Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 200, de 26/11/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 200

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 194

celebrada el jueves, 26 de noviembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 129-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000129) ... (Página 10751)

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial y en materia de aguas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 130-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000130) ... (Página 10751)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 131-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000131) ... (Página 10751)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 133-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000133) ... (Página 10751)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 136-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000136) ... (Página 10751)

Página 10748


Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 129-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000129) ... (Página 10769)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

- Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, hecho en Oslo el 18 de septiembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 207, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 110/000203) ... (Página 10769)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 4 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000113) ... (Página 10769)

- Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 116-1, de 25 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000115) ... (Página 10769)

- Proyecto de Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 8-15, de 11 de noviembre de 1998 (número de expediente 121/000076) ... (Página 10782)

- Proyecto de Ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 100-12, de 10 de noviembre de 1998 (número de expediente 121/000098) ... (Página 10786)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 10751)

Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana . . .
(Página 10751)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial y en materia de aguas . . .
(Página 10751)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión . . . (Página 10751)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional . . . (Página 10751)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. (Página 10751)

El señor ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey) presenta de forma conjunta los cinco proyectos de ley porque, aunque versan sobre asuntos diferentes, todos ellos tienen el mismo objetivo, que es el desarrollo del gobierno local. Manifiesta que constituyen el paquete normativo de mayor trascendencia para las entidades locales desde la aprobación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen

Página 10749


Local, ley que vino a establecer el marco básico de referencia para la administración local tras la aprobación de la Constitución. La experiencia acumulada durante trece años de vigencia de esa ley aconseja llevar a cabo determinadas adaptaciones en este marco general, inducidas por la aprobación y ratificación por España de la Carta europea de autonomía local y por la progresiva toma de conciencia de los representantes de los gobiernos locales de nuestro país sobre el papel institucional que como administración más cercana al ciudadano le correspondía a las entidades locales, planteándose asimismo la oportunidad de revisar el funcionamiento institucional del sistema, contribuyendo con un decidido impulso al desarrollo del gobierno local. Añade que el principio sustentador a la hora de diseñar las medidas ha sido conseguir el mayor grado de consenso con la Federación Española de Municipios y Provincias y con los grupos políticos con representación parlamentaria, lo que ha llevado, en gran parte, a las iniciativas legislativas que hoy presenta ante la Cámara y que afectan a materias cuya competencia está atribuida por el bloque de constitucionalidad a la Administración del Estado. Reitera que el objetivo de las modificaciones que se proponen es dar un impulso al ámbito de acción de los gobiernos locales, contribuyendo al fortalecimiento de la organización territorial del Estado y dotando de nuevos mecanismos a las corporaciones locales para que potencien su capacidad de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
A continuación pasa a explicar las líneas de actuación llevadas a cabo, destacando de entre todas ellas las que tienen mayor trascendencia política y administrativa para los entes locales, finalizando su intervención con la esperanza de que los proyectos de ley que se traen a debate parlamentario puedan ser mejorados en el trámite de enmiendas y cuenten con el apoyo de los distintos grupos, porque tiene el convencimiento de que todos comparten el deseo de dotar a las entidades locales españolas de los elementos necesarios para poder desempeñar las nuevas funciones que están llamadas a desempeñar en el futuro como administración más cercana a los ciudadanos. En defensa de sus enmiendas a la totalidad presentadas al conjunto de proyectos de ley, interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, quien manifiesta que la razón de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego es que, como fuerza política, mantienen una profunda discrepancia con la manera de abordar el desarrollo del régimen local y porque, además, no va a repercutir en aspectos fundamentales para ellos como son la democratización de las instituciones, la participación ciudadana y el mejor funcionamiento de los entes locales. Explica que su posición no es una negativa ideológica abstracta sino que está asentada también en la convicción de que deben colaborar en mejorar los proyectos de ley, por lo que presentarán enmiendas parciales, y pasa a defender cada una de sus enmiendas a la totalidad.
El señor Fernández Sánchez interviene en defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana por cuanto que pese a la pretendida limitación invocada con referencia a la Ley 30/1992, la existencia de la letra j) del artículo 26 de este proyecto de ley dota de una injustificable discrecionalidad a los alcaldes para tipificar conductas sancionables con normas de rango inferior. Por otra parte, manifiesta que su grupo no considera que los proyectos de ley que son objeto de debate en el Pleno de hoy sean la respuesta acorde con el alcance y dimensión que desde el municipalismo español se ha venido dando al denominado pacto local, aunque reconoce ciertos aspectos positivos en el paquete de medidas que se presentan, por lo que su grupo emitirá su voto en función de la sintonía que tenga con cada uno de los proyectos.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En primer lugar, considera que la principal razón que ha llevado al Bloque Nacionalista Galego a presentar sus enmiendas de totalidad ha sido la de no comprender bien el sentido de las reformas legales que se pretenden, pasando a explicárselas en detalle. A continuación contesta al portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que ha presentado la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de modificación de la Ley de seguridad ciudadana.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Marcet i Morera y Rodríguez Bolaños, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometida a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al proyecto de ley de Modificación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, se rechazan por 16 votos a favor, 292 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora

Página 10750


de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas, se rechaza por 16 votos a favor, 295 en contra y una abstención.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, se rechaza por dos votos a favor, y 309 en contra.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se rechaza por dos votos a favor y 310 en contra.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación, se rechaza por tres votos a favor y 309 en contra.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley . . . (Página 10769)

Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana . . .
(Página 10769)

El señor presidente propone a la Cámara la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, lo que se aprueba por asentimiento.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 10769)

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción . . . (Página 10769)

Sometido directamente a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores, se aprueba por unanimidad.


Enmiendas del Senado . . . (Página 10769)

Proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias . . . (Página 10769)

Proyecto de ley del impuesto sobre la renta de no residentes y normas tributarias . . . (Página 10769)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), Saura Laporta y Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias . . . (Página 10782)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (que interviene de nuevo); Saenz Cosculluela, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 . .
. (Página 10786)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario

Página 10751


Federal de Izquierda Unida; Fernández Marugán, del Grupo Socialista del Congreso, y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Por contradicciones intervienen de nuevo el señor Fernández Marugán y Del Burgo Tajadura.


Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias, que son aprobadas.


Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de no residentes y normas tributarias, que son aprobadas.


Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, que son aprobadas.


Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, que son aprobadas.


Se levanta la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 121/000129.)

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL, EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS. (Número de expediente 121/000130.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN. (Número de expediente 121/000131.) - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000133.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000136.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se reanuda la sesión.
Apartado VI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Como saben SS.SS., se ha tomado el acuerdo en la Junta de Portavoces de proceder, tras la presentación del Gobierno de los distintos proyecto de ley, al debate simultáneo de todas las iniciativas, que son: proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1, de 21 de febrero de 1992, sobre protección de la seguridad ciudadana; proyecto de ley de modificación de la Ley 7, de 2 de abril de 1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial y en materia de aguas. (Pausa.) Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles al entrar en el hemiciclo. Creo que no es la primera vez que tenemos que comentarlo.
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9, de 15 de julio de 1983, reguladora del derecho de reunión; proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2, de 3 de octubre de 1979, del Tribunal Constitucional y proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley 8, de 3 de julio de 1985, reguladora del derecho a la educación.
Para la presentación de todos estos proyectos, y en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Señor presidente, señoras y señores diputados, con su permiso, voy a presentar de forma conjunta diversos proyectos de ley que versan sobre asuntos muy diferentes pero que tienen todos ellos el mismo objetivo: el desarrollo del Gobierno local. Este conjunto de proyectos constituye el paquete normativo de mayor trascendencia para las entidades locales desde la aprobación, hace ya 13 años, de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Esta ley, que vino a establecer el marco básico de referencia para la Administración local tras la aprobación de la Constitución reconociendo a las entidades locales un nivel de autonomía sin parangón en nuestra historia y superior al reconocido en la mayoría de los países de nuestro entorno, constituye el cimiento estable a través del cual se ha venido consolidando el papel institucional de estas entidades, hasta alcanzar el alto nivel de aceptación con que hoy día cuentan entre nuestros ciudadanos.


Página 10752


La estabilidad de este marco jurídico, de la que no ha sido ajena la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al reconocer en diciembre de 1989 la constitucionalidad de prácticamente todos sus preceptos, no ha impedido, antes al contrario, que la normativa básica estatal fuera desarrollada por el legislador autonómico de tal forma que éste pudiera establecer las diversidades que considerara convenientes al concretar el modelo de la Administración local de su territorio. Se conjugaba así la necesaria garantía de la autonomía local a través de un conjunto de normas básicas comunes para todo el territorio con el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias en este ámbito, de tal forma que el régimen local español se ha desarrollado de forma coherente y pacífica entre las distintas instancias territoriales, de lo que es un claro ejemplo el nivel de consenso y los escasos conflictos que en este campo se han planteado.
Sin embargo, la experiencia acumulada durante estos 13 años de vigencia de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local aconseja llevar a cabo determinadas adaptaciones en este marco general, inducidas por dos hechos de indudable transcendencia para el mundo local materializados durante estos años. Me refiero, por un lado, a la aprobación y ratificación por España, el 20 de enero de 1988, de la Carta europea de autonomía local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, fruto de un sentimiento generalizado de que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder. Precisamente la proyección de este sentimiento implica la existencia de entidades locales dotadas de órganos de decisión democráticamente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en cuanto a las competencias, a las modalidades de su ejercicio y a los medios necesarios para el cumplimiento de su misión. Ello obliga a un replanteamiento del papel de las entidades locales en el contexto europeo basado en el principio de que el ejercicio de las competencias públicas debe incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. Por otro lado, durante estos 13 años ha venido desarrollándose en España el proceso descentralizador, concretándose y consolidándose nuestro sistema autonómico con su específica distribución del poder, a partir de la cual podía preverse una adecuación de las competencias atribuidas a las entidades locales. Al mismo tiempo, se producía una progresiva toma de conciencia de los representantes de los gobiernos locales de nuestro país sobre el papel institucional que como Administración más cercana al ciudadano le correspondía a estas entidades, encauzándolo a través de una serie de demandas plasmadas por primera vez en la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada a finales de 1993 en la ciudad de A Coruña y posteriormente concretadas en el documento Bases para el pacto local, aprobado por su comisión ejecutiva en septiembre de 1996.
Pues bien, señoras y señores diputados, especialmente desde la aprobación del citado documento, se asumió por el departamento que dirijo el reto de llevar a la práctica los trabajos que fueran precisos a fin de articular con absoluto respeto al marco de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, contenido en el bloque de la constitucionalidad, aquellas iniciativas necesarias para dar respuesta a las razonables peticiones de las entidades locales. Junto a la necesidad de dar respuesta a los hechos mencionados, atendiendo la demanda de mayores competencias reclamadas y reforzando la autonomía local, se planteaba la oportunidad de revisar el funcionamiento institucional del sistema, contribuyendo con un decidido impulso al desarrollo del Gobierno local. El principio sustentador de toda esta labor no ha sido otro que el compromiso ineludible de conseguir el mayor grado de consenso a la hora de diseñar estas medidas, dada su trascendencia en el desarrollo del modelo territorial definido en nuestra Constitución, consenso que se ha materializado no sólo a través de las intensas y fructíferas negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias, como interlocutora necesaria al ser la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, sino a través de las conversaciones que se han mantenido en el Ministerio con los grupos políticos con representación parlamentaria, como ustedes conocen.
Fruto de todo ello son, en gran parte, las iniciativas legislativas que van a debatirse y que contienen una amplia relación de medidas que afectan a materias cuya competencia está atribuida por el bloque de constitucionalidad a la Administración del Estado. El objetivo último es dar precisamente un impulso al ámbito de acción de los gobiernos locales, contribuyendo al fortalecimiento de la organización territorial del Estado y dotando de nuevos mecanismos a las corporaciones locales para que potencien su capacidad de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
Por otra parte, no quiero dejar de informar a SS.SS. que estas iniciativas se han complementado con tres tipos de actuaciones no menos relevantes. La primera de ellas fue la oferta realizada en su momento a las fuerzas políticas para lograr un acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, que culminó con la firma, el 7 de julio de 1998, del documento en cuestión por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La segunda se materializó con la aprobación por el Gobierno, el 17 de julio de 1998, de un conjunto de medidas de carácter administrativo para dar respuesta a demandas de los entes locales integrados en el ámbito competencial del Estado que no necesitaban de una regulación con rango de ley. Y la tercera y más reciente han sido los acuerdos suscritos con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre

Página 10753


medidas a adoptar en relación con la financiación de las corporaciones locales durante el quinquenio 1999- 2003, así como sobre las modificaciones a introducir en el resto de la normativa contenida en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, acuerdos que, sin duda, completan desde el punto de vista financiero todo el proceso de negociación del que estamos hablando. Queda con ello cumplido el reto que nos propusimos, articulando, desde las posibilidades que permite el ámbito de las competencias del Estado, el desarrollo del Gobierno local. Si a todo lo anterior añadimos el futuro traslado por parte de las fuerzas políticas a las instituciones autonómicas en las que ostentan representación parlamentaria o ejerzan responsabilidad de gobierno de las demandas que forman parte del ámbito competencial de las comunidades autónomas, podrá convenirse en que se está dando una razonable respuesta a la demanda de las entidades locales, dentro de un clima de general consenso.
Como ya he señalado, las peticiones de los entes locales se contienen en el documento aprobado por la comisión ejecutiva de la FEMP denominado Bases para el desarrollo del Gobierno local. Este documento fue objeto de un minucioso y complejo estudio técnico por los servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, a fin de identificar, del conjunto variado de peticiones en él contenidas, cuál era la Administración responsable en cada materia por ser la titular de la competencia de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad. Esta tarea resultaba indispensable para que las actuaciones emanadas de la Administración general del Estado fueran respetuosas con la Constitución y los estatutos de autonomía y no obtuvieran el rechazo de las comunidades autónomas, pues su concurso en este desarrollo resulta imprescindible. Los resultados de esta labor fueron recogidos en la propuesta del Gobierno, de 29 de julio de 1997, que fue remitida a responsables de distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.


Si se ponen en relación las peticiones de la FEMP, cuya validez jurídica no ha sido cuestionada por ninguna de las instancias a las que se han remitido, con las medidas de la Administración del Estado, nos encontramos con los siguientes datos. En primer lugar, unas medidas de las que solicita la FEMP corresponden al ámbito competencial de las comunidades autónomas y otras corresponden al ámbito competencial del Estado. De las medidas que corresponden al ámbito competencial del Estado ya se han llevado a la práctica cinco de ellas a través de las modificaciones legislativas oportunas que SS.SS. ya conocen. Tres afectan al tráfico y circulación de vehículos a motor; una, a la participación de los entes locales en los órganos de gobierno de las autoridades portuarias y, otra, a la posibilidad de delegación de la potestad sancionadora. Estas medidas suponen un 16 por ciento de las materias incluidas en las peticiones de la FEMP que son competencia del Estado. Otras se incluyen en las iniciativas legislativas que se presentan y en el acuerdo del Gobierno antes señalado. Como ya he dicho, en estas medidas se haconseguido un alto nivel de consenso entre las fuerzas políticas que me gustaría que se pudiera incrementar a lo largo de la negociación parlamentaria y, por supuesto, con las propias entidades locales. Podrán ser consideradas por algunos como insuficientes, pero su contenido y necesidad creo que nadie los pone en cuestión. Quisiera destacar, del conjunto de todas ellas, las que tienen mayor trascendencia política y administrativa para los entes locales.
En primer lugar, se encuentran una serie de previsiones normativas encaminadas fundamentalmente al fortalecimiento del Gobierno local y que se contienen en la modificación que se propone de la actual Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Este fortalecimiento del Gobierno local se lleva a cabo a través de varias líneas de actuación. La primera consiste en la introducción de una mayor racionalización en el funcionamiento de las corporaciones locales a través de la atribución al alcalde o presidente de funciones de carácter meramente ejecutivo y que en la actualidad están atribuidas al pleno, lo que fuerza a este último a dedicar gran parte de su actuación a tareas de mera gestión para las que no está concebido, como órgano deliberante y colegiado que es, restando además eficacia y agilidad al cumplimiento de las mismas, como sucede, por ejemplo, con la gestión del personal, la gestión presupuestaria o la contratación, especialmente en los municipios de mayor población. Por el contrario, resulta más lógico que el pleno establezca el marco general al que deben adecuarse estas funciones de ejecución mediante la aprobación de los instrumentos oportunos, como el presupuesto o la plantilla de personal de la corporación; no tiene mucho sentido que el pleno se dedique a debatir y decidir sobre las gratificaciones concretas de cada funcionario o su complemento de productividad si ya figuran en el presupuesto de la corporación que éste aprueba los límites dentro de los cuales deben enmarcarse las partidas que pueden destinarse a estos conceptos retributivos. Esta modificación resultará de gran relevancia si pretendemos dotar a nuestras entidades de unos mecanismos ágiles de funcionamiento que les permitan llevar a cabo las nuevas competencias, que, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, están llamadas a desempeñar, pues no olvidemos que de la eficacia en resolver las demandas de sus vecinos dependerá la valoración que de ellas se tenga.
La segunda línea de actuación es la lógica contrapartida de este traspaso de competencias ejecutivas al alcalde, pues se fortalecen las funciones de control político del pleno, faceta ésta a la que realmente debe encaminar su función a través de una mayor frecuencia de los plenos ordinarios y la exigencia de que la parte del orden del día de los plenos destinados al control político del Ejecutivo tenga sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva y no se diluya en el apartado de ruegos y preguntas, al final de la sesión, la mayoría de las veces sin tiempo material

Página 10754


para el debate correspondiente. Asimismo, se adoptan una serie de medidas en la línea a la que acabo de hacer referencia, como la convocatoria automática de los plenos extraordinarios cuando el alcalde se niegue a efectuarlo, la previsión de que las comisiones informativas de control sean obligatorias en los municipios que tengan más de determinado número de habitantes y, en general, otra serie de medidas que contribuyen a la potenciación del papel político de control por parte del pleno. Como tercera línea de actuación, debe destacarse la inclusión expresa en la Ley de bases de que los miembros de las corporaciones actúen a través de los grupos políticos y, por último, otras medidas como el establecimiento de una mayor agilidad en el procedimiento de aprobación de ordenanzas o el reconocimiento expreso de la posibilidad de que las administraciones públicas puedan suscribir convenios con las asociaciones de entidades locales, que sin duda servirán para mejorar la eficacia municipal en la prestación de servicios a sus vecinos.
El segundo conjunto de medidas legislativas va encaminado al fortalecimiento de la democracia local y se contiene en las modificaciones propuestas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Estas modificaciones pretenden erradicar del mundo local conductas que, aunque aisladas, tienen una negativa trascendencia social, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, poniendo en tela de juicio, a causa de unos pocos, el trabajo cotidiano y de fortalecimiento de la democracia local de la gran mayoría de los representantes políticos de las más de 16.000 entidades locales de todo tipo existentes en España. Para la consecución de este objetivo cabe destacar la introducción del automatismo en la convocatoria de los plenos en los que debe discutirse la moción de censura, a fin de contrarrestar la actitud de algunos alcaldes que no proceden a convocar el pleno en que ésta debe debatirse, acudiendo a diversas argucias legales, en el mejor de los casos, o al boicoteo activo de dicha convocatoria. También debe destacarse la introducción de la cuestión de confianza por primera vez en el mundo local, ligada a la aprobación de determinados acuerdos de trascendencia para la corporación, como son la aprobación de los presupuestos, el reglamento orgánico, el planeamiento urbanístico, las ordenanzas fiscales, precisamente para evitar situaciones de bloqueo político que desembocan con demasiada asiduidad en situaciones anómalas, contrarias a lo que debe ser el normal desenvolvimiento de la actuación corporativa. Es el caso, por ejemplo, de ayuntamientos que se ven obligados a prorrogar sistemáticamente los presupuestos de años anteriores -con la disfuncionalidad que tal situación lleva aparejada- por no obtenerse el voto necesario para su aprobación y sin que, por otra parte, se presente por la oposición una moción de censura que permita superar tal situación de bloqueo. Estas posiciones contemplan desde una óptica jurídica el acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo, al que ya antes he hecho referencia.
El tercer conjunto de medidas se dirige fundamentalmente a la defensa de la autonomía local, y su principal exponente se contiene en la modificación que se propone de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se articula por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un acceso directo de los entes locales al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía que la Constitución le reconoce expresamente a través de la modificación de la Ley Orgánica reguladora de dicho Tribunal, introduciendo en la misma un procedimiento específico denominado conflicto en defensa de la autonomía local contra las normas básicas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Este acceso directo al Tribunal Constitucional, que creo que es una novedad ciertamente importante, va a permitir a las entidades locales dejar de depender de terceras instancias para defender su autonomía, lo que no dejaba de constituir un trato discriminatorio para municipios y provincias, cuando lo cierto es que el artículo 137 de la Constitución no diferencia entre administraciones a la hora de reconocer este derecho.
Junto a esta trascendental medida se introducen también en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local distintas modificaciones en el sistema de recursos en el ámbito local, a fin de dotar de una mayor seguridad jurídica a las corporaciones locales en su relación con las restantes administraciones públicas. Merece destacarse especialmente en este capítulo la reintroducción del recurso de reposición en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, recogido también en la Ley de Bases de Régimen Local, cuya supresión había ocasionado en el mundo local una gran disfuncionalidad. En efecto, puesto que la mayoría de los acuerdos de las corporaciones locales agotan la vía administrativa, al ciudadano no le queda más opción que acudir a la jurisdicción contenciosa, con los inconvenientes de coste y tiempo que esto implica. La reintroducción de este recurso permitirá a los vecinos recurrir ante el ayuntamiento los acuerdos que les afecten y a éste último reconsiderar sus actos por una vía más rápida y económica que la existente en la actualidad.
Por último, debe destacarse en este apartado el reconocimiento de la representación local en organismos de asesoramiento y planificación del Estado, como son el Consejo Escolar del Estado o el Consejo Nacional del Agua, contenidos respectivamente en la modificación propuesta de la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación y de la Ley de Aguas o en su participación en procesos que afecten directamente a su ámbito de interés, permitiendo al menos que puedan manifestar su opinión en los mismos, como aparece en el ejercicio del derecho de manifestación, los usos de dominio público o en la elaboración de planes y programas de obras públicas de interés general. Superamos así situaciones discriminatorias para los entes locales en relación con otras administraciones públicas o colectivos

Página 10755


sociales. Piénsese, por ejemplo, en la modificación que se propone de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, que obedece a algo tan razonable como es que los ayuntamientos afectados por el ejercicio de los derechos de reunión en lugares de tránsito público o de manifestación sean oídos a fin de que puedan manifestar su opinión sobre las diversas circunstancias del recorrido propuesto, dejando así de ser los convidados de piedra en un procedimiento cuyo resultado les afecta directamente. El informe municipal se circunscribe en estos casos a las circunstancias relacionadas con el recorrido propuesto, sin que suponga la más mínima alteración en el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos. Antes al contrario, el informe municipal se dirige precisamente a facilitar este ejercicio, al ser quien mejor conoce, por ejemplo, el estado de seguridad de las vías o lugares públicos afectados. Y es que, señoras y señores diputados, debemos recordar que la Carta europea de autonomía local, al especificar el alcance de dicha autonomía, señala que las entidades locales deben ser consultadas a su debido tiempo y en la forma apropiada a lo largo de los procesos de planificación y decisión para todas las cuestiones que les afecten directamente, participación que constituye el núcleo de la garantía institucional de la autonomía local, tal como ha sido definida por el Tribunal Constitucional.


Por último, no quisiera terminar sin hacer una breve mención a diversas medidas de carácter más técnico que político, pero que también son de gran trascendencia en el mundo local y que se concretan fundamentalmente en modificaciones legales puntuales, como son la definición de vehículo abandonado para poder proceder a su retirada por los ayuntamientos, contenida en la modificación que se propone de la Ley sobre tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial, o la posibilidad de que las ordenanzas municipales puedan especificar los tipos sancionadores previamente establecidos por la ley, y que figuran como competencia del alcalde en materia de seguridad ciudadana, a través de la reforma propuesta de la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana. Aunque se trata de temas muy concretos y limitados, no por ello dejan de formar parte de reivindicaciones tradicionales de las entidades locales, por la trascendencia que para ellas tienen este tipo de medidas, que vienen a cerrar el modelo de desarrollo del Gobierno local que se propone en las materias competencia del Estado.
Señoras y señores diputados, creo que merece la pena el esfuerzo que todos hemos llevado a cabo y que en el futuro seguirá realizándose entre las fuerzas políticas para dar contestación a las demandas de las entidades locales, especialmente en lo que se refiere al ámbito autonómico. Esperemos que los proyectos que se presentan a debate parlamentario puedan ser mejorados en el trámite de enmiendas y cuenten con el apoyo de los distintos grupos, pues no me cabe duda de que todos compartimos el deseo de dotar a las entidades locales españolas de los elementos necesarios para poder desempeñar las nuevas funciones que están llamadas a practicar en el futuro como administración más cercana a los ciudadanos, afianzando de esta manera la tradicional labor de vertebración territorial, social y democrática que con resultados tan positivos han venido desempeñando en España en beneficio de todos los ciudadanos.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
A todos estos proyectos han sido presentadas enmiendas de totalidad por el Grupo Parlamentario Mixto (el señor Rodríguez Sánchez), así como por el Grupo de Izquierda Unida al número 42 del orden del día.
Por tanto, en primer lugar, para la presentación de todas las enmiendas a la totalidad, de forma conjunta, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señoras diputadas, señores diputados, excepción hecha de la Ley del Régimen Electoral, presentamos enmienda de devolución al Gobierno del resto de las iniciativas legislativas que van destinadas, según palabras del señor ministro, al desarrollo del régimen local. ¿Cuál es la razón de ello? Empezaremos por decir, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que como fuerza política tenemos una profunda discrepancia con la manera de enfrentar el desarrollo del régimen local porque pensamos que no va a repercutir en aspectos que para nosotros son fundamentales, cuales son la democratización de las instituciones, la participación ciudadana y, en último término, el mejor funcionamiento de los entes locales. Por supuesto, nuestra posición no es de una negatividad ideologista, abstracta, sino que está asentada también en la convicción de que debemos colaborar en mejorar estos proyectos de ley con la presentación de enmiendas parciales, como hemos hecho. Empezaremos por la primera, que para nosotros tiene más calado político, que es la modificación de la Ley 2/1979, del Tribunal Constitucional.
En la exposición de motivos, la modificación del Gobierno se presenta en función de avalar el respeto por la autonomía local frente a leyes, normas básicas del Estado y todo tipo de disposiciones legales de las comunidades autónomas. Además, se sitúa al Tribunal Constitucional como garantía de tal autonomía. Lógicamente, estas modificaciones afectan directa o indirectamente a lo previsto en el artículo 161.1 de la Constitución española y, cómo no, a la ley orgánica que ahora es modificada, que pasaría a tener un apartado dentro del capítulo IV del título IV, de conflictos en defensa de la autonomía local. Es curioso que la modificación del Gobierno pondera a las entidades que pueden ser sujeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, limitando así el ámbito de los sujetos legitimados en cuanto a su representatividad. ¿Cuáles son los reparos que el Bloque Nacionalista Galego tiene respecto de estas modificaciones? En primer lugar, uno que podría calificarse

Página 10756


de exclusivamente táctico pero importante, y es que el Tribunal Constitucional va a tener que dedicar tiempo a la resolución de recursos que van a incidir en el aumento del tiempo en la resolución de los recursos que se presenten, lo cual ya es una característica gravísima del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Pero lo más grave es que con esta posibilidad se van a dificultar gravemente las actividades de las comunidades autónomas, o de algunas comunidades autónomas, creando inseguridad jurídica y dejando exclusivamente en manos de los grandes municipios esta posibilidad, como se puede comprobar en el artículo 75.ter de la modificación que se presenta.
Es llamativo que la autonomía local se pueda presentar solamente ante leyes básicas del Estado, no ante todas las leyes del Estado, y sin embargo sí frente a todas las leyes de la comunidad autónoma. El informe del Consejo de Estado dejó claro que posiblemente habría cierta inconstitucionalidad en la ley, porque no se trata en este caso de dirimir un conflicto de competencias, sino de un subterfugio que conduce a ser, no apareciendo como tal, un recurso de anticonstitucionalidad. Así se puede ver que en el artículo 75 quinque, en el parágrafo sexto, se evidencia que el propio Tribunal Constitucional va a tener que dirimir posteriormente la posibilidad de muchas leyes en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De querer hacerse esto, debería haberse optado claramente por la reforma de la Constitución en los artículos 161 y 162 y aceptar plenamente a las entidades locales como sujetos tasados que pueden participar abiertamente en los recursos de inconstitucionalidad. Por lo demás, nosotros preferiríamos la situación política que deja a los entes locales vigilar, en los actos de ejecución y en el desarrollo de la norma, las leyes que se puedan cuestionar.
Por tanto, no estamos ante una clarificación competencial sino ante un recurso de anticonstitucionalidad encubierta. Nosotros, como fuerza nacionalista, pensamos que esta va a ser un arma que va a ayudar a desvertebrar territorialmente algunas comunidades autónomas a través de litigios municipales que consolidan, de una manera que nosotros no consideramos de recibo ni acertada, la circunscripción provincial y, en definitiva, que se va a posibilitar que algunos municipios grandes intenten puentear a las comunidades autónomas y establecer una relación directa más clara entre el Estado y esa especie de pequeño Estado-ciudad, algo a lo cual algunos gallegos estamos ya acostumbrados, pues hemos oído este tipo de discursos de boca de algún alcalde insigne de una gran ciudad.
La segunda oposición es, por importancia política, a la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas, si bien en estos últimos casos nuestra oposición es de matiz. La primera, la Ley de Bases, que se presenta para establecer la delimitación básica de la autonomía local con atribución de competencias a los municipios, conforme a un principio de subsidiariedad, y según dijo ya el señor ministro siguiendo criterios de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el fondo hace concesiones que no aumentan competencias significativas, sino que dan al alcalde competencias que antes tenía el pleno -cosa que no se oculta, por lo demás-, y lo mismo se hace con la atribución de competencias al presidente de las corporaciones provinciales frente a sus respectivos plenos, lo cual vuelve a introducir no solamente la existencia evidente, desde el punto de vista legal, de las corporaciones provinciales, sino una mayor legitimidad y reforzamiento de las mismas. En la exposición de motivos de la ley, cuando se habla de modificar los artículos 20 a 23, 32 a 35 y el 46.2.a), se dice abiertamente que son competencias ejecutivas para el alcalde, que antes tenía el pleno, o para el presidente de la diputación, que antes tenía el pleno también. Por tanto, se sigue un proceso que tiene sus antecedentes y que ahora se consuma, se consolida y se formaliza. Primero fueron algunos reglamentos de funcionamiento orgánico los que cercenaron las competencias del pleno para las alcaldías; después algunas comunidades autónomas hicieron leyes de Administración local, por ejemplo en el caso de Galicia, que ya preveía y anunciaba esta Ley de Bases del Estado, y ahora el Estado se dedica a formalizarla en una ley marco, en una ley de base.
Y todo ello argumentado en aras del mejor funcionamiento o del eficaz funcionamiento de las corporaciones locales. Por tanto, señorías, se opta por el presidencialismo. Nosotros vemos un estadio intermedio o una cobertura para un futuro salto político, que es la elección de alcalde por vía directa, cuestión en la que el Bloque Nacionalista Galego discrepa profundamente pues no va a ser un esfuerzo para la democratización y para la participación social, sino que va a repercutir negativamente en la despolitización de la sociedad.
Además, el alcalde queda blindado, aunque no cuente con mayoría en la corporación, con estas competencias que se le van a atribuir, y en el binomio democratización-gobernabilidad se opta descaradamente por la segunda cuestión.


Los ejemplos podrían ser muchos, pero yo sólo voy a enumerar unos cuantos. El artículo 21.1.f), que concede al alcalde competencias desmesuradas en operaciones de créditos y fiscalización del pleno; el 21.1 g), que habla de la contratación y selección del personal, que sin duda va a conducir a mayor amiguismo y fidelidad política, igual que en la distribución complementaria, las célebres bufandas; el 21.1.4, que habla de la disciplina del personal y de las sanciones y la rescisión de contratos laborales; el 21.1.k), que habla de la iniciativa de acciones judiciales y administrativas; el 21.1.ñ), o) y p), en la contratación y aprobación de proyectos y adquisición de bienes; el 21.1.q), que habla de otorgamiento de licencias. Este abanico competencial que se pasa desmesuradamente a la presidencia de las corporaciones se hace exactamente igual con el presidentede las diputaciones en los artículos 33, 34 y

Página 10757


35.2.d). Por tanto, para nosotros son mejores los artículos de la actual Ley de Bases, que podrían ser modificados parcialmente para mejorarlos pero no por este camino. En lo demás estamos prácticamente de acuerdo, aunque es significativo y llama la atención que no se haya regulado para mejor el artículo 77, sobre derechos de los concejales y concejalas y diputados y diputadas a la obtención de información, que se está convirtiendo en un auténtico calvario en muchas corporaciones locales y provinciales. Por tanto, señorías, pensamos que no hay aumento objetivo de competencias de las entidades locales sino, en todo caso, del poder ejecutivo de los alcaldes y de los presidentes de las corporaciones.
Lo que se hace en relación con la ley del tráfico y la de aguas es aceptable en términos generales, pero a nosotros como fuerza nacionalista nos preocupan dos cuestiones. La primera es la insistencia continua en la presencia de asociaciones de ámbito estatal en cuanto a las corporaciones o asociaciones profesionales y que nunca se hable de asociaciones de ámbito de la comunidad autónoma; también el reforzamiento de la presencia de las provincias en el Consejo Nacional del Agua. Si están representadas las comunidades autónomas es duplicar una representación que va a ser una auténtica faramalla, una auténtica selva de representaciones que van a acabar actuando incluso contradictoriamente, con lo cual aumentará muchísimo la burocracia pero no la clarificación de los intereses colectivos, que deben mirarse siempre desde el punto de vista del conjunto, y el conjunto es la comunidad autónoma y no la provincia o la corporación provincial.
Voy terminando, señor presidente. El resto de las modificaciones a las leyes orgánicas de derecho de reunión, de protección de la seguridad ciudadana y de educación, nos parecen menos graves aunque habría que matizar algunas cosas importantes. Es mínima la participación que se da en estas materias a las corporaciones locales, pero es cierto que se aumenta un catálogo de infracciones en la seguridad ciudadana que va a llevar a una cierta discrecionalidad del poder gubernativo en caso de la autorización de reuniones y manifestaciones, o bien se van a utilizar normas inferiores para tipificar conductas, lo cual sin duda va a repercutir también en la discrecionalidad de la acción de gobierno de la autoridad local.
Respecto a la ley de educación, señorías, si se va a dar participación a las corporaciones locales en la creación, construcción y mantenimiento de todo tipo de centros públicos, que se sepa que se está aumentando la responsabilidad de las corporaciones locales en la creación, construcción y mantenimiento de todo tipo de centros, no sólo en los centros de primaria. Esto plantea un problema -si se quiere ser eficaz- de recursos, de dinero y también de participación en la planificación educativa, que debería aclararse.
En todo caso, esto puede dar pie a un debate. Vuelvo a repetir que estas tres últimas tienen una importancia menor y no pensamos que constituyan el eje central de nuestro debate, que es la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley de Bases de las corporaciones locales.
Señorías, es posible que todo esto se pueda mejorar en los trámites posteriores, pero para nosotros la cuestión central, que es esa competencia gravísima que se atribuye a los alcaldes, es optar por la gobernabilidad, la supuesta eficacia, que no va a ser así a la hora de la práctica, y en definitiva cercenar las bases fundamentales que es la participación ciudadana y el control democrático.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Para la presentación de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida al punto 42 y para la fijación de posición con respecto a las presentadas por el señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, por cuanto que pese a la pretendida limitación invocada con referencia a la Ley 30/1992, la existencia de la letra j) del artículo 26 de esta ley dota de una injustificable discrecionalidad a los alcaldes para tipificar conductas sancionables con normas de rango inferior. Esta modificación puede establecer una clara inseguridad jurídica por el hecho de que las tipificaciones varíen de un ayuntamiento a otro, dependiendo de que exista una ordenanza u otra. Por otro lado, el marco legal actual es suficiente para el logro de los objetivos que pretende el proyecto, como se pone de manifiesto a título de ejemplo en las ordenanzas aprobadas recientemente por el Ayuntamiento de Madrid, donde se manifiestan claramente los riesgos de proporcionar a una norma inferior el poder omnímodo de tipificación de conductas, con el consiguiente perjuicio para los derechos y libertades públicas.
Señorías, hoy debatimos cinco proyectos de leyes sobre medidas legislativas propuestas por el Gobierno para el desarrollo de los gobiernos locales, pero como el tiempo no va a ser excesivo voy a referirme sólo a alguno de ellos. Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se trata únicamente de una serie de iniciativas legislativas que abordan parte de las demandas de los ayuntamientos.
Efectivamente, las medidas contenidas en este paquete de proyectos de leyes contemplan parte de las peticiones hechas por la Federación Española de Municipios y Provincias, como así consta en los debates que se han producido en el seno de la FEMP. Nuestro grupo parlamentario no considera que los proyectos de ley que son objeto de debate en este Pleno sean la respuesta acorde con el alcance y dimensión que desde el municipalismo español se havenido dando al denominado pacto local. Esta expresión

Página 10758


ha venido consolidándose a partir de 1993 como consecuencia de la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios, en la que se crea una gran expectativa en torno al pacto local, pero el conjunto de propuestas que nos plantean ahora no llegan a cubrir esta expectativa. Reducir, tal y como plantea el Gobierno, estas expectativas a un catálogo de medidas parciales supone, a nuestro juicio, una propuesta claramente insuficiente. Es preciso configurar un compromiso global de las fuerzas políticas en favor de las entidades locales a fin de situar su marco institucional en el nivel que le corresponde. No podemos olvidar que ya han transcurrido 20 años de funcionamiento de los ayuntamientos democráticos y que estos son pilares fundamentales y esenciales del Estado. Por eso desde Izquierda Unida constatamos que los ayuntamientos, 20 años después de la transición, continúan siendo los excluidos en el terreno competencial y financiero, mientras se sigue reforzando el papel de otras instituciones. Obsérvese, por ejemplo, que las administraciones locales todavía al día de hoy solamente participan en los tributos del Estado en un 13 por ciento, es decir, suponen un 13 por ciento del gasto entre Estado y comunidades autónomas. No obstante, consideramos que este paquete de medidas también tiene aspectos positivos. Creemos que significan un pequeño avance con respecto a la situación actual de los ayuntamientos y por este motivo el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida emitirá su voto en función de la sintonía que tenga con cada uno de los proyectos.
No vamos a apoyar, por ejemplo, la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aunque hay aspectos que sí compartimos. Así, creemos interesante la posibilidad de generalizar las comisiones informativas en todos los ayuntamientos, práctica que ya viene siendo habitual en determinados ayuntamientos, sobre todo en aquellos donde gobierna la izquierda.
Por otra parte, saludamos que la periodicidad de los plenos municipales se regule. Anteriormente se celebraban cada tres meses y en este momento pasan a ser dos. Es decir, que los ayuntamientos tengan un pleno ordinario cada dos meses fijados por ley nos parece que es una medida acertada, ya que posibilita que los asuntos de los ciudadanos puedan ser solventados con mayor agilidad y rapidez.
También es interesante reintroducir el recurso de reposición, que por cierto no se debería haber perdido nunca. Nosotros creemos que es muy interesante que se pueda contar otra vez con esta norma, que los ciudadanos puedan recurrir en su propio ayuntamiento y no tener que ir a los juzgados, ya que pensamos que puede contribuir a agilizar la enorme cantidad de recursos que tienen los juzgados pendientes de resolver. Otro asunto que vemos asimismo con enorme interés es la posibilidad de dotar económicamente a los grupos municipales. Hay que recordar que en esta Cámara hay presentados dos proyectos de ley, uno por el Grupo Socialista y otro por Izquierda Unida, para dotar financieramente a los grupos municipales sin que se tenga que recurrir a mecanismos poco ortodoxos. También nos parece positivo que las licencias de otras administraciones no eliminen la necesidad de obtener la correspondiente del ayuntamiento. Es un avance quizás no todo lo significativo que nosotros quisiéramos -tiene alguna limitación-, puesto que tal como está redactado este apartado no respeta totalmente la voluntad del poder municipal. Nuestra posición contraria a este proyecto ley la fijamos en dos cuestiones que nos parecen esenciales. Una es la nueva distribución de competencias con que se dota al alcalde, competencias que se quitan a los plenos municipales para atribuírselas al alcalde. Nos parece que reforzar hasta estos límites la figura de los alcaldes vacía bastante de contenido el pleno municipal y también merma la figura de los concejales. Quiero recordarles que en el futuro, si es que esta ley se aprueba tal como está redactada, los alcaldes podrán aprobar definitivamente todos los instrumentos de gestión urbanística, podrán otorgar licencias, cosa que hasta ahora venían haciendo los plenos, y podrán aprobar la oferta de empleo público. Esto último en los ayuntamientos pequeños quizás no tenga demasiada importancia, pero en ayuntamientos donde hay cientos de funcionarios y puede haber muchísimas plazas de empleo público nos parece que puede llevar a situaciones poco agradables. Los alcaldes pueden disponer de hasta un 10 por ciento de los recursos municipales; estamos hablando de cantidades que pueden llegar hasta los 1.000 millones de pesetas de libre disposición, sin contar con la aprobación de los plenos municipales. Nos parece que estas nuevas atribuciones que se quieren entregar a los alcaldes pueden contribuir a eliminar controles que propicien situaciones que nos atrevemos a calificar de anómalas. No compartimos tampoco la introducción de la cuestión de confianza en los ayuntamientos. Entendemos que es una medida que puede complicar la vida municipal. De hecho, la introducción de la cuestión de confianza puede desestabilizar la vida política municipal. Recordemos que los alcaldes pueden recurrir a esta vía incluso hasta dos veces por legislatura. También creemos que es altamente negativa la reforma del plazo del procedimiento de impugnación y suspensión de los actos de las entidades locales por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Se están reduciendo los plazos para que las entidades locales puedan remitir información cuando es requerida tanto por comunidades como por delegados del Gobierno. Creemos que esta situación hace que los ayuntamientos sigan estando tutelados tanto por comunidades como por delegados del Gobierno, es decir, que no puedan tomar sus acuerdos sin que puedan ser suspendidos o recurridos. Por tanto, es una medida poco o nada positiva. Hubiésemos estado de acuerdo con la modificación de la ley sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, en el caso de que hubiese venido separada del conjunto, así como también con la reforma de la ley de aguas. En cuanto a la reforma de la ley orgánica reguladora del derecho a la educación, nos parece perfecto que las entidades locales

Página 10759


participen en el Consejo Escolar del Estado; es muy interesante que los ayuntamientos puedan estar en un órgano de esta trascendencia y que puedan participar del mismo. También estamos de acuerdo con la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que posibilita que los municipios y provincias puedan plantear conflicto al Tribunal Constitucional, mediante un nuevo procedimiento, en defensa de la autonomía local. Nos parece enormemente positivo que los ayuntamientos puedan recurrir al Tribunal Constitucional, es decir, equiparar a los ayuntamientos a cualquier otro organismo del Estado. Hay que recordar que cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal Constitucional y que hasta este momento este derecho estaba vetado a los ayuntamientos.
En consecuencia, señorías, vemos aspectos positivos en este paquete de medidas legislativas que trae el Gobierno a esta Cámara, pero como he manifestado hay cuestiones que no compartimos. Por eso votaremos de forma distinta según compartamos o no estos proyectos de ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, se puede presentar una o varias enmiendas de totalidad a diversos proyectos por múltiples razones. No obstante, la razón fundamental por la cual el Bloque Gallego ha presentado estas enmiendas a la totalidad es porque no han comprendido bien el sentido de estas reformas legales.
Yo desde luego no tengo ningún inconveniente en explicárselas y en aclararles los conceptos legales, por supuesto, porque los suyos tendrán ustedes que aclarárselos a sí mismos.
Muy recientemente, hace poco más de un mes, el 13 de octubre, se celebró en el Parlamento de Galicia el debate sobre el estado de la Autonomía. Precisamente el presidente Fraga dedicó una parte extensa de su intervención a sentar las bases del pacto local autonómico. Sin embargo, me costó mucho encontrar en el «Diario de Sesiones» apenas tres líneas de las referencias que su portavoz hizo sobre esta materia. Por ello, da la sensación de que han querido traer aquí el debate que no se planteó en el Parlamento de Galicia. Quiero recordar también que dicho Parlamento aprobó en julio del año pasado la Ley de Administración Local en desarrollo de su estatuto de autonomía, con la finalidad de potenciar estas entidades. Sin embargo, ustedes se oponían a ese debate afirmando que con ello no se fortalecían las entidades locales y que era una oportunidad perdida. Ahora que a nivel estatal se potencian las entidades locales y se les da mayor responsabilidad y capacidad de decisión en determinados asuntos, ustedes se oponen alegando que ello va contra las comunidades autónomas.
En algunos casos defienden a las entidades locales -y de ahí sus contradicciones, como les iré explicando- y en otros a las comunidades autónomas, cuando de verdad absolutamente nadie en estos proyectos de ley realiza ningún ataque a las mismas.
Antes de hacer nuevas lecturas de la Constitución -que me parece muy bien-, hay que hacer simplemente una lectura de la misma. Es indudable que la Constitución configura la organización territorial del Estado en comunidades autónomas, pero también en municipios y provincias, añadiendo que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Asimismo, en la Constitución se proclama el principio de descentralización, el cual es predicable y exigible respecto a las comunidades autónomas, pero también es exigible respecto a las entidades locales. Las entidades locales en toda España son las organizaciones democráticas más cercanas a los ciudadanos, y todas las medidas recogidas en esta ley, algunas de las cuales sin duda serán mejorables mediante la aceptación de enmiendas en los siguientes trámites, van en la idea de fortalecer estas entidades, con el deseo de conseguir una mejor eficacia en la gestión. Con esa finalidad de buscar una mejor eficacia en la gestión de los asuntos que afectan a los vecinos, cada uno de los órganos municipales debe dedicarse primordialmente a lo suyo. El Gobierno municipal debe dedicarse a gobernar y el pleno, como órgano político, debe dedicarse sobre todo a impulsar y a controlar la acción de los órganos de gobierno. Precisamente en la modificación de la Ley de bases -en la que se contiene también la modificación de la Ley de Aguas, se atribuye mayor participación a las entidades locales y se modifica la Ley de tráfico y seguridad vial- se atiende a las demandas de los ciudadanos de conseguir una gestión más eficaz y más transparente, todo ello en un sistema de pesos y de contrapesos, en definitiva, en un sistema de equilibrios.
En ese sentido, es cierto que en determinados casos se robustecen las funciones ejecutivas de los órganos unipersonales. Señorías, quisiera que reflexionasen acerca de si cuestiones como la distribución del complemento de productividad a los funcionarios, la propuesta de la declaración de lesividad en aquellos asuntos que les corresponden o el ejercicio de acciones judiciales en aquellas materias propias de su competencia, son asuntos que deban ser tramitados, aprobados y debatidos en el pleno. Al mismo tiempo, en esta línea de conseguir un mayor equilibrio, se fortalecen las funciones de control de los órganos colegiados, incluyéndose una serie de medidas que el señor ministro ha expuesto y yo quisiera aquí recordar.
Se incrementa la periodicidad del número de las sesiones ordinarias y se establece la previsión de que la parte destinada a control ha de tener sustantividad propia para evitar que quede diluido entre otros asuntos ordinarios. Se produce también la convocatoriaautomática por ley -si no lo hiciera el alcalde- de los

Página 10760


plenos extraordinarios a instancia de una cuarta parte de los concejales para evitar dilaciones también innecesarias; el establecimiento de la obligatoriedad en determinados casos de comisiones informativas, órganos plurales integrados por representantes de todos los grupos municipales, robusteciéndose sus funciones al encomendarse no sólo las de preparación de los asuntos que tengan que ir al pleno, sino también el seguimiento de la acción ejecutiva de los órganos de gobierno. A ello debe sumarse la mejora de mecanismos de control político del alcalde mediante el perfeccionamiento de la moción de censura, para evitar trampas que en ocasiones se han utilizado, o el establecimiento por vez primera en el derecho español de la cuestión de confianza en el ámbito local, medidas éstas que se contienen en otra ley que también se modifica, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la única que no ha sido objeto de enmiendas a la totalidad en este conjunto de leyes.
Además del fortalecimiento del pleno como órgano de control político, no debe olvidarse que como órgano plural sigue conservando en su seno las principales cuestiones que afectan a la comunidad vecinal. Le sigue correspondiendo al pleno la aprobación de los presupuestos, del planeamiento general, de las plantillas, de las ordenanzas, etcétera.
Por ello les decía que tal vez no hubiesen entendido bien el sentido de estas reformas legales, porque no es correcto afirmar que este proyecto de ley se limita simplemente a reforzar la posición de los órganos unipersonales.


También se enmienda a la totalidad el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. En primer término, ustedes afirman que tienen dudas sobre su constitucionalidad. Tengo que decirles que pueden estar absolutamente tranquilos y que nada tienen que temer. Si se leen sin prisa -repito, sin prisa- tanto el proyecto de ley como el dictamen del Consejo de Estado, podrá comprobarse cómo las observaciones que este realizó están incorporadas al proyecto que remitió a esta Cámara el Ejecutivo.
Precisamente porque los demás procedimientos existentes no se consideraban constitucionalmente adecuados para conseguir la finalidad perseguida se ha diseñado, con plena conformidad del alto órgano consultivo, un nuevo procedimiento denominado conflicto en defensa de la autonomía local.
No obstante, más incomprensible es la afirmación que se hace en el sentido de que con esta nueva ley se trata de restar poder a las comunidades autónomas, así como de una supuesta pretensión de puentearlas. Señorías, aquí no se trata de restar poder a nadie, sino de que cada organización territorial ejerza el pleno respeto a las competencias que tienen los demás, y así como todos queremos y exigimos que el Estado sea plenamente respetuoso con los títulos competenciales que los estatutos confieren a las comunidades autónomas, creo que todos debemos ser igualmente exigentes para que tanto el Estado como las comunidades autónomas sean respetuosos con el principio de autonomía local que la Constitución reconoce. El mecanismo que se instrumenta es precisamente para fortalecer la garantía institucional que tienen los ayuntamientos frente a cualquier injerencia, venga de donde venga, no sólo respecto de las comunidades autónomas sino también de aquellas que pudiera producir la Administración del Estado. Con ello se trata de arbitrar un procedimiento por el cual las entidades locales dependan de sí mismas, no de otras instancias, en la defensa de ese principio constitucional. Por otro lado, malamente puede hablarse de centralización cuando de lo que se trata es de todo lo contrario, de profundizar en el principio de descentralización territorial, impulsando a las entidades locales en la defensa de sus propios intereses.
Respecto a la intención de puentear a las comunidades autónomas, estableciendo relaciones directas entre el Estado y las entidades locales, no entiendo de qué parte del proyecto sacan ustedes esta conclusión, pero sólo quiero decirles, con palabras del Tribunal Constitucional, que las entidades locales son entidades bifrontes, que tienen relaciones-puente tanto con el Estado como con las comunidades autónomas, sin que ninguna de ellas pueda impedir esto en el ámbito propio de las competencias que les corresponden.
Igualmente se modifica, y ha sido objeto de enmienda a la totalidad, la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. Dado que las referencias a este texto han sido breves, simplemente quiero decirles lo siguiente. Nada tiene que ver, como se hace en el proyecto de ley, asegurar la participación de los municipios en el Consejo Escolar del Estado con una mayor heterogeneidad en la enseñanza pública, y tampoco se acaba de entender qué relación puede haber entre las objeciones que se plantean a este texto y el posibilitar que las administraciones locales y las administraciones educativas competentes puedan concertar y establecer entre ellas, voluntariamente, lo que estimen oportuno en orden a todo lo que pueda ser la construcción, la conservación o el mantenimiento de los centros. Cuestión distinta es si se pretende negar a los ayuntamientos que participen en el ejercicio de un derecho fundamental. Consideramos que esta es una de las materias principales en lo que se refiere al desarrollo y la configuración de la sociedad.
Por todo ello las entidades locales pueden, como digo, mediante esos acuerdos y de una forma absolutamente respetuosa, sin negar ni un ápice de competencia que pueda tener el Estado ni de las que tienen las comunidades autónomas, llegar a acuerdos, porque nada de lo que afecte al ejercicio de un derecho fundamental como es la educación puede ser ajeno a ese tipo de intervención por parte de las entidades locales. Esta es la razón por la cual se modifica la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Anteriormente, se ha hecho referencia a la Carta europea de autonomía local, elaborada en Estrasburgo y ratificada por España en el año 1988. En ese texto se ordena que las entidades locales sean consultadas, en lo posible y en la forma apropiada, en los procesos de

Página 10761


decisión de aquellas cuestiones que verdaderamente les afecten. Los ayuntamientos no pueden ser ajenos a todo lo que sucede en las vías públicas. Ello no puede suponer en modo alguno, y no quiero que lo entiendan así, señorías, una limitación del ejercicio del derecho de manifestación. Precisamente es lo contrario. Mediante un informe sobre circunstancias objetivas -subrayo y repito, objetivas-, el ayuntamiento podrá informar sobre las que pudieran concurrir.
Mediante ese informe, que no tiene ningún sentido vinculante ni nada semejante, se trata de garantizar mejor el ejercicio del derecho fundamental de manifestación.
Finalmente, respecto a la modificación de la Ley de seguridad ciudadana, a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego se suma la presentada por Izquierda Unida. Sobre ello quiero hacerles unas consideraciones. En primer lugar, quiero aclararles que el proyecto de ley no autoriza al alcalde en modo alguno, como ustedes afirman, a tipificar conductas sancionables, sino que son las ordenanzas, desde luego aprobadas por el pleno, las que pueden especificar los tipos que vienen establecidos por la ley. En su enmienda, invocan la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Es cierto que ésta, en su artículo 129, reserva a la ley la tipificación de las conductas administrativas sancionables, pero tendrán que convenir que la misma Ley de régimen jurídico permite que por vía reglamentaria puedan introducirse especificaciones o graduaciones a las conductas sancionables, siempre y cuando se cumplan dos cosas, que no constituyan nuevas infracciones y, en segundo lugar, que no se altere la naturaleza y los límites que la ley contempla. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sido claro cuando, interpretando el artículo 25 de la Constitución, afirma que la reserva de ley no excluye la posibilidad de que se contengan remisiones concretas a normas reglamentarias.
Además de la cobertura que da el intérprete garante de la Constitución, quisiera decirles que si las conductas sancionables en el ámbito local sólo pudieran ser determinadas por una norma con rango legal y teniendo en cuenta que las ordenanzas no tienen ese rango sino únicamente un valor reglamentario, como bien saben sus señorías, ello conduciría al resultado de que en ningún caso los ayuntamientos -y esa es la inseguridad jurídica que existe actualmente- podrían sancionar en virtud de una ordenanza.


El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, vaya concluyendo, por favor.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Sí, señor presidente.


¿Qué sucedería si fuera necesaria o imprescindible una ley? En primer lugar, las leyes, dictadas desde otra instancia, desde las Cortes Generales o desde un Parlamento autonómico, como leyes que son, pueden establecer unos tipos genéricos, pero no pueden realizar una concreción de esos tipos. De lo que se trata aquí es de que, en virtud de esa habilitación legal, los ayuntamientos puedan -repito, sin innovar- concretar y especificar, que es el término que se utiliza en la reforma. Lo que se está haciendo en este proyecto de ley es desarrollar mejor la capacidad de decisión de los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta, además, que el tipo de infracciones y el tipo de vida municipal son diferentes en los distintos ayuntamientos; las conductas merecedoras de sanción no son las mismas en un municipio grande que en uno pequeño, en uno urbano que en uno rural, en un municipio de montaña que en uno costero. Cada ayuntamiento -y es esta la solución no sólo de mayor seguridad jurídica sino más respetuosa con la autonomía local-, dentro de los tipos genéricos que establece la ley, puede concretar, a través del órgano democrático, del órgano representativo y previa información pública -como es indudablemente necesario-, qué tipo de conductas no son merecedoras de sanción. Les decía que una ley aprobada por un Parlamento difícilmente puede establecer la casuística tan variada que puede concurrir en las necesidades que pueda tener la diversa tipología de ayuntamientos que existe. Mediante este proyecto de ley queremos hacer posible que pueda concretarse ese tipo de conductas sancionables teniendo en cuenta la diversidad de municipios. Creo que es una opción que responde mejor a la confianza que desde el Grupo Parlamentario Popular se tiene en las entidades locales.
Aun cuando ustedes hayan presentado esta enmienda a la totalidad y lógicamente la vayan a votar favorablemente, yo les invito a que en trámites ulteriores reconsideren su postura porque, entre otras cosas, quisiera recordarles que en el documento denominado Bases para el pacto local, que aprobó la comisión ejecutiva de la FEMP el 24 de septiembre de 1996 -documento que aprobó por unanimidad-, se solicitaba al Gobierno de la nación que se atribuyesen competencias a los ayuntamientos en materia de seguridad ciudadana para dictar reglamentos en el ejercicio de dichas competencias, incluyendo la potestad sancionadora con la correspondiente cobertura legal, dado que las ordenanzas y bandos son contestados por la falta de respaldo de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, concluya.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Concluyo ya, señor presidente.
Este documento y esta solicitud concreta, como digo, fueron aprobados unánimemente por todos los grupos, también por el representante de Izquierda Unida. Por coherencia con ustedes mismos y porque además su partido es profundamente municipalista, estoy seguro de que, no ahora pero sí en trámites ulteriores, reconsiderarán su decisión en orden a no oponerse a este texto, que va en la línea, como señalaba antes, de facilitar una mayor autonomía y una mayor capacidad de decisión de los ayuntamientos en los asuntos de su competencia y una mayor eficacia para los ciudadanos.
Nada más, señor presidente.


Página 10762


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor LópezMedel.


Si no hay otras intervenciones, pasaríamos al turno de fijación de posición, que comenzaría por la del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que va a realizar el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo suscribió, como otros de la Cámara, la pasada primavera el pacto local. Como bien ha dicho el ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy, en aquel marco las negociaciones se desenvolvieron no solamente con las entidades agrupadas en la Federación Española de Municipios y Provincias sino también con las fuerzas políticas parlamentarias, entre ellas Coalición Canaria.
Nosotros prestamos nuestro apoyo a aquellas directrices, fundamentalmente enmarcadas en lo que el ministro Rajoy ha señalado con tres planteamientos, el primero de los cuales sería una norma de conducta ética o de comportamiento de los partidos políticos en el seno de las corporaciones locales, dirigida fundamentalmente a cortar toda incentivación que pueda tener el fenómeno patológico político del transfuguismo; esa consolidación de los grupos parlamentarios políticos se ve reflejada aquí. En segundo lugar, está el bloque de las medidas administrativas -que ya adoptó el Gobierno y que Coalición Canaria ha apoyado- que no requerían rango de ley para ser imperativas en la actuación de las distintas administraciones públicas. Por último, queda todo el amplio campo de la Ley reguladora de las haciendas locales, que venía ya desde el pacto local de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Nosotros, por vernos perfectamente reflejados en ese pacto local y en las disposiciones de los cinco proyectos de ley que estamos debatiendo aquí, vamos a votar en contra de las enmiendas de totalidad que se han presentado y , por tanto, a favor de los proyectos de ley que ha mandado el Gobierno en relación con los cinco órdenes jurisdiccionales que estamos tratando.
Respecto a la modificación de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, entendemos que el Ayuntamiento, mediante la ordenanza municipal, debe tener la capacidad de fijar los tipos de conductas sancionables en la convivencia ciudadana que hoy día exigimos los ciudadanos a nuestros propios ayuntamientos. Para eso era necesario que las ordenanzas municipales correspondientes pudieran atender esta demanda, para establecer lo que se llamó siempre la policía municipal o la policía de gobierno local, de forma que los tipos recojan qué conductas se van a sancionar.


Por lo que se refiere al proyecto de ley de modificación de la Ley 7/ 1985, reguladora de las bases de régimen local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno local, era necesario, después de doce años de esta ley fundamental para nuestro ordenamiento local, que se redefinieran las competencias de los alcaldes, del pleno municipal e igualmente en el área de las diputaciones provinciales. Creemos que se da un avance muy importante que contribuye, por un lado, a la seguridad jurídica de la toma de decisiones, tanto del alcalde presidente de la Corporación, como del pleno de la misma -me estoy refiriendo solamente a las figuras fundamentales que contempla la modificación que se hace de la Ley de bases-, y que viene también a reforzar de alguna manera los principios de autoridad jerárquica. En este sentido, por lo que he escuchado aquí en la defensa de algunas enmiendas, quiero decir que están sometidos al principio democrático constitucional. Yo no tengo ninguna reserva democrática ni constitucional a que se refuercen las competencias ejecutivas de los alcaldes y del pleno del Ayuntamiento correspondiente, porque estamos viendo una serie de fenómenos que no contribuyen, desde luego, a que la democracia quede de alguna manera defendida, por la falta de un principio de autoridad, en instituciones que tienen su origen electoral democrático; son perfectamente democráticas porque están legitimadas en su origen.
El tercer proyecto -que apoyamos por supuesto- es el de la modificación de la Ley reguladora del derecho de reunión, tal como venía recogido en la Ley Orgánica 9/1983. Entendemos que la autoridad gubernativa, si tiene que prohibir una manifestación, debe comunicárselo al Ayuntamiento respectivo donde se vaya a ejercer la escenificación callejera de tal derecho para que la Administración local tenga el tiempo pertinente de ejercer el derecho de hacer llegar a la autoridad gubernativa aquellas objeciones o recomendaciones que permitan, vuelvo a decir, la buena armonía, el buen gobierno y la convivencia de sus ciudadanos.
El cuarto proyecto, el de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, entendemos que era necesario, porque en lo que se venía haciendo en los conflictos de competencia se estaba observando una verdadera falta de protección del principio de autonomía y de autoridad municipal.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya concluyendo.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.


Si ya la Carta europea, firmada en Estrasburgo en 1985 y ratificada por el Gobierno español en 1988, reconocía este derecho, nosotros entendemos que dar entrada a ese derecho en los conflictos en defensa de la autonomía local es un auténtico imperativo democrático y constitucional. No se podía tener a los ayuntamientos sin poder ejercer este derecho frente a leyes del Gobierno central o del Gobierno autonómico que considerasen lesivas. Mi grupo se congratula de que se reconozca este principio imperativo de poner la soberanía local en su sitio constitucional.
Por último, con respecto al derecho a la educación, suscribo las palabras que ha dicho el señor LópezMedel, en lo relativo a la competencia del Ayuntamiento

Página 10763


a la hora de estar presente en las actuaciones en educación en el ámbito municipal.
Por estas razones, señor presidente, votaremos en contra de las enmiendas de totalidad presentadas, apoyando los proyectos que ha remitido el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a su señoría.
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Nacionalista Vasco, la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos hoy lo que nos ha sido presentado por el señor ministro como medidas para la mejora del Gobierno local. No estamos, por tanto, ante lo que se dio en llamar pacto local que en el año 1993 se ofreció desde el Gobierno socialista tras los pactos autonómicos del año 1992, una vez hecho el intento de nivelar los techos de todas las comunidades autónomas que accedían por la vía del artículo 143. Aquel pacto ofrecido en el año 1993 tuvo siempre en contra al partido al que represento porque pretendía una redistribución competencial no respetando lo ya asumido por los estatutos de autonomía de las distintas comunidades y sobre todo porque también, y desde el ámbito vasco, pretendía una redistribución competencial que tropezaba con nuestra propia distribución interna a través de la Ley de Territorios Históricos, que consagra lo que el estatuto considera núcleo de la foralidad, hoy denominado núcleo de expansión. Para que se me entienda, pongo como ejemplo las competencias en materia de bienestar social, que en nuestro caso no son competencias propias de la comunidad autónoma, sino que son, porque así lo ha querido la Ley de Territorios Históricos, competencias propias de los territorios históricos. También comprendía aquel pacto local la materia de financiación, respecto de la cual las peculiaridades vascas son conocidas por la Cámara, y, por tanto, no tuvieron en ningún momento la aceptación del grupo al que represento.
A estas medidas que se nos ofrecen -medidas que no son, repito, un pacto local global-, se han presentado enmiendas por el Bloque Nacionalista Galego, basadas, unas, en una cierta idea del Gobierno local, que podemos compartir, contraria al escaso margen que las bases estatales dejan a los gobiernos locales para las posibilidades de regulación. Otras se basan en el reforzamiento del poder autonómico, idea que, por supuesto, también comparte el grupo al que pertenezco. Sin embargo, no podemos compartir su criterio de devolución, ni tampoco el de Izquierda Unida, que sólo enmienda una de las leyes que se presentan. Aludiré al contenido de cada una de las leyes y a las enmiendas que les han sido presentadas en relación con la numeración del propio orden del día.
Cuando se enmienda a la totalidad, tanto por el Bloque Nacionalista Galego como por el Grupo Federal de Izquierda Unida, la Ley de seguridad ciudadana, se dice que la modificación puede ser inconstitucional. Desde la óptica de mi grupo, pensamos que la modificación que se pretende es sólo puntual.
Se refiere a la posibilidad de concreción de las conductas sancionables en las ordenanzas municipales en infracciones atribuidas a la competencia del alcalde. No es técnicamente muy correcto si atendemos a la dicción del artículo 25 de la Constitución en cuanto a las exigencias de tipicidad y de reserva de ley. El dictamen del Consejo de Estado ha sido, sin embargo, atendido desde el Gobierno cuando pedía que se sustituyera la expresión «correcta identificación», que sí hubiese sido tipificar, por lo que ahora dice el anteproyecto: concretar, que se puede entender como modulación de los tipos, que es lo que la jurisprudencia constitucional permite.
Desde las instancias locales, hay otra necesidad que creemos que debe ser atendida. Se pide una y otra vez una mayor posibilidad en esta materia, aludiendo a la excesiva rigidez y a la lejanía que la Ley de seguridad ciudadana tiene respecto de las necesidades de adecuar a la realidad cotidiana los tipos previstos en esta ley. Lograr el equilibrio entre ambas cosas, la reserva de ley, la tipicidad, la agilidad y la adecuación para que sirva a la finalidad de toda potestad sancionadora es lo que el proyecto pretende. No creemos que acentúe el tenor represivo, puesto que no se van a poder establecer nuevas tipificaciones. Quizá lo que sí se consiga es una mayor eficacia. Tampoco creemos que esté en juego la idea de un Gobierno local más representativo o participativo, como se dice por lo menos en su versión escrita en la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, ni siquiera la trasparencia, puesto que las garantías en el procedimiento sancionador van a tener que seguir siendo las mismas constitucionalmente exigibles.


En cuanto a la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida, pensamos que al menos en su expresión escrita está mal planteada. No se altera la Ley 30 de 1992, o si esta se alterase, sería perfectamente posible, puesto que es una ley ordinaria que sería modificada por otra ley posterior. En todo caso, lo que está en tela de juicio es la salvaguarda del propio tenor del artículo 25.1 de la Constitución, lo que no creemos que realmente ocurra, como he intentado explicar.
Tampoco podemos compartir la idea de igualdad en el ejercicio de la potestad sancionadora porque creemos que tal derecho no existe. La jurisprudencia constitucional dice que la potestad para sancionar sigue a la materia. Es por tanto perfectamente posible que en territorios distintos y en la misma materia existan potestades sancionadoras ejercidas de distinta manera. El principio de igualdad se predica respecto de los sometidos a un mismo ordenamiento, no de los sometidos a ordenamientos distintos. Por lo tanto, la potestad sancionadora o las sanciones en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid no tienen que ser -porque las necesidades no lo son- las mismas que puedan ejercitarse en un municipio de otra índole como puede ser el municipio vizcaíno de Baquio.


Página 10764


A continuación me referiré a las modificaciones que se introducen en la Ley reguladora de bases de régimen local, tráfico y circulación de vehículos y en materia de aguas. No voy a enunciar las medidas concretas en este momento puesto que están magníficamente plasmadas en el apartado segundo de la exposición de motivos y se han referido a ellas quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero se alude en la enmienda del Bloque Nacionalista Gallego a que no tienen trascendencia real en términos de aumento de ámbito competencial de los entes locales. Esto puede ser cierto, pero creemos que sí se solucionan algunos problemas detectados en el funcionamiento local.
Son cuestiones efectivamente puntuales pero necesarias de retoque y, en todo caso, enmendables por la vía de las enmiendas parciales, que es la opción que ha elegido el grupo al que represento.
Hemos presentado enmiendas, unas de índole competencial, en demanda de mayor reconocimiento de espacio...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, le ruego que tenga en consideración que hablamos de seis proyectos de ley, cinco de ellos sometidos a debate de totalidad, y me gustaría tener ocasión de referirme a todos, si quiera mínimamente.


El señor PRESIDENTE: Apelo a su reconocida capacidad de síntesis.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, voy por el segundo.


El señor PRESIDENTE: Por eso, señoría.
Adelante, señora Uría, estimulando su capacidad de síntesis reconocida.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Decía que las demandas presentadas por el grupo al que represento son de diversa índole: unas son en solicitud de mayor autonomía o de mayor espacio para la posible ley municipal vasca, para la propias normas de organización de la autonomía municipal; otras son meramente técnicas; y otras claramente políticas.
Quería referirme, a pesar de la premura de tiempo, a la enmienda que mi grupo presenta al artículo 67, pretendiendo que la suspensión de acuerdos, excepcional y con todos los requisitos legales jurisprudencialmente exigidos, pueda también predicarse en casos que atenten gravemente contra el interés del presidente de una comunidad autónoma. SS.SS. considerarán que esta es una interpretación en clave nacionalista, pero con algún ejemplo puede reconocerse que no es ésta su única virtualidad, además de que sería el reconocimiento de que existe un interés tutelable desde las comunidades autónomas. Piénsese en actuaciones de determinado alcalde que debieran haberse podido paralizar a través del ejercicio de una competencia de este estilo por el presidente de la comunidad autónoma andaluza.
A mi grupo le gustaría conseguir el acceso a las prestaciones por desempleo de quienes desempeñan cargos locales. No aludiré a las modificaciones en materia de tráfico, ni tampoco en aguas. Pasaré, a continuación, a la referencia a la Ley reguladora del derecho de reunión. Se alude en las enmiendas a la totalidad al tenor represivo de derechos fundamentales. Si así fuese no dude el Bloque Nacionalista Gallego de que el grupo al que represento apoyaría estas enmiendas. Sin embargo, lo que contiene la modificación son dos puntualizaciones que nos parecen, una, obvia y, la otra, extraordinariamente necesaria. La primera hace referencia a la notificación a la Administración local por la que ha de discurrir la manifestación que ha sido objeto de no prohibición por parte de la Administración competente. Esto es una obviedad y a nadie se le escapa que ninguna Administración autorizará una manifestación que tenga que discurrir por el centro de Bilbao o de Madrid sin notificárselo al Ayuntamiento correspondiente. Más importancia nos parece que tiene la ampliación del plazo -ahora de 48 horas- a 72 horas que se establece para dictar la resolución motivada. Sobre esta cuestión el Gobierno vasco tiene planteado en este momento ante el Tribunal Supremo un recurso de casación en interés de la ley porque el plazo resultaba extraordinariamente breve y en numerosas ocasiones no daba tiempo a dictar la resolución fundada. Lo que pide el recurso vasco es que el incumplimiento del plazo fijado en el artículo 10 de la ley orgánica únicamente produzca la invalidez del acto administrativo cuando conlleve vulneración del derecho fundamental de manifestación y de reunión, y que sólo se dé esa vulneración si la extemporaneidad impide el control judicial temporáneo de la limitación o prohibición administrativa. A solucionar este problema detectado -que, repito, está planteado en términos de casación en interés de la ley- viene la previsión que reestablece la ley, que no puede ser sino saludada de forma positiva por el grupo al que represento, que, además, gobierna en el único Gobierno que ejecuta directamente la Ley reguladora del derecho de manifestación y reunión por ser la única que cuenta con competencias íntegramente asumidas en materia de orden público y en seguridad ciudadana.
La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es, sin duda, la de mayor empaque de todo el paquete que se nos presenta hoy ante la Cámara, al introducirse el conflicto en defensa de la autonomía local. Mi grupo pretende -ya está en parte en el proyecto de la ley, pero lo incorpora también en sus enmiendas- que la defensa no sea sólo de la autonomía local, sino también de la autonomía foral. La medida, reiteradamente solicitada por las organizaciones municipales, puede ser todo lo discutible que se quieray, desde luego, es dificultosa en cuanto a la plasmación

Página 10765


jurídica, pero no podemos compartir que limite el poder de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, sobre todo, si, como pretenden distintos grupos, se posibilita el que se no sean sólo las leyes básicas del Estado las objeto de recurso, sino cualquier legislación estatal. Tampoco queremos que se puentee a las comunidades autónomas propiciando las relaciones Estado-municipios directamente, sobre todo, si estamos hablando de unas relaciones que se van a producir a través de un pleito, es decir, relaciones procesales. Por tanto, tampoco vemos razones para pedir su devolución al Gobierno.
Me queda referirme únicamente a la Ley reguladora del derecho a la educación, que es quizás el texto que menos gusta al grupo que represento. Se modifican dos aspectos: la participación de los entes locales en el Consejo Escolar del Estado que, como es habitual, se articula a través de la FEMP, prescindiendo de las asociaciones más representativas de ámbito local, vieja pelea en lo sindical y en lo empresarial de la que no desistimos y hemos presentado enmiendas para que así sea tenido en cuenta. Más complicado nos parece el segundo aspecto, la llamada cooperación en la creación, construcción y mantenimiento de centros escolares. Ahora desde el punto de vista normativo, creemos que el asunto está claro. Existe la garantía institucional, en el artículo 26.2 n) de la Ley reguladora de bases de régimen local, de lo que los entes locales deben realizar en esta materia. Posteriormente se concreta en la Lode y en la Logse. Es un mandato claro que puede no gustar a los ayuntamientos, pero con el texto que ahora se propugna esto se condiciona a la existencia de un convenio previo. La pregunta que se nos plantea es si se tiene que hacer por los ayuntamientos lo que resulta de la regulación o se puede convenir la no aplicación de la ley. Encontramos que es jurídica y técnicamente complicado y, por ello, hemos presentado la enmienda de supresión de este precepto.
Termino, señor presidente, agradeciéndole su consideración y manifestando a la Cámara que, efectivamente, este no es el pacto local grande, pero sí son una serie de medidas locales demandadas por las corporaciones locales, creemos que son buenas en general y necesarias y su tramitación contará con el apoyo del grupo al que represento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Carme Laura Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, los proyectos de ley a debate muestran -y quizás ustedes lo han observado- un cierto aire conocido, son algo déjà vu, porque son parecidos al presente y creo que son bastantes distintos a lo que va a ser el futuro. Los proyectos de hoy no son una propuesta abiertamente reformista o innovadora, son simplemente una respuesta creíble y moderada a algunas de las necesidades que el Gobierno local denuncia. En este aspecto no responden, quizás, a las aspiraciones profundas de mayor autonomía, de más grandes recursos, en suma, de mayor poder de las corporaciones locales, aspiraciones que para su posible consecución deberían integrarse en un proyecto más amplio de redistribución del poder de la soberanía entre el que ostenta, a nuestro entender en demasía, el Gobierno del Estado compuesto español, el que ostentan, a nuestro parecer con restricciones, los gobiernos autonómicos y el que gestiona, de manera constreñida, la Administración local.
La razón que informa el carácter de los proyectos que se proponen y que en realidad los convierten en modificaciones administrativas importantes es la de favorecer una mejor autogestión y defensa del ejercicio del Gobierno municipal. Las respuestas normativas podrían considerarse por ello insuficientes respecto a la dimensión de las demandas, pero deben entenderse como instrumentos quizás no políticos en su acepción profunda, pero sí reflexivamente útiles. Dos de ellos son de relevante importancia: el que modifica la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, de considerable calado jurídico, un proyecto estrella, y el de modificación de la propuesta de las condiciones e instrumentalización de la moción de censura y de confianza de alcaldesas y alcaldes y la distribución de competencias entre aquéllas o aquéllos y el correspondiente pleno. Pese a ello, del análisis de los proyectos se deriva la existencia de algunas carencias ya estereotipadas en el quehacer legislativo gubernamental de ayer y de hoy, puntos que están incrustados en la concepción práctica de la estructura territorial política del Estado constitucional y que, veinte años después de la Constitución, todavía no han sido resueltos.


El respeto y asunción en toda su extensión y profundidad de la potestad organizativa territorial autonómica, en el caso de Cataluña, por razones históricas y geográficas, tiene un mapa local propio y distinto que mi Parlamento ha concretado legislativamente, restituyendo la agrupación municipal en comarcas que han sustituido en sus funciones queridamente estructurantes a las provincias, división extraña al mapa de mi país y que allí hace evidente que en 150 años de historia no ha logrado adquirir en el territorio entero del Estado español una justificación funcional y competencial clara, más allá de ser una parte de la Administración territorial del Estado y de ser la circunscripción electoral. La inclusión -a mi parecer, extemporánea- de las diputaciones como actuantes en defensa de su autonomía, pese a que ésta no tiene garantía expresa ni redundante constitucional, maximaliza todavía más la omisión de otras agrupaciones de municipios propias existentes, como es -y quizá ustedes lo habrán adivinado- la de las comarcas catalanas que, en el mismo grado que las diputaciones, gozan de autonomía de acuerdo con el principio general que para los entes locales establece la Constitución.


Página 10766


Otra carencia ya incrustada también en la legislación gubernamental del Estado es la ignorancia repetida de la existencia de asociaciones de municipios de ámbito estrictamente autonómico, asociaciones que son consecuencia de la propia organización político-territorial del Estado, es decir, de la existencia de comunidades autónomas; asociaciones a las que, aun siendo mayoritarias en cuanto al número de municipios asociados en la comunidad, les está vedada su interlocución directa y su participación en aquellos asuntos de ámbito estatal que afectan al municipio. Sobre ello y sobre otros aspectos del articulado hemos presentado enmiendas que, en su mayoría, esperamos consensuar con los distintos grupos y con ello mejorar el contenido de los distintos proyectos, proyectos que, por supuesto y sin dejación de lo dicho, tienen nuestro general acuerdo.
Sinceramente, creemos que las modificaciones propuestas por el Gobierno del Estado pueden reforzar la opción constitucional de que los ayuntamientos autoadministren los intereses municipales con la garantía de su autonomía. Los proyectos para conseguirlo aportan un plus importante de reconocimiento y de flexibilidad e incluso de algunos de sus aspectos se derivan importantes avances en su posición institucional y en su misma gobernabilidad. Estas son suficientes razones positivas para no dar nuestro apoyo a las enmiendas a la totalidad defendidas por el Bloque Nacionalista Galego y, en su caso, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora al Grupo Socialista la fijación de sus posiciones, que serán expuestas, primero, por el señor Marcet y, después, por el señor Rodríguez Bolaños.
Tiene la palabra el señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, voy a consumir un breve turno dentro del tiempo marcado para nuestro grupo, tiempo que compartiré con mi compañero don Tomás Rodríguez Bolaños.
Quiero referirme al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y fijar la posición de nuestro grupo a este proyecto y a la enmienda que se ha presentado.
En el proyecto de ley de modificación de la Ley del Tribunal Constitucional la mera observación de la posición de los entes locales, de sus posibilidades de defensa de la autonomía, nos lleva a una conclusión básica: que dicha defensa es insuficiente, más por lo que atañe a la protección de la autonomía concreta y específica de cada uno de los entes locales que a la autonomía local genéricamente considerada. Esta insuficiencia es especialmente grave por lo que se refiere a la inexistencia de medios de protección frente a las normas con fuerza de ley. En esto hay una coincidencia general. Hay una coincidencia de los entes locales, de los ayuntamientos en general, de la doctrina constitucional y administrativa y de los partidos políticos; una reinvindicación técnica y política de dar una mayor dimensión constitucional a la autonomía local.
El proyecto va en esta dirección. El proyecto es, sin duda, mejorable, y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un número importante de enmiendas que pretenden mejorar y ampliar la posición de los entes locales en defensa de su autonomía, especialmente por lo que hace referencia a la denominación de básicas como las únicas leyes del Estado que puedan ser recurridas -nosotros creemos, coincidiendo con otros grupos, que deben ser todas las leyes del Estado-, pero también en coincidencia con los ejemplos que podemos observar en los ordenamientos europeos más o menos cercanos al español. Todos aquellos que tienen instrumentos de defensa de la autonomía local ante la jurisdicción constitucional van en esta dirección. Así, Austria, la República Federal Alemana, Suiza, Italia, si se hubiera podido llevar adelante lo previsto en el proyecto que la bicameral estaba realizando; es decir, todos aquellos países que tienen una estructura federal tienen también este tipo de recursos para los entes locales ante la jurisdicción constitucional. Y la formación del Partido Socialista, que es eminentemente municipalista, no puede dejar de lado esta opción en defensa de las prerrogativas para nuestros municipios en aras de la garantía de la autonomía local proclamada por el artículo 140 de nuestra Constitución.
No entendemos, señor presidente, desde qué prisma, si autonomista o no sé cuál otro, se puede defender que con esta iniciativa se pretende restar poder a las comunidades autónomas. Me parece que es un prisma de jacobinismo nacionalista que no coincide con el nuestro, y por tanto vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad y a trabajar para mejorar en los trámites siguientes el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marcet.


Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños. (Rumores.) ¡Señora Rahola y compañía, por favor! Cuando quiera puede hacer uso de la palabra, señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, señorías, en aras de la brevedad, no voy a reiterar muchos de los argumentos aquí expresados en relación con el contenido de los proyectos de ley cuyo debate se inicia ahora en esta Cámara, pero sí voy a decir que la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo de Izquierda Unida a los diferentes textos es la de votar en contra.
No compartimos los argumentos aquí fundamentados, que son básicamente dos o tres. Uno de ellos es el que considera que se aumentan las facultades

Página 10767


de los órganos unipersonales en detrimento de los órganos colegiados; hay alguna otra observación en relación con el aumento de las obligaciones en relación con la educación por parte de las corporaciones locales, y el Grupo Parlamentario Mixto permite al Estado establecer relaciones con los entes locales.
Discrepamos, insisto, además de que en el período de tramitación hemos presentado una serie de enmiendas que evitarán esos posibles perjuicios que pueden causar los proyectos de ley. Entendemos que estas modificaciones que van a introducirse en diferentes leyes son parte de sentidas reivindicaciones de corporaciones locales españolas, sea cual sea su color político y sea cual sea el lugar donde se encuentran ubicadas. Plantean una nueva distribución competencial entre el pleno y el presidente de la corporación, solventando problemas que hoy existen al atribuir al pleno funciones que tienen un carácter eminentemente ejecutivo. Pero, en contraposición, refuerza las funciones del control del pleno garantizando la frecuencia de sus sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y garantizando también la celebración de las mismas, cosa que hoy todos sabemos que a veces no es un hecho cierto.
Introduce asimismo algo que para nosotros es muy importante, la moción de confianza, donde tenemos algún desencuentro con el Gobierno, pero queremos acercar posiciones para que dicha moción de confianza vaya acompañada de una moción de censura y que aquellos que obstaculizan la acción de gobierno asuman el compromiso de gobernar y no permitan una inestabilidad permanente en las corporaciones locales. Se establece esa vía de recurso al Tribunal Constitucional a la que se ha hecho referencia. Todas ellas forman parte de esas viejas reivindicaciones de las corporaciones locales españolas y de las propuestas del Partido Socialista Obrero Español para reforzar el papel de los ayuntamientos dentro del Estado. Estamos dispuestos a seguir colaborando en esa dirección, y a partir de este momento trabajaremos para que los textos que definitivamente se aprueben sean asumidos por el conjunto de los poderes locales.
Dicho lo anterior, quiero hacer alguna consideración en relación con los mencionados proyectos de ley. El Gobierno quiere hacer ver que esta serie de modificaciones constituyen el pacto local que el señor Aznar se comprometió a llevar a cabo en el debate de investidura. Eso no es más que una muestra del planteamiento reiterado de propaganda y de publicidad del Gobierno. El Gobierno busca -también con esto- hacerse la foto, si es posible con la Federación Española de Municipios y Provincias, para trasladar a la opinión pública que el Gobierno del señor Aznar ha cumplido también con los ayuntamientos.
Desde las filas del Partido Socialista queremos decir que rechazamos rotundamente que lo que hoy estamos viendo pueda ser considerado ni de cerca el pacto local al que aspiramos. Unas medidas que no van acompañadas ni de mayores recursos financieros ni de un aumento de competencias para las corporaciones locales está muy lejos de lo que los socialistas entendemos como un pacto con los ayuntamientos y de lo que las corporaciones locales establecieron como necesidad desde su asamblea celebrada en La Coruña en el año 1993. Un pacto de esas características, desde nuestro punto de vista, es un acuerdo entre las tres Administraciones del Estado, central, autonómica y local, para estudiar la distribución competencial existente hoy en nuestro país y llegar al acuerdo de residenciar en el ámbito más próximo al ciudadano, que son los municipios, aquellas competencias que sean capaces de asumir basándose en los principios que deben inspirar a un Estado moderno: el principio de descentralización, el principio de subsidiariedad, el principio de eficacia en la gestión, tal y como está contemplado en la Carta europea de autonomía local de 1985, que fue ratificada por el Gobierno de España en 1988.
Para nosotros, se trata de situar al sector local de nuestro país con un mayor poder competencial que le vaya acercando a gestionar el 25 por ciento del gasto público, hoy muy lejos de alcanzar. Las medidas que hoy nos plantean, siendo positivas, nada tienen que ver con los objetivos que entraña el llamado pacto local. Ustedes, señor ministro, creo que no tienen seria voluntad de impulsarlo, porque para este Gobierno no es importante el fondo, le vale la publicidad, la propaganda, la foto en definitiva.
Hablaba usted en su intervención de otra foto que no hace demasiado tiempo se hizo con los responsables de los partidos políticos: el código de conducta política. No sé si sabe el señor ministro que yo le puedo citar ya dos ayuntamientos donde el Partido Popular ha quebrado ese código de conducta política, apoyando los concejales del Partido Popular a un tránsfuga de otra fuerza política. Eso es el cumplimiento de un acuerdo que vendieron ustedes a bombo y platillo.
Le recuerdo también, señor ministro, que la enmienda que su grupo aprobó aquí, a iniciativa de Izquierda Unida, en el año 1996, el 25 de junio, decía lo siguiente: El Congreso de los Diputados, ante la necesidad de concretar un pacto local, solicitaba: lograr un nuevo marco competencial en base al principio de subsidiariedad, a las competencias susceptibles de transferencia o delegación para su gestión desde las comunidades autónomas y la Administración del Estado (de esto, hoy, nada); que se proyecte un nuevo modelo de financiación de las haciendas locales (de esto, hoy, nada); que se continúe propugnando foros de encuentro entre la FEMP, el Gobierno central y las comunidades autónomas y las fuerzas políticas. Este pacto se realizará buscando el consenso mayoritario y lo más amplio posible con las comunidades autónomas (de esto, hoy, nada). El ministro de las Administraciones Públicas remitirá en cada año legislativo a las Cortes Generales un informe sobre la evolución del citado pacto, etcétera. Tampoco nada. Una serie de medidas que bien es verdad que son buenas para los ayuntamientos, pero que nada tienen que ver con los objetivosde dicho pacto local.


Página 10768


Lo que quieren ustedes es trasladar que también han llegado a un acuerdo con los ayuntamientos, como manifiestan que llegan a un pacto con todos, como llegaron a un acuerdo con las comunidades autónomas, y al día de hoy no puede haber un mayor caos en nuestro país en relación con la estructura del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Bolaños, ha de ir concluyendo.


El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Termino, señor presidente.
Pregúntele a su socio, al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, qué le parece el pacto con las comunidades autónomas, cuando hoy le habla del fracaso del pacto. O como dice que llegaron a acuerdos con el sector educativo y han tenido 40.000 estudiantes recientemente en las calles; o como dice que llegaron a un acuerdo con el sector agrario y tienen manifestaciones diarias en protesta por la política del Gobierno en ese sector; o como dice que llegaron a un acuerdo con los sindicatos y el día 3 habrá movilizaciones en toda España en protesta por la política del Gobierno en materia laboral. Esto es, por tanto, lo que pretenden: no entrar en el fondo e intentar hacer de una serie de medidas un objetivo fundamental, en definitiva, decir que lo hacen todo.
Finalizo, señor presidente. Bien a este paso, porque son medidas positivas que seguirán contando con nuestra colaboración, se lo aseguro. De pacto local esto no tiene nada. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para conseguir una mejor posición para los ayuntamientos y exigiendo al Gobierno que impulse la discusión necesaria para la consecución de dicho pacto.
Para que vea, señor ministro, que nosotros sí que tenemos interés en todo lo que se refiere a las corporaciones locales, el Grupo Socialista ya ha presentado en el registro de la Cámara una proposición de ley para la elección directa de alcaldes, que creemos es una demanda sentida por la ciudadanía en relación con la forma de establecer un vínculo más próximo aún con su administración más cercana. Es una propuesta abierta, profunda, radical y valiente, que estamos dispuestos a discutir con todas las fuerzas políticas de la Cámara para encontrar el mismo sentido de colaboración que el Grupo Socialista ha prestado y está prestando para la aprobación de estos proyectos de ley que hoy se discuten.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
Concluidas las intervenciones, vamos a proceder a las votaciones.
(Pausa.) Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad que se han presentado a las iniciativas legislativas proyectos de ley que constituyen el pacto o paquete local.


En primer lugar, se votan las dos enmiendas de totalidad de devolución que han presentado el Grupo Mixto e Izquierda Unida al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 16; en contra, 292; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda de totalidad de devolución que el Grupo Mixto ha presentado al proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora de las bases del régimen local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial y en materia de aguas.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 16; en contra, 295; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Y pasamos a la que también ha formulado el Grupo Mixto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, dos; en contra, 309.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.
También el Grupo Mixto ha presentado enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica que modifica la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, dos; en contra, 310.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Y, en fin, el propio Grupo Mixto ha presentado enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho a la educación.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, tres; en contra, 309.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


Página 10769


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 121/000129.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha solicitado por un grupo parlamentario, y se acordó someterlo al Pleno en la Junta de Portavoces, la avocación por el propio Pleno del debate y votación de la modificación de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías. Queda aprobado por asentimiento.


DICTÁMENES DE COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAS Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN, HECHO EN OSLO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000203.)

El señor PRESIDENTE: El punto VII del orden del día es el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la Convención de prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transporte de minas antipersonas y sobre su destrucción, hecho en Oslo el 18 de septiembre de 1997. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Si no hay intervenciones, pasamos directamente a la votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno el dictamen de la Comisión.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000113.)

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000115.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado a diversos proyectos de ley. Se debatirán conjuntamente las enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias y al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de no residentes y normas tributarias. ¿Grupos que desean intervenir al respecto? (Pausa.- Rumores.) En primer lugar, tiene la palabra, si es que se la dejan ejercitar SS.SS., el señor Vázquez, compartiendo su turno dentro del Grupo Mixto.
Adelante. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. Despejen. Señora Torme, por favor.
¡Silencio! Señor Padilla. Señor Arqueros. Un momento, señor Vázquez, a ver si se aquietan el señor Izquierdo y algún otro diputado parlante. Señor Hernández Moltó. Señora Mendizabal.
Adelante, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley del IRPF y otras normas tributarias.


Efectivamente, estamos ya en el trámite final de la discusión sobre la reforma fiscal que el Gobierno propone, una reforma que fue objeto de debate en esta Cámara y sobre la que el Bloque Nacionalista Galego expresó su opinión contraria, opinión que no varía después del paso del proyecto de ley por el Senado. Las enmiendas que hoy discutimos no cambian la filosofía del proyecto ni su contenido en lo sustancial. En todo caso, algunas de ellas mejoran ciertas cuestiones, corrigen también situaciones creadas anteriormente por disposiciones del propio Gobierno o introducen alguna cuestión no contemplada; por ejemplo, la exención del IRPF de las subvenciones a explotaciones forestales en determinados supuestos, aunque quede mucho por concretar y desarrollar en este terreno.
La reforma que propone el Gobierno, por cierto, además, con un importante soporte publicitario, trata de convencernos de que su objetivo es que todos los ciudadanos paguen menos impuestos recibiendo a cambio las mismas prestaciones y servicios. De esta reforma, además, según el Gobierno, saldrían especialmente beneficiadas las rentas más bajas. Desde nuestro punto de vista, desde luego, sería algo estupendo que esto fuese así; sin embargo, a nosotros nos parece que estas afirmaciones no constituyen más que el envoltorio de una propuesta de reforma del IRPF que abre las puertas a un modelo fiscal más injusto que el actual y que este no es un modelo especialmente justo o equitativo.
De la reforma van a salir beneficiadas las rentas más altas, sean de capital o salariales, se rompe la equidad horizontal, se perjudican las rentas del trabajo frente a las rentas del capital y se reduce además la progresividad del impuesto. Supone también una disminución importante en la recaudación vía impuestos, que se recuperan a través de otras figuras recaudatorias o bien inevitablemente conducirán a una disminución en las prestaciones sociales o los gastos en otras cuestiones

Página 10770


básicas. La reforma, como decía, a pesar de su atractivo inicial, se enmarca en la configuración de un modelo fiscal cada vez más injusto y regresivo, que tendrá consecuencias para los ciudadanos, aunque a primera vista no se perciban. Los ciudadanos probablemente verán disminuir las prestaciones que reciben del Estado y al mismo tiempo verán aumentar su contribución a las arcas públicas por otras vías.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

Es difícil desde nuestro punto de vista acreditar la cuadratura del círculo o esa famosa afirmación de que hay duros a cuatro pesetas. Lo dice la experiencia. El Gobierno nos viene anunciando sucesivos beneficios derivados de otras reformas, sea la liberalización de los precios de los carburantes o la reforma del mercado de trabajo. Sin embargo, esos prometidos beneficios para muchos ciudadanos no llegan.
Antes al contrario, cada vez existen más excluidos sociales. Se está configurando un modelo social poco deseable y en ese sentido recientemente insistía el Valedor do Pobo de Galicia, que afirmaba que aproximadamente 150.000 personas viven en situación de extrema pobreza. Son, como decía, excluidos sociales. Configurar una fiscalidad regresiva, que pierda el carácter de redistribución de la riqueza no va a ayudar a mejorar esta situación, sino a agravarla.
Concluyo diciendo, señor presidente, como afirmaba al comienzo de la intervención, que las enmiendas del Senado no varían sustancialmente el proyecto de ley. En todo caso, mejoran algunas cuestiones que nosotros vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
En nombre de los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, paso a fijar posición sobre las enmiendas introducidas en el Senado, que acentúan y mantienen el carácter regresivo fiscal del proyecto de ley que salió de este Congreso. Por lo tanto, voy a reiterar que fundamentalmente esta es una reforma fiscal injusta y temeraria. Es injusta desde el punto de vista social y, desde el punto de vista presupuestario, es temeraria. Por tanto, esta reforma fiscal va a significar en su aplicación en el Estado español una redistribución de la riqueza que va a favorecer a los que más tienen.
Dicho de otra manera, después de la aplicación de esta reforma fiscal, las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos se van a ensanchar.
Permítanme que ilustre con tres ejemplos qué ha pasado en este país desde que se inició el debate sobre el IRPF en esta Cámara, exactamente el 11 de junio, hasta el 26 de noviembre. En estos cinco meses, creo que hay tres ejemplos que ilustran magníficamente la concepción de fondo de la política fiscal, de la política económica y de la política social. Esos tres ejemplos se refieren a cuál es el coste de la reforma, qué ha pasado con la cobertura de desempleo y qué ocurre con la lucha contra el fraude fiscal.
Primer ejemplo. Inicialmente, según el Gobierno, según el ministro de Economía y Hacienda, esta era una reforma que prácticamente no iba a tener coste. Yo les invito a leer el «Diario de Sesiones» del 11 de junio de 1998, donde el señor Rato cifra como máximo el coste de la reforma en 350.000 millones y dice que una parte de ésta se va a sufragar con el incremento de la actividad económica. Posteriormente, no sólo los partidos de la oposición, sino el Banco Bilbao-Vizcaya, Argentaria y la Cámara de Comercio cifraban, en estudios rigurosos, en más de 700.000 millones el coste de la reforma. Hace tres o cuatro días, el secretario de Hacienda daba la cifra de 550.000 millones de pesetas y anunciaba una disminución de las retenciones en 1999 de prácticamente 800.000 millones de pesetas. La pregunta es: ¿Cómo el ministro de Economía, el vicepresidente segundo del Gobierno, pudo venir aquí en junio a decir que el coste de la reforma eran 350.000 millones? ¿Qué ha pasado de junio a noviembre para que este coste, por el propio Gobierno, se haya elevado a 550.000 y que en las cifras de retenciones se sitúen en 700.000? El coste de la reforma, la disminución de ingresos es uno de los problemas más importantes de esta reforma fiscal. Hoy el Gobierno no sólo puede esconder estos datos, sino que tiene necesidad de aprobar de forma sorprendente un 20 por ciento de pago a cuenta de los fondos de inversión, para hacer frente a los posibles problemas que van a tener las arcas del Estado el año que viene. Por tanto, señoras y señores diputados, cuando el Gobierno decía que esta reforma prácticamente no tenía coste, cuando el señor Rato dijo en esta tribuna que el coste iba a ser de 350.000 millones de pesetas, o había mala información o se estaba intentando engañar. E insisto en que no sólo figura en los informes rigurosos de entidades financieras, sino que el propio secretario de Estado de Hacienda lo ha cifrado en 550.000 millones de pesetas.
El segundo ejemplo es la cobertura de desempleo. En junio empieza también la negociación de los sindicatos con el Gobierno y los sindicatos plantean como un tema fundamental la necesidad de extender la cobertura de desempleo. No voy a repetir las cifras que he repetido otras veces, pero el 50 por ciento de las persona paradas no tiene cobertura de desempleo y hoy existen en este país 300.000 personas mayores de 45 años con cargas familiares que no cobran una sola peseta. Y los parados que cobran simplemente lo hacen por solidaridad de los trabajadores. Señorías, señoras y señores del PP y de Convergència i Unió, ¿es de centro una política que al mismo tiempo que disminuye los ingresos en más de medio billón de pesetas no aporta una sola peseta a incrementar el 50 por ciento de no cobertura del desempleo o a hacer frente al principal

Página 10771


problema de protección social de este país? Esto no es política de centro. Esto es política conservadora, política regresiva, política de derechas.
El último ejemplo que quiero poner es el de fraude fiscal, porque de junio a noviembre lo que ha quedado claro es la incapacidad -y yo voy más allá-, la falta de voluntad política del Gobierno para luchar contra el fraude fiscal. Dentro de pocos días tendremos una comparecencia que hemos solicitado del señor Rato, para hablar del baile de números de la Agencia Tributaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le ruego que concluya.


El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.
Ya es un hecho el cese, el segundo cese del director de la Agencia Tributaria, como muestra de la crisis de la Agencia y es absolutamente sorprendente y bochornoso que el Gobierno haya desistido en un caso como el de las cesiones del crédito del Banco Santander.
Señoras y señores diputados, no estábamos pidiendo que esta mayoría hiciera una política de izquierdas. Simplemente hubiéramos podido consensuar una reforma fiscal que no hubiera significado una disminución de 700.000 millones de pesetas, hubiéramos podido consensuar un incremento de la cobertura de desempleo y hubiéramos podido consensuar unos planes de lucha contra el fraude fiscal, algo que no nos hubiera hecho pasar bochorno. He de decir que la agresión, tanto desde el punto de vista fiscal como social, ha sido tan importante que ha motivado que prácticamente toda la izquierda hayamos firmado un manifiesto de rechazo de esta política fiscal y esta va a ser una de las líneas divisorias en este país entre las opciones progresistas y las conservadoras.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, un segundo y acabo.
Quiero decir desde esta tribuna que la movilización que los sindicatos anuncian para el 3 de diciembre va a ser, ha de ser una respuesta importante a esta política fiscal y social y que va a tener todo nuestro apoyo.
Gracias, señoras y señores diputados.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Saura.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar, en primer lugar, nuestra satisfacción por las enmiendas aceptadas a lo largo de estos casi seis meses de iter legislativo. De las 27 enmiendas nos han sido aprobadas 24. A vuelapluma diremos que nos agrada que se hayan aprobado aquellas que se refieren a la atención a la discapacidad de grado elevado o a estados carenciales que implican necesariamente ayuda de terceras personas.
También a las de tipo social, como la exención de cuotas de los colegios profesionales, la deducción de las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuando actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social con el límite conocido de 500.000 pesetas.
Asimismo, hay otras que encierran diversas ayudas a la familia, ya sea elevando las cantidades por hijo, ya sea estableciendo deducciones en la vivienda habitual o en los casos de adquisición o rehabilitación de la vivienda que se vaya a constituir en residencia habitual. También, en los casos de tributación conjunta, la elevación al límite máximo de 1.500.000 pesetas para las discapacidades de mayor grado o enfermedades. Hay otras de tipo económico-turístico, como es nuestra enmienda para regular por este impuesto los derechos reales por tiempo compartido del time-sharing, aunque la exención se redujo a dos semanas. Se eliminó del texto que trataremos en el siguiente punto del orden del día, por regularse en el actual.
Refiriéndonos a las enmiendas que vamos a llamar de tipo técnico formal, nos satisface que se haya incluido el título de la denominación de otras normas tributarias, para respetar así el artículo 4º del estatuto del contribuyente.
Vayamos ahora a las enmiendas del Senado. En principio aceptamos todas. Contienen mejoras técnicas y de estilo. Cada vez que oigo esta palabra me recuerda la pretensión anhelada por muchos diputados de que se restaure una comisión tan necesaria en la redacción de textos legales. Me ha extrañado mucho que la Cámara Alta haya suprimido del artículo 1º un acuerdo de este Congreso, que consistió en añadir las siglas IRPF. Nosotros solicitamos, y así se aprobó, repito, por esta Cámara, que se incluyesen estas siglas, porque a lo largo del texto legal ahorraríamos muchas frases y muchas repeticiones. Pero, sorprendentemente, hasta el artículo 59 el Senado suprime las siglas y, en cambio, a partir de ese artículo utiliza todo el largo título de la ley y además le añade IRPF. No lo entiendo. Pero repito que, como es una cuestión formal, tampoco vamos a hacer de ello un problema de falta de consideración.
En cuanto a las enmiendas que tampoco nos han sido aceptadas por el Senado, brevemente voy a aludir a dos de ellas. Lamentamos que no se recojan los beneficios fiscales temporales para directivos e investigadores de las futuras zonas especiales de Canarias. Me estoy refiriendo al artículo 55.4, punto 5. Señorías ¿dónde están las cacareadas políticas de apoyo al I+D y al régimen económico y fiscal de Canarias cada vez que se va al Archipiélago? No lo entiendo. Otra pregunta es: ¿Por qué, en estos momentos en que se está hablando de reducción de tipos no hemos conseguido un criterio favorable en los casos de tributación conjunta del impuesto del patrimonio del año 1991 y del IRPF? Tampoco lo entiendo y quisiera que alguien me explicara las causas.


Página 10772


Por último, señorías, declaramos que, pese a esto, con la advertencia de que seguiremos pertinaces en estas pretensiones, vamos a votar favorablemente esta ley, porque supone un hito en la historia de la fiscalidad española. En cada época, en cada coyuntura, senecesita un tratamiento fiscal diferente. Ello depende de las circunstancias de la propia coyuntura y de la política del Gobierno. Ahora, en esta tesitura, no cabe la menor duda de que este proyecto de ley que se trae hoy para su aprobación definitiva obedece a unos criterios del Gobierno y a una coyuntura distintos de los que regían en sistemas anteriores, en épocas anteriores, cuyos ministros hicieron una labor loable en pro de la modernización de este importante impuesto.
Consideramos que se acerca a los criterios predominantes en la Unión Europea, que tiene ese carácter progresista y de progresividad, que son dos cosas distintas. El carácter progresista se refiere al establecimiento del mínimo familiar y personal exento de tributación, a la contemplación de las circunstancias familiares y de discapacidades, a las deducciones por adquisición de la vivienda habitual y por el respeto a la estructura del gravamen autonómico. En cuanto a la progresividad, que es una cuestión técnica, recordaremos que existe una rebaja general de los tipos, incluidos el mínimo y el máximo, y una reducción y redefinición de los tramos. Es decir, con este impuesto se consigue avanzar en el logro de los objetivos de redistribución de rentas y de solidaridad que la Constitución Española propugna y un incremento del ahorro con una posibilidad de apoyos a la economía.
Para finalizar, recuerdo a SS. SS. que, en mi intervención en el Congreso, alabé las actuaciones de anteriores ministros -cada época tiene su tratamiento-, y ahora tenemos que decir que este impuesto, IRPF, es un acierto del actual ministerio, pero tenemos que decir también que IRPF significa impuesto de rendimiento perfeccionable en el futuro, y es que las circunstancias económicas -repito por tercera vez- son cambiantes, y hay que atemperarse siempre a ellas. Siempre hay, porque creo que es política general de todos los grupos y de todos los gobiernos, que incrementar el ahorro e incrementar el bienestar de los ciudadanos y también velar por la seguridad jurídico-fiscal. Ello viene a colación con motivo de la decisión del Gobierno en materia de retenciones, retenciones para asalariados y pensionistas así como para titulares de depósitos bancarios. Se va a conseguir, además de una disminución de personas obligadas a declarar, una disminución del trabajo burocrático por devoluciones, porque se va a lograr un acercamiento entre la cantidad total a pagar por IRPF y las cantidades que se deducen periódicamente por sueldos y pensiones a los ciudadanos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le ruego vaya concluyendo.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Voy concluyendo señor presidente.


El sector bancario va a agradecer este apoyo en su lucha para lograr la recuperación de los necesarios depósitos, tanto para su política crediticia como, indirectamente, para la titulización necesaria ante el banco emisor. Consideramos que afecta a la inseguridad jurídico- fiscal que, en menos de dos años y medio, se haga una modificación del tratamiento fiscal de las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, especialmente los Fiamm, al imputárseles una retención del 20 por ciento. Consideramos que o se debería aplazar la entrada en vigor de estas retenciones o aplicarlas solamente a los fondos que se constituyan a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley que se trae hoy a esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, a pesar del largo y denso debate que se ha producido en los últimos meses, sobre esta reforma de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, fuera y dentro del propio Parlamento, era previsible que, en el trámite del Senado, se presentara un abultado número de enmiendas a este proyecto de ley, como así ha sido, cerca de 300. El texto final no quedará a gusto de todos los grupos parlamentarios -está a la vista por algunas intervenciones-, pero creo que no se podrá argumentar que no ha habido oportunidad de debate y oportunidad de defender las posturas con un cierto nivel aceptable de acuerdos. En este sentido es justo reconocer los esfuerzos de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, y en particular del Grupo Popular, por encontrar puntos de acuerdo.
Hay que reconocer avances en el trámite del Senado, por ejemplo, en el tratamiento de algunas rentas exentas, como las prestaciones a mutualidades de profesionales; la consideración de los rendimientos de trabajo -que también han sido modificados-, como las aportaciones a planes de pensiones, los rendimientos de artistas en espectáculos públicos y el cálculo de los rendimientos netos; también ha habido modificaciones en los rendimientos del capital mobiliario en el caso de rentas diferidas o en los rendimientos de actividades económicas, y todo un conjunto de mejoras técnicas a lo largo de todo el proyecto de ley. Podríamos decir que hay dos cuestiones que quizá, por su importancia, deben ser destacadas: el marco fiscal para discapacitados y el tratamiento tributario de las mutualidades de previsión social. En este texto creo que ha quedado demostrado y consolidado el hecho de que las mutualidades de previsión social complementaria son uno de los tres instrumentos de la previsión social.


Página 10773


Por lo que respecta a mi grupo parlamentario, no hemos variado nuestra postura ante esta reforma de la figura impositiva más importante del sistema tributario. Partíamos de una posición de respeto a la reforma del Estado por cuanto su incidencia no alcanza a los contribuyentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra. Por lo tanto, nuestra actitud ha sido de colaboración, dando criterios y opiniones sobre aspectos que entendemos podían aportar a ciertos tratamientos tributarios mejoras importantes. Nos referimos a un tratamiento más generoso de las rentas bajas procedentes de los rendimientos del trabajo a fin de reforzar la progresividad del impuesto, a la mejora en el tratamiento de la doble imposición para socios trabajadores de sociedades cooperativas o a la exención por reinversión de activos afectos a actividades económicas en el impuesto sobre sociedades. Otro aspecto importante que proponíamos a través de nuestras enmiendas era el tratamiento de la fiscalidad de la familia, con la aplicación del mínimo personal y familiar y la deducción por hijos realizada en cuota y no en base imponible. La propia tarifa del impuesto -decíamos- debería contemplar una mayor rebaja en el marginal de la renta mínima y, concretamente, proponíamos que la tarifa mínima fuese del 17 por ciento en vez del 18 por ciento, beneficiando más de esta forma a las rentas más bajas.
También planteábamos que en el tratamiento de prestaciones por desempleo, en la modalidad de pago único -que consideramos debe actualizarse permanentemente-, debería desaparecer el límite del millón de pesetas de exención, por una serie de razones en las que ahora no me voy a detener, así como la mejora en el tratamiento de las rentas en especie dentro del sector cooperativo.
Aunque estas propuestas de mi grupo parlamentario no han tenido el apoyo de los grupos -por lo menos de los grupos que apoyan al Gobierno-, hay que reconocer que algunas de nuestras enmiendas, sobre todo las relacionadas con las mutualidades de previsión social, sí han sido incorporadas, si bien es cierto que provenían de una proposición no de ley aprobada por mayoría en esta Cámara y que, por lo tanto, su incorporación suponía adaptar ese mandato de la Cámara a la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aun así, tenemos que reconocer que la inclusión y el reconocimiento del mundo mutualista ha sido de una trascendencia importante.
En definitiva, como he dicho al principio de mi intervención, esta es la reforma que la mayoría del Parlamento acepta -o espero que así sea al final- y no nos vamos a oponer a ella, si bien vamos a mantener el sentido de voto que hemos manifestado en todo el trámite parlamentario, tanto a través del Congreso como en el Senado. En justa correspondencia, esperamos que el Grupo Parlamentario del Partido Popular, que apoya al Gobierno, se comporte de la misma forma ante la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que próximamente se va a debatir en las juntas generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Creo que la postura que mi grupo parlamentario ha mantenido en esta Cámara de respeto a esta reforma tiene que ser, y espero que así sea, recompensada también con el respeto a la reforma del impuesto en el País Vasco y Navarra.
Para terminar, desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría hacer una breve reflexión a partir de esta reforma. Como toda reforma de ley tributaria, y más si es de la trascendencia económica y social que tiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nos hace ser prudentes ante el efecto que la misma puede producir. Es necesario esperar a su aplicación práctica para comprobar la repercusión que el modelo va a suponer, tanto en sus aspectos generales como en los casos sobre situaciones concretas de contribuyentes, sin olvidarnos de la repercusión presupuestaria que en la rebaja de los ingresos -incluida la adaptación del sistema de retenciones que se va a poner en marcha- va a suponer. Sí creemos que el éxito de la reforma va a tener mucho que ver con la organización interna de la Administración tributaria, que se tendrá que adaptar a la nueva situación. Por una parte, la ampliación de la base de contribuyentes, en la que va a tener efecto la aplicación de este impuesto y, por otra parte, la reducción del número de los mismos, al ampliarse el límite de la obligación a tributar. Por todo ello, se puede pensar que al reducirse las declaraciones a presentar se va a originar también una situación que supuestamente va a producir una menor necesidad de funcionarios dedicados a la gestión del impuesto, y con esto lo que se abre es la posibilidad de dedicar estos recursos humanos al control y a la prevención de la lucha contra el fraude fiscal.
En definitiva lo que queremos decir, señorías, es que el sistema tributario debe descansar en un sistema fiscal moderno, justo, solidario y redistributivo, y desde luego para esto se necesita una reforma moderna, como puede ser ésta, con sus defectos, porque no todas las reformas y no todos los impuestos pueden contemplar todas las situaciones de los contribuyentes ni las necesidades permanentes de la Administración, pero indudablemente creo que es un avance en la normativa del impuesto. Y desde luego esto tiene que venir junto con el hecho de que exista una Administración tributaria que sea eficaz y eficiente, porque al final de la gestión del impuesto será cuando se pueda llegar a la conclusión de que ha sido una reforma adecuada, importante y que cumple con los objetivos que con ella se estaban intentando conseguir. Esperemos que así sea y, en cualquier caso, como digo, habrá que esperar a la aplicación del impuesto para ver aquellos aspectos que quizás haya que mejorar o que cambiar en el futuro, porque puedan existir situaciones que no estaban contempladas y en las que el efecto del impuesto pueda ser pernicioso.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.


Página 10774


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es favorable a todas estas correcciones y modificaciones que ha introducido el Senado a la Ley de la reforma del IRPF y a la otra ley que hace referencia al régimen fiscal de los no residentes. Por tanto, vaya por delante que vamos a votar favorablemente a todas esas modificaciones, a pesar de que siempre, cuando en esta Cámara se releen las sugerencias que nos hace la Cámara Alta, hay algunos aspectos técnicos o colaterales sobre los que podríamos opinar y aportar nuevas y mejores, si me lo permiten, redacciones a las sugerencias que nos plantean. Pero dejando al margen estas consideraciones, que las hay y probablemente en futuros ejercicios producirán debate e incluso planteen la necesidad de abordar algunas revisiones puntuales, mi grupo va a votar favorablemente todas estas correcciones.


Señorías, es una satisfacción para el diputado que les dirige la palabra cerrar, en este último trámite de la reforma del IRPF, nuestra posición, que es favorable a la misma. Participamos desde el inicio en la configuración de esta reforma, la hemos debatido de común acuerdo con varios grupos de esta Cámara y hemos llegado al final. Para nosotros es una satisfacción poder llegar a este punto y dar la plena aprobación a esta reforma. ¿Básicamente por qué? En primer lugar, porque cumplimos con un compromiso con los ciudadanos de este país. Cuando nos presentamos a las elecciones, nos comprometimos a abordar una reforma del IRPF y se ha realizado. En esencia, mi grupo está sustantivamente de acuerdo con las modificaciones y piensa que esta reforma es positiva, que recoge buena parte de las exigencias y de las demandas que la sociedad nos estaba realizando y nos sentimos satisfechos de poder anunciar en estos momentos que muy próximamente, tal como deseábamos, el 1 de enero de 1999, la sociedad tendrá un nuevo marco con esta reforma del IRPF.
Es un nuevo marco que va en la dirección de todas las reformas que Europa está planteando en estos momentos. Me gustaría recordarles algo que ya hemos dicho en algunas otras ocasiones, y es que esta reforma la podría apoyar perfectamente Tony Blair en Gran Bretaña, Schröder en Alemania. (Varios señores diputados socialistas: ¡Hala!) Si no, puesto que va a intervenir el portavoz del Partido Socialista con posterioridad a mi intervención, que me explique por qué razón, y que lo justifique. El líder socialdemócrata inglés Tony Blair no rectifica, cuando accede al poder, la reforma que hizo John Major, situando el tipo marginal al 40 por ciento, y por qué estando en el poder la suscribe y la apoya. O por qué Schröder cuando accede al poder, desde las posiciones del partido político socialdemócrata alemán, plantea el marginal al 48 por ciento y por qué plantea una reforma fiscal en casi los mismos términos que mi grupo está defendiendo. Por qué esta coincidencia y por qué la socialdemocracia alemana mantiene los regímenes fiscales a los rendimientos de capital y al tratamiento de las plusvalías más favorable que el que hoy estamos aprobando en esta Cámara con esta reforma. Deberían estar muy bien razonadas las respuestas a estas preguntas para poder entenderlo. (El señor Martínez Noval pronuncia palabras que no se perciben.) Los ciudadanos españoles nos piden, señorías, y desde hace tiempo, que se baje la presión fiscal individual, y eso es lo que hace esta reforma y lo hacemos en la misma dirección de muchos países de Europa.
En segundo lugar, mi grupo cree que esta reforma tiene elementos sustantivos muy importantes como, por ejemplo, un mejor y más adecuado trato a las rentas del trabajo en relación con la anterior; un mejor y adecuado trato a las rentas medias y bajas en relación con la anterior; un mejor trato a las rentas familiares, a la unidad familiar con miembros a cargo, con hijos y ascendentes; un mejor trato al ahorro a largo plazo, al ahorro con voluntad de permanencia, de inmovilidad; un mejor trato, señorías -si me lo permiten, no mejor, pero sí más justo, más equitativo-, del tratamiento fiscal a la vivienda por lo que este proyecto de ley contempla de límite para determinados niveles de renta. (Rumores.) Es una reforma que no va a permitir tanta posibilidad de acciones interpretativas de discrecionalidades en su cumplimiento, porque se eliminan. Se suprimen opciones de discrecionalidad, se restringen actuaciones del contribuyente para poder eludir algunas obligaciones, porque prácticamente se eliminan muchas de las capacidades interpretativas y posibilidades de aplicar criterios que luego resulten, en definitiva, puertecitas -por decirlo de alguna forma- de elusión fiscal, se restringen, pues el impuesto va a ser más simple y más cerrado en sus exigencias.
Por todas esas razones mi grupo entiende que la reforma tiene suficientes elementos positivos como para que a los ciudadanos de este país les parezca muy bien. Es más, el mensaje de que esta reforma va a permitir un mejor trato para el debate sobre la clásica dicotomía entre ricos y pobres, señorías, ha quedado en el saco roto; la sociedad no ha seguido ese planteamiento, que es absolutamente demagógico y una simplificación absolutamente sin contenido. Es más, yo creo que el gran mensaje a transmitirle hoy a la sociedad es que más de dos millones y medio de contribuyentes no van a hacer la declaración y hoy la hacían, ciudadanos en rentas bajas y medias, y más de cinco millones de contribuyentes van a experimentar una sustantiva reducción de sus obligaciones fiscales, y son precisamente los cinco millones de ciudadanos que están en los niveles de rentas medias y bajas. Por esta razón, porque esta reforma sesgadamente trata mejor a las rentas de trabajo, rentas familiares y rentas medias y bajas, mi grupo le va a dar un voto favorable. Claro está, a nuestro entender es difícil contrarrestar políticamente el mensaje de que esto no es así y de que la reforma beneficia a los ricos -planteamientos etéreos, simplistas

Página 10775


y demagógicos-, pero hemos tenido largos debates para poder justificar y discutir esos aspectos. Para nuestro grupo es una satisfacción manifestar que somos favorables a esta reforma.
El Senado ha incorporado modificaciones muy positivas, por ejemplo, a las ciudadanos con minusvalías que obtienen rentas. Las rentas de este colectivo de ciudadanos se mejora por segunda vez en el Senado -mi grupo ha tenido en esa dirección iniciativas, enmiendas y expresamos nuestra satisfacción-, como también se mejora el tratamiento al ahorro que puedan realizar las familias cuyo destinatario único es una persona con minusvalía. Es uno de los grandes avances cualitativos que hace esa reforma, que es una novedad singular, de carácter europeo. En pocos países de Europa hay una fórmula de ahorro colectivo familiar cuyo destinatario único es una persona con minusvalía para poder garantizar un adecuado nivel de renta cuando los familiares directos de los disminuidos desaparecen de la vida.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le ruego vaya concluyendo.


El señor HOMS I FERRET: Voy concluyendo, señor presidente, manifestando que se han resuelto cosas positivas, como, por ejemplo, el tratamiento fiscal a las rentas de los profesionales que evita la injusticia para los pequeños, que permitía la existencia de un límite del 35 por ciento aplicable a las sociedades profesionales en régimen de transparencia. También es importante resaltar, como lo ha hecho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, las mejoras que se introducen en el régimen fiscal aplicable a las mutualidades de previsión social. Definitivamente podemos decir que se cumple el mandato del Congreso de los Diputados aprobado en la subcomisión que analizó el tratamiento del ahorro a largo plazo; la preocupación que tenía la ONCE por cómo debería ir el trato fiscal de todos los productos que presta esa entidad a la sociedad, y se ha eliminado el riesgo que había entonces; la no integración en base a las ayudas públicas a la agricultura o a la vivienda o a otras cuestiones. A los ciudadanos no se les va a exigir que paguen impuestos por las ayudas públicas, algo que venía siendo reclamado por tanta gente, que nos decía: Oiga, cuando los poderes públicos dan unas ayudas justificadas, no exijan entonces que se paguen impuestos por estas ayudas; para eso den menos ayudas y no nos obliguen a hacer esos ejercicios de doble circulación de recursos.
Termino, señor presidente. Otro tema podía ser todo lo relativo a garantizar la neutralidad de la aplicación de la reforma. Esa reforma va a alterar el marco general de recaudación, pero va a ser neutra en todo lo que hace referencia a su repercusión en todas las administraciones públicas, local y autonómicas. Es una reforma horizontal que está planteada al margen de su implicación en otras administraciones públicas y, en ese sentido mi grupo se satisface de haber mantenido con el Gobierno y los grupos mayoritarios una posición clara en este extremo que deberá mantenerse en el futuro.
En síntesis -y termino, señor presidente- es una buena reforma. Se cumple el compromiso político de mi grupo con nuestros electores; se cumple el compromiso político de nuestro grupo con nuestro criterio de enfocar esta reforma; sin duda esta reforma deberá requerir en un futuro inmediato más modificaciones...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le ruego concluya.


El señor HOMS I FERRET: Concluyo, señor presidente.


Señorías, esta reforma es un gran paso hacia adelante de modernización de este impuesto y de adaptación al marco europeo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.- Rumores.) Señorías, les ruego silencio. Cada grupo tendrá su momento para intervenir.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, hay un dicho popular que para mi reflejaría lo que es el trámite final de esta ley, y es el que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Ustedes pueden hacer toda la demagogia que quieran. Les diré que la palabra demagogia significa exageración de los argumentos a favor de su planteamiento político. Fíjense por qué digo esto. Ustedes anunciaron aquí cuando trajeron la propuesta -porque siempre van con grandes anuncios y grandes actuaciones y escondiendo los defectos que tienen sus propuestas- que esta reforma tendría un costo muy pequeño, apenas 150.000 millones; cuando se ha tramitado la propuesta la cifra ha aumentado a 350.000 millones de pesetas. Pues bien, ahora nos encontramos en un costo real de la propuesta de 776.000 millones de pesetas. Dicen ustedes que como van a gestionar unos milloncejos más con el 20 por ciento de las plusvalías -que suponen una rebaja de 100.000 millones- y como va a haber más dinamismo económico por el consumo, ello supondrá unos 550.000 millones de pesetas.
Ya sabemos que cuando un grupo como el mío en el debate de totalidad dijo que el costo de la reducción de impuestos que ustedes proponían era de 750.000 millones de pesetas al menos, no dijo ninguna barbaridad. Entonces ustedes me dijeron: ¡Qué bárbaro! ¡Qué demagogo! Miren ustedes la demagogia. Y esto todavía no ha empezado a funcionar, estamos en la fase de puesta en marcha. Pues bien, ya nos vamos acercando. Ustedes nos decían entonces lo que ahora ha dicho el señor Homs: esto beneficia a las rentas más bajas, cinco millones de contribuyentes no tendrán que hacer la

Página 10776


declaración. Miren ustedes, ahora dicen que un millón de personas no tendrán la retención. Pero entonces yo les decía que todas aquellas personas que cobran una pensión inferior a 1.250.000 -que son el 70 por ciento de los pensionistas españoles- ya están exentos de hacerlo. Y ustedes dicen: pero si eso lo hemos hecho nosotros. Bueno, pero la reforma no, no va a beneficiar a cinco millones de españoles.
Ustedes decían que la reforma no va a afectar suficientemente y nosotros queremos demostrar que bajamos los impuestos. Es verdad. Y nuestra posición ha sido discutir siempre eso. No estamos dispuestos a bajar los impuestos a los que ustedes se los bajan. Y no estamos dispuestos a un impuesto de la renta de las personas físicas que es un castigo divino a los que trabajan. Ustedes hacen un impuesto de la renta para los que trabajan. La gran innovación de esta propuesta que resulta como complemento es que vamos a aplicar un 20 por ciento a la retención de las plusvalías. ¿Pueden traducirles eso a los españoles y decirles con toda tranquilidad a los señores que tienen sus ahorros en los fondos de inversión o en la Bolsa, que tienen 500 ó 1.000 millones, que han invertido en esas operaciones, que por cada millón que ganen les vamos a aplicar una retención del 20 por ciento y a los ciudadanos que trabajan, que cobran por renta, del 17 al 47 por ciento? ¿Por qué si ganan el dinero trabajando les cobramos hasta el 48 por ciento y si lo ganan en los negocios solamente el 20 por ciento? ¿Por qué eso es más progresivo? Yo no estoy de acuerdo en que les bajen los impuestos a esos negocios; no estoy de acuerdo y quiero ese dinero para destinarlo a otros gastos. No estamos de acuerdo con bajar los impuestos a los señores que ganan grandes cantidades de dinero; por ejemplo, no estoy de acuerdo en que nos gastemos, del dinero de todos, 120.000 millones de pesetas menos para escuelas, para inversión, para ferrocarril, que es lo que van a bajar ustedes a los que ganan más de 12 millones de pesetas al año. ¿Saben ustedes que, entre esos, hay 349 que declaran ganar más de 100 millones de pesetas? No estoy de acuerdo en bajarles los impuestos; no, no coincido con esa filosofía. Y ustedes dicen: pero díganlo. Pues ya se lo estoy anunciando: no estamos de acuerdo con esa reforma.
Fíjense que ustedes, con toda esta discusión, si de verdad tuvieran voluntad de progresividad, hubieran dicho: ¿cómo le metemos mano a la gran complicación ilegal, inconstitucional, que es el fraude? Y hemos pasado de puntillas. Cuando discutimos de los impuestos decimos que vamos a recaudar 700.000 millones de pesetas menos, pero respecto al fraude pasamos de puntillas. Ese es uno de los grandes vacíos que tiene esta discusión sobre el impuesto: hay que cobrar a los que no pagan. Esa es la primera filosofía, porque, los que entienden de esto, dicen que son en torno a 3,5 billones de pesetas los que andan por ahí perdidos. ¿No podríamos poner aunque sea un pulsador para detectar esos 3,5 billones? Se podría dedicar medio billón de pesetas al año de lo que se pierde por las ramas a la lucha contra el fraude y con eso tendríamos más ingresos.
Tampoco estamos de acuerdo con esa filosofía que ustedes han defendido aquí como una gran innovación y que han ampliado en el Senado. Cuando hay personas con limitaciones, cuando planteamos ayudar a alguien, siempre lo hacen de la misma manera: que no paguen impuestos. La única filosofía que ustedes tienen para los minusválidos, para cualquier actuación, es siempre reducir los impuestos que pagan. ¿No saben que con esa medida están ayudando a que paguen menos los que más tienen y no los que menos tienen? Las propuestas no pueden ser indiscriminadas, como en el caso de la gran innovación del Senado en lo que a los planes de pensiones de personas con minusvalía se refiere. ¿Qué pensionista hoy, aunque sea minusválido, puede ahorrar 2.220.000 pesetas al año cuando la pensión media se queda en 64.000 pesetas? Los minusválidos que tengan esa capacidad de ahorro van a tener ese beneficio, que también tendrán todos en la medida en que puedan ahorrar. Quien gana 500.000 ó un millón de pesetas al mes sale beneficiado porque va a poder ahorrar, pero ¿y el que gana 64.000, cuánto va a poder ahorrar cuando coma, pague la casa y compre la ropa? Pues a ese le ayudan menos. Por eso, no estamos de acuerdo con la introducción de políticas de gasto fiscal; estamos de acuerdo con las políticas activas de apoyo, de ayuda a la gente que más lo necesita y no a todos por igual. No estamos de acuerdo con su filosofía discriminatoria. Han hecho aquí un canto a la neutralidad, pero ¿cómo narices puede ser neutral una política fiscal? ¿Es que la sociedad y la riqueza del país es neutral? Eso no es posible; hay que tratar desigual a los desiguales.
Si tratan a todos con neutralidad es como si todos fuésemos iguales y eso no es posible porque no somos iguales en capacidad, ni en condiciones, ni siquiera en oportunidades, aquella vieja demanda de Pablo Iglesias. Eso de la igualdad de oportunidades no era posible y no está siendo posible hoy.
Paso a las enmiendas del Senado. En nuestra opinión, en el Senado siempre hay una discusión, diríamos, de tranquilidad. Hay muchas aportaciones a las que no nos podemos oponer por la gran innovación que significan, pero en otras ocasiones lo que hay es una especie de trantrán permanente del Gobierno, que trae una mala propuesta, la arregla aquí mal y luego la corrige allí. Pues en esa parte en que ustedes corrigen lo que aquí ha venido mal la vamos a apoyar. Hay enmiendas que vamos a votar a favor, por ejemplo, al artículo 7.ñ), al artículo 18, al artículo 39, al artículo 55, al 81, al 82 y a las disposiciones adicionales 19, 22 y 23, aunque tengo que decir también en cuanto a la adición a esas disposiciones adicionales, en relación con el tratamiento para Ceuta y Melilla o el tratamiento para las personas afectadas por aluminosis, que hay que ver lo prudentes que ustedes son a la hora de plantearlo y cómo queda la redacción.
Fíjense qué tratamiento más diferente, y eso que la voy a apoyar porque creo que es un paso adelante. Dicen que las personas que por una desgracia como haber tenido aluminosis han recibido una subvención podrán diferir el impuesto en cuatro

Página 10777


años. Es decir, que una familia que ha recibido un millón de pesetas por arreglar su casa por ese defecto declarará cada año un cuarto, pero no se entiende como renta. ¿Pero es que es una renta? No ha sido una renta, sino que les ha afectado una catástrofe que deberíamos haber evitado. Fíjense que declaramos rentas exentas algunas subvenciones, algo con lo que yo estoy de acuerdo y hemos defendido aquí. Ustedes amplían algunas subvenciones dirigidas al viñedo o a otras vertientes distintas.
Hay otras cuestiones que sería bueno que arregláramos, por el batiburrillo de debate que tenemos sobre la Ley de IRPF, la Ley de Presupuestos y la ley de acompañamiento o acomodamiento. ¿Por qué añaden nuevas sanciones tributarias en el artículo 89 de este proyecto y lo modifican en el Senado, cuando se debe hacer en la Ley General Tributaria? ¿Por qué no esperan a la Ley General Tributaria y lo modifican ahí? Y les pregunto ahora cómo vamos a arreglar que en el papel que viene del Senado se diga que la disposición final cuarta establece que la Agencia Tributaria tendrá un estatuto orgánico por decreto, cuando lo que aprobamos aquí hace unos días era que se hiciera por ley. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Ya son dos leyes contradictorias. ¿Sabe lo que les pasa a ustedes? Que improvisan normativa legal permanentemente. Es que no hay seguridad jurídica con ustedes a la hora de regular. Tendrán que buscar un acomodamiento. Ya me dirán cómo se aplica. Hay una cosa buena, y es que como ésta se ha aprobado antes y la otra se aprobará después, tendrá vigor lo que hemos aprobado al final, siempre y cuando sea así como se pueda mantener.
En todo caso, señorías, hay un gran olvido en las modificaciones y precisiones que se han hecho -y con esto voy a intentar terminar-.
Por un lado, respecto al tratamiento de la vivienda, ¿lo han mejorado en el Senado? Lo han especificado un poco mejor, pero se ha producido un gran vacío en el tratamiento de la vivienda en el trámite del Senado, concretamente en lo referente a los alquileres. No es posible que estemos buscando fórmulas de tratamiento fiscal favorable para un sinfín de gente y que al sector más joven de la sociedad, con menos capacidad económica, que vive en viviendas de alquiler, le quitemos la única conquista que tenía. Es verdad que son pocos -me estoy refiriendo a 604.000 españoles- y es verdad que es poco dinero -28.000 millones de pesetas-, pero ¿por qué no se ha dado respuesta a esta demanda que afecta a un sector de la población débil y que necesitaría de esta ayuda?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le ruego que vaya concluyendo.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, voy concluyendo. ¿Por qué no a este sector y sí a otros? Se ha precisado y se ha matizado. Se ha matizado el millón y medio y también una derivación hasta 750.000 pesetas en dos años siguientes si hay obras posteriores en el desarrollo y rehabilitación, y no sé por qué no es posible aplicar este tratamiento fiscal.
En suma, en el trámite del Senado no se han corregido los grandes defectos del proyecto, se han taponado algunos y en algunos casos se han empeorado. Nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas que vienen del Senado que afectan al artículo 7 en su apartado f), al artículo 16, al 17, al 35, al 55, al 56 y al 65, porque no solamente no mejoran el tratamiento que se dio en el Congreso, sino que lo empeoran haciendo más regresiva la política fiscal. No pagamos todos en función de lo que ganamos, de la capacidad económica, sino que pagamos en función de si nos pillan o en función de tener unas condiciones determinadas.
En lo referente a la renta de no residentes, ha habido algunas modificaciones. No estamos de acuerdo con las modificaciones que se han introducido en el Senado en el artículo 30 de la Ley de no residentes ni en la disposición derogatoria única. Estoy convencido de que esta ley, como otras leyes, pasa de puntillas sobre la previsión que nosotros hemos planteado o de la voluntad que hemos podido tener. Hay cinco enmiendas del Senado que dicen que se estará a lo que el Gobierno desarrolle reglamentariamente con posterioridad.
Ustedes son unos artistas haciendo leyes: regulan con indefiniciones y dicen que después desarrollarán normativamente. Yo les diría sobre esto lo mismo que decía Romanones -que yo no comparto y que ustedes sí defienden-: Hagan ustedes las leyes, que después haré yo los reglamentos. Yo quiero que los reglamentos no sean tormentos contra las leyes.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos...


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Por eso quiero cambiar y evitar que se produzcan.
Nada más, señor presidente, concluyo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, señorías, aunque quizá les extrañe, hoy vengo de verdad a felicitarles, a darles la enhorabuena porque lo han conseguido y porque ya tienen su obra casi a punto. Mi felicitación quiero que se extienda, en primer lugar, al Gobierno, y también al señor Homs, al que esta mañana encontraba especialmente celoso por participar en los méritos. No es que hayan cumplido lo que prometieron en su programa, ni muchísimo menos; habían hecho tanta demagogia con los tipos marginales al 40 por ciento que resultaba imposible que cumplieran lo prometido. Pero yo tengo que reconocer que han dado pasos muy importantes en esa dirección. Y mi felicitación, además de al Gobierno, se extiende a lospremiados, a todos aquellos que desinteresadamente,

Página 10778


sin duda, les han apoyado en este importante esfuerzo en favor de la colectividad a fin de que su voluntad, que la tenían, no desmayara en ningún momento. Todos ellos han obtenido, además sin pretenderlo, su debida recompensa. Me refiero, naturalmente, a aquellos que no reciben rentas del trabajo sino de otras fuentes; o a aquellos que, recibiéndolas del trabajo, reciben mayoritariamente rentas que no tienen su origen en el trabajo; a los que reciben básicamente rentas del capital y de la actividad empresarial, que tributarán cada vez más al 20 por ciento; a los que no tienen que vivir en alquiler; a los que no están financiando una vivienda en sus primeros años; a otros más que no cito por no hacer interminable la lista.
Mi segunda felicitación, señorías, es para el director de la campaña de publicidad, porque casi han conseguido que queramos vender duros a cuatro pesetas. Ustedes han elevado la presión fiscal en 1,6 puntos de PIB desde que gobiernan y casi han hecho creer -casi- que bajan de modo permanente la presión fiscal. El milagro de los panes y de los peces, como alguna vez les he recordado, es un número de aficionado ante profesionales de la prestidigitación como ustedes. Digo que casi lo han logrado porque les falta un detalle, apenas insignificante: que la gente les crea. Que se crea la gente, los ciudadanos españoles, que todos los ciudadanos pueden tener más dinero en el bolsillo sin que se les cobre por otro lado, por ejemplo, en forma de impuestos sobre la gasolina, sobre las primas de seguro, en forma de nuevas tasas, en forma de impuestos directos, indirectos o semipensionistas sobre la electricidad; sin que se reduzcan las prestaciones - ¿recuerdan los medicamentos?-; sin que se reduzca el crecimiento de las pensiones; sin que se reduzca la calidad de la enseñanza o sin que se dejen de hacer los muchísimos kilómetros de autovía y de carretera que ustedes prometen y nunca acaban por construirse. Pero, satisfechos como están, yo les felicito porque viven convencidos, además, de que así van a triunfar; que su fuerza taumatúrgica es tan grande y la ignorancia de la gente tan mayúscula que con este milagro los ciudadanos españoles, en vez de tomar el dinero y salir corriendo, que es lo que harán, se sumarán en masa a esa procesión de cirios penitenciales en que se ha convertido su increíble viaje al centro, como, sin duda alguna, puede testimoniar el señor Álvarez-Cascos, cofrade mayor de esa procesión.
Mi tercera felicitación, señorías, va dirigida al Gobierno y al grupo parlamentario que le sustenta, por su coherencia. Miren, señorías, algo así como 2,2 billones de pesetas de fondos europeos están en este momento en riesgo para nuestro país en los próximos siete años, a razón de unos 300.000 millones de pesetas al año. Y el señor Aznar manotea tan impotente como el señor Rato, haciendo frente común con los países más pobres de Europa. Pero lo que trata de defender con la mano izquierda lo dilapida con la derecha, empeñado en hacer ostentación ante los países ricos de la Unión Europea, principales contribuyentes -por lo tanto, principales aportadores de los fondos de los que nosotros nos beneficiamos-, de que nos sobra el dinero, nos sale absolutamente por las orejas. Y perdida ya la compostura, sólo les queda la retórica europea. Mientras tanto, siguen sin pudor alguno la recomendación que ayer mismo les hacía un dirigente del Círculo de Empresarios, que exigía con ardor guerrero y desde luego con notable visión estratégica que España, uno de los países con la más baja presión fiscal de la Unión Europea, se resistiera nada menos que a la armonización fiscal en Europa porque ésta, ya se sabe, es un perverso expediente de los países más ricos para elevar la presión fiscal de la última reserva de Occidente.
Pero no todo pueden ser felicitaciones, señorías. Déjenme también que, además de las felicitaciones, les añada algunos reparos, reparos de menor cuantía, como ustedes verán. En primer lugar, ustedes van a romper definitivamente el impuesto sobre la renta de las personas físicas en dos: una tarifa progresiva para los que viven de su trabajo y un tipo proporcional básicamente al 20 por ciento para todo el resto de las rentas, y a ustedes no les inquieta; más aún, les parece moderno. Quiero sacarles de un error: ¿les parece que es moderno esto? La injusticia, la falta de equidad tributaria o cualquier otra falta de equidad son tan viejas como la humanidad. No es nada moderno, es muy antiguo y también es uno de los fenómenos más penosos de la humanidad, y porque algunos como ustedes las institucionalizan es por lo que existen personas como nosotros que tratamos de que estas injusticias y faltas de equidad no sean perdurables.
El señor Rato, segunda reserva, no fue capaz de contestarme cuando le pregunté, en el debate de totalidad, por qué, en virtud de su importante hallazgo del mínimo vital, sus hijos, los suyos o los de cualquiera en una posición como la suya, podían valer fiscalmente hasta tres veces más que los de su chófer o de una persona similar.
Ya sé que es muy puntilloso y muy desagradable decir estas cosas desde una tribuna, parece que uno se quiere meter personalmente con alguien, pero yo quiero saber -no tanto yo- quién es el que tiene el valor de explicar a los ciudadanos cuál es el razonable principio democrático en virtud del cual el valor de los hijos fiscalmente depende de la renta de los padres y valen más cuanto más dinero tengan sus padres. (Aplausos.) Mi tercera consideración y mi tercer reparo es que esto nada tiene que ver con la lucha contra el desempleo ni contra el ahorro. Ya sabemos que toda su propaganda se la llevó la crisis financiera, ya sabemos ahora que sólo pretenden sostener el consumo ante los riesgos que se ciernen sobre la demanda. Del ahorro es mejor no hablar para no provocar la risa, porque es un poema y porque la neutralidad financiera se ha convertido en una broma pesada. Depósitos, fondos, acciones, seguros, todos los instrumentos de ahorro tendrán fiscalidades distintas según el plazo, según el instrumento y, cómo no, según el tomador. ¡Viva la neutralidad! Buen negocio, eso sí, para los asesores fiscales en la maraña que han creado.


Página 10779


Además, señorías, han cantado ustedes la gallina de una forma clamorosa. Me refiero, naturalmente, al coste. Nada queda ya de los 350.000 millones, de los 400.000, de los 500.000, de los que ustedes han hablado dependiendo del foro, la ocasión y el momento. Han ajustado las retenciones, espero que bien, y su coste no baja de los 775.000 millones, lo contrario de lo que decían. Mucho les debe parecer al final cuando, para aliviar los efectos de la recaudación, establecen una retención sobre las plusvalías de fondos. Les recuerdo, por cierto, señorías, que cuando nosotros propusimos esto en 1996, en 1997 y todavía en este año 1998 para 1999, nos contestaron ustedes, con la suficiencia que les caracteriza, que eso era tanto como expresar la ignorancia sobre el mundo en el que vivimos y un natural efecto de nuestra perversa voracidad recaudatoria. Ahora, en su boca, resulta ser el descubrimiento -así lo dice su proyecto de reglamento- de la neutralidad del impuesto. Me encanta, señorías, su capacidad como contorsionistas.
En quinto lugar, y hablando de retenciones, según sus publicistas -voy terminando, señor presidente-, se trata de rebajas espléndidas, y de verdad que lo son para algunos. De acuerdo con los datos de la estadística de renta para el año 1996 -que ustedes no han publicado pero algún topo nos la ha hecho llegar-, en ese año había 150.000 personas que declaraban rentas superiores a nueve millones y medio.
Suponen el 0,7 por ciento de los contribuyentes que declaraban el 7,5 por ciento de toda la renta. Pues bien, con su ley estos ciudadanos van a tener un beneficio medio por persona de 900.000 pesetas. El coste fiscal sólo por este grupo significará alrededor de 135.000 millones de pesetas. Y qué decir de los que se sitúan por debajo de los dos millones de ingresos. Según sus anuncios -cito lo que ha salido y lo que ustedes han explicado acerca de las retenciones-, una persona con dos millones de pesetas de ingresos brutos y sin hijos va a ver reducida su retención en 1.000 pesetas mensuales, contando catorce pagas, lo cual, sin duda, es todo un avance histórico. Yo sinceramente no creo que puedan evitar, al saberlo, una cierta humedad en los ojos. Pues bien, esa misma persona, con los mismos dos millones de pesetas de ingresos pero con dos hijos, verá reducida su retención sobre el actual año en la inconmensurable cifra de 190 pesetas mensuales en catorce pagas. Aquí el llanto creo que está garantizado. (Aplausos.) Quizás a alguien le pueda parecer poco, porque ya se sabe que siempre hay gente insaciable, especialmente cuando su nivel de renta no es muy alto. Lo malo es que, según la estadística de renta, en el año 1996, el 60,24 por ciento de los contribuyentes declaraba bases liquidables entre cero y dos millones de pesetas, 8.800.000 frente a 14.600.000 declarantes. Como puede apreciarse, para la mayoría de los contribuyentes la modificación de las retenciones y del impuesto va a ser el momio que les arreglará la vida. Pero pueden estar tranquilos los señores diputados, lo de los diputados va a quedar mucho mejor que lo de aquellos que tienen rentas hasta dos millones de pesetas, y todavía quedará mejor para quienes tienen rentas muy superiores a las nuestras.
Mi penúltimo reparo tiene que ver con la obligación de declarar. Ya sabemos la propaganda: millones de contribuyentes van a estar exentos de esta obligación, eran tantos que ni recuerdo cuántos dijeron ustedes. Pues bien, que no se anime el personal en exceso porque, gracias a la redacción dada en el Senado por el Grupo del Partido Popular, aquí va a declarar hasta el apuntador. El artículo 79, en su actual versión, establece que hay un mínimo de tres millones y medio; un mínimo que ahora deja de serlo y pasa a ser de 1.250.000 si uno percibe rentas de más de un pagador.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray, le ruego vaya concluyendo.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor presidente.
Cuanta más precariedad, más control. Pero, además, todos los que estén invirtiendo en vivienda y quieran descontarse alguna deducción, todos los que aporten a planes de pensiones, no importa cuáles sean sus ingresos, tendrán la obligación de declarar. Los muchos millones de exentos de declaración que ustedes anunciaban van a desaparecer, se van a quedar en nada, porque sólo por estos dos conceptos hay 5.200.000 contribuyentes, 3.800.000 en viviendas y en cuentas de vivienda y 1.400.000 de personas que aportan a planes de pensiones.
Menos lobos. En este caso, señorías, nada de lo que han dicho ustedes se corresponde con la realidad.
Mi último y liviano reparo -y termino, señor presidente- se refiere a las implicaciones para el sistema público de salud. Han declarado no imputables como rentas en especie las aportaciones de las empresas a seguros médicos y además se considerarán gasto deducible para las empresas en el impuesto de sociedades. Los ejecutivos, en primer lugar, y tal vez los que les sigan después, verán así desfiscalizada una parte significativa de sus retribuciones. Además -y a eso es a lo que me quiero referir-, con dinero público, señorías, rompen ustedes el principio básico del aseguramiento público único en que se asienta el Sistema Nacional de Salud. ¿Alguien puede sostener ahora que no quieren ustedes privatizarlo, después de lo que han hecho en el impuesto sobre la renta? (Aplausos.) Quizás comprendan, tras mi sincera felicitación y mis modestos reparos, sin duda algunas intrascendentes, que le auguro una corta vida a su reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tan corta como el tiempo necesario para que este país se dote de una nueva mayoría. Y entonces tendrá que haber, señorías, una reforma de la reforma, porque las leyes cambian las leyes; una reforma para asumir y no negar las tendencias europeas, para apostar y no negar la armonización fiscal en el ámbito de la Unión en todos los terrenos, para hacer posible la reducción de la tributación

Página 10780


de las rentas del trabajo y también para conseguir que los privilegios que ustedes han otorgado a sus amigos queden anulados.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Eguiagaray.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, está claro que en esta Cámara hoy has dos posiciones (Un señor diputado: Hoy y siempre), la posición de unos grupos que quieren bajar los impuestos y la posición de otros grupos que quieren seguir subiendo los impuestos como ha sido su tradición. (Protestas.) Pero hoy es un día importante, el señor Gómez lo calificaba de un hito. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías del Grupo Socialista, el señor Eguiagaray ha sido interrumpido exclusivamente por sus aplausos durante su intervención.
Les ruego permitan intervenir con la misma tranquilidad al señor Martínez-Pujalte; se lo ruego, señorías.
Puede continuar.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hoy vamos a dar la aprobación definitiva a la reforma fiscal más profunda de los últimos años y, además, es la primera vez que en democracia se van a bajar los impuestos de una manera generalizada. Personalmente, siento una profunda satisfacción por que esta Cámara, con la mayoría actual, haya podido llevar a cabo una reforma de esta importancia.
Manifestaba antes el señor Homs que todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, todos los agentes sociales, todos los técnicos -incluso los partidos políticos lo tenían recogido en sus programas electorales- reclamaban un sistema tributario más eficiente, más moderno, más homogéneo con los del resto de los países europeos (los españoles queremos pagar lo mismo que pagan el resto de los ciudadanos europeos) y además un sistema tributario que distribuyera con mayor equidad la carga tributaria.
En el área económica, señorías, los modelos de finales de los setenta no dan solución a los problemas de finales de los noventa y no sirven para afrontar los retos de los próximos años, no sirven para aprovechar las oportunidades de la Europa con moneda única.
Necesitábamos un nuevo sistema de impuestos y el Partido Popular diseñó, cuando estaba en la oposición, un nuevo modelo económico basado en la estabilidad presupuestaria, en la estabilidad de precios, en reformas estructurales y en el apoyo de las políticas de competitividad, que era un modelo que contemplaba bajar los impuestos y aumentar los gastos sociales; era un modelo que pretendía conseguir un objetivo: un crecimiento vigoroso que se convirtiera en intenso generador de empleo y, además, en mejora del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas españoles. ¡Y qué cosas nos decían, qué cosas teníamos que oír! Que no era posible bajar los impuestos y aumentar los gastos sociales, nos decían que la única política posible era la política de subida constante de impuestos, nos decían que era inevitable tener tres millones de parados y que era inevitable ir perdiendo convergencia con Europa.
Nosotros no nos creímos eso y planteamos un nuevo modelo que empezamos a implantar cuando asumimos la responsabilidad de gobierno, un nuevo modelo que ha cumplido sus objetivos de una manera importante.
Uno puede volver la vista atrás muchas veces, hacer recuento y pensar si entonces alguien creía que era posible ir generando el empleo que se está generando en España, si era posible tener crecimientos como los que estamos teniendo, si era posible aumentar los gastos sociales con la intensidad que se están aumentando y todo ello bajando los impuestos. (Un señor diputado: ¡Hala!- La señora Cortajarena Iturrioz: ¡Milagro!) Milagro, no, señoría, sentido común, saber hacer las cosas, rigurosidad, cumplir lo que prometimos. (Aplausos.) El modelo económico ha funcionado muy bien, ha eliminado corsés al crecimiento económico y a la vez ha procurado una distribución más justa y solidaria de la riqueza, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. ¿Cómo se puede decir, señorías, que no es solidario bajar los impuestos a pensionistas y a asalariados? ¿Cómo se puede decir que no son premiados ocho millones de asalariados y pensionistas que van a ver rebajados los impuestos de una manera muy importante? ¿Cómo se puede decir que es injusto bajar los impuestos a las familias españolas o que no es razonable que las familias españolas tributen por su capacidad económica real? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede decir que es malo bajar este impuesto, señorías, cuando de los seis billones que aporta este tributo a los ingresos del Estado el 85 por ciento lo pagan los asalariados y los pensionistas? ¿Cómo se puede decir eso? (El señor Martínez Sanjuán: No se ha dicho eso.) Sí, señor Martínez Sanjuán, se ha dicho eso.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez- Pujalte, le ruego no entre en diálogo con el resto de los diputados.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
El esfuerzo realizado hasta ahora en materia de política económica ha permitido, señorías, cumplir nuestra promesa de bajar los impuestos, y lo hemos hecho en el momento adecuado, cuando ha sido posible, cuando las cuentas públicas estaban más equilibradas. Hemos llevado a cabo una bajada de impuestos para todos y cada uno de los ciudadanos españoles, pero de un

Página 10781


modo especial es intensa para asalariados y pensionistas, para familias, para discapacitados y para los contribuyentes de menor capacidad económica.
El portavoz de Izquierda Unida hablaba del marco tributario de los discapacitados. Por primera vez este Parlamento ha equilibrado la tributación de los discapacitados de una manera global. Hemos considerado que los discapacitados o las familias que tienen en su seno alguna persona con discapacidad deberían tener un mayor mínimo exento. Hemos incentivado el que las personas con minusvalías se incorporen al mundo laboral porque nos parece que es mejor, que así se pueden sentir más útiles a la sociedad, y por eso hemos aumentado las reducciones para los discapacitados que trabajan. Hemos querido construir un sistema de previsión social complementario cuyo único beneficiario sea el discapacitado, para que las familias puedan asegurar un futuro mejor si tienen una persona en su seno con discapacidad.
Señorías, el sistema tributario que se ha diseñado con este impuesto reparte con mayor justicia la carga tributaria. Hemos diseñado un impuesto nuevo, un impuesto que ha contado con un gran apoyo social y político. Quiero aprovechar para agradecer a los grupos que han apoyado al Gobierno el esfuerzo que hemos hecho entre todos para diseñar un impuesto moderno, justo y homogéneo como el resto de los países europeos. Hemos trabajado buscando consensos con todos los grupos (Rumores), y yo quiero agradecer su esfuerzo a todos estos grupos que han contribuido a que tengamos hoy un impuesto de estas características.


Decía el portavoz de Coalición Canaria que algunas de sus enmiendas no han podido ser aceptadas. Yo quiero reconocer que hay alguna enmienda, como por ejemplo la que él planteaba de un régimen transitorio para los investigadores que se instalaran en la ZEC, a la que se le podía haber una respuesta más intensa, pero yo le aseguro que lo estudiaremos en el futuro con mayor intensidad.
Señorías, creo que aquí no se han debatido dos modelos. Y les voy a contar una anécdota de hace dos semanas. (Un señor diputado: ¡Al grano!) El Grupo Socialista votó en el Senado hace dos semanas un conjunto de enmiendas del IRPF que decía su portavoz que componían su reforma, con un marginal máximo del 50 y una tributación de las plusvalías al tipo efectivo medio, y a la misma hora en el Congreso, en la Comisión de Economía, votaban unas enmiendas que eran radicalmente distintas en las que planteaban un marginal máximo del 56 y una exención de las plusvalías por el transcurso del tiempo.
(Rumores.) Señorías, es que después de un año no hemos sabido cuál era el modelo alternativo. Las ciudadanas y ciudadanos españoles no entienden qué modelo presentaba la oposición. Lo único con que se han quedado es con que unos grupos pretendían subir los impuestos y otros grupos lo que queremos es un impuesto más moderno, que cree empleo y que baje la carga tributaria sobre todo a los más necesitados. (Rumores.) Ese ha sido el resumen de la tramitación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez- Pujalte, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, al final ha triunfado el modelo más equilibrado, el modelo más homogéneo con el del resto de los países europeos. El 1 de enero, justo cuando se ponga en marcha el euro, vamos a estar con un impuesto más moderno que nos hará más competitivos. Se va a mejorar la fiscalidad de las pymes y se va a dar mayor neutralidad al ahorro. Preguntaba el portavoz de Izquierda Unida qué era neutralidad. Neutralidad es que los ciudadanos puedan decidir en qué ahorran por el rendimiento financiero y no mirando el marco tributario. Eso es lo que se ha hecho en este impuesto, con dos excepciones: la previsión social complementaria, el ahorro a largo plazo, y el ahorro en vivienda propia. Hemos hecho, señorías, un impuesto que apoya a las pequeñas y medianas empresas y un impuesto más justo para las familias no aplicando la misma progresividad cuando sean situaciones distintas, señorías. Preguntaba el señor Eguiagaray quién lo iba a defender. Yo lo defiendo, señor Eguiagaray.
Es lógico que no se aplique la misma progresividad a una familia con tres hijos que a otra sin hijos con la misma renta, porque eso es justicia, porque eso es equidad, porque eso es apoyo a la familia, y eso es lo que hace este impuesto. (Rumores.) Voy concluyendo. Cuando presentamos aquí el proyecto se dijo que la reforma tenía un coste de 350.000 millones de pesetas. Hoy vuelvo a decir que la reforma tiene un coste de 350.000 millones de pesetas.
(Rumores.- Un señor diputado: ¡Es mentira!) Lo mismo que dijimos entonces volvemos a decir ahora. El coste de la reforma, señorías, son 350.000 millones de pesetas (Rumores) y está contemplado en el Programa de Convergencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez- Pujalte, le ruego concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, voy concluyendo.
Señorías, no hay que confundir a los ciudadanos. Lo que se ha hecho con el decreto de retenciones es bajar los impuestos a asalariados y pensionistas y ajustar la imposición a la factura fiscal final. Eso es lo que se ha hecho con el decreto de retenciones. No se pueden confundir las retenciones con la factura fiscal final. Lo que se ha hecho con las retenciones es, por una parte, integrar la bajada de impuestos y, por otra, ajustar el impuesto. Por eso, señorías, hemos aprobado algunas enmiendas en el Senado que nos permiten ajustar retenciones y factura fiscal final.
El 1 de enero, señorías, España estará en la primera división europea. Además, estaremos con capacidad

Página 10782


competitiva, estaremos con un impuesto que nos va a permitir seguir creciendo, seguir generando empleo y bajar los impuestos a todos los ciudadanos españoles, especialmente a asalariados, pensionistas (Rumores), familias, discapacitados y personas con menor capacidad económica, y con un impuesto que nos va a permitir seguir aumentando los gastos sociales, porque esa es la voluntad de mi grupo político.
Gracias. (Aplausos.- Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Pujalte.


- PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES DE USO TURÍSTICO Y NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000076.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 50 del orden del día, enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Intervengo rápidamente para decir que vamos a votar favorablemente las enmiendas enviadas por la Cámara Alta porque las consideramos acertadas. Algunas son de fondo y otras de forma, pero son todas aceptables.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo brevemente para decir que nuestro grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado, menos una de ellas que consideramos que viene a añadir un elemento negativo al rebajar de cinco a tres años el período mínimo de vigencia.
Creemos que se ha perdido la ocasión de hacer una ley mejor de la que se ha hecho. Es una ley que avanza, que reconoce los derechos de los consumidores -tema importante- y por consiguiente la vamos a apoyar, pero creemos que se han introducido dos o tres elementos que nos plantean dudas en lo referente a la industria turística, como es hacer compatible el uso turístico con el uso hotelero y el uso de tiempo compartido o como lo queramos llamar. Esta preocupación continúa cuando en el trámite del Senado el portavoz del Partido Popular llega a plantear que cabe la posibilidad de que un mismo hotel en temporada alta sea hotel y en temporada baja esté en el régimen de tiempo compartido. Esto no lo dice la ley; es más, la ley lo impide, pero parece que el portavoz del Partido Popular en el Senado desconocía la ley. Nosotros nos tememos que quería decir que en temporada de crisis, durante tres años, los hoteles pasarían a ser de tiempo compartido y pasada la crisis volverían otra vez a ser hoteles.
En consecuencia, creemos que aun con esta laguna es una ley importante y que viene a aportar al sector turístico un buen instrumento. Queremos dejar constancia de que esperamos que el Gobierno trabaje para que en breve se quite esa leyenda negra que ha tenido este producto turístico de manera que sea algo rentable para nuestra economía.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència y Unió, tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente, por concederme la palabra fuera de lugar.
Esta ley vuelve del Senado con unas enmiendas que son mayoritariamente técnicas y que van a recibir nuestra plena aprobación. Es un momento para felicitarse porque finalmente pueda entrar en vigor esta ley ansiosamente reclamada por los consumidores y por los propios empresarios que operan en este sector. Hay que recordar que apenas hace una semana un juez de Alicante ha tenido que aplicar directamente la directiva, utilizando la doctrina del efecto directo de las directivas cuando imponen las obligaciones a los Estados y estos las incumplen -es decir, nosotros como Estado, como Parlamento no la habíamos cumplido- a un contrato anulando y poniendo en funcionamiento lo que a partir de hoy va a ser aprobado, es decir, ese derecho de resolución por parte del consumidor. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Ese es un ejemplo concreto de que estábamos fuera de plazo y de la gran necesidad que había de aprobar esta ley. La ley, como ya hemos comentado a lo largo de los diferentes trámites de aprobación en Comisión primero y ahora en Pleno, y en su momento con la enmienda a la totalidad, tiene a partir de hoy un perfecto equilibrio entre la garantía de los derechos de los consumidores y la creación de un instrumento jurídico nuevo, un nuevo nomen iuris -si se me permite el rigor jurídico en la expresión-, un nuevo derecho real y personal que se crea de nueva planta, que configura todo un régimen jurídico nuevo, que sin duda dará trabajo a los académicos del derecho civil y que funcionará como un marco jurídico muy útil en el ámbito estrictamente económico. Es decir, como Legislativo hemos querido huir de una protección al consumidor que, so capa de una supuesta protección, acabara dejando vacío de contenido el derecho de libertad de empresa, el derecho de crear, la libertad de pacto entre las partes, la posibilidad de que las empresas puedan optar por fórmulas que les fueran rentables. A la vez había que huir también de que esa rentabilidad necesaria

Página 10783


para que un producto pueda estar en el mercado, esa necesidad de las empresas para que una inversión pueda resultar atractiva, pesase sobre las espaldas de los consumidores creando productos abusivos, utilizando publicidad engañosa, abusando en general de la buena fe de los consumidores en un ámbito como éste. Ese equilibrio entre esos dos elementos creemos que se ha conseguido perfectamente.
No querría terminar sin hacer mención a un tema que es quizá de los menores en términos jurídicos en esta ley, pero que no deja de tener su importancia, y es el nombre de lo que hoy creamos. Es quizá el defecto mayor que tiene esta ley, pero no hemos sabido encontrar nada mejor; por lo menos el Gobierno no ha sabido ponernos sobre la mesa nada mejor y hay que reconocer que los distintos grupos políticos tampoco. Repito que es algo menor pero importante en términos sociales. A partir de hoy la multipropiedad ha desaparecido de España, ya no habrá más multipropiedad. Habrá aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. No cabe duda de que es un nombre que no es excesivamente popular y que no es fácil que vaya a convertirse en popular: Compro un aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, vendo un aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Grandes rótulos: Aquí aprovechamiento por turno... Ya se ve que no es un término que sea fácil de comercializar. De ahí que reconociendo las razones que tuvo el Gobierno cuando elaboró el proyecto de ley para retirar de la circulación jurídica el nombre de multipropiedad, porque efectivamente inducía a confusión, introdujimos una enmienda que permite seguir utilizando a efectos comerciales la denominación tiempo compartido, traducción literal del inglés time sharing, que no deja de ser poco rigurosa en términos jurídicos pero que puede tener una mayor utilidad a efectos comerciales. Quería hacer mención a esta cuestión después de hablar con los sectores afectados, porque una de las primeras cosas que comentan cuando se habla de esta ley es: ¿No podíais haber buscado un nombre más atractivo? Hay que reconocer que el nombre no es atractivo. Se puede abrir un concurso de ideas entre los implicados para ver si son capaces de llegar a un nombre del derecho que hoy creamos que pueda hacer más fácil su conocimiento, su transmisión, su difusión como producto de tremendo interés para los consumidores y para las empresas, pero hoy por hoy el nombre rigurosamente técnico que funciona y que como tal vamos a apoyar es el de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.
Gracias, señor presidente. (El señor Gómez Rodríguez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guardans.
Señor Gómez, ¿a qué efectos pide la palabra?

El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Por un lapsus que he sufrido, señor presidente.
Anteriormente se me invitó a intervenir, pero creí que nos referíamos a la ley del IRPF de no residentes y por eso dije que aceptaba todo lo que decía el Senado. Por el bullicio o por lo que fuera no me percaté de que estamos hablando de una ley importantísima para Canarias, la del time sharing.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene cinco minutos para intervenir.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Quizá menos, señor presidente. Muchas gracias.
Señorías, señor presidente, como en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Me refiero a que entre el texto que envía el Gobierno y el que ha venido del Senado hay profundas diferencias. Esas profundas diferencias han sido eliminadas, en su mayor parte, gracias a la labor conjunta de todos los grupos políticos que han intervenido tanto en la ponencia como en la Comisión, así como en el Senado. Es importante resaltarlo porque aquí no caben cantos victimistas ni victoriosos de ningún grupo. Es verdad que se ha cambiado todo el texto del Gobierno, pero ha sido a base de diálogo. Yo comprendo y admito que el Grupo Popular ha tenido muchísimo trabajo acercándose al Ministerio para conseguir que esta ley, que tenía un carácter muy inmobiliario, muy reglamentario y con desconocimiento de la realidad autonómica de España, fuera un bastión fuerte de un grupo de profesionales que la defendían a ultranza.
Nosotros expresamos nuestra satisfacción por el hecho de que se hayan producido esos cambios, pero la mayor satisfacción señorías, es que haya sido por consenso.
Ha sido una pena que en el trámite del Senado no se haya aprovechado tan magnífica coyuntura para aceptar el nombre universal de esta institución. Universalmente se le llama tiempo compartido, time sharing, pero el texto legal prefiere el de aprovechamiento de bienes inmuebles por turno, con una denominación legal muy larga y que creemos que no va a ser aceptada por el sector; porque en esta Cámara todas las iniciativas legislativas lo llamaban tiempo compartido; porque la directiva europea también le llama tiempo compartido; porque las autonomías en que ya se ha regulado, como en Canarias, se llama tiempo compartido; porque en los municipios que han reglado sus ordenanzas para el tiempo compartido se hace utilizando esta denominación. No comprendemos por qué este cambio de nombre. También veo la buena voluntad, en una solución salomónica del tema, cuando en el artículo 1.6 se dice que se puede llamar como se quiera, pero que en la ley se llamará por turno. Esto me parece algo inadmisible y seguiremos insistiendo en el cambio legal.
Expresaremos nuestro voto tras la audiencia de los respetables criterios de los demás grupos políticos.
Muchas gracias, señor presidente.


Página 10784


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela.


El señor SÁENZ COSCULLUELA: Señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista me permito ofrecerl unas brevísimas reflexiones y comentarios a propósito del proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno.
Este proyecto de ley constituye una buena noticia y una satisfacción, en primer lugar, para los consumidores, también para los empresarios del sector y promotores de este tipo de actividades turísticas y para el propio Parlamento. Me explicaré. En primer lugar, la inmensa población que usa el territorio español para disfrutar de las vacaciones, los propios españoles que disfrutan de vacaciones, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, se van a ver especialmente protegidos en sus derechos como consumidores, por lo menos en lo que a esta modalidad turística se refiere. La preocupación expresada por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea, sobre los abusos que había habido en alguna época en torno a la contratación de este tipo de servicios turísticos, se materializó con la aprobación de la Directiva 94/47, del mes de octubre de ese año, claramente protectora de los derechos de los consumidores. El proyecto de ley, dentro de lo que es permitido a un texto jurídico, va a garantizar los derechos de los consumidores estableciendo mecanismos fuertemente protectores, por tanto evitando en lo posible los abusos que puedan producirse. Por tanto, España se integra en una madura legislación y regulación, dentro del ámbito de los países comunitarios, para proteger al consumidor. Por eso decía que es una satisfacción.
También he aludido a la indudable satisfacción que va a tener el sector empresarial que desarrolla este tipo de actividades. Yo creo que es una buena noticia para ellos porque la leyenda negra, no justificada en muchos casos pero ciertamente existente, nos guste o no, va a acabar con este proyecto de ley. A partir de ahora el sector va a ganar en credibilidad y, en consecuencia, en posibilidades dentro de un sector tan dinámico y trascendente para la economía española. La ley protege a los consumidores y a la vez va a dignificar la actividad económica y el riesgo empresarial, que va poder ser cada vez más serio, liberado ya de los riesgos que para todos generaba la minoría de desaprensivos. Probablemente sólo los malos empresarios, y son pocos, verán este proyecto como un problema y no como una solución o, al menos, como una mejora del sector.
Decía que también el Parlamento debe sentirse especialmente satisfecho, y voy a insistir en ello ya para terminar. Cuando el Parlamento ejerce con libertad real y sin condicionamientos la tarea de legislar, las leyes mejoran, y este es el caso. A veces los grupos integrantes del Parlamento no llegan a romper la idea de que modificar un proyecto del Gobierno es quebrar el apoyo al Gobierno. No ha sido este el caso y se nota. El proyecto que vino del Gobierno mereció serios reproches de muchos grupos; unos, expresados en forma de enmienda a la totalidad, otros suscitando los severos reproches a que he aludido. Concretamente el Grupo Socialista, señor presidente, a la vista del proyecto que el Gobierno remitió, optó por la enmienda a la totalidad y por pedir que se limitara el proyecto a implantar la directiva comunitaria, no a regular el sector. Ello venía determinado por la discrepancia respecto del contenido regulador del proyecto, que preveíamos difícil de modificar dada la constitución de la Cámara. Por eso preferimos reducir nuestras enmiendas a exigir la aplicación de la directiva comunitaria. Otros grupos optaron por otra estrategia, pero coincidente en el rechazo al proyecto. Pues bien, el proyecto ha recuperado el principio informador de nuestro derecho, que es el de libertad de pactos. Se ha respetado la doble opción posible para los interesados de adquirir derechos con base jurídica en un derecho real o en un derecho personal. El proyecto ha regulado -con la salvedad que luego diré- sensatamente lo relativo a cuestiones fiscales y ha mantenido firmemente la protección de los consumidores. Es posible que nos queden dudas sobre la cuestión del nombre, el nomem iuris, pero no es una cuestión trascendente sobre la que debamos en este momento entretener a la Cámara. Ahora queda que el Gobierno (asumiendo sus responsabilidades a través de la acción económica, de la acción de promoción, utilizando las vías diplomáticas, las vías consulares, las vías de los representantes económicos en las embajadas) potencie la credibilidad del sector español en esta materia y ayude a incentivar la acción turística del sector español.
Este es un compromiso que debería reafirmar el Gobierno después de este debate, tras aprobarse este proyecto de ley. Hay que potenciar el sector y hay que ayudarle a que recupere una credibilidad que hoy está garantizada con este proyecto de ley en cuanto al respeto a los derechos de los consumidores.
Termino ya, señor presidente, haciendo una salvedad crítica que es obligado efectuar. Durante la tramitación de este proyecto de ley y ya cerrado el plazo de enmiendas en el Senado, el Parlamento canario ha emitido el obligado informe sobre las cuestiones fiscales, de acuerdo con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Canarias. El informe respecto a algunas previsiones fiscales, concretamente a la aplicación del impuesto general indirecto canario, ha sido desfavorable, no obtuvo el apoyo necesario. Naturalmente, a estas alturas del trámite parlamentario no es posible efectuar retoque alguno relacionado con este dictamen del Parlamento canario, pero queremos poner de manifiesto que el Grupo Socialista aprovechará cualquier oportunidad para incidir sobre esta cuestión porque, aunque inicialmente había una remisión al impuesto general indirecto canario, partiendo de que la legislación general para todo el territorio español era el tipo reducido, se ha aplicado el tipo reducido pero del

Página 10785


impuesto general indirecto canario, lo cual lleva a que en el territorio de Canarias se aplicará el 2 por ciento en este tipo de transacciones, a diferencia del resto del territorio español, donde el impuesto reducido o el tipo mínimo es del 7 por ciento. En consecuencia, este es un problema que surge, relacionado con el dictamen del Parlamento de Canarias, que en algún momento habrá que abordar en esta Cámara. Salvo esta pequeña objeción -que no tiene tratamiento parlamentario en este momento-, las consideraciones de fondo que he expuesto son las que sostienen el voto favorable del Grupo Socialista a todas las enmiendas que se nos remiten por el Senado.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz Cosculluela.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, en septiembre del año 1997 comenzó la andadura del proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y ahora, en noviembre, después de haber transcurrido poco más de un año, estamos en el último momento del debate parlamentario, a la vuelta de este texto del Senado, donde se ha enriquecido con diferentes enmiendas. El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles intenta regular una nueva figura turística que es una combinación entre el régimen hotelero y la titularidad de un apartamento, porque las condiciones sociales y económicas de nuestra sociedad se han modificado y también la costumbre en el disfrute de las vacaciones.
Por eso este nuevo producto turístico, que está obteniendo una gran demanda, reúne los requisitos positivos de uno y otro régimen, de tal manera que el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles va a dar lugar a que se pueda adquirir el uso de una o más semanas de un apartamento con todos los servicios hoteleros y con un precio asequible, puesto que es sólo el uso de una o dos semanas lo que se está adquiriendo, no el inmueble entero.
España es una gran potencia -la segunda del mundo- en la explotación de este régimen y la Comunidad Autónoma de Canarias, sin lugar a dudas, es la pionera en ese sentido. Ya ha dicho el señor Gómez que en Canarias existe un gran sector dedicado a este tipo de explotación. Pues bien, quiero decirles que no sólo nos interesa o nos debe interesar este fenómeno jurídico o social nuevo, también nos interesa la situación económica de este sector. Este sector es muy importante económicamente, ha creado múltiples empleos y, además, da servicio a millones de turistas. Por tanto, por la gran demanda existente, se están produciendo unas grandes inversiones en este sector y nos parecía adecuada y necesaria su regulación.
No era posible hacerlo con las figuras actuales que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Existe el derecho de propiedad, el contrato de arrendamiento, el derecho de habitación, pero es cierto que esta nueva figura tenía una serie de peculiaridades que no podían ubicarse dentro de aquellas otras. Por eso y sobre la base de las grandes inversiones que se están produciendo y de que es un instrumento útil para el crecimiento de la industria turística, la principal industria en España, nos ha parecido adecuado fijar un marco jurídico completo, estable y coherente con el contenido de este derecho.
Por todo ello -y así lo han dicho los anteriores intervinientes-, el Gobierno presenta el proyecto de ley no sólo instado por la Directiva 94/47, en la cual se recogían unos requisitos mínimos por una serie de controversias que se presentan por la falta de tratamiento legal de esta figura, sino también porque nos parecía adecuado ir un poco más allá. Yo creo que el Gobierno ha sido valiente en su regulación.
Se plantea la problemática del nombre, la lengua, la lejanía que se produce entre quien adquiere el derecho y donde están ubicados los bienes inmuebles; en fin, entre la práctica que se estaba produciendo desde hacía años en este sector y lo que era la regulación del mismo.
No podemos olvidar que es un sistema anglosajón para aplicar en un ordenamiento jurídico latino y, por tanto, había que darle una cobertura legal, protegiendo por supuesto al consumidor y al usuario -como así se ha hecho y también se ha dicho-, pero al mismo tiempo no encorsetando excesivamente al sector.
El texto resultante creo que tiene un alto grado de calidad legislativa. Todos los intervinientes en el debate, desde posturas opuestas -el mismo señor Gómez lo decía e incluso ha mantenido siempre el contenido de sus intervenciones respecto al nomen iuris-, hemos llegado a unos acuerdos que han dado lugar a un texto en donde se une la protección de usuarios y consumidores y se le da una respuesta al sector empresarial. Solamente queremos recordar que respecto a la denominación, que ha sido tan citada por otros representantes de los grupos parlamentarios, seguimos manteniendo la de derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, porque creemos que es la más genérica, la más adecuada, la más descriptiva y la que no da lugar a confusión alguna en el consumidor final y porque en la propia regulación recoge todas las características de este nuevo derecho. Por tanto, aparte de recoger otras opciones, como ha sido la posibilidad de considerarlo como un derecho real limitado, puesto que tiene una duración de 50 años, o como un derecho personal, o hacer una mención especial -no nos podemos olvidar de la empresa de servicios tan esencial para que funcione este régimen-, hay que felicitar al Gobierno por este texto. Creo que tenemos una nueva figura turística con una completa regulación. La participación en el debate de los componentes de todos los grupos parlamentarios nos hace reconciliarnos con laactividad parlamentaria. Efectivamente, se han introducido

Página 10786


117 enmiendas en el Congreso y 19 en el Senado, lo que ya de por sí da idea de que este texto ha sido fruto de arduas negociaciones y de un gran acercamiento, que estoy convencida que para todos ha sido gratificante y enriquecedor.
Desde luego, desde aquí quiero felicitar al señor Gómez, a la señora Uría, al señor Guardans, al señor Centella y al señor Sáenz Cosculluela, porque han demostrado y además en sus intervenciones así se ha visto que son unos dignos parlamentarios, unos excelentes juristas y unos grandes defensores de sus ideas, pero al final lo que interesaba era regular y dar solución a unos problemas del sector, y creo que el fruto ha valido la pena y que va a ser para el bien de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.


- PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939.
(Número de expediente 121/000098.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley que figura con el número 51 del orden del día, referido a la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
¿Grupos parlamentarios que desean participar en el debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente las dos enmiendas que vienen del Senado a este proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período de la guerra civil española, 1936-1939. En primer lugar, la enmienda que está dirigida al artículo 3 introduce una serie de matizaciones, incluso de mejor ordenamiento de su texto, respecto al registro que hubieran tenido los partidos políticos que hubieran reconstituido o no su personalidad jurídica después de la Ley de 1978, que vino a instaurar en la transición el reconocimiento democrático a la libertad de asociación política y, por tanto, la constitución de los partidos políticos, de aquellos que habían estado ya presentes en la vida activa en los años encausados, 1936-1939, y que habían aparecido otra vez al aire de libertad de la democracia instaurada a partir de 1976.
En cuanto a la segunda enmienda, que trae una disposición adicional nueva que no figuraba en el texto que salió en su momento de este Congreso de los Diputados camino del Senado, la vamos a apoyar porque creemos que es el reconocimiento explícito de una cuestión de seguridad jurídica bien matizada, es decir, de aquellos casos en que deben ser objeto de una compensación los beneficiarios que se establecen en el artículo 3 de este proyecto de ley, en dos variantes: primera, por una privación definitiva que estuviera -y esto es importante- fehacientemente acreditada, es decir, un principio de normativa jurídica, para el uso y disfrute de bienes inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios, y, segunda, por la incautación, también fehacientemente acreditada, en cuestión de saldos en efectivo de cuentas corrientes y depósitos bancarios y financieros que estuvieran legalmente autorizados en la legislación de la entonces República española.
Por estas razones y por entender que las enmiendas perfeccionan nuestro texto, contribuyen a la seguridad jurídica y especifican con singularidades explícitas la casuística correspondiente a las compensaciones habidas y debidas, mi grupo, como he dicho, señor presidente, votará afirmativamente este proyecto de ley, que es uno de los últimos pasos en la normalización del reconocimiento de un derecho político histórico en un Estado democrático de derecho como el que actualmente ampara, afortunadamente, la Constitución española.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri Miranda.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Es un motivo de satisfacción para este grupo parlamentario vivir hoy el momento final de la tramitación de este proyecto de ley de devolución de los bienes incautados tras la guerra civil, dado que, como conocen SS.SS., en la negociación previa a la investidura del presidente Aznar fue este uno de los temas acordados entre el Grupo Popular y el Grupo del Partido Nacionalista Vasco para apoyar dicha investidura. Por ello, es motivo de satisfacción ver, cuando ha pasado ya el ecuador de la legislatura y tras arduos trámites y negociaciones, que estamos en condiciones de cumplir este punto del acuerdo de investidura entre el Grupo Popular y el Grupo Vasco. Es motivo de satisfacción comprobar que los acuerdos se cumplen y que los grupos parlamentarios están en condiciones de culminar aquello que en el inicio se firma y se suscribe; que, aunque tarde, de forma segura y transparente, sin ocultar absolutamente nada, los grupos parlamentarios son capaces de culminar estos procesos. De ahí la satisfacción que quiero manifestar, en primer lugar, al indicar que vamos a aceptar las enmiendas que el Senado nos remite en este trámite.


Página 10787


Quisiera significar también, con motivo del fin de los trabajos de este proyecto de ley, el grado de acercamiento y de buen ambiente que ha existido, tanto en la ponencia como en otros trámites en esta Cámara, en orden a establecer los contenidos de este proyecto de ley.
Muchas veces tanto la prensa como los medios de comunicación dan a entender que los pactos y acuerdos a los que se llega entre los grupos parlamentarios, entre el Gobierno y los distintos partidos, se establecen en aras a criterios o acuerdos que muchas veces se califican de secretos, de enfermizos o de contradictorios. Yo creo que es un proyecto de ley que pone en evidencia que se puede llegar a acuerdos en base a otros criterios y otras metodologías de trabajo y culminar los trabajos con toda dignidad, dando cierre, como en este caso, a un conflicto histórico que hacía que las gentes que habían conocido la incautación de estos bienes entendieran que estábamos viviendo, veintitantos años después del restablecimiento de la democracia, en unas condiciones en que todavía se podía decir que conocíamos un Estado ladrón, un Estado que mantenía entre sus propiedades una serie de bienes e inmuebles que no le correspondían.
Por ello siempre es bueno cerrar heridas históricas y neutralizar argumentos históricos, para poner las cosas en su sitio. De ahí la satisfacción de este grupo parlamentario al conocer hoy la finalización de los trámites y la aprobación de este proyecto de ley.
El proyecto de ley insta al Gobierno a que establezca un reglamento en el plazo de dos meses. Quisiera dejar constancia en el "Diario de Sesiones" de nuestra petición de que se fuese diligente en los tiempos establecidos en el propio proyecto de ley para que la ejecución de sus contenidos no sea una vez más un motivo de trifulcas y enredos entre los distintos grupos parlamentarios. Será discutible, señor presidente, si el ámbito objetivo o los ámbitos subjetivos que se recogen en este proyecto de ley son o no suficientes. Aunque todo el mundo siempre quisiera más en este orden de cosas y es difícil restituir en pura justicia, en su pulcritud, lo que son conflictos históricos tan enconados durante muchos años, entendemos que el Gobierno popular ha sido generoso en sus planteamientos; siempre se podrían haber abierto estos ámbitos objetivos y subjetivos, pero entendemos que estamos realizando un acto de justicia, simbólica si se quiere, pero también con la profundidad y la carga conceptual suficiente como para entender que si el reglamento se publica en el Boletín Oficial del Estado en el plazo establecido de dos meses y cada partido político puede demostrar la verdad de sus injusticias, nos encontraremos, señor presidente, en la tesitura de cerrar heridas históricas, lo que nos hará tener menos motivos para mirar al pasado y muchos más para mirar al futuro.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero expresar el triple motivo de satisfacción de mi grupo, en primer lugar por las enmiendas incorporadas por el Senado, que derivan, en un caso, de una transacción y, en otro caso literal, de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); en segundo lugar, porque la culminación de este proceso legislativo supone corregir de alguna manera, desde luego muy parcialmente, agravios históricos de aquello que se produjo en virtud de una guerra no ya civil sino absolutamente incivil y además, por la fecha de las disposiciones en que se consolidó -no sólo 1936-1939, sino también 1942 y 1943-, de lo que pudiéramos llamar también una posguerra absolutamente incivil. El tercer motivo de satisfacción viene dado porque uno de los partidos integrantes de la coalición de Convergència i Unió, al que me honro en pertenecer, Unió Democràtica de Catalunya, aparecía citado nominalmente en el artículo 2 de la Ley de 9 de febrero de 1939, estableciendo que quedaba, como tantos otros partidos, fuera de la ley y declarando la responsabilidad política de las personas físicas o jurídicas que lo integraban, y en la medida en que desde este punto de vista se convierte Unió Democràtica de Catalunya en un beneficiario de los efectos de esta ley, debo manifestar, como decía, esa satisfacción.
Para terminar cabe decir, en primer lugar, que si bien son todos los que están, no están todos los que son. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos partidos o fuerzas políticas han desaparecido por el camino, como no podía ser quizá de otra manera, en esos más de 50 años, desde la Ley de 1936, por mor de las dificultades de la clandestinidad, de la represión de la dictadura y de los propios avatares históricos. Los partidos que seremos beneficiarios de esta ley no queremos mirar - al menos Unió Democràtica de Catalunya no quiere hacerlo- por encima del hombro a ninguno de los restantes partidos, empezando por nuestro socio de coalición, Convergència Democràtica de Catalunya -pero hay más-, que por diversos avatares o circunstancias no son destinatarios de esta ley, pero cuyo carácter democrático no puede ignorarse en modo alguno.
En segundo lugar, como ya se ha manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y creo recordar que también por el portavoz de Coalición Canaria, esta ley no deja de tener limitaciones subjetivas, porque no se aplica a todas las organizaciones, se aplica a partidos políticos, no a entidades de otra naturaleza. Tiene limitaciones objetivas, porque, como también se ha dicho, no afecta a bienes muebles, y al final la extensión a cuentas corrientes o a derechos de arrendamiento ha tenido que introducirse mediante enmiendas en el Senado. Incluso tiene limitaciones cuantitativas, como consta en la disposición adicional, con ese tope de los 500 millones de pesetas.
Sin embargo, estos límites, subjetivos, objetivos o cuantitativos, entendemos que no desmerecen en modo alguno el espíritu, la filosofía y los efectos de la propia ley, que tiene por

Página 10788


finalidad reparar lo que ha sido una auténtica injusticia histórica, injusticia que por su magnitud deviene irreparable en todos su términos, como cualquiera estará en condiciones de aceptar.
Por lo tanto, votaremos a favor de las enmiendas del Senado y manifestamos de nuevo la satisfacción porque en un acto público, en el Pleno del Congreso de los Diputados, pueda ponerse fin a este procedimiento legislativo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo va a apoyar las enmiendas aprobadas en el Senado, entendiendo que hay que hacer una valoración de conjunto de este proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, en el sentido de que es una ley que de alguna manera permite recuperar por completo la legitimidad a aquellos partidos y a aquellas instituciones afines que se vieron traumáticamente afectados por nuestra guerra civil.
Esta ley tiene mucho de simbólica, más que de restitución objetiva, como ya se ha dicho en intervenciones anteriores, puesto que es casi imposible evaluar todas las consecuencias que tuvo no solamente en bienes materiales sino en la pérdida de vidas humanas por causa de la guerra. Nos hubiera gustado que esta ley llevara el apoyo de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, seguimos pensando que todavía deja un margen suficiente para la reflexión, entendiendo que hay algunos temas que quedan bastante abiertos. En aquella época era difícil delimitar las fronteras entre el partido político en sí y las organizaciones afines, participadas por el partido o en las que había todo tipo de actividades, desde cooperativas a agrupaciones de apoyo, etcétera. Es muy difícil desligarlo de la actividad de los partidos políticos. Por lo tanto, creemos que quizá con un poco más de tiempo hubiera sido posible alcanzar este consenso.
Por otro lado, hay una serie de bienes que probablemente son más fáciles de identificar, como son los patrimoniales, los inmuebles, los edificios ocupados en aquel momento por los partidos políticos y de los cuales fueron desalojados en aplicación de las leyes subsiguientes y, por los efectos de la guerra civil, con dificultades, porque en muchos casos han desaparecido las inscripciones registrales o eran compartidos con otras organizaciones, pero en las disposiciones adicionales que se introducen creemos correcto incluir el concepto, aunque es más subjetivo, de restitución, por ejemplo, de la pérdida de derechos por locales alquilados.
Sin embargo, en cuanto a las cuentas corrientes sí que estamos relativamente insatisfechos, porque entendemos que es una referencia muy objetiva. En el Boletín Oficial del Estado de la época, de los años cuarenta, está publicada la relación, una por una, de todas las cuentas incautadas, con los titulares de las mismas. Por tanto, es sencillísimo, por lo menos en una parte importante de las mismas, conocer objetivamente quiénes eran sus titulares y cuáles eran las cuantías de estos bienes. Incluso analizando las actas de incautación hay datos muy claros; hay actas en las que figuran cantidades en metálico incautadas por los propios intervinientes en la incautación, algunas muy significativas. Por tanto, creemos que ese tope que se impone de 500 millones es demasiado limitativo. Nosotros creemos que, en su momento, a la vista de la documentación aportada, habrá que reflexionar sobre ese límite, que probablemente no es a nuestra fuerza política a quien más va a afectar; según nuestra primera evaluación va a estar muy cerca del mismo, pero creemos que puede cometerse una injusticia limitando a partidos que en aquel momento eran más importantes cuantitativamente, y en ese caso puede haber un problema de objetividad que no es comparable a los daños causados por la cuestión de los alquileres.
En consecuencia, creo que es necesario insistir en que se cumplan los plazos, es decir, que el reglamento salga cuanto antes, y, al mismo tiempo, que en la elaboración de ese reglamento haya una participación de todas las fuerzas políticas afectadas, precisamente para poder aclarar y matizar cosas que la propia ley ya contempla en el artículo 1, cuando habla, por ejemplo, de restitución a los partidos políticos de bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial pertenecientes a personas jurídicas a ellos vinculadas.
Pienso que aquí también hay una zona de discusión.
Nosotros tampoco queríamos entrar en una polémica eterna, donde no fuéramos capaces de acotar en el tiempo la discusión, y por ello vamos a votar favorablemente estas enmiendas, planteando que de alguna manera debemos estar presentes o, al menos, tener la oportunidad de discutir el reglamento y ver cómo se puede favorecer por la propia Administración -y en el espíritu de la ley queda, pero luego hay dificultades objetivas- tanto el acceso a los archivos históricos como a los datos que, por ejemplo, el propio Banco de España podría facilitar para precisamente poder garantizar la documentación que avale la objetividad para luego presentar las subsiguientes reclamaciones. Creemos importante que esto se cumpla y, después, en una primera evaluación, cuando esté el reglamento, que entre todos pudiéramos determinar si a lo mejor hay que hacer una pequeña reforma que pudiera cubrir los objetivos de todos los partidos, sabiendo que siempre serán limitados y que nunca se podrá restituir en su integridad todo lo que fue incautado de manera violenta.
Esta es la reflexión que queríamos hacer aquí y, por tanto, nuestro grupo va a apoyar este proyecto de ley y espero que en el camino que queda, que no es poco -lo de hoy es el primer paso-, nos podamos volver aencontrar todos.


Página 10789


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, las enmiendas que hoy analizamos, en el caso de que fueran aprobadas, formarían parte de una ley que debería haber merecido una especial atención e interés por parte de esta Cámara. A fin de cuentas, cuando esta ley entre en vigor quedarán derogados algunos de los aspectos ocasionados por la aplicación violenta y forzada de la Ley de responsabilidades políticas de 1939.
No descubro nada a SS.SS. si les digo que pese a lo significativo de este proyecto de ley, pasa entre nosotros con más pena que gloria. En torno a él, desde el primer momento, surgió o nos surgió a nosotros una duda. ¿Qué se pretendía con él? ¿Se quería llevar a cabo la justa devolución de un patrimonio incautado a los vencidos por los vencedores en un momento aciago de la historia de España, en un momento en el que la guerra ocupó el lugar de la política, o, por el contrario, nos hallábamos ante un texto sectario y oportunista destinado a apuntalar una estrecha mayoría parlamentaria? Sería la justeza de los criterios que se emplearan para realizar la aplicación y administración de tal reparación la que permitiría inclinar la valoración y el sentido que a cada grupo parlamentario le merecería este proyecto de ley.
Desde el primer momento dijimos que haciendo honor a la verdad histórica, la incautación supuso la pérdida absoluta de unos derechos junto con la pérdida total de los bienes inherentes a los mismos. Así lo estableció la Ley de responsabilidades políticas, determinando que los bienes y los derechos pasarían a formar parte íntegramente de la propiedad del Estado. Los tribunales de incautación, al efectuar a los partidos políticos disueltos la requisa de sus bienes, de los que eran propietarios, no hicieron distinción alguna. Hay un hecho que queremos señalar y es que la discriminación que esta norma establece según la naturaleza de los bienes y que se extiende a los afectados por el expolio no figuró entre los procedimientos empleados por los vencedores. Tampoco se respetó el espacio político y social que a través de una compleja, diversificada, sofisticada y perseverante red polifuncional de relaciones económicas, culturales, de protección y de bienestar social había ido creándose para dar respuestas a las necesidades de los trabajadores. Convendría destacar que hasta aquel entonces los poderes públicos habían ignorado a parte significativa de la sociedad española, por lo que quienes padecían esta injusta situación llevaban más de medio siglo creando su propia sociabilidad.
Cuando han pasado más de 60 años de tan dramáticos sucesos, la devolución a las formaciones políticas disueltas por la dictadura de aquello que se les arrebató por la fuerza resulta una tarea tan justa como compleja. Para hacer frente a este hecho, los partidos políticos habrán de desarrollar un esfuerzo considerable destinado a localizar y acreditar la titularidad de los bienes y derechos que reclaman. Pese a esas dificultades, ese ha sido el planteamiento que hemos defendido. Apoyamos la necesidad de que se parta del principio documentario, ya que es el procedimiento en virtud del cual ninguno de los beneficiados por esta norma podrá reclamar algo de lo que no fuera titular en aquel entonces. Además, consideramos que resulta imprescindible objetivar el procedimiento dotándolo de la máxima seguridad jurídica. Los criterios debían ser claros, transparentes y públicos, con el fin de que se evitaran conflictos y discriminaciones entre quienes se consideran acreedores a la restitución. En tal sentido, propusimos la creación de una comisión consultiva que emitiera dictámenes sobre aquellos bienes en torno a cuya titularidad pudieran plantearse dudas. Desde nuestro punto de vista, en una norma que se promulga para reparar nada más y nada menos que una parte de los hechos ocurridos durante la guerra civil, la justicia exige la máxima pulcritud. Habría de actuarse impidiendo que se hicieran distinciones arbitrarias a la hora de asignar derechos, porque creíamos que actuando en sentido contrario pudiera ocurrir que, enfrentándonos a periodos recientes de nuestra historia, volviéramos a abrir viejas heridas.
Cuando este proyecto llega a su último trámite parlamentario hemos de manifestar que su contenido, incluida la disposición adicional incorporada por el Senado, da al traste con la pretendida restitución. Este proyecto, pese a lo que manifieste la exposición de motivos, no va a poder restaurar situaciones jurídicas ilegalmente afectadas por decisiones adoptadas al amparo de una normativa injusta. Es, desde nuestro punto de vista, un proyecto engañoso. Si lo analizamos desde el prisma de los beneficiarios, se observa que la devolución no alcanza a todas cuantas entidades, agrupaciones y partidos fueron declarados fuera de la ley. La discriminación llega a los propios elementos expoliados. La incautación distingue entre bienes muebles e inmuebles, pero en la realidad se incautó todo cuanto se encontraba vinculado a los partidos políticos de los derrotados y al entramado social conectado con ellos. Esta doble discriminación que hemos tratado de corregir es la que ha fundamentado las dudas que teníamos cuando se inició la tramitación parlamentaria.
La disposición adicional incorporada en el Senado es un claro exponente del espíritu del proyecto: es paradigmática, es identificativa ya que sitúa en las exclusivas manos de la Administración la decisión sobre la existencia o no de unos derechos.
Es más, huérfano el proyecto de elementos de transparencia, de control y de resolución de conflictos, la excepcionalidad que establece posibilita que la restitución, en lugar de tener que demostrarse, termine simplemente por decretarse. En pocas ocasiones, señorías, podría evidenciarse el

Página 10790


talante arbitrario de una disposición que a nosotros nos produce escándalo, aunque se sostenga a pies juntillas.
Respecto a la limitación cuantitativa incorporada en el punto 2 de la misma, hemos de manifestar que a lo largo de los sucesivos debates, tanto en el Congreso como en el Senado, reiteramos hasta la saciedad que en modo alguno nos acercábamos a esta restitución con un planteamiento cuantitativo. En tan prosaica cuestión hemos sido extremadamente cautelosos, no en vano la guerra civil desencadenó una serie extraordinaria de crueldades que conmovieron a este pueblo. El derecho quedó postrado y la libertad conculcada. Muchos españoles perdieron su hogar y con él la familiaridad de la vida cotidiana.
Perdieron su profesión y con ella la posibilidad de ser útiles en este mundo. Horrorizados por la escasa reverencia hacia la vida, vieron cómo sus familias eran encarceladas cuando no asesinadas, con lo que su existencia experimentó una profunda quiebra.
Conscientes de todos estos hechos, otros gobiernos democráticos, en momentos más difíciles y complejos, trataron de restaurar en la medida de lo posible los derechos morales, y gracias a ello los españoles están hoy liberados del peso del pasado, han borrado las arrugas que en sus rostros habían esculpido tantas confrontaciones fratricidas, han superado una existencia enclaustrada, por lo que su entorno inmediato ya no es local sino digital; han dejado de estar vinculados a un territorio para estar conectados a una red.
Quienes hace 20 años posibilitaron esa evolución pusieron fin al dominio del resentimiento, generaron una relación de confianza, no tuvieron dudas. Por razones de justicia, decidieron ampliar el ámbito de lealtad de las leyes en lugar de contraerlo y reducirlo. Por ello encontraron apoyos amplios y generosos entre todos los españoles. Por el valor que ello tiene para mi grupo, no quisiera dejar de recordar el comportamiento de los viejos republicanos y de los viejos socialistas (Un señor diputado: ¡Muy bien!), ya fueran creyentes, ateos o masones, quienes, olvidando lo mucho que habían padecido, en un noble ejercicio de generosidad histórica renunciaron a preguntar a otros sobre su biografía anterior. En este momento se considera que es de justicia pretender restablecer también los derechos incautados.
Estamos de acuerdo en ello, pero no es menos cierto que semejante planteamiento tropieza con el contenido de esta ley. Nunca se dirá mejor aquello de que manca finezza.
Desde nuestro punto de vista, nos encontramos ante una norma estrecha, de corto recorrido, que no va más allá del propósito de apuntalar una mayoría parlamentaria. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden porque tienen mayoría para ello. Ahora bien, tal como lo han hecho, hemos de decir que no han sido capaces de superar su propio vértigo.
Ante ese riesgo decidieron poner fin a las actitudes prudentes, tolerantes, constructivas e integradoras que en la sociedad española han venido desarrollándose en todas cuantas ocasiones se ha tratado de las cuestiones relativas a la guerra civil. Es la primera vez que se aborda un problema de esta entidad desde el sectarismo. Si todo lo anterior no fuera grave, los patrocinadores del proyecto se han negado a dar cuenta a esta Cámara de los resultados de su aplicación, actitud premonitoria con la que se evidencia el escaso respeto que su aplicación tendrá hacia la verdad histórica. Seguramente nos hallamos en algo muy próximo a una ley sanción hacia una formación política.
Señorías, hoy la desconfianza está plenamente instalada en la política española. Leyes como ésta, disposiciones como la que se somete a votación ni la reparan ni la restituyen, sólo la acentúan y la acrecientan. Por eso nos oponemos a ella.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, señorías, quiero empezar mis palabras, por el impacto que han podido causar las afirmaciones vertidas por el ilustre portavoz del Grupo Socialista, señor Fernández Marugán, diciéndole que nuestro grupo comparte absolutamente todas cuantas afirmaciones ha realizado respecto al sufrimiento histórico de quienes en un momento de la tragedia nacional fueron los vencidos, que nosotros reconocemos ese sufrimiento y que precisamente hace veinte años el conjunto de los españoles nos dimos una Constitución, que por algo le llamamos la Constitución de la concordia, entre otras razones para tratar de evitar que esos sufrimientos pudieran volver a reproducirse.
Oyendo las palabras del señor Fernández Marugán tendríamos que concluir que ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de reparación de agravios históricos no está presente en esta ley. Ahí tengo que lamentar que el Partido Socialista se haya quedado radicalmente solo. Los sufrimientos invocados por el señor Fernández Marugán los tuvieron también quienes están en otras formaciones políticas, como el Partido Nacionalista Vasco o las que integran Izquierda Unida, y, sin embargo, esas formaciones políticas consideran que esta ley es un gesto de reparación histórica. Partimos de un hecho que es incuestionable e incontrovertible: que el dinero jamás puede pagar el sufrimiento. Podremos tratar de compensar, pero el dinero nunca puede acabar con el sufrimiento. ¿De qué estamos tratando, señorías? Estamos tratando de la Ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936/1939. De eso estamos tratando, no de los sufrimientos globales del pueblo español, de un bando o de otro, de la guerra civil. Estamos hablando de la restitución a unos partidos políticos que en un momento determinado fueron ilegalmente expoliados de su patrimonio como consecuencia de una normativa sobre responsabilidades políticas, entre comillas.


Página 10791


Pues bien, nada de lo que dice el señor Fernández Marugán para justificar su oposición a este proyecto tiene consistencia. En primer lugar, porque es una ley -yo me congratulo de ello- fruto de una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, que converge con el Partido Popular en el momento de los acuerdos de investidura. Primera consideración: fue un pacto político público. Todos los españoles y esta Cámara supieron que el Gobierno popular se había comprometido a impulsar un proyecto de ley en esta dirección. No creo que eso sea censurable, no creo que eso sea engañar, no creo que sea una actitud irresponsable. Eso es simplemente tratar en un acuerdo político de una cuestión que ustedes, los socialistas, habían tenido trece años para resolver y que, por las razones que sea, no quisieron o no pudieron hacerlo.
No se me diga -porque lo he leído, no lo ha dicho aquí el señor Fernández Marugán- que esa norma del Gobierno socialista hubiera significado algo así como una ley en la que los socialistas se erigían como jueces y parte. No se esgrima ese argumento porque no sirve, entre otras razones, porque ustedes mismos, en 1986, hicieron una ley de devolución del patrimonio sindical a la UGT y, que yo sepa -si no estoy equivocado-, en aquella época el tesorero de la UGT coincidía con el del Partido Socialista -si no es así, rectifico-. En cualquier caso, es bien sabido que alguna vinculación hay entre la UGT y el Partido Socialista, que las motivaciones eran exactamente las mismas, y que era un gobierno socialista el que estaba propiciando la devolución del patrimonio encauzado a una organización sindical que, por lo menos en sus orígenes, se decía socialista.
No es verdad que esta ley sea fruto del sectarismo. Es muy fuerte, señor Fernández Marugán, imputar al Partido Nacionalista Vasco, a Unión Democrática de Cataluña dentro de Convergència i Unió, a Izquierda Unida y a Coalición Canaria de sectarismo; es muy fuerte lo que usted acaba de decir. Parece que aquí todos nos hemos puesto de acuerdo para apuntillar al Partido Socialista. Yo no quiero hacer juicios de intención - usted los ha hecho sobre qué es lo que buscaba el Partido Popular cuando acuerda poner en marcha este proyecto de ley-, pero no quiero pensar que tal vez sea consecuencia de que en el pasado el Partido Socialista no tenía un patrimonio inmobiliario muy importante; tal vez sea esa la causa.
Si de lo que se trata es de los bienes muebles, me llamó la atención cómo en una incautación de un partido de Izquierda Republicana, concretamente, en Gàtova, se incluyen entres los bienes muebles -que están excluidos de esta ley- bienes tales como: 87 sillas, tres inservibles; ocho mesas útiles, dos inútiles; tres veladeros; tres perchas: una pizarra; una cafetera; un reloj; nueve marcos; un radiogramola; 29 copas de café; 30 platos; 10 cucharillas; 14 copas metadillas; una estufa; dos altavoces inservibles... Estos son, señor Fernández Marugán, los bienes muebles que quedan excluidos de esta ley, porque es imposible, entre otras cosas porque ya no son propiedad del Estado. ¿De qué se trata? De que aquellos bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial, que están en la propiedad del Estado como consecuencia de la incautación, se devuelvan a sus legítimos propietarios. Y si no es posible devolver los bienes porque están afectos al servicio público, optar por la indemnización. Esto es lo que persigue la ley y esto es lo que no puede ser calificado ni como sectarismo ni como visión estrecha ni como negación a la Cámara de las consecuencias de la misma ni como ley sanción. Eso está muy bien para un mitin, pero no para esgrimirlo ante una Cámara que trabaja con rigor, seriedad y responsabilidad.
Estas dos enmiendas del Senado -en el fondo esta es la discusión que tenemos que tener aquí en este momento: si aceptamos o rechazamos las enmiendas- perfeccionan la ley, texto donde hicimos un enorme esfuerzo de consenso. Es verdad que al final no conseguimos convencer al Partido Socialista, pero el consenso amplísimo alcanzado por esta Cámara demuestra que la minoría está equivocada, radicalmente equivocada. Permítame decirle, señor Fernández Marugán, que ustedes -la minoría que son ustedes en este momento- se han quedado solos, ustedes son los equivocados. Tal vez admitan la posibilidad de que están en el error, que el error no es de la mayoría, aunque legítimamente tengamos el derecho a equivocarnos porque hemos conformado la mayoría. En cualquier caso, admítame que ustedes están en el error.
Solamente he escuchado dos argumentos en su intervención para descalificar el proyecto de ley. Uno, que no hay una comisión de expertos para evaluar los expedientes que puedan solicitarse por los partidos políticos. En la Ley de 1986 ustedes no introdujeron ninguna comisión de expertos y estábamos tratando de la misma cuestión, porque es lo mismo devolverle a la UGT un bien inmueble que devolverle al Partido Nacionalista Vasco un bien inmueble. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, en esa ley ustedes no previeron la existencia de una comisión de expertos. Por cierto, comisión de expertos consultiva a la que ustedes pretenden hacer vinculante, lo cual es una especie de contradicción, pero es igual. Lo importante es que no nos parece necesaria dicha comisión de expertos. L o s partidos políticos, desde 1995 en que se viene hablando de este asunto, ya han sido diligentes, como supongo habrá sido diligente el Partido Socialista para hacer una investigación de todos esos bienes a efectos de prueba después.
El otro argumento es la falta de transparencia. Aunque la frase no la ha dicho en esta tribuna sino en la prensa -por lo menos a él se la atribuyen-, preguntaba el señor Fernández Marugán cómo es posible aprobar esa ley que introduce una inseguridad jurídica cuando no le reconocemos ninguna legitimidad a la Dirección General de Patrimonio para medir los derechos históricos de los socialistas. Señor Fernández Marugán, la Dirección General de Patrimonio es un organismo de la Administración que actúa con respeto a la ley, con respeto a esta ley; que le dice, además,

Página 10792


que los expedientes deberán ir acompañados de todos los medios de prueba que el interesado haya considerado necesarios para argumentar en favor de su derecho, incluso las comisiones de expertos que el Partido Socialista pueda allegar en el caso de que tenga duda sobre la titularidad de algún bien. Eso, señor Fernández Marugán es una actuación administrativa llena de todas las garantías jurídicas del Estado de derecho que, si no estuvieran de acuerdo en la resolución, podrían ser residenciadas ante la jurisdicción contencioso- administrativa. No es cierto tampoco que se oculte a esta Cámara el resultado de esa función de restitución, entre otras razones porque el control parlamentario -y existen instrumentos más que suficientes en el Reglamento- permite que el Gobierno tenga que dar cuenta exhaustiva de cómo ha cumplido la función reparadora, de cómo y a quién ha concedido la satisfacción de sus demandas, de cómo y por qué no ha concedido otras demandas, de cuál es la cuantía que ha concedido. Todo eso vendrá a esta Cámara si el Grupo Parlamentario Socialista o cualquier otro grupo de la Cámara, invocando el Reglamento de la misma, llega a exigirlo. Y, además, está también la fiscalización, como no puede ser de otra manera, del propio Tribunal de Cuentas.
A la vista de todas estas argumentaciones, señor presidente, señorías, es muy difícil comprender cuáles son las verdaderas razones que avalan al Partido Socialista para oponerse a este proyecto de ley, que puede no ser un proyecto de ley absoluto porque es que es muy difícil. El propio señor Fernández Marugán ha utilizado una expresión de enorme complejidad: han transcurrido más de 60 años.
Evidentemente, eso son dificultades. ¿Qué ha hecho el legislador ante esas dificultades? Lo que ha hecho el Gobierno, de acuerdo con los grupos parlamentarios, la inmensa mayoría de ellos, ha sido decir bienes inmuebles, bienes de contenido patrimonial, arrendamientos extinguidos como consecuencia de las incautaciones o de la aplicación de la normativa y cuentas corrientes. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Se me podrá decir -puedo admitir la observación del señor Santiso- que 500 millones de pesetas tal vez no sean suficientes. No creo que, si algún partido político justificara fehacientemente los saldos que tenía en ese momento el Gobierno, el Gobierno de turno no tratara de buscar una solución puesto que eso, evidentemente, entra dentro del espíritu de justicia que preside esta ley. Yo creo que no habría dificultad para, en ese caso concreto, replantear la cuestión si fuera necesario.
Señorías, yo lamento que el Partido Socialista no se haya sumado en esta ocasión a esta importantísima ley que culmina una serie de disposiciones reparadoras, como fue la amnistía, el reconocimiento de los derechos al ejército republicano o la devolución del patrimonio sindical incautado en virtud de la Ley de 1986.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Del Burgo, le ruego vaya concluyendo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Termino ya.
El Gobierno y el Grupo Popular se congratulan de que finalmente estemos a punto de superar las consecuencias ilegítimas en lo que se refiere a los partidos políticos. Precisamente por su trascendencia en la formación de la voluntad popular y, por otra parte, como expresión del pluralismo político, estamos satisfechos de que, al final, esas consecuencias ilegítimas de aquella gran tragedia puedan ser reparadas. El que esta reparación histórica se produzca precisamente a los 20 años de la Constitución de la concordia demuestra que el espíritu de reconciliación que la inspiró sigue vivo entre nosotros en beneficio de la convivencia en paz y en libertad de todos los españoles.
Muchas gracias. (El señor Fernández Marugán pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Del Burgo. ¿Señor Fernández Marugán, a qué efectos solicita la palabra?

El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: No es que me sienta, es que he sido sistemáticamente aludido por el señor Del Burgo con mis apellidos a lo largo de toda su intervención para contradecir mis argumentos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández Marugán, S.S. ha intervenido en el debate como ponente de su grupo y es lógico que haya sido mencionado, por lo que no puedo considerarlo como alusiones. Si se ha establecido alguna contradicción, S.S.
dispone de tres minutos para aclararla, rogándole que no se exceda de ese tiempo.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Del Burgo, yo he dicho y mantengo que este proyecto de ley se parece bastante a un proyecto de ley sanción. Lo digo porque ustedes no han querido compatibilizar la verdad histórica con la jurídica y, al no haber querido hacerlo, nos hemos encontrado en una situación que va a producir de hecho profundas discriminaciones.
Toda la operación que se ha hecho con este proyecto de ley parte de un planteamiento que, en mi opinión, es equivocado. El arte del disimulo en modo alguno puede caer en manos del vicio -y permítame que se lo diga en lo más leve del castellano- de la hipocresía. Esta es una ley de fuerte contenido ideológico, esta es una ley a través de la cual ustedes se quieren constituir en adalides de una norma en la que no creen y, como consecuencia de ello, tengo que decirle dos cosas: que la política vale lo que valen las alternativas. Nosotros tuvimos pudor y en consecuencia no hicimos una norma de la cual pudiéramos beneficiarnos, entre otras cosas porque éramos conscientes de que ustedes armarían una gran algarabía. A nuestro pudor, señoría, ustedes le han contrapuesto una impudicia. Eso es todo lo

Página 10793


que tenemos que decir en cuanto al planteamiento que usted ha hecho en la mañana de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor Del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Voy a ser breve.
Como no ha expuesto argumentos más sólidos, seguimos sin entender cuál es la posición del Partido Socialista. Usted está en su derecho de decir que practicamos el arte del disimulo; está en su derecho de decir que somos hipócritas -se lo admitimos, señor Fernández Marugán; que no queremos que se compagine la verdad histórica con la verdad jurídica. Señor Fernández Marugán, todo eso no son más que frases huecas, frases demagógicas, frases sin contenido, frases sin argumentación. Aquí estamos hablando de una ley, de una norma, del derecho, en función de una decisión política, que es superar los agravios históricos, las injusticias históricas. La inmensa mayoría de la Cámara ha dicho que esta es una ley acertada. Señores del Partido Socialista, demuestren que efectivamente en este asunto no quieren divorciarse del sentir del conjunto de la Cámara, que es, por tanto, de la inmensa mayoría de los españoles. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Del Burgo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado a los proyectos de ley que se han debatido hasta este momento.
Comenzamos por las enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias.
Se someten a votación, en primer lugar, las enmiendas al artículo 7.
n), 16.3, 23.3 apartados d) y e), 46.1.3.ob), disposición transitoria decimotercera, disposición derogatoria y preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 167; en contra, uno; abstenciones, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos a votar las correspondientes a los artículos 26.1, 40.3 apartados 2.o y 3.o, 40.4, 44.1 apartado 1.o,a), artículo 55.1.1.o letras a), b) y c), artículo 70.2.4.o, artículo 71.1, artículo 79.2 párrafos a) b) y c), artículo 79 puntos 3, 4 y 9, artículo 84 puntos 2, 3 y 4, artículo 85.4, disposiciones adicionales segunda y decimosegunda, disposiciones transitorias cuarta y decimosegunda y disposiciones finales segunda y séptima.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 165; en contra, 131; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al artículo 7.ñ), artículo 18, artículo 39, artículo 55.4 apartado b), artículo 82 y disposiciones adicionales decimonovena, vigesimosegunda y vigesimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por unanimidad del Pleno.
Enmiendas al artículo 7 párrafo f), artículo 55.5 y artículo 56.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 306; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 16.2.a)4.a, artículo 17, artículo 35.1.n), artículo 65.c) y disposición adicional vigésima.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 165; en contra, 148; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas al artículo 16.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 300; en contra, 14; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Señorías, ruego que no utilicen inalámbricos dentro del hemiciclo y que desconecten tales artefactos, para que no interfieran en el sonido.
Enmiendas al artículo 81.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 177; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.


Página 10794


Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias.
Pasamos a las enmiendas que la Alta Cámara ha formulado al proyecto de ley del impuesto sobre la renta de los no residentes y normas tributarias, comenzando por las que se han formulado al artículo 30.4, a la disposición derogatoria única número 2 y a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 305; en contra, 13; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley citado.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 318; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos ahora al proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado al preámbulo, al apartado II y al párrafo sexto.


Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 303; en contra, 13; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votamos las restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas por unanimidad.
Pasamos al proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
Se realizará una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 184, En contra, 133; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, último de los que han podido debatirse con arreglo al criterio de la Junta de Portavoces. En consecuencia, con él termina el desarrollo del orden del día.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal