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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 174, de 25/06/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 174

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 169

celebrada el jueves, 25 de junio de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado D. Javier Barrero López. ( Número de expediente 240/000005.) ... (Página 9336)

Enmiendas del Senado

- Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 70-1, de 18 de junio de 1997. (Número de expediente 121/000068.)...
(Página 9336)

- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 71-1, de 18 de junio de 1997. (Número de expediente 121/000069.)...
(Página 9336)

- Proyecto de Ley de venta a plazos de bienes muebles. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 42-1, de 29 de abril de 1997. (Número de expediente 121/000040.) ... (Página 9343)

Página 9332


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes - Real Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR) en una sociedad anónima. (Número de expediente 130/000048.) («BOE» número 135, de 6 de junio de 1998.) ... (Página 9348)

- Real Decreto-Ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (Número de expediente 130/000049.) («BOE» número 147, de 20 de junio de 1998.)... (Página 9355)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas - Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 14.500.000.000 de pesetas, para la adquisición de los edificios sitos en la Carrera de San Jerónimo, números 36 y 40, con destino al Congreso de los Diputados. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 121-1, de 8 de junio de 1998. (Número de expediente 121/000120.) ... (Página 9364)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas - Proposición de Ley Orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, n úmero 151-1, de 13 de febrero de 1998. (Número de expediente 122/000132.) ...(Página 9366)

- Proposición de Ley sobre modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 100-1, de 3 de junio de 1997. (Número de expediente 122/000082.) ...(Página 9367)

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.191.528.660 pesetas, para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante el ejercicio de 1996. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 106-1, de 3 de marzo de 1998. (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 9380)

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.157.470.490 pesetas, para el pago de indemnizaciones, derivadas de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, y de otras resoluciones, a titulares de las oficinas de farmacia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 112-1, de 24 de abril de 1998. (Número de expediente 121/000110.) ...
(Página 9382)

Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el Proyecto de Convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de extinción de incendios forestales

- Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el Proyecto de Convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de extinción de incendios forestales.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 139, de 13 de mayo de 1997. (Número de expediente 93/000006.) ... (Página 9382)

Declaración institucional - Por la que se condena el atentado terrorista perpetrado en Rentería. (Número de expediente 140/000023.) ... (Página 9382)

Ampliación de plazos de subcomisiones - Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público. (Número de expediente 154/ 000019.) ... (Página 9387)

- Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública. (Número de expediente 154/000016.) ...
(Página 9387)

- Subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria. (Número de expediente 154/000011.) ... (Página 9387)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores diputados, posponiéndose la votación a un momento posterior

Se reanuda la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado ... (Página 9336) )

Proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa ... (Página 9336)

Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página 9336)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Rubiales Torrejón , del Grupo Socialista del Congreso, y el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso .


Proyecto de ley de venta a plazos de bienes muebles ... (Página 9343)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Navarrete Merino, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso .


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 9348)

Real Decreto-ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar) en una sociedad anónima ... (Página 9348)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno , el señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Enfoca la exposición del Real Decreto ley desde una doble perspectiva jurídica y económica. Explica los antecedentes legales de la creación de la empresa y justifica la utilización del real decreto ley en base a la necesidad urgente de reordenación del sector público estatal y la conveniencia de ofrecer al mercado la ejecución de actividades económicas cuya permanencia en el sector público no se consideran necesarias y también en base a la necesaria utilización de una norma con rango de ley. Expone el contenido del real decreto-ley, que considera que debe ser aprobado en unidad de acto por su simplicidad, y pasa a analizarlo desde la perspectiva económico -empresarial. Finalmente se refiere al objetivo inmediato que se ha tenido presente en el momento de plantear el proceso de privatización de Enatcar, que era la privatización de la totalidad del grupo, sin desagregar las empresas filiales, garantizando, según figura en el pliego de condiciones, el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo.


En turno en contra intervienen los señores Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso .


En turno a favor interviene el señor Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso .


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió )

Real Decreto-ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias ... (Página 9355)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno , el señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo ) .Manifiesta que la modificación que se propone es de

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gran importancia porque supone la finalización de una larga negociación con la Comisión Europea, a fin de adecuar a la legislatura comunitaria el régimen económico y fiscal de Canarias.
Explica el largo proceso seguido desde 1991, en el que han participa do gobiernos y mayorías de di verso signo, a fin de que se reconozca la realidad canaria en la incorporación de España a la Unión Europea, de manera que Canarias pueda beneficiarse de las políticas comunitarias y, a su vez, que las políticas comunitarias y sus textos legales básicos recojan los principios y las particularidades del Derecho español con respecto a Canarias, y en concreto la cuestión de la ultraperificidad.
A continuación pasa a explicar el contenido del Real Decreto-ley que consta de tres artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final, solicitando de la Cámara su voto favorable.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
... (Página 9364)

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 14.500.000.000 de pesetas, para la adquisición de los edificios sitos en la carrera de San Jerónimo, números 36 y 40, con destino al Congreso de los Diputados... (Página 9364)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Caldera Sánchez- Capitán, del Grupo Socialista del Congreso, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ...
(Página 9366)

Proposición de ley sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos ... (Página 9366)

En defensa de las enmiendas presentadas a la pro posición de ley intervienen los señores Jover Presa, del Grupo Socialista del Congreso; Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y la señora Rivadulla Gracia y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley sobre modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ...
(Página 9376)

En defensa de la enmienda presentada a esta proposición de ley, interviene el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Oller o Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso .


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.191.528.660 pesetas, para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante el ejercicio de 1996 ... (Página 9380)

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En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.157.470.490 pesetas, para el pago de indemnizaciones, derivadas de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, y de otras resoluciones, a titulares de las oficinas de farmacia ... (Página 9382)

No habiéndose presentado enmiendas a este proyecto de ley, se pasa al siguiente punto del orden del día.


Dictamen de la Comisión Constitucional s obre el proyecto de convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de extinción de incendios forestales... (Página 9382)

Tampoco se han presentado enmiendas a este dictamen .


Declaración institucional ... (Página 9382)

Por la que se condena el atentado terrorista perpetrado hoy en Rentería ... (Página 9382)

El señor presidente somete a la Cámara la aprobación de una declaración institucional condenando el asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería, Manuel Zamarreño, que es aprobada por asentimiento.


Votaciones ... (Página 9383)

Se procede a las votaciones correspondientes a los diversos puntos del orden del día debatidos.


Ampliaciones de plazos de subcomisiones ...(Página 9387)

Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público ...
(Página 9387)

El señor presidente somete a votación la prórroga del plazo de funcionamiento de la subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público hasta fin de año, lo que se aprueba por asentimiento.


Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública ... (Página 9387)

Así mismo, el señor presidente somete a votación el aplazamiento hasta fin de año de la finalización de los trabajos de la subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública, lo que se aprueba por asentimiento.


Subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria ... (Página 9387)

Por último, el señor presidente somete a votación el aplazamiento hasta fin de año de la finalización de los trabajos de la subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria, lo que se aprueba por 176 votos a favor, 127 en contra y tres abstenciones.


Continúa la sesión con carácter secreto.


El señor presidente somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado .


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Continúa la sesión con carácter público y se levanta a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON EL DIPUTADO DON JAVIER BARRERO LÓPEZ. (Número de expediente 240/000005)

Se pospone la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados a un momento posterior.


Se reanuda la sesión con carácter público.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000068)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000069)

El señor PRESIDENTE : Pasamos al punto VII, Enmiendas del Senado. En primer lugar, enmiendas del Senado a los proyectos de ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se debatirán acumuladamente por ser de naturaleza conexa.


¿Grupos que desean intervenir sobre los proyectos de ley a debate? (Pausa.)

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis Mardones Sevilla.


El señor MARDONES SEVILLA: Con su venia, señor presidente.
Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria con respecto a las enmiendas introducidas por el Senado a estos proyecto de ley que nos vienen de la Cámara Alta y que se refieren, sobre todo, a las competencias que ya estudiamos en su día en la Comisión de Justicia e Interior.


Quiero decir solamente, señor presidente, que vamos a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado a estos dos proyectos de ley, dado que son, como ocurre habitualmente, enmiendas de perfeccionamiento del texto, correcciones técnicas - incluso las hay de tipo gramatical- que clarifican el texto correspondiente y, por tanto, representan un valor añadido al incidir en el principio de claridad y, por tanto, en el derecho de seguridad jurídica. Las otras enmiendas también perfeccionan la aplicación de esta seguridad jurídica. Por estas razones, señor presidente, y sin profundizar más en los temas, vamos a votarlas favorablemente.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, llegamos al trámite final de una ley largo tiempo requerida y que se vincula al derecho a la tutela judicial efectiva.
Los trabajos de todos los grupos han sido intensos y coordinados, lo que también se ha producido en el trámite del Senado, en el que se han producido cambios significativos.
El Grupo Vasco presentó en esta Cámara 34 enmiendas, de las que una gran parte han sido aprobadas y otras han sido objeto de transacciones con los demás grupos, e igualmente se ha sumado a la aprobación de las enmiendas de otros grupos, fruto del amplio consenso que ha presidido la elaboración de esta ley. Aunque las no aprobadas hacen referencia a cuestiones sustantivas, son más bien precisiones técnicas, correctas desde nuestra óptica y que pensábamos que mejoraban el texto, pero no hemos logrado convencer a los restantes grupos. En concreto, nos hubiera gustado alguna precisión más en relación con la tutela cautelar, que, en gran medida, ha quedado redactada con enmiendas procedentes del Grupo Vasco.
He indicado que se han producido cambios importantes en relación con el texto aprobado por el Congreso, y me referiré al acuerdo que se ha logrado sobre el llamado juicio abreviado. Se reduce notablemente su utilización ya que no va a ir a estos juzgados, tal y como quedó en esta Cámara, todo lo regulado en los artículos 8 y 9, sino aquellos asuntos cuya cuantía no superen las 500.000 pesetas o que traten de cuestiones de personal, salvo el nacimiento o la extinción de la relación funcionarial. Se ha intentado equilibrar rapidez con seguridad jurídica en la respuesta judicial, y como el equilibrio depende de las características de cada conflicto, se hace difícil fijar reglas apriorísticas. Esperamos haber acertado, aunque quizá este sea uno de los aspectos que con un tiempo de rodaje nos pondrá en evidencia si está necesitado de retoque. Quizá debió preverse la existencia de un trámite en el que las partes

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pudieran discutir contradictoriamente la procedencia de utilizar o no el procedimiento abreviado.


En la regulación de la casación, que es correcta, nos hubiera gustado una mayor audacia, recogiendo alguna de las ideas que, desde la judicatura, se habían trasladado a los ponentes: permitir, por ejemplo, la creación de jurisprudencia en asuntos de escasa cuantía, pero que por su dimensión objetiva requerirían de la función de unificación propia del recurso de casación.


Desde la óptica del grupo al que pertenezco, no puedo dejar de hacer mención a la modificación que en el Senado ha sufrido la disposición adicional segunda, ya que se ha traslado a la ley la peculiaridad organizativa de los territorios históricos vascos. Los territorios históricos son cualitativamente distintos de los entes locales, municipales y provinciales y ostentan una verdadera autonomía política, l o que hace necesario darles en las leyes el mismo tratamiento que a los órganos legislativos y ejecutivos y que a los equivalentes estatales o autonómicos.


La disposición adicional sexta ha sufrido también una notable modificación, un recorte sustancial que decepcionará quizá a los magistrados del orden contencioso, pero no parece, en efecto, que los actos de gestión recaudatoria tengan una dimensión laboral que destaque por encima de su carácter esencialmente administrativo. Lo mismo cabe decir respecto al desgajamiento de una parte del Derecho administrativo sancionador que se ha trasladado a la jurisdicción laboral. También parece correcto residenciar en el orden social las resoluciones administrativas relativas a regulación de empleo o a traslados colectivos.


No ha quedado mal, en definitiva, pero quiero hacer una última referencia a un aspecto que es importante para mi grupo y que enlaza con el contenido de la ley orgánica. No estamos de acuerdo con el tratamiento que se ha dado a los órganos unipersonales, en concreto a los juzgados unipersonales centrales, respecto de los cuales no presentamos enmienda, aunque sí hemos apoyado en toda la tramitación las enmiendas del Grupo Socialista al respecto. Esta opinión, que hemos mantenido a lo largo de toda la tramitación, no nos llevará hoy a votar en contra de la ley orgánica por un problema de responsabilidad. Creemos que su aprobación, con las mayorías necesarias, es condición sinequa non para que pueda entrar en vigor la ley y, por lo tanto, nos sumaremos a la votación, pese a esta objeción que le hacemos.


Quiero terminar con una referencia que quizá parezca en exceso solemne en relación con la ley que se aprueba. Si estamos en un Estado de Derecho, su característica es el sometimiento a la legalidad del actuar administrativo y su posibilidad de control ante los tribunales. Es obvio, por tanto, que hoy aprobamos una norma instrumental de uno de los pilares del si stema democrático, y en el Grupo Vasco nos alegramos de ello.


Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
El Grupo de Izquierda Unida... (El señor Silva Sánchez pide la palabra.) Perdón, señor Silva, tiene S. S. no sólo todo el derecho sino toda la razón al ponerse en pi e y usar de la palabra que le corresponde, en nombre del Grupo de Convergència i Unió.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Aprobamos hoy una ley que modifica aquella ya lejana, de hace 42 años. Anuncio ya que mi grupo no se va a oponer a las enmiendas introducidas en el Senado, muchas de las cuales han sido precisamente propuestas por él. Entre el trámite del Congreso y el Senado hemos sacado adelante más de cien enmiendas, ya sea aprobadas literalmente, ya sea transaccionadas.
El valor de la ley entendemos que es importante. Por un lado, sin lugar a dudas, se ha aproximado la justicia administrativa al ciudadano, no sólo por la creación de estos juzgados de lo Contencioso-Administrativo, si no también a través de la ampliación de las competencias de los tribunales superiores de Justicia. Desde hace unos meses, a través del estatuto del contribuyente, e incluso en la propia Ley de lo Contencioso, se les atribuye competencia para resolver los recursos contra resoluciones del Tribunal Económico- Administrativo Central en materia de tributos cedidos, se produce una ampliación del fuero electivo -se introducen las sanciones en el fuero electivo-, así como el criterio de determinación de la competencia del locus reisitae. Todo eso determina que los tribunales superiores de Justicia, y concretamente los tribunales superiores de Justicia que no son el de Madrid, a los que tampoco quiero llamar periféricos, ven incrementada notablemente su competencia. Pero también se ha acercado el procedimiento al ciudadano, a través de la introducción -primero en el Congreso y después con modificación en el Senado- de un procedimiento abreviado de carácter verbal que realiza esos principios de inmediación, oralidad y concentración en las pretensiones a las que ya se ha aludido, hasta 500.000 pesetas en procedimientos en materia de personal e inactividad de la Administración en el sentido de no ejecutar sus actos administrativos firmes. Este es un procedimiento en el que el ciudadano deberá comparecer, obviamente, a través de abogados, salvo que ostente una relación funcionarial, y en cualquier caso podrá ser oído directamente por el juez.
En segundo lugar, se acercan las competencias judiciales a la estructura autonómica del Estado. Se han introducido dos recursos, uno de casación para la unificación de doctrina y otro de casación en interés de ley de los que conocerán los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Nuestra enmiendas eran más avanzadas, pero no hemos encontrado ahí la mayoría necesaria.
También es tremendamente importante introducir en la jurisdicción contencioso-administrati va los efectos que derivan de la Administración como productora de

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actos en masa y que tienen mucho que ver con garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En la legislación vigente únicamente se apreciaba este acto a través del recurso en interés de ley o de la acumulación; sin embargo, en la nueva ley que aprobamos hoy se introducen los recursos testigos, se introduce la extensión de los efectos de la sentencia, se introduce la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por razón de fondo cuando ya se han producido sentencias sustancialmente idénticas, se produce la extensión de la prueba pericial atribuyendo también determinados deberes a la Administración, incluso a los secretarios judiciales, para que esta consideración de la Administración como productora de actos en masa pueda surtir los efectos benéficos que debe. En cualquier caso, será una reducción de los procedimientos o bien de la duración de los mismos.
Se aligera el procedimiento, puede iniciarse a través de demandas, sin ser preciso un escrito de interposición; puede prescindirse del expediente; conclusiones y vistas se dejan a disposición del demandante y se mejora, sin lugar a dudas, la posición jurídica del recurrente o del administrado; se amplía el ámbito del recurso, que no sólo va a ir referido a actos, sino también a actuación material de la Administración constitutiva de vía de hecho y a la inactividad, y se introduce también la posibilidad de recurrir contra aquellos actos de trámite que produzcan perjuicios irreparables a derechos o intereses legítimos. Estamos hablando de actos de trámite cualificados y pensando concretamente en supuestos como los que se dan en algunos ámbitos de la Administración: autorización administrativa para entrada en lugares cerrados, que se produce en el ámbito de actuación de la Hacienda pública, o requerimientos de información. En cualquier caso, se amplían también los instrumentos a disposición del juzgado o tribunal para exigir a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones, la remisión, por ejemplo, del expediente a través de las multas coercitivas, sin renunciar en modo alguno, por lo demás, a la deducción de testimonio, así como también de cara a la ejecución de la sentencia. Una nueva regulación de las medidas cautelares, más ligada en este caso al periculum in mora que al fungus goneiuris, y que por lo demás permite que pueda acordarse est a medida sin garantía o a través de cualquiera de las garantías admitidas en Derecho. Se admite la compensación económica en el ámbito de la ejecución.
Respecto de las costas -y con esto voy acabando, señor presidente-, no se ha aceptado el criterio del vencimiento, que podría suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, salvo en aquellos supuestos -y eso es lo que queríamos decir los ponentes- en los que la cuantía litigiosa sea inferior al coste del proceso, porque si en esos supuestos no se aplica el criterio del vencimiento, obviamente, como se dice en su precepto, se pierde la finalidad del recurso.
Como ya ha sido comentado, se produce un reenvío de determinadas materias a la jurisdicción social en virtud de una enmienda de mi grupo posteriormente transaccionada.
Nuestro planteamiento era desde luego más ambicioso, pero entendemos que la recaudación en materia de Seguridad Social es lo bastante importante y lo bastante sensible como para que ese reenvío se produzca después de haber operado en la Ley de procedimiento laboral las modificaciones precisas para garantizar su corrección.
Finalmente, quiero realizar dos o tres indicaciones. Una, que a través de una transacción se ha introducido en el Senado una salvaguarda en el artículo 9, apartado c), que pretende pura y simplemente que los tribunales superiores de Justicia sigan conociendo de aquellas materias de personal y propiedades especiales, aunque estas materias correspondan no a la Administración general del Estado sino a organismos vinculados o dependientes de la misma, léase Oficina de Patentes y Marcas, por ejemplo. En segundo lugar, queríamos poner de manifiesto que la admisión de la impugnación de la vía de hecho, incluso sin previo requerimiento, no excluye en modo alguno el uso de los interdictos. Eso es algo que también los ponentes teníamos relativamente asumido.
Finalmente, es obvio que se puede encontrar alguna contradicción en la ley, que lamentablemente este trámite no permite salvar, entre los artículos 62.3 y 57, por ejemplo, como alguna más que sin lugar a dudas aparecerá y que creo que debemos estar dispuestos a corregir en el período más breve posible. Como ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, es de agradecer al resto de los grupos parlamentarios y muy concretamente al Grupo Parlamentario Popular, que a fin de cuentas es el que ostenta la posición mayoritaria y, por tanto, desde ese punto de vista, también al Gobierno, la sensibilidad que ha tenido respecto de enmiendas presentadas por otros grupos.
No hemos sacado adelante alguna enmienda en materia de legitimación; también nos hubiese gustado una casación un poco más osada de la que hemos conseguido, así como identificar la Administración periférica de las comunidades autónomas con la del Estado a efectos del órgano competente para resolver sus conflictos.
Respecto de la ley orgánica, y en lo que hace referencia a los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo, la posición de mi grupo desde el primer momento ha sido preferir que hubiese sido un magistrado delegado de una sala, en el ámbito de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, un magistrado delegado de la sección correspondiente del Tribunal Superior de Justicia y, en el ámbito central, un magistrado delegado de la Audiencia Nacional, los que resolviesen los temas que han venido atribuidos a estos juzgados centrales o a estos juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La posición política del grupo mayoritario ha sido otra. Obviamente, la política es esto, consiste en negociar y en pactar y, por lo tanto, se asume y se votará a favor de lo dispuesto en la ley orgánica, no sin resaltar que, obviamente, se nos señalará

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la contradicción o, si no contradicción, la complejidad que resulta de que actos de un mismo órgano administrativo, en función de la materia de la cuantía, sean resueltos en unos casos por un juzgado central, en otros por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en otros casos por tribunales superiores de Justicia que no sean el de Madrid.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Le agradeceré que las citas que ha hecho en latín clásico las pueda suministrar a los taquígrafos, a efectos de la debida transcripción en el «Diario de Sesiones».
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pablo Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Como recordarán sus señorías, la presentación del trabajo definitivo por parte de la Comisión al Pleno de esta Cámara se hizo con tal grado de consenso que hasta se utilizó un mecanismo que no suele ser muy habitual, que era depositar la confianza en un ponente, en este caso don Jaime del Burgo, que fue el que habló por todos y cada uno de los miembros de la Comisión. Pongo de manifiesto este detalle para ver cómo el trabajo en ponencia y en Comisión había ido presidido por el intento de voluntad y consenso. Es evidente que nuestro grupo parlamentario no sólo no tiene una presencia importante en el Senado, sino que casi no la tiene, y ello ha hecho que cuando ha llegado el momento de revisar el proyecto de ley se haya prescindido por completo de todo nuestro posible criterio.
En consecuencia, por una elemental coherencia con los propios actos, tenemos que mantener el texto que ha salido de este Congreso de los Diputados, aceptando lógicamente el conjunto de enmiendas técnicas, correcciones de estilo, ordenación metodológica, en suma, todo lo que supone un perfeccionamiento de carácter técnico-gramatical, pero no podemos aceptar, porque no se ha contado con nosotros para ello, las modificaciones importantes que se producen en est a ley. Por tanto, votaremos a favor de todas las enmiendas que podemos considerar correctoras de deficiencias gramaticales o terminológicas, pero no gozarán de nuestro voto a favor ni la exposición de motivos ni las enmiendas a los artículos, 8, 23, 78, 84, 130 y 139, de los cuales ya solicitamos desde este momento la correspondiente votación separada. Como las enmiendas que por el Senado se han introducido con respecto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial son enmiendas que como dice el propio mensaje motivado, no tienen otro alcance que la corrección y ordenación de su propio texto, esas sí gozarán de nuestro voto favorable.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castell ano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Amparo Rubiales.( La señora diputada intenta hablar desde el escaño, pero no funciona el micrófono.) Adelante, señora Rubiales, a la tribuna orostrum, ya que estamos esta mañana de latines.


La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.
Era además intención de esta portavoz que les habla intervenir desde la tribuna, por la importancia de la ley; no lo había hecho así desde el primer momento para que mis compañeros no pensaran que yo quería destacarme de ninguna otra manera. Los hados del destino, seguramente del micrófono, han hecho que al final, señorías, intervenga desde la tribuna y me parece bien, porque saben SS.SS. que es importante la reforma de las dos leyes que hoy vamos a aprobar.
Con hoy ya es la tercera vez que subo a esta tribuna para hablar precisamente de la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, colateralmente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Espero que hoy sea l a definitiva y que por mucho tiempo no volvamos a hablar de la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Hoy vamos a ver las enmiendas a los dos proyectos que nos vienen del Senado, aunque tengo un cierto temor, señorías, debo decírselo claramente, y es que a lo mejor no muy tarde tendremos que hacer algún retoque a esta leyes importantísimas que no han quedado del todo finas en algunos aspectos. Ojalá que me equivoque y duren tanto y tengan tan buenas críticas como la tuvo la Ley de 1956, a la que la primera viene a sustituir al fin.
Señorías, hace un año que entró en est a Cámara el proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, remitido por el Gobierno el 26 de junio de 1997, que, como todos saben, trae su causa en el que en la anterior legislatura presentó el Gobierno socialista y que llegó a ser aprobado unánimemente en ponencia. Ya dijimos entonces y repetimos hoy que el 90 por ciento de esta ya inminente ley tiene su causa en aquel texto que, dirigido inicialmente por el profesor Leguina Villa y otros ilustres juristas, vino a ser la base fundamental del actual proyecto. También hemos hablado de la importancia capital de esta ley. La sola lectura de los debates producidos en las dos cámaras sirve claramente para ponerla de relieve. Absolutamente todos hemos destacado la trascendencia de este proyecto de ley, que viene dada por su contenido y por su finalidad.
Se trata de un texto que no sólo deberá cimentar las bases de una nueva justicia administrativa, sino que también deberá mejorar la calidad de la tutela judicial que reciben los ciudadanos frente a la Administración. Se trata, señorías, de aprobar un instrumento que vaya en la línea marcada por la Constitución española y que venga a resolver los graves problemas que en España tiene la justicia en general y la contencioso-administrativa en particular.
Queremos hacer también una muy rápida advertencia. Creemos que están bien las novedades que la ley

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contiene, fundamentalmente la creación de los juzgados unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, la introducción del procedimiento abreviado, al que después me referiré, y toda una serie de medidas que el proyecto contiene dirigidas a garantizar la rapidez, sin merma de la seguridad jurídica, pero tampoco podemos crear falsas expectativas en los ciudadanos, señorías. Se trata sólo de la aprobación de una ley procesal muy importante pero que no va a resolver por sí sola el orden jurisdiccional contencioso- administrativo si no va acompañada, señorías, de toda una serie de medidas que hagan avanzar en la resolución del problema, como tantas veces hemos señalado.
También hemos destacado, señorías, a lo largo y ancho de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley el altísimo grado de consenso que se ha producido. Sin embargo, también queremos dejar aquí pública constancia de que no ha sucedido así en el Senado. En el Congreso trabajamos todos los grupos por igual, tratando de hacer una ley en la que introdujimos cosas que ni siquiera venían en el proyecto del Gobierno, como es el procedimiento abreviado. No ha sido así en el Senado; allí se ha pactado entre el grupo mayoritario, el Grupo Popular, y Convergència i Unió, con marginación casi absoluta del Grupo Parlamentario Socialista, de lo cual queremos dejar aquí pública constancia, porque nos parece que en una ley en la que se había trabajado así no merecía la pena hacer otra cosa.
Mi grupo va a mantener su posición, señorías. De ahí nuestra postura negativa en la votación final del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque estamos en contra de la introducción de los juzgados centrales.
No sabemos, señorías, qué es lo que est á pasando con el Senado, pero alguna reflexión deberíamos hacernos, porque casi todas las leyes vuelven con más problemas que los que de aquí salieron. No sabemos qué es lo que pasa. No sabemos si es porque ustedes disfrutan de esa mayoría absoluta o es que hay un espíritu maligno entre sus paredes que estropea las leyes, pero les aseguro que las leyes, pese al gran esfuerzo de los senadores, sal en de esa Cámara de segunda lectura peor que entraron. Tenemos como prueba recientísima lo que pasó la semana pasada en esta Cámara con la Ley de cooperación, en la que hasta por tres veces votamos en contra unánimemente de las enmiendas del Senado. Creo que es un precedente que jamás había ocurrido en la historia de la democracia española. No sé qué pensarán los senadores del Grupo Popular de la faena que les han hecho, pero es un golpe bajo a una Cámara, señorías, que, por otro lado, se halla muy necesitada de esta reforma. ¿Por qué digo est o? Digo esto porque, afortunadamente, con este proyecto de ley no llegamos a tanto, ni muchísimo menos. Sin embargo, este proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, sale en algunos casos peor de lo que entró en el Congreso, porque no se ha hecho, me parece a mí, el esfuerzo de consenso y de a cuerdo que se hizo en esta Cámara.
Mi grupo mantiene su discrepancia esencial, lo he dicho antes y lo re itero, con la introducción de los juzgados centrales de lo Contencioso. El tema del acto político ha dejado de ser problema, pues aunque no nos gusta la redacción vergonzante y confusa que le han terminado dando, han reconocido -no podía ser de otra forma- que existen actos de alta dirección política que, al no ser actos administrativos, escapan al control de esta jurisdicción, con excepción de lo que se refiere a los elementos reglados, a los derechos fundamentales y a las indemnizaciones que corresponda.
Ustedes han hecho una mala regul ación, una regulación un poco oscurantista, creemos que por demagogia electoral y para disimular y que no se metiera con ustedes ese periódico amigo, que es igualmente demagogo, en éste como en tantos otros temas -el periódico, no ustedes-.
Sobre los juzgados centrales siempre hemos estado en contra, desde su creación. Como ustedes saben, no estaban previstos en el proyecto socialista de 1995 ni se incorporaron en la tramitación parlamentaria de entonces, que fue unánime. Ha sido la única y significativa novedad del proyecto del Gobierno y nosotros ya les hemos dicho muchas veces los inconvenientes que les vemos. Estamos radicalmente en contra de este tipo de órganos que vienen a mantener, incrementados, algunos de los defectos más graves que la justicia presenta hoy en España, y a las pruebas de estos días me remito y no digo más sobre el tema. Sogecable y Gómez de Liaño planean por encima del problema de la creación de los juzgados centrales. Corremos el riesgo de tener más jueces de este tipo y de esta naturaleza. Sólo añadiré que la existencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional no hace necesaria en ningún caso la creación de los juzgados centrales de la misma clase, y las competencias que se les atribuyen en el proyecto del Gobierno deberían ser redistribuidas entre los juzgados de lo Contencioso y los tribunales superiores de Justicia, como hemos establecido en nuestras enmiendas, lo cual comportaría un mayor acercamiento de la justicia al ciudadano y el mantenimiento de la colegialidad para los asuntos más importantes.
Esa acumulación de poderes y de responsabilidad en los jueces estrella no tiene ventajas y sí muchos inconvenientes, además de romper el principio de colegialidad en el contencioso por encima de lo que es razonable, como ya he dicho,. Por otra parte, en esta posición no estamos solos, como SS.SS. han oído. Otros grupos parlamentarios piensan como nosotros, amén del Consejo de Estado y un importante sector de la doctrina administrativa; por eso votamos en contra de la ley.


La última innovación importante del proyecto es la regulación de un procedimiento abreviado, procedimiento que fue una novedad, introducido por los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque no venía así en el texto inicial. Sin embargo, esta novedad, que venía consensuada y que nos parecía que debía ser mejorada en el trámite en el Senado -así lo dijimos los

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ponentes de esta ley-, se ha modificado allí de arriba a abajo, como han señalado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ya he dicho que sin contar para nada con el concurso de mi grupo, por lo que votaremos en contra de las enmiendas al artículo 78 y, por tanto, de la regulación del procedimiento abreviado que se contiene en este proyecto de ley. Han hecho un fárrago que no produce más que desconcierto en una primera e inicial lectura, y cuando se lee más despacio se produce mucha más confusión y estupor, y si no hagan la prueba, tengan el gusto de leerse el artículo 78, a ver si son capaces de leerlo de una vez sin quedarse patidifusos y además enterarse de lo que dice. Realmente, se trata de un procedimiento verbal y no de un procedimiento abreviado; está muy influenciado por la regulación de la vigente Ley de procedimiento laboral. Echamos de menos que no se haya fijado el supuesto concreto con más claridad, porque si est á bien que el juez proceda, antes de admitirla demanda, a examinar la jurisdicción y competencia, no entendemos por qué no puede hacerlo también en el resto de los supuestos del artículo 51, relativos a las causas de inadmisibilidad del recurso. No está bien regulada la participación de los interesados que pueden personarse como demandados y debería mantenerse, como estaba en el texto que salió del Congreso, la obligación administrativa de comunicar, mediante el envío de l a demanda, la existencia del proceso a los que aparezcan como interesados en el procedimiento abreviado.


El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, ha de ir concluyendo, por favor.


La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente.
No nos parece lo más conveniente la fijación del límite cuantitativo marcado ni que no exista un plazo para resolver el recurso desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. Por tanto, repito, estamos en contra de esa regulación.
Para finalizar, señorías -y con esto sí que termino, porque es la última discrepancia, pero asimismo esencial, que le queda a mi grupo-, también en el trámite del Congreso se introdujo una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Converggència i Unió) a la disposición adicional sexta que modificaba el artículo 3 del texto refundido del procedimiento laboral, exigiéndose una modificación de la planta y una ampliación de los órganos jurisdiccionales del orden laboral, que requerían un retoque. Sin embargo, la reforma que se ha hecho deja, curiosamente, en el ámbito de la jurisdicción contencioso- administrativa -¡oíganme!- la regulación de las actas de infracción y liquidación en materia de Seguridad Social, y no sólo los requerimientos de ésta. Nos parece que, dada la regulación que se contiene en el artículo 4 de este texto, esto plantea problemas graves en las cuestiones prejudiciales para que los jueces unipersonales de lo Contencioso, que, como SS.SS. saben, se crean en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que también estamos debatiendo y votaremos después de la re forma de la jurisdicción contenciosa-, tengan que enfrentarse continuamente con problemas de definir la naturaleza laboral o no de una relación que está en la base del acta de infracción y liquidación efectuada por el inspector de Trabajo. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El resto de nuestras votaciones en contra tienen su causa, señorías, señor presidente, en algunas de estas discrepancias o enmiendas iniciales que nunca nos han sido tenidas en cuenta.
Termino reiterando algo que ya hemos dicho muchas veces. Mantenemos nuestra total conformidad con un proyecto muy necesario, que viene a resolver problemas muy importantes que tiene hoy planteados la sociedad española para hacer así posible una tutela judicial efectiva, como la Constitución demanda. La última palabra la tiene el Gobierno, cuya ministra hoy no nos honra con su presencia. Mi grupo no se desvinculará, con el acto de aprobación de estas dos leyes, de lo que ocurra en la práctica con las mismas, sino que, por el contrario, vigilaremos estrechamente su cumplimiento. La importancia de las leyes que aprobamos hoy y nuestra obligación como oposición así nos lo exigen.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Rubiales.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López- Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde el honor de escribir la última página de la historia parlamentaria de una de las leyes más importantes que puede aprobar un Parlamento democrático, cual es la ley que regula el control judicial del Gobierno y la Administración.
En un Estado de Derecho, en el que es principio fundamental el pleno sometimiento de los poderes públicos a la ley y al ordenamiento jurídico en bloque, adquiere singular trascendencia la articulación de las garantías jurisdiccionales que respondan a l a idea de justicia, pero de nada serviría esa sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico, que es el principio de legalidad, si no se concretara en normas legales que, de forma real y efectiva, amparasen a los ciudadanos en sus recursos jurisdiccionales frente a las decisiones o actuaciones de la Administración.
Desde el primer texto que elaboró la comisión presidida por el profesor Leguina, pasando por el que remitió a esta Cámara el Gobierno a instancias de la ministra Mariscal de Gante y al texto que hoy se aprueba, se han sucedido importantes modificaciones que han tenido lugar en sede parlamentaria, hasta el punto de que en su momento, como ha recordado el señor Castellano, fue precisamente un miembro de la ponencia quien

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presentó en nombre de la Comisión el texto aprobado por ésta. Quiero recordar que esta iniciativa fue precisamente ideada por mi grupo, lo que habla muy mucho del respeto y de la consideración que desde el Partido Popular se tiene al Parlamento como lugar donde no sólo se aprueban, sino también se elaboran las leyes. El Ministerio de Justicia, sin duda alguna, elaboró un buen texto, pero también nosotros, en nuestra condición de parlamentarios, asumimos el compromiso de mejorarlo. Posterior mente me referiré a las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, pero permítanme realizar en este punto una valoración final sobre el texto, al igual que destacar algunos aspectos concretos.
Señor presidente, es un orgullo para todo demócrata poder contribuir al desarrollo de la Constitución aportando nuestro trabajo, nuestra reflexión y nuestro voto para regular una de las instituciones fundamentales de lo que es el Estado democrático de Derecho, cual es el control judicial de la Administración, y sin duda alguna, en un régimen parlamentario, es el pueblo, a través de sus legítimos representantes, el que en este caso está decidiendo cuestiones tan importantes en lo que es un Estado de Derecho como quién controla al Gobierno y a la Administración, cómo se les controla, qué garantías se contemplan y cómo trasladar a la práctica el ideal de justicia cuando se está actuando frente a la Administración. Con ello, en definitiva, considero que con esta ley estamos llevando a cabo una tarea de impulso democrático, de revitalización de las instituciones y de fortalecimiento del Estado de Derecho. Ello ti ene concreción en esta ley cuando ampliamos el ámbito controlable sujetando a esta jurisdicción no sólo los actos y disposiciones, sino también la pasividad o inactividad de la Administración, al igual que los supuestos de vía de hecho cuando actuare sin cobertura jurídica; igualmente, cuando ampliamos la legitimación para recurrir a quienes simplemente ostentaren un interés legítimo; asimismo, cuando incorporamos en esta ley el procedimiento especial sumario para la protección de derechos fundamentales de la persona; también al fortalecer las medidas cautelares y las garantías durante la tramitación del procedimiento; asimismo fortalecemos el Estado de Derecho cuando estamos encomendando la ejecución de las sentencias no ya a la Administración autora del acto o disposición, como sucede hasta ahora, sino al propio tribunal sentenciador.
Capítulo especial en orden a hacer efectiva una justicia más rápida y una mejor tutela judicial son las modificaciones introducidas en orden al procedimiento fortaleciendo el principio de dirección de los órganos jurisdiccional es, al igual que simplificando trámites, unificando actos procedimentales y reduciendo, en definitiva, el tiempo de los procesos.
Impulsamos así mismo el Estado de Derecho con el enjuiciamiento de todas las actuaciones de la Administración y el control de los actos de gobierno, suprimiendo zonas inmunes o agujeros negros que existían en nuestro ordenamiento, porque en ese sentido, como bien dijo el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación celebrado hace poco más de un año, lo importante en esta materia es que nadie pueda confundir nunca lo que son los actos de gobierno con los actos de impunidad.
Decía en mi intervención del pasado mes de marzo, y quisiera repetirlo ahora al hilo de la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, que sin duda alguna conseguir una justicia rápida, de calidad y efectiva es algo que depende de di versos factores, no sólo de leyes procedimentales como la que nos ocupa, sino también de otras actitudes, actitudes de quienes participan en la Administración de justicia y también actitudes del Gobierno en lo referente a la potenciación de los recursos y de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido quiero recordar que el Gobierno del Partido Popular cumplió su compromiso enviando el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero también cumple su compromiso desde el momento en el que están dotados presupuestariamente y se pondrán en funcionamiento nada más entrar en vigor la ley 64 juzgados unipersonales, que llegarán hasta los 154 en apenas año y medio más.
Esto es sensibilidad por la justicia. Sin duda, la situación en este orden jurisdiccional tal vez sería muy distinta si las soluciones se hubieran adoptado en su momento, porque quiero recordar que estos órganos unipersonal es están previstos en la legislación española desde 1985, y el caso es que ahora los pone en marcha un Gobierno del Partido Popular, sin llegar a entender la fijación del Grupo Socialista con los juzgados central es unipersonales de la Audiencia Nacional.
Si los órganos unipersonales a nivel provincial son creados sin duda alguna para descargar una serie de materias y es aceptado est e argumento por todos, lo mismo debe hacerse respecto de los órganos unipersonales en la Audiencia Nacional, que, como bien saben SS.SS., es el órgano más atascado en este orden jurisdiccional. A estos juzgados unipersonales de la Audiencia Nacional se les atribuyen, reitero, con la finalidad de descargarlos, los asuntos más sencillos, reservando a los órganos colegiados de la Audiencia Nacional el conocimiento de los asuntos más complejos. Quizá sólo desde el subconsciente o, como dijo en su momento mi compañero de grupo el señor Ollero, tal vez desde la fotofobia respecto a personas que en su momento ustedes lanzaron al estrellato puede entenderse este rechazo. Nosotros, para empezar, ya modificamos la ley a fin de impedir algunas de las actuaciones que a ustedes tanto les obsesionan, porque no somos partidarios ni lo vamos a ser nunca de jueces buenos o malos -o periódicos buenos o malos- en función de las resoluciones jurisdiccionales que puedan adoptar. No se puede hablar de jueces amigos o jueces enemigos, no se puede estar condicionado por su propia historia.
A propósito de las competencias de los órganos unipersonales, valoramos de forma especialmente significativa las modificaciones introducidas en el Senado en orden a buscar un mejor equilibrio respecto a las administraciones

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enjuiciadas, al l imitar las actuaciones de estos órganos unipersonales respecto a la Administración periférica del Estado, que aparecía sometida en exceso de forma genérica.
También valoramos de forma positiva otras modificaciones introducidas en aquella Cámara, algunos de cuyos aspectos quiero destacar: la representación y defensa de las partes, al volverse al texto que informó la ponencia del Congreso, suprimiendo el servicio de notificaciones en los colegios de abogados; las normas s obre fijación de la cuantía; la conversión del requerimiento en potestativo cuando se impugnaren simplement e supuestos de vía de hecho; la ejecución provisional cuando existiere un recurso de apelación o se preparare una casación; algunas modificaciones en cuanto a las medidas cautelares o algunas, como también se ha señalado por el señor Silva, respecto a las costas procesales.
Por ello, vamos a dar nuestro voto favorable a todas las modificaciones introducidas en la Cámara Alta y sólo pediremos el voto en contra a propósito del artículo 14.1, apartado segundo, en el sentido del escrito firmado por los portavoces de todos los grupos parlamentarios y del que creo que ya la Presidencia dispone. Se trata de hacer unas precisiones y aclaraciones en orden al foro competente en los casos de expropiación forzosa, evitando contradicciones con el apartado tercero del mismo artículo.
Voy concluyendo, señor presidente, pero quiero referirme de un modo particular a dos de los cambios introducidos ya en el Senado, en primer lugar, a la disposición adicional sexta, a propósito de la delimitación de la jurisdicción social y la jurisdicción contencioso-administrativa. Nuestro grupo parlamentario entendió en el Congreso que la solución que aquí adoptamos tenía por finalidad clarificar estos dos órdenes jurisdiccionales, descargar asuntos que conoce la jurisdicción contencioso-administrativa y también seguir la recomendación apuntada en el Libro Blanco. Sobre esta disposición adicional, que fue aprobada por unanimidad, también hay que valorar, y queremos que se tenga en cuenta, que la atribución en bloque de un gran número de asuntos a la jurisdicción social iba a suponer el riesgo de empeorar ésta a fi n de mejorar la contencioso-administrativa. Por ello, nos parece razonable la fórmula buscada en el Senado en orden a atemperar de forma razonable las consecuencias. Creemos que en nada desvirtúa lo que supone el texto que en su momento aprobó el Congreso, por lo que no entendemos por qué el Grupo Socialista, que en su momento votó favorablemente esta disposición adicional, ahora anuncia su voto en contra.
En segundo y último lugar, me referiré también brevemente al procedimiento especial que se ha introducido como procedimiento abreviado. En el artículo 78 del proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se regula un procedimiento abreviado, cuya redacción dada por el Senado tal vez no sea la mejor solución desde un punto de vista técnico; tal vez sea un precepto excesivamente extenso y no sea buena técnica recoger en 22 apartados de un solo artículo un procedimiento cuando podría haber sido recogido en tres o cuatro artículos.
Dicho esto desde un punto de vista formal, también quiero recordar que todos los intervinientes en el Congreso, tanto en Comisión como en Pleno, anunciaron el deseo de introducir algunas modificaciones en cuanto al procedimiento que habíamos innovado en esta Cámara. Es un procedimiento, decía, profundamente innovador y avanzado y debe abordarse con audacia, pero también con las cautelas debidas para evitar que se pueda construir un imposible. Mi grupo ya anunció en su momento, siendo un firme defensor del procedimiento abreviado, que no tenía sentido articular un procedimiento idéntico especial, prácticamente sumario, para todo tipo de cuestiones que conocieran los unipersonales, tanto cuestiones complejas como enormemente sencillas. Habría que aplicar un procedimiento abreviado, especialmente abreviado, especialmente aplicable en la concentración y la oralidad, a aquellas materias que fueran sin duda alguna de menor carácter. Se podía haber establecido esa delimitación por razón de la materia y, sin duda alguna, hubiera podido ser una buena solución, tal vez compleja desde un punto de vista técnico, pero se ha optado por una legítima y también positiva delimitación desde un punto de vista de la cuantía respecto a asuntos que sean inferiores a 500.000 pesetas, al igual que, creo que con acierto -y en ese sentido, el Grupo Socialista en el Senado lo refrendó-, las cuestiones relativas a personal . Al mismo tiempo, los grupos anunciábamos que debíamos potenciar la oralidad y la concentración.
Así se ha hecho. Respecto de este procedimiento abreviado se han suprimido en el Senado trámites escritos, acentuando la importancia de la vista y haciendo una regulación más pormenorizada de la prueba.
Concluyo, señor presidente, expresando en nombre de mi grupo nuestra felicitación al Ministerio de Justicia por el texto aprobado, nuestra satisfacción por el compromiso cumplido y por el alto grado de consenso alcanzado, que apenas queda empañado por las modificaciones introducidas en el Senado, y expresando el convencimiento de que esta ley va a suponer una mejora de las relaciones de los ciudadanos en sus recursos jurisdiccionales frente a la Administración, así como un fortalecimiento del Estado de Derecho.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor López-Medel.


- PROYECTO DE LEY DE VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES. (Número de expediente 121/000040)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Terminado el debate sobre las enmiendas del Senado a estos proyectos de ley, vamos a iniciar el relativo

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a las enmiendas del Senado incorporadas al proyecto de ley de ventas a plazos de bienes muebles. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tras el debate habido en estas leyes que protegen judicialmente al ciudadano, vamos a ver ahora las enmiendas a esta importante ley de venta a plazos de bienes muebles, que realizan una función tuitiva del ciudadano como consumidor.
No es la primera vez que en España se llega a esta política porque ya desde el año 1965 se promulgó la Ley de venta a plazos de bienes muebles que hoy se pretende derogar, y 30 años más tarde se promulgó la Ley de crédito al consumo. Todo esto surgió como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, en cuyo seno nacieron muchas directivas tendentes a esa política tuitiva del consumidor.
El trabajo de la Comisión de Justicia en el Congreso con esta ley ha sido positivo, porque hemos conseguido modificar el texto que nos envió el Gobierno. Ahora tenemos un texto más acorde con la realidad, que salvó la constitucionalidad y que respeta tanto a los notarios como a los corredores de comercio. Consideramos que se protege al acreedor, pero también, en debida forma, al deudor o consumidor.
He de poner de relieve las aportaciones de cada uno de los grupos políticos, especialmente la labor de recepción y de aportación del señor Martínez Pujalte, portavoz del Partido Popular. También habría que señalar -y ya me refiero a las enmiendas- que la mayoría de las que vienen del Senado, 40 aproximadamente, son cuestiones de estilo.
Hay tres que suponen importantes aportaciones de la Cámara Alta, pero hay algunas con las que no estoy conforme. Me estoy refiriendo a la enmienda de adición al artículo 7º.7, en el que se habla de que cuando no se pueda determinar la tasa anual equivalente se pondrá la tasa anual y los gastos que se originen. Esto es volver al pasado, porque es dejar en manos de las entidades financieras la puerta abierta para no especificar en los contratos ni en la publicidad el coste real del crédito. Yo me pregunto: ¿cuáles son los casos en que no se puede determinar el coste del crédito? Esto es fácilmente determinable, porque no sólo la Ley del consumo publicó las fórmulas algebraicas matemáticas para su determinación, sino que ya ha habido dos directivas europeas sobre ello, la última precisamente del año pasado, dando un plazo nuevo de dos años para que los países de la Unión Europea adopten la legislación comunitaria en las fórmulas matemáticas para la determinación de la tasa anual equivalente.
Vamos a apoyar el texto que nos envía el Senado, pero nos reservamos la facultad de presentar a la ley de acompañamiento las enmiendas convenientes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, dos cosas son evidentes al examinar el texto que ahora llega a la Cámara. En primer lugar, lo distinto que es del proyecto presentado en su día por el Gobierno, lo cual evidencia el intensísimo trabajo que se ha efectuado por todos los grupos en su paso por esta Cámara, lo que viene siendo habitual en esta legislatura respecto de muchos proyectos que proceden del Ministerio de Justicia. Y, en segundo lugar, lo innovador que es en relación con el texto hasta ahora vi gente de la Ley 50/1965, a la que viene a sustituir.
Aprobaremos las enmiendas procedentes del Senado, como así lo hizo allí nuestro grupo, aunque nos han quedado dos cuestiones pendientes. Una es de mera técnica jurídica -nos hemos quejado de ello en todos y cada uno de los trámites-, y es que no nos satisface la redacción con la que ha quedado el punto octavo del artículo 11, referido a la facultad moderadora de los jueces. No conseguimos los votos suficientes, por lo que en este momento me limito a manifestar nuestra queja por su dicción. Otra cuestión que no planteamos en el Congreso y sí en el Senado es la que hace referencia a la indefinición de la expresión fedatario público. Hay aspectos que, desde nuestra óptica, son clara competencia sólo de los notarios, en función de su propio reglamento y también del reglamento de corredores de comercio, por cierto de muy reciente aprobación. Creemos que el texto aprobado consigue el equilibrio entre los derechos del consumidor, la agilización del comercio y hacer de la venta a plazos un instrumento más interesante y seguro y, por tanto más usado, de lo que es hoy en día, para lo que ha habido que cohonestar los preceptos que estábamos articulando con los de la Ley de crédito al consumo y los de la Ley 26/1988, s obre disciplina e intervención de las entidades de crédito.


No puedo concluir sin hacer referencia al artículo 16 y a la disposición adicional primera, de compleja y elaboradísima tramitación, en la que ha tenido singular importancia la asistencia técnica prestada por los propios servicios de la Cámara. Su redacción ha sido mejorada y perfilada en el Senado y también tendrá el voto favorable de nuestro grupo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.


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Voy a intervenir brevemente para recibir con satisfacción, por así decirlo, las enmiendas del Senado, lo que supone dar finalmente por concluida la tramitación parlamentaria de una ley ampliamente solicitada por el sector más directamente afectado y que tendrá beneficios también en el consumidor, aunque no sea consciente, no haya un gran clamor social o la sociedad no haya hablado hasta ahora de que esta ley va a ser aprobada hoy.


Es una ley importante en un sector muy concreto, que repercute ampliamente en el derecho del consumo y, muy en general, en lo que se refiere al consumo considerado en su globalidad, es decir, en la adquisición a plazos, como el propio nombre indica, de todo tipo de artículos jurídicamente denominados bienes muebles.


En la tramitación parlamentaria hemos llegado a un amplio consenso entre dos posturas, ninguna de l as cuales puede considerarse que sea asumida en su literalidad por ninguno de los grupos parlamentarios.
Se trata de dos posiciones extremas que había que conjugar, como han puesto de relieve los portavoces que me han precedido. Por un lado, intentar agilizar este instrumento que hasta ahora estaba siendo usado en menor medida que en el resto de Europa. La adquisición a plazos de artículos no estrictamente de consumo, de bienes muebles, de bienes identificables, de bienes en los que pueden ser utilizados instrumentos como el leasing, de todos esos artículos que tienen grandísimo interés pero que necesitan una financiación determinada debería ser potenciada en el mercado. Por otro lado, era necesario incrementar la protección del usuario de estos bienes en caso de impago, entre las empresas financieras que tienen interés en no verse defraudadas por situaciones de morosidad y la situación de aquellas personas que por alguna razón interrumpen el pago, que no lo han interrumpido pero no lo pueden probar, o toda una amplia casuística que se puede suscitar.


En la conjugación de esos dos extremos: mantener la seguridad jurídica, conservar el principio de tutela judicial efectiva y no hacer tan rígido este instrumento por aplicación de los principios generales, de forma que se convierta en un instrumento absolutamente ineficaz, como lo ha sido hasta ahora; como digo, en la conjugación de esos dos extremos se ha desarrollado el amplio debate que hemos tenido en ponencia y posteriormente en Comisión para llegar a la ley que hoy aprobamos. El resultado final, concretamente en su artículo 16 y en la disposición adicional primera, que son el núcleo del texto que se aprueba hoy, nos parece ampliamente satisfactorio.
En el Senado se han introducido una serie de enmiendas, que son las que aprobamos hoy formalmente, de carácter técnico y en algún caso, yendo un poco más allá en el perfeccionamiento de este mismo punto, se agiliza ese procedimiento especial de recuperación del bien que hemos introducido, intentando cohonestarlo con las garantías que la propia Constitución impone. Nos parecen muy satisfactorias las enmiendas que se han introducido y recibirán nuestro voto favorable.
No querría terminar, como ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, sin hacer una mención a los servicios jurídicos de la Cámara y muy en particular al letrado, en este caso de la Comisión de Justicia, que ha tenido un papel muy activo en la búsqueda estrictamente técnica de la mejor solución para unos principios en los que todos estábamos de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo también va a dar su voto favorable a las enmiendas que se han propuesto por el Senado para la corrección de este texto legal.
¿Por qué? Sencillamente porque todas ellas han venido a reforzar los principios que han orientado el trabajo de la ponencia y de l a Comisión y, por consiguiente, de esta Cámara en la elaboración de este texto legislativo. El primero de todos ellos es la seguridad jurídica en donde no por culpa del legislador, yo diría incluso que ni por culpa de los agentes comerciales y usuarios, habían ido apareciendo ciertas lagunas, según se ha ido perfeccionando el sistema del tráfico mercantil, que exigían tomar algunas medidas para que los famosos contratos de adhesión no pudieran convertirse jamás en contratos leoninos; dicho en un lenguaje popular, para que la llamada letra pequeña de los contratos no acabe siendo la trampa en la que desaparecen todas las garantías de los consumid o res.
En segundo lugar, este texto legislativo pone coto a todo intento de abuso o de prepotencia, estableciendo facultades importantes de nulidad y de lógica desvaloración de aquellas cláusulas que puedan suponer una situación de inequidad en un contrato entre las partes.
La protección del usuario es tan importante como pueda serlo en otro sentido la protección del fabricante o del distribuidor para que el contrato de venta de bienes muebles a plazos no acabe siendo lo que en algunos casos ha si do un camino tortuoso y difícil para poder recuperar el precio de las cosas cuando éstas han perdido todo valor o han caído ya en la absoluta inutilidad.


Se agilizan los procedimientos para llevar adelante la recuperación de los bienes cuyo precio haya sido objeto de impago y, al mismo tiempo, se buscan mecanismos para que en ese procedimiento y en esa agilización no sufra merma un principio fundamental de fijeza y de liquidez de la deuda, que no se vea cuantiosamente aumentada por el simple hecho de haberse incumplido algunas obligaciones en una actitud realmente abusiva. Finalmente, se abren también en esta ley vías de diálogo para que se pueda evitar el procedimiento.


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Consideramos que en conjunto la ley, que como todo es perfeccionable, supera una situación anterior.
Como las enmiendas del Senado, repito, no han puesto en tela de juicio ni han disminuido la preocupación de todos y cada uno de los ponentes, y lógicamente de esta Cámara, por estos principios fundamentales a los cuales nos hemos sujetado en nuestro trabajo, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Federal de Izquierda Unida, va a votarlas favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, una vez más a lo largo de la tramitación de esta compleja disposición legal debemos romper la tónica climática imperante y manifestar nuestro desacuerdo con esta disposición que, probablemente, va a ser aprobada en esta Cámara. Esa disposición, refundiendo y actualizando otras anteriores, tiene un extraordinario impacto social. Cada vez que un ciudadano compra un vehículo a plazos, un frigorífico o un televisor podemos decir que se incluye en el ámbito de aplicación de la norma que nos ocupa. Además tiene un extraordinario impacto social porque la estimulación del consumo, que es uno de los objetivos de esta disposición, tiene que ver ordinariamente con situaciones de crisis por las que atraviesan los Estados, los continentes o nuestro planeta. No es extraño, por tanto, que la figura del consumidor insatisfecho, que está rodeado de una serie de elementos que le son connaturales como la invención de la publicidad y de las ventas a plazos, tuviera que ver con el gran crack económico de Estados Unidos del año 1929 y primeros años de la década de los 30. En este panorama mundial, caracterizado por la existencia de 800 millones de personas incluidas en la categoría de parados o subempleados, no es extraño que la Unión Europea y una serie de países se planteen la actualización de normas que pretendan estimular el consumo. La existencia de una corriente jurídica posterior al nacimiento como fenómeno económico y propagandístico del consumo, la tendencia a la protección de los consumidores, constituye otro pilar que pretende justificar los trabajos parlamentarios que hemos venido realizando.
Pues bien, en estas dos dimensiones de estímulo al consumo y de protección a los consumidores, creemos que la norma que se va a probar no cumple las exigencias mínimas. Podríamos decir que esta norma más que de protección a los consumidores es de protección a los financiadores de las operaciones de ventas a plazos. Igualmente podríamos decir que el consumo en nuestro país se está reanimando más por efecto del ciclo económico que por l a bondad intrínseca que se deduce de los preceptos que se incluyen en esta disposición.


Si se innova la tradición jurídica inmediata de la que arranca esta norma, que es la ley existente desde el año 1965, se innova para peor según qué sector de la sociedad se considere. Si se considera el sector de los registradores de la propiedad, sin duda se innova beneficiosamente para este segmento profesional de nuestro país porque se establecen cosas verdaderamente pintorescas como un registro de venta de bienes muebles que contraviene las tendencias jurídicas dominantes sobre la consideración de lo que son los bienes muebles, donde la posesión equivale al título, etcétera. Pues bien, ahora se pretende dosificar el tráfico de los bienes muebles mediante su inscripción obligatoria en un registro de efectos cuasi constitutivos. ¿Dónde queda la protección de los consumidores si la garantía de la estabilidad y de la seguridad jurídica de estas operaciones va a consistir en un documento privado que tiene acceso a un registro de nueva creación? Eso va a producir el efecto de encarecer estas operaciones comerciales tan extraordinariamente frecuentes como las que antes he aludido de la compra de un coche o de un televisor, porque van a tener que pagar el derecho de peaje de este registro de la propiedad de los bienes muebles.


De esto se desprende una consecuencia absolutamente heterodoxa desde la perspectiva de la técnica jurídica. Se transfieren, como si se tratara de una identidad de materia, del ámbito inmobiliario al mobiliario todas las técnicas que caracterizan el registro de la propiedad de los bienes inmuebles. Esto tiene unos efectos finales con características absolutamente pintorescas, porque no hay un fedatario que intervenga para dar fe de la capacidad de los que redactan el documento privado. Ese documento privado queda sacralizado por su acceso al registro de ventas de bienes muebles a plazos, da igual que sea un oligofrénico el que lo haya firmado, y ese oligofrénico tendrá que padecer las consecuencias del procedimiento ejecutivo que se desata, que también es una caricatura de un procedimiento ejecutivo porque est á proyectado sobre unos bienes que no son los típicos de est os procedimientos ejecutivos.
Aparte de los cauces procesales para el supuesto de incumplimiento o de que alguna de las dos partes que interviene en un contrato de venta de bienes muebles a plazos tenga que acudir a la vía judicial contenciosa, se pone a su disposición un procedimiento específico, con independencia de los procedimientos ordinarios contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este procedimiento específico consiste en una extraordinaria sumariedad con objeto de recuperar el frigorífico por parte del vendedor cuando el adquirente no lo ha pagado. Esta actuación ejecutiva no se va a dirigir contra la globalidad del patrimonio económico del adquirente del frigorífico, sino exclusivamente sobre el frigorífico. ¿De qué se deduce esta especie de mimética procesal? De la aplicación inadecuada del procedimiento que hay de persecución de los objetos dados en prenda o de los bienes inmuebles sujetos a una hipoteca, ejecuciones que se contraen a los bienes pignorados o a las fincas, pero el frigorífico en este caso no está pignorado ni es

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una finca, lo cual quiere decir que tiene toda clase de movilidad.
Aquí ha habido el parto de un ratón. El Ministerio de Justicia, el partido que apoya al Ministerio de Justicia, los partidos que son su alianza parlamentaria, han aplaudido este procedimiento. Yo tengo la seguridad de que no va a ser utilizado, porque es un procedimiento tan sumamente vulnerable que basta con depositar en la casa del cuñado de uno el frigorífico que va a ser objeto de persecución para que toda la técnica jurídica que se ha inventado se venga abajo y no sirva absolutamente para nada.
Señorías, nosotros vamos a abstenernos en el preámbulo, y no porque tengamos en contra nada en particular contra el mismo, que nos parece un filtro de laboratorio, sino porque es el frontispicio de una disposición con la que no estamos de acuerdo. Votaremos a favor de una serie de enmiendas que son de carácter técnico y rechazaremos el artículo 15, en donde se hace ese traspaso inadecuado de la técnica jurídica inmobiliaria a la técnica jurídica mobiliaria; el artículo 16, donde culmina el descubrimiento del Mediterráneo de este procedimiento de nuevo cuño; y la disposición adicional primera, donde hay una remisión del procedimiento para la ejecución de los arrendamientos financieros, leasing, al propio procedimiento que acabamos de mencionar para la venta de bienes muebles a plazos, lo cual es otro sacrilegio jurídico, porque un arrendamiento financiero nada tiene que ver con una venta de bienes muebles a plazos. En el arrendamiento financiero hay un propietario que conserva la propiedad y que simplemente transmite, por lo menos en una primera instancia, la posesión del objeto al arrendatario financiero, mientras que en la venta de bienes muebles a plazos es un contrato real que se perfecciona desde su comienzo y que consiste, básicamente, en que el contrato se ejecuta en el mismo momento que se está produciendo la transmisión de la propiedad. Siendo dos cuestiones tan diversas uno y otro contrato, nos parece inadecuado que se remita el procedimiento de la disposición adicional primera al artículo 16 de la ley.
Nada más, señorías, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Navarrete.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, mi grupo va a apoyar las enmiendas del Senado que no fueron presentadas solamente por el Grupo Parlamentario Popular, sino también por otros grupos políticos.
Con este trámite vamos a finalizar una reforma que si no es capital en el entramado económico, desde luego es importante porque responde a unas demandas que nos estaba haciendo la sociedad. El crédito, en los tiempos actuales, constituye un pilar básico del funcionamiento económico y de las familias. La venta a plazos de bienes muebles es una fórmula de crédito que supone un factor importantísimo en los planes de desarrollo económico y cuya extensión es característica de la vida moderna. Decía el portavoz socialista, con gran acierto, que todas las familias, millones de consumidores, compran hoy a plazos, con procedimiento de crédito. El mercado y los consumidores nos reclamaban una nueva fórmula jurídica que estableciera límites justos entre la protección de los consumidores y el desarrollo de esta actividad económica.
Ya acabando el siglo XX no tenía mucho sentido un marco jurídico que databa de 1965, había que darle una nueva solución, una nueva fórmula a las demandas de la sociedad. Se ha hecho una ley que moderniza el procedimiento de ventas a plazos y, además, incorpora el nuevo ordenamiento jurídico comunitario y las novedades que se introdujeron en la Ley de 1995 sobre créditos al consumo.
Mi grupo entiende que la presente ley mejora sustancialmente el marco jurídico, permitiendo un mayor desarrollo del consumo, de la inversión, de esta fórmula de compra, a la vez que da una protección rigurosa a los consumidores. Incorpora algunas novedades importantes, como han puesto de manifiesto en sus intervenciones los anteriores portavoces, que es el nuevo procedimiento especial ejecutivo sólo referido a los bienes vendidos con contratos inscritos en esta nueva modalidad.
El señor Navarrete hablaba del frigorífico. El frigorífico, señor Navarrete, se puede vender con un contrato que se firme ante un notario con escritura pública, intervenido por corredor, donde hay unas fórmulas ejecutivas. Y si el comprador no paga se le pueden embargar todos sus bienes; no sólo el frigorífico del señor Navarrete, sino todos los bienes. Lo que tenemos ahora es un nuevo procedimiento mediante el cual se puede vender el frigorífico a plazos con un contrato normal, ya previsto, que se inscriba, que tiene unas regulaciones claras de protección al consumidor, pero si el comprador no paga no se puede ir contra el conjunto de sus bienes, sino que sólo se le puede coger el frigorífico .
Señor Navarrete, no es una referencia, pero si un señor compra un frigorífico a plazos y no paga no se le puede quitar la casa, porque sería desproporcionado, pero, por lo menos, que no siga enfriando coca-colas. Eso es lo que pretendemos con una nueva fórmula que facilita el que no haya que efectuar un desembolso inicial como condición necesaria, que da un marco jurídico similar a notarios y corredores, a los fedatarios públicos, que clarifica el marco legal y que consigue una defensa y protección de los consumidores muy amplias. En definitiva, lo que se consigue con esta ley es fomentar la inversión y el consumo de bienes muebles, disponiendo de medios técnicos y jurídicos adecuados que garanticen la libre circulación en un marco de seguridad jurídica para todas las partes. Además, se ha hecho esta ley con un consenso amplísimo. Es una ley que llevamos debatiendo durante año y medio y

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donde se han incorporado enmiendas de todos los grupos parlamentarios (del PSOE, de Izquierda Unida, de Convergencia i Unió, del PNV y de Coalición Canaria).
Quiero agradecer a los portavoces el intenso trabajo que hemos hecho en ponencia. De las veinte enmiendas que presentó el Grupo Socialista, hemos incorporado al texto once, es decir, hemos consensuado más de la mitad. Esto indica que se ha trabajado buscando estabilidades en una fórmula que afecta a millones de ciudadanos.
Además hemos buscado esos consensos pidiendo el asesoramiento de los letrados de la Cámara, que también agradezco.
Mi grupo entiende que vamos a dar un paso muy importante en la regulación de un sistema moderno y ágil al ofrecer un marco mejor en las relaciones de la venta a plazos de bienes muebles.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 6/1998, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE SE TRANSFORMA LA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA (ENATCAR) EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. (Número de expediente 130/000048)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Finalizado el debate de fijación de posición respecto de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de venta a plazos de bienes muebles, pasamos al punto VIII del orden del día, subpunto 43, relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar) en una sociedad anónima.
Tiene la palabra el ministro de Fomento para presentar el proyecto.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Se trata de convalidar, si así lo acuerda la Cámara, el decreto-ley por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera en una sociedad anónima como paso previo a su privatización. Me gustaría enfocar la exposición desde una doble perspectiva, en primer término jurídica y en segundo lugar económica.
Enatcar fue creada mediante real decreto el 4 de noviembre de 1988, en cumplimiento de una disposición adicional de la Ley de 30 de julio de 1987, de ordenación de los transportes terrestres, que la configuró como una sociedad estatal de las previstas en el artículo 6.
1,b) de la Ley General Presupuestaria. Dicho estatuto corresponde al que actualmente la Lofage, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, considera en la categoría de entidad pública empresarial. La transformación que se plantea en sociedad anónima permite, frente a la situación actual, la enajenación de su capital. En cuanto a la actividad que desarrolla, habiendo asumido desde su creación los servicios regulares por carretera que antes prestaban Renfe y Feve, se enmarca en lo previsto en el artículo 71 de l a Ley de ordenación de los transportes terrestres, según el cual la prestación de los servicios de transporte de uso general se realizará por la empresa a la que se atribuya la correspondiente concesión administrativa. La prestación en gestión directa de dichos servicios, llevada a cabo ahora por Enatcar cuando el Gobierno se la encomendaba, queda excluida explícitamente por el Real Decreto-Ley a la nueva sociedad anónima.
Desde otra perspectiva, igualmente jurídica, la utilización de un Real Decreto-Ley se justifica por la urgencia y nada más lógico que leer la justificación de la urgencia en la propia exposición de motivos del Real Decreto-Ley, exposición de motivos que está redactada casi literalmente con textos extraídos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Se dice en uno de los párrafos de la exposición de motivos del Real Decreto-Ley que la necesidad de una urgente reordenación del sector público estatal y la conveniencia de ofrecer al mercado la ejecución de actividades económicas cuya permanencia en el sector público no se consideran necesarias, y entre ellas la prestación de las que, como las propias de Enatcar, quedan garantizadas por la simple existencia de un mercado abierto y competitivo, exigen no esperar a la tramitación y aprobación de un proyecto de ley desde el momento en que el objeto que se persigue no es la mera transformación de la empresa en una sociedad mercantil sino muy especialmente la racionalización urgente del sector público estatal en materia de transportes terrestres.
Además, es necesaria la utilización de una norma con rango de ley porque aunque es cierto que la creación o transformación de sociedades mercantiles estatales no exige una norma con tal rango, sí que es necesaria una norma con dicho rango legal para proceder a la transformación de Enatcar en una sociedad anónima en cuanto que si bien su constitución se realizó por un real decreto, éste se limitaba a ejecutar el mandato legal contenido en la disposición adicional primera de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, que configuró a dicha empresa, como ya queda dicho, como una sociedad estatal de las reguladas en el antiguo artículo 6.1,b) de la Ley General Presupuestaria.
El contenido del Real Decreto-Ley es muy sencillo, susceptible de ser aprobado en unidad de acto, como el Gobierno demanda a la Cámara, y se podría resumir de la siguiente manera. En primer lugar, el Real Decreto- Ley determina la transformación del ente público empresarial en una sociedad anónima, en una sociedad mercantil por acciones. En segundo lugar, se fija lo que debe ser el criterio de valoración. En el artículo 2 se indica que el capital inicial de la sociedad será el que

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resulte de la valoración de la empresa, que será aprobada por el Consejo de Ministro, y no excederá del valor actual de mercado, no siendo por tanto de aplicación lo dispuesto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Añade el artículo 2 del Real Decreto-Ley que en esta valoración no se tendrá en cuenta el activo de tesorerí a reflejado en el balance de Enatcar que no sea necesario para la actividad ordinaria de la sociedad; dicho activo de tesorería será ingresado, como es lógico, en el Tesoro público.
El tercer punto fundamental en el Real Decreto-Ley es que la titularidad de las acciones y el ejercicio de los derechos de socio se atribuyen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, porque tiene una enorme experiencia en impulsar procesos de privatización y porque desde el punto de vista de la transparencia de la operación es mucho más positivo que el proceso de privatización de la sociedad salga de la órbita del Ministerio de Fomento y se ubique en la del Ministerio de Industria. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Fomento es la Administración de transportes, es por tanto el órgano regulador del transporte y sería de todo punto inconveniente, a juicio del Gobierno, que la privatización de una empresa de transportes fuera hecha directamente por el órgano regulador del transporte. De esta manera, atribuyendo las acciones a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se aleja el proceso de privatización de la órbita de la Administración central del Estado, en sentido estricto, y se pone en marcha un proceso sujeto a las directrices del Consejo Consultivo de Privatizaciones y, por tanto, será absolutamente claro y transparente en todas sus dimensiones y manifestaciones. El último punto importante del Real D e creto-Ley es simplemente el mandato de enajenación de la totalidad de l as acciones, que se recoge en el artículo 3 del Real Decreto-Ley.
Desde una perspectiva económico-empresarial, señorías, unas pocas palabras para indicar que Enatcar es el segundo operador nacional en el sector del transporte de pasajeros, bien sea directamente o a través de filiales. Es una empresa que tiene concesiones directamente atribuidas al propio ente público empresarial y, al mismo tiempo, es un holding que tiene participaciones a veces mayoritarias y a veces minoritarias en otras empresas del sector que, a su vez, son titulares de concesiones administrativas. Tiene, en el momento presente, un total de 199 vehículos, que transportan cerca de seis millones de viajeros al año. Sus resultados, antes de impuestos, se elevaron a 1.858 millones de pesetas en 1996, a 1.479 millones de pesetas en 1997 y la plantilla media del grupo es de unos 1.600 empleados.
La valoración, efectuada por una firma consultora a petición del propio ente público empresarial, quedaba fijada aproximadamente en unos 17.600 millones de pesetas, incluyendo los 5.000 millones de activo de tesorería que habrán de ingresarse directamente en el Tesoro en el momento de la privatización. El valor neto, por tanto, de la empresa es aproximadamente de unos 12.500 millones de pesetas.
Esta es la primera aproximación a una valoración. Al ser un informe de valoración encargado por la propia empresa, no es bastante a los efectos de dar plena transparencia al proceso de privatización, y no es bastante justamente porque está encargado por la propia empresa.
Las normas que regulan la actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones exigen que se encargue ahora, desde instancia externa a la empresa, un nuevo informe de valoración, con objeto de tener una garantía de que la valoración final no está influida por la relación clientelar que implica el encargo de un informe de valoración desde la propia entidad empresarial. Por tanto, en la medida en que en estos momentos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales impulsa el proceso de privatización, ya se han pedido ofertas a los distintos bancos de negocios para que se presenten a este concurso restringido, que tendrá como objeto que se emita un nuevo informe de valoración de los activos de Enatcar.
También debo decir, desde el punto de vista económico, que las razones que aconsejan la privatización de Enatcar están un poco en lo que yo diría la razón general de un proceso de privatizaciones: cuando la presencia del sector público, en determinado tipo de actividades económicas, ha perdido plenamente su justificación.


Podría señalarse, desde esta óptica, que el carácter de los servicios que presta Enatcar es igual al del resto de los transportes públicos que vienen siendo prestados por empresas privadas. Por tanto, hoy no tiene ninguna justificación que desde una empresa pública al cien por cien se haga la competencia al sector privado del transporte de pasajeros. Es más, cabría decir que la gestión indirecta de los servicios de transportes de pasajeros, que en estos momentos prestan empresas privadas en España, y con una gran eficiencia, se hace generalmente con eficacia y con un nivel alto de calidad. Quiere decirse que el sector privado del transporte en España funciona de manera absolutamente correcta y que no existe ninguna razón de peso que justifique la existencia de una empresa pública que haga la competencia al sector privado en el ámbito del transporte. Y, desde esta misma perspectiva, tampoco se aprecia ningún otro interés público específico que pudiera justificar el mantenimiento de la empresa Enatcar en el ámbito público.
Unas muy breves palabras para concluir, señor presidente, sobre el objetivo, por así decirlo, inmediato que se ha tenido presente en el momento de plantear el proceso de privatización de Enatcar.
Enatcar era susceptible de privatización por un doble camino: mediante su desagregación dentro del conjunto de empresas que componen el grupo o bien a través de un proceso único de privatización, por tanto privatizando la totalidad del grupo, por así decirlo, en unidad de acto. Después de estudios y de diversas consultas para ver qué es lo que en mayor medida favorecía al sector del transporte en España, se llegó a la conclusión de que era mejor, para la racionalización del sector

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de transporte de pasajeros en España, proceder a un proceso de privatización de la totalidad del grupo, sin desagregar las empresas filiales. Y, al mismo tiempo, porque de esta manera se hace el proceso de privatización, quiero dejar patente que en el pliego de condiciones que regirá el concurso para adjudicar las acciones de la sociedad mercantil que ahora se crea figurará como requisito sometido a especial valoración la garantía del mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo una vez privatizado el grupo. Eso constará en el pliego de condiciones y por tanto no podrá ser eludido por el grupo empresarial, por las empresas que resulten finalmente adjudicatarias de las acciones, que se someterán a concurso público en orden a su adjudicación.
Por tanto, señorías, garantía del empleo y garantía vinculada al propio pliego de condiciones del concurso de una parte. Además, pensamos que un proceso de privatización único del conjunto del grupo es la mejor forma de favorecer una ordenación más racional y más competitiva del sector de transportes de viajeros en España.
Tales son las razones, señorías, por las que el Gobierno solicita el voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-Ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo quiere realizar un turno en contra? (Pausa.) Han pedido la palabra el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Izquierda Unida. Como no hay previsión reglamentaria, vamos a intentar que ustedes se repartan el tiempo con una cierta concesión por parte de la Presidencia, porque ésta no debe escoger entre un grupo y otro.
Vamos a dar la palabra el señor Santiso, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor SANTISO DEL VALLE : Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que a la hora de tener que intervenir en esta convalidación del real decreto nuestro grupo tiene que contener un poco una cierta indignación por una razón elemental, porque creemos que no se sostiene de ninguna manera tramitar este Real Decreto-Ley con este carácter de urgencia. No es sostenible y además me consta que en otras instancias del propio Gobierno tampoco se sostiene y ha habido ciertas dificultades para que venga en estas condiciones.
Después de dos años de Gobierno no es sostenible decir que hace falta recurrir a un procedimiento de urgencia que busca un mecanismo de mero cambio hacia sociedad anónima para que se pueda poner en venta una empresa que, como se ha reconocido aquí, es en este momento la segunda en el sector del transporte por carretera. Por tanto, nuestro grupo, además de estar en contra del hecho en sí de la privatización, cree que debería de tramitarse, y así lo solicitaremos, como proyecto de ley.
Creemos que lo que sí es urgente y no se ha hecho hasta ahora es precisamente racionalizar, reformar y a bordar los problemas del transporte por carretera en su conjunto. Es curioso que ustedes tengan urgencia en desmantelar posiblemente al segundo grupo de este país que servía como elemento regulador en el sector precisamente por su calidad, por su flota, que es de las más modernas y que al mismo tiempo tenía unas ciertas garantías y condiciones relevantes comparativamente con otras empresas del sector en condiciones de seguridad y de cumplimiento de sus propios reglamentos y normas del sector de carretera. Es curioso también que, en primer lugar, se valore -al menos en esta primera valoración aportada hasta el momento-, a nuestro entender, muy por debajo de su propio valor en su conjunto. Es curioso que precisamente cuando una de las supuestas debilidades para su continuidad como grupo es, según este informe, el hecho de que no funciona excesivamente centralizada, que está muy dispersa, etcétera, parece que el proceso de venta apunta a su posible disgregación y a no conservar esa unidad de grupo de empresas que creemos es un factor muy importante para mantener su presencia en el sector como -insisto- instrumento regulador.
A pesar de que llevan ustedes dos años negociando con el sector, no han resuelto todavía los problemas graves que éste tiene, donde nunca ha se ha realizado, de verdad, un proceso de remodelación, de situarse en la realidad y al que, probablemente, el proceso de competencia a nivel europeo le va a pillar todavía con el paso bastante cambiado.
Dicen ustedes que es un sector ejemplar. Yo le diría que es un sector ejemplar de lo que no ha debido suceder durante los últimos años, no ahora, sino en los últimos quince años, por lo menos. En concreto, usted ha citado los orígenes de Enatcar, aunque tiene otros precedentes como empresa, como es la dirección general que existía en Renfe, que ya gestionaba esas concesiones, fruto de la Ley de ordenación de transportes mecánicos del año 1947 y de aquellas empresas que pagaban un canon -por cierto muy rentable para Renfe en aquel momento, por la coincidencia de las líneas de Renfe o de Feve- y que, en la mayoría de los casos, las líneas más rentables fueron aquellas que no se queda ron en Enatcar. Porque olvidamos que Enatcar tuvo que asumir aquellas líneas que explotaba exclusivamente Renfe en aquel momento y también muchas líneas para las que el propio sector que ahora demanda est a privatización no garantizaba su continuidad de servicio público, precisamente en aquellas zonas que podían ser menos rentables porque estaban con una característica que usted no ha citado y es que Enatcar tenía una función de servicio público. Enatcar cubrió también líneas afectadas por el proceso de cierre de líneas en los años 1985 y 1986 y, por lo tanto, garantizaba el servicio en muchas zonas -y sigue garantizándolo- donde va a ser muy difícil que la empresa privada

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mantenga su presencia si se procede a la disgregación de este grupo de empresas.
Dice usted que se mantendrá la plantilla. Tengo que recordarle también que una parte importante de esa plantilla procede de Renfe, tiene excedencia de Renfe y tienen ustedes un problema serio, puesto que en muchos casos los trabajadores -que en aquel momento no querían hacerlo- fueron empujados literalmente a irse al grupo de transportes por carretera y unos tienen carta de excedencia y otros no pudieron ni siquiera tener esa opción, a pesar de que fueron literalmente obligados a pasar a la empresa de transporte por carretera.
Es una empresa que ha tenido una historia bastante lamentable en algunas épocas. Ya en los años 80 tuvo problemas en las primeras concesiones y creo que el señor Rebollo recordará muy bien aquella época -y usted fue compañero suyo de partido-, lo que pasó con Ubesa y con Bacoma y todas aquellas cosas. Después, desgraciadamente, hasta para renovar la flota también hubo problemas y hay todavía algún proceso pendiente porque alguien intentó lucrarse, desgraciadamente también, de la gestión de esta empresa.
Por tanto, quiero esperar y desear que en el proceso de adjudicación -puesto que sé que a pesar de nuestra oposición, que ustedes consideran ideológica, va a ser imparable-, no nos encontremos de nuevo con actores muy parecidos, disputándose las migajas de una empresa que se había convertido últimamente en modélica en el sector en muchos aspectos, aunque aún tenía otros pendientes, como por ejemplo, no tener un convenio de empresa global, convenio que los pocos trabajadores continúan reivindicando.
Nosotros concluimos diciendo que está mal valorada esta empresa, que en nuestra opinión es un error desprenderse de esta empresa, que podía y servía para regular con su presencia las actividades en el sector, estableciendo una competencia leal y nunca desleal, con buenos precios, con buenos autocares, con trabajadores cumpliendo las normativas que incumplen muchos en el sector. Les recuerdo que desgraciadamente hace muy poco tiempo ha habido algún accidente lamentable, incluso en el transporte escolar, en Asturias, por ejemplo. El sector tiene mucho que hacer todavía, especialmente en materia de seguridad. Ha de intentar adelantarse y no retrasar continuamente el afrontar las medidas antivuelco, así como eliminar del sector todos los autobuses en lamentable estado que todavía circulan por muchos pueblos, dedicados curiosamente al transporte escolar, que es precisamente al transporte más delicado.
En todo caso, si se procede a la venta, creemos que debería mantenerse, si es posible, la unidad de la empresa y garantizarse la plantilla de los trabajadores, así como también el derecho de opción que tiene una parte importante de la plantilla de retornar a su empresa original, que es la empresa Renfe. No obstante, seguimos insistiendo en que esta privatización es un error que va a traer unas consecuencias negativas para zonas concretas de nuestro país, que van a perder un servicio público importante, así como, en nuestra opinión, las garantías que hasta ahora mantenía en cuanto a calidad del servicio, seguridad y precios razonables.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Santiso.
Para consumir el otro turno en contra de la convalidación del real decreto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista se va a oponer a la convalidación de est e Real Decreto-Ley, en primer lugar, por considerar que la urgencia que se plantea no está justificada.
Enatcar elaboró en 1996 un plan de empresa en el que ya se preveía su privatización, la privatización de una empresa que estaba dando unos buenos resultados económicos que procedían de la época anterior.
Pero ustedes, a partir de 1996, intentaron ir preparando el terreno para que la privatización de la empresa se pusiera en marcha y se llevara a cabo.
Indudablemente, la urgencia no existe, señor ministro, por mucho que usted quiera decir que está perfectamente justificada y argumentada.
La urgencia no existe porque ese plan de empresa aún no está terminado, está en fase de desarrollo.
Usted nos ha puesto encima de la mesa unas cifras que indudablemente son interesantes, pero no las ha completado con el conjunto de ese segundo operador que ustedes dicen que es Enatcar, que entienden que ha sido un operador de transporte que ha funcionado bien en España.
Están privatizando un grupo cuyos resultados, a 31 de diciembre de 1995, son realmente interesantes, con un cash flow de 2.643 millones de pesetas, con unos ingresos de explotación de 10.652 millones de pesetas, o con un valor añadido consolidado que, de 1990 a 1995, pasa de 4.062 millones de pesetas a 5.211 millones de pesetas, lo cual supone encontrarse en 1996 con una empresa muy saneada, una empresa muy equilibrada y una empresa con futuro dentro del sector del transporte. ¿Qué es Enatcar? Es un grupo de empresas al que usted ha hecho referencia con algunos datos muy generales, que comprende seis empresas con la siguiente participación: Andreo y Bacoma (100 por 100), Saia (83,64 por ciento), Tibus (66,67 por ciento), Aratesa (59 por ciento) y Ubesa (51 por ciento). Además, tiene una presencia muy activa en otras ocho empresas asociadas de transporte, en seis estaciones de autobuses y en dos de hostelería. Con todo ese conglomerado que existe en estos momentos en el grupo Enatcar nos encontramos con que los resultados de estos últimos tiempos han sido positivos. Los ingresos de explotación han sido los siguientes: en 1996, 12.151 millones de pesetas; en 1997, 12.078 millones -aquí bajaron un poco-

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y en 1998 el grupo Enatcar prevé que serán de 12.535 millones de pesetas. Los resultados antes de impuestos han sido los siguientes: en 1996, 1.858 millones y los p revistos para 1998 son 1.509 millones de pesetas. Los viajeros transportados en 1996 han si do casi cinco millones y medio, que serán superados, según las previsiones de la empresa, en 1998. Nos encontramos con una empresa que está en una situación económica francamente buena; nos encontramos con una empresa que, dentro del sector transporte, está en muy buena posición; nos encontramos con una empresa de transportes -un sector ciertamente complejo- cuya privatización, anunciada en 1996, ustedes la llevan a cabo de una manera precipitada, con arreglo a unos baremos de valoración que usted dice que en estos momentos están en una nueva fase de estudio, porque va a haber una empresa externa que los va a fijar. Esto demuestra y acredita que existe una disfunción entre el valor que ustedes le atribuyen y el valor real que tiene esta empresa, por lo que los posibles adquirientes de la misma, una vez que se haya transformado en una sociedad anónima, se van a encontrar con una ganga, con una auténtica ganga. Y surgen dudas, dudas no resueltas en el decreto. Surgen dudas en cuanto a si esta empresa se va a trocear o no, si se va a dividir o no. Hay dificultades. En el plan de empresa del que ustedes hablan hay una serie de frases que resultan curiosas y que presentan la dificultad de esa operación que ustedes quieren llevar a cabo. Se dice: Debe señalarse la particularidad que supone el hecho de que la explotación de tráficos que realizan Bacoma, Andreo y Ubesa está condicionada por ser la propiedad y la titularidad administrativa de la empresa matriz Enatcar, la cual se las ha cedido en base a contratos de colaboración o arrendamiento. Esta situación, continúa, no muy acorde con la normativa vigente en materia de transportes, afecta a los siguientes servicios. Y se enumeran una serie de servicios, lo que supone que parte de esos tramos, parte de esas líneas están en un sistema de concesión con una empresa, y parte, no.


Ust ed me dice que no con l a cabeza, y le voy a poner un ejemplo: Sevilla-Valencia y Málaga-Barcelona, explotados por transportes Bacoma, SA, excepto algunos tráficos que realiza la Unión de Besina, SA, y el parcial Valencia-Barcelona, en el que opera directamente Enatcar. Hay servicios que están divididos, que están troceados por concesiones, por gestión de concesión. Señor ministro, diga usted lo que quiera, pero indudablemente existen unos defectos, unas situaciones atípicas que hay que resolver en este proceso de privatización y, desde luego, no se resuelven con este Real Decreto- Ley. Asimismo, existen dudas respecto a la plantilla, aunque usted ha dicho que no va a haber dudas, que hay una garantía en relación con los puestos de trabajo. Yo no lo veo. Cuando la empresa adjudicataria de est a venta de acciones, de esta venta de empresas, vea que tiene duplicidad en puestos administrativos, o de inspección, o de control, se va a encontrar con que sobra personal y, al final , acabará despidiendo a algunos trabajadores de la empresa. Por mucho que usted exija esa garantía, no existe. Y usted no puede garantizar en ningún momento que se produzca una venta conjunta de toda la empresa. Lo que sí es cierto es que la rumorología, las noticias, los comentarios, van destinados a decir de alguna manera que incluso ya se sabe cómo se va a dividir la empresa Enatcar en varias empresas o para varias empresas de transporte que actualmente existen en España y que, indudablemente, lo que van a hacer es intentar que desaparezca la competencia que puede haber entre ellas y que las concesiones que existan estén en manos de una sola empresa. Así, sin que exista un grupo público, que indudablemente racionalizaba el sector de transporte, existirá una auténtica ley de la selva en materia de transporte, cosa que nosotros no podemos apoyar en modo alguno.


Por eso, ministro, le pedimos que acepte mejorar este decreto-ley.
Que acepte, primero, que se tramite como proyecto de ley. Las enmiendas que vamos a presentar nosotros van a tender a que est a privatización inevitable que ustedes plantean no produzca un deterioro excesivo en el sistema de transportes español. En segundo lugar, pretendemos que la garantía de esos puestos de trabajo que usted dice se produzca, que exista en realidad. En tercer lugar, a nosotros nos gustaría que, si esa privatización se va a producir, se quede todo en unas manos y no en tres o cuatro manos, en función de intereses que existan en el sector del transporte de viajeros privado.


Por último, señor ministro, sí que es cierto que, cuando se hace un Real Decret o-Ley de est a manera, con urgencia no justificada, da la impresión de que hay algo detrás, y a mi grupo le gustaría que esta impresión pudiera evitarse y que se hiciera todo de forma clara y transparente, como usted ha dicho que se podía hacer, sin acudir a ninguna fórmula ni actuación rara y, desde luego, sin que haya que pensar que la precipitación en su aprobación está motivada por otras razones que no son las de llevar a cabo una mejor privatización. A nosotros nos gustaría que ustedes reconsideraran no privatizar el cien por cien, sino mantener cierto control s obre este grupo de empresas. Y no coincido con lo que usted ha dicho sobre que esta no es una actividad que ustedes consideren adecuada para ser mantenida en el sector público estatal. Es que ustedes no consideran buena ninguna, ni esta, ni la de telecomunicaciones, ni la de ningún otro sector. Esta no es una excepción a la norma, es la norma que ustedes han impuesto, privatizar todo el sector público. Puesto que aún no está cerrado este trámite, le pediría que reconsiderara su tramitación como proyecto de ley, también la venta del cien por cien de las acciones, y que permitiera a los otros grupos que, con nuestras aportaciones, intentáramos introducir algo de racionalidad en este sector de transporte de viajes por carretera.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Morlán.


¿Algún grupo desea hacer uso del turno a favor? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carreño. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente .


Hemos de citar como antecedente y origen de Enatcar la Ley de ordenación de los transportes por carretera de 1947. Aquella ley atribuía a Renfe y a FEVE el derecho de tanteo en los concursos para adjudicación de concesiones de transporte regular de viajeros por carretera cuando su itinerarío coincidía parcialmente con el del ferrocarril. Y así, Renfe y FEVE fueron titulares de un gran número de concesiones que explotaron directamente, con empresas mixtas, o mediante colaboración con otras empresas.


Al aprobarse en 1987 la Ley de ordenación de los transportes terrestres, se suprimió aquel derecho de tanteo, creándose, como desarrollo de la ley, por decreto, como se ha citado en anteriores intervenciones, en 1988, la Empresa pública nacional de transportes de viajeros por carretera. Parte de las concesiones que poseían Renfe y FEVE en transporte de viajeros fueron transmitidas a empresas privadas que antes colaboraban con Renfe y FEVE en la explotación de sus líneas de transporte y que aceptaron las condiciones de la transmisión.


De acuerdo con la actual LOT, los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general tienen, como regla general, el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, admitiéndose diversas modalidades de gestión directa o indirecta, aun cuando en la práctica totalidad de los casos la utilizada es la concesión administrativa, que permite transparencia y competencia, así como la integración y calidad de los servicios.
Por ello, Enatcar explotó y explota sus concesiones residuales, bien directamente o bien creando empresas filiales que se han citado.


A pesar de la liberalización del transporte en la Unión Europea, ésta tropieza de momento con las dificultades de carencia de armonización legislativa entre los distintos países y la defensa a ultranza de las especiales características del sector en cada país.
Como ejemplo de ello citaré que el reglamento del año 1992 s obre admisión de transportistas no residentes a l os transportes nacionales de viajeros por carretera fue anulado en 1994 por el Tribunal de Justicia europeo y aún no ha sido actualizado. Y todavía en marzo de 1998, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Austria y Suecia se o pusieron a la propuesta de autorizar una línea por carretera cuando exista un servicio ferroviario paralelo. Puede decirse que más que liberalización, lo que define el sector del transporte por carretera es el servicio público al ciudadano.


Como idea de la importancia del transporte por carretera, diré que existen en España aproximadamente 150 empresas concesionarias, con una flota de unos 6.000 autobuses, que ofertan, en servicios interautonómicos por carretera, 43.000.000 de viajeros/año. Entre ellas está Enatcar, que, como ha citado el ministro de Fomento, es la segunda en el sector, con 159 autobuses -77 son suyos y el resto de las empresas filiales- que recorren 50.000.000 de kilómetros/año, con una plantilla de 1.630 personas -903 en ella y 727 en las filiales- y con más del 15 por ciento de los viajeros totales en transporte por carretera en este país. Su cuenta de resultados es francamente favorable, una vez superados los problemas graves de gestión que en otra etapa padeció, con importantes desviaciones económicas y responsabilidades de los gestores. Es, por tanto, una empresa líder del sector, hoy con buena imagen, sólida, solvente y con liquidez y diversificación iniciada.
Coinciden en est e momento varias circunstancias para la transformación de Enatcar. En primer lugar, el compromiso electoral del Partido Popular, puesto en marcha por el Gobierno con notable éxito, de reordenar el sector público estatal ofreciendo al mercado abierto y competitivo actividades económicas tales como las de Enatcar. En segundo lugar, el mandato de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, de abril de 1997, que emplaza, entre otras empresas, a Enatcar para, en dos años, concluir su proceso de adaptación.
Nuestro ordenamiento contempla únicamente con carácter excepcional la gestión directa de los servicios públicos regulares permanentes de viajeros de uso general, quedando restringida esta posibilidad a aquellos supuestos en los que la gestión indirecta resulte inadecuada al carácter o naturaleza del servicio, sea incapaz de satisfacer los objetivos económicos o sociales que se pretenda conseguir o venga reclamada por motivos de interés público concreto o de carácter económico- social. No parece que ninguna de estas circunstancias concurra hoy en los servicios gestionados por Enatcar.
Se ha citado por otro interviniente que desde hace dos años se estableció como objetivo del Gobierno la privatización de Enatcar. Se está cumpliendo dentro de plazo ese objetivo y se han generado importantes expectativas, tanto en empresas españolas del sector del transporte como en otras de dicho sector no españolas, dada la calidad actual de la empresa Enatcar. Consecuente con ello y con la necesidad de no demorar la racionalización del sector público estatal en materia de transportes terrestres, se presenta la convalidación del Real Decreto-Ley. Es evidente que la valoración por la fórmula del Real Decreto-Ley, la transparencia del proceso de esa valoración y del proceso de transformación y de incorporación al accionariado de capital privado, así como la garantía que ha mencionado el señor Arias-Salgado para la plantilla en el pliego de condiciones del concurso, pueden tranquilizar a todos los que me han precedido en el uso de la

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palabra y espero que ayuden a convalidar este Real Decreto-Ley, que, naturalmente, apoya el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Carreño. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que la transformación de la empresa Enatcar en sociedad anónima, en contra de lo que se dice en la exposición de motivos del real decreto sobre la necesidad de adecuar la forma jurídica de la empresa a su objeto social, tiene un único objetivo, poner esta empresa en condiciones de ser privatizada, como por lo demás reconoció el señor ministro en su intervención.
Esto es realmente lo que se quiere decir cuando se esgrime el argumento de la necesidad de la urgente reordenación del tráfico por carretera. Como se dice en la exposición de motivos, después de la entrada en vigor de la Lofage, Enatcar debería adecuarse al tipo de entidad pública empresarial regulada en esa ley, es decir, debería ser un ente público empresarial, como lo es Renfe, que, además, tiene un objeto social muy parecido, excepto que el transporte se realiza por ferrocarril. El mismo grupo Enatcar participa en el capital de algunas sociedades filiales de Renfe, por lo que no es válido el argumento de que, teniendo en cuenta que el transporte de viajeros por carretera es una actividad genuina de una sociedad mercantil, Enatcar debe transformarse en una sociedad anónima, como pretende el decreto-ley.
Si el verdadero motivo del real decreto es adaptar la forma jurídica de la empresa a la más apropiada a su objeto social, que no lo es, ¿por qué en su artículo tercero se dice que, una vez constituida la sociedad, se procederá a la enajenación de la totalidad de las acciones? Si la privatización es el verdadero motivo de la transformación en sociedad anónima ¿ por qué no se dice en la exposición de motivos con total claridad, como por lo demás ha venido a hacer el señor ministro? Enatcar es en realidad una empresa rentable, que en 1997 obtuvo beneficios, antes de impuestos, por importe de 1.439 millones de pesetas. Nosotros pensamos que es muy criticable el hecho de que se utilice un decreto-ley para lograr una privatización y una adaptación jurídica, ya que, como todos sabemos, el artículo 86 de la Constitución dice que se emplearán estas fórmulas del decreto-ley solamente en los casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Acabo, señor presidente, con las palabras del propio Ministerio de Fomento, al hablar de esta empresa en un documento más o menos reservado. Dice que las fortalezas de Enatcar consisten en lo siguiente: Es una empresa líder en el sector, con una buena imagen, buena situación en términos de solidez, solvencia y liquidez, y una flota de autocares moderna, de unos t res años. Y añade: Debilidades: fuerte presencia del capital de carácter familiar y ausencia de capital extranjero. Para el Bloque Nacionalista Galego, las debilidades de Enatcar son su mayor virtud y siempre pensamos que el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, acreditaba, en el capitalismo popular, fuerte presencia del capital de carácter familiar. Nos parece, como Bloque Nacionalista Galego, que es bueno que haya sectores de la economía que tengan ausencia de capital extranjero -uno de ellos, por ejemplo, el sector de transportes por carretera-, que logran cohesión social y, como dice el propio Ministerio, con unas tarifas muy adecuadas y muy competitivas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Para llegar a esta tramitación de convalidación del Real Decreto-Ley relativo a Enatcar, hay una concatenación de normas legales que lo justifican. Qué duda cabe que, si el Gobierno hubiera deseado seguir manteniendo Enatcar bajo su control absoluto y en la dependencia correspondiente, habría que haber hecho las adecuaciones de la Lofage, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 6/1997, en razón de su disposición transitoria tercera, obligando al Gobierno a emitir un real decreto.
Sin embargo, como esto está encadenado, en una secuencia legislativa anterior, a la Ley de ordenación de transportes terrestres, Ley 16/ 1987, precisamente por haber introducido en la misma una dependencia y, en sus anejos, citar a Enatcar, obliga a una disposición, bien de ley, bien de Real Decreto-Ley, para hacer su posible transformación, dentro de lo que ordena la Ley General Presupuestaria, en sociedad anónima o en sociedad mercantil. En este primer caso, como ha señalado el señor ministro de Fomento, con todo el capital social de propiedad estatal y a través de la sociedad estatal de participaciones industriales. Entramos, por tanto, en una razón legislativa para que est a norma venga hoy a la Cámara, por iniciativa del Gobierno, con rango de Real Decreto-Ley.
La segunda consideración es de tipo económico y administrativo. Para Coalición Canaria está clara la posición del Gobierno, coincidente con la nuestra, de que en aquellas actividades empresariales de un mercado libre, por la fuerza imperativa de los tiempos y de las normas que emanan de la Unión Europea, no se introducirán competencias estatales donde la iniciativa privada esté funcionando correctamente.
Si no, mantendríamos

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perturbaciones o suspicacias, porque se rige por una concesión de licencias o el régimen de concesiones administrativas, en este caso el transporte de viajeros por carretera, donde una justificación de sector estratégico sería de muy difícil argumentación.
Se podrá o no estar de acuerdo, entrar en el debate, compartir o no compartir, en función de posicionamientos políticos, los planes del Gobierno, la reordenación del sector público estatal, pero nosotros comenzamos por decir que el que se transforme Enatcar en un empresa mercantil sociedad anónima no implica, por supuesto, que vaya a estar imposibilitada para desempeñar, con independencia de su titularidad, un servicio público. Si quiere, lo puede seguir desempeñando.
Lo que ocurre es que aquí también hay un entramado de empresas y de concesiones y nos parece lógico el afán del Gobierno para no estar presente, cuando se está criticando una presencia presupuestariamente activa, clara o encubierta, de la Administración del Estado, con cargo a fondos propios o concesiones en especie. Porque vuelvo a decir que hay unas concesiones administrativas en el transporte de viajeros por carretera. Vamos a dejar que siga con transparencia y flexibilidad lo que es un principio que hoy figura en todo el ordenamiento de la Unión Europea, sobre este tipo de actividades.
Por tanto, señorías, Coalición Canaria va a dar su voto favorable a la convalidación de este real decreto en esta primera fase, que no es de privatización, sino de transformación en sociedad anónima o sociedad mercantil. Por otro lado, se han dado unas garantías por parte del señor ministro, dado que será SEPI quien esté en esta tutela del capital social, que con esta transformación es un capital público. De desearse su transformación en entidad privada y por tanto su privatización, ha de haber unas garantías. En primer lugar, las ofertadas por el propio sector de servicio de viajeros por carretera, en mantenimiento de ser una actividad lucrativa, y no cabría invocar las condiciones que motivaron que desde el viejo INI aparecieran muchas empresas o industrias en razón de la capacidad subsidiaria del Estado de atender sectores, deficitarios o no cubiertos por la iniciativa privada, ni una actuación vicariante, incluso con repercusiones presupuestarias. Pues bien, si hay un compromiso ya contraído ante la Cámara por el señor ministro de Fomento, en nombre del Gobierno, de que el pliego de condiciones exigirá el mantenimiento de los puestos de trabajo, ahí tenemos ya una garantía. En segundo lugar, decimos que como hay un compromiso, dentro de las líneas de privatización, en la reordenación del sector público estatal, nos parece correcta la posición del Gobierno, que apoyamos. La razón jurídica ya la he dicho ante, la razón política la apoyamos, y la razón de la perentoriedad también la secundamos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar la convalidación del Real Decreto-Ley de transformación de Enatcar y lo va a hacer convencido de que es un buen decreto. Se ha explicado, casi en un relato histórico, su creación como ente público, de la Empresa Nacional de Transporte de Viajeros por Carretera, en función de la Ley de ordenación del transporte terrestre, cuyo origen fue la reunión con otras líneas que estaban dentro de la órbita de Renfe-FEVE en itinerarios concurrentes. Por tanto, que, desde su creación en el año 1988, pase ahora a sociedad mercantil nos parece oportuno. El decreto es un trámite administrativo para llegar a esta sociedad mercantil y su posterior privatización. Se llega a ella quizá en el momento más oportuno que puede hacerse, ya que la Unión Europea va en esa dirección, con la ordenación normativa que marcan l os mercados. Todo s conocemos las vicisitudes que ha sufrido Enatcar, superadas a partir de los años 1995-1996 -también se ha dicho esta mañana en el debate-, anteriormente no tanto. Y este es un buen momento para ir hacia adelante en lo que hoy nos presenta el decreto-ley, más cuando en el pliego de condiciones se nos ofrece la garantía de mantener compromisos, de mantener los puestos de trabajo principalmente, y, al mismo tiempo, la transparencia total de la operación.
Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del decreto-ley y además nos parece que con el trámite actual es más que suficiente y no hace falta ningún trámite posterior.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sedó.


- REAL DECRETO-LEY 7/1998, DE 19 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de expediente 130/000049)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto siguiente, dentro del punto VIII, convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, para cuya presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar ante esta Cámara el Real Decreto-Ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6

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de julio, del régimen económico y fiscal de Canarias. Ésta es una modificación de gran importancia, señor p residente, señorías, porque supone la finalización de una larga negociación con la Comisión Europea, a fin de adecuar a la legislación comunitaria el régimen económico y fiscal de Canarias. Y quiero decir, al comenzar mi intervención, que creo que la Cámara puede mostrarse satisfecha desde el punto y manera de que las modificaciones que aporta est e Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar no varían en Sustancia ni prácticamente en la letra lo que esta Cámara aprobó en 1994.
Efectivamente, con la aprobación de este Real Decreto- Ley, si el Congreso tiene a bien hacerlo, se habrá culminado un largo proceso de adecuación al ordenamiento comunitario de determinados aspectos del régimen económico y fiscal de Canarias. La configuración del nuevo régimen económico y fiscal de Canarias comienza, como la Cámara sabe bien, el 7 de junio de 1991, continúa en la Ley, a la que ya he hecho referencia, de 1994 y tiene como uno de sus más característicos principios informadores la plena integración de Canarias a la Unión Europea y a su vez la aplicación en el archipiélago de las distintas políticas comunitarias, todo ello en el contexto del máximo reconocimiento y amparo de las particularidades tradicionales concurrentes en el archipiélago, que inciden directamente en el desarrollo económico y social de las islas y en la consideración de Canarias como región ultraperiférica que, como la Cámara conoce, ha sido objeto ya de reconocimiento en el Tratado de Amsterdam.
Por lo tanto, estamos ante un proceso largo, desde el año 1991, intenso, en el que ha habido protaganismos de diversos gobiernos y de diversas mayorías, a fin de introducir la realidad Canaria de manera plena en la incorporación de España a la Unión Europea, en el sentido de que Canarias pueda beneficiarse de todas las políticas comunitarias y a su vez las políticas comunitarias, e incluso los textos legales básicos de la Unión Europea, reconozcan los principios y las particularidades de nuestro derecho con respecto a Canarias y en concreto la cuestión de la ultraperificidad.
Fueron algunos aspectos de la Ley de 1994 los que dieron lugar desde el principio al planteamiento de algunas dudas o discrepancias en torno a la compatibilidad con el ordenamiento comunitario; aspectos que se han venido concretando en el régimen de incentivos fiscales a la inversión, que contiene el artículo 25, en el mecanismo de incentivación de la producción interior de Canarias, que contiene el artículo 26 -me estoy refiriendo siempre a numeración de artículos de la Ley de 1994, como es natural-, y en la figura de la reserva para inversiones de Canarias, regulada en el artículo 27 de la misma ley.
En efecto, algunos aspectos de la regulación de estas materias parecían incurrir en algún tipo de incompatibilidad con el ordenamiento comunitario. Esto, que pareció claro desde un principio y que tenía su origen en que el texto aprobado por est a Cámara no había sido conciliado con la Comisión, dio lugar a que el Gobierno de la anterior legislatura llevara a cabo una modificación parcial con el Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, por el que se introdujeron algunas modificaciones a la Ley del año 1994. Sin embargo, y ya con las nuevas Cámaras, consecuencia de las elecciones del 3 de marzo del año 1996, el Gobierno era plenamente consciente, y creo que también los grupos parlamentarios, de que, a juicio de la Comisión Europea, las modificaciones introducidas en el Real Decreto- Ley de enero de 1996 no eran suficientes, lo que hizo necesario continuar una larga negociación con los servicios y autoridades de la Comisión, que tenía como último y primordial objetivo la plena adecuación del régimen económico y fiscal de Canarias al ordenamiento comunitario, en un contexto que salvaguardara las especialidades de Canarias.
Yo pienso, como he dicho al principio de mi intervención, que podemos afirmar con satisfacción que, tras año y medio de largas y en algunos momentos complicadas negociaciones con la Comisión Europea, ambos objetivos -es decir, la adecuación del régimen económico y fiscal de Canarias al ordenamiento comunitario y el respeto a las peculiaridades canarias- han sido plenamente conseguidos, como pueden las señoras y señores diputados constatar en el texto del Real Decreto-Ley que traigo a consideración de la Cámara. Así, por decisión de 16 de diciembre de 1997, que fue notificada al Reino de España oficialmente el 23 de enero de 1998, la Comisión Europea ha establecido los términos en los que se pueden quedar compatibilizados con el ordenamiento comunitario los beneficios fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias previstos en la Ley de 1994, esto es, el artículo 25, incentivos fiscales en la inversión, esto es, la bonificación a favor de las empresas productoras de bienes corporales, artículo 26 -estoy siempre refiriéndome a la numeración de la Ley de 1994- y, esto es, el artículo 27, la reserva de inversiones en Canarias.
Si bien es cierto que estas tres cuestiones constituyen el núcleo esencial del régimen económico y fiscal establecido por la Ley del año 1994, no es menos cierto que esta ley también contiene otros incentivos, como son la deducción por inversiones, prevista en la disposición adicional cuarta, y las denominadas vacaciones fiscales, reguladas en la disposición adicional quinta de la Ley de 1994, que también han sido estudiadas por la Comisión, declarándolas plenamente compatibles con el ordenamiento comunitario por considerarlas ayudas de mínimas y, por lo tanto, no son objeto de ninguna modificación.
En general, señor presidente, señorías, los términos en los que la decisión de la Comisión establece la compatibilidad con el ordenamiento comunitario del régimen económico y fiscal se traducen en un muy importante grado de inalterabilidad del statu quo. En efecto, la mejor prueba de lo que estoy diciendo, del alto grado de inalterabilidad de lo que suponía ya la Ley de 1994 desde el punto de vista de la decisión comunitaria,

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está en el texto de este Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar ante la Cámara.


El Real Decreto-Ley contiene tres artículos, una disposición adicional , una disposición derogatoria y una disposición final. Por lo tanto, estamos ante tres actuaciones muy concretas que pasaré a describir. En primer lugar, el artículo 1, que se refiere al artículo 25 de la Ley de 1994, establece un calendario de descreste -es decir, de reducción de los incentivos fiscales que contenía el artículo 25-, pero sólo en unos casos muy determinados, los demás quedan exactamente igual.


Como SS.SS. recordarán, el artículo 25 de la Ley de 1994 establecía exenciones fiscales que afectaban principalmente a dos impuestos, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y al Impuesto Indirecto General Canario. Pues bien, esta modificación que hoy traigo como consecuencia de las decisiones de la Comisión sólo afecta al primero de los impuestos, es decir, a la exención del Impuesto s obre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pero no en todos sus supuestos, sino exclusivamente cuando se refiera a la modalidad de operaciones societarias, y tampoco en el caso de todas las operaciones societarias porque sólo se refiere a aquellas en las que no se produzcan reinversiones. Por lo tanto, es una modificación extraordinariamente limitada que supone un calendario de descrestes que se mantendrá al cien por cien, por lo tanto, hasta el 2001, quedando reducido al 75 por ciento hasta el 2002 y, a partir de ahí, al 50 por ciento, pero vuelvo a repetir que sólo se refiere a un supuesto muy concreto que es la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el caso de operaciones societarias y en el caso de que estas operaciones no fueran a materializarse en inversiones.


Por lo demás, el resto del régimen de incentivos fiscales a la inversión que regulaba y regula el artículo 25 de la Ley de 1994 permanece absolutamente inalterado, con lo que la divergencia finalmente concretada y ahora resuelta por el Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar a la Cámara creo que puede calificarse de mínima.


El segundo artículo, que viene a completar algo que ya se había iniciado en el Real Decreto de principios de enero de 1996, se refiere al artículo 26 de la Ley de 1994, en el cual se configura la bonificación a favor de empresas productoras de bienes corporales con un beneficio fiscal de aplicación limitada en el tiempo, que, como he dicho a la Cámara, fue una modificación parcial que se introdujo en la anterior legislatura por el anterior gobierno en el Real Decreto-Ley de enero de 1996. Ese calendario de vigencia viene ahora a concretarse en el artículo segundo del Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar y, en función de ello, la bonificación hasta ahora vigente, del 40 por ciento, se elevará al 50 por ciento durante los años 1998 al 2001, volverá a fijarse en el 40 por ciento para el año 2002 y se establecerá en el 30 por ciento a partir de ahí.
Por último, el artículo tercero del Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar ante la Cámara incorpora una limitación derivada del ordenamiento comunitario, que paso a explicar a la Cámara.
El ordenamiento comunitario exige que no se den ayudas de Estado a sectores industrialmente sensibles. Est o lo impone en todos los casos, y también lo ha impuesto en el caso del régimen económico y fiscal de Canarias. Lo que sucede, en términos prácticos, es que lo que la Comisión denomina sectores industriales sensibles son: la construcción naval, las fibras sintéticas, automóvil, siderurgia y carbón. Como puede constatar perfectamente la Cámara, estos sectores no son precisamente los más relevantes en la economía canaria y, por tanto, el hecho de que aceptemos, como no puede ser de otra manera, esta limitación que excluye a los sectores industriales sensibles y que, como pueden comprobar SS.SS., en la disposición final primera los excluye desde el 1 de enero de 1998, sin embargo, su incidencia en la economía canaria me atrevo a decir que es prácticamente insignificante, si no nula.
Finalmente, la regulación de la reserva para inversiones se mantiene intacta, si bien en la parte expositiva del decreto, como habrán podido comprobar SS.SS., se hace constar expresamente que en su momento se procederá a comunicar a la Comisión Europea la continuidad de est e beneficio fiscal: en el año 2003 para las ayudas al funcionamiento, es decir, la reinversión en deuda pública canaria, y las ayudas para la reinversión en el año 2005.
El Gobierno ha entendido que, después de recibir en enero la comunicación de la Comisión Europea de manera oficial, y de la elaboración por parte de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda de la adecuación de la Ley de 1994 a la comunicación de la Comisión, era urgente y, por tanto, justificado, aprobar por decreto- ley esta decisión, que también es un precedente que se utilizó en ocasiones anteriores.
Como la Cámara conoce, es preceptiva una comunicación al Parlamento canario, que ya se ha producido, y en ese sentido creo que estamos en condiciones de a probar, si la Cámara así lo entiende, el Real Decreto Ley que viene a finalizar el largo proceso de adecuación del régimen fiscal canario a la realidad europea. Creo que, aunque ha sido un largo proceso en el que más de un Gobierno ha tenido que llevar a cabo largas, difíciles y en muchos casos infructuosas negociaciones, esas negociaciones, al final , se han saldado con un claro éxito desde el punto de vista tanto de la Unión Europea -tengo que decir que no estamos ante ningún tipo de vulneración del espíritu ni de la letra de lo que pretende la reglamentación comunitaria, como no podría ser de otra manera, porque la Comisión Europea no lo hubiera aceptado- como de la decisión de la Comisión de 16 de diciembre, y estamos ante un reconocimiento, que creo que nos avala para futuras conversaciones sobre temas importantes que preocupan a la Cámara, de la especificidad canaria y del principio de ultraperificidad, que ya está reconocido, como SS.SS.


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saben, en el Tratado de la Unión, en las modificaciones introducidas en Amsterdam.
Por todo ello, señor presidente, solicito a la Cámara el respaldo para este decreto-ley, y agradezco la atención.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero expresar mi sentimiento de pesar y de dolor ante la noticia que acaba de llegar a esta Cámara y mi solidaridad con el Grupo Popular ante este hecho terrible y desgraciado que nos embarga a todos.
Quizá no es el mejor momento para empezar hablar del régimen económico y fiscal de Canarias, pero mi obligación es hacerlo. Con respecto a lo que se discute hoy aquí, aunque tenga el aspecto de simple convalidación de un Real Decreto-Ley que tiene un cierto carácter de trámite y poca atención, sin duda consecuencia del Pleno tan amplio y completo que tenemos hoy, quiero decir que mi grupo se considera satisfecho de la negociación con la Unión Europea. Ha sido una negociación complicada, muy compleja, donde vamos acumulando un patrimonio de experiencia sobre cómo negociar en esta fase difícil que está viviendo la Unión Europea, porque ya no es tan sencillo como hace siete u ocho años, sobre todo en el caso de regímenes especiales de carácter diferencial, como es el régimen económico y fiscal canario. A lo largo de los años 1995, 1996 y 1997 hemos tenido que llegar a un proceso complicado de ofertas y contraofertas para consolidar tres artículos claves, dos disposiciones adicionales y una transitoria de la Ley de julio de 1994, de modificación del régimen económico y fiscal canario.
Como ha explicado el señor Rato, el régimen económico y fiscal canario es parte de la Constitución Española. Es una parte consustancial de lo que entendemos como hecho diferencial canario. El proceso de integración a la Unión Europea, en Canarias tiene unos vaivenes y unos elementos diferenciales. Primero, cuando se hace la integración plena de España, en Canarias hay un protocolo, llamado protocolo 2, que establece formas de participación y de no participación en las políticas comunitarias. Más tarde, en el año 1989, el Parlamento de Canarias pide la plena integración, pero con elementos diferenciales. Cuando viene la Ley de 1991, en esa fase era relativamente sencillo -todavía no estábamos en l os procesos de armonización fiscal, consecuencia de la unión política y monetaria- ir consolidando los elementos históricos que han ido evolucionando, pero que siempre parten de una idea básica, y es que Canarias es una región alejada -en este caso ya una nacionalidad-, que necesita por sus elementos diferenciales un marco económico y fiscal que tenga en cuenta su lejanía, su insularidad y los costes que ello implica. Es un proceso que viene desde los Reyes Católicos, que reconoce la Constitución española, que viene en la Ley de Régimen Económico y Fiscal de 1972 y posteriormente se han hecho una serie de adaptaciones.
Sin embargo, cuando se hace la modificación del REF de 1994, que afectaba a una serie de artículos y a la zona especial de Canarias, entramos en el problema de que la Comisión Europea no fue correctamente comunicada. La negociación se hace en un momento donde hay una cierta crisis política española -me estoy refiriendo al año 1995, período de inestabilidad-, mediante una cierta táctica de avestruz, y el resultado es que posteriormente se produce un endurecimiento de las posiciones comunitarias con respecto a las modificaciones del REF de 1994. Felizmente, desde una negociación constructiva, desde un proceso de firmeza de los elementos diferenciales canarios pero al mismo tiempo de flexibilidad, se llega a la decisión de la Unión Europea, de diciembre del año pasado, que es la que nos lleva al real decreto que nos ocupa y a su convalidación.
Estamos satisfechos de los resultados obtenidos. Hubiera sido interesante introducir en el artículo 27 algunas matizaciones sobre planes de inversión, aunque hay posibilidades de hacerlo en el futuro. En cualquier caso, se consolida el 25, las bonificaciones del 26 y sobre todo un instrumento que para nosotros es histórico, que es la llamada reserva de inversiones del artículo 27. Es histórico porque en la economía canaria, que es frágil, como he explicado, por su lejanía y su insularidad, no se producía el mecanismo de ahorro e inversión. Se producía un fenómeno de evasión de recursos y no de inversión productiva, lo cual creaba unas tasas de paro altísimas, unido a los problemas demográficos de las islas Canarias.
Al tener unas ayudas fiscales muy importantes, con la condición de que se invierta en activos y en inversión que genere puestos de trabajo, lo interesante es que en la sociedad canaria se ha producido una dinámica nueva, que está produciendo un fortalecimiento de la empresa canaria, su regionalización y la ocupación de cuotas de participación en sectores estratégicos de las islas, que anteriormente no teníamos. Este real decreto que nosotros apoyamos es muy interesante, pero pensamos dos cosas. La primera, que sería interesante que en el artículo 27 se acabe con las rigideces interpretativas anteriores. Existe una comunicación de la Dirección General de Tributos de los últimos días, y por un problema de política interior española, esas visiones restrictivas que a veces se tienen desde una postura centralista, sobre todo en el tema de terrenos y en el de inmuebles, su interpretación se ha hecho correctamente, y todo el proceso de reinversión que se

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va a producir en Canarias va a permitir, entre otra cosas, una importantísima rehabilitación de nuestras infraestructuras y estructuras turísticas y una reconversión incluso en sectores industriales. En mi opinión, no era necesario introducirlo en estos artículos porque era un problema de interpretación interna. Hubiera producido un debate si se hubiera entendido como una modificación legal con la Unión Europea que no venía a cuento ni era la cuestión, era simplemente un criterio de flexibilidad en la interpretación.


Por último, quiero señalar que este proceso de negociación que en 1997 ha sido feliz, debería continuarse en 1998 en algunos temas esenciales dentro del elemento diferencial canario. En el Tratado de Amsterdam hemos logrado incorporar a lo que podría llamar constitución europea, al Tratado de la Unión Europea, elementos que están en la Constitución española, en la disposición adicional tercera, y en el régimen económico y fiscal, como son el carácter ultraperiférico y la necesidad de modular las políticas comunitarias de cara a las regiones ultraperiféricas y, por tanto, a Canarias. Nuestra opinión es que en est a negociación que estamos teniendo, y que va a ser muy dura, como hemos visto el otro día, a partir del debate de la cumbre de Cardiff hasta marzo de 1999 en la posible cumbre de la presidencia alemana, Canarias se juega muchísimo para que su definitiva consolidación del REF tenga en cuenta no sólo que Canarias debe seguir siendo región objetivo 1 dentro de los fondos estructurales, sino que el mapa de reglamentos y ayudas se adecue correctamente a ese mismo mapa del reglamento de los fondos estructurales y de región objetivo 1. Existen dificultades en la Unión Europea, y yo pediría al Gobierno y al ministro, señor Rato, que presten particular atención a ese tema en est e proceso de negociación, porque si conseguimos un reconocimiento de Canarias en el artículo 93.3.a), es decir, en el máximo nivel del reglamento de ayudas, podemos abrir un reconocimiento de la zona especial canaria. Dicha zona es la parte del REF que falta por convalidar, entendida como un instrumento de política europea para los intercambios comerciales con terceros países, y no como un agujero fiscal para la penetración de productos en la Unión Europea. De ahí todas las cautelas que trae el decreto-ley sobre industria naval, siderúrgica, del carbón, etcétera, absolutamente innecesarias, porque es evidente que Canarias no puede desarrollar ese tipo de industrias por su lejanía, que es lo que justifica el REF, pero sí insistir en que la zona especial canaria puede ser un importante instrumento de desarrollo industrial para las islas, sobre todo en actividades de importante valor añadido, por tanto que generan empleo, para reconvertir una pequeña industria obsoleta de carácter agroalimentario, de tabacos, etcétera, que están en absoluto declive, y que en Canarias no tienen ninguna perspectiva de futuro importante, en una economía moderna con industrias de alto nivel tecnológico. Eso sólo es posible con la zona especial canaria. Es un instrumento no sólo de los canarios, sino de la política española. Pero yo llego a más, es un instrumento de política europea en un momento de globalización y de importantes intercambios, sobre todo con las zonas de África próximas a Canarias.
Por eso, sugeriría que en los procesos de negociación europea se preste mucha atención a la necesidad de consolidar los derechos canarios en el reglamento de ayudas, en los fondos estructurales y abrir lo antes posible el proceso de negociación para convalidar la parte de régimen económico y fiscal que nos falta, que es la zona especial canaria.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mauricio.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, quisiera comenzar mi intervención igual que el anterior portavoz, trasladando al Partido Popular y al Grupo Popular nuestra identificación con el los en el día de hoy, rogando que trasladen nuestro pésame a la familia de esa persona recién incorporada a su cargo que sustituía a otra que anteriormente también había sido asesinada. La barbarie ti ene que terminar, espero que sea más pronto que tarde.
En cuanto a este real decreto, me gustaría hacer tres reflexiones por las que no nos situamos hoy en la posición de avalarlo. Una, por la forma; otra, por la concreción textual y, otra, por el contenido y el objetivo, que ya señalamos cuando aprobamos el régimen económico y fiscal de Canarias.
En cuanto a la forma, yo diría dos cosas. Una, que se ha negociado con la Unión Europea, hubo una resolución en el mes de diciembre, que está en manos del Gobierno desde el día 23 de enero. Aprobarlo el viernes pasado, traerlo a la Cámara el viernes y estar discutiéndolo hoy, me parece que es tener una velocidad en el trámite parlamentario que no está en relación con el tiempo que el Gobierno ha tenido para poder estudiarlo. Esto podría haber llegado en el mes de marzo, haberse debatido con tiempo y no hacer este trámite de excepcionalidad, porque creo que es un abuso innecesario del real decreto.
Siempre que hablamos de Canarias, cuando hablamos de presupuestos, cuando discutimos algo, está por medio el informe del Parlamento canario, incluso algunas veces hemos tenido que parar nuestra discusión para esperar el informe preceptivo. La decisión del Parlamento canario se produjo ayer, día de San Juan, y día triste para la selección española. Yo no entro en ello, porque desconozco si el artículo 46.4 del estatuto de autonomía exige o no el porcentaje de dos tercios para llegar al acuerdo de este informe favorable o preceptivo. El informe preceptivo fue aprobado por 29 votos que, desde luego, no son dos tercios. Pero tampoco es un elemento de referencia; se podía haber hecho con suficiente tiempo para que no estemos esperando el

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fax. Por tanto, en cuanto a la forma, creo que podíamos haberlo tramitado con otra holgura diferente y no estar haciéndolo ahora de esta manera improvisada.
Ha sucedido algo sobre este real decreto que también ratifica esta opinión que estoy dando. En la Junta de Portavoces, el representante del Gobierno, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, anunció: Que se ponga en el orden del día un real decreto que vamos a aprobar. Le dijimos: Dinos cuál es el título. Dijo: No lo sé, pero saber que vamos a aprobar uno. En ese momento tampoco sabía que era sobre esta cuestión; cuando terminó la reunión ya no pudo decir que se refería a esta reforma.
En cuanto a la concreción, la resolución de la Unión Europea establece algunas precisiones a los artículos 25, 26 y 27. Volviendo a lo que estaba diciendo antes, la no resolución de la recomendación del artículo 27, en la exposición de motivos del texto que nos remite el Gobierno se dice: Va a quedar inalterable -lo ha explicado el vicepresidente-, sin perjuicio de las actuaciones que después podamos hacer. Esa recomendación del artículo 27 habla de evitar la coincidencia de ayudas, de fondos europeos, de la limitación, de que cuando la inversión financiera esté por encima del cien por cien, la intensidad de esa ayuda vaya reduciéndose hasta el 35 por ciento y no desde el 90 por ciento que propone el proyecto de ley. Es verdad que debe extenderse hasta el año 2003, incluso hasta el año 2005, por una temporalidad. No sé si se va a precisar esta norma de la Unión Europea a través de una comunicación interna o de otro real decreto.
Incluso podemos estar dejando abiertas estas consideraciones de última hora.
Se retocan los artículos 25 y 26 en el sentido de las recomendaciones de la Comisión. La Comisión venía a decir: primero, tienen que separarse lo que son ayudas a la inversión de las ayudas al funcionamiento. Eso es lo que introduce nuestra modificación al artículo 25, la primera de las reformas que se hacen, para ajustar la exención del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de operaciones societarias, a esta indicación de la Comisión. La segunda es que pone limitaciones a la cuantía de la ayuda, y añade algo que no establecía nuestra regulación de estos artículos. Y en tercer lugar, además de poner límites a la cuantía, establece límites temporales y hace caducar en seis años, en el año 2003, algunas de estas precisiones. Asimismo, plantea que se pueda reducir la intensidad, aunque se empiece en el cien por cien, para disminuir hasta el 50 por ciento en seis años.
Respecto a la bonificación fiscal del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF, plantea una reducción del 50 al 30 por ciento. Por tanto, hay modificaciones sustanciales de lo que fue aquel régimen económico y fiscal de Canarias. No es que estemos en contra de estas indicaciones, no es que estemos viendo con malos ojos estas indicaciones; lo que estamos diciendo es que no son baladíes los consejos que nos dan. Se ha explicado como diciendo que todo va a seguir igual y que prácticamente nada cambia.
El tercer razonamiento versa sobre el contenido. Ayer, el secretario de Estado de Hacienda, respondiendo a preguntas del señor Segura Clavell, venía a decir algo así como que el volumen de subvenciones que se había logrado con los incentivos a la inversión en Canarias, en lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, había sido de 188.
000 millones de pesetas desde el año 1994 hasta ahora y de unos 12.
245 millones de pesetas en el Impuesto sobre la Renta en los años 1994, 1995 y 1996, según estimaciones provisionales. Y decía más el secretario de Estado; decía que el volumen de inversión que llevaría consigo debería ser superior a estas exenciones fiscales; debería ser, aproximadamente, tres veces y media el gasto fiscal. O sea, que el gasto fiscal supone un volumen del 28 al 30 por ciento de la inversión que se realiza. ¿Quiere eso decir que la inversión que en estos tres años se ha hecho en Canarias es de 612.000 millones de pesetas? ¿Qué canario ha visto esa inversión allá? Porque nosotros no hemos podido concretar ese volumen de inversión. No se ha producido.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues la reserva que poníamos a est a fórmula de incentivos fiscales: sirve para ahorrar dinero a las empresas, pero no se invierte, no hay facilidad para hacer el seguimiento y para garantizar que esto que se ahorra por gasto fiscal se reinvierte; no se ha conseguido. Si no, que se me demuestre lo contrario. A mí me gustaría ver aquí cómo se ha hecho ese volumen de inversión, cómo las empresas han transformado esas exenciones fiscales en capacidad de actuación. No se ha conseguido.


Nosotros dijimos entonces y decimos hoy que todas estas exenciones fiscales, todos estos incentivos a la inversión a través de determinados impuestos, como el de la Renta o de Sociedades, deberían estar ligados a la obligatoriedad de l a inversión y a la generación de empleo, porque eso es lo que da perspectivas de capacidad de producción en Canarias para el futuro. Hay que conseguir que ese esfuerzo que hacen todos los español es y los canarios revierta en condiciones de futuro, esa famosa frase de enseñar a pescar en lugar de dar un pez, porque el que coge el pez del dinero nada por los océanos a una velocidad tremenda. Los paraísos funcionan de una manera diferente a lo que representa un compromiso con la producción.
Esa reserva que expresábamos entonces la volvemos a poner de manifiesto hoy. Esas son las razones que nos llevan no a oponernos, pero sí a no respaldar hoy con nuestro voto afirmativo esta propuesta .


Nos gustaría, para precisar todos estos razonamientos que estamos dando, que se tramitase como ley. Por tanto, pedimos que este real decreto -y no hay ningún problema, puesto que entra en vigor una vez que sea convalidado por esta Cámara, y mayoría parece que va a tener para ser convalidado- sea tramitado como proyecto, para que los demás grupos podamos aportar nuestras opiniones, nuestras ideas, a fin de que al final del trámite nos podamos ver más o menos reflejados en la conclusión final de este trabajo que, como representantes

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de los ciudadanos, tenemos que ejercer desde el Parlamento.
Nada más, señor presidente; nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor p residente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista, como cuestión previa, quiere manifestar su más profundo sentimiento a todos los miembros del Grupo Parlamentario Popular por el asesinato del concejal del Grupo Popular del municipio de Rentería don Manuel Zamarreño. En est os instantes, como es obvio, nos sumamos a las manifestaciones que han llevado a cabo anteriores intervinientes y queremos reiterar nuestro deseo de paz y de finalización de estas actitudes bárbaras y de recuperación del policía escolta del concejal, que, según noticias, tiene heridas de las que previsible y afortunadamente se podrá recuperar con cierta facilidad.
Señoras y señores diputados, el señor ministro nos trae para su convalidación un Real Decreto-Ley que aprueba el Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada, día 19, que el mismo día entra en el Congreso de los Diputados y que el mismo día se introduce en el orden del día de esta sesión plenaria, pero esta aparente celeridad no podemos tomarla como signo de eficacia.
Este Real Decreto-Ley nos preocupa por cuanto puede seguir los avatares de otras resoluciones que aceleradamente el Gobierno ha presentado a través del Grupo Parlamentario Popular en diferentes trámites legislativos. No olvidemos que el Parlamento de Canarias, por decisiones adoptadas en los diez o doce últimos meses, ha recurrido en siete ocasiones diferentes, mediante recursos de inconstitucionalidad, decisiones de las Cortes Generales a las que aceleradamente nos ha llevado el Gobierno. Quiero recordarle, por ejemplo, que la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ha sido recurrida por violentar preceptos vinculados al régimen económico y fiscal canario, y lo ha sido por el artículo 7 apartado 2 de esa ley, artículo 9, apartados 1, 2 y 6 del artículo 9, nuevo texto del artículo 49.2.2 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, apartado 10 del mismo artículo 9 y la disposición transitoria decimonovena, apartado 3, y también la disposición transitoria decimonovena de esa Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Nos preocupa el informe que ayer emitió el Parlamento de Canarias; nos preocupa que de 60 parlamentarios haya obtenido solamente 29 votos favorables, cierto es que ninguno en contra y 23 abstenciones; y nos preocupa, señor ministro, que usted se haya manifestado muy autocomplacientemente, dando a entender a la Cámara que es como una especie de culminación de un proceso.
Honestamente no podemos dejar de reconocerle una voluntad política de dar pasos adelante, pero este Real Decreto-Ley da unos pequeños pasitos. Porque, señor ministro, la Comisión Europea, el 17 de diciembre de 1997, produce una decisión comunitaria que muy pocos días después se comunica al Gobierno español, y el Gobierno español la incorpora seis meses después en lo que se refiere a tres artículos, el 25, el 26 y el 27 -aunque en este caso lo orilla en sus temas esenciales- al ordenamiento jurídico español, produce, entre comillas, la pertinente trasposición jurídica a nuestro ordenamiento jurídico. Señor ministro, yo l e recomendaría -aunque hoy no es el día pertinente para ello- que, a través del secretario de Estado de Hacienda, tuviera lugar en el mes de septiembre una comparecencia voluntaria del Gobierno ante la Comisión de Economía y Hacienda, para que explicara a la Cámara qué artículos están en vigor de la vigente Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Señor ministro, los artículos 4 al 23 -que se refieren, entre otras cosas, a la producción de energía, a la producción de agua, a las medidas relativas al transporte, telecomunicaciones, etcétera- no han sido regulados, faltan los reglamentos específicos que los desarrollen, no están en vigor. Hoy nos trae la modificación del los artículos 25, 26 y un poquitín del 27. Pero, señor ministro, los artículos del 28 al 71, referidos casi todos ellos a los contenidos de la zona especial canaria, están también en stand by. Quiero ser honesto políticamente y le reconozco esfuerzo negociador en los artículos 25 y 26 y también en el 27, pero tendrá que reconocer que no aportan seguridad jurídica las inhibiciones que se detectan de la simple lectura de este Real Decreto-Ley.
No es cuestión en el día de hoy de llevar a cabo las reflexiones que permanentemente se hacen sobre la ultraperificidad, etcétera. Este interviniente, en nombre del Grupo Socialista, ha tenido la oportunidad en reiteradas ocasiones, desde el año 1990, de participar prácticamente en todos los debates que han tenido lugar en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea o en las pertinentes comisiones que han debatido la fiscalidad y la estructura económica de Canarias. De ahí que no quiera recurrir a tópicos que se reiteran y se vuelven a reiterar; vayamos a temas concretos.
El Grupo Socialista no va a votar en contra, pero como no apoya esta tramitación, nos vamos a abstener y solicitamos su razonable tramitación como proyecto de ley. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que hay que respetar los mandatos de la Comisión Europea recogidos en la decisión comunitaria vinculada a ayudas de Estado, recibida el 17 de diciembre de 1997. Pero nos duele pensar que en el contenido de estos artículos se elimine aquella perdurabilidad en el tiempo, que se temporalice y alcance una meta temporal en el año 2003. Nosotros creemos, por razones de seguridad jurídica, que los contenidos de los artículos que hoy se someten a nuestra consideración son susceptibles de mejora. A modo de ejemplo, señor ministro, si

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se tramitase como proyecto de ley, el Grupo Socialista, por ejemplo, añadiría una frase equivalente a ésta al primer artículo primero: A partir de dicho año, no existirá exención en la modalidad de operaciones societarias, salvo que se prorrogue por ley, admiténdose la exención solamente en la modalidad de transmisiones patrimoniales, en la adquisición de bienes de inversión, en las condiciones previstas en el párrafo primero de este artículo. Y en el artículo segundo, nosotros, a modo de ejemplo, introduciríamos una enmienda adicional que sería rotundamente aceptada por la Comisión y que mejoraría jurídicamente el contenido. En el apartado 2 del artículo 26 añadiríamos: La bonificación establecida en est e apartado será -porque estamos hablando de la Renta de las Personas Físicas y su aplicación para aquellos que se acojan a ese mecanismo- del 50 por ciento desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre del 2001. Durante el año 2002 dicha bonificación será del 40 por ciento y, durante el año 2003, del 30 por ciento. A partir de dicho año, y salvo que la bonificación sea prorrogada por ley, no podrá aplicarse.
Señor ministro, a nosotros nos preocupa mucho que no se recoja claramente la materialización de la reserva para inversiones en la adquisición de suelo, siempre y cuando éste se destine al desarrollo de la actividad empresarial así como a edificios e instalaciones industriales y comerciales, y asimismo se permita la inversión de la reserva en la mejora de la planta hotelera, dado que el sector hotelero es columna vertebral de la economía de Canarias. Nos preocupa, señor ministro, que, en respuesta a la aclaración que ha solicitado la Confederación de Empresarios de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, la Dirección General de Tributos conteste con un texto muy extenso de cinco folios, según me han comunicado telefónicamente pero que no he tenido la oportunidad de leer; una contestación reglamentaria en la que se dice: Lamentamos pensar que puede generar inseguridad jurídica.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le ruego concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
En suma, señor ministro, un día como el de hoy, en el que la organización común de mercado del plátano experimenta un varapalo en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, se elimina la perdurabilidad en el tiempo que recogían estos artículos y se acortan por mandato de la Comisión, aunque entendemos que no se puede hacer otra cosa. Pero, señor ministro, no se le hurte al Senado, Cámara de las regiones, Cámara de las autonomías, el poder participar en un tema tan transcendente para una comunidad tan singular como la canaria.
Nos preocupa mucho -y termino con ello, señor p residente- que una circular de la Dirección General de Tributos sustituya a una norma jurídica de peso y que deje colgada de un hilo, a la libre interpretación del correspondiente director general de Tributos, del correspondiente presidente de la Agencia Tributaria y naturalmente de los tribunales de las comunidades autónomas o los tribunales superiores de Justicia, la interpretación de una norma que no va a quedar rotunda y claramente definida en el ordenamiento jurídico español, sino a la libre interpretación del Ejecutivo pertinente.


Estas son las razones por las que el Grupo Socialista, en su afán de ayudar a terminar de construir un edificio en el que también hemos participado, como ha indicado el señor ministro, entiende que su tramitación como proyecto de ley es lo razonable y sensato, desde el punto de vista de la consolidación firme de una estructura fiscal y económica que configura el desarrollo de la comunidad canaria. Y los 200.000 millones de pesetas, señor ministro, recogidos en la reserva para inversiones, han de ser materializados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández- Mi randa y Lozana): Señor Segura, le ruego concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Desde luego, el mecanismo de seguimiento para comprobar su verdadero impacto en la economía canaria, en la generación de empleo, lo daría esa modificación legislativa mediante proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras, como miembro del Grupo Popular y en representación del mismo, para agradecer las muestras de condolencia de los diferentes representantes de grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra y denostar la presencia de una banda asesina que no respeta la vida de los españoles ni su régimen democrático.
Intervengo en este debate de convalidación del Real Decreto-Ley 7/ 1998, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, felicitando al Gobierno de la nación y al vicepresidente segundo y ministro de Economía, señor Rato, por haber culminado satisfactoriamente un proceso difícil y delicado de tutela y salvaguarda de una parte muy especial del régimen económico y fiscal de Canarias que en todo momento, a todos los ciudadanos de las islas Canarias, nos ha preocupado mucho. Sin embargo, hemos podido comprobar cómo se ha podido adaptar esta normativa específica del régimen económico y fiscal de Canarias a la normativa comunitaria sin menoscabo del mismo, e incluso, en algunos aspectos, mejorándolo.
Estoy

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hablando, por supuesto, del artículo segundo del Real Decreto-Ley, en donde se aumentan las bonificaciones del Impuesto de Sociedades del artículo 26 de la Ley 19/1994.
Después de esta felicitación, quiero decir que est a postura y esta defensa que hace el Partido Popular de estas peculiaridades económicas y fiscales de Canarias es la consideración que siempre han defendido el Partido Popular y su Gobierno de los problemas de Canarias. Para nosotros, los problemas de Canarias son una cuestión de Estado y, por ello, el primer fruto surge en la negociación del artículo 299 del tratado en la cumbre de Amsterdam, en el que se incluye a las islas Canarias como región ultraperiférica, con todos los beneficios que conlleva en el Tratado de la Unión su incorporación y su calificación como tal. El segundo fruto de esta consideración de los problemas de Canarias como una cuestión de Estado está en el debate que hoy estamos teniendo: la culminación de un proceso negociador del contenido de los artículos 25, 26 y 27 de nuestro régimen económico y fiscal con la Unión Europea. Estos artículos 25, 26 y 27 se regulan en la decisión de la Comisión Europea de fecha 16 de diciembre de 1997, donde, tal como ha dicho el ministro de Economía, la Comisión Europea hace un reconocimiento máximo del régimen económico y fiscal; un reconocimiento máximo de ese régimen económico y fiscal que, además, se fundamenta en los rasgos peculiares y en las características propias de las islas Canarias, compatibilizando en todo momento las ayudas que se regulan en estos artículos con el mercado común.
Esta defensa de los intereses de Canarias y este resultado positivo que se refleja en este real decreto es el fruto del talante negociador del Ministerio de Economía, que, además de fundamentarse en unos principios firmes en toda la fase de negociación, también ha mantenido una postura responsable, seria, constante y rigurosa, que ha dado lugar a la culminación de un texto que en estos momentos es un logro, un éxito sin precedentes para Canarias. Porque Canarias, como han dicho algunos de los intervinientes anteriores, ti ene desde hace cinco siglos un régimen económico y fiscal específico y excepcional que la distingue del resto de los territorios españoles, pero est o no es una prebenda, sino una necesidad para compensar el coste de su situación, la lejanía del continente, su territorio fragmentado, las reducidas dimensiones de nuestras islas y la dependencia del exterior que tiene la frágil economía canaria.
Por eso, consideramos que este Real Decreto 7/1998, que vamos a apoyar en su convalidación -y cuya tramitación como ley no vamos a apoyar-, cierra formalmente un conflicto latente desde el año 1994 entre la normativa comunitaria y estos intereses específicos económicos y fiscales de Canarias, y, al mismo tiempo, como he dicho, es una aportación inestimable a la seguridad jurídica en Canarias, en nuestro régimen económico y fiscal, cuyos pilares máximos en lo que al desarrollo económico se refiere son los artículos 25, 26 y 27.
Respecto a lo expuesto por los representantes de los grupos de Izquierda Unida y Socialista, que han intervenido en el sentido de asegurar que se van a abstener en la votación y que al mismo tiempo piden su tramitación como proyecto de ley, quiero decir, respecto a lo que alegaba el representante de Izquierda Unida, que, si entre la notificación de la decisión de la Comisión Europea de 23 de enero al Gobierno hasta ahora se han tardado unos meses en la elaboración del Real Decreto-Ley, no es ni más ni menos que porque es una materia muy compleja, muy dificultosa, que ha conllevado negociaciones con los diferentes departamentos del Gobierno y, sobre todo, con el Gobierno de Canarias. No ha habido ningún interés en apartar de un debate esta nueva y simple modificación que se hace de los artículos 25, 26 y 27 de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestra Ley 19/1994; muy al contrario, desde el Gobierno y desde el Partido Popular siempre se ha hecho una defensa a ultranza de todos los intereses de Canarias que estaban pendientes, y comprendemos que en un determinado momento el representante de Izquierda Unida no esté muy de acuerdo con lo que aquí se expone, con lo que aquí se ha defendido y regulado, puesto que siempre ha sostenido que no está de acuerdo con el contenido del régimen económico y fiscal que en este momento se aplica en Canarias.
Respecto a lo que el representante del Grupo Socialista, tengo que decir que llama la atención que considere que se debe incorporar en la ley el carácter interpretativo del artículo 27. Nosotros consideramos que esto es una aberración, que la interpretación debe hacerla quien la ha hecho: la Dirección General de Tributos, que la ha realizado hace dos días contestando y resolviendo una consulta que es vinculante y aceptando la posibilidad de materializar la reserva de inversiones para la adquisición de suelo y para la renovación de la planta alojativa turística; por tanto, ese aspecto está completado. Además, nos parecería incluso negativo incorporar este añadido, que podría volver a abrir un conflicto con la Unión Europea.
Creemos que el contenido de los artículos 25, 26 y 27 es muy completo; que nuestro régimen económico y fiscal se ha tenido que ir adaptando en estos cinco siglos a las necesidades económicas y sociales de Canarias; que no es lo mismo el texto que se reguló en 1852, el de 1900, el régimen económico y fiscal que se reguló en la Ley de 1972 y que se modificó por la Ley 20/1991 o por la Ley 19/ 1994, cuando el Partido Socialista gobernaba, o incluso en el Real Decreto-Ley 3/1996, de enero, al que se ha hecho mención y en cuya exposición de motivos se recoge que ese real decreto que elaboró el Gobierno socialista continuaba una reforma del régimen económico y fiscal iniciado en 1991 y 1994.
Por tanto, tengo que decir que estamos muy satisfechos de este real decreto, que nos parece importantísimo para Canarias cerrar el conflicto latente que existe con la Unión Europea y que es bueno para poder invertir, crear riqueza y eliminar el desempleo, que es una de las cargas más terribles que padecemos en este

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momento en la Comunidad Autónoma canaria. Por ello, pido que se reconsidere la abstención y que todos podamos votar a favor del contenido de los citados artículos, lo que va a beneficiar en todo momento a todos los ciudadanos canarios.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Barrios.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE I NICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 14.500.000.000 DE PESETAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EDIFICIOS SITOS EN LA CARRERA DE SAN JERÓNIMO, NÚMEROS 36 Y 40, CON DESTINO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS . (Número de expediente 121/0 00120)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IX del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 14.500.000.000 de pesetas, para la adquisición de los edificios sitos en l a carrera de San Jerónimo, números 36 y 40, con destino al Congreso de los Diputados. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo muy brevemente, señor presidente, para expresar con nuestro voto favorable el apoyo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para adquirir los edificios próximos al Congreso de los Diputados. Las razones son obvias, y quiero resaltar aquí que la precariedad de las instalaciones que ocupa mi grupo para desarrollar su trabajo parlamentario, conforme a las posibilidades que hemos encontrado en la Cámara, nos lleva a dar nuestro voto a favor del proyecto de ley, no solamente para mantener la dignidad y el decoro en la actividad parlamentaria, como señala nuestra Constitución, sino también por la necesidad que tenemos de disponer de más espacio físico.
Dicho esto, mi grupo quiere dejar constancia de nuestro reconocimiento a la labor que para conseguir este objetivo ha desarrollado el presidente de la Cámara, don Federico Trillo, y al equipo que le ha secundado en la Cámara y que merece nuestro respeto, nuestra gratitud y nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, seré muy breve.
Este proyecto de ley viene a dar la cobertura económica, a propuesta del Gobierno, a lo que ha sido la voluntad unánime de los grupos de la Cámara. Con este crédito que propone el Gobierno, Patrimonio del Estado va a incrementar sus recursos y el Congreso de los Diputados puede ampliar sus infraestructuras. Nosotros, por lo tanto, vamos a respaldar este crédito extraordinario, que facilitará poner en tiempo y forma esos recursos para poder acometer después las obras de acondicionamiento. Lo que sí esperamos es que la terminación definitiva de las mismas resulte en mejores condiciones que las de la ampliación 2 que tenemos aquí al lado y que los que vayan a usar y a disfrutar de esas infraestructuras puedan dar su opinión en el desarrollo y ejecución de las obras. En todo caso, como eso no corresponde a este crédito sino a la evolución posterior, espero poder hacerlo, como aportación de mi grupo, ahora y en el futuro, y, si no, lo hará quien esté al corriente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creo que todos convendremos en que el principio de suficiencia es esencial para que esta Cámara pueda desarrollar con dignidad sus trabajos. El Legislativo, poder originario del que deriva el resto de los poderes y que representa la soberanía popular, se ha comportado desde la recuperación de la democracia con una extraordinaria austeridad en la utilización de medios materiales y personales al servicio de los parlamentarios. Creo, por tanto, que la calidad del trabajo parlamentario, el sometimiento al interés general, la independencia y la representatividad que ostentamos en nombre de la soberanía popular garantizan o exigen una adecuada dotación de medios.
Para terminar, señor presidente, en atención a que las tareas de acondicionamiento del nuevo edificio se harán de común acuerdo entre el órgano rector de la Cámara, la Mesa, y Patrimonio del Estado, haré t res recomendaciones.
La primera recomendación es que la sociedad en su conjunto y los poderes públicos deben favorecer y garantizar el acceso al medio físico y a la comunicación

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de toda la ciudadanía. En consecuencia, señor presidente, ruego que transmita, en nombre del Grupo Socialista, la imperiosa necesidad de que en la reforma del nuevo edificio se vele para que los accesos y comunicaciones con la vía pública, con los garajes y con los distintos servicios puedan ser utilizados de forma autónoma por todas las personas que desgraciadamente tienen movilidad reducida o que precisan silla de ruedas. Creo que la casa de los derechos, el Parlamento, que ha de garantizar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos, debe dar ejemplo y, por ello, en las obras de remodelación del nuevo edificio pedimos un tratamiento o una atención especial a esta necesidad que he significado para el acceso de las personas con movilidad reducida o que precisen silla de ruedas.
La segunda recomendación es que la memoria del proyecto indica que las obras de rehabilitación tendrán reflejo presupuestario por valor de 2.500 millones de pesetas en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.
Pido que en la medida en la que fuera posible se agilicen al máximo y pueda disponer esta Cámara de dicho edificio no en el ejercicio 2000, sino, lo más tardar, en el año 1999.
Por último, señor presidente, esta es la parte material en la que nos desenvolvemos en nuestro trabajo, pero he de decir en nombre de mi grupo que también ha de acompañarse la disponibilidad del nuevo edificio con la inmediata finalización de los trabajos del Reglamento.
Más de cinco años de entrega por parte de todos los grupos parlamentarios y notables consensos no pueden quedar ahora al albur de ciertos intereses a cerca de la entrada en vigor o no del Reglamento, porque la transparencia, la cercanía, la racionalización en la tramitación parlamentaria, la mejora del régimen de dedicación de los diputados, el aumento de los instrumentos de control al Gobierno, el refuerzo de la garantía para las minorías, mayores facultades individual es para el diputado y eliminación de controles hoy incompatibles con la mejora del proceso representativo son retos que podemos superar.
Avanzamos que votaremos favorablemente este proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 14.500 millones de pesetas y pedimos de todos, igual que hace mi grupo, un compromiso público para la pronta finalización de los trabajos de la reforma del Reglamento de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caldera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, entenderán que resulte una gran satisfacción fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular s obre este proyecto de ley que va a permitir esencialmente mejorar la operatividad y el funcionamiento de este Congreso de los Diputados.
Desde que los españoles decidimos dotarnos de un Estado social y democrático de Derecho y de una Monarquía parlamentaria como forma política de este Estado de Derecho, las Cortes Generales han ido consolidando por la vía de los hechos la convivencia democrática de todos los españoles. El ejercicio de l a potestad legislativa del Estado, la tramitación y aprobación presupuestaria, el control del Gobierno y las demás competencias que le atribuye la Constitución han incrementado progresivamente la actividad del Congreso de los Diputados como órgano de representación de la soberanía nacional. El proyecto de ley que viene hoy a la Cámara mejorará de forma significativa el desarrollo de las funciones que ésta tiene asignadas. Afortunadamente, junto con la perentoria necesidad de mayor espacio para esta actividad parlamentaria, se ha producido la liberalización funcional de los inmuebles colindantes, propiedad del grupo bancario Argentaria, cuestión que representa una ocasión histórica al poder sumar estos edificios a las dependencias del Congreso de los Diputados. Asimismo, las condiciones de los citados inmuebles en lo referente a su cercana localización y por tanto a su posibilidad de enlace con los edificios actuales, su dimensión, sus características arquitectónicas, que hacen de ellos edificios singulares del centro de Madrid, y su idoneidad funcional para las tareas parlamentarias tras, por supuesto, las obras de rehabilitación necesarias, hacen de ellos óptimas prolongaciones de los inmuebles actuales.
La posibilidad de liberalización y puesta a disposición de la Dirección General del Patrimonio del Estado de otros edificios de uso actual y de rescisión de distintos contratos de arrendamiento evitarán en el futuro una indeseada dispersión. Estoy seguro que las oportunas consultas a los diputados y a sus grupos parlamentarios, como ha puesto de manifiesto el señor Caldera, destinatarios finales en definitiva y usuarios de esas instalaciones, mejorarán el proyecto de rehabilitación para hacerlo óptimo desde el punto de vista de la funcionalidad y la accesibilidad.
Señorías, con los informes favorables de la Intervención General de la Administración del Estado, delegada en el Ministerio de Economía y Hacienda, de la Dirección General de Presupuestos y de Gastos, de la oficina presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda y del Consejo de Estado, aprobamos hoy un crédito extraordinario que permitirá realizar una operación patrimonial de enorme trascendencia para el futuro de esta institución y que sin lugar a dudas reforzará el funcionamiento de nuestro régimen parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Echániz.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE SUPRESIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE LAS PENAS DE INHABILITACIÓN PARA DICHOS SUPUESTOS. (Número de expediente 12 2/000132)

El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández-Miranda y Lozana): Punto decimoprimero del orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Se ha elevado una propuesta por parte de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para alterar el orden del día y debatir, en primer lugar, el punto 53 y, a continuación, el número 52. Como tal alteración del orden del día, la someto al Pleno de la Cámara para su aceptación. (Pausa.) Gracias, señorías.
Vamos a proceder al debate del punto 53. Han sido presentadas a esta proposición de ley orgánica enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Mixto, Socialista y de Izquierda Unida.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, intervendrán la señora Rivadulla y el señor Vázquez. (Pausa.) Vamos a comenzar por la defensa de l as enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor presidente, señoras y señor es diputados, las enmiendas que planteamos a esta proposición de ley coinciden en su contenido último con algunas otras que serán defendidas con posterioridad, en el sentido de que también nosotros proponemos la despenalización de las conductas que hasta ahora han sido calificadas, con esa expresión tan poco técnica pero muy periodística, de insumisión. Planteamos su despenalización; para ser más exactos, proponemos la derogación de los artículos 527, 528 y 604 del vigente Código Penal, que es el que regula y penaliza este tipo de conductas, tanto las que se refieren al incumplimiento de la prestación social sustitutoria, como las que afectan a la no prestación del servicio militar. Sin embargo, ahí se acaba la similitud de nuestras enmiendas con otras, ahí se acaba porque nuestra propuesta se diferencia de las demás en dos aspectos que creo que son sustanciales y muy importantes.
El primero de ellos es la motivación, la justificación y la razón de ser de nuestras enmiendas. ¿Por qué nosotros, señor presidente, proponemos en este momento la derogación de estos artículos del Código Penal, cuando hace tres años defendimos, junto con otros grupos, la introducción de los mismos en dicho texto legal? Creo que la respuesta es muy sencilla y clara, y casi no haría falta que la argumentase, porque es de todos conocida. La realidad es que en la presente legislatura se ha producido una situación completamente nueva, que no era en absoluto previsible cuando en el año 1995 esta Cámara aprobó el vi gente Código Penal y, además, una situación de extraordinaria importancia para la sociedad española. Esta situación significa, nada más y nada menos, que estas Cortes Generales y el Gobierno han decidido implantar en nuestro país un nuevo modelo de Fuerzas Armadas basado en la plena profesionalización de las mismas; un modelo en el que, como dice la Comisión Mixta, cuyo dictamen ya aprobó esta Cámara, una cosa está muy clara. El propio título de la Comisión Mixta es muy sencillo, dice: ... lo que conllevará la no exigencia de la prestación del servicio militar obligatorio. Hay, pues, un cambio radical y fundamental, y esto ciertamente nos obliga a plantearnos la situación existente. ¿Cuál es y cuál era esta situación, señor presidente? En el artículo 30.1 se establece el deber general de defender España; deber que también es un derecho, pero que en lo que a nosotros afecta es fundamentalmente un deber. Después, el artículo 30.2 de la Constitución habilita a estas Cortes Generales, es decir habilita a la ley, para definir las obligaciones militares de los españoles, es decir, para definir la forma concreta en que ese deber general de defender España tendrá que cumplirse.
Lo cierto es que cuando se aprobó el vigente Código Penal, en el año 1995, la ley que definía esas obligaciones militares, que era la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, establecía -como es de todos conocido- un servicio militar obligatorio de carácter general y universal , del que sólo estaban excluidas las mujeres. Consecuentemente, todos estábamos de acuerdo entonces, cuando se elaboró el vigente Código Penal, en que el incumplimiento de esa obligación legal debía llevar aparejada una sanción. Y como se trataba de una obligación legal que correspondía a un deber constitucional, de la máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, obviamente ese incumplimiento debía conllevar una sanción de tipo penal. Yo mismo, señor presidente, defendí durante el debate del Código Penal esos artículos y creo que tuve un cierto éxito, porque tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en aquel momento votaron a favor de esos preceptos.


Pues bien, esto ahora ha cambiado por completo, ya lo sabemos. Estas Cortes Generales han decidido que a partir de ahora esa obligación, la del servicio militar, desaparece, va a desaparecer, desaparecerá a plazo fijo, no más tarde del 31 de diciembre del año 2002, de forma que a partir de ese momento la única obligación que tendrán los españoles para hacer efectivo ese deber general de defender España, si finalmente se aprueba, como todo hace suponer, el anteproyecto de ley del régimen del personal militar, que está pendiente de aprobación en el Consejo de Estado, será sencillamente la referencia a lo que se llama los reservistas obligatorios, que, si no me equivoco, solamente podrán

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ser llamados a filas si se dan dos circunstancias especialísimas: primera, que haya una amenaza de un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España o su integridad territorial; segunda, además de eso, que no sea posible atender las necesidades de la defensa nacional con los efectivos de militares profesionales.
Fuera de eso, desaparece cualquier tipo de obligación relacionada con el servicio militar para los españoles.
Entonces, señor presidente, yo pregunto a todos los componentes de esta sala: ¿cómo es posible mantener la utilización del Código Penal, que es el arma suprema, el arma más absoluta que tiene el Estado para ejercitar su iuspuniendi, repito, cómo se puede mantener la utilización del Código Penal para castigar unas conductas que a plazo fijo esta Cámara ya ha decidido que en cuestión de poco tiempo dejarán de ser delito, porque dejará de existir la obligación legal correspondiente a ellas? Nos parece, señor presidente, que est o es suficiente para justificar la despenalización y la desaparición de estas conductas del Código Penal, y eso por una razón muy sencilla que conoce cualquiera, no hace falta ser especialista en Derecho penal. La sanción penal básicamente está ahí para proteger un bien jurídico. Hay un bien jurídico que se considera especial mente importante y el Derecho penal está, a través de la sanción correspondiente, para proteger ese bien jurídico. Ahora resulta que ese bien jurídico, que era la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, está en vías de desaparecer, está prácticamente ya medio desaparecido. En ese contexto, si a ello añadimos el principio de mínima intervención penal, que es un principio básico en un Estado de Derecho -señor presidente, todos sabemos que el Código Penal o el Derecho penal, en un Estado de Derecho como el nuestro, es la última ratio, el último instrumento, el más duro, el más fuerte, aquel cuya aplicación conlleva un mayor estigma para el afectado-, entendemos que no hay razón para mantener la tipificación en el Código Penal de estas conductas. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Ya sé que se me dirá que no es cierto lo que yo digo, que la obligación legal no desaparece todavía, aún no ha desaparecido, desaparecerá el 31 de diciembre del año 2002. Esto es verdad hasta cierto punto: 2002 en el peor de los casos, porque si mal no recuerdo, el dictamen que aprobó esta Cámara sobre ese tema, refiriéndose a ese plazo, dice textualmente: La Comisión considera que el Gobierno debe realizar sus mejores esfuerzos para conseguir que, atendiendo a las circunstancias tanto presupuestarias como de organización, reclutamiento y formación del personal profesional, este período transitorio sea lo más breve posible. Y añade: En todo caso, el proceso deberá estar terminado en su conjunto no más tarde del 31 de diciembre del año 2002. Por tanto, el 2002 es como máximo.
Todos desearíamos que ese período transitorio fuese más corto.
Además, hay algo que me interesa recalcar, señor presidente, y es que tampoco es verdad, al menos si queremos plantearlo desde una perspectiva no formalista, que durante este período transitorio hasta el año 2002 la obligación del servicio militar se mantenga íntegramente. No es cierto, porque ahora se abre un período transitorio durante el cual cada vez serán más los españoles que no tendrán que cumplir esa obligación y, por tanto, en su carácter de universalidad, en su carácter de generalidad, ya a partir de ahora esa obligación empieza a desaparecer, empieza a diluirse, empieza a ser menos fuerte. Lo dice también, estrictamente y con mejores palabras que las que yo pueda utilizar, el dictamen que aprobó esta Cámara, señor presidente, en relación con lo que nos propuso la Comisión Mixta antes referida. Dice ese dictamen: Habrá que buscar fórmulas que permitan excluir de la prestación del servicio militar a porcentajes progresivamente crecientes de los reemplazos anuales, aplicando criterios de la mayor objetividad posible. Ya no se trata de que por razones médicas... no, es que cada vez serán menos los jóvenes que estarán obligados a cumplir con este servicio militar. Y después añade: Lógicamente, habrá que buscar las fórmulas que permitan excluir de la obligación legal a un determinado contingente de jóvenes. Es decir, que no es verdad que la obligación se mantenga en su integridad hasta el año 2002, es una obligación que va diluyéndose poco a poco, que cada vez tiene menos fuerza y menos vigencia.


Yo creo que esto lo debe tener en cuenta el Código Penal, señor presidente, porque además si nos planteamos el tema desde una perspectiva ya no jurídica sino social, no nos engañemos, para cualquiera de los jóvenes que hoy están en situación de hacer el servicio militar después de unos años, es evidente que aunque legalmente todavía haya una obligación hasta el año 2002, la percepción social que todos tienen es que cuando las Cortes, cuando esta Cámara ha decidido que eso se acaba, el reproche social que puede imponerse al no cumplimiento de esa obligación es mucho menor, por las razones a las que antes me refería.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Termino, señor presidente.
Por lo tanto, a nosotros nos parece que para este período transitorio -y este es el otro aspecto en el que nuestras enmiendas se diferencian de otras que se han defendido aquí-, que se iniciará cuando se apruebe la nueva ley del régimen del personal militar y que se acabará lo más tarde en el 2002, el mantenimiento del reproche del Código Penal no está justificado y entendemos que para dicho período quizás esté mucho más justificado el establecimiento de un régimen de sanciones administrativas, que por su propia naturaleza son mucho menos gravosas que las penales y que además -y esto es lo más importante- no comportan el terrible estigma que significa para cualquier ciudadano lo que en términos coloquiales se llama la pena de banquillo. Nadie puede decir aquí que una sanción administrativa

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es igual de grave, social y jurídicamente, que una sanción del Código Penal.
En este contexto, señor presidente, nosotros planteamos, por un lado, una reforma de la Ley 48/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia, para los casos de incumplimiento de la prestación social sustitutoria, y, en segundo lugar, una reforma de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar para los casos de incumplimiento de la prestación del servicio militar. En los otros casos establecemos un amplio abanico de sanciones administrativas, la más grave de las cuales podría ser la de inhabilitación y muchas otras que son menos gravosas y mucho menos estigmatizadoras de lo que pueden serlo las del Código Penal.
Señor presidente, yo acabo diciendo que mantenemos nuestras enmiendas. Votaremos a favor de t odas las que propugnen el mismo objetivo. Además, como ya es sabido, mi grupo votará en contra de la de totalidad, puesto que estamos ante una ley orgánica, y votaremos en contra -y quiero que esto quede claro- por una razón muy sencilla.
Nosotros hemos presentado enmiendas a todo el articulado de esta proposición de ley. No se nos ha aceptado ni una sola. Por tanto, nuestra posición en la votación de totalidad solamente puede ser una: en contra de esta proposición, no porque queramos mantener el Código Penal actualmente vigente, no, queremos derogarlo; votamos en contra de la proposición porque nos parece totalmente insuficiente, aunque signifique, eso sí, un cierto avance respeto a las penas concretas que se aplican.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Jover.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.) Señora Rivadulla, ¿a qué efectos me pide la palabra?

La señora RIVADULLA GRACIA: Nada más que para recordar a la Presidencia que mi grupo no ha tenido oportunidad de intervenir todavía en el debate. Cuando usted lo considere oportuno, lo haremos.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Rivadulla, tendrá oportunidad, se lo garantizo, de manera inmediata al término de la exposición que haga el señor Castellano.
Señor Castellano, cuando guste.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el momento mismo de la entrada en esta Cámara de esta tentativa legislativa, quedó perfectamente clara nuestra oposición a la misma, sin hacer con ello ninguna desvalorización de lo que quería mejorar y de aquello que quería paliar en alguna medida. Quizá fuimos injustos al calificarla de vergonzante porque no alcanzaba el grado y la profundidad que a nosotros nos parecía que debía tener.
Hoy es el último día, sin contar cuando vuelva del Senado, y, por lo tanto, poco más hay que añadir, pero, en fin, me gustaría hacer un re sumen de cuál es nuestra posición.
Hemos tratado de convencer a SS.SS. de una razón de interpretación de la Constitución hecha en plan extensivo, no en plan restrictivo, poniendo el acento lógicamente en todo lo que la norma tiene de profundización de la libertad y de profundización del derecho a la integridad moral -quiere decirse a la propia personalidad-. No lo hemos conseguido. Una vez más, un precepto constitucional importante, el derecho al reconocimiento de la objeción de conciencia, se ve vaciado de contenido parcialmente llegado el momento de su desarrollo, so pretexto de regular la objeción de conciencia y una posible prestación social sustitutoria, que para nosotros tendría que tener el carácter de voluntaria y que sería una manifestación generosa.
Hemos tratado también de convencer a ustedes de que est o era, utilizando una expresión muy suave y nada hiriente, un auténtico disparate jurídico. ¿Por qué? Porque la teoría general del delito lo primero que pide para que una conducta pueda merecer tal denominación es que, efectivamente, además de vulnerar una determinada norma de pura legalidad, tenga la legitimidad de que esa norma está protegiendo un bien cuya consideración social es tan unánime, tan generalizada que, efectivamente, podemos hablar de un auténtico reproche social, pero cuando el bien protegible es un bien aleatorio, perentorio, caprichoso, perdonen ustedes la expresión, porque de aquí a muy poco tiempo va a dejar de tener esa consideración, cuando el propio Gobierno está anunciando que se va a modificar la obligación del cumplimiento del servicio militar por un ejército profesional -por cierto, que no estaría nada mal decir, y no creo que sobre, que el primer grupo político que dijo en esta Cámara que había que acabar con el servicio militar obligatorio fue Izquierda Unida y nos alegramos mucho de haber convencido al Partido Popular hasta el extremo de que el presidente lo recogiera en su intervención en la investidura; pero el primero que ha hablado en esta Cámara de desaparición del servicio militar ha sido Izquierda Unida-; pues bien, cuando hayan aceptado ustedes esta tesis, entonces resultará que dentro de dos años, desaparecido el servicio militar obligatorio, no habrá ningún reproche; reproche que hoy no hay, por cierto, porque si se hace pura y sencillamente una encuesta, con lo acostumbrados que estamos a hacer encuestas para ver lo que opina la ciudadanía, se pone de manifiesto que la mayoría de l a ciudadanía no le da al servicio militar obligatorio o al servicio en armas el carácter patriótico, honorífico o heroico que ustedes le dan, y yo no creo que vaya a tener que prosperar el criterio de una minoría sobre el de la mayoría.
Tampoco les hemos convencido, qué le vamos a hacer. Es más, nos han querido ustedes convencer con

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un argumento muy peregrino, como es el de que a ver si va a resultar que los que no quieren hacer el servicio militar van a tener un trato de favor sobre los que lo quieren hacer, lo cual es pura y sencillamente otro dislate, porque olvidan un principio jurídico fundamental, que es que el que usa de derecho a nadie daña. Y como el que no quiere hacer el uso del servicio militar no le está incitando a los demás a que no lo hagan ni les pone ningún impedimento, hagan el servicio militar los que quieran, no lo hagan los que les dé la gana, y no existirá ni reproche social hacia el que no lo hace ni existirá reproche social de otra parte hacia el que lo hace. No nos han convencido ustedes con este argumento de la equiparación de tratamientos.
Habíamos creído incluso, cuando estamos todos diciendo que de aquí a cuatro días esto no va a ser delito, que habría por lo menos una proporcionalidad llegado el momento de asomarnos a este fenómeno que llamamos de la insumisión, palabra que, por cierto, se está utilizando con un tono despectivo y a mí me parece, sinceramente, que hay que recuperar su verdadero significado, pues tiene que utilizarse con un tono laudatorio, porque ¿hay algo más bonito que haya gente insumisa, hay algo más agradable que haya gente que se rebela contra aquello que no le gusta? Yo creo que hay que devolverle a las palabras su verdadero contenido; es más, yo creo que había que hacer seriamente un homenaje a todo el que es insumiso en cualquier aspecto de la existencia y había que hacer lógicamente un reproche a todos los que participan del silencio de las ovejas o del silencio de los corderos, pero, bueno, han utilizado ustedes la palabra insumisión muy equívocamente. Pues bien, por lo menos que haya una proporcionalidad. Yo les pido a ustedes que, como lo vamos a votar luego y algunos, porque no están en la Comisión de Justicia, no se lo han leído, vean dónde está l a proporcionalidad: El que llamado al cumplimiento de la prestación social sustitutoria que se le asigne dejare de presentarse sin causa justificada retrasando, dice el precepto, su incorporación por un tiempo superior a un mes tendrá una pena de cuatro a seis años de inhabilitación. No dice si se negare a cumplirla; bastaría con que se retrase un mes en incorporarse a la prestación social sustitutoria para que quede inhabilitado de cuatro a seis años. Díganme ustedes dónde está la proporcionalidad, porque esto es lo que vamos a votar dentro de un rato.
Tampoco han querido que, vaciando de contenido el Código Penal y aceptando al menos las tesis de Partido Socialista -aunque nosotros no estamos por ellas, son mejores que las de ustedes-, hubiera una proporcionalidad en cuanto a la conversión de la posible sanción en una simple infracción administrativa y no con una pena cual si fuera un delito. Esa proporcionalidad no se guarda en el texto que vamos a votar.
Yo quiero llamarles la atención acerca de algo que es elemental en el rigor jurídico. La pena de inhabilitación es fundamentalmente accesoria, no suele ser nunca una pena principal. Sólo es pena principal, con el carácter de inhabilitación especial, cuando el delito que se comete tiene alguna relación con la profesión, empleo o cargo que se ejercita. Es lógico que haya una inhabilitación especial para aquel facultativo que, no respetando la Ley de interrupción del embarazo, participa en un aborto clandestino; es lógico que haya una inhabilitación especial para el secretario de una corporación local que, en lugar de recaudar para el ayuntamiento, se dedica a recaudar pro domo sua; y es lógico que haya una inhabilitación especial para aquel militar que en un momento determinado su predisposición a la presencia en las Fuerzas Armadas tiene más por objeto la incitación a la rebelión. Pero que a mí me diga alguien que puede haber una inhabilitación para ocupar empleo o cargo público en un ciudadano que a lo mejor no ha tenido su vida intención de ocupar ese cargo público por el hecho de no haber querido hacer la prestación social sustitutoria, sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo, entre otras cosas, porque me van a decir ustedes cómo se compagina esa inhabilitación -hablan en la exposición de motivos de un concepto que mí me gustaría que desarrolláramos, que es el de simetría constitucional- con dos principios constitucionales muy importantes: el derecho al trabajo, sin discriminación por ninguna clase de razones, y el acceso a la Función pública según el mérito y capacidad. Y en el mérito entra el mérito lógico de quien tiene unos determinados conocimientos, pero no entra el haber ocupado en un momento determinado un rango, por honorífico que éste sea, porque, llevado este razonamiento a sus últimas consecuencias, habría ciudadanos muy preclaros que por el simple hecho de serlo tendrían que incorporarse a cualquier empleo o cargo público. Es más, cuando nuestro Código Penal habla de la inhabilitación accesoria para empleo o cargo público, que se refiere generalmente a la profesión por la cual es peligroso que siga ejerciéndola y puede ser en un momento determinado ocasión de comisión de un próximo delito, se suele reducir simplemente a ser elector o elegible.


Sinceramente y sin ningún dramatismo, porque se lo hemos dicho a ustedes por activa y por pasiva, les advertimos de que lo que vamos a hacer hoy es un completo disparate y no tiene ninguna razón de ser. Tendría mayor sensatez que si lo que de verdad aprueba esta Cámara tiene cierta fijeza y dentro de nada no va a haber servicio militar obligatorio, ahora mismo, tranquilamente, exoneráramos de responsabilidad al que no quiera hacerlo y aceptáramos la objeción de conciencia. Si ustedes quieren -porque hay algunos que desean contribuir con una prestación personal a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía que haya una prestación social sustitutoria auténticamente voluntaria yo les diría: demos la vuelta al argumento, no sancionemos al que no quiere hacer la prestación social sustitutoria sino, al contrario, premiemos al que quiere hacerla.
Estamos sinceramente dándole la vuelta al comportamiento. Al que no la quiere hacer, porque es objetor de conciencia, le sancionamos y para el que

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la hace, tampoco establecemos en la ley ningún título o mérito que le pueda hacer ejemplar frente a la ciudadanía.
Como el seguir hablando de la insumisión y el seguir intentado que las cosas tengan un mínimo de criterio y de realidad a lo único que puede conducir es a que haya alguna extremosidad verbal por mi parte, de modo tal que algún diputado se pueda sentir ofendido, como se ha sentido ofendido en ocasiones anteriores -le pido disculpas, porque luego dice que le he maltratado; se lo digo a una persona a la que tengo sinceramente, admitan la expresión en el más puro estilo del Derecho romano, auténtica devotio , como es el señor Campuzano-, no voy a seguir.
Les llamo la atención por última vez. Esto es un disparate. Esto es innecesario y lo hacen ustedes para quedar bien con los señores del caqui que les han dicho que no está bien que los chicos no vayan al ejército porque el ejército es sabia escuela de costumbres. Como lo hacen ustedes para dar satisfacción a los de los fajines, no tenemos nada más que decir, ni un solo argumento de carácter jurídico o político. Continúen ustedes en el empecinamiento, cuando vuelva del Senado procuraré que se me ocurra alguna otra riqueza de argumentos y perdonen ustedes si les he molestado. Lo que van a hacer es una barbaridad, ahora bien, hagan lo que quieran.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Castellano.
Para defender sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, señorías, intervengo brevemente por cuanto la exposición del señor Pablo Castellano ha sido para mí muy gratificante. Estoy en la misma onda que lo expuesto hoy ante SS.SS., aunque no es nuevo porque es lo que Iniciativa per Cataluña, Izquierda Unida, Nueva Izquierda venimos diciendo desde hace muchos años. Por otra parte, ya tuvimos ocasión de debatir este asunto en la discusión sobre admisión a trámite y en la Comisión.
En este asunto hay una idea clara y es que hay una serie de grupos parlamentarios, diría que prácticamente la totalidad de la Cámara, que entiende que esta reforma es necesaria. También la práctica totalidad de la Cámara está de acuerdo en que esta vez el Legislativo va muy por detrás de la sociedad y que por fin hemos hecho caso de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que en varios informes ha señalado que las penas que establece actualmente el Código Penal son exageradas y absolutamente desproporcionadas.
Señorías, quisiera llamarles la atención sobre algo que ya está saliendo con mucha intensidad en estos debates. Varias diputadas y diputados hemos dicho que el bien jurídico que se pretende defender es un bien que está diluyéndose, prácticamente desapareciendo. Es cierto -ustedes lo pueden comprobar- que causa mucha más alarma y reproche social cuando se produce una sentencia de jueces o tribunales por la cual jóvenes insumisos tienen que entrar en la cárcel que cuando un juez deja inoperante una condena porque entiende que las penas que se tienen que aplicar son absolutamente excesivas.
También quisiera llamarles la atención, señorías, s obre la gran hipocresía que existe porque no tenemos empacho alguno en aprobar leyes como la que hoy debatimos que, aun siendo un avance -lo reconozco- , se queda muy por detrás de las necesidades sociales. Es una absoluta hipocresía el que aprobemos una ley a sabiendas de que será incompleta e insuficiente y que continuarán entrando jóvenes en la cárcel, porque hay un asunto que no estamos tratando que es el de la objeción sobrevenida.
Quiero volver a recordarles que hace muy poco, en Lérida, un joven tuvo que entrar en la cárcel en aplicación del Código de Justicia Militar. Se le piden penas de hasta seis años de cárcel porque se declaró insumiso al día siguiente de estar en la mili. A esta persona el juez militar le est á pidiendo seis años de cárcel. Este joven recibió numerosas visitas en la cárcel de Lleida, de todos los grupos, diciendo que iban a hacer gestiones ante el ministro de Defensa para que pudiese salir de la cárcel. Ya ha salido de la cárcel pero está en libertad condicional y a este joven se le va a aplicar el Código de Justicia Militar. Por tanto, tengamos también en cuenta qué es lo que se está aprobando aquí.
He dicho que es un avance, pero también es cierto lo que ha dicho el señor Castellano respecto a que la recriminación que quieren hacer algunos grupos de los insumisos es muy injusta. Estamos hablando de los insumisos como si fueran jóvenes egoístas e insolidarios, cuando normalmente coinciden con aquel sector de la población juvenil que más se está dedicando al trabajo para la colectivividad, sea en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones de solidaridad, en sindicatos o en cualquier otra tarea, intentando dar lo mejor de sí mismo a los demás. No lo quieren hacer en la mili, sino en la sociedad y voluntariamente. Vamos a mantener las enmiendas a los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal. Estos artículos deberían desaparecer del Código Penal de una manera radical. Por lo tanto, despenalización absoluta de los llamados delitos de insumisión porque ya no es un bien jurídico a proteger.
Quisiera llamar la atención sobre otro aspecto. ¿Vamos a inhabilitar a gente por falta de dinero? ¿Vamos a inhabilitar a gente de cuatro a seis años porque no queremos destinar presupuestos suficientes a Defensa como para que el paso de un ejército profesional a un ejército mixto, como el que tenemos, no se dé antes? Ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista político hay argumentos para poder defenderlo. Nosotros defendemos la despenalización y es congruente con nuestro modelo de ejército. Est amos hablando de un ejército defensivo, de un ejército pequeño, que con 80.000 ó 90.000 sería más que suficiente para las necesidades defensivas de nuestro país.


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Pensemos que cuando más efectivos hemos desplazado fuera de nuestras fronteras para tareas de solidaridad han sido 2.000 ¿Qué podemos destinar, 10.000 más? ¿Para qué necesitamos 170.000? Eso es lo que está obligando a mantener una penalización en el Código Penal, porque ustedes dicen que el ejército profesional no llegará hasta el año 2003. Nosotros decimos que se puede despenalizar porque con el modelo de ejército que estamos propugnando, que es un modelo serio, justo y riguroso, con el que podríamos dar salida a nuestras necesidades de defensa, en el año 2000 podríamos tener ya un ejército profesional y no nos veríamos en la obligación de inhabilitar o de meter a la gente en la cárcel. Por tanto, votaremos en contra de esta proposición, tanto por lo que contiene como por lo que no contiene, y lo que no contiene tampoco es la objeción sobrevenida.
Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda presentó en la Comisión una enmienda in voce en la que decíamos que las penas previstas en la presente ley orgánica serán de aplicación a los que, llamados al cumplimiento del servicio militar obligatorio e incorporados al mismo, no se presentaran o se negaran de un modo explícito o por actos concluyentes a continuar cumpliéndolo. El enjuiciamiento de estas conductas -continúa diciendo la enmienda- corresponderá, en todo caso, a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal. Esto es lo que no contiene este proyecto de ley y pensamos que es importantísimo. A los soldados de reemplazo no se les puede aplicar el Código de Justicia Militar. Hay que modificar el Código de Justicia Militar, pero también deberíamos incorporarlo en la ley que estamos debatiendo.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López):Señora Rivadulla, vaya terminando, por favor.


La señora RIVADULLA GRACIA: Es por todo esto por lo que Iniciativa per Catalunya-ElsVersd y Nueva Izquierda defendemos nuestras enmiendas. En relación con el informe de la ponencia, vamos a votar en contra y nos vamos a abstener en las enmiendas del Grupo Socialista y del Bloque Nacionalista Galego porque, aunque son un avance, nosotros pedimos la despenalización total.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias , señora Rivadulla.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Con mucha brevedad voy a defender las enmiendas que tenemos a esta proposición de ley orgánica. Nuestra posición sobre este asunto es conocida ya que fue expuesta en los debates que tuvieron lugar en est a Cámara. Las enmiendas que hoy seguimos defendiendo son fruto de la posición que mantuvimos cuando presentamos una proposición de ley sobre este asunto, que fue rechazada en su momento.
La reforma que se propone supone un avance respecto a la legislación existente que suprime los aspectos menos defendibles en este momento, como es mantener las penas de prisión, algo totalmente inasumible por parte de la sociedad y queda en evidencia que no se puede mantener en prisión por delitos de conciencia a un gran número de jóvenes. Sin embargo, la reforma sigue manteniendo penas de inhabilitación para estos supuestos, unas penas que nos parecen absolutamente desproporcionadas porque conllevan un grave problema para muchos jóvenes que tienen que sufrirlas, dado que se les inhabilita desde el punto de vista civil. Nosotros mantenemos, así como mucha otra gente, que, desde el punto de vista de los efectos prácticos, puede ser peor, tal como se propone estar inhabilitado de cuatro a seis años que sufrir pena de prisión.
La insumisión no debe ser considerada delito, debería ser despenalizada. Ahora bien, en línea con lo que venimos manteniendo en este asunto, proponemos una solución asumible en este momento, como es el reducir las penas a unas multas rebajadas sustancialmente respecto al vigente Código Penal. En ese sentido van nuestras enmiendas. porque nos parece una solución razonable. Pero como nuestras enmiendas no van a tener ningún éxito, no van a ser aprobadas, queremos manifestar que la reforma que se propone del Código Penal para este período transitorio hasta la profesionalización de las Fuerzas Armadas no va a resolver los problemas existentes y va a causar sufrimientos innecesarios a un gran número de personas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez. ¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra de estas enmiendas que se han defendido? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición al respecto? (Pausa.) Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria, como miembro proponente de esta iniciativa junto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al Grupo Parlamentario Popular, anuncia que va a votar en contra de las enmiendas que han presentado los Grupos Parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda y Socialista. ¿Por qué? Por mantener una congruencia con lo que estos tres grupos proponentes entendimos era una solución de sentido común y lógica, que trataba de buscar un equilibrio entre la defensa y la protección -se lo digo especialmente al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- de un modelo mixto de Fuerzas Armadas, que trajo a esta Cámara en anteriores legislaturas el Gobierno socialista, como fue el debate parlamentario de 1991.


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Ese es el modelo vigente y hasta que no se apruebe el nuevo es el que hay que proteger jurídicamente, como hace el Código Penal en la versión del Gobierno Socialista, del ministro Belloch, de 1995.
Parece que hay una contradicción entre las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y el texto que su Gobierno trajo aquí como Ley del servicio militar, como modelo de Fuerzas Armadas y, consecuentemente, como Código Penal.
Habiendo ya una expectativa, estando avanzado un nuevo modelo de Fuerzas Armadas en el que desaparece el servicio militar obligatorio y por tanto la prestación social sustitutoria, y en el que se recogen las figuras que se han derivado hacia el Código Penal como protección del bien jurídico, que también hemos defendido, como es la defensa nacional, los tres grupos hemos pensado que el bien jurídico de la defensa a proteger se consigue con unos efectivos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas. Eso se consigue respetando y aceptando la objeción de conciencia como está en la Constitución y en las propias leyes. Se trata también de dotar del sentido disuasorio que toda ley penal tiene que tener. De aquí que hayamos dicho: suprimamos las penas de prisión, las penas de multa y dejemos las privativas de derechos, pero moderadas y atemperadas en cuanto se reducen de seis a cuatro años.
Con respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tenemos que ser consecuentes, como ha reconocido su portavoz señor Castellano. Yo no voy a entrar en ese aspecto. Lo respeto, no lo comparto y, por tanto, votaré en contra de las enmiendas. Solamente para constancia en el «Diario de Sesiones» , deseo decirle al señor Castellano, por lo que me pueda tocar en la parte alícuota, pero con todo el afecto y admiración que profeso hacia él, porque es un parlamentario que aporta el fino sentido de la ironía en las matizaciones de tipo político-jurídico, que mi grupo no ha adoptado esta postura por darles satisfacción ni a los del caqui ni a los de blanco ni a los de azul marino ni a los de azul aviación, colores todos de nuestras Fuerzas Armadas. Lo hacemos por sentido común, por sentido de la responsabilidad legislativa.
Nosotros no podíamos traer aquí una supresión total del servicio militar mientras no se modifique el modelo de Fuerzas Armadas.
Tampoco nos vale decir que, como se va a suprimir, lo quitemos.
Cuando discutimos aquí el Código Penal de 1995, señor Castellano, a nadie se le ocurrió decir en esta Cámara que suprimiéramos los tipos de penas que contemplaba el anterior Código Penal, el que estaba en vigor hasta que aprobamos la Ley Orgánica 10/1995, de la misma forma que a nadie se le ocurriría decir aquí que porque el director general de Tráfico proponga aumentar la velocidad máxima en las autopistas a 150 kilómetros por hora, los motoristas de la Agrupación de Tráfico, de la Guardia Civil o las policías de Tráfico autonómicas vasca o catalana no impongan multa al que infringe la velocidad actual en las carreteras. Vamos a esperar que la ley regularice una situación para que la pena y el tipo penal sean coincidentes. Si no estaríamos haciendo un Estado de derecho que no sería comparable con el sentido de ejemplaridad que tienen que tener las leyes que dan arropamiento a un Estado de derecho.


Cuando tomamos esta iniciativa dijimos que había que dar un tratamiento distinto a determinadas circunstancias. Así lo hemos hecho. Mantenemos el equilibrio de la línea disuasoria del incumplimiento, porque lo que no podemos hacer es, frente a los que cumplen la ley en sentido estricto de l levar a cabo la prestación obligatoria como conscripto del servicio militar, premiar a los que no la cumplen. Si est e diputado tiene que ponerse de parte de alguien en este momento, con el respeto máximo a todas las objeciones de conciencia, a la Constitución y aceptando todos los derechos constitucionales, es de los que cumplen la ley en sentido estricto.
Sencillamente porque están asumiendo todo el coste, en tiempo, servicio y prestación personal, cumpliendo un bien constitucional superior, que es la defensa de la nación española. Y me mantengo en la defensa de est os derechos. No sé hasta qué extremo sería de recibo en una sociedad premiar a los que no cumplen esta obligación y qué tipo de premios les daríamos, si medalla o prestación económica.
Entendemos que las modificaciones que se recogen tanto en el artículo 528 como en el 604 del Código Penal son las adecuadas.


Sólo me queda decir, señor presidente, para que conste en el «Diario de Sesiones», que esta iniciativa fue presentada como proposición no de ley y mi grupo quiere dejar un testimonio de gratitud y reconocimiento a la magnífica labor de asistencia jurídica que nos ha prestado el letrado de est a Comisión, don Alberto Dorrego, ayudándonos desde encontrar el título adecuado a la iniciativa, para una buena sistemática legal, hasta el asesoramiento a los tres grupos proponentes.
Por estas razones, anuncio nuestro voto contrario a las enmiendas y el apoyo al dictamen de la Comisión, como aprobamos en su momento.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, es de todos conocida la postura del Grupo Vasco contraria a la existencia de la obligación de cumplir de servicio militar obligatorio. No sé si es anterior o posterior al planteamiento de Izquierda Unida - señor Castellano, no sé si le quito la prioridad-, pero se ha oído en esta Cámara hasta la saciedad. Somos partidarios de la desaparición de los tipos delictivos y también de las infracciones administrativas cuya articulación nos parece de todo punto incorrecta, contraria a

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toda la dogmática de la sanción administrativa y, desde luego, desproporcionada.
Siendo posibilistas, porque para aprobar una ley orgánica hace falta mayoría absoluta, hemos visto la imposibilidad de que prosperen nuestras tesis y que lo que tiene posibilidad real de ser aprobada es la iniciativa del Grupo Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria, que es la que definitivamente saldrá. No es est a nuestra opción, pero creemos que es un avance porque suprime las penas privativas de libertad.
Señor Castellano, si seguimos lo que usted ha indicado parece que las mayorías en esta Cámara son distintas de la realidad social, idea que percibimos en idéntico sentido. Repito que nos ha parecido imposible que prosperen las posturas que mantenemos, por lo que, desde una óptica posibilista, apoyaremos el contenido de la proposición de ley.
En el trámite de Comisión se rechazaron varias de nuestras enmiendas, pero se aceptó una -y agradecemos el gesto que tuvieron los Grupos Popular, Convergència i Unió y de Coalición Canaria-, consistente en la supresión del número 2 del que venía citado como artículo 527, que estaba relacionado con la supresión del artículo 528 actual.
Estimábamos que la indagación de los motivos de conciencia debe ser un ámbito ajeno al Derecho penal y así se entendió también por la mayoría de la Comisión. Para cohonestar esta supresión con la exposición de motivos, debiera en este trámite aceptarse, si así lo admiten los demás grupos, el que desapareciese de la exposición de motivos en su último párrafo la referencia que se hace a esa introducción en la ley del artículo 527 en sustitución del artículo vigente 528.
Sólo me resta hacer una referencia a una cuestión que ha si do planteada por la señora Rivadulla y que desde la óptica de mi grupo tiene una extraordinaria importancia. Es la situación en la que se encuentran quienes cometen conductas incursas en incumplimiento del servicio militar cuando ya ha empezado éste. En la situación actual se ven obligados a ser juzgados por la jurisdicción militar y a cumplir las penas en centros de esta índole. Nos gustaría -y así lo intentaremos en el Senado- articular una disposición adicional que permitiese que en este período tan breve en el que va a estar vigente la obligatoriedad de cumplimiento del servicio militar fuese posible juzgarlos por la jurisdicción civil, en aplicación del texto que hoy aprobamos y que, por tanto, tampoco se viesen sometidos a penas privativas de libertad.
De conformidad con lo que he expuesto, nos abstendremos en la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto y por Izquierda Unida; rechazaremos las del Grupo Socialista, votaremos a favor del dictamen de la Comisión y, por supuesto, votaremos a favor de su consideración como ley orgánica.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Quiero fijar nuestra posición en relación a las enmiendas que los diversos grupos han presentado al dictamen de la Comisión. Agradezco, en primer lugar, el tono que han tenido los intervinientes en defensa de sus enmiendas, especialmente al señor Castellano. No creo que estemos ante un problema de malos tratos, ni siquiera psicológicos.
Al Grupo Parlamentario Catalán y al diputado que les habla, partiendo de nuestra admiración hacia su persona, nos gustaría que fuese menos tacaño en el reconocimiento de aquello que de positivo tienen muchas iniciativas como la actual, que tanto su intervención como la de la señora Rivadulla han reconocido. Procuramos superar los malos tratos psicológicos a través de fórmulas muy diversas a lo largo de la semana.
Entrando en el fondo de la cuestión y partiendo del hecho de que hemos tenido oportunidad, tanto en Pleno como en Comisión, de discutir estas cuestión, nos gustaría remarcar algunas ideas. En primer lugar, desde 1989 Convergència i Unió viene defendiendo la necesidad de suprimir el servicio militar obligatorio y desde 1995 en las discusiones del Código Penal hoy vigente, Convergència i Unió defendía la necesidad de acabar con las penas de prisión para los insumisos. En 1995 aquello no fue posible.
Cuando hoy desde la tribuna el Partido Socialista defiende la necesidad de alejar del Código Penal estas sanciones y afirma que el contenido de sus enmiendas es menos gravoso, o que se pretenden defender bienes jurídicos diferentes de los que se defendían en 1995, sólo quiero recordar una cuestión. En 1991 el modelo de servicio militar que se aprueba es de carácter mixto y preveía que cerca del año 2000 el contingente de Fuerzas Armadas procedente del servicio militar obligatorio fuese de 50.000 personas. Ya en 1991 se inició un proceso de reducción del carácter obligatorio del servicio militar. Todos los argumentos que el Grupo Socialista ha dado desde la tribuna y en el seno de la Comisión eran perfectamente defendibles, no ya en 1995, sino desde 1991. Lo esencial para nuestro grupo parlamentario no es adaptarnos sólo al cambio que supone el inicio de supresión del servicio militar, sino terminar con lo más absurdo que se contempla en nuestro sistema legal, que es el mantenimiento de las penas de prisión. Este es el motivo esencial de la iniciativa conjunta que plantearon los grupos Popular, Coalición Canaria y Catalán: acabar con las penas de prisión. Esta cuestión debía haberse resuelto en 1995.
Hoy, además de procurar acabar con las penas de prisión, hemos de dar un nuevo sentido a esta regulación y colocarla en un nivel mínimo de disuasión penal, por dos razones concretas. En primer lugar, el sentido común, la opinión pública de la calle, los ciudadanos que se han dirigido a diputados de esta Cámara

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interesados por esta legislación, todos reconocen la limitada capacidad de disuasión que va a tener el nuevo Código Penal. Si además nos situásemos en el terreno del Derecho administrativo, esa capacidad de disuasión dejaría de existir, pero, además, crearíamos un precedente -a nuestro entender no aceptable- que sería no dejar que un ciudadano pudiese ejercer determinados derechos básicos a través de una simple actuación administrativa. Desde el punto de vista de garantía de los imputados, nos parece que el Derecho penal da muchas más garantías.
Además, si situamos estas propuestas que se pretenden introducir en el nuevo Código Penal en relación a otras sanciones que ya se contemplan en dicho Código, como los delitos contra los recursos naturales y contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico, delitos relativos a la caza o pesca de especies protegidas o de tráfico ilegal, contra la salud de las personas, contra la falsedad documental hecha por funcionarios públicos, contra el delito de fraude fiscal, el delito de prevaricación de funcionarios públicos, el delito de tráfico de influencias o el delito de detenciones ilegal es, vemos que todos estos delitos tienen sanciones superior es a las que planteamos en esta proposición de ley. (El señor vicepresidente, Fernández Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Porque no tan sólo proponemos la desaparición de las sanciones de prisión, sino también la sustitución de la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años -la que se aprobó en 1995- por penas de inhabilitaciones especiales de cuatro a seis años, eliminando además las penas de multas. Esta es la primera cuestión.
La segunda cuestión que me gustaría recordar a la Cámara es que no estamos aquí innovando o haciendo cosas diferentes de las que se hacen en el conjunto de Europa. Francia y Bélgica también están en un proceso similar al nuestro. Tanto la legislación francesa como la belga mantienen sanciones de prisión para estos supuestos en sus períodos de transición. Y algo más preocupante aún, la legislación francesa mantiene en el ámbito de la justicia militar la sanción de estos delitos. Yo creo que en el contexto de los Estados en que nos estamos moviendo nuestra propuesta sobre la regulación de esta materia es ajustada.
Quiero decir también -y creo que la señora Rivadulla y el señor Castellano deberían recordarlo- que el 14 de septiembre de 1993 Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó una proposición de ley de modificación de la Ley de Objeción de Conciencia. En el artículo 6 de esta proposición de ley se afirma - según la propuesta realizada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- que los objetores de conciencia estarán exentos del servicio militar y quedarán obligados a realizar una prestación social sustitutoria de carácter civil, que consistirá en el desarrollo de actividades de utilidad pública que no requieran el empleo de armas y que no tengan ninguna relación con el servicio militar. En la legislatura de 1993, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defendía la existencia de la prestación social sustitutoria. Por tanto, creo que la esencia del debate, lo ha planteado el señor Mardones, es, en este momento, en el que aún se conservan estas obligaciones, qué mecanismos creamos, qué mecanismos mantenemos para ser capaces de que cuando se incumplan estas obligaciones el Estado de Derecho dé respuesta. Creo que el planteamiento que hicimos en su día el Grupo Popular, el Grupo Canario y el Grupo de Convergència i Unió está ajustado a esa realidad y es coherente con aquello que hemos mantenido a lo largo de los años.
Para terminar, tan sólo quería pedir al Grupo Socialista que se replantee su voto negativo a esta proposición de ley. La señora Uría ha recordado que esta es una proposición de ley que necesita ser aprobada por mayoría absoluta; sería lamentable que hoy, por culpa del Grupo Socialista al negarse a votar esta proposición de ley, aún los jueces pudiesen condenar a los jóvenes a penas de prisión.
A la señora Rivadulla quería recordarle que nadie en lo que va de legislatura ha planteado -y si hay culpables somos todos- la necesidad de modificar el Código de Justicia Militar en aquello que hace referencia a los delitos de deserción. Lo planteó la señora Rivadulla en una enmienda in voce en la Comisión de Justicia, pero cuando digo que nadie ha planteado esto me refiero a que nadie, en forma y tiempo, ha planteado una iniciativa para poder debatirla en esta Cámara. Esta es una cuestión que queda pendiente y deberemos encontrar los mecanismos para poder resolverlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le ruego concluya.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Todo ello, señorías, nos permite afirmar con tranquilidad que deberemos votar no a esas enmiendas presentadas y esperar que esta ley se pueda publicar pronto en el Boletín Oficial del Estado para que resolvamos aquella situación que pretendíamos zanjar, que era la existencia de jóvenes en prisión condenados por el delito de insumisión.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bemúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como han puesto de manifiesto anteriores portavoces, nos encontramos ante un tema que ha sido objeto de sucesivos debates en los últimos meses, por lo que yo creo que las posiciones de los grupos están al día de hoy bastante claras.
A nuestro juicio, la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal que hemos presentado varios grupos parlamentarios supone un avance muy importante en relación a la regulación penal aplicable a

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las conductas de más graves incumplimientos del servicio militar y de la prestación social sustitutoria, en la medida que suprime para estos incumplimientos las penas privativas de libertad y multa, dando respuesta, de un lado, a una demanda social creciente que entendía que en el momento actual no se justificaba el mantenimiento de estas penas privativas de libertad y amparando, de otro, las necesidades de defensa durante este periodo de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, mantenemos como delito el denominado acto de insumisión, aplicando únicamente penas privativas de derechos a estos incumplimientos, aunque aminorándolas en relación al Código Penal vigente.
Realizada esta reflexión que recoge en síntesis nuestra propuesta, pasaré a fijar posición en relación a las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios.


En primer lugar, con respecto a las enmiendas de los grupos de Nueva Izquierda e Izquierda Unida, que persiguen un mismo objetivo, no podemos compartir la posición en la medida en que pretenden que se despenalicen estas conductas, es decir que se deroguen los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal, sin proponer alternativa sancionadora alguna. Es bien conocido que nuestro grupo no comparte esa posición. No la compartimos porque, como ya he expuesto en varias ocasiones, en tanto no finalice el proceso de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, siguen plenamente vigentes los deberes de cumplimiento del servicio militar y la prestación social sustitutoria como garantía para proteger nuestras necesidades de defensa. Y precisamente porque ambas prestaciones son deberes jurídicos, tienen que tener necesariamente carácter imperativo. Eso es algo elemental. Nuestro ordenamiento jurídico debe basarse en el mandato imperativo de sus normas, por lo que, en caso de incumplimiento, la reacción del Estado tiene que manifestarse de alguna manera. Y esa reacción no existe en las enmiendas que nos presentan.
Podría pensarse que lo que ocurre aquí es que, en estos supuestos, no nos encontramos ante incumplimientos sino ante el ejercicio de un derecho y que por tanto la prestación social sustitutoria, más que un deber, es una suerte de sanción que se impone a los objetores de conciencia. Sin embargo, eso es algo que tampoco podemos compartir.
No lo compartimos fundamentalmente porque el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ha despejado claramente este carácter y la naturaleza jurídica tanto del derecho a la objeción de conciencia como a la prestación social sustitutoria al establecer que el derecho a ser declarado exento del servicio militar no deviene del ejercicio de la libertad ideológica sino tan sólo de que la Constitución ha reconocido el derecho de objeción de conciencia referido únicamente al servicio militar y cuyo ejercicio supone el nacimiento del deber de cumplir una prestación de carácter sustitutorio. Por ello, dicho Tribunal estableció que los objetores no tienen ningún derecho a negarse a cumplir la prestación social sustitutoria como medio para imponer sus particulares opiniones acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión. Si amparásemos hoy las convicciones de los insumisos, que se niegan a realizar tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria, mañana, cuando final ice el proceso de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, podríamos amparar, por esas mismas convicciones, la negativa de esas personas a contribuir al sostenimiento económico del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, por cierto, estrategia que, junto con la deserción en los cuarteles, las organizaciones de insumisos han anunciado en los medios de comunicación que van a plantear. Creo que estas razones son más que suficientes para justificar el voto negativo a las enmiendas que nos presentan Nueva Izquierda e Izquierda Unida.
Tampoco vamos a aceptar, por razones distintas, las enmiendas del Grupo Socialista, que, en síntesis, pretenden que los delitos de insumisión dejen de serlo y pasen a ser considerados infracciones administrativas, pero asignándoles, eso sí, una pena calificada como grave en el Código Penal, disfrazada de sanción administrativa, lo cual, señor Jover, no es acorde con los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico. A nuestro juicio, su propuesta entra en colisión con el principio de proporcionalidad. Parten de la consideración de que est as conductas no reúnen la suficiente gravedad como para ser consideradas como ilícitos penales y, sin embargo, les asignan una pena calificada como grave en el vigente Código Penal.
También contravienen la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ustedes establecen que un órgano administrativo pueda imponer como sanción la privación del derecho de sufragio pasivo, lo que contraviene la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece que carecen de derecho de sufragio los que hayan sido inhabilitados para ello por sentencia judicial firme. Por tanto, parece claro que esta sanción está reservada a los tribunales de justicia.
Por último, pensamos que cuando menos es dudoso que la Administración pueda imponer sanciones que priven del ejercicio de un derecho fundamental, como es el caso del derecho a acceder o mantenerse en cargos públicos, contemplado en el artículo 23 de nuestra Constitución, y me explicaré. Si de acuerdo con sus enmiendas es la Administración la que sanciona, la que priva del ejercicio de cargo público, la intervención judicial ya no será inmediata, ni siquiera preceptiva y necesaria, sino ulterior, sólo a petición de parte y con una finalidad meramente revisora. Si nuestro ordenamiento jurídico viene exigiendo la tutela judicial inmediata cuando se trata de restricciones de derechos - piensen en los casos de intervención de correspondencia o en un registro domiciliario, donde se requiere no sólo la tutela, sino la previa autorización judicial-, razón demás en estos casos que no sólo suponen una restricción de derechos, sino la auténtica

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privación de un derecho fundamental, con la trascendencia que ello tiene. Por ello, la propuesta que recoge sus enmiendas no sé si es contraria, pero al menos no creemos que sea acorde con los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico.
Tampoco vamos a votar a favor de las enmiendas que nos presenta el Bloque Nacionalista Gallego, que para estos casos nos propone una pena de 10 a 20 días de multa. En este caso nos encontramos ante un delito sin pena, lo que a nuestro juicio también choca con el principio de proporcionalidad que consiste precisamente en eso: que la sanción debe guardar proporción con la gravedad de una conducta.
Aquí, o estas conductas no deben merecer reproche penal o la sanción que proponen, por insignificante, no es proporcional a unas conductas que, por ser graves, deben merecer ese reproche penal.
Además, lo cierto es que la enmienda que ustedes nos presentan y que nos propone una pena de multa de 10 a 20 días, podría conllevar un efecto no querido por ningún grupo de esta Cámara, y es que, con el Código Penal en la mano, si los insumisos no pagan la multa, bien por insolventes, que es poco probable dada la insignificancia de la multa -de 10 a 20 días-, bien por sus propias convicciones, lo que podría ser probable, tendrían, según lo previsto en su artículo 53, que sustituir el impago de multas con penas privativas de libertad, consecuencia que choca frontalmente con los principios que inspiran la reforma que hoy debatimos.
Por último, agradecemos el esfuerzo de aproximación que ha real izado la señora Uría en nombre del Grupo Vasco y, en la medida en que hace días aprobamos en la Comisión de Justicia una enmienda que ustedes nos proponían para que se eliminara el subtipo agravado contenido en el artículo 528 del Código Penal, manifestamos nuestra posición favorable a aceptar esa enmienda de adecuación técnica que nos proponía el letrado para que desaparezca toda referencia a dicho subtipo también en la exposición de motivos.
Termino, señor presidente, diciendo que creo haber fijado claramente posición en relación a las enmiendas que nos han presentado los distintos grupos parlamentarios y justificado las razones de mantenimiento de nuestro texto, una propuesta que supone un avance muy significativo en relación a la regulación, a la normativa penal aplicable a los denominados delitos de insumisión, habiendo adoptado una posición de sensibilidad ante una demanda social creciente que entendía que en el momento actual había que suprimir las penas privativas de libertad para estos delitos y, a la par, una posición de responsabilidad ante este período de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría. (El señor Jover Presa pide la palabra.) Señor Jover, ¿a qué efectos me solicita la palabra? El señor JOVER PRESA: Le pido la palabra porque se han hecho algunas afirmaciones con las que no estoy de acuerdo y a las que, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento, creo que tengo derecho a replicar, aunque sólo sea por breves minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jover, los grupos parlamentarios que han fijado su posición con respecto a las enmiendas lo han hecho, obviamente, con posiciones no coincidentes con ellas, pero ateniéndose estrictamente al turno de fijación de posición. No tiene S.S. la palabra.


- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14, APARTADOS PRIMERO Y TERCERO, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000082)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 52, dentro del punto XI del orden del día: Dictamen de la Comisión acerca de la proposición de ley sobre modificación del artículo 14, apartados 1 y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ha presentado enmiendas a esta proposición de ley el Grupo Parlamentario Socialista, y para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor p residente.
Señorías, voy a intentar colaborar en este intento que parece que existe de terminar el Pleno antes de la hora de comer. No obstante, el tema que nos ocupa es, a nuestro juicio, de la suficiente trascendencia como para que justifique al menos hacer algunas reflexiones finales sobre un debate ya producido en su día en la toma en consideración de la proposición de ley y posteriormente en la Comisión.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra del dictamen de forma global en lo que se refiere a la modificación del artículo 14, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; no así a la modificación al apartado 1 luego añadido, como brevemente expondré.
Señorías, la aprobación de esta modificación tiene unos efectos muy negativos para los derechos y garantías del justiciable. El nuevo Código Penal confirió la competencia al juez unipersonal, a los juzgados de lo penal, para el conocimiento exclusivamente de los denominados delitos menos graves, cuya pena máxima ascendería a tres años. Pues bien, la modificación que ahora se plantea, y que parece que se va a aprobar, acaba con este principio de favorecer la justicia colegiada en el ámbito penal y amplía la competencia de los jueces de lo penal, juez unipersonal, para conocer de delitos cuya pena privativa de libertad llegue hasta cinco años, penas privativas de otros derechos hasta diez años y penas de multa sin límite. Esto es un paso atrás -así lo consideramos seriamente-, y nos parece que, además, en el Derecho comparado, salvo error u omisión, quizá quede tan sólo Turquía y no sé si algún

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país más en Europa que mantenga estos límites tan amplios del conocimiento de penas ya graves por un juez unipersonal.
Se plantea, señorías, también un problema importante para la ciencia del Derecho Penal, para la jurisprudencia, porque fíjense ustedes que ahora, con este nuevo sistema competencial, el Código Penal nuevo, que incluye numerosos delitos nuevos, se va a ver privado de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, con el riesgo de posibles escándalos sociales que esto puede conllevar. Vamos a encontrarnos, señorías, con jurisprudencia exclusivamente uniprovincial multiplicada por cada provincia y con que el Tribunal Supremo no va a conocer de l a mayor parte del nuevo Código Penal, pero, sobre todo y además, es un paso atrás para los derechos y garantías del justiciable, que puede verse ya privado de libertad en penas graves por un juez unipersonal.
En síntesis, señorías, vamos a votar en contra de esta modificación del artículo 14, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya única justificación es el retraso que denuncian las audiencias provincial es y, fundamentalmente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuya causa y origen es tan sólo una, que es la falta de dotación de medios adecuados, de ampliación de las plantillas y secciones, para que no se hubiera producido este problema. Es algo que habrá que resolver. La propia exposición de motivos deja entrever que estamos ante algo provisional -no utilizando esos términos- y que exigirá otras soluciones en momento posterior. Ese momento posterior, a nuestro juicio, tiene que ser urgente, ya que el principio de justicia colegiada en el ámbito penal debe mantenerse.
Al hilo de esta modificación, y curiosamente de forma precipitada, se presentó por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -ni siquiera se debatió en ponencia- una enmienda al párrafo 1 del artículo 14, enmienda que apoyamos en su día, que vamos a votar a favor y para la cual pediremos votación separada porque estamos de acuerdo con la filosofía de que en los juicios de faltas conozcan los jueces de instrucción, pero que se amplíe el conocimiento de los jueces de paz, y en este caso plantean que conozcan de las faltas de los artículos 620, 626, 630, 631, 632 y 633. Nos hubiera gustado haber podido profundizar en este sentido, porque no ha habido ningún tipo de diálogo ni de negociación, como tampoco lo ha habido con el Grupo Popular, pero como estamos de acuerdo con este incremento de competencias de los jueces de paz, en ese sentido vamos a votar a favor el artículo 14.1.
Finalmente, y para cumplir con la promesa de brevedad, se va a plantear -ya se nos ha dado por escrito- por el Grupo Parlamentario Popular una transaccional s obre el inicio de los efectos de esta ley.
Retiramos formalmente la enmienda número 3, manteniendo las números 1, 2, 5 y 6, porque vamos a aceptar esa transaccional que consiste en que la presente ley se aplicará a las causas que se encuentren pendientes en el momento de su entrada en vigor, siempre que en dicho momento no se haya dictado todavía auto de apertura del juicio oral. Nuestra tesis de la enmienda número 3 iba más allá, y era que no bajaran los asuntos de las audiencias a los juzgados de lo penal y que conocieran tan sólo de aquellos delitos cuyos hechos se produjeran inmediatamente después de la entrada en vigor de la ley. Como tesis del mal menor vamos a aceptar esta enmienda transaccional dejando patente -y concluyo- nuestra oposición frontal, por razones de filosofía, por razones de fondo, por razones de falta de respeto al consenso logrado en la aprobación del Código Penal de 1995 y, sobre todo, por razones de defensa de los derechos y garantí as del justiciable, que se ven recortados, ¡y en qué tema tan fundamental!, de manera importante.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Villarrubia. ¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA : Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) votó a favor de la toma en consideración de esta iniciativa sin excesivo entusiasmo y en la idea de que la celebración de los juicios, el desarrollo de las causas penales debe realizarse en un periodo razonable vinculado al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, frente a la garantía que podía esgrimirse del enjuiciamiento en sala. No presentamos enmiendas por haber desechado final mente la idea de confeccionar un listado de tipos. Creemos que el sistema de pena tiene la ventaja de su objetividad. Votamos en Comisión a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que hacía referencia a determinados ti pos de faltas que podrían ser resueltos por los juzgados de paz, a lo que ya se ha referido el representante del Grupo Socialista, y votaremos a favor del dictamen de la Comisión.
Igualmente, manifestamos que daremos nuestra conformidad a la transancción que se nos ha ofrecido en este trámite.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, creo que todos los grupos parlamentarios coincidimos en que el principio de colegiación ofrece mayores garantías que el del juez unipersonal. Del mismo modo, todos coincidimos absolutamente en el hecho de que conviene

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que las sentencias lleguen al Supremo, sobre todo en el caso de nuevos delitos introducidos recientemente, incluso en el Código de 1995, y que el Tribunal Supremo pueda ejercer esas funciones de unificación de la interpretación de la ley y de su aplicación al tratarse de algo tan sensible como es la ley penal. Lo que ocurre es que hay que decir, en primer lugar, que estos deseos no son absolutos. Creo que ningún grupo estaría dispuesto -tampoco era el modelo del Código Penal- a que absolutamente todos los delitos fuesen enjuiciados por un tribunal colegiado y, desde luego, tampoco era el modelo que todos los delitos pudiesen luego residenciarse en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo cual, estando conformes con los principios, también estamos conformes con el alcance de los mismos.


Dicho esto, lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial, ya desde 1997, hizo referencia a la situación de bloqueo que estaban sufriendo las audiencias provinciales y, respetando los principios anteriormente enunciados, propuso la adopción, con carácter provisional, de un sistema nuevo de reparto de competencias entre los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales. Pues bien, eso que manifestó el Consejo General del Poder Judicial en 1997, que después lo reiteró en el libro blanco, es lo que hemos intentado reproducir a través de las enmiendas o de esta proposición de ley, que efectivamente tiene un carácter pura y absolutamente provisional: resolver una situación concreta que ha generado una degradación importante del trabajo en las audiencias provinciales. La solución definitiva nos la tenemos que tomar no digo con más calma, pero sí con un poco más de reflexión, porque c reo que todos estamos de acuerdo también en que el criterio de distribución no puede ir única y simplemente en función de la cuantía de la pena, porque podría no ser garantía de que delitos nuevos llegasen al Tribunal Supremo. Por tanto, habrá que combinar en el futuro un sistema de lista que atienda a la novedad de los delitos, incluso a la dificultad de su interpretación y, al mismo tiempo, que aquellos que lleven aparejadas penas de gran duración sí puedan residenciarse en el Tribunal Supremo. En eso estamos de acuerdo. La propia Unión Progresista de Secretarios Judiciales, en la contestación al cuestionario del Libro Blanco del Consejo, establece una enumeración y hay fiscal es de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como don Francisco Bañeres, que han entrado perfectamente en el tema. Por tanto, creo que, resolviendo una situación de conflicto en estos momentos, es algo que podemos estudiar con un poco más de reflexión, vinculándolo incluso a lo que podría ser un nuevo modelo de casación penal, situando una casación ordinaria más automática en el seno de los tribunales superior es de justicia y permitiendo un nuevo modelo de casación en el Tribunal Supremo, casación que debiera realizar esa función fundamental de unificar los criterios.
Por lo demás, quiero agradecer la manifestación de voto favorable a esa enmienda que introdujimos con la finalidad de que los juzgados de paz pudiesen conocer de aquellas causas que, bien por tener una estructura sencilla o por no generar especiales problemas dogmáticos y por incidir en la vida vecinal y doméstica, les deben incumbir.
Admitimos también la enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular porque si lo cierto es -y ahí estamos de acuerdo todos- que hay que dar respuesta a una situación de emergencia sin perjuicio de hacer un planteamiento de futuro, lo fundamental es que esta disposición pueda entrar en vigor con la mayor rapidez posible y pueda generar un efecto casi inmediato en todos aquellos supuestos en los que no se haya procedido todavía a la apertura del juicio oral.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya queda constancia suficiente en el « Diario de Sesiones» al haber sido discutido este texto legislativo en la correspondiente Comisión, nuestro grupo se va a pronunciar negativamente con respecto a este proyecto. En primer lugar, porque ya es demasiado frecuente que una determinada legislación de urgencia y provisionalidad acabe adquiriendo el carácter de normalidad y nunca se resuelva definitivamente ningún problema. Lo vimos ya cuando se crearon los llamados juzgados de lo penal, porque se decía que era como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional; se hablaba de contaminación y no se quería acometer lo importante, que era ir en la línea de reforzar los órganos colegiados. Se llegó incluso en aquella época, como recordarán ustedes, a la famosa invención del llamado magistrado unipersonal de las salas. ¿Con tal de qué? Con tal de no ampliar, con tal de no dotar, con tal de no proporcionar a la Administración de justicia los medios materiales y humanos de que está precisada. Luego, eso sí, haremos toda la retórica del mundo cada vez que los ciudadanos, al preguntárseles en una encuesta, digan cuál es la opinión que tienen de la Administración de justicia. Pero cuando llega el momento de responder a un determinado reto, cuando llega ese momento, inmediatamente acudimos a la técnica del parcheo.
Si se tratara de razones de mejora funcional, si se tratara de razones de operatividad seria, nosotros no nos negaríamos, pero, como dicen todos los que intervienen en este tema, se trata de una situación provisional. Pues bien, una situación provisional que re presenta categóricamente la disminución de garantías, porque la intervención de un órgano colegiado evidentemente

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o frece muchas más garantías que las de un órgano unipersonal, reconociendo la realidad en que nos movemos, no puede, sinceramente, contar con nuestra anuencia.


El esfuerzo que se va a hacer para crear nuevos juzgados de lo Penal, según nos dicen, es el que se podría hacer para lógicamente completar las salas de las audiencias provinciales. Con una ventaja, que las salas de las audiencias provinciales ya están ahí y el nombramiento de magistrados no supone inversión en instalaciones ni inversión de otro tipo. Sin embargo, la instalación de nuevos juzgados de lo Penal sí lo suponen.


Hay que preguntarse por qué se empecinan en unas reformas que tienden a juzgados unipersonales. Todos sabemos de sobra cuál es la razón que orienta esta clase de actitudes. Porque la corriente va precisamente en línea contraria. Se está discutiendo en los países vecinos incluso que las decisiones de los jueces de instrucción tengan que ser adoptadas por órganos colegiados o por lo menos revisadas por estos. Y, sin embargo, aquí vamos a concentrar funciones de demasiada importancia en un solo juez. Estamos hablando, señor p residente, de penas que pueden superar los 10 años, porque por la conjugación de delitos se pueden superar los 10 años de privación de libertad a imponerse por un solo magistrado. Y se está produciendo además la restricción del acceso al Tribunal Supremo. Como usted comprenderá, nosotros preferimos ser hoy el elemento discordante, para llamar la atención acerca de la necesidad de dar la cuantía necesaria a nuestras audiencias provinciales.


Además, vamos a tener un test, señor presidente. En cuanto acabe el período en que no tenemos sesiones parlamentarias, en el mes de septiembre, empezaremos con la ley de presupuestos y ahí va a ver Izquierda Unida cuál es la voluntad de verdad de que esta legislación sea de carácter provisional o sea una legislación de carácter permanente. Ahí vamos a tener constancia de si se quieren mejorar las audiencias provinciales o si se quiere esta fórmula de puro parcheo.


Finalmente, la enmienda transaccional en virtud de la cual se aumenta la competencia de los juzgados de Paz es una enmienda que podría perfectamente ser a probada, pero, si ponemos los pies en tierra, no entiendo cómo están hoy los juzgados de Paz previstos para tener mayores competencias. Juzgados de Paz en los que tenemos problemas con los jueces, problemas con los secretarios, problemas con el personal y, sobre todo y es lo más importante, falta de garantías, porque la forma de elección de estos, a través de los municipios, les ha convertido en una clase de órganos en que la manipulación, dicho entre comillas, suele ser bastante posible.


Por tanto, votaremos que no al texto y obviamente votaremos que no cuando llegue el momento de la votación de totalidad, por el carácter orgánico que tiene esta ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, la verdad es que cualquiera que lea el «Diario de Sesiones» de este Pleno, en lo relativo a este proyecto sacaría una idea bastante equivocada de la realidad. Se ha hablado repetidamente de una enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que simplemente no existe; est á aprobada ya y, por tanto, no es enmienda viva. También se acaba de aludir a una supuesta transaccional sobre los juzgados de Paz, que no existe; es esa misma enmienda ya aprobada. La enmienda transaccional es sobre otra cuestión. Y hay el peligro de que quien lea eso y se lo crea no tenga ni idea de lo que estamos hablando. Simplemente voy a intentar no insistir en la ceremonia de la confusión y a limitarme a mantener la posición del Grupo Popular.
Se ha dicho que esta reforma surge como consecuencia de unos problemas de dotación. La verdad es que la historia genuina de esta reforma, y queda documentada en el proyecto, es una petición expresa y alarmada del Consejo General del Poder Judicial, que sólo encontró eco en el Grupo Parlamentario Popular -porque es una proposición de ley de este grupo, no un proyecto del Gobierno-, haciendo notar cómo la reforma introducida por el Código Penal, en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estaba teniendo como consecuencia que los juzgados de l o Penal se quedaran prácticamente sin trabajo.
Por tanto, no habrá que crear juzgados de lo Penal. Se trata de que tengan algo que hacer y de no descrearlos, si se me permite el barbarismo. Y, por otra parte, las audiencias provinciales, sin embargo, se veían saturadas en unos índices que ya fueron expuestos con motivo del primer debate sobre esta proposición.
En efecto, hay problemas de dotación, como muy agudamente ha señalado el portavoz socialista, y resulta muy venturoso que hoy mismo, en esta misma sesión, se haya aprobado la Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa, que es un ejemplo paradigmático de un modo distinto de hacer leyes. Se ha hecho la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, se incluyen ahí, con una notable oposición, los juzgados de lo Contencioso, y ya están incluidos en la Ley de presupuestos que entró en vigor en enero de este año. Así se hacen las leyes. Si se hubiera hecho así el Código Penal, este problema no se habría planteado. Pero es que no hacían así las leyes los gobiernos socialistas, sino que se dedicaban a hacer unas leyes con arreglo a unos postulados doctrinarios, y les importaba un rábano luego la dotación de medios para hacerlas viables. Así de fácil.
Además, era imposible hacerla viable tal y como estaba concebida, y eso lo ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial y otros que se han ocupado del problema. Por ejemplo, el viernes pasado, en Marbella, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales,

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que celebraba su congreso, en su respuesta al cuestionario sobre el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial ya señalaba algo que en el mismo libro queda reflejado, y es que no cabe improvisar jueces, no cabe improvisar jueces de audiencias provinciales si de verdad nos interesan los derechos de los ciudadanos. Y tampoco cabe dedicarse a desmantelar juzgados de lo Penal; haría falta desmantelar tres para crear una nueva sección de una Audiencia Provincial, con titulares improvisados, porque los titulares de los jugados de lo Penal no están por definición en condiciones de ser magistrados de una Audiencia Provincial. Este era el problema. Y ante ese problema cabían dos posibilidades: establecer una reforma respecto a los años de las penas o bien un sistema de lista. La portavoz del Grupo Vasco (PNV) tuvo la sinceridad de decir en Comisión, en el debate del proyecto, que habían intentado hacer una lista y que habían fracasado en su intento. Por otra parte, nuestro grupo entiende que no es el momento todavía de hacer esa lista, que habría que abordarla probablemente en una futura y anunciada reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque convendrá contar con cuantos más datos mejor de cuál es la incidencia real en la carga de litigiosidad en estos casos.
Agradezco al portavoz socialista que no haya aludido a una de sus enmiendas, que es aquella que pedía para esta ley, precisamente para esta, reclamada por el Consejo General del Poder Judicial de manera urgente a lar mista, una peculiar vacatio legis de seis meses, como un detalle sin duda de humor o quizás de despego respecto al Consejo General del Poder Judicial. Algo así como decirles: déjennos que disfrutemos del espectáculo seis meses más, porque est o es muy divertido. Ver cómo están las audiencias, mientras que en los juzgados están haciendo crucigramas. Esto se merece seis meses más en cartel. Afortunadamente, el portavoz socialista entiende que no era bueno aludir a esos excesos.
La transaccional que hemos presentado, y agradecemos, por sus buenos efectos, que el Grupo Socialista la haya aceptado, lo único que pretende es una simetría respecto a la reforma producida cuando entró en vigor la reforma que el Código Penal llevaba consigo. Se estableció su entrada en vigor de manera que fuera la apertura o no de juicio oral lo que determinara dónde iría cada causa. Sería un poco curioso que, como se proponía en la enmienda número 3, ahora no ocurriera así, y precisamente para agudizar el problema existente.
Por eso nos parece muy sensato que haya sido aceptada esa transaccional.
Mi grupo, por otra parte, apoya la sugerencia, de relevancia meramente técnica, que el letrado, señor Dorrego, que con tanta asiduidad ha seguido el trámite de este proyecto, como el de tantos otros, nos ha propuesto a los grupos, en el sentido de que, como la aprobación de la enmienda de CiU en Comisión dejaba una laguna diríamos en la exposición de motivos, él propone, con una relevancia meramente técnica, insisto, que se añada un párrafo, que diga: Finalmente, se introduce una modificación al apartado primero del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de adaptar la competencia de los órganos jurisdiccionales penales en materia de faltas a la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Este texto se corresponde con la justificación de la propia enmienda aprobada y, por tanto, nos parece pertinente y apoyaremos también esa propuesta.
Nada más, señorías, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ollero.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 1.191.528. 660 PESETAS, PARA COMPLETAR EL PAGO A DIVERSAS COMPAÑÍAS NAVIERAS DE LAS BONIFICACIONES APLICADAS EN LAS TARIFAS DE PASAJES MARÍTIMOS A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS DEMÁS ESTA D O S MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA RESIDENTES EN CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y BALEARES DURANTE EL EJERCICIO DE 1996. (Número de expediente 121/000104.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Dictamen de la Comisión del proyecto de ley s obre concesión de un crédito extraordinario para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante el ejercicio de 1996.
Se mantienen a esta iniciativa enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender esas enmiendas desde el propio escaño, en aras de una mejor utilización del tiempo El Grupo Socialista, en Comisión, anunció su voto favorable al proyecto de ley que se nos ha remitido.
Se trata de un proyecto de ley, concepto que debe tenerse claro, porque en alguna intervención en la Comisión de Presupuestos se hicieron algunas reflexiones que ponían de manifiesto algunas dudas metodológicas, algunas dudas derivadas de no tener muy claro el concepto de este proyecto de ley.
En los Presupuestos Generales del Estado del año 1996 se recogió una cantidad -recuérdese que era la prórroga del presupuesto de 1995- superior a los 600 millones de pesetas, para el pago de las bonificaciones pertinentes a las que tienen derecho los ciudadanos residentes en Ceuta, Melilla y en l as islas Baleares. Se produjo ese pago y para completarlo es necesaria la cifra de 1.191.528.660 pesetas, que son las bonificaciones restantes del segundo semestre de ese año. Esa es una cantidad que se va a repartir entre las compañías

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marítimas que han llevado a cabo esas rutas entre los diferentes puntos afectados: Compañía Trasmediterránea; Fletamento de Baleares; Fred Olsen; Industria, Servicio y Comercio; Isleña de Navegación; Naviera Armas; Nortour; Pitra; Trasmapi-Flebasa; Unión Marítima Formentera-Ibiza. Y debe quedar muy claro que no es un apoyo económico a las compañías y a las empresas navieras. Se trata de devolverles el porcentaje del coste del billete que esas compañías adelantaron. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente el proyecto de ley. Pero hemos presentado dos enmiendas, porque procedimentalmente nos parece oportuno, dado que, en el ejercicio presupuestario de 1998, en el ejercicio presupuestario de este año, se produce una estructuración nueva y en ella no se recoge la aportación que el Estado tiene que hacer y transferir a la Comunidad Autónoma canaria, a los efectos de pagar la bonificación a la que tienen derecho los residentes en Canarias al desplazarse de una isla a otra por vía marítima, utilizando cualquiera de las tres o cuatro empresas transportistas marítimas que prestan su servicio en la comunidad canaria. De ahí que nosotros creamos, dado que somos conscientes, porque ha sido anunciado por el propio Gobierno, de que dentro de dos o tres meses vendrá un proyecto de ley de crédito extraordinario para cubrir estos gastos, que este es el momento de incorporar las dos enmiendas que hemos presentado a efectos de la ampliación de este crédito extraordinario, de acuerdo con el mismo mecanismo establecido por la Dirección General de Presupuestos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Señor Carreño, brevemente, por favor.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muy brevemente.
Estamos debatiendo, señor presidente, dos temas: uno, un proyecto de ley que viene en el orden del día, y otro, un segundo proyecto de ley de crédito extraordinario, que es el contenido real de las enmiendas del Grupo Socialista, pues se refiere a unas obligaciones para los viajeros desde Canarias o hacia Canarias, en el ejercicio de 1998, en sus viajes marítimos. Aquel proyecto de ley cumple todos los requisitos exigidos a un crédito extraordinario, informe favorable de la Intervención General del Estado y dictamen también favorable del Consejo de Estado. Este segundo proyecto de ley de crédito extraordinario, que son las enmiendas del Grupo Socialista, no tiene nada que ver con la cuestión, no cumple los requisitos exigidos a un crédito extraordinario y, por tanto, no puede incluirse, estimo, aquí y ahora. Además, la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma canaria, en enero de 1995, aprobó el traspaso de funciones y servicios a aquella comunidad en materia de transporte marítimo y un acuerdo complementario estableció la forma de cuantificar la prestación del servicio. Una vez aprobada dicha cuantificación por la Comisión Mixta, sería aprobada y será financiada a través de la participación de la Comunidad Autonóma canaria en los ingresos del Estado.
De ahí la doble imposibilidad de atender las enmiendas del Grupo Socialista y el apoyo de nuestro grupo al texto del proyecto de ley que, repito, fue aprobado por unanimidad en Comisión la pasada semana.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE : Muchas gracias, señor Carreño.
Quería también intervenir el señor Mardones. Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con gran brevedad.
Coalición Canaria quiere fijar su posición porque va a dar su voto favorable a est e crédito extraordinario que viene como proyecto de ley. Coalición Canaria ha hecho siempre del transporte uno de los puntos de referencia de su política en defensa de nuestro programa y de los intereses generales del archipiélago canario como región ultraperiférica y ha pedido siempre esta consideración específica del transporte entre las islas, del transporte entre las islas y la península, y viceversa.
Lo que hoy nos traen es, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, otro proyecto de ley encubierto con unas enmiendas. Aquí estamos aprobando un proyecto de ley de crédito extraordinario para unas obligaciones de 1996, ejercicio ya cerrado, y la compensación al transporte de pasajeros en las líneas marítimas, pero lo que traen las enmiendas es algo que no está cerrado, es un crédito para 1998. Y no se nos alcanza cómo se puede traer un crédito previo antes de cerrar un ejercicio económico.
Nosotros vamos a votar en contra de estas enmiendas. Además, hay una situación legal distinta. En 1996 existía un proceso ordinario, tradicional, de los créditos extraordinarios a la compensación del transporte de personas o de mercancías, que venían reflejados en los Presupuestos Generales del Estado. Pero ahora estamos en un proceso de cambio legal abierto, como es el contrato-programa que el Estado tenía con la compañía Trasmediterránea en 1978, que ahora se cambia.
Y el Gobierno autónomo de Canarias está negociando en estos momentos con las autoridades de la Unión Europea el nuevo enfoque jurídico de la situación. Por otro lado, Coalición Canaria, en las conversaciones de la Mesa del pacto, obtiene del Gobierno central el compromiso de atender, mientras esto se soluciona y en la situación que deje después el acuerdo con la Unión Europea, un gasto, en su momento, del tenor de los 2.500 millones de pesetas.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente el proyecto que nos trae el Gobierno y en contra de las enmiendas.


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Nada más y muchas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Don Pedro Antonio Ríos ha pedido también un breve turno, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Así se cerraría el debate.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, voy a exponer muy brevemente tres argumentos a favor de las enmiendas, para cambiar este hábito presupuestario, que yo considero que añade inseguridad y mala valoración de los gastos que debe hacer el Estado.
La partida presupuestaria que este año recogen los presupuestos de 1998 haría posible, sin necesidad de este crédito extraordinario, hacer frente a estas obligaciones, puesto que no precisa si los ejercicios anteriores son los años 1996 ó 1997.
Decía ahora el portavoz de Coalición Canaria que no es bueno añadir la enmienda que propone el Grupo Socialista, porque no está tabulada.
Joyas de estas tenemos a montones. Hemos aprobado un crédito extraordinario recientemente, para tasas universitarias, y hemos fijado crédito extraordinario para los próximos cinco años con antelación, y con una valoración de más o menos 10.000 millones de pesetas. Este Gobierno nos tiene bien acostumbrados a estas joyas presupuestarias. Ahora lo que propone es tomar una previsión. Vamos a optimizar los trámites parlamentarios, vamos a buscar fórmulas de previsión con antelación suficiente, para ahorrarnos que dentro de cuatro o cinco meses tengamos que volver con otro crédito extraordinario.
En todo caso, señor presidente, estas subvenciones afectan a la Comunidad Autónoma canaria, a Ceuta, Melilla, Baleares, a los ciudadanos españoles que residen y a los de la Unión Europea, que también pueden beneficiarse de ellas. A pesar de estas limitaciones que encontramos, nosotros creemos que a esta conclusión de valoración del año 1996 tendremos que hacer frente.
Por eso vamos a respaldar las dos enmiendas del Grupo Socialista y, si son aceptadas, votaremos a favor del dictamen en su conjunto. Si son rechazadas, votaremos también a favor del proyecto, porque no queremos impedir que est os ciudadanos se beneficien de esta ayuda.
Lo que pedimos al Gobierno es racionalidad a la hora de presupuestar y que valore lo que nos cuestan todas estas subvenciones directamente en cada uno de los ejercicios presupuestarios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 2.157.470.490, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, DERIVADAS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL, Y DE OTRAS RESOLUCIONES, A TITULARES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA.
(Número de expediente 121/000110)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las enmiendas del Grupo Socialista a este proyecto de ley, no hay enmiendas al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones, derivadas de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a titulares de las oficinas de farmacia.
Por tanto, estimo que no desea intervenir ningún grupo.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE EL PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES .
(Número de expediente 93/000006)

El señor PRESIDENTE: Tampoco tiene enmiendas el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el acuerdo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En consecuencia, vamos a proceder a las votaciones de todos estos puntos del orden del día, que queda así completado en sus debates en esta sesión de mañana. (Pausa.) Señorías, durante el transcurso de las votaciones habrá un profesional de la fotografía junto a la mesa de taquígrafos, para efectuar una foto semicircular del hemiciclo que nos ha sido solicitada para difusión del Congreso por una comunidad autónoma.
Vamos a proceder, señorías, a las votaciones correspondientes a la totalidad de los puntos del orden del día, que han sido debatidos en el día de hoy. Quiero señalar que las votaciones serán prolijas, complejas y largas, y que haremos un esfuerzo todos por facilitar que sean ágiles, para terminar con todo ello antes del almuerzo.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- POR LA QUE SE CONDENA EL ATENTADO TERRORISTA PERPETRADO HOY EN RENTERÍA. (Número de expediente 140/000023)

El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las votaciones, quiero someter a la Cámara la siguiente declaración institucional: «El Congreso de los Diputados, reunido en sesión plenaria, manifiesta su más sentida repulsa ante el asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rentería, Manuel Zamarreño. Esta última víctima de la barbarie terrorista resulta particularmente dolorosa para quienes, por formar parte del Congreso, también hemos asumido la representación de los ciudadanos como un compromiso personal.
Desde este hemiciclo, la Cámara expresa el reconocimiento a la dignidad de Manuel Zamarreño, quien, a

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costa de su vida, aceptó dar cauce al mandato democrático recibido de los electores de Rentería. Su vi da, como la de todos aquellos que la han perdido por su decisión de servicio a los demás, clama por el cese del crimen, de la sinrazón y del horror. El Congreso de los Diputados esta mañana une su voz a este clamor.» ¿Lo prueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías. (Aplausos.)

VOTACIONES

ENMIENDAS DEL SENADO (CONTINUACIÓN)

- PROYECTO DE LEY DE VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES.
(Número de expediente 121/000040)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al que fue punto 40 en el debate, proyecto de ley de venta a plazos de bienes muebles.
En primer lugar, enmiendas del Senado a los artículos 6, 7,8, 9, párrafo inicial, apartado primero, y letra b) del apartado l, párrafo segundo, artículo 13, rúbrica del capítulo III, disposición transitoria y disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Enmiendas del Senado a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 186; en contra, uno; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor,186; en contra, 116; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas al proyecto de ley de venta a plazos de bienes muebles.


- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000068.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
En primer lugar, se somete a votación la enmienda al artículo 14 en lo relativo a la expresión «expropiación forzosa».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 132; en contra, 174; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda .
Enmiendas a los artículos 8.3, párrafo segundo, 23, 78, 130 y 139.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 176; en contra, 131; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE : Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al resto de los artículos, 8 y 139, más la enmienda al artículo 84.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 293; en contra, 12; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE : Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 9, 27, 47.2, 93.2, párrafo e), 93.6, 100.1, 101.1, 118, disposición adicional sexta, disposición transitoria tercera y disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 187; en contra 118; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 294; en contra, 12; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos y pasamos a votar las restantes enmiendas al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000069)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al proyecto que se ha tramitado y debatido conjuntamente, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En primer lugar, enmiendas al artículo 66 y disposición final.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 188; en contra, 117; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE : Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición transitoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 304; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda a la disposición transitoria.
Restantes enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


- VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Votación final y de conjunto, por tener el proyecto naturaleza de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 187; en contra, 117; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE : En consecuencia, al haber alcanzado la mayoría absoluta del Congreso, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, queda aprobada la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES (CONTINUACIÓN)

- REAL DECRETO-LEY 6/1998, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE SE TRANSFORMA LA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA (ENATCAR) EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. (Número de expediente 130/000048)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación de los reales decretos-leyes presentados y debatidos.
En primer lugar, Real Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar) en una sociedad anónima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 175; en contra, 133; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE : Queda, en consecuencia, a probada la convalidación del Real Decreto-Ley, cuya tramitación como proyecto de ley se ha solicitado y, en consecuencia, se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309?a favor, 136; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley solicitada.


- REAL DECRETO-LEY 7/1998, DE 19 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de expediente 130/000049)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de fecha 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 179; en contra, dos; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE : En consecuencia, queda a probada la convalidación del Real Decreto-Ley, cuya

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tramitación como proyecto de ley también se ha solicitado y, por tanto, se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley convalidado.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (CONTINUACIÓN)

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 14.500.000.000 DE PESETAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EDIFICIOS SITOS EN LA CARRERA DE SAN JERÓNIMO, NÚMEROS 36 Y 40, CON DESTINO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS . (Número de expediente 121/0 00120.)

El señor PRESIDENTE : Pasamos al punto noveno del orden del día, proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 14.500.000.000 de pesetas para la adquisición de los edificios sitos en la Carrera de San Jerónimo, números 36 y 40, con destino al Congreso de los Diputados, que se ha tramitado directamente y en lectura única.
Se somete, por tanto, a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


El señor PRESIDENTE: Queda así aprobado el proyecto de ley por unanimidad del Pleno.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS L EGISLATIVAS.
(CONTINUACIÓN.)

- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14, APARTADOS PRIMERO Y TERCERO, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000082.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones del punto undécimo, que contiene los dictámenes de las Comisiones a varios proyectos y proposiciones de ley.
En primer lugar, dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley sobre modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sometemos a votación la enmienda transaccional del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 296; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 117; en contra, 176; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE : Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, el párrafo 1 del artículo 14.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 295; en contra, 12; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el párrafo p rimero del artículo 14 del dictamen.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 178; en contra, 131; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen de la proposición de ley citada.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE SUPRESIÓN DE LAS PENAS DE PRISIÓN Y MULTA PARA LOS SUPUESTOS DE NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA Y REBAJA DE LAS PENAS DE INHABILITACIÓN PARA DICHOS SUPUESTOS. (Número de expediente 122/000132)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión a la proposición de ley orgánica sobre supresión de las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebaja de las penas de inhabilitación para dichos supuestos.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de ellas, las de la señora Rivadulla, comenzando por las números 16 y 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 17; en contra, 171; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las citadas enmiendas.


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Restantes enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 134; en contra, 171; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, cuatro; en contra, 287; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Vázquez.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 119; en contra, 179; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE : Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 134; en contra, 170; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 177; en contra, 132; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


- VOTACIÓN DE CONJUNTO

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener el proyecto naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; 176 a favor; 132 en contra, abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE : En consecuencia, al haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara, queda a probado con el carácter de orgánico, conforme a la exigencia de la Constitución y del Reglamento del Congreso.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 1.191.528.660 PESETAS, PARA COMPLETAR EL PAGO A DIVERSAS COMPAÑÍAS NAVIERAS DE LAS BONIFICACIONES APLICADAS EN LAS TARIFAS DE PASAJES MARÍTIMOS A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS DEMÁS ESTA DOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA RESIDENTES EN CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y BALEARES, DURANTE EL EJERCICIO DE 1996. NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000104)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.000 millones de pesetas, para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares durante el ejercicio de 1996.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE : Quedan aprobadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 2.157.470.490 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, DERIVADAS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y DE OTRAS RESOLUCIONES, A TITULARES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA. (Número de expediente 121/000110)

El señor PRESIDENTE: El dictamen al proyecto de ley s obre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.000 millones de pesetas para el pago de indemnizaciones derivadas de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional y de otras resoluciones a titulares de las oficinas de farmacia, al no haber tenido

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enmiendas y no haber suscitado debate en el Pleno, se somete a votación por asentimiento. ¿Lo aprueba así el pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE EL PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
(Número de expediente 93/000006)

El señor PRESIDENTE: De la misma forma procederemos con el punto duodécimo del orden del día, dictamen de la Comisión Constitucional sobre el proyecto de convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de extinción de incendios forestales. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


AMPLIACIONES DE PLAZOS DE SUBCOMISIONES (CONTINUACIÓN)

- SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 154/000019)

El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la votación, en sesión secreta, del suplicatorio que nos ha tramitado la Comisión del Estatuto del Diputado, vamos a proceder a someter a votación las ampliaciones de plazos solicitadas por distintas subcomisiones de la Cámara.
En primer lugar, se somete a votación la prórroga del plazo de funcionamiento de la subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público hasta fin de año. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias.


- SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE TELEVISIÓN Y RADIO DE TITULARIDAD PÚBLICA.(Número de expediente 154/000016)

El señor PRESIDENTE: De la misma forma, por asentimiento, se somete a aprobación el aplazamiento, también hasta fin de año, de la finalización de los trabajos de la subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad pública. ¿Lo aprueba así el pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


- SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (Número de expediente 154/000011) El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el aplazamiento

hasta fin de año de la finalización de los trabajos de la subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria para rendir informe al efecto que deberá final izar, insisto,

antes del 31 de diciembre de 1998. Por un grupo parlamentario se ha solicitado que se someta a votación y, por tanto, así se hace.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 176; en contra, 127; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE : En consecuencia, queda a probado el aplazamiento hasta el 31 de diciembre de los trabajos de la subcomisión referida.


Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN)

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE

LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON EL DIPUTADO D.JAVIER BARRERO LÓPEZ. (Número de expediente 240/000005 )

El señor PRESIDENTE: Sesión secreta para proceder a la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el diputado don Javier Barrero López.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 233; en contra, 58; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE : Queda, en consecuencia, a probada la concesión del suplicatorio solicitado.


Continúa la sesión con carácter público.


El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día y las votaciones, se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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