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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 181, de 24/09/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 181

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 175

celebrada el jueves, 24 de septiembre de 1998

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ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas (número de expediente 130/000051) («BOE» número 207, de 29 de agosto de 1998) (Página 9703)

- Real Decreto-Ley 10/1998, de 28 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios, por importe de 4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder a la regularización presupuestaria de los gastos realizados entre los años 1986 a 1996 por las representaciones diplomáticas y consulares (número de expediente 130/000052) («BOE» número 207, de 29 de agosto de 1998) (Página 9723)

- Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento (número de expediente 130/000053) («BOE» número 213, de 5 de septiembre de 1998) (Página 9727)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y

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otras actividades ilícitas graves. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 218-1, de 30 de julio de 1998 (número de expediente 122/ 000191, procedente de la refundición de los números de expediente 122/000070 y 122/000097) (Página 9735)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de introducción del euro (número de expediente 121/000137) (Página 9739)

Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital- riesgo y de sus sociedades gestoras. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 115-1, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000114)

Proyecto de Ley de tasas y precios públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 120-1, de 8 de junio de 1998 (número de expediente 121/000119)

- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 (Página 9747)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


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Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 9703)

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Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas (Página 9703)

Presenta el Real Decreto-Ley 9/1998, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). Solicita su convalidación conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y explica que dicho Real Decreto-Ley responde a la necesidad de dar cobertura con el rango formal de ley a la declaración de interés general de las obras hidráulicas para su realización por el Estado, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aguas. A continuación explica el contenido del artículo 1º, que declara como obras hidráulicas de interés general de la nación una serie de actuaciones en el ámbito de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, y el del artículo 2.º , que aprueba y declara de interés general obras a promover por el Ministerio de Agricultura, de conformidad con la legislación específica de reforma y desarrollo agrario. Tras exponer el contenido del Real Decreto-Ley y describir las circunstancias que motivan su aprobación por el Gobierno, solicita de la Cámara la convalidación del mismo, para seguir adelante con el conjunto de actuaciones a que el mismo se refiere y dotar a los españoles de algunas de las obras de infraestructura hidráulica que todavía son realmente imprescindibles.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber, Rodríguez Sánchez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En un segundo turno interviene la señora ministra de Medio Ambiente.


Para fijar su posición en el turno abierto por la señor ministra, intervienen los señores Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.


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Real Decreto-Ley 10/1998, de 28 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios, por importe de 4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder a la regularización presupuestaria de los gastos realizados entre los años 1986 a 1996 por las representaciones diplomáticas y consulares (Página 9723)

Presenta el Real Decreto-Ley 10/1998 el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). Considera suficientemente explicativo el título del decreto, resaltando el hecho de que se trata de regularizar los gastos realizados en representaciones diplomáticas y consulares de diez ejercicios presupuestarios. Manifiesta que es voluntad del Gobierno establecer sistemas que permitan la máxima transparencia y exactitud en el estado de la finanzas públicas. Explica que esta regularización no se pudo hacer en el Real Decreto-Ley 12/1996 porque una gran parte de la información esencial para justificar los pagos realizados se encontraba en representaciones españolas en el exterior y era imposible su recopilación en la fecha en que se había solicitado y porque el importe de los gastos se encontraba nominado en diferentes divisas, lo que añadía una complejidad adicional.
Sin embargo, añade, se trataba de gastos que aunque no habían sido contabilizados, sí se habían pagado materialmente a lo largo de estos diez años con cargo a las tasas consulares. Expone que con el proceso establecido en el Real Decreto-Ley se logra el doble objetivo de aplicar al presupuesto el gasto que dio lugar a los diferentes pagos y también los ingresos que se generaron en su día y que permitieron efectuar los pagos correspondientes, en cumplimiento estricto de la legalidad vigente. Se refiere al informe del Tribunal de Cuentas referente a la Cuenta General del Estado del año 1995 en el que se constata la existencia de unos pagos no imputados al presupuesto y la utilización de tasas consulares para financiar esos pagos que no habían sido ingresadas en el Tesoro Público. Expone a continuación las medidas que ha tomado el Gobierno para evitar situaciones similares en el futuro y solicita de la Cámara la convalidación de este Real Decreto-Ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Moya Milanés, del Grupo Socialista del Congreso, y Robles Fragua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento (Página 9727)

Presenta el Real Decreto-Ley 11/1998 el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
Manifiesta su satisfacción por presentar ante la Cámara este Real Decreto-Ley que significará, si la Cámara lo convalida, la remoción de un obstáculo real en la igualdad del hombre y la mujer ante el mercado de trabajo. Constata el hecho de que prácticamente todos los grupos, especialmente Convergència i Unión, han llevado a cabo iniciativas en este sentido, algunas de ellas en el debate del estado de la nación, por lo que el Gobierno, reconociendo que no existe realmente igualdad entre sexos en el mercado de trabajo, ha entendido que había razones mas que suficientes para la aprobación de este Real DecretoLey que hoy se somete a convalidación. La promulgación de este Real Decreto-Ley también responde a la ejecución del Plan de empleo de 1998 que el Reino de España presentó ante la Unión Europea y se corresponde con el bloque de medidas que están presentadas en torno al III Plan de igualdad de oportunidades.
Asimismo manifiesta que dicho Real Decreto- Ley fue consultado previamente con las organizaciones empresariales y sindicales que, salvo algunas matizaciones, dieron globalmente su visto bueno a la propuesta. Por todo ello, el Gobierno quiere compartir la decisión de llevar adelante esta iniciativa con los grupos de la Cámara que la han instado y con los agentes sociales que han dado su apoyo globalmente.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, y Seller Roca de Togores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


A continuación se procede a las votaciones de los reales decretos-leyes debatidos.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas

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obras hidráulicas, se aprueba la convalidación por 293 votos a favor, siete en contra y 15 abstenciones.


A continuación se somete a votación su tramitación como proyecto de ley solicitada por dos grupos parlamentarios, lo que es rechazado por 145 votos a favor y 170 en contra.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 10/1998, de 28 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios, por importe de 4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder a la regularización presupuestaria de los gastos realizados entre los años 1986 a 1996 por las representaciones diplomáticas y consulares, se aprueba su convalidación por 314 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, se aprueba la convalidación por unanimidad.


A continuación se somete a votación su tramitación como proyecto de ley, solicitada por dos grupos parlamentarios, lo que se rechaza por 145 votos a favor y 170 en contra.


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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 9735)

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Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves (Página 9735)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Gago López, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Cava de Llano, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 9739)

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Proyecto de ley de introducción del euro. (Página 9739)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo) presenta ante la Cámara, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley sobre la introducción en España de la moneda única. Considera que el inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria representa probablemente uno de los hechos más relevantes para España y para el resto de los once países miembros de la Unión Europea en la reciente historia económica, así como una considerable transformación de nuestra realidad interna y de nuestra situación en el mundo. A continuación resalta el hecho de que España por primera vez en un proceso de integración europea forme parte de los países que inician el proceso, lo que demuestra, a su juicio, el cambio sustancial de la realidad económica española y la firme voluntad de la sociedad de formar parte de manera relevante en los sucesivos procesos de integración. Explica los pasos que ha habido que dar en la transformación de la política económica y las consecuencias del acceso de España a la tercera fase de la unión económica y monetaria, entendiendo la introducción del euro como el comienzo de un proceso. Asimismo manifiesta que el presente proyecto de ley es fruto de la colaboración de todas las administraciones públicas y, en lo tocante a la Administración del Estado, del esfuerzo común de todos los departamentos ministeriales, pasando a explicar el contenido del proyecto de ley, sus objetivos y principios básicos, entre los que resalta la preocupación del Gobierno por la protección de los consumidores y usuarios.
Manifiesta que el presente proyecto de ley establece un marco jurídico general para resolver los problemas técnicos y proteger a los ciudadanos, especialmente a los consumidores, en sus derechos, de manera que la introducción del euro no vulnere ni la seguridad jurídica de los contratos ni el derecho de los consumidores en ningún aspecto. Finalmente expone que si la Cámara tiene a bien la toma en consideración de este proyecto de ley, los grupos parlamentarios tendrán ocasión de mejorar las propuestas iniciales del Gobierno mediante la presentación de enmiendas.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución interviene el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En un segundo turno, contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


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A continuación se procede a las votaciones de los puntos del orden del día debatidos anteriormente.


Sometido a votación, en primer lugar, el dictamen de la Comisión correspondiente a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves, se aprueba por unanimidad.


Sometida a votación de conjunto, por su naturaleza de orgánica, la proposición de ley, se aprueba al haber superado por unanimidad la mayoría absoluta de la Cámara.


A continuación se somete a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley de introducción al euro, que se rechaza por 15 votos a favor, 290 en contra y una abstención.


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Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 (Página 9747)

Efectuada la votación y el ulterior escrutinio, resulta elegido el señor Martínez Noval para formar parte del grupo de diputados que pueden acceder a los secretos oficiales por 281 votos a favor, cinco votos en blanco y cinco nulos.


Se levanta la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 9/1998, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBAN Y DECLARAN DE INTERÉS GENERAL DETERMINADAS OBRAS HIDRÁULICAS (Número de expediente 130/000051).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día, debate sobre la convalidación o derogación de tres reales decretos-leyes.
En primer lugar, el que hace el número 9, de 28 de agosto de 1998, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas.
La votación de la convalidación o derogación de los tres reales decretos-leyes la llevaremos a cabo al finalizarse la presentación y debate de los tres, es decir, al finalizar el punto VI del orden del día que ahora iniciamos.


Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 28 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 9/1998 que se presenta en este momento para su convalidación por el Congreso de los Diputados, conforme a lo previsto en el artículo 86 de nuestra Constitución, que prevé que en este trámite y en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación el Congreso habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación.
El Real Decreto-Ley que tengo el honor de presentar ante SS.SS. responde a la necesidad de dar cobertura con el rango formal de ley a la declaración de interés general de las obras hidráulicas para su realización por el Estado, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aguas, que especifica que las obras públicas de carácter hidráulico de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma habrán de ser aprobadas por ley. Es éste el trámite al que se somete el presente Real Decreto-Ley respecto a las obras que se indican en los artículos 1 y 2.
El artículo 1 del Real Decreto-Ley aprueba y declara como obras hidráulicas de interés general de la nación una serie de actuaciones en el ámbito de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el artículo 2 aprueba y declara de interés general obras a promover por el Ministerio de Agricultura, de conformidad con la legislación específica de reforma y desarrollo agrario.
A fin de cumplir las exigencias de la Ley de Aguas se incorpora al texto del Real Decreto-Ley sendos anexos en los que se describe con cierto detalle las obras a que se refieren tanto el artículo 1 como el artículo 2. Esta descripción de las obras a través de los anexos de la norma que presento para su convalidación tiene por objeto dejar clara cuál es la obra que se aprueba, huyendo de la mera descripción a través de un nombre, así como legalizar la finalidad concreta de la obra para lograr su incardinación en el conjunto de la planificación hidrológica. Pienso que no es necesario el especificar cada una de las obras que van en el anexo del Real Decreto-Ley y así todas SS.SS. tienen la posibilidad de conocerlas. Por ello, me voy a limitar, en una visión de conjunto, a destacar el tipo de obras de que se trata, poniendo algunos ejemplos que me parecen especialmente significativos.
Las obras que se contemplan en el artículo 1 de este Real Decreto-Ley responden a las siguientes características,

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en primer lugar, son obras de saneamiento y depuración; en segundo lugar, son obras de garantía de abastecimiento; en tercer lugar, van dirigidas a protección de personas y bienes frente avenidas, mediante actuaciones en márgenes y cauces, y, por último, están las obras de garantía para regadíos.
El primer tipo de obras a que he hecho referencia son las obras vinculadas al Plan nacional de saneamiento y depuración. Entre éstas, permítanme, señorías, que destaque la aprobación de las obras de saneamiento y depuración, responsabilidad del Estado según el citado plan, en la provincia de Cáceres y en la provincia de Badajoz. Hago especial hincapié, puesto que, teniendo todos como tenemos la urgencia de poner en marcha, de acabar, diría yo, cuanto antes este Plan de saneamiento y depuración de aguas, curiosamente, la Comunidad Autónoma de Extremadura es la única en la que hasta el día de hoy no se había iniciado ni una sola de estas obras.
El Gobierno del Partido Popular da un impulso definitivo a la aportación estatal en materia de saneamiento y depuración de aguas concretamente en esta comunidad autónoma extremeña, que se podía sentir justamente marginada hasta el momento actual. El importe calculado de estas inversiones en saneamiento y depuración asciende aproximadamente a 6.500 millones de pesetas.
Entre las obras de abastecimiento se contemplan infraestructuras que garantizarán un suministro de agua de calidad en el futuro a Oviedo y a otras poblaciones de la zona central asturiana; a Ciudad Real y a su comarca; a la ciudad de Badajoz y a otros varios pueblos de su entorno; a Huelva, a Jaén mediante la interconexión de los sistemas del Víboras y Quiebrajano; Valencia, mediante la conducción Turia-Picasén y Albacete.


Asimismo, se prevén obras para garantizar el abastecimiento a Zaragoza con aguas del Pirineo, para el abastecimiento a Lleida y su comarca desde el embalse de Santa Ana, y las obras que garantizarán el abastecimiento a los municipios de Calviá y Andratx, con agua procedente de la desaladora de agua de mar de la Bahía de Palma. (La señora Romero López: Cádiz, cero.) El importe calculado de estas obras de abastecimiento asciende aproximadamente a 72.990 millones de pesetas.
El tercer tipo de obras al que me he referido antes son las vinculadas a actuaciones en márgenes y cauces de los ríos, en evitación de posibles futuros daños a personas y bienes. Entre éstas, permítanme SS.SS. que haga especial referencia a una serie de obras que tienen como objeto garantizar, en la medida de lo posible, que futuros episodios de inundaciones por lluvias no tengan, concretamente en la provincia de Badajoz, las trágicas consecuencias que tuvieron, pronto hará un año, los días 5 y 6 de noviembre de 1997. (La señora Romero López: Y Cádiz, ¿qué?) A esta finalidad tienden las obras que se aprueban por este Real Decreto en los Arroyos Albarregas, Rivillas y Calamón, así como en el río Guadiana, en el tramo que transcurre entre el Matachel y la presa de Montijo.
También se aprueban mediante este Real DecretoLey obras de protección frente a avenidas en otras partes del territorio nacional, entre las que resalto ante SS.SS. la remodelación del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, el encauzamiento del tramo final del río Andarax y la restitución y adaptación del cauce natural del barranco de Poyo en Valencia. El importe previsto de este tipo de actuaciones asciende aproximadamente a la cifra de 32.600 millones de pesetas.
Por último, entre las inversiones más directamente vinculadas a la actividad agraria, el Real Decreto-Ley, en lo que a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente se refiere, prevé la instalación de caudalímetros y limitadores de caudal en los acuíferos de La Mancha occidental y del Campo de Montiel, el acondicionamiento del canal del Páramo y una serie de obras de regulación y acondicionamiento de canales en la provincia de León, así como un conjunto de actuaciones vinculadas a dar una solución hidráulica definitiva a las provincias de Almería y Huelva y elevaciones para los regadíos de la Litera Alta y de la margen derecha del Ebro y en el sistema de riegos de Bárdenas. (La señora Romero López: Cádiz, cero.) Algunas de las actuaciones que se aprueban en este Real Decreto-Ley tienen finalidades combinadas de consolidación de regadíos y garantía de abastecimientos de un carácter estructural para determinadas zonas del territorio nacional. Entre tales obras merece la pena destacar la interconexión Júcar-Vinalopó y las conexiones Negratín-Almanzora y Presa de Cuevas de Almanzora con el poniente almeriense, que suponen actuaciones de ordenación del territorio importantes.
Entre estas últimas actuaciones debo señalar el carácter singular de la conexión Negratín-Almanzora, por cuanto es una interconexión entre ámbitos territoriales de dos planes hidrológicos distintos. En este caso concreto, mediante la declaración de interés general que este Real Decreto-Ley realiza, lo que se pretende es avanzar en la definición y en la declaración de impacto ambiental como competencia del Estado, y sin perjuicio de que, cumplidos estos trámites, la aprobación del trasvase de agua como tal y, en consecuencia, la ejecución material de la obra estén supeditadas a lo que prevea el Plan hidrológico nacional, que se debatirá próximamente en estas Cortes.
Con la excepción de la obra que acabo de citar, por el singular régimen jurídico de los trasvases, todas las actuaciones que se aprueban en el artículo 1 del Real Decreto-Ley que se somete hoy a consideración de esta Cámara están previstas en la planificación hidrológica y cuentan con cobertura presupuestaria para su inicio, bien con cargo al Capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente, o bien a través del Capítulo VIII y de las sociedades estatales promotoras de infraestructuras hidráulicas creadas a lo largo de este último año o bien próximas a su constitución. (La señora Romero López: Y el trasvase

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de Cádiz, cero.) Desde esta perspectiva, el Real Decreto-Ley es un instrumento que resultaba necesario para ejecutar las previsiones de los presupuestos aprobados en esta Cámara, así como para las sociedades promotoras de infraestructuras hidráulicas en los ámbitos de las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Júcar y Ebro, ya creadas o de inminente creación.Un porcentaje importante de las obras contempladas en el artículo 1 del Real Decreto-Ley cuenta con financiación de fondos de cohesión, dato que incide una vez más en la conveniencia de su inmediato inicio.
Por otra parte, he de decir que todas estas obras forman parte de las previsiones de planificación hidrológica y de las previsiones presupuestarias de los correspondientes programas de obras hidráulicas y calidad de las aguas y, en consecuencia, este Real Decreto-Ley no supone un instrumento de planificación hidrológica ni, por tanto, un cambio en la política presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente, sino un instrumento en la ejecución de una y otra, que adopta el rango formal de ley porque, tal y como decía al principio de mi intervención, así lo exige el actual artículo 44 de la Ley de Aguas.
En cuanto a las inversiones que se contemplan en el artículo 2 del Real Decreto-Ley, que someto a la aprobación de SS.SS., se trata de inversiones responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todas ellas vinculadas, en consecuencia, al ámbito de este Ministerio. El Real Decreto-Ley declara en su artículo 2 que son obras de interés general de realización urgente en materia de regadíos 37 obras hidráulicas, por un importe total de 11.123.907.616 pesetas, todas ellas en consonancia con el Plan nacional de regadíos vigente y con las perspectivas de modificación del mismo. (La señora Romero López: ¿Y el regadío de Cádiz, qué?) Es posible acometer la realización de estas obras de manera inmediata, puesto que se trata de obras proyectadas, con un modo de ejecución definido y que tienen respaldo financiero en el presupuesto de 1998 y previsión en sucesivos presupuestos, en función del plazo de ejecución de las respectivas obras.
En consecuencia, las obras podrán comenzar en un plazo de dos a cinco meses.
La agricultura de regadío se estima que utiliza el 80 por ciento del agua disponible, cuyo más racional aprovechamiento requiere la realización de obras de infraestructura para su abastecimiento y regulación, así como para laminación de avenidas y depuración de aguas. La agricultura constituye un sector económico de carácter estratégico, no sólo como expresión de una política social que está representada por el Estado del bienestar, sino como fundamental elemento político que garantiza el autoabastecimiento de la población y el equilibrio territorial mediante el mantenimiento del tejido social, especialmente en zonas amenazadas por la desertización.
Las obras relacionadas con los regadíos a que se refiere este Real Decreto-Ley son de tres tipos. En primer lugar, actuaciones en zonas donde se vienen realizando nuevas transformaciones en regadío que, por razones sociales y de equilibrio demográfico o económico, conviene reforzar; es concretamente el caso de las obras proyectadas en Zaragoza, Huesca y Mallorca.
En segundo lugar, se contemplan actuaciones de consolidación de regadíos existentes mediante la recarga de acuíferos que permitirán el mantenimiento de una agricultura competitiva en zonas en las que los productos agrarios son los principales recursos económicos, sin perjudicar con ello la utilización óptima de ayudas de la política agrícola común; este grupo comprende actuaciones en Segovia, para recarga de los acuíferos del Carracillo y Cubeta de Santiuste entre otras obras.
En tercer lugar, existen en este Decreto-Ley actuaciones consistentes en la mejora de la infraestructura hidráulica de regadíos ya establecidos, para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, la eficiencia del riego, el empleo de la mano de obra y el mejor ejercicio de las condiciones de explotación. De un importe económico superior a los 11.000 millones de pesetas en obras de regadío, más de 8.000 se dedican a la consolidación y mejora de infraestructuras, lo que representa un 76 por ciento del importe total, correspondiendo 2.684 millones a obras de transformación para nuevos regadíos. El importe de cada una de las obras es muy diferente. La obra de menor presupuesto no llega a 4.000 de pesetas, mientras que la de mayor importancia supera los 2.000 millones de pesetas. Esta diversidad se debe a la necesidad de mantener un criterio equitativo en función de comunidades de regantes de muy diferente envergadura y según la atomización de la demanda de financiación, a fin de completar proyectos en zonas que lo precisan. Por último, el artículo 3 del Real Decreto ley prevé la declaración de utilidad pública y de urgente ocupación, a los efectos de la legislación forzosa de las obras a que se refieren los artículos anteriores y los bienes afectados por las mismas. La disposición final única, acorde con el carácter de urgencia de la disposición, prevé su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Señorías, ante la descripción del contenido del Real Decreto-Ley y de las circunstancias que motivan su aprobación por el Gobierno, no me queda más que solicitar a SS.SS. su convalidación, conforme a lo previsto en el artículo 86.2 de la Constitución, ya que este Real Decreto-Ley nos permitirá seguir adelante con el conjunto de las obras a que el mismo se refiere, contribuyendo así a que logremos dotar a los españoles de algunas de las obras de infraestructura hidráulica que todavía son realmente imprescindibles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Medio Ambiente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, dentro del Grupo Mixto, solicitan la palabra tres de sus miembros y, por tanto, repartirán su turno, comenzando por el señor Chiquillo.


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El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar la posición respecto a la convalidación del Real Decreto- ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas.
Unió Valenciana, vaya por delante, va a dar un apoyo a esta convalidación, pero va a ser un apoyo crítico, porque consideramos que hay diversos elementos que nos hacen ver con cierta preocupación alguno de los acuerdos incluidos en este real decreto, empezando por el primer párrafo de su exposición de motivos, cuando habla de que la posible demora en la aprobación del Plan hidrológico nacional no debe impedir la puesta en marcha de determinadas actuaciones hidráulicas.
Esa más que posible demora nos inunda de la preocupación de si se va a presentar y aprobar, que es lo importante en esta legislatura, o va a haber un incumplimiento respecto a la aprobación durante esta legislatura del esperado Plan hidrológico nacional; esperado en la Comunidad Autónoma Valenciana porque confiamos en que en él, a pesar de los dobles lenguajes, se incluya el trasvase de aguas del Ebro a la Comunidad Valenciana, como así se dijo en un acuerdo y así se mantuvo en las Cortes Valencianas, a pesar de que en las Cortes de Aragón el Partido Popular votó en contra. Esperemos que se apruebe y que se incluya ese trasvase.
En este Real Decreto-Ley se introduce una serie de actuaciones, como son obras de abastecimiento de aguas, obras de regulación y laminación de avenidas y depuración de aguas residuales, por un importe total de 216.000 millones. La justificación es la urgencia de completar nuestra infraestructura hidráulica, para dar respuesta inmediata ante situaciones de sequía, así como potenciar la prevención de avenidas.
En la Comunidad Autónoma Valenciana hay problemas de aguas, hay un déficit hídrico contabilizado y hay problemas de avenidas y de inundaciones, en concreto del río Júcar.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, vaya concluyendo.
Le advierto que el tiempo es para todo el Grupo Mixto.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Nosotros hacemos aquí una denuncia porque se han olvidado diversas obras de gran importancia para la Comunidad Valenciana, incumpliéndose el convenio que firmó el Ministerio de Medio Ambiente con la Generalidad Valenciana el 14 de enero de 1997. Pensamos que debería recogerse la depuración de aguas del área metropolitana, modernización de riegos del Camp de Turia, modernización de la Acequia Real del Júcar y de la presa de Vilamarchant. PEro en el artículo 2 de este Real Decreto-Ley, se deja fuera de entre las 37 obras a la Comunidad Valenciana, cuando está el Plan integral de prevención de avenidas e inundaciones del río Júcar, el Plan integral de depuración y saneamiento del río Segura y el canal Cherta-Calig para hacer realidad el trasvase de aguas del Ebro a la Comunidad Valenciana.
Por tanto, daremos un sí crítico con la petición de que, virtud del artículo 151 del reglamento de la Cámara, se tramite como proyecto de ley, porque el contenido de este Real Decreto-Ley es manifiestamente mejorable desde la óptica de defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Real Decreto-Ley que hoy se nos presenta por la señora ministra de Medio Ambiente se justifica textualmente en nombre de la necesaria planificación hidrológica, pero presenta obras de ejecución sin planificar y sin declaración de impacto ambiental. No se nos dice qué prioridad es la suya, si fueron o no consultados todos los organismos sociales que debían de haberlo sido, específicamente las comunidades autónomas con cuencas hidrográficas con competencia estatal; si la financiación con fondos europeos es exclusivamente con fondos europeos o con cuánto va a participar el Estado y, lo que es más curioso, se refiere a cuencas intracomunitarias e intercomunitarias en este totum revolutum competencial que hoy existe en el Estado español.
En definitiva, cuando se habla del equilibrio hidrográfico del país, del Estado español, y se acometen transferencias caudales que no están debidamente matizadas o pensadas, no se contribuye a este equilibrio.
Desde luego, el desequilibrio es total territorialmente.
Llama la atención la ausencia clamorosa de Galicia, inserta en una amplia confederación hidrográfica del norte, con sede en Oviedo, Asturias, que sí aparece contemplada en obras de clara competencia autonómica.
Determinado tipo de problemas de Galicia le pueden sonar a la señora ministra. Acerca de El Miño, un río de clara competencia estatal, con toda su cuenca que prácticamente afecta a toda Galicia menos a A Coruña, nos gustaría saber cuántos planes de recuperación integral y saneamiento de las riberas del río, cuánta depuración de aguas se llevan acometidos y cuánto falta por acometer. Nos gustaría que nos dijese por qué razón el regadío de la comarca de Limia lo va a tener que pagar la Diputación Provincial de Ourense, que no se caracteriza precisamente por sus grandes fondos económicos, nada menos que 2.000 millones de pesetas en una cuenca que es competencia del Estado. Nos gustaría saber qué pasa con toda la cuenca del río Louro, qué pasa entre un río de tramo internacional como El Miño, prácticamente con caudales mínimos ecológicos en gran parte y necesitado de un tratamiento que no tienen sus aguas residuales. El proyecto del

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río Louro, proyectado desde hace seis años, no se acaba de acometer definitivamente.
Por lo que se ve, Galicia no entra en las demandas de amplios sectores de la geografía española, pero me gustaría saber qué pasa con todas las obras que enumeré, y muchas más pendientes, no sólo abastecimiento de aguas, sino regulación y laminación de avenidas, depuración de aguas residuales y obras hidráulicas para regadío, además en cuencas de clara competencia estatal.
A la espera de un Plan hidrológico que no llega y de una modificación de la Ley de Aguas, que desgraciadamente no va a significar un mejor control y aprovechamiento, utilizo esta ocasión para decirle a la señora ministra que urge -y este plan lo pone en evidencia- reestructurar los organismos de cuenca, que Galicia tenga la suya propia porque tiene una especificidad clarísima que, además, está perjudicada por este rango competencial, que después el propio Estado no atiende.
Y no nos caracterizamos precisamente por ser una comunidad autónoma sobrada de recursos.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Rodríguez, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Si el Estado afecta a nuestro territorio, nuestra planificación del agua y sus usos, debe de atenderlos debidamente. Por tanto, vamos a votar que no y pedimos su tramitación como proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: En efecto, su tramitación como proyecto de ley me ha sido solicitada y ratificada ahora la solicitud por el Grupo Mixto, por el señor Rodríguez.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda, quisiera, ante todo, decir que, a pesar de que este Real Decreto contempla la realización de obras, votaremos que no y también nos sumamos a la petición de su tramitación como ley.
Señora ministra, si tuviera que utilizar una palabra para calificar este real decreto, lo calificaría como uno de los mayores despropósitos de política hiudráulica en la historia de la democracia española, uno de los mayores despropósitos. Creo que dentro de unos años se podrá decir, se podrá explicar que este Real Decreto resume todo aquello que no hay que hacer en política hidráulica. Todo. No hay nada que no se haya de hacer en política hidráulica que no esté contenido en este real decreto. El eje central de la política hidráulica es el consenso, el diálogo y el debate. Este es un Real Decreto aprobado prácticamente en semiclandestinidad, en agosto, y es un Real Decreto que no es producto de la negociación, de la priorización de las obras que existen.
Es curioso que en el inicio del Real Decreto se diga que la posible demora en la aprobación del Plan hidrológico no debe impedir la puesta en marcha de las obras hidráulicas. Señora ministra, el Plan hidrológico no es un tren de Renfe, en cuyo caso uno está en una estación y oye por el altavoz que hay una posible demora. El Plan hidrológico depende de usted. ¿A quién pregunta, a quién se dirige usted con la posible demora? ¿Hay demora o no? Esto no es una estación de Renfe, donde alguien nos anuncia que no se sabe por qué razón va a haber demora o no va a haberla.
Este Real Decreto se tenía que haber tramitado como proyecto de ley, de conformidad con lo que dice el artículo 44 de la Ley de Aguas. En este Real Decreto hay obras que no tienen declaración de impacto ambiental. En este Real Decreto se declaran de urgencia obras que están prácticamente finalizadas. En este real decreto, como ayer me decía José Molina, un diputado de Nueva Izquierda en Castilla-La Mancha, hay obras importantísimas, como, por ejemplo, el abastecimiento de Puertollano, que no se contemplan y no se sabe por qué.
La pregunta es: ¿Qué razones, qué justificaciones hay, señora ministra, para este real decreto? Usted ha anunciado posiblemente una, que no se pierdan recursos de la Unión Europea. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que la razón profunda de este Real Decreto son dos: la incapacidad política del Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar una política hidráulica y su ineficacia de gestión. Y fíjese usted, la semana que viene, el jueves, en esta Cámara estaremos discutiendo también créditos extraordinarios por valor de 33.000 millones de pesetas en materia de obras hidráulicas de su ministerio; 10 ó 12.000 millones de obras de ejercicios anteriores, que no sabemos cuáles son, y 15.000 para nuevas obras. No se especifica cuáles son y yo le pregunto: ¿Nos puede usted decir hoy aquí para qué son los 15.000 millones de pesetas? Hemos asistido esta semana al debate de la liquidación de presupuestos, de la ejecución, y, señora ministra, los datos de 1997 y los de julio de 1998 muestran una gestión fatal por parte de su ministerio.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente.


En 1993, 1994, 1995, la gestión e infraestructura de recursos hidráulicos se situaba en 132.000, 154.000 ó 173.000; en 1997, bajó a 117.000 millones de pesetas.
Y, señora ministra, sabe usted -seguro que lo sabe-, a 31 de julio de este año, en qué valor está situada su gestión? En sólo 37.000 millones de pesetas. Sólo 37.000 millones. Y usted nos trae hoy aquí 216.000 y no nos dice ni cuándo se van a hacer ni cómo se van a financiar. Dice: todos tienen partidas presupuestarias.
¿Dónde? Díganos dónde. Me gustaría saber dónde están, pero es que no están.
Acabo, señor presidente, esto es un compendio de despropósitos que indica su incapacidad política. Los datos del Ministerio de Economía indican su fatal gestión en inversión y, sobre todo, lo que más me preocupa

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es que la aprobación de este real decreto, como ya ha aparecido hoy aquí, sea motivo de conflicto entre reivindicaciones territoriales. Usted, con este real decreto, está encendiendo la posibilidad de que exista conflicto territorial. Por tanto, señora ministra, retire este real decreto, abra diálogo inmediato con las comunidades autónomas, tramítelo como proyecto de ley y tendrá la colaboración, estoy seguro, de todos los grupos parlamentarios.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
El señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
La sensibilidad que expresa mi grupo con todo proyecto legislativo inversor de obras hidráulicas está justificada por la propia realidad que la naturaleza, la geografía y su situación insular ha dado al archipiélago canario. De aquí que nuestro grupo estará siempre en la sensibilidad de apoyar con su voto afirmativo todo proyecto que el Gobierno traiga para cualquier parte del Estado español -si es para Canarias, igualmente-, en un principio de solidaridad y de realismo.
Este Real Decreto-Ley lo que viene a significar fundamentalmente es una declaración de interés general de las obras hidráulicas que se citan. Nosotros vamos a apoyar su convalidación, en primer lugar, por un principio de solidaridad con todas las comunidades autónomas que se ven reflejadas en determinado índice de obras. En segundo lugar, porque se trata de darle un rango legal, la declaración de interés general, que va a permitir el uso de la cofinanciación, tanto entre fondos de los Presupuestos Generales del Estado como de fondos procedentes de la Unión Europea, los fondos comunitarios. En tercer lugar, porque, en las obras que aquí se citan y que se refieren al archipiélago canario, dos son necesarias en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, y están comprendidas en los planes de reutilización de aguas residuales, el segundo gran recurso del archipiélago canario, fuera de las aguas pluviales o de las reservas subterráneas, por su geología, que se tiene que obtener de una manera cada vez más significativa.
Aprovecho la presencia de la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, para expresar una vez más este mensaje permanente en la política hidráulica en Canarias de la reutilización de las aguas residuales y de continuar la potenciación de lo que fue una línea tradicional de muchos años atrás, la potabilización del agua de mar como recurso hidráulico, tanto para consumo en las ciudades, para el consumo urbano y humano, como para utilizaciones en el sector del turismo o en el de la agricultura. Las obras que se refieren al archipiélago canario, como he dicho, señor presidente, pretenden la reutilización para riegos de las aguas urbanas depuradas, conectándolas con las redes del sur.
Por estas razones y porque entendemos que es una oportunidad, en cualquier límite que se quiera poner presupuestariamente, vamos a dar nuestro voto a favor de la convalidación de este Real Decreto-Ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor González de Txábarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXÁBARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Recordará, señora ministra, que este verano, en los cursos de la Universidad de Santander, el Plan hidrológico nacional fue uno de los temas a debate. Este portavoz, como otros compañeros, discutía estos proyectos con los responsables del ministerio, que nos aseguraron que en breve plazo conoceríamos este Plan hidrológico nacional, ante el escepticismo de quien les habla y de algunos otros compañeros. A la vuelta de las vacaciones nos hemos encontrado con este Real DecretoLey que constituye una sorpresa por las perspectivas que desde el ministerio se nos habían ido comunicando en los meses anteriores y por el conocimiento y la discusión, a veces vehemente, que tuvimos en Santander.
Sorpresa, por lo tanto, porque no estábamos acostumbrados a este método de trabajo por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Quisiera dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que, en lo que va de legislatura, es la primera vez que este grupo parlamentario recibe un Real Decreto-Ley en la Cámara sin previo conocimiento y sin el mínimo contraste, un Real Decreto-Ley que es importante y que tiene consideraciones fundamentales. La sorpresa aumentaba al constatar que, en las obras que están recogidas en la planificación que se realiza en este Real Decreto-Ley, no hay ninguna previsión referida a la Comunidad Autónoma vasca y que, en consecuencia, el ministerio no recoge en sus previsiones el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos en política hidráulica, hidrólogica y en el tratamiento de las aguas, y debería ir recogiéndolo para que los convenios suscritos con las instituciones vascas y el ministerio llevara el conveniente timing. Es de conocimiento general que para que las obras de estas envergadura se puedan llevar a cabo y queden recogidas en los presupuestos deben ser declaradas de interés general. Por ello, la utilización del instrumento normativo del Real Decreto-Ley nos llama la atención, al igual que nos la llama que no se fundamente más por qué están las obras que están y por qué faltan las que faltan. Para que este grupo parlamentario pudiera adoptar la decisión más conveniente a la hora de la votación, la agradeceríamos, señora ministra, una información que se reflejara en el «Diario de Sesiones» y que pusiera en su sitio los puntos que le estoy mencionando.


No voy a insistir demasiado en los temas de riego, que, como conocen SS.SS., es uno de los temas que,

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proyecto de presupuestos va, proyecto de presupuestos viene, este grupo parlamentario, desde su propia concepción, no consigue ubicar, ni presupuestaria ni normativamente, en el punto que entiende conveniente, sobre todo en los regadíos que hacen referencia al territorio histórico de Álava, que es una discusión que está abierta permanentemente, a nivel de transferencias y a nivel competencial y presupuestario. En el preámbulo de este Real Decreto-Ley se dice que es a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como se recogen estos anexos, con una brevísima explicación. Quizás esto podría discutirse con posterioridad, porque no va a condicionar en exceso el voto de este grupo parlamentario a la hora de tomar en consideración los contenidos de este proyecto de ley, pero sí nos gustaría, señora ministra, que se ubiquen los contenidos en relación a las obras hidráulicas que quedan pendientes en el territorio vasco y al cumplimiento de los convenios que están firmados con las instituciones vascas sobre estos temas.
Esperamos, pues, señora ministra, una posterior explicación, que desearíamos que fuera convincente, para que este grupo parlamentario pueda sostener en su caso los contenidos de este Real Decreto-Ley, y nos gustaría, señora ministra, que dijera a sus colaboradores, por lo menos a los que fueron a Santander, que no se dediquen a vender humo de esa manera, que la labor del Gobierno tiene una complejidad evidente y que es necesario, en esos foros académicos, que son menos políticos, que los debates se realicen con más rigor. Nosotros seguimos a la espera de que ese Plan hidrológico, debidamente fundamentado, llegue en plazo a esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
El señor Sedó, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación de este Decreto-ley 9/1998, de fecha 28 de agosto.
Esta fecha para mí es importante, porque viene a ratificar lo expuesto anteriormente por el representante del Grupo parlamentario Vasco. El 28 de agosto se aprueba este real decreto; el 31 de agosto, en Santander -yo asistí a la presentación del curso, con la intervención de la señora ministra-, no se nos dijo nada de este decreto, se habló en general. Y nosotros creemos que es positivo todo lo que se dice en el Real Decreto para que estas obras sean declaradas de interés general.
No es el único Real Decreto que tendrá que venir a esta Cásmara, habrá otros posteriores, porque este es incompleto. Ya se nota por las intervenciones de los demás portavoces. A mí me lleva a tener que incidir en la venta de humo de los representantes del ministerio, venta de humo que también citaba el portavoz del Grupo Vasco, y que se dijo en respuesta a una intervención mía, por la tarde -usted estuvo en Santander por la mañana, los diputados estuvimos por la tarde-, con unas reflexiones que yo hago muy a menudo desde hace tiempo, porque yo empiezo a ser escéptico en toda la temática hidrológica. Ya, en el año 1993, el entonces ministro, señor Borrell, ya retaba, ante las posibles elecciones que se preparaban -todavía no estaban anunciadas-, a que el Plan hidrológico iba a ser motivo de debate en aquellas elecciones. No lo fue, porque no se acabó ni se presentó en la legislatura siguiente, no pudieron hacerlo; no lo han presentado ustedes todavía y, teniendo en cuenta que falta el plan de regadíos, el plan hidrológico, el libro blanco, la modificación de la Ley de Aguas... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Si me deja hablar, señoría, terminaré pronto.


El señor PRESIDENTE: ¿Están importunándole? Perdóneme, porque no me había dado cuenta. Por favor, silencio.


El señor SEDÓ I MARSAL: Usted nos dijo que se había presentado un libro blanco al Gobierno, que iba a debatirlo el Gobierno, pero yo tengo mi criterio y es que el Plan hidrológico no se podrá aprobar en esta legislatura, porque este plan, señora ministra, necesita un debate sosegado, y un debate sosegado no puede darse en los temas del agua, en el que dos pueblos vecinos pueden tener un gran contraste de pareceres.
Y en el mes de octubre tenemos unas elecciones en el País Vasco; en Cataluña, si se anticipan, en marzo, si no, en noviembre de 1999; las elecciones municipales y autonómicas; y posteriormente, en el año 2000, tenemos, si se siguen las fechas marcadas, las elecciones generales, Durante este período del año 1999 no puede haber un debate sosegado que nos lleve a aprobar el Plan hidrológico, aparte de que todavía lleva retraso.
En Santander se me contestó por parte de altos funcionarios del ministerio, a un segundo o tercer nivel, que, cumpliendo el mandato de las iniciativas parlamentarias del Congreso que se habían aprobado, el Plan hidrológico estaría en la Cámara antes de finalizar el año 1998. Esto, para mí, es imposible. También afirmaron que estaría en la Cámara el plan de regadíos y que éste no tenía nada que ver con el Plan hidrológico.
Esto se nos dijo en Santander, repito. Francamente, esto es absurdo. Por tanto, señora ministra, la primera frase de este decreto, que dice: la posible demora en la aprobación del Plan hidrológico nacional, me parece que es correcta, porque no se van a poder cumplir los plazos que menciona el ministerio. Y yo la rogaría que no habláramos tanto de plazos, que sigan el camino poco a poco, como en anteriores legislaturas se hizo y en las que poco a poco se fue avanzando. Así llegará el día, después de unos debates sosegados, en que tengamos el Plan hidrológico, y que esté de acuerdo con todas las comunidades autónomas y con todos los entes que tienen que intervenir.
Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, nos encontramos ante una discusión que yo consideraría que debería producirse después de lo que es un proceso de diálogo, de encuentro. Ustedes anunciaron que el libro blanco iba a ser un instrumento para facilitar el debate hidrológico en todo el país, que culminaría, después de ese encuentro y diálogo entre sectores implicados, entre comunidades autónomas, entre distintas administraciones y distintas fuerzas políticas, con la presentación del Plan hidrológico. Aquí nos encontramos, permítame que se lo diga, con un miniplan hidrológico, por incapacidad de gestión, presentado por Decreto.
Este Decreto viene a resumir tres cosas que caracterizan una acción de Gobierno que nosotros rechazamos.
En primer lugar, es poco claro, poco claro en sus objetivos. Es verdad que en la exposición de motivos figuran tres objetivos. Uno, que se va a demorar el Plan hidrológico; ya lo sabemos, es claro que se va a demorar.
Dos, que pretenden financiar con fondos europeos algunas obras y que no han podido hasta ahora; yo no sé por qué no han podido, llevan dos años y no han podido meter todas estas obras, algunas de las cuales están con proyectos hechos hace más de diez años, otras tienen declaración de interés público ya hecha hace más de seis años y en otras -que ya es irrisorio- está terminándose su ejecución. Hay dos obras que tienen el 80 por ciento ya ejecutado: toda la obra de los contadores de acuíferos sobreexplotados en la Mancha occidental y Campo de Montiel y la conducción para abastecer la margen izquierda del Zújar y del Guadiana, con casi 24 kilómetros. Estas obras están ya casi terminadas, ¿y ahora las va a declarar de interés? Hay otras que también están. Pero además es poco claro porque no sabemos cuánto cuesta. Usted aquí hoy ha leído una serie de cifras, pero en la memoria que nos adjunta para presentar el proyecto no nos dice lo que cuestan.
A la prensa sí le entregó una valoración de cada una de ellas, por separado y agrupadas. A nosotros, aquí, en la Cámara, no. Pero lo que es peor, dice la exposición de motivos que otra de las razones es facilitar, en las leyes de amañamiento presupuestario que ustedes han presentado, esa posibilidad de sistemas de modificación de la Ley de Aguas. Pues ese sistema de financiación vía artículo 8 o acciones de sociedades también les ha fallado y pretenden que se puedan hacer algunas de ellas. ¿Me podría decir cuáles de estas obras se van a hacer por sistema de financiación por entidades privadas y de participación privada, cuáles se hacen desde los presupuestos con el cien por cien desde el Estado, cuáles son cofinanciadas con participación de comunidades autónomas y cuáles son cofinanciadas con fondos europeos? Porque aquí no lo pone. Desconozco el plan de ejecución, de actuación. Por tanto, es una propuesta poco clara, opaca, sin datos, por decreto, por veranitis, porque está hecha el 29 de agosto; tiene una enfermedad, una inflamación del verano y una acumulación de no ejecución.
La segunda característica que yo achaco al proyecto, y permítame que se lo diga, no es ni más ni menos que el fracaso de no haber podido poner en marcha obra hidráulica, obra de abastecimiento u obra de saneamiento y calidad de agua. Por cierto, que deben obedecer a planes de saneamiento y calidad de agua de cada comunidad autónoma. Las obras de saneamiento no deben ser ejecutadas al margen de eso. Me gustaría saber cuáles están metidas, cuáles están propuestas, cuáles van a ser financiadas con participación de las comunidades, porque meter obras de saneamiento aquí es una ironía de lo que debe ser la planificación hidrológica.
Y luego hay obras totalmente del Ministerio de Agricultura. Yo creo que les han fracasado a ustedes todos los sistemas de financiación. Ustedes han tenido una característica desde que llegaron al Gobierno en el tema del agua y es intentar sortear, saltarse, bordear la Ley de Aguas. Les estorbaba la Ley de Aguas. Todavía no la han modificado y ya la han sorteado. La primera ley de amañamiento ya traía modificaciones para facilitar mercados de agua, para facilitar la inversión privada; no este año, el año anterior. Yo tengo aquí la liquidación de presupuestos que el otro día hacía el secretario de Estado de Presupuestos. En este GIF, en estos sistemas de financiación privada que crearon para el ferrocarril, para las carreteras y medio ambiente, en lo que era inversión en ferrocarril tiene un nivel de ejecución medio óptima y ¿sabe usted cuánto se ha invertido por ese sistema en infraestructuras hidráulicas o medioambientales desde las previsiones del año 1997? Usted ha dicho hoy que le ha costado un poco trabajo este año. No, no, en el año 1997. ¿Sabe cuánto dinero había en créditos definitivos en esa partida para su ministerio. Había 42.800 millones de pesetas. ¿Sabe usted cuántas obligaciones reconocidas tuvo en 1997? Cero. ¿Sabe usted cuántas tuvo como total liquidado y ejecutado al final de 1997? Cero. ¿Sabe usted cuántas obligaciones reconocidas ha tenido en 1998? Cero.
¿Sabe usted cuántas tiene al final ? Cero. Pues cero mata a cero. Ustedes no han podido ejecutar ninguna actuación.
Les ha fracasado su sistema. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la presidencia.) No les ha servido, porque no les han respondido las comunidades de regantes, porque no les ha respondido la iniciativa privada o porque ustedes no han sido capaces en dos años, que no han sido cinco minutos. Se dice que es que tarda en ponerse en marcha este sistema de acciones. Desde luego, ustedes en la Bolsa serían una ruina, porque si tardan dos años en poner en marcha unas acciones, imagínense en hacerlas efectivas. Por tanto, es el Decreto del fracaso de la gestión.
Permítame también que le diga que es el Decreto de la incapacidad de gestión. ¿Me quiere explicar por qué se hacen aquí setenta y cuatro inversiones, por qué se proponen declarar de interés y de urgente ocupación

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actuaciones que ya están puestas en marcha, que ya estaban previstas, que incluso se las han propuesto como enmiendas? Si lee las enmiendas de los grupos de la oposición en los presupuestos de 1997 y de 1998, encontrará algunas de ellas. No era posible, había que esperar al Plan hidrológico. Me parece correcto. Y ahora ¿sabe lo que les ha pasado? Que ya están pensando ustedes en el final de 1999 y en el 2000. Y no iban a tener tijera que echarse a la mano para cortar cinta, porque si ahora no se ponen en marcha inversiones, en el 2000 no van a tener nada ejecutado, no van a tener cintas que cortar. Lo que criticaban entonces. Me da la impresión de que no han sido capaces de poner en marcha todas estas actuaciones, obras tan complejas como puede ser un depósito para Oviedo. Hay obras que han tenido que ser complejísimas para que usted haya tardado dos años en traerlas. Depósito general de agua en Cadasa. Podemos tener un sinfín de obras, saneamientos que proponen, regulaciones... Si fueran presas u otras actuaciones, lo veríamos.
Por último, otra característica de su proyecto: se olvida del medio ambiente. ¿Podría decirme cuáles de estas obras tienen realizada declaración de impacto ambiental? ¿Cuántas están realizadas? ¿Cómo puede saber lo que cuesta si no tenemos la declaración de evaluación de impacto ambiental hecha, no sabemos los costes que puede tener la corrección del impacto ambiental y tampoco sabemos si se puede hacer o no? Puede ser que lo que se deduzca de esa evaluación de impacto ambiental es que no se puede hacer.
¿Me puede decir por qué es necesario bordear la Ley de Aguas, que es taxativa y dice que los trasvases necesitan una ley específica? No me estoy oponiendo a ninguna de las obras, me gustaría poder votar la mayoría de sus propuestas, pero dice la Ley de Aguas que los dos trasvases que ustedes proponen, uno interno - desde el Júcar al Vinalopó- y otro entre dos cuencas -el Guadalentín, desde el Negrantín al Almanzora-, para 50 hectómetros cúbicos -no es una cosita chiquituja, que ha salido de la noche a la mañana-, la Ley de Aguas, digo, exige...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le ruego concluya.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente, termino.


Necesitaría una propuesta de ley específica.
En suma, si a ustedes les sobra la Ley de Aguas, si a ustedes les sobra el orden y el diálogo, si a ustedes les sobra discutir, poner de acuerdo y concitar encuentro, a nosotros no solamente no nos sobra, sino que se lo demandamos. Por eso no podemos votar a favor de este decreto. Y le pedimos que lo retire, para facilitar el diálogo. ¿Cómo vamos a discutir después toda una propuesta de Plan hidrológico? ¿Cómo vamos a discutir después una propuesta de libro blanco de líneas generales? Ustedes lo están condicionando. Lo han condicionado en la financiación, ya han dicho cómo la van a hacer; lo han condicionado en la modificación de la Ley de Aguas, sin poder hacerla; además, están condicionando el Plan hidrológico. ¿A qué nos invitan después? Convidados de piedra. Búsquense otros socios para eso. Ya les han dicho algunas cosas sus socios, los que les apoyan.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Espero que por lo menos permitan que se tramite como ley. En todo caso, estamos en disposición de poder aportar nuestras opiniones.
La mejor apuesta que podría hacer por el medio ambiente y el agua es retirar este decreto. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la convalidación de este Real Decreto-Ley.
Indudablemente, no es un Real Decreto-Ley que se pueda asumir tan fácilmente como lo plantea la ministra o como me imagino que después lo hará el Grupo Popular. Llama la atención las posiciones contrarias que existen en los propios grupos que apoyan al Gobierno en la apreciación de este Real Decreto-Ley. Para nosotros indudablemente es un Real Decreto-Ley que tiene que ser objeto de una crítica severa, de una crítica dura.
Es un auténtico despropósito, es un bodrio como tal.
Desde nuestro punto de vista, no existe la justificación de una extraordinaria y urgente necesidad de esta norma. Entendemos que es una pura apariencia, una caricatura de una auténtica planificación hidrológica; que existe falta de previsión y que hay opacidad en la financiación de las obras hidráulicas. Desde luego, no hay pérdida alguna de recursos de la Unión Europea aunque se tramite como proyecto de ley. Y estimamos que sería necesaria su tramitación como proyecto de ley porque todas las actuaciones en materia de trasvases -tal y como nosotros hacíamos, a pesar de que a usted no le guste que se lo diga, señora ministra- se deben hacer por proyecto de ley. Por último, entendemos que hay una falta de consideración a los aspectos ambientales, a las repercusiones ambientales que puede tener el desarrollo de cada una de estas obras.
Estamos ante un Real Decreto-Ley que lo único que hace es aprobar y declarar de interés general determinadas obras hidráulicas, sólo eso, algunas de ellas relacionadas más directamente con aprovechamientos para regadíos. Se trata sólo de que el Estado asuma su financiación de forma directa o indirecta y en modo alguno, a pesar de las apariencias, de que con este Real Decreto-Ley las máquinas se pongan a trabajar de manera

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inmediata y, en muchos casos, ni aun a medio plazo.
Efectivamente hay obras iniciadas, en ejecución. Veremos a ver qué le dice usted a la Junta de Andalucía cuando después de esta declaración de interés general se encuentre con las obras que ya ha iniciado, como, por ejemplo, el sistema general de evacuación de pluviales de El Egido, que está dentro de las actuaciones para defensa y recarga de los acuíferos del poniente almeriense. Son obras cuya financiación ha asumido la Junta y ahora, según este Real Decreto-Ley, tendrían ustedes que reintegrarles lo que han pagado.
Algún medio de comunicación, señor ministra -y lo ha catalogado también el representante de Izquierda Unida-, ha dicho que este Real Decreto-Ley es un miniplan hidrológico. No sé si esa es su opinión porque, aprobados los desconocidos planes hidrológicos de cuenca y no aprobado el Plan hidrológico nacional y no reformada la Ley de Aguas ni presentado el libro blanco, no sabemos si lo que proponen hoy es no un miniplan sino un pseudo miniplan, algo que tiene que ver con la planificación pero que no llega a nada, porque lo que han hecho con esta norma es papel mojado El contenido de este Real Decreto-Ley y su magnificada por el Gobierno presentación, con grandes cifras que luego no aparecen recogidas en el texto -se habla de 216.000 millones de pesetas, según han dicho ustedes públicamente-, pone de manifiesto una cosa que es clara: la arbitraria y poco seria política hidráulica que se está llevando a cabo. No sé si este Real DecretoLey es uno nuevo o es la continuación o la segunda parte de uno que hubo el 31 de julio porque, a través de su agencia oficial, ustedes decían que el Consejo de Ministros declaraba de interés general obras hidráulicas por 215.000 millones de pesetas. Después de leer esta noticia pensé que ustedes iban a reconsiderar la propia norma y que cuando la aprobaran traerían algo más sólido, más consistente que lo que dicen que van a hacer a través de una norma que hoy pretenden que se convalide.
¿Por qué lo calificamos de esta manera? ¿Por qué decimos que es un bodrio, un contrasentido? ¿Por qué decimos que su contenido tiene muchas lagunas? No entendemos que exista esa urgencia, esa necesidad. No pueden argumentar como justificación -entre comillas- que la posible demora en la aprobación del Plan hidrológico nacional no debe impedir la puesta en marcha de determinadas obras hidráulicas. Si eso es así, eso significa reconocer meridianamente que van a incumplir un acuerdo adoptado en esta Cámara en el que se dice que antes del 31 de diciembre de 1998 ustedes van a traer aquí el Plan hidrológico nacional y lo han incumplido. Como de este tema vamos a tener tiempo de hablar las próximas semanas, podremos profundizar en cuáles son las razones de ese incumplimiento, que trae duda y desazón en el funcionamiento de todas las estructuras hidráulicas de este país.
A nosotros no nos sorprende que esto pueda ser así; no nos sorprende que haya este incumplimiento porque, hablando de incumplimientos, ustedes lo hacen sin ningún problema. Ya que usted es tan dada a acusar a los demás de incumplir y no se recata en recoger lo más perjudicial de nuestra historia como Gobierno, le diré que la primera que incumple es usted. Usted dijo, nada más tomar posesión como ministra, cuando vino a esta Cámara, que era necesario un debate público sobre las aguas, que para eso estaría el libro blanco -libro blanco que todavía no se ha presentado- y que éste sería previo al instrumento de planificación que es el Plan hidrológico nacional. Si, como usted dice, cumple las dos cosas, es imposible que coincidan. No sé si el Plan hidrológico nacional será para ahora, para mayo o para octubre del año próximo. Más bien creo que no va a entrar en esta Cámara, porque ustedes no son capaces de traerlo, porque están desvertebrando territorialmente este país en política de agua. Hay unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas y ustedes están haciendo todo lo posible para que se llegue a ellas con la imagen de que están llevando a cabo una política hidráulica seria y rigurosa; y eso es auténticamente falso.
Este Real Decreto-Ley no tiene justificación alguna para esa necesidad. Señora ministra, usted que no se cansa de decir no verdades o mentiras sobre lo que hicimos o no hicimos los socialistas, debería leerse cómo elaborábamos nuestras propias normas, las normas que traíamos aquí, que ustedes no apoyaban pero que nosotros planteábamos con una rigurosidad, en cuanto a su estructura y a su contenido, que nada tiene que ver con lo que ustedes han hecho con este Real Decreto-Ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego que concluya.


El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Señora ministra, usted tendría que leerse alguna de las normas a las que hago referencia: de 13 de febrero de 1995, de 8 de mayo de 1995, de 8 de agosto de 1995, en las que podrá observar cómo cualquiera que se encuentre afectado encuentra la garantía jurídica necesaria para poder afrontar la realización de esas obras sin ningún tipo de dificultades, cosa que ustedes aquí no hacen.
Este Decreto es para nosotros una caricatura de lo que ustedes llamarían una auténtica planificación, es una caricatura absoluta, no tiene nada que ver con lo que es una planificación hidráulica, no tiene nada que ver con lo que es un desarrollo de una política hidráulica, no tiene nada que ver con lo que han de ser unas actuaciones a medio y largo plazo que hagan que en este país se lleve a cabo una política de aguas, una política hidráulica en consonancia con lo que todos decimos, con lo que todos queremos y con lo que ustedes cuando hablan plantean con toda seriedad, según dicen.
El portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra ha puesto encima de la mesa algunas obras que ustedes incluyen en este Real Decreto y que están en

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ejecución o que han sido declaradas de interés general.
Ya no hablo de lo que ha pasado en Monegros II, en la provincia de Huesca. ¿Sabe que declaran aquí de interés general obras que ya lo están? Declaran tres obras que están declaradas de interés general porque están incluidas dentro del plan de transformación de Monegros II. ¿Sabe usted que están declaradas de interés general, por ejemplo, las presas de Canjáyar y Nacimiento? ¿Sabe usted, señor ministra, que en este Real Decreto-Ley debiera haber otro tipo de obras, diferentes de las que ustedes han contemplado? Hay obras en Andalucía, en Cádiz, en Huelva, en Almería, en Castilla- La Mancha, en Aragón, en La Rioja, hay un montón de obras que ustedes podían haber incluido no digo con menos, sino al menos con el mismo derecho que tienen las que están incluidas en este Real Decreto-Ley y no hubiera pasado nada. Pero, debido a su política clientelista respecto a sus alcaldes, a sus comunidades, a su forma de trabajar, puesto que lo hacen siempre desde el punto de vista clientelar respecto a su propio partido y a sus comunidades, lo que han hecho ha sido obviar auténticas necesidades, un verdadero debate sobre planificación hidrológica en este país.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego que concluya.


El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Señora ministra, como vamos a tener posibilidad de hablar en los próximos días sobre estos temas, le quiero hacer una serie de consideraciones. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este Real Decreto- Ley, a pesar de lo que le he dicho, señora ministra.
¿Por qué? Como un mal menor; porque alguna de las obras sí tiene que ser declarada de interés general. Hay muchas obras, señoría, que por estar incluidas indebidamente no deberíamos votarlas a favor. Ojalá pudiera llevarse a cabo una votación separada de cada uno de los puntos. Pero como hay que votarlo en su conjunto, nosotros vamos a votar que sí por responsabilidad, por entender que no podemos ir en contra de aquellas obras que tienen que ser declaradas de interés general porque tienen que hacerse, porque tienen que llevarse a cabo. Hay algunas obras que, como han dicho otros portavoces, tendrían que haber tenido otro tratamiento distinto a este Real Decreto-Ley, tendrían que ser proyectos de ley; estoy hablando de los trasvases.
Como es un tema lo suficientemente serio y como hay por nuestra parte una disposición a emitir voto favorable, no le pido que retire el Real Decreto-Ley, sino que lo tramite como proyecto de ley. Estamos dispuestos a ofrecerles la incorporación de obras que nosotros entendemos que son de interés general; estamos dispuestos...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, S.S. debe concluir de forma inmediata.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente. Un minuto más y acabo.
Estamos dispuestos a presentar enmiendas que normalicen y regulen lo que tiene que ser un Real Decreto- Ley de estas características; estamos dispuestos a completar la indefinición de este Real Decreto-Ley y hacer que, al final, acabe saliendo un proyecto de ley que merezca la aprobación y el apoyo de todos los grupos políticos; estamos dipuestos a colaborar con ustedes en la definición de una política hidráulica, si ustedes se dejan. Pero si se empecinan en que tiene que ser tramitado como Real Decreto-Ley y no como proyecto de ley, no hacen nada fácil la posibilidad de cualquier entendimiento en el futuro sobre política de aguas; una política en la que deberíamos superar las diferencias que existen entre los grupos políticos, pero eso sí, desde el debate, desde el consenso y desde el acuerdo. Parece que por ahora ustedes no quieren entenderlo.
Me gustaría, señora ministra, que a pesar de toda la crítica que merece este Real Decreto-Ley, usted sea capaz de decir: Efectivamente, si quieren ustedes, lo tramitamos como proyecto de ley y estudiamos las enmiendas. No va a tener problema alguno con la pérdida de los fondos europeos, no los va a perder, señora ministra, van a tenerlos sin ninguna dificultad. Espero que cuando se produzca la votación, acepte las peticiones que nosotros hacemos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente el Real Decreto-Ley por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas por entender que es imprescindible dotar a los españoles de esas infraestructuras hidráulicas necesarias, precisamente ahora cuando parece que no existen graves problemas de escasez de ese recurso, y por entender que es conveniente su inmediato inicio ya que un porcentaje importante va a contar con financiación de los fondos de cohesión.
El Grupo Parlamentario Popular considera que el Real Decreto-Ley que hoy debatimos responde al requisito formal que establece el artículo 44 de la Ley de Aguas, en el que se indica que el Estado, cuando afronta el estudio y puesta en marcha de una obra hidráulica, debe declarar por norma con rango de ley que se trata de obras de interés general. Criticar estos aspectos carece de todo fundamento y demuestra que no conocen ustedes la legislación vigente.
Con esta fórmula del Real Decreto-Ley, constitucionalmente prevista, se van a agilizar los trámites administrativos para que el Gobierno o las sociedades estatales

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creadas recientemente liciten y contraten las obras que se declaran de interés general. Todas ellas, señorías, o bien están previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1998 y han sido ya aprobadas por esta Cámara o bien son aquéllas que están dispuestas a afrontar las sociedades estatales promotoras de infraestructuras hidráulicas, de reciente creación, y que todas SS.SS. conocen.
Saben SS.SS. que el Ministerio de Medio Ambiente ha elegido el camino de promover la colaboración de la iniciativa privada, ayuntamientos y comunidades de regantes básicamente, en la financiación de obras hidráulicas, de tal manera que se multiplique al menos por tres el esfuerzo inversor, de forma que cada peseta que da el Estado genere una aportación de los propios beneficiarios de las obras (regantes o ayuntamientos), según que la finalidad sea la agricultura o el abastecimiento.


Señor Ríos, en contra de lo que usted opina, las comunidades de regantes de su región sí están de acuerdo con este procedimiento. Entérese usted primero antes de venir a esta Cámara a decir lo contrario de lo que allí desean.
Señores diputados, saben ustedes perfectamente -a pesar de que se han empeñado en insistir varios portavoces de los grupos parlamentarios- que esta declaración de interés general no supone ningún miniplan hidrológico. Es un trámite necesario -deben saberlo ustedes- para tramitar la normativa hoy vigente. Una gran parte de esas obras hidráulicas está vinculada al Plan nacional de saneamiento y depuración. Con ellas se da un impulso definitivo en esa materia a la Comunidad Autónoma extremeña especialmente, aparte de otras actuaciones. Ello, señorías, no hace más que reiterar el esfuerzo que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo en esa materia, ya que, como recordarán ustedes, casi el cien por cien del dinero autorizado por el Consejo de Ministros para el modelo alemán, el sistema de contrato de pago aplazado, se ha dedicado también a obras del Plan nacional de saneamiento y depuración, es decir, señorías, a inversiones medioambientales, ésas que ustedes echan en falta y por las que tanto se interesaba el Grupo Socialista en otras ocasiones.
Son obras prioritarias para el Grupo Parlamentario Popular. Quiero creer que todos ustedes opinan lo mismo; quiero creer que consideran importante y necesario garantizar el abastecimiento a poblaciones como Oviedo, Ciudad Real, Badajoz, Jaén, Valencia, Albacete, Zaragoza o Lleida; quiero creer que consideran importante y necesario garantizar la protección de personas y bienes frente a avenidas, como es el caso de las actuaciones en márgenes y cauces en el Guadiana y otros ríos.
Algunas de las actuaciones que se aprueban en este real-Decreto tienen finalidades combinadas de consolidación de regadíos y garantías de abastecimiento de un carácter estructural para determinadas zonas del territorio nacional. Como han indicado algunos portavoces, sería bueno que hubiera más obras, más actuaciones, y esperamos que estas obras y actuaciones tengan lugar en su momento.
Quiero aclarar algo que se ha dicho aquí indebidamente.
El señor diputado que ha hablado del proyecto de ley sabe perfectamente que el real-Decreto contempla una obra que supone una interconexión entre cuencas hidrográficas distintas dentro de la Comunidad Autónoma andaluza, la conexión Negratín-Almanzora.
La declaración de interés general de esta conexión atribuye al Estado la competencia para estudiar el proyecto y hacer la correspondiente evaluación de impacto ambiental -señor Morlán, usted debe saber esto-, lo cual permitirá a continuación formular la correspondiente propuesta legislativa al Parlamento en los términos en que se regule el trasvase del agua, si tal norma legislativa se aprueba. Señor Morlán, es un Real Decreto- Ley importante. Como usted ha dicho, es importante que se declaren de interés general determinadas obras.
Cuando esta Cámara lo apruebe se habrá dado adelante en beneficio de la obra hidráulica.
No me resta sino felicitar a la ministra de Medio Ambiente por el impulso que se da a la obra hidráulica y por la actuación que ha tenido en este aspecto.
Nada más y muchas gracias. (La señora ministra de Medio Ambiente pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Es necesaria mi intervención en este momento. No sé si se ha escuchado bien mi primera intervención en esta Cámara, pero es bueno sentar una serie de principios que son fundamentales para entender el motivo de este Real-Decreto ley que hoy traigo a la Cámara para su convalidación. Y creo que es importantísimo porque las afirmaciones que hemos estado escuchando aquí no tienen nada que ver con la finalidad, con la fundamentación de este Real Decreto-Ley.
Señorías, estamos hablando de un requisito formal, del cumplimiento de un artículo concreto de la Ley de Aguas en vigor. Se acusa al Ministerio de Medio Ambiente de incumplir la legalidad vigente, cuando precisamente lo que este Decreto hace es cumplir el artículo 44 de la Ley de Aguas, que obliga a que aquellas obras que por sus características especiales tienen que ser elaboradas por la Administración central, necesariamente tienen que estar dotadas de una cobertura jurídica, es decir, tienen que ser declaradas obras de interés general. Señorías, metámonos en la cabeza este principio, porque lo único que hace este Decreto es declarar de interés general algunas obras que por su urgencia, por sus características, no pueden ser hechas por las comunidades autónomas a quienes en principio les correspondería. Dada la magnitud, la importancia, la urgencia y las características de las obras, aunque deberían realizarlas administraciones locales o regionales, las tiene que hacer, por el interés general, la Administración

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central. Y eso no se puede hacer voluntariamente.
Eso es urgente y los ciudadanos lo entienden.
Lo que quieren los ciudadanos es que se realice la obra, la haga quien la haga, que se les garantice el regadío, que se garantice la calidad de abastecimiento de agua a su ciudad o a su pueblo, que se les asegure la laminación y regulación de avenidas para que no haya sobresaltos en próximas riadas. Al ciudadano no le importa qué administración debe hacerlo, y como este Gobierno es escrupuloso con la legalidad vigente acude al artículo 44 de la Ley de Aguas que obliga a que toda obra pública de interés general tenga que ser declarada por Ley o por Real Decreto-Ley.
Voy a ir contestando a cada una de las acusaciones que SS.SS. hacen sin ninguna fundamentación y que para titulares de prensa pueden quedar maravillosas. Se ha hablado del Plan hidrológico nacional pero, señorías, centrémonos en el debate de hoy. Claro que la semana que viene, y con orgullo, voy a defender que el Gobierno, preocupado por la necesidad de inversión en obra pública y concretamente en obra hidráulica, a un presupuesto aprobado por esta Cámara el año pasado, le va a incorporar 33.000 millones de pesetas más en un crédito extraordinario y en un suplemento de crédito. Pero me van a permitir SS.SS. que me ciña al debate de hoy y que la semana que viene tengamos ocasión de debatir sobre la nueva inversión del Ministerio de Medio Ambiente. Señorías, centrémonos en el debate de hoy. No trata de un miniplan Plan hidrológico nacional, de un falso debate sobre el Plan hidrológico nacional. Reitero que lo único que se hace hoy es declarar de interés general unas obras para poderlas terminar con una cobertura jurídica que no existe.
Yo no he visto más contradicciones en algunos de los intervinientes que las que se han podido escuchar esta mañana, porque por una parte se nos está diciendo que no hagamos esas obras de interés general y, por otra, se nos dice que casi están hechas. Están reconociendo que, heredadas -se ha dicho que se vienen pidiendo desde hace diez años-, algunas están puestas en marcha y necesitan de esa cobertura jurídica porque lo exige la Ley de Aguas. Eso es lo que estamos haciendo, no se está aprobando en este Decreto-Ley ni el calendario de realización de esas obras, ni el impacto ambiental que pueden experimentar, ni el proyecto técnico en el que va a consistir esa obra.
Quiero decirles, para su tranquilidad, que ninguna de las obras que se declaran de interés general en este Decreto-Ley se va a sustraer a la normativa regular de contratación de cualquier obra hidráulica; tengan SS.SS.
la plena tranquilidad. Se habla de trasvases, pero lo único que se está autorizando aquí es que, por la importancia de ese trasvase, el Estado inicie los estudios de impacto ambiental. Sus señorías saben que no hay posibilidad de ningún trasvase sin que esta Cámara lo apruebe por ley. Esta Cámara tiene que aprobar las condiciones de cualquier trasvase, señorías, porque es necesaria una ley, llámese ley del Plan hidrológico nacional u otra específica para un trasvase que requiera una urgencia especial, pero no se sustrae a esta Cámara la aprobación de ningún tipo de trasvase. Hoy se declara de interés general, hoy se le pide al Estado que empiece a estudiarlo porque algunos de estos trasvases son urgentes, están entre dos confederaciones hidrográficas curiosamente insertas en una misma comunidad autónoma como es Andalucía. Hoy no se están poniendo las condiciones de ese trasvase, ni siquiera las compensaciones a que pudiera dar lugar ese trasvase.
No adelantemos, no confundamos a la opinión pública con falsos debates.
Se nos tacha de opacidad, se nos dice que esto es completamente opaco, que no hay transparencia. Señorías, me van a permitir, porque si no la opinión pública pensará que estamos sustrayendo un debate a la Cámara, que les diga a quienes no hayan leído la memoria económica de este decreto, para que al menos conste en el «Diario de Sesiones», que este Real Decreto-Ley consta de una memoria económica, donde se establece la cuantía del proyecto, con independencia de que después pueda tener otras modificaciones u incidencias como pasa en cualquier tipo de obra pública, de obra hidráulica. Aquí está presupuestado lo que al día de hoy se supone que es ese proyecto.
¿Cómo se puede acusar de falta de transparencia? ¿Cuándo se ha visto en esta Cámara mayor transparencia? (Risas.-Rumores.) En los Presupuestos Generales del Estado del año 1997, capítulo VI, están declaradas estas obras ya con su capítulo correspondiente de financiación, y en el capítulo VIII de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese mismo año está contemplada la posibilidad de hacer las obras que aquí se especifican. Es una memoria en la que se alude a cada una de las obras, su cuantía y cómo se pueden financiar. Aquí lo ven SS.SS. y por eso queda a disposición de toda la Cámara.
No es justo que se acuse de que a la prensa se le da una información y a la Cámara otra. Quizá es que la prensa ha tenido más interés en estudiar la memoria económica y le ha interesado saber, comunidad autónoma por comunidad autónoma, que cuando el Ministerio de Medio Ambiente se compromete es porque existe el respaldo presupuestario para hacer estas obras que son tan urgentes.
No estamos vendiendo humo, señorías, estamos diciendo el importe del proyecto, estamos diciendo cómo se puede financiar y no estamos presuponiendo ni alterando con este Decreto ley la norma ordinaria de cumplimiento estricto de contratación de cualquier obra. Tengan la tranquilidad SS.SS. de que eso es lo que se hace y nada se va a alterar.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) argumenta que en este Real Decreto-Ley no existe ninguna obra contemplada de interés general. Quiero decirle, señor González de Txabarri, que al día de hoy no existe ninguna obra que tenga que ser declarada de interés general en la Comunidad Autónoma vasca que no haya sido ya declarada de interés general. No existe una sola. No hay un solo convenio, ni de los que

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hemos heredado ni de los que se hayan podido hacer con posterioridad, donde se exija el respaldo jurídico de declarar de interés general una obra que no haya sido ya declarado de interés general. Puedo decirle que, con independencia de que para los presupuestos del año que viene se pueda presentar como iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) o de cualquier otro grupo con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco, no tiene nada que ver que en el futuro podamos asumir esos compromisos de declarar determinadas obras de interés general. Al día de hoy si S.S.
no encuentra ninguna obra es porque no tenemos pendiente de declarar ninguna obra de interés general.
La señora Romero interviene continuamente, aunque no está en la tribuna, para hablar de los problemas de Andalucía. Señora Romero, yo espero que S.S. tenga la objetividad y el detalle de contar en la Comunidad Autónoma de Andalucía que este Ministerio habrá invertido allí, a 31 de diciembre de 1997, 30.852.752.000 pesetas. (La señora Romero López pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Romero, es de justicia reconocer -no está S.S. en el uso de la palabra, pero cuesta hacerme entender con sus intervenciones desde el escaño- que este Ministerio de Medio Ambiente ha invertido en 1997 casi 31.000 millones de pesetas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Quiero decirle también, porque veo que le interesa exclusivamente el localismo de Cádiz, que allí no existe en este momento ninguna obra que requiera la declaración de interés general. Se lo digo sinceramente.
En cambio, existe el compromiso personal de la ministra de unas obras que son muy importantes en la provincia de Cádiz, como es la modernización de los regadíos que harán falta, así como poner en marcha el canal principal del Guadalcacín en este próximo año.
Ese es el compromiso, y todavía no estamos hablando de los presupuestos de 1999. Ciñámonos al debate del día hoy. Estamos en el año 1998, haciendo una cobertura jurídica de obras que necesitan ser declaradas de interés general.
No estamos vendiendo humo.A Convergència i Unió, que lo que ha cuestionado en este momento es que se está vendiendo humo en cuanto al Plan hidrológico nacional, quiero decirle que si bien no estamos debatiendo el Plan hidrológico nacional, no existe en este momento ningún incumplimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
En el debate del estado de la Nación, el presidente del Gobierno se comprometió a presentar en esta Cámara en la primera legislatura, por tanto hasta el año 2000, el Plan hidrológico nacional, y saben ustedes que el Plan hidrológico nacional es el final de un camino.
Yo comprendo las frustraciones que tenga que haber en España cuando desde el año 1985, en que nos dotamos de una Ley de Aguas, se exige en el artículo 40 que el mejor instrumento de planificación es el Plan hidrológico nacional. Comprendo las frustraciones porque desde el año 1985 al año 1998 no exista todavía un Plan hidrológico nacional, pero hemos asumido la responsabilidad de la política hidráulica hace dos años, y lo primero que había que hacer como condición sine qua non para hacer un Plan hidrológico nacional era, como sabe muy bien, señoría, aprobar los planes hidrológicos de cuenca.
Los planes hidrológicos de cuenca, que ahora se han aprobado no solamente en cada una de las mesas de cada cuenca hidrográfica sino por el Consejo Nacional del Agua y por el Consejo de Ministros, en este momento ya no se valoran. Primero, han estado bloqueados durante once años y parece que no tenía importancia.
Se nos tacha de que no ha habido diálogo, de que no ha habido consenso y se han conseguido consensos históricos jamás soñados, como han dicho algunos representantes socialistas, en gobiernos de comunidades autónomas del Partido Socialista. ¿Todo por qué, señorías? Porque, aunque les duela, ha habido diálogo, ha habido negociaciones sobre datos rigurosos, sobre auténticos datos exactos de lo que son recursos hídricos de cada cuenca y de lo que son demandas de cada cuenca, y se ha llegado a consensos; a consensos tan unánimes, señorías, en donde de 60 votos, 59 votos eran a favor del plan hidrológico de la cuenca y uno sólo o bien abstención o, en otras ocasiones, negativo.
Ahora el Ministerio no dialoga y no obtiene consensos.
Señorías, aunque les pese a quienes tuvieron la responsabilidad con anterioridad y bloquearon, no ya el Plan hidrológico nacional sino la fase previa por falta de diálogo (por falta de diálogo no llegaron a consensos entre representantes de su propio partido y las consecuencias las padecen los usuarios y los regantes en el día de hoy; desde 1985 a 1998, es decir, trece años llevamos esperando un Plan hidrológico nacional), deben compartir al menos la responsabilidad del retraso.
Han tenido ustedes, desde 1985 a 1996, once años, y nosotros llevamos en este momento dos años. Ya hemos desbloqueado la primera planificación hidrológica de España. Hemos aprobado por Consejo de Ministros los planes hidrológicos de todas las cuencas, y eso no es parcheo territorial, esa era una condición también exigida por la Ley de Aguas. Hemos presentado al Consejo de Ministros el libro blanco. Me he comprometido con el Senado en presentar en el próximo mes de octubre el libro blanco del agua para iniciar ese debate.
Estamos cumpliendo todos los trámites que nos hemos dado, y no hemos llegado a ningún tipo de incumplimiento, puesto que la legislatura termina en el año 2000, y hay tiempo de hacer ese debate sosegado desde que conozcan SS.SS. el libro blanco, que se va a debatir en todos los foros, no solamente los políticos y parlamentarios. También en foros académicos, en foros sociales, se va a tener ese debate sosegado que S.S.
apuntaba y estamos seguros de que al final podremos obtener ese consenso.
Quiero decir también al representante del Grupo Socialista que lo más importante de las contradicciones a las que S.S. se ha referido en este debate, lo más gráfico es que su grupo en el día de hoy ha cambiado de portavoz. Para decir las cosas que ha afirmado el señor

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Morlán no puede venir la señora Narbona, secretaria de Estado del Ministerio en la época del señor Borrell, que seguía precisamente este mismo procedimiento de acudir a la declaración de obras de interés general mediantes Reales Decretos-Ley, manifestando que era imprescindible.
En todos los casos que ha citado el señor Morlán del año 1995 -no quiero remontarme a otras épocas- se hacía mediante Reales Decretos-Ley, porque este es el procedimiento, señorías, y recuerden ustedes todas las obras de interés general que han ido declarando por este mismo procedimiento, porque no había otra forma: o incumplían la Ley de Aguas o no les quedaba más remedio que venir a lo que hoy llaman miniplan hidrológico nacional.
No se puede hablar de apariencia, de caricatura de planificación hidrológica o de bodrio, todas las críticas que usted ha estado haciendo, señor Morlán, para luego acabar diciendo que, como es un mal menor, no puede oponerse. No puede oponerse porque realmente nadie entendería que obras que ustedes prometieron ya hace tantísimos años, que todavía no tienen el respaldo jurídico para ser declaradas de interés general, siguieran pendientes de una declaración de interés general. Por eso ustedes tienen que apoyar este Decreto- Ley. Y saben ustedes que siempre han acudido a este procedimiento del Real Decreto-Ley. Por tanto, ¿cómo pueden decirnos que estamos incumpliendo la legalidad vigente? Esta es la auténtica realidad. Comprendo que les pueda molestar a SS.SS., pero yo no hago más que recordar lo que a ustedes les molesta, recordar lo que ha sido la práctica habitual para poder declarar obras de interés general aquellas que exigían, mediante el artículo 44, tal procedimiento. Eso es lo único que estamos haciendo.
No venga a decirnos, señor Morlán, que hay una falta de consideración de efectos ambientales. Saben ustedes que la Unión Europea está reclamando en este momento 26.000 millones de pesetas de la gestión del señor Borrell, exclusivamente porque no tuvo en cuenta las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas por ese importe. Es la Unión Europea la que en este momento reclama 26.000 millones de pesetas al Reino de España por no haber sido riguroso en las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas.
Estos son hechos que la opinión pública conoce porque se han publicado en los medios de comunicación.
Así podríamos seguir hablando, señor diputado, para que reconsidere un poco usted su postura y no venga a decirnos que a la Junta de Andalucía se la deja marginada, que tiene inversiones que no se ponen en marcha, porque también le pediría que fuera objetivo y que dijera en la Junta de Andalucía y recordara a todos los andaluces que este Gobierno, en ese año en el que no ejecuta los presupuestos, en el que tiene cero de ejecución presupuestaria, en que no se entera de cómo hay que gestionar un presupuesto, sin haber incorporado los 32.000 millones que debatiremos la semana próxima -que, por tanto, van a ampliar la ejecución presupuestaria a 31 de diciembre-, ha hecho una inversión de 30.852.752.000 pesetas sólo para la Junta de Andalucía, y eso tiene que reconocerlo S.S.
Termino, señor Presidente. Yo les pediría que con más rigor se atengan exclusivamente a lo que en este momento tenemos delante para su convalidación. Tenemos una serie de obras declaradas de interés general, con absoluta transparencia. En la memoria económica figura todo el listado, uno a uno, de estas obras, la cuantía de los proyectos y cómo se puede financiar cada una de ellas. Reitero que no era este el sistema al que nos tenía acostumbrados la Administración anterior, entre otras cosas porque no habríamos tenido que acudir a abonar algunas de las obras que hemos encontrado realizadas o a punto de finalizar y que no tenían siquiera retención de crédito, lo que nos ha ocasionado un problema muy grave y muy serio para llegar a la convalidación de todo ese tipo de obras o de modificados que habían sido realizados, valga la ironía, sin una retención de crédito siquiera. Esta era la gestión transparente frente a lo que hoy llaman opacidad de la ministra de Medio Ambiente.
Gracias, señor presidente. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué mal, qué descaro!)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en el turno abierto por la señora ministra? (Pausa.-El señor Ríos pide la palabra.) Señor Ríos, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor RÍOS MARTÍNEZ: ¿Se entiende que se reabre un turno para cada grupo o solamente para los que no han intervenido?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, he solicitado grupos que desean fijar su posición en lo que entiendo que ha sido un nuevo turno abierto por la señora ministra de Medio Ambiente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: De forma muy breve voy a hacer dos consideraciones y dos precisiones.
Señora ministra, usted ha planteado dos temas básicos: primero, que no hemos llegado a entender el motivo de este Real Decreto-Ley. Yo sí que lo entiendo.
Fíjese, señora ministra, si el desarrollo de su política hidráulica en estos dos años hubiera sido correcto, hoy no habría necesidad de este Real Decreto-Ley. El Real Decreto-Ley viene obligado porque no ha habido planificación.
Usted dice que está preocupada por las inversiones. No entiendo por qué en los Presupuestos Generales del Estado, desde que gobierna el PP, se disminuyen las inversiones y, a pesar de ello, el nivel de ejecución de su Ministerio es bajísimo. Yo he dado una cifra que hemos conocido la semana pasada, de 37.000 millones de pesetas al 31 de julio. Si usted está preocupada

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por las inversiones haga que el Gobierno, el Consejo de Ministros aumente las inversiones. Si usted está preocupada por las inversiones haga, ejecute, gestione mucho mejor. Por tanto, el motivo de este Real Decreto se debe a su incapacidad y su ineficacia. (El señor Vicepresidente López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Usted dice que cumple el artículo 44. No cumple usted el artículo 44. Usted no ha contestado si va a admitir a trámite este Real Decreto-Ley como Proyecto de Ley -nos dice el todo o el nada- y, además, nos coloca un Real Decreto-Ley en que la contradicción no es que nosotros digamos que hay obras hechas, sino que usted declara obras de urgencia que están hechas y la opacidad es tan grande, aunque hay una memoria económica con proyectos, que no se sabe exactamente cómo se van a financiar. Le pongo el ejemplo del Real Decreto de la semana que viene, porque cuando usted dice que va a ampliar 33.000 millones de pesetas, es falso. La mitad de estos 33.000 millones de pesetas son obras reconocidas de ejercicios anteriores, fundamentalmente de 1997, y hay otros 15.000 millones sobre los que no hay ni memoria y no sabemos para qué se van a destinar, señora Ministra. ¿Eso qué es? ¿Ampliación o mala gestión? La voy a dar tres consejos: primero, recoja usted con atención las preocupaciones de sus socios parlamentarios, ya que no acostumbran a hacer intervenciones como las que han hecho hoy. Es significativo que todos sus socios parlamentarios hoy le digan a usted lo que le han dicho. Segundo, gestione la inversión que tiene usted este año, que, a pesar de que es pequeñita, no la va a acabar; no la acabó el año pasado. De 148.000 millones sólo se gastó usted 117.000 millones y este año está en peor situación. Tercero, permita que en el Parlamento se debata con claridad la planificación de años posteriores. De lo contrario, señora ministra, usted puede haber hecho este Real Decreto ley, supongo, con una cierta angustia de que las cosas no le van bien, pero esto es una huida hacia adelante que le va a complicar más su política hidráulica y que, insisto, puede hacer brotar conflictos territoriales ante un miniplan hidrológico. Sus señorías deben saber que para los 117.000 millones que gasta en un año hay un debate de dos meses en el Parlamento, y que hoy en una sola sesión debemos aprobar 216.000 millones. ¿Con qué criterio? En los presupuestos debatimos durante dos meses 117.000 millones con enmiendas en Comisión y Pleno, y hoy viene aquí y nos dice: ahora aprueben ustedes 216.000 millones. No, señora ministra. Gestione bien, consiga usted que el señor Rato y el resto del Gobierno sitúe las inversiones, como mínimo, en las cantidades que estaban previstas en los gobiernos anteriores y permita un debate tranquilo donde la planificación de los próximos años tenga consenso, porque en política de aguas, si se hace poco y bien todo el mundo va a votar que sí, porque es difícil decir que no a las obras hidráulicas.
Los grupos parlamentarios expresamos desacuerdo cuando usted nos dice que va a hacer obras. No es fácil decir esto y, si lo hacemos, es porque estamos convencidos de que este Real Decreto-Ley expresa, insisto, la incapacidad política de su Ministerio y la ineficacia de su gestión; lo más grave es que puede traer conflictos territoriales.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, del Grupo Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, contrasto en sus palabras la ausencia clamorosa e injustificada de Galicia. Usted no puede pretextar que están pendientes obras muy importantes, de interés general, en nuestro país. Con esta actitud, lo único que se evidencia es que a un problema estructural gravísimo de Galicia, contando con una especificidad muy clara en cuanto a cuencas hidrográficas -que debería hacer meditar al Gobierno sobre la necesidad de que contemos con una cuenca hidrográfica propia-, ustedes añaden una displicencia y un desinterés por la problemática de la planificación de los usos del agua y dónde se debe hacer esta planificación en relación con nuestro país que realmente resulta alarmante.
Creo que, cuando menos, se debía de explicar porque le he citado algunas obras que tienen mucho que ver no con abastecimiento de aguas a ciudades o a villas, que las hay -le puedo citar el caso de O Barco de Valdeorras, por poner algo comparativo de muchos pueblos de Extremadura-, por no citarle los problemas de la falta de depuración del agua y de saneameinto debido en el caso de una ciudad tan importante como Lugo, en ríos que, vuelvo a repetir, son de su exclusiva competencia. Si no, lo que tienen que hacer es acceder a su transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia. No le voy a citar todos los problemas de un río como el Miño que, además, tiene frontera internacional, sometido a procesos de colmatización terribles, a una falta de depuración de aguas alarmante en toda su cuenca, por no referirme a todo el problema de contaminación de las pizarras en el caso del Sil.
Por tanto, señora ministra, si ustedes gobiernan para el conjunto de España, cuando las competencias están claras, en un plan de carácter general, nunca debería dejar ausente una comunidad autónoma de semejante envergadura, que bastante desgracia tiene ya con depender nada menos que de Oviedo, cuando ella sola tiene, en el conjunto de todo el norte, muchísimo más de la mitad del caudal de todas las aguas, con ríos muy específicos y que son competencia suya. Yo sé que usted hereda un problema, pero no nos debemos contentar con que se heredan problemas del pasado porque en este caso los hereda prácticamente del siglo XIX.


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Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Agradezco, señora ministra, las informaciones que ha proporcionado a este grupo parlamentario, que ayudan a poner en su sitio las consideraciones que hemos ido realizando en relación a este tema.
Lo que no le admito es la acusación de falta de rigor o el enunciado que sostiene respecto a que ninguna de las obras convenidas entre el Ministerio y las instituciones vascas debía estar recogida -hipotéticamente podrían estar recogidas- en este Real Decreto-Ley.
Tengo aquí el convenio suscrito el 31 de mayo de 1994 entre el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente de la época y el Gobierno vasco, donde existe dos obras: la depuración y el vertido de la ría de Guernica y la presa de Herrerías en Álava que, hipotéticamente, podrían estar en este supuesto; la presa de Herrerías, por supuesto, dentro de los parámetros recogidos en las consideraciones que se hacen en el preámbulo, así como en este Real Decreto-Ley. Aquí está el convenio.
A mayor abundamiento, tengo aquí la resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en la que se hacía una serie de consideraciones para el Plan nacional de saneamiento y depuración 1995-2005, donde hay una serie de parámetros económicos que la comunidad del País Vasco debiera de abordar.
Esas previsiones no se están cumpliendo. Falta de rigor, no, señora ministra. Son dos documentos que están suscritos, uno publicado en el BOE, el otro acordado, que tienen nombres y apellidos. Agradecería que la negociación política o el establecimiento de acuerdos se viniera sosteniendo por los mismos métodos y pronunciamientos que se han ido llevando durante estos dos años que este grupo parlamentario ha podido trabajar con ese Ministerio. Por ahí he empezado mi intervención esta mañana, indicándole que con este Real Decreto se ha roto, no sabemos por qué, un método de trabajo que, desde nuestra perspectiva, ha sido más que razonable durante estos dos años. Entiendo que el euskera admite algunas dificultades. Si cuando por parte del Grupo Parlamentario Vasco se habla de Urdaibai el Ministerio entiende Anuncibai, la mera interlocución es complicada. Estamos hablando de dos proyectos que están recogidos en este convenio suscrito por el Ministerio y que son concretamente la depuración y vertido de la ría de Guernica y de la presa de Herrerías. Por los datos de que dispone este grupo parlamentario, la depuración y vertido de la ría de Guernica, que se denomina en el proyecto como el Edar de Urdaibai, está considerado de interés general, no así la presa de Herrerías, que cumpliría todos y cada uno de los requisitos necesarios para poder entrar en los contenidos de este Real Decreto-Ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, llevo doce años de diputado en esta Cámara, tengo una preparación que me parece suficiente -simplemente soy doctor en ingeniería- para entender lo que dice el Real Decreto que hoy se nos ha presentado. Señora ministra, tengo mucha paciencia y seguiré teniéndola. En mi intervención lo único que he hecho ha sido darle un pase a que los incumplimientos que tendrá son razonables; pase que ya propuse al anterior ministro muchas veces en Comisión y con la ayuda de su compañero de grupo parlamentario señor Posada, una vez que el ministro Borrell nos dijo que nos iba a presentar la documentación a tres meses vista.
Y le dijimos: no puede ser, se necesita más tiempo, hay que tener tranquilidad, hay que alcanzar el Plan hidrológico.
Hasta ahora, no tenemos Plan hidrológico. En mi intervención le exponía este esquema de los incumplimientos.
Lo que interesa es que a largo plazo, en la próxima legislatura, podamos tener el Plan hidrológico.
Señora ministra, le decía que voy a tener paciencia para ir aguantando en la misma posición. Casi era para cambiar y decir: yo, siendo leal a los acuerdos de mi grupo, podía convertirme en crítico e ir señalando todos los incumplimientos que puedan ir viniendo. Porque tenga en cuenta una cosa, señora ministra, hasta diciembre de 1998 son tres meses. Este plazo de tiempo es ayer, ya no mañana, ya ha pasado casi. Usted nos dice que en distintos foros tienen que analizar todavía el libro blanco que va a ser motivo del Plan hidrológico.
¿Es que el debate lo van a hacer en minutos? No se va a cumplir. Francamente, voy a seguir apoyando que si no se cumple no pasa nada, lo que interesa es que podamos tener un Plan hidrológico. Verdaderamente, señora ministra, lamento muchísimo que usted nos trate casi de tontos. Sabemos de qué va el Decreto ley y no nos diga que éste prácticamente no tiene relación directa con el Plan hidrológico, porque sí la tiene. En el párrafo primero cita el Plan hidrológico, en la primera y en la última de las nueve líneas habla del Plan hidrológico nacional, luego algo tiene que ver.
Creo, señora ministra, que usted hoy no ha estado afortunada en su intervención. Desde otros sillones, usted es una gran parlamentaria, pero desde el sillón de ministra, las segundas entradas en los debates me parece que no son afortunadas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sedó.


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Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTÍNEZ: La verdad, señora ministra, es que la comprendo porque lleva usted utilizando los términos el río revuelto y con oleaje fuerte, pero hoy ha intervenido con gran habilidad porque nos ha puesto a todos de acuerdo, menos a usted. Cuando se hacen afirmaciones, sería bueno que las pudiéramos cotejar todos, no para esa idea de que la verdad es subjetiva; la verdad puede objetivarse.
Dice usted que ha aportado los datos y la memoria.
Yo tengo todo lo que ha entrado en el registro de la Cámara ¿Me podría decir cuándo se ha registrado eso en la Cámara? Porque acompañando a este Real Decreto tengo dos anexos, pero esa memoria que la puede tener usted, puede no haberla aportado a los demás grupos. ¿Quiere que lo sepamos por ciencia infusa o papal? Es imposible que la podamos tener. En lugar de soltar esa diatriba, podría haberse acercado a los despachos de los grupos parlamentarios y decir: aquí tienen estos datos, esto es lo que queremos, así lo vamos a hacer. Señora ministra, detrás de este Decreto existe el fracaso de la improvisación con la que ustedes modificaron la Ley de Aguas, la ley de amañamiento, poniendo en marcha sistemas de financiación privada para obra hidráulica que no les ha cuajado. El problema que tienen es que para que puedan actuar esas empresas privadas necesitan la declaración de interés general y la urgente ocupación porque si no han perdido el tiempo, y como lo necesitan, lo traen ahora. ¿No podían haberlo hecho en 1997 con la primera modificación de la Ley de Aguas que ustedes propusieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no lo supieron, porque no acertaron o porque no pudieron. Ese es el problema que hay detrás.
Este Real Decreto empieza diciendo lo siguiente: La posible demora de la aprobación del Plan hidrológico hace que acometamos unas obras. ¿Por qué estas obras y no otras? ¿Cuál es la prioridad para ponerlas? ¿Cómo se han discutido? Señora Ministra, ¿me puede decir cómo va a afectar la urgente ocupación a obras que ya se están haciendo, por ejemplo, los contadores de los acuíferos sobreexplotados de La Mancha occidental y Campo de Montiel, por ejemplo, la conducción para abastecer la margen izquierda del Río Júcar o Guadiana, por ejemplo, el encauzamiento del río Andarax? Si no la ocuparon, ¿cómo están haciendo las obras? Señora ministra, le rogaría que fuese usted más prudente.
No estamos en una interpelación, estamos en la discusión de un real decreto, que más que real parece Decreto impositivo. Hemos sido prudentes a la hora de decirle que hay obras que estamos dispuestos a que se hagan porque son positivas, pero ¿me puede decir cuántos depósitos de agua ha hecho vía decreto? ¿Es que todos los depósitos que se han hecho en España para abastecer a ciudades han pasado por un Decreto como este? Llevo aquí menos años que el señor Sedó, sólo dos legislaturas, pero es el primero que veo.
Entenderá que me extrañen obras tan dispares como las que nos ha presentado, desde un depósito de agua, hasta acondicionar para regular una balsa o el saneamiento y depuración. ¿Me puede decir cuántas de estas obras obedecen a planes de depuración y saneamiento de cada comunidad y si está aprobado el Plan nacional de depuración? Sería bueno tenerlo en cuenta.
Hace usted una serie indicaciones o dice usted una serie de improperios que comprendo porque en su situación personal necesita defenderse, además lo hace usted muy bien, pero debe ajustarse a las mismas normas de juego en las que nos movemos los demás.
¿Puede decirme si es necesario, según la Ley de Aguas, una ley para cada uno de los trasvases que nos propone? ¿No hubiera sido mejor que nos hubiera traído una ley de esos trasvases? Estaríamos discutiendo esa ley.
Lo declararíamos, lo abordaríamos, lo plantearíamos.
Pues no, ahora nos dice que es un Decreto con 74 obras que se declaran de interés y de urgente ocupación, pero que no se tienen que acometer, que ya veremos lo que se hace con los presupuestos, unos con estos, otros con los que vienen y otros con una forma de financiación. Dice que estamos perdiendo fondos europeos. ¡Pero si eso es una crítica para usted ! ¿Es que no lo entiende? Estamos perdiendo fondos europeos porque no han sido capaces de hacer esto, no ahora, sino el primer año que llegaron, aunque es lógico que mientras se asientan y leen los papeles, se les pase un año, pero es que ustedes llevan dos años asentándose.
Es lógico que vayan teniendo un poquitín de dominio del sillón para poder poner en marcha las actuaciones.
Señora ministra, le he pedido que pudiera facilitar el trámite como ley para recibir las aportaciones, las opiniones, las indicaciones. Porque, entienda usted -a lo mejor nos hemos extralimitado al decir que es un miniplan hidrológico- que la denominación con la que empieza el Decreto invita a ello. Porque dice que, como no va a estar aprobado el Plan hidrológico, va a meter estas obras para que puedan hacerse. ¿Suena a eso o no suena a eso? Pues bien, podría usted decirnos cuál es la cadencia de cada una de las actuaciones, qué obras van a excluirse porque ya se están realizando, qué declaraciones de obra están hechas y, por tanto, no son necesarias. Estoy convencido, señora ministra de que a usted -quizá por la ubicación que tiene- lo que le falta, fundamentalmente, es mano izquierda, mucha mano izquierda, bastante betún de mano izquierda.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo me preocuparía. Yo empezaría a estar preocupado por lo que está pasando esta mañana en esta Cámara. Ha conseguido concitar contra usted el

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ánimo de todos: los que le hemos anunciado que íbamos a votar que sí y los que van a votar que no, sus socios. Y créame, no es bueno, pero usted se lo busca, usted se lo está buscando.
Señora ministra, yo soy distinta voz que la de doña Cristina Narbona, pero con ella coincidimos en todo en política hidráulica. Y lo que hizo lo hizo muy bien. Tan bien lo hicieron ella y el señor Borrell, que usted cuando llegó en el año 1996 al Ministerio se encontró con todos los planes de cuenca aprobados menos tres, con toda la cartografía, con todos los datos, con todos los elementos de valoración, con todos los estudios sobre todas las cuencas hidrográficas. Y usted dijo en Santander -porque yo también estaba, fui uno de los diputados que acudió a la mesa redonda en la que hablamos de su política- que en estos dos años habían hecho toda la cartografía, todos los estudios. ¿Por qué miente? (Rumores.) ¿Por qué no encuentra usted el camino correcto, que es el de reconocer lo bueno que había cuando usted llegó al Gobierno y lo bien que usted podía haber hechos las cosas, que no las hace bien? Este Real Decreto-Ley, señoría, no vale para nada, es una simple declaración de interés general que, por mucho que usted se niegue a reconocerlo, no deja de ser un pseudo miniplan hidrológico. Usted detalla obras, algunas necesarias, interesantes, que es oportuno y conveniente que se declaren de interés general; otras no, porque ya están declaradas; otras tampoco, porque ya están construidas. Y esto parece que a usted no le cabe en la cabeza. Olvídese de nosotros, que acabamos en 1996 nuestras legislaturas, y usted lleva dos años y pico gobernando. La capacidad de gestión de su Gobierno es la que tiene que demostrar, no lo bueno o lo malo que hicimos nosotros anteriormente, que eso ya está juzgado, y usted está recurriendo permanentemente a esa historia. Olvídese. Haga lo que tiene que hacer. Trabaje. Vaya a la Unión Europea y que le den el dinero. Invierta algo más de lo que invierte.
Señora ministra, usted nos está diciendo que si no hemos cumplido con nuestras obligaciones. ¿Sabe usted que la Junta de Extremadura ha pedido que se declararan de interés general determinadas obras de depuración durante dos años y usted no le ha contestado? Y luego le achaca la responsabilidad a la Junta de Extremadura.
¿Sabe usted que está declarando -y se lo he dicho antes- obras de interés general que ya están declaradas? ¿Por qué? ¿Por qué no coge un lapicero, rojo o azul -si le gusta más el azul, coja el azul-, y empieza a puntear las obras que tiene declaradas? Sinceramente, señora ministra, por su bien, le pediría que tramitara este Real Decreto como proyecto de ley. Es un acto humanitario y de solidaridad con usted.
Tiene que pedir que se tramite este Real Decreto como proyecto de ley. ¿Por qué? Porque mejoraríamos su texto. Si usted quiere, nos remontamos a lo que hacíamos nosotros. Le he dicho que mirara nuestros Reales Decretos-Leyes, apoyados por el gobierno socialista, y verá cómo lo uno con lo otro no tiene nada que ver.
¿Por qué? Porque hay más concreción, porque hay cifras, como también hay formas de financiación, porque hay una serie de elementos que en éste no figura.
Es lógico lo que le estoy planteando. No me haga caso a mí, haga caso a sus socios parlamentarios que le están pidiendo también claridad, que le están pidiendo seriedad y responsabilidad, y usted no lo quiere aceptar.


Se lo pido formalmente, señora ministra, y hágame caso porque lo estoy diciendo con absoluta lealtad.
Facilite que se tramite como proyecto de ley. Si no fuera así, lo que sí le haría sería formularle las 70, 80, 100 ó 150 preguntas para que usted me diga lo que quiero saber, como cuánto cuesta una obra. Si usted tiene la memoria económica de este Real Decreto-Ley, haga el favor de mandarla al Congreso, porque en la documentación que se nos ha remitido no figura la memoria económica, y eso es culpa de ustedes, no del Congreso. Si usted no acepta esa petición que yo le estoy formulando en estos momentos, sería bueno que contestara a las preguntas que le voy a hacer, encaminadas a que usted nos aclare todas y cada una de las obras, con todos los conceptos, con las formas de financiación, con los costes, con las ejecuciones, con la existencia o no de declaraciones de impacto ambiental, con todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber en un tema como éste cuál es la situación actual de cada una de las obras y deducir de ahí por qué razón están incluidas éstas y por qué razón no lo están otras.
A lo mejor, si se tramitara como proyecto de ley subsanaríamos muchísimas dificultades y deficiencias que nosotros entendemos que existen.
Señora ministra, vamos a votar que sí a pesar suyo, y espero que ese a pesar suyo sea lo suficientemente comprensible, porque cada vez que tenemos un gesto de solidaridad con usted para sacar adelante esta norma, lo que hace es echarnos, como se dice en mi tierra, los gatos a la cabeza, pero así no se va a ningún sitio. Sea usted capaz de bajar de ese monte en el que se encuentra, intente entender que lo que estamos haciendo es colaborar para que este tema salga adelante, para que las obras se hagan, para que se produzcan inversiones y para que muchas de las dificultades que existen en el conjunto de nuestro país en materia de aguas no tengan ningún problema a la hora de ser subsanadas y ejecutadas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Morlán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Intervengo solamente para indicar que desde mi grupo parlamentario entendemos que los portavoces que representan a distintas comunidades autónomas soliciten obras que no están incluidas en este real decreto. Lo que no entendemos es la insistencia del

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señor Morlán en tramitar la iniciativa como proyecto de ley, que no haría más que demorarlo durante un plazo bastante largo, como mínimo de seis meses. (Rumores.) Nos gustaría saber ...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías, silencio. Respeten el criterio de la señora diputada que interviene.
Señora de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Ha dicho usted que quería que hubiera otras obras en el proyecto de ley que usted solicita. Nos gustaría saber no las obras que usted quiere introducir, sino qué obras no considera importantes y, por tanto, quitaría del real decreto. A lo mejor sería clarificador para la Cámara y para las comunidades autónomas conocer las obras que usted no considera importantes.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora de Lara.
Señora ministra, tiene la palabra -el Reglamento la ampara-, pero con el ruego de que se limite a concretar las discrepancias con las sustantivas intervenciones para no reabrir un tercer turno. Gracias, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias señor presidente. Así lo voy a hacer y con toda brevedad.
De las primeras intervenciones de los representantes del Grupo Mixto lo que deduzco es que reclaman más obras que sean declaradas de interés general. Yo esto lo entiendo perfectamente, y la coherencia lo que está pidiendo en este momento es que tengamos que venir más veces con nuevas declaraciones de obras hidráulicas de interés general, porque la Ley de Aguas, en su artículo 44, así lo exige, y es lo que he querido explicar.
Este Decreto ni va más allá ni va más acá, lo que hace es cumplir el artículo 44, hoy vigente, de la Ley de Aguas, y mientras siga vigente, a menos que se modifique en la reforma de la Ley de Aguas, será obligatorio declarar de interés general las obras que por sus especiales características tengan que ser así declaradas. Esto es cumplimiento estricto de la ley. A unos les gusta que sean éstas, a otros les gustaría que fueran otras, pero hay ya un principio de consenso: que hace falta la declaración de interés general de las obras que requieran esta declaración, que es lo que este Decreto está haciendo.
Por lo que se refiere al representante del PNV, señor González de Txabarri, en cuanto a las dos obras que S.S. me ha planteado, de verdad, con toda humildad, en el tono que a S.S. menos le moleste, he de decirle que la ría de Guernica no requiere declaración de interés general porque es una obra de costas que no está incluida en este concepto de obra hidráulica. Luego no existe una obra pendiente de declaración de interés general con el País Vasco. La segunda obra que S.S. me plantea, la presa de Herrerías, quiero recordarle también, con toda humildad, en el tono de voz que menos le moleste a S.S., que fue declarada ya de interés general en el año 1997, señor González de Txabarri. Ésa es la razón por la que, con toda humildad, con toda prudencia, he dicho antes, subida en ese monte, como lo han llamado, que es la tribuna de oradores, lo que reitero modestísimamente desde mi escaño: que al día de hoy no tenemos nada pendiente de declarar de interés general en el País Vasco, salvo que en el futuro podamos tener nuevas demandas de declaración de interés general, que habrá que tramitarlas por un procedimiento similar.
Al representante de Convergència i Unió, señor Sedó, le digo lo mismo, y le quiero pedir disculpas. Si de mis palabras se puede interpretar que he cuestionado la cualificación profesional del señor Sedó, como acaba de decir S.S., le pido disculpas, porque nada más lejos de mi intención que meterme a juzgar las cualificaciones personales ni de S.S. ni de ninguna otra. Creo que de mis palabras no puede hacerse semejante interpretación, pero si el señor Sedó se ha visto aludido en su preparación profesional, le pido disculpas porque no ha estado en la intención de esta ministra y, por tanto, le ruego me disculpe si así lo ha entendido.Yo he agradecido siempre y agradezco su colaboración y la de su grupo, y quiero decirle que el Gobierno al que represento asumió un compromiso en esta Cámara, en boca del presidente del Gobierno, en su debate de investidura: la presentación a esta Cámara, en esta primera legislatura, del Plan hidrológico nacional. Esta primera legislatura, señor Sedó, vence en el año 2000, déme la posibilidad al menos, ante el incumplimiento que usted juzga ya hoy como seguro, de que, ya que estamos en el paso del ecuador, podamos llegar hasta el año 2000 y juzgue entonces si efectivamente hay incumplimiento. Yo deseo que no haya incumplimiento de las palabras del presidente del Gobierno, y créame que los pasos que venimos dando hasta ahora ratifican que no queremos que se produzca ese incumplimiento y que la Cámara tendrá la presentación de ese Plan hidrológico nacional antes del año 2000. Eso sí, en aras del consenso, hemos querido presentar un libro blanco con datos, para que el conocimiento que la Administración hidráulica tiene de los recursos hídricos y de las demandas que hay en España, lo pueda tener toda la sociedad española y pueda pronunciarse, con el rigor de los datos, sobre cuáles son las posibles soluciones y las posibles alternativas.
Agradezco en cualquier caso su colaboración.
En cuanto al representante de Izquierda Unida, sinceramente le digo, señor Ríos, que personalmente no he podido controlar los documentos que han entrado en el Registro de esta Cámara -y se lo digo también con toda humildad y con toda prudencia-, y si la memoria no ha entrado en el Registro de esta Cámara, no me la tiene que reclamar ahora mismo el señor Morlans.
En mi primera intervención la he tenido presente y por eso les ha parecido a ustedes muy pretencioso por mi parte que dijera que no son ciertas las acusaciones de oscurantismo al Gobierno, en la medida en que aquí está detallada la cuantía, obra por obra, de cada

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una de las que estamos presentando en este Real Decreto-Ley, y el modo de financiación.
Pido disculpas si no está en poder de SS.SS. en el día de hoy. Comprendo entonces por qué se ha producido esta diferencia en el debate, pero, créanme que, si he defendido esta memoria económica, es porque he pensado que SS.SS. la podían tener también. Si no la tienen, puedo entender esas acusaciones de oscurantismo, pero permítanme decir que no es que yo haya venido aquí a mentir. Dicen que me he defendido. No me he defendido, y mucho menos personalmente. Digo cuál es la intención del Gobierno, manifestada en una memoria económica que esta misma mañana tendrán ustedes, porque la voy a distribuir personalmente, ahora sí, a cada una de SS.SS.
Termino, señor presidente. Estoy segura de que usted compartía la política hidráulica que hacía la señora Narbona. Evidentemente, la hacía como secretaria de Estado del ministro señor Borrell, puesto que la señora Narbona, como secretaria de Estado, no tenía competencias en obras hidráulicas. Permítame que celebre muchísimo que el secretario de Estado sea solidario con la política que haga su ministro, en aquel caso también de la de transportes, pero la señora Narbona no tenía competencia directa.
En cuanto a que dejaron aprobados todos los planes de cuenca, sin lugar a dudas. Todos, como usted reconocía, menos tres; los tres más importantes, que llevaron al estrangulamiento de la política hidráulica, que impidió la aprobación de todos los planes de cuenca y, por tanto, dar seguridad jurídica a las obras que hoy estamos tramitando aquí.
¿Cómo voy a decir que no tienen relación con el Plan hidrológico nacional? Estas obras no las ha inventado el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, me sorprende que digan que hay esa falta de consenso y de diálogo.
Son obras, todas ellas, contempladas en cada uno de los planes de cuenca hidrográfica. Por tanto, no hay nada nuevo.
Se nos dice que cómo declaramos ahora de interés general algunas obras que están a punto de finalizar.
Tan sencillo como que esas obras, al día de hoy, siguen sin cobertura jurídica. Existe un artículo, que no existe, curiosamente, para el resto de obra pública -quizá ésa es la anomalía que habría que haber corregido-, el artículo 44 de la Ley de Aguas, que produce este tipo de debates que serían innecesarios, desde mi punto de vista, si las obras las pudiera asumir el Estado en su propia competencia sin tener que declararlas por ley; es decir, que, dado su interés general, no hiciera falta someter a este trámite de aprobación la declaración jurídica de dicho interés general.
Únicamente he querido explicar que no nos estamos inventando obras. Dentro del número de obras que hay, algunas no requieren, evidentemente, declaración urgente de ocupación cuando ya se están realizando, pero hay otras que todavía no están realizadas y sabe S.S., señor Morlán, que es condición sine qua non hacer la declaración de ocupación, porque si no, no se puede hacer ni el replanteo de las obras. Se lo pido con toda humildad y con toda sencillez: lo que para algunas obras es necesario, no lo atribuya usted a aquéllas que prácticamente están finalizadas, que ya han sido ocupadas. Seamos un poquito coherentes. Asumo que probablemente soy una analfabeta para muchos de ustedes en obras hidráulicas, pero permítanme que les diga que las que necesitan de ocupación urgente hay que ocuparlas y, para las que ya han sido ocupadas, no sirve esa afirmación que hace S.S.
Termino, señor presidente. Creo que el señor Morlán sabe perfectamente -y cuando vea esta memoria económica lo va a comprobar- que no hay ninguna diferencia con el procedimiento que utilizaban SS.SS. cuando estaban en el Gobierno, en el que dice que detallaban cifras, forma de financiación y se daba concreción. No puede darse más concreción que citar, una a una, todas las obras y dar el presupuesto estimado, porque saben todos ustedes -y no es por falta de transparencia de este Ministerio- que en las obras hidráulicas -en las obras públicas en general-, una vez iniciado un proyecto, pueden tener lugar una serie de modificaciones o de incidencias que pueden hacer que el presupuesto aumente; eso es lo que, con mucho gusto, debatiremos también la semana que viene, cuando vean ustedes la inversión que añade el Gobierno al Ministerio de Medio Ambiente, precisamente porque muchas de las obras hidráulicas que aún no han podido realizarse son imprescindibles.
Gracias, señor presidente. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora ministra.
Señor Sedó, ¿a qué efectos?

El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, simplemente le pido cinco segundo para corroborar, si no he oído mal, una fecha que se ha dicho, que varía muchísimo todo el tema hidrológico. He oído a la señora ministra decir que el Plan hidrológico se presentará para el 2000, o sea, dentro de esta legislatura. Esta es una fecha muy importante porque puede cambiar la actitud de todos los grupos parlamentarios. Para nosotros, era otra la fecha.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Sedó.


- REAL DECRETO-LEY 10/1998, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE DE 4.282.495.737 PESETAS, A FIN DE PROCEDER A LA REGULARIZACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS REALIZADOS ENTRE LOS AÑOS 1986 A 1996 POR LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES (Número de expediente 130/000052).


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vamos a proceder al debate de convalidación o

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derogación del Real Decreto-ley 10/1998, de 28 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios, por importe de 4.282.495.737 pesetas, a fin de proceder a la regularización presupuestaria de los gastos realizados entre los años 1986 a 1996 por las representaciones diplomáticas y consulares.
Para su defensa y presentación, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar ante esta Cámara el Real Decretoley 10/1998, de 28 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios por un importe de 4.282 millones de pesetas para proceder a la regularización presupuestaria de gastos realizados entre los años 1986 y 1996 por representaciones diplomáticas y consulares.
Creo que ya el título del decreto es suficientemente explicativo. Estamos ante una cantidad que en conjunto del gasto presupuestario puede a algunas de SS.SS.
parecerle modesta, 4.282 millones de pesetas, pero la peculiaridad de este real decreto-ley es que el Gobierno lo envía a la Cámara para regularizar diez ejercicios presupuestarios, referentes a gastos realizados en representaciones diplomáticas y consulares entre los años 1986 y 1996.
Es voluntad manifiesta del Gobierno, como estoy convencido que es de todos los grupos parlamentarios, establecer sistemas que permitan la máxima transparencia y exactitud en el estado de las finanzas públicas.
Es la única manera por la que podemos garantizar a los contribuyentes y a los cuidadanos la utilización de sus fondos de manera eficiente y también es la única manera -al menos entiende el Gobierno- de que el Parlamento no sólo pueda controlar al Gobierno, aunque en este caso no sería a nosotros, sino que sobre todo pueda conocer con exactitud el coste de las políticas, en este caso el coste de las representaciones diplomáticas y consulares.
No es la primera vez que el Gobierno del Partido Popular plantea ante esta Cámara la necesidad de regularizar gastos realizados en ejercicios anteriores que no habían tenido suficiente tratamiento presupuestario, empezando por el Real Decreto-ley 12/1996, de 721.000 millones de pesetas, y continuando por algunos de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Pero no se trata ahora de hablar de esas cuestiones.
Lo que sí es importante, y quisiera destacar ante la Cámara, es que cuando el Gobierno del Partido Popular en julio de 1996 remitió a la Cámara un real decreto- ley, de 721.000 millones de pesetas, para aflorar y regularizar gastos de ejercicios anteriores no fue posible incluir estos 4.200 millones de pesetas, y no lo fue porque en los plazos establecidos para presentar justificantes de los diferentes gastos no pudieron obtenerse, ya que la mayor parte de aquellos a los que se refiere el decreto-ley que hoy presento ante la Cámara estaban en los consulados y no pudieron ser objeto de análisis por las intervenciones de los ministerios.
En primer lugar, una gran parte de la información esencial para justificar los pagos realizados, como he dicho, se encontraba en las representaciones españolas en el exterior, por lo que no era posible su recopilación en la fecha que se había solicitado para incluirlas en el real decreto-ley de julio de 1996, que a todas luces era una fecha perentoria por la urgencia de regularizar las finanzas públicas. En segundo lugar, el importe de los gastos se encontraba nominado en diferentes divisas según cada país en el que se hubiera realizado, por lo que determinar un importe global en pesetas presentaba una complejidad adicional. Por último, muchos de los pagos tenían una antigüedad superior a los tres años, en algunos casos superior a los diez años, lo cual exigía un análisis previo y pormenorizado que no había finalizado sino a fechas relativamente recientes.
Sin embargo, también quiero destacar que los diferentes gastos ya se habían pagado. Por tanto, estamos ante gastos que, aunque no habían sido contabilizados, se habían pagado materialmente a lo largo de estos diez años. Se preguntarán SS.SS., ¿con cargo a qué? Con cargo a las tasas consulares, por lo que no existían obligaciones frente a terceros que pudieran resultar perjudicados como en otros casos que conoce esta Cámara, como pueden ser expropiaciones o modificados.
En este caso, se trataba de pagos realizados en las representaciones consulares y en las representaciones exteriores de España que habían sido financiados con las tasas cobradas en esas representaciones a través de un procedimiento completamente irregular, como la Cámara puede comprender. Por tanto, resultaba preciso analizar la situación en cada una de las representaciones de España en el exterior.
Una vez obtenida toda la información, se ha determinado que hay al menos 50.000 pagos entre los años 1988 y 1996, con alguna excepción que correspondía a pagos aún más antiguos, lo que da una idea de la gran dificultad de recopilar y ordenar de forma metódica tan elevado número de justificantes y documentos relativos a pagos en diferentes divisas, tanto convertibles como no convertibles, y en muy diferentes idiomas. Además, SS.SS. son conscientes de que, si estamos hablando de 50.000 pagos por un total de 4.000 millones, estamos hablando, en la mayor parte de los casos, de operaciones muy pequeñas.
Después de este proceso de recopilación de información, fue preciso determinar el importe a que ascendían dichos pagos, para lo que se estableció como referente el tipo de cambio de la peseta con las distintas divisas convertibles a la fecha del 31 de diciembre de 1996, que ha sido, por tanto, la fecha en la que se han traducido a pesetas las monedas convertibles. El montante total obtenido asciende a 4.282.495.737 pesetas, a la fecha de 31 de diciembre de 1996, y eso constituye el objeto de este real decreto.


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Quiero resaltar, una vez más, que se trata de pagos que van a ser compensados por un importe igual de ingresos derivados de la recaudación consular registrada en las distintas representaciones, pero pendientes de remitir al Tesoro público, de forma que toda la operación se puede realizar en formalización, es decir, sin que se produzca ningún movimiento real de fondos.
Lógicamente, señorías, la principal razón por la que se debe llevar a cabo la aplicación al presupuesto de todos los pagos realizados en las representaciones de España en el exterior viene determinada por el cumplimiento estricto de la legalidad vigente que, como es natural, exige que cualquier pago realizado a cuenta del Estado debe ser contabilizado y cualquier ingreso recibido a cuenta del Estado debe ser ingresado en el Tesoro público -esa es la formalidad que vamos a realizar, si la Cámara aprueba hoy el real decreto-; y la necesidad, a su vez también importante, de que el presupuesto refleje de forma real los diferentes pagos e ingresos del Estado no sólo para que la opinión pública sepa exactamente el destino de los fondos públicos, sino también para que SS.SS. puedan tomar decisiones en el futuro sobre las políticas que realiza el Gobierno.
Efectivamente, con el proceso establecido en el real decreto-ley -que hoy propongo su convalidación a la Cámara en nombre del Gobierno- se logra el doble objetivo de aplicar al presupuesto el gasto que dio lugar a los diferentes pagos y también aplicar al presupuesto los ingresos que se generaron en su día y que permitieron efectuar los pagos correspondientes.
El Tribunal de Cuentas ha analizado esta cuestión en la Cuenta General del Estado del año 1995 que, como SS.SS. saben, comenzó a realizarse por parte del Tribunal en octubre de 1996. En ese momento el Ministerio de Asuntos Exteriores ya estaba, a través de su Intervención, realizando el proceso de comprobación y recopilación de informes y facturas que dan lugar a este decreto-ley. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas, en el informe referente a la Cuenta General del Estado del año 1995, señalaba dos aspectos relevantes de esta situación planteada. Por un lado, la existencia de unos pagos no imputados al presupuesto y, por otro lado, la utilización de tasas consulares para financiar esos pagos que no habían sido ingresadas en el Tesoro público.
Por tanto, una vez disponibles los datos y documentos precisos para llevar a cabo la aplicación al presupuesto de los pagos y la recaudación consular, el proceso debe realizarse, en opinión de este Gobierno, en el menor tiempo posible, y esa es la razón por la que se remite un real decreto-ley con carácter de urgencia, no por la urgencia de realizar unos pagos o de satisfacer unos créditos de particulares, sino por la urgencia de responder a los requerimientos del Tribunal de Cuentas y también de aplicar al presupuesto pagos e ingresos, algunos de los cuales tienen una antigüedad superior a los diez años.
Señor presidente, tras todo lo expuesto, quisiera terminar expresando a la Cámara las medidas que este Gobierno ha tomado para evitar que puedan suceder situaciones similares en el futuro, tales como la implantación de un sistema informático de gestión económico- administrativa; la racionalización de la estructura presupuestaria y una más correcta dotación de los correspondientes créditos; el establecimiento de epígrafes presupuestarios específicos que reflejen la actuación presupuestaria en el exterior; la agilización del proceso de consignación de créditos a las representaciones en el exterior; el establecimiento de un sistema de seguimiento presupuestario en cada una de las representaciones; la racionalización del trámite de justificación de los pagos por parte de las representaciones, con reducción sustancial de los tiempos precisos para su materialización; y, por último, la implantación de un proceso rutinario de remisión de los ingresos derivados de la recaudación consular al Tesoro público, facilitando información detallada a la Agencia Tributaria de los ingresos obtenidos en cada período y la situación de los fondos que de ella se derivan.
Por todo ello creo, señor presidente, que la Cámara debe, en opinión del Gobierno, ratificar este real decreto- ley, que vendría a aplicar al presupuesto para 1998 pagos realizados durante los años 1986 a 1996, pagos que fueron financiados a través de tasas que no fueron ingresadas en el Tesoro público, y que nos permitirá cumplir con la legalidad vigente, dar una muestra de transparencia en el funcionamiento de la Administración pública y las representaciones exteriores y, al mismo tiempo, conocer en detalle el coste de la gestión exterior del Gobierno, que es importante, para que SS.SS. puedan, basándose en ello, manifestar sus posiciones respecto a las opciones presupuestarias que el Gobierno plantee de cara a su representación exterior.
Señorías, señor presidente, creo que he explicado detalladamente a la Cámara cuáles son las medidas que el Gobierno del Partido Popular ha tomado para que situaciones tan anómalas como ésta no vuelvan a producirse.
En cualquier caso, señor presidente, solicito de la Cámara el voto afirmativo a este real decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
¿Grupos que deseen un turno en contra o fijar su posición? (Pausa.) Para fijar su posición, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo votará favorablemente la convalidación del presente real decreto-ley y entiende que se debe enmarcar dentro de lo que es una corrección técnica, dentro de unos criterios técnico-contables que vienen a reajustar dentro de la legalidad la regularización de unos gastos que se produjeron en años anteriores y que ahora se ajustan, de alguna manera, en un nuevo reflejo presupuestario, de acuerdo con la legalidad vigente.


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Quiero insistir en que se trata de una mera formalización presupuestaria. El ministro de Economía y Hacienda así lo ha indicado cuando ha hecho referencia a que se trata de pagos ya realizados, ineludibles por otra parte. Cualquiera que conozca la función de las representaciones españolas en el exterior comprende perfectamente el carácter ineludible de estos gastos a la hora de realizarlos, por tratarse de la defensa de los intereses de España en el exterior y de la cooperación con países en los que nuestra imagen exterior no admitiría demoras en la realización de esos gastos, y todo ello explica esas circunstancias especiales que el propio dictamen del Consejo de Estado reconoce que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en cuanto a los gastos de sus representaciones diplomáticas y consulares.
Mi grupo entiende claramente que proceder a la regularización de estos gastos ya realizados para ajustarse a la legalidad vigente se enmarca dentro de una mera formalización presupuestaria de carácter técnico, por lo que no tiene ninguna objeción de fondo que realizar y votaremos favorablemente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, el Grupo Popular naturalmente apoyará este real-decreto, que tiene un carácter técnico-contable, pero que también tiene un significado más profundo, y permítanme que haga una pequeña referencia a lo que esto significa para el servicio exterior de España, que al fin y al cabo es uno de los instrumentos de los que dispone el Estado, el Gobierno y el Parlamento para cumplir con sus objetivos y sus finalidades en materia de política exterior y de defensa y protección de nuestros intereses.
Con este real-decreto estamos haciendo posible una política exterior más racional y más transparente, en la que se sabe finalmente lo que cuesta, lo que se ingresa y lo que se gasta, es decir, la cuantía de los medios, por lo tanto, que debemos disponer y destinar a este servicio exterior, que sin duda, como SS.SS. saben, es un servicio exterior eficaz y que cumple adecuadamente con sus objetivos; servicio exterior que además defiende y promueve un país abierto y presente en el mundo, con ambición, con objetivos, que necesita y exige los mejores instrumentos, los más fiables y eficaces posibles, para promover y defender nuestros intereses. Nuestros compatriotas son personas que viajan, que estudian, que residen, que invierten, que buscan oportunidades fuera de nuestras fronteras y que merecen y exigen, como ciudadanos con derechos y obligaciones en una sociedad plenamente democrática, que el servicio exterior esté a la altura de estas necesidades y de estas expectativas.
Estamos hablando aquí de subsanar gastos, de corregir deficiencias contables por gastos producidos hace muchos años. Son cincuenta mil gastos, pequeñas facturas que han ido sirviendo, al borde de la normalidad presupuestaria, para subsanar deficiencias, para corregir y para atender necesidades ineludibles, como ya ha sido dicho. Estos son los últimos restos; quizás a SS.SS.
4.282.495.737 pesetas les parezca poco dinero si ven los Presupuestos Generales del Estado, pero para el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido la sangre, la savia que ha alimentado esa red de representaciones diplomáticas y consulares que han debido atender necesidades, como ya ha sido dicho, ineludibles. Son los últimos restos de una Administración arcaica, que se financiaba, cuando el dinero no llegaba del Tesoro, con las tasas, con las arcas consulares, con el dinero que pagan nuestros compatriotas por las actas y los pasaportes, con el que pagan los ciudadanos de otros países por los visados, etcétera, por todos esos trámites que se realizan en las ventanillas de nuestras representaciones diplomáticas y consulares.
Señorías, esta era una situación incoherente e incongruente con los esfuerzos de modernidad, de racionalidad y de transparencia que han presidido y presiden la administración de las finanzas del Estado. Como la Administración exterior al servicio de esa política exterior no podía seguir siendo un instrumento atípico, alejado de la normalidad de las cosas, que funcionaba en un circuito cerrado y distinto de los esfuerzos de modernización y clarificación de las finanzas del Estado, el Gobierno presenta este real-decreto.
Me permito señalar a SS.SS. que este real-decreto contiene un sistema de control muy estricto, en el que no solamente la Intervención delegada de Hacienda en el Ministerio de Asuntos Exteriores sino también el Tribunal de Cuentas han establecido un procedimiento muy severo para fiscalizar las cuentas y para controlar las facturas, recibos, documentos justificativos y, en casos excepcionales y debidamente justificados, las certificaciones de los jefes de representación. Se trata de facturas y recibos que vienen de todas las partes del mundo y que presentan dificultades específicas que SS.SS entienden sin duda. Ya no podemos seguir diciendo aquello que se decía a los viejos embajadores de España: vaya usted y arrégleselas como pueda. O como le decían a un viejo jefe mío: ya que le hago a usted embajador, no pretenderá que le dé los medios suficientes para realizar dignamente su función.
Decía el cardenal Mazarino que antes de imponer una innovación había que plantearse cuatro preguntas: primera, si era provechosa o perjudicial; segunda, si seríamos capaces de imponerla; tercera, si estaba de acuerdo con nuestra naturaleza, con nuestra política y con nuestras propuestas -en este caso del Parlamento- y en último lugar si tendría la estima de aquellos a los que puede afectar. Con este real-decreto, al que el Grupo Parlamentario Popular dará su apoyo, no sólo tendrán respuesta positiva estas cuatro preguntas, sino que además se lo agradecerán muchos embajadores y cónsules -desesperados por carecer de los medios adecuados- por moverse con una contabilidad finalmente

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liberada de esta pesada carga arrastrada durante largos años. Desde luego estoy seguro de que se verá recompensado por una mayor eficacia, transparencia y adecuación a los objetivos y principios de la política exterior española, reflejada por estas nuevas medidas propuestas por el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Robles Fraga.


- REAL DECRETO-LEY 11/1998, DE 4 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS BONIFICACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE INTERINIDAD QUE SE CELEBREN CON PERSONAS DESEMPLEADAS PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES DURANTE LOS PERIODOS DE DESCANSO POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO (Número de expediente 130/000053).


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vamos a iniciar el debate correspondiente a la convalidación o en su caso derogación del Real Decreto- ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los periodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, con satisfacción consumo el turno de presentación del Real Decreto-ley 11/1998, que se refiere a lo que se ha venido conociendo en el tratamiento informativo como coste cero en los contratos de interinidad por sustitución, promovidos al amparo de los permisos en los supuestos de maternidad, adopción y acogimiento. Y digo con satisfacción, porque este real decreto-ley, pendiente de lo que decida hoy el Congreso de los Diputados, viene a significar la remoción de un obstáculo que constituía en sí un hecho objetivo a la hora de poder hablar con certeza de lo que significa la igualdad del hombre y la mujer ante el mercado de trabajo. También digo que con satisfacción porque es rigurosamente cierto que prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios, con particular insistencia por parte del Grupo de Convergència i Unió, ha instado a que tomáramos esta medida, ya fuera por la vía de una decisión del Ejecutivo o en el propio ámbito de la discusión parlamentaria.
Ha habido distintas iniciativas en el debate del estado de la Nación, algunas de ellas -como he dicho- de Convergència i Unió, reiteradas en varias ocasiones; también es cierto que el resto de los grupos parlamentarios, ya sea en el Congreso o en el Senado, con matices distintos han planteado la posibilidad de este coste cero que evita la doble cotización para los supuestos de contratos por las dieciséis semanas en que se produce de forma generalizada el permiso por maternidad -pueden ser dieciocho en el caso de partos múltiples- y también en los supuestos concretos de adopción y de acogimiento.
Señorías, al Gobierno le ha parecido que la discriminación que todavía tenemos en España ante el mercado de trabajo entre los hombres y las mujeres y que la discriminación que todavía existe en España en los tipos de empleo que se ofrecen a hombres y mujeres -gran parte de los trabajos profesionales están masculinizados y todavía existe discriminación en cuanto a los salarios por el mismo trabajo entre hombres y mujeres- eran razones suficientes para justificar la aprobación del real decreto-ley que hoy se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados.
Señorías, esta decisión responde también a la ejecución del Plan de empleo de 1998 que el Reino de España presentó ante la Unión Europea y se corresponde con el bloque de medidas en torno al III Plan de igualdad de oportunidades y tengo que decir de forma expresa que la decisión de este real decreto-ley fue consultada previamente con las organizaciones empresariales y sindicales, que si bien es cierto que plantearon algunas matizaciones, globalmente dieron su apoyo y su visto bueno a la propuesta.
A diario hablamos sobre la igualdad de oportunidades de la mujer y ojalá que pronto no haga falta en España ningún tipo de plan de igualdad de oportunidades, pero lo cierto es, señorías, que tras el desarrollo de nuestra Constitución, que no distingue entre hombres y mujeres, sino que elimina y plantea una posición muy firme frente a la discriminación por motivos de sexo y habla de ciudadanos, se han producido cambios legislativos que nos permitirían hoy hablar de la igualdad de oportunidades en lo que es el terreno jurídico y en el ámbito del derecho. Sin embargo, la igualdad de oportunidades nunca estará conseguida hasta que no sea una igualdad de hecho, y si esta no se produce en torno al mercado de trabajo, la igualdad real de oportunidades, en nuestra opinión, será una mera entelequia.
Pues bien, señorías, aunque en los últimos veinte años en España las mujeres han supuesto un 80 por ciento de la nueva población activa, tenemos que reconocer que por razones económicas, por razones sociales y también por razones políticas, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo coincide con nuestro sistema democrático, coincide con nuestra etapa posconstitucional y ello ha supuesto que en relación a otros países de la Unión Europea la mujer española, en ningún caso por razones imputables a ella, tenga veinte o treinta años de retraso en la incorporación al mercado de trabajo, de tal suerte que hoy cuando hablamos del problema del desempleo estamos hablando de un problema real para todos, pero sobre todo y de forma muy especial el problema que tiene la sociedad española es

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de desempleo femenino. Si hablamos de tasa de paro registrado, si hablamos de tasa de desempleo en términos de encuesta de población activa, podemos afirmar, por cierto, que hoy ya el desempleo en España no es el doble que en la Unión Europea. Sin embargo, tenemos que seguir afirmando -por eso no cabe ningún tipo de triunfalismo- que el desempleo femenino todavía es el doble que el masculino. De hecho, si tuvieran ustedes la oportunidad de analizar la evolución del empleo en las distintas provincias de España, verían que en más de veinte la tasa de desempleo en los hombres está muy por debajo de la tasa de desempleo de la Unión Europea. Sin embargo, prácticamente en la totalidad de las provincias españolas la tasa de desempleo femenino está por encima de la tasa de la Unión Europea.
En ese sentido, si hoy el Congreso de los Diputados convalida este real decreto-ley, en mi opinión se está removiendo un obstáculo que impide esa igualdad real, ya que el empresario ha tenido miedo a contratar mujeres, conocedor de que si se producía la sustitución por el permiso de maternidad o de paternidad -es posible que el hombre coja cuatro semanas de ese permiso; lo que sucede es que en España ese supuesto tan sólo se está dando desgraciadamente en un 2 por ciento de las situaciones de maternidad, adopción y acogimiento-, debía hacer frente a una doble cotización social. Por tanto, tiene que desaparecer el miedo de los empresarios a contratar mujeres por la doble cotización.
En segundo lugar, esta medida también contribuye a dar solidez a la libertad de la mujer. Muchas mujeres en España han retrasado la maternidad o han renunciado a la misma porque eran conscientes de que ese hecho objetivamente o dificultaba su incorporación al mercado de trabajo o bien impedía su continuación en el puesto que estaba desempeñando. Por tanto, que desaparezca ese miedo al contrato de las mujeres y que desaparezcan también algunos tópicos. Señorías, no es cierto que el absentismo laboral se dé más en las mujeres que en los hombres. Lo hemos oído muchas veces.
Sin embargo, todos los estudios técnicos certifican que no es así y que incluso las tasas de absentismo de la mujer están por debajo de las de los hombres.
Esta me parece una medida de cierta importancia, pero no puede ser la única. Recientemente, hemos aprobado una orden ministerial sobre el apoyo en una reducción del 60 por ciento de cotizaciones de Seguridad Social para el empleo estable de las mujeres. Quiero anunciar a la Cámara que pronto adoptaremos una medida por la que se establece que al menos un 50 por ciento de las ofertas de formación profesional en aquellas ocupaciones en que no está la mujer sean ofrecidas a las mujeres y quiero anunciar también a la Cámara que el Gobierno pronto aprobará un proyecto de ley de conciliación de vida familiar y vida laboral. Fíjense que he hablado de un 2 por ciento de hombres que solicitan las cuatro semanas que les permite la ley de las dieciséis que se contemplan; pues bien, el que hoy no exista un reparto equitativo en las cargas familiares entre hombre y mujer está dificultando también de forma muy clara la incorporación plena de la mujer al mercado de trabajo.
Señorías, anualmente, se producen España en torno a 150.000 permisos por maternidad, adopción y acogimiento.
Hasta ahora, solamente se están celebrando contratos de sustitución en torno a un 9 ó 10 por ciento de esos permisos. Quiero decirles que el Gobierno con esta medida, que recoge el sentir también de los grupos parlamentarios, como he dicho, pretende que en el próximo año de vigencia plena de la misma se pueda llevan a cabo un 25 por ciento, según nuestra estimación, de contratos de sustitución, y en ese sentido se concibe la medida como una política activa de empleo, que será financiada con cargo a los presupuestos del Inem y que en la evaluación económica que hemos hecho supone un importe aproximado a los 10.800 millones de pesetas.
Quiero terminar, señor presidente, diciendo que también nos hemos preocupado en la elaboración de este real decreto-ley en tomar determinadas precauciones.
En este sentido, se adoptan decisiones en lo que se refiere a la contratación en los ámbitos familiares como medidas preventivas para posibles fraudes. Entendemos que no tiene sentido la ida y vuelta de las bonificaciones entre los contratos de las administraciones públicas y que tampoco deben contemplarse en este real decreto-ley los contratos de puesta a disposición, que no tienen sentido en estos supuestos de sustitución por dieciséis semanas.
En fin, señorías, creemos que damos un paso adelante.
Desde 1929, en que se establece en el marco de la legislación el seguro de maternidad, hoy se remueve un obstáculo muy importante y entendemos que el real decreto-ley es una pieza básica para caminar en la dirección que todos deseamos, la igualdad real de oportunidades y la eliminación de la discriminación en el mercado de trabajo.
El Gobierno quiere compartir esta decisión con los grupos de la Cámara que la han instado y por supuesto con los agentes sociales que a través del diálogo social, imprescindible para afrontar los problemas de nuestra sociedad, globalmente han dado, con algunas matizaciones, su visto bueno a esta propuesta de real decretoley que aprobó el Consejo de Ministros y que hoy solicito a la Cámara que convalide.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, compartimos plenamente el objetivo que se persigue

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con este real decreto-ley, que es fomentar la sustitución de las mujeres y hombres que ejerciten el permiso por maternidad-paternidad, y a tal fin se instrumenta la medida que se ha conocido como cuota cero, consistente en que no se gravará al empresario por la seguridad social de la persona a la que contrate en sustitución de quien ejercita el derecho.
Nosotros creemos que esta es una medida que tiene una finalidad concreta, y aceptamos esa filosofía, aceptamos, como decía, el objetivo que se persigue con la misma y por lo tanto vamos a votar a favor de este real decreto-ley. Creemos, no obstante, que sería bueno que se produjera su tramitación como proyecto de ley, con el objetivo de que ese consenso social sustancial a que ha aludido el señor ministro en su intervención se completara -estoy seguro de que será así- con un consenso político, y con eso seríamos respetuosos con el espíritu y la filosofía del Pacto de Toledo que debe presidir cualquier medida relativa a la Seguridad Social, y ésta lo es sin lugar a dudas. Nosotros creemos que en ese ámbito del proyecto de ley se podrían abordar algunas matizaciones que consideramos -y es la opinión que tenemos al día de hoy en Nueva IzquierdaIniciativa per Catalunya, abiertos a confrontarla y a consultarla con las opiniones de los otros grupos- que podrían contribuir a mejorar el texto literal de este real decreto-ley.
Por ejemplo, si estamos hablando de contratos de interinidad, que tienen una causa fija en su origen y en su final, todos sabemos que cuando se toma un permiso por maternidad el mismo puede no tener una duración exacta, porque puede haber algún tipo de complicación.
¿Sería posible no tener esa limitación de las dieciséis semanas, sino que durara lo que dure exactamente la interinidad, puesto que es un contrato causal que la Seguridad Social puede controlar en su origen y en su final, en la medida en que sabe lo que dura el proceso de incapacidad temporal o de maternidad de la trabajadora o trabajador sustituido? Segunda cuestión, a la que en alguna medida ha contestado el señor ministro en su intervención, pero que nos sigue suscitando dudas. Dice que se excluye a la Administración pública porque no parece oportuno la ida y la vuelta de las bonificaciones. No es menos cierto, señor ministro, que aquí estamos pensando también en que se contrate a personas, y si no tiene la obligación de pagar la cuota, la Administración puede pensar en contratar a una persona. Si prevé el coste, a lo mejor no la contrata. Podríamos discutir esto y ver si el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, se anima a contratar a una persona porque no tiene que pagar cotización, aunque al final la pague el Estado vía Inem, pero lo bien cierto es que se contrata a una persona. A lo mejor es un objetivo que podemos pensar que vale la pena en un momento determinado.
Son detalles concretos que desde Nueva IzquierdaIniciativa per Catalunya nos gustaría debatir con las otras fuerzas políticas y con el propio Gobierno, que podría comparecer en la tramitación de ese proyecto de ley y explicarnos detenidamente sus previsiones y sus razones para defender este texto, y estoy convencido de que ese consenso político vendría a complementar el consenso social.
En definitiva, vamos a votar a favor tanto de la convalidación como de la tramitación como proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Sean también mis palabras, como decía el ministro de Trabajo, señor Arenas, para decir que intervengo con satisfacción, en el sentido de que adelanto ya que vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, en primer lugar porque tiene una sujeción estricta a un principio de justicia social que ya es de honda tradición en la política española; aunque nace en 1929, en la dictadura de Primo de Rivera, ya hay en la sociedad española una toma de conciencia de la protección de los derechos de la mujer embarazada: los principios del seguro de maternidad. Hoy, en plena democracia, recogemos también una realidad. Frente a esa práctica igualdad estadística entre hombres y mujeres a la hora de acudir a los puestos de trabajo, existe una penalización que sufre la mujer en general y también la sufre la mujer a la que se le ocurre ir a un puesto de trabajo y decir que está casada, porque las estadísticas del Ministerio de Trabajo y de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran que se produce una discriminación entre la que opta a un puesto de trabajo soltera y la que declara que es casada.
Esto hace que tengamos que corregir esa desigualdad.
Al mismo tiempo, como bien ha señalado el ministro Arenas, hay que evitar esa penalización al sistema laboral español, al empresario, con la doble cotización, algo que no estaba previsto y que suponía una especie de obstáculo fundamental a la hora de generar una dinámica de colocación, aunque sea por la vía de contratos de interinidad.
Hay también un valor de sujeción al orden jurídico, y lo digo al hilo de las palabras que acaba de pronunciar el señor Peralta, en este principio justo y necesario, y es el de someterse al imperativo del Estatuto de los Trabajadores, no salirnos ahora del artículo 48 y el punto 4. Vamos a ver qué comportamiento hay para que se puedan hacer excepciones, que serán siempre marginales, sobre el período de las dieciseis semanas.
Vamos a ir de orden jurisdiccional en orden jurisdiccional en este principio de legalidad. En la declaración fundamental del artículo 1 del texto se define todo para la bonificación del cien por cien de la cuota empresarial.
Aprovecho para felicitar el sentido que ha tenido el señor ministro de que frente a opciones de rebajar el

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75 o el 60 por ciento, como ha habido especulaciones al respecto, se haya optado por una decisión firme de ir al cien por cien de la bonificación, y le felicito por ello. Las garantías de exclusión que trae el artículo 2 intentan evitar una picaresca de sustituciones al amparo de familia, de consanguinidades encubiertas, etcétera, porque hay una especie de nepotismo interno en la sustitución del puesto de trabajo. También incluye los contratos celebrados por las Administraciones públicas y sus organismos autónomos, en los que hay una regulación fija de plantilla y no es una empresa privada que necesita seguir atendiendo aquel puesto de trabajo.
Por todas estas razones, porque responde a estos principios políticos de justicia social, porque responde a unos principios constitucionales, haciéndolos realidad pragmática y pasando de un derecho puramente formal a un derecho real y por tener que dar respuesta aquí a una demanda social, que honra al ministro y a la línea política que aquí todos apoyamos, vamos a dar nuestro voto favorable. Esperamos que siga su buena andadura y por nuestro grupo no habrá ninguna reticencia, relativa a la financiación que aquí se contempla, con fondos al Inem o a cualquier otra vía administrativa, según la propuesta que haga el Gobierno, si hay insuficiencia de fondos y hay que dotarlo, en ofrecer nuestros votos favorables.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, reconociendo el avance parcial que supone, excluye la posibilidad de que, si en estos supuestos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento son disfrutados por los trabajadores o por las trabajadoras de las cooperativas, los contratos de interinidad que puedan realizar las cooperativas para sustituir a los trabajadores y a las trabajadoras, no pueden acogerse a los incentivos, a diferencia del supuesto de que fuera un trabajador o una trabajadora por cuenta ajena quien los disfrutase, en cuyo caso los contratos de interinidad se beneficiarían de los incentivos.
Este real decreto, en lo que hace referencia a las cooperativas y a algún otro sector social, tiene un tratamiento discriminatorio, no permitiéndoles utilizar elementos incentivadores del empleo, lo que sorprende cuando todos los agentes sociales, incluidos los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, están reconociendo permanentemente en público el importante papel que desempeñan las cooperativas en la creación de empleos estables.Por todo ello, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), queremos preguntar al señor ministro el porqué del trato discriminatorio a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas dadas en este real decreto, así como algunos otros sectores de trabajadores y trabajadoras.
Por eso, pedimos que se tramite como proyecto de ley con el fin de poder enmendar este trato discriminatorio para un importante sector de trabajadores y trabajadoras.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.


La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nos encontramos ante una importante medida destinada a combatir la discriminación laboral entre hombres y mujeres, a conciliar la vida laboral y familiar y a favorecer la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
Nuestro grupo, el Grupo Catalán de Convergència i Unió, no puede menos que congratularse y felicitar al Gobierno por esta medida, de la cual se siente corresponsable.
En efecto, señorías, ya en el año 1991, en el Senado, concretamente el 5 de diciembre, nuestro grupo presentaba una interpelación sobre las medidas a llevar a término para exonerar a las empresas de la cotización a la Seguridad Social correspondiente a las trabajadoras en situación de permiso por maternidad. A partir de aquí, medidas como abolir el concepto de incapacidad laboral transitoria en el tratamiento del permiso por maternidad o las proposiciones de ley de regulación del permiso parental y maternal han sido una actitud constante de nuestro grupo en la política de igualdad de oportunidades.
Señorías, el fomento de la igualdad en una economía cambiante requiere la integración de las políticas de igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la planificación y política económica. La evolución de la estructura demográfica, la composición de los hogares y los tipos de familia requieren nuevas respuestas que se correspondan con las nuevas condiciones de vida.
La organización de la sociedad está desfasada con respecto a estos cambios. El desafío de finales del siglo XX es proponer soluciones viables para la conciliación de la vida laboral con las necesidades familiares, domésticas y personales.
Señorías, el aumento de la participación de la mujer en el mercado del trabajo es una de las características más importantes de nuestra época, que, sin embargo, no está exenta de problemas, pero afortunadamente existe un consenso cada vez más generalizado respecto a la necesidad de adoptar medidas que faciliten la conciliación del trabajo remunerado y las tareas de cuidados,

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tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Hay una demanda cada vez mayor para que sea posible compatibilizar el empleo remunerado y los cuidados, no remunerados, y que se garantice mayor flexibilidad de los sistemas de trabajo. Asegurar la compatibilidad de las obligaciones familiares y profesionales en la vida de cada individuo es uno de los retos principales del nuevo contrato social. La mujer ha tenido que reorganizar su propia vida para afrontar funciones profesionales y familiares, en buena parte incompatibles, y algunas medidas fiscales y sociales van en contra de un reparto justo de estas responsabilidades.
El Estado debe procurar el mantenimiento de los derechos y prestaciones, pero también evitar trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En relación con esto, los incentivos o los obstáculos fiscales pueden influir en el índice de participación de las mujeres en el mercado laboral.
Por esta razón, felicitamos al Gobierno por este decreto-ley, consecuencia de una enmienda presentada por nuestro grupo, consensuada en los últimos Presupuestos Generales del Estado, que facilita la contratación laboral de las mujeres. Con todo ello, no hacemos más que poner en práctica la Directiva europea 76/207 sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia laboral.
Señorías, a menudo hay reticencias en la contratación de mujeres porque la maternidad comporta sustituciones, permisos, etcétera, pero la maternidad no es un problema, es un beneficio social y, como tal, el Estado debe contemplarla. Se ha de realizar cambios legales, pero también cambios de actitudes, es un problema estructural, de cambio estructural. Solventar estas problemáticas estructurales necesita la colaboración de toda la sociedad y, por su parte, el Estado, desde una amplia serie de opciones políticas, debe aportar las novedades necesarias para el apoyo del hogar y la familia y, a la vez, facilitar la incorporación de las mujeres en el mundo laboral.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, comparto plenamente la satisfacción de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra a la hora de comentar nuestra posición sobre este real decreto que pretende la bonificación total de las cuotas de los contratos de interinidad y sustitución para los períodos de descanso por maternidad o adopción y acogimiento. Creemos que es un avance, lo saludamos como tal y estamos de acuerdo con la intención, incluso con el contenido fundamental del real decreto-ley. Por tanto, sin duda alguna, vamos a votar favorablemente la convalidación del mismo.
Este real decreto va a ayudar a que vaya avanzando, por un lado, la remoción de obstáculos reales para la contratación por parte de los empresarios y, por otro lado, qué duda cabe, también a la eliminación progresiva.
Es un primer paso, después de otros muchos, para ir eliminando los fetiches que la imaginación de la cultura patriarcal ha ido introduciendo en nuestra sociedad en general y en las relaciones laborales en el mundo de trabajo en particular. Creemos que es muy importante que se vayan dando estos pasos para la plena igualdad laboral entre los hombres y las mujeres y, por tanto, ayudar a la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que es la condición objetiva en función de la cual puede ir progresando esta igualdad. Ya no va a haber, por tanto, excusas o justificaciones por parte de los empresarios para poder realizar la contratación de las mujeres. Creemos que esto es muy importante y coincidimos en que es el objetivo fundamental. Sin embargo, creemos que cuatro ojos ven más que dos -debe usted convenir conmigo, señor ministro, que eso es así- y, por ello, nos gustaría y pedimos ya que se tramite como proyecto de ley este real decreto. Queremos discutir distintos aspectos, entre los que le voy a mencionar alguno de ellos que, a bote pronto, hemos podido ver en el real decreto. Queremos hablar de la financiación, queremos hablar de la fuente de financiación de esta mejora. Señor ministro, no vamos a facilitar -creo que ya lo sabe por nuestras intervenciones en otros aspectos- el que la potenciación de las políticas activas, por ejemplo ésta, se realicen en detrimento de la financiación de políticas pasivas.
No vamos a facilitar el traspaso de partidas presupuestarias de las políticas pasivas a políticas activas; ésa es nuestra posición. Sabe usted que hemos estado discutiendo muy recientemente la cobertura por desempleo y, más allá de las posiciones de todos nosotros, lo cierto y verdad es que esa cobertura por desempleo es un derecho constitucional, el que haya rentas sustitutivas del salario en la situación de paro, por tanto, de no percepción de rentas salariales. Sabe que la protección social al desempleo es un derecho constitucional al que no vamos a renunciar, por mucho que determinadas filosofías digan que eso puede potenciar una cierta desincentivación de la búsqueda del empleo. Como no estamos de acuerdo con eso, creemos que la cobertura por desempleo, objetivamente, es insuficiente en nuestro país y vamos a potenciar la filosofía de que haya un incremento de financiación para las políticas activas; ¡chapó!, no hay problema pero, al mismo tiempo, que no sea incompatible con un incremento de la financiación de las políticas pasivas.
Ése es el primer tema que queremos seguir discutiendo y tener la ocasión, al menos, de modificar ese aspecto de su real decreto-ley.
Por otro lado, hay matices que son importantes.
Señorías, ¿quién va a sustituir al que se acoja al descanso? Habría que intentar que esta medida, que es buena

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en sí, no sirviese al mismo tiempo para desequilibrar lo que es la proporción de ocupación entre el hombre y la mujer. A lo mejor, en este sentido, habría que dar algún matiz o condicionamiento en la ley que facilitase el que las mujeres fuesen sustituidas por mujeres.
Además, hay que ahondar en un aspecto que aparece en el real decreto ley, y es la exclusión de las administraciones públicas. Hay un entramado psicosocial, una cuestión cultural, por el que se produce un postergamiento de la mujer en el puesto de trabajo, no sólo a efectos de la ocupación, sino de la promoción profesional.
Incluso en las Administraciones públicas es necesario aprovechar todas las ocasiones para ir resolviendo ese tema. Estamos en condiciones de hacerlo no excluyendo a las Administraciones públicas, porque, por ejemplo, los laborales o los temporales son contratados por ellas; habrá que discutir cómo se hace. En este sentido, pretendemos enmendar el real decreto-ley para potenciar que el conjunto de la contratación implique ayudas y la bonificación que desarrolla este real decreto-ley.
En este sentido, no hablamos de más elementos porque ya los han propuesto otros grupos parlamentarios.
Nosotros, con el apoyo firme de Izquierda Unida a este real decreto-ley y a la medida que contempla para facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, queremos que se tramite como proyecto de ley para poder modificar aspectos que consideramos muy importantes también.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vaquero del Pozo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene una posición favorable a la convalidación de este decreto-ley, no sin reiterar, una vez más, desde esta tribuna nuestra denuncia del uso abusivo, señor ministro, que su Gobierno viene haciendo de este instrumento legal. Aunque desde la literalidad constitucional es un instrumento legislativo de extraordinaria y urgente necesidad, su reiterada práctica lo ha convertido en un método habitual de regulación de materias reservadas a la ley, con lo que ello supone de la subordinación del Parlamento y de SS.SS. , representantes de la soberanía popular, a los intereses coyunturales de su Gobierno. Y, aunque teóricamente el recurso al decreto- ley pudiera estar justificado en este tema para tratar de evitar los posibles efectos perjudiciales que se produjeran desde la aprobación del proyecto hasta la entrada en vigor de la ley, eso no hubiera ocurrido, señor ministro, si su grupo hubiese apoyado las iniciativas legislativas que por dos veces le presentamos los socialistas.
Nuestro apoyo a la convalidación de este decreto-ley se justifica porque las decisiones que se toman son la continuidad lógica de un conjunto de medidas legislativas y de políticas que a lo largo de los años de gobierno socialista se vinieron adoptando para conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos, y muy en especial en el ámbito laboral. Se trata, por consiguiente, de una medida más -y nos alegra, señor ministro, aunque no sea de las más importantes-, consecuente con un proceso histórico, a alguna de cuyas líneas básicas se ha referido el ministro, y yo quisiera también mencionarlas para ver en qué momento nos encontramos.
En 1982, la situación de la mujer en nuestro país en relación con el mercado de trabajo no era muy distinta a la de diez años antes. La tasa de actividad era prácticamente la misma que en 1973 y el nivel de cualificación y empleo de las mujeres era muy bajo. Transformar esa realidad exigía un proceso de cambio radical, no sólo desde el punto de vista legislativo, sino también desde el de las políticas activas o de transformación de la sociedad; así se hizo y la situación empezó a cambiar. De modo que entre 1986 y 1996, la tasa de actividad femenina aumentó en nuestro país un 32 por ciento, mientras, por ejemplo, en Francia, en el mismo período había aumentado sólo un 4,8 por ciento, y menos aún en otros países de la Unión Europea. En buena parte fue así, porque se tuvo en cuenta que en el campo concreto de la igualdad efectiva la pieza clave está en las políticas educativas y formativas. Ése ha sido y debe ser, en opinión de mi grupo, el pilar de sustentación de cualquier política comprometida en materia de igualdad, y así se ha hecho; quiero recordar sólo dos datos. Cuando nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, España gastaba en políticas educativas, en términos de PIB, el 73 por ciento de la media que se invertía por ese concepto en Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido. En 1995 gastábamos ya el 95 por ciento de esa media y más que en Alemania e Italia.
Yo creo que el dato es relevante si atendemos a que ya se había conseguido la paridad efectiva de sexos en el alumnado o que en 1995 el número de mujeres universitarias superaba al de varones universitarios, lo cual tuvo un efecto inmediato en el aumento y cualificación de la población activa femenina.
Otro dato clarísimo es que, mientras que en la población activa masculina tiene estudios superiores el 18,36 por ciento, en la población activa femenina el nivel de formación es del 25,48 por ciento; o, lo que es lo mismo, mientras que el 37,15 por ciento de los hombres activos tienen como máximo estudios primarios, en las mujeres se reduce al 30 por ciento. Sin embargo, con estas cifras la realidad social dista aún de ser equitativa.
Señorías, resulta un disparate que, estando como está mucho mejor formada la población activa femenina que la masculina, el porcentaje de paro de las mujeres sea un 93 por ciento mayor que el de los hombres.
Es un disparate en términos constitucionales y equitativos, lo cual es gravísimo, pero también lo es en términos de eficiencia y de competitividad, lo cual es peligrosísimo, porque no hay ningún país que pueda permitirse este despilfarro. Y si la realidad social no

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está a la altura siquiera de lo que se legisla, tendremos que tomar medidas para corregirlo, porque las políticas legislativas y las políticas activas, señor ministro, no han agotado sus posibilidades.Este real decreto es, sin duda, un avance en esta dirección y nos alegramos y, por eso, vamos a votar a favor de su convalidación. Es verdad, señor ministro, pero tengo obligación de recordarle que podría haberse hecho mucho antes, si su grupo hubiera votado a favor de la moción que en marzo de 1997 presentamos los socialistas en el Senado o si hubiera votado a favor la enmienda que introdujimos a la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 1997, que proponía exactamente lo mismo que este real decreto. Por dos veces nos dijeron que no. Yo espero que en esta ocasión su grupo cambie su voto y apoye la medida que el Gobierno trae aquí. Por tanto, yo solicito al Grupo Popular que cambie el sentido del voto que ha tenido en los años anteriores.
Señoría, la diferencia de sexo no puede ser causa desigualdad. Decir esto en el umbral del siglo XXI me resulta tan anacrónico como necesario, porque estamos asistiendo a una asimetría entre los esfuerzos del Legislativo, para hacer efectiva la igualdad entre los sexos, y el enquistamiento de comportamientos sociales discriminatorios en núcleos poderosos de la sociedad, y no es posible seguir conviviendo con esta permanente vulneración de principios constitucionales que se produce, señor ministro, con contumacia en el mundo de la empresa. Algo más que leyes vamos a tener que hacer y alguna imaginación tendremos que poner en nuestra tarea legislativa; imaginación -y por qué no decirlo- y un poco más de coerción en los núcleos de resistencia.
He escuchado al señor ministro decir que esta medida va a ir seguida de otras más que tratarán de conseguir una mayor inserción laboral de las mujeres no profesionales en profesiones y oficios en los que están subrepresentadas; me ha parecido entenderle también que para conseguir una mayor presencia de la mujer en estos empleos va a subvencionarse su coste con dinero público. Tiempo tendremos para ver tales medidas en esta Cámara.
Por ahora sólo desearía hacer una reflexión que quisiera que el Gobierno se formulase a sí mismo. Hay un dato hiriente de la realidad, señor ministro, y es el que nos dice que en España la mujer a igual trabajo que el hombre cobra el 30 por ciento menos que él. Es tremendo que esto siga ocurriendo y lo que me indigna sobremanera es que esto suceda contra toda lógica económica, puesto que esta discriminación contradice los principios básicos de funcionamiento del mercado. Por eso, yo quisiera, señor ministro, decirle que hay que seguir adoptando medidas de acción positiva; estamos radicalmente a favor de las medidas de acción positiva- en la conciencia de que ellas tienen que ser transitorias y por sí solas tampoco son suficientes, porque, si no, corremos un riesgo. Por ejemplo, ahora está muy bien como medida de acción positiva hacer más baratos para los empresarios los contratos de las mujeres, pero tiene que ir acompañado de otra cosa porque, si no, podemos correr el riesgo de consolidar legalmente una injusticia y un disparate en términos económicos; eso tiene que ir acompañado de otras medidas. Yo creo que tendremos tiempo de desarrollar esta reflexión y otras. Por el momento la dejo sobre su escaño, señor ministro. Para terminar le añado una sugerencia en relación con este tema: ¿por qué no establece planes de actuación concretos de la Inspección de Trabajo que sean más efectivos para vigilar y sancionar la forma de discriminación por razón del sexo? Porque las medidas coercitivas son necesarias.
Ya termino. El Grupo Socialista quisiera que este decreto-ley se tramitara como proyecto de ley. Hay algunas cosas que nos parece que podrían mejorar, pero sobre todo queremos que quede más claro de lo que está que toda bonificación de cuotas vaya a ser compensada como fuente de ingresos contributivos en la Tesorería de la Seguridad Social. Son ya demasiados los instrumentos de fomento del empleo, mediante bonificación de cotizaciones sociales, utilizados por el Gobierno y empieza a preocuparnos la estabilidad del sistema contributivo y el cumplimiento en su literalidad del Pacto de Toledo.
Por otra parte, hay otro tema que no quiero dejar de mencionar. Creemos que con las medidas que se establecen en este decreto se debe bonificar no sólo la creación de empleo, sino sobre todo la no discriminación, y yendo más lejos, para el fomento de oportunidades de empleo para la mujer. En este sentido, queremos que la exención total sólo se lleve a la práctica en el supuesto de contratación de una mujer para sustituir a quien ejercite el derecho a descanso por maternidad.
Termino como empecé. Señorías, vamos a votar a favor de la convalidación y esperamos desde el Grupo Socialista que el Grupo Popular vote hoy de forma distinta a como lo hizo en el año 1997 para que esta medida del Gobierno cobre plena virtualidad. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Fernández de la Vega.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Seller.


La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con el Real Decreto-ley 11 de 1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan los contratos de interinidad que se celebran con personas desempleadas.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, enhorabuena, a usted y al Gobierno, por su decidido impulso en materia de políticas de igualdad. Tenga usted la absoluta certeza de que miles de mujeres y hombres hoy aprecian su política de eliminación de barreras para conseguir esa igualdad real que, en particular, todas nosotras reclamamos.
No cabe la menor duda, señorías, que es en el ámbito laboral donde las mujeres somos más víctimas de las

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discriminaciones. Es algo que a lo largo de nuestra existencia hemos tenido que padecer, aunque siempre y desde luego lejos de toda resignación. Nuestra condición de mujeres ha generado siempre reservas a la hora de acceder al mercado laboral. Son muchas las veces en las que, para lograrlo, incluso para conseguir llegar a donde queremos, hemos tenido que renunciar a la maternidad, eligiendo, sí, pero no con la libertad que tiene el que escoge sin temer perder nada a cambio.
Por ello, uno de los principales problemas que arrastra el mercado de trabajo español es la inferior participación de la mujer en el mercado laboral, producido sin duda por su tardía incorporación, que aunque haya experimentado en la última década un importante crecimiento, no deja de ser inferior a los ratios masculinos.
En la actualidad, señorías, el número de mujeres que tiene un empleo representa tan solo el 55 por ciento de los hombres ocupados. Por eso, señorías, resulta tan importante el asunto que venimos a tratar hoy aquí, porque no es suficiente que sólo una parte de la sociedad, sabiendo que somos históricamente destinatarias de desventajas, aspire a conseguir la igualdad. Es necesario contar con la voluntad y con el compromiso de todos, y si me lo permiten SS.SS., incluso con la complicidad de toda la sociedad.
Nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos nos demandan que aquellos y aquellas que estemos dedicándonos a la Función pública hagamos iniciativas cuyo contenido no quede sólo en música y letra, sino que sean realistas y ambiciosas. El contenido del real decreto al que estamos haciendo referencia tiene esos dos factores, el del realismo y el de la ambición, y adopta medidas que, previamente deliberadas, benefician a la mujer y al conjunto social, medidas que salvan, medidas que superan todos los obstáculos, o al menos los que vamos encontrando en el camino, que impiden el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y que están reflejados en el Plan de empleo del Reino de España y en el tercer Plan de igualdad, elaborados ambos por el Gobierno de Aznar y en total sintonía con las directrices europeas.
Los efectos del real decreto lejos de quedar, como he dicho antes, en pura letra y música, están cargados de un profundo concepto de equidad, porque no pretende beneficiar a unos para perjudicar a otros, ni está en su ánimo otra cosa que no sea el bien común. De tal forma que en el contexto que se regula existe una verdadera identidad entre Derecho natural y Derecho positivo. Ello es sin duda, señorías, lo que justifica el carácter social de la norma, que lleva implícito un sentido práctico, que excuso decir cuán beneficioso es para el conjunto de la sociedad, un conjunto del que las beneficiarias vamos a ser las mujeres españolas paradas, porque se va a dinamizar el empleo femenino, ya que neutralizan los inconvenientes de una posible maternidad para el acceso al mercado de trabajo, las mujeres ocupadas asalariadas, sobre todo las que están bajo un contrato temporal, al posibilitar que su maternidad no sea un inconveniente que suponga la no renovación del contrato. Y, sin duda alguna, los hombres, los trabajadores ocupados, especialmente los asalariados, que podrán acogerse al disfrute del permiso por maternidad, sin que ello conlleve temor alguno por la no renovación del contrato, al no resultar un perjuicio para la empresa. Y ello lo digo, señorías, al observar el bajo porcentaje de varones que hacen uso del permiso por maternidad; hoy está situado en torno al dos por ciento con respecto al de la mujer. También a ellos les asiste la norma, porque también para ellos es importante, y cada día más obligada, la conciliación de la vida familiar con la laboral. Por eso, señorías, he hablado de complicidad.
¿Y quién más va a resultar beneficiario, quién más va a resultar beneficiado de este real decreto? Pues también 40.000 personas desempleadas al año, que es el número de contratos de interinidad que se calcula que se celebrarán en sustitución de personas trabajadoras durante el descanso de maternidad. Ello supondrá, señorías, un incremento del porcentaje de contratos de sustitución del 10 al 25 por ciento, sobre un total de unos 155.000 procesos de baja por maternidad en la Seguridad Social.
Llegados a este punto, tengo que decir que esta no es una medida para fomentar contratos de dieciséis semanas, como algún portavoz ha expresado; no es una medida para feminizar los contratos temporales. Es una medida para fomentar la contratación estable de la mujer. En España, el 90 por ciento de nuestra riqueza la producen las pymes. Este real decreto garantiza a las empresas españolas el coste cero, que supone no tener que pagar un céntimo a la Seguridad Social por el trabajador que, estando en paro, contratan como interino en sustitución de aquel o de aquella que causa baja por permiso de maternidad.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya finalizando, señora Seller, por favor.


La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Enseguida, señor presidente.
Esto supone un ahorro de 195.000 pesetas por contrato y, además, que la tasa de productividad no se vea afectada, sin olvidar que a partir de ahora se neutraliza el factor disuasorio del empleador a la hora de contratar mujeres.
Creo, señor ministro, que esta iniciativa del Gobierno es deseada y aplaudida por miles de hombre y mujeres de nuestro país. No le quepa la menor duda de que esa línea de diálogo en el progreso hacia la igualdad que desde su ministerio se lleva hace que, como es el caso y por encima de todo legítimo debate ideológico de los partidos, merezca la confianza que parece existir al respecto y, en particular, señor ministro, la del Grupo Popular.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Seller.


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El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, no quiero abrir el debate. Solamente quiero dar las gracias a los distintos grupos parlamentarios y decir que en todas las intervenciones ha habido aportaciones de interés; una de singular interés, hecha por el señor Caballero, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, que estudiaremos en profundidad.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor ministro.
Vamos a proceder a la votación de los tres decretosleyes, cuya convalidación o derogación figura en el orden del día de la presente jornada. (Pausa.- El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los reales decretosleyes cuya convalidación ha sido debatida. Y quiero anunciarles que a continuación pasaremos al debate sobre el dictamen de la Comisión a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya votación, al tener naturaleza orgánica, para cumplimentar el Reglamento a efectos de su anuncio con tiempo suficiente para SS.SS., la efectuaremos después de que se debata el punto siguiente, es decir, el proyecto de ley de introducción del euro. Por tanto, cuando termine el debate del euro, produciremos la votación de la proposición de ley orgánica y la propia de la proposición del euro. Finalizada esa votación, pasaremos al último punto, que es la votación nominal y secreta de la persona que ha de formar parte del grupo de diputados que conocen los secretos oficiales.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, de obras hidráulicas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 293; en contra, siete; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, convalidado el Real decreto-ley cuya tramitación como proyecto de ley ha sido solicitada por dos grupos parlamentarios.
Se somete por ello a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real decreto-ley convalidado.


Pasamos a la votación del Real decreto-ley 10/1998, de 28 de agosto, que concede créditos extraordinarios para regularizar presupuestariamente los gastos realizados en representaciones diplomáticas y consulares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 314; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, convalidado el decreto-ley.
Real decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, que determina las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación por unanimidad del Pleno.
Se ha solicitado la tramitación como proyecto de ley por dos grupos parlamentarios; por tanto, se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real decreto-ley convalidado.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS GRAVES (Número de expediente 122/000191).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada

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con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Al no haberse mantenido enmiendas al dictamen, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! El Pleno ya va bastante demorado y en consecuencia les ruego que colaboren con la Presidencia para que, en beneficio de todos, podamos continuarlo de manera inmediata y desearía que más acelerada que en el anterior punto del orden del día.
¡Señor Caballero! Señora Uría, puede comenzar.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Aunque sea de forma muy breve, es deseo de mi grupo fijar su postura o hacer algunas consideraciones finales sobre estas dos proposiciones de ley que ahora finalmente se aprueban, dada la relevancia de los asuntos que se tratan.
Creemos que su ámbito material intentaba salir al paso de la dificultad de investigación de determinadas conductas delictivas que se producen con trama organizada y que conducen a su impunidad. Había que hacerlo, además, de forma cuidadosa... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Uría.
¡Señor Cámara! ¡Señor Aguirre! ¡Señora Díez de Baldeón! ¡Por favor, señorías! Adelante.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Me refería a la relevancia de las conductas cuya impunidad se intenta evitar por ser cometidas por tramas organizadas. Decía que hay que afrontar este problema con exquisito cuidado porque no hay que caer en lo que sería la provocación del delito y a la vez hay que hacerlo con absoluta garantía de los derechos fundamentales y, desde luego, con control jurisdiccional.
Ha sido un ejemplo cómo se han tramitado estas iniciativas y la forma más clara de evidenciarlo es que, de las dos proposiciones que estaban sobre la mesa, una a iniciativa del Grupo Socialista y otra a iniciativa del Grupo Popular, el artículo 1 se ha articulado a través de la iniciativa del Grupo Popular y el 2 a través de la iniciativa socialista, con las colaboraciones de las enmiendas que habíamos presentado los demás grupos.
Me cabe la satisfacción de decir que el grupo al que represento consiguió introducir una enmienda in voce respecto de una modalidad delictiva que creemos que es especialmente relevante en estos tiempos y que desgraciadamente está llamada a serlo en el futuro, cual es la delincuencia con tráfico de trabajadores y de inmigrantes, cuya inclusión en el dictamen de la Comisión fue aprobada por la totalidad de los grupos de la Cámara.
Únicamente tengo que decir que nos ha quedado pendiente, como quedó antes en otro texto, la situación de quienes, habiendo pertenecido a la trama organizada, finalmente se arrepienten y colaboran con la justicia. Digo que quedó ya pendiente cuando se tramitó la Ley de protección de testigos, por ser ese el deseo de quienes ocupaban entonces el Gobierno y que también en esta iniciativa ha quedado sin regular. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se hicieron votos para que esto quedase subsanado en el Senado. No sé si será el Senado el instrumento adecuado, pero desde luego sí debiéramos intentar salvar esta iniciativa que nos queda pendiente, de cara a tener instrumentos adecuados y suficientes, dentro de la más estricta legalidad, para la lucha contra la delincuencia organizada.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
El señor Silva tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, también intervengo con celeridad.
Ciertamente, la lucha contra el crimen organizado es y debe ser una de las prioridades del Estado de Derecho.
Desde luego, se han adoptado medidas, algunas organizativas. Quiero referirme a la creación de las unidades de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado o la Fiscalía especial para la prevención y represión del narcotráfico. Otras, en el ámbito del Código Penal: la regulación que se ha hecho de la figura del arrepentido en el ámbito de delitos de terrorismo o de narcotráfico así como también la agravante específica de organización en estos y otros delitos. Sin embargo, debería completarse con algunas medidas que pudiesen facilitar la investigación de estos delitos, tal y como ha señalado la diputada señora Uría, sin caer, eso sí, en la provocación y respetando los derechos fundamentales de la persona.
Mi grupo presentó tres enmiendas, cuyo contenido fue asumido por la ponencia. Algunas de ellas se referían a cuál es la intervención del ministerio fiscal en estas investigaciones. Si el fiscal debe o no debe instruir es un tema que debemos sin lugar a dudas plantearnos con una cierta urgencia, pero hay que tener cuidado para no generar una auténtica colisión entre diligencias prejudiciales del ministerio fiscal y las propias diligencias judiciales. Eso ha sido tenido en cuenta por la ponencia, no efectuar una remisión expresa a la causa de justificación de ejercicio de derecho o el cumplimiento del deber. Finalmente, facilitar la persecución, en su caso, de los excesos que pudieran cometerse por los agentes encubiertos, estableciendo un informe del juez que autoriza precisamente esa doble identidad o esa segunda identidad, pero que, en caso alguno, será competente para resolver sobre la existencia de esos excesos.
Se ha comentado que la ponencia o al menos algunos de los miembros de la ponencia hemos apreciado una cierta insuficiencia. Por un lado, cuando se trata de

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la regulación de la entrega o la circulación controlada de estas sustancias tóxicas o de los precursores, nos hemos dado cuenta de que, con arreglo a alguna jurisprudencia de los tribunales, puede ser tremendamente difícil proceder a sustituir estas sustancias, porque no bastaría la presencia judicial y la intervención del secretario, sino que se exige habitualmente la presencia del destinatario del mismo. Es algo que debe, sin lugar a dudas, resolverse en un futuro. Desde luego, como ha comentado la señora Uría, la figura más normal, si se quiere definir así el encubrimiento, que no es tanto la infiltración de un agente de la policía judicial en estas tramas, sino el hecho de que un miembro de estas tramas, por motivos más o menos espurios o desinteresados, todo hay que decirlo, accede a colaborar con la Justicia, se mantiene dentro de una trama, mantiene una cierta actividad incluso delictiva, pero favorece el buen fin de una operación. Eso es algo a lo que, sin lugar a dudas, tendrá que atenderse en el futuro. Coincido también con la señora Uría en que no sé si se podrá efectuar a través de enmiendas en el Senado o debera atenderse por esta Cámara, a través de un procedimiento legislativo completo.
Por tanto, señorías, hay que agradecer su elaboración a los dos grupos parlamentarios autores de las proposiciones; hay que agradecer asimismo el consenso, la generosidad de todos los miembros de la ponencia, de cara a la asunción de las enmiendas correspondientes y finalmente comprometernos, conjurarnos -podría decir-, para prever adoptar nuevas medidas en el ámbito de la criminalidad organizada, teniendo en cuenta aquellos avances que se han producido en el ámbito del Derecho comparado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, don Pablo Castellano Cardalliaguet.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
No sólo el carácter de ley orgánica de este proyecto sino también su contenido aconsejan que con toda brevedad los grupos podamos hacer una definitiva valoración del trabajo desarrollado por la Cámara. Nos congratulamos, creo que con el resto de los grupos parlamentarios, de que este texto llegue al Pleno sin mantener ni una sola enmienda, para dejar constancia de cómo es posible encontrar un equilibrio entre la sensibilidad que esta Cámara debe tener siempre en cuanto al cumplimiento de las garantías de todos y cada uno de los ciudadanos con la eficacia de la actuación policial en la represión de unas conductas tan peligrosas como suelen ser las relacionadas con las actividades de la delincuencia organizada. Al igual que ha ocurrido con otros grupos, nuestras enmiendas, si no han sido objeto de aceptación literal, sí lo han sido en su espíritu de modo tal que a plena satisfacción mi grupo parlamentario va a votar favorablemente este dictamen.
Para acabar, señor presidente, nos gustaría que el camino que se ha iniciado y que se continúa con este proyecto, dar un trato muy sustantivo, tanto en lo que se refiere a lo procedimental como a lo penal, a lo que constituyen auténticas conductas asociales mantenidas en el tiempo y en el espacio, vaya inspirando nuestra legislación de modo tal que en el Derecho correccional seamos capaces de separar clarísimamente lo que pueden ser unas actividades ilegales de carácter absolutamente peligroso de aquellas otras que agotan la peligrosidad en sí mismas, porque estamos obligados a no tratar por igual los delitos a la vista del resultado, sino a la luz de cuáles sean las circunstancias en las que se ha cometido. Por ello reitero que votaremos favorablemente este dictamen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.


Tiene la palabra don Joaquín Gago, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor GAGO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, decíamos en el debate de toma en consideración de la proposición de ley presentada por mi grupo que respondía a la necesidad de dar otro paso legislativo más hacia adelante en el camino de la lucha contra el crimen organizado, favoreciendo la investigación de los delitos y la consecución de los elementos probatorios y facilitando así la detención de sus autores, su procesamiento y enjuiciamiento. Y todo ello con absoluto respeto al sistema de derechos y garantías que la Constitución y las leyes reconocen a todo imputado, por cuanto la finalidad del proceso penal y por ello de la policía es la de encontrar la verdad real, no a cualquier precio, sino únicamente con sujeción rigurosa al sistema de garantías.
En este sentido, podemos afirmar que, una vez superados los trámites de ponencia y dictamen en comisión, el equilibrio entre la eficacia de la norma y el respeto a los derechos fundamentales y procesales de los encausados está plenamente garantizado. Para ello fue necesario que, una vez refundidas en un sólo texto las iniciativas legislativas del Grupo Socialista y del Grupo Popular, se realizara por parte de los grupos de la Cámara un esfuerzo de consenso y diálogo que, a la vista del resultado, definiríamos como fácil, responsable y fructífero. Tomando como base para las modificaciones en el artículo 263 bis de la ley la redacción contenida en el artículo 1 de la proposición de ley del Grupo Popular y la contenida en el artículo 2 de la proposición de ley del Grupo Socialista para la creación de un nuevo artículo 282 bis en la citada ley, creemos haber conseguido una norma que, enriquecida con las enmiendas de los grupos -y con todas las imperfecciones que podamos encontrarle, que aún pueden ser subsanadas en el trámite correspondiente al Senado-, ha sido dictaminada favorablemente y por unanimidad en la Comisión de Justicia e Interior.


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Merece la pena destacar, aunque sea brevemente, algunos de los principios de la norma. Por lo que se refiere a la modificación del artículo 263 bis, se mantiene la posibilidad legal de los jefes de las unidades orgánicas de la policía judicial de ámbito provincial y sus mandos superiores para poder autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. No podría ser de otra manera, toda vez que en la actual redacción del mencionado artículo ya se contiene y su supresión hubiese significado un paso atrás en la persecución del crimen organizado, pero se incluye en la necesidad de que la medida se acuerde por resolución fundada, en la que se determine explícitamente en cuanto sea posible el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Por otra parte, también se extiende la posibilidad de autorización a los equipos materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del nuevo Código Penal, así como a los bienes y ganacias a que se hace referencia en el artículo 301 del mismo texto legal y se define con más precisión y claridad qué debe ser entendido por circulación o entrega vigilada.
En cuanto al debate suscitado con el nuevo artículo 282 bis, que regula la figura del agente encubierto sobre la facultad de autorización, se resuelve atribuyéndosela también, además de al juez de instrucción competente, al ministerio fiscal, si bien dando cuenta inmediata al juez, lo que posibilita la opción de la revocación.
En ambos casos, la resolución de autorización habrá de ser fundada teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación y la duración limitada a seis meses prorrogables por igual plazo. Toda la información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta, a la mayor brevedad posible, en conocimiento de quien autorizó la investigación, y se aportará al proceso en su integridad.
Estas limitaciones garantizan la correcta utilización de esta figura excepcional, garantías que se incrementan cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a derechos fundamentales, y se concretan además en la posibilidad de que el juez competente para conocer de una causa pueda proceder penalmente contra el agente encubierto, aunque deba requerir informe de quien hubiere autorizado la identidad supuesta.
Por último, el nuevo artículo precisa qué debe entenderse por delincuencia organizada y a qué delito se refiere, aun cuando siempre suponga un riesgo el establecimiento de numerus clausus, y sienta el principio de exención de responsabilidad criminal del agente encubierto; si bien -otra vez las garantías- sus actuaciones deben ser consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, guardarán la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no podrán constituir una provocación al delito.
Para terminar, quisiera resaltar dos incidencias del debate: la primera se refiere a nuestra disconformidad con la aceptación de la enmienda de CiU que suprimió el apartado número 2 del artículo 2º de la proposición de ley, que establecía de forma clara y rotunda que ningún funcionario de la Policía judicial podría ser obligado a actuar como agente encubierto. No podemos compartir en modo alguno la reflexión del diputado, señor Silva, que consta en acta de la Comisión, sobre que en última instancia la disposición contenida en el apartado suprimido afecta al estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que debiera ser en esta normativa funcionarial donde deba optarse sobre si tiene o deja de tener carácter obligado la actuación como agente encubierto.
El establecimiento de tal opción, a nuestro modo de entender, es imposible legalmente, atentaría contra uno de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 18 de la Constitución y crearía conflictos de enorme gravedad. Recuperar el apartado suprimido en el trámite del Senado sería oportuno y sensato porque el principio de no obligatoriedad del agente encubierto debe ser recogido en la norma que regula la figura, que no es otra que la proposición de ley que debatimos.La segunda tiene que ver con la propuesta de estudiar en el trámite del Senado la aplicación dentro de esta norma de un régimen parecido al arrepentido, que posteriormente se mantiene dentro de la organización delictiva para colaborar con la Policía judicial a efectos de la investigación. Sin descartar una regulación futura, entendemos que dicha cuestión debe ser tratada con prudencia y sin prisas, pues a nadie se le escapa que el arrepentido, antes delincuente, no puede gozar del plus de credibilidad y sometimiento al ordenamiento jurídico del que disfruta un funcionario de la Policía judicial.
Concluyo, nuestro grupo espera que la aprobación y posterior aplicación de las normas contenidas en esta proposición de ley sirva a los intereses de la justicia, razón que motivó el presentarla y ahora defender su aprobación.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gago.
Tiene la palabra la señora Cava de Llano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy vamos a dar luz verde a dos proposiciones de ley presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, que tienen por objeto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de las técnicas de investigación relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Dichas proposiciones de ley, como muy bien ha dicho la señora Uría, han sido refundidas en un texto único y tramitadas de forma agrupada.
Señorías, con la aprobación del texto resultante vamos a dar cumplimiento al mandato de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1988, por el que se instaba a todos los Estados partes a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo, que fueran

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necesarias para hacer frente a la delincuencia organizada.
El porqué del mandato de Naciones Unidas es fácil de entender. En los últimos tiempos hemos pasado de una criminalidad individual a una criminalidad especialmente organizada que se sirve de modernos medios logísticos y que obliga a los Estados a utilizar nuevos métodos para combatirla, por la sencilla razón de que el sistema actual viene resultando claramente insuficiente para reprimir este tipo de delincuencia, tanto desde la perspectiva normativa como desde los órganos judiciales y policiales.
Como ustedes saben, se aprobó el 24 de enero del pasado año un plan integral por parte del Consejo de Ministros, en el que se manifestaba que era necesario abordar una serie de medidas procesales que, sin merma de los derechos constitucionales, permitiera una mayor eficacia en la acción de la justicia. Señorías, la filosofía que dimana de nuestra proposición de ley arranca de tres puntos esenciales: primero, de la conveniencia plasmada en el plan integral al que he hecho mención. Segundo, de la insuficiencia de los medios de investigación en los delitos cometidos por las organizaciones criminales. Tercero, de la necesidad de adoptar medidas que permitan impedir, o como mínimo disminuir, las graves consecuencias que provocan este tipo de delitos, sin que por ello quiebren -vuelvo a repetir- las garantías constitucionales establecidas para toda persona imputada.
En síntesis, el texto que hoy va a aprobar la Cámara, producto de las iniciativas de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, ha estado enriquecido por las aportaciones de los otros grupos parlamentarios y tiene por objeto la introducción de dos reformas procesales, modificando, por un lado, el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendiendo la regulación de la entrega vigilada que hasta este momento, como ustedes saben, estaba referida única y exclusivamente al tráfico de drogas, para extenderla también a otro tipo de investigaciones y delitos relacionados con el blanqueo de dinero y con el comercio ilícito de precursores.


Es curioso observar que estos dos tipos de delito - me estoy refiriendo al blanqueo de capitales y al comercio ilícito de precursores-, a pesar de haber sido incluidos en nuestro ordenamiento penal en virtud de la Ley Orgánica 8/1992, de Modificación del Código Penal, quedaron inconcebiblemente excluidos de la reforma procesal paralela que se efectuó con la misma ley, lo que motivó que no se pudiera utilizar dicha técnica de investigación en estos tipos de delitos tan vinculados al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta extensión o ampliación que hoy pretendemos y sometemos a la aprobación de la Cámara está en concordancia, como he dicho, con la obligación impuesta a los Estados partes en el artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas.
Por lo que se refiere al artículo 2 del texto que hoy sometemos a la aprobación de la Cámara, se incorpora a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo, concretamente el 282 bis, por el que se faculta al Ministerio de Interior a dotar de identidad supuesta a funcionarios de la Policía judicial para que puedan infiltrarse en el entramado organizativo, detectar la comisión de delitos e informar sobre sus actividades con el fin de obtener pruebas lo suficientemente contundentes para proceder a la detención de sus autores.
A estos agentes se les faculta para utilizar los medios de investigación que estimen oportunos y se les excluye de responsabilidad criminal por su intervención en dichos actos, siempre que -¡alerta!-, según el párrafo sexto del artículo 2, sus actuaciones sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y lógicamente no constituyan una provocación del delito.
Muestro mi conformidad con lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que, sin perjuicio de que estemos de acuerdo en que en el Senado se pueda ampliar y contemplar figuras como las del arrepentido, el delator, el agente provocador, el agente infiltrado o el agente encubierto, hay que tener mucho cuidado porque de lo que se trata es de no incitar a la provocación del delito y utilizar a los agentes encubiertos para que afloren esos delitos en el sentido de que se puedan determinar y obtener pruebas lo suficientemente concluyentes y fehacientes para que su persecución sea efectiva.
Por último, y al igual que han hecho el resto de los grupos parlamentarios, quiero manifestarles mi satisfacción y mi gratitud al señor Castellano por su inestimable aportación, al señor Silva y a las señoras Almeida y Uría por el alto grado de consenso obtenido, lo que demuestra la sensibilidad de todos los grupos políticos ante el problema de la lucha contra la droga y la delincuencia organizada.
Espero en un futuro inmediato poder seguir consensuando estos temas que tanto afligen a nuestra sociedad, porque estoy convencida de que a los más directamente afectados les reconforta saber que los políticos vamos, en este doloroso tema, remando en la misma dirección.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cava de Llano.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE INTRODUCCIÓN DEL EURO (Número de expediente 121/000137).


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley, pasamos al nuevo punto del orden del día que se aprobó por el Pleno a propuesta de la Junta de Portavoces: proyecto de ley sobre introducción del euro, al que se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución

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por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. La tramitación en el Pleno será la correspondiente a los debates de esta naturaleza, comenzando por la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno, que se va a incorporar desde su despacho en la Cámara al hemiciclo en este momento. Al finalizar su discurso intervendrá, en nombre el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para la defensa de su enmienda de totalidad, don Pedro Antonio Ríos, y, finalmente, abriremos el turno de fijación de posición de los restantes grupos parlamentarios. Siendo tan importante y de tanta trascendencia el proyecto que nos ocupa, rogaría a SS.SS. que sintetizaran sus intervenciones a efectos de lograr introducir la votación, que figura como punto último del orden del día, antes del almuerzo.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra su vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo de Rato Figaredo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara el proyecto de ley sobre la introducción en España de la moneda única. Como la Cámara conoce, el inicio de la tercera fase de la unión económica y monetaria es probablemente para nuestro país, como para el resto de los once países miembros de la Unión Europea, uno de los hechos más relevantes en nuestra reciente historia económica y supone una considerable transformación de nuestra realidad interna y de nuestra situación en el mundo. Quiero llamar la atención de la Cámara sobre los efectos que ya podemos apreciar, que se derivan de nuestra pertenencia a la moneda única, a través de la reacción que la cotización de la peseta o la evolución de los tipos de interés tiene en las actuales circunstancias financieras internacionales.
Es especialmente relevante para nosotros -creo que es un motivo de satisfacción para los grupos de la Cámara y para la opinión pública en general- el hecho de que España, por primera vez en un proceso de integración europea, forme parte de los países que inician el proceso, es decir, de los países fundadores. Esto demuestra, por un lado, el cambio sustancial en la realidad económica española, y, por otro y como causa de ello, la firme voluntad de la sociedad española no sólo de formar parte de la Unión Europea y de sus sucesivos procesos de integración sino de formar parte de manera relevante y de jugar un papel en todo este proceso.


Para llegar a este momento, que esta ley simboliza, ha sido necesario una transformación de nuestra política económica, aumentando sus niveles de rigor y credibilidad y centrando los esfuerzos en la reducción del déficit público, en la lucha contra la inflación y por tanto en el aumento de la competitividad de nuestros sectores económicos, y en un proceso que aumentase el respaldo a nuestros objetivos europeos a través del diálogo social y del mantenimiento de políticas de cohesión que forman sin duda parte del acervo de la política económica española y también del modelo social y económico europeo en el cual estamos integrados.
Señorías, sin duda se ha producido un nuevo modelo de crecimiento para la economía española que podemos apreciar también en estos momentos en que, aunque cambian las circunstancias internacionales, nos encontramos en una situación excedentaria en nuestra balanza por cuenta corriente, lo cual demuestra que la crisis internacional no ha supuesto todavía un freno al crecimiento de la economía española. Las consecuencias del acceso de España a la tercera fase de la unión económica y monetaria, es decir, al euro, son ya perceptibles en el momento actual, no sólo desde el punto de vista de la evolución de nuestras variables macroeconómicas en distintos contextos mundiales, sino también desde el punto de vista de la vida cotidiana de los ciudadanos. La evolución muy positiva de los tipos de interés, así como la confianza interna e internacional en la economía española, son hoy elementos que garantizan una evolución positiva del bienestar de los ciudadanos.
La introducción del euro no debe ser planteada como el final de un proceso, sino al revés, como el comienzo de un proceso. Es a través del euro, de la plataforma que simboliza la moneda única y a la que hemos llegado por nuestros propios esfuerzos, sin aceptar ninguna interpretación política de los criterios para pertenecer a la moneda única, es desde esa plataforma, decía, desde la que España puede plantearse su evolución en los próximos años, la definición de su papel en la Unión Europea en el siglo XXI y también la resolución de problemas internos que durante tanto tiempo han preocupado a la sociedad española, el principal de los cuales es el paro.
El euro ya no será, sino que es, una de las monedas de reserva internacional más importantes, sólo comparable al dólar. Lo podemos apreciar ya incluso antes del nacimiento de la propia moneda. El mercado financiero que opere en euros será tan grande como cualquiera de los grandes mercados financieros mundiales, lo cual será un elemento de dinamización de las políticas económicas europeas, pero también un elemento de dinamización y de estabilidad en el conjunto de la economía mundial. Estos mercados financieros de gran tamaño y gran profundidad van a permitir incrementar la eficiencia y la competencia de cada uno de nuestros países, desde el punto de vista de la financiación del sector productivo y de la canalización del ahorro hacia la inversión como motores básicos del crecimiento.
También el euro va a permitir la reducción de costes internos de operación en divisas de nuestras empresas, de nuestros agentes económicos y de los ciudadanos e, indudablemente, un aumento de la transparencia y de la competencia que va a beneficiar a los consumidores.
El euro es, por tanto, una gran oportunidad para nuestro país, pero su implantación supone un reto para las administraciones públicas, que es a lo que esta ley responde.
En ese sentido, además de los retos que supone

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que la economía española se integre en una moneda compartida con países como Alemania, Francia u Holanda, lo cual supone renunciar por parte de todos -por parte de ellos y por parte nuestra- a que nuestras diferencias de competitividad puedan ser enmascaradas a través de movimientos devaluatorios, este elemento, sin duda importante y significativo de la consolidación del mercado único, también supone por parte de la sociedad española y del Gobierno en particular no perder la referencia en cuanto a la importancia de la reducción del déficit público, del peso del Estado en la economía y del aumento de la flexibilidad y la competencia de los mercados.
Es indudable que una de las exigencias de la adaptación de la economía española al euro es la adaptación de nuestro sistema jurídico a la nueva moneda nacional, puesto que el euro no es una moneda europea, sino que es una moneda nacional de los once países que vamos a formar parte al inicio de este proceso. A tal fin, al fin de adaptar nuestro ordenamiento jurídico, era necesario promulgar una norma para hacer efectivos los mecanismos de introducción de la moneda única como moneda nacional en sustitución de la peseta y también para armonizar estos mecanismos con el conjunto de normas que pueden verse afectadas como consecuencia de este cambio.
El presente proyecto de ley, señor presidente, es fruto de la colaboración de todas las administraciones públicas y, en lo tocante a la Administración del Estado, del esfuerzo común de todos los departamentos ministeriales. El punto de partida para la elaboración de este proyecto de ley ha sido el Plan nacional de transición al euro, que se aprobó por el Gobierno a finales del pasado año, como la Cámara conoce, y la constitución de una Comisión interministerial para la introducción del euro en España. Este entramado institucional de Comisión interministerial y de Plan de transición al Euro ha dado lugar a lo largo de todo el año 1997 a la convocatoria de numerosas reuniones de coordinación a todos los niveles de las administraciones públicas, es decir, a nivel nacional, autonómico y local. Después de este primer hito en el proceso de decisiones de los poderes públicos para encauzar la introducción de la moneda única, la disposición ha sido objeto de estudios previos y análisis en multitud de grupos de trabajos, de representantes de las administraciones públicas y del sector privado, así como de representantes de los consumidores y usuarios.
El resultado de todos estos trabajos ha sido una disposición que, teniendo en cuenta los problemas y cuestiones analizados, intenta dar respuestas para lograr una transición hacia el euro lo más ordenada posible, donde se tengan en cuenta todos los intereses en juego y se logre un equilibrio equitativo final. Se trata así de un proyecto de ley que goza del máximo grado de consenso entre administraciones públicas implicadas, con un rigor técnico que viene garantizado por un laborioso trabajo previo a lo largo de todo 1997. Técnicamente hubiera sido posible emprender una modificación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico en cada una de las leyes afectadas, derogándolas total o parcialmente, pero se ha considerado por parte del Gobierno más acorde con nuestra tradición jurídica -y espero que la Cámara lo respalde- ofrecer una reglas generales que otorgan principios de interpretación a los aplicadores de nuestro Derecho.
El proyecto de ley persigue, en el plano estrictamente jurídico, dos objetivos, señorías: por una parte, proclamar a partir del 1 de enero de 1999 que el euro pasará a ser la moneda nacional de España y, de otra, adoptar un conjunto de medidas en diferentes ámbitos que faciliten la introducción de la moneda única en nuestra economía. El proyecto de ley completa las disposiciones comunitarias en la materia, como son el Tratado de Maastricht y los Reglamento 947 y 1.103 del Consejo Europeo.
Al margen de lo estrictamente jurídico, y a pesar de tratarse de una norma básicamente monetaria, el proyecto tiene una especial sensibilidad para los aspectos de la introducción del euro que pueden tener para los ciudadanos como consumidores mayor relevancia.
Como muestra de la preocupación del Gobierno por la protección de los consumidores y usuarios, me gustaría destacar algunos aspectos de la ley. El proyecto tiene entre sus objetivos facilitar al conocimiento de los ciudadanos los aspectos básicos del proceso de introducción de la moneda única, llegándose, incluso en algunos aspectos, a reproducir parcialmente artículos de los reglamentos comunitarios en que se contiene el estatuto jurídico del euro, como forma de garantizar ese conocimiento por parte de la sociedad española. Otro de sus objetivos es eliminar toda duda interpretativa de la que pudiera derivarse algún grado de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
El proyecto de ley se abre con la definición de los conceptos y principios básicos que presidirán el período transitorio hasta la definitiva desaparición de la peseta como unidad de cuenta y medio de pago. A su vez, el proyecto también introduce una regla de redondeo en su artículo 10, para evitar que se produzcan elevaciones artificiales de precios, aprovechando la conversión de pesetas a euros. El proyecto de ley define la forma correcta en que este redondeo debe producirse de una manera enteramente coincidente con la prevista en los reglamentos comunitarios, en el sentido, como la Cámara conoce, de que todo precio que se mueva entre la unidad y el 0,5 se redondea hacia abajo, y todo precio que supere o esté en el 0,5 se redondea hacia arriba. Esta norma se completa con la previsión relativa a la doble exposición de precios, que es responsabilidad de las competencias de las comunidades autónomas, pero que, en cualquier caso, el artículo 34 del proyecto contiene. De manera que se da una orientación en el sentido de cuál es la posición de esta Cámara y del Gobierno. Hay que tener en cuenta que, como he dicho, en esta protección de los derechos de los consumidores y usuarios están claramente implicadas las competencias de las comunidades autónomas que

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deben ser, en todo caso, reitero, respetadas. En cuanto a esta posibilidad de la exposición de precios, es decir, del doble etiquetado, también debe ajustase a las normas de redondeo que antes he mencionado.
Pero no se agota aquí la protección a los consumidores en el proyecto de ley. El futuro desarrollo legal y reglamentario, que será imprescindible en colaboración con las demás administraciones públicas, deberá completar los mecanismos jurídicos precisos para hacer efectivos dos principios que ya se mantienen claramente en el proyecto, como son los principios de gratuidad y de neutralidad.
Otro ejemplo que me gustaría mencionar ante la Cámara respecto a la sensibilidad del proyecto de cara a los ciudadanos como consumidores se encuentra en el artículo 2.3, en el que se establece la gratuidad de los procesos de redenominación regulados en el texto legal, como son los relativos al capital social o los que afectan a valores negociados en mercados secundarios.
En ese sentido, se garantiza la gratuidad del proceso de conversión a euros. De la misma filosofía, es decir de la filosofía de la gratuidad, participa el artículo 13.3 cuando establece que las comisiones por servicios financieros deben ser iguales tanto si el servicio se expresa en euros como en pesetas, evitando cualquier incremento de los precios financieros como consecuencia de la transformación al euro.
También en clave de protección de los derechos de los ciudadanos deben interpretarse las reglas contenidas en los artículos 13.3 y 14.2, en los que se dispone la gratuidad de la redenominación de las cuentas bancarias a euros, así como de las conversiones que se realicen de pesetas a euros o viceversa como consecuencia de cualquier situación jurídica, lo cual supone que, durante el periodo transitorio, los cambios de monedas, de euro a pesetas y viceversa, no tendrán un coste para el usuario. Estas decisiones incluso quedan preservadas al considerarse que su vulneración trae consigo la correspondiente sanción administrativa de la entidad financiera infractora.
Otra manifestación de la importancia que concede el proyecto a la protección de los consumidores se advierte en el artículo 9, cuando se regula lo concerniente a la continuidad de los contratos donde, a la vez que se pone de manifiesto el respeto a los derechos reconocidos en la legislación vigente a los consumidores y usuarios, se completa esta aseveración mediante la determinación de que dicha continuidad no puede ser objeto de ningún proceso ante los tribunales. Por tanto, la modificación de la moneda de pesetas a euros no puede dar lugar a ninguna modificación que afecte a derechos reconocidos en los contratos como consecuencia del cambio de moneda.
En el ámbito de los mercados financieros, la protección a los usuarios de servicios financieros también queda sobradamente garantizada, en opinión del Gobierno, en las previsiones contenidas en los artículos 17 y 19 del proyecto, donde se garantiza que el consumidor va a disponer de una información notablemente transparente en relación con sus inversiones en productos financieros, información que le será proporcionada por cualquier agente financiero, pero en especial por las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones en la información que deben suministrar a sus partícipes. Igualmente deben destacarse las previsiones contenidas en el artículo 30 respecto a las actuaciones de profesionales que son retribuidos mediante arancel -por tanto tienen un carácter oficial-, donde se establece un conjunto de obligaciones a este colectivo cuya finalidad básica es favorecer la utilización del euro en diversos negocios jurídicos del tráfico económico, al objeto de garantizar a los particulares afectados por dichas relaciones un conocimiento fidedigno de las implicaciones que tiene el operar con el euro.
Señor presidente, señorías, el lugar del proyecto de ley en que más claramente puede apreciarse la profunda preocupación del Gobierno respecto a la protección de los consumidores se encuentra sin duda en el artículo 31, en el que se introducen las disposiciones relativas al tratamiento del míbor. La norma no producirá efecto alguno en el momento en que entre en vigor la ley sobre la introducción del euro, lo que quiere decir que los préstamos referenciados al míbor, y más concretamente los préstamos hipotecarios, seguirán exactamente como están hoy. Lo que hace el proyecto de ley, que no modifica la situación actual, es establecer cuál sería la posición de las partes, es decir de los prestatarios y de los prestamistas, desde el punto de vista de la hipótesis de una sustitución técnica del míbor, que podría producirse en el caso de que el Banco Central Europeo, en el futuro, plantease que el Banco de España no debe seguir elaborando este índice.
Pues bien, señorías, el Gobierno -y lo establece la ley- continuará elaborando el míbor en función de las condiciones técnicas que permitan mantenerlo, es decir, los tipos de intereses cruzados por los bancos de Madrid a una determinada hora en un determinado momento, que garanticen que ese índice en el que hoy está referenciada una gran cantidad de préstamos hipotecarios continúa funcionando independientemente de su publicación o no por el Banco de España.
En este sentido quiero destacar un hecho muy importante, y es que, aun en el caso de que en las condiciones de un préstamo hipotecario se fijara que la desaparición del míbor como índice publicado por el Banco de España produciría su sustitución por otro índice, esta ley establece, por ministerio de la ley, que esa cláusula no será de aplicación y que, por tanto, la entidad financiera tendrá, obligatoriamente, que aplicar el índice míbor o equivalente que publique el Gobierno, independientemente de las condiciones previamente pactadas entre la entidad y el usuario. Por tanto, la ley impide a una de las partes denunciar el contrato como consecuencia de la alteración que se pueda producir si el Banco de España se viera obligado, por condiciones del Banco Central Europeo, a dejar de publicar el míbor o si hubiera que cambiar, por razones técnicas, esa publicación y que, en cualquier caso, el

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Gobierno garantiza que un índice equivalente existirá y, por ministerio de la ley, será el aplicable a los contratos hipotecarios que en este momento están referenciados al míbor.
Quisiera ahora brevemente, señor presidente, una vez que creo he explicado ante la Cámara, por un lado, la intensidad del proceso de preparación de este texto y, por otro lado, los aspectos que sé que tienen una mayor relevancia desde el punto de vista político, que son los que se refieren al consumidor, hacer mención a otras cuestiones. El proyecto contiene también un calendario de introducción del euro, los principios que gobiernan el período transitorio que, como SS.SS.
saben, va hasta junio del año 2002, y que garantizan la neutralidad del proceso de sustitución de la peseta por el euro para todas las relaciones contractuales. También contiene el proyecto la referencia a los instrumentos técnicos de redenominación a euros de cuentas bancarias, deuda pública, renta fija privada y capital social, así como los mecanismos de introducción del euro en los mercados de valores y sistemas de pagos, la información que deben proporcionar las instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradoras a los usuarios, como antes he mencionado, y los efectos de la introducción del euro en el cumplimiento de las obligaciones contables, tributarias y frente a la Seguridad Social, estableciendo la posibilidad de que los usuarios, especialmente primero las empresas y después las personas físicas, puedan utilizar en sus relaciones con la Administración tributaria el euro ya desde el uno de enero de 1999.
Creo que, además, para cumplir con todos estos condicionamientos, como pueden comprobar SS.SS. en el texto de la ley, se establecen obligaciones especiales de las administraciones públicas y de las profesiones retribuidas mediante arancel, tanto en cuanto a la utilización de pesetas y euros en los distintos instrumentos jurídicos como de información a los ciudadanos.
Por todo ello, señor presidente, creo que este proyecto de ley, que establece un marco jurídico general para un hecho histórico tan importante como la implantación del euro en nuestro país, es el instrumento adecuado para resolver los problemas técnicos y también la necesidad de proteger a los ciudadanos, y especialmente a los consumidores, en sus derechos, de manera que la introducción del euro no vulnere ni la seguridad jurídica de los contratos ni el derecho de los consumidores en ningún aspecto.
En cualquier caso, si la Cámara lo tiene a bien en la toma en consideración, como es natural a lo largo del proceso de enmiendas, los grupos parlamentarios tendrán ocasión de aportar y mejorar las propuestas iniciales del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Tiene la palabra el señor Ríos, por el Grupo Federal de Izquierda Unida, para la presentación y defensa de la enmienda de totalidad de devolución.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar defender el motivo por el que hemos presentado y mantenido una enmienda a la totalidad a la propuesta de proyecto de ley para la introducción del euro.
Me van a permitir SS.SS. que sólo de pasada haga unos comentarios a la introducción del señor viceprsidente del Gobierno. Nadie puede ver como algo negativo que haya una moneda que vayan a utilizar 300 millones de habitantes, con el nivel de producción que ahora mismo existe en estos países. Para nosotros el problema es que el proceso del euro se hace fundamentalmente sobre los condicionantes de un mercado, el financiero, y de una política, la monetaria, que, por cierto, va a trasladar a otros foros las decisiones que hasta ahora podemos tomar desde el Parlamento y desde el Gobierno de la nación. La política monetaria va a residir en el Banco Central Europeo, lejos de la posibilidad de un control más estable. Sobre todo perdemos autonomía, para que se puedan producir, dentro de la actividad económica, medidas de economía productiva, medidas de fomento de empleo, medidas de homogeneización fiscal, que nos acerquen a parámetros europeos también, para que la moneda sea fruto de la culminación de un sinfín de caminos, de la confluencia de varias vertientes. Por tanto, hemos estado defendiendo que el euro sí y no de esta manera. Pero el objetivo de este proyecto de ley no es discutir sobre el euro sino cómo ayudar a su puesta en marcha.
Si uno lee la exposición de motivos de este proyecto concluiría que prácticamente no es necesario, puesto que el reglamento comunitario 1.103, de 17 de junio de 1997, más el reglamento 974 de la Unión Europea, de 3 de mayo de 1998, lo harían prácticamente innecesario. Es más, dice la propuesta del Gobierno que, en todo caso, al margen de que no sería necesario, todos los países que se han comprometido en este nuevo proyecto entienden que deben tomarse medidas para adecuar la ordenación interna del proceso de la moneda. Ese es el objetivo de esta ley paraguas.
Vaya por delante una primera demanda a esta propuesta.
Yo estoy oyendo hablar de la necesidad de esta ley paraguas desde septiembre-octubre de 1997. Se podía haber presentado esta propuesta en el mes de mayo o junio y hubiésemos tenido más serenidad para el debate. Por tanto, no entienda el señor vicepresidente, ni el grupo mayoritario del Parlamento o los que quieren apoyar esta propuesta, que es una iniciativa para obstaculizar que la ley entre en vigor el uno de enero de 1999, sino para facilitar su discusión.
Existen cuatro razones por las que consideramos que sería positiva una modificación sustantiva de la ley. Es verdad que vía enmiendas al articulado podemos hacer precisiones, es verdad también que podemos modificar algunos elementos que no consideremos bien articulados,

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pero la primera es el papel del Banco de España ante el nuevo banco europeo. ¿No sería mejor ir a una nueva ley sobre el Banco de España donde articuláramos toda la realidad? Fíjese que según una disposición adicional el banco europeo va a marcar el funcionamiento, la reorganización y la reestructuración. Es verdad que luego lo gestionará el Banco de España. Tenga en cuenta que el Banco de España fija lo que pudiéramos llamar el volumen de recursos o de masa monetaria que va a entrar en circulación. También puede establecer la liquidez para que llegue a los bancos. Eso no lo va a hacer ya. ¿Cómo va a funcionar a partir del uno de enero de 1999? El Banco Central Europeo dirá cuál es el volumen o masa monetaria .Y la liquidez en los bancos privados ¿la administrará el Banco de España o, como pretende Alemania, va a ser un criterio más centralizado? Yo sé que España no defiende ese criterio, pero puede haber esa tentanción. Por tanto, estaríamos provocando una decisión en la que, paulatinamente, no digo en el período transitorio de 1999, sino en 1999, en el 2000 ó en el año 2001, se relativizara el papel del Banco de España frente al papel del Banco Central Europeo. Estamos dando un período transitorio de cuatro años para ponerla en marcha.
Hay muchas referencias en el proyecto al papel del Ministerio de Economía y Hacienda. Le puedo sacar unas diez. El Ministerio de Economía y Hacienda regulará, establecerá. Después me referiré a puntos concretos.
¿Pero de qué manera se puede recoger el seguimiento de la gestión por los distintos parlamentos? No se refleja esa actuación. Todo consiste en delegaciones al Ministerio para que las ejecute. Algunas cuestiones son normales, porque, por ejemplo, el Ministerio siempre ha actualizado tablas, aunque después algunos asuntos se hayan discutido en el Consejo de Ministros.
La segunda cuestión se refiere al compromiso que debería recogerse aquí en el sentido de luchar contra el posible proceso -por llamarlo de una manera benévola- de aparición de dinero que hoy no está circulando con legalidad, a la legalidad. El dinero que existe en pesetas tiene que transformarse en euros. Y existe ya en estos momentos una presión por que aparezca ese dinero, que no está legalizado, de manera anárquica en un sinfín de sectores, ya sea el inmobiliario u otros.
Deberíamos actuar. En la Comisión de Economía el gobernador del Banco de España hizo referencia a una figura para hacer aparecer ese dinero, se habló de la creación de unas condiciones fiscales para que ese dinero aparezca de manera ordenada. No hay ninguna actuación de seguimiento en la política coercitiva o de lucha contra el fraude para ese proceso ni camino para ayudar a que aflore ese dinero. No conozco ninguna medida. No sé cuál debe ser el porcentaje de la fiscalidad.
Aquí se dijo por los distintos intervinientes que se fijase un porcentaje de fiscalidad reducido para aflorar ese dinero o también no hacer nada, dejar actuar.
Respecto al tema de los consumidores, se ha tratado en cuatro puntos de manera relevante para nosotros, con limitación. La primera cuestión es la relativa al míbor, que se contempla en el artículo 31. Después me referiré al redondeo y a la denominación de los precios en euros, que se pueda poner el precio en euros o en pesetas, que tiene su influencia. Las propuestas se deben al protagonismo y al deseo de los consumidores de que no se produzca, en ambos elementos, tanto en el redondeo como en la denominación de los precios, como en el tema del míbor y la sustitución, una especie de incremento de precios que, lógicamente, repercute sobre todos los ciudadanos.
El artículo 31, a la hora de redactar lo que el señor ministro nos ha leído y que estaba ya resuelto. A mí me parece bien, va a haber un tránsito en el que el míbor va a ser un referente eficaz. Posiblemente en enero se dejará de publicar o se seguirá publicando con una reducción de referencia. La propuesta dice así. En el caso de que el referente no sea positivo o no tenga una evolución de índices de credibilidad, el Ministerio de Economía y Hacienda quedará facultado -procurando la mayor analogía con aquél- para determinar su fórmula de cálculo o bien establecer un nuevo tipo o un índice de referencia que sustituya a aquél. Yo creo, señor ministro, que esta redacción es muy ambigua. No se garantiza que va a evolucionar el referente. Es verdad que lo que se quiere fijar -especialmente en los temas hipotecarios- es un referente estable en el consumo.
Estamos refiriéndonos al sistema hipotecario, con un míbor que en contratos funciona como referente, mientras otros referentes no funcionan y pueden tardar dos o tres años en entrar en funcionamiento. Creo que debería evitarse que hubiera fluctuación contraria en la evolución de los tipos de interés con la propuesta de esta sustitución del Gobierno respecto del camino hacia la Unión Europea.
Respecto a la denominación de precios, no es lo mismo fijar el precio del pan o de una camisa, por ejemplo, en euros y después poner su valor en pesetas que hacerlo a la inversa. No comparto esa idea. Si los precios están en pesetas debe ponerse primero en pesetas y después en euros. Porque no es lo mismo, como usted bien sabe. Un céntimo de euro, es 1,6 pesetas y, por ejemplo, si el precio de una barra de pan se pone en euros al hacer la regulación al céntimo puede costar 2 ó 3 pesetas, depende. Pero si el precio se pone en euros y se cambia a pesetas, queramos o no, se pueden producir -aquí no se regulan- condiciones, seguimiento o actuaciones sancionadoras. Es verdad que hay una orientación prohibitiva, pero no hay un seguimiento claro y preciso.
En cuanto al tema del redondeo, no debe ser ni menos de cinco ni más de cinco, ustedes lo denominan operaciones intermedias. El Consejo de Estado también hace esa observación sobre operaciones intermedias.
¿Qué son las operaciones intermedias? No están bien establecidas.
Por último, además del aspecto fiscal, al que ya me he referido, que está poco regulado y poco matizado, la conversión a euros de las participaciones sociales, que según dicen las cámaras de comercio pueden provocar

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incrementos de patrimonio ficticio por activos nominados en divisas europeas a la hora de convertilos a euros; las cámaras de comercio nos han trasladado esa inquietud. Inclusive se habla en algún momento de la posibilidad de que la conversión del valor de las acciones puede mover mayorías o minorías de accionariado en las pequeñas empresas del 49 al 51 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya terminando.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Todas estas razones de defensa del consumidor en estas vertientes últimas, como de la necesidad de una mayor transparencia del proceso, con seguimiento desde los parlamentos europeo y el nuestro, de la lucha contra el fraude y del papel del Banco Central Europeo, son las que nos han llevado a pedir esta retirada para traer una propuesta que pueda corregir esto. Si eso no se produce -uno lleva poco tiempo pero sabe que puede no pasar-, esperamos que en el trámite de las enmiendas algunas de las aportaciones que hacemos puedan ser recogidas.
Nada más, señor presidente, nada más señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro. Ruego a los intervenientes máxima brevedad.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecer al señor Ríos su intervención y su tono. Segundo, quiero plantearle con toda cordialidad que, habida cuenta de la voluntad constructiva no sólo del Gobierno sino, desde luego, del Grupo Parlamentario Popular en este tema, en el que, independientemente de las valoraciones sobre la política europea y el euro, debe haber un consenso puesto que esa es una ley eminentemente técnica, desde el punto de vista de las garantías jurídicas del proceso euro, estamos abiertos a todas las mejoras técnicas que se planteen en los temas que S.S. ha presentado. Quizás fuera posible que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida considerase la posible retirada de la enmienda de totalidad si de lo que se trata es de que podamos avanzar en cuestiones técnicas.
Yo quisiera mencionar muy brevemente que el proyecto es necesario, primero, como un elemento de conocimiento de la sociedad española. Parecería -al menos al Gobierno le parece, yo creo que S.S. puede coincidir con nosotros- que todas las garantías jurídicas que tengan los españoles en el nacimiento de su nueva moneda deban residenciarse en decisiones de reglamentos europeos y no haya habido una norma en el Congreso de los Diputados que aborde estos temas.
Probablemente tendría poco sentido. Creo que es bueno que exista esa norma. Quiero decir que en ese sentido coincidimos con la mayor parte de los países que han llevado a cabo leyes de este tipo.Además existe en cada uno de los países especificidades concretas.
La del míbor es una muy concreta, como también lo puede ser la denominación de precios en este caso segundo como consecuencia de nuestra organización en comunidades autónomas.
El primer razonamiento que S.S. me ha planteado es que, efectivamente, el Banco de España traslada la competencia que le ha sido otorgada por esta Cámara en una ley de autonomía al Banco Central Europeo. No es ni una decisión del Banco de España ni del Banco Central Europeo, sino de este Parlamento cuando aprobó el Tratado de Maastricht y cuando aprobó el Tratado de la Unión Europea que contiene esas disposiciones.
Por lo tanto, no se está tomando ninguna decisión de espaldas ni a la soberanía nacional ni a la soberanía popular, sino al contrario, existe un convencimiento en la mayoría de los grupos de esta Cámara de que la independencia del Banco Central Europeo es un elemento esencial, como lo ha sido, en mi opinión, la independencia del Banco de España, en el objetivo de la estabilidad de precios. Esto no quiere decir que el Banco de España desaparezca, que de ninguna manera desaparece, ni que no vaya a tener una responsabilidad en la ejecución material de medidas de política monetaria en España, ni que nuestro gobernador forme parte del consejo rector del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el Banco Central Europeo tendrá siempre un representante español -ahora tiene dos-, que es el gobernador del Banco de España, que, como es natural, tendrá las relaciones que mantiene ahora con los grupos parlamentarios dentro y fuera de la Cámara, lo cual ya es una tradición en nuestro Parlamento. El presidente del Banco Central Europeo asiste periódicamente al Parlamento Europeo donde tiene comparecencias, y creo que en ese sentido el trámite, no de control democrático, pero sí de información democrática de la política monetaria, está suficientemente garantizado a nivel nacional y a nivel europeo.
Me plantea el señor Ríos algo que no tiene nada que ver, en mi opinión, con una ley paraguas del euro, que es qué sucede con aquellos españoles que tengan pesetas que no hayan declarado a Hacienda, por decir las cosas claramente. Señor Ríos, nuestra opinión ha sido siempre que todos los españoles deben declarar a Hacienda y que no debemos plantearnos ningún tipo de amnistía. Si esa es su preocupación, esa es nuestra posición. Creemos que la modernización de los impuestos, elementos esenciales en las relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente, como es el Estatuto del Contribuyente, aprobado por esta Cámara, la nueva configuración de impuestos tan importantes, como los impuestos que afectan a las PYME o al ahorro, hacen perfectamente compatible el rigor fiscal con una situación para nada coercitiva ni injusta por parte de los contribuyentes. En ese sentido nuestra posición ha sido siempre, en la oposición y en el Gobierno, que todos los españoles deben cumplir con sus obligaciones con la Hacienda pública y que en ningún caso hay que hacer ningún tipo de repesque. Pero

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como es natural, S.S. puede plantear lo que quiera, aunque me da la sensación, por lo que me dice desde el escaño, de que coincide en esto con nosotros.
En cuanto al tema de la lucha contra el fraude fiscal, creo que en la propia ley sobre la renta, y a iniciativa de su grupo parlamentario, se han introducido mejoras y garantías en la lucha contra el fraude, y el Gobierno desde luego está siempre dispuesto a que los grupos parlamentarios le aporten nuevas iniciativas en esta dirección.
Entro ya en unos temas que sí son objeto de la ley y que me parecen importantes. El primero es el tema del míbor. Lo que la ley garantiza es que una familia española que en este momento tiene su hipoteca referenciada al míbor, primero va a seguir referenciándola al míbor porque no va a desaparecer. No existe ninguna condición en este momento que nos haga pensar que el Banco de España va a dejar de publicar un índice de interés del dinero en relación a la media de los bancos que operan en la plaza de Madrid a una determinada hora. De manera que el míbor es un referente técnico objetivo y claro. Pero parece obligatorio que el Gobierno plantee a la Cámara, y que la Cámara también se plantee, qué sucede si el míbor dejara de publicarse.
¿Por qué podría dejar de publicarse? Uno, porque el Banco Central Europeo determine que los bancos centrales no deben estar publicando índices nacionales, en cuyo caso el Gobierno, por mandato de esta ley, publicará el míbor; o en el caso de que en un hipotético futuro la transformación del mercado haga que el cruce de operaciones que se realicen en Madrid ya no sea representativo, entonces el Gobierno se obliga en esta ley a elaborar un índice similar equivalente que garantice a los consumidores. Pero ahí hay una pregunta, y es que todos los que hemos firmado una hipoteca sabemos que dice: usted pagará en referencia al míbor y, en el caso de que éste dejara de publicarse, pagará en referencia a otro índice, el que cada uno de nosotros ha pactado con la entidad financiera.
Pues bien, esta ley dice: esa cláusula no podrá ser aplicada en este caso, porque por mandato de la ley se aplicará el índice que publique el Gobierno. Por tanto, el consumidor tiene garantizado, primero, que el míbor no desaparece; segundo, que si por razones de organización del Banco Central Europeo dejara de publicarlo el Banco de España, lo publicará el Gobierno; tercero, que si por razones técnicas dejara de tener sentido, el Gobierno elaborará un índice similar, y las entidades financieras no podrán aducir en esa sustitución las cláusulas de los contratos hipotecarios. Yo creo que se cubren los problemas que puedan plantearse, pero, efectivamente, los grupos parlamentarios, el de S.S. y los demás, en el trámite de enmiendas deben considerar si estas cautelas que ha puesto el Gobierno son suficientes o si debemos mejorarlas. Creo que son suficientes en cuanto a sus objetivos, pero como es natural, la aportación de los grupos parlamentarios es siempre muy bien venida por parte del Gobierno.
En cuanto a la denominación de precios, a la doble denominación de euros y de pesetas en los productos que compran los ciudadanos, ha de tener en cuenta S.S.
que las competencias de consumo están transferidas y que, por tanto, no es este Parlamento el que tiene que tomar decisiones sobre esa cuestión. Tendrán que ser los parlamentos autonómicos o los gobiernos autonómicos los que ejerciten sus competencias, no somos nosotros los que podemos tomar esa decisión.
Lo que sí hace el Gobierno es apuntar en el artículo correspondiente que, en el caso de que exista esa doble denominación, se respeten las reglas básicas del redondeo que plantea S.S. y que, indudablemente, garantizan que no puedan producirse elevaciones ficticias de precio como consecuencia de la implantación del euro.
En cuanto a las participaciones sociales, me sorprende que pueda plantearse un problema de mayorías y minorías. Si un señor tiene el 5 por ciento de una sociedad con un capital de 164.000 pesetas, pasará a tener un capital en euros similar y, por tanto, entiendo que no tendrá ningún perjuicio. En cualquier caso, me parece un tema suficientemente importante como para que S.S. o los demás grupos parlamentarios puedan completar la ley, si en ese caso se produjera. Si el capital de la sociedad se transforma de pesetas a euros, si una persona tiene el 5 por ciento del capital en pesetas y pasa a tener el 5 por ciento del capital en euros, las posibilidades de que se vea perjudicada me parecen remotas. Ahora bien, me parece un asunto de relevancia suficiente como para que se contemple en la ley cualquier cautela que evite un cambio de relación accionarial en sociedades, como consecuencia del proceso euro, que en ningún caso debe producirse ni va a producirse. El Gobierno está plenamente dispuesto, como no puede ser de otra manera, a que los grupos parlamentarios mejoren la ley.
En resumen, señor presidente, creo que las cuestiones que preocupan al señor Ríos nos preocupan a los demás, que la ley los aborda y, como es natural, el trámite parlamentario está precisamente para mejorar los textos del Gobierno. En todo caso, hoy damos paso a una ley que no sólo resuelve problemas, sino que viene a simbolizar y a integrar en nuestro ordenamiento jurídico y en los textos aprobados en esta Cámara un hecho trascendental, como es la pertenencia de España a la moneda única.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Si no hay ningún otro grupo parlamentario que desee intervenir, podemos llamar a votaciones. (Pausa.) Llámese a votaciones. (Pausa.) Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los puntos del orden del día que han sido debatidos y posteriormente procederemos a la elección que prevé el último punto del orden del día.


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Votamos, en primer lugar, el dictamen correspondiente a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Se somete a votación, en primer lugar, el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad del Pleno.
Al tener la proposición naturaleza orgánica, procede una votación sobre el conjunto del proyecto para ver si alcanza la exigencia constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, al haber alcanzado y superado por unanimidad la mayoría absoluta del Congreso, queda también aprobada su naturaleza orgánica.
Pasamos a la votación de la enmienda de totalidad de devolución que, presentada por el Grupo de Izquierda Unida, se ha debatido sobre el proyecto de ley de introducción del euro.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 15; en contra, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de devolución.


ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992.


- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992.


El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Elección de un señor diputado para formar parte del grupo que ha de conocer los secretos oficiales, de acuerdo con la resolución de 2 de junio de 1992. Se trata de suplir la vacante que ha producido, a petición propia, don Juan Manuel Eguiagaray.
Por tanto, vamos a proceder a la votación, por llamamiento nominal por las señoras y señores secretarios de la Mesa, para la candidatura que se postula de don Luis Martínez Noval. Por favor, ruego a los secretarios de la Cámara que procedan a los llamamientos correspondientes.


Comienza la votación. (Por las señoras y señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.)

El señor SECRETARIO (González de Txabarri Miranda): ¿Alguna señora o señor diputado no ha sido llamado para la votación? (Pausa.) Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoras y señores secretarios, señoras y señores diputados.
Vamos a proceder al recuento. (Pausa.)

Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: don Luis Martínez Noval ha obtenido 281 votos; hay cinco votos en blanco y cinco han sido nulos.
En consecuencia, resulta elegido para formar parte del grupo de diputados que pueden acceder a los secretos oficiales el diputado don Luis Martínez Noval.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Corrección de errores-En el «Diario de Sesiones» número 179, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes, 22 de septiembre de 1998, en la intervención del señor Villalón Rico -página 9632, primera columna, línea 17-, donde dice: «...deslealtad institucional es lo que hizo en su momento...», debe decir: «lealtad institucional es lo que hizo en su momento...» Asimismo, en el «Diario de Sesiones» número 180, relativo a la sesión plenaria del miércoles, 23 de septiembre de 1998, al final de la página 9697, donde dice: «...con el que señor presidente se dirige a la Cámara antes de abril la sesión», debe decir: «...con que el señor presidente se dirige a la Cámara antes de abrir la sesión"; y donde dice: «Confío en que no tendrá...», debe entenderse «Confío en que no tendré...».

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