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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 193, de 12/11/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 193

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 187

celebrada el jueves, 12 de noviembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado

- Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 86-10, de 20 de octubre de 1998 (número de expediente 121/000083) . . . (Página 102551 )

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.691.528.660 pesetas, para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante los ejercicios de 1996 y 1998. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 106-9, de 20 de octubre de 1998 (número de expediente 121/000104) . . . (Página 10259)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales

- Protocolo al acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Económica Europea y la República de San Marino, como consecuencia de la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 1977. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 239, de 14 de septiembre de 1998 (número de expediente 110/000203) . . . (Página 10262)

Página 10252


- Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas, hecho en La Haya el 15 de agosto de 1996. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 240, de 14 de septiembre de 1998 (número de expediente 110/000204) . . . (Página 10262)

- Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y el Reino de Tailandia, hecho en Madrid el 15 de junio de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 242, de 14 de septiembre de 1998 (número de expediente 110/000206) . . .
(Página 10262)

- Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en París el 17 de diciembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 243, de 17 de septiembre de 1998 (número de expediente 110/000207) . . . (Página 10262)

- Protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, hecho en Londres el 7 de noviembre de 1996. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 248, de 5 de octubre de 1998 (número de expediente 110/000209) . . . (Página 10262)

- Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 249, de 5 de octubre de 1998 (número de expediente 110/000210) . . . (Página 10262)

- Enmiendas al convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y al protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves, adoptadas en Barcelona el 10 de junio de 1995, y a las enmiendas al protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, adoptadas en Siracusa el 7 de marzo de 1996. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 250, de 5 de octubre de 1998 (número de expediente 110/000211) . . . (Página 10263)

- Cuarta enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, hecho en HongKong el 23 de septiembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 241, de 14 de septiembre de 1998 (número de expediente 110/000205) . . . (Página 10263)

DIctámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 188-1, de 31 de marzo de 1998 (número de expediente 127/000007) . . . (Página 10263)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 190-1, de 20 de abril de 1998 (número de expediente 127/000008) ... (Página 10269)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 199-1, de 11 de mayo de 1998 (número de expediente 127/000009) ... (Página 10276)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 203-1, de 8 de junio de 1998 (número de expediente 127/000010) . . . (Página 10282)

Votaciones de conjunto . . . (Página 10287)

Debates de totalidad de Convenios Internacionales

- Convenio por el que se establece el estatuto de las Escuelas Europeas y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 252, de 9 de octubre de 1998 (número de expediente 110/000212) . . . (Página 10291)

Página 10253


S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado . . . (Página 10255)

Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas . . . (Página 10255)

Intervienen en el debate los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Calleja de Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.691.528.660 pesetas, para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante los ejercicios de 1996 y 1998 (Página ) Intervienen en el debate los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, y Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación, en primer lugar, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que son aprobadas.


En segundo lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.691.528.660 pesetas, para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante los ejercicios de 1996 y 1998, que son aprobadas.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 10262)

Protocolo al Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Económica Europea y la República de San Marino como consecuencia de la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 1997 . . . (Página 10262)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas, hecho en La Haya el 15 de agosto de 1996 . . .
(Página 10262)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y el Reino de Tailandia, hecho en Madrid el 15 de junio de 1998 . . . (Página 10262)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, hecho en París el 17 de diciembre de 1997 . . . (Página 10262)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, hecho en Londres el 7 de noviembre de 1996 . . . (Página 10262)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Página 10254


Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998. . .
. (Página 10262)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Enmiendas al Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y al Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves, adoptadas en Barcelona el 10 de junio de 1995, y a las enmiendas al Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, adoptadas en Siracusa el 7 de marzo de 1996 . . . (Página 10263)

Sometidas a votación, se aprueban por asentimiento.


Cuarta enmienda del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, hecho en Hong-Kong el 23 de septiembre de 1997 . . .
(Página 10263)

Sometida a votación, se aprueba por 271 votos a favor y 15 abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 10263)

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias ... (Página 10263)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alcaraz Ramos y Rodríguez Sánchez del Grupo Parlamentario Mixto, y Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears .
. . (Página 10269)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Riera Madurell, del Grupo Socialista del Congreso, y Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León . .
. (Página 10276)

En defensa de las enmiendas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Madrid López, del Grupo Socialista del Congreso, y Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Rioja. . . .
(Página 10282)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, e Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, hace constar su satisfacción por la aprobación de las reformas de estatutos propuestas en el día de hoy.


Página 10255


Votación de conjunto . . . (Página 10287)

Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas . . . (Página 10287)

Sometido a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, el proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, con la incorporación de las enmiendas del Senado, se aprueba por 285 votos a favor, 19 en contra y una abstención.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. (Votaciones) . . . (Página 10287)

Se someten a votación las distintas enmiendas presentadas y el dictamen de la Comisión.


Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, se aprueba por 292 votos a favor, 15 en contra y una abstención.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
(Votaciones) . . . (Página 10288)

Se someten a votación las diferentes enmiendas y el dictamen de la Comisión.


Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, se aprueba por 294 votos a favor, 14 en contra y una abstención.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
(Votaciones) . . . (Página 10289)

Se someten a votación las diferentes enmiendas presentadas y el dictamen de la Comisión.


Sometida a votación, por su carácter de orgánica, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se aprueba por 288 votos a favor, 14 en contra y seis abstenciones.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
(Votaciones) . . . (Página 10290)

Se someten a votación las diferentes enmiendas presentadas y el dictamen de la Comisión.


Sometida a votación de conjunto, por su carácter de orgánica, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, se aprueba por 288 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones.


Debates de totalidad de convenios internacionales . . . (Página 10291)

Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas y sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994 . . . (Página 10291)

Defiende su enmienda de totalidad al Convenio el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad del señor Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto, se rechaza por 12 votos a favor, 273 en contra y dos abstenciones

Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000083)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado a dos proyectos de ley; el orgánico de régimen disciplinario

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de las Fuerzas Armadas y el de concesión de un crédito extraordinario para compensación de tarifas entre determinados territorios extrapeninsulares españoles.


Quiero anunciar a la Cámara que las votaciones correspondientes a estas enmiendas se producirán al final de los dos debates y que, al tener naturaleza orgánica el primero de los proyectos, la votación de conjunto, para lo cual la Constitución y el reglamento establecen determinadas exigencias, entre ellas la antelación suficiente de la votación, no se producirá antes de las 12 de la mañana. En consecuencia, comenzamos el debate y posterior votación de las enmiendas del Senado a los dos proyectos de ley, empezando por el de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. ¿Grupos que desean intervenir sobre este punto? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo observa que el Senado ha introducido en este proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas un bloque de enmiendas puramente técnicas que vamos a votar favorablemente. Hay otro grupo de enmiendas que se han aprobado para adaptarlo al futuro proyecto de ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, proyecto que ya ha entrado en esta Cámara. Es el caso de la enmienda al artículo 16 de este proyecto de ley orgánica, en la que curiosamente se hace referencia a un proyecto de ley que todavía no se ha aprobado en la Cámara, la damos por aceptable si bien nos hubiese gustado que otras figuras regladas que están en el texto del proyecto que ha remitido el Gobierno en la ley de régimen de personal de las Fuerzas Armadas también se hubiesen recogido mediante enmiendas en este proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Hay un tercer bloque de enmiendas en el que se han introducido algunas cuestiones de muy dudosa constitucionalidad. Me refiero a la presentada al artículo 68, para la que vamos a pedir votación separada, por la que se inicia un procedimiento para el militar que, estando en cumplimiento de arresto, solicitara la baja en las Fuerzas Armadas. Tenemos nuestras dudas ya que lo que aquí se regula, en cuanto sea objeto de un contencioso-administrativo o una reclamación del derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional, puede quedar seriamente tocado. Al tener reservas de la seguridad jurídica de esa enmienda introducida al artículo 68, pedimos su votación separada porque nos vamos a abstener. Igual que nos vamos a abstener respecto de la enmienda al preámbulo, que viene a modificar el párrafo decimocuarto. Quiero hacer aquí una observación, porque, puntuando lo que se entiende en nuestra ordenación gramatical por párrafos, correspondería al párrafo decimoquinto, salvo que se entienda que hay párrafos anteriores que pueden ser agrupados en uno solo; pero, tal como viene en la imprenta, corresponde al párrafo decimoquinto. En fin, me estoy refiriendo al párrafo que dice: su articulado viene encabezado por la definición del objeto del régimen disciplinario, que no puede ser otro que el de garantizar en primer lugar la observancia de la Constitución y de las reales ordenanzas. Mi grupo quiere hacer constar que nos congratulamos de que el Senado haya introducido en esta enmienda -lo que se llama en el escrito de remisión de la Alta Cámara al Congreso párrafo decimocuarto- la expresión Constitución, que a mi grupo se le había pasado en el trámite en Comisión en esta Cámara. Porque parece ser que en el Ministerio de Defensa hay alguien empeñado en consagrar un principio de prevalencia de las reales ordenanzas sobre la Constitución española.
Tengo que repetir aquí que cuando presentamos nuestra enmienda número 3, donde pedíamos el reconocimiento expreso y explícito del derecho de asociación militar al amparo del artículo 22 de la Constitución española, se nos dijo que aquello era introducir el derecho de sindicación, cuando nosotros habíamos dicho claramente que no lo planteábamos y que, de acuerdo con la Constitución y las reales ordenanzas, nos oponíamos a que se reconociera el derecho de sindicalismo en las Fuerzas Armadas, pero no al de asociacionismo, que es otra cosa; porque no es reivindicativo ni tiene carácter sindical una asociación en nuestro ordenamiento jurídico. Nos extraña que se vuelva a tratar de consagrar aquí este principio de prevalencia de una norma como las reales ordenanzas, que es anterior a la Constitución española. No se puede decir que las reales ordenanzas constituyen una regla moral de la institución, en lo que estamos de acuerdo, y, al mismo tiempo que, por ser esa regla moral, define las obligaciones y derechos de sus miembros. Las obligaciones y derechos de unos miembros en un Estado de derecho no los regula una regla moral, los regula una ley, los regula una Constitución, los regulan unos principios reglados que están en el ordenamiento jurídico. Las reglas morales obligan en conciencia, y esa es otra área en la que la Constitución ha mostrado siempre un respeto exquisito en nuestra democracia, afortunadamente.
Por tanto aunque se ha mejorado en parte en el Senado, al introducir la observación de la Constitución y a continuación las reales ordenanzas, si se tiene que acatar la Constitución en todos los extremos, máxime por los responsables del Ministerio de Defensa, se debería haber dado entrada en este trámite al principio constitucional de la asociación. Porque ha tenido mucho cuidado el legislador en otras modificaciones que ha hecho en el Senado al introducir aclaraciones al controvertido tema de los supuestos delitos o faltas contra la libertad sexual, haciendo una diferenciación si se cometen en los cuarteles, naves, aeronaves, etcétera,mientras no se falte a un principio de decoro,

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dejando una inseguridad jurídica que es lo que se quiere tipificar aquí.
Solamente haré las observaciones respecto a en qué votaciones nos vamos a abstener porque, afortunadamente, este proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas no contempla ni el tipo ni la figura delictiva del asociacionismo. Respecto del militar que se asocie, ningún superior podrá encontrar en este texto, ni en su artículo 7 ni en el 8, cuál es la falta que tiene que penalizar con un tipo determinado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


Veo que los grupos Vasco (PNV) y Catalán (Convergència i Unió) no tienen interés en intervenir.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.


Saben SS.SS. que en el debate que tuvimos ocasión de celebrar en esta Cámara en relación con el proyecto Izquierda Unida presentó 36 enmiendas que no prosperaron, con la idea, efectivamente, de proponer un modelo hacia el siglo XXI en la ley orgánica de régimen disciplinario que convirtiera o diera cuerpo al concepto que nosotros entendemos de los profesionales militares que son ciudadanos y ciudadanas de uniforme, y que en el momento de diseñar un régimen disciplinario que se acercara al máximo al régimen normal y normalizado de la sociedad civil, con excepciones. Esto, lógica y desgraciadamente, no prosperó. En el debate del Senado las enmiendas que se presentaron al proyecto que tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara son en la mayoría de los casos técnicas. Salvo una al artículo 8, apartado 35, que vamos a rechazar, las demás, prácticamente, entran en la lógica del debate que mayoritariamente concitó los apoyos en esta Cámara.
Señorías, de aprobarse tal y como viene la ley del Senado, nos parece que es una ocasión perdida para poder resolver que, efectivamente, en la perspectiva del siglo XXI, se considere a los profesionales de las Fuerzas Armadas cada vez más como ciudadanos de uniforme y, por lo tanto, se les limiten muy poco, en relación con cualquier otro ciudadano, sus derechos y sus deberes.
Como ya tuvimos ocasión de decir en este debate en la Cámara, la potestad sancionadora debe ser siempre un instrumento de garantía de derechos y libertades públicas, en este caso de un militar.
Entendemos también que la ley tiene problemas importantes en relación con el no reconocimiento del derecho al asociacionismo militar, concepción que compartimos, como ha planteado el portavoz de Coalición Canaria; creemos que, efectivamente, les asiste este derecho e Izquierda Unida incluso quiere ir más allá, pero le parece que, como mínimo, hay que reconocer este derecho de asociacionismo militar. Como digo, nosotros iríamos más allá en cuanto al derecho de sindicación, como reconoce el ejército holandés.
Como primer paso, es de obligado reconocimiento el derecho al asociacionismo.
No nos parece bien seguir manteniendo la hipocresía del legislativo en relación con la negativa a la colaboración con los grupos parlamentarios y con los grupos políticos en general de los profesionales de las Fuerzas Armadas. Nos parece un verdadero cinismo y una gran hipocresía porque todos los grupos parlamentarios, todos sin excepción, reciben la colaboración normal y normalizada de los profesionales de la defensa. A la hora de plasmar en un papel legislativo la potestad sancionadora a través de la ley orgánica de régimen disciplinario, decimos que no se puede hacer, incluso que puede ser motivo de sanción. Me parece sencillamente una hipocresía absurda, porque no es reconocer lo que todos hacemos. Por otra parte, a mí me parece muy positivo que cualquier profesional de las Fuerzas Armadas, desde su óptica, desde su preocupación, desde su profesión pueda asesorar y dar su opinión al conjunto de los grupos parlamentarios. Creemos que se sigue conculcando el principio del non bis in idem, al establecer la posibilidad de una doble sanción para una misma pena: el procedimiento penal y el administrativo. Si se aprueba tal como viene este punto del proyecto con las enmiendas del Senado, también nos merece una crítica rotunda.
Otra cuestión importante y preocupante al mismo tiempo es que se sigue sin deslindar la determinación de la licitud y legitimidad de las órdenes y el reconocimiento o no de la eximente de obediencia debida, aspecto que más problemas ha originado en el pasado en relación con la convivencia normal entre mandos subordinados, cuando un oficial da una orden ilícita a un subordinado y éste se niega a cumplirla por ilícita. Desgraciadamente la ley no ha resuelto bien el problema de la determinación de la licitud y legitimidad de las órdenes y creemos, por lo tanto, que se va a seguir manteniendo un problema serio en las relaciones normales entre subordinados y jefes y oficiales.
Señorías, en definitiva, estimamos que este proyecto de ley mantiene una inseguridad jurídica en los títulos III y IV, referidos a faltas y sanciones y procedimiento sancionador. Concluimos que el procedimiento sancionador es excesivo en el sentido que quiere darle a las Fuerzas Armadas Izquierda Unida a ese colectivo de hombres y mujeres con uniformes, con muy pocas limitaciones -las lógicas de un cuerpo armado- en el ejercicio de sus derechos y libertades.
Reitero que rechazaremos la enmienda al artículo 8, apartado 35, y, respecto del resto, las aceptaremos o nos abstendremos.
Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
Por el Grupo Socialista, se encargará de fijar la posiciónrespecto de las enmiendas del Senado doña Carmen Calleja.


La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Socialista con relación al proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en la redacción que llega tras su paso por el Senado.
Debe señalarse, en primer lugar, que, como figura en el propio «Diario de Sesiones» de la Cámara Alta, ésta acogió el texto enviado por el Congreso valorando el eficaz trabajo de esta Cámara en orden al perfeccionamiento del proyecto del Gobierno. En consecuencia, la aportación del Senado respeta la estructura y el tono general del texto recibido. Sin embargo, es de lamentar que el Grupo Popular haya perdido la ocasión que da la segunda lectura del proyecto para incorporar con generosidad las aportaciones hechas en esa instancia por los distintos grupos parlamentarios. En efecto, la ponencia no admitió más enmiendas que las procedentes del Grupo Popular y, más tarde, en Comisión y en Pleno, el número y entidad de enmiendas aceptadas dista mucho de revelar una actitud abierta a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios.
En concreto, por lo que hace a las enmiendas del Grupo Socialista, de las nueve presentadas sólo una ha tenido la fortuna de incorporarse al texto. En relación con las enmiendas socialistas, podemos clasificarlas en dos grupos: de un lado, las que suponen mejoras técnicas; de otro, dos enmiendas que hacen referencia a aspectos sustantivos en orden a hacer realidad la tutela judicial efectiva en todos los supuestos de ejercicio de la potestad disciplinaria militar.
No voy a repetir aquí los argumentos que ya tuve ocasión de exponer ante SS.SS. en relación con la ineludible obligación que, a nuestro juicio, tenemos como legisladores de no dejar ningún ámbito de la acción administrativa exento del control jurisdiccional, porque esto es cabalmente lo que hace el proyecto con las sanciones impuestas por faltas leves. Pero sí quiero añadir dos breves comentarios al respecto.
El primero es, al margen del lamentable e irresponsable atentado que al ordenamiento jurídico perpetramos con esta perpetuación de un reducto de inmunidad del poder, el primero es, digo, que en tiempos en que la Constitución es cuestionada por algunos y que otros se erigen, con buen criterio, en defensores de la Carta Magna, las Cortes Generales y el Gobierno con sus aliados, que por su mayoría determinan el sentido de la voluntad del legislador, no debieran dar el mal ejemplo de ignorar olímpicamente el artículo 24 de la Constitución española. Porque, señorías, propugnar la revisión de la Constitución puede ser inoportuno, pero no respetarla es perverso y disolvente del Estado de derecho. Bien es verdad que no es la primera ocasión en que este Gobierno se muestra irrespetuoso con el orden constitucional. Todavía resuenan en este hemiciclo las vanas argumentaciones para defender un decreto- ley claramente invasivo de la competencia legislativa de estas Cortes Generales.
El segundo comentario quiere hacer justicia a quien tempranamente puso de manifiesto lo inadmisible de la existencia de actos de la administración militar excluidos del control jurisdiccional. «Se trata de precisar» -dice nuestro autor- «si el acantonamiento jurídico orgánico militar debe superponerse en circunstancias de normalidad al principio de justicia administrativa que debe regir las relaciones de la Administración y su personal, instrumentándolo a través de un sistema de recursos que en última instancia puedan desembocar en la tutela jurisdiccional». La respuesta de quien así planteaba las cosas fue que: «ni la jerarquía ni la disciplina quedan deterioradas por su conjugación exacta con la justicia; muy por el contrario, aquellas resplandecerán con su valor auténtico cuando estén contundentemente armonizadas con la segunda. Y por ello creemos» -concluía- «que la deseada supresión de las exclusiones analizadas» -se refería a las de la Ley jurisdiccional de 1956- «rompe una desigualdad de la que los más perjudicados son precisamente los militares y abre una puerta a la justicia administrativa propia de todo Estado de derecho».
Estoy segura de que su actual alineación en las tesis de la caracterización de las Fuerzas Armadas como institución, frente a quienes pensamos que son parte de la Administración pública, no habrá apartado a don Federico Trillo-Figueroa, autor de las citas que acabo de leer, de las ideas que ya defendía en 1979 acerca del sometimiento pleno al control jurisdiccional por parte de la Administración militar.
Concluyo estas consideraciones acerca de la ausencia de recurso jurisdiccional frente a las sanciones por faltas leves recordando al maestro Enterría. Al hilo de la exposición de la teoría de la vinculación negativa de la Administración respecto al derecho, cuyo origen deriva -como se sabe- de las construcciones del jurista reaccionario Julius Stahl y comentando la consecuencia que tuvo de dejar fuera del control jurisdiccional grandes espacios de la actuación administrativa, dice Enterría: «consecuencia impresionante, donde se comprueba una vez más hasta qué punto las teorías jurídicas equivocadas son rara vez inocuas: todas arrastran efectos injustos y graves».
Por último, señorías, y respecto a las enmiendas que, aprobadas en el Senado, se someten hoy a nuestra consideración, la posición del Grupo Socialista será la de votarlas a favor puesto que todas ellas suponen mejoras técnicas del texto del proyecto de ley. Igual sentido tendrá nuestro voto al carácter de orgánica de la ley.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calleja, de manera particular por las citas que ha tenido la gentileza de leer. Ya sabe S.S. que en cuanto al sentido

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de lo escrito, como dice el clásico: lo escrito, escrito está.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere empezar valorando de una manera muy positiva el esfuerzo realizado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, tanto en el Congreso como en el Senado, para alcanzar un acuerdo en una ley como es la del régimen disciplinario para las Fuerzas Armadas, que pretende continuar dando pasos hacia un nuevo ordenamiento en el seno de las Fuerzas Armadas, que no sólo se produce con la aprobación de esta ley, sino también con otras que hemos puesto en funcionamiento, que están en debate en esta Cámara en este momento, como son la de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la del régimen del personal de las Fuerzas Armadas, los pasos que se han ido dando de manera importante en materia de objeción de conciencia, de insumisión y un largo etcétera de normativas que tienen que ir adecuándose al actual ordenamiento jurídico, a las actuales circunstancias.
Nuestro grupo parlamentario valora de manera muy positiva el esfuerzo que se viene realizando por todos estos grupos políticos, porque, señora Calleja, estoy convencido de que en esta Cámara como en el Senado nadie legisla en contra de los militares ni en contra de nadie, sino que todos, desde nuestro punto de vista particular, tratamos de buscar, con el consenso mayor posible, soluciones a la normativa que en este momento debatimos.
Voy a hacer un par de comentarios referidos concretamente a lo que ha dicho el señor Mardones, en cuanto a que la Constitución aparece en una corrección técnica formulada en el preámbulo de la misma.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se haya hecho alusión a la Constitución, a la Carta Magna española, a la ley de leyes con anterioridad a las reales ordenanzas. Señor Mardones, tengo que decirle que, en mi opinión -y creo que lo conozco-, en Defensa no hay nadie que crea que prevalecen las reales ordenanzas sobre la Constitución. Le digo con toda claridad que quien lo crea se equivoca de plano, porque si hay algo claro es que la Constitución, la Carta Magna ha de ser de la que deriven todos aquellos reglamentos, a los que dé origen y las reales ordenanzas son un reglamento más de desarrollo, en este caso concreto para las Fuerzas Armadas.
También tengo que decirle que se ha dado un paso importantísimo, aunque probablemente no todo lo avanzado que se quisiera en determinados ámbitos, en materia de asociacionismo militar, porque, si bien es cierto que no se recoge con esa terminología exactamente, se da un primer paso que yo creo que nadie podría pensar hace unos años que en una Cámara en este Congreso y con esta composición se pudiera haber producido, como es el de la creación de los consejos consultivos en el seno de las Fuerzas Armadas. Y quiero decirle más, señor Mardones. Nadie descarta que en un futuro esta propuesta, realizada desde varios ámbitos de los grupos parlamentarios de esta Cámara, no pueda tener en un momento determinado su plasmación real, una vez que se haya estudiado, una vez que se haya tenido en cuenta y una vez que ofrezca todas y las debidas garantías para que esto no se produzca en una asociación reivindicativa de otro carácter que nadie desea, porque si algo tiene que preservar a las Fuerzas Armadas como depositarios de las armas y de la garantía de España en este caso concreto, es su independencia por encima de todo. Este es el sentido por el que, sin decir que estemos en desacuerdo con este principio, merece la pena una reflexión mayor para poder plasmarla en un texto posterior, si es que se llega a algún acuerdo.
Termino, señor presidente, diciendo que, en el caso concreto del cumplimiento de órdenes ilícitas, yo estoy convencido de que no hay nadie, absolutamente nadie, que esté obligado a cumplirlas, ni con este ni con el anterior ordenamiento jurídico. Cuestión distinta es que haya que obedecer órdenes que no gustan en un momento determinado, pero eso entra ya dentro de lo que es la disciplina castrense, que yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda negarla en el contexto actual, ni muchísimo menos en el contexto de futuro, con un ejército plenamente profesionalizado.


Concluyo agradeciendo el esfuerzo de todos los grupos políticos de la Cámara por las aportaciones plurales de cada uno de los partidos que las han defendido, y diciendo que el Grupo Parlamentario Popular, como es obvio, va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Concluido el debate de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, quiero aclarar al Pleno un par de puntos. Primero, consultados los servicios técnicos, hay que dar la razón al señor Mardones en la intervención que ha tenido precisando que ha habido un error en la publicación, que podía inducir a su vez a confusión al Pleno. Por tanto, hay que interpretar que el proyecto va en la línea de lo que ha señalado literalmente el señor Mardones.
Segundo, como el Pleno transcurre, por fortuna, con celeridad, derivada de la excelente capacidad de síntesis que están demostrando los portavoces, quiero anunciar también que, al tener naturaleza orgánica las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía que constituyen el punto noveno, la votación de tales dictámenes no se producirá, como he dicho anteriormente, antes de las doce de la mañana.


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- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 3.691.528.660 PESETAS, PARA COMPLETAR EL PAGO A DIVERSAS COMPAÑÍAS NAVIERAS DE LAS BONIFICACIONES APLICADAS EN LAS TARIFAS DE PASAJES MARÍTIMOS A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS DEMÁS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA RESIDENTES EN CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y BALEARES, DURANTE LOS EJERCICIOS DE 1996 Y 1998. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000104)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para completar el pago a las compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, durante los ejercicios 1996 y 1998. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones, por Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con gran brevedad, dado que la enmienda que viene del Senado es una enmienda que trata, y lo hace afortunadamente bien, en procedimiento administrativo y de acuerdo con las leyes presupuestarias del Estado, de rectificar...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones. Ahora que S.S. habla de rectificar o ratificar, que para el caso es lo mismo, vuelvo a insistir en que las votaciones ordinarias de los puntos del orden del día se producirán cuando vayan concluyéndose, o para ser más claro, a continuación del debate sobre este proyecto de ley votaremos las enmiendas del Senado, que constituyen el punto séptimo, tanto al proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas como a este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario. A continuación de esas votaciones, someteré a la Cámara por asentimiento las de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, luego se empezará con los debates de las modificaciones de los estatutos de autonomía, y sólo concluidos éstos se producirán las votaciones de naturaleza orgánica, tanto la de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas como la del carácter orgánico que han de tener las cuatro modificaciones de los estatutos de autonomía. ¿Ha quedado ahora más claro? Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para dejar constancia, repito, de que la enmienda del Senado ratifica las disposiciones presupuestarias habituales y rectifica el texto que había salido del Congreso de lo Diputados, en el que se había aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que, por un error en la votaciones, fue votada por los grupos mayoritarios distintos del Grupo Socialista, casi por la mayoría de la Cámara, observándose después que no correspondía a la intencionalidad señalada por quienes aquí -recuerdo que tanto desde el Grupo Popular como desde el Grupo Parlamentario canario- habíamos mostrado nuestra oposición a esa enmienda, porque estamos ante un proyecto de ley que trata de regular las aportaciones estatales en las insuficiencias financieras del ejercicio del año 1996. Nosotros no entramos en el fondo -lo habíamos aceptado- y en las razones de la enmienda socialista de pedir un incremento de 2.500 millones de pesetas para el actual ejercicio 1998, que no está cerrado, y veremos cuál es su resultante a 31 de diciembre de este año, que ya estamos prácticamente acabando, puesto que estamos en su penúltimo mes.
Por tanto, se ha producido una serie de modificaciones legislativas, tanto por las competencias de la comunidad autónoma canaria como porque ya es públicamente conocido el contrato-programa, que ya ha vencido, que tenía el Estado establecido con la Compañía Trasmediterránea desde 1978, porque se ha celebrado un concurso de navegación de interés público en las líneas de Canarias con la Península, porque el Gobierno canario ha establecido, con sus potestades estatutarias legislativas, las obligaciones de servicio público en el tráfico interinsular canario, y porque en breve el Gobierno canario convocará el concurso para su cobertura, pues el Gobierno central del Estado ya ha aportado 2.500 millones de pesetas con ese fin, conforme a lo acordado en el pacto de gobernabilidad que habíamos suscrito -y lo quiero reconocer aquí-, en cumplimiento de los compromisos del pacto de investidura del presidente del Gobierno, señor Aznar, con Coalición Canaria y el Gobierno del Archipiélago.
Ésta es la razón que nos mueve a votar favorablemente la enmienda que, procedente del Senado, viene a rectificar un texto que no se hubiera correspondido con la buena aplicación de la normativa presupuestaria y de los pactos políticos entre el Gobierno central y Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


Tiene la palabra don José Segura, por el Grupo Socialista.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos en una tramitación que, al menos formalmente, ha tenido una evolución -digámoslo generosamente- curiosa. Se trata de la concesión de uncrédito extraordinario para completar el pago a diversas

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compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasaje marítimo a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares durante el ejercicio de 1996.
Señor presidente, señorías, como recordarán, cuando se produjo la tramitación en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista introdujo dos enmiendas por estimar que faltaban 2.500 millones de pesetas para cubrir la financiación, en el vigente ejercicio de 1998, de las rutas marítimas de interés público en la comunidad canaria. Tiene que quedar claro, debe quedar claro, en primer lugar, que, finalizado el contrato programa del Estado con la Compañía Trasmediterránea el 31 de diciembre de 1997, la Administración general del Estado, a través del Ministerio de Fomento, abrió un concurso público para cubrir las rutas marítimas de interés público en todo el Estado español, a excepción de las rutas interiores en la comunidad canaria.
Adjudicado ese concurso a comienzos de 1998, con consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 1998, pero careciendo de consignación presupuestaria en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, nos hemos encontrado con que, a lo largo del año 1998 -esto hay que matizarlo, pero, como es obvio, este interviniente no quiere participar en ningún debate cruzado, aunque debe quedar muy claro-, desde el 1 de enero de 1998 hasta el día de hoy, se han cubierto por diferentes empresas navieras -por diferentes empresas navieras, no por una sola- las rutas marítimas de interés público entre la Isla de Tenerife y la de La Palma, entre Gran Canaria y Tenerife, etcétera, es decir, las diferentes rutas dentro de la comunidad canaria. En consecuencia, no se ha producido -repito, no se ha producido- consignación o transferencia presupuestaria a la Comunidad Canaria por parte de la Administración del Estado.
Por tanto, reitero, a lo largo de este año, las empresas navieras han cubierto las rutas de interés público sin haber sido objeto de licitación ni de adjudicación. Es cierto que la comunidad canaria definió cinco rutas de interés público, abrió un concurso gratuito en el mes de septiembre, se ha cerrado y no se ha presentado ninguna empresa, y aún no se ha producido la pertinente adjudicación. En consecuencia, alguien tendrá que aportar los 2.500 millones de pesetas de coste de la prestación de este servicio esencial -repito, de interés público- en la comunidad canaria. Éstas son las razones que condujeron al Grupo Parlamentario Socialista a presentar las enmiendas. Si bien es cierto que los portavoces de Coalición Canaria, en la persona del señor Mardones, y del Grupo Parlamentario Popular, en la persona del señor Carreño, en su intervención en el Pleno del Congreso anunciaron que votaban en contra de esas enmiendas, también es verdad que en el Pleno se produjo un error de votación de esos grupos parlamentarios y las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista fueron aprobadas, incorporadas al texto de la ley y remitidas al Senado. La mayoría parlamentaria en el Senado las ha rechazado y nosotros, hoy, nos mantenemos en la misma posición porque hasta el día de hoy no hay consignación presupuestaria para cubrir ese coste, no hay transferencia del Gobierno, de la Administración general del Estado a la comunidad canaria para que ésta pueda ejercer la competencia reguladora del tráfico marítimo dentro de las aguas canarias, dentro de la propia comunidad; no la puede ejercer sin que previamente exista la consignación presupuestaria. De ahí que nosotros nos mantengamos en la misma posición. Si bien es cierto, porque lo leemos en las referencia de prensa, que hay acuerdos de la Comisión Mixta de Transferencias que algún día se convertirán en realidad con la pertinente transferencia de los 2.500 millones de pesetas para cubrir el tráfico marítimo, ese hecho aún no se ha producido. Luego la posición coherente del Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy está en la línea directriz que se produjo en la última sesión plenaria en la que se debatió este proyecto de ley y, análogamente, en la que el grupo ha mantenido en el Senado. De aquí nuestro rechazo a las modificaciones introducidas por el Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura Clavell.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Voy a cumplir a rajatabla lo expuesto por el señor presidente en cuanto a síntesis y brevedad.
Este proyecto de ley sobre crédito extraordinario ha tenido una larga andadura. Se inició el expediente en marzo de 1997 y, afortunadamente, el Senado, como han repetido los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, corrigió el error que, en votación del Pleno de 25 de junio, llevó a aprobar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, primero rechazadas en Comisión y después aprobadas en Pleno. Los argumentos expuestos en los sucesivos debates, tanto en Comisión y en Pleno de esta Cámara como en el Senado, por los portavoces que, como el nuestro -el popular-, rechazaron las enmiendas socialistas eran prácticamente coincidentes; ya lo ha dicho el señor Mardones.
La tramitación de un crédito extraordinario tiene unos importantes pasos legales ineludibles: un informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado; un dictamen del Consejo de Estado basado en sus derechos, en sus competencias y en el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria; un informe-propuesta de la Dirección General de Presupuestos; una aprobación por el Consejo de Ministros y la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Todo ello pretendieron

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obviarlo las enmiendas del Grupo Socialista. Además, la situación, tanto desde el punto de vista competencial como de explotación del transporte marítimo, este año 1998 es absolutamente distinta de la de 1996. Lógicamente, seguimos considerando imposible legalmente la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y, por tanto, sí aceptamos las aprobadas por el Senado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carreño, por cumplimentar las disposiciones que la Presidencia había previamente enunciado.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las enmiendas y a pasar a continuación al punto siguiente del orden del día.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado a los dos proyectos de ley, comenzando por el de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Se votan, en primer lugar, las enmiendas al artículo 8.o, apartado 35.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 266; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 68.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 263; en contra, uno; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.


Enmienda al párrafo 14 del preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 264; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 266; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado.
Como saben SS. SS., la votación sobre el carácter orgánico se ha anunciado para las doce de la mañana, como muy pronto.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley inicialmente denominado de concesión de un crédito extraordinario para complementar el pago a diversas compañías navieras. Se someten a votación las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 164; en contra, 113; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas y, por tanto, también el cambio de título, que será el de proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios por importe total de mil millones y pico de pesetas para completar el pago a diversas compañías navieras de las bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes marítimos a los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en Canarias, Ceuta, Melilla y Balerares durante el ejercicio 1996.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que vamos a someter a votación por asentimiento, salvo el que figura en el orden del día con el número 41, que lo someteremos a votación separada al final.


- PROTOCOLO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DE UNIÓN ADUANERA ENTRE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, COMO CONSECUENCIA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y EL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE OCTUBRE DE 1977. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000203)

El señor PRESIDENTE: Protocolo al acuerdo de unión aduanera entre la Comunidad Económica Europea y la República de San Marino. ¿Se entiende aprobado por la Cámara? (Asentimiento.)

Gracias, señorías.


- ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS AFROEUROASIÁTICAS, HECHO EN LA HAYA EL 15 DE AGOSTO DE 1996. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000204)

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El señor PRESIDENTE: Asimismo entendemos que se manifiesta el asentimiento de la Cámara sobre el acuerdo de conservación de las aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas. (Asentimiento.) Gracias, señorías.


- CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE TAILANDIA, HECHO EN MADRID EL 15 DE JUNIO DE 1998. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000206)

El señor PRESIDENTE: El convenio de asistencia judicial entre España y Tailandia, ¿también se entiende aprobado por asentimiento? (Asentimiento.)

- CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HECHO EN PARÍS EL 17 DE DICIEMBRE DE 1997. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/ 000207)

El señor PRESIDENTE: El de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. (Asentimiento.) Muchas gracias por esa expresividad.


- PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972, HECHO EN LONDRES EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1996. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000209)

El señor PRESIDENTE: El protocolo relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por el vertido de desechos y otras materias. (Asentimiento.) Se entiende aprobado.


- TRATADO GENERAL DE COOPERACIÓN Y AMISTAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, HECHO EN LA PAZ EL 16 DE MARZO DE 1998.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000210)

El señor PRESIDENTE: Tratado general de cooperación y amistad entre España y la República de Bolivia. (Asentimiento.) Aprobado por asentimiento.


- ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y AL PROTOCOLO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO CAUSADA POR VERTIDOS DESDE BUQUES Y AERONAVES, ADOPTADAS EN BARCELONA EL 10 DE JUNIO DE 1995, Y A LAS ENMIENDAS AL PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN TERRESTRE, ADOPTADAS EN SIRACUSA EL 7 DE MARZO DE 1996. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000211)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y el protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo por vertidos desde buques y aeronaves y las enmiendas al Protocolo para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre. (Asentimiento.) Se entiende aprobado.


- CUARTA ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN HONG-KONG EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000205)

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la cuarta enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 271; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen de la Comisión a la cuarta enmienda.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000007)

El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, dictámenes de la Comisión Constitucional sobre diversas propuestas de reforma de sendos Estatutos de Autonomía, comenzando por el del Principado de Asturias. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En primer lugar, tiene la palabra, para la presentación de sus enmiendas y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alcaraz Ramos.


El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.


Defiendo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya las enmiendas numeradas...(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Un momento, señor Alcaraz.


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Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que defiendo en nombre de Nueva IzquierdaIniciativa per Catalunya las enmiendas numeradas entre la 2 y la 6, y debemos lamentar lógicamente que, primero, en la ponencia, y, luego, en la Comisión, no se haya aceptado ninguna. A nuestro modo de ver, ellas mejoraban el texto y es especialmente relevante el intento de llegar a consenso, de llegar a acuerdo cuando se trata de la norma institucional básica de una comunidad autónoma como es su estatuto de autonomía.


Estas enmiendas se refieren tanto a la caracterización histórica del Principado de Asturias como a la necesidad de alcanzar una mejor regulación normativa del bable asturiano, ya que en el texto que finalmente se trae hoy a este Pleno sigue existiendo una regulación ambigua, aportando alguna novedad a la configuración jurídica de la normalización lingüística del Estado, pero que en este caso, como digo, aporta ambigüedad más que elementos positivos. Finalmente, también teníamos una enmienda que trata de garantizar el máximo nivel de autogobierno institucional, eliminando limitaciones, a nuestro modo de ver, inútiles e inservibles en la disolución anticipada de la asamblea legislativa. Entendemos que esos límites no están justificados y que pueden llegar a desvirtuar gravemente lo que supone un avance. Por eso, lamentamos que la aproximación entre algunos grupos de esta Cámara se haya alcanzado con exclusión de otros que, en definitiva, va a impedir que el consenso, que como decía hace un momento es importante en nuestra autonomía, sea total o al menos más amplio.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda que mantiene viva, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Como representante del Bloque Nacionalista Galego, quiero en esta ocasión empezar evocando la figura de don Dámaso Alonso y su interés por el estudio del gallego en Asturias, en la tierra entre el Eo y Navia, cuando prometía a sus alumnos de origen gallego un futuro académico brillante, si se dedicaban al estudio de esta realidad lingüística, que había sido afirmada, por lo demás, anteriormente por toda la romanística de base menendezpidaliana. Hoy, por lo que se vé, no existe el gallego en Asturias, sino, todo lo más, el asturiano- gallego en adaptación, acoplamiento y solapamiento por una realidad burocrática administrativa, el marco autonómico de la comunidad de Asturias, y por el triunfo, sin duda, de los prejuicios y del ideologismo; prejuicios e ideologismo que convierten la variedad dialectal de un idioma, desgajada de su espacio mayor, en una modalidad lingüística local. Se atomiza, por tanto, la realidad lingüística y, además se intenta destruir la conciencia de esta realidad. Señorías, deben de tener en cuenta una cosa: esta ignorancia y desconsideración perjudica la conciencia de la lengua, incluso la conciencia sobre su base territorial, pero es un triunfo pírrico porque la realidad es tozuda; lo malo es que en este momento se produzca este triunfo pírrico nada menos que impulsado por una supuesta conciencia diferencial.
El Bloque Nacionalista Galego nunca animará a hacer de la variedad lingüística dialectal una diferencia lingüística cualitativa y menos definirá la realidad y extensión de una lengua por un interés ideológico que, por lo menos, en este caso, ya se ve para lo que va a servir. Mala cosa es que lo que fue el invento del Principado de Asturias en un momento histórico determinado continúe con el invento de una variedad lingüística que, además, es consecuencia de una profunda intolerancia y, desde luego, de una profunda desvalorización de una lengua.
Ya sé que no va a ser aprobada esta enmienda, pero el futuro dirá también su base real y cómo, cuando las cosas vuelvan otra vez a su cauce, volveremos a aceptar también naturalmente la realidad de una lengua por encima de cualquier otra consideración.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso para defender las enmiendas de su grupo.


El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida hoy tiene la responsabilidad de explicar a esta Cámara el porqué todavía hoy no es posible sentirnos identificados con esta reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias.
Nuestro grupo político apuesta por la federalidad. En un momento en que nuestro país se divide, mediáticamente al menos, en dos grandes bloques confrontados, los llamados nacionalistas y -aunque no se autodenominen- los españolistas, nuestro grupo ha apostado por la racionalidad y por un discurso federal, que supone reconocer la diversidad de las comunidades autónomas y, por tanto, que autonomía es también dejar que las propias comunidades autónomas decidan por sí mismas cuál es su posible techo competencial, cuál es el nivel de competencias que quieren gestionar así como decidir sobre su propio futuro.
Hoy tenemos aquí una reforma que, en nuestra opinión, es timorata, pacata y de una cierta prepotencia de los partidos mayoritarios. A partir de algunas reformasde estatutos de autonomía -sobre todo los del 143- que

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empezaron a abrir algunas puertas a nuevas competencias, en los últimos tiempos estamos ante un frenazo brutal de la posibilidad de acceder a nuevas competencias; se aplica mecánica y sistemáticamente una especie de plantilla a todos los estatutos de autonomía, lo que nos parece que es un error y una falta de visión política y de futuro. Es cierto que la reforma de un estatuto de autonomía nunca es definitiva, sino que en el futuro será necesario -y además se va a imponer esa necesidad- continuar abriendo la reforma de todos los estatutos, incluidos los cuatro que hoy vamos a ver en esta Cámara.
Nos parece la peor de las visiones el intentar, desde una visión centralista, matizar, reformar las propias propuestas que vienen ya de las comunidades autónomas, como es el caso de Asturias. Es verdad que puede haber, y hay, algunas de las propuestas de los grupos mayoritarios que son meramente técnicas, pero también lo es que se liman algunas de las competencias que incluso se aprobaron sin el voto de Izquierda Unida, ni del Partido Asturianista, ni de la propia comunidad autónoma asturiana. Nos parece bastante lamentable que, sin embargo, se nos intente acusar a quienes hemos hecho un esfuerzo de acercamiento, incluso aparcando algunas de nuestras reivindicaciones importantes en esta reforma del estatuto para conseguir que éste fuera el de todas las fuerzas políticas representadas en la Junta del Principado, y nos hemos visto respondidos una vez más con un cierto desprecio y talante de intransigencia. Nosotros, a pesar de todo, seguimos manteniendo la esperanza. Queda el trámite del Senado, que esperamos que sea en el mes de febrero, y mantenemos la mano tendida para continuar ofreciendo ese diálogo, a pesar de que sabemos que hay un debate de fondo sobre el modelo de Estado que en algún momento todos tendremos que abordar para que luego no nos quejemos del aumento de sentimiento de maltrato o de lejanía y, por tanto, la proliferación de nuevas fuerzas de ámbito regionalista, autonomista o nacionalista, que se están alimentando precisamente con estos errores de fondo que, en nuestra opinión, se están cometiendo en ocasiones por los partidos mayoritarios.


Nosotros hemos presentado unas cuarenta y tres enmiendas, que doy por defendidas; algunas de ellas son de tipo técnico, pero voy a resaltar aquellas que nos parecen más importantes. En primer lugar, está el conflicto sobre la lengua, sobre el bable. Recientemente el Consejo de Universidades, también en nuestra opinión contra lo que debe de ser el respeto a la autonomía universitaria, rechazaba la solicitud de la Facultad de Filología, aprobada a su vez por la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo, para la creación de la licenciatura de filología asturiana y su inclusión en el catálogo estatal de titulaciones universitarias. La razón utilizada era la no consideración del asturiano como lengua, según algunos expertos del Consejo de Universidades. Sin embargo, es una falta de rigor y desprecio en la medida en que en el artículo 6 del Estatuto de la Universidad de Oviedo se reconoce al asturiano como lengua, que es a su vez asignatura como tercera lengua en el Plan de estudios de filología hispánica, textos ambos publicados en el Boletín Oficial del Estado, existiendo además titulaciones propias, como la de especialista en lengua asturiana; desprecio, por tanto, una vez más, a las instituciones asturianas cuando recientemente en la propia Junta del Principado se aprobó una ley sobre el uso del asturiano y donde se explícita su carácter de lengua. Al mismo tiempo, en esta misma Cámara, se aprobó una proposición no de ley de Izquierda Unida del 13 de diciembre de 1995, presentada en aquel momento por este diputado que les habla, reivindicando la petición de que ante el Consejo de Universidades se aceptara los planteamientos de la Universidad de Oviedo. Actualmente en esta reforma del estatuto continuamos cerrando las puertas a que algún día -y no estamos planteando ahora- el asturiano o bable pueda ser reconocido como lengua de la comunidad autónoma de Asturias.
Nuestro grupo lo que está planteando es un tema para nosotros muy importante, casi más que la cooficialidad posible del bable, que es quién toma las decisiones en aquellos aspectos que afectan exclusivamente a una comunidad autónoma; y si hay algo que afecta exclusivamente a una comunidad autónoma en este caso es su lengua.
Por ello, la enmienda de Izquierda Unida lo que está planteando exclusivamente es que esa decisión, cuando se pueda tomar, cuando tenga un consenso social suficiente, que nosotros proponemos en la enmienda que sea de tres quintos, sea la Junta del Principado la que la adopte sin necesidad de esperar a que de nuevo aquí demos el visto bueno entre todos y que, como con una especie de actitud paterno- filial, estemos impidiendo en este momento que una comunidad autónoma pueda decidir sobre algo tan suyo como es su propia lengua. Por tanto, consideramos inadmisible, por no calificarla de otra manera, la actitud de cerrazón, que es meramente táctica y partidista, exclusivamente para tratar de evitar que en un futuro, en el ámbito que corresponde, que es el del Principado, los partidos tengamos que debatir de nuevo sobre la conveniencia o no de implantar la cooficialidad. Un argumento táctico se está convirtiendo una vez más en un desprecio a las posibilidades de autonomía, en este caso de nuestra comunidad autónoma.
De todas maneras, no se van a librar. Es probable que nuestro grupo tenga en algún momento un carácter decisivo en la composición de un nuevo gobier no en la comunidad autónoma de Asturias, que ha pasado de ser un Principado a ser un marquesado últimamente, porque el Partido Socialista es incapaz de sacar adelante una moción de censura que podría acabar con esta situación. (Rumores.) Es verdad que el Partido Socialista en ocasiones tiene la tentación de decir que esta situación se produce por nuestra culpa. (Varios señores diputados del Grupo Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) Quizá

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algo de culpa tuvimos, ya que no fuimos capaces todos, el Partido Socialista e Izquierda Unida, de llegar a un acuerdo que nos llevara a gobernar en Asturias. En todo caso, es corresponsabilidad de los dos. (Rumores.) Es verdad que hay un diputado tránsfuga de Izquierda Unida, que antes fue del Partido Socialista y de UGT, después de Comisiones, y no sabemos dónde terminará; sin embargo, es cierto que volveremos a discutir sobre estos temas en el futuro. Recuerdo que en aquel momento algunos hicimos esfuerzos por desbloquear aquella situación, y fue una vez más una visión estatalista del Partido Socialista la que pretendía, en reuniones con el señor Txiki Benegas, intercambiar acuerdos globales en Asturias, Córdoba, Huelva, Málaga, pero no con una visión de lo que necesitaba Asturias, sino con una visión aparentemente de Estado. A pesar de eso, hoy el Partido Socialista e Izquierda Unida siguen gobernando en más de 700 municipios con apoyos mutuos, gracias a Izquierda Unida. Uno puede eludir todas las responsabilidades e intentar echárselas al contrario pero, en todo caso, son responsabilidades compartidas. Espero que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones de ese tipo con actitudes cerradas en temas tan simples como puede ser darle a Asturias la posibilidad de debatir sobre sus propias competencias.
Al mismo tiempo, presentamos enmiendas relativas a la creación de una figura similar a la del Defensor del Pueblo, que ha sido útil en otras comunidades autónomas y en el ámbito estatal, precisamente como una especie de garantía más para el ciudadano, para poder defenderse de los posibles abusos, de los silencios administrativos o del gran aparato que supone la Administración, y que a veces es el último recurso en el que poder ampararse ante estas situaciones.
Planteábamos la posibilidad de levantar el límite que tiene hoy la Cámara asturiana, que en su estatuto actual lo fija en 45 diputados...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SANTISO DEL VALLE: Pedíamos eliminar ese límite, porque entendemos que, al menos, hay que dejar la posibilidad abierta para que se equipare a otras comunidades autónomas o para que tenga un número de diputados acorde con su población. Nosotros proponíamos abrir la horquilla de 46 a 60, simplemente para que, a posteriori, sea el propio Principado de Asturias el que pueda decidir sobre su composición y el número de diputados que quiere tener.
Doy por defendidas el resto de enmiendas, sin decir que esto excluye de responsabilidades a nadie. Creemos que algunas de las enmiendas que presentamos -reconocemos que en el texto actual se incorporan propuestas de Izquierda Unida, en el ámbito de Asturias y una en el trámite actual, y por eso nos sentimos coelaboradores en parte del texto que hoy se trae aquí a debate- son de tanto sentido común que no elude la responsabilidad de nadie. Tampoco me sirve que el Partido Popular oculte su responsabilidad diciendo simplemente que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. Yo creo que no se puede eludir la responsabilidad en temas tan sencillos, tan claros y que no sé si provocarán quizá un mayor gasto público, pero me parece que ése no es el problema cuando estamos hablando, por ejemplo, de una figura que puede ser útil a los ciudadanos, como es la del Defensor del Pueblo.
En definitiva, no se elude su responsabilidad. Creemos que, además de que hay que intentar agotar las posibilidades de acuerdo entre todos, algunas de estas propuestas son fruto de un consenso social que va más allá del que podemos establecer los partidos políticos.
Y termino diciendo que Izquierda Unida representa, efectivamente, de momento, a unos 110.000 ciudadanos, a los que también les gustaría formar parte de un proyecto común, y en esa vía estamos dispuestos a seguir manteniendo la mano tendida para que sea posible llegar a un acuerdo de todos en los trámites que quedan.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Santiso. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, aprobamos hoy, efectivamente, un estatuto que es fruto de un proceso, el autonómico español, que, al igual que la Constitución, está inspirado en el consenso, en el diálogo y, por qué no decirlo, en una cierta idea de que las cuestiones que conciernen al modelo territorial de nuestro país deben basarse en un pacto. Y hablando de pactos, la historia -esta Cámara y los ciudadanos tienen que saberlo- hay que contarla en su realidad, hay que contarla como es. Si en Asturias, aunque existe una mayoría social y parlamentaria de izquierdas, no hay un Gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español y si no existe tampoco ese Gobierno de la izquierda en Córdoba, en Málaga o en otras realidades, es porque existió un pacto en la trastienda del Congreso entre el señor Anguita y el señor Aznar, y ésa es la realidad de la historia presente en nuestro país. (Rumores.) Si en Asturias hay un Gobierno en crisis que no es representativo de la Cámara, la responsabilidad es de aquellos que, en una irracional lucha fratricida, han puesto en crisis, para vergüenza de la comunidad asturiana, una institución como es el Principado de Asturias. Y que ahora no vengan con síndromes ni con complejos ni con obsesiones; los responsables son los que asumieron la capacidad de gobierno, los que boicotearon en su momento la capacidad de gobierno y los que permitieron, con un pacto contra natura entre Izquierda Unida y el señor Aznar,

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que en Asturias haya un Gobierno de derechas, un Gobierno, en este caso, del Partido Popular, en primera fase, y en los últimos meses una escisión del Partido Popular, también de la derecha asturiana, encabezada por el señor Marqués. (Rumores.) Esta reforma del estatuto de autonomía tiene una gran trascendencia.
Decía que hay que poner en valor algo que debe merecer una reflexión también democrática, por qué no decirlo. Porque la idea de proximidad -y este estatuto aumenta la capacidad de autogobierno de la comunidad autónoma asturiana- es una idea radicalmente democrática, de profundización permanente en la democracia, y desde este punto de vista la capacidad de autogobierno que adquiere la comunidad autónoma asturiana con esta reforma es un paso muy cualitativo y, sobre todo, permite cumplir las previsiones constitucionales, las previsiones del modelo autonómico allá cuando fue diseñado, desde el pacto, desde el consenso y desde el acuerdo, en 1979.
Hablábamos en aquella época desde el pacto de la autonomía plena diferida, que no era una concepción menor de la capacidad de autogobierno; era un método gradual y dinámico, una realidad como la democrática o la de la España de las autonomías, que también es dinámica y gradual. Por tanto, la autonomía plena diferida no era una aspiración menor de autogobierno, y hoy, con esta reforma, como se hizo también con la de 1994, pero sobre todo hoy con esta reforma, se aumentan mucho las previsiones, la capacidad de autogobierno del Principado de Asturias.
En la raíz de este proceso estuvo el diálogo político. Y quiero decir algo más porque también hay queponerlo en valor. En la raíz de este mismo proceso de reforma que hoy debatimos, y que llega con un dictamen mayoritario a esta sesión plenaria del Congreso, está el diálogo, el consenso y la aportación de todos, porque ha habido grandes aportaciones. En este proceso se han consumido dos años de reunión, de ponencia en el Principado de Asturias entre todos los grupos para elaborar el texto. Se ha producido un debate muy permeable donde, por dar ejemplos, sólo en ponencia se admitieron ocho enmiendas de Izquierda Unida y tres del Grupo Mixto; por razones técnicas se modificaron hasta 25 artículos, recogiendo muchos planteamientos de Izquierda Unida; los socialistas hicimos también renuncia a algunos de nuestros planteamientos en aras al diálogo y al acercamiento de posiciones. Por tanto, esta reforma, que aumenta la capacidad de autogobierno, es fruto de un diálogo intenso, que estaba también en el embrión de nuestro propio proceso autonómico, como no podía ser de otra manera porque derivaba de otro de gran relevancia e influencia como es la metodología de diálogo y de consenso en la elaboración en su día de la Constitución española.
Con este estatuto se aumenta, por tanto, la capacidad de autogobierno. No es un pasito, es un brinco, es un paso muy importante hacia adelante; se cumplen las previsiones constitucionales del artículo 148 y se amplia el marco competencial de la región. Asturias pasa a tener una capacidad de autogobierno muy interesante que permite que podamos concluir que no existen agravios comparativos en cuanto a lo que es el autogobierno político de la región. Pero también quiero decir que no estamos ante un planteamiento estático, tan sólo las dictaduras son estáticas; los regímenes democráticos están en una evolución y en una dinámica permanente; y el modelo de Estado, que debe ser estable, el modelo autonómico, que debe ser estable, también está sometido a un dinamismo. No se cierra sólo una página, se cierra unas previsiones constitucionales de desarrollo autonómico. Efectivamente, estamos ampliando la capacidad de autogobierno pero no instalándonos en el estatismo. Repito, desde el consenso, con la voluntad de consenso nuestro grupo no renuncia a conseguir que en este trámite o en otros ulteriores otras fuerzas que hoy presentan enmiendas se integren en esta línea de consenso, en este estatuto refrendado por la gran mayoría de la Junta General del Principado y por la gran mayoría de los asturianos representados en la Junta General del Principado.
Una parte que ha consumido el debate del estatuto, yo creo que de manera excesivamente intensa, lo digo sin ninguna acritud, porque se ha consumido más tiempo en la discusión sobre la lengua, sobre el bable, que sobre los niveles competenciales o sobre las instituciones de autogobierno que contempla este proyecto de estatuto, ha sido el debate de la oficialidad.
Nosotros no hemos llegado tan lejos como aquel político, hoy presente en el Gobierno, el señor Álvarez- Cascos, cuando afirmó que en Asturias existen tantos bables como valles. No vamos a llegar tan lejos, pero sí queremos decir que hoy la oficialidad no es una aspiración mayoritariamente instalada, reivindicada o reclamada por la sociedad asturiana. Es cierto que la Constitución española, ya en el párrafo cuarto de su preámbulo, establece que la nación española proclama su voluntad de proteger, entre otros derechos, las lenguas e instituciones. Y su artículo 3, el 148.1.17, la disposición final o el artículo 20.3, que alude literalmente al pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España, recogen esta realidad de las lenguas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
Es cierto también que en el ámbito de las Naciones Unidas, de la Unesco, del Consejo de Europa o de la propia Unión Europea, por referirme al Tratado de la Unión Europea, en su artículo 128, se establecen niveles de protección, de reconocimiento, de promoción de las lenguas. Esto es así. Pero tan cierto como esto es que el tenor del artículo 4 del estatuto que hoy dictaminamosno sólo está en consonancia sino que va más

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allá de los mandatos constitucionales e incluso del marco de declaraciones de derechos humanos o del marco del propio Tratado de la Unión. Dice ese artículo: El bable gozará de protección, se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable. Nosotros creemos que este artículo avanza de manera muy considerable. Se promoverá su uso. Hay un mandato claro a todas las administraciones. Y no sólo a todas las administraciones, a múltiples realidades culturales. Por lo tanto, no se puede hacer argumentaciones que intenten casi sembrar la duda sobre este estatuto en el sentido de que se está en el exterminio de no sé qué minoría étnica. Ese no es un planteamiento serio, ni riguroso, ni enlaza con la realidad de España y de Asturias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le ruego que concluya.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, voy a concluir.
Me parece también muy importante llamar la atención a la Cámara sobre algo que se ha suscitado en la enmienda defendida esta mañana y es que, si este estatuto recoge literalmente la oficialidad, aunque se supedite a una reserva de ley con mayoría cualificada de tres quintos, ya se están generando derechos frente a terceros. Y esa realidad, jurídicamente, también hay que analizarla. Aunque el desarrollo legal se bloqueara, el reconocimiento de la oficialidad en el estatuto, según reconoce aspectos muy puntuales de nuestra jurisprudencia constitucional, ya permitiría deducir la generación de derechos frente a terceros. ¿Pero es que además esa mayoría cualificada no es la mayoría cualificada que recoge el Estatuto de Autonomía de Asturias cuando regula su proceso de reforma? Si sentamos, con el artículo 4 actual, las bases de la promoción y uso del bable y en su día la realidad asturiana demanda la oficialidad, el propio estatuto establece un mecanismo de reforma que parte de los tres quintos, como dice su artículo 56, y que posteriormente necesita el aval de la mayoría absoluta del Congreso. ¿Y por qué del Congreso? Porque es una cuestión que afecta a la Administración regional, pero también al resto de las administraciones no autonómicas. Esa es la realidad y esa es la reflexión jurídica. Y aquí no hay un planteamiento sectario ni irreflexivo, hay un planteamiento realista, realizado además desde el reconocimiento al pluralismo, a todas las realidades culturales, a una actuación decidida de promoción, de promoción en la enseñanza, en el uso en todos los medios de comunicación, de una realidad como es la lengua.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Termino, señor presidente, señorías, queriendo resaltar una vez más que con esta reforma se da un gran paso de gigante, se cumplen las previsiones de plenitud en el ámbito de autogobierno de la Comunidad Autónoma asturiana. Recogemos también, por qué no lo voy a decir, un reto o un emplazamiento que se nos ha hecho en los últimos días. Se ha pedido al Partido Socialista y a mi grupo que se pronuncie sobre si está o no por la integración.
Ya lo hemos contestado con los hechos. No obstante, hoy lo vuelvo a decir, estamos por la integración, queremos que se integren aquí la mayor parte de voluntades políticas, pero este estatuto es fruto de un consenso muy importante de una gran mayoría de la Cámara y no vamos a aceptar que se nos use como escudo de incoherencias, no vamos a aceptar que se nos use como mera coartada, porque creemos que este estatuto reúne y requiere, por supuesto, la suma de voluntades y también requiere que se ponga en valor el orgullo de lo que ha sido un proceso impecable que aumenta la capacidad de autogobierno del Principado y que, por lo tanto, es un gran instrumento de profundización democrática en una sociedad que a veces tiene en la globalización el antídoto de la descentralización o el antídoto de las comunidades autónomas para realizar su idea de profundización democrática.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en el trámite final de aquel debate que se inició en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo con la presentación de representantes de la Junta General del Principado de Asturias. El 19 de mayo esta Cámara tomaba en consideración una iniciativa, la tercera, de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. Quiero recordar a SS.SS., aparte del reflejo oportuno en el «Diario de Sesiones», que, cuando tuve el honor de intervenir en este asunto el pasado 19 de mayo, entre otras consideraciones de índole política, competencial y funcional, hice referencia a una cuestión que a nuestro grupo parlamentario le parece un norte político que hay que perseguir. Aquella referencia que yo hacía entonces desde esta misma tribuna era la apelación al consenso mayoritario en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias.
Ciertamente, SS.SS. conocen que la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias llegó a esta Cámara a través de una proposición de ley que plantea únicamente el Grupo Socialista en la Junta General del Principado y que posteriormente apoya el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, en los antecedentes impecables del consenso impecable al que hace referencia el portavoz socialista hubo quiebras en la propia junta

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general. Sus señorías saben que el Grupo Socialista jugó a la práctica política de la silla vacía durante más de un año sin incorporarse a las conversaciones y, por tanto, propiciando con dificultad el consenso que desde el Partido Popular buscamos y propiciamos desde siempre en torno al Estatuto de Autonomía de Asturias. ¿Y por qué, señorías, queremos y estamos absolutamente convencidos de que hay que propiciar un gran acuerdo en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias? Pues básicamente por una consideración política. No por una consideración jurídica, ni competencial, ni constitucional. Por una cuestión política. La norma institucional básica de todos los asturianos es el estatuto de autonomía y así lo consagra el mismo en su propio articulado. Pues bien, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario, recomendable y oportuno que en la norma constitucional básica, es decir, en el marco donde luego se podrán desarrollar y propiciar las políticas, que han de ser divergentes en muchas ocasiones, propiciemos el acuerdo para que todos los asturianos, a través del marco constitucional que tenemos establecido, a saber, los partidos políticos, se encuentren y se sientan representados en torno al Estatuto de Autonomía de Asturias.


En este sentido, hemos tratado de propiciar ese consenso, de buscar ese acuerdo, desde el convencimiento, no desde la necesidad. Como muy bien decía el portavoz socialista, ha habido ocho enmiendas pactadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular, a través de sendos grupos parlamentarios. Y cuando nosotros invitamos a otra fuerza política, a Izquierda Unida, a participar en la reforma del estatuto, lo hacemos estableciendo una condición apriorística: el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista no puede ponerse en cuestión. Ello crea, sin duda, problemas -y creo que es lógico interpretarlo en clave política- al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que afecta el pacto PSOE-PP. Lógicamente, señor Cuesta, cuando uno tiene vocación política de incorporarse a la reforma de un estatuto no lo puede hacer gratis et amore y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que respeta el pacto PP-PSOE, plantea nuevas cuestiones para incorporarse a la reforma del estatuto.
Me voy a referir muy brevemente a qué cuestiones, no fundamentales desde el punto de vista competencial, plantea Izquierda Unida. Hago este inciso por una cuestión, y el portavoz del Partido Socialista lo sabe y lo ha dicho en su discurso: es cierto que hay un pacto global que no afecta sólo al Estatuto de Autonomía de Asturias; afecta a todos los que se verán esta misma mañana y a los que se han visto en sesiones plenarias anteriores. Ese pacto, básicamente, afecta a cuestiones de índole competencial, en las que nosotros, como SS.SS.
recordarán, hacíamos una apuesta inequívoca en el programa electoral del Partido Popular. Cuando hacíamos referencia a la España de las autonomías -lo digo para los curiosos-, en la página 151 y siguientes de nuestro programa electoral, decíamos entonces y lo ratificamos hoy que era necesario establecer un marco estable para la España de las autonomías inspirado en el consenso político y en la colaboración entre las administraciones. Pues bien, esto no son sólo declaraciones de principios ni palabras más o menos grandilocuentes; son auténticas convicciones del Partido Popular, que entiende el centrismo desde el consenso. Por esa razón, nosotros queremos que en la norma institucional básica de Asturias estén incorporados todos los grupos parlamentarios, para que así se sientan representados todos los asturianos.
Izquierda Unida plantea tres cuestiones ex novo: que a través de una ley se regule en Asturias, en su junta general, la figura del Defensor del Pueblo. No se me ocurre ninguna razón objetiva ni sensata, señorías, para rechazar esta solicitud, con el antecedente constatado de la existencia de esta institución en no pocas autonomías. Y más les digo: en el plano anecdótico, estrictamente anecdótico, en Gijón, donde gobierna un alcalde socialista, existe una institución del Defensor del Gijonés y no he oído voces socialistas tratando de condenar una institución a todas luces atípica y anómala, sin ningún tipo de funcionalidad. No se me ocurre, repito, ninguna razón para rechazar esta petición. Tampoco se me ocurre razón objetiva para rechazar la ampliación de la horquilla de los diputados que han de representar a los asturianos. En la actualidad, el Estatuto de Autonomía de Asturias establece una horquilla que llega hasta un máximo de 45 diputados. Desde Izquierda Unida se plantea ampliar que los partidos políticos cuenten con una mayor representación a través de los diputados electos y que pudiésemos llegar eventualmente hasta un marco de 60 diputados, que tendrá igualmente que determinar la Junta General del Principado de Asturias a través de la ley oportuna. Finalmente, la tercera cuestión, que yo he calificado como nudo gordiano de la reforma y del paquete de solicitudes del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Si SS. SS. entienden diferir una competencia y un debate a la Junta General del Principado de Asturias -estoy hablando del artículo 4 donde se regula el bable, su uso y su protección-, si además de establecer la regulación actual que figura en el estatuto, alguien me explica en clave política, en clave de sensatez, en clave de democracia, de flexibilidad y evitando rigideces mentales y políticas innecesarias, por qué no diferir una competencia en materia de lengua a la Junta General del Principado a través de una mayoría reforzada, es decir, 30 diputados, de 45, tendrían que dar luz verde para que el debate se produjese y el acuerdo se propiciase. Con garantías en el plano político, en el plano jurídico y con apelaciones a la sensatez que me consta por parte de todos los grupos parlamentarios, no entendemos el discurso que propicia el Grupo Socialista y que apoya su propio partido político. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

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Señorías, y voy finalizando, queremos hacer una apelación final al consenso político, queremos que todos los asturianos se sientan representados en el Estatuto de Autonomía de Asturias. SS.SS. conocen perfectamente que no es algo cerrado para siempre, pero conocen igualmente que no es vocación de una constitución ni de una norma institucional básica, como es un estatuto de autonomía, ser objeto de reformas bianuales, ni siquiera en períodos muy próximos en el tiempo. Nos parece oportuno y conveniente aprovechar esta oportunidad, pero como quiera que desde el Grupo Socialista se cuestiona que cualquier apoyo distinto a las ocho enmiendas pactadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista propiciaría una falta de consenso político más general, quiero que sepa esta Cámara, y desde luego me ocuparé de que lo sepan los asturianos, que, como consecuencia de la negativa del Grupo Socialista y del Partido Socialista, ni todos los asturianos van a tener cabida en la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias ni somos los populares los que utilizamos ningún tipo de escudo que no sea la convicción profunda de buscar y propiciar un consenso político, porque para nosotros, entre otras cosas, eso es el verdadero centrismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Fernández.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a pasar al dictamen referente a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
En primer lugar, para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, no es práctica habitual que el Grupo Vasco presente enmiendas a estatutos de autonomía de comunidades en las que no tiene implantación, pero en este caso lo hace por su condición de coaligado en las elecciones europeas con el Partido de Unión Mallorquina, que no tiene presencia en esta Cámara. Por tanto, vehiculamos los deseos de este partido que sí tiene implantación en la comunidad balear.
Las enmiendas que tenemos presentadas son dos y las defenderé en su orden inverso, porque es el lógico, y no como aparecen publicadas en el boletín. Empezaré, por tanto, por la enmienda número 2, que hace referencia a la propia denominación de la comunidad autónoma. Nos gustaría que quedase plasmada la propia denominación y definición que de ella se hace, islas Baleares, como expresión de la nacionalidad e identidad histórica de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Creemos que es adecuado a la identidad histórica y que además es compatible con la propia previsión del título VIII de la Constitución, que permite que las comunidades autónomas se consideren a sí mismas regiones o nacionalidades. La enmienda primera hace referencia al artículo 4 del propio estatuto y la previsión que contiene es que cada isla pueda recuperar y actualizar la denominación tradicional dentro del marco jurídico vigente. Nos parece que ello es adecuado a una pretensión lícita y que además es coincidente con la que desde los territorios históricos vascos venimos sosteniendo, por cierto sin éxito, desde hace mucho tiempo.
El precepto no hace otra cosa que permitir que después cada consejo insular, en el marco de lo previsto en el estatuto, pueda recuperar la denominación que históricamente, con anterioridad, haya tenido.
Además de estas dos enmiendas que tenemos presentadas expresamente, anuncio también ya a la Cámara que votaremos favorablemente las enmiendas 71 y 74, presentadas por el Grupo Socialista, porque nos parecen interesantes en la línea del fortalecimiento del autogobierno que corresponde a la Comunidad de las Islas Baleares. La enmienda número 71 hace referencia a que los consejos insulares podrán recibir competencias que les sean transferidas desde la Comunidad Autónoma balear. Y en la 74 se concreta esta previsión, diciendo que, respecto de estas competencias, el Consejo Insular podrá ejercitar la potestad reglamentaria organizativa.
Este es el contenido de la votación del Grupo Vasco. Votaremos nuestras enmiendas y además adelanto el voto favorable a la 71 y a la 74, de las presentadas por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas que mantiene el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Primero, quiero aclarar a la señora Uría que las enmiendas 71 y 74 no son del Grupo Socialista, sino del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. El Grupo Socialista no mantiene ninguna enmienda viva, puesto que fueron admitidas todas en ponencia. Lo digo más que nada, señora Uría, para que no haya ningún tipo de error a la hora de la votación.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida mantiene todas las enmiendas que había presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, excepto una, que ha sido retirada, porque quedaba ya recogido en la ponencia y en el dictamen de la Comisión. Me refiero a la enmienda número 57, que fue retirada, puesto que quedaba recogida y además en mejores condiciones incluso que lo que nuestra

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propia enmienda había planteado. Por tanto, esa es la única enmienda que hemos retirado.
Nuestro grupo parlamentario considera que las reformas de los estatutos de autonomía se deben aprovechar para establecer cada vez más un mayor número de competencias y que no nos veamos abocados a que en un período de tiempo relativamente corto tengamos que volver a traer a la Cámara una reforma más de un estatuto de autonomía. En el proceso de confección del Estado de las autonomías se han producido ya suficientes reformas, fundamentalmente en aquellos estatutos de la vía del 143, para poder establecer las mismas condiciones que tienen los estatutos de autonomía de la vía del 151, pero no se está haciendo un desarrollo igualitario, sino todo lo contrario, y se ha dicho desde esta propia tribuna. A través de pactos de las dos fuerzas mayoritarias se establecen criterios que no configuran las necesidades de autonomía de las propias comunidades autónomas. Por tanto, nosotros las hemos mantenido, entre otras cosas porque consideramos que son oportunidades que no se deben desperdiciar, pues no tienen por qué asumirse esas competencias en un período de tiempo corto, sino en función de las necesidades y de los intereses tanto de la Administración central como de la propia comunidad autónoma. Pero eso no significa que haya que renunciar a establecerlas en sus reformas y en el estatuto y consideramos que esta oportunidad se ha desperdiciado con la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares, entre otras cosas porque la ciudadanía de las Illes Balears sí está reclamando un mayor autogobierno y un mayor establecimiento de sus competencias. Es necesario que de una vez se establezca cuál es el principio de identidad nacional. La Comunidad Autonóma de las Illes Balears es una nacionalidad y creemos que así debe quedar reflejado ya en su estatuto de autonomía. Por eso mantenemos nuestras enmiendas a este respecto.
Señorías, la comunidad autónoma, los pueblos de las Illes Balears tienen una identidad, una cultura y una lengua, y eso debe quedar reflejado en su estatuto de autonomía ya. Es necesario y no hay por qué dilatarlo más en el tiempo. Nosotros consideramos que también es necesario que queden reflejados de una manera clara los derechos de igualdad que debe haber para las dos lenguas que se hablan en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Es necesario que se defienda y que se proteja la lengua catalana; es necesario, es preciso que sea tratada de igual manera, y para eso es necesario que así figure en su estatuto de autonomía y que se tomen las medidas adecuadas por parte del Gobierno balear para que se produzca este hecho.
Señorías, en nuestras enmiendas planteamos la necesidad de aumentar el techo competencial. En unas, pasando del desarrollo legislativo que tienen en este momento alguna de las materias a competencia exclusiva y en otras pasando de competencia ejecutiva a desarrollo legislativo. En las competencias exclusivas creemos que es necesario que se establezcan ya los criterios de algo que la ciudadanía necesita tener cada vez más cerca, sentir que su propio Gobierno está inmerso en ordenar y proteger su seguridad. Por tanto, entendemos que es necesario que exista una policía autónoma, que tenga unas determinadas competencias, que se coordine con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero que al mismo tiempo pueda conseguir aproximar a la ciudadanía que existe una dotación que vela por su seguridad y que está en manos de su propio Gobierno, de su Gobierno autónomo.


Entre otras muchas enmiendas en las que creemos aumentar el techo competencial, consideramos necesario que el Gobierno autónomo de las Illes Balears tenga competencia para poder asumir realmente el fomento, ordenación y planificación de la actividad económica. Y desde luego, señorías, no queremos que lo haga de una manera aleatoria, sino dentro de la actividad económica y de su ordenación del propio Estado. Creemos que debe ser autónomo tener capacidad para planificar su actividad económica dentro de la planificación o de la ordenación de la actividad económica estatal y consideramos fundamental que se pueda desarrollar desde la propia comunidad autónoma. En todas nuestras enmiendas hablamos de acercar el Gobierno a los ciudadanos y a las ciudadanas y pensamos que hay cuestiones verdaderamente importantes, como son el respeto y la protección, lo que es la competencia en materia ecológica y medioambiental y la protección de los espacios naturales. En este sentido, nuestras enmiendas van dirigidas a aumentar el techo competencial y, por mucho que se pueda estar en desacuerdo, sí son aportaciones, aunque no se compartan, y sí son, si no novedosas, aquello que consideramos necesario.
Señorías, nos parece también que es necesario solucionar de una vez por todas la organización institucional de las Illes Balears. Lo consideramos necesario porque hay una situación compleja en la que los consejos insulares no tienen el reconocimiento como institución dentro del organigrama de las instituciones del estatuto de autonomía y de la organización institucional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Deben formar parte de ellos y para que esto se pueda llevar a cabo, además de darles una mayor capacidad de gobierno, estimamos que es necesario que tengan competencias transferidas desde la comunidad autónoma, tanto para las funciones ejecutivas como para la potestad reglamentaria. Los consejos insulares no pueden ser solamente entes locales sino que además deben tener competencia para poder desarrollar legislación, entre otras cosas porque son las instituciones más próximas a la ciudadanía. Y estamos hablando, señorías, no de una situación territorial configurada y unificada, sino de islas, por lo que deberían tener una mayor competencia en este tipo de instituciones. Además, señorías, para que esto se pueda llevar a cabo de una forma adecuada, hay que separar la elección de los consejos insularesy que deben ser elegidos por sufragio universal. No

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se puede pretender una buena gestión y un buen ejercicio de las competencias que tienen los consejos insulares cuando los consejeros, al mismo tiempo, son diputados del Parlamento autónomo. Señorías, en esta reforma del estatuto no se da solución a este problema. Es más, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, lo que se hace es dejarlo, si cabe, en peores condiciones de las que estaba, y nosotros creemos que no se puede hurtar a los ciudadanos el derecho a elegir a sus representantes en órganos institucionales que les han de representar y gobernar. Por tanto, señorías, creemos que se ha perdido la ocasión de aprovechar esta oportunidad; no se ha perdido única y exclusivamente por problemas políticos entre las diferentes fuerzas políticas sino por intereses de los propios partidos políticos dentro de sus organizaciones. Esto no se lo ha inventado esta diputada, sino que se ha dicho por diputados del Parlamento balear en esta tribuna y en los medios de comunicación. No se ha podido llegar a un acuerdo por intereses internos de los partidos políticos y eso, señorías, no es digno de los representantes del pueblo, que deberíamos de anteponer el derecho de los ciudadanos a poder elegir libremente a sus representantes en las instituciones.
En consecuencia, señorías, creemos que no se puede decir que esta reforma del estatuto de autonomía es la que en estos momentos demandan los ciudadanos. Quiero recordarles que en el año 1991 el Parlamento balear presentó una propuesta de reforma del estatuto de autonomía que iba incluso más allá de lo que estamos aprobando hoy aquí, y estoy hablando de 1991. Lo que hoy aquí se pueda aprobar es fruto -y se ha dicho desde esta tribuna- de un pacto del Partido Popular y del Partido Socialista que, en nuestro criterio, impide que el resto de las fuerzas políticas, a pesar de que se nos llame al consenso, podamos tener incidencia real y mejorar de manera sustancial estos estatutos.
Señorías, el consenso es para negociar, para que se pueda flexibilizar por ambas partes. Cuando existe un pacto inamovible entre dos fuerzas políticas, es imposible la llamada al consenso, porque no se puede producir en ningún momento. Señorías, creemos que esta reforma de estatuto es precisamente fruto de ese pacto y no de las necesidades que tienen las diferentes comunidades autónomas de alcanzar sus techos competenciales. Desde luego, nosotros no estamos dispuestos a que se nos diga que no queremos intervenir o estar integrados en ese consenso; todo lo contrario, fuimos dejados fuera del consenso a priori y sin capacidad de intervenir porque estaba cerrado y no se modificaba ni una coma. Por tanto, señorías, menos apelar al consenso y más practicarlo realmente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Urán. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las enmiendas presentadas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente, seré muy breve.
Mi grupo, excepcionalmente, había presentado una enmienda al proyecto de ley de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, con la finalidad de que constase expresamente en dicho estatuto el carácter de nacionalidad que corresponde a las citadas illes. Si buscamos un hecho diferencial de origen geográfico, por tanto insular, nacionalidad es la Comunidad Autónoma de Canarias; si fundamentamos ese hecho diferencial en un aspecto lingüístico y cultural, nacionalidad es la Comunidad Autónoma Valenciana, y atendiendo a otras circunstancias, también lo es la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por tanto, entendíamos que nacionalidad debiera ser el concepto que tendría figurar en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears porque como nacionalidad, al menos algunos, sí que la vemos desde fuera de las citadas illes. El consenso, entre comillas, entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista impedirá que conste en el proyecto ese concepto y, habida cuenta de que el Grupo Parlamentario Vasco mantenía dos enmiendas -hacia las que anuncio en estos momentos nuestro voto favorable-, en una de las cuales queda perfectamente definido ese carácter de nacionalidad de las illes, no hemos mantenido la nuestra para el Pleno, anunciando, como ya he dicho, el voto favorable a las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo nuevamente ante el Pleno de esta Cámara en relación con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears para fijar brevemente la posición del Grupo Socialista en este trámite posterior al dictamen de la Comisión Constitucional.
Debo decirles, señorías, que el texto de la propuesta de reforma, desde que inició su tramitación en esta Cámara hasta el día de hoy, ha experimentado importantes mejoras, de las que el Grupo Socialista se considera particularmente satisfecho.
Comenzaré en primer lugar por destacar la aprobación y consiguiente incorporación de una enmienda al artículo 1, presentada por mi grupo conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular durante el trámite de Comisión. Con la aprobación de esta enmienda, lo que ha venido siendo una reivindicación histórica de las Illes Balears -me refiero al reconocimiento de las

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comunes características de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a las que hace referencia el artículo 9 del estatuto vigente desde 1983; características que provienen de su historia y de su singularidad en cuanto a lengua, cultura y geografía-, el reconocimiento de dichas características -decía- se ve hoy plasmado en el texto que sometemos a la consideración de esta Cámara. Quince años después de la aprobación del primer estatuto, lo que se apuntaba como un proceso ha quedado consolidado en la realidad y sólo necesita que los instrumentos legales que hoy tenemos posibilidad de reformar así lo reconozcan. El texto aprobado hace quince años y sus sucesivas reformas han hecho posible nuestra posición actual en el camino hacia la consolidación de la plena autonomía para las Illes Balears.
Señorías, la reforma de 1994, consecuencia de los pactos autonómicos de 1992, permitió asumir una competencia tan fundamental para la identidad de un pueblo como es la gestión de su sistema educativo en todos y cada uno de los niveles, incluida la universidad. Con la reforma que hoy aprobaremos -si esta Cámara así lo considera-, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrá asumir las competencias en sanidad y en la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que, junto con las competencias ya transferidas en educación y en servicios sociales, van a suponer un avance competencial definitivo en aquellos aspectos de la vida cotidiana que más directamente afectan a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Este es el segundo aspecto positivo que quería destacar de esta reforma.
Señorías, esta reforma estatutaria supone una importante ampliación del marco competencial, una importante mejora de lo que es en definitiva el contenido real de nuestra autonomía. Con ella estamos dotando a las Islas Baleares de instrumentos fundamentales para su autogobierno; con ella, desde el Gobierno de la comunidad autónoma, podrán atenderse importantes reivindicaciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas porque se dispondrá, ya, de instrumentos legales para hacerlo.
Las enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado a los artículos que definen el marco competencial y también las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, coincidentes con las nuestras, buscan en su mayoría ajustes a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y mejoras técnicas que adecuen la redacción del texto a los términos de la legislación vigente y, a la vez, a nuestro entender, precisan con una mayor claridad las competencias de la comunidad autónoma en cada uno de los niveles. En relación con estos mismos artículos, nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, por entender que nuestra propuesta es más correcta, tanto por los términos en que se plantea como en lo que hace referencia a la ubicación de las distintas competencias, de acuerdo con la jurisprudencia que ha ido generando el Tribunal Constitucional.
En relación a nuestras enmiendas, me gustaría llamar la atención de SS.SS. de una manera especial sobre dos de ellas, la número 14 y la número 21; la número 14 porque supone una expresión mucho más contundente a favor de la cooficialidad de las dos lenguas de la comunidad autónoma, a favor del uso normal y oficial y también a favor de la obligación de los poderes públicos de asegurar su conocimiento. La número 21 porque precisa las fórmulas de participación de la comunidad autónoma en las actividades relacionadas con los ámbitos internacionales que afectan a materias que sean de interés de la propia comunidad. Quisiera resaltar aquí, señorías, algo que ya puse de relieve en Comisión, el cambio de posición, hecho del que nos congratulamos, del Grupo Popular en estas dos cuestiones, que fueron votadas en contra por el Grupo Popular en el Parlamento autonómico y sobre las que dicho grupo en el Congreso ha demostrado una mayor sensibilidad autonómica apoyando las tesis que desde siempre había mantenido el Grupo Socialista. Estas dos cuestiones suponen un claro avance en el reconocimiento de nuestras singularidades.
El tercer elemento que quisiera destacar es el de la reforma de las instituciones autonómicas, reforma que tiene aspectos positivos, que ya hemos ido citando a lo largo de la tramitación, pero que nos sigue pareciendo incompleta e insuficiente en lo que hace referencia a los consejos insulares. Por ello, señorías, mantenemos en este Pleno el apoyo que nuestro grupo manifestó en Comisión a las enmiendas números 71 y 74 del Grupo Federal de Izquierda Unida con la pequeña salvedad, aceptada por el grupo proponente, de suprimir en la segunda de las enmiendas la función de inspección. Señorías, con la aprobación de estas dos enmiendas quedaría garantizado que sean los consejos insulares los que aprueben su propia normativa, y esto es algo que nuestro grupo ha venido defendiendo a lo largo de toda la tramitación. Los socialistas tomamos nuestras decisiones partiendo de cuál es la realidad de cada una de las comunidades autónomas y por ello no compartimos en absoluto las razones esgrimidas por el Grupo Popular para votar en contra de estas enmiendas durante el debate de Comisión. Decir que una misma competencia podría reglamentarse de manera distinta, lo que haría imposible su coordinación por parte de la comunidad autónoma, es un argumento que una vez más pone de relieve y sólo se corresponde con la visión uniformista que tiene el Partido Popular de la realidad de España, y en relación a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, señorías, es un hecho físico que está formada por unidades insulares: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, lo cual la hace diferente, a excepción naturalmente de las islas Canarias, de cualquier otra comunidad en la que la continuidad del territorio permite abordar el Gobierno de la comunidad autónoma desde una perspectiva distinta. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, señorías, necesita dotarse de un entramado institucional distinto, y pensamos

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que la propuesta que el Grupo Socialista ha ido haciendo a lo largo de la tramitación y que viene recogida por las dos enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, de dotar a los consejos insulares de capacidad normativa, se corresponde con la realidad de nuestra comunidad autónoma.
Señorías, sólo aceptando las características de cada una de las Illes Balears puede entenderse cuál es la realidad de nuestra comunidad autónoma. No acabamos de comprender la posición tan cerrada que mantiene el Grupo Popular en una cuestión por la que los ciudadanos y ciudadanas de Baleares muestran una especial sensibilidad. Señorías, la posición del Grupo Popular es menos comprensible todavía si se tiene en cuenta que el artículo 49.4 del estatuto vigente posibilita la capacidad reglamentaria normativa para los consejos insulares si la Cámara autonómica así lo habilita. La posición del Grupo Popular sólo es comprensible desde la perspectiva de un hipotético Gobierno del Partido Popular con mayoría -cosa muy improbable tras las próximas elecciones autonómicas-, que pensara oponerse sistemáticamente a cualquier iniciativa que en este sentido pudiera presentarse en la Cámara autonómica. El Grupo Popular debería mostrarse más sensible a lo que sus propios electores, especialmente en las islas menores, les demandan, porque si esto no se aprueba durante la tramitación de esta ley, los socialistas, que gobernaremos la comunidad autónoma tras las próximas elecciones, a través de la Cámara autonómica y de acuerdo con el artículo 49.4 del estatuto, dotaremos a los consejos insulares de la capacidad normativa. Por tanto, señorías, en aras del máximo consenso, el Grupo Popular debería renunciar a sus pretensiones uniformistas y dar su voto afirmativo para que nuestros consejos insulares dejen de ser instituciones tuteladas por el Gobierno de la comunidad autónoma.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió), al igual que ha manifestado el Grupo Vasco, debería apoyar estas dos enmiendas. Quiero recordarles que en el Parlamento autonómico un grupo sin representación en esta Cámara, pero que les considera a ustedes sus aliados, apoyaron durante toda la tramitación que la potestad reglamentaria de las instituciones de las Illes Balears fuera inseparable de la función ejecutiva. Por tanto, ustedes, en coherencia y por sensibilidad y similitud a los sentimientos que existen en los distintos territorios de su propia comunidad autónoma y porque el uniformismo aparentemente práctico no siempre es lo mejor para una comunidad en la que hay sensibilidades distintas en los diferentes territorios que la forman, deberían votar también favorablemente estas dos enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señora Riera, por favor.


La señora RIERA MADURELL: Gracias, señor presidente, termino enseguida.
De no aprobarse estas enmiendas, nuestro apoyo a esta reforma va a seguir siendo un apoyo crítico; apoyo porque, ciertamente, supone un avance importante, pero crítico porque dejaría incompleta, entre otras cuestiones, la reforma institucional.
En relación al resto de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, nuestro grupo no las va a votar favorablemente, por las razones que ya explicamos en el debate de Comisión.
Quiero acabar diciendo, tal como manifesté en la toma en consideración, que a pesar de la poca sensibilidad hacia la diversidad que sigue demostrando el Grupo Popular, los socialistas queremos estatutos de autonomía con sólidos apoyos que permitan la estabilidad institucional. Por esta razón y porque creemos que la misma es una buena base para gobernar con tranquilidad, y gobernar es lo que haremos los socialistas de Baleares tras las próximas elecciones autonómicas, es por lo que votaremos favorablemente el conjunto de la propuesta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme una debilidad y que manifieste mi satisfacción por dos motivos: como ciudadana de las Islas Baleares, por la reforma de su estatuto de autonomía, y por el hecho que ha pasado desapercibido en la Cámara, pero que es importante para el colectivo de mujeres diputadas, de que este estatuto de autonomía haya estado defendido por cuatro mujeres (Aplausos.), la señora Uría, del Grupo Vasco, la señora Urán, del Grupo Federal de Izquierda Unida, la señora Riera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y por esta diputada del Grupo Popular. Esto ha pasado desapercibido, pero afortunadamente no deja de constituir un avance importante en la condición política de la mujer, impensable en otras épocas, y me alegra sobremanera que se haga patente en la reforma del estatuto de mi comunidad autónoma.
Señorías, estamos reformando hoy un estatuto de autonomía que según la Constitución española es la norma institucional básica de nuestra comunidad y está reconocida y amparada como parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado. La Constitución española diseñó un modelo de distribución territorial del poder, pasando del centralismo importado del derecho francés a un sistema de descentralización en el que se reconoce la autonomía a entes públicos territoriales diferenciados de la Administración estatal.
Después de quince años de vigencia de nuestro estatuto, se consideró conveniente que las Illes Balears consiguieran un nivel más alto de autogobierno, ampliando el techo competencial de nuestra comunidad

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autónoma. Estoy convencida, además, de que esta reforma conllevará no sólo el enriquecimiento de nuestra personalidad propia dentro del Estado español sino también en el ámbito de las instituciones europeas, donde las comunidades y regiones están llamadas a tener un importantísimo protagonismo.
Me consta que hay quien considera insuficiente esta reforma, quizá lo sea, pero lo cierto es que es lo máximo que se podía conseguir en estos momentos. Lamento que esto no sea entendido así, porque concibo la política como el arte de la negociación y como la cultura de la transacción, y hay posturas, cuando se adoptan férreas, que lo único que hacen es evitar o frenar el avance de nuestra autonomía. De ahí la necesidad de no entrar en juegos de victimismo ni de agravios comparativos, sino de ir avanzando poco a poco en el autogobierno, ampliando así el marco de nueva convivencia democrática.
Quiero que quede claro, por algunas manifestaciones que aquí se han efectuado, que en el Parlamento balear se hizo un enorme esfuerzo para llegar a consensos con todos los grupos políticos. Esto no fue posible y se consiguió consenso con un grupo parlamentario -que hoy también ha hecho una exposición crítica de esta reforma, inconcebible que se hubiera hecho en el Parlamento balear-, en el que, como digo, con renuncias de ambos grupos mayoritarios, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, se llegó a un texto consensuado, que hoy se quebranta y se rompe por parte del Partido Socialista, tema al que me referiré después.
Se consiguió consenso en lo que se refería a la reforma institucional interna, a las nuevas competencias para nuestra comunidad autónoma y al hecho diferencial de las Islas Baleares, porque, señorías, los isleños, aunque tenemos muy presente nuestra integración en el Estado español, estamos marcados por nuestra separación física del continente, es decir, por nuestra realidad no sólo insular sino en nuestro caso pluriinsular con unas lenguas y unas culturas propias de nuestra comunidad.
Quiero hacer constar que el artículo 58.5 del texto que hoy estudiamos establece que una ley de las Cortes Generales regulará el reconocimiento específico del hecho diferencial de la insularidad, como garantía precisamente de la solidaridad y del equilibrio interterritorial. Pues bien, ya se ha dado cumplimiento a ese objetivo y ya esta Cámara aprobó definitivamente y ha entrado en vigor la Ley de Régimen Especial de las Baleares, que contempla nuestra insularidad y que demuestra la voluntad del actual Gobierno de la nación en reconocer nuestras especificidades.
No voy a entrar en cuál ha sido la voluntad del actual Gobierno de la nación, porque ha quedado patente en las competencias que nos han sido transferidas en estos últimos años: en el año 1996, universidades, juventud, Imserso, sociedades agrarias, legislación laboral, etcétera; en el año 1997, cámaras de propiedad urbana y en el año 1998, educación. Como ustedes saben, Baleares ha sido la primera comunidad autónoma que ha tenido transferidas las competencias en materia de educación. Esto, señorías, denota una sensibilidad grande por parte del actual Gobierno hacia Baleares.
No voy a entrar a hablar de las reformas que se han debatido en el estudio que se ha efectuado por esta Cámara, pero sí quiero hacer una pequeña mención a las que se han hecho desde el punto de vista institucional: se ha incrementado el período de sesiones del Parlamento Balear, se ha creado la Sindicatura de Greuges, institución análoga al Defensor del Pueblo; se ha otorgado rango estatutario al Consejo Consultivo, integrado por juristas de reconocido prestigio, así como a la Sindicatura de Comptes, análoga al Tribunal de Cuentas; ha desaparecido el número máximo de diez miembros del Gobierno autónomo; se ha ampliado la tipología de los cargos incompatibles con el del consejero insular, y, así, varias reformas más.
Señorías, en cuanto a las enmiendas mantenidas por los distintos grupos políticos, me referiré a la explicación que ha dado la señora Uría sobre lo extraño de que precisamente el Grupo Parlamentario Vasco presente unas enmiendas a la reforma del estatuto de autonomía.
Ha dado la explicación en el sentido de que están coaligados en la elecciones europeas con Unión Mallorquina, que no tiene representación en la Cámara y que les ha pedido que lo hicieran.
La presentación que se hizo en el trámite de Comisión conjuntamente por parte del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular de una enmienda en la que se incluía el término nacionalidad creo que es suficiente. Nosotros hemos considerado necesario que el término nacionalidad figurara en nuestro estatuto por la sencilla razón de que tenemos una lengua, una cultura y una historia propias, e incluso tenemos un derecho civil propio, pero quede muy claro -así lo hicimos constar en Comisión y lo reitero desde esta tribuna- que para esta inclusión nosotros partimos del contenido del artículo 2 de la Constitución española, en el que se especifica que existe una nación, que es España, y que además están las nacionalidades y regiones. Es bueno no olvidar que la soberanía es un atributo de la nación, mientras que las comunidades autónomas, sean nacionalidades o regiones, tienen autogobierno, que es cosa distinta a la soberanía.
Considero que es conveniente tener presente que cuando la Constitución española regula en el título VIII la organización territorial del Estado, configurándolo como un Estado de las autonomías, establece que la única nación es España. Repito que es bueno no olvidarlo porque, a veces, en el acaloramiento del discurso político, se hacen afirmaciones que nada tienen que ver con el orden constitucional. Por tanto, votaremos en contra. Consideramos que la enmienda aportada por el Grupo Socialista y el Grupo Popular de alguna forma colma esa deficiencia que tenía el texto cuando llegó a esta Cámara y que ya está reflejado

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el término nacionalidad, que es lo que se pretendía en nuestro estatuto.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, quiero manifestar a la señora Urán, quién reconozco que ha hecho un enorme trabajo -y se lo agradezco como ciudadana de las Islas Baleares; su señoría no lo es, pero ha demostrado el cariño que tiene a nuestra comunidad-, que lamento no poder aceptar sus enmiendas. Le agradezco que haya retirado la enmienda número 57 al artículo 12, número 16, porque, tal y como comentamos en el trámite de Comisión, creo que la competencia que otorga el texto de la reforma es más generoso y más amplio del que se concedía por su parte.
En cuanto a las enmiendas 71 y 74, referentes a los consejos insulares -una es consecuencia de la otra en el texto que proviene del Parlamento balear-, establecen que los consejos insulares, además de las competencias que les corresponden como corporaciones locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión de una serie de materias que a continuación se enuncian. Lo que pretende el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la enmienda 71 es eliminar del texto las palabras «función ejecutiva y gestión» y hablar, sin más de la asunción de competencias que les sean transferidas, es decir, no limita sus funciones a la función ejecutiva y a la gestión, sino que establece la posible asunción plena de competencias. La enmienda 74 pretende que se otorgue potestad reglamentaria normativa a los consejos insulares sobre las competencias que les son atribuidas

Yo pienso que estas dos enmiendas tienen como finalidad la creación de tres gobiernos insulares en las islas de Mallorca, Menorca y en Ibiza y Formentera y un gobierno de la comunidad autónoma, que sería el mero coordinador de los otros tres. Esta distribución del gobierno del poder político entre las islas es un tema que podríamos discutirlo en profundidad. Es cierto, y nadie lo duda, que las Islas Baleares constituyen una realidad geográfica e histórica que es plural, desigual, diversa y de muy difícil articulación. He tenido la oportunidad y el placer de ser vicepresidenta de un Consejo Insular de una isla menor, es decir, que estamos ávidos de la asunción de competencias, pero me cuestiono muy seriamente si eso es conveniente o no. De algo estoy segura y es que no es un tema para debatir en esta Cámara, sino que se trata de nuestra propia autoorganización y, en consecuencia, considero que el foro idóneo es el Parlamento de las Islas Baleares. Nadie duda de la doble naturaleza de los consejos insulares como entes intermedios entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos; nadie duda de la singularidad que tienen estas instituciones, únicas en todo el territorio español y que son, repito, de muy difícil encuadre. Sí le digo, como persona residente en una isla menor, que quizá se deba hacer un esfuerzo mayor del que se ha hecho, no me duelen prendas en decirlo, pero también convendrá conmigo, señora Riera, que este es un tema que se cerró en el Parlamento balear -se cerró, señor Costa- y, en consecuencia, considero que no es el momento oportuno de abrirlo.
También le manifiesto públicamente que me da miedo que lo que pretende la señora Urán y apoya la señora Riera pueda tener unas consecuencias que yo calificaría de perversas para nuestra comunidad.
Lo digo porque, primero, pienso que despojar a la comunidad autónoma de la facultad reglamentaria podría implicar que una misma competencia fuera regulada de forma distinta por los tres consejos insulares, lo que dificultaría enormemente la coordinación por parte del Gobierno de la comunidad autónoma, y, segundo, me temo -y lo digo en voz alta- que los consejos insulares recibieran muy pocas competencias, debido precisamente a que el Gobierno de la comunidad autónoma tuviera miedo a quedarse desprovisto de las suyas.
Señora Riera, usted ha manifestado que van a ganar las próximas elecciones y que cuando gobiernen dotarán a los consejos insulares de capacidad reglamentaria. Siento decirle que no creo que sus ojos lo vean, ni los míos tampoco, por descontado. Las elecciones las volverá a ganar, como ha hecho toda la vida, y por mayoría absoluta, el Grupo Popular. No le quepa duda. (Aplausos.) También le digo que debemos estar abiertos. Este no es un debate cerrado, ni muchísimo menos, es un debate abierto. Por mi parte me comprometo a hacer todas las gestiones necesarias para que el tema se siga discutiendo y, gobierne quien gobierne, si es bueno para nuestra comunidad y para nuestros consejos insulares, que así se haga.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Termine, señora Cava de Llano, por favor.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Creo que con esta reforma se profundiza en la elevación de las cotas competenciales. Acabo con la frase que reza en la exposición de motivos, que dice que esta reforma no puede ser considerada como punto final de las aspiraciones de autogobierno de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, sino un punto y seguido que nos permita continuar trabajando hasta alcanzar la cuota de participación política que en razón de nuestra historia, la historia de las Islas Baleares, nos corresponde.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Cava de Llano.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluido el debate sobre la propuesta de reforma del

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Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, pasamos al dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
A este dictamen mantiene enmiendas, en primer lugar, el Grupo Mixto.
Para la defensa de las de la señora Lasagabaster, tiene dicha diputada la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
En la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León planteamos tres enmiendas, que tuvimos ocasión de defender en la Comisión, que hacen referencia a dos temas muy importantes.
En primer lugar, la enmienda 29 se refiere al artículo 41, que señala otros principios. Digo ya de antemano, como lo hice en Comisión, que no es hábito ni costumbre desde Eusko Alkartasuna presentar enmiendas a los estatutos de autonomía de otras comunidades, porque entendemos que la competencia de la autoorganización y la determinación de la voluntad popular de las diversas naciones o comunidades autónomas es propia de ellas, y no debemos tratar de intervenir, pero hemos tenido que hacerlo porque en este artículo en concreto, que aparece como nuevo en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se hace referencia a una cuestión que no solamente se centra en la propia competencia, o en las propias facultades, o en la propia voluntad de su Parlamento para determinar cómo autorregularse, sino que nos parece que es, yo diría, con las mejores palabras, un tanto ofensivo hacia otras comunidades autónomas.
En principio me parece que tampoco tendría ni tan siquiera virtualidad práctica, porque el que la Comunidad de Castilla y León se alzara como guardiana, en virtud de los artículos 138 y 139 de la Constitución española, no parecería muy lógico, pero es que además no se puede legislar desde el temor y menos desde la consideración de que existen privilegios que pueden perjudicar a otros. Entendemos claramente a qué hace referencia este artículo, y desde luego a lo que no estamos dispuestos es a admitir, ni a sostener, que los derechos históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra son privilegios, ya que son especificidades propias, peculiaridades, en definitiva, derechos históricos. Si se produce una cláusula como esta en cualquier estatuto de autonomía, llamada cláusula frontera, desde el recelo, desde la sensación de que en algo le perjudica a otros, también tendríamos que poner nosotros esa cláusula respecto de otras cuestiones. No nos parecería la mejor manera de proceder. Nos parecería una cuestión que no es lógica y no es oportuna la introducción de este nuevo principio.
Las otras dos enmiendas hacen referencia a la intención de Eusko Alkartasuna de solventar algunos problemas que se han planteado desde el denominado conflicto de Treviño. No voy a entrar en toda la discusión histórica, que es muy larga, ni sobre las consecuencias de las interpretaciones de la disposición transitoria séptima ni en la sentencia del Tribunal Constitucional. Es cierto, sin perjuicio de que seguimos manteniendo que es necesario el informe y la determinación de lo que opine Castilla y León, que hemos querido facilitar la intervención de la voluntad popular de los ciudadanos, que nos parece un tema muy importante. Por eso, en nuestras enmiendas lo que hacemos es que ese primer informe no tenga carácter vinculante; es decir, no estamos olvidando para nada que al final Castilla y León pueda tener una posición respecto de esta cuestión, pero tratamos de facilitar que la voluntad de los ciudadanos se pueda realizar de una manera factible. Nos parece muy importante esta cuestión y por eso hemos presentado estas dos enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
También por el Grupo Mixto, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Lógicamente, en continuidad con la franja occidental de Asturias, existe en la franja occidental de León la lengua gallega y de forma concreta en dos comarcas muy definidas de la comunidad de Castilla y León, cuales son El Bierzo y Sanabria. Esta realidad lingüística no está en este caso ni opacada ni destruida por prejuicios y tampoco está hoy ahogada por realidades administrativas que no consiguen de todas maneras anular una cierta conciencia de identidad que se ha resuelto por la vía de un cierto reconocimiento en el caso de la comarca de El Bierzo.
El Bloque Nacionalista Galego, en esta etapa final del debate del estatuto en el Congreso de los Diputados, espera del realismo, del respeto del que sin duda hacen gala a la realidad lingüística de su comunidad y de la tolerancia de quienes son protagonistas principales del proceso de reforma del Estatuto de Castilla y León, que asuman la existencia de la lengua gallega en esta comunidad. Si no es hoy, en el proceso posterior del debate en el Senado, que lo reconozcan y que le den una cierta consideración y protección constitucional.


Con la esperanza puesta en el proceso posterior, el Bloque Nacionalista Galego finaliza su intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rodríguez.
También el Grupo Vasco (PNV) mantiene enmiendas a esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía. Para su defensa, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Como he manifestado respecto al estatuto anteriormentedebatido, el Grupo Vasco no suele presentar

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enmiendas a los estatutos de autonomía respecto de las comunidades en las que no tiene implantación por respeto a la soberanía de sus propios órganos representativos. Sin embargo, sí presenta dos enmiendas al Estatuto de Castilla y León porque entiende que en la proposición que se nos presenta hay preceptos que inciden directamente en los contenidos propios del estatuto vasco.
Me referiré a ellas, son las números 32 y 33, y comenzaré por la defensa de esta última, en cuanto que ha sido introducida en el debate por nosotros, pretendiendo una modificación que la proposición traída por la propia asamblea de la comunidad autónoma no la preveía.
Hace referencia al asunto de los llamados territorios enclavados. Es de todos conocida la situación de Treviño que, desde tiempo inmemorial, está deseando, o por lo visto así lo parece, poder manifestar su voluntad respecto del deseo de quedarse en la comunidad de Castilla y León o de integrarse en Álava, como según indicios parece ser el deseo mayoritario por su cercanía y proximidad con el territorio histórico de Álava.
La exégesis de esta situación proviene del contenido del artículo 8 del estatuto vasco, en el que la comunidad autónoma vasca, al definir su propio territorio, prevé unas ciertas posibilidades respecto de los territorios enclavados. Con posterioridad, el Estatuto de Castilla y León, en su disposición transitoria séptima, cuya modificación pretendemos ahora, establece un sistema distinto para la desanexión de los territorios que, desde nuestra óptica, suponía una modificación del estatuto vasco.
Conocemos -y a ello harán referencia los grupos mayoritarios de la Cámara- que este asunto fue ya decidido por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de julio de 1986. Pero de las sentencias se puede discrepar, y coincidimos más con el voto particular que sostuvo el profesor Leguina, aunque lo que nos interesa acreditar en este momento es que esta sentencia, que es del año 1986, no ha pacificado la situación social subyacente. Es de todos conocido que en los tiempos recientes los pueblos que integran el Condado de Treviño han intentado celebrar un referéndum solicitando la oportuna autorización, que les ha sido denegada, lo que supuso la dimisión de toda la corporación municipal, que, según creo, no ha podido ser repuesta, al menos no con titulares del grupo que es mayoritario en esta Cámara.
Nuestra pretensión no es suplantar la voluntad de la Comunidad de Castilla y León, sino simplemente que pueda iniciarse el trámite para que los habitantes del Condado de Treviño decidan si quieren permanecer en Castilla y León o integrarse en otra comunidad. La voluntad última en el sistema que establecemos siempre la van a tener las Cortes de Castilla y León y posteriormente esta Cámara, puesto que hará falta la modificación mediante ley orgánica. Esa es nuestra pretensión y es lo que intentamos hacer con esta enmienda, que, repito, no pretende en absoluto usurpar atribuciones de otra comunidad autónoma, sino dar salida a un problema social subyacente evitando un veto político en el inicio del proceso.
La segunda enmienda que mantenemos nos parece de mayor enjundia, puesto que es la primera vez que se produce en el desarrollo del Estado de las autonomías. Hasta ahora -y tengo recientes todavía los ecos de la campaña de las elecciones vascas-, siempre se ha dicho -al menos así se ha sostenido desde mi grupo- que cada uno construye su autonomía desde dentro y respecto de sí mismo, fortaleciendo su autogobierno, pero no contra nadie. Sin embargo, en el Estatuto de Castilla y León que ahora se nos ofrece como proposición hay un precepto que entendemos que denota una serie de recelos, desconfianza y hasta hostilidad hacia las comunidades vecinas, que se considera que puede causar daño en el ejercicio de sus competencias. Entendemos que la previsión contenida en el artículo 41 es inadmisible y, sobre todo, creemos que desde el punto de vista de la técnica jurídica plantea un supuesto imposible, porque constitucionalmente no está previsto que el ejercicio legítimo de las competencias por una comunidad pueda causar perjuicio a otras comunidades. El artículo 155 de la Constitución está previsto para los casos de ejercicio ilegítimo e ilícito de las competencias; el ejercicio legítimo, repetimos, creemos que no puede causar perjuicio, por lo que, desde el punto de vista jurídico, es un precepto inocuo. Sin embargo, desde el punto de vista político, creemos que introduce, repito, el recelo, la desconfianza, la hostilidad entre comunidades, y nos parece un mal comienzo. Es la primera vez que esto se hace, y me parece importante que quede plasmado que no es a instancia de un grupo nacionalista, sino que lo es por acuerdo de los dos grupos mayoritarios de la Cámara. Nos parece tan grave fomentar estos recelos entre comunidades vecinas, que es causa bastante para que mi grupo vaya a abstenerse en la votación de este estatuto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Siento romper el tono feminista de esta sesión matinal, pero es que si no subiera a la tribuna daría la impresión de que tengo complejo y me escondo en el escaño para no interferir lo que me parece, efectivamente, como ha señalado una señora diputada, un avance, que espero que sea para todo y no se quede sólo en la defensa de la reforma de un estatuto.
Yo soy un catalán afincado en Madrid que va a defender una serie de enmiendas para el Estatuto de Castilla y León, recordando y teniendo en cuenta, en primer lugar, que desde las Cortes de Castilla y León a este Parlamento, o desde Fuensaldaña a Madrid, debehaber una distancia de muchos kilómetros y además en

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tiempo real medible en siglos, porque allí el Partido Popular y el Partido Socialista votaron una cosa y aquí están planteando otra.
Allí votaron competencia exclusiva para montes y aprovechamiento de servicios forestales para cámaras (ya sean agrarias, de comercio o de industria), y aquí, los dos partidos, los hermanos mayores, recortan y eliminan las competencias exclusivas, y sobre todo renuncian a la gestión de la administración, control y policía de la cuenca del Duero, anunciada en las Cortes de Castilla y León por el señor Lucas en este momento y por el gobierno que presidió el señor Madrid hace ya mucho tiempo. Pues bien, parece ser que en ese espacio que existe desde las Cortes de Castilla y León hasta este Parlamento todas estas cuestiones se han perdido en el camino.
Yo creo que supone una contradicción política de fondo que según se esté en un lugar u otro se defienda una cosa u otra, lo que explica, a mi entender, por qué cuesta tanto construir definitivamente España sin que esa construcción sea un elemento de regateo permanente. Y aquí, aunque sea de pasada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el federalismo tiene pleno sentido en este debate que estamos realizando de reforma de estatutos y en el debate de fondo de la construcción definitiva de España.
Voy a defender, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tres grupos de enmiendas. Un primer bloque, integrado por las enmiendas 2, 3, 4 y 5, que concretan y definen la identidad nacional de Castilla y León ¿por qué no?; un elemento central de la construcción del Estado español. En esta misma línea, crean el instituto de la lengua castellana; dotan a las Cortes de una mesa plural, algo elemental en democracia, que haya una mesa plural y que no sea la arbitrariedad en un momento determinado de tal o cual mayoría la que impida que una fuerza política esté representada en la Cámara; al mismo tiempo, planteamos la regulación de la consulta popular, algo que también avanza en un sentido democrático de participación de la gente.
El segundo bloque, integrado por las enmiendas 6 y 7, supone una afirmación taxativa de que se regularán y reconocerán las posibilidades de reorganizarse en comarcas, a partir de un análisis que se ha hecho de la realidad económica, social, cultural y de todo tipo, en la cual nosotros detectamos un cierto agotamiento de determinadas funciones provinciales. Por tanto, nos parece que, en esta línea, reagrupar problemas y realidades concretas a través de comarcas es un elemento de avance hacia una mayor democratización.
El tercer bloque, de la 8 a la 20, son enmiendas que defienden competencias exclusivas para la Comunidad Autónoma de Castilla y León -otras comunidades autónomas como Cataluña, Euskadi, Galicia, Aragón, Valencia o Canarias ya tienen estas competencias exclusivas-, que hacen referencia a asistencia social, para que se recoja la planifación y la orientación familiar, así como la de la infancia; hablan de competencias exclusivas de régimen local; hablan de defensa del consumidor y usuario; hablan de sanidad e higiene; hablan de ordenación farmacéutica y hablan de las asociaciones y fundaciones.
Es decir, seis nuevas competencias exclusivas. En nuestras enmiendas se pretende avanzar hacia ese proceso que he intentado señalar desde el principio de federalización del Estado español y definitiva construcción de España.
Las enmiendas 20 y 21 incorporan como desarrollo legislativo y ejecución, no sólo como ejecución, la competencia que las Cortes de Castilla y León ya introdujeron con la policía del dominio hidráulico de la cuenca del Duero. Las enmiendas 22 a 27 van dirigidas a fortalecer el autogobierno: la posibilidad de desarrollo legal para crear el instituto de empleo y formación, la posibilidad de acceso a un concierto o regulación económica, la posibilidad de tener competencias para establecer y modificar impuestos; aprobar los reglamentos de tributos, las actuaciones de cooperación de comunidades autónomas y los planes y programas.
En resumen, todas ellas son enmiendas dirigidas a precisar la calificación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación -y sin establecer aquí agravios comparativos- con otras comunidades autónomas; fortalecer el techo competencial exclusivo ampliándolo; la capacidad de autogobierno de la Comunidad de Castilla y León y las posibilidades democráticas del Parlamento autonómico. Desde esta posición de defensa de un Estado federal y de profundización de la democracia, nos parecen muy adecuadas para que en este plenario sean debidamente atendidas y votadas por los grupos mayoritarios de la Cámara.
En mi convicción, señoras y señores diputados, de que estamos en un momento concreto de asimetría real en el Estado de las autonomías que viene producida por la historia, creemos que se puede ir superando esta situación por toda una serie de acciones legislativas. Se debe avanzar hacia una situación de simetría en el autogobierno desde la convicción y voluntad de cada parte. Es lo que yo he intentado expresar con una frase que puede parecer incluso rimbombante: construir España. Por tanto, defendemos estas enmiendas que intentan federalizar, achicar los posibles agravios comparativos que han aparecido de vez en cuando en este debate y construir y modernizar España definitivamente desde la federalidad.
Nos parece bien, y así lo saludamos en su momento en el debate en Comisión, que se hayan producido avances, algunos de ellos importantes, en el conjunto de los estatutos que se han reformado.
Estamos de acuerdo, se ha avanzado. Pero, al mismo tiempo, en la línea de objetivos que tenemos marcada y que nos parece que son interesantes para la definitiva construcción del Estado español, creemos que si estas enmiendas fueran recogidas representarían continuar avanzando en un proceso de federalización que finalmente haría irreversible una unidad de lo que se conoce como Estado español o España, que permitiría el máximo de libertad de todos sus componentes y, al mismo tiempo, el máximo de unidad para hacer todas las tareas comunes que la historia y el futuro nos encomiendan.


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Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Frutos. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Madrid.


El señor MADRID LÓPEZ: Señor presidente, ni puedo ni quiero olvidar en mi intervención la condición de ponente del estatuto que vamos a reformar y haber sido el primer presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la comunidad propiamente histórica de nuestro país.
Quiero también saludar a los dignos representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que hoy están en la tribuna siguiendo con interés este debate.
Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León significa perfeccionar el instrumento básico para profundizar en el autogobierno y también significa una mayor responsabilidad para los gobernantes de las instituciones de la comunidad. Así pues, el acercamiento de las decisiones a las necesidades de los ciudadanos y su mayor participación en la formación de la voluntad popular es un paso importante del Estado democrático dimanante de la Constitución de 1978, a la que desde esta tribuna vengo a recordar con afecto como referente del tránsito de un Estado autocrático al mundo de las libertades y de la democracia.
El debate que en la sede de las Cortes de Castilla y León ha tenido lugar durante varios meses es un buen ejemplo de pedagogía política, que ha permitido llegar a acuerdos y consensos entre las distintas formaciones políticas, posibilitando que el texto que aquí vamos a aprobar sea el de todos o el de la inmensa mayoría. Probablemente, no recoja algunas de las ideas que nos hubieran gustado a todos y cada uno de los grupos y de los ponentes, pero, en todo caso, mi grupo está dispuesto a perfeccionar el estatuto en posteriores trámites.


Como SS. SS. saben, en la pequeña historia de este Estatuto de Autonomía de Castilla y León se corrieron riesgos gravísimos en sus propios orígenes. Diputados muy principales intentaron que Castilla y León se convirtiera en una mancomunidad de diputaciones y entre otros argumentos se utilizaba el peso tan importante de las provincias. Por eso hoy, que ese peligro ya ha pasado, siento satisfacción personal y política.
Es cierto que Castilla y León es la comunidad más extensa de la Unión Europea. En términos geográficos, y también en provincias y comarcas, es probablemente la más rica y variada, pero al mismo tiempo Castilla y León es del común, es decir, los ciudadanos lo son de una sociedad abierta y plural, sin complejos, herederos de la mejor tradición de las Cortes de Castilla y León en la respuesta a las afrentas de los poderosos, donde nadie es más que nadie, o como reza en el escudo de Medina del Campo, ni al rey oficio ni al Papa beneficio. Por eso, una comunidad que históricamente ha sido maltratada desea recuperar sus propias capacidades y potencialidades y pretende, en solidaridad con todas las demás comunidades de España, ejercer con toda legitimidad todos los derechos de autogobierno, porque el que no se haya ejercido un derecho no significa que no se pueda o no se deba ejercer con igual legitimidad.


Castilla y León es una comunidad que limita con nueve comunidades autónomas y con un gran país amigo, como es Portugal. No es endogámica, sino más bien lo contrario, abierta antes y ahora a otros pueblos de España, Europa y América. Por eso nuestros pueblos llevan nombres asturianos, como Mingorria, Muga de Sayago, Iruecha, Vigo de Sanabria, etcétera. Es cierto que en los límites o bordes con otras comunidades autónomas y con Portugal las costumbres, las lenguas y culturas se mezclan y entrecruzan enriqueciéndose ambas comunidades.
Lo he manifestado en varias ocasiones y, por poner un ejemplo, en El Bierzo y en Sanabria se habla gallego, pero también el asturleonés y el portugués; en Béjar y en el Valle del Tiétar, palabras extremeñas y en Olvega giros aragoneses. Los niños reciben sus primeras palabras y caricias con acento vasco en el norte de Burgos. Sigo creyendo que el estatuto es un instrumento al servicio de la paz, la tolerancia y las libertades; en definitiva, o sirve para la convivencia entre los castellanos y leoneses entre sí y entre estos y el resto de España o sirve para poco.
Perdonen que no hable del Estado español, término que, aunque correcto, quien lo incorporó al uso ordinario fue el general Franco.
Yo creo, como mi paisano León Felipe, que el salmo es más importante que el arca que lo encierra; es decir, que los hombres y las mujeres son el objetivo único de cualquier norma o instrumento político y jurídico. La aprobación por las Cortes Generales, a iniciativa de las Cortes de Castilla y León, de la reforma del estatuto que estamos debatiendo debe suponer un paso decisivo hacia el progreso.
De la historia debemos aprender, y yo quiero aquí recordar algunas reflexiones de José Antonio Maravall, en el prólogo a la primera edición de las Comunidades de Castilla, cuando escribe: El drama comunero es un dato más de la temprana aparición de la crisis de la modernidad entre nosotros. Ello no deja de ser perfectamente explicado en Castilla, que había presentado ya una avanzada evolución política en la Edad Media, comparable en muchos aspectos a la de Inglaterra. Esta semejanza ha sido señalada en lo que se refiere al desarrollo del feudalismo, que en ambos países evoluciona hacia nuevas formas políticas desde muy pronto. Sabido es que, con igual paralelismo y con varias décadas de anticipación, en Castilla se produce también en uno y otro lugar la incorporación del pueblo a las asambleas políticas. Y, siguiendo en esta misma dirección, en las reivindicaciones de los comuneros hallaremos concepciones parecidas a las que se van a desarrollar

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con mejor fortuna en el derecho constitucional inglés. Fin de la cita.
En definitiva, volviendo al estatuto de autonomía, la mayor capacidad de autogobierno la tendremos que aprovechar los castellanos y leoneses para hacer de nuestra nación o región una comunidad más justa, no siendo que nos ocurra como después de ese período tan importante de la historia de Castilla y León donde llegó el retroceso cuando aparecieron los caciques y los corregidores.
Creo, señor presidente, señoras y señores diputados, tener la legitimidad para solicitar su apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Madrid, don Demetrio.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posada, don Jesús.


El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero, en primer lugar, y en nombre del Grupo Popular, expresar la satisfacción porque llegue hoy aquí, al Pleno del Congreso, y se apruebe esta reforma del estatuto en presencia de los que lo han debatido en Castilla y León.
Ha sido un proceso intenso, largo, de mucha negociación, en el que el Partido Popular y el Partido Socialista han actuado conjuntamente como motores de la reforma de este estatuto, y han incorporado aportaciones de todos los grupos. Nuestra posición tiene que ser de máximo respeto para lo que allí, en Fuensaldaña, los procuradores en las Cortes, los grupos parlamentarios, han acordado y en defensa, por tanto, de lo que ellos, muy mayoritariamente, y como legítimos representantes de Castilla y León, han decidido.
Esta reforma que hoy se va a aprobar aquí en el Congreso supone incorporar al marco estatutario cuestiones de enorme trascendencia para nosotros: el reconocimiento de la lengua castellana y el patrimonio histórico-artístico y natural como valores esenciales de la comunidad; la introducción de figuras como el procurador del Común, la iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos o el Consejo consultivo de Castilla y León. Es un nuevo marco político en el que se suprimen restricciones a los parlamentarios y a los grupos parlamentarios de las Cortes de Fuensaldaña y se le permite al presidente hacer con toda libertad su Gobierno, presentar la cuestión de confianza o disolver anticipadamente las Cortes. En fin, un nuevo marco competencial que permite que Castilla y León asuma todas aquellas competencias que considere necesarias para desarrollar su estatuto, su proyecto autonómico. Los que asistimos como procuradores a la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y luego tuvimos la fortuna de regir los destinos de Castilla y León en un momento determinado, somos los que mejor podemos valorar el paso gigantesco que supone este estatuto con respecto a lo que teníamos en 1983.
Quiero empezar rechazando que en las enmiendas que el Partido Popular y el Partido Socialista han introducido en ponencia y Comisión haya habido en ningún caso un retroceso de lo que se había planteado en Castilla y León. Ha habido una adecuación técnica, legislativa, se han discutido unos temas concretos y, desde luego -y eso es lo más importante-, se ha respetado absolutamente la voluntad del Partido Popular y del Partido Socialista de Castilla y León.
En cuanto a las enmiendas que han sido presentadas, quiero referirme, en primer lugar, a la del señor Rodríguez, del BNG. Existe una coincidencia plena en el fondo de lo que propone el señor Rodríguez.
La lengua gallega debe gozar de respeto y protección. Nosotros lo recogimos así en el artículo 4 del estatuto y el artículo 32 señala, entre las competencias exclusivas, la 16, que es Cultura, y se refiere a especial atención a las distintas modalidades culturales de la comunidad. Es más, las Cortes y la Junta de Castilla y León pretenden, cuando hayan recibido las competencias en educación, que el gallego se incorpore al sistema educativo. Por tanto, hoy vamos a rechazarlas, pero le aseguro al señor Rodríguez que en el Senado vamos a estudiar una redacción que nos satisfaga a todos.
Respecto a las enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna y por el Partido Nacionalista Vasco, debo decir que en Comisión fueron contestadas a mi modo de ver, aunque puedo ser parcial, magistralmente por don Gabriel Cisneros. Ahora no voy a reiterar lo que él dijo in extenso, simplemente voy a resumir la argumentación.
El apartado primero del artículo 41 no atribuye competencia alguna a Castilla y León, tan sólo el deber de velar por que se cumplan los artículos 138 y 139 de la Constitución española: rechazo de privilegios, igualdad y solidaridad. No cabe mayor fidelidad al texto y al espíritu constitucional; no se atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla y León ninguna función de control, sólo la de velar para que el Estado garantice la efectividad de determinados principios constitucionales en aquellos aspectos que en el futuro puedan darse y que pudieran perjudicar a la propia comunidad. Vamos a rechazar esas enmiendas, pero yo le rogaría tanto al PNV como a Eusko Alkartasuna que abandonaran esos recelos porque yo creo que están absolutamente infundados.


En cuanto a las enmiendas números 31 y 33 de los mismos grupos, que se refieren a la disposición transitoria séptima, la que habla del Condado de Treviño, quiero decir que esa disposición no se ha modificado en esta reforma del estatuto, lo que induce a creer que los grupos parlamentarios en Fuensaldaña coincidían en mantenerla.
Como ha dicho muy bien la señora Urán, en efecto, hubo hace 15 años un recurso ante el Tribunal Constitucional del Gobierno vasco y del Parlamento vasco, que se sustanció en 1986 y donde quedó claro que esta disposición era plenamente constitucional, que no vulneraba los principios de igualdad y no

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discriminación y que los procedimientos de agregación y segregación corresponden a los estatutos de las comunidades autónomas.
Esa es la cuestión jurídica, aunque admito que políticamente habrá que tomar una determinación. Pues bien, nosotros creemos que no es modificando el procedimiento para que pierda vigor y se desequilibre a favor de una de las partes como tendrá una solución definitiva. Esa sería una solución falsa. La solución definitiva, y está marcada ya por las reuniones que ha habido en el Congreso y en el Senado, es inevitablemente el compromiso de todas las partes implicadas, la búsqueda del entendimiento, la cooperación, la búsqueda de soluciones para los problemas y para proteger a los ciudadanos. ¿Esto es más complicado? Sí. Pero es el único camino verdadero, todo lo demás son atajos que satisfarán a una parte y no a la otra. Sólo en la cooperación se puede resolver un problema que, en efecto, existe.
En cuanto al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que mantiene veintiséis enmiendas, tengo que indicar aquí -y yo creo que es muy importante, para que lo conozca la Cámara- que en Fuensaldaña, en Valladolid, hubo un largo proceso de negociación que abrieron el Grupo Popular y el Grupo Socialista con Izquierda Unida, que en algunos puntos se estuvo muy cerca de llegar a acuerdos transaccionales y que si no se llegó me consta que no fue porque no hicieran esfuerzos los grupos Popular y Socialista.
No voy a hablar in extenso de todas las enmiendas, pero sí quiero referirme a alguna de ellas. En primer lugar, quiero decir que la nacionalidad es un tema que no debe decidirse por voluntarismo jurídico, diciendo que se es nacionalidad. Creemos que el artículo 2 trata la autonomía por igual para nacionalidades y para regiones. No nos gusta ese cambio en el estatuto que pasa de «se podrá modificar, se podrá hacer, se iniciará», a «se iniciará», es decir, el imperativo que quiere introducir Izquierda Unida en sus enmiendas. El Estatuto de Castilla y León, como la Constitución para España, debe permitir que el grupo político que gobierne haga lo que le parezca conveniente, que no se lo impida, pero que no le obligue. Por ejemplo, la creación de comarcas es una cosa que hará Izquierda Unida si alguna vez gobierna en Castilla y León, sola o en coalición, pero hoy por hoy gobierna el Partido Popular que no considera que Castilla y León deba organizarse totalmente en comarcas. Por tanto, dejemos que el estatuto permita una cosa u otra.
En cuanto a las competencias, lo verdaderamente importante es que todas las competencias que Castilla y León quería las tiene en su estatuto. ¿Que estén en exclusiva o en desarrollo normativo? Pongo un ejemplo, el régimen local, que propone en su enmienda 9 Izquierda Unida que sea competencia exclusiva. Diría: régimen local, organización y régimen jurídico de las comarcas y de las comunidades autónomas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución.
Pero es que este precepto dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Es un cambio meramente formal. Yo creo que es más lógico recibir todas las competencias y articularlas de acuerdo con lo que han establecido la Constitución y el Tribunal Constitucional.
Aunque rechazamos todas las enmiendas hay un deseo por nuestra parte, como lo hay por parte del Grupo Socialista, de buscar desde Valladolid, desde Castilla y León, porque de ahí es de donde debe salir la propuesta, algunas modificaciones que perfeccionen este texto y que podamos introducir en el Senado.
Termino ya, señor presidente. En este momento del desarrollo constitucional, con la referencia al resto de los estatutos, cada uno con sus peculiaridades, que las demás comunidades autónomas se han dado, nuestra comunidad afronta con ilusión su futuro en un marco estatutario que considera satisfactorio y espera y desea que sea estable, porque, eso sí, Castilla y León, que no quiere ser más que nadie, no tolerará ser menos que nadie.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Posada.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA RIOJA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000010)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluido el debate de esta propuesta de reforma de estatuto, pasamos al última dictamen, referido a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
También a esta propuesta de reforma mantiene una enmienda la señora Lasagabáster, que tiene la palabra para su defensa.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Mantenemos viva la enmienda número 2, que hace referencia al artículo 46, párrafo 43... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señora Lasagabaster.
Ruego a SS.SS. que culminen el capítulo de felicitaciones y dejen que se exprese libremente la señora Lasagabaster.
Cuando quiera, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: El sentido de la enmienda corresponde, de alguna manera, con lo que hemos hablado respecto del Estatuto de Castilla y León. Vuelvo a señalar que no solemos presentar enmiendas, porque somos absoluta y exquisitamente respetuosos con la voluntad de los ciudadanos de cualquier comunidad autónoma, como no podía ser de otramanera. Sin embargo, cuando en esas voluntades se

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articulan determinadas cuestiones que hacen referencia a otras comunidades autónomas o pueden incidir en ellas, en este caso concreto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, nos vemos obligados a manifestar nuestra opinión. Por ello, la enmienda no es contradictoria con el exquisito respeto a los ponentes y, en definitiva, a los que en este caso representan la voluntad de La Rioja. En cualquier caso, aunque este artículo ha sido limado formalmente en la ponencia y luego en la Comisión, sigue manteniendo una cuestión clave al establecer una cláusula o efecto frontera por cuestiones que se puedan dar en el ejercicio legítimo de las competencias de otras comunidades autónomas.
Se nos presentó para su toma en consideración una redacción muy llamativa -si se me permite la palabra- porque hacía clara alusión -y en este caso no era una alusión vaga sino muy clara- a los regímenes forales fiscales. Es obvio de qué se estaba hablando. En la ponencia se hablaba de situación limítrofe con otros territorios, con lo que han cambiado las formas pero no el contenido. Desde nuestro punto de vista, no es manera de proceder -y señalo la argumentación esgrimida en el anterior estatuto de autonomía- con cuestiones que representan unas ciertas hostilidades porque quizá no se estén respetando suficientemente determinados derechos históricos o especificidades propias de naciones o de otras comunidades autónomas.
En cualquier caso, en la Comisión se hablaba de diálogo. Sin embargo, en el caso concreto de La Rioja nos parece que a lo largo de todos estos años se ha producido una excesiva judicialización, que nunca ha dado los resultados que se pretendían con las demandas porque siempre se han considerado en múltiples recursos -yo diría que cientos- que las normas forales eran absolutamente correctas, se habían planteado, desarrollado y legislado desde las propias competencias y que no existían los problemas que se reclamaban.
No nos parece procedente -vuelvo a señalar que desde el respeto a las voluntades de los que lo fijaron en esta reforma- articular cláusulas de este tenor porque a lo único que pueden llevarnos es a hostilidades y a recelos que en nada pueden ser fructíferos para la cordial y correcta relación que tiene que existir entre las distintas comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
También el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) mantiene una enmienda a esta propuesta de reforma de estatuto. Para su defensa, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, mantenemos una enmienda al Estatuto de La Rioja del mismo tenor que la que he tenido ocasión de defender antes en relación con el Estatuto de Castilla y León, es decir, una enmienda a la propuesta que denota recelo hacia los vecinos. Según parece, van a empezar a proliferar estas enmiendas y sólo debemos fijarnos en el hecho de que en dos de los cuatro estatutos que hoy se debaten se incluyen preceptos de este estilo.
En ponencia ya mantuvimos que no es admisible el supuesto del que parte la propuesta, pues constitucionalmente no es posible -y antes lo hemos dicho- que del legítimo ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los territorios forales, tanto los vascos como la Comunidad foral de Navarra, se deriven perjuicios para La Rioja. Si esto fuera posible, cabría pensar por qué en la propuesta de reforma del estatuto no se prevén las dos cosas, al alza y a la baja, es decir, que el ejercicio de las competencias propias de La Rioja pueda causa perjuicios a la comunidad vasca. Decimos esto porque, en tiempos pasados y respecto de textos concordados de los que ahora todo el mundo se hace eco, no se ha tenido esta misma previsión.
Me quiero referir al punto 13 del acuerdo de Ajuria Enea. En épocas de declive para la economía vasca, se decía que las secuelas de paro y de marginación derivadas de la crisis industrial tenían incidencia en la violencia en Euskadi y se comprometían todos los partidos firmantes, entre ellos el Partido Popular y el Partido Socialista, a hacer lo que fuese desde los poderes públicos para paliar las consecuencias de esta crisis e impulsar las condiciones precisas para la recuperación de la economía vasca. Nada de esto hemos sentido desde dentro, la recuperación de la economía vasca ha venido desde dentro, desde los propios poderes vascos. Nos parece sorprendente que ahora, cuando ha salido del declive industrial la economía vasca, la posible mejor situación sí se considere un perjuicio hacia las comunidades limítrofes. Repetimos que nos parece que jurídicamente son preceptos irrelevantes, pero, desde el punto de vista político, molestan a los vecinos.
Por lo mismo que he indicado en relación con el Estatuto de Castilla y León, nos parece motivo suficiente para votar a favor nuestra enmienda y abstenernos respecto al resto del estatuto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Reconocemos que en esta reforma del Estatuto de La Rioja, como hemos dicho anteriormente respecto a la reforma del Estatuto de Castilla y León, hay mejoras, que se va avanzando, pero a pesar de todo, a nuestro entender, son insuficientes en la medida en que se podría avanzar mucho más por la comprensión política de muchos problemas que hace unos cuantos años todavía eran difíciles de debatir abiertamente y llegar a conclusiones. En este momento concreto, esta comprensión política ha avanzado y hay otro talante para

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abordar los problemas y que sus soluciones se concreten en reformas legislativas de los estatutos.
Queremos defender una serie de enmiendas que vienen determinadas por nuestra actuación política a través de los militantes de Izquierda Unida en La Rioja y con el acuerdo de Izquierda Unida Federal, en la medida en que coincidimos en lo fundamental con todas las propuestas que se nos han hecho desde La Rioja y, en la misma línea que he argumentado en relación con la anterior reforma, avanzar en un proceso gradual de federalización.
Mantenemos 22 enmiendas que afectan a distintas cuestiones, que señalo muy brevemente. Equiparar capacidad competencial de La Rioja a otras comunidades autónomas; reflejar más concretamente la capacidad de consultas populares, tanto de comunidad autónoma como a niveles locales, es decir, profundizar la democracia hacia abajo; posibilidad de más desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, coordinación hospitalaria, ejecución de la legislación estatal sobre productos farmacéuticos a través de un nuevo artículo 9 bis, que es el que proponemos que se tenga en consideración en este debate, etcétera. Un nuevo párrafo al final del artículo 12 impulsa la legislación estatal para solicitar que las leyes marco, con competencia exclusiva del Estado, atribuyan a la comunidad autónoma la facultad de dictar la legislación de desarrollo y la posibilidad de que se establezcan convenios con el Estado y con otras comunidades autónomas; la organización de las tareas del Parlamento.
Si en el caso de Castilla y León teníamos serias reservas en cuanto a la posibilidad de funcionamiento democrático de su Parlamento con las competencias, con los reglamentos, etcétera, en el caso de La Rioja, si se dejan las cosas así podría ser un parlamento de tercera categoría. Habría que avanzar y contemplar la posibilidad de que el Parlamento de La Rioja pueda organizar sus tareas de la forma que considere más oportuna. Luego, una serie de competencias, de carácter exclusivo de la comunidad autónoma, que afectan a normas y procedimientos electorales, sanidad e higiene, ordenación de aguas subterráneas, fomento y planificación de la actividad económica en La Rioja, desarrollo del sector público económico de la comunidad autónoma y planes establecidos por el Estado para la reestructuración de sectores industriales, etcétera.
En resumen, en estas enmiendas que presentamos a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja abundamos -y no voy a reiterarlo- en lo que hemos dicho anteriormente, en la necesidad de ir potenciando gradualmente, en la medida en que políticamente se vayan asumiendo competencias por parte de cada comunidad autónoma, una superior simetría, lo que no quiere decir, naturalmente, que desaparecerán determinadas asimetrías que existen en relación a la lengua, a la cultura, a determinados derechos históricos, etcétera.
Todo esto existirá (y nosotros continuaremos defendiéndolo porque es una de las características que conforman la realidad española), pero, al mismo tiempo, nos parece adecuado ir avanzando -políticamente estamos en condiciones de hacerlo, pero es necesario trasladarlo al plano legislativo para que ello sea posible- en esta simetría para que, a medida que, gradualmente, cada comunidad autónoma vea la capacidad para asumir determinadas competencias, incluso con carácter exclusivo, se llegue al techo máximo de posibilidades que nos da en este momento la Constitución y al que nos dará previsiblemente en el futuro alguna reforma de la Constitución, que también será necesaria.
Por tanto, señoras y señores diputados, les agradecería, en nombre de un sector de ciudadanos de La Rioja, que tuvieran a bien considerar nuestras enmiendas y votarlas afirmativamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Frutos. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Han pasado ya 20 años desde que aprobamos la Constitución española e iniciamos una andadura democrática, la más próspera y estable de nuestra historia. Sin duda, uno de los aspectos más novedosos y comprometidos de aquella apuesta constitucional -y que hoy quizá algunos tratan de forzar- fue la profunda transformación territorial que puso en marcha el título VIII de la misma. Fue la Constitución y la voluntad unánime de los riojanos y riojanas -como en todas las comunidades autónomas- las que dieron carta de naturaleza a una región modélica, con idiosincrasia propia y que no necesita apelar a la historia medieval para legitimarse como región, como autonomía, una vez aprobado el Estatuto que allí llamamos de San Millán.
Desde que, en 1982, las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de La Rioja, han sucedido muchas cosas en torno al mismo, y creo que todas para bien. Se ha quedado pequeño este estatuto para una región dinámica, próspera y que avanza en la libertad, en la solidaridad y en la igualdad, a toda velocidad. Por otra parte, algunos actores que estaban en el comienzo de aquella época autonómica han cambiado profundamente sus planteamientos y sus postulados políticos. Alianza Popular -hoy Partido Popular-, con su secretario general al frente -hoy presidente de la nación-, votó en contra del Estatuto de San Millán (aunque al final dio su firma, según se recoge en el acta de San Millán, del 8 de mayo de 1981) porque decían que aquel primitivo estatuto podía perjudicar a los riojanos, sería caro y no se querían competencias exclusivas en agricultura ni en educación. Por entonces decían algunos

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dirigentes de Alianza Popular: El título VIII de la Constitución nos ha llevado al caos autonómico actual, rayando incluso, en algunas comunidades autónomas, con el separatismo, claramente patetizado en dos de estas desgraciadamente llamadas nacionalidades. Nos alegramos de que, con el tiempo, se haya cambiado de criterio y hoy estemos todos en la senda autonomista, en la senda de la reforma de nuestro estatuto, como la de tantos estatutos de España.
El Partido Socialista ha estado a la altura de las circunstancias en esta reforma del Estatuto de La Rioja; hemos querido y sabido separarnos del clima político de la región para pensar en el interés de la misma. Queremos aprobar este Estatuto que el Congreso de los Diputados -como hace con todos, porque para eso está la soberanía nacional, para mejorar, corregir y avanzar en todos los estatutos, señor Frutos, en el de La Rioja y en el que pueda estimar que tiene más competencias- ha mejorado, a pesar de lo que puedan decir algunos.
Hoy puedo decir, señor presidente, que este estatuto, heredero del de San Millán, es un nuevo estatuto para el siglo XXI, para la España que debe avanzar hacia un modelo federal, solidario y cooperativo, y en el que encuentran su espacio los hechos diferenciales desde el reconocimiento y no desde la discriminación en uno u otro sentido.
Este nuevo y viejo estatuto se plantea con voluntad de permanencia, con un largo recorrido pero también con voluntad de ir adaptándose a las posibles nuevas realidades sociales y autonómicas españolas. Yo sé que a algunos no les gusta global o parcialmente, pero no comparto ni sus críticas ni muchas de sus enmiendas, bien por no coincidir con el modelo territorial que algunos plantean para España, bien por sus planteamientos de menosprecio a los acuerdos alcanzados, carentes de razón, o bien desde la sensación de agresión territorial que algunos entienden, cuando quizá podría ser más fácil entenderlo desde el sentido contrario, es decir, desde La Rioja.
A todos ellos les animo a mirar el nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja sin recelos y con confianza, porque, señorías, con esta reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja se da un salto cualitativo y cuantitativo importante, de forma ordenada, en materia de autogobierno y competencias autonómicas. Más de 20 nuevas competencias exclusivas se incorporan al estatuto, a la vez que se amplían las de desarrollo legislativo y de ejecución. Seremos más libre, seremos más autónomos en La Rioja para decidir sobre cuestiones de economía, de infraestructuras, de organización del territorio, de agricultura, de enseñanza, en definitiva, de aquellas cuestiones que preocupan y afectan a los habitantes de esta comunidad autónoma.
Con este estatuto se llamará a las cosas y a las instituciones por su nombre, no se llamará ya Diputación General, que nadie entiende, sino Parlamento de La Rioja; al Gobierno, Gobierno, y además se normalizará el papel del Parlamento autonómico y será, señor Frutos, un Parlamento de primera división, no de tercera, porque recogerá toda la autonomía y normas de funcionamiento que tiene cualquier Parlamento autonómico.
Sus enmiendas son fundamentalmente de carácter reglamentario, de autoorganización. Usted en cierto modo se equivoca cuando plantea que el estatuto debe incorporar todas las normas de funcionamiento. Eso no es reconocer la propia autonomía de un Parlamento que tiene capacidad para autoorganizarse a través de un reglamento, como hacen las Cortes Generales. Nosotros creemos que no es necesario aprobar ninguna de aquellas enmiendas que SS. SS., con la máxima voluntad democrática y con todo el apoyo del mundo, quieren desarrollar o impulsar en el estatuto de autonomía. Creemos que son normas de autoorganización, normas de funcionamiento, que no es aquí donde deben regularse, y no por eso el Parlamento y el estatuto de autonomía van a ser, como dicen ustedes, de tercera división, porque ningún grupo parlamentario de los que apoyan de verdad este Parlamento lo hubiese admitido.
También con esta reforma se incorporan al estatuto el Consejo Consultivo, nuestro Consejo de Estado, entre comillas, el Tribunal Superior de Justicia y se posibilita la creación del Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por último, señor presidente, con esta reforma se articula un encaje político de carácter bilateral entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Estado que supere la multilateralidad armonizadora en materia económica. Se da encaje no sólo a una discriminación, sino a una peculiaridad importante de la región, que son sus relaciones de vecindad con dos territorios forales, con normas propias y con actuaciones fiscales y económicas que no pocas veces supone un profundo perjuicio para una comunidad próxima y vecina.
Hoy leía en un medio de comunicación que la Unión Europea, en un avance previo a la decisión del Ecofin, considera ilegítimas ayudas fiscales de territorios forales similares a las del País Vasco o Navarra. No pretendemos ir contra nadie, pretendemos establecer un modelo de bilateralidad en materia económica que pueda tener en cuenta las consecuencias de decisiones legítimas, no siempre compartidas, que puedan tomar otros territorios forales.
Señor presidente, esta reforma da, en definitiva, mayores cotas de autogobierno a una región que aspira a participar en el desarrollo autonómico español sin complejos y que quiere la igualdad desde la solidaridad y defenderá las diferencias, pero criticará los privilegios.


Al Partido Socialista, como fuerza de izquierda, nos caracteriza, entre otras cosas, creer en el desarrollo de las oportunidades vitales y tener una actitud abierta ante el futuro. En consecuencia, con nuestro sí al estatuto queremos seguir avanzando responsablemente en el desarrollo autonómico de La Rioja y en España.
Señor presidente, si este otoño la cosecha de La Rioja o del Rioja ha sido excelente, este estatuto también queremos catalogarlo como excelente y al servicio

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del futuro de una comunidad autónoma como la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por eso, señor presidente, vamos a apoyar con entusiasmo y absoluta firmeza este estatuto, por creer que es el que necesita nuestra comunidad autónoma como lo necesitan otras comunidades de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Isasi. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor ISASI GÓMEZ: Señor presidente, permítame que plantee una cuestión previa antes de comenzar el fondo de mi intervención. Se acaba de decir en esta tribuna una inexactitud, entiendo que grave, y es un hecho objetivo que se puede comprobar. Se ha realizado una acusación por el anterior interviniente al afirmar que el secretario general de Alianza Popular en 1982, que fue cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de La Rioja, votó en contra de aquel primer borrador del estatuto, diciendo que aquel secretario general era el actual presidente del Gobierno.
Señorías, con toda rotundidad, con toda solemnidad, porque fui testigo presencial, quiero afirmar que es matemáticamente incierto, puesto que aquel secretario general, hoy presidente del Gobierno, se ausentó de La Rioja en 1981 y el estatuto de autonomía se aprobó en 1982. Sin embargo, hay más, aquel secretario general de Alianza Popular de La Rioja, hoy presidente del Gobierno, nunca tuvo un cargo institucional que le diera la oportunidad de votar texto alguno en ninguna de las instituciones de La Rioja.
Por tanto, como éstos son hechos exactos, comprobables, pido, y si me apura exijo, una rectificación pública de lo que aquí se ha dicho.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!) Señor presidente, señoras y señores diputados, hace ahora cinco meses que debatíamos y aprobábamos por la práctica totalidad del Pleno de la Cámara la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, a iniciativa del Parlamento de la comunidad autónoma; proposición de ley, señorías, que, teniendo en cuenta que estas Cortes Españolas son las únicas competentes para aprobar leyes orgánicas como ésta o proceder a sus reformas, como es el caso que nos ocupa, se somete al debate y posterior aprobación de este Pleno del Congreso prácticamente calcada del texto original remitido por el Parlamento riojano.
Por lo tanto, señorías, quiero recordar y al mismo tiempo felicitarme por ello, que la reforma propuesta por el Parlamento de La Rioja apenas ha sufrido modificación alguna en su paso por ponencia y Comisión Constitucional. Simplemente algunas modificaciones de encaje técnico y de redacción en las que, por otra parte, hemos estado de acuerdo más del 90 por ciento de esta Cámara, lo que demuestra el alto índice de participación, dedicación, trabajo y colaboración de los partidos mayoritarios en el proceso previo de redacción de borradores y propuestas concretas para llegar finalmente a esta proposición de ley que reforma sustancialmente el Estatuto de Autonomía de La Rioja, ampliando su nivel competencial y equiparándolo a los estatutos de las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 151. Se cumple así el compromiso electoral del Partido Popular de equiparación competencial entre todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de que entre éstas y el Gobierno de España vayan modulando los tiempos para el traspaso y asunción de competencias concretas previstas en los correspondientes estatutos.
Este texto, señorías, que nos propone el dictamen de la Comisión Constitucional es ahora más homologable con el resto de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que, como es habitual, contenga peculiaridades y características propias de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a cuyos ciudadanos e intereses económicos, sociales y culturales tiene que servir, con lealtad a España, al resto de sus instituciones y a los diferentes pueblos que la forman.
Por lo tanto, nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento al Parlamento riojano, como institución regional que representa los intereses de sus ciudadanos en el ámbito de sus competencias, que ha cumplido con su cometido estipulado en las leyes y, por otra parte, también a sus diputados, que han trabajado duro y bien para alcanzar el más alto consenso posible del 90 por ciento de los parlamentos regionales. Confiamos, por otra parte, en que el otro 10 por ciento, al margen del debate político partidario, reconozcan que con este nuevo estatuto La Rioja gana en reconocimiento institucional de identidad autonómica y en competencias. En definitiva, señorías, La Rioja gana y da un salto cualitativo y cuantitativo en autogobierno, por lo que no podemos aceptar las enmiendas de Izquierda Unida y de otros grupos minoritarios.
Con esta reforma, señorías, se alcanza el mayor techo competencial para la Comunidad Autónoma de La Rioja que nuestro ordenamiento permite, respetando el principio de solidaridad y lealtad constitucional, se incorporan más de 20 nuevas materias a las competencias exclusivas y se amplía la capacidad competencial de desarrollo y ejecución en materias tan importantes para los riojanos, como aeropuertos, transporte de mercancias y gestión sanitaria. Pero la propuesta, señorías, no se limita solamente a ampliar el marco competencial, sino que dota a La Rioja de todos los resortes institucionales para abordar los retos administrativos y sociales del siglo XXI. Se sientan las bases jurídicas del llamado pacto local, se incorporan nuevas instituciones, como el Consejo Consultivo y el Tribunal de Cuentas regional, y se articulan las relaciones con la Administración de Justicia.
Señor presidente, señorías, en el texto que se apruebe hoy en este Congreso se recogen los deseos y aspiraciones institucionales del pueblo riojano, manifestado

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a través de su Parlamento. Asimismo este nuevo estatuto reconoce y recoge aquellas peculiaridades y especificidades de aquella comunidad autónoma que tiene ubicados sus principales núcleos de población y su principal potencial económico e industrial justamente a lo largo de la línea divisoria con otras comunidades autónomas o regiones, separadas únicamente por el río Ebro, donde disponen de un régimen fiscal y financiero propio distinto al del resto de los españoles, pero a veces utilizado con deslealtad para impulsar importantes núcleos industriales al otro lado de la acera o de la orilla del Ebro, a tan sólo unas docenas de metros de aquellas ciudades riojanas. Ejemplos, señorías, ha habido y los está habiendo muy graves, por lo que pretendemos que, mediante el buen y leal uso de sus instrumentos legales que respetamos, los propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Gobierno central, en el futuro no se produzcan desequilibrios entre comunidades vecinas.
Por ello, señorías, no entendemos la salida de tono, las malas formas y algunas expresiones utilizadas en la Comisión y, por otra parte, me alegro del cambio de tono expresado aquí, esta mañana, por algunas de SS.SS. que se oponen a algún punto concreto del Estatuto de La Rioja.
No obstante, también quiero que sepan estas personas y estos grupos que nosotros sí respetamos la Constitución, desde el preámbulo hasta la última de sus disposiciones, incluida, señorías, la adicional primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, así como las específicas competencias que de la propia Constitución y de sus estatutos se derivan para establecer un sistema tributario y financiero propio. Pero con la misma firmeza que respetamos esas competencias, queremos que sepan que exigiremos la utilización de éstas con lealtad constitucional y lealtad entre las distintas comunidades y el resto de España.
Esto es lo que pretende el artículo 43 y que ha crispado tanto a alguna de SS.SS., que es la posibilidad de que se suscriban acuerdos bilaterales entre la Administración central y la Comunidad Autónoma de La Rioja, tendentes a compensar los efectos negativos que puedan derivarse de su situación limítrofe con otros territorios por la hipotética utilización indeseable de sus propias competencias. En definitiva, señorías, no se trata, en absoluto, de cuestionar la existencia de regímenes fiscales forales, sino de evitar que el desarrollo de estos derechos favorezca la deslocalización de empresas y la competencia fiscal desleal, como ha reconocido ayer mismo la propia Comisión Europea. Ésta, señorías, es la segunda reforma que se propone tras la modificación de 1994, con motivo del pacto autonómico firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista en 1993, mediante el cual se incrementaron más de 30 nuevas competencias, después de haber transcurrido casi 11 años, a pesar de lo establecido en el artículo 148.2 de la Constitución y en el 11 del propio estatuto de autonomía, donde se prevé un período de cinco años para incrementar las competencias autonómicas, período que las mayorías socialistas prolongaron hasta los 11 años que transcurrieron.
Desde el Grupo Popular queremos destacar de esta reforma estatutaria cinco objetivos fundamentales: mayor techo competencial, mejora de la administración y el servicio a los ciudadanos, profundización de nuestras señas de identidad regional y el mecanismo que, a través de este nuevo estatuto, sirva para impulsar el progreso regional, contribuyendo así al progreso de España en sus más amplios términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Isasi, le ruego vaya concluyendo.


El señor ISASI GÓMEZ: Voy terminando, señor presidente.


Finalmente, el quinto de los objetivos es la convicción más profunda de que esta reforma debe contemplar el instrumento legal más propicio para consagrar el Estatuto de Autonomía de La Rioja como mecanismo de encuentro y convivencia pacífica y democrática de todos los riojanos, destacando los valores de tolerancia y diálogo que caracterizan a La Rioja y a sus ciudadanos. Para todo esto tiene que servir esta reforma estatutaria, para lograr una Rioja con más solidaridad interna y externa entre todos los pueblos y regiones españolas, al mismo tiempo que para mejorar el nivel de convivencia democrática y de bienestar de los riojanos, con lealtad a la Constitución y a España.
Por todo esto, señor presidente, señoras y señores diputados, les pido su voto afirmativo para el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el texto de la proposición de ley que reforma el Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Isasi.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Mardones Sevilla, pide la palabra.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, como mi grupo ha sido el único que no ha intervenido, a los efectos de dejar constancia en el «Diario de Sesiones» quiero decir que mi grupo va a votar favorablemente todas los dictámens de Comisiones relativos a todos y cada uno de los estatutos de autonomía, de acuerdo con los votos mayoritarios alcanzados.
Mi grupo, por tanto, se suma con plena satisfacción a que en el día de hoy, en esta Cámara, queden aprobados los estatutos de las comunidades autónomas que se han debatido aquí.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones. (El señorpresidente ocupa la Presidencia.)

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VOTACIÓN DE CONJUNTO

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000083)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de los proyectos que, procedentes de las distintas asambleas de las comunidades autónomas, pretenden modificar los correspondientes estatutos de autonomía. Previamente, y conforme habíamos anunciado, se somete a votación el conjunto del proyecto de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que se pretende con naturaleza orgánica, y, en consecuencia, tiene que alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 285; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado con el carácter de orgánica el referido proyecto de ley.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (VOTACIONES) (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000007)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones correspondientes a los dictámenes de las reformas de los estatutos de autonomía, comenzando por el del Principado de Asturias.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de ellas, las números 2 y 6, del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, cuatro; en contra, 288; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 15; en contra, 283; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Alcaraz.
Enmienda número 1, del señor Rodríguez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 21; en contra, 272; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 19; en contra, 287; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


Enmiendas números 30, 40 y 49.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 19; en contra, 285; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 13; en contra, 287; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, artículo 1, apartados 3 a 8, 11, 11 bis, 14, 17, 22, 24, 33, 43 y 44.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 286; en contra, 19; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los apartados correspondientes al artículo único.
Artículo único, apartados 18, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 46 y 55 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 290; en contra, uno; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


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Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 303; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación final de conjunto, por tener el proyecto carácter orgánico.
(Rumores.) Señorías, contengan sus entusiasmos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 292; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado también con carácter orgánico el proyecto.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE BALEARES (VOTACIONES) (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000008)

Pasamos al Estatuto de Autonomía de Baleares. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 161; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las enmiendas números 71 y 74. Comienza la votación.( El señor Moreno Monrove pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Moreno?

El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, en este momento está anunciando la votación de las enmiendas números 71 y 74.


El señor PRESIDENTE: Sí, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor MORENO MONROVE: Ésta es la indicación de votación primera que ha hecho respecto del Estatuto de Autonomía de Baleares.


El señor PRESIDENTE: No, no; la votación anterior ya fue sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al Estatuto de Autonomía de Baleares. (Rumores.)

Señorías, no contribuyan a la natural confusión en unas votaciones tan complejas con algaradas innecesarias.


La Presidencia anunció que entrábamos en las votaciones correspondientes al Estatuto de Autonomía de Baleares, y la votación primera, la que se ha anunciado, ha sido sobre las enmiendas que hacían los números 1 y 2, pero que se han votado conjuntamente, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, quiero solamente manifestarle que por el cuaderno de votaciones que yo tenía aquí, y probablemente por mi propio error, he considerado que la primera indicación de votación se refería a las enmiendas números 71 y 74, por eso la intención de mi voto ha sido a favor. Sin embargo, en el cuaderno de votaciones veo que previamente hay otra votación que la he entendido en su defecto, con lo cual no sé si sería posible la modificación; pero nuestro grupo parlamentario tiene una posición distinta respecto de la anterior votación que ha hecho S.S.


El señor PRESIDENTE: Un minuto, por favor. (Pausa.) Consultado el Reglamento y los precedentes, no existe precedente de repetición de una votación por error en la emisión de voto por un grupo parlamentario. Existen precedentes en el Senado, en efecto, como apunta el señor Cisneros con certeza, pero ya saben aquello del respeto a la autonomía de ambas cámaras.
La Presidencia no tendría inconveniente en abrir una vía de precedente, si existiera la absoluta y rotunda unanimidad de los portavoces en la apreciación y valoración del error. (Denegaciones en el Grupo Federal de Izquierda Unida.) No existiendo esa unanimidad puesto que son inequívocos los gestos del Grupo de Izquierda Unida y de sus portavoces, la Presidencia, tras escuchar al portavoz del grupo afectado, anuncia que no repetirá la votación. (El señor Martínez Noval pide la palabra.) Señor Martínez Noval, puede manifestar lo que a su derecho convenga.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, he de confesar el error del Grupo Parlamentario Socialista en la votación y también para hacer saber que, sin error, nuestro voto hubiera sido contrario a esas enmiendas. Nosotros, señor presidente, coincidiendo con usted, somos partidarios de solventar esta cuestión en el Senado y así lo haremos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Agradezco a todos los portavoces su colaboración con la Presidencia en la resolución del incidente.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Sometemos a votación las número 71 y 74.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 146; en contra, 161; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 13; en contra, 294; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 292; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Votación final de conjunto por su naturaleza orgánica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 294; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara prevista en la Constitución y en el Reglamento se da por aprobado con naturaleza orgánica.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN (VOTACIONES) (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000009)

Pasamos a la reforma del Estatuto de Castilla y León, comenzando por someter a votación las enmiendas del Grupo Mixto, y dentro de él las de la señora Lasagabaster, empezando por la número 29.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, seis; en contra, 301; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 19; en contra, 285; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 33; en contra, 275.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco, empezando por la número 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 18; en contra, 289; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 33, del PNV.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, seis; en contra, 287; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 13; en contra, 290; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 288; en contra, 14; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Se somete a votación final el conjunto del proyecto, dada su naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 288; en contra, 14; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con la naturaleza orgánica referida al haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA RIOJA (VOTACIONES) (NÚMERO DE EXPEDIENTE 127/000010)

Enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
En primer lugar, enmienda número 2, que dentro del Grupo Parlamentario Mixto formuló la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, seis; en contra, 288; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 19; en contra, 272; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 13; en contra, 287; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor , 290; en contra, 13; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación final del conjunto por tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 288; en contra, 13; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto con naturaleza orgánica al haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara.


DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE LAS ESCUELAS EUROPEAS Y DE SUS ANEJOS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 21 DE JUNIO DE 1994.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000212.)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Debate de totalidad del convenio internacional por el que se establece el estatuto de las escuelas europeas y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994 y al que se ha presentado una enmienda de totalidad por el Grupo Mixto, para cuya defensa, tiene la palabra el señor Alcaraz.
(Rumores.) Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Alcaraz, vamos a comenzar el último punto del orden del día. (Continúan los rumores.)

Señorías, por favor, silencio.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, defiendo una enmienda a la totalidad al convenio que establece el estatuto de escuelas europeas. Siguiendo el mecanismo legal existente, solamente puede ser de totalidad, aunque es a un único punto.
Seguramente se piense que el tema en sí no tiene excesiva importancia... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía y compañía, les ruego que guarden silencio. (Rumores.) Señor Caldera. Señor Amarillo. Señor Cuesta, don Álvaro. (Continúan los rumores.) Por favor, es menester que haya silencio.(Rumores.) Señor Homs.
Adelante.


El señor ALCARAZ RAMOS: Decía que, aunque pudiera pensarse que el asunto concreto que motiva la enmienda, que no es otro que el de la utilización o la posibilidad de asegurar que el castellano pueda ser lengua vehicular en estas escuelas europeas -como SS.SS. saben, son escuelas establecidas en el ámbito de la Unión Europea y que tienen un estatuto propio, que es lo que hoy se debe votar, la adhesión de España-, no es relevante, sin embargo, sí que nos parece que es muy preocupante el redactado y la realidad en cuanto que puede contribuir a ampliar un precedente que es muy grave: la relegación del castellano como lengua de

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trabajo, como lengua habitual de uso en las instituciones de la Unión Europea. Por lo tanto, no queríamos dejar pasar esta ocasión, de las pocas que se nos van a presentar en esta Cámara, para llamar la atención sobre esta cuestión.
En efecto, el apartado 3 del artículo 4 del convenio que se nos somete dice que habrá cursos comunes para clases de un mismo nivel y que dichos cursos podrán impartirse en cualquier lengua comunitaria siempre que el Consejo superior de las escuelas decida que las circunstancias lo justifican; es decir, queda exclusivamente en manos de ese Consejo rector la posibilidad de que el castellano en nuestro caso se utilice como lengua vehicular para esas asignaturas comunes.
Parece que esa redacción contempla un objetivo muy loable, parece que sitúa a todas las lenguas comunitarias en igualdad de condiciones, pero la realidad es que tiende a perpetuar una discriminación que sufre en estos momentos el castellano, así como otras lenguas comunitarias, en el sistema de enseñanza de las escuelas europeas.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Las lenguas utilizadas para los fines enunciados en dicho apartado se conocen en la terminología al uso en las escuelas europeas como lenguas vehiculares, que es algo distinto de los idiomas en que se podría impartir la formación básica que figura en el anexo II, donde sí aparece el castellano. En términos prácticos, esto se está traduciendo en el hecho de que ciertas asignaturas comunes, como la geografía, la historia, la sociología, etcétera, se imparten en las lenguas que tiene el carácter vehicular pero no en las demás. De esta manera, si por ejemplo un niño inglés o danés desea estudiar dichas asignaturas en castellano, hoy no es posible hacerlo en ninguna escuela europea por no tener el carácter de lengua vehicular. Pudiera parecer que ello no afecta de forma directa a España ni a los niños españoles, quienes no escogerían, como es obvio, el castellano como lengua vehicular, ya que el objetivo de estas lenguas es reforzar su conocimiento en los que las escogen como su primera lengua extranjera. No obstante, se produce una clara discriminación hacia el castellano, al menos en un doble sentido: en primer lugar, resta posibilidades profesionales a los educadores españoles que podrían impartir su enseñanza en esos centros y, en segundo lugar, sitúa al castellano en inferioridad de condiciones con otras de mucha menor importancia europea y mundial, incluso con algunas que ni siquiera son de uso oficial en organismos internacionales. Se trata, además, de una cuestión de prestigio para el castellano, a lo que esta Cámara no puede ser ajena, que no debe ser objeto de un trato más desfavorecido que otras. Con la presente situación se está impidiendo, de hecho, y de manera muy eficaz, por cierto, el progreso del castellano y el de otras lenguas, como el portugués, de indudable importancia mundial en las instituciones comunitarias El apartado 3 del artículo 4 parece en principio otorgar la vía para la solución de esta injusta discriminación, pero el hecho es que las reiteradas ocasiones en que se ha propuesto la inclusión del castellano como lengua vehicular el citado Consejo superior lo ha impedido mediante votación, que por circunstancias obvias coloca en clara situación de desventaja a aquel país que por motivos de prestigio intenta que su lengua tenga ese tratamiento de lengua vehicular. Estamos convencidos de que la actitud del Consejo superior no hace más que ocultar o desvelar, según se mire, el intento de limitar el número de lenguas comunitarias de trabajo a tres (inglés, francés y alemán) en todas las instituciones comunitarias y nos consta que se excluye sistemáticamente la posibilidad de que el castellano adquiera ese carácter. De ahí la gravedad del asunto que traemos hoy.
La inexplicable resistencia, si no es vista desde estos parámetros y antecedentes, del citado Consejo superior de incluir el castellano dentro de las lenguas comunitarias puede, por lo tanto, entenderse como el deseo de evitar la constitución de un precedente que pueda situar al castellano en pie de igualdad con otras lenguas en las instituciones comunitarias.
La dificultad de conseguir un voto favorable en dicho Consejo superior es manifiesta, toda vez que Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos tienen sus lenguas incluidas en esa consideración de vehicular. Por lo tanto, va a ser muy difícil construir una nueva mayoría que admita nuevas lenguas vehiculares, entre ellas el castellano o el portugués.
La enmienda que presentamos trata de resolver este problema eliminando la capacidad de discrecionalidad absoluta que se le otorga en la redacción que se nos propone al Consejo superior y acotando en qué momento él debería aceptar que pudieran impartirse esas enseñanzas comunes en una lengua vehicular distinta de aquellas en las que ahora se hace. Por lo tanto, nuestra enmienda dice, resumiendo, que se impartirá en cualquier lengua comunitaria, siempre que se produzca una de las dos circunstancias siguientes: a) Que el Estado miembro en cuestión corra con los gastos derivados de la implantación de esta enseñanza, o b) Que al menos 10 alumnos por escuela lo demanden, tras haber sido ampliamente informados, y con la antelación suficiente, de esta posibilidad. Estamos seguros de que en cualquiera de las dos hipótesis el castellano podría convertirse en esa lengua vehicular, porque estamos convencidos de que en un gran número de estas escuelas europeas existiría demanda de más de 10 alumnos y porque además no dudamos de que, llegado el momento, en esta Cámara habría suficiente mayoría para el Estado español corriera con los gastos, que tampoco serían excesivos, del uso del castellano.
Insistiendo mucho en esa idea de que es un precedente muy negativo y llamando la atención a SS. SS. sobre la importancia de que el castellano tenga el carácter de lengua de trabajo a todos los niveles en la Unión Europea, es por lo que hemos defendido estaenmienda.


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Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.


Esta enmienda a la totalidad plantea un problema real que trasciende al contenido de la propia enmienda a esta convenio, como es la relación entre lenguas de trabajo y lenguas oficiales en el seno de la Unión Europea. Nos parece que es un problema y es oportuno que aparezca hoy por primera vez reflejado en este «Diario de Sesiones».
La ampliación de la Unión Europea va a incrementar esa cuestión y va a introducir la necesidad de que por una vez queden claras cuáles son las lenguas en las que se opera y cuáles son las lenguas oficiales.
Es evidente que va a tener una doble consecuencia; por un lado, limitar exactamente las lenguas de trabajo y en ellas no cabe duda que deberá estar -en contra de lo que parece que algunos quieren excluir- la lengua castellana. Pero también es evidente que de forma simultánea deberán reconocerse como lenguas oficiales más lenguas que las que hoy lo están, puesto que tendría poco sentido que pasara a ser automáticamente lengua oficial de la Unión Europea el estonio o el maltés y no lo fueran lenguas habladas por una población muy superior por el solo hecho de que no sea la lengua oficial de un Estado de la Unión Europea.
En ese sentido, el planteamiento mismo del problema nos parece oportuno, aunque eso no nos lleve a votar a favor la enmienda a la totalidad de este convenio, no sólo por razones de procedimiento -que tengo entendido que serán desarrolladas por el portavoz del Grupo Popular- porque hacer una enmienda parcial a un convenio internacional, que ya ha sido ratificado por otros parlamentos, es algo que desde el punto de vista incluso del derecho de tratados provoca problemas graves, sino por la propia presencia de España en el Consejo rector. Por tanto, no daremos nuestro voto favorable a esta enmienda de totalidad, pese a no dejar de reconocer una cierta parte de razón en el fondo del tema que plantea y, sobre todo, -insisto- felicitándonos por el hecho de que por una vez aparezca claramente en esta Cámara que existe un problema lingüístico en la Unión, que existe un problema respecto de las lenguas de trabajo, que, según nos consta por noticias de prensa, el propio ministro de Asuntos Exteriores o el vicepresidente para asuntos económicos ha tenido ocasión de reflejar y que pronto llevará sin duda al reconocimiento también como lengua oficial de la Unión -no de trabajo- de lenguas que no sean hoy las oficiales de un Estado, pero sí sean oficiales en un Estado de la Unión.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para anunciar el voto favorable a la enmienda que presenta Nueva Izquierda, entendiendo -como ha dicho otro portavoz- que estamos tratando un asunto que a veces se nos escapa de las manos, pero que para nuestro país debe tener una especial relevancia, y es el hecho de que cada vez va perdiendo más peso específico la posibilidad de que nuestro idioma tenga un hueco en la construcción europea. Cada vez más vamos perdiendo esa batalla y, hoy por hoy, considero que hay que lograr este acuerdo relativo a la necesidad de que España haga fuerte la reivindicación del castellano a la hora de participar en igualdad de condiciones que el resto de las lenguas, que ya están consideradas como lenguas vehiculares, para que el castellano juegue el papel que en nuestra opinión le correspondería.
Por tanto, esta enmienda de totalidad viene a demostrar que en este acuerdo no se concreta la posibilidad real de que el castellano pueda estar en igualdad de condiciones ante el resto de las lenguas , sobre todo, porque nos sigue discriminando respecto de las posibilidades que tienen las otras lenguas europeas. Como también se ha dicho, no sólo estamos pensando en el escenario actual, sino en el escenario a corto plazo, ya no se puede hablar del escenario a medio plazo que es el de la ampliación, donde el maremágnum lingüístico puede ser todavía mucho mayor.
El pueblo español debería ser mucho más reivindicativo respecto a los derechos de nuestra lengua en el seno de la Unión y, por tanto, vamos a apoyar esta reivindicación que nace de la enmienda de Nueva Izquierda.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Navas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINÓN CEJAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, se ha expresado una preocupación por parte del señor Alcaraz en nombre de las diputadas y diputados de Nueva Izquierda- Iniciativa-Els Verds que, sin duda, tiene fundamento. No se trata sólo de saber cuál va a ser el papel de nuestra lengua común en las escuelas europeas, porque al final lo que está en discusión o lo que forma parte principal de la preocupación es el papel de esta lengua común nuestra en el mundo en general. Tenemos una lengua muy importante, son muchos los millones de seres humanos que la hablan,

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que es su lengua materna, y sin embargo no hemos conseguido que tenga la importancia cultural, política o social que otras lenguas que hablan menos personas sí han logrado.
El convenio que está en discusión y que desde Nueva Izquierda se ha enmendado se refiere a las escuelas europeas y quizá sea conveniente recordar que las escuelas europeas no nacen con este convenio, existen desde el año 1957, y yo creo que buena parte de lo que ha descrito el interviniente, el señor Alcaraz, no se refiere a lo que está en el convenio, sino principalmente a lo que ha sido la realidad de esas escuelas desde su creación hasta ahora. Con el convenio lo que se pretende es precisamente poner un poco más de orden en la situación. Se trata de garantizar que el español sea una lengua vehicular. Desde luego, el convenio no garantiza que el español lo sea, como no garantiza que ninguna otra lengua de la Comunidad lo sea. El convenio no impide que el español sea una lengua vehicular, de igual forma que no impide que ninguna de las otras lenguas lo sea.
El convenio permite que, al final, el Consejo Superior de las Escuelas Europeas sea el que tome la decisión. Y la práctica ha demostrado -lo ha explicado muy bien el señor Alcaraz- que este Consejo superior se ha inclinado hasta la fecha por cuatro lenguas y ha excluido otras, pero no se trata, en nuestra opinión, exactamente del contenido del convenio, sino de la actuación real del Consejo superior.
En el anexo II del convenio figuran todas las lenguas, incluida la española. ¿Habría sido lógico resolver en el convenio un asunto de práctica que corresponde, según el propio convenio, al Consejo superior? No quiero negar que es un asunto discutible, pero nos parece excesivo votar en contra del convenio porque en él no se garantice que determinada lengua sea necesariamente, insisto, una lengua vehicular. El tratamiento que en el convenio se da a todas las lenguas es igualitario, insisto, en el convenio que vamos a votar.
Asunto distinto es el comportamiento que ha tenido el Consejo superior.
A mí me da la impresión de que en el convenio a todos los Estados miembros, a los quince, se les ofrecen instrumentos indirectos de presión política para exigir que su lengua se convierta en una lengua vehicular. Son muchos los apartados, los artículos, las situaciones donde se exige la unanimidad. Muchos artículos, para determinado tipo de decisiones, exigen la unanimidad en el seno del Consejo superior.
Yo creo que eso, en manos de un Gobierno que juegue políticamente bien, que tenga cierta capacidad de maniobra en los ámbitos comunitarios, es una magnífica oportunidad para conseguir que el español sea una de las lenguas vehiculares. Aquí no se garantiza -e intento resumir, señor presidente- que el español sea lengua vehicular, como ninguna otra lengua; no se impide que lo sea, como ninguna otra lengua, pero sí se ofrece al Gobierno español la posibilidad de, negociando hábilmente, conseguir que el español sea lengua vehicular.
En la confianza de que el Gobierno español lo va a conseguir, nuestro voto será en contra de la enmienda y, por tanto, a favor del convenio.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martinón.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda de totalidad presentada por el señor Alcaraz, de Nueva Izquierda, al convenio por el que se establece el estatuto de las escuelas europeas, agradeciéndole, en primer lugar, su preocupación por intentar conseguir un mayor equilibrio entre las diferentes secciones lingüísticas que operan en estas escuelas. Le puedo asegurar que ésta su preocupación también es la preocupación del Grupo Popular y es la preocupación del Gobierno.
Hay que empezar señalando que la enmienda está sostenida, única y exclusivamente, por discrepancias en un apartado de uno de los 34 artículos de que consta el convenio en cuestión. Ello nos hace pensar que, aunque el mecanismo de calificación de enmiendas obliga a clasificarla como enmienda de totalidad, básicamente el grupo proponente está de acuerdo en la globalidad del texto que conforma el estatuto de las escuelas europeas, siendo precisamente el tema lingüístico el que genera la presentación de dicha enmienda de totalidad.
Existen dudas por parte del grupo proponente de que el castellano esté considerado lengua vehicular, que es, como ya se ha dicho aquí, el idioma utilizado en aquellos cursos o asignaturas comunes que la escuela programa con la finalidad de conseguir su unidad, con la finalidad de relacionar y de favorecer la convivencia entre los alumnos de las distintas secciones lingüísticas. A este respecto debo señalar que, compartiendo el fondo de su preocupación, entendemos que el problema primario está resuelto, pues lo importante es que los alumnos españoles en las escuelas europeas puedan educarse en castellano y puedan complementariamente formalizar el aprendizaje de una lengua extranjera, es decir, que puedan hacer lo mismo que si estuvieran escolarizados en España, circunstancia que desde el Grupo Parlamentario Popular nos parece que queda contemplada.
Además, el propio estatuto, en el apartado que cuestiona Nueva Izquierda, especifica literalmente que dichos cursos -se refiere a los comunes- podrán impartirse en cualquier lengua comunitaria, siempre que el Consejo superior decida que las circunstancias lo justifiquen. Y el portavoz del Grupo Socialista ya ha hecho alusión al anexo que figura en el estatuto, en el que obviamente consta el idioma español como idioma potencialmente a utilizar. Entendemos que tiene razón,

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repito, en su opinión subjetiva de lo que de ello se pueda derivar y puede interpretar que las decisiones del Consejo superior pueden ser parciales o que, por su composición, no pueden dar apoyo o difícilmente se manifestarán en favor del castellano como lengua, pero hay que recordar que el Consejo superior es el órgano plural, con representación equitativa, a nivel ministerial, de todos los países miembros de la Comunidad, con un funcionamiento de votación y de mayorías similar al utilizado en las diferentes instituciones comunitarias.


Por otro lado, entrando ya en la letra literal de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, entendemos que no introducen modificaciones de peso.
En todo caso, la eliminación del propio Consejo superior como el responsable de decidir qué lenguas pueden ser o no ser vehiculares, circunstancia que rechazamos, porque negar al máximo órgano de decisión de las escuelas europeas la capacidad de decidir no nos parece que sea un posicionamiento excesivamente responsable. Lo que hay que hacer -y así se ha dicho también por el portavoz del Grupo Socialista- es negociar, es utilizar la fuerza de la negociación dentro del Consejo. Porque si bien es cierto que, en términos lingüísticos, España está en minoría, no es menos cierto que, dentro del Consejo, en otros aspectos, España está en mayoría y que, por tanto, tiene armas -entre comillas- suficientes para proceder a la operación de negociación en busca de los resultados, en cuyo objetivo final todos coincidimos. La enmienda fija el criterio de consideración de una lengua como vehicular. Señala que debe ser aquélla en la que al menos diez alumnos por escuela lo demanden, tras haber sido ampliamente informados y con la antelación suficiente de esta posibilidad, criterio este que nos parece razonable, como muchos otros, criterio numérico. Por ello estamos convencidos de que entra dentro de las necesidades objetivas a las que me refería anteriormente y que será un argumento de la negociación que España tiene que llevar a cabo dentro del Consejo superior.
En definitiva, nos parece una enmienda totalmente innecesaria, que, además -y, para finalizar, entro en el tema procedimental-, paralizaría el proceso de puesta en marcha del estatuto de las escuelas europeas, consiguiendo que una interpretación, loable pero subjetiva, de una mínima parte del estatuto paralizara la totalidad del mismo, en cuyos aspectos globales lo vemos positivo y todos los grupos estamos de acuerdo. La paralización escaparía del ámbito español, pues, al tratarse de un convenio internacional, debe ser refrendado por los diferentes parlamentos de los países miembros, proceso que ya se ha finalizado en muchos de esos países, que están pendientes de que el resto haga lo propio.
Con la seguridad de que el Gobierno coincide con el planteamiento general que subyace en su propuesta, del que han participado todos los grupos -no hace falta decir que dentro de las prioridades del Gobierno está la defensa de la lengua castellana-, y con la seguridad de que sabrá hacer valer esta prioridad, no podemos, por todo lo expuesto, suscribir los argumentos del grupo proponente. Por tanto, anunciamos el voto negativo a esta enmienda de totalidad.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ricomá.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la propuesta de no autorización que formula el Grupo Parlamentario Mixto al Convenio por el que se establece el estatuto de las escuelas europeas y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 12; en contra, 273; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.


Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Buenas tardes.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de latarde.

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