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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 09/06/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 166

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 161

celebrada el martes, 9 de junio de 1998

ORDEN DEL DIA:

Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:

--De las Cortes de Castilla y León, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 199-1, de 11 de mayo de 1998 (número de expediente 127/000009) (Página 88195 )

Prórroga de plazo:

--De la Subcomisión que estudia el modelo policial (número de expediente 154/000012) (Página 8833)

Declaración institucional

--Sobre la marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia (número de expediente 140/000022) (Página 8833) * * * * *

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Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de las distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 282, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 162/000243) (Página 8834)

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España de conformidad a las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 254, de 16 de marzo de 1998 (número de expediente 162/000220) (Página 8841)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía (continuación):

--De la Diputación General de La Rioja, de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 203-1, de 8 de junio de 1998 (número de expediente 127/000010) (Página 8849)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera entre el Norte y el Sur de la Península, mediante la ejecución de la autovía de la Plata (número de expediente 173/000087) (Página 8859)

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en materia medioambiental y política de residuos (número de expediente 173/000088) (Página 8864)

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación del sector vitivinícola español y su futuro ante la próxima reforma de la OCM del vino (número de expediente 173/000089) (Página 8870)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía (Página 8819)

De las Cortes de Castilla y León, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Página 8819)

Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León por parte de las Cortes de Castilla y León, la señora Pérez Martínez, de Izquierda Unida, y los señores González González, del Grupo Socialista, y Herrera Campo, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Ramos y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Madrid López, del Grupo Socialista del Congreso, y Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por las Cortes de Castilla y León, se aprueba por 292 votos a favor y 16 abstenciones.


Prórroga de plazo (Página 8833)

De la Subcomisión que estudia el modelo policial (Página 8833)

El señor presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, somete a la consideración del Pleno la ampliación del plazo de los trabajos de la Subcomisión, dentro de la Comisión de Justicia e Interior, que estudia el modelo policial, lo que se aprueba por asentimiento.


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Declaración institucional (Página 8833)

Sobre la marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia (Página 8833)

El señor presidente, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, somete a la consideración del Pleno una declaración institucional en apoyo de los objetivos de la marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia, que es aprobada por asentimiento.


Proposiciones no de ley (Página 8834)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de las distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) (Página 8834)

En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la proposición no de ley el señor Caneda Morales. Comienza su intervención alegrándose por los últimos datos sobre el paro, pero reconoce que no hay que dejar de luchar en todos los frentes. Añade que esta proposición no de ley tiene como objetivo abrir un debate para analizar los efectos que la tecnología de la información y de la comunicación van a tener en la organización de las empresas y de la sociedad en su conjunto, en la creación de nuevos empleos y en la posibilidad de aumentar el acceso de personas en especial situación al mercado de trabajo. Asimismo hay que estudiar las necesidades de formación que se derivan de los cambios tecnológicos, puesto que ello tiene mucho que ver con el deterioro que sufre el empleo de los trabajadores menos cualificados. Plantea una serie de interrogantes sobre la adaptación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a las relaciones laborales y considera que el sector público tiene que crear la infraestructura necesaria para su desarrollo y aplicación.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del Congreso a la proposición no de ley, interviene el señor Navarrete Merino.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo Socialista del Congreso, interviene el señor Caneda Morales.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de las distintas oportunidades de creación de empleo vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se aprueba por 156 votos a favor, 127 en contra y 24 abstenciones.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España, de conformidad a las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional (Página 8835)

Presenta la proposición no de ley la señora Fernández Sanz, del Grupo Socialista del Congreso. Comienza su intervención recordando el informe sobre política migratoria elaborado por la subcomisión que se creó en junio de 1996, en el que se dice que el Gobierno debe presentar con carácter urgente una norma que regule el régimen interior y de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, así como elaborar un plan de creación de nuevos centros y de adecuación de los existentes con los criterios de esta nueva norma. Añade que, además de este objetivo, también se han tenido en cuenta para la presentación de la proposición no de ley el pesimismo que se desprende, según su opinión, de los diferentes estudios que sobre tendencias sociales se han realizado por diferentes organismos en el último año y las sentencias del Tribunal Constitucional.
A continuación pasa a explicar el contenido de la proposición no de ley del Grupo Socialista, presentando una enmienda transaccional en el punto tercero, y fija la posición de su grupo en relación con la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, al apartado 1, letra e).
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario

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de Coalición Canaria, y las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Sanz.
Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Socialista del Congreso, sobre funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España de conformidad a las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional, se aprueba por 309 votos a favor y una abstención.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
(Continuación) (Página 8849)

De la Diputación General de la Rioja, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Rioja (Página 8849)

Intervienen en la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Rioja, por parte de la Diputación General de la Rioja, los señores Escobar de las Heras, del Grupo Popular; Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pascual Ocio, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, e Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Rioja, presentada por la Diputación General de La Rioja, se aprueba por 284 votos a favor y 15 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8859)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de la Península, mediante la ejecución de la autovía de la Plata (Página 8859)

Presenta la moción el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza su intervención recordando la unanimidad que existía en la interpelación presentada con anterioridad sobre la importancia de la ruta de la Plata como mecanismo fundamental de vertebración territorial entre el norte y el sur, en concreto la conexión que va desde León hasta Sevilla. Añade que, en base a esta unanimidad, el Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya persigue con su moción garantizar, de una parte, que los tramos incluidos por el propio Gobierno en el vigente plan de actuaciones prioritarias en carretera inicien su ejecución efectiva antes del 1 de enero del año 2000 y concluyan definitivamente antes del 31 de diciembre del año 2002; y de otra, que en el plazo de seis meses el Gobierno presente en la Cámara un calendario detallado de las fechas del inicio efectivo de las obras, así como de su terminación, con especificación de las previsiones presupuestarias en cada anualidad correspondientes a los distintos tramos. A continuación fija la posición de su grupo en relación con las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas intervienen los señores Fernández Fernández, del Grupo Socialista del Congreso, y Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de la Península, mediante la ejecución de la autovía de la Plata, se rechaza por 141 votos a favor y 159 en contra.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en materia medioambiental y política de residuos (Página 8864)

Defiende la moción, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, la señora Narbona Ruiz. En primer lugar, quiere dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que la señora ministra de Medio Ambiente, en el debate celebrado con ocasión de la interpelación presentada hace dos semanas, faltó a la

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verdad por lo menos en tres puntos: en relación con los planes nacionales de residuos peligrosos y de suelos contaminados aprobados en 1995; en relación con las partidas presupuestarias para 1996 correspondientes a estos planes, y en relación con la aprobación de un decreto sobre caracterización de residuos que no está aprobado.
A continuación explica el contenido de los seis puntos de que consta la moción y opina que el Grupo Parlamentario Popular debería aceptarlos porque es totalmente necesario reconducir la política de residuos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señor Narbona Ruiz.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso sobre política general del Gobierno en materia medioambiental y política de residuos, en los términos resultantes de la transaccional propuesta por el propio grupo y aceptada por los enmendantes, se aprueba por 275 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación del sector vitivinícola español y su futuro ante la próxima reforma de la OCM del vino (Página 8870)

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida defiende la moción el señor Centella Gómez, que muestra su satisfacción por propiciar una iniciativa que ya está recogida en los documentos elaborados por la Mesa del vino, dándole así carácter de acuerdo parlamentario. Reitera el consenso alcanzado hace dos semanas, con motivo de la interpelación, sobre la urgente reforma de la OCM del vino, para que la Unión Europea pueda hacer frente a la competitividad ante terceros países, sobre la necesidad de un presupuesto capaz de garantizar la máxima eficacia y sobre la necesidad de establecer los mecanismos apropiados de seguimiento y control. A continuación explica el contenido concreto de la moción y anuncia que no van a aceptar ninguna enmienda no porque no estén de acuerdo con las mismas, sino porque esperan alcanzar un consenso general que permita al sector y a los miles de familias que viven del vino y de la viña sentirse respaldados por esta Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Chivite Cornago, del Grupo Socialista del Congreso, e Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Centella Gómez.
Sometido a votación el punto uno de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 16 votos a favor, 140 en contra y 98 abstenciones.
Sometido a votación el punto dos de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 15 votos a favor, 138 en contra y 96 abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA

--DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA Y LEON (Número de expediente 127/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Se inicia la sesión.
Como punto primero del orden del día, vamos a tramitar el debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. En primer lugar, el que presentan las Cortes de Castilla y León, siendo el otro el presentado por la Diputación General de La Rioja, que tramitaremos con posterioridad a las proposiciones no de ley, tal como ha acordado esta mañana la Junta de Portavoces.
Por tanto, como he dicho, en primer lugar, vamos a tramitar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía

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de Castilla y León. Me complace dar la bienvenida, en nombre de la Cámara, a los representantes de las Cortes de Castilla y León que van a defender esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía.
Tiene la palabra, en primer lugar, doña Elena Pérez Martínez.


La señora PROCURADORA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON (Pérez Martínez): Buenas tardes.
Señor presidente, señoras y señores representantes de las Cortes de Castilla y León, señoras y señores diputados, reciban saludos desde Castilla y León, desde sus Cortes regionales, desde Nueva Izquierda de Castilla y León, desde una comunidad autónoma que posee un patrimonio histórico artístico de incalculable valor, reconocido en España y en Europa, que tiene un idioma, la lengua castellana, que se ha extendido universalmente, que conserva una tradición universitaria multisecular, la más antigua de España; una comunidad, en resumen, con su propia lengua, identidad, cultura e historia.
Desde estas raíces profundas, la desigual construcción del Estado de las autonomías, en un proceso sin clara vocación autonómica, ha relegado a Castilla y León a un plano secundario, generando frustración en las sentidas aspiraciones de autogobierno de su pueblo, de nuestro pueblo, por la única vía legítima de los mecanismos democráticos, privándonos, como he dicho, del derecho a una autonomía plena. Se ha producido durante estos años un sentimiento de agravio frente a una supuesta asimetría en la construcción autonómica que ha contribuido a la desmotivación y falta de conciencia en las gentes de Castilla y León.
El proceso de la Unión Europea ha puesto de manifiesto con una gran fuerza los cambios que se operan en los viejos Estados, en nuestros Estados. Asistimos a una importante crisis del modelo de Estado-nación, paralelo a su vez a la construcción de uniones políticas supra e infraestatales. Sin duda, Castilla y León, junto con el resto de las regiones y nacionalidades, debe jugar un papel de primer orden en la construcción europea. El debate sobre la ampliación de la Unión Europea plantea una nueva y compleja situación para nuestra comunidad autónoma.
Señorías, hay que abordarlo desde posiciones solidarias, es un debate que debe desarrollarse con la participación del Gobierno del Estado y, cómo no, con la participación activa de las comunidades autónomas, también la nuestra.
La autonomía y el federalismo, valores de primer orden para Nueva Izquierda, a la que represento en las Cortes regionales, son conceptos políticos que definen una forma más democrática de articulación de la sociedad, que aproximan el poder a la ciudadanía y que mantienen un equilibrio entre un Estado cooperativo y solidario, Gobierno eficiente, y la identificación con un territorio determinado. Por lo tanto, señoras y señores diputados, todas las competencias pueden ser ejercidas con esa eficiencia dentro de Castilla y León, no debe corresponder a otros ámbitos, desde una autonomía plena, como dice la Constitución, no desde la simple cesión de atribuciones o mera delegación del poder.
Aquí venimos --junto con otros dos compañeros procuradores-- a defender esta reforma de nuestra norma básica, nuestro estatuto de autonomía, desde un procedimiento de consenso al que no siempre nos tienen acostumbrados los grupos mayoritarios, que suelen mantener políticas exclusivistas en temas también muy trascendentales para Castilla y León.
Nos felicitamos porque esta reforma haya recogido la mayoría de las aportaciones que Nueva Izquierda ha planteado, consiguiendo con ello un consenso amplísimo y general en la elevación de nuestro techo competencial.
Con este nuevo estatuto se refuerza nuestra propia identidad, nuestras raíces históricas y culturales, nuestra lengua, sin querer con ello contribuir al concepto mercantilista del mal uso de los hechos diferenciales. Estamos convencidos y convencidas de que, más allá de la denominación, tenemos derecho al mismo nivel de competencias, pero todo ello con un profundo desacuerdo, desde Nueva Izquierda, en el modelo de financiación autonómica y, posteriormente, sanitaria; modelo político que favorece a unas comunidades autónomas u otras, partiendo de un concepto poco solidario y cooperativo del Estado. Desde Castilla y León y desde nuestro estatuto apostamos, como Nueva Izquierda ha querido aportar el velar por la no discriminación, por la suficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad interterritorial que nos proporcione garantías de un sistema justo y no nos condicione el ritmo de asunción de nuestras competencias, como actualmente nos está sucediendo con la educación, la enseñanza no universitaria, o la sanidad.
Castilla y León sufre importantes carencias en materias fundamentales para las personas que en ella habitan --infraestructuras, garantía social, políticas activas de empleo, etcétera-, que se hacen particularmente dolorosas en una comunidad escasamente poblada y con la dimensión más grande de Europa. Reclamamos desde aquí las medidas, las facultades necesarias para que los y las castellano-leonesas alcancen la cantidad y calidad de servicios públicos, de asistencia social que constitucionalmente les corresponde. Esta reforma debe --así lo quiere Nueva Izquierda-- contribuir a la mejora de la calidad de vida y a alcanzar el pleno empleo en Castilla y León.
Por todo ello, señorías, les solicito, en nombre de las Cortes de Castilla y León, que voten afirmativamente la propuesta de reforma del estatuto de autonomía que traemos hoy a la Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Pérez Martínez.


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Tiene la palabra, en segundo lugar, don Jaime González González.


El señor PROCURADOR DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON (González González): Señor presidente, señoras y señores representantes de la Comunidad de Castilla y León que ya sea por obligación o por devoción asisten a este debate, señoras y señores diputados y senadores, es un honor para este procurador intervenir por mandato de las Cortes de Castilla y León ante el Pleno del Congreso de los Diputados en defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por las Cortes de mi comunidad. Por tanto, mi intervención lo es más en nombre del conjunto del Parlamento de Castilla y León que en el del Grupo Parlamentario Socialista al que pertenezco.
En primer lugar, debo señalar que es la primera vez que se promueve una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León por iniciativa de las propias Cortes de Castilla y León, como resolución y consecuencia positiva del último debate sobre política general de la comunidad, celebrado hace ya año y medio. Debo constatar, además, que esta reforma va más allá de la mera ampliación de los aspectos competenciales, como fue la de 1994, impulsada por el pacto autonómico de 1992. Esta reforma afecta a aspectos tan importantes de la comunidad como sus estructuras territoriales, institucionales, económicas o administrativas. La reforma que propone nuestro Parlamento amplía nuestra capacidad de decisión sobre asuntos que nos afectan mucho y que hasta ahora se decidían en otros ámbitos.
En segundo lugar, tengo que destacar el elevado grado de consenso alcanzado por la propuesta en el debate celebrado en las Cortes de Castilla y León. El voto afirmativo de 79 de los 84 procuradores de la Cámara avalan esta afirmación, en sintonía con nuestra firme creencia de que es deseo de los ciudadanos elevar nuestra capacidad de autogobierno.
Ese elevado consenso lo consideramos, además, como un valor superior a alcanzar y preservar en todo lo que afecta al bloque constitucional, dado el compromiso histórico de Castilla y León con la configuración integradora y solidaria del Estado español. Ese compromiso se extiende también a la estabilidad del sistema y a su garantía, entendiendo que estabilidad no es inmovilismo, sino equilibrio en todos y cada uno de los momentos, y ello sólo se logra desde los acuerdos altamente mayoritarios.
Este alto grado de acuerdo cobra hoy más valor porque no fue ese el espíritu que presidió el inicio de nuestra historia autonómica.
Hoy tenemos que felicitarnos de que se hayan sumado al consenso otras fuerzas políticas que no lo hicieron entonces. No está de más recordar que el primer texto del estatuto no fue aprobado por unanimidad y que necesitó de una ley orgánica para que una de las nueve provincias que hoy la integran se incorporase a la comunidad. Nuestro estatuto también superó recursos de inconstitucionalidad que cuestionaban la configuración territorial de Castilla y León o los procedimientos para su modificación.
Tiempo después, ya en la segunda legislatura, en mayo de 1988, la mayoría en aquel momento de las Cortes de Castilla y León tomó en consideración una proposición de ley de reforma del estatuto, consciente esa mayoría de que no contaba con los votos suficientes en el Congreso de los Diputados.
Valga, por tanto, este repaso a los avatares vividos por nuestro estatuto para que nos ratifiquemos en la defensa del consenso y la estabilidad como valores superiores a preservar de cara al desarrollo de nuestro Estado autonómico.
Esta reforma supone, además, un avance indudable. Cuando su desarrollo y su ejecución estén finalizados nos permitirá duplicar nuestro presupuesto y gestionar nosotros mismos más asuntos vitales para nuestros ciudadanos.
Los argumentos esgrimidos ya en 1994 por algunas fuerzas políticas para votar en contra de aquella reforma son los mismos que se esgrimen ahora por las mismas fuerzas políticas para votar en contra de ésta. Las reformas eran escasas y cortas, y representaban en cada momento --decían-- el punto final del desarrollo autonómico para Castilla y León.
Esos argumentos se han demostrado falsos por la propia dinámica, sucesiva y ampliadora de las reformas. Por tanto, aunque los respetamos, no entendemos que nuevamente se vote en contra de una reforma que es un peldaño más en esta estabilidad dinámica que la experiencia y la voluntad política de todos configurará en el futuro. Queda claro, por tanto, que nuestro estatuto y sus reformas no son un fin en sí mismos, sino un instrumento al servicio de las gentes de Castilla y León para mejorar su nivel y calidad de vida. Por ello, hemos apostado en todo momento inequívocamente por su cumplimiento y desarrollo y, por ello, es inevitable que el proceso de traspaso de las funciones y servicios necesarios para la ejecución de las competencias en él contempladas sea ágil y leal, entendiendo que ello es consecuencia lógica del clima de consenso alcanzado.
Así lo entendió el Gobierno Socialista que, aprobada la reforma de 1994, negoció con carácter inmediato el traspaso de los medios correspondientes a la Seguridad Social en las materias encomendadas al Inserso y a la enseñanza universitaria, con resultados tan solidarios que permitieron al Gobierno de Castilla y León valorarlos muy positivamente. Es poco aleccionador que todavía en estos momentos, cuatro años más tarde de la última reforma en la que se reconocían competencias en enseñanza no universitaria, no existan, después de los incumplimientos habidos, ni fechas definitivas ni valoraciones suficientes para el traspaso de los medios necesarios con el fin de ejercer la competencia en una materia tan significativa.


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El principio de solidaridad y cooperación que presidió la negociación de los traspasos citados debe informar no sólo los traspasos pendientes, sino los que se derivan del nuevo estatuto, especialmente la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y la administración, control y policía del dominio público hidráulico de la cuenca del Duero en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Igualmente es necesario que ese mismo espíritu de agilidad y lealtad que ha presidido la negociación y el debate se aplique y alcance a la creación de las instituciones propias de la comunidad y a su puesta en funcionamiento. La existencia real del consejo consultivo y del consejo de cuentas constituirán elementos ciertos de enriquecimiento y normalización del funcionamiento de la comunidad autónoma.
Los encargos que el nuevo estatuto hace a la comunidad son: velar por que el Estado garantice la realización efectiva de los principios de igualdad y solidaridad sin que las diferencias entre los estatutos puedan significar privilegios económicos y sociales contra Castilla y León, que en su financiación se ponderen los factores de extensión superficial, dispersión y baja densidad de población, que constituyen nuestro hecho diferencial, que la garantía del nivel mínimo de prestación en los servicios públicos esenciales con cargo a los presupuestos del Estado determinen un marco legal y financiero que proscriba las relaciones de bilateralidad entre el Estado y las comunidades autónomas, actualmente tan en boga, y que no se encuadre en esas situaciones concretas.
Para finalizar, quiero hablar de dos cuestiones: tenemos una extensión de 94.193 kilómetros cuadrados, 2.247 municipios, 2.231 pedanías y 3.917 núcleos de población en donde vivimos sólo dos millones y medio de personas. Esta reforma del estatuto debe formar parte de un proceso de descentralización que permita que las viejas y prestigiosas figuras de nuestro ordenamiento territorial, ayuntamientos y juntas vecinales que están más cerca de los ciudadanos y, como consecuencia de ello, son generalmente más eficaces, gestionen en el futuro más asuntos, con más recursos, con más capacidad de decisión y con arreglo a sus criterios políticos autónomos.
En definitiva, se trata de que el reconocimiento del autogobierno no finaliza en las comunidades autónomas e igualmente debe permitir que otras corporaciones locales emergentes, como las comarcas, entren a formar parte, sin cicatería y de manera efectiva, del esqueleto territorial de Castilla y León. Este conjunto de nuevos impulsos a la descentralización hace urgente la existencia de una Cámara de naturaleza auténticamente territorial en las Cortes Generales. Ese papel corresponde inequívocamente al Senado, que debe cumplir, además, con el de ser la principal instancia de cooperación entre las comunidades autónomas y de debate de aquellos asuntos europeos de importancia para las mismas. Su configuración y puesta en marcha deben estar presididas también por el consenso como valor superior.
Finalizo, como no podía ser de otra manera, solicitando el voto favorable de esta Cámara a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por nuestras Cortes, a la vez que reclamo para esta comunidad las políticas solidarias imprescindibles para la superación de los problemas que afectan a nuestro progreso.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González.
Finalmente, en este turno de presentación de la propuesta de reforma, tiene la palabra don Juan Vicente Herrera Campo.


El señor PROCURADOR DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON (Herrera Campo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, es un honor intervenir esta tarde ante el Congreso de los Diputados formando parte de la delegación de las Cortes de Castilla y León, y en mi condición de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las mismas, para la presentación y defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fue aprobado por el Pleno de aquellas Cortes el pasado día 29 de abril.
Esta propuesta de reforma es el resultado de un intenso y extenso trabajo parlamentario que tiene su origen en la voluntad compartida de seguir desarrollando con decisión el modelo constitucional de organización territorial y que ha concluido con un amplísimo y muy satisfactorio acuerdo político que, sin duda, garantiza el respaldo social a todo este proceso.
Castilla y León acaba de cumplir los quince primeros años de su vida autonómica. El balance sustancial de esta experiencia es necesariamente positivo y viene en lo fundamental marcado por una renovada y más responsable forma de sentir y valorar lo propio, por una natural adaptación de toda la actividad social al marco territorial de la comunidad, por una presencia próxima y cotidiana de nuestras instituciones de autogobierno, por la prestación autonómica de buena parte de los servicios que más directamente afectan e interesan a los ciudadanos y a las familias y, en fin, por un continuado esfuerzo de transformación social y económica sin precedentes en nuestra historia y que ningún observador objetivo puede negar.
Son éstas algunas de las razones que justifican, sin duda, la existencia de Castilla y León como comunidad autónoma y que, sobre todo, animan a progresar en el ejercicio de esa autonomía, nunca desde la complacencia por las viejas glorias pasadas, sino a base de impulsos de futuro como el que constituye la propuesta de reforma que hoy comienza a debatirse en esta Cámara,

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con la pretensión de que nuestra norma institucional básica se constituya en el verdadero estatuto de la consolidación que impulse la Castilla y León del inminente siglo XXI.
Para conseguir este objetivo era imprescindible sortear a lo largo del trámite de reforma una serie de tentaciones que considero que han sido evitadas con éxito y sentido común. No se trataba en ningún caso de refundar nuestra comunidad ni de cuestionar su plena legitimidad de origen so pretexto de las especiales circunstancias que concurrieron en su nacimiento. Tampoco se trataba, señorías, de reescribir la historia, campo siempre abonado al subjetivismo, pero con el que creo que Castilla y León no tiene ninguna deuda que saldar. Tampoco se trataba, en fin, de participar en una loca carrera de hechos diferenciales como vía de afirmación autonómica o cura de hipotéticos complejos. Se trataba sencillamente de buscar en el marco constitucional nuevas y más amplias respuestas a los problemas, intereses, necesidades y aspiraciones de Castilla y León y de sus ciudadanos, utilizando todo el debate que se ha considerado necesario para ello hasta alcanzar una propuesta como la que presentamos, lo más común posible, en la que pueden reconocerse algunos de los rasgos que caracterizan el ser y el estar de Castilla y León en la España autonómica: visión integradora, pluralidad, equilibrio, lealtad y exigencia.
Quisiera destacar ahora brevemente, señorías, algunos de los aspectos a mi juicio más relevantes de la reforma que proponemos. La lengua castellana y el rico patrimonio histórico, artístico y natural de Castilla y León son, sin duda, valores universales y comunes a todos, y esa evidencia nos llena de orgullo. Pero son también realidades en torno a las cuales castellanos y leoneses hemos fortalecido sin ningún ánimo excluyente o exclusivo nuestro sentido de comunidad, lo que explica su expreso reconocimiento como valores de identidad y, lo que es más importante, el compromiso de su protección y apoyo.
Las instituciones básicas de la comunidad se ven liberadas de algunas limitaciones existentes en el actual texto del estatuto con el propósito de conseguir su más operativo funcionamiento. En particular, las Cortes de Castilla y León podrán afrontar eficazmente durante las próximas legislaturas el incremento de trabajo parlamentario que se deriva de la ampliación de competencias de la comunidad, al desaparecer el límite ya desfasado de 120 días hábiles para su funcionamiento durante los períodos ordinarios, y al posibilitarse una nueva y más flexible regulación de la figura del procurador regional y su grado de dedicación a esas más intensas tareas. Se incrementan las fórmulas de participación ciudadana en la labor legislativa a través de la iniciativa popular y se incluyen y regulan la cuestión de confianza y la facultad del presidente de la Junta de disolver anticipadamente las Cortes, sin perjuicio de reforzarse el principio general de coincidencia y coordinación en la celebración de las elecciones autonómicas con las consultas en otras comunidades autónomas.
Se completa la organización de la comunidad con otras instituciones, algunas ya existentes pero aún no previstas en el propio estatuto, como el Procurador del Común o el consejo económico y social y otras de futura creación mediante ley autonómica como los consejos consultivo y de cuentas que, por razón de sus respectivas competencias, sin duda, prestarán un eficaz, cercano y ágil servicio al complejo mundo de las entidades locales de Castilla y León, cuyas bases de relación con la comunidad también se modernizan y reordenan.
En su marco competencial la comunidad da un paso decisivo en la asunción de los servicios que más directa y universalmente afectan e interesan a los ciudadanos y definen la calidad de vida de éstos y sus familias. En efecto, tras haber asumido en la anterior reforma estatutaria las competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre educación, cuya completa transferencia se negocia actualmente, se incorporará ahora, entre otros, el título competencial de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Además la comunidad quiere también materializar en esta reforma su vieja aspiración de ampliar cuanto sea posible su participación en la gestión de la cuenca del Duero, elemento de enorme trascendencia simbólica, estructural y económica para Castilla y León.
Por otra parte, y en íntima relación con cuanto queda dicho, se ha entendido que el nuevo texto del estatuto debía necesariamente referirse a aquellos factores que tanto condicionan y determinan en Castilla y León la acción eficaz de sus instituciones de gobierno y la digna prestación de todos los servicios públicos; esto es, una extensión territorial equivalente al 18 por ciento de la total de España, una densidad de población 50 puntos inferior a la media nacional y una dispersión de esa misma población en un fragmentado mapa que agrupa casi el 30 por ciento de los municipios españoles.
Señorías, debo finalizar y quiero que mis últimas palabras sean para solicitar su voto favorable a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que consideramos de enorme importancia para asegurar la estabilidad política, social y económica y el mejor futuro de nuestra comunidad y que, desde esos rasgos de visión integradora (pluralidad y equilibrio, lealtad y exigencia) a los que hice anterior referencia, pretende ser, además, una sincera y respetuosa contribución de Castilla y León a la estabilidad misma de la España autonómica y constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Herrera.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.


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El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, y deben ser desde luego mis primeras palabras para dirigir un saludo a las autoridades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a los procuradores y a la procuradora y, a través de ellos, en definitiva, a todo el pueblo de Castilla y León. En coincidencia con un saludo que no solamente es retórico, sino sincero, porque nos traen una buena noticia y un buen texto político y jurídico, también nos felicitamos por el trámite que sitúa en una nueva fase el proceso que se iniciaba con la resolución de las Cortes de Castilla y León el 12 de diciembre de 1996.
En el tiempo transcurrido hay que constatar dos hechos positivos que, en cualquier caso, son ya claramente citas de referencia, momentos a tener en cuenta en la historia de esta comunidad autónoma. En primer lugar, ha habido un debate intenso en Castilla y León, en las Cortes y en toda su sociedad, sobre su autogobierno; que un pueblo, con su larga historia, con su gran identidad, con su profundo sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, reflexione, hable, debata, sobre su autogobierno siempre es una buena noticia. En segundo lugar, también hay que felicitarse porque el nivel de consenso alcanzado es muy grande. El resultado, que es el fruto de ese consenso, es el que hoy se somete a la consideración de esta Cámara y supone un avance muy considerable, no sólo respecto del primer estatuto aprobado, sino un avance más importante que la reforma de 1994.
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya aquí, como Nueva Izquierda en Castilla y León, se congratula de esos avances que modestamente trataré de resumir o sintetizar en dos aspectos: en primer lugar, en el incremento del techo competencial, que permitirá superar desigualdades injustificadas. Este hecho además de elevar el contenido material del autogobierno, como digo, otorga a los poderes públicos de la comunidad autónoma instrumentos para la profundización del Estado social, para que sean también un instrumento de remoción de aquellos obstáculos que igualmente configuran a veces panoramas preocupantes de insolidaridad o desigualdades en esta comunidad autónoma, como en otras del Estado español. Por tanto, como desea nuestra Constitución, también se avanza aquí en la construcción del Estado social, y ello en materia muy sensible, como la salud, o sin olvidar las posibles actuaciones en materia de recurso hídricos donde se aúna la preocupación por el medio ambiente con las legítimas perspectivas de desarrollo económico.
En segundo lugar, también constatamos una mejora sustantiva de los mecanismos institucionales de ejercicio del poder autonómico, sin los que el autogobierno es una mera administración, sin alma, sin esa alma democrática que debe impulsar todas las acciones de los poderes públicos, en definitiva, una mera administración con déficit democráticos que hay que superar en el marco constitucional. Con el texto que hoy se trae a la consideración del Congreso de los Diputados se avanza en este sentido.
Valgan como ejemplos, dicho sea de manera muy sencilla, porque ya los procuradores y la procuradora que me han precedido en el uso de la palabra han abundado con más conocimiento de causa que yo mismo en esta materia, la disolución anticipada de las Cortes, el consejo consultivo, el consejo de cuentas, la mayor agilidad en el funcionamiento parlamentario o la posibilidad de utilizar ese importante instrumento de democracia semidirecta, como es la iniciativa legislativa popular. Por ello, Nueva Izquierda se sumó en la comunidad autónoma y se suma hoy aquí a esa gran mayoría que está a favor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Por supuesto, como sucede siempre que hay un debate en un tema tan profundo que va a determinar la vida de las instituciones y de las personas para los próximos lustros, nos hubiera gustado que en algún punto la redacción definitiva hubiera sido distinta, que se hubiera avanzado más. Solamente insistiré en uno, en el referente a la Administración local que, en definitiva, sigue siendo la gran olvidada en el diseño político del Estado. Dadas las peculiaridades características de este tema en Castilla y León, como también se ha puesto ya de manifiesto en esta tribuna, hubiéramos preferido que se hubiera ido un poco más allá de lo que el texto dice. Pero en fin, por encima de esos detalles, volvemos a felicitarnos por los avances, por el incremento que va a suponer en la identidad y en la contribución a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Por eso, votaremos que sí a la toma en consideración y, por respeto a la alta mayoría alcanzada en Las Cortes de Castilla y León, no presentaremos tampoco enmiendas en los sucesivos trámites parlamentarios que todavía quedan hasta la definitiva conclusión del debate, la tramitación en Las Cortes Generales y la que estamos seguros que va a ser la próxima ley orgánica que incorporará este texto al bloque de constitucionalidad.
Reitero las felicitaciones al pueblo castellano-leonés y a sus representantes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
En segundo lugar, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados de Las Cortes de Castilla y León, señoras diputadas y señores diputados, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, queremos aprovechar esta ocasión para realizar algunas

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reflexiones que, sin duda, esperamos que sean del interés de todos.
Subimos a esta tribuna con el afán de comentar y exponer nuestra posición en relación con un nuevo artículo, el 4, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; reformado que de manera soberana los diputados y diputadas de Las Cortes de Castilla y León han colocado bajo el epígrafe sintomático de valores esenciales. Y participamos de la creencia de Las Cortes de Castilla y León de que, efectivamente, el idioma castellano es un valor esencial, que sustenta cultural y socialmente a Castilla y León, incluso podemos añadir que sustenta a lo que estricta, precisa y claramente se denomina la nación española. Pero, lógicamente, nosotros no somos quien para indicar a los parlamentarios y parlamentarias de Castilla y León que posiblemente un idioma como el castellano no necesita de especial protección y apoyo porque, afortunadamente, cuenta con una sociedad que lo habla, que lo transmite de generación en generación y con una protección oficial, sin duda, a prueba de bomba, como es legítimo en su propio territorio. Pensamos que esta terminología de especial protección y apoyo parecería estar indicada más bien para la situación del castellano en California o en Puerto Rico --e incito a todos los hablantes del español a que realicen acciones solidarias en este aspecto--. Sin embargo, nuestra preocupación viene dada por la redacción que se da al punto 2 del artículo 4 cuando, siguiendo una terminología constitucional, la utilizada por el artículo 3.3 de la Constitución española, se habla de que serán respetadas como patrimonio cultural las modalidades lingüísticas existentes en determinadas zonas del territorio de la comunidad.
Si hacemos caso a alguno de los padres de la Constitución española, ellos admiten claramente, como el señor Fraga Iribarne, que esta redacción se hizo en función de un criterio jerárquico, conforme a la cual había un nivel superior, el del castellano o español, un nivel de cooficialidad aceptable, pero como si fuesen objetores de conciencia, que sería el de los idiomas que son oficiales en sus comunidades autónomas, y un tercer nivel, que el señor Fraga Iribarne dijo que era legítimo, que era el propio del panocho, de las variedades dialectales, de las formas peculiares a los que nos tienen habituados muchas veces en las comedias y en los sainetes de rango folclorizante. En ese aspecto, quiero llamar su atención de que es malo hacer una política de eufemismos reduccionistas que eliminen la realidad. Sin duda saben sus señorías que no se puede catalogar de modalidad lingüística la existencia de un idioma como la lengua gallega, que es hablada en El Bierzo y en parte de Sanabria, en A Seabra. Nosotros no vamos a criticar las decisiones que toman las estructuras político-administrativas y la pertenencia de ciudadanos de cualquier parte del territorio a estas estructuras político-administrativas, pero sí creo que tenemos derecho a llamar la atención sobre esta exclusión, sobre este uniformismo, sobre esta jerarquización que sin duda alude, cuando menos, a la lengua gallega bajo un eufemismo claramente discriminatorio como una modalidad lingüística equivalente, en palabras del señor Fraga Iribarne, padre de la patria, al panocho o a cualquier otra variedad dialectal de una lengua cualquiera de las habladas en el Estado español.
En función de este criterio intervengo; respetamos la decisión de los representantes populares de Castilla y León, pero esperamos también que acepten que hay una realidad objetiva de carácter cultural y lingüístico y unos derechos humanos que no pueden ser eliminados en nombre de ningún capricho de carácter político-administrativo. En todo caso, señorías, esperamos que, a partir de decisiones de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la voluntad originada, por lo menos, en El Bierzo y en Sanabria, sea posible la enseñanza de la lengua gallega y en lengua gallega y en su caso del uso social de este idioma en esos territorios, de acuerdo también, si ustedes lo consideran oportuno, con la Comunidad Autónoma de Galicia y en concreto con su Gobierno, que es la Xunta de Galicia. Hago estos planteamientos en nombre, vuelvo a repetir, de la claridad y de no emplear eufemismos reduccionistas o discriminatorios.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, en nombre de Coalición Canaria y como portavoz de la misma, sean mis primeras palabras un saludo cordial y de bienvenida a la señora y a los dos señores procuradores de las Cortes de Castilla y León, que han presentado este magnífico documento sobre las libertades constitucionales en España, sobre los derechos de todas sus comunidades autónomas. Yo quisiera significárselo hoy de una manera muy especial, desde la representación que mi grupo parlamentario tiene desde esa España archipielágica en el Atlántico, desde Canarias, a la Comunidad de Castilla y León, con la que tantos vínculos de origen existen en Canarias desde hace algo más de quinientos años.
Creemos --y aquí lo digo en primer lugar-- que ustedes tienen en esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León un magnífico avance de todo ese acervo de posibilidades de autogobierno que permite el régimen constitucional español. Ustedes tenían la Ley Orgánica 4 de 1983, pero hubo una pequeña reforma de la Ley Orgánica 11 de 1994, y ellas creo que quedan superadas suficiente y positivamente con este nuevo proyecto. De aquí que les adelante que Coalición Canaria va a votar favorablemente

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su toma en consideración. A la vista de los contenidos que rápidamente enumeraré, sintiéndonos satisfechos solidariamente de los mismos, vamos a votarlo favorablemente en Comisión y en cualquiera de los trámites de esta Cámara y del Senado, sin presentar ninguna enmienda, para que sirva de aliento a todos los procesos de los que dentro del ordenamiento legal español se van dotando las comunidades autónomas. Esto lo digo desde una comunidad autónoma como la canaria, en nuestra representación compartida con otras fuerzas políticas aquí presentes, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, e igual que en el Parlamento autónomo de Canarias. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos tratando de equilibrar armónicamente todas las posibilidades que hay de competencias autonómicas.
Cuando ustedes presentan un nuevo texto, en el que hay una unanimidad dentro de las Cortes de Castilla y León, nuestro primer deber de respeto, democrático y de solidaridad es apoyar esa unanimidad, que nace de una propia iniciativa de su órgano representativo democrático genuino: Las Cortes de Castilla y León. Cuando ustedes ponen en sus primeros artículos los valores esenciales, están conectando precisamente con un compromiso no solamente sociológico y democrático, sino con un compromiso histórico y constitucional, un hilo conductor permanente en la historia de esta nación que llamamos España. Cuando, más adelante, en su artículo 14, introducen la figura del Procurador del Común, también están sintonizando con nuestra comunidad autónoma, que tiene la figura del Diputado del Común, para recoger demandas frente a un posible exceso de la burocracia administrativa y que el ciudadano de nuestro Estado constitucional también participe de esta posibilidad. Podía parecer un contrasentido que, cuando todo el Estado español tiene la figura del Defensor del Pueblo, las comunidades autónomas no tuvieran la posibilidad de crear una figura institucional, y hubiera comunidades autónomas con distinta capacidad y sus ciudadanos pareciera que eran de segunda. Han de tener la posibilidad de disfrutar de una figura institucional con cualquier nombre, similar al Defensor del Pueblo del Estado español que tenemos otras comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene esta figura y creemos que en la Comunidad de Castilla y León el ciudadano debe tener en el Procurador del Común la institución que gestione todas las reclamaciones.
También creemos que es un avance democrático y de confianza que el presidente de la comunidad autónoma pueda someterse a una cuestión de confianza; es una prueba democrática de que el sistema funciona con una serie de garantías, de que no hay ningún principio de blindaje en ninguna de estas figuras institucionales. Por tanto, una cuestión de confianza merecerá siempre el apoyo de todas las fuerzas democráticas, estemos o no en una comunidad autónoma que la tenga reconocida. Precisamente, esta casa común, nuestro Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, también tienen reconocida esa figura. Entendemos que ningún ciudadano español, por el mero hecho circunstancial de nacimiento, de residencia en una comunidad autónoma puede verse de un derecho que tienen otros.
La figura que introducen en su artículo 23, la disolución anticipada de esas Cortes, es un derecho perfectamente merecido y respecto al cual van a tener nuestro apoyo.
Qué decir del artículo 41, donde ustedes mismos se someten a un principio de solidaridad con las restantes comunidades autónomas, para que no haya privilegios, y esto dicho desde una comunidad autónoma que, como la de Canarias, tiene un régimen específico económico y fiscal, precisamente por viejas concesiones de la reina doña Isabel de Castilla. Todos esos privilegios que se materializaron el siglo pasado en los antiguos puertos francos, desde las reales pragmáticas de los Reyes Católicos, hoy también lo tenemos reconocido aquí por un principio de solidaridad.
Qué decir también de las figuras que ustedes introducen en sus artículos 51 y 54, el consejo de cuentas y el consejo económico y social. En definitiva, son instituciones nuevas en el ordenamiento de Castilla y León que vienen a consolidar el entramado democrático institucional de figuras similares a las que tienen el Estado y en otras comunidades autónomas, que harán posible una participación activa de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. En esa línea de solidaridad y con este sentido de afecto a toda la representación de las Cortes de Castilla y León, el apoyo, el aliento y el mejor deseo de convivencia dentro de la Constitución Española de Coalición Canaria.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, comienzo saludando en nombre de mi grupo a la señora procuradora, a los procuradores representantes de las Cortes de Castilla y León que acompañan a esta Cámara en la modificación de su Estatuto, que en su preámbulo se califica de avance decisivo en el proceso de desarrollo y consolidación de la comunidad autónoma.
La reforma que nos presentan sigue la tónica de la de los estatutos de las comunidades del 143 que ya hemos venido examinando, y así se alargan los períodos de sesiones, se regula la disolución anticipada, se establece el Defensor del Común como comisionado de las Cortes, se establece el órgano consultivo, el consejo de cuentas y, por supuesto, se eleva el techo competencial.


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Apunto la curiosidad que me suscita el artículo 37, en el que se retiene la misma previsión que el artículo 148.2 de la Constitución contempla para la primera etapa de estos estatutos; es decir, se da una segunda posibilidad de ampliación de competencias, dentro del artículo 149, por supuesto, sin ser propiamente reforma estatutaria. Es una previsión original que no he visto en otros estatutos.
El Grupo Vasco no enmienda estatutos de comunidades en los que no tiene implantación por respeto al principio dispositivo y a la capacidad de decisión de sus órganos propios, salvo, por supuesto, que estas normas le afecten o afecten a las normas reguladoras de la Comunidad Autónoma vasca.
El Estatuto castellano-leonés hoy vigente fue en su día objeto de un recurso de inconstitucionalidad, al que ha hecho referencia alguno de los procuradores que han intervenido, interpuesto por el Gobierno y por el Parlamento vasco por entender que su disposición transitoria séptima, apartado tercero, de segregación de enclaves pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León, entraba en colisión con lo previsto en el artículo 8 del Estatuto vasco. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, de 11 de julio de 1996, declaró su plena constitucionalidad, pronunciamiento del que, con el debido respeto al alto tribunal, discrepamos, estando absolutamente de acuerdo, como ya manifestamos en su día, con el voto particular del profesor Jesús Leguina.
Sin entrar ahora en disquisiciones doctrinales de si un estatuto debe medir su constitucionalidad sólo en relación con la Constitución o si debe hacerlo con el conjunto del espectro constitucional y estatutario, lo que sí es evidente es que la sentencia del año 1986 no ha tenido la virtualidad de servir para solventar conflictos sociales realmente existentes. El llamado asunto Treviño sigue ahí, de permanente actualidad, y, por ceñirme a tiempos cercanos, citaré la solicitud de consulta al Gobierno efectuada por el Ayuntamiento de Condado de Treviño, la sorprendente negativa del Gobierno, la celebración de la consulta a pesar de todo, la interpelación formulada por el grupo al que represento en esta Cámara, distintas iniciativas en el Senado, la dimisión de parte de su corporación municipal y la dificultad para sustituirles. Quizá, la tramitación de esta reforma del estatuto sea el momento adecuado para dar cauce a la posibilidad de que se pronuncien los ciudadanos de Treviño.
Evidentemente, en cualquier procedimiento que se articule, la capacidad de cierre debe tenerla la Comunidad de la que el territorio se segrega, es decir, la capacidad de cierre la tendrá siempre la Comunidad de Castilla y León. Es una decisión política que a ella corresponde, pero, cuando menos, debería articularse el mecanismo para que la decisión inicial de empezar el proceso, que es un mero acto administrativo que proviene de un órgano de este carácter, no tenga virtualidades impeditivas. No sacralicemos los enclaves, arcanos feudales, y tengamos en cuenta que hacer prevalecer la vieja teoría del territorio sobre la voluntad de sus habitantes parece incompatible con los actuales postulados políticos democráticos.
Es forzoso también que desde mi pertenencia al Partido Nacionalista Vasco haga referencia a la previsión que se contiene en el artículo 41.
Entendemos que no es materia propia de un estatuto prever actuaciones del Estado en defensa de los intereses de la propia comunidad autónoma.
Además, creemos que es inútil tal tipo de previsión, pues el riesgo frente al que se quiere cubrir no existe ni puede existir conforme al orden de competencias constitucionalmente diseñado. No es aceptable un precepto que está redactado desde la desconfianza y el recelo ante el ejercicio legítimo de las competencias de otras instituciones. Además, si se entiende que tal hipótesis es posible, ¿por qué no se introduce una cautela idéntica a la inversa que garantice que Castilla y León no perjudicará, al ejercer sus competencias, a otras comunidades autónomas limítrofes? Por otro lado, lo que en realidad pretende este artículo es sortear y pasar por alto las decisiones reiteradas de los tribunales de justicia, que niegan legitimación a una comunidad autónoma para impugnar las disposiciones procedentes de otra. En definitiva, creemos que el artículo 41 es desafortunado, ofensivo para la Comunidad Autónoma vasca, además de vacío e inútil.
En todo caso, votaremos, por supuesto, como hacemos siempre, a favor de la toma en consideración de la iniciativa, aportaremos nuestro esfuerzo para que en el trámite de enmiendas pueda articularse una salida al llamado asunto del Condado de Treviño y, finalmente, nos veremos obligados a enmendar el citado artículo 41.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor presidente, señorías, intervengo para, en primer lugar, efectuar una cordial salutación a nuestros colegas de las Cortes de Castilla y León que nos acompañan en este trámite de aceptación de su propuesta de reforma del estatuto de autonomía de dicha región.
El Grupo Parlamentario nacionalista Catalán no puede sino sumarse a la petición de las Cortes de Castilla y León de profundizar en su capacidad de autogobierno y de incrementar el nivel competencial. En esto reconocerán que somos absolutamente leales a cuanto prescribe la Constitución y absolutamente coherentes en cuanto a los métodos y mecanismos que ella contempla para, en la medida en la que cada comunidad

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autónoma tiene capacidad para ello, ir incrementando su autogobierno.
Esta coherencia no siempre se nos reconoce ni en esta Cámara ni fuera de ella, pero en todo caso que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de la congruencia histórica de nuestros votos siempre que se trate de incrementar, repito, la capacidad de autogobierno y el nivel competencial de cualquiera de las comunidades autónomas. No sabemos si esa solidaridad hacia los demás será solidaridad de los demás hacia nosotros si algún día Cataluña plantea una revisión de su estatuto de autonomía.
Señor presidente, señorías, reafirmado nuestro voto favorable a la toma en consideración, no podemos dejar de subrayar algunas cuestiones, que entendemos como no menores, que plantea esta reforma de estatuto. En primer lugar, que sea más fruto de un acuerdo partidario que del ejercicio de soberanía por parte de un parlamento o de un gobierno autonómico. Se inscribe en lo que está previsto para los estatutos del artículo 143 y nace de un pacto entre los dos grandes partidos políticos de actuación estatal. Esto es así, nadie puede negarlo, lo cual tampoco niega que hayan sido las Cortes de Castilla y León las que hayan iniciado el trámite correspondiente para la revisión de su propio estatuto. Pero no nos gusta que las competencias de cada comunidad autónoma sean fijadas en despachos de Madrid entre partidos políticos o que no surjan precisamente de la voluntad de los respectivos parlamentos autonómicos.
En segundo lugar, el efecto frontera, por llamarlo así, que contempla el artículo 41, donde se habla de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León velará para que las competencias de otras comunidades autónomas y sus estatutos respectivos no puedan implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales en perjuicio de Castilla y León. Esa sí que es una novedad absolutamente chillona, porque comporta ni más ni menos que una inquietud respecto de la propia Constitución, una intranquilidad respecto de otros estatutos, y entendemos, al menos así lo entiende este diputado, que nada se puede construir desde el recelo ni nadie se puede autoafirmar desde el desprecio o el temor hacia los demás, y ese artículo 41, en su apartado 1, no hace otra cosa que dibujar en el horizonte, de una manera difusa pero muy concreta en su expresión, posibles privilegios económico-sociales que la Constitución --¡faltaría más!-- prohibe taxativamente para cualquier comunidad autónoma respecto de otra. Me parece que es algo que sobra pero que probablemente resida en el subconsciente histórico de Castilla y León y de su actual Parlamento.
También debo destacar el artículo 37, tal y como está redactado en su apartado 1, donde se dice que podrá ampliarse el ámbito de las competencias, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, en aquellas que no estén atribuidas en exclusiva al Estado y en aquellas que sólo estén atribuidas a las bases o principios, y que tendrán un mecanismo especial --digámoslo así--, aunque al ser materia orgánica, por su naturaleza de estatuto de autonomía, deben contar con el beneplácito de las Cortes Generales.
Me llama mucho la atención, cuando uno lee la prensa de estos días, que los dos grandes partidos que hacen posible el impulso de esta reforma propongan uno al otro precisamente cercenar la posibilidad de utilizar otro artículo, el artículo 150, apartado 2, de la Constitución, que es tan constitucional como el artículo 148 que se cita en ese estatuto, donde se da un mecanismo mediante el cual, con la competencia residente en las Cortes Generales, las comunidades autónomas pueden asumir competencias de las que inicialmente es titular el Estado. Hay algo que nos llama la atención en este estatuto de autonomía que es, por un lado, intranquilidad e inquietud respecto de otras comunidades autónomas y, por otro lado, velar por una autoprotección que es absolutamente anormal en un estatuto de autonomía y además se permite el lujo de establecer la celebración de tratados o convenios internacionales, cosa que hasta el día de hoy en el Derecho internacional está absolutamente reservado a los Estados, tanto que así lo dice la Constitución española.
Hay cuestiones en este estatuto de autonomía, señor presidente, que desde nuestro voto favorable a su toma en consideración nos produce cuando menos perplejidad; la inquietud reside en quienes lo han redactado.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra don Antonio Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, vaya por delante nuestra cordial bienvenida a los portavoces, procuradores de las Cortes de Castilla y León, que han presentado la proposición de ley esta tarde aquí y a quienes les acompañan.
Dicho sea de paso, a mí me hubiese gustado también que en ese sitio, y presentando la propuesta de reforma del estatuto, hubiese estado un grupo parlamentario; por dos razones: primera, porque tiene cinco diputados, con independencia de la pérdida de uno, y, segunda, porque un parlamento se diferencia de un ejecutivo en la manifestación de la pluralidad, tanto es así que en el siguiente estatuto, que es el de La Rioja, sí que intervendrán los que tienen diversas posiciones. Pero, en fin, no es bueno que solamente se oiga una sucesión de apoyos y no las diversas maneras de entender la autonomía, el Estado, que debe culminar al final del proceso.
Voy a intentar explicar la posición de Izquierda Unida, que va al renglón de lo que ha sido la trayectoria de nuestra organización, del Grupo Federal de Izquierda

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Unida, en el trámite de todos los estatutos de autonomía. Estamos a favor de la reforma de los estatutos de autonomía, de todos y de cada uno de ellos, de este también. Lo que sucede es que no estamos de acuerdo con el contenido de esta propuesta, fundamentalmente por dos razones: una, porque no viene con el grado de consenso con el que otros estatutos han venido, y no ha sido así --como decía el representante de Convergència i Unió-- porque no se ha hecho un nacimiento de abajo a arriba, que hubiera sido muy positivo, sino que ha estado muy condicionado por los elementos que las dos grandes fuerzas han puesto para el acuerdo de arriba a abajo.
Es como una especie de reedición de los pactos de 1992, que dieron lugar a la reforma del año 1994, que no han culminado en este caso para este estatuto de autonomía.
Por ejemplo, sí lo hizo para Castilla-La Mancha. ¿Y por qué lo hizo para Castilla-La Mancha? Porque en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se hacía referencia a un elemento importante, lograr la proporcionalidad del sistema electoral. El artículo 12 de aquel estatuto recogía el incremento del número de diputados. ¿Qué significa eso? Que Castilla y León, que hoy tiene 84 diputados para 2,5 millones de habitantes y nueve provincias, debería tener mayor posibilidad de proporcionalidad. Está cercenada la proporcionalidad en los sistemas mayoritarios. Y eso se introdujo en un estatuto como el de Castilla-La Macha, pero aquí no se ha introducido, por lo que no viene con el grado de consenso con el que podían venir otros.
Pero sobre todo, y más importante, a nosotros nos llenan de satisfacción los avances que supone el estatuto. El estatuto significa más competencias, el estatuto significa romper trabas del funcionamiento del Parlamento autonómico, tanto en cuanto a los períodos ordinarios como en cuanto al trabajo de los propios diputados, incorpora al Defensor del Pueblo, al Procurador del Común, que ya venía funcionando allá, e incorpora también al Tribunal de Cuentas, figuras que no se han creado para otras comunidades autónomas y que pueden ser tramitadas en otro momento determinado.
Sin embargo, dicho esto, ¿qué se había anunciado, qué posición habíamos tenido? El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, nuestros diputados en las Cortes de Castilla y León, había presentado una interpelación, allá por el mes de abril del año 1996, que culminó en una moción en noviembre de 1996, donde se planteaba la apertura de un proceso para la reforma del estatuto de autonomía. Se presentó después una proposición de ley apostando por la reforma del estatuto de autonomía, y ha sido después del debate sobre el estado de la Nación, perdón, del estado de la Región (la nación y la región vienen por el tema de las cosas secretas, de los servicios secretos) cuando han podido tramitarse.
Lo cierto y verdad ha sido que esas propuestas fueron rechazadas, no fueron admitidas, y que después de aquel debate se pone en marcha la reforma del estatuto. Y se pone en marcha la reforma del estatuto anunciando el presidente de Castilla y León, en primer lugar, que el estatuto va a recoger todas las competencias que permita la Constitución española. Pero este estatuto, que es un avance, no recoge todas las competencias que prevé la Constitución española. Decía más --y después me referiré al tema de la denominación--: ninguna comunidad autónoma es tan histórica como Castilla y León. Lo decía en abril de 1997. Pues bien, hay denominaciones para las comunidades autónomas, como en el caso cántabro, como comunidad histórica. Hay otras denominaciones, como en los casos canario o andaluz, donde se recoge la voluntad y trayectoria de nacionalidad para constituirse en comunidad autónoma, pero aquí se mantiene como está. En suma, hay una diferencia del anuncio, de la palabra, al hecho. Hay mucho trecho de lo dicho a lo hecho, y es una de las críticas que nosotros hacemos.
Pero, sobre todo, a nosotros nos gustaría que esta reforma hubiera llevado consigo un incremento del techo competencial a nivel de competencias exclusivas, y les voy a poner tres ejemplos. ¿Obedece esta reforma a un modelo de Estado para las comunidades autónomas según la vía de acceso que tuvieron en su momento, puesto que la Constitución fijaba cinco años para unas comunidades autónomas y a otras se les reconocía de partida? ¿Hay en ese modelo de Estado base suficiente para justificar que unas comunidades autónomas, alguna tan histórica que ha tenido su posterior reforma, como es la de Aragón, tengan competencias exclusivas en régimen local y que no las tenga Castilla y León? ¿En qué beneficia a Castilla y León no tener esa competencia exclusiva? La beneficia en el sentido de que no podrá desarrollar figuras de descentralización en las pedanías que han anunciado que tienen, que sí lo podrían hacer si fuese competencia exclusiva. ¿Por qué es mejor para Castilla y León no tener las competencias exclusivas en sanidad, en higiene y en ordenación farmacéutica que sí tienen otras comunidades? ¿Por qué es mejor que Castilla y León tenga solamente competencias en ejecución en el Inserso? Y les anunciado dificultades, como se las he anunciado a otras comunidades autónomas, porque el Inserso es una parte de servicios sociales que reciben del Estado central, mientras que la comunidad tenía vertientes de los servicios sociales de la propia comunidad, de tal forma que se van a encontrar ustedes con que los centros de la tercera edad que tenía la comunidad autónoma anteriormente los podrán regular normativamente, mientras que para los que reciben por la vía de las transferencias del Inserso no podrán hacer las normativas, tendrán como dos realidades, y eso ¿en qué beneficia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida hubiera sido introducir estas competencias como competencias exclusivas, junto con el techo competencial y el

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papel del Parlamento, en el trámite de las Cortes de Castilla y León. Hay un avance, es verdad que hay un avance: la capacidad de disolución que se introduce como posibilidad a realizar para evitar el ejemplo --mal ejemplo-- de Navarra o de Cantabria, que tuvo un Gobierno con 17 diputados cuando la mayoría estaba establecida en más de 30.
Pero ¿por qué es una manifestación de equiparación política que una comunidad autónoma como Andalucía pueda disolver su Parlamento y convocar sus elecciones y hasta pasados cuatro años no tener otras? ¿Por qué es una equiparación que allí no se pueda hacer y que aquí siempre tengamos que ir a unas elecciones autonómicas junto con las municipales? ¿Para recordarnos que somos diputaciones provinciales mejoradas, o para manifestar nuestra mayor capacidad de autogobierno? Bien, es un avance, pero no es el que nosotros queríamos plantear: las competencias del Parlamento o la posibilidad de un Parlamento con mayor protagonismo frente al Ejecutivo; competencias para poder definir las actuaciones de cooperación y los convenios de cooperación; competencias para poder decidir en lo que es la segregación o participación en las actuaciones de los distintos municipios que están dentro de la propia comunidad o que están en el límite de la propia comunidad... En suma, nosotros estamos defendiendo una reforma del estatuto de autonomía que incorpore la proporcionalidad, que sea más competente en cuanto a su Parlamento, a sus Cortes, que tenga mayor techo competencial, que dé un salto cualitativo en cuanto a lo que es la equiparación de una comunidad autónoma como la de Castilla y León a lo que son otras comunidades autónomas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No hay razón hoy, si no es una especie de tejer y destejer permanentemente, para un modelo de Estado que tenga un elemento más federalizante --como decía una de las intervinientes, que hablaba del federalismo cooperativo--. No es un elemento de mayor federalismo en nuestro país que haya comunidades de tres clases: comunidades con unas actuaciones totalmente en su seno, comunidades de segunda porque tienen competencias mejoradas viniendo del 143 y comunidades que están situadas en el 143 para in saecula saeculorum; no sé por qué regla de tres son del 143 para in saecula saeculorum cuando eran vías de acceso diferentes. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Concluya, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, concluyo intentando manifestar que, en este trámite de toma en consideración, estamos en condiciones de abrir el consenso de una propuesta que no viene consensuada en su origen, como han venido otras, a otras formaciones políticas. Por eso nuestra posición, que es contraria a esa propuesta de reforma para ampliar las distintas vertientes de sus contenidos, para darle mayor protagonismo a la propia comunidad autónoma, va a estar abierta en todo el trámite parlamentario a esas propuestas que amplíen el consenso que tiene en el punto de origen, con la voluntad de que tenga estabilidad de verdad. Así demostraremos, de una vez por todas, que la mejor proyección que puede tener un estatuto de autonomía es la continuidad. No es bueno que veamos estatutos de autonomía que todavía no han sido modificados después de veinte años desde que fueron aprobados --y todavía no están cumplidos, como el de algunas comunidades históricas-- y que haya estatutos de autonomía que venían de la vía lenta que ya han sido modificados cuatro veces. Vamos a ver si, de una vez por todas, podemos tener un estatuto reformado con perspectivas de continuidad, con perspectivas de alcance, y que no esté abocado a una nueva reforma porque ésta no solventa la situación de disparidad o de divergencia a la hora de actuar desde un Estado más cooperativo o un Estado más federal. En todo caso, tienen la palabra los grupos que traen un grado de consenso, si están dispuestos a abrirlo y ampliarlo en el trámite parlamentario.
Nosotros anunciamos enmiendas. ¡Ojo! Algunos de los que lo han apoyado allá van a enmendar también acá, aviso para navegantes. No vayan a creerse que solamente va a enmendar Izquierda Unida. Ustedes deberán ver si, al final, ese grado de modificación es también aceptable. Nosotros enmendaremos para ampliar; otros pueden enmendar para resituar, que será la palabra exacta que dirán: a situación, a sentencias, a realidades, a cosas geográficas, que muchas veces los ríos deben encauzarse por un lado o por otro; pero ya les anuncio que, en la medida en que nuestras enmiendas sean tenidas en cuenta en el trámite parlamentario, podremos seguir resituando nuestra posición global. Hoy, nuestra posición no es favorable a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Demetrio Madrid.


El señor MADRID LOPEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores procuradores, les saluda quien ha sido, como ustedes, en un momento diputado de estas Cortes, procurador en las Cortes de Castilla y León y tuvo el honor de ser ponente del origen de esta ley que hoy tratamos de reformar. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Madrid.
Señora Riera, señor Nadal, por favor. (Pausa.) Muchas gracias.
Adelante, señor Madrid.


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El señor MADRID LOPEZ: En el trámite de debate y discusión en las Cortes de Castilla y León ha habido, como es natural en una Cámara democrática, todo tipo de posiciones, de desencuentros, pero también de acuerdos y de consenso. El portavoz del Grupo Socialista ya manifestó --y yo quiero recordarlo a esta Cámara-- que el grado de consenso ha sido ni más ni menos que de 79 votos a favor entre 84 parlamentarios.
Me gustaría dar a estas palabras y a esta intervención el aire con el que terminó el debate de las Cortes de Castilla y León, es decir, un aire alegre, jovial, de encuentro y responsable de lo que estaban haciendo en la proposición no de ley de la reforma de la ley básica, del estatuto, en definitiva, de la propia constitución de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. También se dijo por nuestro portavoz en aquel momento que la reforma de este estatuto, pero también de otros, no significa refundar o relegitimar una ley que establece con claridad el punto de partida y la relación por la que todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León hemos querido continuar; un sendero que, en definitiva, nos venía dado por la propia Constitución.
Es cierto, por lo tanto, que Castilla y León, con esta reforma, robustece y aumenta su autogobierno. ¿En qué sentido se puede hablar de autogobierno en un Estado en el que por la complejidad institucional parece que se entremezclan las funciones y se imbrican las competencias de unas instituciones y otras? Quiere decir, ni más ni menos, desde mi punto de vista, que el autogobierno, la capacidad de gobernar cerca de los ciudadanos, es la mejor fórmula para gobernar no solamente con mayor autoridad y legitimidad, sino acierto político.
Desde el año del desarrollo de todos los estatutos de autonomía y también del de Castilla y León, desde la ingenuidad y el entusiasmo por crear y desarrollar el Estado moderno, el Estado de las autonomías, el Estado democrático, los ponentes, en aquel momento, quisimos decir (y yo mismo en un momento determinado), ante el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que era el último estatuto que se debatía y aprobaba en estas Cortes, que Castilla y León y cierra España. ¿Qué queríamos decir? Queríamos decir que queríamos incorporar un talante nuevo a nuestra condición de autónomos, pero unidos al mismo tiempo en los principios de la Constitución, desde una tierra donde nadie es más que nadie; queríamos decir que dábamos la mano al resto de las autonomías, una vez que ya gozaban de su estatuto, con el orgullo natural de nuestra tierra, en esa tierra en la que nunca hemos tenido, ni pensamos tener, dificultades de entendimiento con otros pueblos y otros lugares y horizontes, en cualquier dimensión que se encuentren de nuestro país. Hoy, por suerte, estamos ya fuera de peligros, peligros que en otros tiempos pusieron en entredicho la propia constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Algunas de esas tentaciones parece que hoy ya no es posible que se realicen y nosotros nos alegramos profundamente de que esas veleidades ya no se produzcan en estos momentos para nuestro estatuto. Segovia, por fin, goza también, con todas las condiciones del mundo, de la posición de pertenecer a una comunidad donde no se pone para nada en juego su capacidad de estar en Castilla y León.
Quiero decirle asimismo al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, que la capacidad, la convicción y el espíritu de las libertades que hay en nuestra tierra no solamente permiten que en El Bierzo y en Sanabria se puedan hablar dos lenguas, es que algunas son trilingües. En Sanabria, por ejemplo, se habla el gallego, el portugués y el castellano y a nadie le molesta; es decir, también queremos presentar algún modelo de convivencia en el sentido de la lengua y de cualquier otra manera de pensar y de obrar. Por lo tanto, no hay problemas en este sentido.
Nosotros estamos satisfechos del rigor político, de la responsabilidad de las personas que han estado y que están al frente de la Comunidad de Castilla y León y queremos mencionar también las buenas manos de los procuradores, que así decidimos que se llamaran los parlamentarios de Castilla y León, recogiendo la mejor tradición de los procuradores de la tierra, la representación popular de aquellos que en los cauces de los caminos escuchaban y atendían a las necesidades de artesanos y menestrales, las gentes del común, que yo creo que hoy también hay que recordar como una experiencia democrática de las instituciones democráticas que representan las Cortes de Castilla y León.
Señor presidente, quisiera hacer algún tipo de advertencia que me parece que tiene interés, porque, independientemente de los conceptos administrativos y competenciales, un buen representante y un buen gobernante, creo yo, esté en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma, esté en cualquiera de las situaciones donde democráticamente los ciudadanos lo hayan situado, no es aquel que exclusivamente está exigiendo y pidiendo más capacidad y más competencias. Yo creo que hay algunas limitaciones, pero que no hay ningún límite para decir que nada de lo que ocurre en un lugar determinado pueda ser ajeno a la responsabilidad de los gobernantes. No estemos encubriendo, quizá, la falta, la capacidad de gestión política diciendo que no tenemos los instrumentos suficientes para desarrollar las capacidades porque no están escritas en un papel o en una ley. Yo creo que tenemos que tomar la buena nota de saber que en cualquier circunstancia, desde luego compartiendo, haciéndonos solidarios con otras instituciones, la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, los ciudadanos de Castilla y León van a tener un muy buen instrumento para desarrollar la capacidad de autogobierno.


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Por todas estas razones, señor presidente, por la oportunidad funcional, por la convicción política y por las convicciones democráticas, como ya he dicho antes, que en todo caso es recoger la voluntad mayoritaria de las Cortes de Castilla y León, y se entiende también en todo caso que la voluntad popular, el Grupo Socialista va a decir que sí a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Quiero felicitar a aquellos representantes que han venido a un acontecimiento que para ellos, y también para mí (de una manera emocionada, aunque no quiero decir las palabras graves que desde esta tribuna a veces se dicen, de lo histórico, etcétera), es lo suficientemente importante como para que la Comunidad Autónoma de Castilla y León sea una comunidad que tenga los instrumentos necesarios para su autogobierno, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para estar dando ese contenido social, ese contenido de resolver desigualdades fuertes, algunas de las cuales son realmente preocupantes, como es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y otras cuestiones que no es este el momento de descender a ellas. Desde ahora, ustedes, que van a tener el instrumento para corregir las desigualdades de nuestra comunidad, tienen también, desde las Cortes Generales, desde este Congreso de los Diputados y desde este Grupo Parlamentario Socialista, nuestro apoyo decidido, entusiasta y, desde luego, sin ningún complejo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madrid.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Angel Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Señor presidente, señorías, delegación y autoridades de las Cortes de Castilla y León, reciban el saludo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este momento en el que procedemos a la reforma del Estatuto de Autonomía, propuesta con un amplio consenso por las Cortes de Castilla y León. Responde esta reforma al propósito manifestado de conseguir un avance decisivo en el proceso de consolidación y desarrollo de la comunidad autónoma. Ya se había producido con la modificación de 1994 una primera ampliación de competencias, que ahora se pretende elevar a cotas más importantes, profundizando al mismo tiempo en la capacidad de autogobierno mediante la puesta a punto de las propias instituciones. La Comunidad de Castilla y León se atiene así a las líneas generales de otras reformas que han pasado por esta Cámara, recientemente aprobadas o que se encuentran en un estado avanzado de tramitación, pero no supone la renuncia a satisfacer cumplidamente las necesidades específicas impuestas a su régimen estatutario por la identidad castellano y leonesa.
Señorías, Castilla y León aspira a conseguir un nivel homogéneo de competencias en los servicios básicos, dentro del conjunto de las comunidades autónomas, pero desea, con la misma legítima fuerza, con el mismo derecho que cualquier otro pueblo de España, salvaguardar la esencia de su personalidad, utilizar sus propios cauces de expresión, ser fiel a su identidad y a su pasado, proteger su rico patrimonio histórico, defender la lengua española --que no por universal es menos propia-- y orientar su desarrollo social, económico y cultural en función de las características y peculiaridades de su territorio, de su población y de sus recursos.
Pero si Castilla y León encara resueltamente el futuro desde el cariño a su tierra, desde la confianza en sí misma, desde la consolidación de su autonomía y desde el reconocimiento de las diferencias, rechaza categóricamente las discriminaciones, incompatibles con la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones prevista en el artículo 2 de nuestra Constitución.
El Grupo Parlamentario Popular --nuestro grupo-- tiene el convencimiento de que la propuesta que ahora debatimos cumple satisfactoriamente todos estos objetivos. Entendemos, por otra parte, que sintoniza con nuestro anuncio programático de impulsar las reformas estatutarias propuestas por las respectivas comunidades autónomas y que el presidente del Gobierno, ante esta Cámara, en su discurso de investidura, nos incitaba para su desarrollo con la finalidad de lograr la progresiva equiparación competencial sin merma del reconocimiento de los hechos diferenciales objetivos.
No podemos dejar pasar inadvertido el hecho de que la propuesta, como dijera en el debate en las Cortes de Castilla y León su presidente, Juan José Lucas, es el fruto del esfuerzo común, del trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, sin excluir las discrepancias nacidas sin duda por un enorme interés por Castilla y León, y que el resultado final, aunque tal vez no satisfaga por completo a cada uno, ha sido aceptado, como hemos podido comprobar sin dificultad, por una amplísima mayoría; mayoría que esperamos se repita en esta Cámara a tenor de lo anunciado por los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido.
Sólo quiero hacer una referencia a la exposición realizada por la portavoz del Partido Nacionalista Vasco para recordarle que parece lógico que el objeto del debate de hoy sea la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León propuesto por sus Cortes regionales. Quizá a la señora Uría le hubiese gustado que la propuesta hubiese sido otra, pero la que ha nacido de la voluntad soberana, libre y democrática de las Cortes de Castilla y León es la que es, y lo demás supone un exceso de voluntarismo, o cuando menos aprovechar la ocasión ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid, y nunca mejor dicho en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.


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Al portavoz del Convergencia i Unió, señor López de Lerma, tengo que reconocerle con todo afecto que no le he entendido. No sé qué ha querido decir con que es un acuerdo entre partidos. No es así; es un acuerdo entre los grupos parlamentarios que han elegido los castellano-leoneses para que les representen en las Cortes de Castilla y León, y además con un resultado abrumador: 76 votos a favor, sólo uno en contra y cuatro abstenciones. Si esto no es la libertad de las Cortes de Castilla y León para expresar su voluntad, tendrá que explicarme qué es a lo que se refería con que esto es simplemente un acuerdo entre partidos.
En cualquier caso, creo que hoy debemos felicitarnos porque sobre el ejercicio del autogobierno, sobre la afirmación de las diferencias, sobre la autonomía, compatible siempre con la solidaridad, ésta y otras reformas estatutarias están presididas por la conciencia del papel vertebrador de las comunidades autónomas en España, que hoy es tanto como decir del papel de las comunidades autónomas en una perspectiva europeísta. En esta consideración puede sernos de gran utilidad la conocida polémica noventayochista, que hoy, vista desde la perspectiva de los tiempos, podría parecernos tan lejana, cuando nos encontramos a un Ganivet expresando: no salgáis fuera, en el interior de España está la verdad; o recordando a Unamuno cuando decía: sólo penetrando en nuestra intrahistoria podemos encontrar la clave de nuestra salvación. A estas consideraciones se oponían los que como Varela atribuían las causas de la decadencia española a nuestro divorcio y aislamiento del resto de Europa, y los que pensaban como Ortega que España es el problema y Europa la solución. Hoy, cien años después, visto desde esta perspectiva, sólo el equilibrio entre estas dos grandes propuestas, que aparecían entonces tan incompatibles y distantes, y gracias a la madurez de nuestro pueblo, gracias a la madurez del pueblo español, ha sido posible un momento esperanzador de una España viva y pujante, confiada en su futuro como nación e integrada con toda plenitud y merecimiento en una Unión Europea tan deseable y ventajosa como inevitable.
Paralelamente, esa opción de síntesis es la única viable para asegurar la construcción del Estado de las autonomías, y a esa construcción, al reconocimiento de la pluralidad de España, a las diferentes maneras de ser españoles, es como concibe nuestra convivencia el nuevo estatuto que hoy vamos a votar favorablemente.
Señoras y señores diputados, señor presidente, hay que construir, desde el reconocimiento de la diversidad, pero sin extremismos ni intolerancias, sino desde el acuerdo y el diálogo, sintiéndonos capaces de una generosa y mutua colaboración, una comunidad dispuesta a participar desde Castilla y León en la empresa común española y, a través de ella, en la empresa común europea, la Europa del progreso, la Europa de la solidaridad, de la prosperidad, la Europa de la libertad; Castilla y León, España y la Europa que afrontamos para el próximo siglo, para el siglo XXI.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Acebes.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla y León de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 292; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a propuesta de sus Cortes. (Aplausos.) Quiero agradecer la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León y de los representantes de la Mesa y los grupos parlamentarios que nos han acompañado en la tribuna institucional durante el debate de la iniciativa.


PRORROGA DE PLAZO:

--DE LA SUBCOMISION QUE ESTUDIA EL MODELO POLICIAL (Número de expediente 154/000012)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de que abandonen el hemiciclo debemos proceder a otras dos votaciones.
La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha tomado la decisión, a propuesta de la subcomisión que estudia el nuevo modelo policial, de someter al Pleno la ampliación del plazo de los trabajos de esta subcomisión, que viene funcionando en la Comisión de Justicia e Interior, hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado.


DECLARACION INSTITUCIONAL:

--SOBRE LA MARCHA MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACION LABORAL DE LA INFANCIA (Número de expediente 140/000022)

El señor PRESIDENTE: Someto a la aprobación del Pleno, tras las usuales consultas con la Junta de Portavoces, la siguiente propuesta de declaración institucional en apoyo de los objetivos de la marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia.
La marcha mundial contra la explotación laboral de la infancia, que supone la mayor movilización de la

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historia en defensa de los más de 250 millones de niñas y niños que han visto cruelmente interrumpida su infancia, defiende entre sus objetivos el «promover que los Estados ratifiquen y refuercen las convenciones y leyes existentes sobre el trabajo infantil y educación», así como la adopción de medidas encaminadas a la supresión inmediata de las «formas extremas de trabajo infantil».
En apoyo de sus actividades, el Congreso de los Diputados celebró el pasado 27 de abril una sesión extraordinaria del Parlamento infantil (publicada en edición extraordinaria del «Diario de Sesiones» de las Cortes Generales), en la que se debatieron y aprobaron una serie de propuestas que reflejan las reivindicaciones que persigue esta iniciativa: más fondos para luchar contra la pobreza; más inversiones en educación; más esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y económicas de las familias de los niños y niñas trabajadores; ratificación y aplicación efectiva de los instrumentos internacionales en defensa de la infancia.
Por todo ello, el Congreso, ante el convencimiento de la estrecha vinculación entre el trabajo infantil y la pobreza, como pone de manifiesto el hecho de que aproximadamente el 95 por ciento del trabajo infantil se realiza en los países en vías de desarrollo, considera que: 1. La comunidad internacional, y especialmente los países desarrollados, deben sumar esfuerzos en todo el mundo para proteger y promover los derechos de todos los niños y niñas, especialmente el derecho a la educación, con el objetivo de conseguir la implantación de la educación primaria universal en todos los países antes del año 2015 e incorporar medidas que permitan eliminar la explotación laboral de la infancia.
2. Nuestro país debe contribuir de manera efectiva a la erradicación de toda forma de explotación laboral infantil, a través de medidas encaminadas a prestar asistencia mutua por medio de la cooperación o ayuda internacional. El proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados y que culminará su tramitación tras su próximo debate en el Senado, en el marco de los objetivos de erradicación de la pobreza fijados para la gestión y ejecución de la política española de cooperación internacional, deberá incrementar el apoyo financiero destinado a la puesta en marcha de programas de educación primaria adecuados, adaptados a la realidad social de cada país y poniendo especial énfasis en la alfabetización de todos los niños y niñas. La contribución que España está realizando a los programas centrados en el trabajo infantil de la OIT es positiva y deberá confirmarse su renovación para los próximos años.
3. Además, el compromiso en la erradicación de la explotación laboral de la infancia debe ser asumido por el conjunto de los sectores sociales implicados. En este sentido, es necesario impulsar medidas que supongan un compromiso real efectivo de toda la sociedad, y de manera muy especial de los sectores económicos, tanto desde la perspectiva de la toma de conciencia ciudadana como también de la denuncia de todas aquellas situaciones que puedan suponer la vulneración de los más elementales derechos de los niños y las niñas del mundo.
4. Asimismo, y en apoyo del esfuerzo de la OIT para elaborar un nuevo convenio que incluya medidas para la erradicación inmediata de las formas extremas de trabajo infantil, encomienda al Gobierno de España para que, a través de la delegación española que acuda a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, promueva el máximo consenso entre todos los países, incluidos aquellos que afrontan mayores dificultades socioeconómicas, y realice los contactos oportunos con el objetivo de conseguir una redacción final que favorezca su aprobación generalizada.
¿Lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Muchas gracias. (Aplausos.) PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCION DE LAS DISTINTAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO, VINCULADAS AL DESARROLLO Y APLICACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION (TIC) (Número de expediente 162/000243)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las proposiciones no de ley, dejando, por acuerdo de la Junta de Portavoces, el debate de la proposición de ley que pretende modificar el Estatuto de Autonomía de La Rioja para después del debate de las proposiciones no de ley. En consecuencia, continuamos con el punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, debate sobre la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la promoción de las distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Para su presentación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.


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Una vez más venimos a hablar de empleo en esta Cámara y hoy tenemos que sentirnos todos alegres por los últimos datos del paro, ya situado en niveles anteriores a 1982. El hecho de que en un año el paro registrado baje en 221.000 personas o que los cotizantes a la Seguridad Social hayan aumentado en cerca de 650.000 personas, creo que son datos estimulantes.
Pero en la guerra declarada al paro hay que elegir distintas batallas que ganar y, sin duda, una de ellas muy importante, diría que especialmente importante, es esta que hoy trae a debate en esta proposición no de ley el Grupo Popular.
El principal objetivo es abrir un debate, ver y analizar los efectos que la tecnología de la información y la comunicación van a tener en tres vertientes: en la organización de las empresas y de la sociedad en su conjunto, en la creación de nuevos empleos y en cómo va a afectar en la posibilidad de aumentar el acceso de personas en especial situación al mercado de trabajo y, por último, y muy importante, en las acciones formativas, las TIC, es decir, ver cómo tenemos que preparar la formación para las nuevas tecnologías.
Consideramos, pues, necesario un serio análisis institucional, dado el avance continuo de estas nuevas tecnologías. Es indiscutible e inevitable las incidencias que tiene sobre las relaciones laborales, donde ya empieza a verse el aumento en la flexibilidad del trabajo, donde se ve cómo se tiene que reorganizar todo el sistema o cómo aparecen figuras como el teletrabajo. Actualmente, las nuevas tecnologías se aplican con gran rapidez a todos los sistemas económicos y a casi todos los sistemas sociales y laborales. Por eso, depende de nuestra habilidad para saber adaptarnos el que podamos aprovechar esta tecnología en su plenitud.
El desarrollo de una cultura de tecnología de la información y la comunicación requiere la participación de todos, fundamentalmente de empresas, trabajadores, instituciones educativas muy importantes y administraciones públicas. Sólo de esta manera podemos crear un círculo donde la capacidad del hombre, como último y definitivo beneficiado del desarrollo, pueda compatibilizarse con un modelo económico y social que permita la generalización de una actitud positiva hacia los instrumentos tecnológicos. Tenemos que hacer que los retos de la competitividad global inciten a la creación de nuevas profesiones y nuevas empresas.
Hay también que analizar y detectar las necesidades de formación y de empleo que se derivan de los cambios tecnológicos que se avecinan, porque las nuevas tecnologías y organizaciones hacen obsoletas las antiguas cualificaciones, al tiempo que se incrementa la demanda de nueva formación. Y esto, que es un reto para el sistema educativo, aumenta el riesgo de exclusión y de que se incremente el desempleo en los sectores más expuestos del mercado laboral. La creciente desigualdad entre trabajadores tiene mucho que ver en el deterioro que sufren los trabajadores menos cualificados. En consecuencia, la formación profesional debe adelantarse a los nuevos papeles, a las nuevas divisiones del trabajo y a las nuevas responsabilidades para favorecer el desarrollo de actitudes, como la capacidad de trabajo, el trabajo en equipo, resolver problemas o la capacidad de planificación. Hay, pues, una necesidad latente de formación continua, tanto para las empresas como para los trabajadores que quieren seguir siendo competitivos. Sólo con ello será posible la readaptación constante que permite adelantarse a los cambios tecnológicos que se producirán en los próximos años, porque el desarrollo de las TIC, señorías, está lejos de concluir, con lo que las necesidades de formación serán cada vez más altas.
Muchas veces se discute si la aparición de estas nuevas tecnologías crea o destruye empleo. El debate no deja de ser apasionante. Yo creo que si se dirige y controla la tecnología, será un grandísimo yacimiento de empleo el que tenemos delante. En cualquier caso, lo que es indiscutible es que si no se innova, si no se adapta, se pierde el tren del mercado, las empresas desaparecen y así sí que se destruye empleo.
Tenemos que ver también cómo afectan las nuevas tecnologías a las relaciones laborales. Se ve cada vez más que se incrementan los contratos a tiempo parcial, los contratos a tiempo definido, el trabajo por cuenta propia y aparece, como dije antes, el teletrabajo. Estos son factores que hay que estudiar y analizar para ver sus consecuencias. Sólo la figura del teletrabajo requeriría un análisis y un debate de gran profundidad, con las modificaciones sociales que está provoncando. Se está desarrollando un sector de conocimientos que es en sí una industria. Ya ni siquiera en el sector servicios se fabrica conocimiento. Se está facilitando la posibilidad de empleo, de tener un trabajo autónomo a personas que por su discapacidad hasta hace bien poco no lo podían tener.
Se crea un tipo de empresa que pese a ser de alta tecnología requiere una pequeña inversión inicial para comenzarla. Hay una reducción de costos para poder atender desde un sitio una gran dispersión de clientes. Mejora la calidad de vida, pudiendo tener el puesto de trabajo en zonas residenciales. También va a permitirse mediante el teletrabajo el desarrollo de zonas excluidas. Hay un largo etcétera de factores a los que va a afectar, de cambios sociales que hay que entender, analizar y después de detectarlos, controlarlos. También, por supuesto, tiene inconvenientes, como toda nueva aparición, y de lo que no cabe duda es de que la única manera es que se compatibilice el trabajo con la formación y se cree un sistema permanente de flexibilidad y abierto a las nuevas tecnologías.
Pero para que la dispersión de estas nuevas tecnologías revierta en aumento de productividad y creación de empleo hay que cambiar los métodos de trabajo y de dirección. Nuevas relaciones laborales seguirán apareciendo donde la iniciativa, la capacidad de decisión,

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la motivación y la participación se hacen nuevos elementos. Tecnología y organización irán dando flexibilidad y polivalencia al trabajador para adaptarse a estos cambios. Es por ello que juzgamos necesario fomentar el debate democrático sobre el modelo de sociedad, capaz de garantizar las mejores condiciones para la plena utilización de las nuevas tecnologías en respuesta a las nuevas demandas de las personas.
La digitalización, la realidad virtual, multimedia, la estructura social fragmentada, la economía a tiempo real y la globalización están ahí y el sector público tiene un papel importante que jugar. Crear la infraestructura que se precisa para el desarrollo y aplicación de las TIC. Garantizar su rápida difusión en el tejido productivo. La política pública de investigación y desarrollo tecnológico en aquellos sectores de interés público, como puede ser el medio ambiente, la educación, la salud. La definición de estrategias a largo plazo que permitan conocer a las empresas cuál es su futuro y hacia dónde deben andar o la coordinación con otros países de la Unión Europea, cuyo caminar separado no tiene sentido en este campo. Y lo que es muy importante es conseguir que las personas crean en el cambio, crean que es posible y positivo. Y todo ello se conseguirá a través del diálogo, diálogo social en los diferentes niveles, en todos los niveles, para superar las resistencias al cambio y evitar las exclusiones tanto personales, cuando un individuo se queda fuera del mercado, como regionales, cuando alguna zona con alguna localidad o autonomía queda fuera de este desarrollo tecnológico.
Señorías, en la Unión Económica y Monetaria logramos estar entre los mejores. En las nuevas tecnologías y en la organización también habremos de estarlo si queremos una España de progreso y no un progresismo de pandereta. Es nuestro desafío y hacia él debemos ir.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caneda.
Ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, evidentemente hay que hablar de la pandereta, porque la proposición no de ley que ha motivado nuestra enmienda, que ya intuyo que no va a ser aprobada, tiene mucho en común con las panderetas y con los tambores que han sido usualmente utilizados como instrumentos de propaganda.
Ante problemas serios, cualquier dilación, la recurrencia a una comisión, la recurrencia a un debate, inevitablemente tiene que evocar la situación de la Constantinopla sitiada por los turcos mientras se discutía cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler y explica un poco las razones de urgencia. El día 4 de junio se publicaba una carta en uno de los rotativos más importantes de nuestro país, en la que una investigadora residente en Méjico se quejaba de su soledad, de su falta de perspectivas, de su falta de futuro y animaba a otra compañera a que terminara su tesis porque, eso sí, becas para que nos marchemos al extranjero --decía-- nos las dan casi todas.
Hace poco tiempo, en la puerta de este edificio teníamos una manifestación de personal investigador reclamando que nos acomodáramos al porcentaje promedio de PIB que se dedica a investigación y desarrollo en Europa, ya que en nuestro país existe un importante agravio comparativo.
Recientemente hemos tenido otros acontecimientos que me recuerdan de nuevo la urgencia de tener una idea clara en este asunto por parte del partido que apoya al Gobierno y por parte del Gobierno, y me estoy refiriendo a la famosa huelga de los controladores, con el desenlace funesto, por contrario a los vientos de la historia, con que ha terminado la citada huelga de controladores aéreos.
Mientras tanto, ustedes plantean la preocupación generalizada que tiene el partido que apoya al Gobierno para que el Gobierno traiga a la Cámara, en un plazo inconcreto, de una manera completamente descomprometida, una idea sobre nuevas tecnologías, o lo que se suele llamar globalmente la tecnología del conocimiento y de la información. Debo decirles que el incremento de la economía española que se puede producir en las fases expansivas del ciclo no debe ser tan satisfactorio para el Grupo Popular, ya que está demostrado que una de las características del empleo en nuestro país es que crece a mucha velocidad cuando la fase del ciclo es expansiva y se destruye vertiginosamente cuando la fase del ciclo es depresiva. ¿A qué se debe esto? Básicamente a que nuestra industria no es competitiva, no tiene calidad; y no tiene calidad porque el mundo de la investigación y el mundo de la empresa son dos mundos que apenas si se rozan y menos son secantes. Es decir, en nuestro país no sólo se invierte poco en I+D, sino que las empresas invierten aún menos y, si ya se acusa y se conoce con el nombre de paradoja europea lo que está ocurriendo en la Unión Europea de que a nivel de investigación básica nos podemos comparar con Estados Unidos o con Japón, a la hora de la innovación, de la transferencia de tecnología a las empresas, la paradoja surge porque se dedican pocos recursos privados y hay pocos científicos y pocos centros de investigación de carácter privado. Esto es sumamente grave si se pone en relación con lo que pasa en nuestro país.
Es tan evidente la relación entre empleo, sostenibilidad del empleo, e investigación y desarrollo que si ustedes observan, verán que Europa, que gasta aproximadamente la mitad de su PIB en I+D, tiene el doble

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de desempleo que Japón o Estados Unidos y España, que en comparación con Europa gasta menos de la mitad de su PIB, tiene el doble de desempleo que la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, ustedes omiten que este es un capítulo esencial a partir de los trabajos de Jacques Delors y, sobre todo, a partir de las conclusiones de la cumbre extraordinaria de Luxemburgo sobre el empleo.Yo le puedo decir que a esta materia se dedican los párrafos 8, 17, 28, 32, 33, 35, 38, 42, 47 y 60. Me parece que es un repertorio lo suficientemente importante como para que el Gobierno tuviera la vergüenza torera de venir a esta Cámara y trajera un proyecto de plasmación en conclusiones y en actuaciones concretas del Gobierno de las sugerencias de la cumbre de Luxemburgo.
Ha hablado usted de las acciones formativas en esta materia, y el Grupo Popular nos está acostumbrando a una manera de abordar los temas del empleo que se parece mucho a la de Telefónica. Lo que no sabemos es si estas intervenciones formativas en materia tecnológica que va a tener el Gobierno del Partido Popular se van a computar por segundos o por pasos.
Esto es lo que no sabemos. Pero en realidad esta es una de las materias que hay que tomarse en serio. Es necesario incluir la tecnología, sin perjuicio de su equilibrio fundamental con las humanidades y sin perjuicio del equilibrio que también tiene que guardar con la educación científica básica, y se tiene que incluir con todo rigor dentro de las enseñanzas académicas regladas, por supuesto, la reglada de formación profesional, las ocupacionales, para encontrar empleo, y las continuas, que hoy debe ser una preocupación de todos los seres humanos. Y todo esto acompañado no de su inclusión puramente nominal en un plan de estudios, sino también de la dotación necesaria de recursos humanos y materiales.
El Grupo Popular presenta como una gran novedad algunos de los efectos que considera que las nuevas tecnologías van a tener en el ámbito del trabajo. Ustedes están en la onda de las preocupaciones sobre lo que pueda ocurrir en el mundo del trabajo, y yo le digo que ya hay trabajos premiados en nuestro país. Le puedo decir que el último premio de la Agencia de Protección de Datos se ha dado a una obra preparada por la cátedra de Derecho del trabajo de la Facultad de León sobre utilización y control de los datos laborales automatizados.
Por consiguiente, no es hora de expresar una preocupación, sino de ocuparse de dar una fórmula concreta, porque lo contrario huele a fariseismo o a un tremendo cinismo. Y le voy a dar un ejemplo. En esta Cámara, en la Comisión de Política Social y Empleo, se aprobó un programa de empleo, elaborado por el que tiene el honor de dirigirles la palabra, que tenía como objetivo que, dado que un 20 por ciento de los desempleados tienen un bagaje tecnológico, ese 20 por ciento, formando equipo multidisciplinar, buscara en la Oficina de Patentes y Marcas una patente cuya explotación representara una posibilidad viable de un incremento de riqueza y de empleo en las empresas españolas. Este programa fue aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios, y tengo que agradecer la inicial condescendencia del Ministerio de Trabajo, donde dijeron que era un programa muy interesante y que lo iban a poner en marcha. Desde el mes de junio del año pasado este tema está archivado en el Ministerio de Trabajo. Supongo que en el Ministerio de Defensa habrá otra serie de iniciativas importantísimas de creación de empleo y de nuevas tecnologías y, probablemente, en el Ministerio de Educación y en otros departamentos ministeriales, y mientras todo eso está detenido y se está rechazando la posibilidad de crear empleo, ustedes vienen con una propuesta que no sé si tiene como objetivo tranquilizar la conciencia de ustedes o que todos tranquilicemos nuestra propia conciencia. Nosotros la rechazamos por demagógica, y si estamos equivocados y estamos haciendo algún juicio temerario, acepten ustedes nuestra enmienda, que implica unos compromisos concretos en unos períodos razonables de tiempo, y entonces nosotros votaremos su proposición no de ley. Pero si no es así, no nos vamos a prestar a esta ceremonia de la confusión y votaremos en contra de su propuesta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Navarrete.
Grupos que sin haber presentado enmiendas desean fijar su posición (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la última sesión plenaria tuvimos ocasión de debatir una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la industria de automoción en nuestro país. En ella se hacía hincapié en la importancia que tenía esta industria en el conjunto del sector industrial de nuestro país, con una importante incidencia en el PIB, en el empleo, y se terminaba en su parte dispositiva recomendando al Gobierno que adoptara medidas positivas en relación con la industria de la automoción.
Sinceramente, aquella proposición no de ley nos hizo pensar si el Grupo Parlamentario Popular pensaba que el Gobierno podía adoptar medidas negativas.
Hoy nos encontramos con una proposición no de ley relativa a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que en su parte dispositiva pide que el Gobierno analice el impacto de la aplicación de las tecnologías citadas o que estudie el impacto de dichas tecnologías sobre la creación de nuevos puestos de trabajo. La verdad, nos obliga a seguir pensando que el

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Grupo Parlamentario Popular duda de que el Gobierno analice o estudie este tipo de fenómenos que se insiste que son tan importantes en el conjunto de la modernización de nuestro país para la mejora de la actividad económica, mayor creación de empleo, etcétera. Al final, no se dice absolutamente nada. No se dice nada concreto, y la conclusión que podemos sacar, más allá de las opiniones que tenga el Grupo Parlamentario Popular sobre el Gobierno que sostiene, es que dicho grupo tiene dificultades para decirnos algo concreto sobre los temas que considera importantes. Desde ese punto de vista, manifestamos nuestro apoyo a la enmienda que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque dice cosas concretas con plazos concretos y con objetivos concretos. El tema es importante, sin lugar a dudas. Celebramos que el Grupo Parlamentario Popular, aunque con escasa concreción y parquedad de ideas lo haya traído a la Cámara. Pero una vez aquí, nos parece que el Grupo Socialista aprovecha este paso para plantear medidas que son positivas y que nosotros vamos a apoyar.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no cabe duda que la velocidad de los cambios tecnológicos supera a cualquier regulación, y todos los planes que en los distintos ámbitos sectoriales quieran hacerse respecto de las administraciones públicas precisan tener en cuenta esa nueva realidad.
Las nuevas tecnologías están dando lugar a una nueva sociedad, la de la información y la comunicación. Con motivo de otro debate sobre una proposición no de ley del Grupo Socialista, ya se advertía del peligro de que esa sociedad nueva sea dual, que acentúe las diferencias sociales de hoy, aislando a las clases más desfavorecidas, aquellas que no sean capaces de adaptarse a esta revolución de las telecomunicaciones, a la nueva sociedad de la información y la comunicación. En ese escenario se enmarca la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una iniciativa que compartimos íntegramente, aunque sus objetivos sean exclusivamente de estudio y su planteamiento pudiera ser más ambicioso. Ese análisis y estudio se nos propone en tres aspectos: la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la reorganización del trabajo en la empresa, el impacto de esas tecnologías en la creación de nuevos puestos de trabajo y el incremento de las acciones formativas, especialmente en la formación profesional.
Los dos primeros aspectos están íntimamente enlazados. Creemos que es necesario estudiar la posibilidad de las nuevas tecnologías en el desarrollo del Estado del bienestar social, en la mejora de nuestra calidad de vida incrementando la productividad y, al mismo tiempo, haciendo posible la reducción del tiempo de trabajo. Lógicamente, este desarrollo ha de traer consigo la creación de nuevos puestos de trabajo, sin duda más especializados y en los que se requerirá mayor cualificación. Por eso, el estudio que se haga no sólo ha de contemplar esa creación de nuevos puestos, sino la reconversión de los existentes y, además, el impacto negativo que las nuevas tecnologías puedan producir sobre los puestos reconvertibles, en definitiva, en la creación de un nuevo paro estructural.
Señorías, intuimos que ese gran desarrollo tecnológico, esa nueva sociedad de la información y de la comunicación producirá efectos muy beneficiosos en nuestro modo de vida y en particular en el empleo, pero tenemos que estudiar también sus efectos negativos y aplicar las nuevas tecnologías hasta donde queremos aplicarlas.
Cuando se producía en esta Cámara el debate acerca de los resultados de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo se expusieron distintas iniciativas europeas en la creación de nuevas formas de empleo, pero alguna de esas nuevas formas se correspondía con empleos antaño existentes y ahora desaparecidos. El estudio que se nos propone es necesario y urgente, por lo que, de elaborarse, desearíamos que sus conclusiones pudieran traducirse en iniciativas de los poderes públicos en la dirección de tan delicado proceso.
Por último, se propone el incremento de las acciones formativas en el campo de la tecnología y de la información en la comunicación. Espero que esta propuesta pueda traducirse en acciones concretas en el plan de empleo del Gobierno, especialmente en materia de empleo juvenil.
Esperamos que el Gobierno sea capaz de aunar esfuerzos con las comunidades autónomas con competencia en la materia para que en la educación en general, en la formación profesional específica y en los cursos de formación profesional ocupacional, así como en los programas de garantía social, las nuevas tecnologías tengan la importancia que corresponde a la nueva sociedad que a partir de las mismas se está desarrollando.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV) para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la promoción de las oportunidades de creación de empleo

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vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
A través de esta proposición no de ley se insta al Gobierno a analizar el impacto de la aplicación de estas tecnologías en la creación de empleo en las empresas, estudiar su impacto en la integración laboral de personas en situaciones especiales e incrementar las acciones formativas en el campo de las TIC para promover el desarrollo y máximo aprovechamiento de los recursos humanos, introduciendo su enseñanza en los programas de formación profesional. En nuestra opinión, resulta una proposición de carácter absolutamente genérico que, en relación con la introducción, desarrollo y explotación de las tecnologías de la información y de la comunicación, prácticamente no viene a decir nada, salvo una declaración de intenciones con escaso valor práctico. Decir, por ejemplo, que se insta al Gobierno a incrementar las acciones formativas en el campo de las tecnologías de la información y de la comunicación, introduciendo con carácter prioritario su enseñanza en los programas de formación profesional, tanto inicial como continua, no sólo no es decir nada con respecto a la situación actual, sino que resulta restrictivo porque en el campo que estamos debatiendo sería importante incrementar acciones formativas en todo el terreno de la enseñanza reglada.
En este sentido, la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista lleva un mayor contenido de concreción con respecto al desarrollo y aplicación de las TIC, tanto en lo que se refiere a su promoción, como en cuanto a la creación de empleo ligada al impacto de las mismas. El instar al Gobierno, por ejemplo, en dicha enmienda a presentar en esta Cámara un proyecto de ley en el que se establezcan las medidas necesarias para que la porción del PIB dedicada a I+D en el Estado español llegue a ser en el año 2000 equivalente al promedio existente en la Unión Europea, resulta totalmente adecuado y concreto al tema que estamos debatiendo. El punto 5 de la enmienda socialista, en relación con la introducción de las normas en materia educativa, nos parece también más amplia y conveniente al tema de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Finalmente, y por todo ello, estaríamos dispuestos a apoyar dicha enmienda, y en el caso de no ser aceptada por el grupo proponente anunciamos la decisión de nuestro grupo de abstenerse.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar el voto favorable del Grupo parlamentario de Convergència i Unió a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Entendemos, y hemos de esperar la intervención del señor Caneda para conocer su posición respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, que puede ser interesante que se haga un esfuerzo para intentar buscar un texto que pueda recoger lo que son los principios generales de la propuesta del Grupo Popular, que creo que todos los grupos parlamentarios compartimos. Sin embargo, es evidente que siempre hay una mayor necesidad de concreción en las propuestas que se efectúan.
Difícilmente podemos negar nuestro voto a esta propuesta del Grupo Popular, porque nos parece oportuna y que el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo requiere una reflexión y una adaptación de los instrumentos que hoy tenemos par afrontar los nuevos retos que se nos plantean. Seguramente es cierto, como se ha planteado, que el texto es excesivamente genérico. Ahora bien, en el caso de que el Grupo Parlamentario Popular no encontrase una fórmula para aceptar algunas de las ideas que se plantean en la enmienda del Grupo Socialista, nuestro grupo votaría a favor de este texto, entendiendo que sería importante que en los próximos meses el Gobierno concretase estas medidas, principalmente el desarrollo del Plan de empleo presentado en dirección a la Cumbre de Cardiff, que le va a obligar a desarrollar de manera puntual todas estas cuestiones. Por tanto, estaremos a la espera de ver cómo evoluciona esta cuestión.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley que muestra una voluntad abstracta, una voluntad en absoluto puntual ni aprehensible desde el punto de vista de las realidades concretas. Más que nada parece que quieren ustedes llenar un cupo en la presentación de las proposiciones no de ley, que quieren ocupar tiempo y que presentan esta serie de proposiciones no de ley --como la del otro día referida al tema de la automoción-- que nada dicen, salvo que muestran una voluntad que después no sabemos cómo se concreta. Espero que dentro de poco nos presenten una proposición no de ley diciendo algo así como: todo el mundo es bueno, todo el mundo es centrista o cosas por el estilo, para ocupar plaza en el orden del día correspondiente.
Por eso nosotros consideramos que es abstracta, que no aterriza y que no tiene un planteamiento serio, desde

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nuestro punto de vista. Y no sólo es abstracta sino también parcial. Es muy parcial porque ustedes intentan diseñar el tema del empleo como universal y de primera magnitud, pero luego en absoluto figura en su política económica como eje esencial, ya que su política económica es una segregación de las magnitudes macroeconómicas, no es otra cosa. No lo han situado nunca en primer término. Se demuestra, por el documento que va a Cardiff, que en absoluto es un documento concreto y que en absoluto señala la creación de empleo como tema específico.
De ahí que pensemos que si se quiere de verdad situar el tema del empleo sobre algo concreto es cierto que en esta dirección pueden ayudar algo las enmiendas que presenta el Grupo socialista mediante el replanteamiento de la proposición no de ley, haciéndola que aterrice algo. En ese sentido algo ayuda, concreta plazos, concreta cantidades y sitúa un poco más específicamente el tema, a nuestro juicio y en nuestro programa absolutamente fundamental y prioritario, de la creación de empleo.
No se puede hablar, en este terreno de las nuevas tecnologías en el sector de la información y de la telecomunicación, de creación de empleo, o de proyección en el terreno de las nuevas inversiones que creen empleo, si no se habla de una promoción de las infraestructuras de banda ancha.
Esto ya lo rechazaron ustedes a la hora de debatir la Ley General de Telecomunicaciones. Ahí nosotros introducíamos el tema del acceso del usuario a la telefonía básica a través de la fibra óptica. Lo presentábamos como una enmienda --enmienda fundamental-- en el sentido de que se inscribiera este punto en el servicio universal de las telecomunicaciones. Ustedes rechazaron el acceso a la banda ancha, el tema del Internet como servicio universal de cada escuela e instituto y de todas las instituciones. Y si rechazan esto, como así lo hicieron en la discusión concreta que a este sector se refería, he de entender que su propuesta es abstracta, no aterriza y no tiene un sentido real.
Tampoco tiene sentido real que ustedes hablen de la creación de nuevas tecnologías, de nuevos empleos en este terreno, sin hablar de la nueva necesidad de regulación específica de este trabajo, del teletrabajo.
Porque, si no, en el seno de la propuesta que ustedes hacen, el trabajo que se desarrolle a partir de aquí puede ser un trabajo marginal e incluso sumergido si no se atiende a una regulación absolutamente específica del teletrabajo en la relación nueva que suscita en el binomio trabajo-vida familiar o vida privada, que tiene también una serie de alcances y de proyecciones sociales que ustedes no prevén en su proposición no de ley.
Por tanto, si se admite la enmienda del Grupo Socialista, nosotros podríamos entrar en ese terreno concreto y sería aceptable la propuesta que surgiera de ahí. Si no, nos van a permitir, señores del Grupo Popular, que no entremos entonces en el debate. Nos abstendríamos, lógicamente, porque no nos parece seria la propuesta que hacen para la creación de empleo en este sector tan específico de las tecnologías de la información y la comunicación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Caneda, S. S. debe expresar la aceptación o no de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
No podemos aceptar la enmienda fundamentalmente porque creemos que no responde a lo que es la iniciativa.
Presentamos esta iniciativa y decimos que es necesaria porque hay que hacer un debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el hombre, cómo van a influir en su relación laboral, cómo van a influir en su vida social, por qué hay que regular ese teletrabajo, cómo van a influir en la persona, en la posibilidad y en el riesgo de exclusión de zonas. Eso no tiene nada que ver con la inversión en tecnología, que es un debate fantástico, maravilloso, pero que es otro debate, no el que nosotros hemos traído aquí.
El Grupo Popular ha traído hoy una iniciativa donde dice que es necesario analizar el impacto de las TIC en la persona, en las relaciones sociales.
Hay que hacerlo, lo creemos oportuno y, efectivamente, se dice en la Cumbre de Luxemburgo.
En cuanto a temas concretos, sí que llevamos temas concretos cuando presentamos el Plan de empleo, pero no es esto lo que traemos. Queremos hablar también del impacto de las nuevas tecnologías en la persona y en la sociedad y eso es lo que hemos pedido en estos estudios: analizar, detectar y poder dirigir después los problemas y las cuestiones.
Hemos dicho que también se dan inconvenientes, por ejemplo con el teletrabajo. Por eso queremos analizarlo, detectarlo y regularlo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caneda.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la proposición no de ley debatida, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la promoción de las distintas oportunidades de creación de empleo, vinculadas al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 156; en contra, 127; abstenciones, 24.


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El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA, DE CONFORMIDAD A LAS GARANTIAS DERIVADAS DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL (Número de expediente 162/000220)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España, de conformidad a las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional.
Tiene la palabra para su presentación doña Matilde Fernández. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, ruego a SS. SS. que si es imprescindible que continúen hablando, abandonen el hemiciclo o si no ocupen sus escaños, ya que de lo contrario es imposible continuar la sesión, puesto que no hay forma de seguir y de poder escuchar a la señora diputada. (Pausa.) Cuando quiera, señora Fernández.


La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me corresponde presentarles en nombre del Grupo Socialista la proposición no de ley sobre el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España, de conformidad a las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional. Para ello, quisiera recordar tres objetivos que enmarcan la elaboración de esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista.
En primer lugar, el informe sobre política migratoria elaborado por la subcomisión que se creó en junio de 1996 por una iniciativa del Grupo Socialista, también a través de otra proposición no de ley. El informe se ha convertido ya en un acuerdo, un acuerdo votado por unanimidad en la Comisión de Política Social y Empleo en abril de este año y esperamos --parece ser que esto se ha decidido ya por la Mesa-- que se lo podremos presentar la próxima semana a todos ustedes en el Pleno de esta Cámara.
En este informe, que pretende ser la política migratoria del Parlamento hacia el conjunto de la sociedad, también hacia el Gobierno, cómo no, para los próximos años, se dice: La subcomisión considera que con carácter urgente --insisto, con carácter urgente-- el Gobierno debe presentar una norma que regule el régimen interior y de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, así como debe elaborar un plan de creación de nuevos centros y de adecuación de los existentes con los criterios de esta nueva norma.
Este sería el primer objetivo tenido en cuenta para enmarcar esta proposición no de ley, siendo el segundo de carácter más general. Hay diferentes estudios sobre tendencias sociales que se han realizado por diferentes organismos en el último año, y el último que ha leído de 1997 la diputada que les habla dice cosas como las que a continuación comento: La mayoría de los encuestados cree que dentro de diez años serán mayores las desigualdades sociales en nuestro país; sólo un 16 por ciento piensa que el futuro será menos desigual en ese plazo. Este pesimismo --si me permiten-- ha crecido durante los años 1996 y1997 --a pesar de que España va bien-- y se da más en hombres menores de 45 años, residentes en ciudades de más de 50.000 habitantes y con estudios medios y superiores, es decir, en las personas jóvenes, urbanas y bastante preparadas. Se opina en estos estudios que en los próximos diez años las migraciones desde los países pobres hacia los países ricos serán mayores aún; sólo un 12 por ciento piensa en nuestro país que habrá menos movilidad geográfica, que decrecerá el movimiento de inmigrantes hacia nuestros países; la mayoría manifiesta que se deben hacer bien las cosas. Para eso hay que reconocer todos los derechos a estos ciudadanos y hay que impulsar las políticas de integración. Se trata de decidir la política que debemos realizar, desde un Estado democrático, social y de Derecho, respecto a la nueva población que viene a vivir con nosotros. No es el problema de ellos, es nuestro problema.
Sitúo este marco general porque algunas veces se dice que para poner en marcha tal o cual centro que reúna las mejores condiciones o las condiciones que ya recogen las sentencias del Tribunal Constitucional se necesita un mayor gasto. Yo espero que eso no sea un argumento por parte de nadie. Si se está pensando en rebajar el gasto en capítulos que afectan a los ciudadanos más desprotegidos de la sociedad española, no sé qué pasará en otras políticas, pero le pediría al Grupo Parlamentario Popular que cuando este jueves por la tarde el Gobierno presente el proyecto de ley del IRPF no piense que hay que seguir reduciendo la tarta, porque se necesita una tarta todavía mayor para poder atender lo que está a medias en cuanto a política social o lo que incluso no está cubierto, como pueden ser algunos centros de internamiento de inmigrantes en nuestro país.
En tercer lugar, hemos tenido en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional. Como SS. SS. saben perfectamente, antes de tener en nuestro país la Ley 85, de extranjería, las sentencias del Tribunal Constitucional --empezaron a partir del año 1984-- formulaban una teoría acerca de los derechos de los inmigrantes: tenían los derechos del artículo 10 de la Constitución --los derechos fundamentales--, no tenían el derecho de sufragio --estaba reservado a los ciudadanos

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españoles o a aquéllos no españoles siempre que hubiera ley-tratado de reciprocidad-- y el resto de los derechos tenía que ser recogido en leyes concretas. De esa primera filosofía del Tribunal Constitucional --con la que se elaboró la Ley de extranjería-, el Tribunal Constitucional pasó, sobre todo a partir de 1987 -la 115 fue una sentencia importante-- a cambiar drásticamente la doctrina del Tribunal. Anula las limitaciones de los derechos fundamentales que les acabamos de citar, deja claro que todo derecho de reunión y asociación tiene que ser reconocido, que toda prohibición legal de que los jueces suspendieran resoluciones tiene que desaparecer y que la competencia queda totalmente en manos de los jueces, y reinterpreta la regulación legal de internamiento preventivo de los extranjeros previo a la expulsión. Ahorro a los diputados la lectura de estos textos porque la hemos recogido en el punto 2 de nuestra proposición no de ley. Lo que en el punto 2 decimos es lo que la sentencia 115/1987 del Tribunal Constitucional recuerda que debe ser la nueva reinterpretación de la regulación legal del internamiento preventivo de los extranjeros antes y previo a su expulsión. Y así han sido el resto de las sentencias. Por supuesto, después, en los años 1993 y 1994 hubo nuevas sentencias que todavía trasladan más esperanza a los derechos de estos inmigrantes, pero no es el caso de esta proposición no de ley. Además, sí quisiera dejar claro que el Real Decreto 155/1996, con el nuevo reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de extranjería, recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de todos estos años. Pero ese reglamento, cuando después de dialogarse, pactarse y consensuarse se publica en el Boletín Oficial del Estado, deja bien claro que en el plazo de un año --que sería febrero de 1997-- se tendría que disponer de una nueva norma específica sobre los centros de internamiento, posiblemente fruto de la envergadura de las sentencias del Tribunal Constitucional.
El Grupo Socialista ha venido a recoger en el punto número 2 de su proposición no de ley esta sentencia del Tribunal Constitucional y a recordar al Gobierno que tiene que traernos esta norma en un plazo inmediato, nosotros decimos de dos meses, para que las lagunas jurídicas e interpretativas queden resueltas. ¿Por qué, cuando no es el estilo del Grupo Socialista, hablamos de un tiempo máximo de dos meses? Porque llevamos dos años pidiendo que esto se resuelva. En esta misma legislatura se presentó una moción, fruto de una interpelación del Grupo Socialista, que se aprobó por unanimidad en septiembre de 1996. Tenía 16 puntos, y uno de ellos, el 5, decía que había que potenciar la red de centros extranjeros para garantizar un alojamiento digno y suficiente. Un año más tarde, en octubre de 1997, se presentó una nueva moción, también sobre política inmigratoria, en este caso del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que fue aprobada por unanimidad. Esta moción, en su punto 5 decía que el Gobierno tenía que presentar el proyecto de normas de funcionamiento de los siete centros de internamiento de extranjeros a este Parlamento y a las ONG y hacerlo realidad de manera urgente. También se lo ha pedido al Gobierno el Defensor del Pueblo, que en medio de estas dos mociones celebró unas jornadas con ONG, y también se lo han pedido todas las organizaciones en el Foro de integración social de los inmigrantes.
Con estos antecedentes quiero indicar que ya hemos dado pasos a lo largo de estos dos años para pedir al grupo que sustenta al Gobierno y al Gobierno que resuelvan esta laguna jurídica, con el fin de regular el funcionamiento y las características de los centros de internamiento, en el marco de esa resolución de una ponencia y de todas las sentencias del Tribunal Constitucional que a lo largo de estos años están insistiendo acerca de lo que hay que cambiar de la Ley de extranjería. El Gobierno socialista ya a principios de 1996 llevó a cabo una parte al elaborar el reglamento de extranjería y dejó un período para regular la norma de los centros de extranjería, y hoy el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley con tres planteamientos: Primero, presentar en el plazo de dos meses un informe sobre estos centros, de qué plazas se dispone, el tiempo de internamiento de las personas, cuántos pasan a lo largo de un año por los centros, así como la previsión de los nuevos centros que se tienen que crear, para que esta Cámara controle los necesarios crecimientos de los presupuestos del Ministerio del Interior.
Segundo, desarrollar también en el plazo de dos meses lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto 155/1996, del reglamento, con los contenidos.
Algunos parlamentarios me han dicho que era demasiado meticuloso, puede ser un procedimiento heterodoxo, pero al final lo único que hemos sintetizado es lo que el Tribunal Constitucional ha estado dictando a partir de 1987. Por último, la creación de la figura de un juez de vigilancia para estos centros de internamiento cara a velar por todos estos déficit que el Tribunal Constitucional nos plantea. En este tercer punto es donde ha habido mayores reticencias por parte de los grupos parlamentarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya concluyendo.


La señora FERNANDEZ SANZ: Sí, señor presidente. En seguida concluyo.
Hemos presentado a los grupos una enmienda a este punto tercero, que planteo ahora, en vez del texto que ustedes tienen. Dice así: En tercer lugar, contribuir a garantizar el control judicial efectivo y especializado de los centros de internamiento en orden a velar por el cumplimiento de los derechos de los internos y el correcto funcionamiento de estos centros. Esta sería nuestra enmienda transaccional.


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Termino diciendo que de las enmiendas que ha presentado, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Bloque Nacionalista Galego, el Grupo Socialista asume la enmienda al apartado 1, letra e), cambiando un poco el orden. Es decir, que el punto e) del Grupo Parlamentario Mixto pase a ser el d) y el d) del Grupo Socialista sea el e), sólo por razones de coherencia de los temas que se tratan.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Si es tan amable, pase a la Presidencia el texto de la propuesta que hace como alternativa al punto 3 de su proposición no de ley.
A la proposición no de ley del Grupo Socialista han presentado enmiendas los grupos parlamentarios Mixto, Catalán de Convergència i Unió y Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego comparte ampliamente el planteamiento de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con los centros de internamiento de extranjeros.
Sin embargo, el objetivo de hacer la proposición no de ley más ajustada al fin perseguido nos lleva a presentar algunas enmiendas. El objetivo no es otro que el de garantizar que los extranjeros que cometen irregularidades administrativas en el Estado español y que pueden ser causa de expulsión del territorio no se vean privados de libertad, ni directa ni indirectamente.
La sentencia 115/1987 del Tribunal Constitucional admitió la constitucionalidad del artículo 26.2 de la Ley orgánica 7/1975 en contra del criterio del Defensor del Pueblo. Por tanto, debemos perseguir la posibilidad de internamiento forzoso de extranjeros detenidos en situación que podríamos calificar de burocrática y legal, siempre y cuando fuese supervisada judicialmente tal medida y que los centros no tuviesen carácter penitenciario. Dicho artículo, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, estará también conforme al ordenamiento constitucional siempre que se aplique de acuerdo con esta interpretación.
De no hacerlo así, sería inconstitucional.
Es conveniente incidir sobre todo en el punto 3 de la proposición no de ley, enfatizando la creación de un órgano jurisdiccional encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los extranjeros internados en centros no penitenciarios --esto es muy importante-- y sujetos presuntamente a expulsión, para que, en el caso de que sean apresados, el órgano jurisdiccional tenga conocimiento inmediato de esa situación y sea el encargado de autorizarla; que no sólo se encargue de funciones inspectoras acerca del correcto funcionamiento de los centros de internamiento. Todo esto porque es una obligación derivada de la interpretación expresada de la sentencia a la que antes hicimos alusión.
Por otra parte, la falta más importante que vemos en la proposición no de ley es la ausencia del establecimiento de un plazo máximo de internamiento en centros no penitenciarios, quedando únicamente fijado de manera arbitraria en tanto no se resuelva el expediente de expulsión y aunque el reglamento establezca un plazo que nos parece muchas veces excesivo.
Esta indeterminación creemos que puede ser inconstitucional, ya que todos sabemos que el artículo 17.2 de la Constitución española impone un plazo máximo para las detenciones provisionales y de manera análoga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 120 bis, también lo establece, aunque se pueda prolongar una detención preventiva el tiempo necesario para la investigación, a un plazo máximo de setenta y dos horas, y, bajo autorización judicial, otras cuarenta y ocho horas. En definitiva, ya que el ordenamiento jurídico vigente contempla, en los casos más graves que comportan presuntamente algo ilícito penalmente, un plazo máximo para las detenciones preventivas por parte de funcionarios, sería también conveniente que se fijara un plazo máximo para el internamiento de extranjeros, para evitar arbitrariedades y demoras injustificables en la Administración.
En nombre de todo esto, nosotros presentamos una serie de enmiendas que están relacionadas con toda esta temática. La primera se refiere al apartado 1, añadir una letra e), que sería del siguiente tenor: La localización de los centros en el territorio del Estado y su distribución por comunidades autónomas, resaltando aquellas en las que no exista ninguno en funcionamiento. Al apartado 2a), añadir: en concreto, estableciendo un plazo máximo de internamiento de setenta y dos horas, que sólo podrá ser prorrogado mediante autorización expresa de la autoridad judicial. Al apartado 2 c), sustituirlo, en el caso de las comunicaciones, para que haya clara comunicación con la sociedad y no se trate de una retención propia de un delito penal: El derecho a enviar correspondencia, así como a comunicarse telefónicamente con familiares, amigos o representantes diplomáticos y a recibir todo tipo de visitas en dependencias adecuadas, que garanticen la reserva y privacidad de las comunicaciones.
Por fin, al apartado 2d), algo que lo haga menos maleable, que lo haga menos interpretable, suprimiendo «siempre que sea posible». Y al apartado 3, que posiblemente sea el más problemático, pero que se le buscó una solución porque es el más importante también: Proceder a la creación de órganos jurisdiccionales encargados de autorizar los internamientos en los centros extranjeros en el Estado español, que velarán además por el cumplimiento de los derechos de los internos

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en el mismo y el correcto funcionamiento de los centros.
En todo caso, señorías, el Bloque Nacionalista Galego está dispuesto a votar afirmativamente el texto, con las enmiendas integradas, tal como lo presenta el grupo parlamentario proponente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Preparando la intervención sobre esta proposición no de ley que nos plantea esta tarde el Grupo Socialista, leía una intervención de la jurista catalana María Elena Bedoya, en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona hace unos escasos meses en relación a todo el mundo de la emigración, que recordaba unas frases escritas hace doscientos años. Se decía: Conceded a los depositarios de la autoridad ejecutiva la facultad de atentar a la libertad individual y ya habréis aniquilado todas las garantías, que son la condición primera y el objeto último de la reunión de los hombres bajo el imperio de las leyes. Este principio ha condicionado desde el primer día la existencia de los centros de internamiento y por tanto está en el centro del debate sobre su existencia.
La ambigüedad del artículo 26.2 de la Ley de extranjería provocó que en su día el Defensor del Pueblo interpusiese un recurso de inconstitucionalidad con relación a esta materia. El Tribunal Constitucional marcó que no es inconstitucional el internamiento de los extranjeros, pero también marcó que ese internamiento se debería producir en determinadas condiciones, enmarcado en la intervención judicial. Si no era así, era evidente que estábamos concediendo a los depositarios de la autoridad ejecutiva la capacidad de atentar a la libertad individual.
Yo diría que las sentencias del Tribunal Constitucional, y especialmente la sentencia del año 1987 que nos ha recordado la señora Fernández, y el propio desarrollo del reglamento de extranjería del año 1995 han enmarcado el debate sobre esta materia. Y hoy podemos afirmar que, desde el punto de vista del marco legal, estaríamos en condiciones de garantizar el efectivo cumplimiento de la defensa de los derechos de los internados.
Y son ciertas tres cosas que hacen oportuno el planteamiento que hoy nos ha hecho llegar el Grupo Socialista. En primer lugar, que el artículo 113 del reglamento de ejecución de la Ley de extranjería del año 1995 no es un artículo que se haya desarrollado. Todos coincidimos con la señora Fernández en que hay poca justificación para que ese desarrollo no se haya producido y, por tanto, coincidimos en la necesidad de que una vez más el Pleno de la Cámara se pronuncie en relación a esa obligación que tiene el Gobierno de desarrollar ese artículo.
En este sentido, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda que pretende evitar una cuestión que entendemos que no es simplemente formal. Dice lo siguiente: Acelerar el desarrollo en el plazo más breve posible de lo dispuesto en el artículo 113 en cuanto al funcionamiento de los centros y, teniendo presente el carácter no penitenciario de los mismos, el necesario respeto a los derechos fundamentales de los internados así como la cobertura de sus necesidades asistenciales y sanitarias. Asimismo, deberá procederse a la adaptación de los actuales centros una vez que se desarrolle esta normativa. Destacando estas cuestiones, el carácter no penitenciario de los centros de internamiento, el necesario respeto a los derechos fundamentales de los internados y la cobertura de sus necesidades asistenciales y sanitarias, estamos señalando aquello que es esencial de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1987 y del reglamento de ejecución de la Ley de extranjería. Además, los puntos concretos que constituyen el listado de elementos que para el Grupo Socialista debe constituir la esencia del desarrollo del artículo 113 de hecho están contenidos en el reglamento de ejecución del año 1995. En concreto, aquello que se afirma entre los artículos 108 y 113 es el cien por cien de lo que se recoge en la propuesta del Grupo Socialista. A nuestro entender, nuestro texto es sintético y recoge aquello que es esencial.
Ahora bien, nosotros ofrecemos sobre esta misma enmienda nuestra una transacción a los grupos parlamentarios, ya que, en relación con esta cuestión, se ha dicho, en el debate previo en los pasillos, que el plazo más breve posible debía ser dos meses. Nuestro nuevo texto sería el siguiente: Acelerar el desarrollo, en el plazo más breve posible y antes de finalizar el presente año, de lo dispuesto, etcétera. En segundo lugar, añadiríamos, después de «y sanitarias», «de acuerdo con las diversas sentencias del Tribunal Constitucional». Nos parece que estas dos enmiendas, por un lado, cierran el momento en que el Gobierno debe presentar ese reglamento, antes de final de año --y, por lo que sabemos, el Gobierno está en condiciones de publicar este texto-, y, por otro, hacemos referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional para que orienten esta cuestión.
El Grupo Socialista plantea un debate que a nuestro entender es complejo, como es la creación de la figura de un juez de vigilancia de los centros de internamiento. Yo recordaba a la señora Fernández antes que en el seno de la subcomisión no se había hecho esta propuesta concreta y que me parecía precipitado decidir hoy en el Pleno el inicio de un proceso que implicaría necesariamente una modificación de la Ley Orgánica

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del Poder Judicial. La enmienda transaccional que nos ofrece la señora Fernández nos parece especialmente interesante y nuestro grupo parlamentario estaría en condiciones de aceptarla, entendiendo que existe una circular de la Fiscalía General del Estado, de hace unos cuantos años, que instaba a una actuación específica de los fiscales en defensa de los derechos fundamentales de las personas en los centros de internamiento. Nos parece que esa es una línea que, desde el punto de vista de garantizar la efectiva defensa de los derechos humanos en los centros de internamiento, es una buena medida. Por otro lado, el propio reglamento de ejecución de la Ley de extranjería prevé en su artículo 109.3 una intervención de las organizaciones no gubernamentales en buena parte de las actividades que se hacen en estos centros, en especial en aquello que hace referencia a las condiciones sanitarias y asistenciales.
A pesar de que estas dos reflexiones no vayan a figurar en nuestras enmiendas ni en el texto que vamos a aprobar, para nuestro grupo parlamentario, cuando estamos planteando esta necesidad de garantizar que los centros de internamiento para los extranjeros sean unos centros que tengan garantías efectivas para que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos allí internados y que, al mismo tiempo, se den las condiciones necesarias de orden sanitario y asistencial, esa intervención de la Fiscalía y de las ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos va a ser importante.
Como en los próximos meses vamos a tener ocasión de debatir diversas proposiciones de ley de modificación de la Ley de extranjería, donde, por otro lado, se sitúa el mal de esta historia, estoy seguro de que vamos a poder seguir avanzando en esta materia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
Si es tan amable, ¿quiere pasar a la Presidencia la transacción que S.
S. propone? Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular a esta iniciativa del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Utilizaré el turno para referirme a la enmienda presentada por nuestro grupo y también para hacer una valoración conjunta del texto inicial y de las distintas enmiendas formuladas.
Cuando el Grupo Popular pretende eliminar el párrafo tercero de la proposición, que se refiere a la creación de un juez de vigilancia especial en materia de centros de internamiento de extranjeros, lo hace porque considera que es regresivo establecer un ámbito judicial separado para hechos que afectan exclusivamente a extranjeros. Estaríamos introduciendo una discriminación por la procedencia de la persona a la que nos estamos dirigiendo. Por otra parte, esta materia, y creemos que en este sentido la ley orgánica es correcta, tiene que quedar bajo el control de los juzgados y tribunales ordinarios, en función de cada uno de los derechos afectados o que puedan verse afectados, pero nunca en función de una característica determinada de la persona.
No olvidemos, y habría que referirse también a parte del texto propuesto por el Grupo Mixto, que la ley orgánica establece en su artículo 26, desde 1985, una competencia exclusiva del juez de instrucción para acordar el internamiento en un centro. No es una decisión administrativa, caprichosa o no, fundada o no, sino que es una decisión judicial la que provoca el internamiento, y es el juez de instrucción del lugar el que lo decide. Evidentemente, decide ese internamiento y vigila las consecuencias del mismo, que tampoco está sujeto a ningún plazo caprichoso, puesto que está establecido un plazo máximo de 40 días. No entendemos que se pueda crear, dentro del territorio ideal de un juez de instrucción, la figura de otro juez, ya que esto no es posible ni siquiera para tribunales con competencias superiores al juzgado de que se trata; por ello, pretendíamos la supresión de esta figura.
A nuestro modo de ver, hay que tener en cuenta lo siguiente para una valoración global de la proposición formulada por el Grupo Socialista. A instancias del Grupo Socialista, se creó en este Parlamento una subcomisión, que ha estado trabajando durante bastante tiempo en todo lo relacionado con la situación de los inmigrantes. También, en el informe de esa subcomisión se habla de los centros de internamiento de inmigrantes y de las obligaciones que tiene el Gobierno en relación con esta materia. Lo que parecería más correcto a nuestro grupo es que las iniciativas particulares sobre puntos contenidos en el informe de la subcomisión vinieran al Pleno o a las comisiones de este Parlamento después de haberse aprobado por este Pleno ese informe de la subcomisión.
Desde ese punto de vista, respetaríamos un poco el sentido inicial que ha guiado los trabajos de la subcomisión.
Por otra parte, el punto primero de la proposición no tiene ningún problema ni para el grupo parlamentario ni para el Gobierno, puesto que el informe a que se refiere, con las especificaciones que contiene la proposición del Grupo Socialista, está redactado por el Gobierno y por tanto no es necesario ni un plazo de dos meses ni menos meses para poder hacerlo llegar a esta Cámara.
En cuanto al punto segundo, el proyecto de orden del reglamento de los centros de internamiento está recogido. Podemos aceptar que en los dos años que llevamos en el Gobierno no se ha traído este texto; podemos aceptar que desde que lo aprobó la Comisión interministerial de extranjería se está retrasando su

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publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero no aceptamos excesivos reproches por parte del Grupo Socialista en esta materia. Los centros se crean como centros de detención o en locales que no tengan carácter penitenciario, es decir, incidiendo en el carácter policial de la relación con el extranjero que entra en territorio español, en el año 1985, la ley orgánica, con Gobierno del Partido Socialista. Pasan una serie de años en que no ha habido dotación específica para estos centros y se han tenido que nutrir de los gastos generales de la Dirección General de la Policía. Y cuando llega la hora de publicar un reglamento, en 1996, se deja para más adelante el régimen interno de los centros y se remite a una norma posterior. Creemos que ha habido distintos momentos en que ha podido hacerse esta regulación a lo largo de tantos años, desde 1985. Bien es cierto que en aquellos años no se planteaban en España los problemas de inmigración y de presencia de inmigrantes irregulares que se nos presentan ahora. No obstante, era algo que se podía prevenir que iba a llegar.
Yo pienso que lo que hace el Grupo Socialista no es recoger ni el espíritu ni el texto de la sentencia; lo que hace básicamente es repetir el real decreto de febrero de 1996 en su proposición. Por ello nos parece más acertada la redacción de este punto en la forma que se contiene en la enmienda formulada por el Grupo de Convergència i Unió, entre otras cosas porque también es bueno separar las distintas competencias de los distintos órganos. Cuando comentábamos la última enmienda adicional sobre el tercer punto de la moción decíamos: no hagamos que el Gobierno se introduzca en materias que son competencia específica del Poder Judicial.
Y aquí habría que decir también, en relación con el texto detallado que se contiene en la proposición del Grupo Socialista, que parece que el Poder Legislativo se está metiendo en una competencia reglamentaria que es específica del Gobierno. Por tanto, sería más adecuado el texto propuesto por Convergència i Unió que, sin entrar en el detalle de cómo tiene que ser el reglamento que es competencia del Gobierno, insta en un plazo razonablemente rápido al Gobierno para que cumpla y publique el reglamento de régimen interno de los centros.
Resumiendo y acabando, aprobar el punto tercero de la redacción propuesta por el Grupo Socialista no nos plantea ninguna duda. El Gobierno está dispuesto a colaborar con el Poder Judicial en la mejor defensa y en la protección efectiva de los derechos tanto de los españoles como de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en España en situación regular o irregular. A nuestro modo de ver, es indiferente el matiz de regularidad o de irregularidad en la protección de derechos. Respecto al primer punto, decimos que no tenemos ningún inconveniente en aprobar que llegue ese informe en el plazo de dos meses, puesto que probablemente llegue a la Cámara mucho antes de esos dos meses. El segundo punto de la proposición sí nos plantea bastantes problemas en la forma en que está redactado y no nos los plantearía si se aceptara la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En definitiva, creo que tenemos que hacer una reflexión sobre un problema que tiene la sociedad española en este momento y que no lo tenía hace tiempo. Es el problema de la presencia de una serie de inmigrantes irregulares, que van adoptando una actitud que muchas veces rompe una vía de paciencia que guiaba la actitud del extranjero sin visado que quería entrar en territorio europeo. Esta vía de paciencia habitual de quienes querían entrar en territorio europeo se está rompiendo en determinados incidentes, que por ahora son aislados, aunque tenemos que ser conscientes de que esta es una materia que nos va a crear una serie de problemas tanto a la sociedad española como al Gobierno en el futuro, en una forma mucho más acentuada de lo que lo ha sido hasta ahora. El Gobierno actual y el Gobierno anterior también en esta materia pueden estar satisfechos de que la inmigración no es un problema para la sociedad española, pero tenemos que reflexionar sobre las iniciativas que en el futuro se planteen en esta materia, buscando la mayor unanimidad posible en la iniciativa, renunciando a determinados particularismos y protagonismos y buscando que la inmigración en España siga sin ser un problema de la sociedad española. Que la sociedad española tenga la capacidad de ir absorbiendo al inmigrante que llega a nuestro territorio, dándole plenos derechos, garantizándole una cobertura efectiva y un trato como persona, y que no se vea como una vía de obtención de mano de obra barata, de trabajo irregular, que parece que es lo que se pretende en determinados ámbitos. Desde luego, esa no es la idea del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.
¿Grupos parlamentarios que no hubieran intervenido en el debate y que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con lo que han dicho los señores portavoces, tanto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, autora de la iniciativa, como los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, en verdad estamos ante un problema de índole, en el fondo, digamos, político, social y, en la forma, administrativo. Efectivamente, como bien se ha puesto de manifiesto, cuando aprobamos aquí la Ley Orgánica 7/1985, sobre Derechos y Deberes de los Extranjeros en España, la

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denominada Ley de extranjería, y se dio cabida a la posibilidad del internamiento en centros que no tuvieran el carácter de centros penitenciarios, sino lo que se llama con la palabra albergues en la propia iniciativa del Grupo Socialista, y que nosotros compartimos, se habló de la necesidad de un real decreto, pero el Real Decreto 155/1996, como bien se ha evidenciado, en el artículo 108 y siguientes, y sobre todo en el 113, no resuelve esta cuestión. Este es un asunto que tenemos que abordar, ya que está apareciendo en todas las memorias; esta mañana lo hemos visto en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y hemos visto la posición tan elogiable de esa institución en la defensa de los derechos humanos de estos colectivos.
El problema no es sencillo, sobre todo económica y solidariamente, y digo solidariamente porque mi grupo entiende que en España, al transformarse en frontera con toda la región del Magreb y todo el norte de Africa, debe haber un principio de solidaridad, sobre todo en lo que es la financiación de estos centros de internamiento o albergues, y dentro de la teoría del tercer pilar europeo de justicia y régimen de interior, con otros países de la Unión Europea, porque nos encontramos recibiendo las oleadas de inmigrantes ilegales procedentes de todo el continente africano.
Mi grupo desea una solución de este tema y aquí se han presentado unas enmiendas que, estando de acuerdo en el fondo, vienen a complementar las formas. Yo haría una reflexión a la portavoz socialista, porque mi grupo comparte lo que se contiene en su idea, pero tampoco podemos pedir plazos perentorios, que no llevarían a ningún cumplimiento posible y fáctico, dentro de un mínimo de pragmatismo. Se podrían recoger insinuaciones, propuestas, incluso como enmiendas alternativas que mi grupo comparte, como ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano. Nosotros estamos en esa línea. En primer lugar, pedimos la supresión de la figura de un juez específico para estos centros de internamiento, porque eso nos obligaría a ir donde debería estar esta figura, que es en la Ley del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, estaríamos pidiendo una cosa que habría que pedir en otro lugar, Y, en segundo lugar, que los plazos sean prudenciales.
Nosotros, repito, apoyamos y vemos con mucho interés la enmienda transaccional que ha ofertado el señor Campuzano. Si no, estaríamos en una situación de aprobar hoy una iniciativa que tendría que verse modificada o alterada de alguna manera cuando llegue a esta Cámara el informe sobre los centros de inmigrantes y personal extranjero en situación de régimen de expulsión. Parecería más lógico que toda iniciativa parlamentaria a este respecto procediera de un documento, el dictamen que próximamente vendrá a esta Cámara, y, a partir de que todos los grupos, votando, nos comprometamos con los principios fundamentales y básicos de ese dictamen, individualmente o de forma consensuada, solicitemos del Gobierno la realización de estos centros de internamiento o albergues para este personal.
Por tanto, mi grupo estaría en condiciones de apoyar una solución que fuera un ensamblaje entre los principios fundamentales que contiene la idea del Grupo Parlamentario Socialista con los de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y la de Convergència i Unió que he indicado, respetando la específica del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Si no, tendríamos que votar en contra y esperar la llegada del dictamen correspondiente para construir, sobre el dictamen consensuado con el voto mayoritario, al menos, de toda la Cámara, las futuras iniciativas legislativas, una de las cuales pudiera ser perfectamente ésta, pero adaptada al dictamen.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco apoya siempre las iniciativas más favorables al trato humano y digno de los extranjeros, sean legales o ilegales, aun dentro de los matices diferenciales que consagra el artículo 13 de la Constitución española. Por eso, nos pareció en su día escasa la regulación de la Ley Orgánica 7/1985, llamada de extranjería, texto legal al que yo he calificado en alguna ocasión en esta Cámara de poco generoso.
El Tribunal Constitucional, cierto es, admite algo tan singular como que puedan ser internados en determinados centros personas que hayan incurrido en simples irregularidades administrativas que puedan ser causa de expulsión, en contra del criterio en su día manifestado por el Defensor del Pueblo. Entendemos que, aun siendo constitucional esta medida, deberá ser siempre sin demérito de sus derechos y con la garantía de mantener su dignidad y su esfera de privacidad íntegra.
Creemos que la regulación de los centros de internamiento contenida en el reglamento del año 1996 ha devenido insuficiente, tanto por el progresivo incremento de los flujos migratorios que actualmente acceden a España como porque no se ha efectuado el desarrollo de las normas de funcionamiento interno de cada uno de los centros. Señorías, a nosotros nos gusta que desde esta Cámara se haga un llamamiento al Gobierno en esta materia con el texto que presentaba el Partido Socialista y nos gusta la enmienda introducida por el BNG, aunque creemos que, en definitiva, el texto final acabará siendo consensuado.


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Quiero hacer especial referencia a la figura del juez de vigilancia, puesto que ha sido aludido por otros. Desde nuestra óptica, no hay inconveniente alguno para que esta figura se pueda establecer, puesto que constitucionalmente a los jueces no les corresponde sólo juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino también la garantía de los derechos, y esa es la función que tendrían atribuida en este caso. Si examinamos una noticia aparecida en la prensa en días pasados, en la que se hacía mención a que los Quince controlarán en breve las huellas dactilares de los inmigrantes ilegales, en referencia a un acuerdo de los ministros de Justicia e Interior en el seno de la Unión Europea, una tiene la sensación de que los europeos acreditan bastantes avances en los aspectos más restrictivos de los ámbitos de la Justicia y de Interior, pero que la protección y la tutela de los derechos no se están efectuando tan rápido.
Por ello, votaremos a favor del texto presentado por los socialistas, con las enmiendas que se acepten, o del texto que, según los indicios de lo expuesto hasta ahora, será consensuado por todos los grupos.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Gracias, señora Uría.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanes.


La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
En el marco del trabajo de la subcomisión para el estudio de la situación de los españoles que viven fuera, así como de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país, hemos valorado todos los grupos la necesidad de cambios de estrategia importantes para enfocar el futuro de la inmigración desde otras claves y, sobre todo, partiendo de la realidad actual, que, evidentemente, ha evolucionado en estos últimos años de una forma espectacular.
Nuestro grupo ha entendido siempre la necesidad de avanzar seriamente en las políticas de inmigración desde la consideración de la inmigración fundamentalmente como preocupación policial o de mero control de flujo migratorio hacia la consideración de la inmigración como un elemento permanente y, por tanto, con una clara voluntad de integración social y de otro modelo de relaciones, situando nuestro grupo el problema de fondo en la desigualdad del desarrollo internacional y en la necesidad de un nuevo modelo de relación entre los diferentes países y entre las diferentes zonas.
Nuestro grupo defenderá en su momento el desarrollo de nuevos marcos legislativos que, más allá de la ordenación y racionalización de los trámites administrativos, permitan avanzar hacia una verdadera igualdad de derechos y hacia el respeto de la diversidad cultural. Entre tanto, vamos a apoyar las reformas o mejoras que puedan significar avances en el reconocimiento de las garantías y derechos de los extranjeros en España y, en este caso, como propone la proposición no de ley, de los extranjeros en centros de internamiento.
La proposición no de ley nos viene a plantear la necesidad de modificar el reglamento sobre funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España desde una perspectiva que se ajusta a las suficientes garantías sobre los derechos fundamentales, su tratamiento y sobre los derechos humanos, para velar por la legalidad de la medida de internamiento, abundando en la consideración clave de que no son centros penitenciarios sino, al contrario, centros que denomina la proposición no de ley como albergues provisionales.
La primera parte de la proposición es importante por cuanto va a posibilitar una información detallada de la situación. Y en la segunda parte establece la necesidad de desarrollo del decreto de funcionamiento de los centros y, por tanto, de una adecuación de las condiciones actuales, porque esas personas habrían procedido a una infracción administrativa --eso ha estado condicionado y se ha puesto de manifiesto en el debate-- y esos centros en ningún caso deben tener un carácter semipenitenciario, como han establecido las diferentes sentencias.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Vamos a votar favorablemente la transaccional que ha propuesto la representante del Grupo Socialista, aunque, a nuestro entender, el punto 3, tal como estaba explicitado, tampoco tenía ningún inconveniente, así como la creación de la figura del juez de vigilancia. En todo caso, y en función de la aceptación de la proponente, vamos a votar favorablemente la proposición no de ley, si es que se aprueba por consenso. Si no, en todo caso, la proposición final que ha planteado el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sabanes.
A continuación intervendrá la señora Fernández para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas y defendidas por los señores Rodríguez, Campuzano y Jordano, entendiendo que la enmienda presentada por el señor Campuzano quedaría en los términos que ha ofrecido al final como transaccional.
Tiene la palabra su señoría.


La señora FERNANDEZ SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, recordaba en mi intervención los resultados de las encuestas de tendencias sociales. Y mientras expresaba el deseo de mi grupo de buscar una vez más la unanimidad en estas materias, pensaba si a lo mejor

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un día nos volvíamos locos en este Parlamento y en vez de encontrar soluciones y consensos sobre mínimos, en algunos temas podíamos encontrar consensos sobre máximos.
Buscando esa unanimidad que hemos intentado a lo largo del último año en una materia que afecta a los ciudadanos con menos derechos de la sociedad española --por lo menos derechos prácticos-, como son los inmigrantes, el Grupo Socialista plantea aceptar la primera enmienda del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, que se refiere al punto primero de nuestra resolución. Y, tal como decíamos antes, cuando el Bloque propone un apartado e) nuevo, nosotros proponemos que se convierta en apartado d), y que el apartado d) de la propuesta del Grupo Socialista pase a ocupar el puesto e). El punto 1, quedaría tal como lo ha planteado el Grupo Socialista, incorporando la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto; y respecto del apartado 2 de nuestra proposición no de ley, aceptamos la enmienda que nos plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero no la que nos presentó por escrito, sino la que el diputado Campuzano ha leído y entregado a la Cámara.
Y en el punto tercero, agradeciendo mucho al Grupo de Izquierda Unida y al Partido Nacionalista Vasco su apoyo, y buscando el consenso de toda la Cámara, planteamos esta enmienda que yo he entregado al presidente de la Mesa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no de ley en los términos indicados por la señora Fernández.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España, de conformidad con las garantías derivadas de nuestro sistema constitucional, en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA (Continuación): --DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA RIOJA (Número de expediente 127/000010)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de totalidad aplazado, correspondiente al punto primero del orden del día, relativo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Para la presentación ante el Pleno de la propuesta de reforma, la Diputación General de La Rioja ha designado a los portavoces de tres de sus grupos parlamentarios: los señores Pascual Ocio, Pérez Sáenz y Escobar Las Heras, que, tras asistir a las celebraciones que durante la mañana de hoy han conmemorado el día de La Rioja, se incorporan al Pleno, acompañados de la presidenta de su Asamblea. (Rumores.) Ruego a quienes hayan de abandonar el hemiciclo para atender a otras obligaciones parlamentarias lo hagan con celeridad y en silencio. Por favor, señora de Lara, en silencio.
Tiene, en primer lugar, la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Diputación General de La Rioja, don Conrado Escobar Las Heras. La tendrá a continuación el portavoz del Grupo Socialista y finalmente el del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor DIPUTADO DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA (Escobar Las Heras): Gracias, señor presidente.
Señorías, presidenta y miembros de la Mesa del Parlamento de La Rioja que nos honran en este momento con su presencia, permitirán que diga, en primer lugar, que acudo a esta tribuna con un doble sentimiento. Por un lado, la satisfacción que, como portavoz del Grupo Popular me corresponde al presentar en esta Cámara los trabajos de reforma del Estatuto de La Rioja, y precisamente en un día tan señalado para todos los riojanos como es el día de nuestra autonomía, el día de La Rioja. Hoy, 9 de junio, es para todos los riojanos nuestra fiesta mayor, es el día de La Rioja.
Por otro lado, la tristeza que precisamente como riojano siento al no haber podido estar compartiendo con mis paisanos, en mi tierra, una festividad tan señalada. Aunque, en este sentido, justo es reconocer en esta primera parte de mi intervención la especial sensibilidad que ha tenido la Cámara al alterar el orden del día y permitir que nos acompañen autoridades de nuestra comunidad autónoma, en este caso la presidenta y miembros de la Mesa del Parlamento regional.
Dicho esto, que es una afirmación que imagino compartirán conmigo cuantos riojanos haya aquí, en esta Cámara, comenzaré diciendo que esta reforma, estos trabajos, recogen las legítimas aspiraciones de los riojanos, conjugando nuestras reivindicaciones con la lealtad a los principios de solidaridad y unidad constitucional.


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Es una reforma, señorías, que, gracias al importantísimo esfuerzo realizado en nuestra Cámara, en el Parlamento regional, se erige como la más amplia y ambiciosa de la historia del Estatuto de San Millán. También creo, y ahí queda esta afirmación para el «Diario de Sesiones» de la Cámara, que es una de las más amplias de cuantas haya tenido ocasión de conocer este Congreso.
La Rioja, como comunidad autónoma, como región, precisa adaptarse continuamente a los profundos cambios institucionales que se avecinan.
Nuestra comunidad autónoma necesita disponer de las herramientas para responder a las demandas de los riojanos, pero también, señorías, para seguir colaborando en la construcción de un Estado sólido y moderno. En este punto quiero señalar y hacer especial hincapié en que La Rioja, como comunidad autónoma, viene contribuyendo, desde una perspectiva cultural, social y económica, en el desarrollo de España. Esto quiero dejarlo patente en esta tribuna.
Los riojanos, efectivamente, somos gente solidaria y vamos a seguir siéndolo, ese es nuestro propósito; pero con esa misma legitimidad, la que nos brinda el hecho de ser solidarios, exigimos y defendemos igualmente el pleno y leal ejercicio de todos y cada uno de nuestros derechos sin cortapisa alguna. Este acto parlamentario constituye, a mi juicio, la palpable voluntad de un pueblo que, orgulloso de su pasado, mira al futuro con ilusión.
Mucho se ha dicho aquí de nuestra comunidad autónoma, de La Rioja, pero una vez más tengo que decir que, efectivamente, la historia de nuestra región es rica, encrucijada de reinos se la ha denominado, crisol de culturas o tierra de encuentro. Quizás por eso, por ser una tierra de encuentro, haya querido el destino correspondernos alojando en nuestra tierra un nacimiento universal, el de la lengua castellana, y algo he oído en anteriores intervenciones. Lo cierto es que el destino, insisto, ha querido correspondernos alojando en nuestra tierra un idioma que hace posible el diálogo entre todas las regiones españolas, que define e identifica a más de 400 millones de personas en el mundo, y este estatuto --los trabajos que aquí se presentan-- no podía ignorar este singular acontecimiento. De ahí, señorías, que sea precisamente el lugar donde tuvimos el honor de recoger los primeros balbuceos del castellano, el que da nombre a nuestro estatuto, Estatuto de San Millán.
Pero hay otro dato que realmente diferencia a La Rioja, y es que tiene su futuro muy presente. Somos tierra generosa que cultiva el arte de vivir y de progresar, una tierra que prospera gracias al trabajo constante del riojano, aprovechando al máximo, eso sí, sus recursos y que siempre mira al futuro como oportunidad y nunca como amenaza. Esta es nuestra pequeña gran diferencia, señorías. Los riojanos, con poco, somos capaces de hacer mucho.
Y con este horizonte presentamos esta iniciativa, porque el modelo de región que estamos construyendo reclama un nuevo impulso en nuestro autogobierno a través del marco estatutario. Este es el único camino posible para seguir manteniendo nuestros niveles de desarrollo, nuestra posición en el conjunto de España y de Europa. Y hablo de Europa y me refiero a Europa porque el camino de Santiago, primer itinerario europeo, ha definido en La Rioja históricamente una vocación creciente hacia el exterior, una vocación que hoy se prolonga por medio del eje del Ebro y cuya dimensión nos proponemos desarrollar, tanto en lo cultural como en lo económico.
En las cercanías del próximo siglo, el Estatuto de San Millán se rige como nuestro mejor garante ante el siglo XXI y la presente reforma, señorías, nos afianza en nuestro camino hacia el progreso. Bajo estas premisas se presenta esta proposición de ley; una proposición que viene con vocación de permanencia porque ha recibido el respaldo de 29 de los 33 diputados que componen nuestro Parlamento regional y que, tras intensas deliberaciones, ha supuesto la modificación de 37 artículos de los 44 con que cuenta inicialmente y que ha engrosado el texto hasta un total de 57 preceptos. Son cifras elocuentes de lo que ha supuesto el trabajo en la sede parlamentaria regional. Con esta reforma, señorías, los riojanos no sólo hemos ampliado en más de 30 nuevas materias nuestro techo de autogobierno, sino que, además, hemos reforzado e incrementado nuestras instituciones y sentamos las bases de las reformas administrativas para un más eficaz servicio al ciudadano, que es otro de los ejes que nos ha impulsado a presentar esta reforma.
Señorías, y voy acabando, es un estatuto que pretende compartir con España los mejores valores de La Rioja; un estatuto que, fiel a nuestra historia, ansía el futuro, que se muestra solidario, pero que también exige, en correspondencia, solidaridad a todos.
En conclusión, señorías, este es el estatuto que queremos los riojanos y con este deseo solicito lógicamente el apoyo de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar Las Heras.
Como anticipé, tiene ahora la palabra don José Ignacio Pérez Sáenz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor DIPUTADO DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA (Pérez Sáenz): Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para presentar y defender la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobada por nuestro Parlamento regional.
Permítanme que mis primeras palabras sean de recuerdo para una de las personas que trabajó con entusiasmo en la ponencia durante la tramitación autonómica

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de esta reforma. La diputada regional de nuestro Grupo Socialista, doña Carmen Valle de Juan, senadora años atrás, nos dejó hace dos días de forma tan inesperada como absurda. Que mis palabras de reconocimiento agradecido queden en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara es deseo compartido por todos. La defensa de este texto que traemos a las Cortes será nuestro mejor homenaje.
En la exposición de motivos de la presente proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja se alude a la experiencia positiva de estos años de gobiernos autonómicos. El ejercicio de las diversas competencias durante el desarrollo autonómico ha reportado indudables beneficios para los ciudadanos, tanto desde el punto de vista social como desde el político y el de la convivencia entre los pueblos de España. La cercanía del poder ha facilitado una mejor y más rápida percepción de los problemas y de las necesidades, así como de la dimensión territorial de los mismos. Tener la capacidad de decisión y ejercer el autogobierno ha posibilitado eficacias y eficiencias, aunque no siempre esa necesidad se haya convertido en realidad positiva.
La reivindicación del sistema democrático estuvo vinculada a la de la autonomía. Lo que en principio parecía una solución de problemas históricos de articulación del Estado y la convivencia pronto se vio también como la manera idónea de descentralización política y no sólo administrativa. Si en algunos casos la ampliación competencial pudo obedecer a una carrera autonomista apoyada en el victimismo o a la exhibición de agravios comparativos, la verdad es que el ejercicio de esas competencias ha sido en general beneficiosa para los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, siendo esa percepción positiva la que fundamenta el deseo y aspiración de un mayor nivel autonómico.
Si en ocasiones se ha mirado a otras comunidades y se ha solicitado una equiparación competencial, no creemos que haya sido por envidia, como una muestra más de uno de los defectos nacionales. Al menos no son ésas las razones de las reformas estatutarias. Con mayor o menor acierto, los ciudadanos han vinculado el progreso de la comunidad a la que se miraba con el ejercicio de mayores competencias. No es extraño, por tanto, que se haya pretendido y reivindicado ese mismo autogobierno. Hablar despectivamente de café para todos para deslegitimar estas reformas, la de 1994 y la actual, no parece muy coherente con la concepción de poder como servicio a los ciudadanos. ¿Por qué lo que se considera bueno para los ciudadanos de una comunidad autónoma se quiere negar a las otras? ¿Por qué es necesario, para que algunos se autoafirmen, el negar a los demás lo que para ellos resulta beneficioso? Dejemos, por tanto, los enfrentamientos o miradas recelosas entre comunidades autónomas. Los políticos debemos esforzarnos para que los ciudadanos dirijan su atención hacia las prioridades que el Gobierno de su comunidad establece en el ejercicio de sus competencias. La equiparación sustancial que contempla la reforma de los estatutos con la que nos hemos comprometido permitirá evitar esta apelación continúa a las diferencias entre comunidades. La calidad de los servicios que el poder autonómico preste a sus ciudadanos será la que establezca las diferencias, y las capacidades de autogobierno que contemplen sus estatutos se ejercitarán de una u otra forma con una u otra orientación. Esa será la piedra de toque del ejercicio autonómico.
En un principio se pensó en una mera descentralización administrativa para determinadas comunidades y los estatutos respectivos recogieron una serie de limitaciones institucionales. La fuerza de los hechos y el desarrollo de la autonomía de las regiones nos ha conducido a una verdadera descentralización política y al ejercicio de un verdadero autogobierno. Por esta razón, la actual reforma que ahora presentamos elimina limitaciones y adapta el marco institucional a esta realidad. Si defendemos esta reforma del Estatuto y lo hacemos dentro de un proceso global con el resto de las comunidades autónomas, es porque creemos que sólo así puede desarrollarse de forma equilibrada y cooperativa un Estado complejo. La existencia de diversos niveles de funcionalidad o de contribución a los intereses generales puede distorsionar la articulación política de España. Todos los instrumentos de cooperación existentes o por incorporar serán más operativos y funcionales si entre todas las comunidades se establece una equiparación sustancial de competencias.
Señorías, esta equiparación sustancial que proponemos y defendemos no está reñida con la aceptación de los llamados hechos diferenciales; nos referimos a aquellos que están recogidos en la Constitución o se deducen de la misma. El reconocimiento de estas singularidades y diferencias debe ser compatible con el rechazo rotundo de discriminaciones y desigualdades. Las situaciones de desigualdad o discriminación no se derivan de la capacidad o competencia, sino de un uso de la misma no acorde con otros principios, a los que también se debe atender.
Los ciudadanos de La Rioja pueden sentirse perjudicados por determinada aplicación de la foralidad, no por la foralidad en sí, que quede claro.
Creemos que hay que lograr un correcto equilibrio en la atención a todos los principios que deben guiar la acción política; sólo así se evitarán los privilegios discriminatorios. Mientras no se logre esta armonización, sobre todo en el aspecto fiscal y financiero, por influjo de normativas europeas o por otras medidas, la reforma del Estatuto que presentamos establece la posibilidad de un acuerdo para corregir los desequilibrios que ese ejercicio pueda producir en La Rioja. Se trata de una salvaguarda ante efectos negativos que pudieran derivarse; no afirmamos que tenga que ser así o que no existen otras soluciones. Lo que el texto de la reforma pretende es

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asegurar el cumplimiento del mandato constitucional de prohibición de privilegios o desigualdades para los ciudadanos por razón del territorio.
El Partido Socialista de La Rioja, pese a no haber tenido ofertas de consenso en otros temas considerados de región o de Estado, ha dado una muestra de responsabilidad. El Partido Popular, que usa y abusa en La Rioja de su mayoría absoluta, sólo ha solicitado el acuerdo cuando nuestros votos le han sido estrictamente necesarios. Ni para la financiación autonómica ni para la firma de las transferencias últimas se nos ha querido tener en cuenta. A diferencia de las legislaturas anteriores, las leyes se imponen y no se llega a consenso alguno. No obstante, hemos participado activamente en la elaboración del texto reformado y hemos votado a favor. No estaría de sobra un grado semejante de responsabilidad de Estado por parte del Partido Popular y a ello apelamos, porque nunca es tarde.
No me queda, señorías, sino solicitar el apoyo a esta reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, con el convencimiento de que así se contribuye a una mejor y más fructífera funcionalidad del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Sáenz.
En fin, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra don Vicente Pascual Ocio.


El señor DIPUTADO DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA (Pascual Ocio): Señor presidente, señoras y señores diputados, es un honor, como parlamentario de la Diputación General de La Rioja, representar a nuestra comunidad autónoma en la presentación hoy ante esta Cámara de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, tal y como lo aprobó la Diputación General en su sesión del día 28 de mayo de este mismo año.
Una premisa característica que hay que resaltar antes de entrar en contenidos es que éste es el primer texto del estatuto de autonomía que no tiene su aprobación por unanimidad en la Diputación General.
Lamentablemente no ha podido ser por la cerrazón de los grupos mayoritarios que han unido sus votos para cercenar una serie de enmiendas de los grupos minoritarios, que en el transcurso del trabajo de la ponencia hemos intentado convencer y fundamentar porque equiparaban la capacidad política, financiera y competencial con las demás comunidades autónomas. Es un texto en el que la Diputación General no se ha limitado, como en otras ocasiones, a cumplir un mero trámite de lo pactado por las dos fuerzas políticas a nivel de todo el Estado, pero como decía anteriormente, no se ha conseguido el consenso por las limitaciones impuestas por los dos grupos mayoritarios. Es un texto que modifica y amplía el anterior estatuto, que avanza en el autogobierno de La Rioja y en un Estado más autonómico, y que progresa respecto al hasta ahora vigente en el techo competencial y en la capacidad del Parlamento autonómico. Si hubiéramos de resumir el contenido de esta reforma, diríamos que amplía en algunos de los artículos las competencias para La Rioja, pero seguidamente también tenemos que decir que no lo hace en temas que entendemos fundamentales, como es la capacidad política y financiera. Habrá que esperar otra reforma del Estatuto, que estamos seguros de que se acometerá en breve tiempo, para convencer a la Diputación General de la necesidad de asumir las enmiendas que en este texto no se han aceptado por los grupos mayoritarios.
Efectivamente, hay una ampliación de competencias, operada por la vía de la reforma, para poder gestionarlas desde una mayor cercanía de la ciudadanía. Entre ellas está la creación del homólogo del Defensor del Pueblo en La Rioja, el Tribunal de Cuentas, el consejo consultivo como órganos de la Diputación General, el desarrollo de competencias exclusivas y alguna otra competencia de desarrollo legislativo y ejecutivo.
No hemos podido ampliar el Estatuto en capacidad política, como puede ser la disolución de la Diputación General, que queda limitada al tiempo de la legislatura, ni la posibilidad de creación de un cuerpo de seguridad autonómico, ni la participación en el reparto de los fondos de compensación del Estado, ni tampoco la organización, la administración y la tutela de las instituciones en materia de sanidad y Seguridad Social, los sistemas de consultas populares y otras que por limitación de tiempo no voy a enumerar. No obstante, esperamos que las enmiendas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de La Rioja ha mantenido --y su no admisión fue el motivo de nuestro voto en contra del texto de la Diputación General al ser fundamentadas y defendidas por nuestro Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en esta Cámara-- sean consideradas y admitidas por todos los grupos, consiguiendo dotar a nuestra región de competencias exclusivas similares a las de otras comunidades autónomas como Aragón, Valencia y Canarias; en régimen local: ordenación farmacéutica, sanidad e higiene, defensa del consumidor y del usuario y sobre todo potenciar el protagonismo del Parlamento autónomo frente al presidencialismo ejecutivo. Venimos con la voluntad de profundizar en nuestra capacidad de convencimiento para que sean aceptadas por los grupos parlamentarios estas mejoras que amplíen la capacidad política, financiera y competencial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por todo lo expuesto, y estando convencidos de la necesidad de la reforma del Estatuto, esperamos que este texto que hoy presentamos en esta Cámara en el trámite parlamentario sea mejorado y ampliado en su capacidad política y competencial. Si así es, nos veremos

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más identificados con él de lo que nos encontramos en estos momentos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual Ocio.
Concluida la presentación por parte de los representantes de la Diputación General, pasamos a la fijación de posición de los grupos parlamentarios del Congreso que deseen hacerlo.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Luis Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con su venia.
Por parte de Coalición Canaria y como portavoz de la misma, quiero que nuestras primeras palabras sean de bienvenida y de felicitación por ser el día de la comunidad autónoma. Anuncio que Coalición Canaria va a votar favorablemente la toma en consideración de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Es un momento oportuno para que esas pequeñas modificaciones que se produjeron hace pocos años de la Ley Orgánica 3/1982, con la que La Rioja accedió a la España de las autonomías en razón del Título VIII de nuestra Constitución, encuentren hoy aquí una acogida de los grupos de la Cámara que vamos a apoyar su toma en consideración. Abrimos un horizonte de optimismo, un horizonte de posibilidades para que la comunidad autónoma, expresándose democráticamente a través de su Diputación General, de su Parlamento Autonómico, busque en el principio de solidaridad de las fuerza políticas y de las restantes comunidades autónomas la configuración en armonía con el mayor índice de competencias dentro de las restantes comunidades autónomas.
Desde nuestra lejana, periférica y entrañablemente española Comunidad Autónoma de Canarias, al dar esta bienvenida, este saludo, esta felicitación deseamos que lo que comienza hoy como trámite parlamentario con buenos augurios, ya que tiene lugar en el mismo día de la fiesta de la comunidad autónoma riojana, encuentre también un remate feliz en el ejercicio por parte de sus ciudadanos y de todas las fuerzas parlamentarias representadas hoy y en el futuro en el Parlamento de La Rioja, para que tengan la plena satisfacción de encontrarse con un traje constitucional cómodo en el marco de los principios legales que inspiran el Estado español. Por ese afán de democracia, de vínculos de solidaridad y de cerrar todo un proceso cuya primera fase estamos realizando hoy aquí, Coalición Canaria reitera sus votos de apoyo que serán constantes en todo el trámite parlamentario.
Nada más, deseándoles felicidad y éxito en esta andadura democrática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero saludar en el comienzo de mi intervención, en nombre de mi grupo, al igual que lo ha hecho quien me ha precedido en el uso de la palabra, a los representantes de la Diputación General de La Rioja y a su presidenta, presentes en esta Cámara; órgano que tras la aprobación de este estatuto, si es que culmina todos sus trámites, como deseamos, pasará a denominarse Parlamento.Les felicitamos igualmente en el día de la fiesta de su comunidad que se ven obligados a pasar en nuestra compañía, pero esperamos que sirva para que fructifique el texto que hoy comienza su andadura.
Como otras modificaciones llegadas a esta Cámara de los llamados estatutos del 143, el texto que hoy nos traen tiene una importante elevación de su techo competencial y, según se dice en su exposición de motivos, es la primera vez que el Estatuto de Autonomía de La Rioja es reformado por voluntad de su propio Parlamento, es decir, a partir de una iniciativa nacida de la propia Cámara, lo que hace que esta reforma refleje la voluntad del pueblo riojano, no de todo el pueblo riojano, como ha tenido ocasión de manifestar el representante de Izquierda Unida, pero a pesar de ello valoramos esa mayoría con la que hoy llega.
Contempla, como también lo hacen otras reformas de estatutos, la disolución anticipada, si bien con el matiz de referirse al propio tiempo que quede legislatura. Nos parece significativo el cambio de denominación al que ya he aludido del órgano legislativo, más en la línea de consagración de un auténtico poder legislativo que cohonesta mejor con el órgano o con las potestades que se le quieren atribuir en el estatuto.
Se establece también una institución similar a la del Defensor del Pueblo como comisionado del Parlamento en su artículo 22, pero renuncian, sin embargo, a la tenencia de tribunal de cuentas propio, ya que el artículo 32 hace referencia al Tribunal de Cuentas del Estado y a los artículos 136 y 153 de la Constitución Española.
Es curiosa y única, al menos en lo que yo conozco, la previsión del artículo 41, respecto a la participación de los ciudadanos riojanos en la Administración de justicia mediante la institución del jurado. No creo que se contempla en ningún otro estatuto.
Sí consagran en el Estatuto el consejo consultivo, que tenía ya existencia legal, en lo que yo conozco a través de su presidente, con cuya amistad me honro, con una enorme solvencia.
No puedo concluir mi intervención sin hacer referencia al artículo 46 previsto en la reforma que hoy se nos somete a consideración ya que este precepto tiene nombre y apellidos, vascos por cierto.


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Creemos que es un texto menos defensivo que el de la proposición del Estatuto de Castilla y León, pero también incurre en los mismo defectos en lo relativo al efecto frontera. Desde nuestra óptica no es admisible el presupuesto del que parte, pues constitucionalmente no es posible que del legítimo ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los territorios forales se deriven perjuicios para La Rioja. Si no fuera así, si cupiesen perjuicios, también cabría pensar en que las posiciones de una y otros podían alterarse en determinados supuestos; es decir, habría que prever los casos en los que el ejercicio de competencias por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja pudiese deparar perjuicios a los territorios forales que le son vecinos. Sin embargo, del mismo modo que en el caso de Castilla y León, se echa en falta que no se diga nada acerca de estos posibles perjuicios. Es un defecto achacable a la norma, si bien --insistimos-- creemos que es una hipótesis, que no es posible, que la norma queda hueca y que desde este punto de vista resulta inútil.
Más bien parece, como he indicado con ocasión del Estatuto de Castilla y León, que de lo que se trata es de hacer frente al número importante de resoluciones judiciales que consideran inviable el que una comunidad autónoma recurra ante las salas de lo Contencioso-administrativo en legítimo ejercicio de sus competencias por parte de otra. La legitimidad o la legitimación no reconocida por los tribunales se quiere plasmar ahora a través de una norma de este estilo en un estatuto que, repito, no se cohonesta con el sistema constitucionalmente establecido y que resulta hueca y por tanto inútil.
También quiero hacer referencia a otra cuestión. La disposición adicional segunda del texto que se nos somete tiene una previsión sobre enclaves, en este caso los referidos a territorios vascos. A lo que quiero aludir es a que, estando ya previsto en el texto actualmente vigente la posibilidad de que existan territorios enclavados, ahora se articula un procedimiento en el caso de que se vaya a producir la anexión o desanexión. A algo así me refería al aludir a la posible solución que cabría establecer respecto de Treviño en el Estatuto de Castilla y León, ya que en este caso el procedimiento que se establece en el Estatuto de La Rioja es exactamente idéntico al establecido en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Con ello --concluyo--, votaremos sin ninguna duda a favor de la toma en consideración de la iniciativa, facilitando sus pasos por toda la Cámara, pero, tal y como ha quedado evidente en la exposición que he efectuado, el artículo 46 será objeto de enmienda por nuestra parte.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que lógicamente va a ser de apoyo a la toma en consideración de esta propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de La Rioja, que hoy nos han presentado los dignos miembros de la Diputación General de La Rioja.
Nos parece acertado que las comunidades autónomas en uso de los instrumentos y los mecanismos constitucionales vayan alcanzando un techo mayor de soberanía autonómica, es decir, de competencias y de capacidad de autogobierno y que esto se haga, como digo, en el marco de lo que señala la Constitución. Nos parece bien, además, que este estatuto de autonomía haya surgido del propio Parlamento y que tenga una mayoría muy cualificada de apoyo; nos parece acertado también todo aquello que representa un incremento de su capacidad de autogobierno, aunque, como ha señalado la señora Uría, probablemente se haya quedado a medio camino, si lo comparamos con otros estatutos que se han venido tramitando en los últimos meses en esta Cámara y en el Senado.
Nos llama la atención positivamente, y les felicitamos, que nos digan en su exposición de motivos que la reforma se enmarca en aquellas posibilidades que tiene La Rioja de acuerdo con la Constitución, pero que sería preciso una presencia de La Rioja en las instituciones europeas.
Esto nos parece impecable estando en la Unión Europea. Venimos preconizando precisamente la participación más activa y responsable --si quieren ustedes lo diré en un lenguaje más común-, más solidaria de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de España en la Unión Europea. Parece ser --ya no lo decimos sólo los catalanes sino también los riojanos-- que sería necesaria una intervención acentuada en la política general del Estado de las Autonomías, que igualmente es lo que venimos preconizando. La Rioja dice: Es necesario, pero nuestra capacidad autonómica, de acuerdo con el diseño constitucional, no nos lo permite y además que lo sea en todo aquello que represente la configuración de un Estado plural, digámoslo así, para no molestar a nadie. Por tanto, nos parece muy acertado desde el lamento, porque es desde él como y cuando se dice en la exposición de motivos. Observamos con satisfacción que van creciendo en este Estado autonómico que se va construyendo, con perseverencia y con no pocas tiranteces, unas posiciones muy históricas de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.


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El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a los representantes de la Asamblea de La Rioja que hoy se encuentran aquí con nosotros. A continuación, quiero manifestar que normalmente nuestro grupo parlamentario viene manteniendo en esta Cámara posiciones favorables a la toma en consideración de las proposiciones de reforma de los estatutos que vienen de las comunidades autónomas, exceptuando, como es lógico y por coherencia, aquellos casos en los que nuestro grupo político mantiene posiciones diferenciadas en los parlamentos autonómicos.
Con esta posición pretendemos ser respetuosos con las decisiones que las comunidades autónomas adoptan en cuanto a articular su capacidad de autogobierno en función de sus necesidades pero también, como decía antes, teniendo en cuenta cuál es nuestra posición político en esas comunidades.
Como SS. SS. conocen el grupo parlamentario que represento viene defendiendo el avance real de autogobierno de las comunidades autónomas y, sobre todo, que tenga las mismas posibilidades para acceder a niveles competenciales comunes, en función de la determinación de los parlamentos autonómicos.
Somos conscientes de que la asunción de competencias por las comunidades autónomas requiere un proceso de velocidad variable en función del diseño que ellas hayan establecido para sí mismas. Nuestro grupo entiende que la capacidad y velocidad para completar el autogobierno debe estar marcada por la decisión de cada uno de los pueblos. También nuestra filosofía en el modelo de Estado está impregnada por el desarrollo y profundización del Estado de las Autonomías, basado en la solidaridad, como no podría ser de otro modo, y corresponsabilidad entre las comunidades autónomas que conforman el Estado español.
Consideramos importante el día de hoy para la Comunidad Autónoma de La Rioja, que después de dos años de haber iniciado el trámite parlamentario en su comunidad culmina hoy este proceso, importante, sin ninguna duda, iniciando el trámite final en este Parlamento.
Nuestro grupo parlamentario desearía que la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja recogiese las aspiraciones de todos los grupos políticos, pero conocemos y hemos oído las intervenciones que se han producido en esta Cámara en el sentido de que ha faltado el consenso en el texto propuesto.
Nuestro grupo parlamentario lamenta que en este tema tan trascendente para La Rioja las fuerzas políticas presentes en esa comunidad no hayan acercado posiciones y se impongan las mayorías mecánicas sobre los razonamientos de otros grupos, perdiendo la perspectiva del consenso.
No es bueno para la comunidad que esta reforma no incluya ninguna de las aportaciones de los grupos minoritarios. Las exclusiones impiden, sin ninguna duda, que la mayoría de los ciudadanos se identifique con su propio estatuto, y sobre todo porque Izquierda Unida de La Rioja ha defendido con vigor el que La Rioja goce de los mismos derechos competenciales que otras comunidades, no aceptando un modelo desequilibrado y desigual.
Queremos poner de manifiesto la insatisfacción que ha producido en una parte de la sociedad riojana que el proyecto que nos ocupa no recoja mayores techos competenciales, y en este caso nuestro grupo, dentro del respeto que nos merecen los proyectos que vienen a esta Cámara de las comunidades autónomas, no puede apoyar la toma en consideración de este proyecto y anunciamos que en el trámite parlamentario que se inicia hoy en esta Cámara nuestro grupo parlamentario propondrá con enmiendas que el Estatuto de Autonomía de La Rioja goce de un techo competencial asimilable a otras comunidades que han accedido a su autonomía por la misma vía normativa. Defenderemos en este Parlamento las propuestas que Izquierda Unida ha hecho en La Rioja para que el texto definitivo que salga de este Congreso sea duradero y no tenga que reformarse próximamente por insuficiencia en su capacidad política o financiera.
En definitiva, señorías, quiero concluir esta intervención reclamando que el Estatuto de Autonomía de La Rioja tenga un tratamiento en esta Cámara justo e igualitario para que esta comunidad no se sienta discriminada con respecto a las comunidades que accedieron por la vía del artículo 151 de la Constitución española.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Angel Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy, cuando se cumplen 16 años de la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía de La Rioja, adquiriendo esta región, mi región, carta de naturaleza como comunidad autónoma en términos políticos, el Congreso debate la toma en consideración de la reforma profunda de nuestro estatuto, agradable coincidencia, como decía el señor Mardones, tras la modificación parcial del año 1994, comienzo de este debate parlamentario coincidiendo con la aprobación definitiva y la fiesta de mi comunidad.
Mis primeras palabras, señor presidente, son para felicitar al Parlamento de La Rioja por el trabajo realizado ya que, si bien no se ha podido consensuar en su totalidad el texto que se presenta, quizá al abordarse por parte de algunos grupos parlamentarios de la Diputación

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General posturas distintas y diferentes a lo que es la concepción que el Grupo Parlamentario Socialista tiene del Estado de las autonomías, recuerdo y valoro el gran trabajo realizado que ha hecho que se presente un buen texto de la reforma del estatuto de autonomía. Se ha hecho un buen trabajo, señor presidente, y muy especialmente quiero recordar no sólo a los miembros de la Diputación General, sino que también quiero dedicar un homenaje, no sólo personal sino de mi grupo parlamentario, hacia una de las artífices de la reforma que ha formado en épocas anteriores parte del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, Carmen Valle de Juan, que nos ha dejado tristemente este fin de semana sin poder ver terminado su trabajo como ponente del estatuto de nuestra comunidad autónoma.
Quiero saludar también, señor presidente, a los representantes de los grupos parlamentarios que han intervenido, así como a los miembros de la Mesa de la Diputación General que hoy nos acompañan, dejando quizá por unas horas la fiesta e incorporándose a un trabajo que comienza ilusionadamente en este Parlamento.
Hoy es un día importante para la Comunidad Autónoma de La Rioja por lo que celebramos y por lo que espero que celebremos a partir de este momento y cuando esté definitivamente terminada la reforma del estatuto; esta reforma que se enmarca en el avance de los estatutos de autonomía del artículo 143, fruto del diálogo político y de los acuerdos de carácter institucional; acuerdos en los que, a nivel de la construcción del Estado, los socialistas queremos seguir avanzando y profundizando una vez que presentamos y dimos a conocer, no hace mucho tiempo, nuestro modelo político de la articulación del Estado de las autonomías.
No quiero hablar, señor presidente, ni de la historia ni para la historia con palabras grandilocuentes. En La Rioja hablamos poco pero claro y directo, y como socialista de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la autonomía de nuestra región ha supuesto, a lo largo de estos últimos años, un avance importante. Nos dio carta de naturaleza política como región, nos ha permitido tomar decisiones más cercanamente, y en una región como la nuestra es muy importante porque la proximidad es eficacia, hemos podido tener instrumentos directos y claros para impulsar nuestra economía, nuestro desarrollo solidario en la construcción del Estado, nos ha permitido preocuparnos más directamente de los ciudadanos y de sus problemas y nos ha permitido despegar con fuerza, como región, en cuanto nos han dejado andar solos.
En los años de 1960 a 1975 España creció en renta disponible un 164 por ciento, La Rioja lo hizo sólo el 108 por ciento; sesenta y tantos puntos menos que el conjunto nacional. A partir del año 1985, en el que entran en vigor los incipientes desarrollos institucionales a través de las transferencias, el conjunto medio de la renta española ha crecido un 40 por ciento y la de la región de la Comunidad Autónoma de La Rioja el 51 por ciento. Es decir, que la autonomía ha sido eficacia, ha sido crecimiento, ha sido desarrollo para la región. Pero, como a otras regiones españolas, nuestro marco estatutario, superado el día a día por los años de rodaje, por el desarrollo en la gestión, se nos ha quedado pequeño, hemos crecido como región, como también crecen las personas, y el traje se nos ha quedado chico. Por eso apoyamos y aprobamos esta reforma de nuestro estatuto para acercarlo a la propia realidad regional y para que nos permita seguir transitando en la vida política y social bien y en condiciones suficientes de cara al futuro.
Esta reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja produce cambios, adaptaciones, cuestiones nuevas no recogidas y así se introducen elementos no incluidos en el estatuto anterior, como la bandera, el himno, que no estaba recogido. Se cambia la denominación de las principales instituciones llamándolas en el estatuto, una vez aprobado, como lo hace todo el mundo en la región: Gobierno de La Rioja y Parlamento. Completa carencias y recoge nuevas instituciones creadas o por crear, como el Consejo Consultivo, el Tribunal de Cuentas, y recoge un nuevo título sobre la Administración de justicia. Se suprime la posibilidad de integrar La Rioja en otras comunidades. Se organiza la participación de La Rioja en la formación de la voluntad internacional de España. Se aumentan las competencias a asumir por la comunidad y se reorganizan.
Tras la reforma que ahora empezamos en este Congreso, La Rioja aumentará sensiblemente el autogobierno, porque éste nos permitirá seguir dando respuesta a problemas que afectan a nuestra sociedad, para seguir luchando contra el desempleo, para seguir luchando contra la exclusión social, para mejorar la vida de nuestro mundo rural, para equilibrar nuestro territorio ante las desigualdades vecinas y para converger también como región hacia los parámetros de lo que es la economía real de la Unión Europea.
Los socialistas concebimos el desarrollo autonómico desde el acuerdo, pero también desde la singularidad, desde la multilateralidad en las relaciones con el Gobierno central y el conjunto de las comunidades autónomas, pero también desde el respeto a la singularidad y a la diferencia. Y no es que La Rioja y los riojanos seamos distintos ni nos consideremos distintos, pero nuestra comunidad tiene características y circunstancias propias. Quizá no provengan de la historia remota, pero sí de la realidad más próxima y cercana. Nuestra realidad nos indica que somos vecinos de comunidades autónomas con regímenes especiales y distintos, y las consecuencias de ello se notan claramente en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se notan a veces demasiado y en ocasiones tristemente. Ahí radica nuestra especificidad y por ello la reforma del estatuto incluye, para algunas cuestiones concretas, una

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relación específica entre el Gobierno de España y nuestra comunidad.
Señora Uría, respetamos las normas, pero a veces sufrimos demasiado los efectos de las decisiones que las normas de las comunidades próximas producen en nuestra región.
Esta reforma, señor presidente, señoras y señores diputados, está hecha desde La Rioja y para La Rioja, pero queremos hacerla junto con los demás pueblos de España y el resto de las comunidades, con el acuerdo también de los grupos parlamentarios, avanzando hacia un modelo de corte federal y cooperativo, donde la igualdad no esté reñida con la diferencia, porque para nosotros, señor presidente, la autonomía es algo más que un proceso meramente descentralizador, como algunos dirigentes populares en mi comunidad parecen defender. Por eso, señor presidente, mi grupo parlamentario va a votar afirmativamente la toma en consideración de la reforma del Estatuto de mi Comunidad Autónoma, es decir, La Rioja.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Finalmente, corresponde fijar la posición al Grupo Parlamentario Popular, para lo cual tiene la palabra don Neftalí Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, permítanme, en primer lugar, saludar y dar la bienvenida a esta casa, representante integradora de la soberanía nacional de España, a los diputados del Parlamento de La Rioja, en cuya fundación tengo el honor de haber participado, presentes en esta Cámara y especialmente, señorías, a su presidenta, que nos honra con su presencia en la tribuna. También quería sumarme a un recuerdo especial para doña Carmen Valle de Juan, fallecida este fin de semana, que fue diputada por La Rioja.
Señorías, es un honor para mí representar al Grupo Popular en este acto de toma en consideración de la proposición de ley elaborada por el Parlamento de La Rioja, mediante la cual se propone a las Cortes Españolas una profunda modificación del Estatuto de Autonomía de La Rioja que el 25 de mayo de 1982 aprobaba definitivamente este Congreso de los Diputados. Decía que es un honor especial para este diputado no sólo por representar a mi grupo, sino porque se da la circunstancia personal y emotiva a la vez de que formamos parte de esta Cámara dos diputados que hace 18 años fuimos dos de los tres ponentes del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el señor Sáenz Cosculluela y yo mismo.
Señorías, corría la II Legislatura, iniciada con motivo de las elecciones generales celebradas el 1 de marzo de 1979, con la Constitución recién estrenada y las corporaciones locales elegidas democráticamente un mes más tarde de aquel mismo año y en las que tuve el honor de ser elegido por primera vez concejal del Ayuntamiento de Logroño y diputado provincial, asistiendo en alguna medida al gran debate nacional que se desarrollaba por aquellas fechas en relación al diseño del Estado de las autonomías entre las organizaciones sociales y las fuerzas políticas que, en el caso de La Rioja, en un principio había cierta división de opiniones entre quienes pretendían la anexión con nuestros vecinos del norte, por parte de la izquierda, y nuestra incorporación o permanencia a Castilla, que se propugnaba desde los representantes gubernamentales de la época.
Superadas las primeras dudas de aquellas fuerzas políticas, el 4 de octubre de 1979 los partidos políticos con representación en la Diputación Provincial acordamos iniciar el proceso autonómico de la entonces provincia de Logroño, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución, como provincia con entidad regional histórica que podría acceder a su autogobierno y constituirse en comunidad autónoma. Si el resto de las comunidades autónomas tenían sus propias características culturales, sociales o territoriales, La Rioja, aun siendo la comunidad autónoma más pequeña de España, tiene, entre otros muchos, el orgullo del hecho histórico de ser la región que ha dado al mundo uno de los idiomas más importantes, que hablan más de 400 millones de personas y cuyo lugar de nacimiento ha sido recientemente declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Asimismo, ya en 1812 sesenta representantes de otros tantos municipios riojanos se reunían en Santa Coloma para solicitar la autonomía y segregación de Burgos y Soria y constituir lo que hoy conocemos como La Rioja. Por tanto, razones históricas y culturales sin duda existían.
Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el punto 2 del artículo 143 de la Constitución, aquel 4 de octubre de 1979, en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño, iniciamos el proceso autonómico, consiguiendo no sólo las dos terceras partes de los ayuntamientos en seis meses, como pide el texto constitucional, sino que en tan sólo tres meses la totalidad de los ayuntamientos, a excepción de dos, que representaban apenas el uno por ciento de la población, se sumaron a la iniciativa del Ayuntamiento de Logroño solicitando constituirnos en comunidad autónoma.
Como recordaba anteriormente, la Asamblea, conocida por los Treintaydosantes, compuesta por los diputados a Cortes, senadores y diputados provinciales, acordó en los primeros meses de 1980 la redacción del proyecto de estatuto de autonomía para La Rioja, de cuya ponencia tuve el honor de formar parte, acompañado durante los primeros meses por un joven, entonces de 26 años, que era el secretario general de mi partido en La Rioja, que posteriormente fue el presidente de Castilla y León y que hoy es el presidente del Gobierno de España.
Señorías, una vez elaborado el proyecto de estatuto por parte de la Asamblea de parlamentarios riojanos, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes el 14 de

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julio de 1981, iniciándose todo el proceso ordinario legislativo de enmiendas y debates en la Comisión Constitucional, Pleno del Congreso, del Senado, hasta aprobarse definitivamente con el voto afirmativo de la totalidad de los grupos parlamentarios, una vez introducidas las modificaciones previstas en la Loapa, en el Pleno del Congreso de los Diputados del 25 de mayo de 1982 y sancionado por el Rey de España el 9 de junio de 1982. Por tanto, señorías, la casualidad, el destino o lo que cada uno de ustedes quiera, hace que hoy cumpla 16 años el Estatuto de Autonomía de La Rioja. Por ello, señorías, hoy también es festivo en La Rioja, porque celebramos la fiesta del estatuto, la fiesta del autogobierno, la fiesta de la comunidad autónoma. El destino o la voluntad del señor presidente y de los portavoces de la Cámara, a quienes se lo agradecemos, ha querido que sea hoy precisamente cuando pública y solemnemente, en este Pleno del Congreso de los Diputados, solicitemos a todas SS. SS. el voto favorable para la toma en consideración del proyecto de ley que reforma aquel estatuto y que, tras la experiencia de estos 16 años, se quiere equiparar en nivel competencial y de autogobierno con el resto de las comunidades autónomas.
Esta es la segunda reforma que se propone tras la modificación de 1994, con motivo del pacto autonómico firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista en 1993, mediante el cual se incrementaron más de 30 nuevas competencias, después de haber transcurrido casi 11 años, a pesar de lo establecido en el artículo 148.2 de la Constitución y 11 del propio estatuto de autonomía, donde se prevé un período de cinco años para incrementar las competencias autonómicas, período que, como digo, las mayorías socialistas prolongaron hasta los 11 años mencionados.
La reforma que se propone en esta proposición de ley es muy amplia, toda vez que se abordan temas de equiparación competencial con el resto de las comunidades autónomas, entre las cuales el Grupo Popular da especial importancia a los que se refieren a aspectos de carácter institucional, reforzando el papel de las instituciones y del principio de autogobierno.
Señorías, el Grupo Popular quiere destacar de esta reforma estatutaria cinco objetivos fundamentales: conseguir el mayor techo competencial que permita nuestra Constitución; mejorar el servicio de administración a los ciudadanos, dentro de la Constitución y sintiéndonos profundamente orgullosos como una parte importante de España; profundizar en nuestra identidad regional; impulsar y fomentar el potencial social, económico y cultural de nuestra tierra y sus gentes, y consagrar el estatuto como elemento de convivencia democrática entre todos los riojanos y riojanas.
El mayor techo competencial supone concebir nuestra autonomía con responsabilidad, gestionando nuestras instituciones con garantías y con calidad para mejorar nuestro autogobierno. Este objetivo está relacionado estrechamente con el destacado impulso dispensado a las autonomías por el Gobierno del Partido Popular, que ha supuesto en los dos últimos años transferencias a la Comunidad Autónoma de La Rioja por valor de más de 22.000 millones de pesetas en materias como el Inserso, la enseñanza universitaria, cámaras agrarias, etcétera, así como la enseñanza no universitaria, cuya transferencia en estos momentos está prácticamente cerrada, a falta de los últimos trámites legales o reglamentarios.
Finalmente, expresamos nuestra convicción más profunda de que esta reforma debe contemplar el instrumento legal más propicio para consagrar el Estatuto de Autonomía de La Rioja como mecanismo de encuentro y convivencia pacífica y democrática de todos los riojanos, destacando los valores de tolerancia y diálogo que caracterizan a La Rioja y a sus ciudadanos.
No obstante, señor presidente, con esta reforma no se solucionan por sí mismos todos los problemas que históricamente ha venido padeciendo La Rioja. Hay todavía problemas pendientes con el Gobierno central desde hace muchos años, problemas de abandono y falta de inversión en infraestructuras, al mismo tiempo que nuestra economía tiene que desenvolverse y competir con situaciones y herramientas legales históricas vecinales que muchas veces rayan en la competencia desleal entre un lado y otro de la orilla del Ebro. Sin embargo, hay que reconocer al mismo tiempo que en estos dos años de Gobierno central del Partido Popular se han ido dando pasos de gigante en la mejora de las infraestructuras e incluso, a través de diferentes vías, en la disminución o eliminación de los supuestos agravios que pudieran producirse en el marco económico entre territorios vecinos.
La reforma del estatuto no debe implicar inventar la historia, pues ésta se construye día a día, y lo que va a suponer de potenciar su identidad, sus competencias y sus instituciones tiene que revertir en algo inherente a lo que significa la autonomía y que en ocasiones olvidamos: una mayor responsabilidad para los casi 300.000 riojanos que pueblan los 174 municipios agrupados en nueve comarcas, cada una con sus peculiaridades y potencialidades sociales y económicas, pero también una mayor responsabilidad en el contexto del Estado, en la construcción cotidiana de un principio fundamental cual es la solidaridad. Para eso tiene que servir la reforma estatutaria, para lograr una Rioja con más solidaridad interna y también para ocupar un lugar destacado en un Estado que debe ser también solidario y cuya construcción proclama el principio de igualdad entre todos los españoles.
Por último, señor presidente, permítame terminar recordando las últimas palabras que pronunciara don Manuel Fraga en esta misma Cámara con motivo del debate y aprobación final del Estatuto de Autonomía de La Rioja el 16 de febrero de 1982. Decía el señor Fraga: Ha sido un gran acierto cómo se ha planteado

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la autonomía de La Rioja, porque La Rioja es, efectivamente, una creación de la geografía y de la historia; una importante y gloriosa creación. Y terminaba diciendo: Por todas estas razones, señor presidente, nuestro grupo ha votado con verdadero placer positivamente la aprobación de este estatuto de La Rioja.
Señoras y señores diputados, una vez transcurridos estos 16 años de experiencia positiva para La Rioja y para España, con el mismo entusiasmo, si cabe renovado, yo les pido en nombre de mi grupo el voto favorable a la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Isasi.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja que ha presentado la Diputación General y han defendido ante el Pleno los portavoces de tres de sus grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 284; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
(Aplausos.) Felicitamos y agradecemos la presencia de la presidenta de la Diputación General y de los portavoces que han presentado el texto ante el Pleno.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA ASEGURAR LAS COMUNICACIONES POR CARRETERA ENTRE EL NORTE Y EL SUR DE LA PENINSULA, MEDIANTE LA EJECUCION DE LA AUTOVIA DE LA PLATA (Número de expediente 173/000087)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III del orden del día, mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno anterior.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto sobre política del Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de la Península mediante la ejecución de la autovía de la Plata.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta, que lo va a hacer desde el escaño con la gratitud expresa de la Presidencia por ese detalle.
Señorías, en coherencia con lo avanzado de la hora, les ruego que desalojen, si tienen que atender a otras obligaciones, o guarden silencio. (Pausa.) Señor Baon y señor Soriano. ¡Señor Baon y señor Soriano, tan concentrados están en su conversación que no escuchan los requerimientos de la Presidencia! (Pausa.) Gracias. Señor Puche y señor Morano; ¡otros dos! (Pausa.) Gracias, señorías.
Adelante, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, señorías, durante el debate de la presente interpelación en la última sesión pudimos constatar un acuerdo unánime de toda la Cámara acerca de la importancia que se concede a la conversión de la actual nacional 630 en autovía, conocida con el nombre de la autovía de la Plata. El ministro de Fomento comenzaba su intervención en aquel debate diciendo que el Gobierno y el propio ministro comparten la casi totalidad de las apreciaciones que ha hecho el interpelante sobre la importancia que tiene la ruta de la Plata como mecanismo fundamental de vertebración territorial entre una parte del norte de España en su trayectoria hacia el sur, y concretamente en la conexión que va desde León hasta Sevilla. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Sobre la base de coincidir en su importancia, que se concreta también en que de hecho los grupos que han presentado enmiendas recogen literalmente el preámbulo a la moción que presenta este grupo, el Grupo de Nueva Izquierda, en donde se hace constar expresamente que consciente de la necesidad urgente de la autovía de la Plata como vía fundamental para la vertebración territorial equilibrada del conjunto nacional, y consciente asimismo de la excepcional incidencia de la citada autovía en el futuro desarrollo de las diferentes comunidades autónomas por las que transcurrirá; sobre esta base, repito, que era consenso de toda la Cámara en el pasado debate, se ha presentado una moción por parte de nuestro grupo, Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña, que contiene dos puntos que persiguen, de una parte, garantizar que los tramos incluidos por el Gobierno --y creo que es importante insistir en este punto-, los tramos incluidos por el propio Gobierno en el vigente plan de actuaciones prioritarias en carretera, iniciarán su ejecución efectiva antes del 1 de enero del año 2000 y se concluirán definitivamente antes del 31 de diciembre de año 2002. Quiero insistir ante SS. SS. en que estamos hablando única y exclusivamente de aquellos tramos que el propio Gobierno ha incluido en el plan de actuaciones prioritarias en carretera. En relación con esos tramos, la moción de nuestro grupo pretende que se inicien efectivamente antes del 1 de enero del año 2000 y se concluyan definitivamente antes del 31 de diciembre del año 2002, un plazo más que razonable para aquellos tramos considerados por el propio Gobierno como actuaciones prioritarias en carretera.
En los restantes tramos de la futura autovía de la Plata, el punto segundo de nuestra moción pretende

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que el Gobierno, en el plazo de seis meses, presente en la Cámara un calendario detallado de las fechas de inicio efectivo de las obras, así como de su terminación, con especificación de las previsiones presupuestarias en cada anualidad correspondientes a los distintos tramos.
Nos parece que es una moción con dos puntos muy razonables, que pretenden garantizar la culminación en el plazo que establezca el Gobierno, pero con conocimiento detallado por parte de la Cámara, de esta autovía de la Plata, que se considera --y así lo dice el propio Gobierno-- como una infraestructura esencial.
Desde estas consideraciones, señorías, tengo que adelantar que la posición de nuestro grupo, de Nueva Izquierda, va a ser la de aceptar la enmienda planteada por el Grupo Socialista, porque las modificaciones que introduce la misma son compartidas por la filosofía sostenida por Nueva Izquierda, y en la medida en que concretan más, matizan o mejoran nuestra moción, pueden ser perfectamente asumidas. No así la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, porque el punto primero de la misma sólo dice que la licitación de los tramos prioritarios se iniciará antes del 1 de enero del año 2000. Sin embargo, teniendo en cuenta que los distintos tramos han sido subdivididos en subtramos, nos podemos encontrar con que la licitación no afecte a todos ellos; en todo caso, de ninguna manera se nos garantiza la licitación. Y estamos hablando --se lo quiero recordar a SS. SS.-- de tramos de actuación prioritaria, en relación con los cuales parece lo lógico y lo mínimo esperar que se nos indique cuándo se van a terminar.
Por lo que se refiere a los restantes tramos, el segundo punto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular sólo dice que el Gobierno, a lo largo de 1998, por tanto en los seis meses que nosotros pedimos, presentará un programa de vías de gran capacidad de ejecución prioritaria, en el que aparecerá la autovía de la Plata. Pero en la justificación de su enmienda se nos dice --y leo literalmente-- que se está elaborando actualmente el programa de vías de gran capacidad, documento que definirá la programación del resto de los tramos de la autovía de la Plata; programación temporal, en cualquier caso, sin que en dicho programa figuren anualidades detalladas de cada una de las actuaciones que lo compondrán. Dicho en otras palabras, señorías, se tratará, pura y exclusivamente, de un simple papel, sin más compromiso en cuanto a la ejecución del mismo.
Y como estamos hablando, al menos desde la perspectiva de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, de una autovía que es una infraestructura fundamental, ese tipo de moción que reduce la consideración verbal que el Gobierno dice compartir con nosotros a un simple papel, sin más compromiso, insisto en que no podemos aceptarla, y pedimos el voto favorable para la moción, que hacemos nuestra a través de la enmienda del Grupo Socialista.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Peralta.
A esta moción del Grupo Parlamentario Mixto se han presentado y mantenido dos enmiendas, una firmada por el Grupo Socialista y la segunda avalada por el Grupo Popular. Para la defensa de la enmienda firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si algo quedó claro en la discusión de hace 15 días, cuando se debatía la interpelación de la que trae origen la moción que hoy nos corresponde discutir, fue que no tenía razón el ministro cuando atribuía al pasado la inexistencia, en este momento, de obras en ejecución sobre lo que va a ser, en su día, la autovía de la Plata. Se decía que los estudios estaban a nivel embrionario y eso no es cierto, porque ya en el plan puente, previo al plan director de infraestructuras, se habían hecho estudios. En 1996 había trámites administrativos para ejecutar obra en el tramo meridional de esa infraestructura, en concreto en Extremadura y en Andalucía, por valor de 40.000 millones de pesetas. Esto es así, y en el presupuesto nonato, en el proyecto presupuestario del Gobierno socialista de 1996, aparecían 5.000 millones en ese año y 20.000 en 1997 para ese proyecto; sin embargo, en el presupuesto del Gobierno del Partido Popular se convirtió en 1997 en una cantidad insignificante y en 1998 en una cantidad insuficiente.
En el tramo más septentrional de esta autovía que queda por hacer, es decir en los 68 kilómetros que van de Onzonilla a Benavente y que constituyen no sólo un tramo de la autovía de la Plata sino el único que queda por desdoblar en la comunicación por autovía desde el Principado de Asturias y desde León con Madrid, había un proyecto para ejecución inmediata de una autopista de peaje blando, de la prolongación del peaje de la autopista del Huerna, y la prueba de la ejecución inmediata estribaba en que la concesionaria del Huerna había emitido obligaciones por 26.000 millones de pesetas para ponerse a trabajar sobre el proyecto.
Aparte de una serie de cuestiones por las cuales eso no salió adelante, lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular planteó que esa autovía no debería ser de peaje sino estar libre, lo que me parece muy bien, porque siempre es mejor una autovía libre de peaje que una de peaje, por blando que éste sea. Pero también estaremos de acuerdo en que es mejor una autovía de peaje que nada, y nada es lo que tuvimos en el presupuesto de 1997, porque 10 millones no es nada para un proyecto de 28.000 en el presupuesto de 1998.


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Lo cierto es que, hace dos semanas, el ministro hacia una prolija exposición de cómo están todos los tramos de esa autovía de la Plata, en trámite administrativo todos ellos. Eso no es exclusivo de esa autovía, es algo que se está produciendo en toda carretera que se vaya a hacer en este país en un futuro de ocho o diez años. Es decir, se trata de un esfuerzo que hace el Gobierno para confundir lo que son trámites administrativos y lo que es ejecución de obra, de tal manera que parece que estamos en una atmósfera de ejecución de infraestructuras propia de un Estado de obras, por citar a Fernández de la Mora, y donde nos encontramos es en una sima en cuanto a inversión en infraestructuras.
El ministro decía que esos trámites demostraban que había voluntad política de ejecutar esta autovía. Eso de la voluntad política lo hemos escuchado al más humilde de los voceros del PP o a los más anónimos de los portavoces en cada uno de los territorios de este país en los que se haya trazado sobre un plano una línea que indique autovía, carretera o ferrocarril. ¿Qué es la voluntad política? Porque si la voluntad política es querer hacer la carretera, estamos de acuerdo, seguro que esa voluntad política existe, yo no se la niego a este ni a ningún Gobierno porque es una autovía que va a vertebrar todo el occidente de este país y además va a solucionar graves problemas de presión de tráfico en zonas concretas.
La voluntad política es otra cosa. La voluntad política es compromiso, es elegir, es optar, es priorizar. Es priorizar entre esa infraestructura y otra; o es elegir entre un determinado nivel de dotación presupuestaria en infraestructuras y otras partidas de gasto o de inversión; o es, sobre todo, optar entre un nivel suficiente en infraestructuras, en dotación presupuestaria, o hacer regalos y bonificaciones fiscales a determinados colectivos sociales como los que se han hecho en este país y los que se piensa hacer. Eso es tener voluntad política.
La voluntad política no es manifestarse como se manifestaba Juan Ignacio Barrero, presidente del Senado y senador andaluz, el 29 de setiembre de 1996 en la prensa extremeña cuando decía que esta legislatura se podrá ir por autovía desde Salamanca a Sevilla. Eso no es voluntad política, es voluntad populista, que es una cosa absolutamente distinta. Al final, esas palabras no son nada porque van siendo devoradas por el paso corrosivo de los días y lo único que se demuestra es que se trata de políticos que seguramente tienen más inclinación a prometer que a cumplir.
Señorías, la voluntad política se demuestra, más que en la retórica de las palabras, con la lógica de las cifras. La lógica de las cifras, en ese Plan director de infraestructuras sobre el cual ahora no hay controversia de ningún tipo porque el ministro dijo hace poco en esta Cámara que era el marco inexorable en el que se debían inscribir todas las infraestructuras que tengan futuro inmediato en este país; en ese plan, repito, las necesidades financieras para acometer las actuaciones en el medio interurbano, bien sean autovías bien carreteras, incluyendo la conservación y el mantenimiento, se cifran en 348.000 millones de pesetas/año. Si se hacen unos pequeños cálculos en los Presupuestos Generales del Estado, en 1997 se incluyeron 261.000 millones, es decir, un 25 por ciento menos, y en 1998, 292.000 millones, un 16 por ciento menos. Eso en términos nominales, porque si actualizamos esas pesetas de 1992, tendremos 409.000 millones de 1997 y 418.000 millones de 1998. Eso, señorías, supone un déficit para el cumplimiento de ese plan del 36 por ciento en 1997 y del 30 por ciento en 1998. Es decir, el Gobierno tiene tanta voluntad política que está retrasando la ejecución del Plan de infraestructuras en un 36 por ciento el año pasado y en un 30 por ciento este año.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Fernández, vaya concluyendo.


El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Por tanto, si se quiere manifestar algún tipo de voluntad política --y voy terminando, señor presidente--, se podría votar favorablemente esta moción que presenta el Grupo Mixto, el señor Peralta Ortega, con la enmienda que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Fernández.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Fernández ha centrado toda su intervención en el tema de la voluntad política. Lo dijo el ministro de Fomento en la interpelación, lo reiteré yo entonces y lo reitero ahora. Claro que este Gobierno tiene voluntad política de hacer esta obra, pero una voluntad política secundada además por actuaciones, y esas actuaciones fueron las que se expresaron en la interpelación; no una voluntad política de la que se habla y se habla y al final no se hace nada.
No me gusta tener que volver la vista al pasado, porque me parece poco edificante para la construcción de la España que estamos haciendo entre todos. Cuando se suprimió el ferrocarril de esta autovía, hace más de 12 años, ya se habló de compensación por el Gobierno socialista de la autovía de la Plata. No se puede decir a estas alturas que no hay voluntad política. Insisto, no me gusta mirar atrás, pero hay que tener un poco de decencia para no sonrojarse con ciertas afirmaciones.


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El Gobierno va a hacer esta autovía de la Plata, y la va a hacer de una forma ordenada, como debe hacerse, dentro de un presupuesto en el que hay que realizar un esfuerzo inversor, puesto que necesita la complementariedad de fondos extrapresupuestarios públicos --ese es el modelo alemán-- y de fondos privados. Ese esfuerzo inversor enorme está dando magníficos resultados, pero hay dificultades para emitir deuda pública. Por eso recogemos en nuestra enmienda el preámbulo, porque estamos de acuerdo en la necesidad de esa autovía de la Plata que pide Extremadura, Andalucía y Castilla y León, y la hemos pedido durante años y años. Por tanto, no se le puede decir al Grupo Popular que no da importancia a esa autovía. Pero creemos que se debe hacer de una forma creíble; que los ciudadanos, las comunidades autónomas, las empresas constructoras crean en lo que se está proponiendo, que no se hagan planes que luego se quedan en nada.
Hablaba el señor Fernández de lo que se hizo en 1993, en 1994 y en 1995; allí no se hizo nada. Cuando se llegó había estudios, pero no proyectos para contratar, que es lo que permite que las obras se pongan en marcha.
Por eso, en el primer párrafo de nuestra enmienda, cuando se dice «ejecución efectiva», hablamos de licitación. ¿Por qué? Porque en el proceso de una obra pública hay estudios informativos, estudios económicos, aprobaciones, pero en la licitación de la obra es cuando se reflejan las cantidades que se van a gastar en los años sucesivos, inmediatamente se contrata y todos ponen interés en que la obra vaya adelante: la Administración, el contratista y los ciudadanos.
Por consiguiente, basta con decir que se licita, no hay que decir el plazo de ejecución, porque normalmente son 18 meses, pero habrá alguna en que serán 36. Pueden ocurrir muchas contingencias, como que una empresa vaya a la quiebra o un modificado que habría que aprobar a finales de diciembre del 2002. ¿No haríamos ese modificado para cumplir con lo que el Congreso dice? El Gobierno, queriendo cumplir, no estaría cumpliendo políticamente, repito, con lo que dice el Congreso. Por eso hablamos de licitación. Pero cuando decimos el 1 de enero del 2000 no implica que todo se licite en diciembre de 1999. Ya hay tres tramos, de unos 37.000 millones y de los que hablamos reiteradamente, que se van a licitar en 1998. Por ejemplo, puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino, Mérida-Almendralejo, Almendralejo-Zafra, que van por el modelo alemán.
Esos se van a licitar en este año. Otros, de los que hablamos en el primer párrafo, serán en el primer semestre de 1999, y alguno probablemente en el segundo semestre. Luego se va a cumplir exactamente en los tramos que están en el vigente plan de actuaciones prioritarias en carretera.
En cuanto al segundo párrafo, resulta un poco estrambótico que de una determinada autovía, la autovía de la Plata, tengamos exactamente lo que se va a gastar en el 2003, que es lo que se pide en esta moción, y en cambio, de la autovía del Cantábrico no sepamos lo que se va a gastar en el 2000. Esta es una actuación absolutamente desordenada que no puede adoptar un Gobierno. Un Gobierno tiene que hacer, en este año de 1998, un plan, un programa de vías de gran capacidad, en el que se incluyan todas las actuaciones. Es más, si se hiciera un tratamiento específico para la autovía de la Plata y en noviembre, por ejemplo, saliera este programa de gran capacidad, los propios ciudadanos de las tres autonomías pedirían que se incluyera, porque si no estuviera incluido en ese programa, considerarían que no se iba a hacer. Esto quiere decir que es muy lógica la propuesta que hace la enmienda.
Yo aseguro que el Gobierno va a llevar adelante, ordenadamente, la autovía de la Plata. Se irán haciendo los tramos, primero los de mayor tráfico, luego los de menor, y se hará a lo largo de una serie de años.
Prometer que se haga todo en dos o tres años es algo que no tiene razón de ser. Las obras públicas se hacen en un tiempo adecuado, pero lo importante es la inversión, y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo, buscando una financiación, ya que no basta con la presupuestaria.
Yo creo, y lamento que se haya adelantado el proponente de la moción a rechazar la enmienda, que dicha enmienda asegura la voluntad del Congreso y del Gobierno de llevar adelante la autovía de la Plata.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Posada.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Tanto mi compañero, señor Recoder, como yo, que prácticamente llevamos doce años siendo portavoces de nuestro grupo dentro de la actual Comisión de Infraestructuras --antes de Industria, Obras Públicas y todas sus distintas denominaciones--, hemos cogido un cierto cariño a la ruta de la Plata, porque durante todos estos años, y muchos de ellos con la obsesiva insistencia del entonces diputado don Felipe Camisón, veíamos muchas veces en Comisión iniciativas sobre la ruta de la Plata, y a nosotros, insisto, se nos hizo simpática.
No voy a entrar en el tema de lo que el señor ministro dijo el otro día o lo que ahora mismo ha dicho el portavoz del Grupo Popular; no voy a entrar en el hecho de si va a ser una realidad o no, porque estamos completamente seguros de que la autovía de la Plata, que sustituiría esta ruta de la Plata, va a ser un hecho, una realidad. No obstante, nosotros no vamos a votar la moción en su texto original. Lógicamente, hubiésemos votado a favor de la enmienda del Grupo Popular, pero el texto no lo podemos votar, insisto, porque creemos, y yo lo he repetido alguna vez, que es una moción

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con ganas de que sea votada negativamente, de no ganar. A veces la rentabilidad política de una moción es más positiva cuando el resultado es negativo. Si no es por eso, yo diría, y sé que no es verdad, que en el texto hay una especie de desconocimiento del procedimiento administrativo en la obra pública. Sé que no es así y, por tanto, me reafirmo en esta impresión de que es una moción para que no pueda votarse.
Se habla mucho de la voluntad política e incluso del Plan director de infraestructuras, y tendríamos que tener en cuenta --algo parecido ya se ha dicho-- que esa voluntad política se podría haber superado dentro del PDI de hace unos años, cuando todo el tema de carreteras o de otras cosas, como podrían ser los ferrocarriles, se sustituía por planes puente. Yo no he visto ningún plan puente que tuviese una voluntad política real de construcción de la autovía de la Plata.
De todas formas, quede claro que nosotros manifestamos mucha simpatía y estamos muy contentos de que se vaya construyendo la autovía de la Plata dentro de sus plazos y con las formas que actualmente están programadas, y por ello nuestro voto a la moción que esta tarde se nos presenta es negativo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario ante la moción que ha presentado don Ricardo Peralta. Como no podía ser de otra manera, nuestro voto va a ser favorable, ya que la semana pasada todos los grupos coincidíamos en esta Cámara en la importancia que tiene para el desarrollo de varias comunidades la autovía de la Plata. En la importancia de esta autovía coincidía incluso el propio ministro, que se comprometió en esta Cámara a licitar obras en determinados plazos, plazos que incluso entran dentro de lo que solicita la moción.
Quiero recordar que esta ruta, la autovía de la Plata, toca nueve provincias y cuatro comunidades autónomas, y que sin ninguna duda favorecerá el intercambio social y económico entre el norte y el sur español. La comunicación entre León y Sevilla, eludiendo el paso por el centro de España, mejorará notablemente las distancias y, a su vez, descongestionará las vías centrales.
En el punto primero de la moción se pide que determinados tramos de la autovía de la Plata --que, por otra parte, están incluidos en los Presupuestos Generales del Estado-- se inicien antes del 1 de enero del año 2000 y se concluyan antes del 31 de diciembre del año 2002. A nuestro grupo le parece que esa petición es totalmente razonable teniendo en cuenta, como decía antes, que el ministro, hace 15 días, se comprometió en esta Cámara a ejecutar varios de los tramos que hoy se están pidiendo.
En el punto segundo, la moción se limita exclusivamente a pedir que se presente en esta Cámara un calendario detallado de las fechas de inicio y de finalización de obras. Nos parece que es una petición de mínimos, ya que entendemos que el pedir que se presente un calendario de inicio y finalización de obras debería ser más una obligación del Gobierno que una petición de los grupos de la oposición.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Posada, nos ha hablado de voluntad política por parte del Gobierno para la ejecución y desarrollo de esta autovía, pero yo --por la exposición que ha hecho-- entiendo que la voluntad política también se manifiesta con los acuerdos que hoy se tomen aquí. Cuando se está diciendo que la autovía de la Plata es necesaria, que hay una coincidencia en cuanto al desarrollo de esta vía y luego, prácticamente sin argumentos, se dice que no van a apoyar esta moción, creo que falla esa voluntad política a la que se hace alusión.
En el punto primero de la moción se pide algo razonable y se establece un plazo de cuatro años, 1998-2002, para la ejecución de unos pocos tramos de la autovía de la Plata, con lo que el Gobierno tendría cuatro años para todo el trámite de proyectos, adjudicaciones y ejecución. Tengo que manifestar que no encuentro sentido a la negativa a adquirir este compromiso con la Cámara para desarrollar un asunto que tiene una gran importancia y trascendencia para cuatro comunidades autónomas.
Sin más, reiteramos nuestro voto favorable a la moción presentada por don Ricardo Peralta y nos parecería oportuno que el resto de los grupos apoyara esta moción.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Fernández.
Señor Peralta, de su intervención, la Presidencia ha deducido que acepta la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es así? (Asentimiento.) Entonces, vamos a someter a votación el texto resultante de la aceptación de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la moción presentada por el señor Peralta, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para asegurar las comunicaciones por carretera entre el norte y el sur de la Península, mediante la ejecución

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de la autovía de la Plata en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda de sustitución propuesta por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 141; en contra, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y POLITICA DE RESIDUOS (Número de expediente 173/000088) El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre política general del Gobierno en materia medioambiental y política de residuos, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Narbona. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puede comenzar, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, antes de defender el contenido de la moción consecuencia de la interpelación formulada por mi grupo hace dos semanas, quisiera que quedara constancia en el «Diario de Sesiones» de que en su intervención la ministra de Medio Ambiente faltó a la verdad por lo menos en tres puntos importantes, algo que quiero que quede reflejado formalmente, puesto que aunque sea por falta de información por parte de la ministra, no es aceptable que se utilice la tribuna de esta Cámara para decir cosas que no son ciertas.
En relación con los planes nacionales de residuos peligrosos y de suelos contaminados aprobados en 1995, la ministra dijo literalmente, y así consta en el «Diario de Sesiones», que las comunidades autónomas estaban completamente al margen de dichos planes porque ustedes no habían negociado ni acordado nada con las comunidades autónomas.
Pues bien, señorías, aquí están al peso todos los convenios firmados por las comunidades autónomas, con el Gobierno de la nación a lo largo de 1995, publicados en el Boletín Oficial del Estado y a disposición de SS.
SS. por si quieren comprobar el desconocimiento de la ministra en materia de política de residuos. (Aplausos.) Es posible que no los conozca, pero debería venir a la Cámara con cierta información previa.
En segundo lugar, la ministra afirmó que las partidas presupuestarias para 1996 correspondientes a estos planes no estaban incluidas en el presupuesto, por lo que tengo que dudar de su sinceridad. Me permito sólo dudar de la memoria de la ministra porque quizá no recuerda que 1996 fue un año en el que no hubo presupuesto, se prorrogó el de 1995. ¿Cómo iban a recogerse los compromisos comprendidos dentro de estos convenios firmados con todas las comunidades autónomas? De todas formas, en materia presupuestaria la ministra sólo maneja bien los presupuestos cuando se trata de no ejecutarlos y, por tanto, también aquí tenemos que señalar que confundió en varias ocasiones durante su intervención previsiones de financiación de un plan quinquenal con las disponibilidades presupuestarias de una subdirección general en un año aislado. Por cierto, hemos pedido la comparecencia de la ministra en la Comisión de Presupuestos para que explique también las razones del bajísimo grado de ejecución del presupuesto de su departamento en 1997, a la vista de que el otro día, en lugar de explicar a la Cámara las razones de ese exceso de celo en la lucha contra el déficit, afirmó que esta portavoz manipulaba las cifras oficiales. Pues bien, veremos en la Comisión de Presupuestos si es la ministra la que manipula la información o si es este grupo parlamentario. En cualquier caso, sería bueno conocer por qué el Ministerio de Medio Ambiente no gasta el presupuesto que se aprueba en los distintos ejercicios en los que gobierna el Partido Popular.
Una tercera mentira que queda registrada también en el «Diario de Sesiones» es que la ministra se atribuye la aprobación de un decreto sobre caracterización de residuos que no está aprobado. El Ministerio lleva trabajando en él bastante tiempo, pero nos consta que no ha avanzado y no pertenece al acervo de los acuerdos alcanzados durante la presente legislatura.
Señorías, tenemos que señalar también en esta intervención que esta misma semana hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 28 de mayo de 1998, en contra del Gobierno español en que se condena a España por no haber adoptado un programa nacional de pilas usadas, algo que estaba contemplado en el borrador del Plan nacional de residuos urbanos que desde hace dos años está también aparcado en el Ministerio.
El decreto correspondiente a la directiva sobre pilas usadas fue aprobado durante la etapa socialista y es, como digo, la trasposición de la directiva. Lo que no ha hecho el Gobierno es lo que tiene que hacer, según le recuerda el Tribunal Europeo, que es hacer, además de la trasposición de las normas, programas nacionales que garanticen su cumplimiento, y es importante señalar que el alto tribunal dice que un Estado miembro no puede cumplir la obligación que le incumbe de elaborar un programa global con vistas a la consecución de determinados objetivos sólo mediante actuaciones materiales parciales.


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El Gobierno de la nación en 1997 se había justificado respecto al expediente en materia de pilas usadas, mandando a la Comisión información sobre actuaciones particulares de determinadas comunidades autónomas.
Señorías, no es así como hay que hacer la política de resíduos. Hemos tenido ocasión de insistir en la necesidad de que existan planes nacionales que no sean una pura yuxtaposición de los planes autonómicos, y esto es algo que querríamos que quede suficientemente claro a partir de la moción que hoy presentamos.
Pasando al contenido de la moción, quisiera decir que los dos primeros puntos se refieren a la exigencia de que la conferencia sectorial conozca la evolución de los planes aprobados en 1995, es decir, los planes nacionales de residuos peligrosos, de suelos contaminados y de depuración de aguas residuales, así como las actuaciones en materia de política forestal, actuaciones en las cuales en estos momentos España está perdiendo fondos de la Unión Europea por cantidades no inferiores a los 20.000 millones de pesetas en el año 1996, a causa de la incapacidad por parte del Gobierno de montar adecuadamente la cofinanciación de estas actuaciones.
Queremos señalar además que la evolución de la ejecución de los planes, en particular del Plan nacional de residuos peligrosos, es extremadamente insatisfactoria. En 1995, éstas son también cifras oficiales, se transfirieron a las comunidades autónomas por el capítulo VII, 1.056 millones de pesetas; en el año 1996, 810 millones de pesetas; en el año 1997, sólo 70 millones de pesetas. Pues bien, este es el déficit que en estos momentos se está produciendo en la ejecución de un plan que creemos que debe conocer la conferencia sectorial y que debe procederse a una puesta en común con las comunidades autónomas en relación con su cumplimiento, así como con el resto de las actuaciones que se señalan en la moción.
El segundo punto de nuestra moción es la propuesta en la citada conferencia sectorial de un Plan nacional de residuos urbanos que incorpore el programa nacional de envases, conforme a lo que se establece en la vigente Ley de Envases y que debía ya a estas horas estar aprobado por el Gobierno de la nación.
En tercer lugar, en nuestra moción señalamos la necesidad de convocar de forma inmediata el Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, para que exista un informe previo sobre estas iniciativas, en particular sobre el Plan nacional de residuos urbanos y sobre otras iniciativas de carácter legislativo programático que tiene el Ministerio y que no han sido conocidas por falta de convocatoria de dicho Consejo, en lo que se refiere a esas últimas actuaciones.
El cuarto punto es una petición al Gobierno de que la ministra de Medio Ambiente atienda los puntos del acuerdo que estableció el día 22 de abril de 1997, es decir, hace más de un año. Son once puntos pactados con las organizaciones miembros del Consejo asesor que la ministra aceptó para poner en marcha de nuevo el funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Ninguno de esos once puntos se han cumplido a lo largo de este último año, y esa es la razón, entre otras, de que el Día mundial de medio ambiente se celebrara en el Ministerio de Medio Ambiente con peticiones de dimisión por parte de las organizaciones ecologistas y que éstas dieran plantón a la ministra en el almuerzo que a última hora había convocado para intentar firmar la paz una vez más sin haber cumplido, como digo, los puntos de un acuerdo que por escrito existe, que es de fecha 22 de abril de 1997.
El quinto punto se refiere al informe que ya existe sobre el uso del PVC en envases de carácter alimentario, informe que existe desde hace dos meses, que tiene conclusiones que nos parece que son extremadamente relevantes, que esta Cámara no conoce de manera formal, pero que debería dar lugar, tal como establece la Ley de Envases, a medidas concretas a proponer por parte del Gobierno respecto a la limitación y a las restricciones en el uso del PVC.
Por último, en nuestra moción tenemos también la petición de que se informe a la mayor brevedad en el Congreso de los Diputados sobre el funcionamiento de la planta de incineración de Melilla; planta de incineración de la que es titular la empresa Remesa en la cual participa la empresa pública estatal... (Ruidos de la megafonía impiden la audición de la oradora.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Narbona. (Pausa.) Continúe, señora Narbona, y le ruego que concluya a la mayor brevedad posible.


La señora NARBONA RUIZ: Después de esta interrupción musical con marcha, continuamos.
En el último punto de nuestra moción pedimos que se informe a la mayor brevedad al Congreso de los Diputados respecto del contenido de denuncias que se han producido en relación con la planta de incineración de Melilla, planta de la que es titular la empresa Remesa, participada al 50 por ciento por Ingrisa, a su vez empresa pública estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y que en la intervención de la ministra se atribuía exclusivamente a la titularidad y a la gestión del Ayuntamiento de Melilla.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le ruego concluya.


La señora NARBONA RUIZ: Estoy concluyendo, presidente.
En realidad en la planta de Melilla, como digo, también tiene el Ministerio del Medio Ambiente algo que ver. Existen denuncias graves sobre el hecho de que se

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están incinerando residuos peligrosos para los cuales, al parecer, esta planta no tiene los medidores que son exigidos por la legislación y, por tanto, el ultimo punto de nuestra moción es pedir a la Cámara este tipo de información con carácter urgente.
Espero que esta tarde la posición el Grupo Popular no siga en la onda de la intervención de la ministra del otro día porque, repito, lo primero que hizo fue negar la existencia de planes autonómicos, de planes nacionales que están bastante bien documentados. El Partido Popular y los partidos que apoyan al Gobierno deberían aceptar el contenido de nuestra moción porque es completamente necesario reconducir la política de residuos en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Narbona.
Han sido presentadas a esta moción del Grupo Socialista una enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y otra por parte del Grupo parlamentario Popular.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comparte los criterios que establece la moción del Grupo Socialista porque no son excesivamente exigentes, sino todo lo contrario; son criterios de mínimos que se establecen para que haya una información y un funcionamiento adecuado de los órganos de los que está dotado el Ministerio de Medio Ambiente en el cumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, estamos de acuerdo con lo que se ha planteado y las enmiendas que voy a defender lo que intentan es incidir en aquellos aspectos que consideramos importantes en la política que se tiene que desarrollar de protección del medio ambiente y en la política de residuos.
Nosotros también queremos hacer hincapié en que es necesario dotar de partidas presupuestarias adecuadas para que se puedan llevar a cabo los planes nacionales tanto en residuos peligrosos como en recuperación de suelos, depuración de aguas y políticas de repoblación forestal.
Está claro que poco a poco, paulatinamente, los presupuestos que han venido a dar cobertura económica a estos planes han ido disminuyendo año tras año, con lo cual cada vez resulta mucho más difícil para las comunidades autónomas poder llevar a cabo este tipo de actuaciones. En realidad, al final estamos dejando que estos planes queden reducidos a meras expresiones en textos que no conducen a una aplicación real. De ahí nuestra insistencia constantemente de la necesidad, no solamente de que haya planes nacionales que fijen objetivos y que ayuden a que las comunidades autónomas puedan llevarlos a cabo, sino de que haya una financiación que permita que se puedan cofinanciar estos planes en las comunidades autónomas.
Por eso, nuestra primera enmienda está dirigida al punto número 2 de la moción del Grupo Socialista, en la que precisamente lo que hacemos desde esta Cámara, a pesar de que la conferencia sectorial hable y debata sobre los criterios para establecer la financiación en los planes nacionales, es seguir presionando cerca del Gobierno y de las comunidades autónomas a que se establezcan criterios de financiación del Plan nacional de residuos, dado que en la ley recién aprobada no se quiso introducir el fondo ambiental para la financiación precisamente de la ley de residuos urbanos.
Creemos también necesario no solamente que se hagan comisiones de seguimiento, sino que además los datos que puedan manejar las mismas en cuanto a los cumplimientos de los planes se informen y se hagan públicos para que sea de conocimiento general cómo se están aplicando los planes y cómo se están llevando a cabo los cumplimientos de los objetivos que deben figurar.
Creemos que es importante también, y de ahí nuestra segunda enmienda, que además del informe que ha sido elaborado por la comisión de expertos con el uso del PVC se tenga en cuenta el informe que han emitido las organizaciones ecologistas que, como todos sabemos, se salieron de esa comisión de expertos y han elaborado su propio informe. Creemos que es necesario que el Ministerio tenga en cuenta, a la hora de tomar medidas, no solamente lo que ha dicho de manera más o menos oficial el grupo de expertos sin los grupos de ecologistas, sino también lo que dicen las organizaciones ecologistas, porque desde luego yo creo que en los últimos tiempos en nuestro país si algo está quedando demostrado es que las organizaciones ecologistas, a pesar de que muchas veces se les acuse de alarmistas y de que están poniendo en tela de juicio determinadas actuaciones políticas, al tiempo están teniendo razón y se la damos cuando ya no tiene arreglo el desastre que se ha producido. Creemos que es necesario que se tengan en cuenta sus criterios y desde luego mucho más de lo que se han venido teniendo hasta ahora.
También somos conscientes de la necesidad de incidir en el punto número 6 de la moción del Grupo Socialista. Como ustedes saben, este grupo parlamentario es contrario a la incineración de cualquier tipo de residuos, ya sean residuos urbanos y desde luego mucho más residuos peligrosos, entre otras cosas no solamente por la contaminación que se puede producir en el medio ambiente, sino por los riesgos que tiene para la salud pública. Está claro que si hay una forma de eliminar residuos es la incineración, también lo está que la misma produce otro tipo de residuos que en la mayoría de las ocasiones son peligrosos y, por tanto,

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señorías, necesitamos información clara de qué es lo que está sucediendo, en este caso con la incineradora de Melilla. Además, esa información tiene que ser lo suficientemente explícita para saber en qué condiciones se están incinerando los residuos peligrosos, porque cuando empieza a haber denuncias de estas situaciones es porque en realidad se están produciendo, con independencia de que después se puedan haber adoptado medidas para mantenerlas dentro de la legalidad pero que pueden estar perjudicando al medio ambiente.
Nosotros seguiremos defendiendo la necesidad de que el Plan nacional de residuos no sea una suma de los planes nacionales. No vaya a ocurrirnos con éste lo que la directiva europea que se ha aplicado a través de la Ley básica de residuos nos obliga a elaborar y no nos suceda como con la aplicación de la directiva sobre pilas usadas, que nos veamos al cabo de un par de años con una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el que se nos diga que no nos sirve que las comunidades autónomas tengan sus propios planes, sino que el plan nacional debe existir, no puede ser una suma de los planes de las comunidades autónomas, ha de tener objetivos y ha de llevar a cabo aquello que las directivas dicen.
Señorías, estas son las enmiendas que hemos presentado, esperamos que el Grupo Socialista las acepte y votaremos a favor de la moción presentada por este grupo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la presentación y defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora de Lara.


La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señora Narbona, usted tiene, ya se lo he dicho en otras ocasiones, dos fijaciones obsesivas: una, la señora ministra de Medio Ambiente y la otra, los borradores que dejó --según dice usted-- en el Ministerio de Medio Ambiente. La fijación por la ministra le ha hecho decir aquí, con muy mal estilo, que ha mentido, y como prueba de ello nos ha traído una serie de convenios que firmó con las comunidades autónomas. Mi pregunta, señora Narbona, es si estos convenios tenían o no consignación presupuestaria, porque convenios y consignación presupuestaria ustedes dejaron muchos, en temas de costas, de aguas. Esto es muy fácil, yo no les llamaría convenios, señora Narbona.
Respecto a los borradores que usted dejó en el Ministerio, que parece que dejó de todo lo habido y por haber, cabría preguntarse por qué se quedaron en borradores, por qué no pasaron a proyectos de ley. ¿O es que antes de que usted llegara al Ministerio de Medio Ambiente, antes de que usted fuera secretaria de Estado, nadie había hecho nada? ¿Solamente se hicieron sus borradores? ¿Por qué no transformaron estos borradores en proyectos de ley, en decretos, señora Narbona? Tal vez, si ustedes hubieran transformado los borradores en su momento en los decretos o proyectos de ley, nosotros, al ganar las elecciones en marzo de 1996, no nos hubiéramos encontrado con una serie de directivas que había que trasponer y con toda la legislación en materia de residuos que estaba pendiente. Creo que usted sabe, señora Narbona, que esto es cierto y tal vez, si un día usted olvida estas dos obsesiones, la señora ministra y los borradores, podremos debatir seriamente sobre los problemas de medio ambiente. (Aplausos.) Respecto al tema que hoy nos trae aquí, que es la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro grupo ha presentado también una enmienda de sustitución que, a mi juicio, a la vez que recoge los puntos de la moción, refleja la intensa actuación del Ministerio de Medio Ambiente en el área de residuos.
El primer punto de la enmienda del Grupo Popular insta al Gobierno a informar, en el ámbito de la conferencia sectorial de medio ambiente, sobre la evolución del desarrollo, durante el presente ejercicio, de los planes nacionales de residuos peligrosos, de recuperación de suelos contaminados y de depuración de aguas residuales, sobre su evolución presupuestaria, así como sobre las actuaciones de las comunidades autónomas apoyadas financieramente desde la Administración central. Creo que es un punto que usted, señora Narbona, lo había olvidado y es importante que conozcamos las actuaciones de las comunidades autónomas que tienen subvenciones de la Administración central. En este punto, quería indicar a SS. SS. que la distribución de los recursos presupuestarios destinados en los Presupuestos Generales del Estado a los planes nacionales antes citados, se hace en la addenda a los convenios existentes con cada comunidad autónoma, en donde se fijan las actuaciones que se cofinanciarán. A su vez, señorías, y como bien conoce usted, señora Narbona, de su época de secretaria de Estado, dichas actuaciones se perfilan en las reuniones de los comités de seguimiento de cada convenio, que tienen frecuencia semestral. Los temas de carácter más general se tratan en las reuniones del grupo de trabajo de calidad ambiental de la conferencia sectorial. La próxima reunión, donde se tratarán temas de residuos, está ya prevista, señora Narbona, para una fecha próxima. Dadas las numerosas iniciativas y trabajos en curso del Ministerio de Medio Ambiente en materia de residuos, muchas de las cuales requieren la aprobación expresa de la conferencia sectorial, el Ministerio de Medio Ambiente ha estimado conveniente la convocatoria de la citada conferencia sectorial, con independencia de esta moción.


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El segundo punto de nuestra enmienda insta al Gobierno a elaborar con la máxima celeridad el Plan nacional de residuos sólidos urbanos, que incorpore, como ha dicho usted, el programa nacional de envases, informando del mismo al Consejo Asesor de Medio Ambiente para que pueda ejercer sus funciones y acordándolo con las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial. Este punto, señorías, que incluye los apartados segundo y tercero de la moción socialista matizándolos, garantiza, de un lado, el informe previo sobre la propuesta del Plan nacional de residuos sólidos urbanos por parte del Consejo asesor y, de otro, la presentación en la conferencia sectorial del citado plan que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente. Como se ha indicado en esta tribuna en otras ocasiones, el plan nacional de residuos sólidos urbanos integrará los distintos planes regionales y lo hará porque --ya lo he repetido, pero parece que la señora Narbona no se ha enterado-- como el Partido Socialista no puso al día la legislación en materia de residuos, nos hemos encontrado con que muchas comunidades autónomas tenían su propio Plan regional de residuos sólidos urbanos, que obviamente no puede ignorarse. Asimismo, está previsto convocar al Consejo Asesor de Medio Ambiente, pero no solamente para recabar el informe sobre la propuesta del plan nacional, sino para otras iniciativas pendientes y para aprobar la reforma del reglamento, necesaria para elevar la eficacia del Consejo asesor.
En el punto tercero de la enmienda se insta al Gobierno a pronunciarse a la mayor brevedad sobre la necesidad de dictar medidas legales adicionales sobre el uso del PVC, teniendo en cuenta el informe emitido por el grupo de expertos y oídos los agentes económicos y sociales --había olvidado usted este aspecto, señora Narbona--, tal como se establece en la Ley de envases y residuos de envases.
Finalmente, el último punto de nuestra enmienda sobre la planta de incineración de Melilla corrige un párrafo de la moción que es incierto.
Yo no digo, señora Narbona, que usted haya mentido en la moción; digo que es un párrafo en el que usted ha cometido un error, consistente en poner que la incineradora, aunque hoy lo ha aclarado, es propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, lo cual no es cierto porque, como ya ha indicado usted, es de la empresa Remesa, el 50 por ciento de la cual es Ingrisa. Sin embargo, el otro día en la interpelación usted nos indicaba, y hoy ha repetido, que ha recibido muchas denuncias de que en la planta incineradora de Melilla se queman una serie de residuos que no son residuos sólidos urbanos, cuando usted debía saberlo, señora Narbona, porque la planta se inició cuando era usted secretaria de Estado de Medio Ambiente. Esta planta, señora Narbona, se diseñó y se construyó para poder quemar otro tipo de residuos, no solamente residuos sólidos urbanos. Usted debe saberlo y si no lo sabe es porque cuando era secretaria de Estado no se enteraba de lo que estaban haciendo, ya que esta planta tiene autorización para quemar residuos tóxicos, para quemar residuos hospitalarios, para quemar aceites usados. Luego no venga usted aquí con que se presentan denuncias porque se diseñó de esta forma con su autorización, con la autorización del entonces ministro de Obras Públicas, señor Borrell, y se autorizó cuando ustedes hacían campañas por toda la geografía española diciendo no a la incineración. Primero nos decían que no a la incineración porque emitía dioxinas; luego nos hablaban de las cenizas y finalmente acabaron diciendo que la incineración era más cara que otras formas de eliminación.
Por lo tanto, yo no digo que usted haya mentido en la moción; digo que usted se ha equivocado al redactar la moción y, por consiguiente, el cuarto punto de nuestra enmienda simplemente subsana este error, dice que se informe sobre el funcionamiento de la planta de incineración de Melilla. Señora Narbona, dejando aparte lo que hemos dicho antes, usted y yo podemos discutir de problemas de medio ambiente y verá que la moción es razonable y que en ella, recogiendo bastantes de sus puntos desde una visión realista, se convoca la conferencia sectorial, se convoca el Consejo Asesor de Medio Ambiente y que pronto tendremos un Plan nacional de residuos sólidos urbanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora De Lara.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Si al contenido de esta moción sumamos el debate de la semana pasada sobre la interpelación de la que trae causa, podemos afirmar que casi estamos ante un debate general sobre la política medioambiental de este Gobierno.
Cuando la crítica más dura del Grupo Socialista al Gobierno es su incapacidad para articular acuerdos con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de medio ambiente, suponemos que habrán de ser las propias comunidades autónomas las que tengan que manifestar su desacuerdo acerca de cómo está funcionando y, por tanto, no nos parece conveniente que esta Cámara inste al Gobierno a la convocatoria de dicha conferencia.
Coalición Canaria quiere compromisos del Gobierno acerca de la ejecución de la legislación aprobada. Creemos que es notorio que en materia legislativa medioambiental este Gobierno puede presumir de haber hecho bien la tarea y que nadie puede negar la evidencia, como nadie puede negar la evidencia de que el Grupo Popular precisa del apoyo de los grupos nacionalistas

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de esta Cámara para contar con una mayoría que garantice la gobernabilidad del Estado y que esa mayoría ha permitido la aprobación de leyes tan importantes como la de envases, la de residuos o la modificación de la Ley 4/1989, sobre el régimen jurídico de los parques nacionales. Pero eso no es suficiente. Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente debe desarrollar reglamentariamente las medidas necesarias para impulsar los planes estatales y la colaboración con las comunidades autónomas y si, como señala el Tribunal Constitucional, la colaboración es un deber consustancial a la organización territorial del Estado español, es preciso que el Ministerio consiga realizar la colaboración en la ejecución de compromisos concretos y quizá en ese ámbito no está haciendo lo suficiente. Coalición Canaria, y creo que todos los grupos nacionalistas, asistimos atónitos y sorprendidos a cómo las polémicas entre el Partido Popular y el Partido Socialista se traducen en problemas de relaciones entre gobiernos. Me refiero concretamente a la polémica entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Andalucía; hasta tal punto llega la confusión que hemos asistido a debates, concretamente con motivo de la interpelación de la semana pasada, en los que el Grupo Socialista parece hablar en nombre del Gobierno andaluz y el Gobierno se dirige al Grupo Socialista imputándole responsabilidades por la acción u omisión en sus competencias del Gobierno andaluz.
Señorías, quiero significarles que en nuestro compromiso con la gobernabilidad del Estado hemos apoyado los proyectos de ley que este Gobierno ha presentado en materia medioambiental y estamos satisfechos de las leyes finalmente aprobadas; ahora corresponde al Gobierno la ejecución. Creemos que existe una decidida voluntad de hacer posible la planificación que en materia de envases y de residuos, de residuos peligrosos y residuos urbanos prevén las citadas leyes y esperamos fechas y compromisos concretos por parte del Gobierno. Nos sorprende, por ejemplo, que aún no se hayan implantado los modelos de cogestión de los parques nacionales a que se refiere la Ley de modificación de la Ley 4/1989.
Finalmente, quiero añadir que en esta materia no sabemos dónde está el mínimo a que se refiere el Grupo Socialista cuando sostiene que el Ministerio de Medio Ambiente hace dejación de responsabilidad porque no tiene un proyecto estatal que establezca unos mínimos para todo el territorio. Colaboración, coordinación y cooperación son términos a los que el Tribunal Constitucional ha ido dando contenido por impugnación de normas y conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La mayor parte de esas normas fueron aprobadas en etapas del Gobierno socialista. Deseamos que el Gobierno del Partido Popular no cometa los mismos errores, que colabore y promueva con decisión acuerdos con las comunidades autónomas y que las discrepancias que pueda tener con alguna de ellas no implique la parálisis en la ejecución de esas buenas leyes medioambientales que hemos aprobado en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): muchas gracias, señor Rivero.
Señora Narbona, tiene la palabra para expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas tanto por el Grupo de Izquierda Unida como por el Grupo Popular.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta tarde se puede llegar a una votación de consenso, aprovechando la buena disposición del Grupo Popular a través de la enmienda de modificación que ha presentado y teniendo en cuenta la enmienda presentada por Izquierda Unida. Por tanto, nuestro grupo hace una propuesta de enmienda transaccional que los dos grupos conocen ya y que daré a la Mesa para someterla a votación.
En ella, a partir del texto planteado por el Grupo Parlamentario Popular, en el punto 1 se añade una referencia concreta a las actuaciones de política forestal, que no aparecía y parece oportuno que cuando se reúna la conferencia sectorial exista para las comunidades autónomas la posibilidad de saber qué está pasando en esta materia. Por supuesto, entendemos que es asumible el que no aparezca en la redacción, tal como propone el Partido Popular, que la conferencia sectorial se convoque a la mayor brevedad, confiando en que el Gobierno cumpla con el reglamento de la conferencia sectorial, que prevé que se reúna esta conferencia en plenario como mínimo dos veces al año. Teniendo en cuenta que se reunió en el mes de enero, correspondería ahora su convocatoria; por tanto, entendemos que es posible aceptar que no se haga referencia a la convocatoria inmediata, tal como nosotros pedíamos.
En el punto segundo relativo al Plan nacional de residuos sólidos urbanos, aceptaríamos la propuesta que nos hace el Grupo Popular, añadiendo, para tener en cuenta también la enmienda que proponía Izquierda Unida, una frase al final que dijera: Así mismo, en la conferencia sectorial se debatirá el modelo de financiación de dicho plan, puesto que, efectivamente, nos parece trascendente con vistas a la puesta en vigor de la legislación.
En el tercer punto, relativo al informe sobre el uso del PVC, hemos propuesto que en la enmienda transaccional además de los agentes económicos y sociales se añadan las organizaciones ecologistas, puesto que, como planteaba la representante de Izquierda Unida, se ha producido una ruptura en el grupo de expertos, del que se han separado tres organizaciones presentes en dicha comisión, y creemos oportuno que aparezca en la enmienda transaccional esa referencia.


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Por lo tanto, con estas modificaciones, que pasaré a continuación a la Mesa, estaríamos de acuerdo en una enmienda que plantearía, efectivamente, compromisos al Gobierno de forma inmediata, más allá de la aprobación de esa legislación, por la cual, lógicamente, hay que felicitarle, lo que no obsta para decir que había legislación aprobada antes respecto de la cual está habiendo sentencias de la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le ruego que concluya.


La señora NARBONA RUIZ: Sí, enseguida.
Decía que en materia de aguas residuales, de pilas y de nitratos habíamos hecho la trasposición de las directivas, y lo que no está haciendo el Gobierno son los planes nacionales correspondientes. (Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, si ha concluido, yo se lo agradezco; si no, limítese exclusivamente a la aceptación o no. Yo entiendo que ha sido expuesta suficientemente la enmienda transaccional y doy por supuesto que los grupos enmendantes la aceptan y retiran sus propias enmiendas. Por tanto, puede dar por concluida su intervención, lo que yo le agradecería, señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Sí, señor presidente. La hora es tardía y, por lo tanto, las alusiones personales las responderé otro día.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Narbona. Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista del Congreso sobre política general del Gobierno en materia medioambiental y política de residuos, en los términos resultantes de la transaccional que por el propio grupo se ha propuesto y aceptado por los enmendantes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 275; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE SITUACION DEL SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Y SU FUTURO ANTE LA PROXIMA REFORMA DE LA OCM DEL VINO. (Número de expediente 173/000089) El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre situación del sector vitivinícola español y su futuro ante la próxima reforma de la organización común del mercado del vino. (Rumores.) Señor Centella, tiene la palabra.
Silencio, señorías, silencio para que pueda comenzar el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, lamento la hora de mi intervención.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Centella.
Veo que SS. SS. son menos sensibles que el diputado interviniente a lo avanzado de la hora. Silencio, por favor, silencio. (Rumores.) Señor De Luis, lleva una tarde tremenda. Señor Fernández de Mesa, obedezca, por favor. (Pausa.) Adelante, señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: La verdad es que uno entiende que estamos en una hora más proclive a beber vino que a hablar de vino.
(Aplausos.--Risas.--Un señor diputado: ¡Bravo, bravo!) Pero es inevitable que afrontemos con seriedad la discusión de esta moción porque nuestra intención al presentarla es propiciar un acuerdo que sirva de referencia a los planteamientos que debe llevar nuestro Gobierno ante la Unión Europea en la negociación de la reforma de la OCM del vino. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Sobre esta base, nuestro grupo no busca en este debate la originalidad, no busca el marcar diferencias, sino que, al contrario, nos sentimos contentos de poder propiciar iniciativas que ya vienen recogidas en los documentos elaborados por la Mesa del vino y darle carácter de acuerdo parlamentario. Como decíamos la semana pasada, estamos en este momento en mejor disposición que hace años para afrontar una buena OCM del vino.
Estamos en una mejor situación porque ya se han producido algunas reconversiones, que si bien han ajustado la demanda, también es verdad que algunas de ellas han tenido una dudosa rentabilidad.
Todos coincidíamos la semana pasada en que era necesaria y urgente la reforma de la OCM del vino y que era necesaria y urgente para que la Unión Europea pudiese hacer frente a la competitividad que tiene planteada por terceros países, por algunos que eran ya tradicionalmente competidores de la Unión Europea y por otros que han irrumpido en los últimos años con una fuerza importante en el mercado internacional. Por tanto, es preciso que la Unión Europea, para mantener el papel de liderazgo, afronte esta reforma de la OCM.
También coincidíamos la semana pasada en la necesidad de que, junto a la OCM, hubiese además un

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presupuesto suficiente, un presupuesto capaz de garantizar la máxima eficacia en la medida en que se adopte, de forma que se pudiese permitir la convivencia en igualdad de condiciones entre todos los viticultores europeos. Por ello en nuestra moción, una vez corregido el error que cometimos en la redacción en el punto 1.b), del que todos ustedes tienen conocimiento, queremos plantear algunos objetivos, que entendemos que es un acuerdo de mínimos comunes sobre los cuales el Gobierno, una vez asumidos, puede plantear una batalla, una lucha por una buena OCM que beneficie al sector. Por tanto, presentamos esta moción sin ningún carácter excluyente y con el ánimo de poder alcanzar un acuerdo mayoritario en esta Cámara que reafirme la postura española ante la Unión Europea.
En ese sentido, en primer lugar, consideramos imprescindible posibilitar la permanencia y el desarrollo del viñedo comunitario en las zonas tradicionales. Consideramos imprescindible también mejorar su competitividad en el mercado sobre la base de la calidad y la diferenciación del producto, con un desarrollo controlado de la producción y de una manera que se asegure la renta equitativa a los productos y que se refuerce la competitividad con una financiación exclusivamente a cargo de la Unión Europea.
En segundo lugar, creemos que hay que defender el mantenimiento del actual potencial productivo. La Unión Europea dispone actualmente de la mayor extensión vitivinícola del mundo con una abundante riqueza de variedades viníferas y de tipos de vino, si bien gran parte del viñedo está bastante envejecido y precisamente debido al carácter fragmentado de la estructura productiva presenta también serias dificultades para el mantenimiento y renovación de la materia vegetal. Por tanto, la nueva OCM debe adoptar como premisa fundamental el mantenimiento de este potencial productivo vitivinícola descartando medidas que obliguen o que incentiven el arranque de viñedos. Por el contrario, deben establecerse ayudas para la recuperación del viñedo comunitario de manera que se mantenga el control de la superficie. Como decía, nos sentimos satisfechos de poder coincidir con la Mesa para la defensa del vino y de la viña, que considera que este objetivo básico es alcanzable mediante dos tipos de medidas que en la práctica pueden resultar complementarias. De una parte, con la optimización de los recursos de los derechos de reimplantación y, por otra, con especial atención a la gestión de los derechos de reimplantación. Esta es una cuestión primordial, hay que mantener un estricto control de la superficie para evitar un crecimiento indiscriminado de la oferta, pero también es lamentable que se produzca una pérdida importante de derechos como consecuencia de una desacertada e incontrolada gestión de los mismos. Es necesario establecer los mecanismos apropiados de seguimiento y control que favorezcan la reutilización de los derechos y que eviten su desaparición en una cuantía tan notable como ha podido suceder hasta ahora.
En tercer lugar, también hemos querido reafirmar, como una seña de identidad de la postura española en la reforma de la OCM del vino, el hecho de que no se pueda tolerar desde los intereses españoles que se siga permitiendo la fabricación del vino con productos sucedáneos de la uva, mediante la adición de otros productos exógenos al sector, como la sacarosa. Obviamente nos referimos a la chaptalización que rechazamos rotundamente, como hace todo el sector español. Y la rechazamos porque viola la definición de vino como producto natural obtenido exclusivamente de la uva, definición oficialmente adoptada por la propia Unión Europea y mundialmente reconocida. También lo hacemos porque estimula los altos rendimientos y contribuye a la formación de excedentes.
Junto a esta defensa del vino como producto derivado exclusivamente de la uva, también se debe afrontar una promoción del consumo moderado, para lo que es necesario dotar este capítulo de los recursos financieros suficientes hasta alcanzar las cotas deseables de comercialización y consumo de los productos vitivinícolas comunitarios. En este sentido, se han realizado innumerables estudios que demuestran el desconocimiento que existe por parte de la mayor parte de los consumidores del vino y de otros productos derivados de la uva, incluso en los países productores.
El sector vitivinícola español está firmemente convencido de que la fórmula idónea, que es equilibrar la oferta y la demanda, pasa por ampliar la base de consumo de todos los productos y no por la reducción drástica de la producción, como se ha pensado en otros momentos, ya que en campañas de cosecha escasa estas deficiencias van a ser suplidas por vinos o mostos procedentes de terceros países, como lamentablemente hemos tenido ocasión de comprobar en España hace pocas campañas.
Para conseguir los objetivos planteados y para alcanzar el equilibro deseable entre la oferta y la demanda es imprescindible que el sector vitivinícola disponga, como ya hemos dicho, del presupuesto suficiente.
Por tanto estamos de acuerdo con la Mesa del vino y de la viña en el empleo más eficaz y eficiente de estos recursos financieros, con una mayor repercusión positiva de la competitividad del viñedo europeo sobre la base, repito, de la calidad y de la diferenciación.
Señorías, la semana pasada también coincidíamos en la necesidad de que el brandy no sea el gran sacrificado en esta reforma de la OCM del vino. Por eso en cuanto al brandy y los vinos de licor es necesario que se asegure, tal y como proponemos en nuestra moción, un volumen mínimo de vino para destilación, que se establezca un sistema de precios equiparables al resto de alcoholes agrícolas y que se cree un estado de regulación.
Por último, señorías, el consenso alcanzado la semana pasada en el debate nos animó a introducir un segundo

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elemento en la moción que hoy nos proponemos votar y, en este sentido, queremos que se entienda bien el texto literal de nuestra propuesta, que dice que se supedite la tramitación de la ley del vino y de la viña a la existencia de un consenso para no debilitar la postura española en la discusión de la OCM del vino. Lo proponemos porque no nos podemos engañar, no podemos mirar para otro lado, y hay que reconocer que tramitar en la actualidad la ley, tal cual salía de los estudios de la subcomisión que se creó en este Parlamento, podría suponer un elemento de choque, un elemento de confrontación, fundamentalmente en lo referente a la denominación de origen y a sus consejos reguladores.
Sus señorías conocerán el texto aprobado en la asamblea general de la conferencia española de consejos reguladores, en donde se apostaba radicalmente por que estos consejos tuvieran personalidad jurídica propia y que esta apreciación debería estar figurar en el Derecho público y estar dentro del ámbito de lo público. Esto choca frontalmente con otras posturas y creemos que en estos momentos plantear la ley, como ya se dijo aquí la semana pasada, podría suponer un elemento más de división que de unidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Centella, vaya terminando.


El señor CENTELLA GOMEZ: Voy terminando, señor presidente.
Planteamos esta segunda parte de la moción con la idea de que hoy el sector quedara convencido de que no se va a romper la unidad con la tramitación de esta ley. Termino diciendo que nos interesaba admitir algunas de las enmiendas presentadas, sobre todo en el primer apartado, porque entendemos que pueden coincidir e incluso ampliar nuestra moción, pero la realidad es que el trámite de votación, al tener que votarlas por separado, nos impide admitir ninguna enmienda. Por tanto, no vamos a admitir enmienda alguna y entiéndase que no es tanto porque no estemos de acuerdo con las mismas sino porque, repito, de admitir una sola enmienda nos veríamos obligados a votar las dos partes en conjunto cuando preferimos que se voten por separado, para intentar alcanzar un consenso en lo que sea posible.
En definitiva, nosotros esperamos alcanzar hoy un acuerdo que permita al sector y a los miles de familias que viven del vino y de la viña sentirse respaldados por esta Cámara. Ese era el compromiso que adquirimos la semana pasada y creemos, con toda sinceridad, que lo hemos cumplido con nuestra moción, porque, tal y como señala la Confederación de Cooperativas en el documento que todos los grupos tienen, está planteada en unos términos idóneos para iniciar el debate, para ser un punto unitario de partida que respalde la postura del Gobierno español. Si esto no se consigue, no habrá sido responsabilidad de Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que hoy se producen unas coincidencias curiosas.
Hemos aprobado al comienzo de la sesión los estatutos de Castilla y León y de La Rioja, regiones especialmente vitivinícolas, y terminamos hablando de vino.
En cualquier caso, en mi intervención con motivo de la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ya expresé la semana anterior nuestra opinión respecto a la oportunidad de la iniciativa en unos momentos claves para este sector, por la inminente propuesta a la Comisión del documento de reforma de la OCM. Enuncié también nuestras preocupaciones y formulé las preguntas concretas al respecto. También anuncié que quedábamos a la espera de la moción para completar y concretar nuestra posición.
La oportunidad que tenía el Gobierno para aclarar en esta Cámara su posición no fue aprovechada ni para informar sobre los criterios que se habían mantenido ni sobre los que se van a mantener en Bruselas para defender adecuadamente los intereses del sector. Una gran parte de la intervención de la ministra la dedicó a inundarnos de datos y cifras que se encuentran en cualquier manual de estadística agraria y otra parte a criticar a algunas comunidades, a las que acusó de aplicar una inadecuada política vitivinícola. En cuanto a la OCM, pasó de largo sobre ella.
A nuestro juicio, esa no es la mejor manera para iniciar un proceso de diálogo con los partidos políticos, con las comunidades autónomas y con el sector, para conseguir el consenso deseable en una cuestión de vital importancia social y económica que creo que todos compartimos. Por ello, si oportuna considerábamos la interpelación, más oportuna consideramos la moción que hoy se debate en esta Cámara. Compartimos plenamente los objetivos generales formulados en la moción, pero consideramos que su texto es generalista, carece de concreción al plantear las propuestas y está incompleto, ya que no contempla alguno de los aspectos fundamentales para una buena reforma de la OCM.
Por ello, nuestro grupo, con el único objetivo de contribuir en positivo y completar la moción, ha presentado cuatro enmiendas al texto original.
La primera de ellas propone que se defienda ante la Unión Europea una OCM del vino con visión de futuro, que posibilite al sector vitivinícola español la adaptación de sus estructuras productivas, elaboradoras y comerciales,

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al escenario de liberalización y mundialización de los mercados. Hemos propuesto veinticinco medidas concretas que, a nuestro juicio, se deben incluir en la nueva OCM, de las que, por no extenderme en su lectura, destacaré por su importancia cinco: no a la chaptalización, suficiencia de la ficha financiera y no a la cofinanciación, ayudas a la renta para viñedos de bajo rendimiento e interés agroambiental, mayor concreción y cuantificación en los sistemas de destilación e incremento de las prestaciones vínicas para asegurar, entre otros, el sector del brandy de Jerez.
La segunda de las enmiendas quiere que se supedite la tramitación parlamentaria de la ley de la viña y el vino a la aprobación de la OCM del sector vitivinícola. Abordar ahora la reforma de la Ley 25/1970 sería, a nuestro juicio, un grave error. No es una cuestión de ser más o menos osado o tener más o menos agallas, como decía el señor Isasi en el debate, no es cuestión de que el año 1998 sea conocido como el año del nuevo estatuto de la viña y el vino. Es cuestión de ser más inteligentes, más oportunos, para dotar al sector de una normativa nacional coherente y armónica con la normativa europea.
La tercera de las enmiendas se dirige a conseguir, a través del diálogo con los partidos políticos, comunidades autónomas y organizaciones de productores, elaboradores y comercializadores, el consenso político y social necesario para lograr una legislación nacional adecuada que permita mantener en la Unión Europea una posición cohesionada y unánime.
Para ello se exige al Gobierno información puntual, completa y concreta de las actuaciones, así como participación de los partidos políticos, de las comunidades autónomas y del sector.
Con esta enmienda, señorías, tratamos de mandatar al Gobierno para que haga efectivo su anuncio permanente de diálogo y participación, pero no de la forma habitual, parcial y sectariamente, sino general y abierto.
La nueva forma de legislar que el señor Isasi tan bien apuntaba y de la que tan orgulloso se sentía no consiste sólo en hablar con los amigos, aceptar sus propuestas y legislar bajo sus dictados; no consiste en pedir la opinión a los sectores, sino en tener en cuenta la misma; no consiste, por fin, en reaccionar deslegitimando a los consejos reguladores cuando sus opiniones no coinciden con las del Partido Popular o con las del Gobierno. El vino y su OCM es la nueva reválida que el Gobierno de España en general y su ministra de Agricultura en particular tiene que superar en Europa. Esperamos de verdad que esta vez apruebe el examen y deseamos que, a ser posible, sea con notable alto.
A los socialistas nos sigue preocupando el sector vitivinícola, nos preocupa cómo van a quedar los diferentes factores que inciden en su desarrollo y viabilidad futuros. Nos gustaría que la ministra, en su negociación en Bruselas, se preocupe de conectar bien con los posibles aliados, con los que cuenta para sacar adelante una propuesta favorable a los intereses españoles. Esperamos de verdad que esta vez el Gobierno sea diligente, eficaz y eficiente y, cumpliendo los mandatos parlamentarios, negocie con habilidad en Bruselas, pero no de forma aislada, sino con los socios adecuados, que sirvan de apoyo en la defensa del sector vitivinícola.
Desde la coherencia de una posición constructiva, queremos ayudar al Gobierno, pero si el Gobierno nos deja; queremos ayudar a la ministra, si la ministra nos deja; queremos recuperar el espíritu del 94 respecto a la reforma del vino y, al igual que el Grupo Popular hiciera con nosotros, le solicitamos no más ni menos, simplemente lo mismo. Queremos lo mismo que el Grupo Popular exigía a los socialistas en épocas precedentes y no muy lejanas, siempre con carácter imperativo y, a veces, con excesiva violencia verbal. Y simplemente se resume en dos puntos: que se informe a los grupos parlamentarios, representantes legítimos del pueblo español, de las intenciones de su Ministerio respecto a la OCM del vino. Y que defienda adecuadamente en la Unión Europea los intereses del sector vitivinícola español. Los socialistas, señorías, ya cumplimos; paramos una reforma mala para el sector. Ahora les toca a ustedes cumplir con sus obligaciones y conseguir una reforma favorable.
Nuestro grupo apoya básicamente el contenido de la moción, pero entendemos que queda muy poco clara y que es manifiestamente mejorable. A estas alturas de la cuestión, con un documento de propuesta prácticamente finalizado --lo conocemos por filtraciones y no precisamente por informaciones del Ministerio-, no sirven las generalidades, sino que es necesario plantear cuestiones concretas y fijar posición respecto a cada una de ellas. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha traído hoy estas enmiendas.
Hemos intentado de verdad llegar a un acuerdo para presentar ante esta Cámara un texto de consenso, que, partiendo de la moción de Izquierda Unida, integrase las propuestas recogidas en las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Popular. Lamentablemente no ha sido posible. Estamos, señorías, ante una reforma de inminente discusión en Europa. Empieza el debate y su resolución va a tener una incidencia de presente y sobre todo de futuro en un sector de la relevancia e importancia económica, social, cultural y agroambiental, como es en nuestro país el sector vitivinícola.
Queremos conseguir una OCM del vino que nos permita mantener una posición de dominio, impulsando nuestro liderazgo reconocido. Nuestra voluntad es lograr el consenso. Con ese espíritu hemos tratado de aportar en positivo nuestras consideraciones a través de las enmiendas. La no aceptación de un texto negociado nos hace anunciar la abstención de mi grupo a la moción debatida.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chivite.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señorías, permítanme agradecer a mi compañero José Madero la sustitución que tan brillantemente hizo con motivo del debate de la interpelación de la que es objeto la presente moción y que en estos momentos debatimos, pues, por diferentes motivos personales, no pude estar en ese Pleno.
Señor presidente, en segundo lugar, quiero agradecer también a Izquierda Unida la iniciativa que ha tenido con la interpelación y la presente moción sobre la nueva propuesta de reforma de OCM del vino. Y, en tercer lugar, es de justicia manifestar mi reconocimiento y el de mi grupo por la posición del Gobierno expuesta en este Pleno el pasado 27 de mayo con motivo del debate de la interpelación por la ministra de Agricultura, agradeciendo a la señora ministra el hecho inédito hasta ahora de haber enviado a la Comisión un memorándum o documento expresando la posición española respecto de la reforma de la OCM del vino.
Señorías, quien dé por sentado lo contrario estará faltando a la verdad y además incurriendo en un acto de cinismo político de todo punto inadmisible. (La señora Leiva Díez: ¡Cínico! ¡Cínico!--Rumores.) Tranquilos, tranquilos. Señores diputados, sin estar este diputado presente pueden decir lo que quieran, porque de todas formas los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes y tienen la suficiente memoria para no tomarles en serio cuando hacen ciertas afirmaciones, pero en mi presencia no pueden hacer alardes de cinismo sin que les ponga en evidencia con sus propias contradicciones, pues me imagino que no serán capaces de pedir a este Gobierno lo que ustedes no fueron capaces de hacer. (Rumores.) Tranquilos, no se pongan nerviosos.
Hubo una vez un ministro de Agricultura, conocido como el condecorador de consejeros de su mismo ramo en plena campaña electoral, que oficialmente dijo por escrito lo siguiente... (Rumores.) ¡Tranquilos! Dijo que las alegaciones efectuadas por España a la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma de la OCM vitivinícola se concretan en las diferentes intervenciones del ministro de Agricultura en los consejos de ministros de forma oral. Ese fue todo el memorándum, toda la posición española en la pasada legislatura del ministro de Agricultura y del Gobierno. (La señora Leiva Díez: ¡Mentiroso!) Eso figura en contestación escrita del ministro de Agricultura anterior a este diputado. ¡Vaya perla! Con respecto a la chaptalización, no me hagan recordarles, señorías, la postura de otro ministro de Agricultura conocido por el breve, ya que tuvo que salir casi por piernas a los pocos meses de haber tomado posesión por problemas personales con la Hacienda pública. O si quieren les recuerdo la dejación de la defensa de los intereses de los españoles y del sector vitivinícola entre otros durante la Presidencia española de la Unión Europea, el segundo semestre de 1995, ello a pesar de las promesas realizadas por escrito en el documento de prioridades que presentaron a esta Cámara en junio de 1995, donde figuraba que iban a sacar adelante desde esa Presidencia la reforma de la organización común de mercado del vino de acuerdo con los intereses españoles.
En cuanto a la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la verdad es que hay que hacer un gran esfuerzo para entenderla. Además de mezclar la reforma de la OCM con nuestro estatuto de la vid, se nota, señorías, que no asistieron ni participaron en la subcomisión del vino creada al efecto y ahora quieren reabrir un nuevo debate, después de que se cerró en el debate último, donde se discutió el documento de la citada subcomisión.
Por otra parte, señorías de Izquierda Unida, ustedes resaltan la importancia del sector cuantificando la producción vitivinícola española en 200.000 millones de pesetas, cuando esta cifra solamente corresponde a las exportaciones de productos vitivinícolas españoles, que, como pueden apreciar, han crecido los últimos dos años de forma espectacular.
Señorías, el valor de la producción vitivinícola española se sitúa entre el medio billón y los 600.000 millones de pesetas.
Señor presidente, dado lo farragoso de la redacción de la moción, el Grupo Popular ha querido aprovechar esta ocasión para renovar su posición y al mismo tiempo invitar a la Cámara a compartirla y a ofrecer el más amplio consenso a la ministra de Agricultura para la defensa del sector vitivinícola respecto de la futura propuesta de reforma de la OCM del vino, con las cautelas imprescindibles motivadas por el momento en que estamos debatiendo este tema, ya que no tenemos documento de reflexión, ni borrador, ni propuesta concreta con los que podamos discrepar o dar nuestra hipotética conformidad.
Con estas premisas, mi grupo parlamentario presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo basada en los siguientes principios. El primero de ellos es que creemos importante resaltar y dejar claro por nuestra parte, ante el resto de los países miembros, que somos el primer país del mundo, no solamente de Europa. España es el primer país del mundo en superficie vitícola y, sin embargo, es el país de más bajo rendimiento de uva por hectárea del mundo también. Además, España, por nuestra situación geográfica mediterránea, características de nuestras tierras, clima, etcétera, produce uno de los mejores vinos del mundo.
Creemos que nuestro sector tiene unas características, aparte de las económicas, eminentemente sociales y medioambientales de fijación de la población

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en el medio rural y, por lo tanto, de creación de empleo.
Creemos que es imprescindible el mantenimiento de nuestro potencial de producción. No podemos consentir por más tiempo que en nuestro país se hayan perdido --como ha ocurrido durante los últimos 10 ó 15 años-- más de 350.000 hectáreas de superficie de viñedo. Algunos presidentes autonómicos de las regiones más importantes de España, incluso de Europa en cuanto a superficie, deberían dar cuenta también a sus ciudadanos de cómo les han privado del potencial económico y social que representa la pérdida de esas 350.000 hectáreas de viñedo.
En tercer lugar, nos parece que la nueva OCM debe contemplar la subsidiariedad de los Estados miembros de cara a las nuevas superficies que producen vinos de calidad. Igualmente, señorías, creemos que, para que no se pierda ese potencial de superficie vitícola que tiene nuestro país, se debe crear una reserva nacional de derechos de replantación, que, finalmente, el Ministerio redistribuiría entre las diferentes comunidades autónomas.
Señorías, desde un país mediterráneo, desde España como primer país del mundo en cuanto a superficie, que produce uno de los mejores vinos del mundo, debemos rechazar la práctica de la chaptalización, la fabricación de vino con uva y remolacha. En ese sentido, proponemos también una serie de medidas estructurales, entre ellas, que se garantice el aprovisionamiento de alcoholes vínicos para la producción de brandy y licores. Al mismo tiempo, pensamos que uno de los ejes fundamentales en la nueva reforma debe ser un capítulo importante dedicado a la información y promoción del consumo inteligente y moderado del vino.
En cuanto a la dotación presupuestaria, debe ser lo suficientemente importante como para poder cumplir todos estos principios que acabo de enunciar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, vaya concluyendo.


El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor presidente. Termino en seguida.
Por otra parte, señorías, entendemos que la nueva OCM debe contemplar también un capítulo concreto para la financiación, la promoción de la viticultura tradicional europea y mediterránea, sus características y peculiaridades gastronómicas, y la posibilidad de constituir fondos operativos compartidos.
Señorías, porque creemos que esta propuesta es mucho más concisa, concreta y realista, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, invito a Izquierda Unida a que acepte nuestra enmienda y así la Cámara tenga oportunidad de votarla.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Isasi.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que quieran participar? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del BNG acerca de la cuestión que hoy estamos debatiendo, porque estamos ante una reforma a la que hay que prestar mucha atención para que la resolución que finalmente se adopte en el seno de la Unión Europea no sólo no resulte perjudicial para nuestros intereses, sino que suponga la adopción de una serie de medidas que permitan hacer rentable este cultivo para los productores y permitan además el adecuado desarrollo de la industria que gira alrededor de la transformación de este producto. Estamos --yo creo que eso lo compartimos todos-- ante la necesidad de defender una producción de la que viven comarcas enteras y para cuya desaparición no existen alternativas. Esperamos que el Gobierno dedique los mejores esfuerzos a conseguir que de los fueros donde la reforma se está gestando salgan acuerdos que favorezcan nuestros intereses, para lo cual tendrá nuestro apoyo.
Como siempre, el Bloque Nacionalista Galego va a estar atento a las propuestas que se hagan sobre el tema, porque la propuesta de reforma que en 1994 presentó la Comisión Europea sobre la OCM del sector vitivinícola era absolutamente impresentable y, aunque las referencias existentes a las propuestas de reformas parecen haber cambiado algo sus líneas, experiencias en otros sectores y los antecedentes citados hacen que haya que estar especialmente vigilantes, y nosotros así lo haremos. Por tanto, el Gobierno español debe prestar atención a las propuestas y sugerencias que parten del propio sector, de las comarcas afectadas, de las comunidades autónomas, etcétera.
Compartiendo básicamente el espíritu que anima la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no quisiéramos sin embargo dejar de subrayar que la reforma debe tender en todo momento al mantenimiento del potencial productivo de aquellas zonas con vocación vitivinícola, con apoyo decidido a la reestructuración, que no a la reconversión de las explotaciones, así como a su modernización en el camino de la calidad y adaptación al mercado, a la limitación de los excedentes actuando sobre los rendimientos y mediante la prohibición de la chaptalización.
También consideramos imprescindible que la financiación de las medidas que la nueva OCM contemple proceda exclusivamente de los fondos europeos, rechazando toda posibilidad de cofinanciación que agravaría la discriminación y el desequilibrio preexistente. Es evidente que los 800 mecus que la ficha financiera de la Agenda 2000 contempla para el sector parece indicar que los tiros no van por ahí. Además, la nueva

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OCM debe tener una especial sensibilidad por la viticultura de montaña o de fuertes pendientes, que tiene una importancia superficial relativa, pero que es trascendental desde el punto de vista social y necesario para el desarrollo endógeno de zonas altamente deprimidas. Toda vez que el impacto sobre la generación de excedentes que estas zonas producen es insignificante, consideramos que deberían quedar excluidas del principio general de prohibición de nuevas plantaciones.
Por último, coincidimos en supeditar la tramitación de la ley del vino y de la viña al consenso del sector, posponiendo la redacción definitiva de la OCM del vino, para evitar posibles restricciones internas que puedan situarnos en inferioridad respecto a otros Estados, y evitando, en definitiva, ser más papistas que el Papa, pues no sería ya la primera vez.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad por la hora y por lo magro que es el contenido de esta moción.
Al portavoz del grupo proponente quiero decirle que el oportunismo político estará siempre legitimado, pero para que tenga viabilidad necesita una solidez de conceptos y de planteamientos, y más cuando se trata de una materia como ésta en que se dice que se deje en suspenso la nueva ley del vino y de la viña, precisamente en este acuerdo que hemos tenido con la subcomisión, para que haya consenso en el sector. Como usted dice que no va a aceptar ninguna de las enmiendas, menudo ejemplo edificante para que el sector tenga consenso, si no lo hay aquí mismo por una cerrazón a propuestas de enmiendas que, a juicio de este portavoz, tanto las del Grupo Socialista como las del Grupo Popular, tienen una tremenda carga de realidad y de sentido común. Si usted se niega a aceptar enmiendas que pueden llevar al consenso parlamentario, ¿cómo nos pide en el último punto que haya consenso en el sector para no debilitar la postura española en la discusión de la OCM del vino? Ojalá los enemigos europeos de la OCM del vino español no lean lo que usted ha dicho en este debate de hoy y la propuesta que han traído.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho bien claramente dos ideas en las que participa mi grupo. Una moción generalista, más bien de un voluntarismo en su artículo 1, de vaguedades, carencia e indeterminación. Una política parlamentaria para conseguir un estatuto de la viña y del viñedo, una ley al respecto, una OCM del vino necesita un fundamento que al menos políticamente tenga la ejemplaridad del consenso, aceptándose enmiendas de los grupos que las han traído con un gran sentido de la responsabilidad. Casi diría que solamente con la justificación de su iniciativa, si fuera posible el consenso, ensamblando las propuestas que han hecho el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular obtendríamos una buena moción, al menos presentable en los foros europeos.
Es más, cuando creamos la subcomisión para hacer las propuestas de modernización para todo el sector vitivinícola español del vino y del viñedo, mi grupo se sintió reconocido en la peculiaridad canaria con un artículo que se aceptó con el consenso de toda la Cámara, fundamentalmente por los grupos parlamentarios mayoritarios, porque vamos en un régimen distinto. Cuando vemos este texto ahora, no nos sentimos ni reconocidos, ni siquiera para enganchar en una percha una posibilidad de aquellas reclamaciones que se hacen desde el sector vitivinícola y del viñedo en Canarias.
Por tanto, señoría, si usted cierra esta posibilidad de consenso, no cabe más respuesta que decirle que vamos a votar que no a esta moción.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Estado español es el tercer país del mundo en producción de vino y el primero en superficie de viñedo. En algunas zonas la viña es el monocultivo desde tiempos inmemoriales, siendo este producto uno de los más emblemáticos de la cultura mediterránea. Por tanto, no sería bueno que, cuando se intenta modificar una política sectorial tan importante como es esa, no se tengan en cuenta los intereses de uno de los principales países productores.
Todos estamos de acuerdo en que el sector tendrá que hacer un gran esfuerzo para adecuarse a los nuevos retos que nos reserva el futuro, que tendrá que adaptar sus producciones y sus cualidades a las nuevas demandas de los mercados, que tendrá que realizar un esfuerzo para mejorar la calidad del producto y para ser competitivo. Además, todos tenemos que ser conscientes de que esos cambios no van a ser fáciles y que difícilmente podremos pedir a nuestros agricultores que sean capaces de producir con éxito en el marco de la desregularización feroz que propone la Unión Europea, adelantándose incluso en muchos casos a las propuestas de la Organización Mundial del Comercio, pero no voy a profundizar en este tema ahora.
Tenemos que ser realistas y a nuestro entender no va a ser fácil llegar a un consenso. Hay que tener en cuenta que existen otros países, como Francia, Italia y Alemania,

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que intentarán imponer su modelo y, por otro lado, existen otros, como Australia, Chile Argentina y los Estados Unidos, que están intentando copar los grandes mercados mundiales. Por tanto, debemos disponer de una estrategia en defensa de nuestro sector que evite, como en otras ocasiones, que nos quedemos solos en el momento de la negociación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Se está trabajando en un borrador para la modificación de la OCM del vino y en este momento existe aún poca información, pero si estamos a favor de la viña en general, de la potenciación de los buenos caldos, si queremos que esa política sea coincidente con las medidas de carácter medioambiental de mantenimiento del suelo, de lucha contra la desertización, con medidas de carácter social como la protección del empleo, a favor de un modelo de desarrollo territorial equilibrado, estoy seguro de que encontraremos una fórmula en la que coincidiremos todos.
Si lo que se pretende es que en la propuesta unos salgan beneficiados, aunque sus mostos no sean capaces de fermentar por sí solos, y que las propuestas pasen por posicionamientos que tienden a separar las rentas de las zonas productoras o que la diferencia entre las OCM modificadas lleven en su caso a la renacionalización de las ayudas, ya sea con aportaciones individuales o del Estado, será difícil que todos lleguemos a un acuerdo.
No sería en este momento justo si no reconociera el acierto de frenar la OCM del vino porque, de haberse llevado a cabo, la situación actual sería muy diferente a la que tenemos. Por tanto, hay que reconocer el esfuerzo que se hizo en aquel momento.
Aunque haya trascendido poca cosa sobre el borrador, ya comienza a correr una versión anglosajona, y de modo global ya no se habla de arranque obligatorio, y eso sin duda es una gran noticia.
Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores diputados, sería bueno que el Congreso conociese de primera mano la propuesta, el memorándum que el Ministerio ha elaborado de cara a la negociación de la OCM del vino, y sería bueno que dispusiésemos en este momento de toda esa documentación.
De todas formas, le adelanto algunos temas que son de gran importancia y que se tendrían que tener en cuenta en el momento de la negociación.
Estamos claramente en contra de la chaptalización; en todo caso, en zonas absolutamente definidas y de forma excepcional se podría aceptar esa técnica siempre que el enriquecimiento de los mostos se produjese con la adición de mosto concentrado y rectificado. Tendría que quedar absolutamente regulado el uso del término vino, en su expresión general, para aquellos productos que para lograr la fermentación no han usado aditivos exógenos. Hay que asegurar que la ficha financiera sea suficiente y en ningún caso podemos apostar por la renacionalización de las ayudas, ya sea con cofinanciación individual o estatal, ya que sería un trato absolutamente discriminatorio frente a otras OCM, y sobre todo tendría efectos negativos para los países que tienen menos recursos.
Resumiendo, continuaremos insistiendo en que no es bueno para los intereses globales del sector agrario la estrategia que está realizando la Unión Europea, negociando sector por sector; sería mucho mejor que la negociación y la aprobación de las nuevas OCM se realizarán a la vez, lo que como mínimo facilitaría la unificación de criterios en los tratamientos de las diferentes producciones y evitaría los tratamientos discriminatorios. Sería bueno que el Congreso conociese las propuestas del memorando del propio Ministerio y sobre todo sería bueno que se aprobase una OCM que fuese beneficiosa para el propio sector.
¿Cuál es el posicionamiento de nuestro grupo?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Companys, vaya terminando, por favor.


El señor COMPANYS SANFELIU: Termino enseguida, señor presidente.
Es una pena que en un tema tan importante como éste no haya habido suficiente voluntad política para llegar a una propuesta unitaria cuando la diferencia de posicionamiento de los diferentes grupos es mínima, a nuestro entender.
El Partido Socialista ha presentado un documento con 25 puntos, que más que unas recomendaciones para negociar, da la impresión de que es el pacto prácticamente cerrado. Todos estos puntos son interesantes, pero darían poco margen al Ministerio para que pudiese negociar.
El Partido Popular ha presentado un buen documento, en el que habría que modificar los apartados 1 y 2, porque parece que antes de iniciar la negociación ya están de acuerdo con la cofinanciación de las ayudas comunitarias. Además, esa propuesta iría en contra del acuerdo jumbo de 1993 y representaría un trato discriminatorio frente a otros sectores modificados.
Con la propuesta de Izquierda Unida, en su generalidad, podríamos estar de acuerdo, pero, a nuestro entender, habría que mejorar su redacción.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Companys, termine, por favor.


El señor COMPANYS SANFELIU: Termino, señor presidente.
El apoyo a la investigación y a la armonización fiscal del vino y de sus industrias no puede ser regulado en una OCM. Tampoco estamos de acuerdo con el apartado 2, que dice textualmente que se supedite la tramitación de la ley del vino y de la viña a la existencia de un consenso en el sector. Entiendo que ese posicionamiento es una renuncia a la responsabilidad que tenemos como diputados. En todo caso, si no hay consenso

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es porque no somos capaces entre todos de encontrar puntos de coincidencia, como hoy con seguridad va a pasar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Companys. (El señor Centella Gómez pide la palabra.) Señor Centella, S. S. ha indicado ya al principio de su intervención que no iba a aceptar ninguna enmienda. Solamente tiene la palabra para ratificarlo, no para entrar en debate con nadie.


El señor CENTELLA GOMEZ: Solamente para informarle al señor Mardones que habíamos propuesto...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Solamente quiero decir que habíamos ofrecido retirar nuestro texto si se alcanzaba un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para llegar a una moción conjunta. Al no ser posible, hemos mantenido nuestro texto. Por tanto, al señor Mardones le ha sobrado su intervención por no estar informado.
Dicho esto, quiero repetir que no hemos admitido ninguna enmienda, puesto que después de una negociación no ha sido posible alcanzar un texto unitario, y no precisamente por Convergència i Unió o por Izquierda Unida, sino por el Partido Popular y el PSOE.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Vamos a pasar a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señor Centella, entendió la Presidencia que no aceptaba ninguna enmienda y que quería someter a votación separada los puntos 1 y 2. ¿Es ese su deseo? (Asentimiento.) Gracias.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación del sector vitivinícola español y su futuro ante la próxima reforma de la organización común del mercado del vino.
Votamos, en primer lugar, el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 16; en contra, 140; abstenciones, 98.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1.
Se somete a votación el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 15; en contra, 138; abstenciones, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazado el punto 2 de la moción, concluyendo así el punto tercero del orden del día.
Se suspende la sesión que continuará mañana miércoles, a las 16 horas.


Eran las once y quince minutos de la noche.

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