada, no van a poder ser regulados.
Por último, señor presidente, una de nuestras enmiendas pretende introducir como institución de la Asamblea de la Región de Murcia la figura del Defensor del Pueblo. Esta propuesta no ha sido aceptada por el partido mayoritario en la región y en esta Cámara bajo la argumentación de que no vino propuesta por la propia Asamblea Regional.
Esa argumentación puede tener un peso, pero no vino porque el partido mayoritario no aceptó incluir esta figura para una región que con este estatuto de autonomía va a recibir un techo competencial casi del 31 por ciento de la capacidad del poder del Estado; va a recibir educación, va a recibir sanidad, que completan todo lo que es el volumen actual de la situación competencial de la región.
Si eso fuese un devenir similar para todas las comunidades autónomas, nosotros entenderíamos que esa figura pudiera no ubicarse; pero es que ayer mismo vimos como para el Estatuto de Autonomía de Cantabria sí se recogía la creación de la institución del Defensor del Pueblo. ¿Por qué razón para Cantabria, con el techo competencial que tiene, es bueno que exista la figura del Defensor del Pueblo y para la Región de Murcia no? ¿Cuál es la razón que sostiene el partido mayoritario para que esto no pueda producirse? De verdad que en ninguno de los debates que hemos tenido he entendido una ventaja. Se utilizó para el tema competencial y podría decirse: bueno, de la asamblea venía un techo competencial, ¿cómo es que aquí se ha resituado? Se dice que este Parlamento no recibe una propuesta y la tramita sin ninguna adecuación; este Parlamento puede modificar lo que viene de las comunidades autónomas como proposición. Ese es el razonamiento que traigo a SS. SS. para que no se produzca una situación negativa.
La idea es que en función de cómo estamos en cada sitio, los partidos mayoritarios mantienen una posición u otra. Eso no es válido. No es válido que partidos que tienen un diseño, un modelo de Estado, un proceso del Estado de las autonomías o del modelo federal del Estado resulte que para una comunidad tengan una previsión competencial y distinta previsión para otras. Fíjense que todos los estatutos de autonomía, desde el año 1994, tienen la competencia de educación y no está en las comunidades autónomas, porque lo que marca el estatuto es la orientación, el objetivo a conseguir por parte de un pueblo con la velocidad y con el procedimiento que cada parlamento vaya determinando.
Eso es lo que estamos defendiendo hoy, que esa figura que ha sido respaldada en todos los trámites en la asamblea, en el debate de ponencia, en el debate de Comisión, por una parte de esta Cámara que llegó al acuerdo y lo firmó allí, tenga un referente equilibrado en todo el marco estatutario. Ese es el objetivo de nuestras enmiendas y por eso hemos mantenido voto particular a la reubicación competencial que se ha producido, que en régimen local es muy importante para la Región de Murcia y muy diferente a otras comunidades, puesto que ustedes saben que mientras en determinadas regiones de nuestro país, como pueden ser las dos Castillas, cualquier núcleo de población es un municipio, en nuestra región en cada municipio hay núcleos de población que se llaman pedanías y algunas de ellas pueden tener 20.000 habitantes, como es el caso de El Palmar, o 12.000 habitantes, como en un sinfín de ellas. Fíjense que en Murcia hay 52 pedanías dentro del propio municipio y de los 340.000 habitantes viven unos 150.000. Por tanto, estamos pidiendo la posibilidad de que esa realidad tenga una regulación, y si no se recoge con este techo competencial no se podrá hacer allí porque la ley de bases desarrolla un marco que nosotros podemos especificar, pero si esa ley de bases no crea una figura distinta a la entidad local menor que, como ustedes saben es una figura para una descentralización territorial de zona rural alejada o distanciada del núcleo urbano, que no es el caso del que estamos hablando aquí, no se podrá hacer frente a eso. Si esto no se hace, ¿qué favorecerá? Las peticiones de segregación, porque núcleos importantes dirán: ya no estamos de acuerdo, preferimos segregarnos y constituirnos en municipio. Eso es lo que estaremos fomentando si no hacemos frente a esta medida.
Nuestro objetivo, señor presidente, es alegrarnos de que la Región de Murcia llegue a un techo competencial importante, que se fortalezca la vida del Parlamento, aunque una de nuestras enmiendas es fortalecer la

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Asamblea frente al Parlamento, así como la capacidad de todos y cada uno de los estatutos de autonomía; pero nosotros estamos viendo que el trámite parlamentario va siendo de ajuste diferente. Hasta Aragón, llegamos aquí; luego se ha producido todo lo que viene después de Castilla-La Mancha y aquel pacto va a ser más o menos similar, pero es que estamos viendo que en La Rioja se está produciendo una discusión diferente y en Cantabria otra distinta. Lleguemos a un consenso para lo que son derechos de las distintas comunidades autónomas. Tiene que haber hechos diferenciales y techos competenciales que pueden ser totalmente distintos en función de la realidad de cada una de las comunidades y de cada uno de los pueblos, pero no es lógico que no se puedan poner como derecho.
Termino por tanto, señor presidente, diciendo que nuestra voluntad era y es que el trámite parlamentario hubiese mantenido lo que decía el señor Mardones ayer en la discusión del Estatuto de Cantabria: que no se moviera una coma de lo que allí se había negociado y discutido, porque ésa es la verdadera manifestación de parlamentos que fortalecen el autogobierno; en otro caso haremos parlamentos que son corregidos desde el Parlamento nacional, y eso gusta poco seamos nacionalidad, seamos comunidad histórica o seamos comunidad autónoma, porque esta adecuando o limitando las voluntades que en cada uno de los casos pudiéramos tener.
Estoy convencido de que este paso que yo califico de importante, positivo e incluso ilusionante para el próximo futuro, será un paso largo, pero quedarán muchos pasos por dar, puesto que próximas reformas tendrán que abordar lo que hoy dejamos aparcado, cuando si se hiciesen las modificaciones que estamos proponiendo, daríamos muchas perspectivas de estabilidad; el modelo de Estado, señorías, no se puede hacer limitado o condicionado por una mayoría por muy mayoritaria que sea, debe comprometer a todos para que no tenga problemas de confrontación en el marco futuro.
Nada más, señor presidente; nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rios.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con gran brevedad, porque Coalición Canaria va a reiterar aquí, en primer lugar, el argumento expuesto en el debate para la toma en consideración de la proposición de ley traída desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por parte de Coalición Canaria, ese argumento o principio es que estamos siempre fijos en el respeto, con puntos y comas, es decir literalmente, de todo documento que en la iniciativa jurídica de la competencia democrática de una comunidad autónoma llegue a esta Cámara, por respeto al principio para nosotros básico y fundamental del orden democrático reconocido en el Título VIII de nuestra Constitución.
En segundo lugar, porque entendemos que la voluntad soberana que desea el pueblo de Murcia está expresada en primera instancia allí, y solamente en los compromisos que las fuerzas políticas, también representadas en los órganos democráticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puedan traer al Parlamento, el Parlamento por supuesto tiene capacidad soberana de aceptar la enmienda correspondiente. A nuestro juicio, no es éste el caso, y Coalición Canaria por tanto se mantiene en ese principio de respeto al texto literal que sale a través de la iniciativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En tercer lugar, sobre las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, hago también la siguiente traslación del principio. Se pretende crear con una enmienda una figura similar al Defensor del Pueblo. No entro en las razones por las que el órgano democrático de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no lo considera en su texto y, por tanto, me parezca particularmente bien o mal, equivalente o no equivalente, simétrico o asimétrico con otras comunidades autónomas, tengo que respetar el principio soberano de que junto a la visión de cualquier principio también está el respeto a las exclusiones de otras figuras institucionales que puedan existir en los estatutos de autonomía de otras comunidades autónomas y que, por tanto, respeto esa propia exclusión de la figura. Si la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no quiere tener el equivalente a la figura del Defensor del Pueblo, porque además con la legislación general del Estado español en la mano es libre el acceso de todos los ciudadanos al Defensor del Pueblo de todo el Estado español, no estoy privando a ningún ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de un instrumento institucional, porque lo tiene a nivel del Estado en la figura del Defensor del Pueblo del Estado español.
En cuanto a las enmiendas que tratan de hacer modificaciones en el orden administrativo local, vuelvo al mismo principio por extrapolación de la misma idea, que por tanto es precisamente la apertura que tienen democráticamente los órganos institucionales que en este nuevo estatuto, normalizado y modernizado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que ellos puedan presentar las iniciativas de su propio autogobierno. Este respeto al principio constitucional y democrático del autogobierno es el que nos lleva, señor presidente, a votar en contra de las enmiendas presentadas y a apoyar el texto que viene de la Comisión, que es el órgano donde las fuerzas mayoritarias, sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista

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con la representación de una comunidad autónoma de ese Gobierno, han tenido para hacerlo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, tenemos que felicitarnos por haber alcanzado este trámite en la reforma del Estatuto de la Región de Murcia y, en segundo lugar, voy a explicar la posición de mi grupo en relación a dos bloques de enmiendas.
Un bloque de enmiendas hace referencia a la existencia o no de una figura equivalente al Defensor del Pueblo. Mi grupo quiere recordar en que esta figura no aparece contemplada en la proposición de ley que fue enviada por la Asamblea Regional de Murcia; en segundo lugar, que precisamente la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo está tremendamente vinculada a las cámaras legislativas; fíjense que nuestra Constitución define al Defensor del Pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales a estos efectos, y por tanto, si la Asamblea Regional de Murcia entiende que la protección o la función de promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona la puede realizar la propia asamblea a través de la Comisión de Peticiones o se entiende satisfecha con la función que puede realizar el Defensor del Pueblo, en ese sentido no tenemos nada que decir.
Respecto al segundo bloque de enmiendas, relativas a las competencias en materia de régimen local, la posición que sostiene mi grupo es la que ya en su día sostuvo el Tribunal Constitucional --en virtud, entre otras cuestiones, de un recurso planteado por nuestro gobierno-- en su sentencia de 5 de agosto de 1983, sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Efectivamente, pueden existir --nadie lo discute-- diferencias entre comunidades autónomas y esa diferencia puede ser la vía de acceso a la autonomía o puede ser el complejo competencial.
Por tanto, si bien en el texto originario, en la proposición de ley remitida por la Asamblea Regional de Murcia se contemplaban determinadas competencias, como podría ser la materia de régimen local, no es menos cierto que los dos grupos absolutamente mayoritarios en dicha comunidad, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, han presentado una enmienda que si no recuerdo mal debería hoy ser respaldada por todos los diputados en este Congreso de aquella región, salvo por uno. Por tanto, si se ha producido ese replanteamiento por parte de fuerzas políticas casi unánimemente representativas de dicha comunidad, poco vamos a poder decir los que somos diputados por otras circunscripciones.
Por tanto, mi grupo va a mantener el voto favorable al dictamen, no va a apoyar ninguna de estas enmiendas y, a través de estas expresiones, justifica esa posición política que puede ser discutida pero que en cualquier caso es absolutamente coherente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ortiz Molina.


El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar nuestra posición en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia, como trámite posterior al dictamen de la Comisión Constitucional.
Quisiéramos ratificarnos en lo que hemos venido diciendo durante toda la tramitación, y es que desde las filas socialistas entendemos este proceso de reforma como un paso más dentro de un proceso inacabado que ha de conducir a un fortalecimiento de las instituciones de autogobierno de la Región de Murcia, así como a una ampliación de su marco competencial. En esa filosofía entendemos que el paso que estamos dando es firme, adecuado y correcto. En ese sentido, a lo largo de la tramitación hemos observado un principio básico que ha inspirado todas nuestras posiciones, y es el respeto total y absoluto a lo que ha sido un amplio acuerdo en el parlamento regional murciano.
Es cierto que los socialistas hemos presentado dieciocho enmiendas, pero entendemos que todas ellas contribuyen única y exclusivamente a una mejora técnica, y en absoluto cambian ni siquiera inciden en lo que son acuerdos sustanciales adoptados en aquel parlamento regional.
Respecto a las enmiendas que presenta y mantiene Izquierda Unida, tengo que anunciar al voto favorable a las números 51 y 56, que se refieren a la creación de la figura del Defensor del Pueblo. En el parlamento regional el Grupo Parlamentario Socialista mantuvo una posición favorable a esta iniciativa y en coherencia --porque pensamos que podía ser bastante conveniente-- vamos a mantener nuestra posición favorable única y exclusivamente a estas dos enmiendas. Quizá el Partido Popular debería reconsiderar su posición sobre las mismas y prestar su voto favorable, pero entendemos que tienen la misma libertad y autonomía que nosotros para adoptar la posición que estimen más oportuna. En cualquier caso, simplemente queríamos significar que nos parece llamativo que el Partido Popular en unas comunidades autónomas mantenga sobre este asunto una posición y en otras mantenga distinta posición. Ello significa una falta de coherencia que quizá se deba a que el Partido Popular no tenga bien definido lo que es su modelo de Estado, su modelo

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de desarrollo autonómico. Creemos que eso aporta poca coherencia a sus actuaciones, pero insistimos que en cualquier caso nuestra posición, siendo muy firme en lo que nosotros vamos a defender, también es de absoluto respeto sobre la que mantengan los demás grupos políticos.
Para finalizar, quiero manifestar nuestro apoyo favorable al dictamen y nuestra posición concreta sobre estas dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ortiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gamir.


El señor GAMIR CASARES: Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras de felicitación a la Asamblea de la Región de Murcia por el magnífico trabajo realizado, incluso por el grado de iniciativa con que se ha tramitado esta reforma, grado de iniciativa mayor que en otras reformas estatutarias anteriores precisamente por el procedimiento seguido. La felicitación también incluye el grado de consenso que se consiguió en la Asamblea de la Región de Murcia.
Debo destacar que hay normas, como son las constituciones o los estatutos de autonomía y sus reformas, en las cuales es conveniente buscar el mayor grado de consenso posible porque son normas que encuadran toda la vida ciudadana. En otro tipo de normativas, aunque siempre es positivo el diálogo, siempre es positiva la aproximación de posturas, hay momentos en que hay que recurrir al sistema democrático de mayorías y minorías, cuando sin embargo es positivo intentar en lo posible el consenso en normas de este tipo. Estoy seguro que a pesar de las enmiendas planteadas este Parlamento también hará un esfuerzo en la búsqueda de ese consenso.
Quisiera destacar también que esta reforma estatutaria para la Región de Murcia implica una profundización importante en lo que es la autonomía de la región, tanto en temas competenciales como en temas institucionales.
Las enmiendas que se han planteado ante este Parlamento por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista buscan ajustes técnicos, buscan ajustes a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (recordemos el artículo 149.1.18ª y la interpretación jurisprudencial al respecto), e incluso precisamente basándose en esa doctrina jurisprudencial relacionada con este artículo se ha buscado profundizar en ciertos casos en la autonomía de la Región de Murcia. Recordaré así las enmiendas aceptadas en Comisión sobre el sistema de régimen de zonas de montaña, así como las enmiendas relativas al medio ambiente que, insisto, profundizan aún más de lo que había llegado en sí la Asamblea de la Región de Murcia en su propuesta de reforma del estatuto.
Por otra parte, en lo que se refiere a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida haré una breve referencia a las más importantes. En cuanto a la enmienda número 48, dejando aparte lo relativo al régimen de zonas de montaña a lo que ya me he referido, el resto podría plantear conflictividad con el artículo 149.1 --en sus reglas 16ª y 23ª-- de nuestra Constitución. Hay que recordar que es importante la doctrina jurisprudencial, la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto por cuanto dice que colocar una salvaguarda de respeto a la Constitución no impide la inconstitucionalidad de un precepto, que es precisamente lo que puede ocurrir en éste y otros casos de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida. En el tema de asistencia sanitaria de la Seguridad Social destacaré sin embargo la profundización importante que se produce en esta reforma estatutaria en el sentido de que la competencia que queda al Estado es la de la alta inspección, lo cual implica en sí mismo un fuerte incremento de las competencias de la región murciana.
Respecto a la enmienda relativa a la figura del Defensor del Pueblo hay que recordar que en la región murciana existe ya la figura de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Si a esa figura le añadiéramos la del Defensor del Pueblo, nos encontraríamos con que una vaciaría la otra; nos encontraríamos con una contradicción y con una práctica desnaturalización de la figura de la Comisión de Peticiones y de Defensa del Ciudadano. Hay que recordar que las dos figuras, la que se pudiera crear de Defensor del Pueblo y la figura de esa Comisión son comisionados de la asamblea y como comisionados de la asamblea parecería extraño que se creara una para vaciar otra.
Se ha citado que hay reformas de estatutos de autonomía en las que se contempla la figura del Defensor del Pueblo. Puede haberlos. Hay otros, por ejemplo, como el que tenemos en trámite sobre la reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid, en el que no se contempla esta figura. Pero, sobre todo, y reforzando una argumentación que ha sido ya planteada en esta Cámara, lo que no parecería lógico sería imponer por una ley orgánica que en la Región de Murcia se instituyera una figura que la Región de Murcia ha decidido no adoptar.
Quiero destacar que por encima del voto de los distintos partidos está el elemento institucional, profundamente democrático, de que la Asamblea de la Región de Murcia ha decidido no introducir esa figura, y parecería contradictorio que fuera precisamente este Parlamento, con una ley orgánica de Madrid --digamos para entendernos--, el que obligara, en contra de su voluntad, de la voluntad institucional y democrática de la asamblea, que está por encima de los votos de los partidos políticos que forman parte de ella, a introducir esta figura.


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En cuanto a la enmienda número 52, plantea un cambio de competencias en contra del Ejecutivo y a favor de la asamblea, que resultaría --dicho sea en términos coloquiales-- asamblearia al respecto y que va en contra de los planteamientos que los grupos parlamentarios más importantes de la región murciana han defendido en cuanto a una distribución de funciones entre el ejecutivo y la asamblea. La propia Asamblea de Murcia decidió no asumir esas competencias porque consideraba que era más lógico que las asumiera el Ejecutivo.
Existen otras dos enmiendas de Izquierda Unida referidas a la circunscripción electoral. Si la Asamblea de la Región de Murcia hubiera decidido que fuera en el propio estatuto de la región murciana después de su reforma donde figurara la circunscripción electoral, sería lógico recogerlo como se han recogido en los estatutos de autonomía. Pero si la Asamblea de la Región de Murcia ha decidido que no sea en ese lugar, sino que sea de otra manera como se decide la circunscripción electoral, es lo lógico --por el mismo razonamiento antes planteado-- aceptar su decisión y no imponerla desde estas Cortes Generales con una ley orgánica, que sea precisamente en un estatuto y no en otro lugar donde figure el problema de las circunscripciones electorales, no yendo en contra de lo decidido por la Asamblea de la Región de Murcia.
Acabo diciendo que la otra enmienda a la que no prestamos nuestra conformidad es la relacionada con el sistema electoral. Apoyamos lo planteado por la Asamblea de la Región de Murcia porque, de lo contrario, de aprobarse este sistema para las distintas autonomías, nos llevaría a que estuviéramos en España en elecciones continuas, lo cual tensionaría la vida política y no favorecería la convivencia ciudadana.
Por todo ello, con el máximo respeto a las enmiendas de Izquierda Unida, pido a esta Cámara el voto en contra para las mismas, igual que pido a todas SS. SS. el voto favorable para que por ley orgánica se dé un paso adelante en la instalación de la reforma del estatuto de la región murciana.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gamir.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones, quiero informar a la Cámara de que se ha autorizado por la Presidencia que se tome lo que se llaman filmaciones de recurso por un equipo de Radiotelevisión Española que está realizando un reportaje sobre la dedicación de SS. SS. a los trabajos parlamentarios y que piensan resumir dentro del programa Informe Semanal. Espero que no les cause trastornos.
El fin que les guía es dar a conocer mejor el trabajo de SS. SS. y, por tanto, pueden estar tranquilos.
Pasamos a las votaciones. Dictámenes de las correspondientes Comisiones a los proyectos de ley y la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia que han sido debatidos.
Comenzamos por el proyecto de ley por el que se conceden créditos extraordinarios para atender a la compensación de tasas universitarias y otros gastos, del Ministerio de Educación y Cultura. En primer lugar, se vota la enmienda subsistente del Grupo Mixto, presentada por el señor Alcaraz y la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 138; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 15, en contra, 286.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, sometemos a votación los artículos 2 y 3 y la disposición adicional, más la final y los anexos II y III.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 291; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se somete a votación el título, el artículo 1 y anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 179; en contra, tres; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada también la exposición de motivos.
Pasamos a la votación del dictamen sobre el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para atender al déficit de explotación de Feve.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Enmiendas y dictamen a la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de la región de Murcia.
En primer lugar, las enmiendas subsistentes del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sometemos a votación las enmiendas números 51 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 139; en contra, 163; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas y votos particulares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 19; en contra, 284.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, se someten a votación los artículos 11, puntos 1, 8 y 9, y el 19.4.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 286; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos referidos del dictamen.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen en sus propios términos por unanimidad.


VOTACION DE CONJUNTO:

--PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LA REGION DE MURCIA. (Número de expediente 127/000004)

El señor PRESIDENTE: Votación final sobre el conjunto del proyecto por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen con carácter orgánico al haberse superado la mayoría absoluta de la Cámara.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE SUPRESION DE LAS PENAS DE PRISION Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE LAS PENAS DE INHABILITACION PARA DICHOS SUPUESTOS. (Número de expediente 122/000132)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día, debates de totalidad.
Al no haberse presentado enmiendas de tal carácter más que al último de los consignados en el orden del día, será el que se debata a continuación: proposición de ley orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Para la defensa de su enmienda de totalidad con texto alternativo, tiene la palabra la señora Rivadulla, del Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores.) ¡Silencio, señorías, incluido el banco azul! Adelante, señor Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, Nueva Izquierda-Iniciativa per Cataluña presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley orgánica sobre la supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de incumplimiento del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos. Como ya tuvimos ocasión de exponer en el debate de admisión a trámite, creemos que continúan éstas siendo una solución injusta.
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.
Señorías, señor Hernández Moltó; señores Arenas y Arias-Salgado; señor Vera Pro, por favor.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente, por su amparo, ya que es prácticamente imposible hablar. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: En efecto.
Señora Balletbó. (Pausa.) Adelante, señora Rivadulla.


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La señora RIVADULLA GRACIA: Como venía diciendo, consideramos que se sigue sancionando una conducta social que, lejos de producir alarma social, goza de simpatía por gran parte de la población. ¿Qué quiere conseguirse, señorías, con la sanción? Hemos podido observar a lo largo de estos años que cuando las penas eran de privación de libertad y de inhabilitación durante muchos años, la objeción de conciencia no ha dejado de aumentar. Hemos podido observar, señorías --y además desde el punto de vista jurídico legal así se puede ver--, que no se puede hablar de función de resocialización porque estamos hablando, señorías, de un delito de convicción. A nuestro entender, mantener penas privativas de derechos, aunque estas se reduzcan a cuatro años, es absolutamente injusto. Quiero recordar, como ya hice con ocasión del debate de admisión a trámite, que estamos hablando de una inhabilitación que es realmente dura, que se incapacita a estos jóvenes para desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de las administraciones, entidades o empresas públicas o de sus organismos autónomos y, además, se les imposibilita para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo durante el período de condena.
Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre el alcance que pueden tener esta incapacitación y esta inhabilitación en una situación en la que el paro juvenil es extremo, es grave; con esto estamos cerrando las puertas a muchas posibilidades y estamos negando realmente el derecho a la igualdad de oportunidades.
La única solución definitiva, señorías, a nuestro entender, es la puesta en práctica ya y de forma urgente del ejército profesional en el plazo más breve posible. Esta es la obligación del Gobierno y, a nuestro entender, ésta también es la obligación de su socio, Convergència i Unió, que se comprometió a que con su colaboración esta medida del ejército profesional se llevaría a la práctica en el transcurso de esta legislatura, cosa que ya sabemos que no se va a producir.
Nosotros consideramos, señorías, que es un sinsentido que se posponga la profesionalización del ejército y, al mismo tiempo, se tenga que elaborar una normativa para contrarrestar el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, que señala que el tiempo de disponibilidad de los jóvenes objetores que están todavía sin poder realizar la prestación social sustitutoria es de un año. Ustedes, señorías, junto con Convergència i Unió, se ven obligados, ya que no llevan a la práctica la puesta en marcha del ejército profesional, mediante ley a cambiar esto que el Tribunal Supremo está interpretando que como máximo ha de ser un año y han llegado ya a un acuerdo con Convergència a que el período de disponibilidad de los jóvenes no será de un año, sino que será de tres años. A estos malabarismos, señorías, tenemos que llegar porque se está aceptando por parte de Convergència i Unió que el modelo del ejército que prospere sea el que presenta el Partido Popular, que ya hemos dicho que es un macroejército de 150.000-170.000 efectivos, que obligará, porque no se quiere hacer la dotación y el esfuerzo presupuestario, a posponer la profesionalización hasta el año 2003, con lo cual nos encontraremos con que durante todos estos años iremos incrementando el número de jóvenes que serán inhabilitados por cuatro o seis años e irán a incrementar el número de jóvenes que en estos momentos están todavía sin haber hecho la prestación social sustitutoria porque no hay puestos suficientes para realizarla.
Para finalizar, señorías, nosotros presentamos esta enmienda con texto alternativo porque, como señalamos en la exposición de motivos, la defensa nacional, a nuestro criterio, se garantiza modificando el modelo de Fuerzas Armadas, profesionalizándolas y suprimiendo el sistema de conscripción, pero no persistiendo en que miles de jóvenes se incorporen en cada reemplazo y pasen nueve meses en los cuarteles y mucho menos imponiendo penas a quienes consciente y voluntariamente se niegan a realizar estos servicios por convicciones ideológicas, filosóficas o morales. Por eso, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya propone, a través de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo, la supresión de los artículos del Código Penal 527 y 528, de la sección tercera, y del artículo 604, de la sección segunda. Este es el contenido de nuestra enmienda.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve porque no quiero reiterar los argumentos expuestos en su momento en la defensa de esta iniciativa. Como digo, Coalición Canaria, como firmante, junto al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya había hecho sus alegatos de defensa de esta iniciativa y, por tanto, en este trámite sólo quiere mostrar su oposición a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha defendido su portavoz, y lo hago por las siguientes razones, en la misma línea de congruencia, dado que nuestra iniciativa venía a trazar una situación transitoria, un puente entre lo que el Código Penal viene señalando en este momento como una penalización con prisión y multa, aparte de otras penas accesorias que no hemos tocado, y el inmediato horizonte de la supresión del servicio militar obligatorio.


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Nosotros entendíamos que era necesario un proceso de racionalización y, por tanto, Coalición Canaria, junto a los otros dos grupos firmantes, ha partido del principio de mantener las sanciones y suavizar las penas.
¿Por qué? Porque consideramos que mantener las sanciones es un principio disuasorio de lo que estamos protegiendo como bien jurídico superior a través de la Ley del Servicio Militar: la defensa de España. Pero al mismo tiempo, por esa situación transitoria, de paso, consideramos que es necesario suavizar las penas, sin que hayamos planteado ninguna despenalización de la insumisión.
En el argumento presentado ante la Cámara por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Rivadulla, se dice que en España están proliferando las actitudes negativas ante el cumplimiento del servicio militar y la prestación social sustitutoria de una manera que no tiene parangón en otros Estados europeos. Efectivamente, pero es por una razón: porque estamos en un proceso de transformación del modelo de fuerza militar. Ningún país europeo, salvo las cuestiones francesas, lo tiene planteado en este momento con un plazo tan perentorio como España y, por tanto, también se ha producido un fenómeno de, digamos, incitación ante esta situación.
En la enmienda de la señora Rivadulla se plantean una pregunta y una cuestión. Dice: ¿es este deber de tal importancia --el del servicio militar o la prestación social sustitutoria-- que merezca el mayor reproche sancionador de que es capaz el Estado de Derecho? Esta es una pregunta que no solamente se puede hacer y contestar por activa y por pasiva, sino dentro de la lógica de las leyes: se está protegiendo un bien jurídico superior. No sé si la señora Rivadulla interpreta que la defensa de España no es un bien jurídico superior o equiparable. Se trata de una disposición que, sencillamente, garantiza un cumplimiento colectivo. ¿Peligra la defensa de España? Hombre, no estamos en una situación bélica, pero las leyes también están hechas como medida precautoria. Por ejemplo, en relación con las leyes de sanidad también podríamos decir que no peligra el estado sanitario del país, pero eso no es eximente de que se ordene una vacunación indicativa a la población a proteger.
En lo único en que coincido con la señora Rivadulla es en lo relativo al indulto, que figura en la última parte de su enmienda, pero esta cuestión del indulto no está en nuestro texto, sino que es una decisión que ha tomado el Gobierno. El problema de indultar, de hacer indultos colectivos es un problema del Gobierno y nosotros, en la iniciativa, no lo hemos planteado; se trata de una decisión que compete al Ministerio de Defensa y a los órganos competentes colegiados del Gobierno de España. ¿Qué quiere esto decir, fundamentalmente? Que la señora Rivadulla invoca un principio de acomodo social de la simpatía hacia quienes son sometidos a procedimientos criminales, y tengo que decir que yo lo respeto; está en su derecho de simpatizar con los que se niegan tanto a la prestación del servicio militar como a la prestación social sustitutoria. Lo que yo le digo es que, respetando el principio de legitimidad democrática, de la misma manera que la señora Rivadulla puede simpatizar con los insumisos, este diputado simpatiza con los que cumplen la Ley del Servicio Militar y con los que cumplen el deber de la prestación social sustitutoria, porque están cumpliendo la ley y haciendo un principio de la solidaridad que todo Estado y toda nación necesita para tener un tejido conjuntivo que dé solidez a los principios superiores cuando se puede hacer exigencia de sacrificios superiores.
Por estas razones, señor presidente, y por ser uno de los firmantes de la iniciativa, vamos a votar en contra de esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
La señora Uría, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la postura del Grupo Vasco de oposición a la existencia de un servicio militar obligatorio es conocida en la Cámara. Por ello, siempre hemos criticado la pervivencia de tipos penales que castiguen la no realización del servicio militar o de la prestación social que le sustituya, y hemos apoyado siempre las iniciativas en este sentido.
Justo es reconocer que entre el vigente Código Penal y la proposición hoy enmendada de totalidad hay una mejora. Es un avance suprimir, cuando menos, las penas privativas de libertad y acortar, aunque sea poco, las inhabilitaciones, que sin embargo no pierden su intensidad; una intensidad específica para estos delitos que no existe en ningún otro apartado del Código Penal.
También debe tenerse en cuenta otra circunstancia: que entre ambos textos, el Código Penal vigente y esta modificación, ha mediado una promesa formal, un compromiso de profesionalización del ejército para fecha que es incierta relativamente, el 2001, el 2002, el 2003, pero desde luego próxima. Desde el punto de vista del Derecho penal, esto es extraordinariamente relevante; si antes no existía reproche social frente a estas conductas, ahora se hace difícil sostener la necesidad de un período para la adecuación de efectivos o el que la insuficiencia presupuestaria para la profesionalización, desde ya, justifique la existencia de unos delitos temporales. El Derecho administrativo contempla medidas de fomento que podían conseguir incorporaciones no obligatorias al ejército durante este período.
Consta ya en el «Diario de Sesiones» del 17 de febrero pasado nuestro criterio sobre la permanencia de la

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obligación legal y el anudar a su incumplimiento consecuencias penales o de ilícito administrativo. Creemos que en estos casos la prevención general no exige mucho, porque la obligación de que se trata, y que está establecida como tal, no sirve a la salvaguarda del valor constitucional de la defensa. El bien protegido no es tanto la defensa como la regularidad y la ausencia de problemas organizativos en el tránsito del sistema actual al sistema de ejército profesional. El único aspecto referente a la necesidad de prevención general, repetimos, consiste en la mera afirmación de la existencia del derecho, pero este es un aspecto desconectado de bienes jurídicos relevantes y que no requiere de la sanción o, si la requiere, precisa una respuesta muchísimo más moderada.
La naturaleza del hecho, unida a la situación de provisionalidad aludida, conduce a la práctica desaparición, además, de la necesidad de prevención especial en este caso.
Es importante considerar que no hay que evitar la comisión por el ciudadano incumplidor de nuevos hechos del mismo significado, pues se trata de un incumplimiento que no puede repetirse, tanto por su propia naturaleza como porque la obligación va a desaparecer, y siendo ello así no procede ni la reeducación ni la amenaza concreta de sanción.
No quiero concluir sin referirme al aspecto de la inhabilitación. La pena de inhabilitación es una sanción que afecta negativamente, según nuestro criterio, a la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo formativo y laboral. Piénsese en el acceso a la función pública; en el acceso a la formación académica --la posible consecución de becas-- preparatoria de un camino profesional; en el acceso a la ayuda a la constitución de empresas, etcétera. Desde nuestra óptica, ello conlleva una afectación negativa a valores y derechos constitucionales que son el auténtico sustento del Estado social y democrático de Derecho.
Considerando, como he indicado anteriormente, que el texto que ahora se enmienda de totalidad es un avance en relación con el Código Penal actual, el Grupo Vasco no ha presentado enmienda a la totalidad, sino enmiendas parciales a su texto, anundando al incumplimiento penas meramente teóricas. Sin embargo, presentada la enmienda de totalidad por otros grupos, creemos que la coherencia con nuestras posturas anteriores ante esta Cámara nos debe llevar a votar favorablemente dicha enmienda de totalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Desde mi simpatía personal hacia la señora Rivadulla, voy a posicionar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en contra de la toma en consideración de esta enmienda a la totalidad, y lo voy a hacer con la perplejidad que, evidentemente, el debate que hoy se suscita nos provoca.
Hemos tenido ocasión varias veces de estudiar en el Pleno esta cuestión, y es evidente que hoy nadie vamos a aportar argumentos diferentes a los repetidos multitud de veces en esta Cámara.
Nos hubiera parecido más lógico, por bastantes razones, que el Grupo Iniciativa per Catalunya hubiese planteado sus posiciones en el trámite parlamentario de enmiendas parciales. Hoy, la prioridad en la que el cien por cien de la Cámara coincide y que la proposición de ley conjunta de Coalición Canaria, Partido Popular y Convergencia i Unió refleja, es la necesidad de poner fin a la existencia de penas de prisión para los delitos de insumisión, y el Gobierno ha iniciado una política en este sentido que nuestro grupo comparte, que es la política de indultos.
Lo básico es que demos la marcha suficiente a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, tomada en su día en consideración, para conseguir que en el mes de junio se termine la absurda situación de la existencia de penas de prisión para los insumisos y que en el Estado español haya unos 60 jóvenes condenados a estas penas de prisión. Eso es lo importante, y el Pleno ya se ha pronunciado. Por tanto, insisto, se me escapa el sentido de esta enmienda de retorno con texto alternativo. Además, puede producir confusión, y aunque quería hacer una intervención corta, el planteamiento de la señora Rivadulla, con el permiso del señor presidente, me va a obligar a agotar el plazo de tiempo que tengo asignado.
En primer lugar, el nuevo régimen que va a establecer el Código Penal es muy suave, y en Derecho comparado, si lo situamos en el conjunto de los Estados de la Unión, seguramente de los más suaves.
En segundo lugar, y en este punto podemos discrepar, entendemos que mientras exista la obligación legal de general cumplimiento, debe existir un régimen que regule qué sucede cuando alguien incumple. En relación a las previsiones que existían en el Código Penal aprobado en 1995, es evidente que aquello que se tomó en consideración hace unas semanas es un avance muy sustancial: reducción a la mitad de las penas de prisión, paso de las penas de prisión absoluta a especial y desaparición de las sanciones por multa. Díganme en qué Estado de Europa hay un régimen legal más suave que el que se tomó en consideración hace unas semanas.
Mi percepción subjetiva, personal y discutible es que hoy buena parte de la sociedad valora y aplaude la decisión que se ha tomado de hacer desaparecer las penas de prisión, pero la sociedad en general entiende que mientras existan ciudadanos que deban cumplir unas obligaciones debemos regular ese incumplimiento. Las últimas semanas he tenido ocasión de participar

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en bastantes conferencias y charlas abiertas al público para explicar estas cuestiones, y el sentido común de la gente es que la existencia de una obligación legal ha de prever la regulación de su incumplimiento.
Existen posiciones ideológicas y políticas legítimas, que se pueden compartir, de denuncia de eso que acabo de citar, pero mayoritariamente los ciudadanos nos reclaman también la regulación del incumplimiento de esas sanciones.
Una última cosa. Estoy de acuerdo con la señora Rivadulla en que la solución definitiva es el fin del servicio militar, evidentemente, y por eso Convergència i Unió planteó al inicio de la legislatura este objetivo, y hoy, aquello que el 3 de marzo sólo figuraba en nuestro programa electoral y en el del PNV, forma parte de un objetivo político compartido por toda la Cámara. Esto tiene un valor político incalculable.
El compromiso de gobernabilidad situaba en el año 2001 el fin del servicio militar obligatorio, próximamente la Comisión mixta va a aprobar su dictamen, que sitúa el 31 de diciembre de 2002 como plazo máximo, insistiendo en que si se puede hacer antes, que se haga.
Voy a añadir otra cosa. No hay ningún Estado en el mundo que haya pasado de un ejército de mili obligatoria a un ejército profesional de manera urgente y rápida. El único Estado del mundo que lo hizo fue Estados Unidos, y es evidente que las condiciones presupuestarias de nuestro Estado no son las de Estados Unidos al final de la Guerra del Vietnam.
Holanda, Bélgica y Francia han regulado períodos de transición más o menos largos, pero también las experiencias europeas nos demuestran que es necesario dar un plazo para conseguir ese objetivo.
Nuestro grupo entiende que lo importante es suprimir la mili obligatoria, porque es la solución definitiva del problema que usted nos plantea. Eso tiene un coste que el conjunto de los ciudadanos tenemos que asumir, pero está perfectamente justificado porque el objetivo final es el que nos reclama la sociedad. Por tanto, como decía al principio, desde mi simpatía y aprecio personal, votaremos en contra de esta enmienda.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Castellano tiene la palabra.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Haré posteriormente referencia a la situación que reglamentariamente plantea esta enmienda a la totalidad llegado el turno de debatir la proposición de ley orgánica que ya ha sido objeto de admisión a trámite.
Pero antes de hacer esa pequeña digresión de carácter reglamentario, nuestro grupo parlamentario quiere reiterar aquí, primero, la defensa que hizo de su proposición de ley para la despenalización del delito de insumisión, pura y sencillamente, dejando vacío de contenido los indicados artículos del Código Penal al principio de esta legislatura, de la cual, esta enmienda no es más que absoluta copia desde la primera hasta la última palabra. Segundo, la defensa que hizo de la correspondiente interpelación intentando que la moción consecuencia de la misma condujera al mismo resultado de despenalización de la insumisión.
Tercero, su intervención en las preguntas formuladas al propio presidente del Gobierno acerca de qué tenía previsto cuando anunció su proyecto de eliminación del servicio militar obligatorio. Cuarto, todo lo que manifestó en comparecencia efectuada por la ministra de Justicia ante la comisión correspondiente, insistiendo en la necesidad de esta reforma legislativa. Finalmente, todo lo que ha tenido que exponer cuando se ha discutido aquí, hace muy pocas fechas, la admisión a trámite de una proposición de ley suscrita por el Partido Popular, por Coalición Canaria y por Convergència i Unió.
Todo esto nos lleva a preguntarnos sencillamente dónde está la eficacia de los trámites parlamentarios. Es evidente que aquí no existe el principio de la cosa juzgada, pero lo que no puede parecer lógico es que si ha habido una discusión para la admisión a trámite de una proposición de ley y en esa discusión se han expuesto posiciones que van desde las reticencias parciales al rechazo total, se pueda, por la vía de una enmienda a la totalidad, de nuevo reintroducir un tema de modo tal que, sinceramente, se pierda todo sentido de la economía procesal, además, con un tratamiento reglamentario totalmente distinto al que tiene un proyecto de ley, porque éste no permite, bajo ningún concepto, que pueda haber una oposición o turno en contra y luego una enmienda a la totalidad.
Por esto, señor presidente, y perdone la digresión, es necesario que cuanto antes acabemos con un reglamento que no permita estas reiteraciones que para nada valen, y sobre todo que no permita posiciones de carácter absolutamente oportunista en virtud de las cuales se puede presentar una enmienda a la totalidad con el texto íntegro de una proposición de ley de un grupo de la Cámara. Sinceramente, esto no nos parece, en modo alguno, sostenible. Pero para que no tengamos que molestar a los lectores del «Diario de Sesiones» teniendo que acudir a todos esos farragosos textos que he citado, en los que se ha expuesto nuestra posición, vamos a reiterarla categóricamente.
Por coherencia con lo que hemos venido diciendo, vamos a votar favorablemente a esta enmienda a la totalidad. No hace más que recalcar lo que este grupo parlamentario ha sostenido desde el primer día, y no amparándose en situaciones de oportunidad acerca de cuál fuere el número de objetores de conciencia o de lo que pueda suponer la imperfección de la legislación de objeción de conciencia, que el otro día se ha visto aquí, a propuesta del Grupo de Convergència i Unió, en la

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necesidad de acabar incluso con esa demora en cuanto a la llamada a cumplir la prestación social sustitutoria. Vamos a ir al núcleo de nuestra argumentación, que es la que, una vez que esta enmienda haya sido desestimada --que lo lamentaríamos enormemente--, vamos a mantener en la ponencia.
No hay ninguna ratio legal para poder mantener una penalidad para el hecho de que se haga uso de la objeción de conciencia. No tiene ninguna razón de ser el que se pueda imponer ni una pena clarísimamente represiva, cual es la privación de libertad, ni una pena vergonzante o sedicente en cuanto a la inhabilitación para ocupar cargos públicos a aquellos que han decidido simplemente hacer uso de un derecho constitucional: el derecho a la objeción de conciencia. En el ejercicio de ese derecho a la objeción de conciencia se puede llegar a la regulación en cuanto a cómo se ejercita y en cuanto a cuáles sean sus modalidades, pero bajo ningún concepto puede llevar aparejada la existencia de un delito, mal llamado de insumisión, que a todas luces aparece como carente de toda, podíamos decir, razón penal. No existe el ilícito en ello, y por eso, reiterando nuestras posiciones, vamos a votar favorablemente esta enmienda, lamentando que, una y otra vez, bien sea por deficiencias reglamentarias o por utilizaciones indebidas de esas deficiencias, tengamos que estar volviendo permanentemente sobre lo mismo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover Presa.


El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario no va a apoyar con su voto la enmienda a la totalidad con texto alternativo que estamos debatiendo, y no lo vamos a hacer porque su contenido no coincide plenamente con nuestra posición, una posición que ya fue claramente explicitada durante el debate que se realizó en esta misma Cámara el pasado el 17 de febrero --si no me equivoco--, en el que la proposición de ley que presento mi grupo y otras dos que presentaron representantes del Grupo Parlamentario Mixto fueron rechazadas, tomándose, en cambio, en consideración aquella que hoy es objeto de enmienda a la totalidad.
Resumiendo un poco esa posición, señor presidente, y con toda brevedad porque creo que los argumentos ya están suficientemente expuestos, diré que mi grupo coincide plenamente en que las conductas que hoy aquí estamos tratando --conductas que algunos han calificado con esa expresión periodística y tan poco rigurosa de insumisión-- ya no pueden seguir siendo tratadas a través del Código Penal. Y no pueden serlo no por las razones que aquí se han dicho, no por ésas, sino por otras, y es que a lo largo de esta legislatura se ha producido un hecho totalmente nuevo que en absoluto se planteaba cuando se hizo el Código Penal del año 1995. Ese hecho absolutamente nuevo es que las Cortes Generales y el Gobierno han decidido avanzar rápidamente hacia un modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas en el que, previsiblemente en un plazo muy corto (algunos dicen el 2001, nosotros preferiríamos que fuera incluso el año 2000), se consiga una plena supresión del servicio militar obligatorio.
Consecuentemente, desaparecido el servicio militar obligatorio, desaparece también el deber de prestación de dicho servicio y el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria para aquellos que hayan optado por ejercer el derecho a la objeción de conciencia, y desaparecida esa obligación, desaparece también el bien jurídico que se ha de proteger mediante el Código Penal. Por tanto, es obvio que ya no tiene ningún sentido que mantengamos un reproche penal --que es, como aquí se dijo, el máximo reproche que el Estado de Derecho mantiene-- para unas conductas contrarias al cumplimiento de unas prestaciones que esta misma Cámara está de acuerdo en que en el plazo de uno o dos años ya no serán obligatorias, ya no serán un deber constitucional, como lo habían sido hasta ahora.
Ahora bien, ha de quedar bastante claro, señor presidente, que hasta ahí estamos de acuerdo con la enmienda a la totalidad, pero a partir de ahí comienza nuestro desacuerdo, porque nosotros entendemos que el hecho de que se opte por la despenalización, el hecho de que se opte por la expulsión de estas conductas del Código Penal, no significa que deban quedar sin ningún tipo de sanción. Por eso, señor presidente, nuestra proposición de ley, cuando aquí se presentó y se debatió, planteaba, además, una completa modificación de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, en la que, junto con la despenalización, se incluía un catálogo de sanciones administrativas, de sanciones disciplinarias que a nosotros nos parece que deben seguir manteniéndose en este período transitorio, porque es verdad que durante este período transitorio, formalmente, todavía existe la obligación de cumplimiento del servicio militar, que es una obligación que está en el artículo 30 de la Constitución, no lo olvidemos. Por tanto, durante dicho período transitorio algún tipo de reproche, no penal, repito, pero sí sancionador, ha de mantenerse.
En consecuencia, señor presidente, esa posición es la que no nos permite coincidir plenamente con el contenido de la enmienda a la totalidad.
Espero que los señores diputados proponentes comprendan nuestro voto de abstención, porque al fin y al cabo fue el mismo que ellos tuvieron en su momento respecto a nuestra proposición de ley. Pero repito, abstención, no voto en contra, porque mi grupo tampoco coincide con el contenido de la proposición de ley que ahora se

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enmienda, y no coincide porque se sigue manteniendo el tratamiento penal de estos temas. Es verdad que elimina las penas de prisión, pero siguen manteniéndose penas, sigue manteniéndose un tratamiento penal, seguimos estando en el ámbito del Derecho penal, y nosotros, eso, señor presidente, no lo podemos aceptar en estos momentos.
Por todo ello, repito y acabo, nuestro grupo se abstendrá en la votación de esta enmienda.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jover.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la enmienda a la totalidad que hoy debatimos es, en realidad, una reiteración de la proposición de ley de Nueva Izquierda, que fue derrotada en esta Cámara el pasado 17 de febrero por 166 votos en contra y tan sólo 27 a favor. Estamos, por tanto, ante un debate recurrente, y esa es la razón por la que nuestro grupo no ha consumido un turno en contra, porque estamos ante un tema en el que los diferentes grupos políticos ya han tomado posición de manera muy clara, por lo que resumiré los argumentos que en otras ocasiones he expuesto en esta Cámara, y, a la par, también mantendré la conveniencia de la proposición de ley orgánica que en su momento fue presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular, de Convergència i Unió y Coalición Canaria, que como ha dicho algún otro portavoz, ha supuesto un avance muy importante en la regulación aplicable a los mal denominados delitos de insumisión.
Señorías, una cosa es mitigar, rebajar las penas derivadas de los incumplimientos de los deberes de prestación del servicio militar y prestación social sustitutoria por considerar que en la situación actual el Código Penal sancionaba con excesiva dureza esas conductas, que es lo que nosotros hemos propuesto, y otra cosa distinta es despenalizar y dejar sin sanción estos incumplimientos, que es lo que ustedes nos proponen, algo que el Grupo Popular no puede compartir, porque podríamos comprometer gravemente el valor de la defensa.
Hay un tema que tenemos que tener claro. Hasta tanto no concluya el proceso de profesionalización, para el que aún restan varios años, el vigente modelo de defensa se sigue concretando para los jóvenes españoles en la obligación de realizar el servicio militar, y para aquellos jóvenes que hayan sido reconocidos como objetores de conciencia, en la obligación de cumplir una obligación de carácter sustitutorio. Y digo que hay que tenerlo claro porque aunque estemos en un período de tránsito de un modelo a otro, siguen plenamente vigentes ambas obligaciones como garantía para proteger nuestras necesidades de defensa; y precisamente porque ambos deberes siguen siendo necesarios, tienen que ser imperativos y la reacción del Estado debe manifestarse de alguna manera en caso de incumplimiento, y esa reacción no existe en el texto alternativo de la enmienda a la totalidad que ustedes nos presentan, porque pretende derogar sin más los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal, sin contemplar alternativa sancionadora alguna.
Ustedes dicen en su exposición de motivos que es inadmisible que pueda sostenerse al día de hoy que la integridad nacional se vea afectada porque un joven no realice el servicio militar. Pero eso es una simplificación engañosa, porque la consecuencia de la despenalización plena de la insumisión, que es lo que ustedes nos proponen, es que prácticamente ningún joven realizaría al día de hoy el servicio militar, y eso sí comprometería gravemente el valor de la defensa. Además, dar cobertura hoy a los actos de insumisión puede plantear en un futuro nuevos problemas, y me explicaré.
Sus señorías conocen, porque ha aparecido publicado recientemente en distintos medios de comunicación, que el objetivo de los movimientos y organizaciones de insumisos no es sólo que se suprima la obligatoriedad del servicio militar, sino que va más allá, su objetivo final es que se suprima todo gasto militar y el ejército mismo, y por ello han anunciado que cuando finalice el proceso de profesionalización del ejército, van a iniciar lo que ellos denominan una campaña de objeción fiscal. Por eso, si se amparan hoy las convicciones de los insumisos, que se niegan a realizar tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria, mañana, cuando culmine el proceso de profesionalización del ejército y se transforme así la actual obligación de carácter personal en una obligación de carácter económico de contribuir al sostenimiento del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, basado en soldados profesionales, ¿van ustedes a amparar y a justificar por esas mismas convicciones la negativa de algunos ciudadanos a contribuir al sostenimiento económico del nuevo modelo de Fuerzas Armadas? ¿Van ustedes a solicitar que no se aplique sanción alguna a aquellos ciudadanos que decidan no pagar sus impuestos por sus convicciones antimilitaristas? Ahí está el problema, y por ello nosotros entendemos que, ante estas conductas, debe seguir existiendo una sanción, a nuestro juicio penal, sanción que pensamos que también tiene un efecto rehabilitador aunque solo fuere para que los ciudadanos ajusten sus conductas al vigente ordenamiento jurídico.
Como tampoco podemos estar de acuerdo con la tesis que parece desprenderse de algunas intervenciones de que estas conductas vienen de alguna manera amparadas o avaladas en el ejercicio de la libertad de conciencia o ideológica contemplada en el artículo 16

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de nuestra Constitución, siendo así que estaríamos ante el ejercicio de un derecho constitucional. Eso no es así, porque usted, señora Rivadulla, igual que el señor Castellano, como experimentados juristas saben que esa no es precisamente la doctrina del Tribunal Constitucional. Así, dicho Tribunal estableció, en una célebre sentencia de 1994, que el derecho a ser declarado exento del servicio militar no deviene directamente del ejercicio de la libertad ideológica, sino tan sólo de que la Constitución, en su artículo 30, expresamente ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia, referido únicamente al servicio militar, y cuyo ejercicio supone el nacimiento del deber de cumplir la prestación total sustitutoria. Por tanto, la objeción de conciencia no es una mera concreción del derecho de libertad ideológica, sino un derecho de naturaleza autónoma y excepcional. Y precisamente porque no es un derecho ilimitado, el propio Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, la 55/1996, estableció que la Constitución no reconoce a los objetores de conciencia ningún derecho a negarse a realizar la prestación social como medio para imponer sus particulares opiniones acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión.
Creo que no deberíamos seguir discutiendo y generando confusión acerca del alcance y la naturaleza jurídica del derecho de objeción de conciencia, porque eso es algo que ya ha sido despejado por el propio Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de nuestra Carta Magna y cuyas sentencias tienen el valor de cosa juzgada y un carácter vinculante para todos los poderes públicos.
Señorías, decía al inicio de mi intervención que nuestra proposición de ley había supuesto un avance muy importante en relación a la regulación penal aplicable a los denominados delitos de insumisión. Desde entonces, y hasta tanto no finalice el trámite parlamentario y legislativo, el Gobierno, haciéndose eco del sentir prácticamente unánime de esta Cámara, que solicitaba que se suprimieran las penas de prisión para los delitos de insumisión, ha concedido el indulto a más de 130 jóvenes y está estudiando la fórmula de realizar expedientes de oficio dentro de las posibilidades que ofrece la vigente legislación en esta materia.
Yo, en nombre de mi grupo parlamentario, reitero nuestra voluntad de diálogo al resto de las fuerzas políticas para que, en el trámite de enmiendas en Comisión, puedan colaborar a enriquecer y perfeccionar el texto de nuestra proposición de ley de modificación del Código Penal. Una modificación --y ya termino, señor presidente-- que pretende, por un lado, dar respuesta a una demanda social creciente que venía reclamando desde hace ya algún tiempo que se suprimieran las penas privativas de libertad para los delitos de insumisión y, por otro, también amparar y proteger el valor y las necesidades de defensa durante este período de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, seguimos considerando como delito la insumisión, suprimiéndose así las penas privativas de libertad, pero manteniendo las penas privativas de derechos que son en el momento actual la expresión penal adecuada a estos incumplimientos, por cuanto quien se niega a contribuir con su esfuerzo personal a los deberes de prestación del servicio militar o la prestación social sustitutoria no merece, a nuestro juicio, ser acreedor a los derechos o beneficios públicos.
Por ello, desde una posición de sensibilidad hacia esta demanda social y a la vez de responsabilidad ante el proceso de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, anuncio que mantenemos la conveniencia, el contenido y los fines del texto de nuestra proposición y, como es lógico, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad que hoy nos han presentado.
Nada más y muchas gracias. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señora Rivadulla, ¿a qué efecto pide la palabra?

La señora RIVADULLA GRACIA: Presidente, en base al artículo 73.1.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, es evidente que el tomar posición los distintos grupos lleva implícito que contradigan las argumentaciones de su señoría.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, he sido reiteradamente aludida y contradicha por parte de los distintos intervinientes.


El señor PRESIDENTE: Si fuera por alusiones, tendría que ser por el artículo 71.


La señora RIVADULLA GRACIA: Por el artículo que proceda, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Me temo, señora Rivadulla, que no procede ninguno de los dos. El artículo 73 no vale porque la contradicción va implícita en la propia noción del debate. El 71 se utiliza cuando existen alusiones que impliquen inexactitudes o juicios peyorativos sobre la persona o grupo. ¿Se ha entendido aludida en estos términos?

La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿A quién va a dirigirse?

La señora RIVADULLA GRACIA: Al señor Campuzano y al señor Castellano.


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El señor PRESIDENTE: Adelante.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, gracias por la autorización para intervenir.
Al diputado señor Campuzano, con quien tengo que manifestar me unen lazos de amistad y simpatía, quiero decirle que la valoración que hace en relación a la suavidad de la pena que se establece en el actual Código Penal es subjetiva. Si usted piensa que la muerte civil durante cuatro años es una pena suave, efectivamente estamos en posiciones distintas.
Pero también quiero decirle, señor Campuzano, que es muy importante el modelo de ejército profesional que estamos delimitando. No será lo mismo, no padecerán estos jóvenes durante uno o tres años, dependiendo del modelo de ejército.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.
Señoría, las alusiones son para contestar estrictamente a las mismas, no para reabrir los temas de fondo con nuevas argumentaciones o reiteración de las anteriores, porque en ese caso tendría que conceder la palabra a quienes han hecho las manifestaciones que considera contradictorias con las suyas, y no va a ser así. Limítese a contestar, en términos que no reabran el debate, a las alusiones que ha escuchado en las palabras de los señores Campuzano y Castellano.
Adelante.


La señora RIVADULLA GRACIA: De acuerdo, señor presidente.
En relación con el señor Castellano, lamento que su intervención haya estado basada en aspectos reglamentarios sobre la procedencia o no de la enmienda a la totalidad de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
Pensamos que el señor Castellano podría haber utilizado su tiempo presentado una enmienda propia o presentando en su momento una proposición de ley, cuando estas proposiciones de ley se debatieron para su admisión a trámite.
Nada más, señor presidente. (El señor Castellano Cardalliaguet pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, pido la palabra por alusiones expresas realizadas últimamente, cuando yo no he producido ninguna nominatis personae, y por alusiones también en relación a la intervención del representante del Grupo Popular, que efectivamente ha atribuido a este portavoz el desconocimiento e ignorancia de la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque hayan venido precedidas de la calificación de experto jurista.
El señor PRESIDENTE: Para esas alusiones estrictas, adelante.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: En cuanto a las primeras, señor presidente, porque se ha aludido al señor Castellano, tengo que decir que mucho antes de este trámite el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó una proposición de ley exactamente con el mismo contenido, de la cual yo no he dicho nunca que ésta sea copia; he dicho, pura y sencillamente, que se parece como gota de agua.
En lo que se refiere a mi interlocutor del Grupo Popular, es cierto que el Tribunal Constitucional ha limitado el derecho de objeción de conciencia, es cierto que ha configurado la prestación social sustitutoria, pero yo le emplazo a que nombre una sola sentencia del Tribunal Constitucional que diga que ese presunto ilícito es un ilícito que, con arreglo a la teoría general del delito, constituye delito y puede ser sancionado penalmente. No confundamos los planos de la teoría general del delito, que es exigible para poder introducir algo en el Código Penal, con lo que, según una ley, se pueda reputar ilícito a la luz de determinadas consideraciones y que puede llevar --y ahí hay una mayor corrección en la posición del Grupo Socialista-- a alguna sanción de carácter administrativo. Pero interpretando rígidamente la teoría del delito, es una aberración considerar que existe delito como tal en la figura de la insumisión.
Muchas gracias. (El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, lo siento. Ni en la intervención de la señora Rivadulla ni en la suya ha habido motivo de alusiones según el artículo 71 que he mencionado. No se trata de un nuevo turno de réplica.
Si ha habido alusiones, yo no las he entendido así, pero la señora Rivadulla se sentía afectada, ha intentado contradecirle, le he llamado la atención y se ha limitado a las alusiones del señor Castellano. Vamos a proceder a la votación.
Votación de la enmienda de totalidad, con texto alternativo, presentada por la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición de ley orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 23; en contra, 164; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.


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COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:

--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN NACIONAL PARA EL EMPLEO, SOLICITADA EN VIRTUD DE SENDAS PETICIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) Y VASCO (EAJ-PNV) Y DE 76 DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Números de expedientes 210/000018 y 210/000019)

El señor PRESIDENTE: Al haberse excluido el punto IX del orden del día y postergado para otro Pleno, pasamos al punto X y último del orden del día: Comparecencia del Gobierno, de conformidad con el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre el Plan nacional para el empleo, solicitada por los grupos Catalán (Convergència i Unió), Nacionalista Vasco y 76 diputados del Grupo Socialista del Congreso.
Para la exposición en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Javier Arenas Bocanegra. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Gobierno para desarrollar en esta comparecencia los contenidos del PlannNacional para el empleo 1998 que hemos presentado ante la Comisión Europea y que tienen como precedente los acuerdos que se alcanzaron recientemente en la cumbre extraordinaria de Luxemburgo sobre el empleo.
Quisiera agradecer la solicitud de comparecencia que ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Aunque el Plan nacional de empleo 1998 es una responsabilidad del Gobierno que ha cumplido estrictamente en desarrollo de la cumbre de Luxemburgo, me gustaría en esta intervención agradecer también todas las aportaciones que se han hecho al Plan nacional de empleo, porque es rigurosamente cierto que en la elaboración de este plan se ha dado en España uno de los procesos participativos más amplios de todas las elaboraciones de planes de empleo que en este momento ya han sido presentados en el ámbito de la Unión Europea. Algunos todavía no han hecho su presentación a pesar de que, como saben SS. SS., tenían como tope el día de ayer, 15 de abril. Pues bien, siendo una obligación del Gobierno la elaboración del Plan nacional de empleo, obligación cumplida ante la Comisión y que, en opinión del propio Gobierno, responde absolutamente a todas las demandas de las distintas directrices y de los cuatro pilares de la cumbre de Luxemburgo, hay que reconocer que en este plan se han recogido aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, se han recogido aportaciones de las distintas comunidades autónomas, se han recogido aportaciones de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y también, señorías, se han recogido aportaciones de los municipios y las provincias en diversas reuniones que hemos mantenido con ellos.
Al final, está el documento con sus compromisos económicos y financieros que, como decía, cumple con las resoluciones de la cumbre de Luxemburgo y que ha producido en instancias comunitarias una felicitación por el esfuerzo que se ha hecho en el conjunto de la sociedad española para presentar este plan. En concreto, han sido más de 80 reuniones, entre las que se encuentran reuniones internas del propio Gobierno, reuniones con todos los presidentes de las comunidades autónomas, desarrollo de consultas en las conferencias sectoriales de asuntos laborales, de asuntos sociales y de igualdad de oportunidades, reuniones con los distintos consejeros de Trabajo y Relaciones Laborales de las comunidades autónomas, reuniones con las organizaciones sindicales y empresariales, reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias, reuniones con los distintos grupos parlamentarios, reuniones con la Comisión Europea y más concretamente tres reuniones con el Comité de Empleo de la Comisión Europea, y también, por qué no decirlo, hemos querido hacer un esfuerzo importante de incorporación del conjunto de la sociedad española. Nos parece que el Plan de empleo no debe circunscribirse al esfuerzo que se puede hacer en el ámbito de los poderes públicos, no debe circunscribirse solamente al esfuerzo de diálogo social que vamos a mantener con todas las consecuencias con sindicatos y empresarios, sino que hay organizaciones sociales intermedias de nuestra sociedad que pueden implicarse en el Plan de empleo y que en este momento tienen precomprometida con nuestro departamento la firma de una serie de convenios que espero que signifiquen más de 100.000 acciones formativas o de orientación profesional individual en beneficio de los desempleados.
Es también de agradecer, como decía al principio, que se haya solicitado esta comparecencia, aunque ya he tenido ocasión de explicar el plan con todo detalle en el Senado y en algunas preguntas orales que me han sido formuladas en ambas Cámaras. El Plan nacional de empleo no es el resumen de las políticas del Gobierno en materia de empleo. El Plan nacional de empleo se limita, que no es poco, a dar respuesta a las demandas de la cumbre de Luxemburgo, que básicamente tienen como orientación el establecer una política común en materia de empleo en el ámbito de la Unión Europea. Por eso quiero decir que no siendo el Plan nacional de empleo el que abarca el conjunto de

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las políticas de empleo del Gobierno, porque el Gobierno entiende que las políticas de todos los departamentos tienen como finalidad la creación de empleo y la lucha contra el desempleo, sin embargo es perfectamente compatible y coherente con el conjunto de la acción del Gobierno, con el conjunto de las políticas de empleo del Gobierno y también con el programa plurianual de empleo que presentamos ante la Unión Europea. El Gobierno mantiene su decisión porque la misma responde a una firme convicción de seguir impulsando lo que ha significado y debe significar siempre el diálogo social. En este sentido, es rigurosamente cierto que no puedo plantear hoy ante la Cámara el que las organizaciones sindicales avalen por completo el Plan de empleo que ha presentado el Gobierno ante la Comisión Europea. Ha habido una valoración positiva del plan por parte de las organizaciones empresariales, ha habido una valoración positiva por parte de las comunidades autónomas, por parte de las instancias municipales y provinciales, y es rigurosamente cierto que no hay una valoración global positiva del plan por parte de las organizaciones sindicales, si bien también responde a la estricta realidad el que una parte sustancial del plan, cual es los nuevos sistemas de formación profesional, el nuevo Plan nacional de formación profesional, cuenta con el aval de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de las distintas comunidades autónomas.
Dicho esto, aprovecho para trasladar a la Cámara que no habiéndose cerrado un acuerdo con las organizaciones sociales en la elaboración del Plan de empleo, sí es voluntad política del Gobierno ofrecer diálogo social para el desarrollo de este Plan de empleo. Entendemos que el diálogo social no se empieza un día y se termina al otro día. El diálogo social es perfectamente compatible con la discrepancia y, en consecuencia, vamos a mantener nuestra oferta de diálogo social, que tan excelentes resultados ha producido en los últimos dos años, con más de siete acuerdos con sindicatos y empresarios, para el desarrollo del plan de empleo.
He dicho al principio que este Plan de empleo debe suponer un complemento necesario para profundizar en lo que han venido siendo las eficaces políticas del Gobierno en la creación de empleo y la lucha contra el paro. El Gobierno va a seguir considerando un objetivo prioritario la corrección de desequilibrios y, desde luego, fomentando e intentando un crecimiento estable y sostenido de nuestra economía. El Gobierno va a continuar con el proceso de liberalización de bienes, servicios y factores productivos y va a continuar acometiendo reformas estructurales que consideramos imprescindibles para que la sociedad española, nuestras empresas y para que también individualmente las españolas y los españoles seamos cada vez más competentes, porque eso al final significa que seamos más empleables.
En consecuencia, lo que se ha venido haciendo, la concepción que tenemos de que no existe ninguna incompatibilidad entre las políticas económicas y las políticas de empleo, sino todo lo contrario, va a seguir siendo una constante en la acción del Gobierno. El hecho de que hayamos tenido un comportamiento excepcional de la inflación, que se ha refrendado de manera muy significativa en lo que ha sucedido en torno al incremento de precios en los primeros tres meses de 1998; el descenso histórico de los tipos de interés a corto y largo plazo, la fuerte reducción del déficit público, entendemos que han sido elementos fundamentales para el crecimiento económico y también para que, combinando estos datos con la política de empleo, ese crecimiento económico se convierta en creación de empleo. Creemos que es un profundo error intentar enfrentar las políticas económicas con las políticas de empleo, porque probablemente la mayor generación de empleo se da cuando se producen políticas económicas acertadas y la sociedad reacciona ante esas políticas económicas acertadas creando empleo. Ahora bien, siendo el principal objetivo que el crecimiento económico se convierta en creación de empleo y en una etapa de elevado crecimiento económico y de una alta intensidad en la creación de empleo, es ahí, en la transformación de crecimiento económico en creación de empleo, donde puede jugar un papel importantísimo este Plan de empleo.
La eficacia del diálogo social nos lleva a considerar los efectos de los acuerdos porque, la mayoría de las veces, el hecho de que las reformas sean graduales pero consensuadas, el caminar juntos significa siempre caminar con mucha más velocidad. En concreto, hay tres ámbitos de este Plan nacional de empleo: el que se refiere a las políticas activas y políticas pasivas, el que se refiere al tiempo parcial estable, que consideramos necesario fomentar en el marco de nuestro mercado de trabajo, y el que se refiere a la nueva definición a través del plan de los nuevos incentivos a la creación de empleo estable. Consideramos que estos tres ámbitos son muy sólidos para que el diálogo social pueda continuar en el seno de los contenidos de los mismos.
Hablaba de la política global del Gobierno, hablaba de lo que significan las consecuencias de políticas económicas acertadas; lo cierto es, señorías, que en 1997 hemos tenido un crecimiento del PIB del 3,4 por ciento y que eso ha significado un crecimiento de empleo por encima del 2,9 por ciento; que la creación de empleo en España en 1997 ha sido casi seis veces superior a la que se ha producido en el marco de la Unión Europea. Es también cierto que, según la última encuesta de población activa, hemos bajado de la tasa del 20 por ciento de desempleo, pero ambos datos, que nos confirman --como decía-- que estamos en una etapa de alta intensidad en la creación de empleo, no pueden llevarnos en absoluto al triunfalismo ni pueden llevarnos tampoco a pensar que está todo hecho

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en materia de lucha contra el paro. Hay que mostrar la realidad como es, y dentro de esa realidad se observa un descenso muy importante del paro juvenil, casi de seis puntos en relación a marzo de 1996, se observa un descenso también significativo en el desempleo femenino y hay que decir que aquí está uno de los grandes problemas de nuestro mercado de trabajo.
En España sigue siendo el desempleo el problema que más nos preocupa, que más inquieta al conjunto de la sociedad, pero dentro de lo que es el desempleo, el gran diferencial que tenemos con las tasas de la Unión Europea está precisamente referido al paro femenino, con unos puntos de diferencia en torno a 16, cuando la diferencia en el paro masculino está en torno a cinco puntos y medio.
Los datos del mes de febrero muestran una reducción muy significativa de parados de larga duración; es cierto que hay un incremento espectacular de ocupados en los últimos dos años; es cierto que ha habido una evolución positiva de crecimiento del empleo estable de los contratos indefinidos; pero también es cierto que todavía continuamos con una tasa de temporalidad, con una tasa de rotación que es muy elevada; es rigurosamente cierto que ya se han hecho las reformas que en su día pactaron sindicatos y empresarios, más de 600.000 contratos indefinidos, pero es cierto que todavía son insuficientes. Es cierto que teníamos un 3,9 de contratos indefinidos con respecto al total de la contratación y que en estos momentos ya estamos cerca del 10, pero seguimos teniendo un problema de elevada rotación. Es cierto que en la Seguridad Social se han producido unos incrementos espectaculares en cuanto a afiliación en 1997 que vienen a confirmarse en 1998. En definitiva, atendiendo a cualquier tipo de indicador, es cierto que estamos ante una etapa de alta intensidad de creación empleo y de reducción muy significativa del paro en España. Eso no debe llevar al Gobierno, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales a actitudes conformistas, sino todo lo contrario. Hace pocos meses el Gobierno, en la presentación del programa plurianual de empleo, planteó una previsión de creación de empleo para cuatro años en torno a un millón de nuevos empleos. El acontecer, la evolución de crecimiento económico, la creación de empleo en 1997 como en el primer trimestre de 1998 han hecho que el Gobierno incremente las previsiones de creación de empleo y muy concretamente las de 1998 con respecto a las que venían contempladas en la memoria presupuestaria para ese año. No obstante, decía que detrás de esos buenos datos siempre hay realidades humanas, tragedias personales que no responden a la mera estadística. Después de esas cifras y esos datos, nos queda mucho por hacer en materia de lucha contra el paro y creemos que el Plan de empleo es un buen escenario para que volvamos a unir todas las aportaciones que podamos plantear, porque cualquier tipo de sectarismo, cualquier tipo de dogmatismo debe dejarse especialmente aparcado en materia de lucha contra el desempleo.
El Plan de empleo es un plan anual que se presenta para 1998 pero, en el marco de lo que fue la cumbre de Luxemburgo, es un programa anual que tiene una proyección plurianual de cinco años. El plan que hemos presentado responde a todos los objetivos de la cumbre de Luxemburgo, incluso algún grupo parlamentario de la Cámara ha criticado, y eso siempre es respetable, al Gobierno porque piensa que cumple estrictamente con lo que ha planteado la cumbre de Luxemburgo. Es un plan que pretende mejorar la formación profesional, es un plan que pretende integrar la formación reglada, la formación ocupacional, la formación continua ; es un plan que pretende atender muy especialmente a determinados desempleados como es el caso de los jóvenes que llevan más de cinco meses en el desempleo, como es el caso de aquellos parados adultos que llevan más de once meses en el desempleo, y es un plan que va a ser desarrollado en el ámbito del diálogo social y siempre respetando el marco competencial de las políticas de empleo en España. Luego, nuestra colaboración, nuestra cooperación con las distintas comunidades autónomas, no termina en la presentación del plan sino que se extiende a todo el desarrollo del mismo.
Si me permiten, me gustaría resaltar como las tres grandes líneas de este plan, en primer lugar, que se ofrecen más de un millón de acciones de empleo y de empleabilidad hacia los colectivos más desfavorecidos de nuestro mercado de trabajo.
En segundo lugar, el impulso a la contratación a tiempo parcial estable.
En materia de tiempo parcial estable, figura contractual que tiene un apoyo expreso de los sindicatos y los empresarios en el ámbito europeo, España no es Europa. En España tenemos un 8 por ciento de contratos de tiempo parcial estable, en la Unión Europea un 16 por ciento, el doble, y países de la Unión Europea que son admirados por la evolución en sus cifras de empleo, llegan a alcanzar hasta un 25, un 29 e incluso un 38 por ciento de contratos a tiempo parcial.
La tercera gran idea que contempla este plan, en la que tenemos puestas muchas expectativas y esperanzas, es el apoyo al primer empleo por parte de los autónomos. En España hay cerca de dos millones de autónomos que no tienen ningún asalariado, ningún empleo, y que pueden responder a esa expectativa de primer empleo si planteamos un régimen fiscal favorable, como hemos hecho, y si planteamos reducción de costes no salariales respecto a la Seguridad Social.
Como decía, el Plan de empleo se fundamenta en gran parte en los acuerdos que ya hemos alcanzado con sindicatos y empresarios y también en la contribución que se ha hecho por parte de los distintos grupos parlamentarios y comunidades autónomas. Sí diré que no ha habido ningún documento de ningún grupo parlamentario,

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ni de uno solo, del que no hayamos extraído alguna propuesta o alguna conclusión positiva, probablemente no todas las que desearían esos grupos parlamentarios, y eso les hace trasladar a la opinión pública, y aquí en la Cámara, su disconformidad con aspectos del plan, pero hemos recogido aportaciones de todos ellos.
¿A quién se dirige este Plan de empleo? El Plan de empleo se dirige a toda la sociedad española, el Plan de empleo se dirige a todos los desempleados, el Plan de empleo se dirige, para incentivarles, a los creadores de empleo, que son los que pueden definir una sociedad española competitiva en el futuro. Quien pretenda resolver el problema del empleo desde los ámbitos públicos, sin pensar en un sector productivo privado competitivo, con todo el respeto, estará pensando en el pasado, pero nunca en el futuro.
Pues bien, teniendo esta orientación general el Plan de empleo, hay que decir que se dirige preferentemente, en primer lugar, a las mujeres, que todavía siguen soportando discriminación en lo que significa el acceso al mercado de trabajo; políticas serias con respecto a la integración de la mujer en el mercado laboral, como en otros países europeos, nos exigen reformas en profundidad como la que altere toda la orientación de los programas de formación profesional hacia aquellas profesiones en las que en este momento está ausente la mujer. En segundo lugar, se dirige a los jóvenes, y muy especialmente a aquellos que llevan cinco meses en el desempleo. En tercer lugar, se dirige a los parados adultos que llevan más de once meses en el desempleo. En cuarto lugar, se dirige de forma muy especial a las personas con discapacidad. En España hay 40.000 personas con alguna discapacidad, que son demandantes de empleo no ocupados, y este plan pretende ofrecerles formación, orientación profesional o empleo. Muy especialmente, el plan está pensado para lo que significa la pequeña y mediana empresa, concretamente el papel de los autónomos en nuestra economía. Como saben, el conjunto de acciones que contempla el plan va dirigido a 992.000 personas, que son las que entendemos que en 1998 van a estar cinco meses en el desempleo en el caso de los jóvenes, once meses en el desempleo en el caso de los adultos y también a un 20 por ciento de todos aquellos que, a 31 de diciembre de 1997, ya estaban en esas circunstancias.
Para cubrir los objetivos del plan, muy específicamente para el primer pilar, se destinan 305.000 millones. De estos 305.000 millones, 238.000 son aportados por el Inem y 67.000 por las comunidades autónomas.
Permítanme que señale aquí la importancia de que por primera vez hayamos podido estudiar con toda lealtad no sólo el conjunto de la acción formativa del Gobierno, del Estado, sino del conjunto de las comunidades autónoma, y quiero reconocer públicamente la lealtad y la cooperación que hemos recibido en todo momento de ellas. Pues bien, este esfuerzo presupuestario, si tenemos en cuenta que en 1997 fueron presupuestados 178.000 millones, significa un incremento de 127.000 millones de pesetas, procedentes tanto de la Administración general del Estado como de las comunidades autónomas, que en términos porcentuales significa un incremento del 82 por ciento con respecto a 1997. Como he dicho, con estos 305.000 millones en acciones de empleabilidad, formación u orientación profesional, convenios del Inem y corporaciones locales se atiende a todos los colectivos Luxemburgo, así se denominan en el argot comunitario, en 1998, y a un 20 por ciento de los que ya estaban en esas circunstancias a diciembre de 1997.
Quiero decir que en el caso de las personas con discapacidad, 40.000 como he señalado, el presupuesto del conjunto de las acciones será de 23.000 millones de pesetas. En 1997 se llevaron a cabo 593.000 acciones; en 1998 ese conjunto de acciones va a estar en torno a un 1.200.000 para 992.000 personas. Como he dicho, del presupuesto de 305.000 millones, 192.000 millones se destinan a formación, plan FIP y comunidades autónomas, escuelas-taller y casas de oficio; 103.000 millones a empleo a través de iniciativas locales de empleo, apoyo al autoempleo, acciones a discapacitados, fomento de empleo de interés social; 5.338 millones a orientación; 5.216 a promoción. Además de estos 305.000 millones que ha apobado el Consejo de Ministros --que, como saben sus señorías, ha supuesto un esfuerzo adicional, con los presupuestos aprobados ya para 1998, de 35.000 millones--, en lo que significan bonificaciones de empleo estable, a los 99.000 millones presupuestados se han añadido 45.000 millones de pesetas. En consecuencia, la aprobación del plan en el Consejo de Ministros ha supuesto un esfuerzo adicional, con respecto a lo presupuestado en 1998, de 80.000 millones de pesetas.
El resto de los recursos del plan para 1998 se concreta en las siguientes partidas: programa nacional de formación profesional, 467.000 millones de pesetas; acciones de fomento de economía social, 1.890 millones de pesetas; medidas fiscales de apoyo a las pymes, 25.000 millones de pesetas; acciones de reincorporación a la vida laboral, 798 millones de pesetas; acciones de empleo y discapacitados, 11.000 millones de pesetas, con lo que las acciones que se contemplan en el plan nos sitúan en un conjunto de recursos de 955.000 millones de pesetas, sin tener en cuenta la línea de crédito de 300.000 millones de pesetas que el ICO pone a disposición de los pequeños y medianos empresarios.
Para resumir, señor presidente, yo querría plantear como novedades globlales de este plan el que actúe muy especialmente sobre un millón de personas, que son las que tienen más dificultades en este momento de inserción en el marcado de trabajo; el que suponga en su conjunto, teniendo en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas, casi un billón de pesetas; el que ponga de manifiesto la prioridad de las políticas

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activas de empleo en perfecta línea de orientación comunitaria; el que se atreva a modificar en profundidad los sistemas de formación profesional, yo espero que consiguiendo que la formación profesional en España tenga prestigio y que ninguna familia española considere que su hijo es un fracasado si no accede a la titulación universitaria, cuando en ocasiones la formación profesional es garantía de empleo. Es un programa que va a introducir modificaciones legislativas en las políticas activas de empleo, vinculando y orientando sobre todo a las mujeres, grandes discriminadas hoy en nuestro mercado de trabajo, y a los nuevos yacimientos de empleo. Es un plan de empleo que quiere crear una nueva figura, la de talleres de empleo. Es cierto que hay que reconocer la eficacia de los programas de escuelas-taller y casas de oficio, que no son un invento del Gobierno al que yo pertenezco, sino una propuesta que se llevó a cabo durante el Gobierno anterior. La eficacia de estos programas está demostrada, pero tienen el inconveniente de que su diseño se presenta para jóvenes y para restauración monumental. Con la figura de talleres de empleo queremos plantear la fórmula de estudiar trabajando y de trabajar estudiando, también para los parados adultos.
El programa pone en marcha un plan de choque en los municipios que tienen mayor problema de desempleo. El plan quiere poner en marcha un acuerdo de gestión entre el Gobierno y comunidades autónomas para que las acciones se dirijan a los colectivos más afectados, que responde a la cumbre de Luxemburgo. El plan quiere poner en marcha la orientación individual de los desempleados. En ese sentido, está previsto realizar durante el año 1998 dos millones de entrevistas individuales a los desempleados para conocer su situación personal, laboral, de formación y orientarles ante la posible incorporación al mercado de trabajo. El plan pone en marcha una reducción selectiva de los costes no salariales. Estamos convencidos de que una reducción significativa de cotizaciones sociales favorece el empleo, si bien, en unos momentos en que estamos acometiendo la consolidación del sistema de Seguridad Social, en que tenemos que velar por el equilibrio del propio sistema, en que estamos atendiendo al proceso de separación de fuentes de financiación, el Gobierno apuesta con toda claridad por una reducción selectiva de esos costes no salariales, y esa reducción selectiva se va a plantear en beneficio siempre del empleo estable, sea a tiempo completo, sea a tiempo parcial, pero empleo estable; sólo planteamos incentivar aquellos empleos temporales que se ofrecen a personas con discapacidad, de la misma forma que pretendemos reducir a coste cero las cotizaciones sociales de aquella mujer, de aquel trabajador que sea contratado para sustituir en el caso de un permiso de natalidad o de adopción. Esta es una importante medida no solamente porque pensamos que se pueden producir al menos 30.000 ó 40.000 nuevas sustituciones, sino porque hoy la doble cotización en los casos de permiso de natalidad o de adopción supone un tapón para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Se trata de un plan que pretende medidas fiscales en favor del empleo, un plan que apoya expresamente a la pequeña y mediana empresa, un plan que plantea el desarrollo de un nuevo régimen para el primer empleo, como he dicho anteriormente, un plan que pretende desarrollar los mercados de capital riesgo, un plan que dispone la elaboración de una nueva ley de cooperativas, un plan que se plantea la regulación de las empresas de inserción social, un plan --y hay que decirlo con toda claridad-- que contempla la mejora de la protección social de los contratos a tiempo parcial y de los contratos formativos. ¿Cuánto tiempo, señorías, llevamos hablando de contratos basura? Es rigurosamente cierto que se ha producido un cambio espectacular en la tendencia de los nuevos empleos estables y es rigurosamente cierto que de los 600.000 contratos que ya se han hecho en torno a la reforma de sindicatos y empresarios más de un 60 por ciento son transformaciones de contratos temporales. Pero había una asignatura pendiente que está resuelta y que se solicitaba desde el acuerdo de sindicatos y empresarios: dotar de protección social a los contratos formativos y a los contratos a tiempo parcial estable. Digo esto por lo siguiente: cualquier figura contractual que se apoye tiene que ser digna y tiene que ser una figura satisfactoria para el trabajador y atractiva para el empresario si queremos que prospere en nuestro mercado de trabajo.
Vamos a modificar la orden ministerial para mujeres en sectores en los que están subrepresentadas. Es una orden que se ha quedado completamente antigua y que está impidiendo que muchas mujeres accedan a las bonificaciones del empleo indefinido. El plan va a mejorar la fiscalidad de los centros especiales de empleo. El plan se pone al servicio del conjunto de las políticas del Gobierno y espera ser un elemento decisivo para que se cumpla esa previsión de creación de 370.000 empleos en 1998.
Quiero terminar esta intervención, señor presidente, haciendo alguna valoración sobre dos asuntos que realmente son complejos. El primero de ellos es la reducción generalizada por ley de la jornada de trabajo y el segundo es el incremento de la cobertura de las prestaciones por desempleo. Nadie ha podido demostrar que en el conjunto del Plan de empleo haya una sola acción que perjudique a algún colectivo y mucho menos al conjunto de los trabajadores, pero parece que las dos cuestiones que básicamente han impedido el acuerdo con los sindicatos son las relativas a la jornada de 35 horas por ley y al incremento de la cobertura de desempleo. Yo quiero señalar que desde el estudio, desde el análisis y desde el terreno científico, nadie dice hoy que una medida generalizada de reducción de la jornada por ley signifique creación de empleo. Sin embargo, ante una medida de esas características

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hay que contemplar con mucho cuidado y atención sus efectos en los costes laborales unitarios, sus efectos sobre la inflación, sus efectos sobre las exportaciones y, aún contemplando esos efectos, en cifras absolutas nadie defiende con solvencia que esa medida signifique automáticamente creación de empleo. De hecho, el último estudio de la Comisión Europea, titulado Reducción del tiempo de trabajo y empleo en la Unión Europea, considera que la reducción obligatoria del tiempo de trabajo tiene un efecto negativo sobre la producción y el empleo. La OCDE concluye que los efectos de esta medida sobre el empleo son escasos y en bastantes países nulos y el Fondo Monetario Internacional desaconseja la medida por provocar rigideces en el mercado de trabajo. En este marco, y en sintonía al cien por cien con la cumbre de Luxemburgo, el Gobierno de España vuelve a apoyar el diálogo social, la discusión empresa a empresa, sector a sector, para que, a través de los empresarios y sindicatos, se reorganice la jornada de trabajo. Esa reorganización pactada entre sindicatos y empresarios sin duda va a ser respetuosa con la productividad de las empresas y no va a suponer merma alguna en la competitividad de la propia empresa. Desde luego, el Gobierno va a apoyar las propuestas que de común acuerdo nos hagan llegar los sindicatos y los empresarios en materia de organización de tiempo de trabajo, pero digo con toda claridad que no somos partidarios de iniciativas públicas que propicien reducciones generalizadas de jornada de trabajo porque no creemos en la medida y porque eso significa estar al margen de la cumbre de Luxemburgo, en la que se decidió expresamente que la negociación colectiva, el diálogo social era el camino para abordar la reorganización del tiempo de trabajo.
Por otra parte, a este Gobierno, que no ha hecho ninguna modificación sustancial en el sistema de desempleo, se le demanda el incremento de las políticas pasivas. Digo desde esta tribuna que hoy el gran debate europeo se sitúa en cómo día a día convertimos esas políticas pasivas en políticas activas y que para ese debate hemos estado abiertos y lo seguimos estando, pero el Gobierno no ha podido atender determinadas peticiones, en primer lugar, porque no las comparte y, en segundo lugar, porque nos hubieran situado al margen de las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo.
Termino, señor presidente, como empecé, agradeciendo a todos los grupos de la Cámara sus aportaciones, agradeciendo a todos los grupos de la Cámara y a las fuerzas políticas que los documentos que estos años han ido elaborando sobre empleo hayan servido para extraer consecuencias positivas y en la esperanza de que en el desarrollo de este Plan de empleo, en el que todos, luchando contra el paro y aparcando cualquier tipo de actitud dogmática o sectaria, podamos encontrar líneas de encuentro en beneficio de la creación de empleo y de los desempleados españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que al amparo del artículo 203.2 deseen fijar posición, formular preguntas o hacer observaciones a la intervención del señor ministro? (Pausa.)

La señora AROZ IBAÑEZ: La comparecencia es a petición del Grupo Socialista, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): La Presidencia lo sabe, señora Aroz. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor presidente, señorías, después de escuchar ayer aquí al presidente del Gobierno contestar a una pregunta que le formulaba su propio grupo e incluso después de escucharle a usted ahora, señor ministro, me ha estado dando vueltas en la cabeza una pregunta que no me resisto a formular en voz alta: ¿podremos, alguna vez, en esta Cámara, hacer un debate sobre el empleo sin distanciarnos demasiado de la realidad, sin convertir en mercancía propagandística un problema como éste, que aflige a millones de españoles? ¿Seremos capaces de analizar los datos de empleo, los de desempleo, los de colocaciones, los de Seguridad Social, viendo en ellos toda --repito, toda-- la dimensión del problema y toda la realidad que encierra? No me estoy refiriendo a que usted, como miembro del Gobierno, como es lógico, hable del empleo y a que yo, como miembro de la oposición le hable, como también es lógico, del paro; me estoy refiriendo a que hablemos los dos de la dimensión de todos los aspectos que encierra la realidad. Y desde 1994, la realidad es que estamos en una senda de crecimiento del empleo, algo que no voy a negar, como ustedes hacían tal vez en épocas recientes. Está creciendo el empleo, y ese es un dato positivo de la realidad que no solamente no se debe negar, sino que hay que contar con él. Pero hay también algunos aspectos no tan positivos en esa misma realidad que es bueno tener presente, por una sola razón: porque si son datos que indican que algo no está funcionando bien, hay que conocerlos si lo que pretendemos es corregir la situación.
Por lo tanto, hagamos todo lo posible por conocer la realidad en toda su dimensión. Le pondré un ejemplo. Nos acaban de decir desde el Gobierno que en los tres primeros meses de este año, el paro registrado ha disminuido en 36.000 personas, y han añadido que esto no se daba en un primer trimestre desde que se produjo en la última fase expansiva del ciclo, allá por el final de los años ochenta. Yo estoy de acuerdo en que este dato es correcto y lo reconozco, algo que no hacían ustedes en 1989, y lo celebro. No obstante, añado otro dato que no parece tan positivo, pero que es tan real y

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cierto como éste: para sacar de la lista del paro a esas 36.000 personas han sido necesarias 2.700.000 contrataciones, es decir, se han necesitado 75 contrataciones para reducir el paro en una sola persona. Hace años se necesitaban treinta y tantas contrataciones; hoy se necesitan 75 contrataciones para reducir el paro de una sola persona. Este es un dato tan cierto como el anterior, aunque es verdad que de esto se oye hablar poco. Sería conveniente que se hiciera alusión a este dato porque algo nos estará diciendo sobre la realidad del mercado de trabajo, sobre su funcionamiento, y, por lo tanto, nos obliga a todos a tenerlo en cuenta para tratar de resolver este problema.
¿Por qué les digo todo esto? Se lo digo porque me parece que en el terreno del empleo todos deberíamos rehuir la propaganda. Hablamos del principal problema que tiene la sociedad española y que muchas familias viven dramáticamente, así que podemos todos hacernos el favor de olvidarnos de esas bobadas del año del empleo y de tratar de buscar cada mes una cifra récord cuando damos los datos de paro o de llegar a dar, incluso hasta siete u ocho veces, los datos de paro de un solo mes, cuando el Gobierno considera que son buenos.
Por lo tanto, yo creo que es bueno desterrar la propaganda de este debate, y, si me lo permite, señor Arenas, ya que usted normalmente adopta un discurso desde la responsabilidad, le voy a dar un consejo: no deje que el señor Rodríguez ponga sus manos en el empleo, porque es algo demasiado serio para ser objeto de tratamiento en sus gabinetes de agitación y propaganda. (Aplausos.--La señora Villalobos Talero: Lo mismo que tenía usted.--Rumores.) El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías respeten al orador.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Un debate sobre el empleo, señorías, ha de ser también un debate con dos actitudes que, lamentablemente, recorren de arriba a abajo el discurso del Gobierno. Me refiero a la resignación y al triunfalismo.
¿Cómo llamarían, si no es resignación, a fijar, tal y como ha hecho el Gobierno, un objetivo de paro del 17 por ciento de la población activa para el año 2000? Esta es una previsión según la cual la tasa de paro en España, después de siete años de crecimiento ininterrumpido, va a ser mayor de la que había a principios de los años 90, justamente en el momento anterior al comienzo de la crisis económica. Esto es tanto como decir que tres millones de españoles, aproximadamente, no van a encontrar empleo en lo que queda de siglo. Están ustedes convencidos, señor ministro, de que únicamente con el crecimiento estable, con la estabilidad y el crecimiento económico va a desaparecer el problema del paro, a pesar de que la experiencia nos demuestra justamente lo contrario, más bien nos enseña que el crecimiento estable y duradero es una condición necesaria para crear empleo, pero no lo ha sido en el pasado, no lo es en el presente, y me temo que en el futuro no será una condición suficiente.
Es necesario conseguir que el crecimiento económico se traduzca en más empleo. Por eso no todo consiste en dejar en absoluta libertad el funcionamiento de las fuerzas del mercado y que sean éstas las que resuelvan el problema del paro, porque si afirmamos esto estaremos cayendo en la resignación, y lo curioso de la resignación en el discurso que oigo del Gobierno es que no es fruto de su humildad, sino, en todo caso, consecuencia de su convencimiento de que sólo el mercado puede resolver este problema.
A veces, oyendo este discurso me da la impresión de que la resignación del Gobierno es el desenlace lógico de su triunfalismo, porque han repetido ustedes tantas veces que la mitad del empleo que se ha creado en la Unión Europea durante 1997 se ha creado en España, que muy probablemente hayan llegado al convencimiento de que en este terreno no necesitan ustedes que nadie les enseñe nada, y me temo que de esta forma se nos puede escapar la dimensión real del problema. No se dan cuenta, por ejemplo, de que bajar un punto de paro en España supone solucionar un 5 por ciento los problemas de desempleo, en tanto que bajar ese mismo punto de desempleo en el Reino Unido, le supone al señor Blair solucionar un 20 por ciento de su problema de paro. Por tanto, de todo el mundo se puede aprender, del señor Blair sin duda, pero también se puede aprender del señor Jospin o del señor Prodi, quienes con un problema de paro más parecido en su dimensión al que tenemos aquí, han tenido el coraje político de adoptar medidas para resolverlo, alejándose en ambos casos de la propaganda, de la resignación o del triunfalismo.
Creo que el Plan de empleo que nos presentan aquí, que, por cierto, llegó ayer a la Cámara después de haberlo pedido el 3 de abril, ha sido formulado por el Gobierno con el mismo espíritu con el que se entró en la cumbre de Luxemburgo pero, eso sí, con un poco más de retórica. Si usted se fija, no hay ni una ampliación de crédito sobre lo que se presupuestó en 1998 que sirva para ser incorporado a este Plan de empleo; son los mismos créditos presupuestarios, lo que ha cambiado son las previsiones de empleo, pero los créditos son los mismos. Por tanto, estamos hablando de mucha letra pero poco número.
Ustedes han tenido la rara habilidad de hablar tantas veces y en tantos sitios de tantas cosas que resulta imposible, después de habernos leído el documento, saber exactamente de qué va el asunto. Diríase que para ustedes la política de empleo está en tantos sitios que en realidad no está en ninguno. Por eso me van a permitir que les hable de algunos puntos del plan que me parecen importantes.


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La ampliabilidad es esa palabra de moda en la lucha contra el paro que se puso en circulación por los británicos y que parece haber hecho fortuna.
En realidad, con esta espantosa palabra lo único que se quiere decir es que la oferta de empleo que en un momento determinado hay en una sociedad debe corresponderse con las demandas de trabajo realmente existentes. Es decir, estamos hablando de la vieja discusión sobre los servicios de empleo, de la intermediación y de todo lo que esto lleva consigo: registro, calificación, orientación, clasificación, formación e inserción, es decir actuaciones públicas tendentes todas ellas a mejorar la oferta y a hacerla coincidir con la demanda. Esto es algo que, de funcionar bien, tendría una enorme importancia de cara al empleo, y algo que exige un servicio público que actúe con eficacia. Lo que me preocupa es que, tal y como he visto que se están haciendo las transferencias del Inem a Cataluña y a Galicia, van a empezar a surgir problemas para que se produzca esa eficacia que todos deseamos. Me preocupa, por ejemplo, la inexistencia formulada legalmente de un modelo estatal, descentralizado, de servicio público de empleo. Me preocupa, por ejemplo, que se produzca una incomunicación entre políticas activas y políticas pasivas, tema este que no se ha resuelto con los traspasos. Me preocupa también que no se hayan establecido los criterios objetivos de territorialización de los recursos para luchar contra el desempleo. Y me preocupa la compatibilidad que pueda existir entre los modelos territoriales que se establezcan y la conservación de un mercado de trabajo único y no fraccionado.
Con ocasión del debate sobre la cumbre de Luxemburgo, ya le dijimos que era muy importante cumplir en su plazo, cinco años, con la directriz primera de las que se acordaron en aquella cumbre, la que se refiere al paro juvenil y al paro de larga duración. De cómo se articule territorialmente el servicio público de empleo y de cómo se establezca el servicio público estatal --federal, si ustedes quieren-- de empleo puede depender mucho el éxito de esta empresa. Confío en que los problemas de hoy puedan resolverse mañana.
Señor ministro, las políticas de intermediación, que son muy importantes, no son tampoco suficientes; simplemente lo serían si la oferta fuera de igual magnitud que la demanda. Es decir, si hubiera tantos puestos de trabajo disponibles como demandantes de empleo, entonces sí. Pero como lamentablemente esto no ocurre, hay siempre muchas más personas buscando empleo del que es capaz de ofrecer el mercado con un crecimiento estable de la economía. Por tanto, tenemos un problema estructural de paro, no solamente un problema de falta de ajuste entre oferta y demanda, que no creo que sea capaz de resolver simplemente --insisto en esto-- un crecimiento estable de la economía. Si no queremos decir a muchos millones de españoles que su problema de desempleo no tiene solución hoy, tampoco mañana ni la va a tener pasado mañana porque el mercado no va a ser capaz de dársela, tendremos que recurrir a soluciones distintas a éstas y buscar algunas medidas que tenga que adoptar el Gobierno que rompan esta inercia. Y avanzando por este camino me parece que es imprescindible que abordemos dos cuestiones que en el Plan de empleo del Gobierno se tratan insuficientemente. Me refiero a la reducción del tiempo de trabajo y al uso del dinero público para fomentar la creación de empleo.
Hablemos de las 35 horas, pero, señor ministro, hagámoslo siempre con una cierta honestidad intelectual, desde la razón, porque me temo que, tal y como están las cosas en este debate, hay demasiada gente interesada en convertirlo en una polémica casi religiosa entre creyentes y no creyentes. Todos los economistas serios nos dicen --y todos están de acuerdo-- que los aumentos de productividad habrían causado serios problemas de desempleo en Europa si a lo largo de los últimos cien años no se hubiera reducido la jornada máxima a la mitad; todos están de acuerdo en este principio. Por tanto, hay unanimidad en considerar que la reducción del tiempo de trabajo tiene efectos positivos sobre el empleo a medio y a largo plazo. (Rumores.) ¿De qué se trata entonces? Se trata de ver si es posible que lo que es bueno a medio y a largo plazo tenga también efectos positivos sobre el empleo a corto plazo. Me parece a mí que este debate es apasionante si no nos encerramos o abroquelamos en posiciones numantinas; puede serlo perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver cuáles son las mejores condiciones para que lo que es bueno a largo y a medio plazo lo sea también a corto plazo. Y hay estudios ya, señor ministro. Hay uno muy importante del Banco de Francia que dice claramente que la reducción del tiempo de trabajo, la ley de la jornada de 35 horas que ha aprobado Francia, puede repercutir muy positivamente en el empleo siempre que se financie con las ganancias de productividad, siempre que pueda financiarse con las ganancias de productividad. Es decir, si la jornada de 35 horas puede convertirse en una fuente de creación de empleo, si se hace bien, el Gobierno no puede ser neutral en este proceso. No puede simplemente cruzarse de brazos y decir que sean sólo los agentes sociales los que lleguen a un acuerdo porque el Gobierno sabe ya, previamente, que si las cosas se hacen bien, la reducción de jornada va a repercutir positivamente en el empleo. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno? Poner todo de su parte para que las cosas salgan bien. Por tanto, tiene que adoptar medidas de apoyo a ese proceso de negociación, tiene que aportar también recursos públicos para mejorar las condiciones de productividad --de todos los factores de producción-- y tiene que transferir recursos de los sectores de alta productividad a los sectores de baja productividad. Y le diré algo más, señor ministro.
Si el Gobierno viera que una de las partes sociales renuncia a la negociación y se encierra en posiciones absolutamente

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defensivas que impiden cualquier posibilidad de acuerdo, el Gobierno también deberá tomar medidas, incluidas las legislativas, para evitarlo y garantizar la viabilidad de este proceso.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señor Griñán, por favor.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Voy terminando.
El presidente me concede poco tiempo y, por tanto, simplemente diré que no tengo mucha esperanza en que puedan desarrollar estas políticas, porque me acuerdo perfectamente de las cosas que dijeron ustedes cuando la ministra francesa presentó su plan de empleo. Parecía como si la ministra Aubry hubiera tratado de sovietizar la economía francesa. Yo creo que estas son medidas de emergencia que en una situación como la que estoy diciendo, en la que el mercado no va a ser capaz de resolver el problema de dos o tres millones de personas, es necesario adoptar. Las que se oyeron fueron descalificaciones que a mi modo de ver además fueron hipócritas, porque yo jamás les he oído a ustedes, señor ministro, decir que un colegio privado subvencionado con dinero público, que un hospital privado subvencionado con dinero público, que una guardería privada subvencionada con dinero público, que una residencia de ancianos privada subvencionada con dinero público sean formas de hacer empleo público o de sovietizar la economía. Nunca se los he oído. El problema parece que es completamente distinto.
Señorías, al Plan de empleo le falta quizá también --se lo digo de verdad, señor ministro-- una orientación clara, porque incluye muchas cosas que han existido desde hace años: formación en todos sus ámbitos: reglada, ocupacional, continua, escuelas-taller, casas de oficios, servicios integrados de promoción de empleo, iniciativas locales. Si tuviera que seleccionar un punto del Plan de empleo que han presentado en el que viéramos genuinamente cuál es la filosofía que le inspira, le diría que éste es el de la reducción de las cotizaciones sociales y las desgravaciones del capital. Es realmente el punto en el que más se inspira y al que más recursos se aportan por el Gobierno. Me parece lógico porque el Gobierno está convencido de que el desafío de la competitividad y el empleo se va a ganar mediante una reducción generalizada de los costes del factor trabajo, y --se lo digo de verdad, señor ministro-- se equivocan. Le voy a dar un dato de manual.
En los últimos doce años España ha sido el país que más empleo ha creado de la Unión Europea. ¿Y dónde ha creado ese empleo España? Prácticamente todo en el sector servicios. Dos millones y medio de empleos se han creado entre los años 1986 y 1998 en el sector de los servicios. Por tanto, es este sector el que se está encargando de la responsabilidad de crear empleo hoy en España. Pues bien, si ustedes miran en el sector servicios, se darán cuenta de que sus características nos obligan a pensar que su elasticidad baja o alta sobre el empleo no está, ni mucho menos, en los costes del factor trabajo; está en otro sitio. Repasen ustedes. El sector de los servicios tiene una inflación que duplica la media del país, el sector de los servicios tiene una productividad que es el 85 por ciento de la media del país y el sector de los servicios tiene una jornada media pactada en convenios que es superior a la de otros sectores. Luego los problemas de creación de empleo y de elasticidad hacia el empleo del sector servicios --que es el que está creando empleo-- no están en el factor trabajo, están en otro campo: en la liberalización de ese sector, en la ruptura de los monopolios, en las medidas de aportaciones a tecnologías nuevas y a todo lo que es rotación del capital de ese sector; algo en lo que tendría que implicarse el Gobierno. Pero como lo que hace el Gobierno es bajar los costes del factor trabajo, el sector no se siente obligado, no se siente impulsado a tomar las medidas que de verdad necesita para ser eficiente en el futuro.
Están ustedes primando la ineficiencia o, dicho de otra manera, están anestesiando el problema. Hay que hacer que el sector servicios sea mucho más competitivo. No hay que bajar el coste del factor trabajo, hay que hacerlo más competitivo en otras condiciones que se dan precisamente en el factor trabajo.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Concluya, señor Griñán.


El señor GRIÑAN MARTINEZ. Termino ya, señor presidente.
Señor ministro, fiarlo todo a la reducción de los costes del factor trabajo me parece un error político porque se van a aumentar las desigualdades sociales; me parece un error económico porque se va a producir una reducción del consumo privado; y me parece un error histórico porque se pretende ganar el futuro retornando al pasado más indeseable. Han aumentado en España el 20 por ciento los beneficios de las grandes empresas, pero todas ellas han reducido su plantilla. El Gobierno, mientras tanto, mira a otro lado y reclama moderación salarial.
Han privatizado ustedes el sector público empresarial en su totalidad, y conforme las empresas han ido pasando a manos del sector privado, todas ellas, una a una sin excepción, han anunciado su decisión de despedir a miles de trabajadores. La última...(Rumores.), sí señorías, concretamente la última, la que más beneficios tenía, la perla de la corona, Endesa, ya ha dicho que le sobran 8.200 trabajadores, y mientras tanto ustedes miran a otro lado y piden moderación salarial (Aplausos.--Rumores.) El Gobierno ha propuesto también una reforma fiscal que bajará seis veces los impuestos a las rentas más altas. Mientras bajamos los impuestos les diremos a los alemanes que con sus dineros, con sus impuestos nos paguen

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la formación de nuestros desempleados. Pero como no podía ser menos, han aprovechado que les dicen ustedes que van a hacer una reforma fiscal bajando la presión fiscal para pedir otra vez más moderación salarial.
Señor ministro, por muchos planes que hagan ustedes y por mucho que su discurso, el suyo, el de usted, señor Arenas, pueda parecer como un remanso centrista, la política económica que orienta sus palabras es una política desequilibrada (Risas.) porque está profundamente decidida a mejorar las rentas de capital y manifiestamente resignada en todo lo que se refiera al empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Griñán.
Silencio, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, desde el punto de vista de Izquierda Unida, este Plan de empleo de 1998 es inadecuado e insuficiente. Es el plan de la soledad del Gobierno. Me explico. El crecimiento económico por sí solo no crea empleo, y cada vez menos. Ya se ha comentado aquí. Los datos sobre la elasticidad, la relación entre el incremento del crecimiento económico y el incremento de empleo es clara, va bajando cada vez. Por tanto, cada vez el crecimiento económico tiene menos capacidad de crear simultáneamente empleo. Eso está claro desde el Libro Blanco de Delors.
Sin embargo, con las políticas de flexibilidad y las políticas activas que planteó la Unión Europea desde 1993 tampoco se consiguió el objetivo de crear los 15 millones de empleos en Europa, sino que se incrementó el paro hasta los 18 millones. De ahí y del giro hacia la izquierda que se ha producido en los gobiernos europeos se ha derivado una cumbre de Luxemburgo que no ha creado, desde nuestro punto de vista, una auténtica política europea de empleo, sino que únicamente ha avanzado en coordinar subsidiariamente las políticas de empleo de los distintos gobiernos.
Incluso el Gobierno español --ya lo hemos analizado aquí--, que en un momento pretendió zafarse de los compromisos, hoy sin embargo tiene que rendir cuentas de ellos puntualmente.
Ante todo, el problema del empleo está ligado siempre a la orientación de la política económica, y es en ésta en la que hay que buscar la primera causa del paro o, por el contrario, el principio de la solución. Pero desde los años setenta hasta la fecha, la política económica ha sufrido un viraje cuyos dos ejes son, en primer lugar, un cambio de distribución de la renta de manera que aumentase sustancialmente la parte dedicada a excedente empresarial en detrimento de la renta de trabajo. Su correlato en la política laboral de empleo es la renuncia al pleno empleo, la empleabilidad como sucedáneo, y a la calidad del mismo, la flexibilidad, la moderación salarial y la reducción constante de costes laborales tanto salariales como no salariales. Los datos cantan. Mientras que en la etapa anterior a la crisis energética, en los años últimos, los costes laborales unitarios en términos reales permanecen constantes, en los años posteriores sufren un fuerte descenso: desde 1975 a 1996, en la Europa de los Quince, un 20 por ciento como media y un 24 en el caso de España.
¿Qué indican estas cifras? Algo muy simple, que los precios se han incrementado un 20 por ciento más que los costes laborales o que los salarios reales han crecido un 20 por ciento menos que la productividad.
Ambas afirmaciones expresan lo mismo, que el excedente empresarial se ha adueñado de la parte más importante del aumento de la productividad. Es decir, que la distribución de la renta se ha modificado a favor del capital y de los empresarios y en contra de los trabajadores, porque justamente es en ese período en el que se ha mostrado la incapacidad para crear empleo para tres millones de españoles y españolas.
La segunda línea de modificación de la política económica es la pretensión, muchas veces conseguida, de que el sector público perdiese terreno en beneficio del privado, promoviendo un proceso privatizador y debilitando y a menudo anulando las facultades normativas de los poderes públicos en el ámbito económico. ¿Qué se ha conseguido con este tipo de política económica ligada a la política de empleo? El paro --se ponga o no se ponga en los indicadores de convergencia o en las políticas económicas de cada país-- es índice de una economía que no va bien, de una economía que está enferma, y nuestra economía en este sentido está enferma crónica y gravemente. No voy a hacer un repaso de los indicadores que como usted ya sabe y como el señor ministro se va ahora mismo de la sala no hace falta decirlos.
¿Cómo va a ir a Cardiff el Gobierno? ¿A hacer el ridículo como en Luxemburgo? Y no es frase mía, perdón, no es frase mía sino de un líder sindical en este país. Me temo que sí. Izquierda Unida considera inadecuadas, insuficientes, las medidas contenidas en el Plan nacional para el empleo. Son cinco los elementos que señalamos que deberían rectificarse en este Plan de empleo. En primer lugar, el plan se ciñe estrictamente a los compromisos de la cumbre de Luxemburgo, sin pretender rebasarla, rellenando puerilmente las plantillas facilitadas por la Comisión Europea, agarrándose como Moisés a las tablillas de la ley. Así no veremos nunca la tierra prometida, el fin del desempleo masivo. Para ello introducen unas exiguas acciones financieras con cargo tanto a las disponibilidades presupuestarias del Estado como de las comunidades autónomas. La situación del empleo en España es especialmente grave y por ello es necesario que el Plan

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de empleo a desarrollar no quede reducido a las definiciones de la cumbre de Luxemburgo, pues si bien ésta ha marcado unos objetivos mínimos, no limita la soberanía estatal para superarlos. ¿Acaso nos quiere decir el señor ministro, con estas referencias a que la ley de 35 horas queda fuera de los planteamientos de la cumbre de Luxemburgo, que Francia e Italia han sido aherrojadas a las tinieblas de la ilegalidad? Yo creo que es muy serio lo que acaba de decir el señor ministro. En cualquier caso, me parece que Francia e Italia no van a renunciar a poner, más allá de las plantillas que le presenta la Comisión Europea, sus iniciativas respecto a la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales. Estoy convencido de que Francia e Italia no van a renunciar, no van a ser aherrojadas a la ilegalidad a la que usted les aherroja, no van a renunciar a poner, más allá de los planteamientos de la cumbre de Luxemburgo, sus iniciativas de las 35 horas de las que sin duda están muy orgullosos porque han sido perfectamente definidas y apoyadas por planteamientos muy científicos y muy serios.
El segundo elemento es la insistencia en la necesidad de flexibilizar y reducir los costes no salariales. Ya se habla de mantener la reducción de las cotizaciones sociales de los contratos bonificados después de los dos años y se plantean --es la única medida novedosa del plan, el núcleo del plan-- más bonificaciones a las conversiones de contratos temporales, horas extraordinarias, a contratos a tiempo parcial indefinido, entre comillas. Eso es reducir las cotizaciones por la puerta falsa. Pero nunca se habla de repartir el incremento de la productividad y los beneficios empresariales en puestos de trabajo.
Tercer elemento. No se plantea dar una nueva orientación a las políticas activas. Estas deben entenderse como una contribución a la consolidación y expansión de un sector productivo no mercantil, caracterizado por un avance sustancial de lo que nosotros llamamos democracia económica, puesto que se articula basándose en la participación de individuos y colectivos autoorganizados para crear nuevas formas de producción y de empleo, guiados por la rentabilidad social y la creación de autoempleo de sus proyectos empresariales. El Plan de empleo mucho me temo que va a quedar de nuevo en la vieja filosofía subsidiarista de repartir dinero a agentes sociales, a comunidades autónomas, para volver a hacer estas políticas activas sin profundizar en una nueva metodología de la creación de empleo y de las políticas activas, en una nueva metodología ligada al concepto de la democracia económica. Se trata de crear empleo de calidad, y ahí las políticas activas y la política de empleo en general tienen que avanzar decididamente. Este Plan de empleo no lo hace. Por eso hay que acompañar a las medidas de políticas activas de políticas pasivas, con una ampliación de la cobertura del desempleo, como ya le están diciendo en su manifiesto los agentes sociales, los sindicatos, con mejores y mayores prestaciones sociales. Ustedes interpretan las ideas europeas en el sentido de seguir reduciendo la cobertura social para poder financiar las políticas activas con ese dinero. No estamos de acuerdo.
Hablando de calidad de empleo --y permítanme un paréntesis, pidiendo disculpas por introducir un tema colateral al del Plan de empleo--, señorías, deseo plantear aquí al señor ministro que se comprometa más a fondo con la salud laboral, con la seguridad de los trabajadores. Todos los grupos parlamentarios hemos recibido una carta de los sindicatos en la que se nos propone que instemos al Gobierno a la declaración del día 28 de abril como día de la seguridad y salud en el trabajo, en coherencia con los planteamientos de la CIOSL y de la CES. Le pido que se comprometa aquí, señor ministro --posiblemente esta es la última ocasión que vamos a tener en esta Cámara para discutir este tema con usted--, a llevar al Consejo de Ministros una propuesta inmediata y urgente en este sentido, a fin de que este año sea el primero en que se celebre también en España ese día de sensibilización por esta causa noble. ¿Está usted dispuesto a eso? Espero su respuesta.
El cuarto elemento que creemos que se debe rectificar en el Plan de empleo es la desconfianza enfermiza del neoliberalismo hacia lo público y la consignación de la reducción de déficit público, que se traducen en este Plan de empleo en la renuncia al papel de las administraciones públicas como creadoras directas de empleo, mediante las ofertas de empleo público que se requieren para ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. Por contra, la congelación de las ofertas de empleo público y las políticas de privatización de las empresas del sector público están contribuyendo a que en la Función pública no sólo no se cree empleo sino que se destruya y se incrementen la jornada laboral y las horas extraordinarias.
El quinto elemento es la inhibición respecto a medidas estructurales del reparto del trabajo, transfiriendo competencia política a la autonomía negociadora de los agentes sociales y económicos.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, por favor, señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
¿Es miedo a asumir responsabilidad hacer una ley de 35 horas? No, seguro que no. Es la convicción de que por negociación colectiva no se va a conseguir nunca. En el fondo, ustedes lo saben perfectamente, como nosotros. Y el Partido Socialista, sin duda alguna, está apuntando ya elementos --es necesario que siga progresando en esta línea-- de desconfianza respecto a esa negociación colectiva, planteando que en esa negociación la patronal va a sustituir al Gobierno en

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su voluntad de no acceder a la reducción del tiempo de trabajo. Por tanto, las cosas claras. Se trata de que ustedes no confían y no quieren practicar la reducción de tiempo de trabajo. Esa es la realidad. No es que confíen en la negociación colectiva para conseguirlo. Por su parte, señor ministro, no hay, sin embargo, una inhibición a la hora de plantear una fórmula de reducción del tiempo de trabajo. No, no es verdad que se inhiba. El Gobierno pretende seguir una dinámica de reorganización del tiempo de trabajo, es decir, una reducción del tiempo de trabajo a su modo, sui generis, que se incrementa para unos y para otros se reduce. Es una especie de reparto de trabajo desigual, insolidaria y discriminatoria. La única medida estructural es la del contrato a tiempo parcial, pero sin abordar más cambio legislativo que el de devolver parte de los derechos (la enfermedad y el desempleo; la jubilación, no, todavía no se ha tocado) y sin abordar medidas que eviten el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial, pues después de la reforma de 1994, al eliminarse la cláusula de que la jornada no puede exceder de dos tercios de la jornada completa y al posibilitarse el cómputo anual de la jornada, existen tales posibilidades de confusión en la práctica entre tiempo parcial y entre tiempo completo fraudulento que tal parecería que se está invitando a los empresarios a usar la figura de forma irregular.
Generalizar el contrato a tiempo parcial no es lo mismo aquí que en Holanda, donde la incorporación de la mujer al trabajo es mucho mayor y donde el contrato a tiempo parcial no es forzoso sino realmente voluntario. En España hace falta repartir, de verdad, igualitariamente el trabajo. La extensión del contrato a tiempo parcial en estas condiciones es un sucedáneo de reparto del trabajo forzoso y discriminatorio.
En suma, se trata de un plan de empleo en el que hay mucha letra y poco empleo. Este es un plan de Arenas, no un plan de empleo. Es preciso ir más allá de la cumbre de Luxemburgo, como hemos señalado, y es preciso hacer caso alguna vez, salir del autismo político, dar participación de verdad, y no tener muchas reuniones pero haciendo oídos sordos. Por cierto, ¿cuál es el elemento que ha incorporado el señor ministro del plan de Izquierda Unida? Me gustaría escucharlo porque no lo conozco.
Nosotros planteamos un plan alternativo. En una reunión hemos hecho el plan de empleo de 35 horas semanales, de Izquierda Unida, con cinco ejes.
Primero, las medidas de reparto del empleo: la reducción de jornada semanal a 35 horas por ley, sin reducción salarial y otras fórmulas complementarias. Es rotundamente falso que nadie perteneciente al sector científico esté defendiendo esta alternativa; ya han salido aquí algunos elementos. Me gustaría que SS. SS. se leyeran un monográfico del boletín de la Confederación de Cajas de Ahorro en el que también se plantea este tema. Por tanto, hay mucha literatura científica, económica y sociológica respecto a los efectos positivos y a las posibilidades de reducción del tiempo de trabajo, de la reducción de jornada.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Vaquero, le ruego que termine ya.


El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo enseguida, señor presidente.
Hay que leer, de vez en cuando, otra literatura que no sea la de uno mismo. La segunda medida que planteamos son las de democracia económica de políticas activas. La tercera es la potenciación del sector público como creador directo e indirecto de empleo y con él --cuarta medida-- la estabilidad del empleo y recuperación de los derechos sociales. La quinta medida es el código de derechos de los desempleados y la cobertura de desempleo. Estos cinco elementos son los que componen nuestro plan de empleo.
Este, decía, es el plan de la soledad del Gobierno. Precisamente usted, señor ministro, fue a Luxemburgo con la maleta prácticamente vacía pero llena de una cosa: del consenso social, de los acuerdos con los sindicatos. ¿Cómo va a ir a Cardiff ahora? Justamente al contrario. Sigue la maleta un tanto vacía, los contenidos, la política es la misma que había antes, pero al mismo tiempo esta vez los acuerdos sociales, el consenso social, ha desaparecido, porque no me dirá que ir con el acuerdo de sus socios de las derechas nacionalistas y la patronal es ir muy acompañado, salvo que usted tenga la idea de que la mejor compañía de uno es su propia sombra.
Se ha quedado usted solo, señor ministro. Su buena estrella empieza a declinar. Frente a esta soledad y el augurio de una dura movilización social de los sindicatos, de los parados, le cabe a usted una salida: Izquierda Unida le ha brindado una alternativa a su plan de empleo: 35 horas. Usted sabrá si prefiere seguir a la deriva, en la que poco a poco se va usted metiendo, o bien recorrer el reto de lo nuevo de repartir riqueza y empleo, que es el futuro. Si usted y su Gobierno no van por esa senda, no tienen futuro, están renunciando a él.


El señor El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Vaquero, termine.


El señor VAQUERO DEL POZO: He acabado, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán, como grupo solicitante de esta comparecencia junto con el

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Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y también el Grupo Socialista, quisiera fijar nuestra posición y hacer un esfuerzo para centrar el debate en lo que tenemos que discutir hoy, que es el Plan de acción por el empleo que ayer mismo el ministro de Trabajo presentó en Bruselas ante la Comisión.
Nuestro grupo parlamentario planteó la necesidad de esta comparecencia porque el conjunto de intervenciones de todos los ponentes, ha puesto de manifiesto, como ha sucedido en otras ocasiones que hemos discutido sobre el empleo, que estamos ante el problema más acuciante de nuestra sociedad, que la propuesta que ayer presentó el Gobierno constituye una de las principales propuestas políticas que seguramente vamos a debatir en este Congreso, y que por tanto es necesario que en el Pleno de la Cámara, como máximo órgano representativo de la voluntad popular, seamos capaces de debatir sobre estas cuestiones.
Intervenimos en este debate con cierta insatisfacción, porque cuando el Congreso debate este Plan de empleo, dicho Plan de empleo ya ha sido aprobado e incluso ha sido presentado en Bruselas. Quizás hubiese sido interesante activar los mecanismos que se prevén en la Comisión Mixta para la Unión Europea o en la Comisión de Política Social para poder debatir algunas de estas cuestiones. Es cierto --y el ministro en esto tiene razón-- que la aprobación del plan ha venido precedida de un amplio debate con los agentes sociales, con los gobiernos autonómicos, con las administraciones locales y con los grupos parlamentarios. Nuestro grupo parlamentario tuvo ocasión de mantener una larga reunión con el ministro, pero seguramente hubiese sido importante también que el Congreso, a través de estas comisiones específicas, hubiese podido debatir antes de que el Consejo de Ministros aprobase este documento.
Después de lo anteriormente expuesto, damos la bienvenida a esta comparecencia y damos la bienvenida al plan. Creemos que el plan en sí mismo constituye un compromiso político del Gobierno en relación a lo que se acordó en la cumbre de Luxemburgo. Entendemos que el plan, en sus líneas generales, liga perfectamente con lo acordado en la última cumbre comunitaria. Es más, la importancia no debemos situarla tanto en el contenido del plan, como en lo que supuso la cumbre de Luxemburgo. El conjunto de Estados de la Unión apuestan por primera vez en Luxemburgo por coordinar sus políticas en materia de empleo, marcar unas orientaciones comunes y ser capaces de fijar unos objetivos comunes cuantificados. Este es para nosotros el aspecto esencial que introduce Luxemburgo, que posteriormente implica hacer los deberes, y entendemos es lo que el Gobierno ha hecho en líneas generales.
Se ha dicho, y constituye ya un tópico cuando hablamos de las cuestiones relacionadas con el paro, con el empleo, que no existen recetas mágicas, que no existen pociones mágicas, y es evidente que ni este plan, ni el plan que aprobó en el inicio de la legislatura este Gobierno, ni los planes que aprobaron los anteriores gobiernos constituyen en sí mismos recetas mágicas a un problema complejo en el Estado español y complejo en el conjunto del mundo occidental. Por tanto, es bueno no sobrevalorar el plan, no es bueno convertir el plan en un instrumento de propaganda política, pero tampoco es bueno convertir el plan en un instrumento de contrapropaganda política, y en algunas posiciones políticas que se están poniendo de manifiesto a lo largo del debate yo creo que ese riesgo existe.
Es evidente que el plan es genérico, le faltan concreciones, seguramente es demasiado concreto en aquello que el Gobierno ya está desarrollando o ya ha desarrollado, pero seguramente no lo es en aquello que va a desarrollar, y también es un plan que fija escasos objetivos cuantificables. Además, es un plan que seguramente no supone un esfuerzo económico sustancial --insisto en lo de sustancial--, sobre aquello previsto en los presupuestos para 1998, pero sí es un plan que enfatiza la importancia de las políticas activas como un instrumento también necesario para combatir el desempleo, y ése sí que era el objetivo principal de la cumbre de Luxemburgo. Pero la propia cumbre de Luxemburgo también marcaba cuáles eran los límites reales de esas políticas activas en la generación de empleo, y es evidente que el crecimiento sostenible, una mayor flexibilidad en el sentido amplio de todo nuestro sistema económico, una confianza en los sectores empresariales y en los propios agentes sociales, el apoyo a una nueva cultura empresarial, el apoyo a un nuevo concepto de trabajo son las líneas de fondo que a la larga pueden permitir al conjunto de los estados de la Unión, y también al Estado español, superar ese problema endémico.
Dicho esto, si me permiten el señor ministro y el señor presidente, pasaré a analizar aquellos aspectos positivos que el plan incorpora y que desde la perspectiva de Convergència i Unió nos satisfacen, entre otras cosas porque forman parte de nuestra propuesta política, no de estas semanas, no de estos meses, sino desde hace muchísimo tiempo.
Se prevé la promoción de un plan de apoyo al primer empleo, un estímulo a la contratación del primero o del segundo empleo asalariado por parte de los trabajadores autónomos mediante la reducción de las cotizaciones sociales. Esa fue una medida que en la recientísima reforma laboral nuestro grupo parlamentario planteó en las enmiendas a los dos decretos-leyes que la desarrollaban y que en su momento no fue posible asumir; nos alegramos que hoy se asuman por parte del Gobierno.
Constituye, por tanto, una línea que liga perfectamente con nuestra filosofía en esta materia, pero nos gustaría que a lo largo del debate el ministro nos concretase su alcance y cuándo se van a aplicar este tipo de bonificaciones a estas contrataciones para el primer

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empleo, especialmente en lo que hace referencia a su tratamiento fiscal.
Nos parece que el contenido literal del plan es poco concreto en esta materia.
En segundo lugar, a lo largo del plan se hacen 16 referencias explícitas a la institucionalización de la relación estable y a la reducción de los costes laborales no salariales, cuestión que también ayer tuvimos oportunidad de debatir, pero tampoco en el plan concretamos en qué sectores, a qué colectivos, en qué momento, con qué costes se va a producir esta actuación. Nuestro grupo ha apostado, y así se lo comunicamos al señor ministro, por una política que vaya orientada en esta línea. De hecho, desde la cumbre de Hesse esto ya se produce: avanzar hacia una reducción, por grupos selectivos, de las cotizaciones sociales. ¿Qué grupos, en qué términos, y con qué contenido? Tercera cuestión. El plan apuesta también por la potenciación de la contratación indefinida y estable a tiempo parcial, y desde hace meses todos venimos insistiendo en que esto debe constituir una prioridad del Estado español ya que nuestras cifras de cotización a tiempo parcial comparadas con las de los estados de la Unión, especialmente con aquellos estados que han apostado desde hace tiempo por este sistema, seguramente son escasas. El plan tampoco introduce qué más se va a añadir a lo que ya recientemente el Consejo de Ministros aprobó y nos gustaría que el debate de hoy sirviese para avanzar en esa clarificación.
En cuarto lugar, el plan incentiva la incorporación a las empresas de una persona desempleada en sustitución de otro trabajador en situación de permiso de maternidad o paternidad, que evidentemente constituye un elemento esencial en nuestra propuesta política. Hace pocos días, el 9 de marzo, el Grupo Parlamentario Catalán presentó una iniciativa en estos mismos términos. Nos alegramos que el plan la haya incluido.
En quinto lugar, el plan también avanza en esa reducción de las horas extraordinarias, que vuelve a constituir uno de los elementos que en todo el debate político de los últimos meses se está planteando. Querríamos saber, más allá de aquello que ya ha aprobado el Consejo de Ministros, qué medidas nuevas se van a introducir para avanzar en esta línea.
El plan habla --y el ministro ha hecho referencia en su intervención-- de la potenciación de la ocupación para el sector de los disminuidos.
Entendemos que se debe producir un desarrollo en profundidad de la Lismi en aquel capítulo que hace referencia a estas cuestiones, y nos gustaría saber también en qué sentido se va a avanzar en esta potenciación de la contratación para los sectores minusválidos ligada con aquello que prevé la Lismi y que desde el año 1983 no se ha desarrollado.
Finalmente, el plan también habla de manera muy genérica del apoyo a la economía social como generadora de empleo, pero nos gustaría también conocer con más profundidad en qué se va a concretar este apoyo a la economía social. En estas cuestiones mi grupo coincide en la necesidad de que formen parte del objetivo del plan, pero nos deja un sabor de excesiva inconcreción. El propio documento prevé a través de qué mecanismos se va a producir la elaboración de las normativas correspondientes, con qué sectores y con qué responsables, pero hubiese sido bueno que el plan apostase ya por propuestas más concretas para que el debate que hoy tenemos y los debates de los próximos días tuviesen más sentido.
Este debate nos permite poner encima de la mesa algunas cuestiones que desde la perspectiva de Convergència i Unió hubiese sido bueno que se incluyesen en el plan, o en todo caso sería bueno que en los próximos meses formasen parte de la prioridad política del Gobierno.
En primer lugar, hay que continuar desarrollando la apuesta de recientísima reforma laboral, resultado del diálogo entre sindicatos y organizaciones empresariales. La propia reforma prevé la necesidad de continuar avanzando en nuevas modificaciones legislativas que permitan adaptar el mercado laboral, que permitan adaptar nuestra vida económica a los tiempos cambiantes. Eso nos parece que debe ser explotado y el Gobierno tiene ahí una responsabilidad. Debe serlo pensando sobre todo en la perspectiva de las pequeñas empresas, de las microempresas; nos parece que la introducción de un contrato para este sector similar al de lanzamiento de nueva actividad o buscar mecanismos que permitan flexibilizar al máximo el funcionamiento real de las empresas de menos de cinco trabajadores constituye una necesidad evidente de nuestro sistema económico. Se apuntan algunas medidas muy genéricamente pero nos interesaría apostar globalmente por el apoyo a esta microempresa, que seguramente es la principal generadora de empleo en nuestras economías.
En segundo lugar, nuestro grupo querría plantear una cuestión que ayer durante la sesión de control fue tajantemente aclarada por la ministra de Educación, pero que había preocupado al Grupo Parlamentario Catalán porque había creado inquietud en amplios sectores empresariales de Cataluña y es que se había planteado por parte del Ministerio de Economía la tributación por módulos de IRPF como personal asalariado de aquellos jóvenes estudiantes de FP en prácticas. Nos parecía que ésta era una cuestión extraña y nos provocaba perplejidad. Ayer la ministra aclaró que se había producido un error en la interpretación de la normativa; nos alegramos por ello, pero pediríamos a la Administración del Estado, y especialmente al Ministerio de Trabajo que activase al máximo todas las medidas destinadas a limpiar cualquier tipo de duda que sobre esta cuestión existiese, porque bastantes empresarios que tenían estas posibilidades se habían planteado hacerlo desaparecer.
En tercer lugar, nos parece que debemos plantear una reforma en serio de la formación continua. Sabe

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el señor ministro que nosotros discrepamos en su día con el Grupo Socialista en el planteamiento de gestión que se hacía de la formación continua. Nos parecía que no tenía sentido, no era lógico que aquello que afectaba a un núcleo tan importante de trabajadores, fuese gestionado solamente por los agentes sociales y que los gobiernos territoriales, que los gobiernos autonómicos --como es nuestro caso-- que ya desde el 1º de enero 1998 tenemos el control real de todas las políticas activas del Inem, no tengamos ningún tipo de incidencia en la formación continua.
Este tema debería empezarse a abordar con seriedad. En Cataluña existe un consenso por parte de los agentes sociales catalanes para poder avanzar en esta línea; veamos si entre todos somos capaces de desbloquear esta cuestión. Nos parece también que se deberían ampliar de manera más evidente los incentivos a la contratación a tiempo parcial, especialmente en los supuestos de traspaso de la jornada completa a la jornada a tiempo parcial.
En el fomento del autoempleo también existen posibilidades. Deberíamos contemplar la probabilidad de que en aquellos presupuestos de capitalización de la prestación por desocupación también se pudiesen aplicar a los autónomos para la constitución de una pequeña empresa. Nos parece que ahí existen muchas posibilidades que bien orientadas y seguramente evitando los riesgos de fraude que existen, pueden incidir positivamente en la creación de empleo.
Finalmente, todo lo que sean medidas para impulsar la aparición del trabajo sumergido sería importante. En definitiva, señor ministro, es un Plan de empleo que recoge en espíritu aquello que se acordó en Luxemburgo, un Plan de empleo que recoge buena parte de las aportaciones al debate político que hemos hecho desde Convergència i Unió, pero un Plan de empleo que le falta concreción, que le falta situación en el calendario y que, a nuestro entender, debería implicar un compromiso a través de esa mayor concreción, de esa ubicación en el calendario, de esa situación en el compromiso presupuestario.
Si queremos que este plan no sea retórica, si queremos que la cumbre de Luxemburgo no sea como las otras cumbres que sobre esta materia se han celebrado en Europa, si queremos dar credibilidad a esta actuación y nuestro grupo va a apoyar al Gobierno para que este plan no sea retórica, entendemos que en el debate de hoy y en los próximos meses se deben ir resolviendo estas cuestiones que les hemos planteado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, vaya por delante el agradecimiento de nuestro grupo parlamentario al señor ministro por su presencia e intervención para exponernos algunos puntos del Plan de empleo 1998.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, para realizar las observaciones correspondientes al Plan de empleo que ha aprobado el Consejo de Ministros y que ha sido presentado en Bruselas así como para fijar las posiciones de nuestro grupo respecto al mismo.
El Plan de empleo que se nos presenta, basado en cuatro pilares fundamentales, trata de integrar las actuaciones que en cierta medida ya vienen desarrollándose y apenas incorpora nuevos compromisos. Dado su carácter general, podemos señalar que este plan no representa apenas novedades sobre lo que ya se está haciendo. En este sentido más bien parece un documento que tiene por objeto cumplir el expediente ante los estados miembros de la Unión Europea comprometidos en desarrollar los acuerdos de la cumbre de Luxemburgo.
Para el Partido Nacionalista Vasco, el acceso al trabajo es la condición para ejercer los derechos ciudadanos. Las personas sin empleo son ciudadanos de segunda limitados en sus derechos, y pensamos que en el documento no se termina de asumir este problema en todas sus dimensiones y gravedad.
Desde un punto de vista general, desde el Grupo Parlamentario Vasco tenemos que destacar que este plan no aborda los problemas estructurales que están en el origen de la grave situación de que partimos. Las medidas que se contemplan en un contexto de fuerte crecimiento económico pueden contribuir a mejorar la situación, pero no van a representar un cambio sustancial. No se destacan las voluntades y medidas que deberían confluir para que la política de empleo pueda acercarse al ideal de lograr que todo el que esté en condiciones de trabajar y quiera hacerlo pueda disponer de un puesto de trabajo.
Por otro lado, observamos que últimamente desde el Gobierno se han adoptado algunas medidas negativas como el establecimiento de una carga fiscal a las empresas que incorporan jóvenes para la realización de prácticas en empresas o la supresión de la jubilación anticipada para determinados colectivos. Estas medidas son contradictorias con algunas de las líneas que se apuntan en este Plan de empleo. Sin embargo, la mayor crítica que desde el Grupo Vasco hacemos a este Plan de acción para el empleo viene dada a partir de la que entendemos concepción totalmente centralista desde la que está elaborado. En todo el desarrollo del plan parece que sólo existen los poderes del Estado central, se olvida totalmente la realidad política, jurídica y social plural del Estado. En concreto, una vez más queda marginada la concepción y desarrollo del Estatuto de Guernica en todo lo que afecta al bloque social del mismo, aspecto que para el Partido Nacionalista

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Vasco es fundamental tanto en lo relativo al respeto a una ley orgánica como respecto a lograr la debida y necesaria cohesión social de nuestro país.
Así, en el pilar dos del Plan de acción para el empleo que estamos debatiendo, para desarrollar el espíritu de empresa facilitando la creación y gestión de empresas donde se aborda la reforma del régimen fiscal, destacando que es necesario adaptar el régimen fiscal para hacerlo más favorable al empleo e invertir la tendencia a largo plazo, el aumento de los impuestos y gravámenes obligatorios para el trabajo, tenemos que señalar que algunas de las medidas que se proponen ya han sido abordadas en Euskadi, pues tenemos que recordar que a través del concierto económico tiene reconocida la competencia de una serie de instrumentos fiscales. Pues bien, en cuanto dichas medidas se han puesto en marcha por parte del Gobierno vasco o por las diputaciones forales, están siendo recurridas por parte de los poderes centrales, tanto a nivel político como sindical y jurídico.
Naturalmente estamos de acuerdo con la mayor parte de las medidas que se proponen en este plan y en este sentido, sin olvidar que son consecuencia de directrices de la Unión Europea, pero tenemos que denunciar que no parece coherente proponer ahora lo que se ha venido recurriendo a lo largo de estos últimos años. ¿O es que lo que proponen los poderes vascos es intrínsecamente maligno, aunque esté en coherencia con las políticas europeas, y pasa a ser objetivamente positivo cuando es propuesto por las autoridades centrales? En el pilar tres, para fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas, se introducen modificaciones normativas, pero la base del mismo es la negociación colectiva. De nuevo aparece aquí una negación sistemática de las distintas realidades jurídicas, políticas y sociales. Es ignorada la realidad social de Euskadi, con una relación de fuerzas sindicales distinta a la del Estado, pues no olvidemos que las fuerzas sindicales estatales son creciente y continuamente minoritarias en Euskadi, donde escasamente representan al 30 por ciento de la clase trabajadora vasca. Existe una negación del marco autónomo de relaciones laborales, marco necesario cuando existe una realidad social que lo demanda y que es continuamente reivindicado por la mayoría social y política de Euskadi.
No cabe duda que una de las mayores diferencias existentes entre el pueblo vasco y el resto de comunidades del Estado radica en el ámbito social y económico de las mismas. La mayoría social vasca tienen conciencia de pertenecer a una realidad diferenciada. Esto se ve reflejado en los distintos ámbitos de desenvolvimiento de la sociedad, como el político, por lo que aquí interesa el empresarial y el sindical.
Confebask aglutina la nueva realidad empresarial vasca con presencia de todas las empresas asociadas. Además, en Euskadi se debe destacar la alta implantación de sociedades de base mutualista, como las cooperativas o las sociedades anónimas laborales y las entidades de previsión social voluntaria. De la misma forma, también es relevante la existencia de unas centrales sindicales nacionalistas que representan a la gran mayoría de los trabajadores vascos; no hay que olvidar que entre ELA y LAB representan al 60 por ciento de los trabajadores vascos, según los datos de las últimas elecciones sindicales.
Por ello, porque los trabajadores vascos se decantan claramente por sindicatos vascos, por la existencia en Euskadi de una cultura sindical y empresarial diferente a la del resto del Estado, reivindicamos un marco de actuación que colme las aspiraciones de la mayoría social vasca, en el que puedan dialogar en libertad los interlocutores sociales de Euskadi, tal y como lo requieren constantemente. Por ello, para el Partido Nacionalista Vasco en auténtica democracia se debe avanzar hacia un marco autónomo de relaciones laborales, donde la negociación colectiva propia sea la expresión de dicho marco autónomo.
No acaba ahí la importancia de la negociación colectiva, ya que cada vez con más fuerza en el ámbito laboral se está produciendo un fenómeno de deslegalización que amplía la potestad normativa de los sindicatos y centrales patronales, concediéndoles la posibilidad de llegar a acuerdos generales en materias directamente relacionadas con esos ámbitos de actuación, que tienen la oportunidad de ir sustituyendo sucesivamente las disposiciones legales y reglamentarias. Con una perspectiva jacobina y decimonónica, las patronales y sindicatos estatales mantienen una posición estatalista de la estructura de estos acuerdos o convenios, sin tener en cuenta la realidad social vasca donde por su escasa implantación e importancia no pueden actuar desde posiciones mayoritarias. Así pues, para el Partido Nacionalista Vasco la negociación colectiva vasca propia es una expresión del marco autónomo de relaciones laborales y contra ello no caben argumentos basados en conceptos metajurídicos, como el de la caja única, inexistente en el ordenamiento jurídico e invención de mentalidades centralistas que sólo buscan dejar vacías de contenido las posibilidades competenciales vascas en materia laboral.
En el pilar uno, relativo a las políticas activas de empleo para mejorar la capacidad de inserción laboral, está el tema del Inem y la reivindicación vasca de su transferencia en las condiciones marcadas por el Estatuto de Guernica, con la singularidad estatutaria que el mismo tiene en estos asuntos. Volvemos a encontrar distinta percepción política entre los poderes del Estado y los poderes vascos sobre lo que corresponde al Estado y al País Vasco. Vuelve de nuevo a aparecer la visión jacobina descentralizada, el conocido café para todos, y la cuestión de los recursos ante las políticas activas vascas de empleo. Los títulos competenciales

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del Estatuto de Autonomía vasco resultan suficientes para la transferencia de las entidades gestoras de la Seguridad Social, del Inem, de la Tesorería de la Seguridad Social, y en su caso de la capacidad recaudatoria de las cuotas que corresponden a todas estas entidades, así como del fondo de garantía salarial, el Fogasa. Un obstáculo más al desarrollo del marco autónomo de relaciones laborales reside en la resistencia del Estado a transferir estos organismos, incumpliendo el compromiso histórico que supuso la negociación y aprobación del Estatuto de Guernica. Por otro lado, resulta necesario recordar que a pesar de lo dicho en Euskadi ya se está caminando en las direcciones fijadas por este pilar uno a través de las políticas dirigidas hacia las Pyme y cooperativas por el plan vasco de formación profesional, aprobado por el Parlamento vasco, y a través del impulso de políticas activas con Langai.
En resumen, desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tenemos que valorar negativamente el Plan de empleo que se nos ha presentado por estar elaborado desde una concepción totalmente centralista, que olvida la realidad política, jurídica y social plural del Estado, marginando el desarrollo del bloque social del Estatuto de Guernica, con la singularidad que el mismo tiene en estos temas, negando el marco autónomo vasco de relaciones laborales e incumpliendo el compromiso histórico que supuso la negociación y aprobación del Estatuto vasco de Autonomía.
Nada más, señorías. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, mi intervención va a ser muy breve, para fijar la posición de Coalición Canaria sobre el programa de acción por el empleo.
Quiero constatar un hecho que sin duda lamentamos, y es que un asunto tan importante, un asunto clave, probablemente el de mayor preocupación en la sociedad española, se ha convertido en este debate político y parlamentario en un debate absolutamente de trámite y que está teniendo, también desgraciadamente, escasa repercusión social. Posiblemente esto ocurre porque no hemos logrado los niveles de diálogo y de consenso social que se alcanzaron en avances tan importantes como el pacto de pensiones o la reforma laboral, incluso el acuerdo sanitario que son avances importantes en el Estado de bienestar, en las políticas sociales de este país, y sin duda la política de empleo es uno de los ejes de esas políticas sociales.
Tengo que decir, sin ninguna reserva, que creo que el Gobierno ha avanzado en algunas de sus posiciones, que parecieron reticentes en la cumbre de Luxemburgo. Tuvimos un debate en esta Cámara en el que hubo acusaciones duras contra el Gobierno con respecto a las reticencias que puso a algunos aspectos de la Directriz número 1; sin embargo, como un buen alumno aplicado, antes del examen de Cardiff el Gobierno ha recogido las 19 directrices, una por una, las ha ido rellenando y yo creo que aprueba el examen. Estamos en las líneas fundamentales aprobadas en la cumbre de Luxemburgo. Pero un plan nacional de empleo son varias cosas, entre otras, ese conjunto de medidas; otra cosa será cómo articularlas; otra cosa será si los instrumentos que tenemos son los adecuados para cumplir los objetivos y el modo de revisarlos. Si hay algo en la política que es casi siempre necesario es el diálogo social y los instrumentos sociales, pero en el tema del empleo no sólo es necesario, es absolutamente imprescindible.
Dicho eso, yo creo que estamos a medias de lo que tiene que ser y lo que a Coalición Canaria le gustaría que fuera el gran pacto social por el empleo, el gran plan nacional de empleo. Hemos dado un paso interesante desde la cumbre de Luxemburgo, aprobaremos el examen de Cardiff, sin duda alguna, pero estamos empezando a construir dentro de ese marco, de ese escenario que nos ha ofrecido el ministro Arenas --lo ha llamado así, marco y escenario--, el diálogo social para, de alguna manera, lograr el pacto social, los acuerdos políticos, los amplios acuerdos parlamentarios que necesita un plan nacional de empleo. Ni hay todavía suficientes acuerdos sociales necesarios ni hay suficientes acuerdos políticos necesarios. El Grupo Vasco se ha pronunciado en contra, igual que muchos grupos parlamentarios. Por tanto, esto debería ser un aviso al Gobierno en el sentido de no pensar que una asignatura tan importante como esta ha sido ya definitivamente resuelta, aunque pasemos bien la cumbre de Cardiff.
Por tanto, yo quisiera ofrecerle al señor Arenas, al Gobierno, desde la representación que tiene mi grupo parlamentario, que nunca pretendemos que sea mayor de la que realmente es, el diálogo necesario para seguir trabajando con toda la voluntad constructiva que hemos tenido siempre en los grandes debates de este país, un diálogo que, por supuesto, no estoy seguro de que el ministro y el Gobierno acepte en los niveles que nosotros quisiéramos desarrollar.
Yo creo que hay dos grandes debates, y ya voy terminando, que han sido y van a ser el de la reforma fiscal y del Plan de empleo. Son dos debates que yo creo que el Gobierno se equivoca si los separar, porque ¿de qué vale decir que hay reducir o eliminar las horas extraordinarias si los comités de empresa luego no lo pactan con sus empresas, como no quieren pactarlo, y que los sindicatos para desviar la cuestión hablen sólo de las 35 horas? ¿De qué vale decir que se van a crear contratos a tiempo parcial si no eliminamos esas horas extraordinarias y si no reducimos también jornada?

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Yo quisiera decirle al señor Arenas, con un cierto matiz, que es verdad que el debate de la jornada se ha convertido un poco en un debate dogmático, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, de creyentes y no creyentes. Nosotros no estamos ni entre los creyentes ni entre los no creyentes; es un instrumento interesante que tenemos que discutir, pero yo creo que, como todas las políticas de empleo son políticas activas de empleo, el Gobierno no debe ni siquiera en ese caso adoptar una política pasiva. Es evidente que la reducción de jornada por decreto no es un buen instrumento. En mi opinión, no genera empleo y reduce competitividad porque no se hace ligado a la productividad ni a las jornadas reales. Como ha dicho el ministro, creo que son los cómputos anuales los que debemos introducir en el debate, porque sí es verdad que hay que reducir jornada ligada a la productividad en un gran pacto social, pero manteniendo la competitividad para que en la nueva Unión Europea de la moneda única podamos ir ganando cuotas de mercado, posibilidades de expansión de la actividad económica española, que, en último término, es lo que genera empleo y no sólo el reparto interno.
Pero también es verdad que los empresarios pueden colocarse en la actitud de decir: como a mí nadie me presiona, como los sindicatos están en el decretazo, como el Gobierno está en la pasividad, yo, cómodamente, no me planteo el diálogo sobre la jornada. El diálogo sobre la jornada hay que abrirlo; hay que presionar para abrirlo, no para tomar medidas administrativas, pero sí para ir logrando pactos y acuerdos porque, a su vez, los acuerdos de jornada son los que abren espacios y contratos estables a tiempo parcial. La solución del tiempo parcial estable es el modelo holandés y de otros países que han avanzado muchísimo en el desempleo, pero el asunto de las cotizaciones es una cuestión muy importante a la hora de hablar de economía sumergida. En un gran pacto por el empleo habría que empezar a hablar de bajar un poco los niveles de cierta hipocresía social y hablar del paro de verdad, que en este país es muchísimo, pero no todo el que se dice. Debemos hablar de que hay alrededor de un millón de personas en la economía sumergida y eso es precariedad; es un impuesto que no le pagan al Estado, ya que no paga la empresa y no paga el trabajador. No hay cotización, la empresa aprovecha un trabajador en precariedad que le cuesta poco y, al final, lo paga el Estado, además de que esto introduce elementos distorsionadores en la competencia. El ir reflotando en este país la economía sumergida también debe ser un gran pacto y muchos sectores empiezan a conseguir competitividad pero quieren seguir en la economía oculta, en los niveles de economía sumergida en que se encuentran en este momento.
Por tanto, está abierto un gran debate social que no es más que un principio de lo que, al final, debe ser el acuerdo. Habrá otros momentos, como el próximo debate sobre el estado de la Nación y el debate de los presupuestos de 1999, y yo creo que el Gobierno --que aquí sólo está representado por el ministro de Trabajo-- tiene que entender, y sus socios nacionalistas se lo pedimos, que el empleo es el eje de la política española, de las políticas internas de la sociedad española. Es verdad que dentro del marco de la solución de los problemas económicos, de la competitividad, etcétera, pero éste no es un problema de política social o de políticas sectoriales; el empleo es un problema de política integral y así está articulado en las medidas del Gobierno. Los instrumentos que tenemos, repito, no son los necesarios, los medios empiezan a ser mayores que antes pero todavía no son suficientes, los objetivos no están del todo claros y de aquí al 2002 este país tiene que reducir la tasa real de desempleo por debajo del 10 por ciento. Ese es un objetivo absolutamente posible, yo diría que probable si se mantienen los ritmos de crecimiento de la sociedad española, pero sólo con el crecimiento de la sociedad española no se resuelve ese problema, sino que hacen falta políticas activas de empleo como parte esencial de la política económica del Gobierno.
En esa línea ofrecemos de nuevo nuestro diálogo al ministro Arenas; creemos que tenemos otras oportunidades para seguir debatiendo y esperamos ir avanzando y no retrocediendo en el diálogo parlamentario, en el consenso parlamentario y en el consenso social.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Mauricio.
Se suspende el Pleno durante dos minutos y será reanudado con la intervención del Grupo Mixto. (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos tenido ocasión de asistir a una explicación pormenorizada por parte del señor ministro de Trabajo --aprovecho que en estos momentos entra el señor ministro-- del Plan Nacional de Empleo que ha presentado el Gobierno en las instancias comunitarias. Señor ministro, nos ha hecho usted un relato pormenorizado de esas medidas, pero se le ha olvidado decir algo fundamental: este es un plan que no nace de la iniciativa del Gobierno; es un plan que le viene impuesto al Gobierno. Y esto es muy importante, señor ministro, porque es bueno recordar que la obligación de este plan procede de una cumbre, la cumbre europea de Luxemburgo, la primera cumbre de jefes de Estado y jefes de Gobierno dedicada, en el ámbito europeo, exclusivamente al tema del empleo y en la que el presidente del Gobierno, señor Aznar, comete uno de los mayores errores políticos en su gestión. Error político no sólo en el ámbito de la política europea --¿cómo es posible, a estas alturas, pretender reproducir

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el papel que hicieron en su día la señora Thatcher y el señor Major, cuando ya se sabe el resultado político al que ha conducido?--, sino también en el terreno nacional: ¿cómo es posible que cuando Europa decide avanzar, en el terreno social, en la lucha contra el paro, el presidente del Gobierno de este país, que precisamente presenta los niveles de paro más preocupantes, decide no asumir y votar en contra de ese indudable paso adelante en el proceso de construcción europea? El Plan Nacional de Empleo que nos ha presentado usted, señor ministro, no es coherente con el espíritu europeo que se planteó en la cumbre de Luxemburgo. No es coherente, señor ministro. ¿Me quiere usted decir que le ha enmendado la plana al señor Aznar? Si dice usted, como ha dicho aquí en esta tribuna, que este plan supone 80.000 millones de pesetas adicionales sobre un total de 955.000 millones, es decir, una dotación adicional de escasamente ocho puntos, un 8 por ciento, ¿cree usted que el señor Aznar, por ese 8 por ciento, no firmó los compromisos de Luxemburgo? ¿No será más cierto, señor Arenas, que este plan no asume realmente el espíritu europeo de la cumbre de Luxemburgo ni, en consecuencia, lo adapta a la realidad de nuestro país? Porque eso era lo importante, señor ministro, adaptarlo a la realidad de nuestro país; y en nuestro país el problema del empleo es especialmente grave. No cabe pensar, señor ministro, que con ese escaso 8 por ciento adicional se cumpla adecuadamente con los objetivos de la cumbre de Luxemburgo.
Y eso es así, señor ministro; este plan no se adecua a la realidad nacional porque mantiene, en definitiva, una política económica que deja todo en manos del mercado. Y eso no lo hace la cumbre de Luxemburgo. La cumbre de Luxemburgo implica claramente el compromiso de los gobiernos europeos, impulsados sin lugar a dudas por mayorías progresistas en gran parte de esos gobiernos, de apostar por concentrar en el empleo todas las energías, incluidas las públicas, lo que este Gobierno no está dispuesto a asumir. Este Gobierno sigue en la práctica creyendo que el mercado dará solución a esos problemas, y es verdad que en estos momentos podemos comprobar los efectos positivos que produce una buena coyuntura económica, pero no es menos cierto, señor ministro --y ya han tenido ocasión de ponérselo de manifiesto algunos intervinientes--, a su vez, el carácter limitado de esos efectos positivos. Sus previsiones sobre el empleo para el año 2000, dejándolo todo en manos del mercado, son ciertamente poco optimistas.
Este Plan de empleo que usted nos presenta, señor ministro, no efectúa un correcto análisis del problema del paro en nuestro país, y de ahí que cuando ustedes dejan todo en manos del mercado no encontremos la correcta descripción de las soluciones adecuadas. No tienen ustedes en cuenta que en estos momentos se está produciendo un crecimiento del PIB significativo en base fundamentalmente a un importante componente tecnológico y de innovación productiva y que no tiene repercusión equiparable en el empleo ni está adecuada a la realidad de nuestro país.
Se le ha dado un dato, señor ministro: las grandes empresas de este país no están creando empleo y están teniendo unos beneficios espectaculares.
Esa es una realidad, señor ministro, y frente a esa realidad que obliga a análisis como los que hacen gobiernos europeos, no confunda el debate político con un debate científico. No; sabe usted perfectamente que hay gobiernos importantes en el ámbito de la Unión Europea que están apostando por medidas para crear empleo en la línea de la reducción de la jornada de trabajo.
Me dice usted: en ese tema nosotros no tomamos ninguna posición, todo está en manos de la negociación colectiva. Permítame que le diga que en un diario económico del pasado día 1 de abril --quizá sea un error del periódico, pero a lo mejor hay parte de culpa suya-- se dice que el ministro de Trabajo rechaza que la Generalitat incentive por decreto la reducción de jornada y de horas que lleva a cabo la negociación colectiva. Esa es la posición expuesta por usted, señor ministro; usted ha tomado una posición en este terreno, la de su Gobierno. No diga usted que no tiene posición; usted tiene posición; claramente distinta de la posición que tienen adoptada otros gobiernos en el ámbito de la Unión Europea y distinta del espíritu que se manifestaba en la cumbre europea de Luxemburgo.
Me dice usted que debemos dejar ajeno a este tema el de la protección al desempleo. Señor ministro, hoy junto con la información de que usted presenta el Plan nacional de empleo en Bruselas aparece la noticia de otros planes: el francés, que plantea la creación de empleo vía consolidación de la demanda mediante una intervención pública importante y una determinada demanda social. Usted, señor ministro, pretende desconocer que en nuestro país la prestación por desempleo no cubre en estos momentos el 50 por ciento de los parados, y que en ese porcentaje más de la mitad es prestación asistencial. Así nos encontramos con que, por ejemplo, el Inem el año pasado cerró con un superávit de 30.000 millones de pesetas. Seguro que de esos 80.000 millones adicionales aquí hay 30.000 millones. Dígame, en definitiva, sobre qué espaldas se está descargando el esfuerzo por el empleo que ustedes plantean en este Plan nacional de empleo.
Termino. Con este Plan nacional de empleo se puede afirmar con claridad que el empleo es el punto débil de la política económica de este Gobierno. No lo son, sin lugar a dudas, los beneficios de las grandes empresas, los beneficios de la bolsa o la presión fiscal de las rentas altas de este país. No. Los parientes pobres de la buena coyuntura económica son los trabajadores y lo son, sin lugar a dudas, señor ministro, por la actuación de este Gobierno. Gobierno que hoy nos presenta

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un Plan Nacional de Empleo que queda claro que no es un plan que responda a la iniciativa del Gobierno Aznar, es un plan que le ha sido impuesto.
Es una obligación que pretende cubrir formalmente no asumiendo realmente el espíritu europeo y adaptándolo a la realidad de nuestro país y que, desde luego, no comparte esa voluntad europea de concitar todas las energías por el tema del empleo, y buena prueba de ello es, señor ministro, el escaso respaldo político y social que ha concitado usted en torno a este Plan Nacional de Empleo. Por eso, en nombre de Nueva Izquierda, señor ministro, tengo que decirle que no cuenta usted con nuestro apoyo en este Plan Nacional de Empleo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca del Plan nacional para el empleo que el Gobierno, a través del señor ministro de Trabajo, nos acaba de presentar. Efectivamente, el Gobierno, como no podía ser de otra forma, sustenta que con la actual orientación de la política económica, basada en lo fundamental en las medidas adoptadas para la integración en la Unión Económica y Monetaria, se creará más y mejor empleo. Dice el Gobierno que esta política está generando confianza y estabilidad y esto, unido a lo que se denomina el diálogo social, ya está generando un intenso crecimiento del empleo y, especialmente, del empleo de calidad. Este tipo de afirmaciones me asombra. Hablar de que se está creando en este momento empleo de calidad es francamente desconocer la realidad de lo que le pasa a un sector muy importante de la población. El Gobierno, para adaptarse a lo establecido en la cumbre de Luxemburgo, nos presenta una panoplia de medidas que en teoría irían destinadas a generar empleo y a las que nosotros, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos, aunque no confiamos para nada en ellas.
La situación real es que en los últimos años el problema del paro, más allá de situaciones coyunturales, afecta a un gran número de personas y cada vez mayor. Desde hace años se anuncian políticas contra el paro y no sólo en el Estado español, sino en toda Europa. Y, sin embargo, el paro aumenta y las condiciones de vida y trabajo empeoran, y esta situación está claramente relacionada con una política económica cada vez más globalizada y al servicio de una minoría representada por el capital financiero y transnacional; una política que está provocando divergencia social y desequilibrios territoriales; una política cuyas consecuencias sociales son cada vez más evidentes y que afectan a importantes sectores, sean obreros, campesinos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios; una política que afecta, además, con mayor virulencia, a las economías periféricas. Y esas consecuencias se van haciendo cada vez más visibles, crece el malestar entre los ciudadanos, que exigen un cambio de rumbo, que exigen que no sólo se les hable de lo bien que marcha la economía sino de que eso suponga, cuando menos, que sus condiciones de vida no empeoren. Los gobiernos de la Unión Europea se ven obligados a intentar aplacar las iras --y hay que decirlo así-- de sus conciudadanos, ofreciendo políticas de empleo, eso sí, sin cuestionar ni un ápice las directrices que rigen la economía actual. El paro, la precariedad, el subempleo, es algo muy grave que no se puede considerar en una simple cifra con la que jugar políticamente a través de los medios de comunicación. El modelo económico actual, donde el mercado regula todo, donde el Gobierno renuncia a actuar sobre la economía salvo para liberalizarla, donde se defiende la disminución del gasto público y en concreto del gasto social, donde se configura un modelo fiscal cada vez más regresivo, etcétera, está generando una situación que nada tiene que ver con la que dibuja el Gobierno: sectores sociales, los menos, que acaparan cada vez más riqueza y una mayoría social cuyas condiciones de vida empeoran, salarios más bajos, precariedad laboral, mayores jornadas, pérdida de derechos laborales en la práctica, desesperanza en muchos millones de personas y exclusión social. ¿Es que esta realidad no es constatable o es que vivimos tan separados de la gente que no sabemos lo que pasa? Este panorama general es más agudo en algunas comunidades autónomas, y eso lo reconoce el propio informe del Gobierno.
El Bloque Nacionalista Galego entiende que para abordar el problema del empleo es necesario un cambio en la política económica. La primera condición para generar más empleo estable, digno y con derechos laborales y sociales es que existan sectores productivos capaces de generarlo. Es necesario, por lo tanto, un marco internacional más justo en el que las relaciones económicas se establezcan en pie de igualdad, es necesario respetar el derecho de las gentes a producir, es necesario un mejor reparto de la riqueza y es necesario, en fin, poner la economía al servicio de la gente. Mientras persista la tendencia a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, mientras la economía esté al servicio de unos pocos Estados dominantes y de las grandes transnacionales, la situación de la mayoría de la gente empeorará y de poco o nada servirán un sinfín de medidas coyunturales, como las que propone el Gobierno, para resolver el actual problema del paro.
Cabe preguntarse lo siguiente. En una comunidad autónoma como la de Galicia, señor ministro, desde luego no se genera empleo con un sector lácteo y ganadero, que da trabajo a miles de personas, al que se le impide producir por decisiones políticas; con un sector

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pesquero restringido en sus posibilidades; con la construcción naval reducida ya y amenazada de nuevas reducciones; con la privatización de las empresas públicas, lo que supone disminución de empleo; con el comercio agredido por la entrada a saco de las transnacionales; con unas vías de comunicación inadecuadas, que agravan aún más nuestra situación periférica, y todo ello sin que se prevea la aparición de sectores productivos alternativos. ¿Se puede hablar en serio de creación de empleo con este panorama? A nosotros nos parece que no.
Señor ministro, usted presenta el Plan de Empleo, fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, porque la cumbre de Luxemburgo de alguna manera se lo exige, pero nosotros creemos que no servirá para el fin que se propone. Supondrá un nuevo parche en una rueda que habría que reparar a fondo para que pudiese circular con un mínimo de garantía. Este plan, en el que no se ve ningún atisbo de cambio de la política económica, sigue apostando por la flexibilización del mercado laboral y, a pesar de reconocer las diferencias en el paro existente en las distintas comunidades autónomas, no se prevé territorializar las inversiones previstas en función de esa realidad; al contrario, se siguen utilizando como base los ayuntamientos. En definitiva, para nosotros, este plan es un cajón de sastre en el que se fueron introduciendo distintos retales, pero que no aporta nada nuevo, salvo intenciones, y demostrará, más pronto que tarde, que no sirve para mejorar la situación del desempleo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de Eusko Alkartasuna en este tema. En primer lugar, nos sorprende que no haya sido el Gobierno --por la importancia de la cuestión a tratar-- el que haya solicitado la comparecencia y, a pesar de que el paro y el crecimiento o la consecución del empleo es el problema más importante, tenga que esperar a que sean otros grupos los que soliciten su comparecencia en esta Cámara.
Voy a centrar mi intervención --que será muy crítica-- en relación con tres temas importantes. El primero hace referencia a la inspiración de este documento. Como ha señalado algún otro portavoz, y en concreto el señor Caballero, es un documento inspirado en la centralización de todas las políticas y medidas. Los servicios, las prestaciones, la intermediación, la formación, todos los instrumentos necesarios para desarrollar una política de empleo eficaz parten de la base de la centralización. Algunos ejemplos de ello se han dicho y querría señalar algunos otros, tales como esa nueva ley básica sobre el empleo --volvemos a las leyes básicas--, un registro único de demanda y oferta de empleo, la intermediación en todo el territorio en las mismas condiciones y con los mismos requisitos y --cómo no-- esa negociación colectiva que, por ende --ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones--, choca frontalmente con el marco autónomo de relaciones laborales. Volvemos a lo que muchas veces hemos criticado: la no permisibilidad de un propio marco y, en definitiva, la negociación colectiva para solucionar de manera propia los problemas propios.
La segunda crítica --no me voy a extender en este tema porque mucho habría que hablar-- hace referencia a la innovación o no de este plan, que yo le voy a llamar plan estatal de empleo; no se ofenda, pero responde más a mi ideología. Creemos que es una simple sistematización de las múltiples medidas y programas que se vienen realizando en este tema.
Es decir, no responde a lo que debiera ser el gran reto para el crecimiento del empleo.
Estamos en un momento de bonanza económica, no lo niega nadie y creemos que es bueno, pero también es un momento en el que podría ser factible tener los elementos suficientes para hacer una política más arriesgada, para tratar de cubrir el reto tan grande que existe con una política más novedosa o más innovadora, y pensamos que eso no se hace en este documento o en este plan. Simplemente se cubre un expediente y no se aborda ni tan siquiera en el plano de debate. Es decir, ¿por qué cuando en la calle, en la sociedad europea, todos los agentes sociales están hablando del reparto del trabajo, del modelo que tiene que haber de empleo para el próximo siglo, y dentro de ello la posible reducción de la jornada, ni tan siquiera a nivel teórico se menciona aquí esta cuestión? Creemos que no es suficiente decir que tiene que ser el diálogo social.
El Gobierno tiene que tener la facultad y la obligación de impulsar las líneas directrices de por dónde debe ir ese diálogo social, y, si no existe, plantear las medidas adecuadas para que lo haya. En este sentido, creemos que se podría haber hecho mucho más, tanto en este tema como en otros de la precariedad laboral, de las empresas temporales de trabajo, de la economía sumergida y otra serie de cuestiones.
Por otro lado, daba una serie de datos estadísticos en el tema de los contratos de trabajo a tiempo parcial. Hablaba de que estos contratos de trabajo a tiempo parcial suponen el 8 por ciento, pero que en las mujeres --y señalaba la problemática; yo quisiera señalarla también en esta tribuna-- curiosamente ese porcentaje se duplica; al final va a terminar siendo un contrato que puede no ser malo en teoría, pero que en la práctica para las mujeres terminará siendo nocivo, porque sólo se les aplica ese tipo. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que tener presente.
La tercera critica, muy brevemente, hace referencia al famoso tema de la formación. Estamos de acuerdo

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en que la formación en el día de hoy y en la sociedad en la que vivimos tiene que ser uno de los pilares básicos y estratégicos no sólo para aumentar el empleo, sino también para mantener el de los que ya lo tienen. En este sentido creemos que tampoco se da especial relevancia a cuestiones concretas, y me voy a referir a dos: el sistema estatal de cualificaciones profesionales, en el que ciertamente se hace referencia a la cuestión, pero no se le da la importancia real que desde Eusko Alkartasuna creemos que debe tener en este plan de acción de empleo, y sobre todo a un tema clave, que es el diseño y definición del sistema integrado de cualificaciones profesionales. No me extenderé, pero sí creo que la mención somera que se realiza no es suficiente para que en esta cuestión se tenga la eficacia que se debiera tener.
Tampoco se hace mención a la posibilidad de reconocer los logros profesionales que se obtienen en los lugares de trabajo, que hubieran permitido la evaluación y capitalización de las competencias conseguidas por las personas a través de la experiencia laboral o de cualquier otro proceso formativo, y la posibilidad de certificar dichas competencias por medio de una posible cartilla de cualificaciones profesionales.
Dentro de lo que se refiere a formación, hay que hacer mención a la directriz sexta, es decir, la mejora de la eficacia de los sistemas escolares. Creemos que en apenas once líneas se hacen unas referencias muy poco claras sobre la educación secundaria obligatoria, y se habla solamente de una actuación. En esta cuestión tendrían que haber reflexionado sobre la complejidad existente entre la educación general, los conocimientos claves, los conocimientos mínimos, el adiestramiento profesional y el cambio estructural en la economía y en la sociedad.
No me voy a extender, repito, pero sí quisiera resaltar que estas son las tres críticas más importantes, y quiero terminar con una conclusión. Todo este documento tiene como base la ideología del Gobierno, y por supuesto el Partido Popular, que no compartimos en su totalidad. Es decir, el hecho de que el crecimiento de la economía sea importante no significa que es suficiente para tratar de hacer frente al reto más trascendental, no lo voy a resaltar, el tema del paro. Hemos visto que, a lo largo de los últimos años, el crecimiento económico incluso ha superado las propias perspectivas, pero también hemos visto que realmente no se ha paliado la situación del paro como debería haberse hecho. Seguimos teniendo, en el mejor de los casos, y como decía el señor Griñán al amparo del año 2000, hasta casi un 16-17 por ciento de paro. Esto nos debería llevar a la reflexión de que hay que hacer algo más. En este sentido, nos gustaría que el Gobierno, y en este caso en su nombre el ministro señor Arenas, pudiera reflexionar sobre otras políticas que no se están llevando a cabo, que podrán ser arriesgadas, que podrán tener un cierto riesgo político, social o incluso económico, pero que, si no las afrontamos, nunca podremos saber si al final resulta que eran buenas.
Otros Estados lo están haciendo; quizá tendríamos que plantearnos por qué no nosotros.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señorías, a estas alturas resulta evidente que el primer objetivo del Gobierno del Partido Popular, nada más alcanzar la investidura, ha sido la lucha contra el desempleo y la creación de condiciones que generaran trabajo en nuestro país. Para ello había que acometer determinadas reformas; reformas sobre unos costes financieros demasiado elevados, sobre una inflación alta, sobre una legislación que favorecía la precariedad; reformas, en definitiva, de un entorno económico que era contrario a la competitividad en nuestra economía y que generaba paro en nuestro país.
Pasaron épocas de crecimientos importantes en nuestro país, pero se seguía destruyendo empleo. De eso saben mucho algunas de las personas que se han subido hoy a la tribuna precediendo a este portavoz. El Gobierno atacó fundamentalmente cuatro ejes: la reducción del déficit y el gasto público, asignatura que ha sido superada con éxito; el crecimiento sostenido y saneado no inflacionista, y ahí tenemos los datos del último trimestre; el apoyo a pymes, pequeñas y medianas empresas, para reactivar la confianza de los agentes generadores de empleo, y la liberalización de sectores económicos que estaban absolutamente monopolizados y que eran causa de falta de competitividad y competencia. Se redujeron muchos precios que beneficiaban esa competitividad de las empresas y que han impulsado las exportaciones y el consumo interno en nuestro país. Además, se reestructuraba y se rescataba otra herramienta esencial, de la que se hablaba mucho por parte del Gobierno en su momento pero que se practicaba poco, cual era el diálogo social. Eso hizo, sin duda alguna, que en poco tiempo tuviéramos una evolución de creación de empleo importante en nuestro país.
Cuando España compareció ante la cumbre de Luxemburgo, resultó que era nuestro país el que estaba creando la mitad del empleo que se estaba generando en toda Europa, y que en España se estaba originando, cuando nuestro Gobierno estuvo en la cumbre de Luxemburgo, seis veces más empleo que la media del resto de los países de la Unión Europea: mil empleos diarios durante 1997. Eso, señorías, rompe muchos discursos. Rompe los discursos de aquellos que habían dicho, de forma imprudente e insensata, que 1997 había

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sido un año catastrófico para el empleo. También rompe los discursos de aquellos que decían que España se había mantenido al margen de lo que habían sido los acuerdos de Luxemburgo. Señor Peralta, España firmó los acuerdos de Luxemburgo; usted no puede decir que el señor Aznar no los firmó. Están signados por todos los presidentes de los países de la Unión Económica y Monetaria. No puede decir usted que España no ha firmado ese acuerdo porque lo ha firmado, no hace falta más que usted lo recoja y lo lea, y entonces lo sabrá sin ninguna duda.
Hoy el Gobierno presenta un plan de empleo, cumpliendo precisamente esas demandas y esa cumbre extraordinaria del empleo en Luxemburgo; un plan de empleo, señorías, ambicioso; un plan de empleo continuador; un plan de empleo innovador, basado en el diálogo, que cumple los acuerdos de Luxemburgo y que tiene en cuenta a los sectores más desfavorecidos, y se puede presentar después de que nuestro país haya aprobado los criterios de Maastricht y haya entrado como uno de los países líderes dentro de la moneda única europea, que tiene un ámbito de creación de empleo importante para el futuro.
Es ambicioso, señorías, porque destina casi un billón de pesetas, 80.000 millones de pesetas más que el presupuesto de 1998; un presupuesto, señorías, que ya suponía un incremento en la dotación para políticas activas del 35 por ciento respecto a 1997, y que contempla además una línea adicional de 300.000 millones en créditos para pequeñas y medianas empresas. Nunca, señorías, tantos recursos se han destinado en este país para la generación de empleo, y además contempla la prestación de 992.000 acciones para orientación, formación y ocupación, dando preferencia al paro de larga duración y a los jóvenes en paro.
Es continuador, porque no podía ser de otra forma, de una política económica desreguladora que beneficia la competitividad de nuestras empresas, que ha permitido la reducción de precios, como decía antes, la contención de la inflación, la bajada de los tipos de interés y que está creando un entorno favorable para las pequeñas y medianas empresas.
Nunca, con un crecimiento de sólo el 3,4 por ciento del producto interior bruto, señor Griñán, se había conseguido un aumento del empleo del 2,9 por ciento; nunca, señor Griñán.
Además, es un plan continuador porque apoya la reforma laboral para la estabilidad en el empleo. Veinte de cada cien trabajadores que tenían contrato en formación en prácticas o aprendizaje en mayo del año pasado, hoy tienen un contrato indefinido. Se ha reducido un 3 por ciento en diez meses la temporalidad en nuestro país y se han realizado 600.000 contratos indefinidos desde mayo hasta ahora. En el primer trimestre de 1998 se han creado 259.000 contratos indefinidos, que son 3.000 contratos indefinidos más de los que se crearon en 1989, el año más exitoso para el empleo en el Gobierno del Partido Socialista.
Es un plan innovador porque contempla bonificaciones nuevas: la iniciativa del primer empleo, el desarrollo del tiempo parcial indefinido, elimina los contratos sin protección, sustituye los contratos de aprendizaje por los de formación quitando definitivamente los contratos basura, lo que beneficiará a 360.000 jóvenes, y apoya las iniciativas locales de empleo, además de impulsar la ley de cooperativas, elemento importante en la política social. Asimismo, se ha basado en el diálogo. No se trata sólo de las reuniones. Es que muchas de las sugerencias que se han producido por parte de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de los distintos grupos políticos, se han incorporado y están en este plan.
A mí me hubiera gustado escuchar a algunos portavoces cuál era su alternativa, al margen de la famosa de las 35 horas. No sé si esa alternativa es lo expuesto en la política para los empleados y los desempleados, señor Griñán, en la que apostaban ustedes por el IVA social o por los nuevos impuestos con carácter experimental, sin definir tampoco muy bien en qué consistían. No sé si la alternativa es el plan de empleo en Andalucía, que ha desarrollado y ha impulsado los contratos eventuales y que está provocando que en esa comunidad autónoma solamente el 2 por ciento de los contratos sean indefinidos, mientras que la media del resto de España está en el 9 por ciento en esa contratación. No sé si es ésa su alternativa, si no lo es, deberían de dejárselo también claro a algunos gobernantes sobre los cuales entiendo que tienen algún tipo de autoridad.
Desde luego, no estamos de acuerdo con que el asunto de las 35 horas se pueda hacer por decreto, señor Vaquero; se lo hemos dicho muchas veces: no puede ser por decreto. Usted sabe que una medida así, en determinados sectores, lo único que produciría sería paro. Reducir de 40 a 35 horas supone reducir la jornada anual en 280 horas, es decir, mes y medio menos de trabajo, y hay determinados sectores que no tienen capacidad para tener crecimientos de productividad similares, y eso, sin crecimientos de productividad, usted sabe que o lo pagan los trabajadores reduciendo sus salarios, o lo pagan también los trabajadores incrementando los precios y perdiendo poder adquisitivo al aumentar la inflación, señor Vaquero. Eso es así y usted lo sabe. Ha hecho usted bandera de este asunto, yo le deseo el mejor de los éxitos. Estoy de acuerdo en que tendremos que hablar sobre la reducción de la jornada, pero nunca será por decreto.
Dejemos a las partes, que hace muy poco tiempo han firmado un cuerdo interconfederal en el que establecían que eran ellas las que tenían que fijar los sistemas de reducción de jornada a través de acuerdos.
También creo que ha quedado suficientemente claro, señorías, que este plan presentado por el Gobierno cumple los criterios de la cumbre de Luxemburgo. Tan sólo me ha parecido oir discrepar de esta posición al

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señor Peralta en su intervención; no ha sido así en cuanto al resto de los portavoces. Cumple los acuerdos de la cumbre de Luxemburgo no por los asuntos a los que ya hemos hecho referencia, como el tratamiento de las 992.000 acciones para desempleados, sino porque, además, desincentiva el uso de las horas extraordinarias; porque apuesta por las políticas activas y la sustitución de las políticas pasivas por esas mismas políticas activas; porque sigue defendiendo, apostando y apoyando el diálogo social como sistema de desarrollo y de generación de estabilidad social, fundamental para la creación de empleo; porque consolida la estabilidad económica; porque reduce los costes no salariales del empleo, y porque se dirige, fundamentalmente, a favorecer el empleo a través de la formación. Este plan atiende a los sectores y a los colectivos más desfavorecidos; apoya a la mujer y establece nuevas medidas, como el coste cero en maternidad o adopción, tiene atención especial para los discapacitados inscritos en el Inem y regula las empresas de inserción social.
España, señorías, está en una etapa de crecimiento sostenido y sostenible que deberíamos, entre todos, intentar impulsar, defender y mantener. El propio Gobierno, tras la presentación y elaboración de este plan de empleo, ha elevado sus previsiones al alza para 1998 respecto a la generación de empleo y ha dicho que será posible también durante 1998 generar 370.000 nuevos puestos de trabajo. Yo no sé si eso es suficiente o es insuficiente; a mí me parece que es bastante. En este país, 370.000 nuevos puestos de trabajo es un ritmo de crecimiento del empleo que no se ha tenido en otras épocas. Me parece --indudablemente todo sería deseable-- que es más importante ver, y reconocerlo, cómo nuestro país está generando empleo de forma intensa y cómo es posible que sigamos teniendo esa situación que permite tal generación de empleo.
El señor Griñán hablaba del desarrollo del sector de los servicios. Pues durante 1996 y 1997 el sector donde más se ha reducido el paro en España es en el industrial; el 50 por ciento de los parados que estaban en el sector industrial en 1995 hoy tienen un puesto de trabajo, y eso ha sido conseguido no gracias a reconversiones, a cierre de empresas o a las jubilaciones anticipadas, señorías; ha sido conseguido gracias a la generación de empleo. Y cuando se habla de que las empresas grandes destruyen empleos, hay que pensar también que muchos de esos empleos pasan al sector servicios y dejan de pertenecer al sector industrial, porque no se puede ver el marco sin ver todos los factores que intervienen en lo que es el fenómeno del mercado laboral.
Indudablemente, señorías --para terminar--, corresponde a todos los grupos parlamentarios y a todos los agentes sociales crear un clima de estabilidad económica y social que permita seguir desarrollando la generación de empleo en nuestro país. Nos hemos incorporado a la moneda única; se trata ahora de crear un mercado fuerte en el que sea posible continuar generando empleo, y se trata, señorías, no sólo de que hagamos de esos ciudadanos desempleados, como muchas veces lo fueron, meras estadísticas, sino de que les incorporemos a esa ciudadanía europea que debe ser, sin duda alguna, la de unos trabajadores con empleo y en libertad.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Hernando Fraile.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, voy a intervenir para hacer algún comentario sobre las manifestaciones que se han producido, que interpreto que todas están en la dirección de la buena intención y en la dirección de proponer --todo depende de la óptica con se mire-- soluciones que parecen, en principio, acertadas para la creación de empleo.
Creo, señor presidente, que el debate se ha mantenido sobre dos cuestiones fundamentales. La primera, el diagnóstico de la situación económica y de la situación del empleo en este momento, tema sobre el que necesariamente iba a girar en parte esta discusión, porque difícilmente se puede comentar si las medidas que se adoptan para resolver un problema son adecuadas o no lo son si no hay un cierto acuerdo en lo que significa el diagnóstico de la situación por la que se atraviesa.
Tengo que decir a SS. SS. que me embarga cierta preocupación al seguir el debate, porque he visto --lo digo con toda sinceridad-- que algunas intervenciones que se han producido no se corresponden con la realidad de nuestro momento económico y de nuestro momento de empleo. Y me embarga cierta preocupación, decía, porque ciertamente esas intervenciones se han producido, al menos aparentemente, con una gran convicción y una gran firmeza cuando se hacían determinadas consideraciones que no responden a la realidad.
Comparto al cien por cien que no hay que hacer propaganda con la creación de empleo, sobre todo y especialmente porque el empleo no lo crea el Gobierno, lo crea la sociedad, lo crean los pequeños y medianos empresarios, lo crean los generadores de empleo. Lo que tiene que hacer un gobierno es acertar en sus políticas para que la sociedad reaccione y cree ese empleo. Por tanto, señorías, propaganda ninguna. Y desde luego pasarán algunos años todavía --y hay que decirlo con rigor-- para que quepa la posibilidad de la propaganda en torno al empleo, independientemente de cuál sea el gobierno. Propaganda, repito, no; pero catastrofismo tampoco.
He llegado a oir del portavoz del primer partido de la oposición en España en este momento que el año

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1997 había sido catastrófico para el empleo en nuestro país, y eso me preocupa porque creo --he discutido esta consideración en el Senado en varias ocasiones con el señor Lerma y está en todos los medios de comunicación-- que con eso no se consigue absolutamente nada. No se consigue nada desconociendo la realidad y no se consigue absolutamente nada transmitiendo a la sociedad una sensación que la misma sociedad no percibe. Ahora bien, ¿tenemos la obligación de informar a la sociedad? Yo creo que sí. ¿Es cierto que desde que asumimos las responsabilidades de Gobierno hasta ahora prácticamente hay un millón de nuevos afiliados en la Seguridad Social? Es rigurosamente cierto. ¿Es verdad que en este momento se están duplicando los contratos indefinidos? Rigurosamente cierto también.
Se me pregunta de qué hablo cuando me refiero al empleo de calidad. Hablo de que en el año 1996 en el Inem se registraron 350.000 contratos indefinidos; en el año 1997 se registraron 707.000 contratos indefinidos, y en el primer trimestre de 1998 hemos pasado de una tasa del 3 ó 4 por ciento en los contratos indefinidos, a una tasa de más del 9 por ciento.
Luego, ¿se está produciendo un incremento espectacular de los contratos indefinidos? Ciertamente. ¿Y eso es empleo de calidad? Ciertamente. En algún momento se dijo que el acuerdo de sindicatos y empresarios no produciría ningún contrato indefinido y que no hacía falta tener prisas porque, entre otras cosas, lo que había en verano era empleo chiringuito.
Pues bien, en este momento ese acuerdo ha supuesto 600.000 contratos indefinidos.
¿Es cierto que cuando asumimos la responsabilidad de Gobierno la tasa de paro en España estaba en el 22,9 y en este momento está por debajo del 20? Es rigurosamente cierto. ¿Es cierto que seguimos teniendo un problema de desempleo juvenil en España? Cierto también, pero en dos años ha bajado en seis puntos la tasa de desempleo juvenil.
Esos datos, señorías, se reconocen o no se reconocen, pero me preocupa que algunas actitudes no vean estos elementos por una razón, porque las 600.000 personas que han firmado contratos indefinidos en la reforma lo saben. El millón de afiliados de la Seguridad Social y sus familias lo saben; las personas que están viendo que pasan de un contrato temporal a un contrato indefinido lo saben. Por tanto, no veo acertado --es una opinión; alguien me ha pedido permiso para darme consejos y yo los acepto encantado siempre-- que se intente negar la evidencia en materia de empleo.
A continuación se nos dice que la economía va bien; el problema es que no va bien el empleo. Yo pido en esta Cámara que se me diga qué año el empleo ha crecido y con qué crecimiento económico el empleo ha estado en 370.000 y en torno al 3 por ciento. ¿Cuándo? Nunca. Nunca se ha producido, con un crecimiento económico del 3,4 por ciento, una creación de empleo del 3 por ciento. Eso es rigurosamente cierto. A no ser que ya se me diga: ni creemos en el PIB, ni creemos en la EPA, ni creemos en las estadísticas; si no creemos en nada, todo es discutible. Pero que se me diga qué año nuestra economía ha crecido un 3,4 por ciento y eso ha supuesto una transformación del 3 por ciento en empleo. Cosa distinta es que yo admita que ha habido años en que se ha crecido un 5 ó 5,5 por ciento y ha habido casi una creación de empleo del 3 por ciento. Eso es cierto. Pero la elasticidad que tenemos en este momento no la hemos tenido nunca. Nunca ha habido menor separación en lo que significa crecimiento económico y creación de empleo.
También se me dice que el problema es que el crecimiento de la productividad se está yendo a los beneficios. Eso es imposible. Si con un 3,4 por ciento de crecimiento económico se crea un 3 por ciento de empleo ¿cómo se va a ir la productividad a beneficios? Se estará yendo también a creación de empleo. Es que es imposible que no sea así.
Usted conoce perfectamente lo que es la participación de los salarios en lo que significa nuestro producto interior bruto. Si se produjera lo que usted está planteando, es decir, que cada día se está produciendo beneficio sin empleo, yo le hago una pregunta: ¿por qué los salarios han crecido en su participación en el producto interior bruto en el año 1997? ¿Por qué? Me puede decir que eso es fuente de contabilidad nacional y yo no creo en la contabilidad nacional. Entonces dejamos el debate. Pero no es posible que se mantenga que la productividad va a beneficios con un 3,4 por ciento de crecimiento económico y un 3 por ciento de empleo, con incremento de lo que significan los salarios en el producto interior bruto.
Hay otro portavoz --y lo respeto profundamente-- que me dice que en este momento hacen falta no sé cuántos contratos para que se reduzca el paro registrado. Yo he dicho en mi intervención anterior que en España tenemos una tasa de temporalidad todavía muy alta; lo he dicho expresamente. He intentado hacer una intervención nada triunfalista, si la he hecho les pido excusas porque no es bueno ser triunfalista en materia de empleo. Y claro que le reconozco que tenemos una tasa de temporalidad elevada; claro que le reconozco que hacen falta muchos contratos para que se produzca una persona con baja en el paro. Creo que S. S. ha aludido a 75.
Eso que dice es correcto, pero no es menos correcto que la tasa de contratos indefinidos en este primer trimestre es del 9 por ciento y que cuando llegamos era del 4 por ciento. Yo le pregunto: si en este momento, con una tasa de indefinidos del 9,32 por ciento hacen falta 75 colocaciones, cuando estábamos en el cuatro por ciento harían falta 150.
Pues no. Había una fórmula mágica en el Gobierno anterior y este Gobierno la ha innovado profundamente; este Gobierno, con el incremento de los contratos indefinidos, no está reduciendo la tasa de temporalidad.


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Señorías, yo creo que básicamente ese es el diagnóstico. Desde luego, decir al final que crezca más el empleo, siempre es razonable. Los sindicatos plantearon que en cinco años tenía que crecer el empleo en 1.800.000 puestos de trabajo. Si nos mantenemos en cinco años al ritmo de 1997, con un crecimiento interanual por encima de 370.000, estaremos por arriba de la previsión de los sindicatos.
Se ha dicho aquí: es que se nos ha manifestado que en el año 2000 podemos estar en el 17 por ciento. Probablemente, si mantenemos el ritmo de 1997, en el año 2000 estaremos bastante por debajo de ese 17 por ciento, pero mientras yo sea ministro de Trabajo me quiero equivocar en las previsiones de creación de empleo siempre a la baja. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Y les digo que me quiero equivocar siempre a la baja porque la tragedia que hay en torno al problema del paro no permite la creación de ilusiones que luego se convierten en frustraciones. No permite promesas de creación de empleo que se han hecho en otras etapas y que se han transformado luego en la pérdida de un millón de empleos. Prefiero que este Gobierno sea acusado siempre de que hizo una previsión de creación de empleo que se quedó por debajo y que ha sido superada por la realidad de la creación de empleo. He puesto el ejemplo, y lo mantengo, de que si tenemos un ritmo de crecimiento de 370.000 empleos estaremos muy por encima incluso del objetivo que nos solicitan los sindicatos. Hay quien puede decir: la aspiración de la economía española tiene que ser que el empleo crezca más que el crecimiento económico. Yo digo que esa aspiración es planteable y en este momento el número de afiliados ocupados de la Seguridad Social, señorías, está creciendo por encima del crecimiento económico. Se han producido 500.000 nuevos afiliados en 1997 y en el primer trimestre de este año se han producido 291.000 nuevos afiliados. El siguiente trimestre que le corresponde en cuantía de incremento es el año pasado con 165.000 y el tercero, 109.000. ¿Qué quieren, que el Gobierno diga que los afiliados a la Seguridad Social van francamente mal, cuando en un solo trimestre se han afiliado a la Seguridad Social casi 300.000 personas? Todo ello significa mayor recaudación, mayor empleo y significa que en este momento no solamente se está creando empleo, sino que está aflorando economía sumergida.
Hay propuestas que se han discutido aquí, que me han extrañado porque son propuestas compartidas en documentos de algunos grupos políticos. La reducción selectiva de cotizaciones sociales figura en documentos de grupos políticos que han intervenido en la Cámara y que han criticado al Gobierno por proponer una medida que ellos tienen en todos sus documentos. También se ha hecho alguna crítica en relación con la evolución de los sectores de nuestra economía y se ha dicho una cosa que no responde a la realidad. Por ejemplo, en el año 1996-1997 la clave no ha sido el sector servicios, la clave ha sido el comportamiento del empleo en la industria, que además va a romper un concepto que nunca debimos aceptar y es que España se constituía exclusivamente en el futuro como un país de servicios para recibir a las personas mayores de la Unión Europea. Eso se está rompiendo en España y hay un comportamiento excelente de la industria en 1996, en 1997 y en el primer trimestre del año 1998 se están batiendo los récord que se están batiendo porque se une un excepcional comportamiento de la industria y una recuperación muy significativa de la construcción. Ese es el análisis que dan los datos en este momento. ¿Que el sector servicios es clave en la economía española? Por supuesto, y en casi todas las economías europeas; ¿que en España tenemos que aspirar a ser competitivos en servicios no sólo tres meses de verano, sino que tenemos posibilidades de ser competitivos doce meses especialmente en turismo? Pues por supuesto, pero que nadie olvide la importancia estratégica de presente y de futuro de España que tiene la industria, el comportamiento que están teniendo las exportaciones y que tenemos que seguir siendo competitivos.
Aquí se le ha dicho al Gobierno: a corto plazo, reducción de jornada. En Europa, señorías, solamente dos gobiernos se han planteado una decisión legal de reducir la jornada, uno ha sido el Gobierno francés, cuya decisión empezará a aplicarse en el año 2000 para las grandes empresas y en el año 2002 para todas. Ni siquiera en Francia se están planteando esas medidas en el corto plazo. Y el Gobierno italiano, que la plantea en la perspectiva del año 2001. El Gobierno tiene una posición en la reorganización del tiempo de trabajo. La posición del Gobierno es la siguiente: primero, que cuando se hable de tiempo de trabajo se haga con seriedad en cómputo anual; no existe ya ninguna estructura productiva que se esté planteando en cómputo de tiempo de trabajo semanal. Segundo, que se hable sector a sector y que se hable empresa a empresa. Y, tercero, que si esa reducción de jornada la pactan sindicatos y empresarios, no vaya a afectar ni a la productividad ni a la competitividad. Les quiero hacer una pregunta: cuando están planteando SS. SS. reducción del tiempo de trabajo, ¿están también planteando reducción de salario? (Varios señores diputados: ¡No!) Pues bien, señorías, no hay quien pueda sostener que una reducción por ley de tiempo de trabajo y no de salario no afecta a los costes laborales unitarios. No hay quien pueda sostener eso.
Además, no es ya una cuestión económica, no es una cuestión de orden científico, es de sentido común. Y tan es así que el comité de política económica de la Unión Europea lo pone de manifiesto. Y tan es así que la cumbre de Luxemburgo no apostó por eso. La cumbre de Luxemburgo apostó por lo mismo que el Gobierno de España, los sindicatos y los empresarios: que sector a sector decidan los sindicatos, empresarios y trabajadores cuál es el tiempo de trabajo más lógico para

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mantener la productividad y la competitividad y para crear empleo también. ¿Alguien piensa que la reducción de empleo significa automáticamente nuevas contrataciones? O no, o inversión tecnológica. Por tanto, parece que hay algunas conclusiones que se extraen de análisis un poco simplistas.
Por cierto, aquí se ha hecho una alusión al informe del Banco de Francia.
Me permito una sugerencia: hay que leerlo dos o tres veces, porque yo lo he hecho así y lo que extraigo es que si hay un incremento extraordinario de la productividad, la reducción del tiempo de trabajo puede no afectar al empleo negativamente y, a continuación, dice que si se mantiene la productividad, la reducción del tiempo de trabajo puede ser contraria al empleo y destruir puestos de trabajo. Por consiguiente, hay que leer y ver lo que dicen los informes y qué se opina en otros sitios. En este caso, tenemos la gran tranquilidad de actuar conforme al acuerdo de los sindicatos y empresarios en España. Nuestra posición no es una posición pasiva; exigimos a los sindicatos y empresarios que aborden la reorganización del tiempo de trabajo, pero no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Y me explicaré.
A este Gobierno se le está diciendo todos los días: no haga nada sin consenso de sindicatos y empresarios. Yo estoy convencido de que hay que fortalecer con todas las consecuencias la negociación colectiva, pero a la vez que nos dicen: no haga nada sin sindicatos y empresarios, nos dicen también: presione, impulse y decida al margen de sindicatos y empresarios. Pues no, señoría. Como los sindicatos y empresarios españoles han dicho, y lo tienen firmado, que van a reorganizar el tiempo de trabajo y como Bruselas dice que la reorganización del tiempo de trabajo tiene que ser a través de negociación colectiva, el Gobierno --que además está convencido de que cada empresa necesita su organización de tiempo de trabajo y cada sector también-- aplicará esa convicción con todas las consecuencias y solicita públicamente, en este caso en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, que se pongan en marcha de inmediato sindicatos y empresarios para desarrollar esa reorganización del tiempo de trabajo.
Voy a remitir a los grupos parlamentarios, señor presidente, porque no puedo abusar de su tiempo, todas las propuestas que hemos aceptado de los documentos que nos han remitido. A título de ejemplo, he de decir que hemos aceptado al menos diez propuestas de las que se contienen en un plan de empleo elaborado por el Grupo Socialista y del Partido Socialista en un documento público que conocemos y que afecta a horas extras, a formación profesional, a reducción selectiva de cotizaciones, diálogo social sobre el tiempo de trabajo, como dice esa propuesta; esa propuesta habla de decisión pública sobre el tiempo de trabajo, se refiere al diálogo social y negociación colectiva sobre el tiempo de trabajo.
Repetiremos eso, pero en cualquier caso le reconozco que hay que aprender de todos los gobiernos y nosotros estamos aprendiendo especialmente de un Gobierno europeo, el de Blair, no sólo porque la visita a España del primer ministro británico esté reciente, sino porque hay grandes coincidencias en los documentos de empleo británico y el documento de empleo español.
El señor Vaquero ha tenido una intervención en la que me ha planteado muchas cuestiones y quiero empezar diciéndole que apoyo su idea en cuanto a la declaración del día internacional de salud y seguridad en el trabajo y que su intervención ha sido extraordinariamente sincera. Usted tiene un documento alternativo a la cumbre de Luxemburgo que me han remitido. En el primer párrafo se dice: Criticamos al Gobierno porque cumple estrictamente las resoluciones de la cumbre de Luxemburgo. Yo le digo --y seguro que no le va a sentar mal--: el problema no es que esté usted contra el Gobierno, sino que está también contra la cumbre de Luxemburgo, y lo han hecho público. (El señor Vaquero del Pozo: No es exactamente así.) Si no es exacto, le pido excusas e introduzca todos los matices que quiera, pero lo cierto y verdad es que ustedes han sido el único grupo parlamentario que ha cuestionado la cumbre de Luxemburgo. Eso es cierto.
Si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuestiona la cumbre de Luxemburgo y el Gobierno cumple con la cumbre de Luxemburgo, lógicamente tendrá que criticar las posiciones del propio Gobierno.
Dice que no se está creciendo en empleo. Creo que le he contestado anteriormente.
Me plantea el incremento de la cobertura social. La prestación por desempleo se ha incrementado en su cobertura a los contratos a tiempo parcial. Demuéstreme que este Gobierno ha tomado alguna decisión que haya perjudicado a la cobertura social de los trabajadores, demuéstreme una sola decisión por la que nosotros les hayamos perjudicado. ¿Es cierto que había un sistema de desempleo anterior que no hemos modificado? Cierto.
¿Que somos el Gobierno de Europa que más ha crecido en sus políticas activas? Cierto.
Nosotros creemos en el mercado. Yo creo que, en el siglo XXI, tiene problemas, algún problema importante, quien no crea en el mercado, pero no todo es el mercado. Por eso decimos que vamos a incentivar el empleo estable; el temporal, no, que estaba incentivado antes. Por eso, proponemos un plan para todas las personas con discapacidad y por eso decimos que el mercado está en su sitio, pero aquí está también el Gobierno con sus políticas de empleo. Por eso decimos que el tiempo parcial en España puede funcionar, hace falta que tengan protección social los contratos formativos, hace falta que tengan protección social los contratos a tiempo parcial y prestaciones por desempleo. Hay políticas de empleo del Gobierno. Ahora bien, si ustedes quieren plantear una política de empleo que, al final, ponga en riesgo el comportamiento y el crecimiento

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de nuestra economía, la evolución de la inflación, de los tipos de interés o del déficit público, yo les digo que esa no es la dirección del Gobierno. El Gobierno considera imprescindible el crecimiento económico; es cierto, no es suficiente, pero lo peor es que no haya crecimiento económico, lo peor es que suban los tipos de interés, lo peor es que se dispare la inflación. Cuando hay un comportamiento de la inflación así --y lo digo desde un Gobierno que está pidiendo moderación de salarios--, ¿a quién beneficia? El que los precios no se disparen beneficia sobre todo a los que tienen rentas bajas, a los desempleados y a los pensionistas. Hay otras personas que tienen tales ingresos a quienes les preocupa muy poco si la inflación está en el 2 o si el crecimiento de la inflación es cero. Por eso, también me ha sorprendido que en este debate, en un momento determinado, se me diga que estamos defendiendo reformas estructurales --eso está en el documento del primer partido de la oposición--; que estamos defendiendo procesos de liberalización --está en el documento del primer partido de la oposición-- y que estamos defendiendo que es necesario un incremento moderado de los salarios --que también está en el documento del primer partido de la oposición.
Le agradezco que se preocupe de mi estado anímico y sentimental, ha manifestado cierta preocupación por mi soledad. Yo no sé cómo se encontrará de solo o de acompañado. (Rumores.) Ha sido el señor Vaquero, no es por ustedes. El señor Vaquero me ha planteado, con toda elegancia, mi soledad en Cardiff. Le quiero decir que no sé cómo está de solo o de acompañado, pero en nuestro caso nos encontramos acompañados. Tampoco le digo que para tirar cohetes, pero acompañados. Le quiero decir que ha habido en España una etapa muy importante de diálogo social, se han firmado siete acuerdos sociales, dentro del Plan de empleo va el Plan nacional de formación profesional, que está pactado con los sindicatos; las comunidades autónomas, excepto una, nos han dicho que sí, no los nacionalistas estos que dicen de derechas, no, todas las comunidades autónomas, excepto una, nos han dicho que sí; la Federación Española de Municipios y Provincias nos ha dicho que sí y la Unión Europea, por ahora --queda un análisis de dos meses-- nos ha dicho que sí. Así que le agradezco su preocupación por mi estado anímico y por mi compañía, pero hasta ahora me encuentro acompañado. Creo que es bueno también que los que tenemos que tomar responsabilidades complicadas tengamos tranquilidad de ánimo y serenidad y no estemos preocupados por las compañías. También sabe usted que, a veces, es mejor estar solo; a veces, no en este caso, pues hay que dialogar permanentemente en ámbito parlamentario y en ámbito de diálogo social, por supuesto.
Agradezco la intervención del señor Campuzano y coincido con ella. Le digo que nos queda lo más importante --él también lo ha dicho--, el desarrollo y la cuantificación. Le digo que para nosotros ha sido muy importante contar con 80.000 millones de pesetas adicionales por decisión de Consejo de Ministros. El ha dicho que no le parece sustancial, pero para nosotros ha sido muy importante el crecimiento y, desde luego, estamos absolutamente abiertos para discutir todo.
Le quiero transmitir tranquilidad porque demostraba mucha preocupación por el impacto en los módulos de los contratos en formación. Ese tema, según mis noticias, está resuelto, tal como comunicó la ministra de Educación en el día de ayer, y habrá una modificación. También quiero decirle que para mí es muy grato, y ha sido siempre una reivindicación del grupo al que represento, que podamos excluir la doble cotización en lo que significa la contratación de las personas para cubrir bajas por maternidad o por adopción.
El representante del PNV ha hecho una intervención de fondo. Si le he oído bien, ha dicho que estaba de acuerdo con la mayoría de las medidas del plan, pero ha cuestionado lo que significa el marco competencial actual de las políticas de empleo, básicamente. Ya sabe el señor Caballero que en este momento hay un diálogo abierto para abordar ese tipo de cuestiones y que ha habido algún asunto complicado, como la formación continua, donde yo entiendo que se han dado avances muy significativos. También le quiero decir que en todas las conversaciones previas al Plan de empleo hemos encontrado en el Gobierno vasco ánimo de cooperación, si bien poniendo de manifiesto que apoyar el Plan de empleo estaba de alguna forma condicionado por el debate que usted ha planteado en su intervención sobre el marco competencial de las políticas de empleo.
Agradezco la intervención de don Ricardo Peralta, así como la del señor Vázquez y la de la señora Lasagabaster, que me ha dicho que tenía que ausentarse de este salón de Plenos. Quiero decirles que yo espero que sigamos dialogando y que es probable que alguna persona interprete que el incremento de las prestaciones por desempleo responde a la cumbre de Luxemburgo. Es respetable que se interprete así. Lo cierto es que la Comisión Europea interpreta que está absolutamente fuera de la cumbre de Luxemburgo, y a mí me parece que este es un plan que en ningún caso puede calificarse como un plan impuesto al Gobierno. España nunca ha votado en contra de Luxemburgo. El presidente del Gobierno comprometió este Plan de empleo en la Cámara tres o cuatro días después de la cumbre. Ciertamente hubo quien manifestó en aquel momento, y eso es respetable, que España se había autoexcluido de la cumbre de Luxemburgo. Lo cierto es que nadie ha podido demostrar que España se autoexcluyera de ninguna cumbre europea ni tampoco de la de Luxemburgo, que nunca se votó en contra. El presidente del Gobierno planteó y ofreció este plan cuatro días después de la cumbre y hoy, señorías, es una realidad; una

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realidad absolutamente mejorable, con la aportación que puedan hacer ustedes y las organizaciones sociales. El Gobierno estará abierto a ello hasta la primera fase de discusión, que termina en el mes de junio en Cardiff, y a partir de Cardiff en lo que significa el trabajo político y parlamentario en el seno de nuestra nación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--El señor Griñán Martínez pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Griñán.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor presidente, pido la palabra para consumir un turno muy breve.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Griñán, tiene tres minutos para replicar y lógicamente también dispondrá de ellos el señor ministro, si así lo desea.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Me sobrarán dos minutos y medio, señor presidente.
Yo solamente quería decirle al señor ministro que cuando ayer llegó a mis manos, por fin, el Plan de empleo y lo ojeé, tuve la sensación de que era un Plan de empleo que juntaba muchas palabra pero que se había hecho con un espíritu como para salir del paso. Después de escucharle en su segunda intervención, señor ministro, me parece que ya tengo la explicación de por qué. Oyéndole me ha recordado usted a un personaje de Cándido, la novela de Voltaire, que se llamaba Pangloss. Ustedes consideran que están en el mejor mundo posible, que todo va perfectamente y que, por lo tanto, no es necesario ningún plan de empleo. Esa es la razón por la que yo creo que el Plan de empleo es solamente humo, señor ministro. (Rumores.--Una señora diputada: ¿Por qué le ha concedido la palabra?) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Griñán.
El Reglamento así lo establece, señora diputada.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Desconocía la posibilidad de este turno, señor presidente.
Al señor Griñán le diré que me tiene que creer porque soy sincero y pienso que en el mundo en el que vivimos, a efectos de empleo, todo es mejorable, pero que no tiene nada que ver ese mundo con etapas en las que se prometían 800.000 empleos y se destruían un millón. No tiene nada que ver con ese mundo. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor ministro.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y veinte minutos de la tarde.

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