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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 202, de 10/12/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 202

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 196

celebrada el jueves, 10 de diciembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de

Excmos Sres. Diputados (número de registro 68451) . . . (Página 10881)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.


- Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 252, de 9 de octubre de 1998 (número de expediente 110/000212) . . . (Página 10882)

- Quinto Protocolo, anexo al Acuerdo General sobre el comercio de servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 253, de 14 de octubre de 1998 (número de expediente 110/ 000213) . . . (Página 10882)

Página 10876


Enmiendas del Senado

- Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 113-1, de 4 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000112) . . . (Página 10882)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 164-1, de 3 de marzo de 1998 (número de expediente 127/000006) . . . (Página 10886)

- Proyecto de Ley sobre introducción del euro. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 137-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000137) . . . (Página 10889)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley de Cooperativas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 125-1, de 27 de julio de 1998 (número de expediente 121/000124) . . . (Página 10896)

- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 175-1, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente 122/000154) . . .
(Página 10913)

- Proposición de Ley Orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 179-1, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente 122/000158) . . . (Página 10913)

- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 189-1, de 2 de abril de 1998. (Corrección de error en BOCG, número 189-2, de 3 de junio de 1998) (número de expediente 122/000167) . . . (Página 10913)

- Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 124-1, de 16 de julio de 1998 (número de expediente 121/000123) . . . (Página 10920)

Declaración institucional con ocasión del 50.o Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos . . . (Página 10929)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular.


- Reguladora del libro de texto para la enseñanza básica. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 180-1, de 20 de marzo de 1998 (número de expediente 120/000004). . . . (Página 10932)

Ampliación de plazo.


- Para la finalización de los trabajos de la subcomisión encargada del estudio del modelo policial (número de expediente 154/000012) . . . (Página 10941)

Solicitud de creación de Comisiones.


- Solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa al 50.o aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (número de expediente 158/000037) . . . (Página 10941)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley.


- Del Grupo Socialista del Congreso, para permitir el reconocimiento de la pensión de orfandad a todos los huérfanos que se encuentren dentro de los nuevos límites de edad establecido por la Ley 24/1997, de 16 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 156-1, de 13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000137) . . . (Página 10942)

Página 10877


Proposiciones no de Ley.


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 336, de 26 de octubre de 1998 (número de expediente 162/ 000283). . . (Página 10942)

- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 186, de 9 de octubre de 1998 (número de expediente 162/000165) . . . (Página 10950)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado

Se reanuda la sesión con carácter público.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 10882)

Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994 . . .
(Página 10882)

Quinto protocolo anexo al acuerdo general sobre el comercio de servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998 . . . (Página 10882)

Sometidos a votación los dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, son aprobados por asentimiento.


Enmiendas del Senado.. . . . (Página 10882)

Proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE . . . (Página 10882) En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria . . .
(Página 10886)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley sobre introducción del euro. . . . (Página 10889)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Debate de totalidad de convenios internacionales . . . (Página 10896)

Página 10878


El señor presidente comunica a la Cámara que no se entra en el debate de los puntos 37, por no encontrarse en condiciones de ser debatido, y 38 a 43, por no haberse presentado enmiendas.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 10896)

Proyecto de ley de cooperativas. . . . (Página 10896)

En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley de cooperativas el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Lo hace desde el conocimiento de las distintas posiciones de los grupos parlamentarios con respecto a este importante proyecto, según su opinión, y anticipa la voluntad del Gobierno de que prospere el consenso, pues entiende que muchas de las enmiendas que han sido presentadas, después del diálogo parlamentario, podrían incorporarse al texto. A continuación explica el contenido del proyecto de ley, resaltando la cada vez mayor relevancia que tiene para la economía y para la creación de empleo el sector de las cooperativas; la necesidad de renovación de sus estructuras y funcionamiento para que, de alguna forma, se aborden los desafíos económicos y empresariales del futuro; la voluntad de diálogo con las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo en lo que significan los ámbitos de aplicación del proyecto de ley; y la necesidad asimismo de incorporar a la legislación vigente del Estado los cambios producidos en la Unión Europea y en las comunidades autónomas.


En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Arnau Navarro, del Grupo Socialista del Congreso.


En turno en contra interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de réplica intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Arnau Navarro, duplicando el señor Azpiroz Villar.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales pide la palabra para agradecer las intervenciones de todos los grupos parlamentarios.


Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España . . . (Página 10913)

Proposición de ley orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes . . . (Página 10913)

Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España . . . (Página 10913)

En defensa de las tres enmiendas de totalidad planteadas por el Grupo Socialista del Congreso a los tres proyectos de ley, interviene la señora Fernández Sanz.


En turno en contra interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Replica la señora Fernández Sanz, duplicando el señor Campuzano i Canadés.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castellano i Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal supremo de 15 de abril de 1997 . . . (Página 10920)

En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). Expone que el presente proyecto de ley tiene por objeto el pago de las indemnizaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de

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abril de 1997, que condenó a uno de los funcionarios acusados, declarando a la Administración del Estado responsable civil subsidiaria. Explica que para la determinación de las cantidades a satisfacer se ha partido del importe global fijado en el auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 27 de febrero de 1998, en el que se fijaban los criterios para determinar las indemnizaciones a satisfacer a los damnificados, advirtiendo de la posible existencia de errores en el listado de perjudicados a los que se reconocía el derecho de ser indemnizados, por lo que ha sido necesario hacer algunas correcciones en la cantidad inicialmente fijada. De todas formas, añade, es preciso que el crédito extraordinario se consigne como ampliable ya que será preciso atender al pago de intereses cuyo montante no se puede saber con exactitud hasta el momento del pago.
Justifica la petición de crédito extraordinario por la inexistencia de crédito ordinario suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para atender el cumplimiento de la sentencia y se ampara en el artículo 43.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que establece las obligaciones de pago de la Hacienda Pública derivadas de sentencias judiciales firmes, así como en el artículo 45, del citado texto legal, que establece la obligación de pago de intereses en el caso de que en el plazo de tres meses no se hubiera realizado su cumplimiento, señalando finalmente que la financiación del crédito se realizará con deuda pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.


En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo intervienen el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican el señor Peralta Ortega y la señora Urán González, duplicando el señor Pascual Monzó.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Beviá Pastor, del Grupo Socialista del Congreso.


Declaración institucional conmemorativa de los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos . . . (Página 10929)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara una declaración institucional conmemorativa de los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es aprobada por asentimiento.


Votaciones . . . (Página 10930)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, que son aprobadas.


A continuación se someten a votación en un sólo acto las enmiendas del Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, que son aprobadas por 300 votos a favor y 13 abstenciones.


Votación de conjunto de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria . . . (Página 10930)

Al tener naturaleza de orgánica, se somete a votación de conjunto la propuesta antes mencionada, que es aprobada por 299 votos a favor, 13 en contra y una abstención.


A continuación se someten a votación las diversas enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre introducción del euro, que son aprobadas.


Votación de conjunto . . . (Página 10931)

Al haberse aprobado enmiendas del Senado a las disposiciones adicionales quinta y tercera, éstas quedan desglosadas en un proyecto de ley independiente que se somete a votación de conjunto por tener carácter orgánico, lo que se aprueba por 299 votos a favor y 14 abstenciones.


Votaciones de las enmiendas de totalidad a iniciativas legislativas .
. . (Página 10931)

A continuación se someten a votación conjuntamente las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley de cooperativas, presentadas por los grupos Mixto y Socialista, que son rechazadas por 130 votos a favor, 171 en contra y 13 abstenciones.


Asimismo se somete a votación la enmienda de totalidadde texto alternativo que el Grupo Socialista ha

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formulado a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que es rechazada por 124 votos a favor, 187 en contra y una abstención.


Sometida a votación igualmente la enmienda de totalidad de texto alternativo formulada por el Grupo Socialista a la proposición de ley orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes, es rechazada por 124 votos a favor, 188 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo, formulada por el Grupo Socialista a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, se rechaza por 124 votos a favor, 187 en contra y tres abstenciones.


Se procede por último a las votaciones de las enmiendas de totalidad de texto alternativo de los grupos Mixto e Izquierda Unida al proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, que son rechazadas.


Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular .
. . (Página 10932)

Reguladora del libro de texto para la enseñanza básica . . . (Página 10932)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Ramos y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Bayona Aznar, del Grupo Socialista del Congreso.


Interviene por alusiones la señora Gil i Miró, finalizando el turno de fijación de posiciones el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Ampliación de plazo para la finalización de los trabajos de la subcomisión encargada del estudio del modelo policial. . . . (Página 10941)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la concesión de una prórroga al plazo de finalización de los trabajos de la subcomisión encargada del estudio del modelo policial, lo que se aprueba por asentimiento.


Solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos . . . (Página 10941)

El señor presidente somete a la consideración de la Cámara, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que se aprueba por asentimiento.


A continuación se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular reguladora del libro de texto para la enseñanza básica, que es rechazada por 130 votos a favor, 161 en contra y una abstención.


Toma en consideración de proposiciones de ley. . . . (Página 10942)

Del Grupo Socialista del Congreso, para permitir el reconocimiento de la pensión de orfandad a todos los huérfanos que se encuentren dentro de los nuevos límites de edad establecidos por la Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social . . . (Página 10942)

La señora Fernández de la Vega Sanz interviene para anunciar en este acto la retirada de la proposición de ley presentada por su grupo.


Proposiciones no de ley . . . (Página 10942)

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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica . . . (Página 10942)

En nombre del Grupo Parlamentario Popular presenta la proposición no de ley la señora García-Alcañiz Calvo. Sus primeras palabras son de condena del crimen cometido en Madrid que ha quitado la vida a Aitor Zabaleta y de consuelo para sus familiares. A continuación explica el sentido que tiene la proposición no de ley de su grupo que no es otro que el de potenciar la educación como base de la autonomía de la persona y de la formación integral de la personalidad, para desarrollar los hábitos conductales de respeto y armonía en la convivencia del día a día, destacando la importancia de educar en la práctica habitual del diálogo, conjugando los verbos compartir y respetar, verbos que cada día deben adquirir mayor importancia.


En defensa de las enmiendas presentadas a esta iniciativa intervienen las señoras Cánovas Montalbán, del Grupo Socialista del Congreso, y Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene la señora García-Alcañiz Calvo.


Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo (Logse) . . . (Página 10950)

Defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso y la enmienda presentada por el mismo grupo la señora Díez de Baldeón.
Justifica la presentación de una enmienda a su propia proposición no de ley en la tardanza de su tramitación, puesto que hace casi año y medio que la iniciativa de su grupo fue presentada en el Registro de la Cámara, y en el grave incumplimiento del Gobierno ante un tema tan importante como es la realización del estudio correspondiente a la financiación de la Logse. Asimismo anuncia un próximo debate en el Pleno de la Cámara sobre la calidad e igualdad en la educación y su financiación, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno cumpla sus compromisos. Asegura que la aplicación de la Logse necesita de una financiación adicional para llevarla a cabo, lo que fue puesto de manifiesto por toda la comunidad educativa cuando hace ahora un año suscribió la declaración conjunta en favor de la educación, y así lo reclaman ahora los estudiantes y los padres de alumnos en sus últimas movilizaciones. Se extiende en la explicación del contenido de su proposición no de ley y termina su intervención leyendo el texto que presentan para la aprobación de la Cámara.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Amador Guillén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica, en los términos resultantes de la aceptación de enmiendas por parte del grupo proponente, se aprueba por 280 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo, se aprueba por unanimidad.


Se levanta la sesión a las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (SESIÓN SECRETA)

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (NÚMERO DE REGISTRO 68451)

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Se somete a votación, en segundo llamamiento, el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE LAS ESCUELAS EUROPEAS Y DE SUS ANEJOS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 21 DE JUNIO DE 1994.
(Número de expediente 110/000212)

- QUINTO PROTOCOLO, ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS, HECHO EN GINEBRA EL 27 DE FEBRERO DE 1998. (Número de expediente 110/000213)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto quinto del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación por asentimiento de ambos convenios, a no ser que algún grupo parlamentario desee algún otro tipo de votación. (Pausa.) Votación correspondiente al Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Votación correspondiente al quinto Protocolo, anexo al Acuerdo general sobre el comercio de servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)

ENMIENDAS DEL SENADO

- PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LAS TELECOMUNICACIONES, POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 93/38/CEE Y 92/13/CEE. (Número de expediente 121/000112)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Apartado VI del orden del día, punto número 34: Enmiendas del Senado correspondientes al proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español distintas directivas de la Comunidad Económica Europea.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos en el trámite final de una ley que tiene por objeto una exigencia de trasposición de derecho comunitario para los sectores excluidos -agua, energía, transportes y telecomunicaciones- de la normativa de contratos de las administraciones públicas conjugando la apertura de mercado con la publicidad y la concurrencia. Es un proyecto técnicamente complejo y, ojalá nos equivoquemos, creemos que suscitará una importante conflictividad en los tribunales.
En cuanto a las enmiendas aprobadas en el Senado, el grupo al que represento quiere hacer las siguientes manifestaciones. En primer lugar, se ha subsanado la redacción del artículo 17 sobre el régimen de clasificación, ya que en el trámite de Comisión se produjo una confusión, que fue la retirada de una enmienda del Grupo Vasco a cambio de una transacción que nos había sido ofrecida por el grupo mayoritario en la Cámara, pero que definitivamente no fue entregada a la Mesa. Por enmienda in voce el propio Grupo Popular ha subsanado esta deficiencia y así ha resultado que son válidas también las clasificaciones efectuadas por las comunidades autónomas en su respectivo ámbito.
Mantenemos nuestra queja respecto a cómo ha quedado el texto definitivo en lo que hace referencia a los aspectos procedimentales en la tramitación de las reclamaciones, que creemos debió adecuarse o acercarse cuando menos a lo previsto en la Ley 30/1992. Sí se ha aceptado en lo sustancial una enmienda que era importante, sobre régimen de certificados, presentada por el Grupo Vasco al artículo 67.2, precisando que la Administración competente para organizar o reconocer los certificados de aptitud profesional pueda ser en determinados supuestos la autonómica.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado, que han sido muy numerosas, nos parecen positivas las referidas a telecomunicaciones, tanto las que hacen referencia a los precios de interconexión y a precios históricos como las relativas al uso en condiciones de igualdad de las infraestructuras públicas, la llamada igualdad en el acceso. Tenemos un único reproche y es lo aprobado como punto de conexión en la enmienda número 26, que conduce inexorablemente a predicar que la Administración competente va a ser siempre la estatal. Votaremos, por tanto, en contra de la previsión del artículo 51.3.
Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
Quiero comunicar a SS.SS. que vamos a proceder a la votación de los dos proyectos de ley y de la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de forma conjunta, y dado el carácter orgánico del punto 35 y de

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parte del 36, la votación no se producirá antes de las once de la mañana.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
También voy a intervenir muy brevemente. El objetivo político del Grupo Parlamentario Catalán en la tramitación de este proyecto de ley, además de aquellos aspectos de la incorporación, como tiene por objeto, al ordenamiento interno de lo dispuesto en las directivas a las que se ha hecho referencia, consistía fundamentalmente en salvaguardar de diverso modo las competencias de las comunidades autónomas. Ello en buena parte se efectuó en el Congreso haciendo referencia, por lo tanto, a la publicación de determinados anuncios en los diarios oficiales de las comunidades autónomas, a la propia intervención de las juntas consultivas que pueden existir en esas mismas comunidades y, fundamentalmente, a los títulos competenciales.
En la medida en que en el Senado se hizo alguna referencia a este tema de los títulos competenciales para adaptar la exposición de motivos a aquellas enmiendas que fueron votadas en el Congreso, queríamos dejar aquí claro, como quedó claro también en el debate de Pleno en el Senado, que este no es un proyecto que tenga como único título competencial en todos y cada uno de sus artículos la competencia que el artículo 149 atribuye al Estado en materia de derecho mercantil y procesal, ni muchísimo menos. Efectivamente, algunos de los artículos de la ley proceden de ese título, pero los títulos son muy diversos, desde la regulación del procedimiento administrativo común hasta las bases del régimen contractual, pasando en algunos de sus preceptos, también hay que reconocerlo, por esa competencia en materia mercantil y procesal. Por lo tanto, las posibilidades de regulación de esta materia por parte de las comunidades autónomas desde luego será diversa, en función, ya digo, que de si el precepto que deba desarrollarse se incluye en ese aspecto del procedimiento administrativo común, si es en las bases del régimen contractual o si es ya materia de derecho mercantil y procesal. Precisamente, una de las enmiendas que se introdujeron en el Congreso y que desde luego fue respetada por el Senado pretendía definir cuáles de los artículos del citado proyecto tienen o no carácter de básicos a los efectos del artículo 149 de la Constitución.
Así pues, votaremos favorablemente las enmiendas que han sido introducidas por el Senado, aunque respecto de las de telecomunicaciones nos hubiese gustado haber tenido una negociación previa, sin perjuicio de entender que pueden considerarse acertadas.
En cualquier caso, lo que nos gustaría dejar muy claro es que en modo alguno la exposición de motivos debe entenderse en el sentido de que todos y cada uno de los artículos de este proyecto han sido aprobados ejerciendo por parte del Estado esa competencia sobre derecho mercantil y procesal, sino que es un proyecto en el que se entremezclan títulos competenciales muy diversos y que, por lo tanto, permitirán un juego de las competencias de regulación, de desarrollo o de ejecución de las comunidades autónomas también muy diverso.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que nos encontramos con una serie de enmiendas que nos vienen del Senado que en algunos casos han mejorado el texto del Congreso, ya que han introducido elementos que estaban olvidados en el trámite de esta Cámara, pero en otros han introducido inestabilidad en una ley que ya es complicada de por sí.
Estamos haciendo la trasposición de dos directivas europeas, la 93/38 y la 92/13, que abordan temas tan dispares como el sector del agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones y, a la vez, dos grandes actuaciones de la Administración: por un lado las reclamaciones que se puedan producir por los ciudadanos y por otro el tema de contratación en servicios que tienen complicación general, que pueden no estar administrados. En el caso del transporte, por ejemplo, nos encontramos con el transporte autonómico, con Feve y con Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas.


Pues bien, las enmiendas del Senado al artículo 17.1, primero y segundo párrafo, bajo nuestro punto de vista introducen mayor confusión al proyecto. Por un lado, aumentan los supuestos de clasificación de los contratistas incluyendo además un sistema propio, que sería el que estimasen conveniente, sin especificar si el que lo estima conveniente es el contratista o la Administración. En el párrafo segundo, la empresa interesada en la contratación es la que acreditará su clasificación, mientras que el texto que se aprobó en el Congreso decía que la empresa interesada solicitaba la clasificación; es decir, que la Administración era la que procedía.
En todo caso, lo que han hecho en el Senado es cambiar lo que decíamos en el Congreso. En ninguno de los dos supuestos creemos que las enmiendas del Senado puedan beneficiar a unas directivas que deberían haber entrado en vigor en España el 1 de enero de 1997, por lo que ya llevamos cierto retraso.
El artículo 31 también ha empeorado a nuestro juicio en relación con la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas, en concreto está en contra de su artículo 48.1. No es bueno que a la hora de aplicar la regulación europea a nuestro país no tengamosen cuenta nuestra realidad legal.


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El artículo 55.3 también ha sido modificado y, al margen de que nosotros tuviéramos una enmienda que iba al contrario de como ha quedado en el Senado, se hace referencia a días hábiles. Nosotros pedimos que en lugar de que estos días hábiles se cuenten desde que se produzca, que es como queda en el proyecto, sean desde que se tenga conocimiento fehaciente.
Con el artículo 67.2 tampoco estamos de acuerdo. Nosotros pedíamos en una enmienda que emitiera los certificados la Junta consultiva de contratación de la Administración, la cual fue creada por la Ley 13/ 1992, de contratos de las administraciones públicas. Ya que ponemos en marcha un sistema, que el mismo funcione.
La disposición adicional cuarta, nueva, que crean las enmiendas del Senado, establece que los bienes de dominio público que desafecte el Ministerio de Fomento y que reviertan en AENA puedan ser vendidos o permutados por este organismo. Es verdad que dicha enajenación o permuta debe superar una cuantía, que será de 3.000 millones de pesetas, siendo el Gobierno el que la autoriza. Este camino, bajo nuestro punto de vista, no es positivo.
Hay otras enmiendas que son de mejora gramatical, que el Senado siempre hace con mucha precisión, para que la regulación legal no tenga variaciones de interpretación.


Las enmiendas que se introducen al artículo 50.1 creemos que son positivas, porque establecen una relación entre las comunidades autónomas y el Gobierno o Administración central.
Las enmiendas que modifican el artículo 51.3 creemos que acotan y definen cuál es la Administración competente, en el caso de que haya más de una en relación con esas competencias. Estamos en un sistema constitucional de coordinación administrativa y muchas competencias son gestionadas, por delegación o por transferencia, por administraciones distintas de las que podían tenerla en origen.
La disposición adicional tercera hay que reconocer que actualiza la legislación en la materia y es una de las enmiendas que consideramos positiva, al igual que la de la disposición adicional cuarta en el punto tercero y en el punto cuarto.
Por último, señor presidente, hay dos enmiendas del Senado que también consideramos positivas y que votaremos afirmativamente, por las que se crean las disposiciones adicionales quinta y sexta. Por un lado, piden que los costes de interconexión entre las redes de comunicación se desglosen para que el peticionario solamente pague lo que ha solicitado y no exista esa confusión que pueda llevar al peticionario de un servicio de interconexión a pagar no solamente lo que él pide, sino lo que puedan establecer de manera confusa; por otro, la disposición adicional sexta equipara los derechos en relación con la ocupación del dominio público o de la propiedad privada de todos los operadores que prestan el servicio de telecomunicaciones.
En suma, señor presidente, nos encontrábamos en el trámite en origen con una actuación en cuatro sectores, al que se ha añadido otra directiva, y, por tanto, ha encontrado una visión más amplia, lo que era complicado porque estamos trayendo a nuestro ordenamiento jurídico unas directivas de sectores que tienen regulaciones específicas que no pueden hacerse al margen de nuestro propio ordenamiento jurídico. El trámite del Senado en unos casos, con las enmiendas que he dicho, ha empeorado el texto y se ha añadido confusión al trámite del Congreso, y en otros ha mejorado el proyecto.
Esperamos que ya que esa adecuación de nuestra normativa a la normativa europea no se ha producido el 1 de enero de 1997, que al menos en 1999, año del euro, podamos tener una regulación similar en estos países que componen la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a estas enmiendas que proceden del Senado a un proyecto de ley que es única y exclusivamente sobre procedimientos de contratación de los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se trasponen al derecho español tres directivas comunitarias. Se trata de incorporar al derecho interno de nuestro país el contenido de unas directivas que marcan una serie de excepciones en la contratación administrativa en algunos sectores de la actividad económica, como son los que he citado con anterioridad, con la finalidad de dotar a las entidades que los van a gestionar de una mayor agilidad y flexibilidad en su tramitación que la existente para el resto de la contratación administrativa, de tal manera que en aspectos como la selección de contratista, respetando los principios de publicidad y concurrencia, se sea menos rígido y estricto.
Durante toda la tramitación de este proyecto de ley se ha llevado a cabo un esfuerzo de consenso de los grupos políticos importante, que ha permitido que con las enmiendas planteadas y la apertura de miras que ha tenido el Grupo Popular hubiera una mayor aproximación en las posiciones de todos los grupos políticos. Sin embargo, en el Senado se ha producido una quiebra de este planteamiento desde el momento en que se incorporan dos enmiendas, que no vamos a apoyar, que entendemos que deben ser denunciadas públicamente y que no compartimos.
Por un lado, se trata de que el organismo público AENA, Aeropuertos Españoles y de Navegación Aérea, no es que tenga un tratamiento especial en su régimen de contratación administrativa con la aplicación de la presente norma, sino que en todo lo no regulado por este proyecto de ley, en los temas relacionados con la contratación administrativa, se aplique el derecho privado

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y no el régimen general que establece la Ley de contratos de las administraciones públicas. Es decir, en aquellos aspectos relacionados con la capacidad y la solvencia de las empresas, el régimen de garantías, los pliegos de cláusulas administrativas, la invalidez de los contratos, las prerrogativas de la Administración, el régimen de adjudicación, ejecución y modificación de los contratos, etcétera, y sin ningún preaviso, se va a aplicar el derecho privado y no va a ser posible aplicar la contratación administrativa pública. A partir de este momento, la única vinculación que AENA va a tener con la normativa aplicable en materia administrativa va a ser la que deriva de la trasposición de una directiva y no el régimen de contratación administrativa.
Este es un paso más en la línea de los anuncios que últimamente aparecen en los medios de comunicación relacionados con el proceso de privatización de AENA que ustedes quieren hacer. No podemos apoyar esa posibilidad a través de una fórmula tan subrepticia como la no exclusión de la contratación administrativa de un determinado sector como AENA o de una actividad pública de transporte aéreo a través de AENA cuando, además, ustedes les eximen de esta contratación administrativa en aspectos muy importantes y lo pasan a la contratación privada.
El segundo aspecto que no compartimos ni aprobamos es la modificación que se establece en la disposición adicional sexta, infraestructura de telecomunicaciones, que permite que todos los operadores de telecomunicaciones, públicos o privados, tengan los mismos derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada. La declaración de utilidad pública, de expropiación, etcétera, vienen contempladas con la finalidad de que esos operadores tengan las mismas posibilidades. ¿A qué viene este precepto en este proyecto de ley? Este es un proyecto de ley en el que se está hablando de la contratación administrativa, no de la equiparación de los derechos que tengan los operadores públicos o privados para la construcción de las infraestructuras y para la forma en que han de construirse esas infraestructuras. No entendemos qué tiene que ver este proyecto de ley con las telecomunicaciones en cuanto a las posibilidades de acceso que tiene un operador, público o privado, para hacer frente a la construcción de sus infraestructuras; no entendemos tampoco qué tiene que ver con la contratación administrativa. Si me dijeran ustedes que se trata de un retoque, de una modalidad, de unos aspectos determinados de cómo se van a construir y a adjudicar esas obras, de cómo se va a realizar la ejecución de esas infraestructuras, diría que estamos de acuerdo, que nos parece bien, pero introducen ustedes aquí un elemento que distorsiona el conjunto de la ley. Desde nuestro punto de vista, lo tendrían que retirar y tendrían que votar en contra de esta enmienda del Senado y formularla en lo que es normal, en la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones que hemos aprobado recientemente. Ya estaba vigente y pendiente de trasposición la directiva. Este es un aspecto que tenían que haber contemplado en la Ley General de Telecomunicaciones y no en este proyecto de ley que nada tiene que ver con lo que se plasma en las enmiendas que se han aprobado en el Senado y que fueron presentadas por su grupo político.
Había un espíritu de consenso, unas ganas de llegar a acuerdos en el texto del proyecto de ley que hace referencia a estos sectores excluidos de la contratación administrativa y que establece unas características especiales para estos sectores en la contratación administrativa. No obstante, el Grupo Socialista va a votar en contra de estas dos enmiendas: una, porque va en una dirección que no nos gusta, como es la privatización a pasos agigantados de AENA y, la otra, porque no tenía por qué estar en este proyecto de ley, sin perjuicio de votar a favor del resto de las enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
Al referirme a las enmiendas que provienen del Senado a este proyecto de ley, quiero hacer una pequeña mención a cómo ha discurrido este proyecto de ley por esta Cámara. Cuando aquí debatimos la enmienda a la totalidad que presentaba Izquierda Unida, como portavoz del Grupo Popular insistí en que tendríamos que hacer una ley entre todos, una ley que mejorara notablemente el proyecto del Gobierno, y así ha sido. Se han introducido en ponencia enmiendas de todos los grupos tal como han sido formuladas, en Comisión también se han admitido enmiendas transaccionales, porque se sustanció con competencia legislativa plena, y es idea de todos los grupos que se mejoró notablemente un proyecto de ley difícil y complicado, en el que hay que trasponer unas directivas que indudablemente tienen dificultad para ser acopladas a nuestra legislación. Además de dos directivas en las que íbamos retrasados, se añadió otra en la que hemos adelantado el tiempo de trasposición. Ahora, en el Senado, yo creo que se ha continuado esa política de mejorar en lo posible, de cambiar algunos aspectos que no estaban suficientemente claros y, en conjunto, conseguir un proyecto de ley mejor que el que había salido del Congreso.


Quiero referirme a esas enmiendas a las que hacía referencia el señor Morlán, a las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta, que quizás -lo reconozco- debían haber sido más debatidas en el Senado, como han señalado portavoces de otros grupos, y que se podían haber estudiado más profundamente, pero en conjunto -lo han dicho también otros portavoces-son enmiendas positivas que mejoran el texto.


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En cuanto a la disposición adicional sexta, puede discutirse si conviene establecer aquí o en otra ley que los operadores de telecomunicación puedan ejercer el derechos de ocupación de dominio público. Es una respuesta al hecho de que en otras leyes operadores de hidrocarburos u operadores eléctricos tienen esa potestad. Si ellos lo tienen, parece lógico -y desde el punto de vista de la directiva europea es obligado- que los operadores de telecomunicación lo tengan también.
Concluyo, señor presidente, afirmando que ha sido una ley en la que todos los grupos han aportado sus ideas, en la que ha habido una búsqueda de consenso y se ha conseguido un proyecto de ley -que hoy aprobaremos en esta Cámara si, como pide el Grupo Popular, se votan a favor las enmiendas del Senado- que va a trasponer unas directivas difíciles y complicadas, pero que van a ser de gran aplicación en nuestro derecho.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Posada.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA.
(Número de expediente 127/000006)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. ¿Grupos que desean fijar su posición con respecto a las enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intervenir con gran brevedad, porque nuestra justificación es congruente con la intervención de este portavoz, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, cuando tuvimos el debate en este Pleno para la toma en consideración de esta iniciativa que venía del Parlamento autónomo de Cantabria. Nos ratificamos en nuestro apoyo, mi grupo no presentó ninguna enmienda porque quería respetar plenamente el texto alcanzado en la Asamblea cántabra.
Las enmiendas del Senado nos parecen correctas, mejoran y aclaran el texto que salió de esta Cámara desde un punto de vista técnico y jurídico. Con la satisfacción de que la Comunidad cántabra se pueda dotar plenamente de este estatuto modernizado respecto al vigente, vamos a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado para que, a partir de aquí, la Comunidad cántabra, como he dicho, disponga plenamente de su instrumento en base al título VIII de la Constitución española.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Más que una valoración de las enmiendas del Senado -que mi grupo respeta como todo lo que procede de la voluntad de la otra Cámara, sin intervenciones puesto que en materia de estatutos de autonomía debe respetarse el principio dispositivo-, quisiera hacer una intervención de cierre señalando que el Grupo Vasco (EAJ-PNV) felicita a Cantabria por el acceso a mayores cotas de autogobierno, a la vez que ha completado su propia trama de articulación institucional.
Debe manifestarse así puesto que esta es la práctica habitual del Grupo Vasco con todos los estatutos cuando todavía están recientes las intervenciones que tuve ocasión de protagonizar en esta Cámara en relación con los Estatutos de Castilla y León y la Rioja. En aquellos estatutos anunciamos nuestra abstención por considerar que se incluían disposiciones que suponían una serie de suspicacias en relación con la vecindad de territorios forales.
Llega hoy a su último trámite un estatuto que también es vecino de territorios forales y, sin embargo, no ha considerado conveniente -por lo menos no lo ha plasmado en su texto- manifestar suspicacia o dato negativo en este aspecto, hecho por el cual queríamos hacer notar nuestra satisfacción. Quisiera referirme también a un aspecto anecdótico de la tramitación -tuve ocasión de referirme a ello cuando inició su andadura el Estatuto de Cantabria en esta Cámara-, a su dicción, que quizá sea modélica respecto a lo políticamente correcto, utilizando el masculino y el femenino en relación a todos los cargos.
Sin embargo, debo manifestar que resulta literariamente molesto para la lectura y no se entiende, si se ha optado por esta decisión, por qué al llegar a las presidencias, tanto del Parlamento como del Gobierno, no se hace la dualidad masculino/femenino. Quiero pensar que no se está excluyendo a las mujeres de ser presidentas de Cantabria ni presidentas de su Gobierno. Cualquiera de las dos diputadas cántabras que hay en esta Cámara, doña Matilde Fernández y doña María Visitación Pérez, podría ostentar con dignidad estas representaciones, si es que sus respectivos partidos las proponen para ello y las fuerzas de los votos les llevasen a desempeñar estas altas magistraturas.


Concluyo dando la enhorabuena al pueblo cántabro por este acceso a mayores cotas de autogobierno. Lo hago a través de los diputados que les representan en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, las enmiendas que el Senado ha introducido a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria no son sustantivas, no modifican el fondo y si leemos el mensaje motivado del Senado para resaltar las modificaciones podremos ver que son enmiendas de forma. ¿Cuál es el objetivo que tiene mi grupo para exponer al Pleno de la Cámara que, siendo estas enmiendas de forma, consideramos que el Estatuto de Cantabria, que representa un incremento del techo competencial que significa una incorporación a mayores cotas de autogobierno para Cantabria, no recoge dos objetivos que debería tener cualquier reforma estatutaria? Primero, el consenso con todas las fuerzas políticas que tienen representación en este Congreso y, por tanto, la ampliación del encuentro entre esas fuerzas políticas. En el caso concreto de Izquierda Unida, la Presidencia regional de Cantabria de mi partido no ha sido invitada a esa participación para discutir y proponer en el seno del Parlamento de Cantabria las enmiendas que considerábamos importantes, tanto para el techo competencial en materia exclusiva, como en el funcionamiento, como en el desarrollo legislativo, como en las enmiendas de fortalecimiento del Parlamento frente al Ejecutivo. Por eso, nuestra Presidencia ha decidido por unanimidad que tengamos una visión contraria al resultado final de este Estatuto.
Las catorce enmiendas que Izquierda Unida presentó en el Congreso y que ha mantenido en el Senado para ampliar el techo competencial vienen a demostrar que, después de las distintas reformas estatutarias, no puede existir la idea de dos velocidades de autonomía como dos maneras de entender el modelo de Estado, que debe conllevar un mismo techo competencial y facilidades para alcanzarlo, lo cual no se ha conseguido en el caso concreto del Estatuto de Cantabria.
Creemos en la capacidad de autogobierno de vetar la disolución por parte del presidente de la Comunidad y que el techo competencial excluye competencias que tienen otras comunidades autónomas, no solamente las regidas por el artículo 151 de la Constitución sino de otros estatutos, como puede ser el aragonés, el valenciano o el canario. No entendemos por qué las competencias de sanidad, higiene y ordenación farmacéuticas no se pueden ejercer como competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Cantabria; no sabemos por qué, en el caso concreto de Cantabria, montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, no son competencias exclusivas, al igual que los espacios naturales protegidos; no entendemos por qué no es competencia exclusiva el régimen local; y tampoco entendemos por qué en unas comunidades autónomas como las que he citado antes los colegios profesionales, las cámaras agrarias y las Cámaras de Comercio e Industria y las cofradías de pescadores sí están incluidas como competencias, pero en el caso de Cantabria no lo están.
No entendemos ese razonamiento de un techo competencial -por así decirlo- pactado por abajo, imponer una segunda lectura, una segunda edición de los pactos del año 1992. Por cierto, esos pactos que llevaron al PSOE y al PP a reformar los estatutos de autonomía, que concluían que en el año 1998 se habrían realizado las transferencias de educación a todas las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas tendrían un sistema de financiación cimentado en que todas tendrían ya las competencias de educación, están caducados y fracasados. Pues bien, no se ha ultimado esa reforma y ya estamos abordando otra. Yo espero que la próxima sea la definitiva y los estatutos recojan este principio a nivel de derecho, no a nivel de todos por igual, de café para todos, para que el pueblo de Cantabria pueda, a través de su estatuto de autonomía, acceder a las cotas de autogobierno que él mismo vaya decidiendo.
Reconocemos que el estatuto de Cantabria recoge avances en los techos competenciales, reconocemos que significa un incremento de las cotas de autogobierno, pero estimamos que ha habido una falta de encuentro con Izquierda Unida -no con la parte de Izquierda Unida que antiguamente estaba, no, porque lo lógico es que aquí se tiene que votar, al igual que en otros estatutos de autonomía, como en Castilla-La Mancha, en Murcia o en Madrid, si se ha participado y discutido- y que se podía haber hecho el esfuerzo en el caso de Cantabria, motivo por el cual no podemos apoyar este estatuto.
En segundo lugar, no entendemos por qué unos estatutos tienen que tener un techo competencial y otros deben tener otro. Ha habido enmiendas concretas y casi idénticas de los dos partidos mayoritarios, que parecen redactadas por la misma pluma -no sé cuál es la pluma, en todo caso, si es buena, bienvenida sea-, todo lo cual nos lleva a mantener estas reticencias a la propuesta de reforma del Estatuto de Cantabria. Insisto que no nos vamos a oponer a las enmiendas que vienen del Senado porque precisan que cuando se habla del Gobierno no se refiere al Gobierno de la Comunidad sino al del Estado e incorporan asimismo substanciales precisiones.
Yo espero que hagamos una lectura común del modelo de Estado; que en lo sucesivo vayamos a que no haya comunidades autónomas que han abordado ya tres o cuatro reformas estatutarias, mientras que otras no han abordado ni una, sólo han iniciado la primera y siguen demandando sus techos competenciales; que vayamos a un diseño en el que haya un mínimo de estabilidad, de perspectiva de futuro en el funcionamiento de las comunidades autónomas que no dé la sensación permanente de que nos encontramos no ya con dos velocidades para acceder a la misma capacidad de autogobierno en cuanto a derechos, diferencias totalmente consustanciales del modelo de Estado plurinacional del que nos hemos dotado; que no reiteren que somos comunidades menores.
Algunas sentencias del Tribunal Constitucional nos preocupan sobremanera. Ha habido unas sentencia del Tribunal Constitucional sobre el sistema electoral en Canarias que son una joya del sistema de comunidades

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autónomas. Vienen a significar que la proporcionalidad existe sólo para las comunidades que se rigen por el artículo 151, pero no para las que se rigen por el 143. Yo tengo que asegurar a SS.SS. que en el ánimo de los constituyentes -ya que celebramos los veinte años de la Constitución- no estaba el que hubiese dos tipos de comunidades autónomas sino dos puertas de acceso a la autonomía: una, la del artículo 151, y, otra, la del 143. En todo caso, espero que ese no sea el camino que se abra paso para el futuro autonómico de nuestro país o para el modelo de desarrollo que dé un impulso a los veinte años de experiencia positiva que la Constitución ha traído en esta materia.
Nada más, señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.


El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, como diputado del Grupo Socialista, y en su nombre, quiero decir a la Cámara que vamos a votar favorablemente las enmiendas que vienen de la Cámara Alta. Como diputado por Cantabria, voy a hacer algunas consideraciones acerca del propio estatuto y del trámite final en el que nos encontramos.
Quiero empezar agradeciendo a todos los grupos de la Cámara, y por supuesto a los grupos del Senado, la colaboración que se ha encontrado para mejorar la proposición de ley de reforma del Estatuto para Cantabria que llegó de nuestra región y también que hayan respetado el acuerdo inicial que se tomó en el Parlamento de Cantabria en todos los trámites por los que ha pasado en ambas Cámaras, Congreso y Senado. Este estatuto, como acabo de decir, viene con la unanimidad de todos los grupos. Todos los partidos políticos representados en el Parlamento de Cantabria han hecho dejación de alguno de sus postulados para conseguir un fin común y más noble que es ese acuerdo general sobre la ley fundamental que nos va a regir en nuestra región.
Quiero hacer algunas aclaraciones sobre los contenidos, porque me parece que son apropiadas en este momento. Si algún grupo parlamentario en esta Cámara se siente alejado de ese acuerdo, que ha existido también, por fortuna, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sobre la base que nos llegó como proposición de ley del Parlamento de Cantabria, no se le puede imputar al resto de los grupos, serán las propias reflexiones de ese grupo -que son muy legítimas- las que le separan del acuerdo general. Para nosotros ese acuerdo general se basa en que el Estatuto de Autonomía para Cantabria es un estatuto ajustado a las necesidades de nuestra región. En cuanto a las competencias, se aumentan las materias a las que tiene derecho Cantabria para autogobernarse; se corrigen déficits históricos autonómicos, como era la vinculación a una región, Castilla-León, con la cual tengo particularmente relaciones y creo que se deben sentir sentimientos de fraternidad y se acaban ese tipo de déficits autonómicos que nos consideraban como menores de edad. Por último, señorías, es una satisfacción comprobar que se garantizan en el estatuto los derechos y la financiación de niveles mínimos, tanto de los servicios transferidos como de los que se vayan a transferir, sin que la diferencia de estatutos con otras regiones pueda suponer menoscabo en el tratamiento económico de nuestra región.
Señor presidente, acabo como empecé, felicitando al resto de los grupos por la consecución de este acuerdo para que este estatuto, que a mi juicio es ajustado a las necesidades de nuestra región, sea perdurable.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.
Es esta la última fase de la tramitación de la reforma del Estatuto de Cantabria y, aun cuando fuera brevemente, quisiera, al igual que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, el señor Blanco, agradecer a los demás grupos parlamentario el apoyo importante que dan a esta reforma para la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Quisiera recordar que dentro de cinco días, concretamente el 15 de diciembre, se cumplirán 17 años desde el momento en que el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley orgánica que permitió que Cantabria accediese a su autogobierno. En ese sentido, quisiera hacer dos consideraciones. En primer lugar, es ésta, sin duda alguna, una reforma muy amplia, pero es sólo una reforma del estatuto y no un nuevo estatuto. Fue precisamente en el año 1981 cuando Cantabria, mediante la aprobación de su norma institucional básica, accedió a ser comunidad autónoma uniprovincial. Quisiera expresar un reconocimiento y un recuerdo a las personas que en su momento fueron ponentes del texto, tanto en esta Cámara como en el Senado. En segundo lugar, quisiera resaltar el hecho de someter hoy a la aprobación definitiva del Congreso el texto después de las modificaciones introducidas en la Cámara Alta. Vamos a votar favorablemente todas estas modificaciones y cambios porque, aun cuando tienen un carácter técnico y de redacción, mejoran el texto que remitimos desde aquí, no ocultando el deseo de que en el futuro sea en esa Cámara donde se haga la primera lectura de los textos que tengan sustancialmente un contenido autonómico, como es el caso.
Decía en otra ocasión -permítanme reiterarlo ahora- que, desde el año 1981, Cantabria ha cambiado mucho porque, sobre todo, se ha consolidado como comunidad autónoma porque ha adquirido una mayor conciencia colectiva de sí misma y de su futuro y porque

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en este tiempo se ha producido un mayor proceso de maduración y asimilación por los ciudadanos de lo que significa la comunidad autónoma. Esto es lo que se lleva a cabo en esta reforma: una profundización muy notable del autogobierno.
Quisiera recordar que en el año 1994 se modificó el estatuto de autonomía al alza y en materia competencial, y en este tiempo sí que se han completado las transferencias pendientes para Cantabria.
Quiero poner de relieve que a lo largo de esta legislatura, en dos años y medio, las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 143 han recibido un total de 80 decretos de transferencias; de ellos, Cantabria ha sido beneficiada por 31 decretos que suponen importantes traspasos y la culminación de la reforma del estatuto de autonomía que se llevó a cabo en el año 1994. También quisiera destacar que un límite y un propósito nos impusimos todos los parlamentarios por Cantabria: respetar el texto, respetar el consenso. Y esto es lo que se ha conseguido aquí. Precisamente ha sido el Estatuto de Autonomía de Cantabria la reforma que menos enmiendas y cambios ha experimentado desde la remisión por el órgano legislativo autonómico. Junto a modificaciones importantes en el orden institucional -que no viene al caso señalar aquí en este momento- , quisiera poner de relieve la notable ampliación competencial que se produce en abundantes casos. Considera el Grupo Popular que potenciar el autogobierno es desarrollar la Constitución.
Esto es lo que se está haciendo en este tiempo desde el área de administraciones públicas. Se han modificado otros estatutos de autonomía y actualmente hay otros cinco en tramitación para su reforma. En este contexto, aun con las peculiaridades propias de todas las comunidades autónomas -y las tiene también Cantabria-, es indudable que se están homogeneizando las competencias. En ese sentido, las reformas del Estatuto de Autonomía de Cantabria van en la misma línea que las de los demás sin que, en modo alguno, pueda ser considerado menor el ámbito competencial.
Con todo ello se trata de propiciar la idea de que, desde el momento en que se incrementa el autogobierno, tiene menos sentido para Cantabria y para las demás comunidades autónomas la mera reivindicación, pues quiero resaltar que desde luego para nuestro grupo autonomía significa responsabilidad.
Desde la lealtad, desde el convencimiento que hay que fortalecer para Cantabria y para las demás comunidades autónomas, lo que son los mecanismos de cooperación, los instrumentos de entendimiento con las demás comunidades autónomas, especialmente con las vecinas, desde la idea que tiene que presidir todo lo que se refiere al desarrollo autonómico, cual es la solidaridad y la cohesión, el Grupo Popular, además de agradecer el voto de los demás grupos parlamentarios, va a celebrar esa reforma que hoy definitivamente vamos a aprobar.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.


- PROYECTO DE LEY SOBRE INTRODUCCIÓN DEL EURO. (Número de expediente 121/000137)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre introducción del euro, punto número 36 del orden del día. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en estos días con fechas de aniversarios: hace unos días la celebración por el pueblo español de los veinte años de la Constitución española y, hoy, la humanidad celebra la Declaración de los Derechos Humanos, todavía no totalmente respetados.
Centrándonos en la ley que se trae hoy a debate, tras el mensaje motivado del Senado, diremos que también este año 1998 se cumple el 50 aniversario de la constitución de la CEE y de la entrada en funcionamiento del Benelux, que fue el primer ensayo de vertebración europea; vertebración europea que, desde un principio, tuvo como sueño la tenencia de una moneda única en el viejo continente. Hace tres años, el 15 de diciembre de 1995, se acordó aquí, en Madrid, el nombre de esa moneda única, el euro, y las tres fases de funcionamiento de la misma. Como se sabe, la fecha del 1 de enero de 1999 va a ser aquella en la que entrará en funcionamiento el Banco Central Europeo y el sistema europeo de bancos centrales. No voy a hablar, porque ya se ha debatido mucho sobre ello y para eso tenemos los dos reglamentos comunitarios que constituyen su acervo legislativo, de las tres fases del euro, la de coexistencia, la de encaje y la de exclusiva actuación, conocidas respectivamente como las fases A, B y C. Tampoco voy a hablar de las ventajas que va a traer al mundo del comercio, al del turismo y al de las finanzas la introducción de la moneda única; solamente diré, remitiéndonos a esta ley paraguas que se aprobó en el Congreso, que el Senado ha presentado dos grupos de enmiendas, unas de corrección gramatical, en relación con puntos, comas y acentos, y que me hace recordar la necesidad de que se vuelva a revivir en esta Cámara la Comisión de estilo, como existiera hace muchos años y de la que formaron parte ilustres políticos, al mismo tiempo que ilustres literarios, como fuera don Benito Pérez Galdós.
Entre las enmiendas que modifican el texto y que proceden del Senado, podríamos distinguir las siguientes. Una, referente al artículo 21, sobre el cálculo para determinar el valor nominal de las acciones o participaciones. Se ha corregido el texto del Congreso sustituyendo la palabra división por multiplicación. Es un galimatías porque lo sencillo hubiese sido dividir el capital

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nominal, multiplicado por el tipo de conversión, por el número de acciones o participaciones, pero la aceptamos. Otras se refieren al artículo 27, sobre la inexigibilidad del auditor en las ampliaciones de capital, de acuerdo con lo que dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Las dos más importantes son de adición sobre cuestiones que en un principio parece un tanto extraño que se incluyan en este ley del euro, porque se refieren a la regulación de las garantías que el sector bancario privado tiene que aportar a la banca oficial central, ya sea el Banco de España, el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales de los once países, para la consecución de financiación. Es una reglamentación detallada y la admitimos por aquello de poder conseguir financiación en euros, que va a empezar el día 1.º de enero. Por último, hay una enmienda que se refiere nada menos que a un aspecto de ley orgánica, por lo que va a exigir un quórum especial, pero también la admitimos porque va a ser la modificación nominal de leyes orgánicas vigentes en nuestro Estado.
En resumen, señor presidente, señorías, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado, con la esperanza de que por parte de todos los gobiernos que integran eurolandia se consiga una estabilidad del euro que nos conduzca en un futuro -que ojalá no fuera muy lejano- a una moneda única en el mundo y, al mismo tiempo, a que esa moneda única en el mundo, por eso de la Declaración de los Derechos Humanos, estuviese mejor repartida.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNVEAJ), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley. Ya dijimos en su momento, cuando debatimos las enmiendas de totalidad, que era necesario y urgente que se presentara a esta Cámara y se aprobara este proyecto de ley, por varias razones: había que cumplir con el calendario de adaptación de los instrumentos legales que regulan los aspectos del nuevo sistema monetario europeo, había que adaptarse a la reglamentación de la Comunidad Europea que exigía, entre otras cuestiones, esta regulación y, además, había que establecer las premisas y las cautelas para evitar que un proceso como éste pueda significar un costo adicional para los consumidores. Todos estos aspectos quedaban recogidos en este proyecto de ley, aunque había otras cuestiones -que nuestro grupo parlamentario ya expuso a través de sus enmiendas- que pensábamos que podían mejorar el texto de este proyecto de ley, y algunas han sido recogidas precisamente en el Senado. Nosotros advertíamos del peligro que podía conllevar el hecho de que, con los redondeos a euros y de acuerdo con el Código Penal y las leyes fiscales, en los balances hubiese cantidades que pudieran pasar a ser motivo de delito cuando en pesetas no lo fuesen. Era una posibilidad que, si no quedaba suficientemente reflejada en el proyecto de ley, podía ocasionar serios perjuicios. Aunque en el trámite del Congreso no fue aceptada nuestra enmienda, en el Senado, a través de una transacción a nuestra enmienda número 5 a la disposición adicional quinta, sí ha sido recogida esta posibilidad que asegura una situación que debería de quedar, como decíamos, bien reflejada en el texto para evitar posteriores problemas.
Hay otro aspecto -yo creo que uno de los más importantes que regula esta ley-, que es la tendencia a desaparecer de la referencia del mibor hoy para los créditos, sobre todo para los créditos hipotecarios, y de alguna forma había que asegurar el cambio futuro a otro índice de referencia, sobre todo, repito, en los créditos hipotecarios. Nosotros proponíamos que se estableciera ya desde ahora un índice de referencia, que podía ser el que al final puede denominarse euribor y que va a sustituir al mibor. Así se está haciendo en el resto de los países europeos y pensábamos que sería bueno para la estabilidad y para las garantías de los clientes de estos créditos, sobre todo para los que adquieren las viviendas a través de créditos hipotecarios, el hecho de que pudieran tener claro cuál va a ser el índice de referencia cuando termine la vigencia del mibor. Al final, la fórmula que se ha buscado lo único que garantiza es que queda en manos del Ministerio de Economía y Hacienda el buscar las nuevas fórmulas para establecer, en su momento, un nuevo índice de referencia que sea equivalente, similar; palabras que, de alguna forma, son imprecisas y que, desde luego, no evitan lo que nosotros queríamos evitar: que en este momento nadie sepa cuál va a ser, cuando desaparezca el mibor, el índice de referencia en los créditos hipotecarios. Pensamos que se debía haber precisado más esta cuestión. No sé si en el futuro se podrá hacer a través del reglamento correspondiente, aunque supongo que no, dado que ya está establecido que va a ser el Ministerio de Economía y Hacienda el que tenga en sus manos el establecimiento del nuevo índice de referencia.


El resto de las enmiendas que se han aprobado en el Senado son eminentemente de corrección gramatical y de algunas precisiones al texto que no influyen en el contenido del mismo. Hay un aspecto que nos llama la atención, que es que en el artículo 27 se ha introducido en el punto 2, apartado 2.º, un texto que no encaja y por la propia redacción se ve que es un parche que se ha metido y que incluso tiene algunos problemas de encaje. En el fondo, de lo que se trata es de que no sea exigible la verificación por auditores de cuentas del balance que haya de servir de base a las correspondientes operaciones de aumento de capital con cargo a reservas. Eso está regulado en la Ley de Sociedades Anónimas, y aquí se hace la modificación de dicha ley en un intento de que no se produzcan gastos adicionales

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por este mero hecho. Sin embargo, entendemos que evitar gastos adicionales en cualquier proceso no tiene que llevar consigo el que no haya una seguridad en la verificación de las cuentas que se tengan que hacer, y para eso están precisamente los auditores de cuentas.
No estamos de acuerdo en cómo se ha encajado este segundo párrafo.
Por lo demás, no tenemos ninguna otra pega a las enmiendas que se han aprobado en el Senado y a las que daremos nuestro voto favorable.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Me honra en estos momentos posicionar a mi grupo sobre un proyecto de ley que sin duda es de gran trascendencia para el futuro de la economía y de la sociedad en general, señor presidente.
Estamos ya en la última fase de la aprobación de la ley que va a regular la conversión de la moneda actualmente en uso en el euro, futura moneda de circulación de la actividad económica en este país.
Este es un paso trascendente e importante. Mi grupo políticamente siempre ha apoyado la estrategia económica para llegar a este momento y, por tanto, una vez llegado, vamos a votar a favor de esta medida de carácter jurídico que va a regular el ámbito de la conversión monetaria en todo nuestro sistema.
Señorías, voy a hacer una reflexión política y otra técnica. La política es nada más que mostrar la satisfacción de todos los miembros de mi grupo, y creo que de otros grupos parlamentarios, de que podamos estar haciendo esto, de que hoy podamos aprobar una ley que regule la conversión de nuestra moneda porque estemos en condiciones de incorporarnos plenamente a la Unión Economía y Monetaria a partir del 1 de enero de 1999. Por tanto, satisfacción política y valoración política positiva por poder tomar hoy esta decisión de carácter jurídico, que va a tener una trascendencia importante para el desarrollo futuro de la sociedad española.
La reflexión técnica, señor presidente, se refiere a las enmiendas que el Senado nos aporta. Son enmiendas de perfil técnico, el proyecto tiene una gran naturaleza jurídico-técnica y no es de extrañar que el Senado haya hecho un esfuerzo para mejorar la redacción de algunos preceptos. Es verdad que de todos ellos el más sustantivo, el más importante y trascendente desde la perspectiva de su impacto en la sociedad, es la mejora de la redacción del artículo 32, que regula el criterio legal para establecer la pauta de sustitución del mibor en el futuro sistema monetario. Hicimos un esfuerzo en el debate en el Congreso sobre este punto. Había la opción de dejar esta sustitución al legislador o dejarla al Gobierno.
Optamos definitivamente por dejarla al Gobierno, más que nada porque es la que se ha utilizado en todas las normativas comunitarias de todos los países de la Unión Europea. Podríamos proceder a que sea el legislador el que regule por ley la sustitución del mibor. No existe en ningún país de la Unión Europea y la complejidad técnica de la sustitución del mibor hace difícil el que tenga que ser por ley este mecanismo de sustitución.Estoy de acuerdo en que la redacción que se ha incorporado permite flexibilidad, tal como indica en sus reflexiones el señor Zabalía en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
Ahora bien, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, a la entrada del euro, el mibor hoy aplicable a las hipotecas en España va a continuar aplicándose mientras los criterios y los mecanismos técnicos para su cálculo continúen existiendo. Por lo tanto, nada hace sospechar que en los primeros plazos de tiempo el mibor hoy aplicable deje de existir. Puede continuar existiendo durante un tiempo, pero puede llegar un momento en que sea difícil que los requisitos técnicos que hoy son necesarios para la elaboración del mibor desaparezcan, y entonces vendrá el problema de cuál será el criterio técnico para determinar el nuevo mibor que sustituya al actualmente aplicable en nuestra economía.
Dice la ley que si esto sucediera, si no fuera posible elaborar, por dificultades técnicas o de mercado, este mibor, se faculta al Gobierno a establecer otro y se dice en el proyecto de ley ahora aprobado por el Senado que quedará facultado el Gobierno bien para determinar su forma de cálculo o bien para establecer un nuevo índice de referencia equivalente. Señorías, yo quiero dar valor político a la expresión del legislador cuando el legislador dice que autoriza al Gobierno a hacer otro equivalente. Equivalente tiene mucha similitud jurídico-técnica con el actual nivel de existencia de índice de mibor. Por lo tanto, deberíamos estar tranquilos; si no, señor Zabalía, nuestro grupo y el suyo, y creo que todos los grupos, estaremos atentos para ver hasta dónde llega el grado de equivalencia establecido en el criterio de sustitución y vamos a plantear iniciativas para valorar políticamente si esta equivalencia es tal o no lo es. Pero si es difícil técnicamente la equivalencia, la ley nos dice que se procurará otro índice que guarde la mayor analogía, por lo que hay dos criterios: primero, equivalencia y segundo, mayor analogía. Así esta Cámara tendrá capacidad y soberanía para hacer que el Gobierno se explique y para valorar políticamente hasta dónde llega la analogía o la equivalencia. Hacerlo de otra forma sería anticiparse a un ámbito jurídico en el que ningún país de la Unión Europea lo ha hecho. Mi grupo había planteado inicialmente que hubiera un mecanismo legal para establecer esas garantías, pero hemos entendido, señor Zabalía y señorías, que la redacción que se nos propone da seguridad para que en este proceso de sustitución del mibor hoy existente por un futuro euromibor no pueda haber ningún efecto negativo para los ciudadanos del país.
Ahora bien, habrá que estar atentos a los elementos técnicos de las fórmulas de sustitución, y estoy seguro de que en el futuro inmediato esta Cámara va a mantener debates profundos, si no en el Pleno en la Comisión

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de Economía, para discutir la determinación del instrumento que va a sustituir al mibor. En este punto está quizá uno de los elementos de mayor impacto en la economía. Miles y miles de ciudadanos tienen hoy una hipoteca afectada por el criterio del mibor, y el sistema financiero va a tener que sustituir el actual por otro, por lo que la cuestión es de gran alcance y sensibilidad para la sociedad.
Señor presidente, mi grupo entiende que las demás modificaciones de perfil técnico son positivas, y no tenemos más objeción que expresar que la modificación que se hace del artículo 27 es una novedad y que el Senado nos propone una corrección que no hicimos en el Congreso.
Sin embargo, no exigir más procedimientos con carácter obligatorio en el proceso de sustitución del mibor es positivo, porque si no vamos a someter a los ciudadanos a una presión de coste en el proceso de adaptación, y esta no es la voluntad política. Ahora bien, el artículo 27 que nos propone el Senado no exige obligatoriamente la verificación por auditor de cuenta, pero quiero expresar que no lo niega, y el mercado probablemente exigirá en muchas circunstancias la presencia de un auditor de cuentas para verificar y dar seguridad al cambio que se efectúa. Pero la ley no lo niega; lo permite.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le ruego que se dirija al micrófono porque, si no, hay problemas de audición.


El señor HOMS I FERRET: Yo creo que estoy hablando con suficiente potencia, señor presidente, como para que lo escuche la Cámara incluso sin micrófono.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Sí, pero si lo hace orientado al micrófono, se lo agradeceré, y probablemente los servicios técnicos de la Cámara también.
Le ruego que concluya.


El señor HOMS I FERRET: Para terminar, la única cuestión que quisiera aportar es que las cosas que no se dicen en este proyecto de ley son las que deberían ser hoy más objeto de polémica o de discusión política, más que las que se dicen. Lo que hay en el texto es aceptable, mi grupo va a votar favorablemente todas estas enmiendas, pero han quedado cosas pendientes que no se han abordado en el trámite del Congreso ni tampoco en el Senado. Yo creo que hay algunas cuestiones de acceso al registro o toda la legitimación del proceso de reversibilidad que no se han regulado.Por ejemplo, el derecho del ciudadano durante el periodo transitorio de poder retrotraerse en los actos para poder reconvertir operaciones hechas en euros en pesetas, puesto que estamos en una etapa transitoria y en esa etapa transitoria deberíamos legitimar al ciudadano a poder efectuar los procesos de reversibilidad de sus actos. Esto no se ha contemplado plenamente, así como tampoco se han contemplado plenamente todos los procesos de acceso al registro para que se puedan hacer las adaptaciones monetarias. Ahora bien, señor presidente, esta ley es buena, nos va a permitir el paso político y económico que se va a dar de sustitución de la peseta por el euro y, por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable a todas estas correcciones que nos plantea el Senado.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que cuando analizamos las enmiendas que el Senado va introduciendo a cada uno de los proyectos que han sido tramitados con anterioridad en el Congreso, nos cabe dos maneras de entenderlo. Uno, el contenido estricto de las enmiendas que el Senado ha aprobado y el objetivo que persiguen esas enmiendas; y otro, qué esperábamos nosotros del trámite del Senado. Aquí, los grupos mayoritarios que componen el soporte del Gobierno, lo ven de una manera y en el Senado llega, por así decirlo, la ultimación de lo no consensuado en el Congreso; nosotros lo vemos como la influencia que podemos introducir en algo que no ha sido tenido en cuenta en su trámite del Congreso.
En este caso concreto nosotros encontrábamos a esta ley una dificultad. Parecía que todo estaba muy medido para el trámite europeo, que íbamos a tener una moneda europea, que estaba todo precisado, todo establecido, y resulta que ahora esa moneda única necesita un paraguas que dé soporte nada más y nada menos que al redondeo, a la doble posición de los precios y a la situación de los préstamos hipotecarios. Esta ley paraguas, que al final es lo que estamos discutiendo, todo lo no previsto, da la sensación de improvisación hasta en el trámite del Senado. En el Senado se han introducido determinadas modificaciones que a nosotros nos parecen bien, tales como que los cheques se tengan que hacer en pesetas, que la publicidad se pueda hacer en moneda euro a pesar de no estar en circulación, etcétera, pero da la impresión de que hay demasiada iniciativa no medida, como si la construcción europea estuviese limitada a la moneda, y además con una coyuntura poco establecida.
A nosotros nos sigue pareciendo que esta ley tiene tres grandes vicios en origen y uno, como conclusión, complicado, que es el papel del Banco de España. La verdad es que la situación en la que queda el Banco de España con respecto al Banco Central Europeo es complicada hasta para su propia organización, complicada para la propia reordenación interna, ya que el Banco Central Europeo puede actuar sobre nuestro banco y reordenar la relación laboral y la reestructuración de su propio personal incluso decidiendo si hay mucho o hay poco. Hay una cesión de soberanía de lo que antes

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decidíamos aquí a alguien que no sabemos quién lo controla. Sabemos que pueden nombrar al gobernador del Banco Central Europeo, pero no sabemos ante quién se rinden cuentas, quién lo puede controlar y de qué manera puede actuar. Esa cesión de autonomía del Banco de España hacia ese banco europeo carece de un control de la política monetaria; ni el Parlamento Europeo lo va a hacer ni este Parlamento tampoco.
A nosotros nos parece que quedan demasiadas brechas abiertas, demasiadas puertas abiertas a la arbitrariedad a la hora de poner en marcha la propia moneda. Fíjense si la cosa es como para tenerla en cuenta: la construcción europea se limita a una moneda única, no hablamos de una construcción europea donde, además de la moneda, tengamos unas condiciones sociales, unas condiciones de empleo, unas condiciones fiscales, unas condiciones de ser europeos pero en todo, no solamente porque tengamos un euro que por la parte de atrás diga que somos céntimos o haya una relación con una imagen de nuestro propio país.
El tema fundamental de discusión, a pesar de que los grupos que soportan al Gobierno han dicho que lo encuentran bien referido, es que a nosotros no nos gusta cómo queda el tratamiento del mibor, la sustitución del mibor. Decían aquí que hay mucha gente que lo tiene.
Señorías, hay cuatro millones de españoles con préstamos hipotecarios; cuatro millones de españoles que en las escrituras de sus hipotecas, en la mayoría de los casos, tienen como referencia el mibor. El mibor va a dejar de publicarse, se dice aquí que queda facultado el Gobierno, bien para hacer el cálculo de una fórmula sustitutiva o bien para establecer un nuevo tipo, y se dice que para eso es suficiente garantía que quede redactado así. Para nosotros no.
La garantía es que tenga que pasar por la Cámara, que tenga que discutirse aquí. ¿Con qué condiciones va a hacerse esa revisión? ¿Con las condiciones de los cincuenta bancos europeos que están emitiendo o con la situación de cincuenta bancos españoles o con unas limitaciones determinadas? ¿Cuáles son las condiciones que se tendrán en cuenta a la hora de fijar el mibor? No vaya a ser que la interpretación en el futuro de esta bajada de tipos de interés que está afectando a toda España sea muy distinta. Fíjense ustedes en que aquí la gente está oyendo hablar del 3 por ciento del mibor, de una bajada importante del interbancario, y resulta que los préstamos hipotecarios buenos, los revisados, se están pagando al 5 por ciento.
En España, eso del 3 por ciento, no; al 5 por ciento los buenos, los preferentes, porque aparte están los que no son preferentes, que son mucho más altos. El problema es que en este país todos no son preferentes a la hora de actuar con los bancos. ¿Quiénes son los preferentes? ¿Los que cada director quiere en cada oficina? Pues mire usted, todos los españoles son hijos de Dios y, por tanto, tienen que tener relación con esa posibilidad (para los que crean, les estoy dando una ventaja de creencia que otros pueden tener en otra relación).
Señorías, es imposible que el Gobierno no establezca en una ley una garantía contra esa imprevisión, a pesar de llevar no sé cuántos años programándonos para el euro. Nosotros no vemos bien reflejado que no se haga por ley esa adecuación. El sustitutivo puede ser el euribor, pero ya veremos si estará funcionando en dos años o si estará funcionando en tres, si es un referente positivo o no lo es. Aquí no se habla de eso, aquí se habla de que se autoriza al Gobierno para que fije una fórmula de cálculo o la establezca él. Sin ningún criterio. Miren ustedes, los que están apoyando al Gobierno me parece que pueden aplaudir o sentirse eludidos de la responsabilidad, pero los demás no. No por nada, sino porque nuestra confianza es menor respecto de la posibilidad de que actúe bien el Gobierno. No queda bien garantizada. Con esta medida, el paraguas de esta ley no beneficia por igual a los cuatro millones de españoles. Ese paraguas tiene agujeros y los ciudadanos se mojan con él si no se soluciona o no se encuentra una fórmula diferente. Y tampoco queda bien en el trámite del Senado todo el procedimiento para el tratamiento tributario del cambio del euro. Se hace referencia a las declaraciones, se precisa un poquito más en el aspecto formal, pero no se ha cambiado la valoración general.
En suma, en esta ley siguen quedando abiertos y como sin regulación establecida la cesión de autonomía del banco central, la regulación del mibor y el redondeo, respecto al que debe garantizarse que primero se pone en pesetas y después se hace la transferencia en euros, porque si ponemos primero el precio en euros y hacemos un redondeo en céntimos, va a provocar una subida de precios que es complicadísima de medir en una barra de pan, una botella de cerveza, etcétera. Se trata de precios muy limitados y a la hora de redondear en un céntimo hay que tener en cuenta que un céntimo de euro son 1,6 pesetas, y en un producto que vale 60 pesetas subir el 1,6, aunque sea un céntimo, es importante. Se puede estar provocando una subida de precios si no regulamos y no establecemos bien este tránsito o esta actuación de redondeo. Y la doble exposición de los precios debe realizarse en todo el tránsito de la puesta en marcha del euro, desde el momento en el que podamos tener monedas al momento en el que la moneda todavía no funciona, aunque sí existe como referente. A partir del 1 de enero de 1999 las monedas no estarán circulando, no las veremos físicamente, pero los referentes sí y en el papel de los bancos podrá establecerse.
En suma, las enmiendas del Senado son en algunos casos un parche para ciertos agujeros del paraguas mientras que en otros lo que hacen es agrandar dicho agujero y no proteger bien a los ciudadanos de esta entrada del euro, la cual puede generar desazón e intranquilidad en los ciudadanos y, sobre todo, falta de rigor y de control de los precios y de las cargas mayores que soportan hoy, para hacer frente a la adquisición de una vivienda, la mayoría de los ciudadanos que pueden acceder a tal vivienda, porque resulta que hay

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muchas personas a las que les cuesta trabajo acceder a la vivienda y se tienen que limitar a vivir de alquiler. Podemos preguntar a la gente que tiene menos de 35 años, toda esa gente joven a la que le cuesta trabajo tener autonomía, pues bien, ni siquiera el acceso a la vivienda, por los precios que puede tener, es una fórmula para saber su capacidad de ahorro.
En todo caso, estoy convencido de que la puesta en marcha es la que nos hará ver cómo se evoluciona. Lo que sí le sugeriría al Gobierno es que, en la medida en que hoy no está previsto, se acepte la influencia, para que si el día de mañana, debido a alguno de los agujeros del paraguas, se nos calan los huesos, podamos revisarlo en este Congreso. Si no lo hacemos así, cumpliremos con nuestra obligación de oposición: exigirlo y demandarlo hasta que cambiemos o bien la actuación política o bien al que gobierna.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Hasta este año los españoles que seguían enganchados a la televisión después de tomarse las uvas, después de las campanadas de medianoche, normalmente empezaban el nuevo año con un anuncio, que era el primero de la temporada, el más cotizado en los precios de las diferentes televisiones. Habitualmente solía ser el de la chispa de la vida, el de Coca-Cola, empezando un año eufórico y nuevo, y otras veces era el de Iberia trasladándonos a mundos remotos donde la mayor parte de los españoles no podíamos ir, pero este año el primer anuncio va a ser el del euro, va a ser el comienzo de una nueva era que el Gobierno me imagino que querrá publicitar a golpe de talonario, tratando de vender, de explicar, de ofrecer a los españoles un mundo como el de los productos de bienes de consumo. ¿Por qué digo esto, señor presidente, cuando estamos hablando definitivamente de la aprobación de la ley de introducción del euro? Lo digo porque mi grupo parlamentario tiene la sensación de que en un tránsito tan fundamental como éste, en el que una pieza importantísima en la adaptación de la economía española, de las costumbres y de los usos sociales va a venir referenciada con la aprobación de esta importante ley y con la que el Grupo Parlamentario Socialista coincide, hay poco trabajo realizado por parte del Gobierno en relación con los problemas, con las circunstancias que tienen que acompañar a la economía y a la sociedad española en un proceso tan importante como es la sustitución de la peseta, histórica moneda española, por el euro a partir de 1999.
El Senado ha aprobado una serie de enmiendas y nosotros las vamos a aceptar todas, aunque es verdad que allí votamos en contra de algunas. Esto no significa que no tengamos un cierto grado de discrepancia con respecto a algunas enmiendas que han sido introducidas en el Senado, pero en este proceso y en este momento creemos que el Grupo Parlamentario Socialista tiene que dar su apoyo, porque quiere darlo, a una ley de carácter importante para el conjunto de la sociedad española. Ahora bien, en el Senado, señor presidente, se han perdido oportunidades, y ya lo dijimos en el trámite del Congreso de los Diputados. Tenemos la sensación de que el Gobierno no confía en sus propias fuerzas, en sus propios medios y no tenemos la sensación de que empuje realmente en todos los procesos de adaptación del euro en esta importante fase.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha enmendado el artículo que hace referencia a cuándo y cómo el Gobierno debe de poner en marcha los instrumentos de carácter fiscal para que los españoles puedan empezar a hacer sus declaraciones o sus sociedades en euros.
En el trámite del Congreso dijimos que el Gobierno era pacato en sus responsabilidades al no permitir que desde el 1 de enero de 1999 se pudieran establecer relaciones en euros con la Seguridad Social, dejándolo a un proceso posterior. Esto significa, señor presidente, que la Administración no confía en sus propias fuerzas, no tiene desarrollados todos los mecanismos para poder hacer el tránsito, más allá de lo que marca la ley, para que los españoles, las sociedades, para que diferentes colectivos puedan operar en euros con la Administración. Hasta el punto nos da la sensación, señor presidente, de que este Gobierno hace mucha publicidad de lo que es el euro o del mundo idílico en el que los españoles van a vivir en los próximos años con la introducción del euro que una subcomisión creada en este Congreso termina el período de la presente legislatura sin haber llegado a ninguna conclusión. Da la sensación de que, con relación al euro, se saben hacer pocas cosas más allá de publicidad en prensa, radio y televisión.
Decía, señor presidente, que nosotros vamos a votar afirmativamente las enmiendas que ha aprobado recientemente el Senado, a pesar de que no llegamos a entender algunas de ellas; no entendemos los vaivenes de este proyecto de ley en relación con la consideración de ley orgánica de la disposición adicional quinta, que en el primitivo proyecto era disposición adicional segunda y que fue retirada incluso por el Grupo Popular al aceptar una enmienda del Grupo Socialista. Si efectivamente la Cámara y los grupos parlamentarios que han promovido esta iniciativa se van a quedar más tranquilos desde el punto de vista de las garantías jurídicas, esa será la única razón de que el Grupo Socialista dé su voto afirmativo, porque todos somos conscientes de que el Consejo de Estado, en un informe importante, reconoce taxativamente que no es necesaria la introducción de esta disposición adicional quinta en estos momentos ni que deba de tener carácter de ley orgánica este proceso que se quiere introducir.
Para que no se malinterprete la voluntad del Grupo Socialista, que no presentamos enmienda de totalidad

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cuando fue presentado este proyecto de ley, que hemos mantenido una actitud responsable, solidaria, constructiva en la elaboración de este importante proyecto de ley para el conjunto de la sociedad española, vamos a votar afirmativamente también las enmiendas que provienen del Senado.
Para nosotros -y termino ya, señor presidente-, este proyecto de ley, que es importante, necesario y práctico para la sociedad española, para que sea eficaz, para que no sea sólo un texto escrito como los hay a cientos cientos y miles en este país, tiene que venir acompañado de una voluntad permanente de diálogo en el desarrollo de las disposiciones y los artículos de la ley de la introducción del euro. Me refiero, por ejemplo, a la adaptación del nuevo míbor, que se tendrá que producir una vez que el actual deje de publicarse. A nosotros nos habría gustado que estas Cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, hubiesen tenido la posibilidad de dar el visto bueno al nuevo instrumento referencial. Pero el hecho de que se faculte al Gobierno para hacerlo no significa que el Grupo Socialista, que el Partido Socialista, no estará atento y vigilante para que no se produzca una interpretación unilateral y contraria a los intereses de millones de ciudadanos. Con nuestra actitud, con nuestro voto, señor presidente, queremos dejar patente la voluntad positiva, la voluntad colaboradora y la voluntad de llegar a un acuerdo en una ley que va a ser importante para todos los ciudadanos de este país.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de nada, quiero hacer una advertencia en relación con un nuevo párrafo que el Senado ha introducido con la enmienda de adición al apartado 2 del artículo 27 del proyecto de ley. Dicha enmienda, cuyo texto aceptamos íntegramente, está situada erróneamente en el citado artículo 27, cuando su ubicación correcta sería en un nuevo y último párrafo del apartado 2 del artículo 28. Así se desprende de la propia naturaleza del tema que regula y espero que esta reubicación merezca la conformidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. En el preámbulo, capítulo IV, segundo párrafo, se hace alusión a la disposición adicional segunda cuando realmente debe decir disposición adicional quinta. En el mismo preámbulo, en su capítulo VII, al referirse a la disposición adicional tercera, la del Banco de España, es evidente que lo correcto es referirse a la disposición adicional segunda.
Además de lo expresado existen algunas correcciones técnicas y gramaticales y dos disposiciones adicionales nuevas. La disposición adicional cuarta regula las garantías en operaciones de las entidades financieras con el Banco de España, con el Banco Central Europeo o con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
Dichas obligaciones pueden dimanar de operaciones de política monetaria o de asegurar responsabilidades en los sistemas de pagos o de compensación y liquidación de valores. Con esta disposición adicional cuarta se cubre una eventual insuficiencia de instrumentos financieros para garantizar las citadas operaciones, por lo que podrían generarse tensiones en el mercado interbancario o incluso una prima de riesgo para operaciones españolas al no poder garantizarlas con activos españoles o, lo que sería más perturbador, tener que aportar garantías con instrumentos financieros no españoles.
La nueva disposición adicional quinta regula que las referencias contenidas en las leyes orgánicas a importes monetarios expresados en pesetas o en ecus se entenderán también realizadas al correspondiente importe expresado en euros. Igualmente se dispone que las referencias contenidas en las normas penales a la moneda nacional se entenderá que engloba tanto la moneda euro como la moneda peseta, manteniendo la peseta a estos solos efectos la consideración de moneda nacional hasta la finalización del período de canje y añadiéndose una especial protección durante el período transitorio para los euros acuñados o impresos en moneda metálica o en papel moneda como moneda de curso legal, a los efectos que están previstos en los artículos 386 y 387 del Código Penal.
Estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones del señor Homs en relación con la flexibilidad con que la enmienda del Senado ha dotado al artículo 32 sobre la determinación del míbor o de un índice sustitutivo. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor Martínez Sanjuán y al Grupo Socialista su apoyo a todas las enmiendas del Senado. Sin duda, es un reflejo de que son conscientes de la importancia que tiene esta ley para España y para nuestra introducción en la zona del euro.Por ello, señor presidente, antes de abandonar esta tribuna, quisiera poner de relieve que dentro de unos minutos, si este proyecto de ley merece -como así lo espero- la aprobación de esta Cámara, habremos dado el último paso que corresponde al Poder Legislativo para la integración plena de España en la zona del euro. Como dice el artículo 3 de este proyecto de ley, el 1 de enero próximo la moneda nacional española será el euro y no la peseta. Ésta, durante el período transitorio, seguirá teniendo poder liberatorio, pero no será la moneda nacional sino una subdivisión del euro.
La experiencia pondrá de relieve los beneficiosos efectos que nuestra integración desde el primer momento en la unión monetaria va a producir en la economía española y, por ende, en el bienestar de los ciudadanos. Pero quisiera destacar, señor presidente, que el euro, siendo todavía un nasciturus, ya ha prestado dos importantes servicios a España. El primero fue durante la crisis financiera del pasado verano. Todos podemos imaginar cómo se hubiera defendido la peseta

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ante el vendaval especulativo si no hubiera estado al socaire de la zona euro, y creo que en España, al haber necesitado en el pasado reciente hasta cuatro devaluaciones en menos de un trienio para mantener la competitividad de nuestra economía, estamos bien dotados para comprender mejor que nadie ese beneficioso efecto del euro.
El segundo servicio del euro se ha producido la semana pasada, con la bajada hasta el 3 por ciento del tipo de interés de referencia. Es el nivel más bajo de la historia de España en cualquier tipo que utilicemos, el tipo de interés básico, el tipo de referencia e incluso el tipo de interés legal, porque ni siquiera el tipo de interés legal del dinero, siempre más conservador que el de mercado, estuvo nunca en una cota tan baja. Recordemos que el Código Civil, que fue promulgado en 1889, fijó el tipo de interés legal en el 6 por ciento, y leyes posteriores lo modificaron, no habiendo estado nunca por debajo del 4 por ciento. El tipo de interés del 3 por ciento ha de resultar beneficioso para muchas personas, especialmente para los jóvenes -para los jóvenes, señor Ríos- que acceden por primera vez a una vivienda, y para la inversión de las pequeñas y medianas empresas y su repercusión en el empleo, así como para reducir, sin duda alguna, el coste de la financiación pública con un favorable impacto sobre el déficit. Es el segundo servicio que el euro, antes de nacer, ya ha prestado a nuestro país. Además, es preciso resaltar que la bajada concertada y, como debe ser, sin la menor filtración, ha puesto de relieve que el mecanismo funciona.
Es verdad que la integración en el euro significa una cesión de soberanía, pero esa cesión se hace voluntariamente por quienes tienen atribuida la representación del titular de esa soberanía, que es el pueblo español, y son evidentes las ventajas que de dicha cesión se infieren. Sin embargo, el acceso al euro significaba cumplir unos parámetros muy exigentes, y a ello no hemos llegado por procedimientos taumatúrgicos sino por el rigor en una política económica ortodoxa, muchas veces impopular, y eso, señorías, señor presidente, es mérito que difícilmente puede serle sustraído a este Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Albendea, le ruego vaya concluyendo.


El señor ALBENDEA PABÓN: Enseguida termino, señor presidente.
Como lo es su declarada voluntad de continuar por ese camino para dar cabal cumplimiento al pacto de crecimiento y estabilidad. Por eso, señorías, frente a un sentimiento de nostalgia por decirle adiós a la peseta, existe una nota de optimismo, porque estamos inmersos en una de las zonas de mayor desarrollo del mundo, desde la que sin duda también estaremos en disposición de ejercer una política de solidaridad y de cooperación al desarrollo con otros pueblos con niveles de pobreza inadmisibles en lo que hemos venido en llamar la aldea global. Recordarlo hoy, en el 50.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, me parece que es oportuno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Albendea.


DEBATE DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Finalizado el apartado VI del orden del día, el apartado VII decae en su totalidad, el punto 37 por no encontrarse en condiciones de ser debatido y el resto de los puntos, del 38 al 43, por no haberse presentado enmiendas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS. (Número de expediente 121/000124)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): He de someter a la consideración del Pleno en este momento, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la modificación del orden del día, consecuencia del acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces, por el cual el punto 48 del apartado VIII pasaría a ser debatido en primer lugar y, a continuación, el resto de los puntos de dicho apartado. ¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.) Pasamos, por tanto, al punto 48 del orden del día, debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, enmiendas presentadas al proyecto de ley de cooperativas, para cuya presentación y en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señoras y señores diputados, intervengo para presentar, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de cooperativas. Inicio esta intervención, al amparo del conocimiento de las distintas posiciones de los grupos parlamentarios con respecto a este, en nuestra opinión, importante proyecto, anticipando la voluntad del Gobierno de que prospere el diálogo parlamentario, porque creemos que muchas de las iniciativas que se han presentado a través de enmiendas, después del diálogo de los grupos parlamentarios, podrían incorporarse a este texto.
En consecuencia, voy a presentar el contenido del proyecto de ley, que, en nuestra opinión, tiene particular relevancia, como todos aquellos que se refieren a la articulación de los creadores de empleo, como todos aquellos que se refieren a la creación de empleo, y tiene también particular relevancia porque tenemos que significar en esta presentación que el sector de la economía

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social, el sector de las cooperativas, tiene cada vez mayor relevancia en nuestra economía y en la creación de empleo en España.
Baste decir que, de las 500 mayores empresas, doce son sociedades cooperativas y que estas doce sociedades cooperativas dan en este momento empleo a más de 24.000 trabajadores. Si atendemos a la evolución en los últimos tiempos, a finales de 1997 el número de trabajadores, tanto socios como asalariados, ocupados en empresas de economía social superaba los 227.000, lo que supone un incremento del 20 por ciento en relación a 1994. Ello significa que más de un 3,5 por ciento del total del empleo en España está vinculado a este tipo de sociedades de economía social, de economía vinculada a las cooperativas. En España existían, a principios de 1998, 21.000 empresas de esta índole en situación de alta en la Seguridad Social.
Tenemos también que reconocer que la implantación de las cooperativas en España es desigual atendiendo a las distinta nacionalidades y regiones que conforman nuestra nación plural. Así, es muy importante la presencia de las sociedades cooperativas en Cataluña, Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, agrupando estas cuatro comunidades más del 66 por ciento del total de las cooperativas en España.


Si atendemos a la articulación de nuestra economía dependiendo de los distintos sectores, más del 50 por ciento del movimiento cooperativo se encuentra vinculado a los servicios, seguido de la industria en más de un 30 por ciento, y ya a distancia se sitúan la agricultura y la construcción. Sin embargo, me gustaría decir también que tanto en la agricultura como en la ganadería y en zonas de España que han tenido particulares problemas en un desarrollo económico deseable las cooperativas han jugado un papel fundamental en la revitalización de su tejido productivo de cara al futuro.
En Europa, señorías, el conjunto de la economía social representa casi siete millones de empleos; en Francia, un sexto de la población ocupada; en Bélgica, un 10 por ciento de los trabajadores están en empresas de economía social. En todo el debate europeo en torno al empleo ya desde 1989 la Comisión Europea ha venido pidiendo al conjunto de los países de la Unión que articulen fórmulas que permitan la expansión y el desarrollo de la economía social, y de manera muy singular en lo que significa el papel de la economía social en el sector servicios. Por tanto, a la hora de presentar este proyecto de ley estamos atendiendo al desarrollo de un sector emergente en creación de empleo, cumpliendo directrices de la política europea en materia de economía social y también dando una vez más cumplimiento a la Constitución española, que en el artículo 129.2 ordena a los poderes públicos fomentar las sociedades cooperativas.
Esta iniciativa, aprobada en Consejo de Ministros, no responde sólo a la alineación con las políticas europeas y al cumplimiento del desarrollo de la Constitución, sino que responde al impulso que pensamos que debe darse a las cooperativas, porque, con toda sinceridad, en todos nuestros análisis hay una potencialidad de creación de empleo en torno a las cooperativas muy superior a la que hoy tenemos en la realidad. Hay que salir de un concepto que pueden mantener algunos y que no tienen ningún sentido, enfrentando la necesidad de mantener el espíritu que da nacimiento a las cooperativas con la necesidad de que las cooperativas sean rentables y competitivas.
Quiero señalarles, señorías, que, como en todos los casos, el Gobierno y este Ministerio han tenido intensos contactos con las organizaciones más representativas del sector de la economía social y del mundo cooperativo y que muchas de sus apreciaciones, de sus sugerencias, de sus indicaciones fueron incorporadas a este proyecto de ley, que tiene vocación de servicio para el mundo cooperativo en el próximo siglo XXI.
Creemos que las cooperativas tienen que renovarse en sus estructuras y en su funcionamiento para que de alguna forma se aborden con certeza los desafíos económicos y empresariales del futuro, las nuevas realidades económicas internacionales, el reto que particularmente significa para España la incorporación a la unión económica y monetaria. Pero, como decía al principio, también hay razones de articulación del Estado que justifican poner en marcha este proyecto de ley.
Señorías, el desarrollo del Estado de las autonomías ha conllevado la asunción de competencias exclusivas en materia de cooperativas por parte de las comunidades autónomas y, como bien saben, ocho de ellas cuentan ya con leyes propias. Eso hace necesario que procedamos a una regulación estatal teniendo en cuenta las competencias que tienen las comunidades autónomas y teniendo también muy en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. Asimismo, y por aplicación de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución, la futura ley de cooperativas será de aplicación en las comunidades autónomas que no cuenten con leyes propias. En este punto, como hacía al principio de mi intervención, es donde quiero volver a manifestar el hincapié que el Gobierno hace en la necesidad del diálogo de los grupos parlamentarios para que se encuentre una fórmula que satisfaga a todos en el ámbito de aplicación de esta norma. Sabemos que hay posiciones distintas en algunos grupos parlamentarios y quiero manifestar, con profundo respeto del Gobierno a las tareas de este Congreso de los Diputados y a la voluntad de los grupos parlamentarios, nuestra predisposición a fomentar ese diálogo, a participar en él si fuera necesario para alcanzar un acuerdo en lo que respecta a los ámbitos de aplicación de este proyecto de ley.
Como tercera razón, ha habido cambios que se han producido en la legislación del Estado, cambios que se han producido en la legislación propia de la Unión Europea y también en las comunidades autónomas que justifican este proyecto de ley.Las cooperativas pueden crear más riqueza y, como he dicho anteriormente, la rentabilidad, la competitividad de las cooperativas es, en opinión del Gobierno, perfectamente compatible

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con el mantenimiento de los valores societarios y solidarios que siempre han estado presentes en el mundo cooperativo. Por eso, señorías, el desarrollo de la economía social, el papel de las cooperativas adquiere especial tratamiento en el Plan de empleo para 1998 del Reino de España, que fue presentado ante la Unión Europea y que en este momento se encuentra en fase de elaboración para 1999 atendiendo a las nuevas orientaciones que puedan aprobarse en el Consejo de Viena. Se trata, pues, de manera muy especial de facilitar la constitución de sociedades cooperativas, de reducir los requisitos y formalidades que plantea la vigente Ley de Cooperativas y de facilitar plenamente la autorregulación a través de sus estatutos sociales. Diría que, de manera global, se eliminan obstáculos que hoy están limitando o dificultando la iniciativa en la creación y funcionamiento de las cooperativas y del empleo que rodea a toda la economía social.
Entre las grandes modificaciones de este proyecto de ley podrían citarse las siguientes por su relevancia.Se reducen para las cooperativas de trabajo asociado el número de socios, de cinco a tres; se agiliza el proceso de constitución de la asamblea cooperativa al suprimirse el requisito de la asamblea constituyente; las cooperativas que cuenten con menos de diez socios podrán nombrar administrador único; se facilita la transformación de una cooperativa en cualquier otra sociedad civil o mercantil sin pérdida de su personalidad jurídica; se crean las cooperativas de iniciativa social; en el caso de las cooperativas de vivienda los bienes que integran el patrimonio de una promoción o fase no responderán de las deudas de las restantes, obligándose a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes que constituyen cada fase o promoción; se introduce el voto plural ponderado en cooperativas agrarias de servicios, transportistas y explotación comunitaria de la tierra sin que pueda ser superior a cinco votos sociales; se facilita el acceso a nuevas modalidades de captación de recursos financieros mediante la emisión de participaciones especiales o de títulos participativos; se regula la figura -que me parece extraordinariamente importante- del grupo cooperativo, con la finalidad de que se puedan integrar empresarialmente las distintas facetas de una misma cooperativa; se crea la figura de la cooperativa mixta, cuya regulación permite la coexistencia de elementos propios de la sociedad cooperativa y de la sociedad mercantil, y para institucionalizar el diálogo permanente con otras administraciones del Estado y el movimiento cooperativo se consagra legalmente el consejo para el fomento de la economía social, a través del cual el Gobierno quiere un órgano consultivo permanente para ir planteando aquellas sugerencias o propuestas que beneficien el funcionamiento de la economía social y el mundo cooperativo en particular.
Señor presidente, estas son las razones fundamentales que han impulsado al Gobierno a aprobar este proyecto de ley hacia un sector y en una dirección en cuyo futuro creemos enormemente, que ha sido respuesta para muchas zonas de España y en algunos casos puntuales para zonas extraordinariamente deprimidas en su desarrollo económico. Creemos que en este mundo tan cambiante, a ritmo vertiginoso, es perfectamente compatible que cuando se habla de competitividad cada vez más necesaria en un mundo global, que cuando se habla de la necesidad de que las empresas sean cada vez más rentables en una economía global, creemos que es perfectamente posible avanzar en la buena dirección, mantener el espíritu que da nacimiento al movimiento cooperativo y al mismo tiempo facilitar que ese mundo de las cooperativas sea cada vez más competitivo y pueda ser más rentable con una buen gestión. En cualquier caso -repito-, la voluntad del Gobierno es mejorar este proyecto de ley a través del necesario y siempre positivo diálogo de los distintos grupos parlamentarios en los trámites subsiguientes en el Congreso y en el Senado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley han sido presentadas tres enmiendas de totalidad, dos de ellas por parte del Grupo Parlamentario Mixto y una por parte del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, para la presentación de una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo para defender la enmienda de totalidad de devolución que el Bloque Nacionalista Galego presenta al proyecto de ley de cooperativas; un proyecto de ley que sin duda, como acaba de reconocer el propio ministro, su texto original va a ser necesario reformarlo en profundidad para convertirlo en un texto aceptable, a la luz de la enorme cantidad de enmiendas parciales que los diversos grupos de la Cámara han presentado, y si no me equivoco incluso el Grupo Popular.
Todos sabemos que el Consejo Económico y Social ponía de manifiesto, en su informe sobre el anteproyecto, sus observaciones a diversos aspectos del articulado e incidía en los problemas que se planteaban refiriéndose explícitamente a uno de los temas cruciales del proyecto, que es el relativo a su ámbito de aplicación, recogido en el artículo 2, por cuanto afecta al orden constitucional de competencias entre los diversos poderes públicos concernidos.Advertía este informe que lo dispuesto en este artículo podría ser fuente de conflictos al chocar con las competencias que las comunidades autónomas tienen en esta materia.
La enmienda de totalidad que presentamos como Bloque Nacionalista Galego cuestiona varios aspectos del proyecto de ley: el diseño competencial, la distorsión de los principios cooperativos que en nuestro criterio introduce y, por último, las formas de asociacionismo cooperativo que propone.


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En lo que se refiere al diseño competencial, nosotros creemos que la cláusula genérica referida al ámbito de aplicación contenida en el artículo 2 del proyecto de ley induce a confusión y hace que esta ley, de aprobarse, interfiera sobre las competencias de titularidad exclusiva autonómica que, como en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, tienen reconocidas por delegación expresa del Estado mediante las correspondientes leyes orgánicas. Tal y como está redactado el artículo 2 del proyecto, una cooperativa que por ejemplo mantenga relaciones internas con socios de manera residual, es decir, que tenga un porcentaje mínimo de socios fuera del territorio de una determinada comunidad autónoma, será sometida de inmediato al régimen jurídico contemplado en este proyecto de ley, olvidando que la mayoría de sus relaciones intercooperativas se desarrolla en el ámbito territorial de una comunidad autónoma e incluso que la mayor parte de las actividades se va a desarrollar en el mismo. Igualmente creemos que existe una invasión de competencias en el caso de una cooperativa que tenga relaciones internas con socios en dos comunidades autónomas que tengan atribuciones exclusivas en la legislación sobre la materia y hayan legislado sobre la misma cada una de ellas, ya que de aplicarse esta ley literalmente a esa cooperativa le sería de aplicación la ley estatal, pese a estar situada y tener relaciones internas con socios en comunidades autónomas que tienen establecida su propia legislación. Por tanto, el proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, debe ser mejorado de un modo sustancial en este aspecto, debiendo ponderar aquellos supuestos en los que una cooperativa, pese a tener alguna relación interna con socios en más de una comunidad autónoma, y si ésta tiene atribuida la competencia exclusiva, sea directamente aplicable ésta, debiendo configurarse el ámbito de la titularidad competencial estatal, además de para aquellos casos en que una comunidad autónoma no tenga delegadas las competencias en esta materia, únicamente para los supuestos de entidades cooperativas que tengan una clara vocación de implantación estatal y no como un mero recurso de supletoriedad.
En lo que se refiere a los principios cooperativos, el proyecto de ley introduce numerosas novedades respecto a la anterior Ley 3/1987 en los principios que inspiran el cooperativismo. A nosotros nos parece, en primer lugar, que el régimen democrático se ve sensiblemente alterado, ya que se introduce la posibilidad del voto plural ponderado que pone en manos de un socio un alto porcentaje de votos sociales, hasta el 30 por ciento, cuando la anterior ley establecía un sistema democrático puro, es decir, un socio un voto, independientemente de su aportación al capital social o la actividad cooperativizada. En segundo lugar, la posibilidad de que personas no socias puedan formar parte de los órganos de dirección de la cooperativa. Es decir, el consejo rector es también un factor de desnaturalización de las mismas, ya que dada su característica de empresas sociales, es decir, entidades mercantiles que aglutinan un importante número de personas para ejercer una actividad económica en común, deben ser, desde nuestro punto de vista, esos empresarios -y digo empresarios entrecomillas- los que participen y tomen las decisiones claves de la cooperativa en exclusiva, encomendando en todo caso a personas ajenas a la misma solamente tareas de mera gestión o auditoría. El proyecto, además, abre la posibilidad de transformación de cualquier entidad cooperativa en cualquier tipo de sociedad mercantil o civil, o a la inversa, de lo que se puede deducir que todo ello se convertirá en una vía espuria para que cada vez menos socios controlen las decisiones importantes, pudiendo imponer su voluntad unos pocos en función de la aplicación de ese voto plural ponderado o incluso de que los grandes acuerdos los tomen personas ajenas a la propia cooperativa. Además, a nosotros también nos preocupan las posibles repercusiones fiscales que se pueden derivar de la transformación de la sociedad en un tipo de entidad o en otra, que el proyecto de ley no aclara. En todo caso, cabe suponer que esta cuestión va a dar lugar a la modificación del actual régimen fiscal, contenido en la Ley 20/1990, ya que las cooperativas se encuentran especialmente protegidas, disponiendo de ventajas fiscales y preservando esos rasgos peculiares, impidiendo, por ejemplo, en caso de disolución que todo el remanente vaya a parar a manos de los socios, sino que parte de él, lo que queda en el fondo, reserva obligatoria, debe destinarse a los órganos administrativos encargados de gestionar el fomento del cooperativismo. Las posibilidades de transformación que deja abiertas el proyecto de ley nos crean algunas incertidumbres en este terreno.
Por último -y voy concluyendo-, el proyecto de ley diseña un sistema de asociacionismo ajeno a los principios cooperativos, encomendando la gestión no a una asamblea general de las cooperativas, formada por los presidentes de las mismas y que puedan ser controladas directamente por los socios de las cooperativas, sino a un órgano gestor de carácter simplemente empresarial, pero con las facultades de una asamblea general de una cooperativa de segundo grado, pudiendo dirigir toda la política social y empresarial, desde las nuevas aportaciones de socios hasta la participación obligatoria, etcétera.
Esta política de las cooperativas conforma el grupo de una manera autónoma, lo que deja totalmente indefenso al socio cooperativista, que verá mermado sus derechos, convirtiéndose los derechos que le reconoce la ley en simple retórica en el caso de que su cooperativa esté integrada en un grupo. En definitiva, desde nuestro punto de vista, lejos de fomentar algún cooperativismo activo y participativo, se está diseñando un nuevo régimen en el que el socio se ve desprovisto de las garantías mínimas de control de la actividad, al escoger vías en que las decisiones se tomarán desde el punto de vista empresarial y dejando de lado la función social de las cooperativas, tal y como la legislación actual hacía.


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Por todos estos motivos, señor presidente, señoras y señores diputados, solicitamos la devolución de este proyecto de ley al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la presentación de su enmienda de totalidad, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en segundo lugar la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hemos presentado una enmienda de totalidad a este proyecto de ley quizá por la misma razón que usted haya presentado el proyecto, y es por la importancia del mismo. Comparto con usted la descripción que hacía de la importancia y la relevancia que en la economía tiene el sector del cooperativismo, o las cooperativas, no sólo en cuanto a su peso económico sino en el número de empleos tan necesarios en nuestra vida normal que en este momento, gracias a Dios -digámoslo así- está dando a tantas personas. Pero porque es muy importante el proyecto de ley creemos que es muy importante la enmienda de totalidad que hemos presentado.
Ha sorprendido el número de enmiendas parciales a este proyecto de ley, 433, presentadas yo creo que por todos los grupos de la Cámara.
Dejaremos para la Comisión la parte del debate en cuanto a las distintas cuestiones específicas técnicas que pudieran ser mejorables en este proyecto de ley, y que sin duda alguna quizá con el diálogo -como usted señalaba- entre los grupos parlamentarios se pueda realizar, y nos centraremos en una cuestión por la que, desde nuestro punto de vista, merece la pena que haya este debate. Por nuestro propio Reglamento, si no hay una enmienda de totalidad no hay debate y, por tanto, nada más que por eso era necesario plantear una cuestión clave como es la del ámbito de aplicación, pero es que además es un tema vital, máxime cuando, como usted señalaba, el cooperativismo y las cooperativas en determinadas comunidades autónomas son absolutamente básicos.
Respecto al ámbito de aplicación, como señalaba, artículo 2, es curioso que todos los grupos, salvo Coalición Canaria -no quiero equivocarme-, incluido el Grupo Popular, lo hemos enmendado y todos hemos tratado de utilizar unas u otras variables. En cualquier caso, está claro que hemos intentado ir en la dirección de modificar lo que yo entiendo que este proyecto ha presentado como un criterio muy rígido y, si me lo permiten, muy centralizador de lo que tiene que ser el ámbito de aplicación. Además de que todos los grupos parlamentarios hemos materializado en enmiendas esta idea clara, como señalaba mi compañero el señor Vázquez, el Consejo Económico y Social ha señalado exactamente lo mismo, es decir, un aspecto crucial a tener en cuenta y los conflictos que pudieran derivarse de esta regulación literal del artículo 2 del ámbito de aplicación.
¿Por qué? En primer lugar porque afecta al orden constitucional y, por tanto, al orden público, de lo que tenemos que ser plenamente conscientes desde la perspectiva de las administraciones públicas implicadas, y en segundo lugar porque afecta a la seguridad jurídica, desde la perspectiva de los operadores cooperativistas que tienen que ser los que van a utilizar esta ley. En consecuencia, esta es una cuestión clave. Lo mismo señalaba el Consejo General del Poder Judicial al advertir que había que cohonestar las competencias de unos y otros en esta materia. Por eso me voy a centrar en esta cuestión. No voy a leer el artículo 2, que todos ustedes conocen, pero lo podría definir como un criterio muy genérico el que se establece y, como señalaba anteriormente, centralizador. Esta es una opinión subjetiva; lógicamente todas las opiniones que vertimos desde esta tribuna son subjetivas pero legítimas, también quiero señalarlo. Pero para centrarme en el porqué de la importancia y por qué creemos que da lugar a conflictos o incluso a posibles recursos de inconstitucionalidad, voy a hacer referencia a cuatro razones muy concretas, no sé si jurídicas o jurídico-políticas, en relación especialmente a una doctrina que ya existe sobre esta materia por parte del Tribunal Constitucional.
Creemos que la redacción de este artículo 2 desconoce el esfuerzo interpretativo que se ha realizado, los criterios que se establecieron por sentencia del Tribunal Constitucional en el caso 72/1983; criterios y esfuerzos interpretativos -lógicamente no vamos a entrar en la historia- que provienen de la interposición de recursos a una ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco; un esfuerzo interpretativo que ha sido seguido por comunidades autónomas con competencia exclusiva, que han tratado de establecer claramente sus legislaciones en relación a este criterio. Curiosamente ahora todo se desbarata, si se me permite la expresión coloquial. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional hizo una clara diferenciación entre actividades típicas y actividades instrumentales, entendiendo que las actividades típicas eran las que debían desarrollarse dentro de la comunidad autónoma con competencia exclusiva, y en este caso así se han realizado por varias comunidades autónomas en su legislación, como en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por el contrario, no se sometían al criterio de territorialidad las actividades instrumentales y, por tanto, estas últimas no determinan ni influyen en la aplicabilidad de una u otra ley.
Creemos igualmente, a la luz de dicha sentencia del Tribunal Constitucional, que este proyecto de ley no conoce o no advierte que el punto de conexión para la aplicación de la norma debida, el domicilio social, se ha completado con el criterio de territorialidad. Además, este proyecto de ley puede suponer desconocer o incluso propiciar la facilidad de huida de ley al posibilitar la aplicación de una norma distinta de la que en principio y objetivamente le competería a una cooperativa, y ello utilizando determinados subterfugios como asociar a alguien extracomunitario de una comunidadautónoma para determinar qué ley, en función de lo

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que más o menos puede ser susceptible de beneficiar a unos u otros, pudiera ser de aplicación, lo que no sería de recibo. A estos efectos, nada valdría que la ubicación del centro de trabajo estuviera en un lugar determinado, que la realización por cientos o miles de cooperativistas de toda la actividad estuviera en un lugar y en un ámbito territorial de una comunidad autónoma determinada porque, en definitiva, con este criterio tan genérico podría quedar al albur y habría una dificultad en cuanto a seguridad jurídica, sin entrar otra vez en los términos del ámbito público.
Este proyecto de ley también desconoce la ya superación del mutualismo estricto al que se constreñía el cooperativismo originario, al establecer este criterio reiteradamente -artículo 2- sin ninguna distribución entre distintas actividades. Hay un sector del cooperativismo -y en este caso lógicamente me remito al vasco, muy específico e importante- que supera el mutualismo y entra en una dinámica expansiva empresarial que obliga a tener en consideración unas perspectivas distintas, así como a tener en cuenta que determinadas cuestiones y necesidades empresariales expansivas pudieran dar lugar a actividades instrumentales lógicamente necesarias para el propio negocio, pero que no conlleva para nada el que haya que intervenir desde un ámbito diferente al que le correspondería.
Con este proyecto de ley -y no voy a extenderme más porque tiempo habrá en la Comisión-, desde nuestro punto de vista y creo que acertadamente a tenor de la jurisprudencia que tenemos todos que tener en cuenta, lo que se hace es vulnerar -si se me permite la expresión- o desconocer las competencias exclusivas que existen en determinadas comunidades autónomas y, lógicamente, competencias reales también en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta sería una interpretación muy restrictiva e injusta de estas competencias que tienen las comunidades autónomas, que no sería admisible desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero especialmente hay que respetar lo que la ley orgánica, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, estableció como competencias exclusivas. Por eso, sin alargarme más -aunque habría mucho más que decir-, y solamente a este respecto hemos presentado esta enmienda de totalidad porque creemos que es una cuestión clave antes de entrar en otras cuestiones técnicas y pedimos la devolución del proyecto. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Estoy segura de que los demás grupos parlamentarios están de acuerdo totalmente en lo que estamos planteando, aunque las estrategias les llevarán a votar de una u otra manera. Lo cierto es que sorprende que se haya presentado este proyecto de ley con un ámbito de aplicación, artículo 2.º, que no es que congratule o satisfaga a los grupos parlamentarios sea cual sea su posición, es que no satisface a nadie. Creemos que no es correcto respecto a la jurisprudencia y, en definitiva, no sabemos por qué se ha presentado este proyecto de ley con un artículo 2.º que inequívocamente todos los grupos parlamentarios ya hemos enmendado y vamos a tener que modificar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución, presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, señorías, esta es la tercera ocasión que en pocos años debatimos en estas cámaras un proyecto de ley general de cooperativas. Lo hicimos en 1985, se disolvieron las cámaras, y se volvió a debatir en 1986 otro proyecto que fue aprobado en 1987, la ley actualmente en vigor.
Conviene, en primer lugar, preguntarnos qué sentido o qué finalidad tiene este nuevo texto de ley de cooperativas que nos presenta el Gobierno del Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular elude en la memoria cualquier justificación en el terreno de las ideas, aunque dé la impresión de compartir los principios de los pioneros de Rochdale, la filosofía socialista de Robert Owen y la adaptación actualizada de los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional. Nada de todo esto parece preocuparle lo más mínimo. La justificación que se nos da en la memoria -y hoy el señor ministro ha añadido poco más- para este proyecto de ley es la necesaria adaptación de nuestro derecho cooperativo interno a las nuevas directivas de la Unión Europea. Sin embargo, esto es lo que se dice y otra cosa es la que realmente se hace, porque ¿qué tendrá que ver el derecho europeo con la limitación drástica del derecho de información de los socios, que se incluye en este proyecto de ley? o, lo que es más importante, ¿qué dice el derecho europeo sobre la invasión de las competencias de las comunidades autónomas hasta su práctica anulación, como se dice y se hace en el artículo 2.º del proyecto? Ciertamente, lo primero que habría que pedir al Gobierno del Partido Popular es que nos dijera qué ideas o qué filosofía le ha llevado a presentar este proyecto de ley. A nadie se le olvida que el movimiento cooperativo ha tenido una fuerte raigambre en el terreno de las ideas desde que en el siglo XIX, exactamente en 1844, hace ya 154 años, a un grupo de tejedores británicos se le ocurriera fundar la primera cooperativa de consumo en la ciudad de Rochdale para hacer frente a los abusos y a la explotación inherentes a la revolución industrial. Tal vez haya llovido mucho desde entonces, pero el cooperativismo y sus principios de solidaridad y democracia han persistido gracias a la voluntad de los trabajadores y a la constante actualización de los principios cooperativos practicada por la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué función persigue asignar el Gobierno del Partido Popular a las cooperativas? ¿Va a fomentar realmente la economía social? ¿Se mejora la legislación vigente de 1987? No, parece que no. ¿Cual es, por tanto, el hilo conductor de este proyecto de ley?

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Sabido es que el gran problema que tenían las cooperativas hasta la legislación de 1987 consistía en que en una economía de mercado, competitiva por definición, debían ser tan rentables como la mejor sociedad capitalista, como la mejor sociedad anónima, contando como cuentan con particularidades o con instrumentos de gestión no capitalistas, como el principio democrático un hombre/un voto, el principio de puertas abiertas o el de irrepartibilidad de las reservas. Se trataba de conseguir una especie de cuadratura del círculo que la Ley de 1987 creemos que alcanzó. La alcanzó con la introducción, por ejemplo, de la nueva figura del asociado, que hoy se cambia con el nombre de socio colaborador, o con la flexibilidad de las operaciones con terceros no socios; medidas a las que por descontado se opuso el Partido Popular en aquel momento, no fuera que las cooperativas arrebataran terreno a las sociedades anónimas con pérdida de su mercado. Aquella Ley de 1987 ha demostrado su eficacia y a la vista están las estadísticas.¿Con este nuevo proyecto se sigue la línea de la Ley de 1987? En cierta medida podríamos decir que sí, porque resulta inevitable que cuando se abren nuevos caminos es difícil volver atrás y taponarlos, pero de esto no podemos deducir que esta ley resultara necesaria, que siga un criterio claro y equilibrado entre la necesaria flexibilidad de los principios cooperativos y su exigida aplicación para mantener la democracia interna, el servicio a los socios y la utilidad social de las cooperativas. Este proyecto ni es flexible ni es rígido, sino todo lo contrario. Por ejemplo, cuando se plantea permitir o restringir las operaciones con terceros no socios, se limita y se permite a la vez en el artículo 4.º, se fijan en el 45 por ciento para las cooperativas agrarias, se reducen al 35 por ciento en las cooperativas de servicios, se suprimen en las de transportistas, y así sucesivamente. Pero donde se ve con mayor claridad la falta de norte de este proyecto es en la aplicación del principio democrático, básico y fundamental en el cooperativismo. El artículo 16.3 del proyecto limita tanto el derecho de información de los socios que puede decirse que los miembros de cualquier comité de empresa de cualquier empresa tienen más derechos que los socios -dueños, por tanto- de una cooperativa. A los socios no se les da el derecho a disponer de los estatutos o del reglamento de régimen interno, ni el libre acceso al libro-registro de socios o a las actas de la asamblea, ni a conocer el estado de su situación económica en las cooperativas.
Decía que este proyecto carece de norte, carece de criterio, carece de un hilo conductor claro, y tengo que decir a continuación que esto no es rigurosamente cierto porque el proyecto resulta meridianamente claro a la hora de invadir las competencias de las comunidades autónomas. Aquí no hay lugar a dudas ni a disquisiciones. Tan meridianamente claro es el proyecto como el dictamen del CES, el Consejo Económico y Social, y el informe del Consejo General del Poder Judicial. De aplicarse el artículo 2.º del proyecto, basta que una cooperativa por ejemplo vasca tuviera un socio en Castilla y León para que se le aplicara la ley estatal y no la vasca, y ello pese a que el mayor volumen de actividad cooperativizada se desarrollara en el ámbito territorial del País Vasco; o, siendo más explícitos, si una cooperativa de trabajo asociado ubicada en Mondragón y dedicada por ejemplo a la fabricación de lavadoras tiene un grupo mínimo de mantenimiento en Burgos, le sería aplicable la ley estatal y no la vasca, pese a que la actividad cooperativizada sustancial se desarrollara en el ámbito del País Vasco.
Actualmente existen ocho leyes autonómicas, señor ministro -usted lo ha recordado-, pero sobran las ocho leyes de las comunidades autónomas. ¿Con quién ha conseguido, señor Arenas, consensuar este artículo 2.º de su proyecto de ley? ¿Con las comunidades autónomas? Por descontado que no. Aquí se ha recordado que todos los grupos parlamentarios han presentado una enmienda al artículo 2.º.
Posiblemente con el señor Zaplana, el encargado de la ponencia social en el próximo congreso del PP; con este señor todo es posible.
Acabamos de celebrar el 20.º aniversario de la Constitución y hay que recordárselo continuamente al Gobierno del Partido Popular. No le basta al señor Arenas, al Gobierno, en este tema de las competencias, la absoluta claridad del Tribunal Constitucional y no le sirve la ley en vigor, ni siquiera le sirve la ley andaluza o el artículo correspondiente al ámbito de aplicación que figura en la enmienda de totalidad que presentó el Partido Popular a la ley andaluza. Si se me permite la digresión, señor presidente, me extraña que el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió no hayan visto en este importante tema una materia o una justificación para una enmienda de totalidad. Aquí no se ha apreciado para nada ruptura del ámbito de jurisdicción vasco ni catalán, de donde podríamos decir que es más fuerte la subordinación al Gobierno que la convicción constitucional o que el título de nacionalista, como el hábito no hace al monje. Se nos dirá, señor presidente -seguramente en el turno en contra de esta enmienda de totalidad-, que el precepto será corregido por una enmienda del Grupo Popular. Tengo que decir que el Grupo Popular ha presentado a este proyecto de ley nada más y nada menos que 28 enmiendas, eso demuestra el éxito del mismo, hasta el punto de que estas enmiendas podrían constituir un proyecto bis o un proyecto paralelo. Entre estas enmiendas se incluye una que modifica la tradición y la regulación en relación con las cooperativas sanitarias. Hasta ahora las cooperativas sanitarias eran exclusivamente de seguros, pues bien se propone que estas cooperativas sanitarias puedan ser prestadoras de servicios sanitarios y por tanto cooperativas de servicios, un instrumento más a disposición del Gobierno para seguir privatizando la sanidad pública.De esto hablaremos en Comisión y volveremos seguramente a hablar en el Pleno.
El criterio que introduce una enmienda del Partido Popular para modificar el ámbito de aplicación de esta ley es acudir al domicilio o dejar en manos de los órganossociales de las cooperativas la decisión sobre la ley

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aplicable. Esto convierte la ley estatal en una ley a la carta, y pese a que ello puede hacernos pensar que sería aceptable por las cooperativas, estamos seguros de que el movimiento cooperativo no va a aceptar esta modificación, porque una ley a la carta afectaría negativamente a la seguridad jurídica de las cooperativas, perjudicaría su solvencia, sobre todo respecto a terceros y nosotros, los legisladores, seríamos responsables de no velar por el cumplimiento de la Constitución en lo que a distribución de competencias entre los poderes públicos se refiere.
En suma, señor presidente y termino, un proyecto de ley absolutamente innecesario en muchos de sus preceptos e inconveniente en otros, como el que se refiere al ámbito de aplicación, el artículo 2. Estamos nuevamente ante una muestra más de la perseverante actuación de imagen del Gobierno del Partido Popular, la llamada video-política que el señor Arenas practica tan profusamente; seguramente la señora Villalobos también. Señora Villalobos, la recuerdo a usted cuando era portavoz de la Comisión de Política Social y Emplo, cuando discutíamos estos temas, pero por lo visto usted pasa ya olímpicamente de estas cosas.
Por un lado ustedes con esta política de imagen intentan incrementar el ranking de leyes que presentan ante este Parlamento, ya tiene señor Arenas una ley más, la ley de cooperativas; por otro lado, señor Arenas, esta ley le puede permitir a usted pasearse por Andalucía (usted ha recordado que es la primera comunidad en número de socios de cooperativas y la segunda en número de cooperativas) para intentar competir o seguir compitiendo en una lucha imposible con el presidente señor Chaves. Usted, con su propia ley bajo el brazo, con una ley absolutamente inconstitucional, se puede permitir dar alguna subvención que otra en Andalucía, pero nada más. Le sugiero -y recojo el guante, señor ministro- que desista de su obsesión. Mírese bien la ley andaluza, es un ejemplo de cómo se puede favorecer el movimiento cooperativo. Copie algunos artículos del texto de enmienda de totalidad que presentó su propio grupo, el Grupo Popular en el Parlamento andaluz, incluso el que se refiere al ámbito de aplicación, que usted no ha visto. Recoja enmiendas de su propio grupo, algunas que le enmiendan a usted la plana sobre un tema tan importante en las cooperativas como es el principio democrático que usted ha olvidado en su proyecto de ley.
Con este resultado tráiganos un nuevo proyecto, o simplemente tráiganos un proyecto de ley que modifique aquello que usted considere pertinente de cara a favorecer el movimiento cooperativo de la ley actualmente en vigor, que es una ley buena, una ley muy aceptable. Déjese, señor ministro, de operaciones de imagen, se lo va a agradecer el movimiento cooperativo, incluido en andaluz, y cuente por descontado con nuestra colaboración. Recuerdo que el ámbito de aplicación actualmente en vigor de la ley de cooperativas y recogido en el artículo correspondiente de la Ley de 1987 fue pactado y consensuado de verdad, entre otros con los partidos nacionalistas que están en esta Cámara. La disposición final de la ley en vigor pienso que es todo un modelo de consenso y les puede servir, señor ministro señoras diputadas y señores diputados del Partido Popular.
Seguiremos hablando sobre esto porque lo que nos interesa a todos no es la imagen, señor ministro, sino cómo favorecer el movimiento cooperativo. En esa vía de la que usted ha hablado, en la vía del siglo XXI, se plantean nuevos retos como el de la globalización de la economía. También a las cooperativas les afecta este reto actual.
Usted para nada se acuerda del proyecto de ley. Por eso le recuerdo -se lo han dicho también los anteriores intervinientes- que se han presentado nada más y nada menos que 433 enmiendas al proyecto. ¿Es este un proyecto consensuado? No.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arnau, vaya concluyendo, por favor.


El señor ARNAU NAVARRO: Termino, señor presidente.


Puede serlo todavía, señor Arenas y señores del Partido Popular. Se lo agradecerá el movimiento cooperativo, incluido el andaluz como he dicho.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arnau.
Para un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Buenos días. Intervengo como es natural en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para dar respuesta a las tres enmiendas de totalidad que se han presentado. Intentaré por tanto señor presidente, hacer primero un análisis de estas tres enmiendas; a continuación, un análisis de los motivos de totalidad; posteriormente los motivos que reglamentariamente configuran lo que debe ser una enmienda de totalidad; plantearé también una cuestión procesal reglamentaria; analizaremos la oportunidad del proyecto, los principios y su espíritu y también entraremos en el fondo de las enmiendas.
Como se ha dicho ya y como ha quedado expuesto, hay tres enmiendas.
Una de ellas de Eusko Alkartasuna, que afecta fundamentalmente al artículo 2 y que se fundamenta en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1983, del 29 de julio, por la cual se establecen una serie de matizaciones en relación con el ámbito territorial intracomunitario para hablar también de determinadas actividades instrumentales y de actividades típicas. Se dice que con el proyecto de ley se pretende vaciar a las comunidades autónomas de sus competencias exclusivas.
El Bloque Nacionalista Galego fundamenta su enmienda en tres aspectos: el susodicho artículo 2, en el que ve la carencia de una descripción del ámbito de aplicación autonómica de su propia legislación; el

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artículo 78, que afecta al grupo cooperativo. Se habla también de un desequilibrio a la hora de configurar la ley y se citan cuestiones como el administrador único, el voto plural o la presunta intromisión en el consejo rector de personas ajenas al ámbito cooperativo.
Por último, la enmienda que acaba de defender el portavoz del Grupo Socialista insiste en el artículo 2, en la disposición adicional segunda, en el título II y en la inundación de competencias de las comunidades autónomas. Un segundo factor para su enmienda de totalidad es el artículo 16, sobre el derecho de información a los socios cooperativos, y el tercero, aunque no se acaba de precisar en qué consiste, alude a una presunta falta de equilibrio en el proyecto de ley.
Por tanto hay cuatro bloques argumentales. El primero se refiere al artículo 2, sobre las competencias de las comunidades autónomas; el segundo a la supuesta falta de equilibrio denunciada por el Grupo Socialista y concretada por el Bloque Nacionalista Galego al entender este último que se favorecen formas de sociedades mercantiles comunes o una asimilación en la forma jurídica de las sociedades cooperativas a este ámbito de las sociedades mercantiles comunes; el tercer bloque se refiere al artículo 16, sobre el derecho de información; y el cuarto al artículo 78, sobre el grupo cooperativo, que plantea el Bloque Nacionalista Galego.
Pues bien, el artículo 110 del Reglamento del Congreso establece con claridad en su punto 3 lo que debe configurar un debate de totalidad y por tanto una enmienda de totalidad, en este caso las tres enmiendas de totalidad con solicitud de devolución, y dice que deben versar sobre la oportunidad del proyecto, sobre los principios que lo inspiran y el espíritu en que se sustenta el mismo.
He de decir (y ésta es una cuestión previa que puede tener algún interés extradebate, al margen de la cuestión concreta que hoy nos concita aquí por lo importante que es naturalmente) que el Reglamento de esta Cámara prevé que se puedan plantear enmiendas parciales en un tiempo determinado, sin embargo previamente ha concluido el plazo en que se presentan las enmiendas de totalidad, de manera que generalmente ocurre que no hay una concordancia temporal entre las enmiendas parciales, que muchas veces dan respuesta, plantean solución o dan cabal acogida a las preocupaciones que precedentemente han sido motivo de preocupación a la hora de filosofar, a la hora de argumentar esas enmiendas de totalidad. Por tanto, en ocasiones la enmienda de totalidad viene cuando realmente hay una voluntad de los grupos de la Cámara y en este caso del grupo mayoritario de los que sustentan al Gobierno de dar solución a determinados problemas que razonablemente se presentan. Planteo esto porque no sé si en la ponencia que estudia la reforma del Reglamento se contempla la posibilidad de que determinados proyectos de ley, previa petición de los grupos, den pie a un debate de totalidad sin que sea menester la existencia de una enmienda de tal naturaleza. Desde mi punto de vista esto facilitaría que hubiera algo importante y que yo agradezco: que hoy podamos estar discutiendo sobre la oportunidad, sobre el espíritu y sobre los principios de una ley tan importante como es el proyecto de ley de cooperativas que esta Cámara va a analizar, va a debatir y va a aprobar en pro del sector cooperativo.
Tal vez en el futuro esto se pueda rectificar y sin obligar a presentar enmiendas que tal vez no sean necesarias poder debatir entre todos aspectos globales, aspectos generales, aspectos de filosofía que tienen gran transcendencia, y no quedarnos abocados a que no haya enmienda o que no hay debate nada más que parcial.
Dicho esto, analizando los motivos reglamentarios de totalidad, el texto es oportuno, el proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara es oportuno. Lo es porque contribuye a modernizar el sector cooperativo; lo es por el interés mostrado por el sector cooperativo y puedo hablar en primera persona por conocer directamente este interés que me ha sido mostrado con reiteración; lo es porque lo plantea también en su dictamen el Consejo Económico y Social al hablar de este importante paso de adecuación a las nuevas figuras mercantiles y a la globalización a que aludía el portavoz socialista; lo es porque también hay que adecuarse a la propuesta de reglamento, directiva y estatutos sobre cooperativas europeas de 6 de julio de 1993, en la cual se plantea la necesidad de adaptación de las sociedades cooperativas a los cambios legislativos en materia de derecho de sociedades; lo es también porque Naciones Unidas ha instado, literalmente dicen que alientan a los gobiernos a garantizar unas modificaciones legislativas que propicien un entorno adecuado, que faciliten un entorno propicio a las mismas. Por tanto yo creo que es totalmente oportuno, aunque se haya dicho dialécticamente lo contrario, cuestión que perfectamente comprendemos más desde la óptica política en la cual naturalmente uno tiene que sustentar su enmienda y en la labor de oposición lógicamente hay que hacerlo de esta forma, como tradicionalmente se viene haciendo, pero incluso los argumentos esgrimidos por quien rebatía la realidad de oportunidad del proyecto al final han acabado diciendo: háganse ustedes una fotocopia de la ley andaluza porque introduce mejoras sustanciales de cara a las cooperativas. ¿En qué quedamos, por tanto? ¿Es innecesario e inoportuno el proyecto? ¿Es incambiable el de 1987? No. La Ley de 1987 fue una aportación francamente positiva que reconocemos y el tiempo ha dado la razón, pero la situaciones socioeconómicas mudan, cambian y hay que adaptarse a estas realidades. ¿A qué aluden los principios del artículo 110.3.º del Reglamento de funcionamiento? En primer lugar, se defiende el mandato constitucional de fomento de la economía social que prevé el artículo 129.2.º de la Carta Magna. En segundo término, también se defienden -aunque alguien haya podido decir lo contrario- los principios cooperativos de la Alianza de cooperativa internacional.


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¿Cuál es el espíritu, finalmente? Modernizar, adaptar, poner en la realidad social y económica de un mundo, nos guste o no cada vez más complejo, más abierto, más global, más competitivo, más vertiginoso en sus cambios, en sus estructuras, en sus posibilidades financieras, en sus movilidades de mano de obra, en sus procesos de calidad, de producción, de distribución, de comercialización, de afectación por las actuaciones de terceros que incidan directamente en lo que nosotros y nuestras cooperativas puedan estar haciendo. Al final podríamos llegar a un debate peligroso o absurdo, que sería decir: miren ustedes, no vamos a modificar nada, vamos a dejar una realidad legislativa anquilosada, una realidad más o menos tutelar o reglamentaria -que, desde luego, superó en mucho a la legislación precedente, la mejoró mucho la ley de 1987- y vamos a ser puristas en el sentido que ha planteado el representante del Bloque Nacionalista Galego. Bien. Pues otros creemos que hay que facilitar la creación de cooperativas, facilitar la creación de empleo, facilitar el acceso a la participación económica de los trabajadores y facilitar la existencia y viabilidad de cooperativas porque va a ser la única forma de que se puedan mantener los principios cooperativos de participación democrática, participación económica, adhesión voluntaria, independencia y participación en interés comunitario. Si no hay cooperativas no va a haber principios cooperativos que se puedan mantener ni sustentar.
Entro por fin, señor presidente, en el capítulo estricto de las enmiendas. Como se ha dicho y yo mismo he reiterado, el artículo 2 ha sido el denominador común de la oposición articulada en estas tres enmiendas de totalidad. El señor ministro ha tenido una intervención clara, contundente y comprometida; yo puedo decir que el Grupo Parlamentario Popular apoya naturalmente sus palabras y se compromete formalmente, como de facto ha hecho ya vía enmienda parcial al artículo 2, a la modificación que pueda satisfacer de mejor forma los diversos planteamientos, sean los de Cepes, sean los de algunas comunidades autónomas o sean los que fueren para llegar a una articulación del ámbito de aplicación de la ley que en nada invada competencia exclusiva de alguna comunidad autónoma, que todas la tienen, y permita que concorde con la doctrina del Tribunal Constitucional hagamos una ley que sea aplicable y viable para aquellas sociedades que no sólo por estar afectadas a la competencia estatal, sino por su vocación de presencia estatal requieran su aplicación. Hemos planteado una enmienda parcial al viento o al hilo del artículo 38 de la Constitución, es decir que cuando haya una actuación extracomunitaria pueda existir libertad de opción por parte de los órganos cooperativos a la hora de la sumisión a una legislación u otra. Estamos abiertos a que sea de otra manera; incluso estamos abiertos a replantearnos si al final el punto de encuentro puede ser o no la disposición final de la Ley 3/1987, actualmente en vigor, reguladora de las cooperativas y que se adecuó perfectamente en su día a la doctrina constitucional. Ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular hacen ninguna casus belli de esto. Lo que ocurre es que técnicamente es un problema complicado, y de hecho las enmiendas que han articulado los grupos que han intervenido hasta el momento no dan cabal satisfacción al problema. Ustedes se refieren a las comunidades que tengan competencia exclusiva en la materia, pero ¿qué ocurre con aquellas comunidades que tienen competencia exclusiva en la materia y que no han legislado, que no tienen legislación de cooperativas en la comunidad y tampoco puede serle de aplicación la ley estatal? Esto quiere decir que el tema tiene complejidad técnica y hasta el momento nadie ha acertado ni ha hecho bingo en la apuesta.
Estoy convencido de que en ponencia y en Comisión vamos a llegar a un acuerdo que fructifique en una salida positiva para el sector cooperativo, para el respeto a las comunidades y también para el respeto a las competencias del Estado.
En cuanto a la falta de equilibrio, yo creo que tal falta no existe por ningún lado y así lo he expuesto hace un momento; podríamos pormenorizar, pero el tiempo va pasando. Ya he dicho que hay demandas de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social y del sector cooperativo que son acogidas, pero cuando se habla de equilibrio probablemente será porque se trate de una ley que se reconoce por los enmendantes que necesita estar equilibrada por su sensibilidad en el sentido de que no es una ley. Podríamos poner ejemplos. Hay leyes que no es necesario que estén o no equilibradas; si hablamos de despenalizar la pena de muerte, todos estamos de acuerdo y ahí no hay que equilibrar nada; si hablamos de la protección de los derechos del menor, tampoco hay que equilibrar nada porque todos estamos a favor de esa protección. Aquí evidentemente hay que proteger el mantenimiento del espíritu cooperativo auténtico con la posibilidad de viabilidad de las cooperativas en el mundo económico actual. Ese equilibrio creo que fundamentalmente se consigue, pero estamos abiertos, y lo repito una vez más, al diálogo, al acuerdo, al fruto dentro de este diálogo y de este acuerdo en ponencia y en Comisión, vía enmiendas parciales como todos los grupos han planteado y que son casi medio millar, aunque yo diría que por su naturaleza no exceden de 70 u 80 si incluimos las de Coalición Canaria, que tienen la particularidad de ser prácticamente originales con relación a las de los demás grupos, muchas de las cuales son repetitivas de lo que plantea Cepes.
El derecho de información. Decía la exposición de motivos, y se puede afinar, que debíamos permitir una mayor autorregulación de las sociedades cooperativas a través de los estatutos, y por tanto el bosquejo, la articulación del proyecto en relación con el artículo 16 preveía esto. Nosotros entendemos que puede plantear suspicacias y dudas y que puede afectar a sensibilidades y por ello hemos planteado una modificación del punto tercero al artículo 16 y hemos añadido un punto cuarto reglamentando, describiendo y sujetando los derechos de información que tienen los socios cooperativos

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para que absolutamente nadie crea que se quiere dejar a alguien en situación de indefensión. Señores, si existía esa sensibilidad o esa suspicacia, quede totalmente subsanada y pueden ustedes estar tranquilos; nuestra enmienda número 294 creo que avala ampliamente lo que estoy diciendo.
Y por fin el grupo cooperativo. El grupo cooperativo es una realidad, realmente el proyecto hace una descripción de dicho grupo interesante, probablemente incide más en aspectos teóricos de lo que nosotros planteamos en la enmienda que aparece con el número 306, con la que sencillamente regulamos una situación fáctica. Como guipuzcoano puedo recordar que hay una corporación importante, que es Mondragón Corporación Cooperativa, que ha permitido por esa solidaridad entre cooperativas y por la existencia de ese grupo, que cooperativas que no tenían viabilidad, socios cooperativos que iban a ir al desempleo y actividades que se iban a cerrar fueran incardinadas en el tejido solidario del resto de cooperativas del grupo y se mantuviera el empleo y la actividad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Azpiroz, vaya concluyendo, por favor.


El señor AZPIROZ VILLAR: Voy concluyendo, señor presidente.
Que se mantuviera la actividad, y que en definitiva se dotara de un elemento importante a la hora de incentivar a la gente a participar en un proyecto cooperativo como es la solidaridad y la estabilidad en el empleo, no sólo en su propia cooperativa sino entre otras.
Por tanto, en este sentido quiero aquietar al Bloque Nacionalista Galego con toda la claridad del mundo, porque creo que es un hecho muy positivo y este hecho positivo, insisto, propicia que también se puedan mantener de esta forma los principios cooperativos.


Concluyo agradeciendo sinceramente las enmiendas porque han hecho posible que debatamos de forma global y yo creo que esto es importante. Sin embargo, y no lo digo dialécticamente, creo que cuando todo el debate de totalidad concluya, debería plantearse seriamente en este ánimo constructivo que a todos nos anima la retirada de las enmiendas, porque a la vista de las enmiendas parciales presentadas por nuestro grupo, de lo expuesto por el señor ministro y de lo que yo ahora aquí modestamente reitero, creo que carecen de sustancia de totalidad. Sería bueno hacer un esfuerzo porque el Parlamento también está para hablar, para que nos entendamos y no sólo para mantener posturas de oposición al Gobierno, sino para que nos entendamos e intentemos iniciar entre todos una ley de todos para un sector importante como es el de cooperativas desde un ánimo constructivo, desde un ánimo de consenso, desde un ánimo que ya lo planteamos ahora para que en Comisión fructifique realmente, como se ha dicho, en pro de un sector de la economía social tan importante como el de las cooperativas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo con una sola mención, señor presidente, y discúlpeme pero tres enmiendas a la totalidad no dejan de ser tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya lo había tenido en cuenta.


El señor AZPIROZ VILLAR: Se lo agradezco y voy a concluir.
Quiero simplemente disipar una duda que ha manifestado el señor Arnau en relación con el artículo 102, respecto a las cooperativas sanitarias.
Insisto en que estamos abiertos con todo el ánimo a debatir y a dialogar, pero le voy a decir que si no planteamos el texto que hemos presentado y no hubiéramos formulado nuestra enmienda, nos hubiéramos encontrado con que decapitábamos al único grupo cooperativo sanitario existente en España. Usted conoce al señor Spriu y conoce su obra en todo el país. La cooperativa Laviana ha tenido que constituir una sociedad instrumental Asisa por la legislación de seguros. Dotábamos esto de forma adecuada o al final nos cargábamos -como suena- una sociedad cooperativa. No hay ninguna trampa en esta cuestión, no hay ninguna triquiñuela, no ha habido ninguna constitución de sociedad sanitaria o cooperativa sanitaria por esa vía salvo ésta, que tiene que actuar en el mercado a través de una sociedad anónima porque la Ley del seguro limita y modifica ese campo. Por tanto, no se trata de ningún tema sanitario ni de privatización. Si lo fuera no dude que se lo diría. Si fuera así y yo creyera en eso, se lo diría con claridad y lo motivaría con todas las razones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Azpiroz.
Señora Lasagabaster, para un turno de réplica tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve. Ciertamente creo que el señor Azpiroz ha hecho un gran trabajo en pro del Grupo Popular. Es verdad que con su cortesía parlamentaria, ya experimentada por todos los que le conocemos desde hace muchos años, ha tratado de defender las posiciones del Gobierno, como no podía ser de otra manera; pero lo cierto es, señor Azpiroz, que no puedo retirar la enmienda de totalidad porque me ha dado la razón en todo. Es verdad que un debate político sería necesario en todos los temas de calado político, y en ese sentido creo no esconder nada si decimos que la ponencia de reforma del Reglamento así lo ve, pero otra cosa es

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cuando se produce un proyecto de ley y se presenta en la Cámara que incluye cuestiones que desde un punto de vista jurídico-político no son aceptables y además tienen gran calado político. Mi enmienda de devolución ha sido a un tema clave.
A lo largo de toda su intervención, señor Azpiroz, ha señalado que es verdad que no se ha acertado. Todos los grupos parlamentarios estamos dispuestos a hacer la labor de llegar a un consenso en la redacción o en el punto adecuado, pero eso sería mediante una proposición de ley.
Lo cierto es que el Gobierno tiene el deber, tiene la obligación y tiene el derecho de presentar proyectos de ley. En éste no ha acertado. Por eso, y no exclusivamente por labor de oposición sino por el contenido del proyecto en ese punto concreto, hemos presentado una enmienda de devolución.
Siento no poder satisfacer su deseo de que la retire porque sinceramente y a pesar de defender al Grupo Popular, me acaba de dar toda la razón.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Arnau, tiene la palabra por cinco minutos.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.


El señor Azpiroz ha hecho su papel en defensa de este proyecto de ley, pese a que su grupo ha presentado casi 30 enmiendas al mismo.
Ha descalificado la enmienda de totalidad casi sin argumentos; le parece poco sustancioso que este proyecto de ley cambie el sistema competencial o de distribución de competencias entre el Estado y comunidades autónomas en materia de legislación de cooperativas, y nos ha dicho que es necesario reformar el Reglamento de la Cámara, cosa en la que ya sabe estamos de acuerdo. Califica el proyecto de ley de oportuno, dice que moderniza el instrumento jurídico de regulación del sector, pero se olvida de que el Gobierno, al cual respalda su grupo, entre otras cosas ha limitado el derecho de información de los socios, lo cual no tiene nada que ver con la modernización del sector. No estoy recurriendo a recursos dialécticos, es así. Suprimen derechos de información del sector; es decir rompen ese principio democrático que como sabe es el más importante de los principios cooperativos.
Se ha limitado también a hablarnos de las Naciones Unidas. ¡Hasta ahí podíamos llegar!, que fueran Naciones Unidas las que están informando el proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular. En estos momentos, por decisión de mi grupo, llevo algunos asuntos internacionales que tienen relación con los temas sociales y le aseguro que tanto el informe de las Naciones Unidas como el que estamos haciendo sobre economía social en el Consejo de Europa tratan de armonizar las distintas legislaciones y las experiencias cooperativas de todos los países a efectos de proporcionar instrumentos de gestión y cooperativos, sobre todo a los países del Este, que necesitan en estos momentos esta forma jurídica de sociedad, o, por ejemplo, para Indonesia, sobre el que estos días el Herald Tribune traía una información acerca de que se está recurriendo a la llamada economía del pueblo para hacer frente a las crisis y en concreto a la crisis asiática por la que se está atravesando en estos momentos.
Dice que es complicado regular el ámbito de aplicación de una ley de cooperativas. Yo no lo creo así. No fue complicado en el año 1987.
Llegamos a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, incluidos los grupos del PNV y Convergència i Unió. No es nada complicado. Hay que seguir la doctrina del Tribunal Constitucional y hay que seguir, y se le da una fórmula exacta, lo que dice el CES; la fórmula nos parece apropiada y es la que recogemos nosotros en nuestras enmiendas.
El problema, señor Azpiroz, es que ustedes no creen en esto. Lo de la economía social les suena raro. Por eso le voy a dar datos. Lo que hizo su Gobierno fue suprimir, por ejemplo, el Infes, el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, modificó negativamente aquí la proposición de ley que presentamos sobre las sociedades laborales y ha reducido las subvenciones a las cooperativas y al movimiento de economía social. Le voy a dar más cifras. Datos de la encuesta de población activa muestran que en los últimos tres años se ha reducido en un 20 por ciento el número de ocupados miembros de cooperativas nacionales. Es un dato estadístico que habrán de tener en consideración a la hora de modificar su actitud en relación con la economía social. En el tercer trimestre de 1998 había 80.710 socios cooperativistas y en el tercer trimestre de 1995, 106.150. Vuelven ustedes atrás, a los años 1987 y 1988, y todo esto es consecuencia de una política nefasta para la economía social y para el movimiento cooperativo.


Con todo -y ya ve que se lo digo con mi mejor intención- el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a llegar a un acuerdo con ustedes en los temas más importantes de este proyecto de ley y, en concreto, sobre el ámbito de aplicación a las cooperativas de este país. Podremos llegar a un acuerdo, pero no me tergiverse las cosas.
Aquí hay un grupo que se preocupa por la economía social, lo ha demostrado, presentó una ley que está en vigor y esa ley tiene estos efectos, que aumentó el número de socios en los años inmediatamente posteriores a su entrada en vigor, y ustedes han conseguido unos efectos contrarios, reducir el número de socios, reducir la protección de la economía social y como he dicho ya -y no entro en más berenjenales- intentar sólo y exclusivamente una operación de imagen para que el señor ministro Arenas se pasee tranquilamente, en particular en Andalucía, con su ley colgada del brazo. Posiblemente lo pueda hacer, pero intentaremos que esa ley, señor presidente, sea al menos constitucional.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arnau.
Señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.
Me veo obligado a hacer algunas puntualizaciones. Probablemente no me expliqué bien y quizá esa sea la razón por la que no se me quiera entender.
He dicho que había cosas del proyecto que eran rectificables necesariamente. Lo ha dicho el ministro, lo hemos expuesto nosotros y ha propuesto un acuerdo en torno al ámbito de aplicación de la ley, que es el eje vertebrador de la enmienda de totalidad. Lo que sí digo es que ahora estamos en sede parlamentaria, no en sede gubernamental.
Ello implica que va a haber negociaciones y planteamientos en relación con las enmiendas y va a haber votaciones. Estoy diciendo que mi grupo está por la labor -por expresarme en términos vulgares-, está por llegar a una solución. Por tanto, desde esa perspectiva considero innecesarias las enmiendas a la totalidad. Entiendo que se mantengan testimonialmente, pero son innecesarias.
No es tan pacífico el tema cuando ustedes plantean una enmienda -no son los únicos- a Cepes, que dice: Al artículo 2. La presente ley será de aplicación a las sociedades cooperativas que llevan a cabo relaciones de carácter interno con sus socios definitorias del objeto social en el territorio de más de una comunidad autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla, salvo que dichas relaciones se produzcan principalmente en el territorio de una comunidad autónoma con competencia exclusiva en la materia. Salvo Ceuta y Melilla, todas tienen competencia exclusiva. Si nosotros admitimos lo que usted plantea, aquellas cooperativas residenciadas en comunidades que no han legislado y que tienen una actuación extracomunitaria no tienen marco legal en el cual desenvolverse. Esto es así. Por tanto, creo que todos debemos tener una cierta flexibilidad y humildad a la hora de hacer los análisis, que creo que es la mejor forma de iniciar un diálogo sensato, sobre bases sólidas y constructivas.
Respecto al artículo 16 he intentado explicar las razones por las cuales se trajo como viene en el proyecto, con la convicción de que era positivo en el estadio actual del sector cooperativo permitir un mayor nivel de autorregulación y, por tanto, vía estatutos, prefigurar el marco de información que los socios a sí mismos se querían dar. Si ante esta libertad se entiende que en razón de prácticas anteriores o del marco legislativo en vigor es preferible determinarlo y detallarlo, hágase. Ustedes lo han hecho por vía de una enmienda y nosotros también, por lo que existe una voluntad concorde de llevar a cabo estos acuerdos.
En cuanto a la armonización fiscal europea, evidentemente -y esta es una de las razones que avalan la oportunidad de este proyecto de ley-, debemos buscar la armonización con la legislación de sociedades mercantiles que a nivel europeo se nos ha trasladado a los diversos Estados y con una realidad mercantil societaria de carácter diferente a la existente en el año 1987.
Economía social. Creo que hablar de eso queda muy bonito, pero los hechos están ahí. Por ejemplo, el Gobierno que defiende este grupo llegó al poder y no existía una posibilidad de exención fiscal a la hora de capitalizar el desempleo para entrar en una cooperativa o en una sociedad laboral. No recuerdo que el Gobierno anterior lo hubiera resuelto. Si eso es apoyar la economía social, que se vea. Y si se dice que nosotros no tenemos sensibilidad respecto a la economía social, no sé por qué me envían a mí estas cartas. (Rumores.) A lo mejor el señor presidente quiere posteriormente, vía artículo 72.2 del Reglamento, que se dé lectura. Nos agradecen y nos felicitan desde el Cepes por nuestra actuación en esta materia. Si tiene interés el portavoz socialista, posteriormente cabe que se haga la lectura por esa vía.
En cuanto a la reducción de empleo usted sabe -porque conoce muy bien el sector cooperativo y la economía social- que la economía social también tiene un sustrato de nacimiento -aunque no todo- que, no nos engañemos, no es en todos los casos por un afán de solidaridad o de democracia, sino por un afán de sobrevivir cuando determinados trabajadores, por desgracia, han caído en el desempleo. Esta es una realidad. Entonces se unen para sacar un proyecto adelante o para reflotar en la medida de lo posible lo que quedaba de la empresa precedente. Sucede que cuando el ciclo económico y el empleo en general, como está consiguiendo este Gobierno, van hacia arriba las necesidades sociales y reales de los trabajadores se ven disminuidas en este sentido y se ven menos personas abocadas a utilizar un instrumento tan digno, tan positivo y tan razonable como es el de la economía social, sean sociedades laborales o cooperativas. No nos engañemos, por tanto. El empleo en el sector cooperativo y la propia creación de cooperativas siempre van a tener un componente cíclico y nos podemos remontar las décadas que queramos hacía atrás para verlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Azpiroz, termine, por favor.


El señor AZPIROZ VILLAR: Termino en seguida, señor presidente.
Lo que ocurre es que la parte positiva, frente a esa negativa -entre comillas-, de reducción de empleo en algunas cooperativas, es la de mucho mayor empleo en el conjunto de la sociedad y ojalá de una forma u otra haya pleno empleo un día no muy lejano.
Concluyo con una alusión a las enmiendas. Decía que nosotros hemos planteado casi treinta. Yo le preguntaría al señor Arnau cuántas enmiendas presentó el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Cooperativas andaluza. Prefiero no decirlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Azpiroz.


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¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros valoramos positivamente que el Gobierno haya tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley de cooperativas por las siguientes razones. En primer lugar, hay un mandato en el artículo 129.2 de la Constitución española que viene a proteger de manera constitucional la figura de las sociedades cooperativas como un fenómeno de libre adscripción en una economía libre de mercado, que permite, en unos cauces distintos de las grandes sociedades anónimas o de las sociedades limitadas y de las grandes figuras de la economía de mercado, tener esta opción de amplia raigambre y de justificación social con unos efectos económicos en la figura de las cooperativas en cualquiera de sus tipos.
El tiempo transcurrido también hace que muchos aspectos de la Ley 3/ 1987, de Cooperativas, tras once años, se hayan visto afectados por una serie de dinámicas, sobre todo generadas por la influencia desde 1986, un año antes de la aprobación de esta vigente Ley de Cooperativas, de la introducción de España en el marco de la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea. Por tanto, se hace necesaria una adecuación de orden jurídico-legal al fenómeno del cooperativismo. Cuando vemos que las estructuras productivas, laborales y económicas en nuestro país se comportan de cierta manera es necesario también introducirse en este sendero. Justificamos plenamente por tanto, y nos sumamos a ellas, las palabras que en la presentación de este proyecto ha dicho el señor Arenas, ministro de Trabajo. Viene a justificarse la ley por una necesidad política y de adecuación en un tema verdaderamente complejo, ya que, vista la figura de la Ley de Cooperativas, la que se había generado al amparo de la de 1987, tenía una heterogeneidad tremenda. En campos que me son más inmediatos por el ejercicio profesional, como son las cooperativas agrarias en el área del archipiélago canario, tiene una trascendencia fundamental, dado que no existe prácticamente otro tipo de figura societaria, ni sociedades anónimas ni sociedades limitadas, por ejemplo en el área de la producción de nuestro cultivo emblemático, como es el plátano. Y qué decir de otras partes del territorio nacional español con cooperativas agrarias de este tipo.
Cuando nos pasamos, por ejemplo, al mundo de las cooperativas de servicios, la dinámica que se ha planteado hace necesaria una adecuación de la legislación, y hoy tenemos cooperativas que se han extendido en el campo médico. Vemos que la prestación de servicios médicos está adquiriendo para muchos profesionales de la medicina o de entidades concertadas la fórmula de la cooperativa. Junto a esto también está el fenómeno que se superpone del desarrollo de las competencias de las comunidades autónomas, que estas han venido ejerciendo desde 1987 en razón de las competencias reconocidas en los estatutos de autonomía, desarrollando una legislación sobre el mundo cooperativo, y aquí hay que armonizar.
Indudablemente, un texto de estas características -y no ha sido ajena a ello la línea de cautela con que el ministro Arenas lo ha expuesto- necesita entender el fenómeno de su propia complejidad. A eso nuestro grupo contribuye con una serie de enmiendas, 58 en total, que llevan un criterio positivo, constructivo y perfeccionador de las distintas ópticas con que se puede ver el complejo fenómeno cooperativo, porque el cooperativismo no es un fenómeno singular; esta no es una ley de telecomunicaciones o de transportes, que puede afectar a determinados usuarios o a determinados incitadores del proceso generador de la norma. Es un mundo tan complejo, afortunadamente, que denota los sistemas con que se dotan los distintos sectores productivos de la sociedad española. En esa línea vamos nosotros buscando al mismo tiempo un equilibrio con aquellas competencias de las comunidades autónomas, dado el ámbito territorial en que pueden moverse estas cooperativas y que hoy en un mundo moderno es todavía mucho más complejo y heterogéneo. De aquí que no consideremos pertinente la aceptación de estas enmiendas de totalidad, porque en las justificaciones que se han presentado, señor presidente, hay cuestiones que no son merecedoras de un juicio tan peyorativo que justifique una enmienda de totalidad de devolución. Creemos -ya lo ha dicho el portavoz socialista-, que si no ha habido un consenso con determinadas fuerzas parlamentarias en la redacción del borrador del anteproyecto, ahora sí cabe un generoso y amplio debate, dada la batería de enmiendas que se han presentado, para que este escenario se pueda verificar en la ponencia y en la Comisión.
Se habla de limitación de los derechos de información de los socios.
Nosotros hemos planteado en nuestras enmiendas, ya desde el preámbulo, principios que son programáticos, por ejemplo, los que están recogidos en leyes de cooperativas que existen en otros países y, fundamentalmente, en la institución denominada Alianza Cooperativa Internacional. Son los principios de adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática de los socios; participación económica de los mismos; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. Estos principios consagrados que hemos tomado como frontispicio de la primera de nuestras enmiendas, proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional, se tienen que recoger plenamente con este amplio abanico de enmiendas que hay. Por tanto, derecho a la información, sí, perfecciónese en la enmienda del artículo correspondiente, pero esto no es plomo para llevar el texto a la profundidad del silencio de esta Cámara y devolvérselo al Gobierno.
¿Que se quieren hacer otras precisiones como la faltade equilibrio entre el principio de flexibilidad de la

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regulación entre las entidades y las normas protectoras? Corríjase en el trámite de enmiendas porque creo que hay percha suficiente para que estas cuestiones contribuyan a aquello en lo que debemos estar de acuerdo todas las fuerzas políticas, porque una vez que se ha aceptado constitucional y políticamente, no hay ninguna fuerza política en la Cámara que, en el marco de una economía libre de mercado y en competencia leal y legal con las sociedades anónimas o cualquier otra forma societaria que el derecho civil reconozca, se oponga a que, con la aportación de todos, potenciemos este fenómeno del cooperativismo que se refleja hoy día en el proyecto de ley de cooperativas.
Por eso, señor presidente, y termino, mi grupo va a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad, aunque comparte alguno de los juicios críticos que se han hecho, porque esta ley, por su naturaleza y contenido, se presta a todas las valoraciones que queramos hacer.
Podemos corregir cualquier defecto técnico de falta de ensamblaje.
Nuestro ánimo y voluntad está en esta línea de cooperación con las 58 enmiendas que hemos presentado y esto justifica nuestro voto en contra de las enmiendas de devolución.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV) para fijar la postura de éste en relación con las enmiendas de devolución al Gobierno presentadas al proyecto de ley de cooperativas.
En primer lugar, debo señalar que estamos sustancialmente de acuerdo con buena parte de la argumentación esgrimida por los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de totalidad al proyecto de ley. Este proyecto, en efecto, establece unos criterios muy rígidos y centralizadores a la hora de definir el ámbito de aplicación de las distintas leyes autonómicas. Así, según el criterio que recoge el tantas veces citado artículo 2, cualquier cooperativa que realizase parte de su actividad cooperativizadora, aunque sea mínima, fuera del territorio de la comunidad autónoma donde desarrolla mayoritariamente aquélla, quedaría bajo el ámbito de esta ley estatal. Entendemos que esto vulnera el marco competencial de las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de cooperativas. En este sentido, nos parece necesario establecer una fórmula que impida que por el hecho de desarrollar una mínima parte de la actividad fuera de la comunidad autónoma en cuestión, la cooperativa se vea obligada al cambio de la legislación que le resulta aplicable. Esta opinión, como ya se ha dicho, es defendida asimismo por el Consejo Económico y Social del Estado, al igual que por el Consejo General del Poder Judicial en su pleno celebrado el 20 de mayo de 1998.
Por cierto, resulta irónico escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista defender el ámbito vasco o catalán de decisión, cuando precisamente ha sido hace unos pocos días el claro rechazo al contenido que supone esta expresión por parte de la sucursal que el PSOE tiene en Euskadi el motivo que ha supuesto la ruptura de las conversaciones para la formación del nuevo Gobierno vasco. ¿Es que ha cambiado la posición del PSOE y pronto le veremos apoyando, por ejemplo, el ámbito autónomo vasco de relaciones laborales de acuerdo con lo que solicita la gran mayoría sindical de Euskadi? Por otro lado, para evitar la inseguridad jurídica impuesta por el mercado, consideramos la necesidad de modificar el texto actual de varios artículos del proyecto, a fin de que, sin contradecir los principios de la norma, tampoco encuentren las cooperativas mayores obstáculos como empresas que desarrollan su actividad en unos mercados muy concretos.
Además, parece necesario establecer de una forma explícita aspectos referidos a la prestación por desempleo y otras actuaciones sociales que consideren la equiparación de los socios trabajadores con los asalariados en materia de dichas prestaciones, con el objeto de eliminar posibles interpretaciones restrictivas, dado que pese a las numerosas promesas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, estas quedan continuamente sin respuestas positivas. A tal fin, junto con algunos aspectos puramente técnicos, hemos presentado un numeroso grupo de enmiendas, hasta un total de 82, al articulado de este proyecto de ley.
Por otro lado, entendemos que una ley de esta importancia debe elaborarse en el contexto del más amplio consenso posible, teniendo en cuenta que afecta a unos sectores sociales y económicos muy amplios. Por ello, no hemos presentado una enmienda a la totalidad ni vamos a apoyar las sometidas a debate hoy, en espera de que mediante las numerosas enmiendas presentadas al articulado pueda lograrse el consenso necesario modificando sustancialmente el proyecto de ley que debatimos.
Finalmente, si esta voluntad de consenso, que supone como digo un profundo cambio en el contenido del articulado del proyecto de ley presentado, no fuese asumida, como también se ha manifestado, en sentido positivo por el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, anunciamos que difícilmente podremos apoyar el producto resultante. A ese respecto, como digo, nos parece positivo el deseo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también por el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de mejorar el proyecto de ley a lo largo del trámite parlamentario y esperamos que pueda alcanzarse el consenso al que anteriormente he aludido, para lograr el cual nuestro grupo está totalmente abierto, siempre que se manifieste en hechos que superen las puras intenciones dialécticas.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar posición ante estas tres enmiendas a la totalidad que se debaten esta mañana. Como muy inteligentemente afirmaba el señor Azpiroz, también agradezco a los grupos parlamentarios que han planteado las mismas la oportunidad que nos dan de debatir los elementos políticos centrales de esta iniciativa del Gobierno y, de manera muy específica, en el caso de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna, que se afrontan desde la perspectiva básicamente coincidente con Convergència i Unió en aquello que hace referencia al ámbito de aplicación de esta futura ley.
Afrontamos un debate no exento de polémica ni de posiciones alejadas entre los grupos parlamentarios que conforman la mayoría de esta Cámara, los grupos de la oposición y el propio sector cooperativo. No en balde, también se ha recordado, en una ley de 120 artículos y 19 disposiciones vamos a tramitar 433 enmiendas y tres enmiendas a la totalidad, además en relación con un sector, el cooperativo, que en el último año ha vivido de manera muy intensa todo este debate y que ha visto cómo finalmente el texto llegaba a esta Cámara, seguramente sin el consenso social suficiente y sin haber resuelto, es cierto también, como se ha recordado en el debate, aquello que para nosotros es fundamental en relación a este proyecto de ley, que es su ámbito de aplicación. De ahí que no sea casualidad que el conjunto de grupos parlamentarios empezando por el grupo del Gobierno, el Grupo Popular, haya enmendado también el artículo 2.
Nosotros confiamos en que en el debate en ponencia y Comisión podamos resolver todas las cuestiones que quedan abiertas. Tanto la intervención del señor Azpiroz como la del propio ministro nos hacen esperar que se resuelva esta cuestión. Como consecuencia, este trámite procesal tan sólo puede tener como respuesta nuestro voto negativo a las tres enmiendas. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Debo señalar, en el mismo sentido que lo hacía el señor Caballero, que sentirnos satisfechos o no de esta ley -y poder dar nuestro apoyo final a la misma- va a ir ligado fundamentalmente a la resolución del artículo 2 en su referencia al ámbito de aplicación. Si no podemos sentirnos satisfechos en esta materia, difícilmente vamos a facilitar el trámite parlamentario de este proyecto. De todas formas, afrontamos el debate con confianza y con tranquilidad.
Los argumentos en relación al artículo 2 se han dado por otros portavoces e incluso por el señor Azpiroz. A nuestro entender, el redactado que el Gobierno ha hecho llegar no respeta las competencias exclusivas que en esta materia tienen las comunidades autónomas y este es un aspecto esencial. En la misma línea del dictamen del CES entendemos que se introduce un criterio excesivamente rígido y que implica un retroceso en la actual situación, porque, al vaciar de contenido la competencia exclusiva, reserva para las comunidades autónomas la capacidad de legislar para las cooperativas más pequeñas; permite crear dudas sobre qué legislación se debe aplicar en cada caso; no aprovecha las oportunidades que el crecimiento económico puede dar al sector cooperativo y, es más, puede incluso desincentivar el crecimiento del mismo. Se aleja de las últimas posiciones del Tribunal Constitucional. En este sentido hemos presentado la enmienda número 313, que establece un primer ámbito de aplicación para aquellas comunidades autónomas que no hayan asumido competencias legislativas en materia de cooperativas y un segundo ámbito para aquellas sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su actividad cooperativizadora fuera del territorio de la comunidad autónoma en donde tengan establecido su domicilio social. Nos parece que esta enmienda podría resolver perfectamente buena parte de las dudas que hoy se plantean en relación a esta cuestión.
Recordemos que existen legislaciones o reglamentaciones recientes que resuelven la cuestión de esta misma manera. En este sentido el reglamento de fundaciones de competencia estatal de 1996 establece que es de aplicación a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en el territorio de más de una comunidad autónoma. Nos parece que ahí puede estar la solución, solución que se base en la competencia exclusiva y que dé flexibilidad y seguridad jurídica.
Al señor Arnau tengo que decirle que estoy absolutamente de acuerdo con lo que me dice, pero el Grupo Parlamentario Catalán expresa su confianza en que el actual Gobierno y el Partido Popular sean más sensibles a estos planteamientos de lo que fueron gobiernos anteriores; gobiernos que precisamente recurrieron las leyes de cooperativas por entender que esa referencia al ámbito principal de actuaciones era inconstitucional. Señor Arnau, con mucha sinceridad y con mucho cariño le tengo que decir que poca credibilidad nos merecen sus palabras, no por usted, sino por lo que usted representa.
El Gobierno al presentar este proyecto de ley ha tenido que adaptarse a los cambios económicos, incorporando principios de gestión empresarial y concretando oportunidades de creación de empleo que tiene este sector. Al mismo tiempo, y también es objeto de debate y espero que en la ponencia podamos avanzar, existe la sensación de que el modelo planteado no ha quedado suficientemente equilibrado en cuanto a esos principios cooperativos y a esas oportunidades del mercado.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le ruego vaya concluyendo.


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El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Existe el riesgo de que debilitemos determinados instrumentos del mundo cooperativo que hoy han permitido que el mismo se desarrolle y que, al mismo tiempo, no consolidemos determinadas realidades que son respuestas del propio momento cooperativo a la evolución de los tiempos. Hemos de reencontrar ese equilibrio y esta va a ser también una prioridad de nuestro grupo parlamentario.


Finalmente, este proyecto de ley nos da la oportunidad a todos de situar de verdad al ámbito cooperativo como una prioridad del conjunto de las políticas públicas del Estado español y, concretamente, de las destinadas a la creación de empleo. No puede volver a suceder lo que ha pasado recientemente: que el Gobierno aprueba un decreto que regula la cotización cero para las bajas por maternidad y nos vemos obligados, tanto el Grupo Popular, como el Grupo Vasco, como Convergència i Unió, a presentar enmiendas en el Senado para resolver esta cuestión. Hemos de normalizar esa presencia del mundo cooperativo como mundo creador de empleo, como mundo creador de ocupación, para no tener que actuar después, y hay enmiendas de los diversos grupos que van en esa línea. Al mismo nivel de normalidad, hemos de ser capaces de incorporar al diálogo social también al mundo cooperativo. Soluciones de política económica y social que hoy se sustentan básicamente en el diálogo entre el Gobierno, el mundo sindical y el mundo empresarial estricto, la CEOE, deben merecer también la participación del tercer sector en su sentido más amplio y aquella parte del tercer sector hoy más estructurada, con más capacidad de influencia, que es el sector cooperativo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le ruego concluya.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En este sentido, esperemos que el trámite de este proyecto de ley nos sirva a todos para comprometernos a fondo en esta materia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Yo venía muy sosegado a este debate, muy tranquilo, esperando que en la Comisión se produciría el debate de fondo sobre cada una de las cuestiones, pero he asistido a algo que preludia lo que será la discusión en Comisión: que a veces las cosas no son tan sencillas entre socios ni entre el bipartidismo imperfecto.
El señor Azpiroz y yo seguramente tenemos interpretaciones diferentes sobre el concepto modernizar, porque, inmediatamente después de esa palabra, ha hablado de un mundo vertiginoso, competitivo, comercializado, en el cual se debe debatir esta ley y se debe aprobar una ley que sea acorde con este mundo. Señor Azpiroz, a mí me ha entrado vértigo al escuchar esto, porque yo tenía otro concepto del cooperativismo. El sentido cooperativista que siempre nos ha caracterizado a nosotros se reforzará con un viejo y nuevo debate -se reforzará, no será necesario crearlo de nuevo- en el cual la competitividad con fines exclusivos de beneficios podría sustituir progresivamente a la función social que el cooperativismo no debe perder en ningún momento, función social que no es sinónimo de mal funcionamiento, sino, fundamentalmente, de incidencia en el reparto del trabajo y de la riqueza que se crea con el trabajo; en este caso concreto, el cooperativismo no únicamente como refugio de los que en un momento determinado pierden el puesto de trabajo, sino como sector social que puede dar empuje, vigorizar la economía y, al mismo tiempo, darle un sentido social.
Nosotros vemos el debate como positivo. Tenemos dificultad para votar este proyecto, no lo vamos a votar en contra sino que vamos a abstenernos, pero los resultados serán positivos en la medida en que se tengan en consideración una serie de enmiendas que nuestro grupo también ha presentado grupo. Nosotros vamos a intentar mejorar lo que funciona todavía como Ley de 1987, sin caer en tendencias progresivamente privatizadoras. Hay algunos elementos que nos preocupan. En un momento determinado, no sé si el ministro o el portavoz del Grupo Popular han hablado de que será necesario reformar. Espero que no sea en el sentido de hacer el proyecto más comercial, que puede significar que no sea más eficaz sino que tiene una profunda tendencia a la privatización, como se descubre en algunas de las enmiendas del Partido Popular en relación a la creación de cooperativas sanitarias. Nosotros hemos trabajado con sectores del cooperativismo directamente implicados -no con todos- y hemos comprendido dos mensajes. Dichos sectores han mostrado su preocupación a que la ley pueda reducir el sentido democrático del cooperativismo, el funcionamiento y la información democrática al conjunto de los socios. El segundo mensaje que hemos detectado es su opinión favorable a dar trámite al proyecto actual para entrar en lo concreto.
Recogiendo el sentir de todos estos sectores, hemos presentado una serie de enmiendas que defenderemos en el trámite parlamentario de la Comisión y esperamos que en su momento, para demostrar el profundo sentido cooperativo que se ha expresado a través de las intervenciones de todos los portavoces, se tengan en cuenta porque ya es clásico en nuestras propuestas un profundo sentido cooperativo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Frutos.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, sólo deseo agradecer las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, tanto las que han encontrado elementos positivos en el proyecto como las críticas; esperamos que sea muy fructífero el diálogo parlamentario en la mejora del proyecto y, de manera muy singular, en la redacción del artículo 2, en la que han coincidido todos los grupos parlamentarios en sus intervenciones sobre que existe un problema.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000154)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA FAVORECER UNA MAYOR PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES. (Número de expediente 122/000158)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000167)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al siguiente punto del orden del día, en donde vamos a debatir, de forma conjunta, todas las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista a los puntos 44, 45 y 46, es decir, a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 7, de 1 de julio de 1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España; el número 45, que es proposición de ley orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes; y el punto 46, proposición de ley orgánica de reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Para la presentación de la tres enmiendas de totalidad tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, señorías, nuestra proposición de ley orgánica de estatuto básico de los derechos de los extranjeros en España es el texto alternativo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la Cámara para sustituir, que no reformar, la Ley orgánica 7/1985, sobre derechos y libertades de extranjeros en España, acuñada con el término la Ley de extranjería.
Se presenta a la totalidad de los tres textos que tomamos en consideración en una de las últimas jornadas del anterior período de sesiones, el 16 de junio, como enmienda al texto de CiU, al de Izquierda Unida y al del Grupo Mixto.
El Grupo Socialista pedirá a esta Cámara que se tome en consideración y que, a partir de este texto, con la suma de los otros tres, todos los grupos parlamentarios trabajemos buscando el consenso y elaborando el proyecto de ley que recoja lo mejor de cada iniciativa.
Es lo que nos piden los inmigrantes, las asociaciones de inmigrantes y el conjunto de las organizaciones de solidaridad de nuestro país.
Un consenso de mínimos que busca y buscará el Grupo Parlamentario Socialista. Ya que estos días celebramos nuestro 20.º aniversario de la Constitución, recordábamos lo que habíamos conseguido porque todos los grupos parlamentarios habíamos renunciado a objetivos máximos y habíamos ido a ese consenso de mínimos que posibilitaba la Constitución en nuestro país, la nueva etapa tan importante para España. El Grupo Socialista pide en esta ocasión que este consenso no sea de mínimos para que así podamos tener la ley que necesita y demanda la sociedad española.
El Grupo Parlamentario Socialista también va a pedir a la Comisión Constitucional, que es donde va a tener lugar este debate por tener menos atasco legislativo, que se constituya la ponencia lo más rápido posible y que, en la ponencia y en la Comisión, se trabaje con una fluida comunicación con las organizaciones no gubernamentales de solidaridad con los inmigrantes y refugiados y con las organizaciones propias de los inmigrantes, y que en esa Comisión pactemos el ritmo y los tiempos para que la ley nazca antes de que se acabe esta legislatura. Estos son los dos objetivos que, de entrada, desea trasladar el Grupo Socialista a la Cámara: en primer lugar, la voluntad de consenso entre los grupos políticos para configurar la ley que recoja lo mejor de todas las leyes y, en segundo lugar, el deseo de consenso entre todos los grupos políticos para que esta nueva ley, que necesitan la sociedad española y los nuevos ciudadanos que viven en España, salga en esta legislatura.
Nuestro proyecto intenta superar, porque ya lo han hecho los años, la Ley de 1985. No nos hemos fijado en ella para elaborar nuestro proyecto, no nos hemos atado a ella -fue una de las críticas que hicimos en junio a los tres textos cuya toma en consideración votó nuestro Grupo Socialista-, para trabajar sumando y no restando. Hemos tenido en cuenta, en primer lugar, las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional en materia de derechos de los extranjeros, que han evolucionado mucho desde 1987; y, en segundo lugar, el último reglamento de extranjería, de 1996, que ya supuso una enmienda parcial a la ley.
Estamos en la Cámara cinco parlamentarios que la semana pasada, por iniciativa de Cáritas de Girona, estuvimos reunidos trabajando sobre los textos. Había un profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona que nos decía a todos los que creo que vamos a intervenir hoy en la Cámara que el reglamento de extranjería había supuesto cambios totales e incluso contradicciones con la Ley de 1985, y nos intentaba

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poner colorados a los parlamentarios diciendo cómo se fuerza en el Parlamento o en el Ejecutivo el marco legal. Después de reflexionar sobre lo que nos decía el profesor Aja, creo que en 1996 todavía no había en la sociedad española una necesidad, como ahora la sentimos, de cambiar la Ley de 1985 y, por eso, se avanzó con ese reglamento.
Hoy, podemos partir del reglamento de 1996 y trasladar el sentimiento de la calle a esta Cámara reconociendo que la ley tiene que ser modificada, no mirando a la Ley de 1985 sino plasmando los nuevos objetivos que supone la integración de los ciudadanos que ya están en nuestro país. En su redacción, también hemos tenido en cuenta las sucesivas proposiciones no de ley que, en los últimos años, hemos discutido y aprobado en el Parlamento, partiendo de una que todo el mundo considera muy importante, la proposición no de ley de 1991.
En cuarto lugar, el Grupo Socialista ha tenido en cuenta el informe de la ponencia sobre política migratoria que aprobó la Cámara en el periodo anterior de sesiones. Quiero recordar a SS. SS. que ese informe se aprobó por unanimidad, fue el primer trabajo de consenso de los grupos parlamentarios en esta materia. El Grupo Socialista, en este proyecto de ley estatuto básico de los derechos de los extranjeros, no propone nada diferente a aquello que discutimos y analizamos en la subcomisión y aprobamos de forma unánime en esta Cámara cuando lo presentamos. Por último, también hemos tenido en cuenta los cambios de las leyes nacionales desde 1985, cuando aprobamos la Ley de extranjería. Por ejemplo, el nuevo Código Penal que tenemos en nuestro país y los tratados y convenios internacionales y comunitarios que han sido ratificados en España.
Incluso hemos tenido en cuenta -hablamos mucho en la ponencia de este tema- el borrador del proyecto de convenio sobre normas para la admisión de nacionales en terceros Estados; este trabajo de intento de legislación comunitaria que en materia de inmigración se está realizando en los órganos de la Unión Europea.
Nuestro texto, señorías, es una buena aportación para la defensa de los derechos de los inmigrantes que vienen a nuestro país -por cierto, cada vez en mayor número y con mayor deseo de permanencia- y no plasma sólo sus derechos como trabajadores, sino también sus derechos como ciudadanos, contribuyendo así a producir una integración personal y social de estas personas y de sus familias.
Nuestro texto hace frente a la reagrupación de la familia, al desarrollo integral adecuado de todos ellos y a la búsqueda de la igualdad de condiciones de estas personas con los ciudadanos nacidos en España. Con nuestro proyecto intentamos también reforzar las garantías jurídicas de todos los procedimientos, simplificarlos y dar más estabilidad a los permisos de residencia y de permanencia, así como a los contratos de trabajo. Nuestro proyecto también refuerza los mecanismos de participación de los inmigrantes en esta ley y en todo lo que les afecta, y contribuye a reforzar así la democracia participativa y consultiva con el colectivo de los inmigrantes.
Hoy es el 50.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Kofi Annan publica un artículo en un medio de comunicación y nos recuerda que los derechos humanos no son privilegios que los gobiernos puedan conceder o retirar a su voluntad, sino que son indisociables del valor que otorgamos a la dignidad humana. Es responsabilidad de los gobiernos velar por que se den las condiciones necesarias para que cada uno pueda disfrutar de sus derechos fundamentales, pero es privativo de cada uno de nosotros el hacerlos nuestros, impregnarnos de ellos y hacerlos realidad todos los días, tanto a título individual como colectivo. Así estarán interiorizados los derechos sociales en la conciencia colectiva de los países.
Pues bien, con nuestro estatuto pretendemos hacer un poquito más realidad estas palabras que el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, nos recuerda hoy en la prensa. Nuestro proyecto, en sus títulos I y II, intenta regular más y mejor los derechos y libertades de los nuevos ciudadanos que viven en España. Sinceramente, creo que esta es la mejor contribución del Grupo Socialista a la ley. Pensando en los otros tres textos que hemos discutido en junio, la mayor contribución de nuestro proyecto es la de regular más y mejor los derechos y libertades de los nuevos ciudadanos que viven en España.
De este título queremos destacar la regulación del derecho de reagrupación familiar y de permanencia indefinida, con lo que contribuye a la integración de estos colectivos. Queremos destacar también los artículos que dedicamos al desarrollo de medidas antidiscriminatorias para que no sólo mejoren los procesos de integración, sino para que contribuyan a la construcción de una sociedad en la que la diversidad de culturas sea una fuente de riqueza de la que todos podamos beber -lo dice Kofi Annan hoy- y de la que todos salgamos favorecidos.
En estos dos primeros títulos de la ley, la segunda contribución importante del Grupo Socialista son todos aquellos artículos que se refieren a los cauces de participación. Hacemos frente a una mejora de la participación política de los inmigrantes en sus propios países, removiendo los obstáculos que están dificultando su participación política en las elecciones de sus países (somos un país que hemos tenido muchos inmigrantes y sabemos cómo se tienen que resolver estos obstáculos) y la participación política en nuestro propio país. Hemos llegado hasta donde nos posibilita el artículo 13.2 de la Constitución. También avanzamos -es una seria contribución- en la participación social con el apoyo de las organizaciones sociales de inmigrantes y al Foro de Integración de los Inmigrantes, los dos órganos de democracia consultiva y participativa creados en nuestro país años atrás para la mayor integración y participación política -en el sentido más amplio del término- de los inmigrantes en España. Hemos intentado asimismo mejorar las estructuras administrativas para su mayor eficacia en el desarrollo de estas políticas. Hemos hablado de la configuración de una Secretaría de Estado. El otro día Diego Jordano me decía que

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tal vez nos metíamos en un campo que deberíamos dejar al Gobierno.
Quisiera que el compañero del Grupo Parlamentario Popular se diera cuenta de que no hemos tomado una iniciativa diferente de la propuesta del propio Grupo Parlamentario Popular en el informe de la ponencia de política migratoria.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández, le ruego vaya concluyendo.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente, intentaré tenerlo en cuenta, aunque me gustaría decir dos o tres cosas más.
Hablábamos de estructuras administrativas concretadas incluso en la Secretaría de Estado y no porque quisiéramos meternos en algo que consideramos debe ser competencia del Gobierno y del grupo que le respalda, sino porque ese grupo ya lo ha manifestado en la ponencia.
Hablando de las oficinas únicas, quisiera traer la voz de las organizaciones sociales que nos han dicho a todos los grupos parlamentarios que son muy importantes. Los grupos parlamentarios no hemos tenido en cuenta en nuestras propuestas una reivindicación de toda Europa cual es la de las policías especializadas, muy bien formadas, muy bien capacitadas en los temas de inmigración.
Intentamos también insistir en la necesidad de cambiar la mentalidad de nuestros consulados que tienen que asumir unas nuevas funciones en el campo de extranjería, así como potenciar la Comisión interministerial y la conferencia sectorial. En el capítulo que hemos dedicado a las estructuras administrativas pretendemos dejar bien claro la cooperación entre administraciones y la necesidad de potenciar las herramientas que ya hemos ido creando en estos años, desde 1985 en adelante, para disponer de los órganos que avanzan en los objetivos de las leyes y de los contenidos políticos que en esta Cámara se han discutido.
Hablamos en nuestro texto de la creación de un fondo para que, con las tasas que pagan en sus autorizaciones de trabajo y en algunos capítulos de sanciones, se pueda seguir insistiendo en programas de integración de los inmigrantes en España e, incluso, en algunos programas que tienen que ver con el retorno de sus propios países. El título III intenta simplificar los procedimientos y mecanismos de entrada y salida en el país, los visados, las autorizaciones, los permisos, los tipos de contratos, buscando la adecuación a la realidad que vivimos, que, por un lado, necesita de flexibilidad y, por otro, de mayor permanencia, como es la realidad del mercado de trabajo, tan segmentado y complejo al que se tienen que vincular los inmigrantes en nuestro país.
Me gustaría decir algo, ya que últimamente en los medios de comunicación se está hablando de la casi irregularidad en la que viven estos inmigrantes en su trabajo. Le preguntaba yo al Ministerio de Trabajo recientemente cómo estaba el alta laboral de los trabajadores inmigrantes en los diferentes regímenes de la Seguridad Social. Voy a recordarles este dato, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández, le ruego concluya.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Dos minutos, señor presidente, si es tan amable.
Me contestaba el Ministerio de Trabajo que en este momento en nuestro país hay 247.836 inmigrantes cotizando a la Seguridad Social en los diferentes regímenes. Recogemos la estadística y el porcentaje de inmigrantes que son comunitarios y mayoritariamente jubilados, que disfrutan de sus pensiones en este país, y vemos que la mayoría de los inmigrantes están regularizados y son cotizantes a los diferentes regímenes de la Seguridad Social.
Hay dos títulos más -y con esto termino la presentación de la ley-, el IV y el V, sobre el régimen sancionador y tasas, que son los dos títulos que más críticas han recibido de las organizaciones sociales.
Estaremos receptivos en cuanto a qué podemos mejorar del proyecto.
En definitiva, señorías, en junio el Grupo Parlamentario Socialista dijo que nosotros queríamos hacer un estatuto básico de los derechos de los inmigrantes. Hoy lo traemos aquí. No recoge asilo, como hubiéramos deseado, pero no queríamos trabajar en ampliación de plazos; no recoge nacionalidad, porque les adelanto, señorías, que nuestro grupo va a volver a presentar la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad que la diputada Teresa Fernández de la Vega presentó aquí hace un año, y creemos que en el derecho de sufragio hemos ido hasta donde nos posibilita nuestra Constitución. En todo lo demás, es un estatuto básico de derechos de los extranjeros. Esta es nuestra contribución, nuestro trabajo para que la sociedad española disponga de la ley que necesitamos en el futuro inmediato y que posibilite el desarrollo de una sociedad multicultural en la que estamos inmersos, por cierto, para suerte de todos nosotros.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Utilizamos el turno en contra no precisamente para entrar en el fondo del contenido de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista nos plantea esta mañana, sino para manifestar que estamos en un trámite extraño y que se nos escapa el sentido últimode la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se

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quiere quizás evidenciar una discrepancia global y alternativa con los textos votados en el mes de junio? Es difícil, porque el Grupo Parlamentario Socialista votó favorablemente en aquella tramitación.
¿Se quiere forzar un consenso parlamentario para avanzar en la definición de esta nueva legislación? Es difícil porque, como muy bien recordaba doña Matilde Fernández, la semana pasada cinco ponentes de esta iniciativa ya tuvimos oportunidad de empezar a trabajar en esta línea de consenso, y los cinco ponentes que nos encontrábamos en el Vallés oriental coincidíamos en la voluntad de consenso. ¿Se pretende retardar el trámite parlamentario de esta iniciativa? Lo dudo mucho, ya que todos tenemos compromisos con estos nuevos ciudadanos que son los inmigrantes para resolver esta legislación, incluso con los sectores sociales comprometidos.
¿Pretende el Grupo Socialista ganar credibilidad en los sectores relacionados con esta materia? Es legítimo, pero seguramente no justifica este trámite de hoy, porque lo que ahora estamos discutiendo y sustanciando son tres enmiendas de totalidad a tres textos que se tomaron en consideración en el mes de junio, y no existe oportunidad de incorporar ese texto expresamente al informe de la ponencia porque su votación a favor implicaría el decaimiento de los tres textos o, al menos, de uno de ellos: el del Grupo Parlamentario Mixto, el de Izquierda Unida o el de Convergència i Unió.
Para poder articular la propuesta de estatuto del Grupo Socialista, que contiene elementos positivos por lo que anuncio ya que en ponencia los vamos a incorporar sin ningún problema, lo que el citado grupo tenía que hacer, ha hecho y hará, es presentar estos contenidos como enmiendas parciales. No nos deja otra alternativa que votar en contra de su texto, aunque quizá sí la haya: el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto su texto encima de la mesa, ha podido evidenciar cuáles son sus prioridades, su voluntad de consenso y ahora lo normal sería que nos evitase este voto, que no ayuda a nada, que no significa la voluntad de consenso, que no aporta nada positivo, por lo que quizá lo prudente sería que el Grupo Parlamentario Socialista retirase su texto para que en el trámite parlamentario, en función de las enmiendas parciales, avanzásemos en la línea de consenso. Hoy la prioridad es doble y todos coincidimos -la señora Fernández lo ha dicho en su intervención- en que lo importante es que constituyamos ya la ponencia. Es evidente que la presentación de enmiendas alternativas retrasa ese inicio de ponencia; quizá en este mes de diciembre ya hubiésemos podido empezar los trabajos, pero no lo hemos podido hacer. Constituyamos ya la ponencia, empecemos a trabajar y seamos capaces de crear el consenso. Creo que la voluntad política que todos los grupos pusimos de manifiesto la semana pasada en Can Bordoi, en el Vallés oriental, está ahí. Aprovechémoslo y ahorrémonos trámites que, desde el punto de vista parlamentario real, no creo que aporten nada sustancial al trabajo que tenemos por delante. Por ello, nuestro grupo votará en contra de las tres enmiendas que se presentan al texto de Izquierda Unida, al texto de Iniciativa per Catalunya y al texto de Convergència i Unió y reiteramos nuestra petición al Grupo Socialista de que nos ahorre esta votación.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señora Fernández, si lo desea, S.S. tiene derecho a turno de réplica.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Estaba pensando que el presidente quería acumular las intervenciones de los tres grupos.
Contestando a la propuesta que hace Convergència i Unió, me tendría que remontar al mes de junio, cuando el Grupo Socialista le dijo a Convergència que no corriera tanto, que nosotros estábamos terminando un borrador y que así podíamos trabajar con todos los textos. El Grupo Socialista siente que el Reglamento de la Cámara no le posibilite incorporar nuestro texto de otra manera, ya que, jugando con plazos, no nos dio esa facilidad el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Si no presentásemos nuestro proyecto nos encontraríamos con un texto, el de Convergència i Unió, y con unas enmiendas del Grupo Popular, que espero que no mantengan porque si sumamos la propuesta de Convergència más las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, entonces nos encontraríamos con un texto casi peor que el del año 1985 -lo dicen todos los técnicos y nos lo han dicho a nosotros recientemente en diferentes reuniones las ONG- porque sería el texto más votado. Convergència i Unió y el Grupo Popular no votaron el texto del Grupo Mixto y tampoco votaron el texto de Izquierda Unida.
Creemos que esta es la forma de mantener nuestra contribución, nuestro enfoque, nuestra forma de ver la ley que hay que hacer para el futuro inmediato en este momento en la Cámara. Y como el Reglamento nonos permite otro procedimiento, mantenemos nuestra enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.
El señor Campuzano tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Con mucha brevedad.


Sí que tiene el Grupo Socialista un sistema de incorporar su texto al debate de la ponencia, que es presentar el mismo como un conjunto de enmiendas parciales, que es lo que va a hacer. Tengo la sensación de que simplemente estamos ante un trámite que quizá lo único que pretende justificar es que en aquel momento el Grupo Socialista no había hecho los trabajos que se tenían que haber realizado. Es una pena porque, en el fondo, todos coincidimos -y creo que lo expresábamos la semana pasada en el Vallés oriental- en la voluntad de llegar a un acuerdo para que este texto sea positivo, avanzado y progresista. Esto es lo esencial. Y

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simplemente recordarle que en el trámite parlamentario del mes de junio el Grupo Catalán (Convergència i Unió) también votó a favor del texto de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya. Por último, he de reiterarle que usted tiene la oportunidad de incorporar este texto al trámite parlamentario y es una pena que hoy nos fuerce a todos a votar en contra.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que voy a ser muy breve porque no voy a entrar en el fondo de la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Socialista, pero sí voy a entrar en la cuestión de forma, abundando en los argumentos que el diputado Carles Campuzano, de Convergència i Unió, ha expresado.
Señoría, compañera y amiga Matilde Fernández, me parece que este trámite nos lo hubiese podido ahorrar muy bien su grupo parlamentario, lamento mucho que se haya utilizado de esta manera y quiero clarificar la situación. Por un lado, nos encontramos hoy aquí con que tenemos tres proposiciones de ley que fueron admitidas a trámite y, por otro, con una enmienda de totalidad que presenta el Grupo Socialista y que de ser aprobada, de votarla a favor, significaría que alguna de estas proposiciones de ley que han salido adelante no estuviese presente como texto a enmendar o a trabajar sobre él en la ponencia.
Pienso que el Partido Socialista -me veo obligada a hablar de esta manera- está actuando con mala conciencia originaria, porque, señora Fernández, usted ha dicho que han cambiado muchas cosas desde 1985.
Habrán cambiado muchas cosas desde esa fecha, pero pocas habrán cambiado desde 1996, cuando precisamente los grupos que hemos presentado proposiciones de ley para la reforma de la Ley de extranjería del año 1985 planteamos una proposición de ley para reformar la citada ley, fue votada en contra por el Grupo Socialista y lo máximo que se aceptó fue una reforma del reglamento en la que tuvimos ocasión de expresar que no se pueden modificar derechos fundamentales a través de un reglamento. Eso fue lo máximo que el Grupo Socialista estuvo dispuesto a hacer cuando estuvo gobernando, y no hablo del año 1985, sino del año 1996. Por lo tanto, que cada palo aguante su vela. Yo estoy contentísima de que el Partido Socialista esté dispuesto, no ya a hacer una reforma, sino una nueva Ley de extranjería, como usted dice. Eso significa que somos muchas más las fuerzas que desde la izquierda queremos este cambio porque nos lo piden los inmigrantes, porque nos lo piden las ONG y no sólo ahora, sino que nos están pidiendo esta modificación desde hace muchos años. Este cambio es necesario, como se ha visto en las tres proposiciones de ley que hemos presentado y que deberían dar solución a unas personas -no hablemos de inmigrantes, sino de personas- que conviven con nosotros y que han de ver reconocidos sus derechos fundamentales, tienen derecho a unas prestaciones sociales, tienen derecho a la reagrupación familiar, tienen derecho a una ley que les ampare y que no sea una ley-policía, como fue denominada la Ley de 1985.
Por todo eso no podemos, ni muchísimo menos, votar a favor de la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Socialista del Congreso.
Consenso, sí, pero el consenso, señora Fernández, no se puede buscar de esta manera. El consenso lo vamos a encontrar cuando podamos trabajar con el Grupo Socialista, que mantendrá sus enmiendas parciales, en el trámite de ponencia. Yo también estuve en Can Bordoi, tuve oportunidad de compartir con todas las señorías que hoy intervendrán en este trámite que versa sobre la ley de modificación de la Ley de extranjería y la verdad es que hay condiciones para el consenso, que es lo que espera la gente, los beneficiarios de estas modificaciones que podamos hacer. Sin embargo, la verdad es que no ayuda al consenso esta enmienda de totalidad con texto alternativo.
Cuando el Grupo Socialista quiere marcar prioridades tiene tiempo para hacer sus proposiciones de ley; no tuvo tiempo en junio para hacer la proposición de ley sobre la Ley de extranjería, y ahora lo que debe aceptar el Grupo Socialista es que nosotros, de muy buen grado, vayamos a trabajar conjuntamente para modificar todos los aspectos de esta ley que consideremos oportunos los grupos políticos, pero no va a ser en este trámite, y lo lamento mucho.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Coalición Canaria fijo nuestra posición con relación a la enmienda que presenta el Grupo Socialista. Tengo que decir que coincido en la forma y en el planteamiento con lo que acaba de decir la señora Rivadulla y que hago mías sus razones. Por ello no vamos a votar ni apoyar favorablemente esta enmienda que presenta el Grupo Socialista. Creemos que hay una serie de voluntades, incluso expresadas con iniciativas de tres grupos parlamentarios para entrar en el tema, hoy día exigente desde un punto de vista ético y político, de las cuestiones relacionadas con la Ley de extranjería, con los extranjeros en España, con los inmigrantes, en el amplio abanico de conculcación de derechos humanos que a veces se viene dando.
También entiende mi grupo, en esta misma línea de coincidencia con la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto que acaba de dirigirse a ustedes, que la ponencia

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va a ser el marco de encuentro para buscar un consenso al que estamos obligados por estas razones que he expuesto, éticas, humanitarias y de justicia que las circunstancias actuales nos están planteando debido a esa presión que sufre España como territorio meridional con respecto a África y a los inmigrantes que llegan a nuestras costas y con respecto a los que vienen desde las naciones hermanas latino o hispanoamericanas.
Es también un lugar de encuentro para buscar entre todos la fórmula que permita adecuar la vigente Ley 7/1985 a un marco en el que nos podamos sentir jurídica y políticamente cómodos, en el que España, dentro de esas exigencias, tenga como referencia inmediata los tratados de la Unión Europea, a los que estamos obligados a someternos, a fin de que esto pueda ser compatible con estos principios que estoy defendiendo.
Por las enmiendas e iniciativas presentadas por los diversos grupos, por el tipo de materia de que se trata, busquemos con esta voluntad, y no con enmiendas de totalidad o de devolución, lo que tiene que ser la percha donde podamos ir colgando en el principio del consenso y del acuerdo las cuestiones que estamos defendiendo.
Por esta razón, señor presidente, votaremos en contra de esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que esta enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista nos coloca en una situación cargada de contradicciones, pero yo no me voy a unir a las quejas precisamente contra doña Matilde Fernández, a la que en este caso se le podría aplicar aquel aforismo jurídico que dice que quien hace uso de su derecho a nadie daña, o sea que daño no nos produce. Es posible que a lo mejor pudiéramos haber avanzado más deprisa, pero yo le voy a agradecer paradójicamente que haya introducido esta enmienda, la cual por supuesto no voy a votar, ya que sería absolutamente una locura votar una enmienda para que sustituyera ni más ni menos que a una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida admitida a trámite, pero se lo voy a agradecer porque coincide en la fecha.
Es muy importante que hoy, día 10 de diciembre, se esté hablando aquí de nuevo de inmigración so pretexto de esa enmienda. No creo que doña Matilde, que es lista, haya llegado hasta el extremo de saber conciliar la cronología y el tema y haya influido de tal manera en la Mesa, no lo creo; vamos a atribuirle a la Mesa el que haya tenido un sentido de la intuición que obra en su mérito y vamos a agradecérselo, porque qué mejor homenaje a una declaración universal de derechos que el que hoy, a través de la intervención de doña Matilde Fernández y de todos los demás que están tomando parte en el debate, vengamos a ratificar un hecho importante: la toma en consideración de las tres proposiciones no de ley que ponen de manifiesto una acusada sensibilidad por parte de esta Cámara precisamente con aquellos colectivos a los que menos derechos, a los que menos tutelas se les ofrece, a los inmigrantes, aquí o en cualquier otro país. Por eso, entendiendo, y yo creo que lo comprenderán ustedes, que nosotros no vayamos a votar a favor, sí valoramos positivamente que el Grupo Parlamentario Socialista nos haya dado ocasión para poder reafirmarnos en nuestras convicciones y que nos ofrezca también unos puntos de vista, que todos son buenos y necesarios, que estoy absolutamente convencido que vamos a incorporar al trabajo de la ponencia.
No voy a extenderme mucho más, sólo diré que, en aras de ese consenso, a nosotros nos gustaría -y como tengo mala memoria voy a leerlo, porque ya no me puedo fiar de mi memoria- que los trabajos de esta ponencia vinieran presididos por dos artículos. Uno es el artículo 2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Nos gustaría que este artículo se completara con el 23.1, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, en condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo, y con aquel otro importante, el 13.1, que dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, entendiendo a la tierra como el patrimonio de toda la humanidad, sin fronteras y sin resoluciones administrativistas que acaben ni más ni menos que tendiendo a la discriminación y a hacer realidad la injusticia. Si somos capaces de respetar estos principios, estoy convencido de que la Ponencia, cuando acometa este trabajo, va a elaborar un texto en esta Cámara que no va a haber ningún grupo político que, so pretexto de los reglamentos de policía, la conveniencia o la oportunidad, so pretexto de otra clase de razones de índole político, entendida la política en el peor de los sentidos, vaya a oponerse a que una vez más, y de acuerdo con esa Constitución que tantos estamos celebrando, esta nueva ley de extranjería sea una ley auténticamente ejemplar en toda Europa, para que nos podamos sentir satisfechos de haber hecho realidad aquello que predicamos cada mañana.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jordano.


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El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.


No voy a entrar en los planteamientos de todos los grupos, porque podría parecer que el Grupo Socialista se encuentra aislado, y eso no responde a la realidad, puesto que el texto que hoy nos propone como un conjunto lo ha troceado y lo ha colocado íntegramente como enmiendas parciales a los otros textos. Quiere ello decir que todas las ideas que pueda proponer el Grupo Socialista no se excluyen, sino que van a ser consideradas por el resto de los grupos. Este concepto de no excluir es lo que nos tiene que llevar adelante en esta materia. No se trata de excluir tres textos, que tienen sus defectos, que tienen sus virtudes, que tienen normas aceptables y otras discutibles, ni tampoco se trata de excluir al texto socialista, sino de integrar a todos.
Aprovechando la efemérides que ha señalado el diputado don Pablo Castellano, quisiera que nos centrásemos en una imagen. Desde el sur de Andalucía, desde la costa de Cádiz, cualquier noche un poquito clara, se tiene una imagen nítida de lo que es África. Se ve enfrente unas montañas, normalmente oscuras, con muy pocos puntos de luz. Sólo hay una isla de luz, que es la ciudad de Ceuta. Todo lo demás, básicamente, se ve en la oscuridad. Pero esa visión que tenemos de África desde la Europa rica, desde la Europa próspera, a la inversa representa para todos sus habitantes un mundo de luz, un mundo de color, un mundo atractivo; ese mundo atractivo que iba buscando la nigeriana Julienne Danielle cuando murió el día 2 de diciembre, a las puertas de ese mundo de luz y de color que representa Europa. En esa idea es en la que nos debemos de centrar. Tenemos que centrarnos en que hay un número muy importante de personas, la mayor parte de ellas ubicadas en los países de África, que quieren venir a Europa en busca de ese mundo de luz y de color que nosotros les podemos ofrecer.
Tenemos que regular una materia no con los conceptos de 1985, sino con una nueva visión.
Quisiera exponer que la posición del Grupo Parlamentario Popular y la del Gobierno en esta materia está abierta a las consideraciones de todos los grupos y que la finalidad que pretendemos es desarrollar un texto legal nuevo, recogiendo aportaciones de todos los grupos, que sea aprobado por el consenso y el voto unánime de toda la Cámara. Ese es el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular, y es conveniente que quede claro en el «Diario de Sesiones». No queremos sólo una ley de extranjería; queremos una ley de extranjería y una ley de integración social y laboral del inmigrante, para dividir dos campos claros: el marco de derechos, que tenemos que ampliar, en el que tenemos que ser extremadamente generosos, para saber que toda persona que está en territorio español goza, en una interpretación correcta del artículo 13 de la Constitución española, de un marco de derechos equiparable e igual al que gozan los españoles. Al inmigrante, sea cual sea su situación administrativa, no puede discutírsele determinados derechos básicos; no puede discutírsele el derecho a la defensa gratuita; no puede discutírsele el derecho al trabajo; no puede discutírsele la regulación del derecho a la vivienda; no puede discutirse a los hijos de los inmigrantes el derecho a una educación y al reconocimiento de la titulación que hayan cursado, aspecto éste en el que vamos avanzando en gran medida. Hay que reconocer al inmigrante el derecho a la formación profesional, el derecho a las políticas activas de empleo y configurar de esta forma un marco de derechos generoso y amplio que abarque a todos los ciudadanos que estén en nuestro país, sea cual sea su situación administrativa.
Esto no quiere decir, y hacía un canto en cierta forma poético el señor Castellano, que estemos hablando de un mundo sin fronteras, porque en ese momento estaríamos cayendo en la irrealidad. Hay una frontera y hay una regulación de fronteras y es normal que ésta se produzca, pero el hecho de que exista una regulación de fronteras no implica una negativa de derechos, no niega el derecho de asistencia jurídica gratuita al inmigrante que ha llegado a esa frontera para explicarle cuál es el marco legal y cuál es el marco de defensa.
Necesitamos mantener ese concepto, entre otras cosas, porque hay un tratado internacional firmado por España, no con nuestro Gobierno, que marca esa situación de frontera determinada. Es verdad que en toda la regulación de derechos, en la extensión de derechos básicos como la educación y la asistencia sanitaria tenemos que considerar la realidad de todo el territorio nacional. Hay un territorio peninsular con unas características determinadas y una frontera marcada por el tratado de Schengen y hay otros territorios nacionales, que no están dentro de esa frontera Schengen, que tienen unas características especiales y que requieren una regulación especial.
Estamos de acuerdo en el reconocimiento que se hace en las proposiciones del derecho al voto de los inmigrantes en elecciones municipales, pero queremos ir más allá de la limitación estricta al concepto de reciprocidad, que se establece en el texto y en las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que se puede encontrar una interpretación generosa que nos permita dar ese derecho al voto en elecciones municipales dentro del espacio del territorio Schengen.
En definitiva, tenemos la oportunidad de establecer por primera vez en España no una ley de extranjería, no una ley de fronteras o una ley policial en lo relacionado con el extranjero.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Jordano, discúlpeme.
Ruego a SS.SS. que desconecten sus teléfonos móviles, hay uno que ha sonado en tres ocasiones y el simple hecho de la sintonía interfiere la megafonía de la Cámara.


El señor JORDANO SALINAS: Espero que se hayandesgastado las pilas de todos los móviles.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Continúe, señor Jordano, y le ruego que concluya a la máxima brevedad.


El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.


Decía que teníamos la oportunidad por esta vía de diálogo, por una vía de renuncias de todos los grupos, por una vía de colaboración sincera, sin querer aprovechar partidariamente ninguna ventaja, de recoger una aspiración de la sociedad española. Esa aspiración de la sociedad española es que no estemos hablando de una ley de extranjería, de una ley de regulación de fronteras, que hablemos de una ley de regulación de los derechos de los extranjeros en España y de una ley de integración social y laboral.
Se han dado ya determinados pasos por parte del Gobierno para resolver lo que no dejan de ser trabas burocráticas y que conducen a situaciones absurdas. Negamos el derecho de asistencia jurídica gratuita para todos los inmigrantes y, sin embargo, atribuimos fondos públicos a determinadas organizaciones cuya finalidad es exclusivamente prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jordano, le ruego que concluya.


El señor JORDANO SALINAS: Voy concluyendo, señor presidente.
Negamos el derecho de sanidad y, sin embargo, tenemos que canalizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes por la vía de urgencia.
Por tanto, vamos a intentar eliminar todos estos problemas burocráticos, vamos a intentar eliminar las inercias administrativas que condicionan el trato a los inmigrantes y configuraremos una buena ley. Una buena ley que para configurarla sin exclusiones obliga a obviar el texto global que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista, pero a considerar con generosidad las enmiendas parciales que a fin de cuentas es el propio texto que nos presenta integrado.
Nada más, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jordano.


- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/ 000123)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 47 del orden del día: Proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.
Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes para presentar el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 9.393.184.038 pesetas para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous.
El proyecto tiene por objeto permitir el pago de las indemnizaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997, que condenó a uno de los funcionarios acusados declarando a la Administración del Estado responsable civil subsidiaria. Esta sentencia fijó el importe de las indemnizaciones que debían satisfacerse a los herederos de ocho personas fallecidas como consecuencia de la catástrofe en 25 millones de pesetas, en cada caso, y dejó pendiente para el trámite de ejecución de sentencia la determinación de las cantidades a satisfacer a quienes hubieran sufrido daños derivados del derrumbamiento de la presa de Tous.
Posteriormente y ya en trámite de ejecución, la Audiencia Provincial de Valencia dictó auto de fecha 27 de febrero de 1998, en el que fijó los criterios para determinar las indemnizaciones a satisfacer a los damnificados.


Mediante un anexo, la resolución judicial fija las indemnizaciones a percibir por los perjudicados que mantuvieron hasta el último momento su reclamación en la vía penal, excluyendo a los que hubieran suscrito convenios transaccionales, en virtud de los reales decretos- leyes 4/1993 y 10/1995 y a los que optaron por efectuar su reclamación en vía contencioso-administrativa.


A este respecto, conviene recordar que por Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, ante lo dilatado de los procedimientos judiciales y administrativos abiertos, se autorizó la realización de transacciones entre el Estado y los damnificados por la rotura de la presa citada y se concedió un crédito extraordinario de 19.000 millones de pesetas a tal fin, especificándose que la transacción implicaba la percepción de ayudas y la consecuente renuncia a las acciones judiciales. Aunque un número importante de los reclamantes se acogió a la vía transaccional abierta por el real decreto-ley, otros optaron por mantener su reclamación en vía judicial.
Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 4 de octubre de 1995, que absolvió a todos los funcionarios públicos acusados, se dictó el Real Decreto 10/19995, de 28 de diciembre, que abría de nuevo la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales a todos aquellos damnificados que no lo hubieran hecho

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al amparo del Real Decreto-ley 4/1993, incorporando otra serie de medidas encaminadas a ampliar el número de municipios afectados y a facilitar los fondos necesarios parae l cobro de las ayudas por parte de quienes aceptaran el acuerdo.
Existe, por tanto, un número importante de perjudicados por la catástrofe de Tous que, por esta vía de los acuerdos transaccionales, ya ha obtenido la reparación de los daños sufridos. De ahí que las resoluciones judiciales, para cuyo cumplimiento es preciso que se apruebe el crédito extraordinario a que se refiere el presente proyecto de ley, únicamente afecten al grupo de perjudicados que no se acogió a los acuerdos transaccionales y mantuvo sus reclamaciones vinculadas al proceso penal pendiente.
Para la determinación de las cantidades a satisfacer, que es lo que justifica el importe del crédito extraordinario solicitado, se ha partido del importe global fijado en el citado auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 27 de febrero de 1998. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Ahora bien, esta resolución advertía sobre la posible existencia de errores en el listado de perjudicados a los que reconocía el derecho de ser indemnizados, y realizaba una doble puntualización. En primer lugar, que en el supuesto de haberse llegado a establecer indemnización a algún perjudicado que hubiera suscrito un convenio transaccional, deberá entenderse por no puesta al carecer de derecho a su percepción. En segundo término, que en los casos en que se hubiera omitido un perjudicado que, de conformidad con la argumentación expuesta, tuviese derecho a la pertinente indemnización, deberá efectuar la oportuna reclamación para dictar la resolución que resulte procedente.
Como consecuencia de estas previsiones del auto de 27 de febrero, se han realizado correcciones en la cantidad inicialmente fijada, pues, por un lado la propia Audiencia, en diversas resoluciones dictadas con fecha 20 de mayo ha ampliado la lista de perjudicados con derecho a indemnización, atendiendo las correspondientes reclamaciones y, por otro, se ha comprobado que en la lista inicial figuraban perjudicados sin derecho a indemnización por haberse acogido a un acuerdo transaccional con la Administración. Efectuadas estas correcciones, la cifra final resultante es la que he señalado al principio de mi intervención, el importe por el que se solicita el crédito extraordinario. No obstante, es preciso que el crédito extraordinario se consigne como ampliable, ya que, por una parte, y pese a la celeridad que el Gobierno pretende imprimir al pago de las indemnizaciones -para lo cual se ha constituido ya una oficina dependiente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana-, será preciso atender al pago de intereses, cuyo montante no puede establecerse con exactitud hasta el mismo momento del pago.
Por otro lado, cabe la posibilidad de que se produzcan nuevas reclamaciones de perjudicados con derecho a indemnización que hayan sido omitidos en las resoluciones dictadas hasta el momento por la Audiencia.
La petición de crédito extraordinario se justifica en la inexistencia de crédito ordinario suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para atender el cumplimiento de la sentencia y se ampara en el artículo 43.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que establece las obligaciones de pago de la Hacienda pública derivadas de sentencias judiciales firmes, así como en el artículo 45 del citado texto legal, que establece la obligación de pago de intereses en el caso de que en el plazo de tres meses no se hubiera realizado su cumplimiento. La necesidad de este crédito extraordinario deriva también de la conveniencia de compensar formalmente el anticipo de tesorería aprobado por el Gobierno el pasado 20 de julio por el mismo importe y que ha servido para empezar a atender las indemnizaciones previstas. Por último, he de señalar que la financiación del crédito se realizará con deuda pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de texto alternativo, una por el Grupo Mixto y otra por el Grupo de Izquierda Unida. Para la defensa de la presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, bueno es recordar mínimamente cuál es la razón de ser de este proyecto de ley de crédito extraordinario que hoy nos presenta el Gobierno y, en su nombre, el ministro de Administraciones Públicas. En octubre de 1982 -lo conocen ustedes perfectamente- , coincidiendo con fuertes lluvias que se produjeron en el País Valenciano, la presa de Tous, a causa de esas lluvias y por otras relacionadas con conductas humanas, en concreto de funcionarios que trabajaban en dicha presa, se desmoronó, produciéndose la tristemente famosa, en el ámbito de nuestra comunidad y en el ámbito del Estado, pantanada de Tous, es decir, la avalancha de los centenares de miles de metros cúbicos de agua embalsados en la presa que se volcaron como un terrible alud sobre las comarcas de la Ribera, especialmente en las zonas limítrofes a la presa. Los daños fueron extraordinarios, empezando por las pérdidas de vidas humanas, así como en los bienes más esenciales de miles de personas: viviendas, vehículos y medios de trabajo.
A partir de esa fecha, se inicia un debate judicial interminable; a saber, si el Estado tenía alguna responsabilidad en relación con esos daños, más allá de la lógica e inicial intervención de carácter estrictamente solidario que el propio Estado llevó a cabo en esas fechas. Este debate judicial experimentó una interminable y contradictoria tramitación. A lo largo de esa tramitación, las reclamaciones de los afectados y la posición

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de las diversas fuerzas políticas, de todas, consiguieron que el Gobierno de turno, socialista, sin fundamento judicial entonces -y esto hay que destacarlo-, dictara dos reales decretos-leyes de carácter sucesivo, el del año 1993 y el del año 1995, con el objetivo - insisto, sin que entonces hubiera fundamento judicial para adoptar esas decisiones políticas- de indemnizar a los afectados. El PP, entonces principal partido de la oposición, calificó esos reales decretos-leyes de insuficientes. En concreto, en el debate de convalidación del segundo de ellos, la entonces portavoz del Grupo Popular y hoy ministra de Agricultura, señora de Palacio, decía que ese real decreto-ley no llegaba a lo que pretendía en sus iniciativas el Partido Popular, decía literalmente: En su día nosotros pretendíamos no sólo extender el ámbito de aplicación a todas las personas damnificadas, sino además que hubiera una mayor determinación, con unos criterios más objetivos a la hora de fijar el importe del resarcimiento.
Esta fue la posición que mantuvo el Grupo Popular en relación con el segundo de los reales decretos-leyes dictados por el Gobierno Socialista, que dio lugar a que el Grupo Popular se abstuviera en la votación de ese real decreto-ley. El hoy Presidente del Gobierno y entonces candidato, señor Aznar, en visita que hizo a la comarca de la Ribera, en concreto a Alzira, se comprometió en persona y dijo literalmente: Me comprometo a impulsar personalmente las acciones necesarias para que se dé una solución rápida al problema de los damnificados sin excepciones. Esto dijo el señor Aznar en la campaña electoral que le llevaría a la actual Presidencia del Gobierno en los primeros meses del año 1996.
Han transcurrido desde entonces, señorías, más de dos años y el Grupo Popular no ha hecho absolutamente nada en este tema; absolutamente nada. Hoy, al cabo de los dos años, el Gobierno nos remite un proyecto de ley que pretende única y exclusivamente dar cumplimiento a una sentencia. Cuando en su día se habló, como hizo el actual presidente de la Generalitat valenciana, señor Zaplana, de la inoperancia del PSOE en el caso Tous, esas palabras hoy se vuelven como un arma arrojadiza contra quienes en dos años no han sido capaces de hacer absolutamente nada más que aquello a lo que se ven obligados: a dar cumplimiento a una sentencia. Pero al hacerlo incurren en lo que dijeron que nunca habría que hacer, en crear discriminaciones entre los damnificados. Y aquí se produce una tremenda discriminación. Este proyecto de ley del Gobierno pretende indemnizar con los criterios justos, los que en un Estado de derecho han marcado los tribunales, sólo a una minoría, dejando fuera a la gran mayoría de los damnificados que fueron indemnizados con unos criterios inferiores. Al actuar así, el Gobierno del Partido Popular no sólo lo hace obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, que se produjo finalmente y que estableció la responsabilidad del Estado, sino que además lo hace incurriendo en ese defecto en el que dijo que nunca se debería caer, el de dejar fuera a una parte, en este caso la mayoría de los damnificados que no quedarían justamente indemnizados. Esta es la situación que hay con este proyecto de ley. En nombre de nuestro grupo, Nueva Izquierda- Iniciativa per Catalunya, hemos presentado una enmienda con texto alternativo, con el objetivo de que los criterios justos, los marcados por los tribunales, sean aplicados a todos los damnificados, a todos, sin excepción y sin discriminación. Esto es perfectamente posible.
El segundo real decreto-ley contemplaba que los que se habían acogido al primero podían acogerse a las mejoras del segundo. Por tanto, es perfectamente posible que este proyecto de ley, en la redacción alternativa que planteamos, diga que quienes se han acogido a los dos reales decretos-leyes pueden acogerse a las mejoras de este proyecto de ley, mejoras que hoy podemos afirmar que son pura y simplemente el cumplimiento de lo que dicen los tribunales, los criterios indemnizatorios justos.
Por tanto, señorías, apelo a quienes en su día defendieron que era necesario establecer justicia en el caso Tous, y fuimos todos los grupos de la Cámara, para pedir que este proyecto de ley no deje al margen de los criterios de justicia a una mayoría y además con una discriminación claramente inaceptable. Se podrá decir, en términos retóricos, que pidiendo esto mi grupo no se da cumplimiento a la sentencia. Eso no es verdad. Nuestra enmienda con texto alternativo da cumplimiento a la sentencia, por supuesto va a cobrar esa minoría a la que pretende pagar el Gobierno, pero además se pagaría al resto de los damnificados. Por tanto, con nuestro texto alternativo cumplimos la sentencia, por supuesto, y además establecemos justicia para todos, lo que no se hace con el proyecto del Gobierno.
También se puede volver la vista atrás. Yo creo que no es bueno volver la vista atrás; en todo caso, si se hace, se tendrá que reconocer que un gobierno anterior, sin que hubiera fundamento judicial para actuar, actuando no obligado como este Gobierno sino voluntariamente, hizo dos reales decretos-leyes, lo que este Gobierno ha sido incapaz de hacer. Pero, insisto, creo que no es bueno volver la vista atrás. De hecho, anteriores gobiernos no lo hicieron cuando dictaron esos reales decretos-leyes y no recordaron que la pantanada de Tous se produjo gobernando la UCD. Este no es un problema del Partido Socialista, este es un problema que viene de la época de los gobiernos de la UCD, como el tema de la colza, que también hemos heredado de la UCD. A veces volver la vista atrás tiene estas consecuencias, que descubre uno un pasado que en ocasiones no se quiere recordar.
Insisto, señorías, la enmienda con texto alternativo que plantea Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya traería la solución definitiva al tema Tous, una solución definitiva justa, la que han marcado los tribunales, y además evitaría cualquier tipo de discriminación. Creo que es hora de que esa voluntad, que a lo largo de estos dieciséis años hemos manifestado en uno u otro momento todos los grupos de la Cámara, se pueda concretar

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votando favorablemente estas enmiendas que nosotros planteamos.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Para la presentación de la enmienda también de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado esta enmienda de totalidad con texto alternativo dado que el Gobierno pretende una vez más desaprovechar una oportunidad que se brinda para cerrar un caso que para la Comunidad Valenciana es discriminatorio, indignante y, desde luego, completamente desastroso en su planteamiento. Nosotros estamos de acuerdo con que se cumpla la sentencia, es más, consideramos necesario que se cumpla la sentencia, pero también seguimos defendiendo, como lo hemos venido defendiendo desde que se produjo el derrumbamiento de la presa de Tous, la necesidad de que todas las indemnizaciones se equiparen y de que todos los damnificados perciban la indemnización según ha fijado ya definitivamente la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 1997.
Señorías, en esta Cámara hemos discutido en muchas ocasiones sobre la problemática de los damnificados de la presa de Tous. Estamos hablando de más de 28.000 damnificados, de los que 23.000 se tuvieron que acoger a los dos reales decretos aprobados, anteriormente a que se produjera una sentencia en firme, sencillamente porque eran las personas que tenían las necesidades económicas más acuciantes. Eran 23.000 personas que no podían aguantar la vía judicial porque les ahogaba económicamente, personas que tienen los recursos económicos más escasos y que ahora, señorías, si no se corrige desde esta Cámara a través de este crédito extraordinario, serán las que salgan perjudicadas. Aquí lo hemos dicho portavoces de todos los grupos parlamentarios, pero en este caso el compromiso que tenía el Grupo Parlamentario Popular, a través no solamente de sus intervenciones en esta Cámara sino de los actos públicos celebrados en plena campaña electoral, era el de equiparar a todos los damnificados por la rotura de la presa de Tous, a todos por igual. Señorías, eso no es lo que hace el crédito extraordinario. El crédito extraordinario mantiene una discriminación precisamente para aquellas personas que tienen menos recursos económicos, las que están en una situación más conflictiva. Tenemos que corregirlos -y esta sería la oportunidad- votando las enmiendas a la totalidad con texto alternativo que se han presentado. Se cumple la sentencia en cualquiera de los dos textos y además se da cobertura a los 23.000 damnificados que se tuvieron que acoger a los dos reales decretos.
En esta Cámara, por parte de portavoces cualificados del Grupo Parlamentario Popular, se ha dicho siempre que los reales decretos no eran suficientes, que establecían perjuicios porque las cuantías indemnizatorias eran escasas. Precisamente portavoces del propio Grupo Popular en la legislatura pasada decían que eran reales decretos a los que se acogían las personas que más escasos recursos económicos tenían; es decir, se reconocía así. Por tanto, nos parece que es totalmente injusto que en estos momentos el Gobierno del Partido Popular obvie el cumplimiento de sus compromisos y promesas a los ciudadanos y ciudadanas de la Ribera, en definitiva al País Valenciá.
Señorías, hay un acuerdo de los representantes de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Parlamento valenciano, en el que se reclama de esta Cámara y del Gobierno la equiparación de todos los damnificados, es decir, toda la Comunidad Valenciana, incluidos los representantes del Partido Popular en las Cortes valencianas, están reclamando y apoyando que se equiparen las indemnizaciones de los damnificados. Señorías, sería decepcionante para el País Valenciá que en esta Cámara no fuéramos capaces de cumplir un clamor de los ciudadanos de la Ribera del río Xúquer. Establecer esta discriminación puede tener graves conflictos sociales, entre otras cosas, porque los ciudadanos y ciudadanas no tienen por qué entender que se haya producido una sentencia que al vecino de al lado le concede una equiparación dos, tres y cuatro veces superior a la que le concede a otro que no pudo aguantar la vía judicial cuando ha sufrido las mismas penalidades y los mismos desastres. Señorías, no es cierto que se haya obtenido la reparación total de los daños a través de los reales decretos. Se ha obtenido una reparación parcial y no total, porque la sentencia reconoce mayores indemnizaciones de las que se produjeron a través de los reales decretos. Estamos hablando de 16 años. Han transcurrido 16 años desde que se produce la rotura de la presa de Tous, desde que se produce el derrumbamiento y, señorías, es suficiente el tiempo transcurrido para que cerremos en esta Cámara, con un voto a favor a las enmiendas de totalidad con texto alternativo, una parte desagradable y muy triste que están viviendo los ciudadanos de la Ribera.
Para concluir, quiero recordarles las palabras de uno de los portavoces del Grupo Popular que les decía en aquel momento a los representantes del Grupo Socialista en una respuesta: Señorías, con su actuación ustedes han perdido, electoralmente hablando, dos de las ciudades más importantes de la Ribera: Carcagente y Alzira. Señores del Partido Popular, ustedes con su actuación también pueden perder electoralmente hablando ciudades muy importantes en el País Valenciano, cualquiera de la Ribera del Xúquer, entre otras cosas, por no cumplir los compromisos que ustedes adquirieron en las campañas electorales. Oportunidad tienen de rectificar apoyando las enmiendas a la totalidad.


Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Urán. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, para un turno en contra, tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tenía previsto consumir un turno de fijación de posición en este debate sobre las enmiendas de totalidad del proyecto de ley de crédito extraordinario por el derrumbamiento de la presa de Tous. Sin embargo, la exposición por parte de uno de los dos enmendantes, en concreto por parte del enmendante del Grupo Mixto, señor Peralta, me ha decidido a cambiar mi actitud y fijar la posición en contra, porque de ninguna de las maneras se le pueden admitir los argumentos que ha traído aquí, teniendo en cuenta que el tema de la responsabilidad de la Administración del Estado por el derrumbamiento de la presa de Tous ha sufrido diversas alternativas, habiendo sido objeto de resoluciones contradictorias.
El dictamen inicial del Consejo de Estado, así como la sentencia absolutoria de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, en septiembre de 1995, estimaron que no había tal responsabilidad civil subsidiaria. Por el contrario, la sentencia de la propia Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia de octubre de 1990, anulada posteriormente, así como la del Tribunal Supremo de abril de 1997 consideraron que sí existía tal responsabilidad. En consecuencia, esta no ha sido una cuestión clara y durante el excesivo período de tiempo transcurrido hacia la obtención de una decisión definitiva ha habido largas situaciones de indefinición. Es a partir de un determinado momento cuando la presión social, ante la falta de respuesta de la Administración de justicia, se dirigió a la Administración del Estado en demanda de respuesta. Se buscó la fórmula de resolver un problema cuya dilación, según las propias declaraciones de los damnificados, estaba produciéndoles graves perjuicios. Fue entonces cuando se promulgó el Real Decreto- ley 4/1993, de 26 demarzo, a requerimiento de los damnificados, aunque hay que resaltar la forma cicatera con la que se promulgó y, sobre todo -siendo esto más incomprensible-, la forma de aplicarlo.
Posiblemente no hubiera en aquel momento otra solución jurídicamente viable más que la del convenio transaccional, cuya aplicación era posible por la entonces reciente promulgación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, cuyo artículo 88.1 establecía por primera vez la posibilidad de que la Administración finalizase los litigios a través de la vía transaccional.
El segundo Real Decreto-ley 10/1995, de 28 de diciembre, fue promulgado a requerimiento de los afectados que, fundamentalmente a través de las asociaciones Asiva y Apemeda, instaron a la Administración para que llevase a cabo una revisión de la situación y se dejaran de aplicar en el nuevo real decreto-ley determinadas deducciones que sí se aplicaron en el anterior, como la compensación de ayudas directas, la compensación de ayudas recibidas del Ministerio de Interior, las cantidades abonadas por el Consorcio de compensación de seguros, así como la inclusión de tres poblaciones nuevas (Cárcer, Alcántara del Xúquer y Favara) que no figuraban en el anterior. También se introdujo una cláusula de resarcimiento de los gastos que habían tenido que soportar los afiliados a aquellas asociaciones como consecuencia de su pertenencia a las mismas. Es de destacar que la principal característica de este segundo real decreto-ley se basa principalmente en las ofertas transaccionales que se hicieron a los damnificados, mientras en el primero, como he dicho antes, se ofertó de forma cicatera, e incomprensiblemente por parte del entonces delegado del Gobierno, un 20 por ciento del importe máximo resarcible, según el artículo 1, base segunda; es más, se hizo de forma discrecional, porque a casos análogos hacía ofertas totalmente distintas y, como acabo de decir muy bajas. El actual delegado del Gobierno, al aplicar el segundo real decretoley, lo ha hecho en todos los casos por el importe máximo resarcible, es decir, al cien por cien de lo que permitía el real decreto-ley, lo cual es una muestra de voluntad por parte del Partido Popular de ir cumpliendo las promesas, contrariamente a lo que se ha dicho.
Al primer real decreto-ley se acogieron, de los 34.000 damnificados, 23.783, que recibieron por parte de la Administración del Estado una cantidad total de 12.435 millones de pesetas. En el segundo real decreto-ley, señorías, aceptaron las ofertas transaccionales, por un lado, 4.646 nuevos damnificados y, por otro, 12.527 que ya se habían acogido al primer real decreto-ley pero que, acogiéndose a este segundo, pudieron recibir las mejoras previstas y ya antes citadas.
La cuantía total recibida por estos damnificados ascendió a 9.565 millones de pesetas.
Podemos extraer una primera conclusión: la fórmula aplicada de los reales decretos-leyes fue tomada a requerimiento de los damnificados.
También se hace necesario resaltar que la citada vía de los reales decretos- leyes sólo era posible ante la ausencia de una sentencia que determinase la responsabilidad de la Administración ya que, en caso contrario, hubiese sido imposible, por razones obvias, su aplicación, al margen de que hubiera podido tomarse como una falta de consideración hacia la Administración de justicia.
Señorías, la extensa y detallada argumentación en que la Sala de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fundamenta la validez de los convenios suscritos entre la Administración del Estado y los damnificados hace realmente inviable la posibilidad de aceptar las enmiendas de totalidad que se han planteado en este trámite parlamentario. En los fundamentos de derecho el auto, en su base primera y más extensa, lo resalta de forma continua y dice textualmente: Llegándose al convenio incluso con sacrificios, bien de orden moral o de tipo económico, todo con el exclusivo

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objeto de evitar los inconvenientes que los pleitos llevan siempre consigo. Se trata, pues, de un negocio jurídico expresamente tendencial a conformar su finalidad por la exigencia de evitar la provocación de un pleito o de poner término al ya comenzado. De aquí que su efecto principal radique en obtener para las partes la autoridad de la cosa juzgada, como dispone el artículo 1.816 del Código Civil.
Más adelante dice: Por ello, además de apreciarse ajustada a derecho la decisión del ministerio fiscal de no ejercitar la acción civil en el momento de la calificación definitiva por cuenta de quienes ya se habían acogido al Real Decreto-ley de 1993, lo que de por sí entrañaría un obstáculo procesal suficiente para poder otorgar viabilidad a una pretensión no hecha efectiva, sin perjuicio del posible tratamiento discriminatorio que ello representaría respecto de quienes se encontraran en la misma situación por haber accedido con posterioridad a aquel trámite procedimental, ha de concluirse entendiendo que procede excluir a todos los que han llegado a suscribir el tan mentado convenio transaccional.
En otro apartado dice: Por la gran cantidad de afectados, quienes al suscribir el acuerdo transaccional con la explícita renuncia a toda reclamación indemnizatoria lo hacían conscientes del contenido negocial que aceptaban al venir garantizado por una expresa disposición legal, por lo que mal puede admitirse la presencia del error, dolo, violencia o falsedad documental. De aquí que, en definitiva, se imponga concluir reconociendo plenos efectos a la transacción concertada y, por tanto, la renuncia que comportaba, lo que conlleva, como se ha señalado, la exclusión de todos los suscribientes de los convenios transaccionales.
Señorías, no es aceptable la afirmación de que se da un trato distinto a los damnificados según hayan optado al resarcimiento de sus daños a través de la vía judicial o de la vía administrativa, ya que las situaciones no son comparables. En el momento de suscribir el primer convenio, como muy bien ha dicho el señor Peralta, la Administración no había sido condenada. En el momento del segundo convenio había sido absuelta pocos meses antes y, aunque se recurrió la sentencia, había un alto porcentaje de posibilidades de que finalmente no lo fuese, con el lógico y consecuente riesgo de haber procedido al pago de unos resarcimientos de daños de los que podía no haber sido responsable. Voy a dar un dato, señorías: gran parte de los damnificados incluidos en la relación del auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que son precisamente los que se van a beneficiar de la aprobación de este proyecto de ley que estamos debatiendo, son aquellos que no pudieron en su momento celebrar los citados convenios por defecto de documentación y cuyas denegaciones provocaron sus insistentes reclamaciones para que fuesen aceptadas sus peticiones. Al no conseguirlo, no les quedó más remedio que seguir personándose en la causa.
Es imposible que en un proceso de resarcimiento de más 34.000 damnificados no se den agravios comparativos, sobre todo cuando no se resuelve de forma inmediata y en su momento, señorías. Sobre los acontecimientos, y desde luego con muchos años por medio, se han ido arbitrando soluciones parciales que afectan a partes distintas de los damnificados. Por tanto, lo que he propuesto desde esta tribuna en debates anteriores habría sido la solución idónea si tan bien ha llevado este tema desde el principio el Partido Socialista, como ha dicho el señor Peralta. La fórmula más fácil y sencilla habría sido indemnizar en su momento a los damnificados, no usarlos electoralmente, como posteriormente se hizo, y haberse subrogado el Estado el derecho, vía judicial, de reclamar las responsabilidades penales pertinentes. Así se habría evitado que condenar a un funcionario fuera condición sine qua non para que existiera responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Señorías, el Partido Popular ha dado muestras de cumplir, en la medida de lo posible, las promesas que se habían hecho, según se ha dicho aquí. Primero, con la voluntad de aplicación del segundo real decreto-ley se ha ofertado y pagado el cien por cien del importe máximo resarcible a todos los acogidos a las ofertas del segundo real decreto-ley, en contra de la aplicación del primero, cuando solamente se pagó un 20 por ciento de este importe máximo resarcible.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Pascual, vaya concluyendo, por favor.


El señor PASCUAL MONZÓ: Voy terminando, señor presidente.
En aplicación de la sentencia, a pesar de que algunas voces dijeran que no iba a ser así, se pagó inmediatamente a los damnificados, porque a la semana siguiente de aprobarse el proyecto de ley por el Gobierno se habilitó un adelanto de tesorería. Es más, señorías, de los 5.500 damnificados que están en la lista de la sentencia, todavía hay casi 2.000 que no han hecho la solicitud de las indemnizaciones a las que tienen derecho. Hay que destacar también la actitud activa de la delegación del Gobierno buscando, a través de todos los medios posibles, a los damnificados que estando en esa lista tienen derecho a la indemnización y no la han solicitado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya ya, señor Pascual, por favor.


El señor PASCUAL MONZÓ: Concluyo, señor presidente.


Como he dicho al principio, iba a fijar la posición de mi grupo parlamentario. Aquí nos conocemos todos, señorías, pero si alguien no nos conociera habría pensado que la intervención del señor Peralta se dirigía más a defender la posición del Grupo Socialista que la de su grupo parlamentario. Según se desprende de su intervención, el Partido Socialista lo ha hecho muy

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bien, con dos reales decretos, y solucionó el problema. Según usted, la culpa de que no se haya solucionado el problema del derrumbamiento de Tous corresponde al Partido Popular. Quizás se nos pueda criticar que en dos años de gobierno hayamos hecho más o menos, pero la actitud del Partido Popular ha estado dirigida, dentro de sus posibilidades, a procurar el máximo beneficio a los damnificados, lo que no se ha hecho en catorce años de gobiernos anteriores.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pascual.
Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señor Pascual, yo no sé qué interpretación habrá hecho usted de mi intervención. Según dice, me he dedicado a defender a otro grupo parlamentario. Créame, señor Pascual, que mi voluntad era defender la razón y la justicia de los damnificados. Yo sí que he entendido exactamente su posición.
Usted ha intentado, en mi opinión con bastante poca fortuna, defender una posición que no tienen razón, la del Gobierno del Partido Popular, porque no ha hecho absolutamente nada sobre el problema de Tous, absolutamente nada. Otros gobiernos hicieron dos reales decretos-leyes cuando no estaban obligados a hacerlo. Ustedes sólo han hecho un proyecto de ley obligados por una sentencia del Tribunal Supremo y que, además, deja al margen a la mayor parte de los damnificados, cuando ustedes -en concreto el señor Aznar y el señor Zaplana- dijeron que jamás harían discriminaciones. Ahora hacen ustedes la más grande que se ha producido en toda la tramitación del tema Tous. Señor Pascual, el PP no ha hecho nada en el tema Tous, ni siquiera, a diferencia de lo que dice usted, cumplir el segundo real decreto-ley dictado por el Gobierno socialista. Han pasado más de dos años desde marzo de 1996 en que se dictó y todavía no saben ustedes a cuánta gente se le aplica ese real decreto-ley; ni siquiera eso saben ustedes al día de hoy, señor Pascual, a los dos años de gestión exclusivamente del Partido Popular. Por tanto, no venga diciendo que han hecho en el tema Tous, porque no han hecho -insisto- absolutamente nada. Y no me diga usted que con la enmienda que hemos presentado nosotros se incumple la cosa juzgada. No es verdad. ¡Qué mayor respeto para la cosa juzgada, desde el punto de vista del Estado, que aplicar esa cosa juzgada a todos los damnificados! Ese es el mayor respeto que puede dar el Estado a la cosa juzgada, aplicarla a todos y no sólo a una parte, como hacen ustedes, porque se ven obligados precisamente por ella y pretenden ahorrarse un dinero y unas indemnizaciones que los tribunales justamente han dicho que tendrían que ser aplicadas a todos pero que la legislación actual lo impide. Eso es lo que dicen los tribunales, que la legislación actual lo impide. Lo que nosotros pretendemos con nuestra enmienda es modificar esa legislación, como ya se hizo anteriormente y los tribunales respetaron porque aplican la ley.
Ahora lo que hace falta es que ustedes apliquen la justicia y den cumplimiento a las promesas, al parecer inútiles, que hicieron en su momento.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


La intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Pascual, nos puede llevar a una conclusión que se puede decir en pocas palabras: Cuando gobernaban otros se hacían las cosas muy mal; ahora que gobernamos nosotros se hacen de maravilla y, por tanto, no hay que hacer más.
Señorías, yo creo que aquí estamos ante algo que no tiene nada que ver con la gestión que se pueda hacer de los reales decretos, que se pueden gestionar mejor o peor pero nada tiene que ver. Por un lado tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia y, por otro, con el cumplimiento de los compromisos electorales y de las promesas que llevaron al Partido Popular a decir públicamente, en sus actos electorales, que si llegaban a alcanzar el Gobierno de la nación todos los damnificados de la presa de Tous recibirían las indemnizaciones exactamente por igual, en la medida en la que hubieran sido perjudicados. Señorías, la sentencia no impide al Gobierno de la nación que se puedan equiparar las indemnizaciones a los damnificados; no reconoce la sentencia al resto de los damnificados que se acogieron a los reales decretos, pero la voluntad política sí nos puede llevar a aprobar un crédito extraordinario que recoja las aspiraciones de todos los damnificados de la Ribera del Xúquer.
Señorías, no es posible que podamos admitir esto - y nos parece de verdad indignante-, porque en esta intervención se refleja el uso electoralista que se hacía de una situación altamente perjudicial para las personas cuando se habla de que se cumplen, en la medida de lo posible, las sentencias o las promesas. Señorías, cuando estamos hablando de daños producidos a las personas, a sus viviendas, a sus medios de vida, a sus producciones, no es en la medida de lo posible, es lo justo, lo que la justicia reconoce y lo que justamente un Estado que se dice democrático y de derecho debería reconocer por igual a todas las personas que han sufrido los mismos perjuicios. Por tanto, no podemos hablar de lo que se debería de hacer y no se hizo, sino de la oportunidad que se nos brinda ahora, a través de la sentencia, de reparar los daños que se pueda haber ocasionado a tantísimas personas que fueron damnificadas por la rotura de la presa de Tous y que, desde luego, paciencia han tenido después de 16 años transcurridos.Señorías, no nos vengan ustedes aquí con

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paños de agua caliente, reconozcan que no tienen voluntad política de dar una solución justa a esta situación, pues de lo contrario admitirían las enmiendas de totalidad con texto alternativo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Urán.
Señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: Intervengo muy brevemente, señor presidente, para decir que aquí no se trata de que el Gobierno del Partido Popular se quiera ahorrar dinero o quiera dejar de ahorrarlo, porque como todos ustedes saben el dinero no es del Gobierno, el dinero es de todos los españoles (Rumores.) Simplemente estamos cumpliendo la sentencia y habilitando un crédito extraordinario.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.


El señor PASCUAL MONZÓ: Señorías, la misma sentencia dice de forma taxativa que las personas que se habían acogido a los convenios transaccionales no tenían ningún derecho a acogerse a esta sentencia.
Lo dice la justicia, no lo dice el Gobierno del Partido Popular.
En este trámite parlamentario hay una cierta contradicción en su planteamiento. Señorías, podíamos sacar a relucir aquí muchas declaraciones anteriores, pero no creo que sea ese el debate de este momento ni lo que interesa a los damnificados, sino que se solucione el problema, como se está solucionando. El Partido Popular se ha encontrado con esta situación y la hemos llevado al máximo. Ha habido por parte del Gobierno del Partido Popular claras muestras de que la actitud ha sido totalmente distinta a la de gobiernos anteriores (Rumores.) y hemos tratado de solucionar el problema de la mejor forma posible.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pascual. ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.) De acuerdo con la Presidencia de la Cámara, tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre de Unió Valenciana sobre un tema del que llevamos discutiendo más de 16 años, y lo hago con un claro y rotundo espíritu constructivo, desde la coherencia que Unió Valenciana ha mantenido en esta Cámara, en las Cortes Valencianas y en todos los ayuntamientos de la comarca sobre este tema que requería una solución política desde el 21 de octubre del año 1982, el día después de la rotura de la presa de Tous. Podemos mirar el pasado, las acciones del PSOE en el Gobierno y sus conductas ahora en la oposición, y las conductas del Partido Popular en la oposición y lo que está haciendo ahora desde el Gobierno en los dos años, casi tres, que llevan en la Moncloa. Los ciudadanos de la Ribera y sobre todo los damnificados han sufrido las conductas y discursos de unos y otros, y claro está que las valoran, que las tienen en cuenta.
Unió Valenciana, con ese ánimo constructivo, piensa que 16 años después no podemos estar hablando sólo del tema que nos ocupa hoy aquí, que es el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario que afecta a 5.000 damnificados, hay que hablar de los otros 28.000 damnificados, el 85 por ciento, que han sido y al día de hoy continúan siendo claramente discriminados, burlados y vejados en sus más elementales derechos por un Gobierno y por otro. Ha cambiado el inquilino en la Moncloa, pero los damnificados de Tous han seguido sufriendo el desprecio y la incomprensión de los gobiernos. Pero pasemos la página, miremos el futuro, 28.000 damnificados que esperan justicia y que se les aplique lo que la sentencia reconoce para 5.000, porque son todos, los 33.000, igualmente damnificados por una misma catástrofe que sufrieron en sus pieles, en sus carnes, en sus explotaciones agrícolas, en sus domicilios y en su vida de una manera imborrable hace más de 16 años.
Por tanto, ahora lo que procede, visto el talante y el planteamiento del Grupo Popular, es que hoy ocurra lo que va a ocurrir, que se rechacen las enmiendas de totalidad que se han presentado con texto alternativo, pero vamos a abrir, tal como nos solicitaron todos los alcaldes de la Ribera, un período de reflexión para que en la Comisión en el mes de febrero se resuelva políticamente el caso Tous de los 28.000 damnificados que, como se reconoce por el propio Gobierno, han sufrido una clara y rotunda discriminación recibiendo entre dos y tres veces menos indemnización que la que les correspondía y que van a recibir, en virtud del proyecto que hoy debatimos, 5.000 damnificados. Por tanto, hagamos caso todos los partidos a lo que nos piden nuestros alcaldes, la mancomunidad de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa y en el trámite de Comisión intentemos dar solución política a este tema y hacer justicia. Y eso sólo tiene un camino: un tercer real decreto-ley, como han solicitado más de 40 municipios de la comarca de la Ribera y las Cortes Valencianas, para que de una vez por todas -más vale tarde que nunca- se dé solución definitiva al caso Tous. Tengamos en cuenta que no debemos pensar en clave de cada uno de los partidos, sino en la clave de los 28.000 damnificados que hoy tienen sus ilusiones puestas en este hemiciclo y que esperan que se dé solución definitiva con el tercer real decreto-ley que todos hemos prometido, pero que algunos están incumpliendo y del que se quieren olvidar y pasar la página de un compromiso que adquirieron en el Gran Teatro de Alzira en octubre del año 1995. Eso es verdad y es lo que esperan todos los damnificados. Pasemos esa página, pensemos en los 28.000 damnificados y demos la solución política definitiva

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que es el tercer real decreto-ley, y que sea el éxito de los 28.000, no el éxito o el fracaso de un Gobierno o de otro o de un partido o de otro. Es más importante atender a lo que se ha negado a 28.000 damnificados durante 16 años.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Beviá.


El señor BEVIÁ PASTOR: Señor presidente, señorías, voy a comenzar mi intervención con una cita, no con una alusión. En el «Diario de Sesiones» del día 17 de marzo de 1992 se recogen unas palabras expresadas desde la sensibilidad. Se decía: Los pueblos de la comarca de Valencia, señorías, esperan de nosotros la suficiente sensibilidad, solidaridad y sentido de justicia para que la indemnización se haga realidad, pero no quieren más palabras ni promesas, sino hechos. Eran unas declaraciones desde la sensibilidad.
También hubo otras declaraciones -y hago otra cita, no otra alusión- planteadas con ciertos tintes demagógicos - si no, SS.SS. verán-: ¿Por qué hay dinero para los déficit de Televisión Española, para el fútbol o para países que lo más seguro es que no nos lo devuelvan -así-, y a los españoles, con mucho más derecho, se les niega constantemente? Ambas citas son palabras literales del señor Pascual.
(Rumores.) Señorías, el caso Tous es una cuestión harto conocida de todos. Por tanto, no quiero insistir en la dimensión de la tragedia que provocó la rotura de la presa de Tous en el año 1982. Es una larga historia vivida con rabia, con intensidad y con indignación por los pueblos afectados y por los miles y miles de personas damnificadas, con un itinerario judicial interminable; una historia que ha mantenido en esta Cámara, en el Senado y en las Cortes Valencianas un debate casi permanente. Y como alguno de los intervinientes ha indicado, es ahora el momento en que deberían cerrarse definitivamente y de manera justa este debate y esta historia, porque los afectados, señorías, no quieren ser moneda de cambio ni instrumento de confrontación política ni objeto de apetencias electoralistas. Nos lo han repetido hasta la saciedad, por escrito y en reuniones con todos los grupos parlamentarios, juntos o por separado, en las Cortes Valencianas y aquí. Lo que quieren los afectados es una solución definitiva y justa, desde el principio de la no discriminación entre aquellos que se acogieron a los convenios transaccionales que se firmaron desde la vista de los reales decretos-leyes de los años 1993 y 1995 y aquellos otros que han visto reconocidos sus derechos en virtud de la sentencia judicial. Y este proyecto de ley puede y debe ser, como acabo de decir, el cierre definitivo de esta especie de pesadilla interminable.
El Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad; ha presentado una enmienda parcial cuyo contenido y alcance son absolutamente similares a los de las dos enmiendas de totalidad, ya que lo que plantean unas y otras es la aplicación sin reservas de los principios de igualdad y no discriminación. Lo que a través de esas enmiendas se pretende, señorías, es ni más ni menos que la equidad indemnizatoria y la no discriminación entre unos y otros grupos de afectados. Esa equidad, esa no discriminación es necesaria, es posible y cabe perfectamente dentro de este proyecto de ley de crédito extraordinario. Es necesaria, repito, para cerrar definitivamente, después de 16 años, las dramáticas consecuencias de la catástrofe provocada por la ruptura de la presa de Tous en 1982, y es posible tanto a través de las enmiendas de texto alternativo que hoy se han defendido aquí como a través de la enmienda socialista u otras enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley. Porque, señorías, es falaz la argumentación de que el auto de la Audiencia Provincial de Valencia de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo impide hacer extensivos a todos los damnificados los criterios indemnizatorios establecidos por dicho auto. Lo que hace el auto, señorías, entre otras cosas, es ratificar simplemente la validez de los convenios suscritos al amparo de los reales decretos- leyes, y es natural y lógico que no pueda reconocerse por vía judicial el derecho a una indemnización de aquellos que renunciaron a toda reclamación indemnizatoria por vía judicial o por vía extrajudicial. Pero el hecho de que no pueda ser reconocido por vía judicial no impide que el Gobierno pueda adoptar medidas políticas, no impide que el Gobierno pueda adoptar medidas legales, bien a través de un tercer real decreto-ley, bien a través de esta propia ley, que eviten la discriminación entre unos y otros perjudicados. Y, señorías, evitar la discriminación no sólo es posible sino que es lo que hizo el Gobierno socialista con el segundo de los reales decretos-leyes tantas veces aludidos hoy, el del año 1995.
Como todos ustedes conocen, en marzo de 1993, tras la declaración de nulidad por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de 1990, después de más de 10 años de trámites procesales sin haberse fijado definitivamente, como se ha reconocido aquí hoy, los hechos en vía judicial ni las eventuales responsabilidades de la Administración, instado por esta Cámara a través de una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Presupuestos en la que precisamente el Grupo Popular se abstuvo, ante una singularidad especialísima procesal, el Gobierno socialista de aquellos tiempos adoptó medidas igualmente singulares y excepcionales. Dictó un real decreto-ley que permitía el establecimiento o la firma de convenios transaccionales entre el Estado y los damnificados y que en la base quinta del artículo 1.º exigía la renuncia a la reclamación indemnizatoria por vía judicial o por vía extrajudicial. Pero dos años después, en 1995, por una nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que fue recurrida pero que ampliaba en determinados aspectos las indemnizaciones, el Gobierno socialista dictó un segundo real decreto-ley en el que,

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a través de una disposición final y desde la perspectiva de la no discriminación, se permitía que aquellos afectados que se habían acogido al primero de los decretos-leyes y habían firmado un convenio transaccional en el que renunciaban a toda reclamación judicial y extrajudicial presentaran reclamaciones por la diferencia que significaba la aplicación de los criterios del primer decreto ley con respecto a los segundos. Se cumplía así, a través de esa disposición final primera, el principio de no discriminación y de igualdad.
Cuando el Gobierno, en contestación a una pregunta del señor Peralta, dice que en la extensa, detallada y sólida argumentación en que el auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fundamenta la validez de los convenios está diciendo que la Audiencia Provincial de Valencia y el Supremo están dictando también la validez de una disposición final primera que permitía a los que se habían acogido al primer real decreto-ley no quedar discriminados con respecto a los criterios más amplios que se aplicaban en el segundo. Luego es la misma sentencia del Tribunal Supremo la que viene avalando la posibilidad de que no exista discriminación entre unos y otros afectados. La aplicación, señorías, de ese principio de no discriminación se hizo por vía legal a través de un segundo real decreto-ley en el año 1995. Fue una decisión política, y esa misma decisión política, señorías, puede adoptarse ahora. Y tiene cabida, tiene perfectamente cabida en un proyecto de ley de crédito extraordinario porque es ampliable o porque puede modificarse también la cantidad global, y además de atender, como es imprescindible, al pago de indemnizaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo puede extender, en su justa medida, los nuevos beneficios que la ejecución de la sentencia implica a todos aquellos damnificados que se acogieron a los convenios establecidos en los dos reales decretos-leyes.
Termino, señor presidente. Creo sinceramente que la tramitación de este proyecto de ley es el momento del acuerdo. Puede hacerse, como he dicho, a través de estas enmiendas de texto alternativo al proyecto de ley; puede hacerse a través de la enmienda presentada por el Grupo Socialista o de otras enmiendas, pero todos los grupos parlamentarios estamos en la obligación de encontrar una salida definitiva e inmediata a esta vieja y dramática cuestión. Busquemos la fórmula que sea en este acto o a lo largo de la tramitación del proyecto de ley, pero garanticemos ya, de una vez por todas, la solución definitiva a este problema desde los únicos criterios que la justicia nos exige: los de la igualdad y los de la no discriminación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos. -El señor Pascual Monzó pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Beviá.
Señor Pascual, no tiene usted la palabra. Ha consumido un turno en contra y, como muy bien ha expresado el señor Beviá desde la tribuna, usted ha sido citado literalmente, no ha sido aludido. No tiene ningún turno, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: No es para abrir debate.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No tiene turno para abrir ningún debate, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: No es para abrir debate, simplemente para fijar en el tiempo la cita que ha hecho el señor Beviá.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ha sido citada en sus justos términos por la lectura del «Diario de Sesiones», señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, 1992 y diez años después del derrumbamiento...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Pascual, no tiene la palabra; no tiene la palabra.
Vamos a proceder a las votaciones de todos los debates que han tenido lugar esta mañana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON OCASIÓN DEL 50.o ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones, en nombre de todos los grupos parlamentarios, de los portavoces y de la Mesa, deseo someter al Pleno la siguiente declaración institucional conmemorativa de los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 50.º aniversario de esa fecha, el Congreso de los Diputados expresa su reconocimiento hacia la declaración, que ha servido y sirve de referente jurídico más allá de los ordenamientos estatales, y manifiesta su compromiso con los derechos fundamentales que en ella se proclaman.


En las puertas del siglo XXI, el Congreso de los Diputados considera que la declaración de 1948 tuvo un valor inapreciable en el plano internacional por su primacía temporal y su amplitud, y que la riqueza de su contenido permite una progresiva profundización en su cumplimiento. En este sentido, declara que las peculiares circunstancias culturales no pueden excusar la plena aplicabilidad de los derechos humanos y que corresponde a la comunidad internacional velar en todo caso por ellos. De igual modo, entiende que la Organización de las Naciones Unidas constituye el marco más apropiado de la formulación de declaraciones de derechos, por el gran número de Estados que tienen el carácter de miembros. Sin perjuicio de las

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otras declaraciones nacionales o internacionales con instrumentos de garantía más precisos, las Naciones Unidas gozan de una autoridad moral única que el Pleno del Congreso de los Diputados de España reafirma.


Esta Cámara legislativa, que conmemora este año el 20.º aniversario de la Constitución española, desea subrayar que la garantía de los derechos humanos conforma el pilar básico de la convivencia social.
Por ello, hace hoy un llamamiento a todos los ciudadanos y a las instituciones de España, para que en su actuación y en sus relaciones luchen por una más perfecta observancia de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.- Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIONES).


- PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LAS TELECOMUNICACIONES, POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 93/38 CEE Y 92/13/CEE. (Número de expediente 121/000112)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones derivadas de los debates de esta mañana, comenzando por las enmiendas del Senado a los proyectos y proposiciones que se han debatido.
En primer lugar, al proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. Votamos en primer lugar las enmiendas del Senado a los artículos 17.1, 31, 55.3 y 67.2 Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 299; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 9.13.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 300; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 172; en contra, 139; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Señorías, el fallo mecánico es de los servicios; no habían notado que para la votación secreta, que fue la última que se realizó, correspondiente al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, tenía que ser modificado. Espero que en la próxima ya se vea el registro de votos de cada cual.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 50.1, a la disposición adicional tercera, puntos III y IV, y a la disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Enmienda al artículo 51.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 307; en contra, cinco; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 188; en contra, 124; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la exposición de motivos, último párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 171; en contra, uno; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 300; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley referido.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA.
(Número de expediente 127/000006)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Vamos a proceder en un único trámite a la votación de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 300; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto, por ser la ley de naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 299; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta, queda aprobada con carácter orgánico la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.


- PROYECTO DE LEY SOBRE INTRODUCCIÓN DEL EURO. (Número de expediente 121/000137)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre introducción del euro.
En primer lugar, enmiendas a los artículos 32 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 300; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 15 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 310; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 300; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas al proyecto de ley.


- VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Al haberse aprobado entre ellas la enmienda del Senado a la disposición adicional quinta, quedará ésta desglosada junto con la disposición adicional tercera en un proyecto de ley independiente de carácter orgánico que requiere la votación final de totalidad sobre el conjunto del proyecto.
Se someten a votación ambos preceptos, teniendo en cuenta que debe incorporarse a este proyecto la cláusula de entrada en vigor que figura en el proyecto originario y el título siguiente: Proyecto de ley orgánica complementaria de la ley sobre introducción del euro.
Votación final de totalidad del nuevo proyecto de ley orgánica resultante.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 299; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia también aprobado, con el carácter de orgánico, el proyecto de ley resultante.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIONES).


- PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS. (Número de expediente 121/000124)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas de totalidad que se han formulado al proyecto de ley de cooperativas, que han sido las tres de devolución, dos del Grupo Mixto y una del Grupo Socialista, y que se someten a una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 130; en contra, 171; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley de cooperativas

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000154)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda de totalidad con texto alternativo que el Grupo Socialista ha formulado a la proposición de ley orgánica de

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reforma a la de tal naturaleza sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 124; en contra, 187; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA FAVORECER UNA MAYOR PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES. (Número de expediente 122/000158)

El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, también con texto alternativo, formulada por el Grupo Socialista a la proposición de ley orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración de los inmigrantes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 124; en contra, 188; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000167)

El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, también con texto alternativo, formulada por el Grupo Socialista a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 124; en contra, 187; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad con texto alternativo.


- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 121/000123)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad que con sendos textos alternativos se han presentado y debatido hoy al proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous.
Votamos en primer lugar la enmienda con texto alternativo del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313: a favor, 148; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Mixto.
Se somete a votación el texto alternativo de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 147; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la enmienda de totalidad con texto alternativo formulada por el Grupo de Izquierda Unida.
El Pleno se reanudará a las cuatro de esta tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR.


- REGULADORA DEL LIBRO DE TEXTO PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA. (Número de expediente 120/000004)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Vamos a continuar con el punto noveno del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. Toma en consideración de la proposición de ley reguladora del libro de texto para la enseñanza básica.
La Presidencia quiere consultar a SS.SS. si estiman necesaria la lectura del documento con la exposición de razones que lo aconsejan, a juicio de los firmantes,

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miembros de la Comisión promotora de la iniciativa legislativa popular de la proposición de ley reguladora del libro de texto para la enseñanza básica. Como se ha distribuido a todos los grupos, la Presidencia desearía saber si consideran necesario que se dé lectura al mismo. (Denegaciones.) Entonces, vamos a comenzar el debate con la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios que deseen intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, en primer lugar, para felicitar a los promotores de la iniciativa legislativa popular, que hoy culmina ese difícil trayecto que tiene toda iniciativa de este tipo con la presentación para su toma en consideración por esta Cámara. Ha querido el azar que sea en la semana en que conmemoramos el vigésimo aniversario de nuestra Constitución en la que venga una iniciativa de este tipo, tan cicateramente tratada, a nuestro modo de ver, en la propia Constitución y desde luego en la legislación posterior que la desarrolla; además, ha querido el azar que esta iniciativa esté ligada a un derecho fundamental, lo cual para nosotros es doble motivo de satisfacción. Vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque entendemos que trata una de las cuestiones claves y fundamentales, como es la gratuidad del libro de texto o material escolar en la enseñanza obligatoria. Entendemos que siendo la enseñanza gratuita y obligatoria un derecho constitucional, parece lógico que aquellos instrumentos básicos que sirven para la realización de ese derecho estén también amparados o estén de alguna forma recogidos bajo esos principios que afectan al derecho mismo, al corazón y al contenido esencial del derecho. De esta manera, al intervenir así los poderes públicos, se da satisfacción a lo que exige nuestra Constitución también en el artículo 9.2, cuando indica y mandata a los poderes públicos la obligación que tienen de remover los obstáculos que dificultan que la igualdad sea un hecho material y no un simple enunciado jurídico.
Por tanto, desde estos puntos de vista, quiero reiterar el apoyo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya a la iniciativa legislativa popular, aunque ello no significa que estemos absolutamente de acuerdo con el texto propuesto. Entendemos que, si pasa este trámite, es un texto mejorable en los trámites posteriores, por vía de enmiendas que al menos nuestro grupo se esforzaría en elaborar. Es un texto mejorable, sobre todo en lo que hace referencia a la conexión entre asegurar esa expansión del derecho a la educación que se pretende con lo que es la política global del libro, un instrumento fundamental en la cultura española y, al mismo tiempo, una industria cultural de primer orden. A nuestro modo de ver, en el texto que remiten los promotores hay algunos déficit porque no queda claro el principio para nosotros irrenunciable de precio fijo y el papel destacado que deben tener las librerías para la difusión y venta de estos libros, ya que las librerías son un foco cultural de gran relevancia en muchos barrios y, sobre todo, en muchos pueblos de nuestra geografía.
Sin embargo, pediría al resto de grupos parlamentarios que fueran generosos. Sabiendo que es un texto mejorable, si no pasa por el trámite de hoy no va a ser posible mejorarlo y estaríamos cercenando su corazón, su elemento fundamental: la gratuidad del libro de texto, que debe ser -insisto- algo muy importante, algo fundamental en el cumplimiento estricto del derecho a la educación.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Es una satisfacción para el Bloque Nacionalista Galego dar su apoyo a la iniciativa legislativa popular para que sea tomada en consideración por este Congreso de los Diputados. Lo hacemos básicamente porque nos parece irreprochable el criterio que mantiene la iniciativa popular de que la enseñanza obligatoria debe ser gratuita a todos sus efectos y que una enseñanza obligatoria gratuita excede de la propia docencia. Por supuesto, las administraciones públicas tienen el deber de mantener las infraestructuras y los servicios, que alcanza, por lo demás, a todos los servicios complementarios y, cómo no, debe alcanzar al material escolar básico que son los libros de texto.
Lo hacemos, además, porque pensamos que este criterio irreprochable conduciría a una socialización y homologación educativa muy de agradecer cuando ésta es una de las funciones básicas de todo sistema educativo que se precie. Es decir, seguir aquel criterio ya tradicional, aunque algo olvidado, de una enseñanza igual, gratuita y obligatoria, por cuenta, básicamente, del Estado.
Pensamos que los modelos de gratuidad de los libros de texto pueden ser varios y, en todo caso, la apertura de la iniciativa legislativa popular en este aspecto es clara: no determina de ninguna forma cómo se accedería a la posesión y uso de los libros de texto, tanto por parte de los padres o tutores como por parte de los alumnos. Sería ésta la única pega que podríamos ponerle a la ley si fuera cerrada en este aspecto, pero -vuelvo a repetir- no lo es en absoluto y da un amplio margen a la Administración para jugar incluso con recursos económicos y ampliarlos progresivamente.


Nos parece que la planificación educativa de los libros de texto, que habría que hacer obligadamente si se toma en consideración esta iniciativa legislativa popular, se basaría fundamentalmente en los criterios

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de funcionalidad, pluralismo, libertad y abaratamiento de costes, que es una cuestión fundamental. No se puede seguir considerando los libros de texto un campo ilimitado de negocio, donde los medios se convierten en fin y los precios son abusivos a todas luces, sobre todo por el tipo de material que se elabora; en definitiva, un campo que se deja privilegiadamente al uso y abuso de las grandes editoriales.
Ni las APA ni las librerías en general ni las pequeñas librerías ni por supuesto los usuarios más directos, es decir, los alumnos, pueden encontrar ninguna dificultad en esta iniciativa legislativa popular, y menos las editoriales que consideren que los principios de libertad, pluralismo y abaratamiento de costes deben ser la base de todo el sistema educativo, podrán oponerse a una iniciativa de este tipo.
Por supuesto, hay discrepancias por nuestra parte en relación con el papel fundamental que deben tener pequeñas empresas, como las librerías, y en cuanto al precio, que consideramos que, en caso de ser gratuito, debería ser fijo sin ambigüedades.
Acabo, señorías, volviendo a manifestar el voto favorable, en representación del Bloque Nacionalista Galego, en nombre del principio de igualdad de oportunidades que debe basarse en la gratuidad para todos, ya que el sistema educativo debe sustentarse con la subvención que proviene de los impuestos de los ciudadanos y repartirse de forma equilibrada para todos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, no es fácil hablar serenamente de educación o de escuela, quizá porque es universal y a la vez frágil. No querría que hoy mi intervención, mi discurso, aunque hecho de palabras, pareciera vacío o silencioso o fuera tan equívocamente ambiguo que diese lugar a una interpretación distante de mi voluntad.
La proposición de ley que se debate es ante todo merecedora de respeto por su origen, que la legitima, y es una proposición compleja por su objetivo: la gratuidad del libro de texto en la educación básica. La relación entre gratuidad y educación es compleja y espinosa como lo es la existente entre educación y economía.
Cuando la Constitución establece la gratuidad de la enseñanza básica la establece, a mi parecer, como el principio que garantiza el derecho básico y universal al acceso de toda persona a la educación y, dentro de esta premisa, yo me pregunto si el libro debe ser gratuito para toda la población escolar sin distingos socioeconómicos, porque entendamos que no hacemos hoy un discurso educativo, sino que estamos haciendo el discurso económico y social de la equidad. Porque gratuidad no significa carencia de coste. El servicio educativo es gratuito porque nosotros mismos, todas las personas, las ricas, las acomodadas, las modestas, las clases medias, las clases desfavorecidas, pensionistas y personas en paro la financian. Las personas contribuyentes de economía modesta no sólo sufragan la educación universal hasta los 16 años, sino también la secundaria, la superior y la universitaria a la que muchos de ellos jamás han accedido y de la que quizá sus descendientes serán excluidos por largo tiempo.
Hablamos de una sociedad esta, la española, que para su desarrollo precisa de la ayuda de los fondos estructurales y de cohesión europeos; hablamos de una sociedad escolar con alumnado de dos tipos: el que pertenece a una familia poseedora de un capital escolar que tiene libros y a través de la cual adquiere una competencia cultural que la escuela no facilita, y el alumnado cuya familia el único contacto que tiene con el libro es a través del libro de texto. ¿Y son estas familias las que sufragarán, señoras y señores diputados, también los libros de texto de aquéllas? ¿Este tipo de gratuidad produce igualdad o desigualdad? ¿Ayudará a hacer más igualitaria culturalmente a la sociedad? No, hoy creo que no, porque los libros hoy no pueden ser gratuitos de manera universal mientras el donut y el refresco en lata sean parte de cierto ritual escolar. No, hoy no debería ser posible, porque hoy no sería ni justo ni equitativo.
Hoy es justo y necesario que las familias con rentas limitadas -porque ahora no lo tienen- adquieran a coste cero los libros de texto para sus hijas e hijos. Para ellos, la gratuidad de la educación debe incluir la del libro, y hoy mi compromiso y el de mi grupo está desde luego con ellos, porque estamos hablando de costes altos, de cifras anuales importantes, cuando todavía no hemos alcanzado la gratuidad de la educación infantil ni hemos protegido suficientemente en todos los ámbitos a los débiles.
Alguien podría argüir que el coste no tiene por qué ser tan alto. Es cierto, en la exposición de motivos se apuntan soluciones diversas, menos costosas económicamente, pero, a mi juicio, si se generalizaran, serían menos costosas económicamente pero tendrían unos efectos no queridos, perversos y discriminatorios. Por ejemplo, aquellas que señalan que los libros sean propiedad del centro. Seguro que su aplicación, en general, originaría dos grupos de alumnado usuario: alumnas y alumnos con libros nuevos cada inicio de curso y alumnas y alumnos con libros ya usados curso tras curso, y no es menester que describa el entorno socioeconómico de cada uno de estos dos grupos.
La importancia del objetivo que plantea la iniciativa y su origen hoy nos obliga todavía más, señoras y señores diputados, a que los grupos políticos la analicemos con rigurosidad, sin demagogia, sin gestos de oportunidad. Debemos recordar lo que vivimos dentro y fuera del hemiciclo, que los deseos han de adecuarse a las posibilidades.
He dicho que la proposición es compleja porque, más allá de la gratuidad supuesta del libro de texto, se

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adentra en un sector fundamental para la cultura: el del mundo del libro y el de su precio, el de su coste; y lo hace sin que los agentes editores, distribuidores y los libreros hayan sido escuchados por esta Cámara. Este es un tema que no sólo nos preocupa a nosotros sino que preocupa a toda Europa, hasta el punto de que apenas hace un mes, el día 18 de noviembre pasado, la Comisión Europea ha dictado una resolución al respecto. Este es un tema de tanta importancia que mi grupo ni puede ni debe soslayarlo.
Por estas razones, entre otras, mi grupo no va a apoyar esta proposición, pero padres y madres han recorrido un largo camino para llegar hasta aquí; su legitimidad como personas demandantes, el respeto, la admiración y el afecto que sentimos por el trabajo, el esfuerzo y la dedicación generosa de tantas madres y padres a la educación de sus hijas e hijos nos han impelido a comprometernos a estudiar con rigor la propuesta. Por ello, hemos solicitado la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y Cultura para que, escuchando a todas las partes, con el análisis sereno de posibilidades y costes, podamos hallar de común acuerdo mecanismos flexibles, graduados si es necesario, para que toda alumna y alumno tenga sus libros, en especial los de familias socioeconómicamente desfavorecidas, sin coste alguno y para asegurar a la vez la consideración social del libro como objeto y sujeto de la cultura y a la librería y a la escuela como centros privilegiados de irradiación de aquella.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, vaya, en primer lugar, mi más efusiva felicitación a la Confederación española de asociaciones de madres y padres de alumnos y a su presidente, don Carlos Ladrón de Guevara, y demás compañeros de viaje por el más de medio millón de firmas recogidas para la consecución de la gratuidad de los libros de texto que respaldan con esta iniciativa movilizadora la justeza y la capacidad propositiva de muchos miles de españoles y de su comunidad educativa.
En este gélido diciembre estamos celebrando todos, casi sin excepción, el aniversario de nuestra Carta Magna, fruto del consenso casi unánime del Congreso de los Diputados de hace 20 lustrosos años.
Hoy nuestra Constitución no es un texto declarativo, es un compendio de títulos que configuran leyes y normas, todas ellas de obligado cumplimiento. En su artículo 27.4 establece literalmente que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, la Logse, en su artículo 5 dispone que la educación primaria y secundaria es obligatoria, que constituyen la enseñanza básica y que ésta será gratuita, de igual forma que lo dispone el artículo 1 de la Lode, Ley 8/1985. Quiérese decir, señorías, que el amparo es absoluto y completo, sin interpretaciones posibles, lo que, traducido a conceptos tangibles, expresa el no coste económico en los términos citados.
Como no podía ser de otra manera, y aunque de forma insuficiente, la cobertura presupuestaria de las administraciones públicas resuelve limitadamente los gastos en inversiones de los servicios educativos, excepto el de los libros de texto, ya que en la actualidad el desembolso corresponde a las familias en cuestión. Inconcebible consideración discriminatoria con respecto al resto de los usos obligatorios y gratuitos que oferta la pública, según dispone la ley.
Señorías, esta ley que planteamos tomar en consideración es justa, es necesaria y es inevitable en un país como España, cuya tasa de paro supera con creces a sus convergentes y arrastra secuelas rurales y en cinturones urbanos que nos sitúan con perfiles de cuarto mundo y con ocho millones de pobres que conocen los umbrales del hambre.
En estas condiciones se pretende, señorías, negociar con la educación; en estas condiciones se pretende negociar con los libros de texto; se pretende negociar con el aprendizaje de un pueblo. ¡Qué canallada! No estamos hablando de limusinas ni de moquetas ni de gastos suntuosos ni protocolarios, estamos hablando del desarrollo de un país, de familias que no pueden comprar el desarrollo de sus hijos, que para estudiar necesitan una pequeñísima ayuda, calderilla para el Gobierno en el voluminoso marco de los Presupuestos Generales del Estado. Son sólo, señorías, 8.000 millones para el territorio MEC y 13.000 millones para las comunidades autónomas, temporalizado en cuatro años. Si a ustedes, señorías, a los bancos del Gobierno, les parece un esfuerzo financiero, yo entiendo que están aparentemente mintiendo. Da más la impresión que la industria del libro tenía no inconfesables, pero sí poderosos intereses -tiene poderosos intereses-, que en su ejercicio fáctico paralizan decisiones democráticas y sociales como las que hoy traen a la Cámara más de medio millón de personas. Aquí sólo hay un oponente, y son las macroempresas, editoriales del sector, no los libreros, ya que en la actualidad, y según la política del libro del Gabinete Aguirre, pueden desaparecer casi la mitad de los 4.000 existentes.
Señorías, en España hay 1.300.000 analfabetos, siendo las mujeres las que arrojan un peor balance, y en este marco la vuelta al cole le cuesta a cada familia unas 40.000 pesetas por hijo/hija, según la OCU. ¿Les parece a ustedes esto un acicate o un distorsionador económico? Ante esto, ¿qué ha hecho, qué está haciendo el Gabinete Aznar? Lo que el Gobierno está haciendo en la actualidad es que las familias o los alumnos hagan desembolsos de fondos abusivos para pagar su importe, sin que, por ejemplo, las becas o las ayudas del Ministerio de Educación y Cultura palien esta situación de manera significativa. Esto es así, y ustedes

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saben que es así porque la partida correspondiente a las llamadas ayudas en razón de los gastos necesarios para material didáctico -de los gastos necesarios, insisto- han tenido incremento, señorías, lo lean como lo lean, cero. Y estas afirmaciones, señorías, no son interpretables, sino que están sacadas textualmente de los Presupuestos Generales del Estado, y con los vigentes presupuestos de educación, señorías, hay, en pesetas reales, ustedes lo saben, menos dinero para ayuda en los gastos de material didáctico.
Las quejas y las soluciones se llaman, por un lado, Ceapa, y, por otro, Partido Popular. Señorías, sin embargo -ustedes también lo conocen-, los padres y las madres de los alumnos, a través de la Ceapa y de los propios estudiantes, de sus organizaciones, de los sindicatos, como la UGT, no han dejado de solicitar la gratuidad y el abaratamiento del material escolar. La propuesta del PP es conocida, la de los agentes sociales también. Pero hay una dimensión económica del problema. Se está hablando de un gasto -insisto, según la OCU- que se eleva a 36.000 millones de pesetas, y si hacemos las cuentas sobre la base de las cifras del MEC estaríamos hablando, nada más y nada menos, que de 120.000 millones de pesetas, cantidad de importancia relativa para afrontarla, dada la cicatería gubernamental. Sin embargo, señorías, el problema también tiene otra dimensión económica, derivada de los conflictos que se están produciendo con motivo de la comercialización de los libros de texto.
El problema surge con los importantes descuentos que en su momento se produjeron y que están ofreciendo algunas de las grandes superficies y que ha sido tremendamente criticado y denunciado, por ejemplo, por Anelme, que ya saben que es la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, por superar en su momento el descuento tope, por aquel entonces el 5 por ciento y posteriormente el 12 por ciento, que la ley fija para los libros.
En efecto, este tope para estos libros es muy especial. Saben ustedes que todo esto está ligado a un mercado fuertemente estacional, de septiembre a octubre, lo que reduce gastos comerciales, a una clientela cautiva, ya que los seis millones y medio, casi siete millones, de alumnos deben comprarlos, y a unos costes fijos muy bajos, ya que los autores nunca se llevan, como ustedes saben, más del 10 por ciento. Saben que los precios actuales están rodando, más o menos, las 2.000 pesetas por libro, son -entiendo y creo que ustedes lo comparten- abusivos y están permitiendo que se lleven a cabo márgenes comerciales para las grandes superficies, que están aprovechando de forma intensa. Estos márgenes, señorías, no favorecen la competencia y la consiguiente bajada de precios por actuaciones como las que en su día investigó el Tribunal de la Competencia, tales como el acuerdo entre las principales editoriales para llevar a cabo subidas de precios idénticas y pactadas. Además, ustedes saben que las editoriales han ido al mercado seguro y durante el largo tiempo de la implantación anticipada de la reforma educativa no han querido apoyar a los profesores y a los alumnos que iban a experimentarla, por considerar que 100.000 alumnos no era una cifra rentable al menos desde una perspectiva económica y no social.
En este marco, señorías, la Administración se ha estado dedicando a buscar soluciones a este problema por la vía constatada, insisto, de enfrentar a profesores y a padres o alumnos al achacar a los primeros las culpas de gasto en libros derivado de su modificación por los profesores, con una legislación que les obliga a mantener los textos durante cuatro años, salvo razones de orden pedagógico que deben explicitar y justificar ante la Inspección. Los libros son una herramienta de trabajo que redunda en beneficio del rendimiento, del aprendizaje de los alumnos. Señorías, los profesores son ajenos a este conflicto, cuyas variables no tienen relación con cuestiones pedagógicas sino netamente económicas.
Señorías, yo voy a terminar. Estamos hablando de situaciones en líneas generales y mayoritariamente encuadradas en un estado de necesidad, y que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen bien resueltas. La enseñanza en España tiene, señorías -y sé lo que digo y ustedes me entienden porque también está constatado-, flecos bananeros. Por ejemplo, en Madrid hay aproximadamente 30 centros que todavía no tienen libros de texto y les pongo un caso, el centro "Antonio Orozco", de Carabanchel. Nos han enviado un escrito: Estimados diputados, sus hijos, nuestros hijos, la comunidad educativa necesita completar la implantación de la Logse y eso necesita recursos, y en este caso estamos hablando de la primera herramienta para la construcción de una educación básica y gratuita por mandato imperativo de la Constitución y por criterio primario y elemental de la supervivencia de un pueblo que necesita estudiar para desarrollarse. Eso, señorías, en el debate de esta toma en consideración tiene nombres y apellidos y se llama gratuidad de los libros de texto, apostar por nuestros hijos, apostar por un país culto y apostar, en definitiva, por una enseñanza igual para todos, sin excepción.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aramburu.
El señor González de Txabarri ha solicitado la palabra para fijar la posición de su grupo. La Presidencia no tiene inconveniente en concedérsela, siempre que por parte de los otros grupos no lo haya.
Señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González de Txabarri, cambie de micrófono, porque parece que es reticente el que usted utiliza. (Rumores.- Risas.)

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El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Parece que con éste tampoco es posible. Intervendré desde la tribuna.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Como pueden advertir SS.SS., los sistemas de megafonía son claramente mejorables. (Rumores.)

El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muy amable, señor presidente, y gracias a los demás portavoces. Pido disculpas por el retraso.
El Grupo Parlamentario Vasco quisiera manifestar, en primer lugar, el agrado ante la recepción de una iniciativa popular como la que nos ocupa porque estos procedimientos enriquecen los debates en la Cámara al tener la posibilidad de recibir inquietudes e iniciativas, aunque es un método poco usado y seguramente poco valorado en su conjunto.
Entendemos que es importante, aparte de que existan, que la Cámara sea receptiva ante estas iniciativas, que seamos capaces de valorarlas y de elaborarlas o reelaborarlas, devolviéndolas al conjunto de la sociedad.
Este tipo de iniciativas hay que contemplarlas y valorarlas en el conjunto de las prioridades educativas; estamos hablando de gratuidad de los libros de texto, pero quizá no es ése el debate. De lo que estamos hablando es de quién paga los libros de texto; creo que ése es el objetivo a través del cual habría que centrar este debate. En esta Cámara, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado, los distintos grupos parlamentarios hemos tenido oportunidad de presentar ante la sociedad cuáles son las prioridades de gasto en el tema educativo y todos hemos ido planteando iniciativas en un sentido u otro, desde la gratuidad en la educación infantil hasta la financiación universitaria. Por tanto, difícilmente podremos sustraer este debate al conjunto de las prioridades educativas, a esa relación entre financiación y educación. En alguna de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado hemos indicado que las aportaciones para la compra de libros de texto y para la dotación de bibliotecas que en conjunto se destinan a estos fines nos parecen exiguas, poco suficientes e inferiores a las que están destinando los países de la Unión Europea con parámetros similares a los nuestros.
Es verdad que, tradicionalmente, la dotación de las bibliotecas escolares en el conjunto del Estado ha sido deficiente y que la adquisición de fondos bibliográficos no ha ocupado precisamente una de las prioridades educativas, por lo que es relevante, oportuna esta iniciativa que nos hace ubicarnos ante una problemática que todos los padres de alumnos en edad escolar conocemos como la cuesta de septiembre; solemos hablar de que no existe la cuesta de enero sino que lo que realmente nos ocupa y nos preocupa es la cuesta de septiembre. Pero insisto en que lo que debiera preocuparnos, a lo que debiera responderse es a la pregunta de quién debe pagar los libros de texto escolares y si el modelo de recepción en los centros escolares de un conjunto de libros de texto de propiedad colectiva es el que debemos instaurar. Ése nos parece un modelo obsoleto. Es bien cierto que en el conjunto de la Unión Europea existen modelos similares, aunque no tan homogéneos como se intenta reflejar en la prensa estos días. Nosotros hemos venido defendiendo sistemáticamente en esta Cámara que los temas educativos tienen que estar muy cerca de los valores y los hábitos que normalmente tiene la sociedad, y que los valores de los padres en el mundo del trabajo, en sus relaciones interpersonales o tal y como está organizada la economía de una casa sean los modos con las cuales funcione el centro educativo y así ofrecer en la escuela los valores que son habituales en la sociedad.
Por ello, quisiera manifestar que el Grupo Parlamentario Vasco no comparte esa idea colectivista de que los libros de texto sean propiedad del centro escolar, porque eso nos distanciaría del modelo social más habitual, más general en la propia sociedad, ya que indudablemente nos podría llevar a reflexiones mucho más avanzadas al elegir los propios libros de texto, su orientación, los mecanismos de repetición colectiva de conocimiento y sus propios instrumentos. Ésta es la razón por la que, en principio, aparte del asunto de las prioridades educativas, el modelo no nos satisface.
Profundizando en el análisis de esta iniciativa legislativa, no contempla las competencias que las comunidades autónomas tienen en estas materias. La redacción de la propia iniciativa me recordaba aquella otra que en esta Cámara tramitamos en relación con la consideración de familias numerosas, que luego ha tenido serias implicaciones en los presupuestos de las universidades; el no tener en cuenta esta serie de perspectivas, al final, nos está llevando a adoptar medidas que tienen en cascada una serie de referencias y de obligaciones en un sentido u otro que hay que matizar antes de su aplicación.
En consecuencia, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco valoramos esta iniciativa popular; nos parece un tema muy candente, que está muy presente en la sociedad y, en definitiva, del que un conjunto importante de ciudadanos se ocupa, porque le preocupa. Por eso, debemos de mandar reelaborada esta propuesta al conjunto de la sociedad, pero no estamos en condiciones de aceptarla y admitirla tal cual está redactada. Nos parece que esta reelaboración debe de producirse en la Cámara, quizá por el mecanismo que se ha propuesto anteriormente por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, para constituir una subcomisión que estudie sus distintas perspectivas, que profundice en ellas y que en un plazo breve -porque los modelos europeos ahí están y la mayoría conocemos las preocupaciones como padres de alumnos en edad escolar- seamos capaces de reelaborar esta propuesta que por iniciativa popular llega a esta Cámara; seamos capaces de hacerlo de una forma orgánica y coherente y estemos en disposición, en breve tiempo y con la celeridad y el rigor exigidos, de pulir estas perspectivas que estamos indicando en esta intervención y ser capaces

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de responder a unas expectativas que esta iniciativa popular trae a esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Señor presidente, señorías, tiene que haber razones de mucho peso político para impedir -que es lo que va a suceder aquí- la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa popular que canaliza una demanda social y permite ir madurando su solución durante las fases de tramitación y debate en la Cámara.
La de hoy es la segunda iniciativa legislativa popular referida a educación que vemos en esta legislatura, y el Grupo Socialista también la va a apoyar. La anterior, sobre la financiación de la reforma educativa, fue rechazada por la mayoría gubernamental y la hemos retomado en la proposición de ley que el Pleno verá la próxima semana.
Por cierto, señora ministra, saludo su presencia y su sonrisa, ya que no presenció el debate de aquella iniciativa popular y hoy se encuentra aquí quizá recordando sus tiempos de concejal del Ayuntamiento de Madrid, en los que sí votó la proposición del CDS para que fueran gratis los libros de texto.
Con esta segunda iniciativa legislativa, auspiciada por la confederación española de padres y madres de alumnos -a quienes saludo y doy la bienvenida a esta Cámara-, junto con otros movimientos sociales que la apoyan, la ciudadanía vuelve a llamar la atención sobre la insuficiencia de recursos de la política educativa.
Aunque es verdad -y lo veremos la semana que viene, señora Gil i Miró- que sigue siendo prioritaria la financiación de la reforma educativa, compartimos -una cosa no obsta la otra- los objetivos de los promotores de la iniciativa que hoy debatimos.
La Constitución, además de celebrarla unos días al año, hay que intentar ponerla en práctica todos los días, y la enseñanza básica es obligatoria y gratuita según el artículo 27, pero ¿es gratuita -y ésa es la cuestión- si no lo son los libros de texto? Es obligatoria, pero no gratuita si las familias tienen que pagar algo tan imprescindible como los libros de texto. El derecho a la educación obliga a los poderes públicos a garantizar el edificio, el pupitre, el maestro, el transporte escolar. ¿Acaso no debe alcanzar a los libros de texto, que el sistema educativo exige obligatoriamente? Aunque es discutible que el proceso de aprendizaje deba basarse fundamentalmente en el libro de texto, lo cierto es que, de hecho, nuestro sistema educativo actual lo exige y tiene que ser el que autoriza la Administración y decide el centro, no otro; siendo así, parece que el Estado debe asumir su coste.
Los derechos son dinámicos -lo estamos viendo estos días en otros ámbitos-, avanzan con el desarrollo económico y moral de la sociedad, y las exigencias de su prestación afortunadamente van ampliándose. En 20 años de democracia, nuestro país ha dado un paso de gigante en la garantía al derecho a la educación. Primero, hubo que escolarizar en condiciones dignas a todos los alumnos hasta los 14 años, construyendo en total más centros que los que había hasta ese momento (por cierto, no sin la estruendosa y radical oposición de sectores privados y católicos, a los que se les garantizó la gratuidad mediante el sistema de conciertos); luego, se extendió -se ha extendido, se está extendiendo- el carácter básico y obligatorio hasta los 16 años (por cierto, no sin resistencias y el voto contrario a la ley del partido hoy en el Gobierno). (Rumores.) Cubiertas estas dos etapas, que no han sido políticamente fáciles y que son económicamente costosas, ahora podemos y debemos plantearnos la gratuidad de los libros de texto como parte de ese derecho a la gratuidad de la educación básica. No es que mientras tanto no se haya hecho nada. El ministro Maravall inició la gratuidad de los libros de texto en las zonas rurales, para los pueblos pequeños, y el Gobierno actual establece becas para la compra de libros de texto. Pero esta fórmula presenta dificultades de gestión -que conoce bien la señora ministra-, no exentas en algunos casos de polémica; además, ni el número de las ayudas ni su cuantía es suficiente. Sobre todo, lo que se discute hoy aquí es que esas ayudas se conciben más como un apoyo a los pobres, se queda en socorrer a los más necesitados, en vez de plantearse como parte integrante del derecho a la educación. En la mayoría de los colegios públicos hay cada vez más alumnos -inmigrantes algunos, gitanos, hijos de desplazados, hijos de parados- que en septiembre, cuando empieza el curso, acuden a clase el primer día con las manos en los bolsillos porque esperan -y quizá con razón- que el colegio -que han elegido o al que obligatoriamente se les ha enviado- les provea de lo indispensable para poder aprender. Las ayudas o las becas que van a recibir llevan un largo período de tramitación y se resuelven cuando ya han pasado casi dos meses de curso; mientras tanto, los padres han tenido que gastarse - por adelantado, porque se les exige presentar factura- 15.000, 30.000 pesetas, o más incluso -depende del número de hijos-, una cantidad que para algunos representa una buena parte del sueldo. ¿No deberían los colegios entregar a esos niños el primer día de clase todo lo que necesitan para empezar las clases y seguir al mismo ritmo que los demás? Ésa es la opinión del Defensor del Pueblo, quien elevó una recomendación sobre la gratuidad de los libros de texto y en su último informe lamenta que se haya desechado la idea de establecer una nueva organización de la gestión de los libros de texto que haga posible el acceso gratuito a ellos. El Grupo Socialista, este año -como el pasado- ha presentado enmiendas a los presupuestos y a la Ley de acompañamiento proponiendo un proceso gradualhacia la gratuidad de los libros de texto.


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Por tanto, es desde esta coincidencia de iniciativas desde la que apoyamos la de hoy y solicitamos a los demás grupos que sean sensibles con esta demanda social. Ya encontraremos después, señora Gil i Miró, la mejor articulación de los procedimientos; ya resolveremos los efectos perversos, no deseados que pudiera haber.
Habrá que definir el libro de texto, habrá que definir su utilización y los efectos sobre el modelo pedagógico, los continuos cambios de libros, a veces innecesarios, pero rentables para las editoriales.
Nos brindamos a trabajar con todos los grupos de la Cámara para encontrar las mejores fórmulas. Se necesitará también, es verdad, un período transitorio para la aplicación, pero haciéndolo gradualmente en varios ejercicios el coste es asumible; es incluso ridículamente ínfimo comparado con el déficit que ha dejado el señor López-Amor en Televisión Española; es ridículamente ínfimo con lo que en la enmienda del Senado se va a dedicar a las eléctricas; es pequeño en relación con la rebaja de impuestos de las plusvalías, que acabamos de aprobar con el apoyo también de CiU. Sería más asumible si los presupuestos de 1999 no dijeran que hay que ampliar los conciertos en los niveles postobligatorios. Éste es el país en el que vivimos, señora Gil i Miró; un país que se permite financiar los niveles postobligatorios y ampliarlos en la Ley de presupuestos. (Rumores.) Éste es el país en el que vivimos y, como dice la exposición de motivos, hay diferentes modelos. No seríamos pioneros; nos precede el Reino Unido, Suecia, Italia, Francia, Alemania; tenemos donde elegir para avanzar en la convergencia educativa y social y no sólo en la económica. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La Comisión de Educación aprobó por unanimidad hace más de un año, en septiembre de 1997, una proposición no de ley que exigía estudiar fórmulas de reutilización e impulsar el replanteamiento de la elección, organización y gestión de los libros de texto, pero el Gobierno no ha cumplido ese mandato parlamentario; hablo de hace más de un año. No se nos diga que vamos a empezar a estudiarlo ahora, porque aprobamos hace más de un año que se estudiase. En aquel debate la portavoz de CiU expresó algunas dudas que hoy ha reiterado sobre la reutilización de los libros de texto. Muchas veces son los libros de textos los únicos que entran en un hogar -tengo el "Diario de Sesiones", señora Gil i Miró- y es verdad que llevar libros usados o nuevos puede ser un signo clasista, de desigualdad, pero esas objeciones, que personalmente puedo compartir, no cuestionan que el derecho a la educación básica incluya que los libros de texto no supongan ningún gasto para las familias. El discurso de la equidad se quiebra cuando se está apoyando al mismo tiempo planteamientos de desgravación fiscal para las familias que pueden hacerlo y una mayor ampliación de los recursos públicos para financiar colegios privados y, por tanto, para financiar la gratuidad de familias pudientes. Más aún, el señor Homs, también diputado de CiU, en el debate de presupuestos de noviembre de 1997, oponiéndose al descuento de los libros de texto, dijo -cito textualmente-: que el Gobierno declare gratuito este gasto, que diga a los ciudadanos que los libros de texto forman parte de la prestación gratuita de la enseñanza obligatoria; éste sería el mecanismo que mi Grupo, CiU, entiende que sería coherente: extender la gratuidad a algo elemental y obligatorio que es disponer de los libros de texto necesarios para poder realizar la enseñanza obligatoria. Hoy CiU se desdice y, convertida en escudo del Gobierno, nos propone escuchar a los sectores afectados y analizar fórmulas.
Esto se puede hacer también admitiendo a trámite la proposición; admitiendo a trámite la iniciativa podemos cambiarla, enmendarla, discutirla, escuchar a los sectores, aunque algunos ya sabemos lo que piensan. La confederación española de gremios y asociaciones de libreros ha expresado su apoyo firme y decidido. Las organizaciones de consumidores y usuarios también se adhieren a la misma. La asociación nacional de editores de libros y material de enseñanza insiste en que los libros sean propiedad de los alumnos, pero eso no quiere decir que se tengan que oponer a la gratuidad, sino que les gusta más la vía de la desgravación; es otra propuesta. Lo único que nos parece que no es coherente después de haber aprobado en la Comisión hace más de un año una proposición no de ley al respecto es hablar ahora de crear una subcomisión para seguir estudiando el tema, que en todo caso no podría empezar hasta febrero. Esto es una coartada para dar largas y para paliar de manera vergonzante la impopularidad del rechazo a esta iniciativa popular.


El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, vaya concluyendo. No podemos darle más largas al tiempo.


El señor BAYONA AZNAR: Ahora mismo, señor presidente.


Lo mejor es que demos paso a la votación de esta iniciativa legislativa popular.
Es un contrasentido, señor presidente, que después de una semana de puertas abiertas, demos con la puerta en las narices a esta primera demanda social que nos llega directamente.
Gracias. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Bernardo Bayona. (La señora Gil i Miró pide la palabra.) Me pide la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Sí, señor presidente, por repetidas alusiones y fijación del portavoz ...


El señor PRESIDENTE: Por repetidas alusiones que, en efecto, me ha trasladado el señor Beviá, que ocupaba la Presidencia durante el momento de las mismas. Ya sabe S.S. que el turno de alusiones es muy restringido.


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Por tanto, le ruego la máxima capacidad de síntesis. Adelante.


La señora GIL I MIRÓ: Sólo quiero decirle al señor Bayona que tiene una extraña fijación con mi persona que no sé si debe halagarme o alarmarme. En todo caso, me parece oportuno recordar al hoy portavoz del Grupo Socialista que en ninguno de sus estudios económicos, ni en los más recientes sobre la financiación de la Logse ni en el que va a votarse en el próximo Pleno, ha incluido la gratuidad de los libros de texto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil i Miró. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.) En las alusiones no ha habido ninguna alusión personal a su señoría.
Creo que aquí podemos dar por terminado el incidente. Muchas gracias también, señor Bayona.
Veo al señor Guerra Zunzunegui en ademán de subir a la tribuna. Tiene S.S. la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que nuestro grupo no solamente respeta, sino que estudia con detenimiento, las iniciativas populares, las que se prevén en el artículo 87.3 de nuestra Constitución, que por primera vez en la historia de las constituciones de nuestro país da curso a la iniciativa popular, entendida cuando muchos ciudadanos (500.000) presentan un proyecto de ley a este Parlamento. Todas mis palabras están dirigidas a lo que dijo un famoso político de la República: La razón debe de conducir los impulsos del corazón. Porque, señorías, el primer impulso del corazón sería no sólo la gratuidad de los libros, sino la de todos los servicios que se pueden prestar al ciudadano. Pero eso lo tenemos que razonar tanto desde el punto de vista económico como social.
Nosotros hemos estudiado detenidamente esta proposición de ley, que se presentó en el mes de enero del año pasado. Subrayo la fecha del mes de enero del año pasado puesto que ha habido una legislación posterior, a la que me referiré, en la cual ha variado también el tema de las familias respecto al coste de los libros de texto. Y hemos estudiado también la legislación comparada de los países de la Unión Europea, y hay de todo, desde países como Portugal, donde los padres pagan la totalidad de los libros, hasta sistemas como el de la República Federal de Alemania, en cuyos länder hay decisiones y conclusiones para todos los gustos, pasando por el sistema inglés, en el que los cuadernos, llamados books, son gratuitos pero el resto no.
Estudiado todo esto, como digo, vemos que en la legislación que se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento italiano, donde también están debatiendo la gratuidad de los libros, se ha llegado a un acuerdo mayoritario entre todas las fuerzas políticas que va por la línea de la justicia social. Es decir, en el Parlamento italiano el acuerdo al que se ha llegado, hasta tanto en cuanto haya una nueva legislación, es que aquellas familias cuyos ingresos son inferiores a 18 millones de liras, es decir, aproximadamente 1.300.000 pesetas, tendrán la gratuidad del cien por cien de los libros; aquellas familias cuyos ingresos estén hasta el tope de 36 millones de liras, es decir, 3.100.000 pesetas, tendrán y obtendrán el 50 por ciento de deducción.
Eso es lo que socialmente nosotros tenemos que hacer, y en ese sentido se han dado los primeros pasos a través de la nueva Ley del IRPF. En ella se contempla la división entre familias cuyos ingresos les obligan a hacer la declaración sobre la renta y aquellass que no están obligadas a hacerla, que son las que tienen un umbral más bajo de ingresos. Pues bien, las del primer tramo, todas aquellas familias que tengan la obligación de hacer declaración sobre la renta, ya tienen una deducción a partir del 1 de enero próximo de 25.000 pesetas en lo que se llama: mínimo exento familiar, es decir, 200.000 más 25.000 pesetas, 225.000 pesetas por cada niño o niña entre 3 y 16 años. Indudablemente, esas 25.000 pesetas contemplan el costo de los libros y el material escolar. Y para aquellas familias que no llegan a ese umbral, que es lo que socialmente preocupa al Gobierno de UCD (Rumores.), al Ministerio de Educación, tenemos que estudiar los pasos y los avances que se tienen que dar para llegar a la gratuidad de los libros. En este sentido, también se han dado pasos importantes por parte del Gobierno popular. Conocen SS.SS. que en el presupuesto del año pasado se fijaron 2.000 millones de pesetas, por medio de 200.000 becas de 10.000 pesetas, para la adquisición de libros y que en el presupuesto para 1999 que van a aprobar estas Cámaras se fijan 3.000 millones de pesetas distribuidas en 300.000 becas para subvencionar la adquisición de libros.
Por lo tanto, señorías, manifestamos aquí nuestro apoyo para que se cree una subcomisión que estudie profundamente estos temas y que distinga entre aquellas familias que ya están contempladas en el IRPF y aquellas otras que no lo están por encontrarse por debajo del umbral de sus ingresos y que se haga a través de becas. Querría decir aquí además que, aparte de las becas por valor de 2.000 millones de este año y de los 3.000 millones que se aprobarán para el año que viene, el Ministerio ha elaborado un decreto en el mes de septiembre para que los libros tengan que durar cuatro años y que en los libros de primaria no puedan incluirse los cuadernos en el medio sino al final.
Quiero recordar aquí a SS.SS. en relación con esto de las becas para libros que en los años 1981 y 1982, en Gobierno de UCD, ya se fijaban 5.000 pesetas para los alumnos de primera y segunda etapa, orden de 29 de diciembre de 1980, pero, señorías, en el decurso de los años de Gobierno socialista esto fue rebajándose hasta que en el presupuesto para el curso 1995-1996 desapareció y en los anteriores no se utilizó para becas destinadas a la compra de libros, sino para las bibliotecas de aquellos centros rurales de menos de 4.500 habitantes.
Señorías, no tengo más remedio que refrescarles

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aquí la memoria y hacer alusión a que en el Ayuntamiento de Madrid no se aprobó la gratuidad, sino 5.000 pesetas, que no es la gratuidad, como ayuda o beca para la adquisición de libros.
Señorías, el "Diario de Sesiones" contiene perlas absolutamente maravillosas. En el del día 11 de noviembre de 1986, siendo ministro de Educación el señor Maravall, ante una pregunta del diputado del CDS, señor Moltes Fontán sobre la gratuidad de los libros, se hacen una serie de consideraciones, entre ellas, lo que me parece lógico, la de la conferencia de la Unesco de 1959, que dice, en nuestra línea, que primero hay que dar la gratuidad a aquellos que más lo necesitan, y menciona una frase que yo creo que se debe enmarcar cuando estemos debatiendo sobre la gratuidad de los libros: Es absurdo pensar que la Administración va a adoptar créditos para que se compren libros que el niño se lleva consigo al terminar cada año.
Pues bien, conforme a la frase que dijo el señor Maravall, en los debates de los presupuestos de 1987, desaparecen los créditos para libros y se utilizan en las bibliotecas de los centros rurales.
Posteriormente, en el año 1993 desaparecen del presupuesto. Decía el representante del CDS en 1986 que los 900 millones de pesetas destinados a becas para la adquisición de libros (9.000 pesetas para 100.000 alumnos) se han eliminado de los presupuestos y estos mismos 900 millones son los que se emplean ahora para este sistema de localidad.


Termino, señor presidente. La mala memoria que tienen algunos cuando gobernaron no se puede emplear aquí, cuando no dieron ningún paso para la gratuidad de los libros. Este Gobierno en los dos primeros años ha dado los primeros pasos, este Gobierno está decidido a que en el año 2002 se llegue a contemplar el que esas familias que no están obligadas a hacer la declaración de la renta obtengan la gratuidad, pero con un concepto social. Es decir, aquellas familias que lo necesitan porque las otras ya tienen las 25.000 pesetas en el impuesto sobre la renta.
Termino diciendo, señorías, que en estos dos años el Gobierno del Partido Popular ha hecho los mayores avances y los mejores presupuestos de educación de los últimos 10 años. (Rumores.) Eso duele a algunos oírlo, pero, señor presidente, me veo en la obligación de decirlo. Se ha creado un centro escolar cada seis días en estos dos años y medio, han aumentado las becas en un 24 por ciento y se ha dado el primer paso respecto del problema de la gratuidad de los libros. Cualquiera que sea el Gobierno que nos suceda, que espero que sea el del Partido Popular, ojalá siga en este sendero respecto de la gratuidad de los libros.
Señor presidente, vamos a presentar una proposición para que se cree una subcomisión, de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que ha ratificado el Grupo Vasco (PNVEAJ), para que por la misma comparezcan libreros, editores, padres de alumnos, etcétera, y estudie con detenimiento el tema de la gratuidad de los libros.
No me queda más que felicitar el impulso de esta proposición de ley popular, que se ve con simpatía, aunque se debe de ver con la racionalidad que en todo momento lleva cualquier medida que se adopte en materia educativa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.


- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL MODELO POLICIAL. (Número de expediente 154/000012)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular, que acaba de ser presentada y debatida, quería someter al Pleno, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la concesión de una prórroga al plazo de finalización de los trabajos de la subcomisión encargada del estudio del modelo policial. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias. Quedaría prorrogado hasta el 30 de junio de 1999. Si así es de conformidad, así queda aprobado.


- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES RELATIVA AL 50º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 158/000037)

El señor PRESIDENTE: También, señorías, se propone por la Mesa y la Junta de Portavoces que por el Pleno pudiera aprobarse la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa al 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. Se entiende aprobada por asentimiento, tras su inclusión en el orden del día.
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular reguladora del libro de texto para la enseñanza básica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 130; en contra, 161; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazadala toma en consideración de la proposición de ley.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA PERMITIR EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD A TODOS LOS HUÉRFANOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS NUEVOS LÍMITES DE EDAD ESTABLECIDOS POR LA LEY 24/1997, DE 16 DE JULIO, DE CONSOLIDACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 122/000137)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al punto X cedo la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por un error involuntario de mi grupo en la anterior Junta de Portavoces, no pudimos sustituir la proposición de ley que está incluida en el punto X del orden del día para su toma en consideración. Debido al empecinamiento del Grupo Popular en tratar de condicionar una sustitución posterior a la acumulación de otra proposición, lo que en opinión de mi grupo no era posible por razones de su contenido, en virtud de los dispuesto en el artículo 129 del Reglamento solicitamos en este acto la retirada formal del punto X del orden del día, que permite reconocimiento de las pensiones de orfandad a los huérfanos que se encuentren dentro de los nuevos límites de edad establecidos en la Ley 24/1997.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Al ser una iniciativa del propio grupo la que solicita la retirada, tiene plena disposición sobre la misma y, en consecuencia, decae el punto X del orden del día.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA INCULCAR EN EL ALUMNADO VALORES DE EDUCACIÓN, RESPETO Y TOLERANCIA EN LA CONVIVENCIA DOMÉSTICA. (Número de expediente 162/000283)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto XI del orden del día, proposiciones no de ley.
En primer lugar, debatiremos la del Grupo Popular sobre medidas para inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica.
Doña Elena García-Alcañiz Calvo presentará, en nombre del Grupo Popular, la proposición no de ley referida. (Rumores.) Si SS.SS.
guardan silencio, puede comenzar la intervención de la señora García- Alcañiz. (Fuertes rumores.) Señorías, despejen el centro del salón.


Señor Martínez-Pujalte y compañía. (Rumores.) Señor Martínez-Pujalte, a pesar de su desvalimiento, si quiere, puede abandonar el Pleno. (Continúan los rumores.) Señora Montseny, por favor. (Pausa.) Adelante, señora García-Alcañiz.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras como diputada por Madrid del Grupo Popular, al subir a la tribuna en esta sesión plenaria sean para condenar el crimen cometido en Madrid que ha quitado la vida a Aitor Zabaleta, palabras de condena y palabras de consuelo, uniéndonos al dolor de la familia de Aitor Zabaleta.


Señor presidente, señorías, la Cámara de los diputados, siempre con las puertas abiertas a la sociedad, debe ser el eco de resonancia de lo que los ciudadanos nos demandan. Hoy, como en otras muchas ocasiones, es necesario que tengamos en cuenta situaciones condenables, para rechazarlas y procurar entre todos poner las medidas adecuadas y que así no se repitan ocasiones violentas como la que acabamos de lamentar -la de Aitor Zabaleta- u otro tipo de violencias que se dan también y que a veces tienen menos repercusión, pero con daños, no sólo físicos, sino también psicológicos, y en ocasiones con la muerte, que acontecen a veces en el seno doméstico de las familias.
Todos compartimos que la educación es la base y la función determinante de la autonomía de la persona y de la formación integral de su personalidad. Por ello, debe ser en el ámbito educativo, es decir, en la escuela, donde se reciban estos conocimientos y donde se desarrollen los hábitos conductuales de respeto y de armonía en la convivencia del día a día. Es esto lo que normalmente se viene haciendo en nuestras escuelas y en nuestros colegios, pero quizá no venga mal destacar la importancia de educar en la práctica habitual del diálogo, que tenga en cuenta la necesidad de alcanzar acuerdos en todos los aspectos fundamentales que afectan a las personas, a la socialización de las mismas y a la convivencia entre ellos. Todos sabemos que el nivel de instrucción del conjunto de la población de un país, unido al estilo, amplitud y calidad de la acción educativa que en él se imparta, determina la capacidad de ese país para participar en la paz, en el progreso de sí mismo y en el progreso de su entorno. El estilo educativo es la forma y modo en que se afronta y lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es, en definitiva, la actitud mediante la cual se manifiesta el comportamiento y la conducta del binomio profesor-alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo en el aula, sino en el entorno social más amplio en el que también incluimos a la familia.
Compartir y respetar. El verbo compartir y el verbo respetar adquieren cada día y deben seguir adquiriendo mayor relevancia.
Compartir la experiencia, compartir la esperanza, compartir los saberes, respetar los

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derechos humanos, respetar la riqueza de nuestra diversidad, respetar los valores humanos que dan unidad a una España mestiza y diversa como es la nuestra. Señorías, de hecho, no sólo nos motiva, y motiva a todos, aquello que se aprecia y aquello a lo que uno le da valor.
En la medida en que percibimos algo como un valor para nosotros, nuestra conducta se modifica y la persona se motiva para llevarla a la práctica, asimilarla y así se incorpora a la conducta habitual , haciéndola parte de su estilo personal.
Señor presidente, me gustaría significar lo importante que es y debiera ser aplicar criterios científicos a la política educativa, al rigor con que debieran valorarse las variables que inciden en su cuantía y en la adopción y en la toma de decisiones, tanto en materia de análisis e interpretación, como en la toma misma de decisiones y análisis de contenidos, y mucho más en las decisiones políticas educativas. Por ello, es importante tener en cuenta el peso y significado de la asimilación de valores humanos en la configuración de la estructura de la personalidad humana. Los valores que las personas hacen suyos y que son parte de sí mismos, se traducen, como decía hace unos momentos, en actitudes que desempeñan una función fundamental en la dinámica comportamental de la conducta humana y tienen un alto peso o saturación pactorial, como así se llama científicamente, en la configuración de la estructura factorial de la personalidad en su conjunto, como indican los estudios científicos que se han realizado en este campo.
Por todo ello, señorías, señor presidente, la transmisión de los valores de una sociedad democrática deben -y así se viene realizando desde la escuela-ser tenidos en cuenta tanto en las enseñanzas sistemáticas como en las actitudes interrelacionales e interpersonales del día a día en la escuela, en la familia, en definitiva en la sociedad en su conjunto. De ahí que la educación sea una pieza clave en este proceso de aprendizaje, de asimilar, de aprender, de hacer nuestros los valores humanos que han caracterizado y que deben caracterizar a toda sociedad democrática.
Por todo ello, señoría, señor presidente, insisto en que pueda haber consenso en la aceptación de esta iniciativa parlamentaria para inculcar los valores de paz y tolerancia en nuestras escuelas, ya que éste es el tema de la iniciativa que hoy defendemos y espero sea compartida por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García- Alcañiz.
El Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) han presentado sendas enmiendas, para cuya defensa tiene, en primer lugar, la palabra la representante del Grupo Socialista, señora Cánovas.


La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo y en defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Nos encontramos ante una de esas proposiciones ante las que no cabe más postura que el voto a favor por pura lógica, ya que no viene sino a instar al Gobierno a que cumpla la Logse en concreto respecto al área transversal de educación para la paz y la tolerancia, ponderando sus efectos benéficos para prevenir y erradicar la violencia doméstica.
La Logse articula claramente estos temas, explicitando como objetivos la formación para la paz, cooperación y solidaridad, así como la efectiva igualdad de derechos entre los sexos. La normativa de la Dirección General de Renovación Pedagógica es amplísima. Hay bibliografía abundante y un buen trabajo desarrollado entre los CPR y los centros educativos a medida que se han ido incorporando a la reforma.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Sociales, a través del Segundo Plan de igualdad de oportunidades, estableció 32 medidas concretas para la incorporación de una perspectiva no sexista al ámbito educativo, que se pusieron en marcha al 91,5 por ciento.
Posteriormente, el Gobierno del Partido Popular aprobó un tercer plan con el área de educación y violencia, con medidas para la coeducación y prevención de la violencia, aunque a nuestro juicio más light.
Señorías, el problema de la violencia doméstica es grave y tiene una influencia altamente destructiva sobre la infancia. Está siendo objeto de atención por parte de organismos de ámbito comunitario e internacional. El Cuarto Programa de acción comunitaria se ocupa de este tema, y queremos resaltar, entre otras resoluciones del Parlamento Europeo, la referida a una campaña de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. También elevan sus voces contra la violencia asociaciones profesionales, federaciones de mujeres y grupos representativos de la sociedad, lo que nos hace inferir que las campañas realizadas hasta ahora no han sido inútiles, aunque desgraciadamente la violencia en la familia continúa y especialmente contra las mujeres e hijos menores. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Violencia que no es tan sólo expresión de una agresión, sino que es una violencia dirigida. Violencia de género, que no se ejerce contra cualquiera, sino contra las mujeres por considerarlas inferiores, con esas discriminaciones que han establecido todas las culturas y todos los sistemas educativos; la diferencia de género, la que marca perfiles contrapuestos entre cómo deben ser educadas las mujeres y cómo los hombres, levantando muros, construyendofrustraciones y definiendo jerarquías. Esto es lo que hay que romper.
No vale una propuesta filosófica, una declaración genérica o establecer un día para hablar de la violencia en la familia y, al día siguiente, continuar con las mismas prácticas educativas. Se necesitan instrumentos de trabajo, propuestas claras de intervención, presupuesto y actuaciones decididas. Debemos dar medios a los encargados de llevarlas a cabo para que puedan construir

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una metodología que llegue a producir cambios igualitarios en el sistema educativo.
Ustedes proponen medidas, pero ¿qué medidas? Por eso presentamos una enmienda de adición que concrete al menos una medida, porque venimos observando que dicen una cosa y hacen otra. Si confirman con sus palabras que hay que crear nuevos espacios de formación dirigidos a la coeducación, ¿por qué lo primero que hizo este Gobierno fue suprimir un alto porcentaje de asesores de los CPR? Los primeros en desaparecer fueron los de coeducación por considerarlos innecesarios.
¿Por qué no han mantenido la actuación 253 del segundo Plan para la igualdad incorporándola al tercer plan? Allí se decía: favorecer que las comisiones que decidan sobre la distribución de recursos y ayudas del MEC en sus distintos niveles tengan en cuenta la perspectiva de igualdad de oportunidades entre los sexos. Posiblemente para poder subvencionar sin sonrojo a colegios que mantienen en pabellones separados a los alumnos y alumnas, como ha sido el caso en Murcia, que un centro que mantiene estas prácticas ha sido incluido en la lista de centros sostenidos con fondos públicos en 1997. ¿No es esto discriminación por cuestión de género? ¿Se favorece así la igualdad de oportunidades, la tolerancia, la paz y el reparto del trabajo doméstico? No es este el camino, no.
Tampoco lo es recortar el cupo del profesorado y los gastos de mantenimiento de los centros, no respetar la ratio profesor/alumno, mantener los equipos de orientación de los IES incompletos, hacer que el profesorado simultanee perfiles profesionales diversos itinerando por los centros, y un largo etcétera que no ayuda en nada a la calidad de la educación y que no deja al profesorado ni tiempo ni ganas para trabajar en implantar unos valores a través de la transversalidad, que están muy bien definidos, pero que necesitan medios y reconocimiento social y profesional.
Por todo esto, el Grupo Socialista plantea una enmienda de adición cuyo texto leo: Entre otras medidas, se incluirá, al menos, la de ofrecer a los centros educativos personas con titulación y formación que, como agentes de convivencia, colaboren con el profesorado encargado de aplicar la transversalidad en las aulas. Esta financiación se hará con cargo al Plan de empleo joven y/o al Plan de acción contra la violencia doméstica.
Entendemos que, aunque la escuela no es el servicio de urgencias de la sociedad, puede hacer un importante papel en cuanto a detectar los malos tratos y enseñar a los niños a actuar ante la violencia. Los niños van a ella con sus problemas familiares y hay una posibilidad de incidir en la familia si la actuación es global y coordinada con el resto de la sociedad. Cuesta mucho modificar conductas arraigadas.
Los profesores están habitualmente sobrecargados y necesitan apoyos técnicos y humanos a fin de que no se pierda el carácter transversal de la intervención a lo largo de todo el sistema educativo. Estos agentes colaborarían con los centros educativos a requerimiento de ellos, incluyendo actividades con los alumnos e incluso con los adultos, interviniendo con las familias, potenciando las escuelas de padres, reforzando, en suma, la labor del profesorado en colaboración con él y con un objetivo común: erradicar las conductas violentas en la escuela y, por extensión, en sus familias actuales y futuras.
El Gobierno aprobó en enero un plan de acción contra la violencia doméstica que contempla un área de educación y formación específica a la que dedica el 2,6 del total del presupuesto de la financiación del plan y que va dirigida a la formación de profesionales y prevención de la violencia. Nos parece bien, pero es escaso. Cierto que no las computa en las partidas del Ministerio de Educación y Cultura por estar en proceso de transferencias y que algunas de las comunidades autónomas con transferencias destinan importantes recursos a estos fines. Del presupuesto de 232 millones incluido en el Plan contra la violencia podría financiarse esta medida, ya que el plan especifica que va dirigido a la prevención de la violencia en centros escolares pero no propone actuaciones concretas.
Esta medida, que ya se está llevando a cabo en otros países de nuestro entorno comunitario, podía obtener resultados positivos de cara a la prevención de la violencia, pero poco se notan los efectos del plan, poco han debido hacer al respecto cuando el propio Grupo Popular insta al Gobierno a hacer lo que dijo hace casi un año que haría, y poco se nota en los presupuestos de 1999 en las partidas que deben sustentar estas medidas. Por eso pedimos con nuestra enmienda que al menos alguna medida quede clara y se le dé adecuada financiación, porque con declaraciones genéricas no hacemos absolutamente nada más que propaganda de cara a la galería.
El Grupo Socialista asimismo pide al Gobierno que cumpla las recomendaciones del Defensor del Pueblo en su informe sobre la violencia doméstica contra las mujeres, recomendaciones en materia de educación cuando exhorta al Ministerio a seguir en la línea de la resolución de la Dirección General de Renovación Pedagógica, que posibilita como contenido optativo para la ESO el referido a papeles sociales de hombres y mujeres y continúa implantando materias optativas similares, así como a prestar especial atención a la formación inicial y continuada del profesorado para que se impartan con calidad contenidos que respeten la no discriminación entre personas por razón de sexo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cánovas, le ruego vaya concluyendo.


La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Voy concluyendo, señor presidente.
Consideramos que es necesario aportar financiación y medios como los propuestos en nuestra enmienda, entre otros, a fin de que el sistema educativo incorpore en su totalidad el principio de la educación no sexista, considerando la educación afectiva y sexual como un aspecto fundamental de la formación de los jóvenes

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que elimine las conductas violentas del hombre contra la mujer como muestra extrema del sexismo en las relaciones de abuso de poder.Por tanto, esperamos que estas medidas necesarias se concreten y se lleven a cabo, ya que los problemas derivados de la violencia doméstica son graves y merecen la atención de todos los grupos políticos y el esfuerzo de toda la sociedad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Solsona.


La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los factores culturales, costumbres sociales y normas religiosas que han inculcado tradicionalmente la subyugación casi absoluta de la mujer al hombre y de los hijos a sus progenitores son sin duda una de las causas de la violencia familiar. Esta violencia es una grave violación de los derechos humanos, causa un grave perjuicio a la salud física y mental de las víctimas de esta violencia y a sus familias y supone elevados costes económicos y sociales para la sociedad en su conjunto.
Es de vital importancia que la sociedad, y sobre todo los niños, los adolescentes y las mujeres vulnerables tengan una mejor comprensión de la naturaleza y del alcance de este problema. Los programas de educación y formación para sensibilizar a hombres, mujeres y niños sobre los efectos personales, sociales, perjudiciales de la violencia para las víctimas, la familia, la comunidad y la sociedad en general son esenciales para erradicar dicha violencia.
Las personas aprenden de niños a relacionarse viendo cómo se relacionan los adultos. Los niños aprenden a resolver conflictos observando cómo los mayores los resuelven. La violencia se aprende.
Se aprende observando cómo los padres, los hermanos mayores o los vecinos se relacionan; se aprende viendo la televisión. En un reciente informe del Consejo Audiovisual de Cataluña se ve que en la franja de máxima audiencia infantil de televisión se ofrece un acto violento por segundo, señorías. Se aprende, pues, viendo la televisión, viendo determinados dibujos animados, leyendo determinados comics o jugando en descampados.
Señorías, si se aprenden comportamientos violentos también se aprende a comportarse y a relacionarse pacíficamente. Las acciones en el ámbito de la educación pueden contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. La sensibilización de la opinión pública, la formación del profesorado, la preparación de material pedagógico y académico que favorezca la eliminación de los estereotipos sobre hombres y mujeres puede sin duda contribuir a erradicar la violencia doméstica.
La resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, recomienda a la Comisión y a los Estados miembros la necesidad de que se tome la iniciativa de elaborar programas escolares destinados a aumentar el nivel de conciencia entre los adolescentes sobre los efectos de la violencia por razón de sexo y a desarrollar métodos de colaboración para la solución de tales conflictos.
En nuestro país, el Estado español, la Ley orgánica de Ordenación general del sistema educativo, Logse, en sus artículos 1 y 2, se refiere a los derechos y libertades y a la efectiva igualdad de derechos entre sexos. En los artículos 13 y 19 se enumeran como objetivos específicos que deben primar en la educación primaria y secundaria obligatoria los de -leo textualmente-: apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos, y también a comprometerse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre las personas.
Estos artículos permiten potenciar dentro de la práctica escolar el área transversal educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, impregnando todos los contenidos curriculares en las etapas de educación obligatoria.
En la resolución del 17 de enero de 1995 la Dirección General de Renovación Pedagógica del Ministerio de Educación prevé la posibilidad de introducir como contenido optativo el tema: papeles sociales de hombres y mujeres, que estudia la manera crítica de los estereotipos sexistas. El Defensor del Pueblo, en su reciente comparecencia en esta Cámara para presentarnos su informe sobre la violencia doméstica, recomienda al Ministerio de Educación y Cultura que se potencien todos estos contenidos de la Logse dirigidos a lograr la efectiva igualdad de los derechos entre sexos. También recomienda que se presten espacios de atención a la formación inicial y continuada del profesorado a fin de impartir con la debida calidad dichos contenidos y los valores básicos de la convivencia humana, la responsabilidad moral de las personas y los principios de solidaridad y tolerancia, respetando la no discriminación entre las personas por razón de sexo.
Señorías, la Generalitat de Cataluña, que tiene competencias en educación, ya plantea en el currículo educativo el fomento de la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas; el Departament de Ensenyament, en colaboración con el Institut Catalá de la Dona, establece programas de actuación y edita publicaciones al respecto, todo ello reforzado últimamente con el Plan integral contra la violencia doméstica, que elabora la Comisión interdepartamental en la cual colabora el Departament de Ensenyament, entre otros, a fin de elaborar una política global y efectiva contra esta lacra social.
Nuestra enmienda va en esta línea de respetar el trabajo hecho en las distintas comunidades autónomas y la adición del término "alumnas" es a efectos de que la

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igualdad también quede reflejada en los textos escritos y fundamentalmente en los elaborados en esta Cámara.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda vamos a votar a favor de la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, pero compartiendo lo que acaba de decir la portavoz socialista pensamos que estamos hablando de declaraciones muy genéricas que son fácilmente compartibles por el resto de los grupos, aunque quizá deberíamos afinar un poco más.
De todas maneras, nosotros creemos que es en la escuela, en los centros educativos, donde más se potencian los valores de paz y tolerancia, si lo comparamos con el resto de instituciones y áreas de actuación en la sociedad. Es en la escuela donde más se potencian estos valores. Es cierto que todavía nos queda corregir elementos discriminatorios en los libros de texto; todavía se denuncian prácticas, terminología discriminatoria por razón de sexo en los libros de texto, lo cual es bastante preocupante. Falta un mayor esfuerzo en la coeducación. La diputada del Grupo Socialista lo ha dicho: había unos programas de coeducación que se han suprimido; no hay suficientes recursos y creemos que sería importante que el Grupo Popular pudiese aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista en este sentido.
Pero yo quisiera llamar la atención de la diputada del Grupo Popular que ha presentado la propuesta respecto a la contradicción que supone para su propio grupo el siguiente hecho: desde el Gobierno se están concertando con fondos públicos centros educativos, escuelas que no practican la coeducación, centros que sistemáticamente escolarizan a chicos por un lado y a chicas por otro. Me estoy refiriendo, sobre todo, a centros del Opus, que están concertados -lo digo, es así- con fondos públicos y, sin embargo, aunque repetidamente se ha pedido que empiecen a hacer las prácticas de coeducación, se niegan sistemáticamente. También le pediría al Gobierno Popular que nos diese de una vez las listas de centros privados concertados que no practican la coeducación y que, sin embargo, están recibiendo esos fondos públicos.
Pero yo quisiera señalar que deberíamos ir más allá. Si digo que es en la escuela donde más se potencian los valores de la paz, la tolerancia, el respeto a la diversidad de los sexos y el papel social que cumplen el hombre y la mujer en la sociedad, lo que sí es cierto es que la diputada de Convergència i Unió ha dado en el clavo: hay grandes parcelas de la sociedad donde no se está respetando el valor en positivo de la mujer. Quiero resaltar que qué deben pensar estos jóvenes, a los que en la escuela se les inculca la importancia de la aportación de los dos sexos y que ven, sin embargo, que mientras el 90 por ciento de los profesores son mujeres, los directores son hombres. Hay unos estímulos, hay una información que no es específica, pero que va llegando a la juventud, en la que se ve que realmente la mujer está en una situación de supeditación en relación al hombre. Nuestras calles reflejan historias y nombres masculinos, muy pocas veces representan lo que las mujeres han aportado a la sociedad. Las mujeres seguimos teniendo el doble de paro, las mujeres no somos autónomas y por eso no tenemos la capacidad de compartir con nuestros hijos, en las familias monoparentales, unas condiciones dignas de vida. Estamos viendo cómo la pobreza cada vez se hace más femenina, cómo hay cada vez hay más mujeres que son pobres. Todo eso va creando un estereotipo que va cuajando, y por mucho que después nosotros influyamos sobre estos valores que debemos potenciar, estos hechos se imponen con la fuerza de la vida cotidiana.
Por otra parte está la publicidad. ¿Qué tipo de mujer está haciendo aparece en la publicidad? Es cierto que en la televisión aparecemos las mujeres prácticamente cada día troceadas, asesinadas, en escenas de terror, de violencia y sexo. Eso es un continuo que va cuajando.
¿Cómo puede ser que eso no se le quede de alguna manera en el subconsciente a la juventud? Sabe que las mujeres estamos ocupando un papel, pero somos maltratadas en cuanto a la imagen y en cuanto a las posibilidades de violencia que se puede ejercer sobre ellas.
Por lo tanto, bienvenida sea la proposición no de ley, sobre todo si refleja la voluntad del Grupo Popular de empezar a hacer políticas concretas en el marco del sistema educativo. Pero vamos a potenciar la autonomía de la mujer; vamos a propiciar el reconocimiento social de los valores que las mujeres queremos y estamos aportando a la sociedad; vamos a hacer que las mujeres podamos tener unas condiciones de vida dignas para nosotras mismas y para nuestro entorno y que eso signifique que cada vez más estamos ocupando el lugar que nos corresponde.
Yo acabo diciendo, como he dicho al principio, que vamos a votar a favor de la proposición no de ley y que nos gustaría que el Grupo Popular admitiese la enmienda del Grupo Socialista y, en su caso, la de Convergència i Unió, que no he podido escuchar en toda su extensión, pero si la Mesa la lee, también estaríamos en condiciones de poder votarla.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rivadulla.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular porque,

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como bien ha expresado su portavoz y la propia exposición de motivos de la iniciativa, este fenómeno preocupante y creciente de la violencia en el seno de la familia se está produciendo cada vez con mayor gravedad. Se altera uno de los núcleos fundamentales de toda sociedad armónica como es la familia, donde los principios de convivencia en la paz y en el respeto mutuo son fundamentales. Si falla en una sociedad el punto básico de convivencia como es la familia, donde se aprende lo que debe regir la sociedad para el ejemplo después de todos los grandes grupos colectivos que terminan en la expresión democrática, como pueden ser las manifestaciones que generan el grado de cordialidad, de conducta, de comportamiento y de convivencia de una sociedad, mal podrá convivir una sociedad plural si mal convive una familia. El invocar aquí, como ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular al presentar la iniciativa y como dice la exposición de motivos, las reglas de la convivencia familiar es fundamental, pero eso hay que aprenderlo en la escuela.
Hay que ir a la pedagogía de esos valores que es necesario recibir desde la infancia, porque van a ser valores que convaliden la vida doméstica en el respeto mutuo, en la paz y en la tolerancia. De aquí que nosotros vayamos a votar favorablemente, con las observaciones y las enmiendas que pueda aceptar el grupo proponente. Solamente queremos hacer en este punto una indicación.


Esos valores de paz y de tolerancia no se deben dar solamente en el entorno familiar, lo fundamental es que se den en el seno de la familia. La palabra correcta que aparece en el diccionario es seno.
El entorno está fuera del contorno, el contorno delimita una figura, y lo que está fuera del contorno es el entorno. El entorno de una familia es la vecina y el vecino del piso de al lado. Es en el seno de la familia donde se tiene que dar esto y recibirlo también en el otro seno fundamental, el de la escuela. De aquí que nosotros también participemos de la misma enmienda que trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cuyo texto, salvando también la sustitución de la palabra entorno por seno, que es donde se da la ejemplaridad pedagógica, en la familia y en la escuela, suprime la referencia a las comunidades autónomas. A nosotros nos parece bien, porque si la comunidad autónoma tiene la competencia de la educación, toma en su parlamento autonómico un acuerdo similar, ya que si no el Ministerio de Educación, fuera de su propio área, no es competente para incluir en un plan de estudios esa indicación.
Con respecto a la enmienda del Partido Socialista, nosotros hacemos una observación crítica, dependerá que la acepte o no la acepte el grupo proponente de la iniciativa. No nos parece bien hablar aquí en primer lugar de la transversalidad en las aulas, concepto heterogéneo, obscuro y difícil de entendimiento de lo que se quiere decir y, en segundo lugar, nosotros damos por supuesto que no hay que crear un nuevo cuerpo de profesores agentes de la convivencia. Cuando estamos hablando de los derechos humanos no se nos ocurre a nosotros, en el 50 aniversario, que deba haber un cuerpo de pedagogos de los derechos humanos. Los derechos humanos los tienen que tener todas las personas en la responsabilidad que ejerzan -docentes o discentes, civiles o militares, jueces, magistrados u objetos de la administración de la justicia-, eso es el campo, y cualquier profesor en la escuela, sea de matemáticas, de historia, de lengua o de filosofía tiene que tener unos valores éticos de referencia, aparte del de su ciencia profesional, a los cuales referirse para enseñar precisamente el respeto a la convivencia y a los derechos humanos, porque malo será, aunque tengamos un plan pedagógico de respeto a estos derechos de la convivencia en la familia y aunque tengamos el mejor cuerpo de agentes de convivencia, si el profesor de otra asignatura no la practica y traslada el ejemplo al alumno.


De aquí, señor presidente, que nosotros, excepto la observación que hacemos sobre el significado de la palabra seno de la familia para que sustituya a la expresión entorno, estaríamos en disposición de apoyarla si se acepta la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que nos parece muy acertada en cuanto al respeto a las comunidades autónomas y a su competencia, y no apoyaríamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Por supuesto, en todo orden de ideas sí apoyamos la iniciativa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular porque nos parece muy oportuna, muy necesaria y muy conveniente a estas alturas de las circunstancias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) suscribe y apoyará con sus votos esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, entendiendo que es oportuna, aunque también la consideremos algo inconcreta en la parte dispositiva, en aquellos aspectos en los que insta al Gobierno a presentar una serie de medidas en orden a inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica.
Es bien conocido por parte de todos que en los últimos tiempos se están produciendo noticias de acontecimientos, que seguramente en tiempos pasados estaban más ocultos, que ponen en evidencia la violencia doméstica existente en muchos hogares de este país y que muchas veces avergüenza a propios y extraños. ¡Qué sería, señor presidente, si las paredes de nuestras casas fueran transparentes! ¡Cuál podría ser el espectáculo al que podríamos asistir! Por ello, el Grupo Vasco, que tradicionalmente ha venido defendiendo y sosteniendo una educación en valores, aprovecha esta oportunidad que nos brinda laproposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular

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para indicar que las distintas administraciones educativas competentes en la materia deben vigilar, cuidar, inculcar esta serie de valores en orden a que la violencia en el ámbito doméstico, al igual que en otros ámbitos de la sociedad, pueda quedar suficientemente relegada.


La diputada García-Alcañiz, al inicio de su intervención, ha expresado su condolencia a la familia del ciudadano Aitor Zabaleta, manifestando que ella es diputada por Madrid. Dado que quien les habla es diputado por Guipúzcoa y, además, seguidor de la Real Sociedad, quisiera recoger el guante para seguir con el mismo ejemplo y manifestar que en una sociedad civilizada situaciones de esta índole deberían estar desterradas. Desgraciadamente, se producen accidentes e incidentes como el que ha relatado la diputada García- Alcañiz y haríamos bien en fomentar y promover desde las instituciones medidas que desterraran de plano, de raíz, este tipo de situaciones.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) manifestamos nuestro acuerdo con el texto que presenta el Grupo Popular. Nos parece más ajustado el que presentaba el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque no se nos oculta, señor presidente, que estamos hablando de administraciones educativas competentes y, desde esta perspectiva competencial, la redacción que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendemos que es más ajustado, si no sólo estaríamos hablando del ámbito de competencia del Ministerio de Educación y Cultura, eso que es tan horrible y que se llama el territorio MEC, y creemos que la resolución que se adopte en el día de hoy debe tener ámbito y competencia para el conjunto de las administraciones educativas competentes, para que todas ellas inculquen valores de educación en libertad.
No estamos de acuerdo con el primer párrafo de la enmienda que propone el Grupo Socialista, no porque entendamos la transversalidad como un concepto heterogéneo, como dice el señor Mardones, sino porque creemos que las materias transversales que actualmente existen en el sistema educativo son, en nuestra opinión, excesivas y que incrementar la carga lectiva con más materias transversales es una equivocación, máxime cuando estamos hablando de que haya más matemáticas y más literatura.
Nosotros pensamos que la educación en valores, en convivencia, en tolerancia, en el respeto a los demás no debe desarrollarse de una manera transversal, debe desarrollarse de una manera holística en el conjunto de la acción de la comunidad educativa y de sus distintos agentes, ya que todos ellos, en cada una de sus actuaciones, deben demostrar con su actitud, con su forma de enseñar, con los contenidos que transmiten, con las enseñanzas que manifiestan, los valores de respeto, de tolerancia. Dentro del planteamiento de lo que debe ser la educación en valores, nos parece que el que los centros educativos ofrezcan personas especializadas como agentes de convivencia sería realizar una parte de esta asignatura transversal y descentraría la educación en valores que todos y cada uno de los agentes de las comunidades educativas deberían de desarrollar.
Por ello estamos en condiciones de aprobar la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. Nos parece más ajustada a ámbitos competenciales la que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y votaríamos en contra en caso de que el Grupo Popular aceptase la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, de nuevo esta Cámara se hace eco de un problema ancestral, en pretérito y en futuro, cual es la lacra social del siglo XX, como son los malos tratos a mujeres y también a los menores, que está golpeando a una civilización de rostro cibernético y de anverso violento.


Se trata, señorías, de un fenómeno universal, la violencia de género, y tiene una larga tradición y un único propósito: someter a las mujeres. Es el recurso más inmediato para controlarlas y constituye el medio más común para reducir su autonomía. Su origen y su continuidad se encuentran en la existencia de una relación de poder desigual entre hombres y mujeres; un comportamiento que persiste y que se hace visible cuando hay víctimas mortales.
Históricamente, la capacidad de hacer uso de la fuerza contra la mujer era una potestad reconocida por el derecho y la versión física se ejercía en nombre del poder corrector del esposo sobre la esposa y del padre sobre la hija, de modo que se ejercía amparándose en un estatuto legal, si bien se establecían sanciones en el uso desmedido.
Este reconocimiento se daba en el derecho romano y en todas las tradiciones jurídicas modernas que se basan en él; también ha tenido un lugar propio en la germánica y caso aparte es el derecho musulmán.
La violencia ha aumentado en el continente europeo, de la misma forma que en nuestro país, y esto hay que relacionarlo con la persistente tolerancia judicial, que choca con el derecho, pero no choca contra los valores culturales socialmente operantes, para los cuales el recurso a la fuerza como instrumento para solucionar los conflictos es legítimo, señorías, también en España, y forma parte de los lugares comunes de la pseudocultura de masas.
En el marco global, es la Declaración de los Derechos Humanos la que sitúa la igualdad de sexos y la igualdad de generaciones, estableciendo la educación y la concienciación como una prioridad innegociable. La violencia no puede ser explicada sólo en términos exógenos. Los condicionamientos sociales son catalizadores.


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En algún momento habrá que preguntarse por la estructura misma de la familia. Según el foro contra la violencia, entre el 35 y el 40 por ciento de las mujeres que viven en pareja han sufrido malos tratos.
La Organización de Naciones Unidas calcula que 60 millones de mujeres padecen violencia de género y, a pesar de la macabra cifra, sólo 44 países del mundo tienen legislación propia aprobada contra la violencia doméstica.
El encierro en los límites del derecho penal supone su mantenimiento en el ámbito estricto de las relaciones entre particulares, pero hay responsabilidades públicas, además de individuales. Hay gobiernos y proyectos ideológicos remisos a evitar la violencia de los derechos cívicos mediante el recurso a la violencia de género y generacional, mostrando una incapacidad estructural que tiene que ver con la naturaleza del poder político.
Señorías, no es demagogia denunciar que la explotación sexual y laboral de mujeres y niños es uno de los negocios más boyantes del planeta, que se practica con el consentimiento de los gobiernos internacionales, y que 250 millones de niños trabajan en el mundo y amplias franjas lo hacen en la prostitución. Pero aquí nunca pasa nada. Casi 100 mujeres murieron el año pasado y casi 200.000 fueron golpeadas y apaleadas en España. Pero aquí nunca pasa nada.
Hoy el Partido Popular quiere arbitrar algunas medidas para inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica y yo no sé, en el barómetro calificador de iniciativas, si ésta es de tipología ingenua, ralentizadora, parcheadora o, simplemente, de maquillaje al uso. El caso es que ¡qué más quisiéramos nosotros, señorías, que con un par de retoques en la escuela pudiéramos abolir la discriminación por razones de género! Sepan ustedes que la verdad, aunque sea cierta, nunca es creíble si no es verificable y esa prueba del algodón necesita dos notarios: el paquete global, que trastoca las ideologías, y la práctica política, que se ejerce cada día y una vez al año en los Presupuestos Generales del Estado. Pero, efectivamente, porque más vale el casi nada que la nada, les tendemos la mano para que se incorporen al tiempo de restablecer los valores democráticos, al tiempo de remover las mentalidades, al tiempo de recomponer la convivencia democrática desde la igualdad. En innumerables ocasiones y en el marco de la especificidad educativa -objeto del texto-, me reitero en lo que es obvio y ustedes ni recogen suficientemente en sus programas ni han aplicado en sus políticas, y es el reconocimiento de fuerte contenido cultural que tiene la violencia y que habría que incorporar en los planes de estudio como una materia específica en los diseños curriculares, contemplando la formación en este área como prioritaria, pero sabiendo que esto sólo es un pequeño eslabón en la gran cadena de montaje del diseño de las sociedades, que necesitan mujeres y menores sumisos, acríticos y dóciles al poder, para no truncar los privilegios de una sociedad masculinizada y acumuladora de privilegios y recursos para unos pocos, en detrimento de muchos.
Señorías, termino diciéndoles que bienvenidos sean a rectificar.
Cuenten con nuestro voto y con nuestra colaboración para construir una escuela y un mundo más pacífico, tolerante y plural. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Señora García-Alcañiz, tiene S.S. la palabra para expresar la aceptación o no de las enmiendas planteadas por dos grupos parlamentarios a su iniciativa.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Muchas gracias, señor presidente.
Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Socialista, presentada por su portavoz la señora Cánovas, lamento sinceramente no poder aceptarla. Compartimos la buena intencionalidad con que creo que ha sido redactada, pero no el concepto de la misma. Podría parecer, incluso, como una ofensa a los profesores que están en los distintos centros y en los distintos niveles, como no considerarles adecuados para, en el día a día de fuera cual fuere la enseñanza que impartan, practicar la tolerancia, la paz y enseñar a respetar los derechos humanos e incluso, teóricamente, a debatirlos. Por tanto, lamentándolo mucho, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la aceptaríamos, y he hecho llegar a su portavoz señora Solsona, y a la Mesa del Congreso, una transaccional del Grupo Parlamentario Popular, que añadiría a la enmienda propuesta por Convergència i Unió el siguiente texto: Para ello, propone el Congreso de los Diputados que se incluya en los diferentes niveles de la enseñanza obligatoria el conocimiento sistemático de los derechos humanos.
Hoy se cumple, y esta Cámara ha hecho una declaración institucional, el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Comparto este sentimiento con todos los grupos, ya que es una declaración de la intención del Congreso de los Diputados y un reconocimiento del mismo para que en las escuelas, en definitiva, allí donde tienen competencia el Ministerio y las autonomías -en algunas ya se viene haciendo y en otras estoy segura lo asumirán si no lo hacen- se enseñe el tema de los derechos humanos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora García-Alcañiz.
Señora Solsona, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular?

La señora SOLSONA I PIÑOL: En nombre de mi grupo acepto la enmienda de adición presentada.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría. (La señora GarcíaAlcañiz Calvo pide la palabra.) Señora García-Alcañiz, ¿qué desea?

La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente, si me concede el uso de la palabra contestaría a una enmienda que ha sido propuesta por Coalición Canaria, concretamente por el señor Mardones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego lo haga con la mayor brevedad posible.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Ha hecho una propuesta, aunque era de tipo gramatical, consistente en sustituir la palabra entorno por seno.
Permítame que termine esta intervención agradeciendo al portavoz señor González de Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el recuerdo que ha tenido para el pueblo de Madrid al lamentar con todos nosotros el asesinato de Aitor Zabaleta.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.


- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN PLURIANUAL NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
LOGSE. (Número de expediente 162/000165)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 52: Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma de la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo, a la cual han sido presentadas dos enmiendas, una del Grupo Socialista, por lo cual le ruego a su ponente, a la señora Díez de Baldeón, que defienda los dos puntos en el mismo acto parlamentario.


Les comunico, y también al grupo proponente, la retirada que ha sido formulada por escrito a la Mesa, por parte del Grupo Parlamentario Popular, de la enmienda que había presentado a esta proposición no de ley.
Por tanto, para la presentación de la iniciativa y de la enmienda, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta nuevamente esta proposición no de ley relativa a la financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma de la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo; una ley que parece el río Guadiana a juzgar por las veces que surge y resurge, por las veces en que ha sido aprobada y también por las veces en que se ha incumplido.
Esta proposición no de ley que hoy traemos fue presentada en el registro de la Cámara hace más de un año. Esta es la razón de que mi grupo autoenmiende el texto original, dado que ha transcurrido mucho tiempo, casi un año y medio. Sobre todo queremos traerla hoy aquí para que quede constancia del grave incumplimiento del Gobierno ante un tema tan importante como es la realización del estudio correspondiente a la financiación de la Logse.
La primera vez que se ha incumplido lo acordado corresponde a la resolución número 99 aprobada en el Pleno del 12 de junio de 1997. El segundo incumplimiento del Gobierno es el correspondiente a la proposición no de ley número 3 del Grupo Socialista que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado 17 de septiembre de 1997 en la Comisión de Educación y Cultura y dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara, antes de finalizar el año 1997, las conclusiones del estudio sobre la financiación de la aplicación de la Logse, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésimoquinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 y a incluir, a partir del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, las partidas para su financiación que en su caso corresponda.
El tercer incumplimiento del Gobierno es el referente a la propuesta de resolución número 52 del debate sobre el estado de la Nación, con fecha 27 de mayo de 1998, que en su punto primero insta al Gobierno -cito literalmente- a remitir a esta Cámara, antes del día 30 de junio de 1998, las conclusiones del estudio sobre la financiación de la Logse que se está elaborando en el seno de la conferencia sectorial de educación.
Señorías, no solamente los presupuestos del año 1998 no recogieron las partidas presupuestarias para la implantación de la reforma, sino que ha pasado un año y medio y estas conclusiones del estudio sobre financiación de la Logse siguen sin ver la luz. Desconocemos las razones finales por las que el Gobierno no se decide a publicar este estudio, si es que está concluido. Un estudio que todos los grupos parlamentarios hemos considerado imprescindible porque resulta ser una pieza angular para definir la situación educativa en las comunidades autónomas, que sirva como punto de partida para garantizar un plan plurianual de financiación que permita la implantación de la Logse en condiciones de calidad para todos.
Como saben SS.SS., mi grupo parlamentario ha presentado hace unos meses en el registro de la Cámara una proposición ley de calidad e igualdad en la educación y de su financiación, iniciativa que todavía no se ha traído al Pleno para su debate -lo haremos la próxima semana-, precisamente porque hemos estado a la espera de que el Gobierno cumpliera su compromiso

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de elaboración del libro blanco sobre el estudio de las necesidades de financiación del sistema educativo y del proceso de aplicación de la Logse en todo el territorio nacional, que se está elaborando de acuerdo con las comunidades autónomas.
La ejecución de este estudio fue reclamada por todos los miembros de la conferencia sectorial de educación celebrada los días 7 y 8 de julio de 1997, y cuenta, además, con el apoyo expreso de todos los grupos parlamentarios. Por esta razón, antes de presentar la proposición de ley de calidad e igualdad en la educación y de su financiación volvemos a insistir en la necesidad de que el Gobierno asuma sus compromisos. La aplicación de la Logse necesita de una financiación adicional para llevarla a cabo. Así lo ha puesto de manifiesto toda la comunidad educativa cuando, hace ahora un año, suscribió la declaración conjunta en favor de la educación, y así lo reclaman ahora los estudiantes y los padres de alumnos en sus últimas movilizaciones. Es ahora cuando la extensión de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años exige de forma urgente y prioritaria completar la red de centros y una suficiente dotación de plantillas. Urge también impulsar la nueva formación profesional y dotar de manera prioritaria todos aquellos programas dirigidos a conseguir una eficaz igualdad de oportunidades, como son los programas de garantía social, educación compensatoria y becas.
En la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, quedar excluidos del proceso educativo es un pasaporte de marginalidad. Por eso resulta prioritario asegurar una escuela pública que se refuerce en dotación de medios y profesores, sobre todo en aquellos centros que deben atender alumnos con dificultades de origen. Los presupuestos de educación del Gobierno han evidenciado ser insuficientes para garantizar la aplicación de la reforma en condiciones de calidad para todos. La prueba del nueve de que esto es así son las dificultades objetivas que siguen teniendo muchas comunidades autónomas para cerrar las transferencias educativas, a pesar de que las desean. Esta situación no sólo provoca el incumplimiento del calendario previsto para los traspasos, sino una seria incertidumbre de futuro, ya que el traspaso educativo al coste efectivo no garantiza en modo alguno financiación adicional para la aplicación de la reforma, con lo cual las comunidades autónomas que tienen menos dotación efectiva en educación y que tienen mayores tasas de crecimiento demográfico tendrán que hacer un gran esfuerzo de financiación en detrimento de otros servicios públicos igualmente necesarios o, por el contrario, se verán abocados a contar con una educación pública de peor calidad.
La reforma y modernización del sistema educativo, la ampliación de la enseñanza obligatoria cuesta dinero. No es posible incrementar la calidad sin un esfuerzo de financiación adicional y eso lo saben bien las comunidades autónomas competentes en materia educativa, que desde hace tiempo vienen reclamando más financiación para la aplicación de la Logse. Es cierto que no todas han priorizado igual la educación en sus presupuestos, pero no es menos cierto que los recursos disponibles no son los mismos. El portavoz del Grupo Popular señor Guerra Zunzunegui recordaba hace ahora un año, en un debate similar al de hoy, que la iniciativa de la elaboración del libro blanco para estudiar las necesidades de financiación del sistema educativo en el seno de la conferencia sectorial fue propuesta por el consejero de Educación de Andalucía, señor Pezzi. No debe extrañarle.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Díez de Baldeón, le ruego vaya concluyendo.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.
Andalucía, como saben SS.SS., tiene una población real que sobrepasa en 400.000 habitantes su censo reconocido de población, sobre el que se establece la financiación que recibe del Estado. Casi medio millón de habitantes no reconocidos en la financiación de una comunidad autónoma son muchos cuando, además, no sólo reclaman servicios educativos, sino sanitarios y asistenciales. Este es un ejemplo, pero habría muchos más. Si Andalucía tiene problemas por su excesivo crecimiento demográfico, otras comunidades lo tienen por defecto.
Castilla y León es un ejemplo paradigmático. El problema es la despoblación de amplias zonas y la escolarización de niños y jóvenes del atomizado mundo rural que incrementa de forma significativa los gastos educativos. Otras comunidades tienen que atender la escolarización de significativos colectivos de emigrantes, minorías étnicas y culturales y tienen que atender también a familias desestructuradas, con graves problemas de marginalidad. El gasto educativo en los centros que atienden a estas minorías sociales debe incrementarse. El gasto por alumno, que tiene una situación de desventaja con respecto a otro, debe ser siempre superior. En estos centros tiene que haber más orientadores, un profesor cada pocos alumnos que permita una atención muy personalizada y aulas y clases de recuperación y eso también cuesta dinero.
Las situaciones de partida, señorías, son, por tanto, desiguales.
Cada comunidad autónoma tiene sus propias peculiaridades y eso, sin duda, exige un compromiso de los poderes públicos que deben diagnosticar estas situaciones para tratar de ponerles remedio.
Muchas causas explican la desigual situación educativa, pero no podemos permitir una dualización del sistema educativo que, con fondos públicos, prime a la enseñanza privada concertada sobre la pública o defina una desigual calidad educativa según los diferentes territorios de España.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Señora Díez de Baldeón, le ruego concluya.


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La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.
Nuestra Constitución consagra el principio de igualdad y solidaridad entre personas y territorios y por eso la calidad de la educación no puede depender de que las comunidades autónomas sean más o menos ricas ni de su capacidad de recaudación fiscal. Consideramos, por tanto, inaplazable que el Gobierno presente de inmediato las conclusiones del estudio sobre la financiación de la Logse. Ha transcurrido ya año y medio desde que fue aprobada su ejecución por la conferencia sectorial de educación y el plazo para su presentación, de acuerdo con las proposiciones no de ley y las resoluciones aprobadas en esta Cámara, era diciembre de 1997 y 30 de junio de 1998. Queremos decir que esto se ha hecho de esta forma, sin que exista en nuestra opinión ninguna justificación.
Por todo ello, queremos presentar el texto, que esperamos sea aprobado, puesto que únicamente pretendemos que una vez más vuelvan a ser aprobadas las tres resoluciones anteriores y que se traiga finalmente aquí este estudio de financiación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Voy a leer el texto, es muy corto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muy bien.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: El texto final dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara de inmediato las conclusiones del estudio sobre la financiación de la aplicación de la Logse elaborada en el seno de la conferencia sectorial de educación a fin de dar cumplimiento a la propuesta de resolución número 99 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, aprobada en la sesión plenaria del 12 de junio de aquel año, a la propuesta de resolución número 52 del debate sobre el estado de la Nación del 27 de mayo de 1998 y a la proposición no de ley número 3, aprobada en la Comisión de Educación y Cultura el 17 de septiembre de 1997.
Señorías, pedimos una vez más que de forma inmediata se traiga aquí este estudio de financiación y contamos con su voto favorable.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Díez de Baldeón. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.


En esta tarde educativa, el Grupo Parlamentario Vasco celebra que el Grupo Socialista haya planteado una enmienda de sustitución a su original proposición no de ley relativa a la financiación plurianual de la Logse. Este debate recurrente, actualizado en esta Cámara, pero que difícilmente da pasos hacia adelante, puede conocer con este estudio que está efectuando la conferencia sectorial de educación bases firmes para poder abordar el planteamiento de futuro de la financiación plurianual de la Logse, ley que apoyó el Grupo Parlamentario Vasco y que vio que el contenido legislativo se iba distanciando, en la medida en que pasaba el tiempo, de los contenidos y previsiones plurianuales que la memoria económica de esta ley realizaba.
Por ello, a lo largo de 1997, este grupo parlamentario, al igual que otros, planteó la necesidad de conocer con seriedad los recursos financieros que las distintas administraciones educativas destinaban al tema educativo. Más de una vez hemos insistido en esta Cámara que el tema educativo se restringe al territorio del Ministerio de Educación y Cultura y a sus ámbitos competenciales y que se hacen análisis globales sin tener en cuenta los recursos que las distintas administraciones públicas destinan a educación en el conjunto del Estado. En consecuencia, las conclusiones que se obtienen de datos sesgados y unidireccionales son equivocados.


Por ello, este grupo parlamentario espera este estudio que está realizando la conferencia sectorial de educación, y lo espera para poder basar sus conclusiones, actualizarlas y encontrar fórmulas que lleven al cumplimiento de las previsiones que en su día se realizaron en torno a la Logse.
Por la información que dispone este grupo parlamentario, el trabajo que está realizando la conferencia sectorial de educación no es que no esté terminado, sino que todavía tiene datos en bruto de las aportaciones que las distintas administraciones competentes han puesto a disposición de la conferencia sectorial.
Lo que se pedía hace año y pico en relación con este tema eran conclusiones, no datos en bruto. No quisiéramos que de las prisas y de las urgencias de esta resolución, que previsiblemente adoptaremos en el día de hoy, se solucionara el tema, poniendo a disposición de los grupos parlamentarios datos en bruto de difícil acceso y de difícil elaboración por parte de los distintos analistas que puedan bucear y profundizar en esta cuestión. De lo que se trataba en origen era de presentar los datos por una parte, pero también la situación del sistema escolar, los objetivos para culminar el proceso de aplicación de la Logse en el año 2002 y los criterios necesarios para andar ese camino de financiación, a fin de cubrir los objetivos previstos y, en definitiva, cuál es el actual sistema de financiación en las distintas comunidades autónomas y cuáles son las carencias, los déficit y los caminos que habría que andar para llegar a este asunto. Por ello, entendemos la postura del Grupo Socialista, en orden a instar al Gobierno a que remita de inmediato a esta Cámara las

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conclusiones del estudio. Además de manifestar nuestra voluntad de recibir con celeridad este informe, quisiéramos subrayar, a efectos de los debates posteriores que se produzcan en este Pleno, que de lo que se trata es de que la conferencia sectorial de educación elabore esos datos, los analice, los compare con las previsiones recogidas en la memoria económica de la Logse y en definitiva elabore unas conclusiones.
Yo no sé, señor presidente, si la conferencia sectorial de educación está en condiciones de realizar eso de inmediato. Parece razonable que esta Cámara, ante el incumplimiento de plazos sobre decisiones adoptadas en ella, urja a que esa remisión se haga así. Lo que sí quisiera indicar es que lo que hay que remitir de inmediato son las conclusiones y no los datos en bruto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Esta es una proposición de contenido conocido, es como aquella canción cansina, de letra y música familiar, pero políticamente es una demanda recidiva de la Cámara y un mandato incumplido del Gobierno. Hemos conocido esta instancia en forma de moción, de interpelación, de resolución, de proposición no de ley, e incluso, señoras y señores diputados, en forma de rueda de prensa. Es obvio que la educación puede o no ocupar un lugar esencial en un programa de Gobierno y que si ello ayer y hoy hubiera sido prioritario, más allá del discurso, se hubieran hallado ayer o se hallarían hoy estrategias para acrecentar el gasto público consagrado a la educación, de tal manera que se pudiera aplicar en su extensión el nuevo sistema educativo.
Apoyamos la proposición no de ley porque es el recordatorio al Gobierno de que debe dar respuesta inmediata a las reiteradas y unánimes instancias de esta Cámara. Y la apoyamos porque en ella hay también el eco de las demandas de mi Gobierno y de mi grupo a gobiernos y grupo mayoritario anteriores y porque retiene la letra incluso de resoluciones de mi grupo dirigidas al actual Gobierno.
Pero confesamos también que hoy sentimos una cierta desazón porque de manera obligada, una vez más, estamos favoreciendo el discurso económico y no el educativo. Y temo que, pese a la importancia de los recursos materiales, podría parecer que, perdido u olvidado el discurso, hablamos más de economía, quizás para hablar menos de educación.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Gracias, señor presidente.


Estamos ante una iniciativa obligada, pero de carácter redundante desde el punto de vista parlamentario y político. El comportamiento deficitario que tiene paralizadas amplias franjas de la educación obliga a que el monotema de la financiación sea hilo conductor de cualquier objetivo básico. Hay una quiebra de las cláusulas de garantías para la implantación y el desarrollo de una ley que, aunque no tiene la paternidad del actual Gobierno, hoy es la ley de todos. Y no se puede estar permanentemente bordeándola o secándola por razones de diferente sesgo y que acaban teniendo el color del dinero. Es francamente incomprensible extorsionar una reforma educativa por la vía de la asfixia económica, es poco noble. Sería recomendable un replanteamiento a fondo de las inyecciones financieras, para poder impartir a todos y a todas una enseñanza de calidad.
No parece que la declaración conjunta en favor de la educación haya sido una espoleta para dinamizar los vectores planos que en algunas zonas y franjas educativas están apareciendo. La declaración, señoría, es de una inquietante ambigüedad. Por ejemplo, su referencia a la comprensibilidad de la ESO, conceptualidad recogida en la legislación vigente y que se refirma -insisto, refirma; no reafirma- con la derecha social y su asunción del decreto de admisión de alumnos, rechazo manifestado a esta oferta por la mayoría de la comunidad educativa. Pero lo más grave, señorías, son los apartados referidos a la financiación de la enseñanza donde se incorpora el derecho de la enseñanza privada a recibir fondos públicos a través de los conciertos educativos; a continuación, se da luz a los conciertos educativos de 14 a 16 años y de 3 a 6. De la misma forma se sientan las bases para el incremento de los módulos económicos a los centros concertados. Igualmente, señorías, se plantean serias dudas acerca de la viabilidad para incrementar el gasto educativo sin la previa promulgación de una ley de financiación. Efectivamente, desde la aprobación de la Logse, la experiencia demuestra un sistemático incumplimiento de la memoria económica que acompañaba a la misma. El incremento de los Presupuestos Generales del Estado en educación, en sí mismo, señorías -insisto, en sí mismo-, no garantiza una mejora de la enseñanza pública y en ese sentido puede ser un pórtico y dar vía libre a la financiación de la enseñanza privada, si no se explicita, por lo que referenciarse en dicha declaración puede poner en peligro la esencia misma de la escuela pública.
Señorías, creo que es bueno constatar la realidad y reconocer que este Ministerio de Educación va a contracorriente de sus homólogos en otros países, sobre todo en el carácter más netamente social. España destina proporcionalmente un 9 por ciento menos a la enseñanza pública y un 6 por ciento más a la privada que sus socios de los países más desarrollados, lo que aparece como un síntoma de la concepción mercantilista y

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privatizadora del Gobierno del Partido Popular, que no está dispuesto a la incorporación -al menos así lo viene manifestando- de mecanismos correctores para poder acceder a una enseñanza financiada, con disponibilidad de recursos que garanticen su calidad.
La singularidad de los Presupuestos Generales del Estado en el marco de 1999 identifica la perversidad de las cifras, al informar que la subida atraviesa el 6 por ciento; y no identifica su distribución. En este marco distorsionado de las reformas educativas aparecen además las profundas diferencias regionales, ignoradas en un momento clave como el actual, en el que se está procediendo a la vez a traspasar las competencias en educación y a implantar nuevas enseñanzas que requieren un mayor esfuerzo de planificación y financiación, que no todas las administraciones están haciendo, por lo cual la implantación de la Logse la están convirtiendo en una fuente de discriminación en el acceso a la educación, en función de la comunidad autónoma en que se viva, incrementando las diferencias educativas ya existentes.
Voy concluyendo, señorías. Es necesario que las fuerzas sociales, las comunidades autónomas, el conjunto de los agentes y esta Cámara -insisto, esta Cámara- adquieran un compromiso mayoritario, unitario y firme, de exigir al Gobierno, sin concesiones, una ley relativa a la financiación necesaria para la implantación y desarrollo de la Logse. No hay posibilidades de aplicar medidas si no están presupuestadas y, como les he dicho en distintas ocasiones, lo que no figura en la contabilidad no existe. Sean ustedes equitativos, pero sobre todo sean coherentes y apliquen medidas de discriminación positiva escolar que nos permitan converger en la Europa social con un pueblo más culto y más atendido.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Amador.


La señora AMADOR GUILLÉN: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta hoy una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno la remisión a esta Cámara de un plan de financiación y de aplicación de la Logse por comunidades autónomas para los próximos cinco años.
Todos tenemos realmente el máximo interés en mejorar el sistema educativo, en hacer una política educativa que sirva a los intereses de la sociedad española, a lo que nos demanda, y a la modernización de la misma. Y en ese máximo interés también están trabajando el Gobierno y el Partido Popular. Por eso, señoras y señores diputados, quiero, en primer lugar, hacer alguna observación en relación con el presupuesto de educación. En términos reales, este presupuesto es el que aumenta de forma más importante en los últimos años, desde 1992.
Con una inflación del 1,8 por ciento, este presupuesto va a aumentar de forma real el 4,7 por ciento. Esto demuestra el extraordinario esfuerzo de este Gobierno en favor de la educación, situándonos un punto por encima del crecimiento del PIB nominal y convergiendo con los países más avanzados en materia de gasto educativo.
Además, como muy bien saben SS.SS., la situación de saneamiento financiero en que nos encontramos actualmente nos permite afirmar sin dudas que este presupuesto posibilita que, de forma sostenida, los presupuestos de los próximos años tengan un crecimiento similar, lo que nos dará un margen de maniobra para garantizar una Logse de calidad, coincidiendo con una bajada importante del número de alumnos. Por ello, señorías, no estamos ante riesgos ni ante incertidumbres como lo estuvimos en los años de aplicación de la reforma, a partir del año 1992. Este crecimiento presupuestario y el enorme esfuerzo inversor que ha hecho en dos años escasos este Gobierno, no sólo en infraestructuras sino también en ordenación e innovación educativa, garantizan la implantación de una Logse de calidad. En segundo lugar, las comunidades autónomas con competencia plena tienen sus propios mecanismos de financiación para poder avanzar en materia educativa, no pudiendo ni imponerles ni exigirles las prioridades en las que deben gastar su dinero. Existe, además, como muy bien saben, una comisión de política financiera fiscal. Con respecto a las comunidades autónomas que acceden a los traspasos, el Estado garantiza como mínimo un crecimiento del PIB nominal más la participación que les corresponde, con lo que se encuentran también en disposición de atender una aplicación de la Logse con garantías.
En otro orden de cosas, efectivamente, señorías, se debe hacer una nueva memoria económica de aquí al año 2002, en la que se pueda cumplir la fase final de implantación de la reforma educativa, y se debe hacer de manera ordenada, con recursos suficientes y adoptando las auténticas prioridades que necesita en estos momentos nuestro sistema educativo. A tal fin, se está realizando un estudio conjuntamente entre el Ministerio de Educación y Cultura y las comunidades autónomas. Este estudio, al que se refiere la mencionada proposición no de ley que hoy debatimos, fue acordado por la conferencia sectorial, como muy bien han dicho anteriormente SS.SS., en la sesión celebrada el 8 de julio de 1997. Con tal motivo han tenido lugar, desde septiembre del pasado año hasta la fecha, diez reuniones entre los representantes del Ministerio y de las administraciones educativas de las comunidades autónomas que ustedes ya conocen, de las que no haré referencia por ser más breve en mi intervención. Una vez terminado el mencionado estudio, se podrá entender que esta proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Socialista queda atendida en la mayoría de sus extremos. Saben SS.SS.
muy bien que si este estudio ha sufrido algún retraso, como decía la portavoz del Grupo Socialista, no ha sido debido a incumplimientos del Gobierno. Ha sido por algún incumplimiento de

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alguna de las comunidades autónomas a las que antes me he referido.
Quisiera destacar también el consenso que se alcanzó por todos los grupos políticos en el Pleno del Senado en torno a una moción que presentó el propio Grupo Socialista y que fue debatida el 6 de mayo de 1997. En aquella moción se instaba al Gobierno a impulsar el traspaso de los medios y servicios educativos y se alcanzó un acuerdo para garantizar los fondos necesarios, tanto en inversiones como en gasto corriente, para la efectiva puesta en marcha y pleno desarrollo de las medidas contempladas en la Logse. Se aseguraba, además, la prestación de los servicios básicos en todo el territorio, con niveles análogos de calidad. Como consecuencia de ello, se presentó en el mismo Pleno una enmienda transaccional que apoyaron todos los grupos parlamentarios y en la que se introdujo un párrafo del siguiente tenor: Asimismo se insta al Gobierno a que, culminado el proceso de transferencias educativas, presente a la Comisión de Educación y Cultura del Senado un informe sobre el desarrollo y aplicación de la financiación de la Logse en todo el Estado.
Señorías, parece que lo anterior pone en cuestión la necesidad de que hoy aceptásemos esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, que, animada de propósitos semejantes, tiene la salvedad de que la moción mencionada se refería a un acuerdo entre Gobierno y comunidades afectadas por los traspasos y la proposición que hoy se presenta más bien parece exigir un acuerdo unilateral del Gobierno.
No obstante, y aunque parece más racional la fórmula empleada en la moción que se aprobó en el Senado, consistente en requerir del Gobierno un informe que evalúe los resultados del proceso de implantación de la Logse en todo el Estado y que constituía, sin duda, un buen punto de partida fiable, desde el que se podían corregir, tras la necesaria negociación, las posibles disfunciones detectadas en la financiación de las competencias, apoyaremos la autoenmienda que presenta el Grupo Socialista.
Quisiera destacar ahora algunas discrepancias que existen entre la iniciativa que presenta hoy el Grupo Socialista y la que presentó y votó favorablemente en el Senado; también algunas diferencias que existen entre las distintas opiniones del propio Grupo Socialista, a juzgar por algunas de las declaraciones efectuadas recientemente, el 29 de noviembre de 1998, por el señor Rubalcaba, en Valencia, y que aparecen en distintos diarios de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Afirma que no es necesaria una ley de financiación de la Logse, pues, de ganar las elecciones generales el PSOE -algo, por cierto, en estos momentos muy poco probable-, no la aprobarían. Otro diario también dice que el señor Rubalcaba tacha de brindis al sol el sistema de financiación de la enseñanza de Romero. Por otro lado, el señor Rubalcaba, contradiciéndose también con los planteamientos de esta proposición, mantiene que lo importante son los presupuestos que se aprueban cada año y no las leyes de financiación.
De todas maneras, el Grupo Parlamentario Popular, como ya he dicho antes, votará favorablemente la enmienda presentada en la mañana de hoy por el Grupo Socialista, congratulándonos, señoras y señores diputados, de que este Grupo Socialista haya reflexionado, se haya enmendado y se haya autocorregido. En estos momentos, el Gobierno, puesto que no ha cometido, como decía anteriormente, ningún incumplimiento, estará en disposición con toda brevedad de presentar el estudio mencionado en esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Amador.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. (Pausa.) Les ruego que ocupen sus escaños.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia doméstica, en los términos resultantes de la aceptación de enmiendas por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma de la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 286.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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