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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 178, de 17/09/1998
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE Año 1998 VI Legislatura Núm. 178 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE Sesión Plenaria núm. 172 celebrada el jueves, 17 de septiembre de 1998 Página ORDEN DEL DÍA: Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados - Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 57431) (Página 9532).
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 61800) (Página 9532).
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes - Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial (número de expediente 130/000050) («BOE» número 194, de 14 de agosto de 1998) (Página 9532).
Enmiendas del Senado - Proyecto de Ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 99-6, de 22 de julio de 1998 (número de expediente 121/000097) (Página 9535).
- Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núme-ro 101-11, de 15 de julio de 1998 (número de expediente 121/000099) (Página 9538).
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales - Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero y segundo relati-vos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al Protocolo anexo al Convenio de Roma. «BOCG. Sec-ción Cortes Generales», serie A, número 203, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000179) (Página 9546).
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la modificación del Acuer-do sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de 1987. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 204, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000180) (Página 9546).
- Sexto protocolo adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996. «BOCG. Sección Cortes Gene-rales», serie A, número 205, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000181) (Página 9546) - Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino Hachemita de Jordania, por otra, hecho en Bru-selas el 24 de noviembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 210, de 26 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000184) (Página 9546).
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Georgia al Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 215, de 2 de junio de 1998 (número de expe-diente 110/000186) (Página 9546).
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 216, de 2 de junio de 1998 (número de expediente 110/000187) (Página 9546).
- Convenio entre España y Rumania complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 217, de 3 de junio de 1998 (número de expe-diente 110/000188) (Página 9546).
- Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de 1998. «BOCG.
Sección Cortes Genera-les», serie A, número 218, de 3 de junio de 1998 (número de expediente 110/000189) (Página 9546).
- Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997. BOCG.
Sección Cortes Generales» serie A, número 219, de 3 de junio de 1998 (corrección de error en «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 223, de 16 de junio de 1998) (número de expediente 110/000190) (Página 9546).
- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 220, de 3 de junio de 1998 (número de expe-diente 110/000191) (Página 9547).
- Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 206, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000182).. 9547 - Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núme-ro 211, de 26 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000185) (Página 9547).


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Página S U M A R I O Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre dos dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que son aprobados.
Continúa la sesión con carácter público.
Página Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 9532).
Página Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de pro-piedad industrial (Página 9532).
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); San-tiso del Valle, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, y Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene la señora ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón) para justificar su ausencia en el momento de la presentación del Real Decreto-Ley.
Sometido a votación el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propie-dad industrial, es convalidado por unanimidad.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-Ley como proyecto de ley, es rechazada por 118 votos a favor y 143 en contra.
Página Enmiendas del Senado (Página 9535).
Página Proyecto de Ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar (Página 9535).
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coa-lición Canaria; Meyer Pleite, del Grupo Parlamen-tario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Con-vergència i Unió); Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del Congreso, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página Proyecto de Ley del sector de hidrocarbu-ros (Página 9538).
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Landeta Álvarez-Valdés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno por alusiones interviene la señora Mendizá-bal Gorostiaga.


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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas - Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 4 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000113) (Página 9547).
- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. «BOCG. Congre-so de los Diputados», serie A, número 116-1, de 25 de mayo de 1998 (número de expedien-te 121/000115) 9547 - Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. «BOCG.
Congreso de los Dipu-tados», serie B, número 164-1, de 3 de marzo de 1998 (número de expediente 127/000006) (Página 9579).
Página Se procede a las votaciones de las enmiendas del Sena-do al proyecto de ley del sector de hidrocarburos.
Página Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacio-nales (Página 9546).
Página Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los protocolos primero y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración común relativa al Protoco-lo anexo al Convenio de Roma (Página 9546).
Sometido a votación se aprueba por asentimiento.
Página Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la modifi-cación del Acuerdo sobre el transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de 1987 (Página 9546).
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página Sexto Protocolo adicional al Acuerdo gene-ral sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996.. 9546 Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comuni-dades Europeas y sus Estados miem-bros, por una parte, y el Reino Hache-mita de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 1997.. 9546 Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página Declaración de aceptación por España de la adhesión de Georgia al Convenio Página sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 9546).
Sometida a votación se aprueba por asentimiento.
Página Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de 1998 (Página 9546).
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página Convenio entre España y Rumania com-plementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.. 9546 Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marrue-cos, modificando el Convenio general de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de 1998 (Página 9546) Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Página Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997 (Página 9546).
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Página Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Euro-pea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo (Página 9547) Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


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Página Acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997 (Página 9547).
Sometido a votación, se aprueba por 295 votos a fa-vor, 12 en contra y una abstención.
Página Acuerdo de asociación económica, con-centración política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 1997... 9547 Sometido a votación, se aprueba por 296 votos a fa-vor, 12 en contra y una abstención.
Página Dictámenes de comisiones sobre iniciati-vas legislativas (Página 9547).
Página Proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias (Página 9547).
Página Proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y normas tribu-tarias (Página 9547).
Intervienen en el debate los señores Chiquillo Barber, Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Saura Lapor-ta, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodrí-guez, del Grupo Parlamentario de Coalición Cana-ria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parla-mentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Mar-tínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquier-da Unida; Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de rectificaciones intervienen los señores Saura Laporta , Ríos Martínez, Eguiagaray Uce-lay y Martínez-Pujalte López.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presenta-das al proyecto de ley del Impuesto sobre las Perso-nas Físicas y otras normas tributarias.
A continuación, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que se aprueba por 167 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presenta-das al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y normas tributarias.
Finalmente, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que se aprueba por 325 votos a favor y dos en contra.
Página Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Página 9579) En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, intervie-ne el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los seño-res Blanco García, del Grupo Socialista del Congre-so, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamen-tario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el artículo único, punto trigésimo, artículo 24 del Estatuto y el punto trigésimo primero, artículo 25 del Estatuto, se aprueba por 284 votos a favor, 13 en contra y una abstención.
Sometido a votación el resto del dictamen de la Comisión, se aprueba por 296 votos a favor y uno en contra.
Página Votación de conjunto (Página 9582).
Página Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Página 9582) Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, se aprueba por 286 votos a favor y 12 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (núme-ro de registro 57431).
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (núme-ro de registro 61800).
Se someten a votación los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que son aprobados.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 8/1998, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL (número de expediente 130/000050).
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, debate sobre la convalidación o derogación de rea-les decretos-leyes. Real decreto-ley 8/1998, de fecha 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre este real decreto-ley? (Pausa.) Por el Grupo canario tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presi-dente, con gran brevedad.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley porque trata sencillamente de adaptar el derecho positivo español a la normativa comunitaria que se deriva del registro de la propiedad industrial en materia de su competencia.
Consideramos que hay tres factores fundamentales en el cambio legislativo que plantea el real decreto-ley y que por adaptar rápidamente a los intermediarios espa-ñoles a los empresarios y a todo el mundo relacionado con el registro de patentes y marcas justifica la urgencia del mismo. En primer lugar, hemos de adaptar nuestra actual Ley 11/1986 de patentes para evitar una discrimi-nación con los operadores comunitarios, dado que la ley estaba concebida fundamentalmente por su propia fecha de 1986, el año de ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea, donde se hacía una dis-criminación con los países europeos...(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mardones.
Señorías, guarden silencio, por favor, está resultando muy dificultoso para el señor Mardones no ya hacerse oír sino expresarse, y mira con intención de ser auxilia-do por la Presidencia, lo cual hago con gusto y les ruego también, a pesar de que a estas primeras horas de la mañana siempre se comprende que tengan muchos asuntos que despachar y algunos deberes que cumplir, que lo hagan en silencio.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy agradecido por su amable protección , señor presidente.
Como decía no se puede hacer una discriminación considerando extranjeros a los países miembros de la Unión Europea que con España conforman este con-glomerado, donde se han producido sentencias en el mundo deportivo, en el mundo económico, en el mundo fiscal de la homogeneidad de este concepto.
Por tanto, hay que referir el concepto de extranjero a terceros países que no sean miembros de la Unión Europea.
En segundo lugar, está la acomodación al Reglamen-to número 40, de 1994, sobre el procedimiento de transformación de marcas en el ámbito europeo.
Un mercado unitario tiene que modificar también las mar-cas que, siendo de distinta denominación pero referi-das a un mismo producto, están ahí.
Por tanto, está dentro de la lógica de homologación del Derecho.
El tercer punto que queremos redactar en nuestra exégesis para dar el voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley es el referente a las tasas que los servicios dentro de la Unión Europea tienen que homologar, dado que nuestra Ley 25, de 1998, que modifica el régimen legal de tasas estatales y locales en la ordenación del patrimonio público, de las prestacio-nes patrimoniales, se entiende que debe estar adecua-da a la legislación europea.
Señor presidente, vamos a destacar la última de las posibilidades que este real decreto-ley nos trae, que es sencillamente una utilización de inteligencia política de la posición favorable de España, dentro del contexto europeo, para aquellas marcas y registros de propiedad que estén redactados en castellano. Creo que es impor-tante que España juegue este papel en la introducción de lo que se denomina en el lenguaje técnico el exa-men preliminar para la búsqueda y los exámenes de las patentes que estén redactadas en castellano; con rela-ción al continente iberoamericano creemos que esto tiene una importancia trascendental y es el último de los valores positivos que vemos en la legislación espa-ñola que este real decreto-ley va a homologar. De aquí la razón de nuestro voto favorable al mismo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mar-dones.
Por el Grupo de Convergència i Unió había solicita-do la palabra el señor Guardans i Cambó.
Tiene la palabra.


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El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para justificar nuestro voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley 8/98, de 31 de julio. Se trata, y de ahí la urgencia, básicamente, aunque se aproveche para ampliar tam-bién algún otro ámbito, de generalizar la libertad de prestación de servicios en el ámbito de la prestación de los servicios de los agentes de propiedad industrial, ampliando lo que era una libertad en un ámbito con-creto en el que no estaba siendo aplicada hasta ahora, puesto que la ley hasta ahora exigía la existencia de un despacho profesional con residencia en España, inclu-so para los ciudadanos comunitarios que quisieran prestar estas funciones.Dado que en el ámbito comuni-tario los demás Estados miembros de la Unión Europea no son propiamente extranjeros sino que son parte de un solo espacio, cada vez más político pero en todo caso ya netamente económico, tenía toda la lógica que ese requisito quedara suprimido.
En segundo lugar, también la modificación de la rela-ción entre la marca comunitaria y la marca nacional tenía su lógica, puesto que efectivamente la misma noción de marca es netamente territorial y la modifica-ción de su ámbito de delimitación espacial en el territo-rio podía alterar su propia esencia. Sin embargo, de nuevo hay que reiterar que la marca comunitaria no es tampoco una marca extranjera sino que tiene un ámbi-to territorial superior. Por eso también se justifica una mejor adaptación, un mejor encaje entre lo que es la marca de ámbito estatal, estrictamente la marca espa-ñola y la marca comunitaria.
También era oportuna -y nos parece correcto que se haya aprovechado este cauce- una modificación del requisito de examen previo en el ámbito de las patentes, así como una pura implementación de lo que es la fórmula de localización de patentes en el ámbito de los países de la lengua española.
Por último, también hay un retoque en lo que son estrictamente las tasas, aunque entendemos que hay un error en la exposición de motivos, en la forma en que eso se razona en la propia redacción de la exposición, pero es un error de categoría menor y no creemos que deba justificar en este punto concreto ninguna obser-vación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
El señor Santiso a su vez había solicitado la palabra por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente, simplemente para manifes-tar que nuestro grupo va a votar favorablemente este real decreto-ley que precisamente se trae por el proce-dimiento de urgencia por la excesiva dilación en haber presentado en su tiempo un proyecto de ley que desarrollara las normas comunitarias. Hay que recordar que las últimas son del año 1994. Por tanto, está bien justifi-carlo con urgencia, pero con urgencia provocada por-que la propia Comunidad Europea nos ha requerido y advertido de que, si no, podía entrar en un procedi-miento sancionador.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
El señor Cuevas, por el Grupo Parlamentario Socia-lista, tiene la palabra.
El señor CUEVAS DELGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante un decreto del que lo primero que habría que decir es que nos parece insólito que no haya sido presentado por ningún ministro en esta Cámara. Parece que es un decreto devaluado. La ver-dad es que, aparentemente, éste es un decreto que no tiene mayor problema. Incluso la justificación de la urgencia parecería que es acertada. Pero, si lo leemos detenidamente, nos daremos cuenta de que la justifica-ción por la urgencia, que es la recomendación de la Comunidad Europea para que se adapten determinadas normativas, se puede hacer también planteando un proyecto de ley y no daría lugar a ningún procedimien-to de la Comisión.
No obstante, para entrar en el fondo de la cuestión, las dos primeras partes del decreto nos parecen acertadas, razonables, que son la adaptación en lo que se refiere a la modificación de determinados artículos de la Ley de la propiedad industrial. Pero creo que en este decreto -y quizás ahí esté la clave de por qué está pasando clandestinamente- se hace también una modificación de las tasas de una ley que aproba-mos hace escasamente tres meses. Nos parece, como mínimo, un desacierto y una práctica poco recomenda-ble que el Gobierno modifique una ley y, a los tres meses, plantee, mediante un real decreto, la modifica-ción de las modificaciones de esa ley. Es más, la redac-ción, como decía el portavoz del Grupo Catalán (Con-vergència i Unió), es un poco confusa, porque no sabemos realmente por qué se modifica esa tasa. Noso-tros vamos a dar nuestro voto favorable al decreto, pero pedimos y esperamos que el grupo mayoritario y los grupos que apoyan al Gobierno estén de acuerdo en que ese decreto se tramite como proyecto de ley, para que podamos estudiar con mayor profundidad las modificaciones de esas tasas, el alcance que tienen. En todo caso, la justificación de por qué se hace ese real decreto no estaría en contradicción con que, una vez aprobado, se tramitara como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón Torre.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.


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Señorías, deseo anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a la convalidación del presente real decreto, abundando en los argumentos que ya han expuesto otros grupos de la Cámara.
En primer lugar, la razón de la urgencia, como ya se ha explicado, se encuentra justificada porque la regula-ción que se encontraba en la Ley de patentes, concreta-mente en los artículos 155.2 y 157.1, estaba vulnerando con claridad los principios de no discriminación por razón de nacionalidad y del principio de libre presta-ción de servicios en el seno de todos los Estados miem-bros de la Unión. Esta vulneración había dado ya lugar a un expediente informativo por parte de la Comisión Europea que data del año 1988. Nos sorprende que algún grupo haya hecho mención a la conveniencia de haberlo tramitado como proyecto de ley o que hubiera sido suficiente tramitarlo como proyecto de ley, cuando ya desde el año 1988 la Comisión Europea se encuen-tran pendiente de que el Gobierno español modifique esta normativa, y ha sido este Gobierno el que se ha encontrado con la urgencia de dar satisfacción a ese requerimiento, porque se estaba vulnerando la norma-tiva comunitaria.
En segundo lugar, también se ha mencionado por algún otro grupo de la Cámara la conveniencia de introducir, asimismo con carácter urgente mediante este real decreto, el llamado procedimiento de examen pre-vio; procedimiento que, además, se establece con carácter optativo. Señorías, creemos que esta regula-ción es necesaria y urgente para nuestro país, porque no hay que olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea que cuenta con menor índice de registro de patentes; estamos muy lejos de Alemania, de Francia, ya que nos encontramos en los últimos lugares de la Unión Europea en cuanto a registro de patentes. Hay que señalar que a esta situación está coadyuvando el hecho de que en el sistema anterior el Registro de Patentes español obligaba, en todo caso, a un examen de la patente. Este procedimiento es muy costoso, muy complejo, hay que examinar más de 20 millones de documentos -son cinco plantas de docu-mentos las que tiene la Oficina de Patentes española, 5.000 metros cuadrados-, y obligar a un pequeño investigador a seguir este procedimiento largo burocrá-ticamente y costoso económicamente era desconocer la realidad de la investigación española. Por tanto, este procedimiento con carácter optativo permitirá que en cada caso sea el solicitante de la patente el que esta-blezca, con arreglo a su estrategia, a su dimensión y a sus capacidades de inversión, el grado de protección que quiere dar a su patente.
Por último, señorías, en cuanto al procedimiento que establece la posibilidad de transformar la patente comunitaria en patente nacional, la urgencia y la nece-sidad están plenamente justificadas. En ese sentido, queremos aclarar alguna duda que parece se ha produ-cido en el transcurso del debate respecto a las tasas.
Señorías, este real decreto no crea ninguna nueva tasa, no modifica el sistema de tasas que existía previamente. Lo que ocurre es que la patente comunitaria establece como posibilidad la patente llamada multicla-se, es decir, que con una sola patente se puede operar en todos los sectores económicos susceptibles de emplear esa patente y marca.
En el sistema español hay cuarenta y dos clases de patentes en función del sector económico a que afecte, desde el vino hasta el calzado y el textil. Si establece-mos un procedimiento por el cual la marca comunitaria que puede ser multiclase, que afecta a los cuarenta y dos sectores, se traslade al sistema español mediante el pago de la tasa de una sola clase, estaríamos discrimi-nando, señorías, a aquellas patentes ya españolas, ya nacionales que se encuentran pagando una tasa por cada una de las clases, sea vino, sea calzado, sea textil.
Luego, también en este caso está plenamente justifica-da tanto la urgencia como la necesidad de esa modifi-cación en cuanto al sistema de tasas, para que la trans-formación de patente comunitaria en patente nacional no suponga un detrimento para las arcas públicas y mucho menos una discriminación para las patentes de carácter nacional.
Nada más y muchas gracias, señorías. (La señora ministra de Justicia, Mariscal de Gante y Mirón, pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peón Torre.
En nombre del Gobierno, ha solicitado la palabra la ministra de Justicia, señora Mariscal de Gante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Pido la palabra exclusivamente para justificar la posición del Gobierno que en este momen-to representa la ministra de Justicia respecto a la con-validación del real decreto-ley. En absoluto ha sido una cuestión formal el no estar en su presentación. Mi ausencia se ha debido a que la sesión era secreta y esta ministra no podía encontrarse en el hemiciclo.
Eviden-temente, el Gobierno valora muchísimo este real decre-toley y las posiciones que han manifestado los diver-sos intervinientes en el debate.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
En consecuencia, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 8 del presente año, de fecha 31 de julio, que acaba de debatirse sobre medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 257.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unani-midad.


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Se ha solicitado por el Grupo Socialista la tramita-ción como proyecto de ley del real decreto-ley convali-dado.
Se somete a votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 118; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, su tramita-ción como proyecto de ley queda rechazada.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAS Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR (número de expediente 121/000097).
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, enmiendas del Senado, cuya votación se producirá al final de los proyectos que figuran en este apartado del orden del día, que comienza con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Mixto ha pedido la palabra el señor Saura. Han pedido también la palabra por el Grupo de Coalición Canaria el señor Mardones. El Grupo Vasco (PNV) o el Grupo de Convergència i Unió ¿desean intervenir sobre el proyecto de ley de prohibición de minas antipersonas? (Pausa.) No hay necesidad de fija-ción de posición expresa en el Grupo Vasco. ¿En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) No hay necesidad de fijación de posición expresa. Por el Grupo de Izquierda Unida sí interven-drá el señor Meyer. El señor Estrella y el señor Izquier-do, por los Grupos Socialista y Popular. (Rumores.) Si guardan silencio, señorías, puede comenzar el debate con la intervención del señor Saura, por el Grupo Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar que evidentemente votaremos a favor de las enmiendas del Senado, que son dos enmiendas por las que el Gobierno no sólo ha de remi-tir información al Congreso, sino también al Senado.
Y he de expresar hoy nuestra satisfacción porque por unanimidad de la Cámara se apruebe la ley de prohibi-ción de fabricación y difusión de minas antipersonas.
Ya habíamos manifestado la importancia de esta ley, pero aprovecho esta intervención para insistir en que la satisfacción que expreso en nombre de mi grupo en esta sesión viene teñida de alguna manera por el hecho de que el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó una declaración interpretativa de la Convención de Oslo, que supone la posibilidad de que el ejército espa-ñol tenga intervenciones militares con otros países que no han firmado dicha convención y la de Ottawa para utilizar minas antipersonas y por lo tanto, de hecho, en la firma de Oslo y de Ottawa España puede quedar fuera. Creemos que el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes, que ha de estar sometido a poste-rior trámite parlamentario, vulnera el espíritu que ha orientado los trabajos en el Congreso y en el Senado para la aprobación de esta ley e insisto en expresar nuestro voto afirmativo y nuestra satisfacción por la aprobación que se producirá hoy, aunque quiero decir que la declaración interpretativa aprobada el pasado viernes vulnera el espíritu de esta ley y que en conse-cuencia presentaremos posteriormente nuestras pro-puestas, cuando se tramite la declaración interpretativa.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presi-dente.
Voy a intervenir con gran brevedad también, dado que se trata sólo de dos enmiendas puramente forma-les, en la medida de que el texto que salió de esta Cámara haciendo referencia al imperativo para el Gobierno de informar al Congreso de los Diputados se sustituye por informar a las Cortes Generales, es decir, a las dos Cámaras, Congreso y Senado.
Nos congratulamos, y de ahí el mayor fervor de nuestro voto favorable a convalidar estas dos enmien-das y a aprobarlas, por ser puramente formales, como he dicho, por el contenido total de este proyecto de ley que recoge el criterio que ya Coalición Canaria había manifestado en el primer debate, habiéndose aceptado en los trámites de Comisión nuestras enmiendas para asumir el compromiso por parte del Gobierno español de que los técnicos del Ministerio de Defensa y la actuación de nuestro departamento de Asuntos Exterio-res recogieran el espíritu de las conferencias de Ottawa y de Oslo sobre las minas antipersonas y pudieran actuar también en los sistemas de cooperación a través de Naciones Unidas o de organismos internacionales en operaciones exteriores de desminado en aquellos países en que las circunstancias bélicas hubieran hecho posible la instalación de estos artefactos de muerte.
Por todas estas razones y congratulándonos de dar nuestro voto definitivo a la aprobación de este proyec-to de ley, Coalición Canaria quiere dejar este testimo-nio en nuestro «Diario de Sesiones».
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Meyer, por el Grupo Parla-mentario Federal de Izquierda Unida.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente esta ley. Las enmiendas del Senado -ya lo han dicho los anteriores portavoces- son absolutamente razonables.


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Quiero destacar que estamos ante una ley con una carga pacifista sin precedentes en los últimos quince, veinte o treinta años.
Se ha conseguido algo que pare-cía imposible: acabar con una de las lacras que ha padecido la sociedad civil en casi todos los conflictos desde el comienzo de este siglo. La mutilación, la muerte, la devastación han sido las constantes que han padecido las sociedades civiles en todos los conflictos armados. Resaltaría asimismo el impulso de esta ley, que por primera vez se ha conseguido a través de la propia sociedad civil. En Ottawa se hablaba de que el poder alcanzado por las ONG organizando, ampliando, proponiendo esta normativa internacional que prohi-biera el uso, almacenamiento, producción y transferen-cia de las minas antipersonas ha marcado un hito en lo que significa el pacifismo, las ideas del pacifismo. Por tanto, estamos ante una ley importantísima.
Una vez que ya tenemos la ley, se trataría de que el Gobierno español fuera uno de los primeros impulsores a nivel internacional para que ningún Estado del mundo quede fuera de la aplicación de este acuerdo.
Nos preocupa que tanto Estados Unidos como Turquía sean reticentes a la firma del tratado de Ottawa y nos preocupa mucho más que el Gobierno español se pueda plegar a esta posición de Estados Unidos y Turquía en su aplicación.
Estados Unidos y Turquía son países OTAN, España es país OTAN y desde luego nosotros no estamos dispues-tos, y vamos a estar muy atentos, a que la lógica de Estados Unidos y de Turquía imponga un aplazamien-to, una lectura restrictiva, una lectura no clara del trata-do a favor del cual vamos a votar a través de esta ley de prohibición total de minas antipersonas.
Finalmente, también he de decir que esperamos que en su artículo 6, relativo a la cooperación internacional y apoyo a los programas de desminado, el Gobierno español no sea cicatero y sea capaz de aportar los medios técnicos financieros suficientes para colaborar en el desminado de los países que han sufrido esta lacra. Además, si con los datos que tenemos al día de hoy la comunidad internacional no es capaz de poner más dinero para los programas de desminado, nos podemos encontrar con situaciones como la de Cambo-ya.
Si Camboya sigue al ritmo al que va en estos momentos en relación al desminado, tardaría cien años, cien, en conseguir el desminado total de su territorio.
Por tanto, habría que hacer un esfuerzo de solidaridad internacional para incrementar los medios y conseguir un desactivado definitivo de todas las minas antiperso-nas, de todos los vectores de lanzamiento de minas antipersonas en el mundo.
En consecuencia, como ya he dicho, vamos a votar a favor y vamos a estar muy atentos para que no haya ninguna lectura restrictiva en la aplicación internacio-nal de esta ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha solicitado a la Presidencia poder intervenir pese a haber pasado su turno, porque, por razones que ha justificado ante la Presidencia, no han podido solici-tar el turno en el momento adecuado. Si no tienen inconveniente los grupos que ya han intervenido y los grupos Socialista y Popular, ahora daríamos el turno al señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente, por su interpretación generosa del Reglamento y muchas gracias a los grupos por permitir-nos hablar.
Simplemente quiero confirmar el voto favorable de Convergència i Unió a este proyecto de ley, ya en su fase final. Este proyecto de ley es el resultado -los otros oradores lo han recordado- de una amplia cam-paña social en todo el mundo y especialmente en el Estado español para prohibir las minas antipersonas y de la colaboración que los diversos grupos políticos hemos encontrado en el mundo civil en defensa del derecho fundamental de la vida.
En los próximos días se abre la discusión, el debate parlamentario y político sobre la interpretación que el Gobierno pretende hacer del propio tratado de Ottawa y nuestro grupo va a seguir con mucha cautela este debate, buscando información e intentando analizar qué otras posiciones van a mantener los Estados tanto de la Unión Europea como de la propia Alianza Atlánti-ca, porque nos parece que el objetivo fundamental de Ottawa y de este proyecto de ley, ya casi ley, es preci-samente que no se utilicen las minas antipersonas en ninguna parte del mundo. Si la interpretación que el Gobierno pretende hacer del tratado de Ottawa no sirve para ese objetivo, desde el Grupo Parlamentario Catalán vamos a discutirla en términos políticos.
Esperamos, en cambio, que hoy lo importante sea la aprobación del proyecto de ley y manifestamos nuestra satisfacción y nuestra voluntad de continuar compro-metiéndonos en esa lucha para acabar con las minas antipersonas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor presidente.
Culmina hoy la tramitación de la ley española sobre prohibición total de minas antipersonas, un gesto que acompaña el proceso de adopción de la convención de Ottawa, un deseo que había sido expresado hace ahora un año unánimemente por la Cámara. Estuvimos pidiendo al Gobierno que remitiera a la Cámara un pro-yecto de ley. No lo hizo. Lo hizo el Grupo Socialista en una proposición y finalmente el Gobierno remitió su propio proyecto de ley. Fue reticente el Gobierno en adoptar el acuerdo en Oslo; por fin lo hizo, tarde. Se retrasó también el Gobierno en remitir a la Cámara la

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convención de Ottawa, que tenía que haber sido adop-tada en el Pleno de hoy por el Congreso, pero el Gobierno pidió su retirada del orden del día del Pleno por razones que desconocemos.
En cualquier caso, hoy es un buen día, porque apro-bamos una ley que, además de las provisiones de la convención de Ottawa, introduce elementos, recogidos de enmiendas socialistas, como que no solamente adoptamos un régimen de prohibición total de las minas antipersonas, sino que además eso debe impreg-nar el conjunto de las acciones de nuestra política de seguridad y de defensa, de manera que, por ejemplo, los documentos de doctrina y estrategia excluyan de forma expresa la utilización de las minas antipersonas.
Y esto vale tanto para operaciones que realicen las Fuerzas Armadas españolas por sí solas como las que realicen junto con fuerzas de otros países.
En definitiva, señor presidente, tenemos que felici-tarnos por la adopción de la ley, pero hemos de decir que la noticia hoy no es que España esté adoptando esta ley, que España, un país con uno de los índices mayores de desarrollo humano, adopte la ley. La noti-cia hoy es -y hay que felicitarse por ello- un país pequeño, pobre, con un índice de desarrollo humano bajísimo, que se llama Burkina Faso. Burkina Faso ha conseguido, desde la pobreza, lo que nosotros había-mos pedido al Gobierno que hiciera: estar entre los cuarenta primeros países que ratificaran la convención de Ottawa, con lo cual, a partir del día de ayer, comien-za el proceso de entrada en vigor de la convención.
Hemos llegado tarde, ha llegado tarde el Gobierno, lo lamentamos, y esperamos que no se produzcan más retrasos ni más distorsiones. El Gobierno adoptó el viernes una declaración interpretativa de la convención de Ottawa. La convención de Ottawa no admite ningún tipo de reservas. Esperamos conocer qué pretende el Gobierno con esta declaración interpretativa, porque, si se trata de una reserva, no tendría lugar; si se trata de decir que no va contra la convención participar en operaciones o ejercicios de carácter militar con países que no sean signatarios de la Convención, es una obviedad; si se trata de decir que se quiere legitimar participar en operaciones donde se utilicen o se plani-fique el uso de minas antipersonas, el Grupo Socialista estará en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estrella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presi-dente.
Señorías, ya lo han dicho otros portavoces, termina hoy el proceso que no hace muchos meses -hace más bien pocos, apenas tres- empezamos en esta Cámara de tramitación de la ley española de prohibición de minas antipersonas. Con esta ley -lo hemos manifesta-do en otros debates-, España se pone a la vanguardia de la comunidad internacional, porque apenas hay tres o cuatro países en el concierto internacional que ten-gan una ley de prohibición de minas antipersonas.
Como decía, señorías, se pone a la vanguardia de la comunidad internacional en cuanto al inicio de erradi-cación de esa lacra tan importante que es la utilización de este arma tan letal. Es la primera vez que se declara ilegal un tipo de arma; lo hace España dentro del más amplio consenso internacional y también, creemos, señorías, con el más amplio consenso parlamentario y social.
No tienen por qué tener SS.SS. ningún tipo de reti-cencia a la declaración interpretativa que el Gobierno pretende hacer sobre el tratado de Ottawa. Ya lo expli-có el Gobierno la semana pasada en comparecencia a petición propia en la Comisión de Asuntos Exteriores y lo explicará sin duda a lo largo de su tramitación parla-mentaria.
Para tranquilizar al señor Estrella, y refiriéndome a sus palabras finales, tengo que decir que creo que lo que el Gobierno pretende hacer es simplemente incor-porar la declaración que ustedes incluían en aquella proposición que fue tramitada y lo que han hecho tam-bién otros países nada sospechosos de estar en contra del consenso internacional en este caso, como Canadá o el Reino Unido. Pienso, señorías, que estamos ante un momento importante; por lo tanto, no deben expre-sar reticencias de ningún tipo. Tampoco busquemos titulares. No es la noticia la que ha expresado el señor Estrella; la noticia es que por fin España tiene una ley que en este Parlamento hemos solicitado muchos gru-pos parlamentarios durante muchos años. Y recuerdo al señor Estrella que se lo llevamos solicitando a SS.SS.
el conjunto de los grupos parlamentarios, cuando éra-mos el conjunto oposición, algo así como 14 años. Una semana después de tomar posesión este Gobierno, una semana después, en España ya era efectiva y eficaz la prohibición de exportar y de producir todo tipo de minas inteligentes.
Una semana después. Porque fue el primer acto del primer Consejo de Ministros del Gobier-no Aznar: prohibir en España la exportación, de mane-ra indefinida, y la producción de todo tipo de minas antipersonas.
España, señor Estrella, se adelantó; el Gobierno de este país se adelantó poco tiempo después a la acción común de la Unión Europea; algo así como seis o siete meses. Desde esta Cámara, todos, junto con el Gobier-no, nos hemos adelantado al conjunto de los países de la Unión Europea y a un buen número de países de la comunidad internacional.
España, señor Estrella, estará, como no puede ser de otra manera, en la ratificación del tratado de Ottawa; estará con la interpretación de los artículos del tratado. Y sin ningún tipo de reservas, porque el tratado lo prohíbe, reservas que SS.SS. quie-ran hacer y que hagamos entre todos, como hemos hecho en la tramitación de esta ley y como haremos seguramente en la tramitación final de la convención.
Yo creo, señorías, señor presidente, que estamos efectivamente ante un momento de extraordinaria

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importancia, porque se va a marcar un hito, sin lugar a dudas, por decisión -y es algo positivo recalcarlounánime del Gobierno, del Parlamento y de la sociedad española, y difícilmente se encontraba la conjunción de estas tres vertientes no hace muchos meses en las cues-tiones políticas en este país; difícilmente se encontraba esta conexión de Parlamento, sociedad y Gobierno. Y esto va a marcar, como decía, una manera definitiva y distinta de estar España en el mundo, en el concierto internacional; una manera muy distinta de orientar nuestra política exterior, una política exterior orientada hacia la cooperación y hacia la paz.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE HIDROCAR-BUROS (número de expediente 121/000099).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Concluido el debate de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, pasamos a las que la Alta Cámara formuló al proyecto de ley del sector de hidrocarburos.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene, en primer lugar, la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
EL Bloque Nacionalista Galego en su debido momen-to se opuso al contenido de esta ley por considerar que no era suficiente desde el punto de vista de la atribu-ción del nivel competencial a las comunidades autóno-mas.
Pensaba que se realizaba un excesivo blindaje a operadores actualmente actuantes, sobre todo en el campo del gas, de tal manera que esta liberalización estaba condenada a convertir el mercado de la energía en general o a seguir manteniéndolo en una especie de marco oligopólico, y que se estaba contribuyendo a que la economía del Estado español estuviese planifi-cada en el sentido energético por intereses particulares, más que por los intereses generales de carácter social y de carácter territorial.
Tal como nos devuelve el Senado el proyecto de ley, hay que reconocer, como siempre, que las enmiendas de carácter técnico y gramatical vienen a mejorar sensi-blemente el texto en el aspecto que se refiere a su redacción, igual que algunas preocupaciones de carác-ter medioambiental a las que nosotros, por supuesto, no nos vamos a oponer. Sin embargo, se sigue mante-niendo, incluso dentro de una visión oligopólica, un excesivo blindaje a favor del actual operador de gas natural, que, en concreto, en el caso del territorio de Galicia va a perjudicar gravemente cualquier otra posi-bilidad de montar plantas regasificadoras o incluso el intento de gasificar el país con la potencia debida para fines de carácter industrial.
Por este motivo, el Bloque Nacionalista Galego pide la votación por separado y se va a oponer taxativamen-te a la transitoria décimoquinta, porque consideramos que es un cheque en blanco para que, en concreto, alguna empresa que fue pública y hoy está totalmente privatizada pueda controlar mercados territoriales, sin servir, sin embargo, a sus demandas y a sus necesida-des.
Por otra parte, algún tipo de equilibrio de intere-ses en relación con los transportistas y las cooperativas, que parece que en el caso del Congreso de los Diputa-dos se había llegado a una relación equilibrada, ahora aparece claramente desequilibrada otra vez, a su vuelta del Senado. Me refiero a la transitoria tercera, en contra de la cual lógicamente votaremos.
No nos vamos a oponer a otro tipo de enmiendas que no acaban de satisfacernos sobre la participación de las comunidades autónomas incluso en organismos que tienen que velar por el conjunto de la planificación del mercado o del sistema energético, pero nos absten-dremos, porque consideramos que no queda claramen-te regulada y sobre todo asegurada la participación de las comunidades autónomas con una voz y un voto ase-gurados continuamente; es excesivamente fragmentario y nos parece que no lo podemos aceptar.
Por estos motivos, en sustancia nos sigue pareciendo una ley que no va a servir de forma equilibrada para todos y particularmente para Galicia y pensamos que, bajo esta capa aparente de competitividad, se encubre pura y simplemente la protección de los intereses de unos cuantos oligopolios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodí-guez.
Señor Gómez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente las enmiendas del Senado. Y lo hacemos, no sólo por las cuestiones de fondo que aportan, sino también por las correcciones técnicas y de estilo que señala la Alta Cámara.
Nosotros consideramos que esta ley es importante para el país, porque el propio producto, el petróleo, sus derivados y el gas, aparte de ser el negocio mayor del mundo, constituye algo importantísimo para la población actualmente. Hace 30 años yo leía que a principios del año 2000, a finales del siglo, ya tendría-mos la suplantación del petróleo por energías alternati-vas.
Y ahora estamos regulando en España la liberaliza-ción del sector, tanto en el campo del petróleo como en el del gas. No es una liberalización absoluta, por las circunstancias de su gran consumo, pues utilizamos el petróleo y sus derivados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en múltiples productos y en múltiples actividades, que van desde el consumo del nailon hasta la calefacción, la conducción, etcétera. Lo cierto es que ahora se trae una liberalización, repito, que nos parece importante, aunque se mantienen cier-tas prerrogativas.


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Nosotros, Coalición Canaria, consideramos que haberse respetado los regímenes insulares y extrape-ninsulares es un acierto que ya aportó a la ley, en forma de enmienda, Coalición Canaria. Y repito que estimamos que esto va a ser un beneficio para los ciu-dadanos, para los ciudadanos de a pie, porque se van a encontrar con el hecho de que van a desaparecer los precios máximos de la gasolina, sus tarifas dependerán exclusivamente de las compañías petrolíferas, teniendo el Ministerio de Industria menos trabajo. Habrá una libertad en el suministro de bombonas de gas; aunque Repsol anuncie que continuará, vendrán nuevos com-petidores y se podrán adquirir hasta en los supermerca-dos.
La liberalización del gas va a ser inclusive superior a la que marca la reciente directiva europea. Veremos rápidamente sus ventajas, porque esta ley va a entrar en vigor tan pronto como aparezca en el Boletín Oficial del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar las enmiendas que remite el Senado a esta Cámara en rela-ción con este proyecto de ley de hidrocarburos al igual que va a apoyar el conjunto de la ley, como ha venido realizando en los distintos trámites parlamentarios en esta Cámara. Nos encontramos con uno de los pilares de la política energética del Gobierno y, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Vasco, queremos compartir los objetivos y las propuestas que se recogen en este proyecto de ley.
Como grupo parlamentario, hemos planteado una serie de objetivos que hemos ido cubriendo con el Grupo Parlamentario Popular y con la Secretaría de Estado para la Energía con una metodología de trabajo interesante. Y los distintos objetivos y los distintos pun-tos de vista han podido concluir en una ley que es tan importante que es uno de los pilares de la política ener-gética y que indudablemente va a ayudar a generar una dinámica que abarate los costes energéticos y a que se dé una mayor competitividad en las empresas.
Además de esto, que ha sido señalado por los porta-voces que han intervenido anteriormente, quería desta-car también, como temas innovadores, algunos que tie-nen una especial influencia social, como son introducir criterios de protección y restauración medioambiental, la creación de la figura del operador u operadores del sistema en los propietarios de las redes de transportes, la obligación del mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones por parte de los concesionarios o la liberalización del suministro de gases licuados, entre otros. Hemos trabajado este proyecto de ley para adap-tar los contenidos de un tema tan importante como es la política energética, los ámbitos competenciales, tanto del Ministerio de Industria y Energía como de los órga-nos competentes de las comunidades autónomas, y debemos subrayar ahora, al finalizar los trámites, que esta colaboración interinstitucional, en nuestro caso por parte del Gobierno vasco, la Secretaría de Estado para la Energía y los grupos parlamentarios Popular y Vasco, ha sido ejemplar y edificante y así quisiéramos que constara en el «Diario de Sesiones». Hay trabajos, señor presidente, que se le encomiendan a uno y, cuando se terminan, se siente la satisfacción del trabajo bien reali-zado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues enhorabuena y muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió valora positivamente el texto del proyecto de ley del sector de hidrocarburos, apro-bado inicialmente por el Congreso, posteriormente por el Senado y que hoy vamos a refrendar a través de las enmiendas que vienen de la Cámara Alta. En dicho pro-yecto de ley se han introducido importantes modifica-ciones, incorporadas a través del trámite parlamentario del Congreso y de Senado, encaminadas a conseguir diversas finalidades en las que nuestro grupo ha traba-jado intensamente con el Grupo Popular, con el Gobierno, con la Secretaría de Estado de Energía, así como con todos los grupos parlamentarios que han apoyado dicho proyecto en los diferentes capítulos que hoy podemos observar en el «Diario de Sesiones».
Dichos objetivos van encaminados fundamentalmente a conseguir una ley que establezca un marco jurídico del sector de hidrocarburos, respondiendo tanto a la nece-sidad de adaptar los diversos textos legales existentes al reparto competencial actual y asegurando un mayor respeto de las competencias estatutariamente atribuidas a las comunidades autónomas, como a la necesidad evi-dente de introducir elementos de liberalización en los diversos sectores regulados por la ley, especialmente en el sector gasista, acompañados de los adecuados mecanismos transitorios, al efecto de que esta liberali-zación se efectúe progresivamente.
Desde la perspectiva autonómica, que es una de las finalidades apuntadas y en la que nuestro grupo ha tra-bajado de forma intensa, valoramos positivamente la matización que se ha efectuado sobre el carácter básico de los diversos preceptos que integran la ley, de tal forma que sólo revisten este carácter aquellos que así lo requieren, de acuerdo con el contenido actual de la disposición final primera de dicha ley.
Con la redacción de esta disposición se asegura un mayor respeto de las competencias autonómicas. Igual-mente, se ha potenciado la intervención de las comunidades

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autónomas en el ámbito de la exploración, inves-tigación y explotación de los hidrocarburos, posibilidad que no venía reconocida en la normativa anterior. El mayor reconocimiento de las competencias autonómi-cas también se ha evidenciado en la existencia de regis-tros territoriales, donde se inscriben las instalaciones radicadas en los correspondientes ámbitos territoriales, tal como ocurre con las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos.
En cuanto a la introducción de una mayor liberaliza-ción, cabe destacar las siguientes cuestiones, que, a nuestro entender, son importantes en dicho proyecto de ley: el que la actividad de distribuir al por menor carburantes y combustibles petrolíferos pueda ser ejer-cida libremente por cualquier persona física o jurídica, sin menoscabo de la obligación de que las instalacio-nes utilizadas para el ejercicio de esta actividad cum-plan las exigencias técnicas y de seguridad que corres-pondan.
Respecto al conjunto de actividades relacionadas con el transporte, la distribución y comer-cialización de combustibles gaseosos para su suminis-tro por canalización, se podrán realizar libremente sin necesidad de obtener la concesión administrativa correspondiente que se exigía en la regulación anterior, requiriéndose sólo la autorización administrativa res-pecto a estas instalaciones. La introducción de una mayor liberalización en el sector gasista también se arbitra a través del reconocimiento de la existencia de los denominados consumidores cualificados a los efec-tos de adquisición de gas, y con la creación de la figu-ra de los comercializadores.
Dentro de los mecanismos progresivos, también cabe destacar el reconocimiento de la disposición transitoria decimoquinta de un período transitorio de 15 años, durante el cual no podrán concederse nuevas autoriza-ciones para la distribución de gas natural en aquellas áreas geográficas donde antes de la entrada en vigor de la ley ya se había concedido a alguna empresa suminis-tradora una concesión administrativa.
De esta forma se asegura la rentabilidad de las instalaciones ya autoriza-das durante un período de tiempo razonable, respetan-do el equilibrio económico-financiero de dichas conce-siones.
Entre otros aspectos, nuestro grupo parlamentario valora positivamente todos los cambios introducidos en la redacción de la ley encaminados a incrementar la seguridad de las denominadas instalaciones receptoras, delimitando cuáles son las obligaciones de los diversos sujetos que actúan en el sector (operadores, distribui-dores, comercializadores y los propios titulares de dichas instalaciones), de tal forma que la seguridad de las mismas quede garantizada antes de efectuar los correspondientes suministros.
Pues bien, vamos a votar favorablemente todas las enmiendas procedentes del Senado excepto la relativa a la disposición transitoria tercera, a la que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de la modifi-cación que se ha incorporado en el Senado. En primer lugar porque, según viene precisado en la exposición de motivos, no corresponde a una enmienda transac-cional presentada por Convergència i Unió -creo que hay un error en la valoración de dicha exposición de motivos- y, en segundo lugar, porque ya existió un consenso en la Comisión de Industria. La disposición transitoria tercera fue consecuencia de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que fue aceptada por el resto de grupos de la Cámara en el sentido de que quedaba perfectamente reconocida la posibilidad de que las asociaciones de transporte pudieran abrir estaciones de servicio cuando reunieran unos requisitos mínimos de seguridad. Era una fórmula interesante, adecuada y que gozaba del consenso de todas las fuerzas políticas y no vemos la necesidad de su modificación. Por tanto, anunciamos desde la tribu-na nuestro voto en contra de la enmienda correspon-diente a la disposición transitoria tercera.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Lli-bre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Santiso, de nuevo, tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo ya tuvo oportunidad de exponer en este debate cual era su posición sobre este proyecto de ley de hidrocarburos. No solamente la expuso, sino que presentó un proyecto de ley alternati-vo basado en un trabajo serio de nuestro grupo parla-mentario, un proyecto articulado que daba nuestra visión sobre el sector.
Nuestra valoración es que se ha perdido la oportuni-dad de intentar regular adecuadamente este sector y que, bajo la excusa de la liberalización, se han conce-dido prerrogativas y se ha elaborado una ley en muchos casos al dictado de alguna de las partes en conflicto con intereses en el sector. La prueba más pal-pable es -acaba de hacer referencia a ello el señor Sánchez i Llibre- la disposición transitoria tercera, que en la exposición motivada del Senado prácticamente no se cita, pero que tiene un enorme calado y detecta un conflicto importante entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Industria.
Voy a poner algunos ejemplos palpables: en Madrid ha habido un conflicto serio con un tema relacionado directamente, que es el de los carburantes de las coo-perativas de taxistas. La cooperativa de taxistas de Madrid tuvo una sanción del Ministerio de Industria, fue cerrada su instalación, han recurrido y precisamen-te en base a la ITC famosa, que se quiere mantener en vigor parcialmente, de carburantes de consumos pro-pios, hoy se ha vuelto a reabrir esa instalación y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se han encon-trado atados de pies y manos ante un problema que puede ser muy serio. Muy serio en dos direcciones: una, porque es una nueva bolsa posible de fraude en el

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uso de los gasóleos y, otra, porque con esta norma se abre una posibilidad de conflicto con los municipios que pueden ver cómo se crean instalaciones en este período de un año fuera del control y de las normas mínimas de seguridad deseables para una instalación que puede estar dando servicio a una pequeña coope-rativa, a una cooperativa de taxis con 8.000 taxistas o a una cooperativa con 5.000 ó 6.000 camiones. Es muy seria esta modificación. Nuestro grupo va a votar tajan-temente en contra porque en este apartado de hidro-carburos era precisamente donde había un consenso importante, en la necesidad de que cualquier instala-ción tuviera unos requisitos básicos de seguridad para evitar algunos accidentes que ya se han producido, en concreto en una gasolinera de Madrid no hace mucho tiempo y, al mismo tiempo, que sirviera para controlar y evitar posibles fraudes en el gasóleo. Insistimos en estas dos cuestiones que nos parecen muy importantes.
En nuestra opinión, el conflicto con los transportis-tas estuvo mal resuelto. Estamos de acuerdo en que los transportistas tienen que tener un tratamiento diferen-ciado, lo que llamo gasóleo profesional, pero conside-ramos que la solución buscada es la peor de las posi-bles, supone introducir un nuevo factor para potenciar posiblemente un fraude que ya hoy existe con el gasó-leo agrícola, por ejemplo. Ahora tenemos unas instala-ciones que se pueden multiplicar por todo el país, se van a crear nuevas cooperativas ex profeso para utilizar este mecanismo y van a quedar fuera del control de las inspecciones. Quiero recordar a SS.SS.
que en muchas comunidades autónomas hay dos inspectores, no sólo para estos temas sino para otros muchos, con lo cual, una vez más, va a ser muy difícil saber qué calidad tiene ese producto y si al final su consumo se realiza exclusivamente por aquéllos a los que teóricamente va destinado.
Nosotros seguimos propiciando una solución dife-rente: la creación de gasóleo profesional, que se puede identificar con sus marcadores, asimilarlo al de consu-mo agrícola, o bien otro tratamiento en la fiscalidad, en las deducciones que se pueden tener etcétera.
Además, ése no es el verdadero problema del sector. Los costes en el transporte español quizá son de los más bajos de Europa, pero el problema es que en el medio hay gran-des agencias que son las que en realidad hacen que el precio final que tiene que pagar el que utiliza ese trans-porte nada tiene que ver con el que percibe el trans-portista autónomo, que se ve explotado doblemente y que ahora en muchos casos se puede ver explotado por sus propios compañeros teóricos de cooperativa, pues-to que se les va a obligar a repostar donde ellos quie-ran, igual que ya se les obliga, en algunos casos, a reparar los camiones donde ellos quieren.
Hay que señalar que en el sector del gas también sucede lo que habíamos dicho. Una vez más se habla de liberalización pero se pone en manos de muy pocos el control. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Y el usua-rio final, igual que en la electricidad, sobre todo el usuario de a pie, que no tiene grandes consumos, va a tener muy pocas opciones.
Termino con el tema de la gasolina, en el cual otro grave error, en nuestra opinión, es eliminar los precios máximos, puesto que no tiene sentido alguno si se quiere competir -entre comillas- en precios, cosa que no se produce. Está claro que hay acuerdos tácitos en el propio sector para evitar guerras de precios, por-que éstas solamente se producen cuando un gran com-petidor quiere eliminar a otro del mercado y automáti-camente, de manera natural, procuran ponerse de acuerdo. En Asturias hemos hecho un estudio y hemos visto cómo en toda la comunidad hay prácticamente el mismo precio y, sin embargo, es unas dos pesetas más caro que en otras muchas comunidades. Y en Madrid sucede lo mismo, hay un bloqueo que prácticamente hace que existan acuerdos tácitos en los precios, por lo que creemos sinceramente que la eliminación del pre-cio máximo sólo va a servir para que los operadores se pongan de acuerdo y vayamos a sufrir todos los consu-midores unos precios máximos fijados por el propio sector y no como hasta ahora que intentaban, al menos, fijar una barrera.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Santiso.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Este trámite de enmiendas del Senado se convierte para el Grupo Socialista en la única oportunidad que tiene en esta Cámara, después del debate de totalidad, para poder hablar del proyecto de ley de hidrocarbu-ros, porque, no sé si SS.SS. lo saben, pero el Grupo Socialista se vio obligado a abandonar la Comisión de Industria por un mínimo de dignidad parlamentaria.
Al proyecto de ley que presentó el Gobierno, en su momento, el Grupo Socialista presentó una enmienda a la totalidad porque no compartíamos el modelo para el sector, nuestro modelo era distinto, pero nuestra enmienda tenía espíritu constructivo, como puede apre-ciarse en la lectura del debate que tuvo lugar el día 12 de marzo. Asimismo, la propia naturaleza del proyecto nos llevó a solicitar comparecencias con los agentes del sector para el trámite de enmiendas parciales con el fin de no llegar sólo a un consenso parlamentario sino, además, tener un cierto consenso dentro del sector, ya que nos parecía que esta ley debería tener una voca-ción de permanencia, porque debería consolidar a un sector que tiene grandes inversiones y que, por tanto, necesitaba esa seguridad.
Las comparecencias, señorías, fueron francamente clarificadoras, ninguno de los comparecientes -la gran mayoría, diría, para no ser absoluta en las calificacio-nesestaba de acuerdo con el proyecto que el Gobier-no había presentado. Pero la gran sorpresa fue cuando

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compareció el secretario de Estado de Energía que, a nivel puramente particular -yo no entiendo como un secretario de Estado puede comparecer en una comi-sión parlamentaria a nivel particular-, no estaba de acuerdo con el proyecto que había presentado.
Nosotros seguimos con nuestra buena voluntad.
¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que se presenta-ron 72 enmiendas por parte del Grupo Popular, 112 por el Grupo de Convergència i Unió y lógicamente en el trámite de Ponencia salió un engendro -entre comi-llases decir, un articulado totalmente sin consisten-cia y lleno de contradicciones en el que todas las enmiendas de los grupos de oposición no servían para nada, estaban fuera de contexto y resultaban totalmen-te inútiles; es decir, que los grupos de oposición, seño-rías, para ser gráficos, nos quedamos colgados de la brocha. Y ante esto tuvimos que abandonar la Comi-sión de Industria.
El trámite en Comisión fue totalmente inútil. Desde nuestro punto de vista, se ha falseado el procedimiento parlamentario, cosa que nos parece muy grave y nos hemos sentido engañados. Pero lo más grave de todo es que, además de falsear el procedimiento parlamen-tario, salió en aquel momento en Comisión una ley totalmente inconsistente. Con esa ley inconsistente, vuelvo a insistir, nuestra postura en el Senado fue, una vez más, tratar de colaborar para que esta ley pudiera llegar a tener un cierto equilibrio. Volvimos a presentar enmiendas distintas, porque lógicamente el proyecto ya no tenía nada que ver con el proyecto original, la estructura del sector era totalmente distinta y, una vez más, nos hemos vuelto a sentir engañados, esta vez no nosotros, no el Grupo Socialista, sino los socios, el Grupo de Convergència i Unió, porque, como ha reco-nocido el señor Sánchez i Llibre, presentaron una enmienda a la enmienda del Congreso. Una enmienda que no se sabe por dónde aparece. Nadie conoce los procedimientos por los que aparece en el dictamen de la Comisión del Senado. No se sabe si corresponde a una transaccional; no se sabe si fue un acuerdo en Ponencia para que entrara el texto; no se sabe si se dejaba el debate al Pleno. Yo aconsejaría a SS.SS. y a todo aquel que quiera hacer una tesis doctoral que, si quiere meterse en los procedimientos parlamentarios, coja la bibliografía completa: los «Diarios de Sesiones», los boletines del Senado y vea si es capaz de descubrir cómo consigue entrar esta enmienda en este proyecto.
Espero que para estos momentos tengamos claro cuál va a ser la votación que vamos a hacer, porque, señorías, esto es un lío total. Parece -lo digo en broma- el camarote de los hermanos Marx, si no fuera porque el tema es tan serio. Me estoy refiriendo lógica-mente a la disposición transitoria tercera. Espero vuelvo a repetir- que los servicios de la Cámara sean en estos momentos capaces de presentarnos una vota-ción en la que podamos tener las ideas claras. No res-pecto al fondo porque mi grupo las tiene muy claras.
Me estoy refiriendo únicamente al procedimiento.
Visto cuál es el procedimiento, cuáles son los avata-res que ha seguido el proyecto de ley, me gustaría hacer un comentario sobre cuál es el resultado final. El objetivo de la ley era, fundamentalmente, avanzar en la liberalización del sector de hidrocarburos líquidos, por un lado, y, por otro, abrir el sector del gas natural a la competencia. Respecto al primer aspecto, al de los hidrocaburos líquidos, los primeros pasos se dieron con la ley de ordenación del sector del petróleo: tanto la liberalización del comercio exterior, como el paso de las concesiones a las autorizaciones administrativas, y se seguían manteniendo unos precios máximos, lo que nos lleva a decir que la desaparición de los precios máximos en esta ley nos parece en cierto modo impru-dente.
No dudamos de que la liberalización de precios es un avance a la competencia, pero con una estructura tan oligopólica como la que existe en estos momentos resulta por lo menos imprudente que desaparezcan estos precios máximos.
El segundo aspecto que me gustaría comentar res-pecto a los hidrocarburos líquidos es el del acceso negociado. Nos hubiera parecido mejor un acceso regu-lado porque el negociado da posibilidad a este sector oligopolístico de poner ciertas pegas a la entrada de terceros a las redes a través de los precios. Estimamos que con una buena agencia reguladora hubieran sido mejor regulados los precios.
Respecto a la segunda parte del proyecto, la del gas natural, tendríamos algunos comentarios que hacer.
Nos parece importante tratar de abrir este sector y cre-emos que el núcleo de la liberalización está precisa-mente en aspectos como los consumidores cualificados, los comercializadores, la separación de actividades, el acceso de terceros a la red, etcétera; pero hay otros ámbitos que influyen en estos primeros y que también ponen barreras a la competencia, como los umbrales de legibilidad, los peajes que se establecen para el acceso, la cuantía de los costes de transición a la com-petencia y la autonomía de la red.
Comentaba el martes desde esta tribuna, hablando de la liberalización, que esto era un maquillaje, una limpieza de imagen más del Gobierno, hablar continua-mente de la liberalización. Y la verdad es que esto se refleja...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Mendizabal, le ruego vaya concluyendo.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Enseguida acabo, señor presidente.
Se refleja bastante bien en esta ley. Parece que los intentos liberalizadores se ven siempre con una serie de cortapisas. Nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero nos encontramos en esta situación.
¿Por qué lo digo? Porque no hay una separación del transporte, que nos parece fundamental, como ocurrió en el caso de la ley eléctrica. ¿Por qué lo digo? Porque los umbrales de legibilidad, a pesar de que se está diciendo por parte del Gobierno que son los más bajos

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de la Comunidad, son altos para el sector del gas natu-ral que tenemos nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque en la disposición transitoria sexta los costes de transición a la competencia no están nada claros, no se conoce su cuantificación, y esto resulta peligroso porque impide el acceso a la red. ¿Por qué lo digo? Porque nos parece excesivo quince años para que haya un período de transición a la competencia.
Finalmente, también nos preocupa la posibilidad de discriminación en los peajes de acceso en función de las coordenadas geográficas.
A pesar de todos los avatares procedimentales, de todos los problemas que podemos ver en esta ley, cre-emos que el proyecto en el trámite parlamentario ha mejorado, ha superado las insuficiencias y las limitacio-nes que tenía. Pensamos que la comisión reguladora, la comisión nacional de la energía, puede ser un núcleo importante si se mantiene como comisión independien-te y consensuada. Confiamos en que esta comisión pueda controlar el tránsito a la competencia, el camino a la liberalización, de tal forma que los únicos benefi-ciarios de esta ley, como de todo, sean los ciudadanos de este país.
Nada más. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Mendizabal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Señor presi-dente, señoras y señores diputados, vuelve al Congreso en estos momentos, esta vez al Pleno, el proyecto de ley de hidrocarburos que ya fue extensamente discuti-do y votado en la Comisión de Industria con competen-cia plena, de acuerdo con el artículo 72.2 de la Consti-tución.
El proyecto de ley de hidrocarburos, junto a la ley del sector eléctrico y la futura ley de la minería, consti-tuyen los instrumentos esenciales de la política energé-tica del Gobierno. Pretende potenciar la competitividad del tejido productivo español para afrontar los retos ante la unión europea y monetaria.
Esta ley tiene como objetivo fundamental la renova-ción, la integración y la homogeneización de todas las normas vigentes sobre el sector. Es de tener en cuenta que algunas de estas normas son anteriores a la Consti-tución, disminuyendo el intervencionismo público por un modelo donde la iniciativa empresarial sea el autén-tico motor a través de la inversión. Es de tener en cuen-ta que esta ley se basa en tres grandes bloques: en pri-mer lugar, en la regulación de las actividades de explotación, investigación y explotación de hidrocarbu-ros, tanto en líquidos como gaseosos, así como en el almacenamiento subterráneo del mismo, con un repar-to de competencias entre las comunidades autónomas y la Administración central. En segundo lugar, ordena el mercado de crudos y los productos derivados, inclui-dos los gases licuados y regula el comercio exterior.
Por último, ordena el suministro de gases y combustibles por canalización, donde se incluye su producción, licuación, reclasificación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización.
El proyecto de ley de hidrocarburos, pese a las mani-festaciones que se han vertido en este acto, es un pro-yecto que se anticipa en alguna medida a los vientos que soplan desde la Unión Europea y permite situar a España a la cabeza de los países que no han dudado en modificar el marco jurídico institucional de su econo-mía para conseguir un modelo de crecimiento econó-mico más equilibrado y más abierto a la competencia como garantía de eficiencia y competitividad.
Estos elementos se muestran de especial relieve al tratar los asuntos energéticos y de hidrocarburos, en especial, puesto que representa las dos terceras partes del consumo de energía primaria en España y su uso condiciona de forma más o menos intensa todas las actividades, ya sean éstas de producción, de consumo o de distribución. Con este proyecto de ley y la recien-te aprobación de la Ley eléctrica en esta legislatura se asegura un sector energético más abierto y más compe-titivo, para una economía indiscutiblemente más abier-ta y más competitiva.
Muchos son los avances que se han realizado en este proyecto: la libertad de precios para hidrocarburos siempre que esté asegurada la competencia, como en el caso de los gases licuados, petróleo y gas natural; la desaparición de las barreras de entrada al negocio de los hidrocarburos proveniente de legislaciones anterio-res.
La exigencia de mayor responsabilidad, control y seguridad de todos los agentes del sector y la creación de la gran agencia reguladora de carácter independien-te como es la comisión nacional de energía, suponen indiscutiblemente unos buenos mimbres sobre los que constituir un sector energético competitivo y abierto absolutamente necesario para una economía basada en un crecimiento económico saneado como la española en los dos últimos años.
Es de resaltar que esta orientación legislativa hacia un sector más abierto y competitivo se ha hecho tenien-do en cuenta la situación presente, al igual que se hizo con la ley del sector eléctrico. En el proyecto de ley de hidrocarburos se ha tendido a un proceso de apertura continuo pero gradual, con la idea de ir construyendo y reforzando los mecanismos de competencia sin per-juicio para los consumidores. En este sentido, es desta-cable el esmero con que la ley trata el tránsito hacia la libertad de elección para los consumidores de gas o cómo la ley obliga al actual concesionario del servicio público de gas a mejorar el servicio, a ampliar la red mientras llega la competencia.
Además, este proyecto permite un desarrollo de las actividades de hidrocarburos de forma más respetuosa con los objetivos medioambientales a los que se ha comprometido España en distintos foros internaciona-les y sintoniza con lo que pretende ser la política ener-gética de la Unión Europea en materia medioambiental en el siglo XXI.


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Ahora vuelve el proyecto con algunas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que mejoran el texto aprobado por el Congreso. Se deben destacar las referidas a los artículos 16 y 18, relativas a la intro-ducción de medidas de protección ambiental para la explotación e investigación de hidrocarburos. Se esta-blece una mayor clarificación respecto a la responsabi-lidad de los distribuidores al por menor y los comercia-lizadores al por mayor de gases licuados de petróleo, a granel para los primeros y envasados para los segun-dos, en relación con el estado de sus instalaciones.
También se perfeccionan los artículos 61 y 68 al especi-ficar que puede haber transacciones entre transportis-tas, lo que favorece la actuación de Gas Euskadi en sus adquisiciones a Enagás; o la ampliación a un concepto de sociedad mercantil para los operadores de instala-ciones de gas que hace más flexible la legislación ener-gética frente al resto del ordenamiento jurídico. Parece razonable introducir un reglamento en el que se espe-cifiquen los criterios que determinarán qué servicios deben ser entendidos como esenciales en tanto que en el artículo 88 se está hablando de la no suspensión de suministros, añadiendo esta enmienda seguridad jurídi-ca a los agentes potencialmente afectados. Se regula el régimen económico de los derechos de acometida, úni-cos para todo el territorio del Estado, alquiler de conta-dores y otros costes. Se faculta al que autoriza la activi-dad en cuyo ejercicio se cometió una infracción a imponer la sanción correspondiente.
Respecto a la enmienda a la disposición adicional undécima, que define las competencias y la realidad de ese órgano tan importante como es la Comisión Nacio-nal de Energía; se amplía a 36 miembros el consejo consultivo de electricidad; se establece el carácter pre-ceptivo de determinados informes de la Comisión, con posibilidad de reducir el plazo por ampliación del pro-cedimiento de urgencia, imponiendo la confidenciali-dad a la información.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Landeta, le ruego que vaya concluyendo.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Tenemos que decir -esto es importante- que en modo alguno podemos aceptar las manifestaciones que ha hecho la diputada doña Arantxa Mendizabal respecto a que el proyecto de ley que se presenta no ha tenido el con-sentimiento, la confirmación y el beneplácito de los entes que realmente están dentro del sector de hidro-carburos, puesto que todos ellos mostraron su confor-midad al gran avance liberalizador que implica este proyecto.
En cuanto a lo que ha manifestado sobre que se había falseado el procedimiento parlamentario, tengo que decir, respecto a la disposición transitoria tercera, que en modo alguno ha ocurrido esto. La misma, con dicho texto, fue presentada a la Comisión de Industria del Senado el 18 de julio de 1998 como enmienda tran-saccional in voce en relación con la 123 del Partido Socialista. En esa Comisión, sin protestas por parte de ningún grupo -así consta en el acta y puede leerlo con claridad-, se aceptó que dichas enmiendas transaccio-nales se debatieran y discutieran en el Pleno. Así ha ocurrido con lo cual, aplicando la doctrina de los actos propios, en modo alguno cabe manifestar nada cuando su grupo dio plena conformidad en Comisión de que estas enmiendas in voce fueran tramitadas, tanto las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Socialista. Sometida a vota-ción en el Pleno, obtuvo 202 votos, de los cuales 122 fueron a favor de la enmienda y 79 en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Landeta, le ruego concluya.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDÉS: Es decir, que el hecho es claro y terminante.
Por último, tengo que manifestar que nosotros consi-deramos que es un proyecto muy importante; que tene-mos que agradecer la gran labor realizada por los gru-pos y que esperamos votar favorablemente a dichas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Landeta. (La señora Mendizabal Gorostiaga pide la palabra.) Señora Mendizabal, ¿a qué efectos me solicita la palabra? La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Por alusio-nes y sólo para aclarar algo que ha dicho el señor Lan-deta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra, señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Simple-mente, que la enmienda está incorporada en el trámite de Comisión. Se iba a debatir en Pleno, pero está incor-porada al texto en el trámite de Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Mendizábal. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votaciones correspondientes al punto noveno del orden del día: Enmiendas del Senado a los proyectos de ley que han sido debatidos en el Pleno.
En primer lugar, votamos de manera conjunta las enmiendas del Senado al proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


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El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas las enmiendas e incorporadas por unanimidad del Pleno del Congreso.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector de hidrocarburos.
Vamos a realizar ocho votaciones separadas. En primer lugar, las enmiendas a los artículos 61, 68, 83 y 91.2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 182; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición transitoria tercera, párra-fo 2, segundo parágrafo, desde donde dice: no obstan-te, durante este período transitorio, hasta el final.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 157; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 298; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de enmiendas de la disposición transitoria tercera.
Enmiendas a la disposición adicional undécima en su apartado segundo puntos 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 297; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición transitoria decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 168; en contra, tres; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmien-da a la disposición transitoria decimoquinta.
Enmiendas a los artículos 43.3 y 74, párrafo i).
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 294; en contra, 13; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos a las enmiendas presentadas a los artículos 44.1, 45.2 y 3 y 55.1.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 297; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector de hidrocarburos.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las res-tantes enmiendas del Senado al proyecto de ley del sec-tor de hidrocarburos.
DICTÁMENES DE LA COMSIIÓN DE ASUNTOS EXTE-RIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto noveno del orden del día, enmiendas del Senado, pasamos al punto décimo.
El punto décimo consiste en una serie de dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores a los convenios internacionales que figuran referenciados en el orden del día. Si ningún grupo parlamentario desea intervenir respecto de los dictámenes, pasaríamos a someterlos a votación por asentimiento del Pleno y, consecuente-mente, al siguiente punto del orden del día.
¿Desea algún grupo parlamentario intervenir? (Pausa.) Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presi-dente.
Nuestro grupo parlamentario no desea intervenir, pero sí queremos que se voten expresamente los núme-ros 44 y 47.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar todos, pero por el procedimiento electrónico votaríamos los dictá-menes 44 y 47, que hacen relación, el primero, al Acuerdo de promoción y protección recíproca de inver-siones con Marruecos y, el segundo, al Acuerdo de aso-ciación de la Comunidad Europea y sus Estados miem-bros con los Estados Unidos Mexicanos.


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Si les parece vamos a someter el resto a votación por asentimiento y, finalmente, votaremos esos dos conve-nios.
- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVE-NIO SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGA-CIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, ASÍ COMO A LOS PROTOCOLOS PRIMERO Y SEGUN-DO RELATIVOS A SU INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y DECLARA-CIÓN COMÚN RELATIVA AL PROTOCOLO ANEXO AL CONVENIO DE ROMA (número de expediente 110/000179).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA INDIA SOBRE LA MODIFI-CACIÓN DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA INDIA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 10 DE ABRIL DE 1987 (número de expediente 110/000180).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA (NÚMERO 162), HECHO EN ESTRASBURGO EL 5 DE MARZO DE 1996 (número de expediente 110/000181).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMU-NIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEM-BROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO HACHEMI-TA DE JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1997 (número de expediente 110/000184).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE GEORGIA AL CONVENIO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (número de expediente 110/000186).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 1998 (número de expediente 110/000187).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA COM-PLEMENTARIO DEL CONVENIO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO CIVIL CONCLUIDO EN LA HAYA EL 1 DE MARZO DE 1954, HECHO EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997 (número de expediente 110/000188).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUE-COS, MODIFICANDO EL CONVENIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1979, HECHO EN RABAT EL 27 DE ENERO DE 1998 (número de expediente 110/000189).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997 (número de expediente 110/000190).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.


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- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO SIM-PLIFICADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTA-DOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE MARZO DE 1995, Y DECLARACIONES FORMULADAS EN RELACIÓN CON EL MISMO (número de expe-diente 110/000191).
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimien-to? (Pausa.) Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTEC-CIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN MADRID EL 11 DE DICIEMBRE DE 1997 (número de expediente 110/000182).
El señor PRESIDENTE: Se somete ahora a votación el Acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Marruecos.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor 295; en contra, 12; abs-tenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre el referido Connvenio.
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CON-CERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE DICIEMBRE DE 1997 (núme-ro de expediente 110/000185).
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora el dictamen al Acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos Mexica-nos, de otra parte.
Comienza la votación (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 296; en contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dicta-men.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (número de expediente 121/000113).
- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y NORMAS TRIBU-TARIAS (número de expediente 121/000115).
El señor PRESIDENTE: Punto undécimo del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, vamos a tramitar, conjuntamente, los dictámenes de la Comisión de Economía y Hacien-da a los proyectos de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias y al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de los no residentes y normas tributarias. Al tratarse de dos ini-ciativas de ley, el debate se producirá en forma acumu-lada de manera que la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, administrará los tiempos de inter-vención de cada grupo que se producirán en un solo turno, aunque puedan ser utilizados por dos ponentes distintos de cada grupo.
Por el Grupo Mixto, ¿quién desea intervenir? (Pausa.) Entiendo que el Grupo Mixto utiliza un solo turno con tres voces, por razón de su naturaleza especial. El primero en intervenir será el señor Chiquillo, que tiene la palabra. (Rumores.) El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nom-bre de Unión Valenciana para defender...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Señorías, antes de que abandonen el hemiciclo la Presidencia desea manifestar que, dado el desarrollo del orden del día, es previsible que entrará en el deba-te y será sometido a votación el dictamen de la Comi-sión sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria cuando termine el debate relativo al Impuesto sobre la Renta.
Al tratarse de una propuesta de carácter orgánico, lo anuncio a SS.SS.
para que sepan que, con arreglo al Reglamento, esa votación se producirá tras las votaciones correspon-dientes al Impuesto sobre la Renta y una vez realizado el debate sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. No podemos ir a un mayor señalamiento de hora porque en este momento no estoy en condiciones de indicar a qué hora puede fina-lizar el mencionado debate del Impuesto sobre la Renta, pero, como digo, sepan que sí se producirá el debate y votación sobre el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabría una vez finalice el del Impuesto sobre la Renta.
Adelante, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presi-dente.


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Como decía, intervengo en nombre de Unión Valen-ciana para defender el conjunto de nueve enmiendas que hemos mantenido para el Pleno de hoy, referentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. Estas nueve enmiendas -otras fueron retiradas en Comisión- son las siguientes.
La enmienda número 5, referente al artículo 7 párra-fo ñ), en la que solicitamos que se elimine cualquier posibilidad... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Señorías, les ruego silencio. Es muy difícil que el interviniente pueda expresarse con el rumor proceden-te del hemiciclo y mucho más cuando está intervinien-do desde la última fila. Si han de desalojar el hemiciclo para ocuparse de otros trabajos parlamentarios, les ruego que lo hagan en silencio. (Continúan los Rumores.) Por favor, guarden silencio. Señor Fernández Maru-gán.
Guarden silencio, por favor. (Pausa.) Continúe, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presi-dente.
Decía que la primera de estas enmiendas es la núme-ro 5, en la que intentamos eliminar cualquier posibili-dad de establecer un doble gravamen en algunos de los premios, bien sean del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado o de otro tipo de juegos de azar y apuestas. Consideramos que las apuestas ya vienen gravadas en origen y que carece de todo sentido y pro-porción someterlas a un segundo impuesto, fuere cual fuere la cuantía del premio, por lo que intentamos eli-minar esa posibilidad.
La segunda de las enmiendas es la número 7, refe-rente al artículo 16.2.a) del párrafo primero, en la que solicitamos que se suprima la segunda parte de la redacción actual del artículo en lo que hace referencia al gravamen sobre las prestaciones públicas por situa-ción de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, orfandad o similares. Nosotros pensamos que el contenido de ese artículo entra en contradicción con el artículo 7, ya que, mientras que allí se conside-ran exentos de declarar a muchos de estos supuestos, aquí se les trata como rendimientos netos del trabajo.
Además, teniendo en cuenta la baja cuantía que gene-ralmente tienen estas prestaciones de incapacidad, viu-dedad, orfandad, etcétera, creemos que el hecho de que no estuvieran gravadas por el IRPF supondría un alivio para estas familias. También quiero recordar al respecto que fue en la época del Gobierno socialista cuando, en un afán seudorrecaudatorio, se tomó la decisión de introducir este tipo de percepciones como rendimientos netos del trabajo, mientras que con la fis-calidad anterior no eran consideradas como tales. Por tanto, solicitamos esa exclusión.
La tercera de las enmiendas mantenidas es la núme-ro 9 al artículo 23.3.d), que hace referencia a los por-centajes que se deben abonar y las edades. Nosotros creemos que los porcentajes deben corresponder a la edad del rentista en el momento del pago del impues-to.
Las rentas vitalicias a las que hace referencia este artículo, salvo que tengan cláusula de revalorización, van perdiendo su valor con el paso de los años por el efecto de la inflación. Por tanto, mantener el mismo porcentaje de imputación a la renta durante toda la vida de la misma supone que se esté perjudicando a aque-llos rentistas cuyos derechos hayan sido adquiridos en edades más tempranas, por lo que queremos que el porcentaje se vaya adecuando a la edad del rentista en cada momento.
(El señor vicepresidente, Fernán-dezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En la cuarta de las enmiendas, la número 10, solici-tamos que se mantenga la edad de los solteros menores que convivan con su familia en la vigente actualmente, que son los 30 años, y no la rebaja a los 25. El propio CES, en su dictamen, considera inadecuado que se rebaje a 25 años, frente a los 30 actuales, la edad de los descendientes solteros a cargo del contribuyente para computar el mínimo familiar.
La enmienda número 11 la doy por defendida en los propios términos en que aparece en el texto presentado por Unión Valenciana, y paso a las últimas enmiendas.
La número 13 es al artículo 35, y en ella solicitamos que se restablezca el texto actual y aparezca la deducción por gastos de enfermedad.
Teniendo en cuenta que el sistema sanitario español no tiene una cobertura total el caso más conocido es el de la ortodoncia, así como el gasto farmacéutico, que también soportan los contribu-yentes-, consideramos que es una medida que benefi-cia de gran manera y afecta al bienestar social. Por tanto, solicitamos que la deducción por gastos de enfer-medad vuelva a considerarse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hoy vamos a aprobar en este trámite parlamentario.
La enmienda número 14 solicita que se añada de nuevo en ese artículo 55 la deducción por alquiler, para fomentar los alquileres, restableciendo el texto actual.
Entendemos desde Unión Valenciana que eliminar la deducción por alquiler supone una discriminación injustificada hacia aquellos contribuyentes que no dis-ponen de los medios suficientes para adquirir una vivienda en propiedad y choca con esa voluntad minis-terial de dar salida y que se fomenten los alquileres cuando el parque de viviendas en alquiler vacías en el Estado español es muy elevado y estamos muy por debajo de la media en alquileres de inmuebles de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
La enmienda número 15, al artículo 55, pretende que se restablezca la deducción por primas de seguro de vida, como asimismo aconseja el Consejo Económico y Social, porque deben estimularse fiscalmente esos seguros de vida por la importancia que tienen para la

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economía y la cobertura de las necesidades de previ-sión social de los ciudadanos.
La última enmienda, la número 16, al artículo 7.º, pro-pone añadir una nueva exención a aquellas ayudas que tengan por objeto la rehabilitación estructural especial de edificios construidos entre los años 50 y 80 con ries-go estructural provocado por patologías derivadas del hormigón o por utilización de cemento aluminoso, con-cedidas por diversas administraciones. Nos encontra-mos con la dura y grave discriminación que sufren estas personas, que han recibido una ayuda -concluyo rápi-damentepara rehabilitar una vivienda por parte de las administraciones públicas y estas ayudas tributan como incrementos patrimoniales. El propio Defensor del Pueblo, en su informe del año 1997, aconseja una revisión. Entendemos que se deben fomentar las ayu-das a esas familias más desfavorecidas que tienen que rehabilitar su vivienda y se encuentran con la grave dis-criminación de que esa ayuda para cubrir una necesi-dad básica, como es la vivienda, tiene que tributar como incremento patrimonial. Indudablemente la enmienda que se aprobó en el trámite de Comisión es un avance, pero pensamos que se debe reconsiderar la postura y que esas ayudas, indemnizaciones o subven-ciones sean rentas exentas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra, en segundo lugar, en nombre del Grupo Mixto, el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Gale-go para defender las enmiendas que presentamos al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Per-sonas Físicas. Quisiera empezar haciendo constar la retirada de nuestra enmiendas 24, 28, 33 y 40.
Con motivo de la discusión de totalidad del proyecto de ley ya tuvimos ocasión de expresar nuestro desa-cuerdo con la filosofía en la que se inspiran las refor-mas que en el Impuesto sobre la Renta pretende intro-ducir el Gobierno, y no tanto porque pensásemos que la fórmula en vigor sea especialmente justa y equitati-va, sino porque las nuevas propuestas no corrigen, sino que empeoran lo existente, y lo empeoran tanto desde el punto de vista de la recaudación como de la progre-sividad del Impuesto. Estamos, desde nuestro punto de vista, ante un paso más en la configuración de un siste-ma fiscal regresivo, que gravita cada vez más sobre la imposición indirecta, que propugna una disminución en la recaudación de la que van a salir especialmente beneficiadas las rentas más altas y que abre un interro-gante sobre las prestaciones del Estado del bienestar en lo que respecta a su mantenimiento en los niveles hoy existentes o a la posibilidad de aumentarlos. Además, la forma en que se aborda esta reforma pone de manifiesto a qué se reduce la capacidad normativa de las comunidades autónomas en este terreno.
Nuestras enmiendas, por tanto, van destinadas a intentar corregir algunos aspectos de la reforma del IRPF que consideramos negativos y, por consiguiente, dirigidas en general a recuperar la progresividad del Impuesto. Así, pretendemos evitar las restricciones que introduce el Gobierno a la hora de considerar exentas de tributación las prestaciones a la Seguridad Social y las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente, que creemos deben quedar exentas sin necesidad de que la incapacidad sea absoluta o inhabilite por com-pleto a los perceptores para toda profesión u oficio.
Con la enmienda número 20 hacemos referencia a un problema que afecta a un gran número de licencia-dos que obtienen becas públicas y que en la actualidad se ven obligados a tributar por el IRPF. Creemos que estas personas deben quedar exentas de tributar por este concepto. No tiene sentido que licenciados que reciben una beca para realizar cursos de especializa-ción, posgrado o doctorado, que no son considerados ni siquiera trabajadores por el INEM, se vean obligados a efectuar declaración como si las becas que reciben fuesen rentas salariales.
También pretendemos, con las enmiendas números 21 a 23, que se dé un tratamiento distinto al propuesto por el Gobierno a las prestaciones por desempleo, de manera que queden exentas de tributación las que no superen en dos veces el salario mínimo interprofesio-nal, y si se reciben estas prestaciones en un pago único, pensamos que debería aumentarse el límite de exención propuesto hasta tres millones de pesetas, teniendo en cuenta que esta modalidad está vinculada a la realización de un proyecto de autoempleo.
También mostramos nuestra discrepancia con enmiendas en el sentido de la filosofía que inspira este proyecto de que las deducciones por trabajo depen-diente que se practicaban en la cuota se sustituyan por reducciones en la base imponible, de igual modo que en el proyecto se suprimen las deducciones familiares de la cuota, las deducciones por gastos médicos, por alquiler de vivienda y el mínimo exento, que pasan a integrar el llamado mínimo personal y familiar.
El traslado de los dos grupos más importantes de deducciones de la cuota a la base contribuye de mane-ra decisiva a acentuar el carácter regresivo del nuevo IRPF, junto a la reducción del número de tramos y la disminución de los tipos marginales más elevados.
Como alternativa a este modelo, proponemos mantener en la cuota las deducciones por trabajo dependiente, incrementando su cuantía respecto a la hasta hoy vigente. En ese sentido, proponemos, como he dicho anteriormente, la supresión del llamado mínimo perso-nal y familiar, que sustituímos por deducciones en la cuota que, desde nuestro punto de vista, no tendrían efecto regresivo.
Por lo tanto, como en otras enmiendas, pretendemos rechazar el trato de favor que el Gobierno propone otorgar a las plusvalías. Nosotros creemos que se

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rompe la base imponible en dos partes, creando una base especial a la que se aplica un tipo reducido del 20 por ciento, con lo que se impide la acumulación de las plusvalías al resto de las rentas obtenidas por el contri-buyente, reduciendo la progresividad del impuesto, lo que además acentúa el tributar a un tipo único, el 20 por ciento, independientemente de la cuantía de las plusvalías.
También hacemos referencia, con nuestras enmien-das números 34, 35 y 37, a la fiscalidad de la vivienda.
Pretendemos que se dé un trato fiscal más justo, espe-cialmente a las rentas más bajas, manteniendo las deducciones por alquiler, lo que además ayudaría al control del fraude fiscal, tratando de equiparar la con-dición fiscal del alquiler a la de adquisición de vivien-da.
También establecemos el límite de 30 millones como valor máximo de la vivienda con derecho a deducción, porque no creemos que cualquier vivienda tenga que tener ese derecho, y proponemos además una elevación de la base de la deducción.
Proponemos también mantener la deducción por gastos médicos en la cuota, restringiéndola, eso sí, a los gastos que se correspondan con prestaciones no cubiertas por la Seguridad Social.
Con la enmienda número 41 pretendemos la supre-sión del artículo 59, porque el planteamiento del pro-yecto nos parece inadecuado. Desde nuestro punto de vista, a efectos del IRPF debe considerarse el lugar donde se generan las rentas del contribuyente, inde-pendientemente de donde radique su residencia habi-tual o el tiempo que permanezca en una determinada comunidad autónoma.
Por último, lo que proponemos con la enmienda número 45 es que la Administración tributaria practique las devoluciones de oficio a aquellos contribuyentes a los que se les haya retenido en exceso cuando éstos no estén obligados a presentar declaración de la renta, porque es la única garantía para que la devolución refe-rida se realice. La fórmula que propone el proyecto de ley en el sentido de que las personas que no tienen obligación de presentar la declaración pero a las que se practican retenciones, etcétera, puedan dirigir una comunicación a la Administración tributaria solicitando la devolución pertinente no garantiza precisamente los derechos de los administrados.
Estas son, en resumen, las razones que fundamentan nuestras enmiendas, que creemos que mejorarían el trato fiscal de la mayoría social, y es por eso por lo que solicitamos el voto favorable de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, en tercer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, pero previamente quisiera hacer una consideración que me parece políticamente importante, y es señalar cuál es la principal novedad política en el debate del IRPF desde que tuvo lugar el debate de totalidad. Creo importante destacar que la principal novedad política es que el Gobierno del Partido Popular se ha quedado solo, absolutamente solo, en las previsiones del coste recaudatorio.
El ministro de Economía, señor Rato, dijo el 11 de junio de 1998 que el coste era de 550.000 millones bru-tos, 350.000 netos, en dos años. En estas vacaciones han aparecido dos estudios, del BBV y de Argentaria, que han situado la disminución de recaudación anual, no bianual, por encima de los 700.000 ó 750.000 millo-nes de pesetas. Claro está que la aparición de estos estudios supuso un cierto terremoto en el Gobierno, un cierto malestar que ha motivado, imagino, que hayan sido poco difundidos e incluso que se haya intentado no dar a conocer a la opinión pública. Pero reciente-mente, hace muy pocos días, ha aparecido un nuevo estudio, que creo que aún no ha salido a la opinión pública o en los medios de comunicación, que ha reali-zado la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-gación de Barcelona, elaborado por profesionales pres-tigiosos de la universidad, en el que se describe el método que han utilizado: una encuesta, una muestra sobre 12.000 familias incluidas en la encuesta de presu-puestos familiares, que da una pérdida de recaudación de 742.000 millones de pesetas. Es decir, no hay nadie hoy en este país, excepto el Gobierno, que cifre la recaudación en 350.000 millones de pesetas: ni los par-tidos políticos de la oposición ni los sindicatos ni las entidades financieras ni la Cámara de Comercio, y yo diría que ni los socios de Gobierno. Convergència i Unió, por ejemplo, no dice que hay esta pérdida de recaudación, pero ha negociado de facto con el Gobier-no sabiendo que la pérdida de recaudación para Cata-luña es muy importante.
En el informe que les citaba de la Cámara de Comer-cio de Barcelona se dice que el impacto de disminu-ción de recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación al 30 por ciento para Cata-luña, será de 47.000 millones de pesetas anuales. Es decir, Cataluña dejaría de ingresar 47.000 millones de pesetas anuales como efecto de la reforma. Convergèn-cia i Unió no lo dice -no lo puede decir, porque teóri-ca y prácticamente apoya este proyecto-, pero se ha producido un acuerdo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal por el cual desaparece el incipiente sistema de financiación de corresponsabili-dad fiscal para pasar a una compensación; es decir, el Estado se va a hacer cargo de las pérdidas de financia-ción autonómica producidas por la reforma del IRPF.
Por lo tanto, quiero señalar que a la hora de produ-cirse este debate hoy aquí, la novedad es el aislamiento del Gobierno en relación al coste recaudatorio; aisla-miento que viene agravado por la situación económica internacional. A pesar de lo que ayer nos decía el señor Rato en cuanto a que esta crisis es de Asia y de América

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Latina, está clarísimo que la crisis económica y la situación económica internacional van a tener efectos sobre el crecimiento de la economía española.
Pode-mos discutir qué efectos: el 0,1, el 0,2, el 0,4; esto lo podemos discutir. Pero que el crecimiento de la econo-mía española va a ser menor del que se había previsto, es seguro. Y esto significa menos ingresos. Desde nues-tra óptica, el elemento fundamental de esta reforma, el elemento por el cual nos oponíamos a la misma, es la disminución de recaudación. Hoy, tanto los estudios que han aparecido como la evolución de la situación económica internacional, dicen que el Gobierno está equivocado y que la disminución de recaudación va a tener efectos sobre la política de gastos, y yo diría que ya los está teniendo. Estamos discutiendo el proyecto del IRPF en el Congreso de los Diputados en unos momentos en los que en el Estado español, con una tasa de paro del doble de la Unión Europea, con un nivel de cobertura del desempleo que no llega al 50 por ciento, los sindicatos están proponiendo un incre-mento de la cobertura del desempleo simplemente para las personas que tengan cargas familiares, que no ten-gan rentas que lleguen al salario mínimo interprofesio-nal, para dos años. Y han hecho una estimación del coste: 122.400 millones. El Gobierno está diciendo que no. Es decir, en este momento, en el Estado español, el Gobierno dice que no tiene dinero, que no tiene 122.400 millones para incrementar la cobertura de desempleo a 200.000 familias cuando el nivel de cobertura de desempleo es inferior al 50 por ciento.
Pero al mismo tiempo el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que va a significar una disminución de más de 700.000 millones, no ya según los datos de la oposición, sino según los datos del Banco Bilbao Vizcaya, de Argenta-ria o de la Cámara Oficial de Comercio.
También quiero destacar no otra novedad, pero sí otro elemento importante. Creo que en el debate de totalidad del día 11 de junio pude demostrar que la lucha contra el fraude fiscal no era un elemento priori-tario del Gobierno. Se demostró en el debate y creo que también en la posterior comparecencia del señor Costa y, a pesar de algunas operaciones de marketing -ya tendremos tiempo en otras iniciativas parlamenta-rias de hablar sobre la gestión de la Agencia Tributa-ria-, quiero resaltar un hecho fundamental que ilustra todo cuanto dije en el debate de totalidad.
Asistimos a finales de julio a una cuestión yo creo que grave. Hay abierto un procedimiento judicial por posible delito en el tema de las cesiones de crédito del Banco de Santander, y el abogado del Estado, el repre-sentante del Gobierno, el representante del Ministerio de Economía hace un escrito diciendo que ha consulta-do a la Agencia Tributaria y pide el archivo del caso; es decir, el Gobierno, posiblemente en uno de los mayo-res escándalos financieros de los últimos tiempos, pide el archivo del caso, omitiendo en el informe del aboga-do del Estado recientes estudios, como, por ejemplo, el estudio del informe de robótica de Valencia, que ha motivado la dimisión del consejero de Obras Públicas de Valencia, del que se desprende que, posible y pre-suntamente, hay responsabilidades por cooperación necesaria de la dirección del banco. Nosotros, como Iniciativa per Catalunya, hemos anunciado que vamos a personarnos como acusación popular, pero éste no es un hecho aislado, es decir, el contenido de fondo de la reforma fiscal y su actitud ante la lucha contra el fraude fiscal tiene una línea conductora, una línea de fondo que atraviesa toda su política, que es la defensa de los intereses de los sectores económicos más poderosos.
¿Cómo el Grupo Popular, cómo el Gobierno popular puede decir que no al incremento de la cobertura de desempleo y cómo puede al mismo tiempo disminuir en 700.000 millones de pesetas la recaudación? ¿Cómo el Gobierno puede hacer una cruzada sobre los com-plementos de mínimos que se han cobrado indebida-mente -hay que conseguir que nadie los cobre indebi-damente, pero en esta Cámara incluso sus socios parlamentarios lo han matizado y hemos visto a minis-tros continuamente denunciando el fraude que se pro-duce en las capas sociales más desfavorecidas- y cómo es posible que ni el ministro de Economía ni el Grupo Popular hagan referencia a los grandes fraudes o a los grandes problemas o escándalos de las entida-des financieras e incluso que el representante del Gobierno pida el archivo de un procedimiento judicial, de un escándalo fundamental en la historia de la políti-ca económica de los últimos años? Por lo tanto, esas dos novedades políticas, los estu-dios que han aparecido y el elemento del fraude fiscal, refuerzan los argumentos que dimos y desvelan aún más el carácter y el contenido de la política económica.
Nuestras enmiendas se articulan en seis puntos que paso a enumerar. En primer lugar, hemos propuesto una alternativa en la que la reforma fiscal no produzca una disminución importante de recaudación, porque ésta va a significar a medio plazo, como he dicho antes, un peligro para el Estado del bienestar.
En segundo lugar, nuestras enmiendas se articulan en base al trato favorablemente de las rentas salariales y en eliminar privilegios de determinadas rentas del capital con nuevas enmiendas, con una nueva fórmula de cálculo de las plusvalías.
En tercer lugar, hay que mantener el carácter progre-sivo del impuesto.
La disminución de tramos, el conte-nido de las deducciones y el contenido del mínimo vital hacen este impuesto regresivo.
En cuarto lugar, creemos que, ya que se está produ-ciendo un debate importante sobre la reforma fiscal, es necesario elevar el Impuesto sobre Sociedades para acercarlo a Europa y para eliminar uno de los puntos o de las puertas importantes del fraude fiscal.
En quinto lugar, pensamos que este debate sobre la reforma fiscal tendría que haber servido para iniciar el estudio de una comisión para impuestos ecológicos que nos situara al mismo nivel del debate que se está pro-duciendo.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo inmediatamen-te, señor presidente.
Y en sexto lugar, que esta reforma fiscal no contiene medidas de lucha contra el fraude fiscal que debería contener, así como una modificación del delito fiscal.
Acabo, señor presidente, diciendo que estos dos pro-yectos se van a aprobar hoy, irán al Senado, volverán aquí y se volverán a aprobar, pero por nuestra parte el debate no se va a cerrar ni hoy ni cuando regrese del Senado. Vamos a seguir denunciando los efectos per-versos de esta reforma; vamos a decirle a la gente que esta es una reforma que aparentemente es un caramelo dulce, pero que mañana, cuando se chupe, va a ser amargo. Lo vamos a seguir haciendo solos, pero ya decimos aquí que estamos dispuestos a colaborar uni-tariamente con todas las fuerzas políticas de izquierdas y sociales para cambiar la orientación de política fiscal de este Gobierno con un objetivo claro: que la política fiscal, que la lucha contra el fraude no esté en función de los intereses de los sectores poderosos, sino que la política fiscal sea un elemento fundamental de soporte de una sociedad más justa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria sube al estrado para manifestar su posición en la defensa de las enmiendas que han que-dado vivas en la Comisión y hacer unos comentarios en relación con esta importantísima ley.
Nosotros vamos a mantener en el debate las enmien-das 134, 139 y 141, y retiramos las números 7, 22 y 22 bis in voce.
Señor, presidente, señorías, estamos ante una ley importantísima que ocupará en la historia de la Hacien-da pública española un lugar destacado, junto al que ocuparon reformas tan importantes como la de Mon, Villaverde, Larraz, Solchaga, etcétera. Estoy seguro de que esta ley se conocerá en el futuro como la ley de Rato, y ello con toda justicia.
Esta ley se ha redactado con una gran exigencia téc-nica, desde el punto de vista legislativo, una magnífica sistemática, una adecuada y moderna terminología y, lo que es más importante, va a favorecer a los ciudadanos por diversos motivos. Primero, porque se van a respe-tar los principios constitucionales de capacidad econó-mica, de economía, de igualdad y de progresividad tri-butaria y, como se dice en el preámbulo de este proyecto de ley, este impuesto es el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad que la Constitución propugna y que dotan de contenido al Estado social y democráti-co de Derecho, dada su generalidad, como lo demues-tra el hecho de que en sus declaraciones anuales resul-tan afectados 31 millones de españoles. Segundo, porque ha venido a quebrar una preocupante línea de casi asfixiante presión tributaria, reduciéndose, de aprobarse, los tipos mínimos y máximos y el número de tramos. Con esta ley, además, nos acercamos en la tendencia fiscal a la Unión Económica y Monetaria Europea.
Antes de seguir con los comentarios, creo que se debe felicitar a todos los miembros de la Comisión para el estudio y propuesta de este impuesto y también a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios que, con sus criterios favorables o desfavorables, han conseguido el texto que hoy se trae a esta Cámara.
Es opinión mayoritaria en este país que la reforma era necesaria. Había que mantener los objetivos de cre-cimiento económico y creación de empleo. Se estima que la reducción media del impuesto para el conjunto de los contribuyentes será de un 11 por ciento y cono-cido es que, a base de simulaciones técnicas estáticas, el Gobierno considera que esta reducción es más importante para los contribuyentes de menores niveles de renta. Así, para más de 8.800.000 contribuyentes con rentas inferiores a dos millones de pesetas, los valores están próximos al 30 por ciento, y para los casi tres millones de personas con rentas comprendidas entre dos y tres millones, un 15 por ciento; los más de dos millones de contribuyentes con rentas comprendidas entre tres y cinco millones, tendrán una reducción del 8,3 por ciento y los casi 800.000 contribuyentes con rentas declaradas de cinco millones tendrán una reducción aproximada del 6 por ciento.
Se considera que con esta reforma la tasa de creci-miento de la economía seguirá aumentando en el pe-ríodo 1999-2000, aunque no en las cifras previstas del 3,9, como se anunciara recientemente tras el Conse-jo de Ministros del 31 de julio. Hoy ya se anuncia que será de un 3,8, y ello debido, por un lado, al menor ritmo de la economía mundial -la crisis fue originada en el sudeste asiático- y, por otro, porque el consumo privado, que representa dos terceras partes del PIB, se verá afectado por la volatilidad bursátil y por haberse deteriorado el llamado efecto riqueza. España no va a permanecer ajena a los efectos de la crisis, pero confia-mos que, por pertenecer a la Unión Monetaria Europea, al área del euro, al euro 11, estamos en unas condicio-nes de serenidad y que el Gobierno pueda adoptar medidas para atajar los posibles inconvenientes que puedan afectar a la economía española, especialmente en el sector exterior.
Con esta ley se incrementará la renta disponible de la familia y de los pequeños empresarios, así se impul-sará el ahorro y el consumo; es decir, se va a provocar una mejora generalizada del nivel de actividad econó-mica.
Y si no engañan los libros de economía, se darán unas condiciones apropiadas para reducir el paro. Por otro lado, habrá un ahorro significativo en sus costos

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de administración, ya que la elevación del límite míni-mo afectará a más de 10.600.000 asalariados; va a ser importantísimo el ahorro de gestión motivado por la reducción del número de autoliquidaciones. Asimismo Hacienda va a soportar una reducción de ingresos de alrededor de 400.000 millones, cifra discutida, pero que nosotros aceptamos y que estimamos que se va a com-pensar con el crecimiento económico y con la reduc-ción de gastos y por los beneficios de la lucha contra el fraude fiscal.
Por otro lado, Hacienda se ha comprometido a publi-car antes de que acabe el año una tabla de deduccio-nes que será parecida a la nueva tabla del IRPF que tra-emos hoy aquí. El objetivo es acabar con el actual sistema de devoluciones masivas a los contribuyentes, que alcanza nada menos que la cifra de un billón de pesetas. En esa tabla se tendrán en cuenta las circuns-tancias familiares y económicas de los asalariados y todo ello coincidirá con la entrada en vigor de esta ley el 1º de enero de 1999, de seguir su trayectoria aproba-toria también en la Cámara Alta.
Coalición Canaria quiere expresar su satisfacción por el texto conseguido en ponencia y en Comisión por-que, de las 24 enmiendas que presentamos, se han aceptado 18, retiramos 3 y hemos mantenido vivas para el Pleno otras 3. Tenemos la satisfacción de decir que hemos añadido al título una denominación complemen-taria de «y normas tributarias» por el cumplimiento de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contri-buyentes, conocida popularmente como la ley del esta-tuto del contribuyente. En el título I conseguimos que, entre las rentas exentas, se incluyesen los pagos hechos por gratificaciones por razón de misiones internaciona-les humanitarias. Asimismo en el título II, en materia de rendimientos del trabajo -y fue una propuesta nues-tra-, se estimó que no se incluyese dentro del concep-to de rendimiento íntegro la disposición anticipada de los derechos de rescate en los supuestos de enferme-dad grave o desempleo de larga duración. En el artícu-lo 17 de ese mismo título se hizo una aclaración en la reducción del 30 por ciento en el caso de las rentas irregulares.
También conseguimos la exención para las cuotas profesionales obligatorias en los colegios de ese tipo.
En el artículo 18, en materia de reducciones, conse-guimos que de los rendimientos netos del trabajo la reducción se eleve en un 80 por ciento en los casos de discapacitación o de movilidad reducida.
En el segundo aspecto del capital mobiliario, logra-mos que se matizase que en la consideración de rendi-mientos íntegros, en los casos en que el contribuyente quiere mantener los mismos elementos patrimoniales y vuelva a adquirirlos, ese derecho podría mantenerse siempre que lo hiciese dentro de los dos meses anterio-res o posteriores.
En materia de rendimiento de actividades económi-cas, en el artículo 28, se nos aceptó la enmienda 129, que permite que los profesionales no integrados en la Seguridad Social puedan deducir de los gastos de su actividad las aportaciones efectuadas a mutualidades de previsión social, con el límite de 500.000 pesetas anuales.
Consideramos también importante que en materia del mínimo personal y familiar, que ya es el capítu-lo III, nos fuera aceptada la enmienda número 130, logrando que se eleve en 150.000 pesetas el mínimo personal para discapacitados con un mayor grado y para personas con disfuncionalidades importantes, por los gastos extraordinarios por cuidados o por enferme-dad.
Ello supone duplicar el mínimo por estas situacio-nes, pasando de 300.000 a 600.000 pesetas. De la misma manera, el mínimo por descendientes en esas mismas circunstancias se eleva de 450.000 a 600.000 pesetas. El mínimo familiar por hijo debe ser aplicado entonces en casos de separación legal por el cónyuge con el que convivan, por lo que deberá sustituirse la dependencia del contribuyente como factor determi-nante para la aplicación del mínimo por descendiente o por la convivencia. El padre o la madre que no conviva con sus hijos y satisfaga anualidades por alimentos podrá aplicar exclusivamente lo previsto en los artículos 51 y 62 del proyecto de ley. Se aclaró, por otra parte, que a efectos de aplicar el mínimo familiar son equiparables a los descendientes las personas vincula-das al contribuyente por razón de tutela o acogimiento, en los términos previstos por el Código Civil, incluyen-do el acogimiento remunerado.
En el título III, cuando se habla del cálculo del impuesto, se nos ha aceptado la enmienda que se refie-re a las deducciones en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual cuando haya financiación ajena, estableciendo una escala más justa y siguiendo la doc-trina de una reciente sentencia Tribunal Supremo.
En el título IV, destinado al gravamen autonómico o complementario logramos que se incluyera la referen-cia a los regímenes especiales en instituciones de inver-sión colectiva -me estoy refiriendo al artículo 58-, y en el artículo 60, en el cálculo de la cuota diferencial, que, como es sabido, será el resultado de minorar la cuota líquida total del impuesto -suma de cuota líqui-da estatal y autonómica o complementaria-, en los importes que señalan los cuatro apartados de dicho artículo 60, conseguimos, repito, que se aclarase que el límite máximo de deducción en caso de transparencia fiscal girará sobre las cuotas pagadas y los pagos a cuenta imputados por las sociedades transparentes.
En materia de tributación familiar añadimos en las normas aplicables en la tributación conjunta del artículo 68 el límite máximo de 1.500.000 pesetas, que no aparecía en el proyecto, para discapacidades de mayor grado o enfermedades, para solucionar la discri-minación que pueden padecer las unidades familiares del citado artículo 68.1.1ª, frente a la segunda modali-dad de unidad familiar (uniones de hecho, separados y divorciados), ya que estas podrían en principio, si los padres viven juntos y tienen dos descendientes, pre-sentar dos declaraciones conjuntas.


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Y ya al final, en la disposición adicional, se nos aceptó la enmienda 140 para completar la regulación de las partidas pendientes de compensación a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, teniendo en cuen-ta el cambio en la forma de integrar y compensar las mismas respecto de la Ley 18/1991 de 6 de junio, aña-diendo los supuestos de rendimientos negativos y bases liquidables reguladas negativas. En todo caso se man-tienen los cinco años para compensar lo previsto en la citada ley.
En la disposición adicional decimotercera, referente a las operaciones de seguro de asistencia sanitaria, se elimina el gravamen indirecto que actualmente recae sobre dichas primas, abaratando así de manera inme-diata su coste para los ciudadanos.
Debemos expresar, junto a la satisfacción de habér-senos recogido todos estos criterios, que se haya acep-tado la utilización de las siglas IRPF cuando se quiera designar esta ley, y es que, señorías, la realidad se impone. No soy muy partidario de la utilización de siglas y acrónimos, pero, repito, la realidad se impone, los ciudadanos los utilizan y nosotros tenemos, por economicidad y por respeto a la opinión pública, que admitir esas siglas.
En cuanto a las enmiendas vivas, repito que hemos reti-rado las que propusimos in voce y vamos a defender las tres enmiendas que mantenemos, empezando por la 134.
La enmienda 134 contiene dos partes. La primera se refiere a la pretensión que tenemos los ciudadanos que vivimos en islas Canarias de tener ese beneficio de deducción por rentas que tienen los ciudadanos de Ceuta y Melilla. No pretendemos llegar al mismo impor-te, un 50 por ciento, pero sí a un 20 por ciento, y así decimos que los contribuyentes que tenga acreditada su residencia habitual en las islas Canarias deducirán el 20 por ciento de la cuota íntegra estatal de las rentas computadas para la determinación de la base liquida-ble que hubiera sido obtenida en dicha comunidad autónoma. Esta deducción no sería aplicable a las ren-tas que hubieren sido objeto de alguna otra bonifica-ción o exención, por aplicación de la normativa regula-dora del régimen económico y fiscal de Canarias. Serán de aplicación para la consideración de rentas obtenidas -pretendemos- los mismos criterios establecidos para Ceuta y Melilla en el apartado 3.º del número 4 del artículo 55, referido al ámbito territorial de esas ciuda-des autónomas.
Señorías, no podemos olvidar que Canarias, territorio español geográficamente africano, se encuentra a 2.000 kilómetros de centros de decisión como es Madrid y, además, es un territorio fragmentado en islas. El incre-mento de población es impresionante, pero no por el número de nacimientos sino por el número de inmi-grantes, y el 80 por ciento de los mismos proceden de la Península y el resto de la Unión Europea, y nosotros lo aplaudimos, porque vienen a trabajar junto al pue-blo canario, pero un producto en Cádiz es mucho más barato que en Canarias. En Canarias cuesta 120 pesetas lo que en Cádiz cuesta 100. Nosotros proponemos que siendo importante en el contexto del IRPF la tributa-ción por parte de asalariados y sueldos, que en ese aspecto se rebaje ese 20 por ciento.
Se nos dirá que tenemos un régimen económico y fiscal, que es una herencia de la Ley de puertos francos. Esta ley hoy sería inaplicable.
En un mundo de globalización nece-sitamos estar dentro de un área y el área en la que esta-mos afortunadamente es la española, la europea y el área del euro, pero no podemos olvidarnos de la dis-tancia y de la insularidad del Archipiélago. Nosotros, aunque no tenemos IVA, sí tenemos un impuesto, el IGIC, junto con otro, APIC, que está en fase de descres-te y que habrá que mantener por una extensión tuitiva a las industrias, pese a los informes en su contra de los juristas de la Unión Europea. Consideramos que no es una cuestión baladí, sino que es una medida que va a agradecer el ciudadano medio canario, porque todos recordamos que cuando la Unión Europea admitió a Irlanda una deducción fiscal más o menos parecida, la economía irlandesa volvió a ocupar un lugar importan-te dentro de la Unión Europea, eludiendo puestos de baja rentabilidad y de bajo nivel de vida.
Otro aspecto del nuevo apartado que proponemos en este artículo se refiere a que el personal directivo e investigador residente en Canarias y perteneciente a empresas de investigación, innovación o desarrollo tec-nológico y de I+D que estén registradas bajo el régi-men de la zona especial canaria (ZEC), podrá acogerse a una bonificación del 50 por ciento en la cuota del impuesto durante un período no superior a cinco años.
Claro que todavía queda mucho para que se implante la ZEC. Es un desiderátum, ya lo consideramos como algo quizá inalcanzable, porque estamos finalizando el siglo XX y no tenemos una fe absoluta en que se logre con rapidez. Y va a ser necesario porque, ya que hemos perdido el régimen de puertos francos, para la economía canaria es conveniente aprovechar las rentas de situación. Nosotros no tenemos materias primas ni energéticas. Tenemos solamente una situación de puen-te entre Europa, África y América y tenemos que apro-vecharla, y no solamente para exportaciones canarias al continente africano y a Europa, donde tenemos la pro-tección europea, sino que lo necesitamos para la juven-tud canaria y para la juventud española que vaya a Canarias a realizar labores de investigación. Ya estamos destacando en materia de informática, exportando tec-nología a América del Sur y necesitamos que en la ZEC se permita que los técnicos y los especialistas que quie-ran trabajar en ella tengan esta bonificación fiscal. Al fin y al cabo, no es otra cosa que el respaldo a la pro-posición no de ley que se aprobó en la sesión del mar-tes, que fue una iniciativa del Grupo Popular, con el apoyo de Convergència i Unió y los demás grupos polí-ticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le ruego concluya.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.


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Otra enmienda que nos queda viva es la del time sharing -tiempo compartido o tiempo por turnos, como lo llama la legislación-.
Vamos a aceptar la enmienda que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Popular por considerar su redacción justa y porque así se va a conseguir que se respete esta modalidad, que es una variedad de la actividad turística pero con un turismo y una oferta selectiva.
Por último, mantenemos, por considerarlo de justicia, la enmienda al artículo 31. Si estamos hablando de una reducción de los impuestos, ¿por qué no se reduce la cuota en los casos en que haya una exacción con rela-ción al Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la renta? Decimos: artículo 31. Límite de la cuota íntegra: la cuota íntegra de este impuesto conjuntamente con la corres-pondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no podrá exceder, para los sujetos pasivos some-tidos al impuesto por obligación personal, del 60 por ciento. El resto lo dejamos igual.
Apoyaremos el proyecto del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presi-dente.
Señorías, mi grupo parlamentario ya expuso en el debate de totalidad su opinión sobre este proyecto de ley y no voy a repetir los análisis que hicimos en ese momento. También hemos presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley, que han sido debatidas y defendidas en Comisión, y en consecuencia este debate es repetición del que ya hemos tenido ampliamente.
Por tanto, me voy a centrar en los aspectos más impor-tantes que recogen las enmiendas que mi grupo parla-mentario ha presentado a este proyecto de ley.
Tal y como ya expusimos en el debate de totalidad, hay algunos aspectos que pensábamos que podían mejorar el tratamiento del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas. En esa voluntad de mejorar el texto del proyecto de ley, presentamos un conjunto de enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas, en concreto las que hacen referencia a los aspectos relacionados con la previsión social complementaria; no así otras, que entendemos que deberían de haber tenido mayor consideración, puesto que en el fondo lo que pretenden es profundizar en aquellos objetivos que persigue este proyecto de ley, motivo por el cual hemos mantenido las enmiendas que quedaron vivas después del debate en Comisión.
En este trámite parlamentario voy a pretender sinte-tizar las propuestas que están recogidas en nuestras enmiendas a este proyecto de ley siguiendo el esquema de los aspectos más importantes que destacamos en el debate de totalidad.
En primer lugar, me referiré al rendimiento de las rentas de trabajo. Es de amplio consenso el reconoci-miento de considerar las rentas procedentes del trabajo como aquellas que soportan una mayor presión fiscal efectiva, además de ser las que también soportan la mayor parte de la recaudación. Por eso consideramos que el proyecto de ley debe de ser más generoso, sobre todo con las rentas más bajas. De ahí que proponga-mos con nuestra enmienda número 103 una mayor minoración de los rendimientos netos del trabajo regu-lados en el artículo 18, de forma que reforcemos la pro-gresividad del impuesto determinando una reducción más elevada tanto en términos absolutos como relati-vos para los rendimientos de menor importe. Esto no es óbice para que haya aspectos que deben de ser mejorados en los rendimientos de capital, como es la corrección de la doble imposición de las sociedades cooperativas como consecuencia de los retornos a los socios cooperativistas -esto se recoge en nuestra enmienda número 104-, o en los rendimientos proce-dentes de transmisiones patrimoniales, provenientes de bienes inmuebles -enmienda número 106-, o en el tratamiento de las transmisiones de activos afectos a actividades económicas que se establece en la enmien-da número 107.
La segunda cuestión que mi grupo parlamentario quiere destacar es el tratamiento de la fiscalidad de la familia. El proyecto de ley opta por establecer un míni-mo personal y familiar con un tratamiento de reducción en la base imponible. Es un sistema que representa una novedad sobre lo que se estaba haciendo hasta ahora, sobre lo que se aplicaba actualmente. Es la opción que se ha elegido por parte del Gobierno. No es la única opción posible ni la más adecuada para nosotros, pero es una opción válida. En su lugar, mi grupo parlamenta-rio propone mantener el sistema actual de establecer el tratamiento personal y familiar en la cuota y no en la base, eso sí, mejorando las reducciones actuales. Para ello proponemos el mantenimiento de un tramo de renta al tipo cero y una reducción por hijo igualmente aplica-ble a la cuota del impuesto. Este criterio tiene como con-secuencia la alteración del texto del proyecto de ley mediante las enmiendas números 100, 102, 108, 114 y 116.
En tercer lugar me voy a referir a la tarifa del impuesto. El proyecto de ley establece una tarifa que se reduce en los tramos de renta y los marginales, máximos y mínimos. Estamos de acuerdo en estas medidas, sobre las que no creo que haya discrepancias.
Todos hemos manifestado en diversas ocasiones la necesidad de reducir tanto los tramos de renta como también los límites máximos y mínimos establecidos en estos tramos. Sin embargo, su trascendencia recaudato-ria es muy importante si queremos que esta reducción afecte a todos y que afecte, por tanto, a todos los nive-les de renta.
Nuestro grupo parlamentario es partidario, porque lo ha dicho en infinidad de ocasiones y aparece en nues-tros programas electorales, de reducir la presión fiscal

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directa. Queremos que todos los contribuyentes por rendimientos de la renta de las personas físicas tributen menos, todos. A partir de aquí habrá que establecer cómo se reparte esa rebaja del impuesto y en este sen-tido entendemos que deben de beneficiarse más las rentas bajas que las altas, beneficiar más porcentual-mente a los que cobran 1, 2 ó 3 millones de pesetas al año que los que cobran 11 ó 12, aunque todos vean al final reducido el impuesto, pero, como digo, porcen-tualmente que sea mayor la incidencia entre las rentas más bajas que en las más altas. De ahí que proponga-mos una escala general del impuesto con un abanico que va desde el 17 por ciento, a partir de las 550.000 pesetas, hasta el 50 por ciento, para rentas superiores a 11 millones de pesetas, como se recoge en las enmiendas números 113 y 115 que hemos presentado.
Finalmente, quisiera destacar algunas enmiendas puntuales, no por ello exentas de contenido y que desde nuestro punto de vista son importantes.
Por una parte, está el tratamiento de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único, recogido en la enmienda 101. Entendemos que el límite de exen-ción de un millón de pesetas que recoge el proyecto de ley en estos momentos está obsoleto, por cuanto que las actuales cantidades que se cobran por indemniza-ción superan este límite, máxime si lo que pretende-mos todos, además, con esta reforma del proyecto de ley es favorecer la creación de empleo. En nuestra opi-nión, debería desaparecer esa limitación, sobre todo cuando la misma viene ya limitada por la indemniza-ción a cobrar según la normativa laboral que regula estas indemnizaciones.
Otro aspecto que proponemos mejorar es el trata-miento de la consideración de las rentas en especie dentro del sector cooperativo. Si queremos incentivar la participación de los trabajadores en el capital social de la propia empresa debemos elevar los límites de las cantidades entregadas a los trabajadores en forma de acciones o participaciones sin que tengan la considera-ción de rendimientos de trabajo. Lo mismo que no deben de tener la consideración de rendimientos de trabajo en especie las cotizaciones a las mutualidades de previsión social realizadas por los socios cooperati-vistas cuando tienen como finalidad complementar los niveles de cobertura equivalentes al régimen general de la Seguridad Social. Esto es lo que proponemos en nuestras enmiendas números 109 y 110.
Por último, también relacionado con el mundo coo-perativo, entramos en la equiparación de los retornos cooperativos a los dividendos y participaciones en beneficios en cuanto al tratamiento para evitar la doble imposición interna. En estos momentos, a este respecto se está dando una discriminación que estimamos nece-sario corregir, en línea además con lo propuesto por el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre este proyecto de ley.
Estos son, señorías, de una forma resumida, porque ya se debatieron ampliamente en Comisión, los conte-nidos de nuestras enmiendas que han quedado vivas en este proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que pongo a la consideración de SS.SS. En cualquier caso, vamos a votar a favor del dic-tamen de este proyecto de ley, porque entendemos que es el que desea la mayoría de esta Cámara. Esta va a ser la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que quieren el Gobierno y la mayoría de esta Cámara para el resto del Estado -me refiero al resto del Estado por cuanto que el País Vasco y Navarra van a hacer su propia reforma-. En consecuencia, en ese ánimo que ya adelantamos en su momento de respetar la reforma del Estado, considerando de momento el dictamen que va a aprobar el Pleno de esta Cámara, a expensas de lo que posteriormente sean los debates en el Senado, desde nuestro grupo daremos al final ese voto favorable a este dictamen del proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir para defender las enmien-das que mantiene vivas mi grupo parlamentario en este trámite del Pleno en torno a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también voy a transmitirles algunas observaciones de carácter más global y general que veo que están vertiéndose por parte de los portavoces a raíz de las posiciones políti-cas que mantiene cada grupo parlamentario en torno a esta reforma. No obstante, señorías, a estas alturas del debate político en torno a la oportunidad, a la viabili-dad económica y al acierto que podría justificar o no posiciones políticas de los distintos grupos, nuestro grupo, de entrada, quiere decir que entendemos que este es un debate bastante superado ya. Prueba de ello es el interés que está despertando en la Cámara esta mañana el proyecto de ley del IRPF, uno de los temas clave de la legislatura, lo cual no es más que una mues-tra de que el debate profundo que se ha suscitado en el inicio de la presentación de esta reforma sobre si era una reforma favorable a los ricos o no, debate de ricos y pobres o de oportunidad o no oportunidad de la misma, creo que ha quedado absolutamente superado.
La prueba está en la sesión de esta misma mañana y creo que la sociedad ya no nos sigue en esta dialéctica.
Esta es, señorías, para nuestro grupo, la reforma que la sociedad hoy puede hacer a la vista de lo que está haciendo toda Europa en el ámbito tributario. Esta, señorías, es una buena reforma para nuestro grupo par-lamentario, al margen de todas las mejoras técnicas que todavía se puedan incorporar, que se pueden incluir en próximos trámites parlamentarios, y al margen de algu-nas cuestiones que aun no modificándose, queden pen-dientes para futuras reconsideraciones.
Esta es para nuestra formación política una buena reforma, pero es una buena reforma, señorías, que responde

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a un compromiso político que tiene nuestro grupo parlamentario con los electores que nos dieron su confianza. Con esta reforma, señorías, cumplimos el mandato electoral que adquirimos frente a los electores, porque en nuestro programa electoral figuraba este compromiso de afrontar la reforma del IRPF, revisar todo el impuesto y aproximarlo a los marcos europeos de hoy, cosa que estamos haciendo en estos momentos.
Esta reforma, construida conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo la entien-de como una reforma que moderniza el marco fiscal hoy aplicable en nuestra sociedad, y no habrá ningún ejemplo de ningún portavoz -al menos hasta la fecha no lo he escuchado y quiero pensar que no lo habrá tampoco por parte de los que me van a seguir en el uso de la palabra, que ya sé que van a tener posiciones más endurecidas en cuanto a la crítica de este proyectoque ponga en contradicción esa reforma con cualquier otra que se esté aplicando en cualquier país de la Unión Europea. Los dos países más emblemáticos en toda la revisión del marco fiscal (Alemania y Gran Bre-taña) están en la misma dirección de la reforma que se está planteando aquí en estos momentos y, curiosamen-te, con planteamientos de signo político distinto, tanto socialdemócratas, como demócratacristianos o libera-les.
Las fuerzas políticas de los dos países más emble-máticos en cuanto a la revisión de todo el marco fiscal se están pronunciando exactamente en la misma direc-ción de lo que se está planteando aquí.
Para nuestro grupo parlamentario esta reforma, seño-rías, no es algo aislado, no es una revisión caprichosa para favorecer a ningún grupo especial de nuestra sociedad. Esta es una reforma, señorías, que se plantea en la continua revisión que se está ejecutando ya en esta legislatura de todo el marco fiscal y de todas las figuras impositivas.
No es un hecho aislado, no es un hecho que no tenga su vinculación con todas las medi-das fiscales que se han tomado en el ámbito de los pre-supuestos y leyes de acompañamiento y con las nor-mas que se han tomado, por ejemplo por los reales decretos de junio de 1996, donde se han revisado muchos aspectos de la fiscalidad. Se está revisando toda la fiscalidad en estos momentos y ahora corres-ponde hacerlo en el Impuesto sobre la Renta de las Per-sonas Físicas. Sucesivamente, vamos a tener que hacer otras revisiones, porque estoy seguro de que con la entrada del euro habrá que tomar algunas decisiones de armonización y, por tanto, se tendrán que revisar el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades para situar la fiscalidad de las actividades económicas en los mismos niveles que están aplicándo-se en otros países de Europa.
Esta es una reforma que tiene por finalidad favore-cer, señorías, a las rentas más bajas, y levanto la voz, una vez más, de mi grupo parlamentario para decir que no es verdad la argumentación política de que esta es una reforma que favorece a las rentas más altas. No es verdad. Ya sé que esta afirmación viene contrastada y discutida por otros grupos políticos, pero, señorías, a partir de enero de 1999, cuando se aplique la nueva escala de retenciones, la sociedad sabrá, notará y cono-cerá la verdad de nuestra convicción. Esta es una refor-ma cuya aplicación práctica tiene una mayor incidencia en las rentas bajas; también tiene incidencia en las ren-tas medias y altas, pero su mayor incidencia es sobre las rentas bajas. Dos millones de personas en los nive-les más bajos de renta serán quienes van a notar con mayor profundidad la reducción impositiva. Habrá un volumen, aproximadamente, de cinco millones de per-sonas que van a observar la mejora de esta revisión fis-cal y puede ser que haya algún colectivo importante y probablemente en los niveles de capas más altas de renta que no notará cambios en esta revisión tributaria.
Señorías, nuestro grupo ha optado por dar apoyo pleno a la gran novedad del concepto de mínimo vital familiar. No vamos a apoyar el splitting que nos plantea el Grupo Socialista, splitting que también podría tener su interés como mecanismo técnico.Creemos que la fór-mula del mínimo vital familiar favorecerá mejor las ren-tas derivadas del trabajo y las rentas bajas de nuestra sociedad. En cambio, la fórmula del splitting incorpora mecanismos de división de rentas que tendría aplica-ciones muy curiosas, incluso en niveles de renta muy altos, y nuestro grupo entiende que ahora no debería-mos dar este paso.
No comprendemos las propuestas que se hacen en esta dirección desde el Grupo Socialista, porque no ter-minamos de comprender dónde está la gran diferencia práctica de la aplicación de este mecanismo con el que se está proponiendo. Esto se puede argumentar con-ceptualmente de formas muy distintas, pero en la prác-tica no habrá tantas diferencias reales en un gran núme-ro de contribuyentes.
Señor presidente, mi grupo reitera su convicción de que ésta es una buena reforma; es la que hoy nos podemos permitir y, por tanto, salimos al paso de las voces de desequilibrio presupuestario, de que no vamos a poder soportar el coste que se va a derivar de esta reforma, porque en este momento las previsiones que contempla esta reforma son las que la sociedad se puede permitir. Hay otras fuerzas políticas que hubie-ran deseado ir mucho más lejos de la reforma que se plantea, al menos así se expresaba en sus programas electorales. Sin embargo, se ha llegado al punto que es el nivel de revisión tributaria que podemos permitirnos en nuestra situación económica y que el presupuesto público puede digerir perfectamente.
Señor presidente, quisiera remitirme ahora a unas enmiendas que mi grupo mantiene vivas todavía para pedir el voto a favor de la Cámara. La más importante, señorías, es la que ya expresamos en el debate de Comisión.
Es un compromiso de revisión de toda la fis-calidad a exigir a las personas que tienen minusvalías.
Ésta era una asignatura pendiente del debate político de esta reforma.
En Comisión nos emplazamos para el Pleno y mi grupo mantiene una enmienda para formali-zar una revisión de la tributación a aplicar a las perso-nas con minusvalías.


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La enmienda transaccional que se ha repartido a todos los grupos parlamentarios contiene tres capítulos sustantivos de mejora importante de la fiscalidad de las personas con minusvalías. Se plantea, en primer lugar, una novedad casi de nivel europeo, porque esta fórmu-la de construcción de un ahorro complementario a nivel familiar garantiza unos niveles de renta a las personas con minusvalía desde el momento en que pierdan la vida los que les tutelan para que puedan, a partir de entonces, complementar la renta pública con una renta construida privadamente, pero en el contexto de la uni-dad familiar. Ésa es una novedad que no existe en muchos países de Europa y España será uno de los paí-ses pioneros en instrumentar unos planes de ahorro con finalidad específica para las personas con minusvalía.
De esta medida reclamo la exclusiva paternidad para nuestro grupo parlamentario. Espero que el señor ministro no se moleste -y le agradezco su presencia en la sesión de hoy- ni tampoco el grupo parlamenta-rio.
Reclamo su genuina paternidad para mi grupo par-lamentario.
Desde el comienzo del debate del IRPF la pusimos sobre la mesa y fue aceptada totalmente por el Gobierno y el Grupo Popular y, al final, se ha termina-do definiendo el perfil exacto de esta medida desde el extenso trámite de discusiones técnicas. Esta medida tiene en términos muy esenciales el siguiente mensaje: cada familia española que tenga una persona con minusvalía deberá instrumentar solidariamente un com-portamiento de ahorro al que podrá contribuir cual-quier miembro de la unidad familiar hasta el tercer grado, ya que el único destino de este ahorro será sólo y exclusivamente la persona con minusvalía. Este ins-trumento no se ejecuta con voluntad de facilitar el res-cate de capital. No se trata de hacer ahorro familiar cuyos únicos destinatarios sean las personas con minusvalías para que luego se pueda rescatar todo ese capital y destinarse a otros fines, sino simplemente se establece en la ley que las prestaciones de este plan de pensiones para personas con minusvalías se deberán percibir en forma de renta. Así garantizamos el comple-mento a la atención pública para que estas personas en un momento de su vida puedan tener garantizados unos niveles de renta cuando los familiares que les tutelan pierdan la vida y dejen entonces de estar al amparo de sus rentas económicas.
Señorías, es una decisión muy buena, felicito al Gobierno y al Grupo Popular por haber sido capaces de saber instrumentar esa medida novedosa y pido a las organizaciones que puedan estar siguiendo este debate que sepan transmitir a la sociedad española la oportunidad y el interés que puede tener esta medida para garantizar buenos niveles de renta en un futuro a todas las personas interesadas.
Quisiera también indicar, señor presidente, que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 245, en donde se instru-menta esta medida, habla de otras medidas de revisión de las deducciones tanto a aplicar por las personas minusválidas que obtengan rentas del trabajo como para las familias que tengan miembros con disminucio-nes.
Creo que es un paso hacia adelante. Podrían no estar satisfechas algunas organizaciones por desear más, pero nadie nos va a negar que se da un paso sus-tantivo para desfiscalizar las rentas del trabajo de las personas que tienen minusvalías y para ayudar a las familias que tengan miembros con disminuciones a su cargo a soportar los costes. Las medidas que se plante-an creo que todas ellas son positivas y, por tanto, mi grupo va a dar su voto a favor de esta transaccional.
Simplemente quiero apuntarle al Grupo Popular y al señor Vicente Martínez-Pujalte que a esta enmienda sólo le falta una pequeña corrección que le invito a que la hagamos en el Senado para no sofisticar el debate de esta mañana. Las prestaciones que se regulan en forma de capital que pudieran autorizarse por vía reglamenta-ria en estos planes de ahorro deberían experimentar una minoración del 60 por ciento para que tengan un diferencial más positivo en relación con las personas normales que ya tienen una reducción del 40 por cien-to.
Por tanto, le invito a que reflexione sobre esta pro-puesta para que en el Senado la podamos incorporar.
Señor presidente, la siguiente medida que quisiera también evidenciar, que es una enmienda transaccional a nuestra enmienda número 265, es la que hace refe-rencia a la rehabilitación de las viviendas. Esta enmien-da contienen dos medidas: la rehabilitación de las viviendas de las personas con minusvalías y la rehabili-tación de las viviendas con carácter general. Aprovecho el debate que estamos ahora suscitando en torno a esta enmienda relativa a las medidas que favorezcan la rehabilitación de viviendas, señor presidente, para hacerle, si me permite, una sugerencia. Quizás debería-mos tomar alguna iniciativa para eliminar las barreras de acceso a la tribuna para personas con minusvalía en esta Cámara. Creo que sería muy interesante que, junto con las medidas que tomamos para ayudar a la socie-dad a eliminar barreras en sus propias viviendas, en esta casa también se tomaran otras para eliminar plena-mente los obstáculos hoy existentes para el acceso libre de los ciudadanos y que así pudieran seguir estas sesio-nes con toda comodidad.
La enmienda que se presenta pretende eliminar barreras de todo signo en las viviendas de los minusvá-lidos, no sólo específicamente las físicas, sino también las que pudiera haber de carácter auditivo para mejorar el nivel de vida de dichas personas y hacerlo más cómodo. Esta medida pretende que todos estos gastos en que se incurra por parte del contribuyente puedan ser objeto también de deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Nuestro grupo también felicita al Grupo Popular por la aceptación de la enmienda que hemos propuesto en ese sentido para que el 15 por ciento de deducción por acceso a la vivienda se pueda aplicar asimismo cuando se rehabilita la propia vivienda y ella afecte a las facha-das de los edificios. ¡Cuántas polémicas y debates polí-ticos hemos tenido en tantos ayuntamientos de España como consecuencia de erosión y degradación de las

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fachadas de edificios antiguos, que han causado algu-nas víctimas! Pues bien, estamos a punto de tomar una buena medida que consiste en que el 15 por ciento de deducción por los gastos de acceso a la vivienda tam-bién podrá aplicarse para los gastos de rehabilitación de la vivienda cuando ésta tenga una antigüedad, cuan-do se haga por exigencias técnicas o porque es necesa-ria la rehabilitación de la fachada, dado que está degra-dándose hasta tal punto que puede poner en peligro la salud de los ciudadanos que caminan junto a ella.
Por lo tanto, es otra segunda enmienda positiva que se adopta esta semana en la sesión de esta semana.
La tercera enmienda, señor presidente, hace referen-cia a la lucha contra el fraude. Nuestro grupo había mantenido la posibilidad de compensar pérdidas de hasta siete años por parte de las empresas, y el Grupo Popular nos plantea que esta posibilidad puede acep-tarse no solamente por siete años, sino hasta por diez, pero con una exigencia, y es que los períodos en que se generan pérdidas, si se compensan en futuros ejerci-cios, se mantienen abiertos a toda acción inspectora de la Agencia Tributaria; todo ello nos parece bien. No vale tener perdidas en un año, posteriormente acogerse a la prescripción y eludir cualquier inspección y, sin embargo, que se apliquen las correspondientes minora-ciones.
Por tanto, si hay pérdidas y se trasladan a ejer-cicios futuros, el ejercicio que ha ocasionado pérdidas, deberá estar abierto a cualquier acción inspectora de la Agencia Tributaria. Esto nos ayudará a que los meca-nismos que se utilicen de posibles situaciones de pérdi-das para poder beneficiarse se podrán aplicar sólo y exclusivamente cuando esas pérdidas se hayan ocasio-nado por razones fundadas y justificadas, sin ser objeto de manipulaciones u operaciones para intentar bajar sus obligaciones fiscales. Estamos de acuerdo con esta medida y la aplaudimos.
Por último, señor presidente, mi grupo anuncia su voto favorable a las enmiendas que plantea Izquierda Unida o Coalición Canaria, que se nos han distribuido.
También quisiera hacer referencia, señor presidente, a una enmienda propuesta por el Grupo Popular -y que mi grupo asume-, distribuida por los servicios de la Cámara, relativa a una corrección técnica suscitada en el dictamen de la Comisión respecto a una enmienda que mi grupo propuso al texto. Se trata de una disposi-ción final que modificaba el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria. Recordarán, señorías, el debate que tuvimos en la Comisión sobre aquella habilitación a los jueces y tribunales para tener mayor capacidad y poder ejecutar las resoluciones judiciales firmes; para que cuando hay una sentencia firme que comporte pagos y obligaciones económicas se dé instrumentos a los jue-ces para poder hacer cumplir esa sentencia y se pue-dan pagar aquellas obligaciones económicas, dando así seguridad al ciudadano. La enmienda que presentó mi grupo pretendía modificar el segundo párrafo de la letra g) del artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, sustituyéndolo por un punto nuevo, h), cuya redacción contradecía la contemplada en dicho segundo párrafo.
Pues bien, por un error, creo, se ha mantenido el mismo párrafo y se ha reproducido la propuesta de nueva redacción que mi grupo ofrecía, haciendo una redacción contradictoria. Los servicios técnicos de la Cámara han reconocido que hay un error y yo lo pongo en conocimiento de todos los grupos. Los grupos parla-mentarios disponen del texto y mi grupo invita a la Cámara a rectificar el error.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Concluyo, señor presi-dente, diciendo que estamos absolutamente de acuerdo con las demás correcciones técnicas que han distribui-do todos los grupos. Y cierro mi intervención, señor presidente, donde habíamos empezado, anunciando nuestro voto plenamente favorable a esta reforma, feli-citándonos de las medidas que tomamos esta mañana, especialmente dirigidas a las personas minusválidas y a los procesos de rehabilitación de vivienda para estos colectivos y para toda la sociedad y también felicitán-donos, señorías, porque este impuesto es un paso ade-lante de modernidad, de europeización de nuestro marco fiscal, que todos los ciudadanos cuando lo noten -no cuando lo lean- en sus declaraciones y retencio-nes, a partir del año que viene, van a aplaudir y van a adherirse a esta medida que se toma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intentar argumentar por qué Izquier-da Unida mantiene 60 de las 62 enmiendas que presen-tó a esta propuesta fiscal que hace el Gobierno, con unos datos económicos y con una previsión económica que, creo, no va evolucionando con el viento a babor que tenía en su momento.
Las previsiones de creci-miento económico, de política económica marcaban una facilidad -decía el Gobierno- para ir a una reducción de los ingresos del Estado, vía impuestos directos -con relación a los cuales pagan más los que más tienen-, en torno a 350.000 millones de pesetas según el Gobierno; según el BBV eran 750.000 millo-nes, y según las cajas de ahorro en torno a 800.000 millones de pesetas, que, en teoría, ponemos en manos de toda la ciudadanía por igual, cosa que no es así. Eso iba a amortiguarse porque el crecimiento económico iba a facilitar que hubiese mayores ingresos por el Impuesto sobre la Renta al haber más riqueza, más tra-bajo y más actividad económica, mayores ingresos por IVA y consumo y mayores ingresos por otras figuras impositivas. La verdad es que la situación económica no avala el que esa cobertura para amortiguar el efecto -como decía el señor Barea o como dice la CEOEde

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la puesta en marcha de esta reforma fiscal esté en condiciones de plantearse y mantenerse.
En todo caso, vengo a este debate del articulado con una voluntad: con la de no ser un pelotari frente a un frontón. Me gustaría -al igual que en Comisión tuve la suerte de que se me admitieran dos enmiendas- que en este trámite parlamentario, al que SS.SS nos tienen tan acostumbrados, los grupos que soportan el Gobier-no, por venderlo siempre con una gran etiqueta, con un gran mensaje; en la anterior discusión fiscal fue el de la familia numerosa; en la actual, en su fase de tota-lidad, el de los seguros, y, ahora, el de los discapacita-dos.
Además del mensaje de los discapacitados, los seguros y la familia numerosa, confiamos en que todos los ciudadanos, y sobre todo los que más necesitan del apoyo de las Administraciones públicas, se vean bene-ficiados.
Después diré cómo nuestra tarifa beneficia más a los sectores más débiles y mantiene una mayor presión sobre la gente que tiene mayores recursos, por-que cuando hablamos de la filosofía de bajar los impuestos a todos nos parece bien, el problema es que ustedes suman el número de ciudadanos que se ven afectados por una reducción con los ciudadanos que en volumen van a recibir un mejor trato fiscal. Es ver-dad que hay un sector de la población con unos ingre-sos inferiores a un millón y medio o dos millones de pesetas que se van a beneficiar en torno a 80.000 millo-nes.
Como son casi cinco millones, su beneficio va a estar en torno a 8.000 ó 10.000 pesetas; sin embargo, hay otros ciudadanos, 349 españoles, que ganan más de 100 millones de pesetas y cuyos beneficios fiscales van a estar en siete millones; han puesto siete millones en su bolsillo, para que puedan gastar. El único proble-ma es que, mientras que estos ciudadanos que ganan menos de dos millones gastan todo su sueldo en comer y en vestirse, el que gana más de cien millones de pesetas no lo gasta en comer y en vestirse, so pena que coma y vista mucho, y los siete millones que le ponen en el bolsillo le permiten vivir en condiciones de mayor lujo.
Por tanto, a mí me gustaría que este debate presu-puestario se zanjara con algunas señas de identidad diferentes a las hasta ahora barajadas y, después, me voy a referir a algunas de las propuestas que como señas de identidad aquí se han utilizado: los discapaci-tados, los minusválidos y cómo se les está tratando.
Bajo mi punto de vista, una idea buena se trata de una manera mala. Me gustaría, por tanto, que este debate fuese el de las personas jóvenes, en el que sea tratado el tema de los jóvenes que necesitan una vivienda de alquiler. Desearía que en este debate tomásemos la decisión de corregir la propuesta del Gobierno para que los 604.000 ciudadanos españoles que se benefi-ciaron fiscalmente por tener una vivienda de alquiler -puesto que los que tienen la vivienda habitual en alquiler son jóvenes con recursos escasos y no pueden acceder a vivienda propia- sean tenidos en cuenta también ahora y se vean beneficiados. Por tanto, que sea el del tratamiento de la vivienda de alquiler para los jóvenes que tienen una situación débil, que si no son todos, porque los hay que tienen ingresos altos teoría que nosotros podemos mantener para todas las filosofías fiscales-, los hay que tienen ingresos inferio-res a tres millones de pesetas o que están en situación de desempleo o de contrato a tiempo parcial perma-nente; es fácil de controlar, ya que el contrato de alqui-ler se presenta en la Cámara de Comercio y lo tienen informatizado y conocen todos los contratos y los recursos de cada uno de ellos.
También me gustaría que fuese el debate de la lucha por acabar con el fraude fiscal. Dicen que en este país teníamos una excesiva presión fiscal. Algunos, porque hay que ver la facilidad que otros han tenido para que la presión fiscal no llegue a sus bolsillos, para que se produzca un hecho de elusión fiscal: todo ese entrama-do de empresas dedicadas a buscar las vueltas, a crear sociedades interpuestas para evitar tener que pagar; toda esa realidad que se produce con el Impuesto sobre la Renta en el que -fíjense ustedes qué parado-jaen el año 1997 hemos tenido una liquidación pre-supuestaria en la que las rentas del trabajo han crecido el 13 por ciento, las rentas de capital han bajado el 15 por ciento y las rentas de empresarios y profesionales han bajado el 0,5 por ciento. Es decir, mientras los ingresos de los trabajadores han crecido este año en un 13 por ciento, los empresarios españoles y los pro-fesionales liberales han bajado sus ingresos en un 0,5.
¿Por qué se produce eso? ¿Porque es real que han teni-do menos ingresos? No, porque se elude más fiscal-mente en estos sectores.
Nosotros queremos tomar medidas para que esa elu-sión fiscal se impida.
Hemos hecho propuestas concre-tas, por ejemplo, para que haya una evolución diferen-te en esa trama de sociedades, en cuanto a las personas que transforman renta en acciones de sociedades. Hay un sinfín de sectores que tienen un entramado en el cual una persona ingresa equis millones de pesetas a una sociedad. Por tanto, no cotiza como IRPF, sino como Impuesto de Sociedades, al 35 por ciento de mar-ginal y al 23 por ciento real. Por consiguiente, el espa-ñol que está situado en esa posición tiene una frontera de elusión. También está la situación de las subcontra-tas y las contratas. Hay ciudadanos que desgravan fis-calmente el IVA y los que realizan la obra no lo pagan fiscalmente, o, por ejemplo, esta situación boyante en la que vive una elite de nuestra población actual, artis-tas, deportistas de elite, que obtienen unos ingresos. Si los perciben ellos directamente han de tener una reten-ción pero, si lo percibe un tercero o una sociedad jurí-dica, no. Vamos a buscar, en el impuesto de no resi-dentes, que las personas que obtienen estos ingresos en nuestro país coticen aquí, y así podremos evitar estos ejemplos de premiados deportistas españoles, for-tísimos deportistas, brillantes deportistas, que tienen su residencia en otro sitio y hasta los ingresos que produ-cen en nuestro país los eluden. Busquemos fórmulas para que eso no se pueda producir.


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Dicho esto, me gustaría que este debate se produje-se bajo otra filosofía, bajo otras orientaciones. Las enmiendas de Izquierda Unida se cifran en tres crite-rios.
Primero, nosotros queremos recuperar otra cultura fiscal; queremos recuperar la idea de un país que se compromete a aportar para no tener que pagar en fac-tura, porque el que paga en factura determinados servi-cios, como la educación, la sanidad, planes de pensio-nes privados o determinadas prestaciones, puede disponer de más recursos pudiendo obtener mejores condiciones, pero el que no tiene recursos no puede pagarse esas previsiones. Por tanto, si ustedes, los que han podido permanecer en este debate y participar en esta discusión conjunta de todos los grupos parlamen-tarios, observan que para asociarse a un club, para per-tenecer a una asociación o a una organización, todos hemos de pagar una cuota para ser partícipes, ¿cómo no lo habríamos de ser en una sociedad, la española, comprometida con su futuro? Estamos de acuerdo con la cultura fiscal de pagar nuestros impuestos y de acuerdo -fíjense ustedes- con la teoría que están vendiendo de bajar los impuestos. Pero bajar los impuestos ¿a quién? ¿A todos? ¿En cuesta abajo? Pues nosotros no estamos de acuerdo. Queremos bajar la presión fiscal a autónomos, a las rentas bajas del traba-jo, a las pensiones Nuestra enmienda de tarifas propo-ne precisamente para esos tramos, en lugar del 18 por ciento de marginal, el 17 por ciento. Si ustedes han hecho la comparación de la tarifa de Izquierda Unida en cuanto a los tramos, verán que mientras el Gobierno establece para los españoles que ganan 1.200.000 un marginal del 24 por ciento, la propuesta de Izquierda Unida establece el 23 por ciento, un 1 por ciento menos. Además, para los españoles que ganan 2.100.000, la propuesta del Gobierno es de un 28 por ciento; la de Izquierda Unida, un 27 por ciento. Para los españoles que ganan 6.600.000, las clases medias, el Gobierno propone un 45 por ciento e Izquierda Unida un 44. Cuando ya no compartimos la teoría del Gobierno es cuando nos acercamos a los españoles que ganan 12 millones de pesetas. Ahí ustedes proponen el 48 por ciento, y nosotros proponemos el 56 por ciento.
Por tanto, la teoría que tienen ustedes de bajar los impuestos, de ingresar menos, nosotros la rebatimos diciendo que se mantenga el criterio constitucional, porque la Constitución española nos obliga a todos, en su artículo 31.1, a participar en los gastos públicos con criterio de progresividad y de equidad. La propuesta que hace el Gobierno rompe la progresividad, y fíjense ustedes- ésta no se da solamente a la hora de distribuir los gastos, sino también a la hora de ingresar-los para que podamos sacar los recursos del Estado español de donde puede estar el mayor volumen de disfrute de esos recursos para redistribuirlos a los que tienen menos recursos. Por tanto, la teoría de progresi-vidad en el Estado tiene que darse en la política de ingresos y en la de gastos. Y este Gobierno la ha roto en la teoría de los ingresos y en la teoría de los gastos.
Cada vez hay menos recursos para repartir entre los ciudadanos más necesitados y más recursos que van, vía subvención, aportación, participación, a los que tie-nen más recursos; retraen del paquete general mayores aportaciones.
Por tanto, las enmiendas de Izquierda Unida, concre-tas, presentadas al articulado de la ley pretenden cimentarse en otra cultura fiscal, la de aportar y partici-par en un proyecto común de sociedad, que es el pro-yecto del Estado español, del Estado federal, según nosotros, del Estado que podamos tener en cada momento, para que tengamos perspectivas de futuro en lo que ya tenemos conquistado.
El segundo requisito que Izquierda Unida propone es que paguemos por todos los conceptos que se ingre-san.
No es lógico que en este país un millón ganado con el sudor de la frente por un salario pague entre un 18 y un 48 por ciento y un millón ganado en acciones no pague en los mismos porcentajes. Nosotros quere-mos que tenga el mismo tratamiento cada millón obte-nido por un español, que pague de la misma manera. Y ustedes dicen: un tratamiento demasiado fuerte de las plusvalías y de las rentas de capital puede provocar una no inversión, un no ahorro en nuestro país. Yo les digo que las teorías de desfiscalización que se han produci-do en nuestro país jamás han llevado esos recursos que hemos puesto en manos de los que más tienen para invertir y provocar ahorro que genera empleo sino al crecimiento desaforado de los fondos de inversión. En este país hemos ido a la especulación del beneficio de los recursos, y no a la inversión, a la generación de empleo, sobre lo que estaríamos dispuestos a discutir.
De ahí que deberíamos introducir criterios finalistas a la hora de distribuir.
La cultura fiscal que Izquierda Unida tiene en sus enmiendas es la de conseguir que las plusvalías paguen y que los que obtienen beneficios por acciones coticen igual que por las rentas del trabajo. Porque, si no, esta-ríamos diciendo que el país está soportado con crite-rios de progresividad, con criterios redistributivos, con criterios de equidad solamente cuando hablamos de las nóminas del trabajo, pero no se reparte igual cuando hablamos de los rentistas, de los accionistas, de los beneficios de los fondos de inversión. Ese criterio no lo compartimos, y nosotros pretendemos que se consiga un mayor volumen de ingresos, para que el Estado, en lugar de perder ingresos, los incremente. Las enmien-das de Izquierda Unida van dirigidas a conseguir que el Estado tenga recursos para poder trabajar y hacer fren-te a sus propias obligaciones.
Y la tercera línea que nosotros vamos a introducir en la discusión es obtener recursos suficientes para el Estado. Señorías, la propuesta que hoy se hace es una propuesta fiscal que no tiene criterio de perdurar en el tiempo. Esta propuesta tendrá que ser reformada.
Mucho me temo que incluso la discusión de la ley de amañamiento que vendrá el día 30 de septiembre ten-drá criterios fiscales discutidos e introducidos en la pro-pia propuesta, a pesar de estar discutiendo hoy una ley de IRPF.


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Cuando digo de suficiencia ¿a qué me refiero? No es posible que en un año de crecimiento económico, en un año en el que los beneficios empresariales han cre-cido un 30 por ciento en los bancos y un 20 por ciento en las grandes empresas, nos estemos planteando que no se ingrese más en el Estado y que se deje en manos de ellas, y, sin embargo, estemos iniciando un camino de recorte de compromisos de todos los ciudadanos con los más necesitados, que se abre con la factura de la farmacia, que sigue con la puesta en gestión de los hospitales a nivel privado, que continúa con la reduc-ción de las aportaciones en el INEM y con la reducción de las aportaciones del Estado a la Seguridad Social vía reducción de participación en los ingresos en lo que son complementos de mínimos. En suma, si abrimos una política fiscal que significa que en el año 2000, cuando la etapa de crecimiento no se mantenga en cre-cimiento, decaiga, el crecimiento sea menor y tenga-mos menores ingresos en el Estado, entre 750.000 y un billón menos, tendremos que plantearnos entonces, y no, como deberíamos, ahora, qué no gastamos. Esta teoría de empequeñecimiento del Estado, de reducir el compromiso del Estado, de aponer manos en disposi-ción privada, que siempre es más en el que más capa-cidad tiene, no en el que más puede necesitar, no la compartimos y la vamos a rebatir.
Esta propuesta no garantiza la suficiencia. Necesitará recortes sociales o modificaciones fiscales en el año 2000 o en el 2001. Es una propuesta que nace de coyuntura, de mera discusión entre las condiciones muy del momento, muy del brote actual. No tiene crite-rio de perdurar en el tiempo. Y eso es malo. No es buena una política fiscal que no nace con criterio de perdurar, con criterio de estabilidad. Un país no puede estar cambiando su sistema fiscal de la noche a la mañana. Un país tiene que tener la sensación del com-promiso de todos los que componen la sociedad con una línea fiscal, para, a partir de ella, ir produciendo pequeños ajustes en cada uno de los momentos.
Los criterios de Izquierda Unida van dirigidos a esa orientación: suficiencia, progresividad y equidad; que, de las rentas del trabajo, paguen menos las que menos renta tienen y más los que más renta tienen; que las rentas de capital participen y aporten y que vayamos a un criterio diferente al que propone el proyecto de ley.
Nada más empezar el proyecto de ley, en el artícu-lo 2, ustedes definen una figura, qué es renta disponi-ble.
Ustedes definen lo que puede ser la situación per-sonal y familiar. ¿Son esos criterios, la situación perso-nal y familiar, lo que puede mandatar la Constitución, para que sean la figura de ordenación de nuestra pro-puesta fiscal? Según Izquierda Unida, no. Por eso esta-mos en contra de ese mínimo familiar que ustedes pro-ponen, que significa trasladar un sinfín de deducciones.
Nosotros queremos mantener el beneficio fiscal a lo que es el tratamiento del matrimonio, de los hijos, de los deficientes, de los minusválidos, sí, pero en deduc-ción en la cuota. Y ustedes lo que proponen es colocar en la deducción en la base un sinfín de deducciones que ahora mismo están repartidas. ¿Qué significa esto? Que las rentas más altas van a poder acumular un sin-fín de deducciones que no pueden hacer las rentas más bajas. Se lo demuestro con números. Se lo demuestro.
No por nada, sino porque el que gana un millón y medio no acumula ningún beneficio. Por más que usted me quiera decir que se va a desgravar por número de hijos o por número de no sé cuántos, ese mínimo vital yo no me lo descuento. El que gana 12 millones sí lo puede acumular todo. Es más, en su propuesta de tarifas se van a beneficiar en la reducción de la parte baja, de las 600.000 pesetas, del 20 al 18 por ciento, y en la parte alta, del 56 al 48. Les han beneficiado doblemente en la propuesta de tarifa a la hora de actuar. Por tanto, la propuesta que ustedes hacen, tanto con el mínimo familiar que proponen como en la idea de renta dispo-nible, no la compartimos. Para eso podríamos incre-mentar el mínimo exento. Vayamos a mantener el míni-mo exento y, en lugar de 1.200.000, digamos: todos los españoles que ganan 1.500.000 pesetas están exentos.
Y con eso no necesitamos tantas propuestas que uste-des hacen.
Simplemente declararlos exentos, ajustar las retenciones a ello y no tendremos nueve millones de declaraciones pidiendo la devolución de la renta. No las tendremos. No hará falta que ustedes tengan tantos funcionarios dedicados a eso; les podrán destinar a otras tareas, a otros menesteres.
Segunda propuesta que ustedes hacen y que noso-tros no compartimos. En cuanto a su teoría a la hora de actuar desde la idea de apoyo a la propuesta que se nos viene a hacer hoy de atención a lo que son limita-ciones y minusválidos o discapacitados, nosotros esta-mos de acuerdo con la propuesta que hacen sobre la vivienda. Estamos de acuerdo en apoyar fiscalmente la deducción para todas las personas discapacitadas que tengan que arreglar su vivienda e invertir en ella y la vamos a apoyar, pero es que hay que ver cómo ustedes trastocan siempre en billetes una idea que es positiva y que es socialmente interesante. Lo que se les ha ocurri-do es que la ayuda a los minusválidos sean planes de pensiones para poder ahorrar hasta 2.200.000 pesetas al año.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
¿Y qué minusválidos pueden llegar a una capacidad de ahorro de 2.200.000 pesetas? ¿Cuál es el objetivo a través de un fondo de pensiones? ¿Por qué no vamos a través de políticas activas? ¿Por qué se tiene que hacer todo a través de una posibilidad como es un fondo de inversión, que tiene una desgravación superior a la que tienen en la propia Seguridad Social? ¿Por qué no hacerlo por desgravación o deducción en la cuota? ¿Por qué no plantearse la progresividad de otra manera dife-rente? Nosotros no podemos compartir la propuesta que ustedes han hecho y lo decimos con toda claridad. Y

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no la compartimos porque el criterio de tener más hijos, de ser minusválido o de tener una cierta situa-ción familiar no es el que mide, según nuestra manera de entender, su aportación al Estado. Un minusválido puede estar parado y no tener ingresos o puede tener mil millones de ingresos y el beneficio fiscal no es planteárselo en función de que sea minusválido, sino en función de su capacidad económica. Por eso no compartimos que ustedes vayan a hacer crecer la políti-ca de planes de pensiones privados, que es lo que vie-nen a hacer, en lugar de garantizar un sistema de la Seguridad Social para todos, sean minusválidos con recursos o minusválidos sin recursos. Esta propuesta abre las distancias incluidas en esta parte débil de la población. Una idea que creíamos positiva, que había-mos oído entre bambalinas que podía ser buena, cuan-do ustedes la concretan no nos parece positiva y no la podemos respaldar.
De todas formas, hemos presentado enmiendas para reducir el fraude -ya se las he mencionado antes- y para mejorar lo que es la gestión de la Agencia Tributa-ria.
Nuestra enmienda 235, con la centralización que han hecho de los tribunales económicos, significa hoy una paralización después de la ley de derechos y garantías del contribuyente. La enmienda 231 va a modificar lo que viene a ser el funcionamiento de la propia Agencia Tributaria; nosotros proponemos en esa enmienda que en seis meses se presente en esta Cáma-ra el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria, para dotarla de recursos, de directrices, de funcionamiento y hacerla más eficaz. Nuestra enmienda 238 va a intentar que no se separe lo que es el procedimiento sanciona-dor del procedimiento inspector, que está creando pro-blemas dentro del funcionamiento de la propia Agen-cia.
En suma, hemos presentado enmiendas para evitar los caminos a la elusión, hemos presentado enmiendas para que el Estado tenga más ingresos de donde hoy se defrauda, para mejorar la gestión de la Agencia Tributa-ria y para corregir una propuesta fiscal regresiva que no sitúa a España en Europa, sino en el sur del sur de Europa y que además no significa garantía de previsión del propio Estado. Así, tanto en la ley de no residentes, en la que mantenemos las tres enmiendas que he cita-do antes, como en la ley de renta, esperamos que la discusión que aquí se pueda dar, las transacciones que se puedan proponer las puedan mejorar.
En todo caso, es muy difícil, cuando uno pone el coche hacia una dirección, pretender decir que va en todas las direcciones, y eso es lo malo de la propuesta que hace el Partido Popular, apoyado y soportado por grupos que gobiernan comunidades autónomas, como es el de Convergència i Unió. ¿Por qué? Porque esto de apuntar en todas las direcciones es imposible. No es posible políticamente beneficiar y ayudar a todos. En un ejercicio del poder, hay que atender a todos, pero hay que marcar las prioridades de apoyo a unos en lugar de a todos. Ese criterio es el que diferencia una propuesta progresista y renovadora de la izquierda de una propuesta anclada en el pasado y regresiva de lo que teníamos antes.
De ahí que nuestra posición en esta ley no sea como la de los otros grupos que han anunciado su apoyo al proyecto, a pesar de mantener enmiendas. Esperemos que tenga pocas modificaciones, esperemos que las leyes de acompañamiento no tengan tantos movimien-tos fiscales y que ustedes, en lugar de ir a recaudar de la aportación indirecta que todos pagamos a la hora de consumir, vayan más a mantener criterios de impuestos directos más progresivos de los que ahora mismo tene-mos.
Si no, la puesta en marcha de esta ley, a partir del 1 de enero de 1999, a pesar de que algunas personas tengan dinero en su bolsillo, traerá complicaciones con su puesta en marcha, que conllevará control y exigen-cia para que lo que anuncian hoy se cumpla mañana.
No vaya a ser que sea sólo prometer, anunciar, decir cosas bonitas, cosas buenas, que luego no se concretan así.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley de reforma del IRPF vuelve al Pleno de la Cámara después de su debate en Comi-sión, con modificaciones que aumentan y agravan la preocupación y el rechazo que ya manifestáramos en el debate de totalidad. Dijimos entonces que el Grupo Socialista está a favor de proceder a una reforma del impuesto sobre la renta en nuestro país, no cualquiera, sino una que precisamente rebaje la carga tributaria de los ciudadanos que perciben rentas del trabajo asalaria-do.
También estamos a favor de que dicha reforma se haga sin vulnerar la suficiencia financiera del Estado, la progresividad y la equidad en el tratamiento de las dis-tintas fuentes de renta.
Con el proyecto de ley que hoy debatimos, en su versión actual, no se cumple ninguna de estas condi-ciones.
Por el contrario, se culmina la contrarreforma fiscal que se inició con este Gobierno, mejorando la tri-butación de las plusvalías y reduciendo la fiscalidad empresarial. De hecho, me temo que el balance más llamativo que se recordará de su gestión en el aspecto económico van a ser dos cosas, si esto sigue adelante: que han favorecido mediante las privatizaciones a los grupos y amigos que les han apoyado y que las clases altas habrán visto reducida de forma sustancial su carga tributaria.
En términos políticos, ustedes se sitúan ya con esta reforma claramente a la derecha de lo que hiciera hace bastantes años la Unión de Centro Democrático, muy alejados de aquella posición que dicen pretender ocu-par, porque permanecen cómodamente, me da la sen-sación, instalados en un mensaje que es de derechas, a pesar de su largo e increíble viaje hacia el centro.


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En mi intervención trataré de exponer 10 bloques de razones -ya saben ustedes que en la civilización jude-ocristiana, en los momentos de solemnidad, hay que recurrir a los decálogos- por las que nuestro grupo se opone a este proyecto, al que también se oponen, por cierto, las centrales sindicales y otros grupos progresis-tas presentes en la Cámara, que ya han hecho, por cier-to, expresión de sus criterios.
Diez razones. Son éstas. Bien claras. No se ajusta a los objetivos económicos que ustedes declaran; nos aleja de Europa; discrimina de forma negativa entre rentas según su origen; efectúa un reparto más regresi-vo de la carga tributaria; no simplifica la declaración del impuesto; no es neutral entre los diferentes instru-mentos de ahorro; reduce la flexibilidad del impuesto; debilita la suficiencia financiera del Estado; genera inseguridad jurídica entre los contribuyentes y, desde luego, está muy lejos de contribuir a reducir el fraude fiscal.
Trataré de pasar revista a todos estos contenidos, que es, me parece, la mejor expresión de la opinión que nos merecen las enmiendas y el texto tal y como hoy llegan a esta Cámara y también me parece la mejor forma de defender, sin entrar en detalles excesivamente técnicos, lo que es un texto alternativo al enfoque que ustedes han dado a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La reforma no se ajusta a los objetivos económicos declarados. Dicen ustedes -así dice hasta la saciedad la propaganda del Gobierno-: la reforma va a aumentar el ahorro. Esto es lo que decían. Pero ahora argumen-tan que el impacto negativo sobre nuestra economía de las turbulencias financieras internacionales se atenuará precisamente gracias a que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la rebaja consi-guiente de las retenciones incrementará el consumo de las familias, de forma que la mayor demanda interna impulsará el crecimiento. Espero que el señor Rato tenga ocasión, si accede a venir, de escuchar algunos de estos argumentos que últimamente se van produ-ciendo de su boca y de la de otros ilustres representan-tes del Gobierno y de su ministerio.
Pero ¿en qué quedamos? ¿La reforma que proponen va a incrementar el ahorro o el consumo? El problema es que ustedes dicen que hacen la reforma por unas razones y no confiesan las verdaderas. Declaran unos objetivos inconsistentes y naturalmente después tienen que dar marcha atrás. En realidad, ni nuestra economía tiene un problema relevante de ahorro, como muestra la situación de la balanza de pagos, ni está demostrado en ningún lado que el ahorro total de un país esté determinado por su fiscalidad. Estados Unidos y el Reino Unido, sin ir más lejos, tienen una de las presio-nes más bajas del mundo occidental y son también los países que menos ahorran. Más bien, está claro para todo el mundo que, entre los condicionantes del aho-rro, la imposición desempeña un papel marginal, aun-que afecte, por el contrario, a los diferentes instrumen-tos a través de los cuales se canaliza, se expresa ese ahorro, como después diré.
Los expertos calculan que el 70 por ciento del incre-mento de renta disponible de las familias que puede producir la reforma se desviará al consumo. Sin duda, en eso se basan ustedes para decir ahora lo contrario de lo que han venido diciendo. Ahora se trata de impulsar el consumo para garantizar el crecimiento ante los efectos derivados de la crisis financiera. ¡Qué audaz giro keynesiano! ¡Quién les ha visto y quién les ve! Cualquier argumento, uno y su contrario, les sirve a ustedes, como si esto fuera una feria en la que se puede utilizar no importa qué argumento con tal de que el ejercicio de ilusionismo se mantenga. Pero, entretanto, nuestro diferencial de inflación con los paí-ses del euro se amplía y los tipos de interés deberán recorrer además un camino de descenso más largo del que estaba previsto. Eso sí es preocupante. Y ustedes están echando gasolina a un fuego.
Decían ustedes que esto servía para aumentar el empleo. Para explicar cómo y por qué no utilizaban hasta hace poco los argumentos keynesianos de los que ahora echan mano, sino una curiosa versión de la lla-mada brecha fiscal existente entre el salario que paga el empleador y el que recibe el empleado, formada por las cotizaciones sociales y por los impuestos sobre la renta. Con respecto a su promesa de rebajar cuatro puntos las cotizaciones sociales, no se cumple -el señor Rato, ausente, no se acordará seguramente de algo que estará deseoso de olvidar, aunque estaba en su programa electoral-, encuentran en la rebaja de la fiscalidad sobre la renta la forma de abaratar el coste del trabajo y por esa vía -dicen- incrementar tam-bién la demanda de trabajo. Poco les importa a ustedes que nuestra brecha fiscal sea de las más bajas de Euro-pa o que los problemas para la creación de empleo no se encuentren fundamentalmente en su coste, ni parece sonrojarles que con este enfoque sigan defendiendo una curva de Laffer que ya ni siquiera el propio Laffer defiende.
El problema es que, con su razonamiento, el coste del factor trabajo sólo se abarata si, con la excusa de la rebaja impositiva -fíjense bien lo que les digo-, los empresarios pugnan por apropiarse de parte de esa mayor renta disponible de los trabajadores, ofreciendo a cambio menores subidas salariales. Lo han dicho ya -y es lo grave- altos representantes del Gobierno, del Ministerio de Economía y lo ha casi prometido el señor Rajoy en su aplicación a los funcionarios. En ese caso estaríamos en una situación clara de transferencias de renta del Estado y de los trabajadores a favor de los empresarios. ¿Es eso lo que ustedes defienden? ¿Apro-vechar la reforma para introducir un descenso de los salarios en beneficio no del empleo, sino de las rentas empresariales? Porque, de no ser así, su argumento es perfectamente inconsistente, no tiene ninguna lógica económica. En esto, como en tantas otras cosas, uste-des han elevado a categoría la práctica política de decir una cosa cuando en realidad están haciendo otra, que con frecuencia es la contraria. Señalan unos objetivos, unas consecuencias económicas de la reforma fiscal

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que proponen, cuando sus objetivos y sus consecuen-cias son otros. Su fomento del ahorro, elevado a virtud teologal en todos los breviarios conservadores desde tiempo inmemorial, encubre lo que encubre, beneficios fiscales para quienes perciben rentas del capital, que no son por cierto fundamentalmente los pequeños aho-rradores, a los que han quitado las exenciones mínimas que anteriormente existían. Y su estímulo a la creación de empleo sólo puede venir o por un incentivo keyne-siano de la demanda, que ustedes dicen no compartir, o de unos salarios menores en beneficio de los empre-sarios, que ustedes anuncian ahora por doquier.
La reforma no nos acerca, nos aleja de Europa, seño-rías.
Esta reforma no nos aproxima a lo que se está haciendo en otros países europeos ni a las reformas que, como la alternativa que ha presentado mi grupo, están proponiendo también otros partidos y gobiernos socialistas.
Aunque en su propaganda lo repitan una y mil veces, y pueden hacerlo hasta cien mil, no es cierto ni lo uno ni lo otro. La experiencia comparada lo que nos indica son dos hechos: primero, que las diferencias entre los modelos nacionales de impuesto de la renta son tantas que sólo se puede hablar de modelo euro-peo utilizándolo como licencia poética, pero sin nin-gún rigor. No hay un modelo europeo. Segundo, que casi todos los países de la OCDE que han acometido reformas en los últimos años han hecho retoques más o menos profundos en sus impuestos sobre la renta con dos características: una, el menor peso de los impues-tos sobre la renta en el conjunto de ingresos públicos se ha compensado con incrementos en otros impuestos indirectos o con elevaciones en cotizaciones sociales.
(El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Así consta, por ejemplo, en la propuesta de reforma del Gobierno conservador alemán, ése que formaba con el señor Aznar el último reducto de la derecha en Europa, o en la reciente propuesta del Gobierno socialista francés, desde otra perspectiva, donde se eleva la imposición sobre el capital precisa-mente para compensar el descenso sobre los impuestos que gravan el trabajo, a fin de permitir -en este caso sí- un aumento de la contratación y del empleo. Y otra, en todos los casos la rebaja de los tipos impositi-vos ha venido acompañada de sustanciales ampliacio-nes en la base, en las bases imponibles, precisamente para reducir las pérdidas recaudatorias y mejorar la equidad del impuesto.
Pues bien, en este caso, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Dicen que no van a compensar las pérdidas de ingresos públicos que pueden afectar nega-tivamente a la suficiencia financiera del Estado, de nuevo por esas pintorescas teorías fiscales de Reagan, según las cuales el descenso de impuestos estimulará la actividad económica hasta el punto de casi autofinan-ciar el coste de la reforma. Nadie, nadie, nadie, en el mundo, salvo quizá ustedes, cree eso ya. Por tanto, seguirán con su práctica de decir una cosa y hacer otra.
Dirán que bajan los impuestos, cuando en realidad solamente pretenden bajar uno, éste, y subirán los indirectos, los precios regulados, las tasas, haciendo más injusto el reparto de la carga tributaria en España.
Por otro lado, como su reforma reduce las bases imponi-bles en dirección contraria de lo que ha hecho el resto de los países europeos, tampoco avanzaremos en la línea de la convergencia hacia un eventual, en algún momento, modelo europeo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
¿Acaso están ustedes en disposición de comprometer-se en este momento a no crear nuevos impuestos o tasas -lo que han venido haciendo en los últimos dos años- y a no elevar la presión tributaria de los que ya han creado? Reconocerán conmigo que en esto tienen nula credibilidad, a partir de la práctica de estos dos años, puesto que en los dos últimos años han elevado ustedes en 1,6 puntos, según la OCDE, la presión fiscal de este país, exactamente lo contrario de lo que ocurrió en los años que transcurrieron en el período 1992/1995.
Es lo contrario de lo que dicen en su propaganda y lo contrario de lo que pretenden seguir diciendo.
Y nos alejan todavía más de Europa, porque, si tene-mos en cuenta su impacto sobre las posibilidades de financiar la cohesión social y la igualdad de oportuni-dades, que es la característica diferencial del modelo de sociedad europeo, esto no es sino un riesgo, un pro-blema, una hipoteca. Pero de esto volveré a hablar.
Discriminan ustedes la renta según su origen. Recha-zamos por ello su propuesta, porque en ella se consa-gra la discriminación que ya introdujeron, con enorme claridad, al principio de su mandato, en la tributación por fuentes de renta. No todas las rentas van a contri-buir por igual. Las del trabajo lo hacen con una escala progresiva que llega hasta el 48 por ciento -alejado por cierto del 40 por ciento que habían prometido-, mientras que las plusvalías lo hacen con un tipo único del 20 por ciento, cualquiera que sea su cuantía, el resto de las rentas del contribuyente y su plazo de maduración.
Esa modificación profundamente injusta no tiene ya a su favor ni siquiera el argumento de fomentar el aho-rro a largo plazo, como tenía el modelo anterior, en el que el factor tiempo de la inversión jugaba un papel fundamental, pero, además, ha provocado ya una pro-funda modificación en los instrumentos que captan el ahorro, en detrimento de las cuentas bancarias, en beneficio de los fondos de inversión, lo que, entre otras cosas, ha contribuido a esa llamarada especulativa que ahora se paga con la actual caída. También va a arras-trar necesariamente a una modificación similar en el tratamiento de las otras rentas del capital, con lo que caminamos hacia dos impuestos: uno sobre las rentas del trabajo y otro, menor, por supuesto, y proporcio-nal, no progresivo, que grava las rentas del capital. Con ello, evidentemente, ustedes dan pasos acelerados hacia los viejos impuestos producto del franquismo, anteriores a la reforma de 1978. (Aplausos.) Si ustedes creen que eso es avanzar hacia la modernidad o, como pretenderían ustedes, hacia el centro, allá ustedes. A mí me parece que van ustedes lanzados hacia el pasado.


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Un impuesto regresivo. Alteran el reparto de la carga tributaria. No se trata ya de si todos pagan más o menos que antes, porque es perfectamente posible imaginar una situación en la que todo el mundo teóricamente pagara algo menos que antes y, sin embargo, que el reparto de la carga fuera más regresivo. Los mayores beneficios de su reforma se sitúan en rentas a partir de 10 millones de pesetas y, tal y como han reconocido algunos estudios publicados, los menos beneficiados son precisamente las rentas medias y bajas. Aun si se aceptara que todos fueran a pagar menos, cosa que, como luego diré, es falsa, los contribuyentes situados en los tramos altos de renta pagarán mucho menos que el resto, por más juegos malabares que quieran ustedes hacer con los porcentajes y más vueltas que den a las medias.
Sin que ahora podamos entrar en un cálculo o en un debate sobre cálculos o sobre ejemplos de contribuyen-tes, son tres los elementos conceptuales básicos en su propuesta que reducen esta progresividad para conver-tirla en regresividad. En primer lugar, el vaciamiento de la base imponible, que se produce como consecuencia de sacar de la misma las plusvalías, al que ya me he referido. En segundo lugar, la recuperación que efectú-an de la vieja idea del mínimo vital, interpretada en la manera en que ustedes lo hacen. Y, en tercer lugar, naturalmente, la estructura de la nueva tarifa.
Desde el informe Carter, señorías, en 1996, origen de todos los actuales impuestos sobre la renta en el mundo, es mucha la doctrina y la jurisprudencia que ha aparecido, también en nuestro país, en defensa de un mínimo existencial no gravable por el impuesto. El reconocimiento de ese mínimo existencial no gravable, más allá de cuál sea su cuantía, que es discutible, se puede hacer en el impuesto de dos formas: reduciendo la base imponible o reduciendo la tarifa, mediante un tramo inicial a tipo cero. Ambas formas pueden ser res-petuosas con la defensa de un mínimo vital no grava-ble, como han reconocido sentencias de distintos tribu-nales.
En España se ha optado, hasta ahora, por la segunda fórmula, incluyendo en la tarifa un tramo a tipo cero, que, por cierto, hoy llega hasta las primeras 467.000 pesetas en declaración individual, y un conjun-to adicional de deducciones personales en la cuota.
Ahora, ustedes dan marcha atrás de lo que hicimos hace algunos años y proponen que ese mínimo exento se deduzca de la base imponible, procediendo, además, a una reordenación de las actuales deducciones perso-nales en cuota, que también pasan a ser restadas de la base imponible. Pero, con ello, lo que hacen es desper-sonalizar totalmente el impuesto y hacerlo más regresi-vo, por una evidencia elemental, contra la que no pue-den, ni su propaganda, ni todos los ejercicios de ilusionismo que quieran hacer. Porque las deducciones en la cuota son lineales e iguales para todos, mientras que las efectuadas en la base imponible se traducen en rebajas fiscales, tanto mayores cuanto mayor sea el nivel de renta del sujeto pasivo y, por tanto, su tipo impositivo aplicable. Han intentado echar humo sobre este elemento clave de su propuesta, pero sin éxito.
Permítanme que, sin entrar a traer toda la bibliogra-fía existente sobre el tema, efectúe nada más una cita.
Dice textualmente: El sistema de deducción en la cuota es menos regresivo y por tanto más justo que el siste-ma de deducción en la base, por cuanto en este último caso la subvención varía con el nivel de renta, benefi-ciando más a quien más capacidad económica tiene.
Fin de la cita. ¿Saben de dónde es la cita? No, desde luego, de los malvados miembros del Partido Socialista, sino de la página 22 del informe de los expertos, que ustedes encargaron como base para la reforma. Y, lamentablemente, en la misma dirección se ha pronun-ciado el señor Rato para justificar su propuesta de cam-bio en la tributación de los gastos por inversión en vivienda, sin preocuparle, al parecer, la incoherencia en la que incurre entre sus argumentos para defender su nuevo modelo para la vivienda y el resto de deduc-ciones en cuota que ahora se trasladan a la base impo-sitiva.
Pero hay más. Antes de la reforma todos los hijos tenían la misma subvención fiscal en la cuota, con inde-pendencia de cuál fuera el nivel de renta de los padres.
Con su reforma, al deducirlo en la base, el hijo de las personas con mayor renta tiene una subvención fiscal efectiva hasta tres veces mayor que el de las menos favorecidas en términos de renta. ¿Esa es su política de defensa de la familia y su concepción de la igualdad fiscal? Se lo pregunto con todo respeto, porque hay cosas que me hieren. Se lo voy a preguntar personali-zadamente, señor Rato. Usted o cualquier otro que pudiera estar en situación fiscal parecida a la suya, ¿me quieren explicar cuál es la insondable razón que a mí se me escapa para que los hijos de una persona pue-dan valer -fiscalmente hablando, naturalmente- tres veces más que aquellos que están en una situación eco-nómica infinitamente peor? ¿Por qué pueden valer los hijos del chófer de uno, por ejemplo, tres veces menos -fiscalmente hablando- que los hijos de una persona que se sitúe en unos niveles más altos de renta? ¿Qué razón profunda hay para explicar a la gente que los hijos de uno tienen un valor distinto que los del otro? (Rumores.- Aplausos.) Además, el recorrido de la tarifa aumenta de forma rápida en los tramos inferiores mientras que ralentiza ese crecimiento conforme nos vamos desplazando hacia los tramos de renta más ele-vados.
Este es el conjunto que permite también decir que, naturalmente, aquellos a los que ustedes querían favorecer con su reforma tienen buenas razones para estar insatisfechos incluso si se han quedado a medio camino de lo que les habían prometido. Pero siempre se empieza por algo y ya habrá tiempo de profundizar en lo que ahora empiezan a hacer.
No simplifica, señorías, la declaración. Ustedes utili-zaron desde la oposición el argumento de que quienes anteriormente estaban en el Gobierno habían concebi-do un impuesto excesivamente complejo. De nada valieron todos los esfuerzos para poner en marcha el

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programa Padre, la aplicación de la declaración simpli-ficada, la abreviada y tantos otros medios que se pusie-ron a disposición de los contribuyentes; seguían dicien-do que era excesivamente complicada. Pues bien, que se amarren los machos los ciudadanos si esto entra en vigor, porque hacer la declaración de la renta el año que viene, si como digo esto se aprueba, va a ser una proeza para quien esté pagando la vivienda, tenga un seguro o haya realizado un activo financiero. La canti-dad de exenciones, de tratamientos privilegiados, de regímenes transitorios, de compensaciones anunciadas sin especificar cómo se harán que ustedes han introdu-cido deja pequeño el esfuerzo de las dos tarifas que hasta ahora existían, incluso en aquellas comunidades que no han aceptado el nuevo modelo de financia-ción.
No digan que eximir de la obligación de presentar la declaración a no sé cuántos millones de contribuyen-tes de renta baja es ya suficiente simplificación porque con que sólo tengan que pedir una beca o una vivien-da de protección oficial, tendrán que hacerla de todos modos para poder justificar sus ingresos ante el orga-nismo oficial correspondiente. Sin contar con todos aquellos que tengan derecho a otras deducciones cuya cuota final sea a devolver, o tengan ingresos distintos del trabajo por modestos que sean. Pretender ajustar sus retenciones exactamente a la cuota para que no tengan después que presentar declaración, introduce tal complejidad para tener en cuenta las circunstancias en la práctica que será inviable -ya les anuncio- para la inmensa mayoría de supuestos beneficiarios.
La reforma no es neutral entre distintos activos. No es neutral y, lo que es peor, introduce discriminaciones injustificadas entre unos y otros. No me refiero, claro está, a que existan distintas formas de ahorro fiscal-mente privilegiadas, como pueden ser la vivienda o los planes de pensiones. Forman parte de lo que ya era el ámbito normal de decisión de esta Cámara y de lo que es nuestra tradición. Me refiero a las modificaciones sustanciales que han introducido en la regulación fiscal de estas figuras y, sobre todo, al espectáculo que han dado durante la tramitación parlamentaria del proyecto en todo lo relativo al tratamiento de los seguros, desdi-ciéndose sin ningún rubor cada día de lo que habían dicho el día anterior, para acabar plegándose en todo a las demandas del sector sin importarles cuán incohe-rentes podían ser entre sí.
Permítanme algunos ejemplos. ¿Pueden explicar a la Cámara y a los españoles por qué si, en el momento de la jubilación, un partícipe de un fondo de pensiones decide recibir globalmente su prestación tiene una reducción fiscal del 40 por ciento antes de incluirla en la base imponible y si decide recibirla como renta anual, no? ¿Será porque ello beneficia a aquellos opera-dores que, como los bancos, están en mejor disposi-ción para efectuar los pagos de una sola vez? ¿O es acaso sólo el primer paso para darles a las prestaciones complementarias, que no están al alcance de todos, un mejor trato fiscal que a las propias pensiones públicas de la Seguridad Social? El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Eguiagaray, vaya concluyendo, por favor.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Pero hay más en los seguros de vida. La parcialidad con la que han actuado en beneficio de los grupos de presión, en beneficio de los que por su nivel económico pueden acogerse más a dichas coberturas, es un exponente bien claro de todo lo que está ocurriendo en torno a la reforma del impuesto.
Paso de largo algunas otras cuestiones que sobre esto se podrían decir.
Ustedes han reducido la flexibili-dad del impuesto. Nuestro impuesto ya estaba aqueja-do de problemas de flexibilidad. El 1,5 que todavía se sigue utilizando de flexibilidad del impuesto, de índice de crecimiento de la recaudación en función de la evo-lución del producto, hace tiempo que está siendo afec-tado por las medidas que ustedes han tomado. Miren simplemente lo que ha ocurrido en 1997 y lo que está ocurriendo en el primer semestre de 1998, con una caída en el impuesto de la renta del 12 por ciento en el tiempo que lleva transcurrido este ejercicio. Tras su reforma se hará todavía menos flexible como conse-cuencia del estrechamiento en la base impositiva y el incremento que se va a producir en los gastos fiscales.
Si su intención es destruir nuestro principal impuesto individual por capacidad recaudatoria y el único que se basa en una filosofía progresiva, desde luego lo están consiguiendo, además de contribuir con eso a una menor capacidad de actuación sobre la evolución cícli-ca de la economía.
Debilitan la suficiencia financiera del Estado porque ustedes han partido de dos apriorismos ideológicos que comparten con la derecha más neoliberal: que cuanto menos Estado mejor funciona todo y, segundo, vincula-do al primero, que cuanto menos impuestos existan tanto mejor funciona y más justa es una sociedad o más tolerable. Y no les preocupa que el Estado tenga los ingresos suficientes para atender aquellas tareas que hoy cumple y que son básicas desde una concepción solidaria del mundo, porque ustedes creen que el mer-cado haría todas y cada una de las cosas mejor que cualquier mecanismo social de provisión pública.
Debo demostrar, señorías, mi grave preocupación por el coste financiero real de la reforma. Cada día han dado una cifra y, según qué responsable público, la cifra era distinta. Han llegado a intentar hacer creer a los españoles que lo que era presentado como la mayor y más profunda bajada de impuestos para todo el mundo prácticamente no iba a disminuir la recaudación o, en todo caso, sería cifras ridículas. ¿Cómo consiguen, señorías, esa multiplicación de los panes y los peces? ¿No les produce rubor a ustedes mismos? Nuestros cálculos hacen que no nos separemos segu-ramente de una forma significativa del entorno al billón de pesetas. Nos llamaron de todo cuando lo dijimos.
Posteriormente han salido informes, desde luego de entidades que nada tienen que ver con nosotros, que nos sitúan en el entorno a los 750.000, en todo caso

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bastante más cerca de lo que nosotros hemos dicho de lo que ustedes confiesan. Pero es que, además, si incluimos el coste indirecto derivado del sistema de financiación autonómico que han puesto en marcha, una de cuyas piezas básicas es la cesión del 30 por ciento del IRPF, al trasladar una parte de esa pérdida recaudatoria a las comunidades autónomas que lo han suscrito, les va a obligar a ustedes o bien a cambiar la ley de financiación incrementando el porcentaje de cesión o bien a compensarles vía gasto y, por ejemplo, ya han aparecido estudios que aquí se han citado sobre cuál podía ser la reclamación de coste compensatorio por parte de Cataluña, en torno a los 50.000 millones de pesetas. Tan sólo la aplicación del acuerdo del Con-sejo de Política Fiscal y Financiera, del 27 de marzo, tiene un coste estimado de 200.000 millones de pesetas mayor de lo admitido como consecuencia de haber abandonado el principio de corresponsabilidad para imponer la fórmula de garantía de ingresos, que en este caso pesará sobre las arcas del Estado en su versión Administración central y, naturalmente, hará que una parte del coste global de la reforma tenga que ser sufri-do adicionalmente por el Estado de esta manera.
Estamos, por tanto, ante un problema serio, en un momento en que tenemos abierta en la Unión Europea la batalla en torno a los fondos de cohesión; cuando tenemos que cumplir un pacto de estabilidad que obli-ga a reducir el déficit público hasta conseguir un supe-rávit en situaciones normales; cuando va a ir aflorando en los años próximos todo el gasto público embalsado en la contabilidad creativa empleada para cumplir con los criterios de Maastricht; cuando tenemos por delante importantes compromisos de gasto respecto a consoli-dación del sistema de pensiones, del ejército profesio-nal, del nuevo modelo educativo, de la mejora de las prestaciones sanitarias, de las políticas activas de empleo, etcétera y cuando todavía la aproximación de tipos de interés va a seguir obligando a una política monetaria expansiva en un momento en que se amplí-an con nuestros socios y competidores los diferenciales de inflación y cuando todavía las turbulencias financie-ras que estamos viviendo sin duda alguna van a llevar a corregir a la baja -como ya ha empezado a recono-cer el señor Rato ayer- las tasas de crecimiento de la economía española, como las de la mundial y las de la economía europea, que tendrán que flexionar a la baja.
¿Es el mejor momento, señorías, para que nuestra Hacienda pública renuncie, además de forma insolida-ria y regresiva, a casi un punto de producto interior bruto para hacer una reforma fiscal de estas caracterís-ticas? Les recuerdo que esa pérdida de recaudación equivale a todo el presupuesto del Ministerio de Fomento, a cuatro veces el gasto en pensiones no con-tributivas, al doble de lo que gastamos colectivamente en formación profesional y en políticas de empleo. A medio plazo su reforma implica, para cumplir el Pacto de Estabilidad, o subidas de impuestos o reducciones en el sistema de protección social.
Para ocultar a la sociedad este dilema hay quien piensa que los buenos políticos -entre comillas- debieran hacerlo. Están ustedes tratando de que los ciudadanos sean víctimas de lo que se denomina la ilusión fiscal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Eguiagaray, vaya terminando ya, por favor.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor presidente.
Ustedes generan inseguridad jurídica; ustedes sola-mente pueden defender esto a partir de los objetivos que se han planteado, de una clave electoralista a par-tir de la cual renuncian a ingresos ciertos en función de eventuales ganancias futuras, con unos beneficiarios muy claros y con unos claros efectos sobre nuestro pre-sente y sobre nuestro futuro. No solamente el déficit estructural de la economía española se incrementará en aproximadamente ocho décimas de PIB, sino que simultáneamente ponen en cuestión las prestaciones presentes y futuras del Estado del bienestar, la estabili-dad económica y la posibilidad de seguir creciendo establemente en los años venideros.
Señores del Partido Popular, miembros del Gobier-no, aliados en esta reforma del Gobierno que preside el señor Aznar, esta no es la reforma que este país necesita; es una reforma injusta, es una reforma impru-dente, es una reforma peligrosa y es una reforma que lamentablemente la inmensa mayoría de los ciudada-nos -no importa si algunos se alegran a corto plazo por alguna rebajilla fiscal- tendrá que pagar en térmi-nos de menores logros, de más inestabilidad, de más riesgo para el futuro y, desde luego, de renuncia a objetivos ciertos, a objetivos de solidaridad en el medio plazo.
Ustedes han pretendido presentar esto como si fuera un camino, un viaje sempiterno en la dirección del cen-tro.
Me parece que es el viaje exactamente hacia el pasado y, sobre todo, aquello que les consolida a uste-des en las posiciones que han venido defendiendo: en la derecha, desde luego a la derecha de la UCD que fue capaz de concebir con otros muchos, con los que está-bamos entonces en la oposición, una reforma basada en la progresividad y también en un impuesto sobre la renta concebido a la altura de lo que implicaba el reto constitucional. Ustedes nos retrotraen a otros tiempos, no para aproximarnos a Europa, sino para separarnos de ella.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Eguiagaray.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martí-nezPujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presi-dente, señorías, voy a fijar la posición de mi grupo e intentar responder a los argumentos que aquí se han debatido sobre el nuevo Impuesto sobre la Renta.


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Decía el señor Eguiagaray que estamos en un acto solemne. Hoy damos cumplimiento a un compromiso del Partido Popular: bajar los impuestos. Hoy se hace realidad la bajada de impuestos que anunciamos, que recogía nuestro programa electoral y que constituía una de las medidas de política económica. Es la primera vez que bajan los impuestos de manera generalizada y beneficiando a todos los ciudadanos españoles.
Por otra parte, la reforma se ha hecho contando con un gran consenso social. Se elaboró un informe -que ha citado el señor Eguiagaray y al que luego me referiréen el que participaron expertos tributarios, profesores universitarios, funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda, que planteó la necesidad de la reforma y las líneas básicas del nuevo impuesto. Se han pronun-ciado a favor de la reforma multitud de asociaciones profesionales (gestores administrativos, economistas, asesores fiscales) y cantidad de asociaciones de tipo familiar, de discapacitados, etcétera.
Es una reforma que como hoy se ha puesto de mani-fiesto, cuenta con un gran consenso político en esta Cámara. Señorías, la reforma era absolutamente necesa-ria y hoy, si cabe, es aún más necesaria. Necesaria por razones de eficiencia: prepararnos y ser competitivos dentro del euro, para tener una economía capaz de dar respuesta a los retos de la globalización económica.
Hemos visto en los últimos días cómo las oscilaciones de los mercados financieros nos influían diariamente, a una velocidad enorme.
Necesitamos contar con instru-mentos que den respuesta eficiente a esos retos, nece-sitamos contar con un instrumento de política tributaria que tenga una elasticidad suficiente. Además, era nece-saria la reforma por razones de equidad: distribuir con mayor justicia la carga tributaria, y luego me referiré a ello.
La reforma será un instrumento incardinado en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno y apo-yadas por los grupos coaligados para conseguir un mayor crecimiento y una mayor intensidad en la gene-ración de empleo, un alargamiento de la fase expansiva del ciclo económico y una mejora del bienestar de todos los ciudadanos españoles, bajando los impuestos a todos, pero especialmente a asalariados, pensionistas, familias, discapacitados y ciudadanos de rentas medias y bajas. Con la reforma conseguiremos dotarnos de un instrumento equiparable al de las economías más modernas.
Se preguntaba el señor Eguiagaray si el nuevo impuesto nos aleja o nos acerca a Europa. Todos los países europeos están elaborando el nuevo impuesto o lo llevan en sus programas electorales. Ahora, el porta-voz del Grupo Socialista dice que no es oportuna la reforma por razones absolutamente contrarias a las que utilizó en julio. Dijo entonces que la reforma no era necesaria porque había un peligro de recalentamiento de la economía. Decía que con tasas de crecimiento cercanas al 4 por ciento alguna preocupación, como mínimo de futuro, debía existir y que la consecuencia del impuesto sería no sólo una reducción de los ingresos, sino atizar una caldera que empezaba a estar ya suficientemente caliente. Hoy, absolutamente por lo contrario, porque hay una situación de inestabilidad en los mercados financieros, también se opone a la refor-ma.
Se opone a la reforma por una razón y por su con-traria.
Para el Grupo Socialista lo único inoportuno es bajar los impuestos. Era inoportuno cuando estaban en el Gobierno; es inoportuno ahora cuando están en la opo-sición; era inoportuno cuando afrontamos una política económica distinta; es inoportuno ahora que los merca-dos financieros tienen fluctuaciones: siempre es ino-portuno.
Creo, señorías, que para el Grupo Socialista la reforma de los impuestos siempre es inoportuna. No quieren bajar los impuestos. Eso es lo que hay que decir con claridad, porque la última tesis que he oído al señor Eguiagaray es: vamos a aprobar unas enmien-das, pero que no entren en vigor. No puede ser más peculiar. Aprobemos una reforma, yo propongo unas enmiendas, pero digo -no hay ninguna enmienda que lo refrende, pero lo ha dicho públicamente- que no entre en vigor.
Aquí cada uno tiene su credibilidad. Desde luego, en el tema impositivo, la credibilidad del Grupo Socialista es manifiesta. Han estado subiendo los impuestos durante trece años y utilizando la política tributaria como una política coyuntural, simplemente para ingre-sar más dinero en las arcas públicas, aunque eso no se ha reflejado en ningún sentido en control del déficit público; el camino que han seguido ha sido el de más impuesto, más déficit público.
Señorías, la reforma era oportuna cuando se presen-tó y lo es mucho más ahora con una coyuntura interna-cional inestable. Necesitamos dotarnos de un instru-mento eficiente. Muchos países ya lo han hecho, otros lo están llevando a cabo. Por ejemplo, en Alemania -y antes se refería el señor Homs a eso- los dos candida-tos, tanto el socialdemócrata como el democristiano, tienen en su programa electoral una reforma tributaria que les permita ser más competitivos en los nuevos retos que está planteando el euro y la economía en estos momentos.
Señorías, la reforma es oportuna. El señor Eguiaga-ray hacía una referencia al informe Carter. Este impues-to que se hizo siguiendo el informe Carter, a finales de los setenta, podría servir para finales de los setenta, pero el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no es una medicina eficaz para las enfermeda-des de finales de los noventa. El Impuesto sobre la Renta que se diseñó a finales de los setenta se hizo sobre un escenario económico donde el crecimiento estaba garantizado a niveles altos y se está viendo que eso no es así. La economía japonesa lleva tres trimes-tres seguidos con tasas de decrecimiento. Se hizo en un momento donde el ahorro era suficiente para cubrir la formación bruta de capital y ahora hay que luchar en los mercados para atraer ahorro y para que no se vaya el de uno mismo, porque el ahorro va a las costas donde encuentra un reposo más cálido.


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A finales de los setenta había un Estado muy centra-lizado y ahora tenemos unos niveles de descentraliza-ción de ingresos y gastos enormes. A finales de los setenta teníamos unas economías muy cerradas y muy intervenidas y eso ahora ya no sucede. Necesitamos un nuevo impuesto. En la últimas dos semanas -se refería el señor Eguiagaray a ello- se ha visto que las econo-mías menos vulnerables eran las que se habían dotado de recursos para hacer frente a esos retos. La economía española ha sufrido menos en estas últimas semanas porque había iniciado ya un camino de reformas que le permitía posicionarse cómodamente para hacer frente a los retos que se planteaban. En esa línea está la refor-ma fiscal que hoy queremos llevar a cabo.
Los movimientos internacionales afectan a todos los países, pero afectan menos cuando se han cumplido previamente los deberes. Parece que para el Grupo Socialista la mejor receta es no hacer nada. Para noso-tros la mejor receta es tomar antídotos, la mejor receta es prepararnos para ser competitivos, la mejor receta es profundizar en las reformas y quizá la más importante es la reforma tributaria, seguir en el camino de las libe-ralizaciones económicas y del rigor presupuestario. ¿Se imaginan, señorías, lo que ha pasado durante estas últi-mas semanas con una situación de déficit público alto, con tipos de interés altos y sin estar en la Unión Eco-nómica y Monetaria? Habría sido un desastre. Pues así estábamos hace dos años.
Si sorprende el argumento del señor Eguiagaray en torno a la inoportunidad de la reforma, mucho más sor-prendente es el argumento del coste. Dice el señor Eguiagaray que la reforma no es viable. No sé si su grupo ha evaluado sus enmiendas. Parece que dijo que era el 70 por ciento de un billón, es decir, 700.000 millones de pesetas. En 700.000 millones ha valorado sus enmiendas, señor Eguiagaray, ¿y habla aquí de coste? Sólo una de sus enmiendas -que, además, favo-rece a rentas altas- tiene un coste de más de 200.000 millones de pesetas.
El señor Eguiagaray ha hablado de credibilidad. De credibilidad de previsiones, el Grupo Socialista tiene la justa. El Grupo Parlamentario Popular que da soporte al Gobierno lleva tres años aprobando y gestionando un presupuesto público y siempre se han cumplido las previsiones económicas. Alguna credibilidad habremos ganado. Quizás el argumento más fácil es decir: No tie-nen ustedes credibilidad, y nos lo están diciendo desde el principio, desde el primer día. En octubre de 1996 uno de los líderes actuales del PSOE dijo en letra gran-de: El Gobierno no logrará el objetivo de Maastricht con estos presupuestos.
No me cabe duda de que dirán lo mismo con los pre-supuestos de 1999, como dicen con el IRPF, como con cualquier ley que pasa por este Parlamento. Señorías, al final, como decía Einstein, la realidad siempre acaba asesinando a la teoría y, mucho más, a la demagogia.
La teoría que ustedes tienen hoy no es oportuna para sacar a este país adelante. Nosotros hemos planteado una reforma que tiene un coste que está medido, un coste que se estima en una pérdida de recaudación de 375.000 millones de pesetas, un coste que está ya reco-gido en el Programa de Convergencia y que se hace compatible con aumentar el gasto social, con aumentar las inversiones. Evidentemente, para hacer la reforma ha habido que recorrer un camino, el camino que noso-tros dijimos que había que recorrer. Primero, había que controlar el gasto público, había que reducir el déficit, había que aumentar los gastos sociales y luego plantear la reforma. Eso es precisamente lo que se hizo. Hemos pasado de un déficit público que estaba en el 7,3 por ciento a un déficit que está en el 2,2 por ciento; hemos reducido la deuda en relación al PIB, desde el 69,7 al 67,7 por ciento; hemos aumentado los gastos sociales, que han pasado a tener un peso en el presupuesto del 50 por ciento cuando con ustedes tenían un peso del 47 por ciento; hemos aumentado los gastos en sanidad como nunca en la democracia española, en más de 360.000 millones de pesetas; hemos aumentado los gastos en educación por encima del presupuesto... (Rumores.) Son datos y sólo los tontos discuten de lo obvio. Uste-des se han pasado años haciendo demagogia, diciendo que era imposible reducir el déficit, bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Ahora siguen erre que erre con su discurso, porque es más fácil hablar de ricos y de pobres que plantear una alternativa seria.
Señorías, las enmiendas del Grupo Socialista -ya tendremos ocasión de verlo en las votaciones- no constituyen una alternativa seria que vaya a ser apoya-da por muchos grupos de la Cámara. Ya me gustaría, señor Eguiagaray, saber si el señor Saura o el señor Ríos le van a apoyar las enmiendas relativas a la bajada de los tipos marginales -nosotros decimos el 48 y usted el 50 por ciento-, si van a apoyar esa enmienda del splitting que favorece a las rentas más altas; ya lo veremos, señor Eguiagaray, porque eso sí que dura poco.
Su alternativa, señor Eguiagaray, no es seria. Siguen con el discurso de ricos y pobres. Usted ha venido hoy aquí a seguir con el discurso de ricos y pobres y nos ha hablado de lo que ya hablaron en junio de 1996, del tratamiento de las plusvalías. Nos dice que se va a vaciar el impuesto. No, nosotros hacemos una base especial que tributa al 20 por ciento. Con ustedes las plusvalías estaban exentas por el transcurso del tiempo.
Un señor que ganaba mil millones de pesetas podía no pagar nada, como hemos visto recientemente, señor Eguiagaray. Con la reforma fiscal suya plusvalías de muchos cientos de millones de pesetas estaban exentas por el transcurso del tiempo. No poner una tributación homogénea a la del resto de Europa significa vaciar de contenido el impuesto. Nos dijeron que el tipo fijo al 20 por ciento no era bueno, que lo mejor era la exen-ción por el transcurso del tiempo. Pero luego vemos que el señor Almunia -uno de sus líderes- va a reu-nirse con un grupo de empresarios y les dice que no va a modificar el marco tributario de las plusvalías; que le parece que el marco aprobado en julio de 1996 -está en las declaraciones realizadas por el señor Almunia a

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la salida de la reunión, se las puedo enseñar- no lo va a modificar. Pero posteriormente ustedes plantean una cuestión distinta, que es que tributen al tipo medio. Y, señorías, no hay quien se aclare con ustedes, porque cada día dicen una cosa distinta.
Hablan de plusvalías, hablan de ricos y pobres y no analizan lo que sucedió anteriormente. Señor Eguiaga-ray, usted ha mencionado el ciclo 1992-1995. Ya que usted lo ha hecho yo lo recordaré, no pensaba hacerlo.
Pero es que con la reforma del señor Borrell del año 1991, que entró en vigor en 1992, al 80 por ciento de los ciudadanos con rentas más bajas les aumentaron los impuestos en 130.000 millones, pagaron 130.000 millo-nes más y su aportación al impuesto pasó del 28 por ciento al 31 por ciento. Y, sin embargo, en la reforma del señor Borrell, al 20 por ciento de los ciudadanos con rentas más altas se les rebajaron los impuestos en 130.000 millones de pesetas y bajaron su aportación al impuesto del 72 al 68. (Rumores.) Y no quería sacar épocas pasadas, señor Eguiagaray, porque creo que hay que mirar al futuro, pero usted lo ha recordado.
Desde 1982 a 1984 -es un estudio que no ha hecho mi grupo, es un estudio del Registro de Economistas y Asesores Fiscales- las rentas entre uno y dos millones de pesetas aumentaron su presión fiscal en el 65 por ciento; entre dos y tres millones, en el 60 por ciento y, sin embargo, las de más de cinco millones sólo en el 31 por ciento. Señorías, no hablen más de ricos y pobres.
Porque con la reforma actual, los ciudadanos que tie-nen rentas inferiores a dos millones de pesetas se van a ahorrar un 30 por ciento y si son asalariados o pensio-nistas ese ahorro va a llegar al 50 por ciento. Ahora pagan 1.758.000 contribuyentes y van a dejar de pagar, de ellos 521.000 son pensionistas. Las rentas entre dos y tres millones se ahorrarán el 15 por ciento y las ren-tas superiores también se ahorrarán, porque el impues-to supone una bajada para todos, pero sólo en un 6 por ciento. Sin embargo, ustedes seguirán con el discurso de ricos y pobres.
Creo que hay poco que hacer. Quizá prefieren ese discurso más demagógico que entrar a fondo en un modelo alternativo. Con esto, señorías, se olvidan de los 521.000 solteros que ganan dos millones de pesetas, que se están comprando un piso y se van a ahorrar 83.000 pesetas. Y se olvidan de los 630.000 matrimo-nios con dos millones de ingresos, que tiene dos hijos, y que se van a ahorrar 109.000. Alguno de ustedes me dirá que 109.000 pesetas no es mucho. Quizá no es mucho para usted, no es mucho para un señor con ren-tas altas, pero para un pensionista es más que su sala-rio mensual. Pero ustedes con lo de siempre: ricos y pobres. Ya se lo dije, señor Eguiagaray, me recuerdan siempre el dibujo de Peridis, donde uno le dice a otro: Nunca cambio de idea, tuve una y le cogí cariño. Así están ustedes, siempre con el mismo discurso. Y siem-pre cayendo en la contradicción. Y le voy a decir unas cuantas, señor Eguiagaray.
Presentan una enmienda -que vamos a votar en contra- para mantener los gastos de sanidad, pero es que el señor Borrell, uno de sus líderes, hace no mucho tiempo que escribió en un libro que había que eliminar los gastos de sanidad; lo escribió hace unos meses y, al poco, ustedes presentan una enmienda. Y todos los ejemplos que han puesto, esos ejemplos de Internet, tienen una representación nula. Hay ejemplos que no representan a ningún ciudadano. El conjunto de los 10 ejemplos representa a 100.000 de los 30 millones de ciudadanos y alguno de ellos a ninguno.
Siguen cayendo en contradicciones. Les hablaba de los gastos de sanidad que usan para los ejemplos -y perdonen la digresión-, pero siguen con otras contra-dicciones.
Nos acusan de haber permitido la continui-dad de los negocios familiares con un marco fiscal favorable (de lo que estamos muy orgullosos, porque ese es un sistema que permite el crecimiento, que per-mite la generación de empleo), pero se reúne uno de sus líderes con un grupo de empresarios y dice que le parece muy bien y que la van a mantener.
Señorías, aquí no estamos discutiendo sobre un modelo alternativo.
Nosotros vamos a apoyar un nuevo IRPF que nos haga crecer, que nos haga crear empleo y que baje los impuestos a todos. Sí, señor Ríos, a todos; queremos bajar los impuestos a todos los ciudadanos españoles. Antes hacía usted una digresión sobre a quién le queríamos bajar los impuestos. A todos, pero, especialmente, a asalariados y pensionistas, a discapa-citados, a las familias y a los ciudadanos de rentas medias y bajas.
Vamos a hablar de asalariados y pensionistas, señor Eguiagaray. El mayor coste de la reforma lo vamos a gastar en proteger las rentas salariales porque tenían una situación injusta, porque desde 1991, desde la reforma del señor Borrell, eran los que más estaban aumentando su participación en el impuesto. Vamos a proteger a las rentas salariales porque entendemos que no es normal que el Impuesto sobre la Renta sea un impuesto sólo de las nóminas. Queremos beneficiar a los trabajadores, señor Ríos, señor Eguiagaray, y no a las empresas. Por cierto, señor Eguiagaray, cuando usted ha hablado de las empresas y de las rentas sala-riales ha mencionado las cotizaciones. ¿Sabe que el señor Borrell, en el mismo libro, dice que hay que bajar las cotizaciones? ¿Sabe usted que el señor Borrell des-pués de reunirse con un grupo de empresarios dijo que había que bajar las cotizaciones cuando aquí, en esta tribuna, pocas semanas antes, había dicho que la Segu-ridad Social estaba prácticamente en quiebra? Señor Eguiagaray, vamos a rebajar las rentas salariales y a aquellos asalariados y pensionistas que ganan menos de dos millones de pesetas les vamos a reducir los impuestos en un 50 por ciento; a los que están entre dos y tres millones de pesetas, en un 20 por ciento; a los que están entre tres y cinco, en un 8,4 por ciento, y a los que tienen rentas superiores a cinco millones, en un 6,2 por ciento.
Hoy se ha dicho aquí que las rentas de capital iban a pagar más que las rentas salariales. No es verdad, señor Ríos.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez-Pujalte, vaya concluyendo, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decía que no es verdad, señor Ríos. Hay rendimientos del trabajo y rendimientos del ahorro que se generan en un período mayor a dos años. Efectivamente, tanto los rendimien-tos del trabajo como los rendimientos del ahorro que tengan un período de generación mayor a los dos años van a tener unas reducciones, pero se van a integrar en la base como un rendimiento más. Además, señor Ríos, es un dato cierto que un millón de pesetas de rentas de capital generadas en un ejercicio van a pagar más que un millón de pesetas de rentas de trabajo generadas en ese ejercicio, eso es obvio. Como le decía, de lo obvio no se discute, se ven los datos, se ve la tarifa.
Han hablado aquí de las deducciones y del trata-miento de la familia. Lo primero que le pido es que cuando cite un informe lo haga convenientemente. El informe de los expertos dice lo siguiente: Carece de todo sentido medir la capacidad de pago respecto a los ingresos netos antes de tomar en cuenta el mínimo per-sonal de exención, los ajustes originados por la dimen-sión familiar y aquellos otros exigidos por la disponibi-lidad de la renta, como en ocasiones se sigue haciendo para justificar de algún modo una valoración positiva.
Y dice posteriormente que el mínimo personal y fami-liar se tiene que deducir de la base. No cite los infor-mes parcialmente.
Nosotros creemos que hay que hacer tributar por la renta realmente disponible después de deducir los gas-tos necesarios para una existencia digna. Señor Eguia-garay, ¿me quiere decir usted hoy aquí que es injusto que a un discapacitado le pongamos un mínimo perso-nal de 1.150.000 y que tiene que tener el mismo míni-mo exento que cualquier otro ciudadano? ¿Me quiere decir hoy usted aquí, señor Eguiagaray, que es injusto que nosotros concedamos a un discapacitado que su progresividad se vea reducida como consecuencia del mayor gasto que tiene por su propia situación? ¿Va a seguir usted manteniendo que eso es injusto? ¿No se da cuenta de que no se le puede aplicar la misma progre-sividad a un soltero que a una familia con dos hijos, a un señor que tiene plenas facultades que a un discapa-citado? ¿No se da cuenta de que no es posible, que es más progresivo establecer un mínimo personal? Decía el señor Ríos que las medidas que hemos adoptado en torno al marco fiscal de los discapacitados eran buenas. Yo no sé si eran buenas o malas, lo que digo es que son medidas justas, que es el reconoci-miento a un colectivo que tiene una situación especial y que se lo merece, y por eso nosotros hemos querido adoptar en este IRPF, por primera vez, un marco fiscal que se adecue a las situaciones de los discapacitados, un marco fiscal global que les dote de un mínimo per-sonal y familiar, que incentive la integración de los dis-capacitados al mundo laboral para que se sientan más útiles a la sociedad y más realizados como personas, unos incentivos fiscales que les permitan llevar a cabo las obras de adaptación para romper las barreras arqui-tectónicas de sus viviendas, y además, señor Ríos -y voy concluyendo, señor presidente- un marco fiscal que establezca un sistema de previsión social comple-mentaria, que usted creo que no lo ha entendido, por-que no es para que aporte el discapacitado, sino para que aporten los familiares, para que aquellas familias que tienen un discapacitado en su seno puedan garan-tizarle un futuro mejor y planificar una situación para que en el futuro se pueda mantener sin necesidad de que las familias tengan la angustia de qué será de esa persona.
No vamos a votar las enmiendas -tengo poco tiem-poque rompen el esquema del impuesto. Decía que en Comisión le habíamos aprobado dos enmiendas, señor Ríos; hoy le vamos a aprobar otras dos que van en la línea de la lucha contra el fraude. Siempre -y el señor Saura también se ha referido a eso- van a encontrar a nuestro grupo parlamentario en la lucha contra el fraude. Siempre vamos a estar dispuestos a aprobar medidas que incentiven y mejoren la lucha contra el fraude. Queremos que bajen los impuestos para todos, pero que paguen todos. Le puedo garanti-zar, señor Ríos, en esta línea de lucha contra el fraude, que no va a haber amnistía fiscal, que las dos amnistías concedidas por el Grupo Parlamentario Socialista noso-tros no las vamos a repetir, que no va a haber amnistía y vamos a seguir luchando contra el fraude. Antes decía el señor Saura que, según los datos, la lucha contra el fraude no iba bien. No es el momento de discutirlo, pero sí por lo menos de decir que este año se ha aumentado el descubrimiento de fraude en un 12,4 por ciento y se ha situado en 437.000 millones de pesetas hasta el momento, porque no se pueden dar datos fal-sos y no rebatirlos.
Vamos a apoyar las enmiendas transaccionales que mi grupo ha presentado a Convergència i Unió. Creo que en esa línea sería quizá conveniente dar alguna vuelta más al sistema de previsión social complementa-ria, a la situación de los discapacitados, en el Senado, pero, señorías, creo que necesitamos un impuesto más eficiente, más simple y más justo, y el impuesto que vamos a aprobar hoy responde a estas necesidades. Yo no sé cómo van a explicar a los ciudadanos, señores del Grupo Parlamentario Socialista...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Martínez-Pujalte, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Termino.
Decía que no sé cómo van a explicar a 30 millones de ciudadanos que no es el momento oportuno de bajar impuestos (Rumores.) Cómo explicarán a 14 millones de asalariados y pensionistas que van a pagar menos y que eso es inoportuno. Cómo van a explicar a 3,5 millones de personas que no tendrán que hacer la declaración que eso es peligroso. Cómo van a explicar a 9,2 millones de pensionistas que no van a tributar por su vivienda que no es el momento de que dejen de

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pagar por ella.
Cómo dirán a las familias o a los disca-pacitados que no es justo que se tribute por la renta disponible. ¿No será más fácil, señores del Grupo Parla-mentario Socialista, decir que hay que afrontar todas estas reformas para crecer, para crear empleo, para seguir trabajando, para garantizarnos un futuro mejor? ¿No será más fácil, señores del Grupo Parlamentario Socialista, que se dejen de mirar al pasado y entre todos miremos al futuro para afrontar los retos que supone la Unión Económica y Monetaria, que supone la globaliza-ción de los mercados? (Rumores.) ¿No será mejor que sigamos trabajando para evitar que el paro en España sea un azote, para mejorar el bienestar de los ciudada-nos y equipararlos a los ciudadanos europeos? Mi grupo, señores del Grupo Parlamentario Socialis-ta, va a seguir trabajando (Varios señores diputados: ¡No, no!) en esa línea, porque no vamos a estar tran-quilos hasta que deje de haber un parado o que haya un señor por debajo del umbral de la pobreza.
Gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Como conocen SS.SS., el debate fue planteado en la Junta de Portavoces con una intervención de cada uno de los grupos, y solamente aquellos grupos que hayan sido contradichos por el portavoz pueden solicitar un turno de tres minutos. (El señor Saura Laporta pide la palabra.) Señor Saura, efectivamente, la Presidencia lo ha advertido y tiene tres minutos.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
He sido contradicho en dos aspectos. El primero, el del fraude. Es curioso que yo he lanzado una acusación directa al Gobierno; he dicho que cómo el Gobierno puede decir que lucha contra el fraude fiscal cuando el abogado del Estado que representa al Gobierno y al Ministerio de Economía ha solicitado recientemente el archivo de un expediente de posible delito contra el Banco de Santander.
Pero además el señor Martínez-Pujalte me ha dado unas cifras. Le digo aquí, señor Martínez-Pujalte, que esas cifras están trucadas, y cuando digo eso soy cons-ciente de lo que estoy diciendo y de que tendré que demostrarlo. La lucha contra el fraude es un desastre y las cifras que se han dado dado han sido distintas. El señor Rato dio unas aquí, el señor Costa otras y el señor Martínez-Pujalte ha dado unas hoy que no se corresponden con la realidad.
Y la segunda contradicción, señor Martínez-Pujalte, es que ustedes han cabalgado durante dos años sobre una situación económica irrepetible; internamente irre-petible e internacionalmente irrepetible. Y hoy el pro-blema de fondo, señor Rato, es qué piensa usted del estudio del BBV.
Señor Rato, del estudio de Argentaria qué piensa usted. Señor Rato, del estudio de la Cámara de Comercio qué piensa usted. Cuando esos estudios dicen que el coste es de 750.000 millones al año y usted dijo 300.000 -figura en el «Diario de Sesiones"- ¿qué piensa? ¿Cómo es posible, señor Rato, que su Gobier-no, hoy, niegue 122.000 millones de pesetas a la cober-tura de desempleo y no conteste usted aquí hoy a esas cifras y estudios que no son de los partidos de la opo-sición? El señor Martínez- Pujalte sube a la tribuna y no hace una sola referencia. ¿Qué debate es éste? ¿Que ustedes han cumplido, que han hecho no sé qué? Lo que ustedes han hecho -han hecho cosas que están bien- es irrepetible; pero el problema de fondo, hoy, es que el Gobierno está solo en este país, absolutamen-te solo, e intenta esconder que el coste de la recauda-ción de esta reforma va a minar las bases del Estado de bienestar. Este es el problema y esta es una herida que va a quedar en la sociedad española.
Y, por nuestra parte, vamos a dar la batalla, conjuntamente con todos aquellos sectores que estén -insisto- por una socie-dad más justa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Saura.
Señor Ríos. (Rumores.) Silencio, por favor, señorías.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Si no queréis oir, si os parece nos vamos; si tenéis prisa por iros a comer, yo también.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, no se altere su señoría, que no es hora de altera-ciones.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorí-as, voy a utilizar los tres minutos en las tres preguntas que ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular a lo que pudiéramos llamar centro de nuestra propia discusión. Ha dicho S.S.: cómo le van a explicar ustedes a los pensionistas, a las rentas bajas, que no quieren bajarles los impuestos.
Les vamos a explicar nuestra enmienda, la que yo he defendido aquí. Y nuestra enmienda dice que mientras ustedes proponen bajar a las rentas bajas el marginal al 18 por ciento, nosotros proponemos bajarlo al 17 por ciento. Y se lo vamos a explicar. Y también les vamos a explicar que nosotros, que no llevábamos en el programa electoral que iban a estar exentas las rentas sobre invalidez y las pensiones producidas por incapacidad, que ustedes sí llevaban, queremos que estén exentas. ¿Les va a expli-car a las 17.000 personas que cobran pensión por inca-pacidad -que en el año 1994 empezaron a cotizar en el IRPF y que ustedes les prometieron que iban a estar exentas- por qué no lo van a estar a pesar de haberlo defendido en su programa? Porque lo van a introducir en el mínimo vital. ¿Quiere usted decirme cómo una persona con dos millones de renta va a tener un míni-mo vital de tres millones y medio? El mínimo vital de tres millones y medio lo tendrá quien pueda tener una renta de 12 millones. Y les vamos a explicar por qué nosotros no estamos dispuestos a poner los 100.000 millones de pesetas que podemos gastar en educación,

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en sanidad y en política social en manos de los 134.000 españoles que ganan más de 12 millones de pesetas al año. Se lo vamos a explicar. Y ustedes deben explicar por qué prefieren quitarlos de esas políticas y ponerlos en manos de esos ciudadanos.
Usted ha venido a plantear el tema de los minusváli-dos, las minusvalías. Yo le he dicho que en el tema de la vivienda les vamos a apoyar. En la desgravación de ese fondo de pensiones van a participar el padre, el hijo, el primo, hasta el tercer grado. ¿No hay más fór-mulas que fondos de pensión para apoyar a los minus-válidos? ¿No hay otra? ¿Es esa la que se les ha ocurrido a ustedes? Pues nosotros no la compartimos. Hay muchas fórmulas. Sistemas complementarios privados.
¿Por qué no hay garantías para todos por igual? ¿Cuán-tos ciudadanos pueden ahorrar 2.200.000 pesetas des-pués de comer, después de gastar y después de vestir-se? Los que tienen rentas más grandes. Ustedes hacen una propuesta que favorece a los minusválidos dentro de eso. Yo no comparto ese criterio. Me parece legíti-mo que ustedes lo quieran defender.
Usted ha venido a decir cómo podemos estar defen-diendo la idea contraria a la renta disponible. Nosotros hemos dicho que el criterio que ustedes proponen de trasladar deducciones a la base imponible significa que a la hora de aplicar la cuota a quien tiene una base que ha estado desgravando una acumulación de beneficios se va a beneficiar más que los ciudadanos que ahora mismo pueden estar exentos. Hemos hecho una pro-puesta que reduce la presión fiscal a las capas medias.
Lo que usted ha dicho aquí. Nosotros no queremos que paguen más las capas medias. Fíjese que estamos hablando de dos a seis millones de pesetas al año.
Nuestras propuestas de tarifas, tanto en sus tramos como en su marginal, son menores que las que propo-nen ustedes.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de que no es posible explicar a los ciudadanos, a los cuatro millones y medio de ciudadanos españoles que han tenido que ir en el mes de junio a pagar porque su declaración les salía positiva, que hay quienes tienen unas rentas, unas plusvalías producidas por los benefi-cios al comprar y vender acciones, algunas de ellas valoradas en cientos de miles de millones de pesetas, sobre las que no van a pagar o van a pagar al 20 por ciento, porque si están con el régimen anterior van a pagar al 20 por ciento. ¿Por qué el otro ciudadano, usted y yo, tenemos que pagar al 34 por ciento y los que ganan 100, 200, 500, 1.000 millones de pesetas en acciones no van a tener que pagar nada más que el 20? ¿Por qué? Ese millón no paga igual que la renta del tra-bajo.
Están haciendo ustedes un impuesto regresivo que, más que un beneficio, es un castigo para el que trabaja.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Eguiagaray, tres minutos.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente. Espero que me sobre tiempo.
La verdad es que yo no quería prolongar este deba-te, pero me parece que es hasta un deber de cortesía, teniendo en cuenta el trabajo que se ha tomado el señor Martínez-Pujalte al contestar, incluso tratar de prolongar lo que hemos discutido tantas veces, el hacerle dos puntualizaciones y al mismo tiempo expre-sarle mi agradecimiento.
La primera puntualización es que yo creo que a lo largo de toda mi intervención no he hablado nunca de pobres y ricos. Ya sé que usted tenía preparado de antemano el guión y se ha referido a él, pero no he acertado a captar la causa por la que le repugna tanto que se hable de pobres y ricos, si es porque existen pobres, porque existen ricos o porque existen los dos.
No sé exactamente si tiene usted alguna manía particu-lar con alguno de los sectores que integran una parte de la dialéctica de la desigualdad en nuestro país como en cualquier otro, pero yo no he hablado de pobres y ricos.
La segunda puntualización que le quería hacer, señor Martínez-Pujalte, es la siguiente. Se ha enzarzado usted en los problemas de la credibilidad y ya se sabe que el estereotipo es que los socialistas suben los impuestos y que, naturalmente, los populares están para bajarlos.
Lo malo es cuando uno contempla la realidad; y cuan-do uno contempla una estadística que tampoco está hecha por la ejecutiva del PSOE, sino por la OCDE, y analiza lo que ha ocurrido entre los años 1980 y 1997 en la presión fiscal de los distintos miembros de la OCDE y se encuentra con que, después de la crisis que se inicia en 1991, desde 1992 a 1995 la presión fiscal de España, con un Gobierno que saben ustedes que no presidía el señor Aznar, bajó en 1,6 puntos. ¿Saben en cuánto ha subido la presión fiscal desde que ustedes gobiernan? Exactamente en 1,6 puntos, de acuerdo con la OCDE. Sin duda alguna, eso no se debe a que no hayan bajado los impuestos para algunos, claro que sí.
Hay alguna gente, ya lo hemos dicho, a la que le han bajado los impuestos. Lo que no es verdad es que hayan bajado la presión fiscal que experimentan la mayoría de los ciudadanos. Esa la han subido, a pesar de sus promesas y a pesar de su publicidad.
La tercera consideración, y con esto termino, señor Martínez-Pujalte, es el agradecimiento; mi agradeci-miento porque se ha referido usted a algo gracias a lo cual, quizás más que con las palabras y las polémicas que ya durante demasiado tiempo llevamos estable-ciendo sobre esta cuestión, los ciudadanos puedan salir de algunas dudas, consultando, como usted veo que ha hecho, cosas tan relevantes y sobre las cuales nos hemos tomado el trabajo de hacerlas con rigor para que puedan, acudiendo a Internet, a la página web del PSOE, ver qué es lo que le sale con una liquidación y

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con otra y observar en qué orientación va la reforma que ustedes propugnan y la que nosotros estamos plan-teando.
Tal vez eso nos ahorre algunas palabras, por-que, frente a tanta publicidad y a tanta manipulación, un poquito de información suele venir bien.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Martínez-Pujalte, tres minutos.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presi-dente, hablaba el señor Saura de la lucha contra el frau-de.
Antes le decía que siempre nos va a encontrar dis-puestos a adoptar medidas de lucha contra el fraude.
Quizás hubiera sido procedente que su propio grupo presentara más enmiendas para poder buscar más ele-mentos de confluencia en la aprobación de medidas que vayan directamente contra el fraude, pero, señor Saura, los datos que yo les he dado son los que apare-cen publicados y son los datos oficiales de la Agencia.
Ya lo debatiremos. Señor Saura, yo le rogaría que no confundiera a la opinión pública dando datos cada día más inciertos. Vamos a trabajar sobre datos ciertos, señor Saura. Usted ha dicho que los demostrará.
Espe-raré a que los demuestre.
Se ha referido usted al BBV. No le quería sacar el informe, señor Saura.
Lo tengo en la mano. Dice el BBV: La cifra de coste de la reforma nosotros la estima-mos en 700.000 millones, pero hay que tener en cuenta que la hemos hecho con los datos de 1995 y el Gobier-no la ha hecho con los datos reales de 1996 y no hemos tenido en cuenta el tratamiento de las plusvalías. Se vuelve a insistir en que el BBV no ha tenido en cuenta o no ha podido tener en cuenta aspectos como el trata-miento de las familias monoparentales, la desaparición de los períodos partidos, la no actualización de los valores, la desaparición del mínimo de 500.000 pesetas, que son cuestiones trascendentales que coadyuvan a reducir el coste de la reforma.
Y acaba el informe del BBV diciendo: Confirma la rebaja generalizada del IRPF y, en especial, el nuevo y mejor tratamiento de las rentas del trabajo; confirma que el nuevo IRPF será más progresivo, debido a la introducción del mínimo personal y familiar, lo cual se traduce en un nuevo y mejor trato para las familias y confirma que el nuevo IRPF elimina la discriminación injustificada que hoy existía entre activos financieros.
Por favor, señor Saura y señores del Grupo Socialis-ta, cuande usen informes háganlo en su conjunto y no confundan a la sala.
Hablaba el señor Ríos -y voy concluyendo- del sistema de previsión social. Señor Ríos, no se nos ha ocurrido. Lo hemos negociado, lo hemos hablado, lo hemos dialogado con las asociaciones de discapacita-dos para buscar el sistema que más se adecuaba a sus necesidades, el sistema que garantizaba con mejor fór-mula eliminar la angustia de las familias ante el futuro de los hijos.
El señor Eguiagaray ha hablado de presión fiscal. El señor Borrell, últimamente, lo hacía de presión fiscal individual. Yo me quiero referir a este concepto. No se han subido los impuestos en España. Es la primera vez, desde la democracia, que con la aprobación de este proyecto se van a bajar los impuestos a todos y cada uno de los ciudadanos españoles, y en especial se van a bajar, señorías, a los que más lo necesitan: asalaria-dos, pensionistas, familias y discapacitados.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Vamos a pasar inmediatamente a la votación de las enmiendas y de los dictámenes correspondientes a los dos proyectos de ley debatidos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que ocu-pen sus escaños. Se trata de votaciones largas y com-plejas y es objetivo de la Presidencia, de acuerdo con lo que se habló en la Junta de Portavoces, que, dado que el Estatuto de Cantabria no presenta enmiendas, incluyamos inmediatamente su debate y podamos fina-lizar el Pleno votando con el carácter orgánico el Esta-tuto de Cantabria antes de levantar la sesión al medio-día.
En consecuencia, les ruego que aceleren sus movimientos dentro del hemiciclo y podamos proceder a las votaciones de las enmiendas a los dictámenes de los dos proyectos de ley.
Votaciones correspondientes a los dictámenes de la Comisión de Economía y Hacienda para los proyectos de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-cas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Comenzamos sometiendo a votación las enmiendas que subsisten del Grupo Parlamentario Mixto, dentro de él las del señor Chiquillo y, a su vez, dentro de las del señor Chiquillo, un bloque formado por las núme-ros 5, 14 y 16.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor; 17; en contra, 297; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 7, 9, 10 y 11 del señor Chiqui-llo.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, siete; en contra, 300; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 13 y 15, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, cinco; en contra, 313; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez, también del Grupo Mixto.
En primer lugar, las números 27, 34, 36, 37, 39, 44 y 45.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 155; en contra, 165; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 17; en contra, 301; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura.
En primer lugar, votamos las números 152, 153, 154, 155, 159, 160 y 164.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 21; en contra, 300; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 173, 177 y 179, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 21; en contra, 299; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación -y llamo la atención a los portavoces por los cuadernos de votación- la enmienda número 172, del señor Saura, que figura como aislada en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 22; en contra, 168; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 154; en contra, 165; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las res-tantes enmiendas.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, comenzando con la enmienda número 134, en lo relativo a los párrafos 1º a 3º, del apartado 5, del artículo 55.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, cuatro; en contra, 311; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 134 en lo relativo al párrafo 4º, del apartado 5, del artículo 55.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, cuatro; en contra, 310; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a la enmienda 139.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 172; en contra, 149; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Enmienda número 141.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, cuatro; en contra, 310; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV-EAJ).
En primer lugar, votamos las números 103 y 108.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 163; en contra, 163; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Al haberse producido el empate, se va a producir una nueva votación.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 161; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumo-res.) Enmienda número 107, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, ocho; en contra, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 109.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, nueve; en contra, 184; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 145; en contra, 179; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.
En primer lugar, la transaccional a la 245 en lo relati-vo a los apartados 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 171; en contra, 154; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Se somete a votación la transaccional a la 245, en lo relativo al número 2.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 322; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Enmienda número 256.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 174; en contra, 148; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Transaccional a la 260.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 173; en contra, 153; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Se somete a votación la transaccional a la 265.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unani-midad.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, se someten a votación las siguientes enmiendas: 181, 185, 189, 191, 192, 195, 201, 202, 207, 209, 211, 212, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 230, 231, 233, 238 y 239.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328, a favor, 22, en contra, 301, abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional a la 232.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 325; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transac-cional.
Enmiendas números 227, 235, 236, y 210.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 21; en contra, 167; abstenciones, 140.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 156; en contra, 165, abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, las números 338 y 386.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 140; en contra, 181; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 292.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 159; en contra, 165; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 300, 343, 344, 347, 351, 352, 357 y 365.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 133; en contra, 188; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 307, 316, 317, 348, 353, 373, 376 y 345.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 293, 303, 304, 305, 309, 319, 322, 324, 327, 328, 329, 335 y 336.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 159; en contra, 167; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Pasamos a la votación de la 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 320, 323, 325, 326, 331, 332, 333 y 334.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 155; en contra, 168; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socia-lista.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 154; en contra, 168; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el dictamen con las correccio-nes técnicas conocidas por los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 167; en contra, 155; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias.
Pasamos al proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y normas tributarias.
En primer lugar, votaremos las enmiendas. La núme-ro 70, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 325; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Se someten a votación las números 71 y 72, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor 17; en contra, 305; abs-tenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas esas dos enmiendas.
Pasamos a la votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 325; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen al proyecto de ley del Impuesto de la Renta de los no Residentes y normas tributarias.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA (número de expediente 127/000006).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la pro-puesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canta-bria, advirtiendo que la votación -máxime tratándose de una votación de carácter orgánico, como anticipése producirá al finalizar el debate y, en todo caso, antes del almuerzo.
(Rumores.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Se va a producir el debate en los siguientes térmi-nos, para que algunas de SS.SS. que han hecho gestos de desconcierto sepan a qué atenerse.
Intervendrá, en primer lugar, el señor Ríos, en nom-bre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para defender las enmiendas, que son las únicas que se mantienen, y luego habrá un breve turno de fija-ción de posición -que espero que sea brevísimo efec-tivamentepor los grupos que quieran hacerlo.
Adelante, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muy brevemente, señor presidente.
Nos encontramos ante una reforma de un estatuto de autonomía en la que nos hubiera gustado haber conse-guido un mayor grado de consenso, como se ha obte-nido en otras comunidades, para que la reforma hubie-se venido avalada desde la propia comunidad autónoma con el apoyo de todos los grupos parlamen-tarios y de las fuerzas políticas que en origen estaban representadas. ((El señor vicepresidente, Fernán-dezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.-Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Ríos.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) El señor RÍOS MARTÍNEZ: Nuestra voluntad era poder apoyar un incremento competencial como el que se propone en esta reforma y nuestra voluntad en el trámite de Comisión fue mejorar el texto que venía del Parlamento de Cantabria con unas enmiendas que intentaban introducir una ampliación competencial, enmiendas números 7 y 8, con mayor techo de compe-tencias en sanidad, higiene y ordenación farmacéutica, en montes y aprovechamientos forestales, en régimen local y en colegios profesionales; competencias exclu-sivas de las que ya disponen otras comunidades autó-nomas, y no sólo las comunidades autónomas del 151, sino algunas del 143, como pueden ser Valencia, Ara-gón y otras comunidades y, por tanto, no entendíamos por qué quedaban excluidas de esta reforma estatu-taria.
Otro bloque de propuestas iba dirigido a intentar mejorar el artículo 25 del proyecto, a través del pun-to 31 de la propuesta del artículo único, para intentar que se incrementasen las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en algunas materias que sig-nificaban una capacidad de ordenación y organización de la propia comunidad, con la posibilidad de ahormar competencias que están gestionando históricamente, porque son propias de la comunidad, y competencias transferidas, como es el caso del Imserso, y se compati-biliza a nivel de centros de tercera edad, de centros de asistencia que funcionan desde la propia comunidad, con capacidad normativa, con regulación propia, mien-tras que la del Imserso, al ser solamente ejecutiva, no tiene capacidad de regulación y estaríamos ante cen-tros distintos según evolucionara la gestión de la comu-nidad por delegación o por transferencia o bien fuesen en origen de la propia comunidad.
La otra enmienda que nos hubiese gustado incorpo-rar en Comisión, y que no ha sido factible, pretendía dotar de mayores competencias al propio Parlamento frente al Ejecutivo. Había una serie de enmiendas que intentaban dotarle de una capacidad de autogobierno, basado en un mayor peso municipal, en una comarcali-zación de la propia comunidad e inclusive en posibili-tar que hubiese un desarrollo normativo dentro de la actuación de la comunidad para conseguir un mayor rigor, una menor evolución dentro de la comunidad en lo que significan fuerzas políticas que se presentan con una determinada candidatura y que a lo largo de la legislatura se trasladan al Grupo Mixto. Se pretendía evitar que ese movimiento de diputados afectase a la representación que ha sido votada por los ciudadanos.
En suma, señor presidente, nuestra voluntad es apo-yar un incremento competencial en esta reforma, rei-vindicar en el trámite de Comisión una mejora, una ampliación del techo competencial y de la capacidad de autogobierno de esta comunidad y, por tanto, man-tendremos un voto diferenciado, por un lado, a los artículos 24 y 25, que significan competencias exclusi-vas de desarrollo legislativo y, por otro, al resto del dictamen, para poder diferenciarlo no sólo en esta ver-tiente.
Espero haber defendido lo que ha sido nuestra pos-tura a lo largo de todo el trámite parlamentario.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Blanco tiene la palabra.
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, seño-rías, voy a atender el ruego de brevedad que se nos ha hecho a todos los intervinientes.
En nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, quiero argumentar el voto favorable al dictamen emitido por la Comisión y también mostrar mi satisfacción personal, como diputado por Cantabria, y la de mi grupo por cómo se ha respetado el consenso en este proyecto de reforma, según venía de la Asamblea Regional.
Efectivamente, se han admitido tres enmiendas, acor-dadas entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, que son meramente de redacción técnico-jurídica y que no tienen ninguna incidencia sobre el contenido, por así decirlo, del propio estatuto de autonomía, sino que más bien ha sido una adecuación en materia de transferen-cias a la comunidad con respecto a la adecuación inter-pretativa de la propia Constitución. El consenso al que me refería viene de los cinco grupos parlamentarios que trabajan en la Asamblea Regional de Cantabria. El hecho de que solamente se hayan admitido estas enmiendas, que son de tono menor, ratifica el grado de realismo político y de madurez de la propia Asamblea cuando mandó el proyecto a esta Cámara hace unos meses. Creo, señorías, que este es un hecho relevante, porque justifica la posición de mi grupo contraria a la admisión -vamos a votar en contra- de las enmien-das presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida. Voy a explicar brevemente nuestra posición, aunque solamente sea, señor presidente, por cortesía hacia ese grupo.
Si los grupos políticos de la Asamblea Regional de Cantabria elaboraron un proyecto de reforma del esta-tuto de autonomía que mantenía y mantiene unas determinadas competencias que creen que son ajusta-das -mi grupo así también lo entiende- a la realidad política presente y futura de Cantabria, estimamos que no es conveniente alterar ese consenso desde esta Cámara.
El mismo argumento sirve para el Tribunal de Cuen-tas.
Hay que tener presente cuál es la realidad de nues-tra comunidad autónoma. Es una comunidad autónoma uniprovincial, somos 520.000 habitantes y hasta hoy las instituciones de Cantabria están plenamente satisfechas de la fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas del Estado. Entendemos, por tanto, que crear esa nueva figura de un nuevo Tribunal de Cuentas en la comuni-dad, aun cuando en otras comunidades pluriprovincia-les o uniprovinciales se pueda establecer, produciría, si no una duplicidad de funciones, sí un aumento de la burocracia para una comunidad, como digo, que tiene una realidad concreta.
En cuanto a la disolución de la Cámara, creo que la mayoría de los grupos políticos aquí presentes, y por supuesto los grupos políticos en la Asamblea Regional de Cantabria, han elaborado una formulación para que el presidente pueda disolver la Cámara, teniendo siem-pre en perspectiva lo que es la economía electoral, de la que tantas veces ha hecho gala esta Cámara en refor-mas de la propia Ley Electoral General.
Creemos que la mayoría de los grupos políticos estamos por economi-zar las llamadas a los ciudadanos a elecciones.
Me van a permitir SS.SS. y el señor presidente mani-festar mi satisfacción personal y la de mi grupo por lo que supone la aprobación hoy -si así lo estiman, y creo que así va a ser- por una gran mayoría en esta Cámara de la reforma propuesta desde la Asamblea Regional de Cantabria y por lo que supone la reforma en sí misma. Creemos que hay una amplia reforma ins-titucional, que ya estaba siendo demandada por la pro-pia sociedad de Cantabria y que se ejemplifica en una mejor planificación de los trabajos del Parlamento cán-tabro, sin estar ligado este Parlamento, antigua Asam-blea Regional, a trabas estatutarias.
Supone la creación de un consejo consultivo, la creación de la figura del Defensor del Pueblo y, como ya he dicho, la disolución por parte del presidente del Parlamento, dentro de unos límites que la misma razón del Estado autonómico aconseja.
Por otro lado, se ha producido una amplia incorpo-ración de nuevas materias a transferir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco, por favor, le ruego concluya.
El señor BLANCO GARCÍA: Concluyo, señor presi-dente.
Además, se ha producido una nueva distribución de las materias a transferir en exclusiva, de desarrollo eje-cutivo, de desarrollo legislativo y de ejecución.
Por último, señor presidente, señorías, atendiendo a la brevedad que nos demanda la Presidencia, espero que ese consenso que viene de Cantabria, que ese con-senso que ha estado latiendo en esta Cámara en todos los trabajos y en los trámites que ha llevado esta refor-ma del Estatuto de Cantabria, se siga dando en el Sena-do.
Abogando por ello y con ese deseo, espero que los grupos parlamentarios apoyen esta reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria y se lo agradezco de antemano.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presi-dente, señorías, además de agradecer la presencia del presidente del Parlamento autonómico, señor Pajares, quisiera, como portavoz del Grupo Popular, comenzar mi intervención recordando el compromiso que asumió

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en su momento el Partido Popular cuando decidimos impulsar las reformas estatutarias que tuvieran su ori-gen en los respectivos parlamentos autonómicos, pro-cediendo, sin perjuicio de los hechos diferenciales, a realizar una equiparación sustancial de competencias.
Este propósito, reiterado en varias ocasiones por el pre-sidente del Gobierno, se encuentra aquí cumplido, y después de los trámites de ponencia y Comisión, pro-cedemos hoy a aprobar el texto de la reforma del Esta-tuto de Autonomía de Cantabria.
Desde luego, es esta una amplia reforma, como luego destacaré, pero es sólo una reforma y no un nuevo estatuto. Es en el año 1981 cuando Cantabria se constituye en comunidad autónoma mediante la apro-bación de su norma institucional básica. En este tiem-po, Cantabria, sin duda alguna, ha cambiado mucho. Se ha consolidado como comunidad autónoma. Ha adqui-rido una mayor conciencia colectiva de su propio desti-no y de su propia identidad, también porque en este tiempo se ha producido por parte de los ciudadanos una mayor asimilación de lo que significa el autogo-bierno.
Esto es fundamentalmente lo que hace esta reforma: profundizar en el autogobierno, el cual, tanto el de Cantabria como el de las demás comunidades autónomas, encuentra su origen y base en la Constitu-ción, que configura, dentro de la unidad de España, el derecho de autonomía de las nacionalidades y regio-nes.
Este reconocimiento al texto constitucional que se hace en el artículo 1º como fuente de autogobierno es precisamente el marco en el que se desarrolla la volun-tad no sólo de los cántabros sino también de los espa-ñoles, al definir la Constitución las reglas del juego que han permitido que nuestro Estado sea uno de los más descentralizados y más plurales del mundo. En este contexto debe entenderse el fortalecimiento de su pro-pia identidad, tal y como se hace en el artículo 1º, al calificarse a Cantabria como comunidad histórica. Ade-más del contenido amplio de reforma, al cual luego me referiré con la brevedad que exige la Presidencia, quie-ro destacar que la misma no viene impuesta desde Madrid. Ha sido el propio Parlamento autonómico el que ha definido las normas y los límites del alcance de esta reforma.
Se ha hecho referencia por el portavoz de Izquierda Unida a las enmiendas pendientes, concretamente catorce. Nosotros postulamos en su momento que defenderíamos, y a ello nos comprometimos, la unani-midad mantenida en el Parlamento de Cantabria, con lo cual, incorporar ahora las enmiendas que se han pre-tendido introducir supondría una falta de respeto a los demás partidos políticos de la Asamblea Regional.
Las enmiendas que presenta Izquierda Unida están formuladas en clave interna. Realmente, no se plantea-ron sino después de la reforma operada en el Parla-mento autonómico y, en todo caso, aun cuando res-ponden a cuestiones internas y a desavenencias entre los miembros de Izquierda Unida y a las escisiones que han podido experimentar, quisiera destacar que el texto y las competencias a las que se están incorporando son sustancialmente idénticas, incluso en algunos casos al alza, a las reformas que se han operado en estatutos como los de Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, con lo cual aceptar en esos casos la suficiencia de esas competencias y no hacerlo en el caso de Cantabria per-mítame decirle, señor portavoz de Izquierda Unida, que no me parece del todo consecuente.
Se ha hecho mención por el portavoz del Grupo Socialista al alcance de la reforma tanto en temas insti-tucionales, importantes algunos de ellos como la crea-ción del Defensor del Pueblo, como en los de carácter competencial. De estos quisiera de una manera muy singular destacar lo que va a suponer la asunción en un futuro de las competencias en materia sanitaria. Desde el Grupo Popular creemos que dicha asunción va a tener una gran importancia, toda vez que afecta con notable repercusión a lo que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-Medel, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Concluyo ya, señor presidente, diciendo que esta reforma del Estatu-to de Autonomía de Cantabria no resuelve por sí sola algunos de los problemas que se tienen en aquella comunidad autónoma. Hay problemas pendientes desde hace muchos años, como el tema de infraestruc-turas, que está mejorando, pero que vamos a seguir impulsando. Decía que la reforma no resuelve por sí sola todos los problemas de nuestra comunidad autó-noma, pero sí diseña el marco para que desde la cerca-nía se gestionen mejor los asuntos que afectan a la rea-lidad de los cántabros.
Desde Cantabria seguiremos impulsando todo lo que significa autogobierno y exigencia al poder central, con firmeza pero también sin victimismos, y desde Canta-bria queremos seguir aportando nuestro apoyo al desa-rrollo de una España plural, de una España solidaria y vertebrada como proyecto común.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presi-dente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones directamente del dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Votamos en primer lugar el artículo único, punto tri-gésimo (artículo 24 del estatuto), y punto trigésimo pri-mero (artículo 25 del estatuto).
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 298; a favor, 284; en contra, 13; abs-tenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los refe-ridos artículos.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 296; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO: - PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA (número de expediente 127/000006).
El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto por tener la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-nomía para Cantabria naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 286; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayo-ría absoluta de la Cámara, queda aprobada con el carácter de orgánica la propuesta de reforma del Esta-tuto de Autonomía para Cantabria.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» núme-ro 177, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día de ayer, 16 de septiembre de 1998, en la intervención de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimenta-ción, De Palacio del Valle-Lersundi -página 9521, segunda columna, línea 41 -, aparece por error la pala-bra «ataquinamiento», cuando debería decir «atarquina-miento».


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