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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 205, de 17/12/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 205

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 199

celebrada el jueves, 17 de diciembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. (Número de expediente 130/000057)«BOE» núm. 285, de 28 de noviembre de 1998 . . . (Página 110783 )

- Real Decreto-ley 16/1998, de 4 de diciembre, por el que se financia el Acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 130/000058) «BOE» núm.
293, de 8 de diciembre de 1998 . . . (Página 11088)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 109-1, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente 121/000107). . . . (Página 11093)

- Proyecto de Ley reguladora de las entidades capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 115-1, de 19 de mayo de 1998 (número de expediente 121/000114) . . . (Página 11097)

Página 11074


- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en material de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 218-4, de 1 de diciembre de 1998 (número de expediente 122/ 000191) . . . (Página 11100)

- Proposición de Ley relativa a declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 11-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000010)... (Página 11104)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 89-1, de 17 de octubre de 1997 (número de expediente 121/000087) . . .
(Página 11107)

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 196.505.344 pesetas, para el pago de indemnizaciones, establecidas en la Sentencia firme dictada en el recurso Contencioso- Administrativo número 5/234/1996, a favor de Médicos Especialistas en Estomatología. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 126- 1, de 7 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000125) . . .
(Página 11114)

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.498.900.000 pesetas, en la Sección 33, «Fondo de Compensación Interterritorial», para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1992, a favor de la Generalidad Valenciana, relativa al Fondo de Compensación Interterritorial de 1989. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 127-1, de 7 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000127).
. . . (Página 11114)

- Proyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 150.803.739 pesetas, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1995, relativa al pago de indemnizaciones derivadas de inundaciones ocurridas en la provincia de Cáceres. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 141-1, de 2 de octubre de 1998 (número de expediente 121/000140) . . . (Página 11114)

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 129-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000129) . . . (Página 11115)

- Proyecto de Ley de modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 130-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000130) . . . (Página 11115)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 131-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000131). . . . (Página 11115)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 132-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000132) . . . (Página 11115)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 133-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000133) . . . (Página 11115)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 136-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000136) . . . (Página 11115)

Debates de totalidad de Convenios Internacionales:

- Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 256, de 3 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/000214) . . . (Página 11123)

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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 11078)

Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad . . . (Página 11078)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra), quien manifiesta, en primer lugar, que el Gobierno continúa con su política de adoptar todas aquellas decisiones que tengan, en opinión del propio Gobierno, relación directa con la creación de empleo, en particular con el fomento de empleo estable. A continuación resalta el hecho de que haya sido el Congreso de los Diputados quien haya instado al Gobierno a llevar a cabo la regulación del tiempo parcial, con iniciativas de diversos grupos parlamentarios presentadas en el debate del Estado de la Nación, por lo que, a partir del mes de junio, se inició un diálogo permanente con las organizaciones empresariales y sindicales. Por otra parte, el Gobierno tenía la obligación de incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva 97/81, que incorpora el acuerdo marco europeo que en su día fue suscrito por Unice, la CES y también por la CEP. Añade que somos el primer país de la Unión Europea que incorpora esa directiva a su ordenamiento jurídico. Destaca este hecho porque viene a poner demanifiesto que en España todo lo que se está llevando a cabo en relación con los contratos a tiempo parcial estable procede del consenso previo establecido entre las organizaciones sindicales y los empleadores en el ámbito europeo, y pasa a explicar los beneficios profesionales y familiares que reporta a los trabajadores el contrato a tiempo parcial estable. A continuación explica el contenido del Real Decreto-ley y las novedades que en él se recogen, como el límite para el contrato a tiempo parcial en relación a la jornada a tiempo completo en el 77 por ciento -con la innovación de las horas complementarias-, la configuración del contrato de relevo y el régimen jurídico de los contratos actualmente en vigor a través de la disposición transitoria primera. Después de explicar la filosofía, los motivos y la justificación del Gobierno para desarrollar este Real Decreto-ley y traerlo a la Cámara para su convalidación, anuncia que estarán siempre abiertos a que, en cualquier momento, se pueda asumir y discutir por la Cámara un acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales que plantee alguna modificación sobre el contrato a tiempo parcial.


En turno en contra interviene el señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de IzquierdaUnida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Griñán Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En un turno de aclaración intervienen los señores Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Real Decreto-ley 16/1998, de 4 de diciembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco . . . (Página 11088)

El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra), siguiendo las recomendaciones de la Presidencia en relación con la brevedad y concisión de las intervenciones, manifiesta simplemente que las razones de urgencia de ejecución vinculadas a la ejecución del presupuesto son las que han avalado al Gobierno para tramitar como decreto- ley la financiación del acuerdo de formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco y traerlo hoy a la Cámara para su convalidación.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazabal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Cortajarena Iturrioz, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 15/1998, sobre mejora del mercadode trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial,

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se convalida por 166 votos a favor, 13 en contra y 132 abstenciones.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 147 votos a favor, 164 en contra y una abstención.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 16/1998, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se convalida por 183 votos a favor y 130 abstenciones.


Enmiendas del Senado . . . (Página 11093)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común . . . (Página 11093)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley reguladora de las entidades capital-riesgo y de sus sociedades gestoras . . . (Página 11097)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves . . . (Página 11100)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Gago López, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Cava de Llano i Carrió, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley relativa a la declaración de Parque Nacional de Sierra Nevada. . . . (Página 11104)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Fernández de Capel Baños.


A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a los distintos proyectos y proposiciones de ley.


El señor presidente solicita a los miembros del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que retiren los carteles que exhiben con el siguiente texto: «50 aniversario de los derechos humanos. Estados Unidos bombardea al pueblo de Irak».


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 11107)

Proyecto de ley orgánica de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre . . . (Página 11107)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano i Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en elCongreso.


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Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 196.505.344 pesetas, para el pago de indemnizaciones, establecidas en lasentencia firme dictada en el recurso contencioso- administrativo número 5/234/1996, a favor de médicos especialistas en estomatología.
. . . (Página 11114)

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.498900.000 pesetas, en la sección 33, «Fondo de Compensación Interterritorial», para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1992, a favor de la Generalidad Valenciana, relativa al Fondo de Compensación Interterritorial de 1989 . . . (Página 11114)

Proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 150.803.739 pesetas, para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1995, relativa al pago de indemnizaciones derivadas de inundaciones ocurridas en la provincia de Cáceres . . . (Página 11114)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Arnau Navarro, del Grupo Socialista del Congreso, y Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el congreso.


Proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. . . .
(Página 11115)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas . . .
(Página 11115)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. . . .
(Página 11115)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general . . (Página 11115)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional . . . (Página 11115)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación ... (Página 11115)

Intervienen en el debate los señores Rodríguez Sánchez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Rodríguez Bolaños, del Grupo Socialista del Congreso, y LópezMedel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Fuera de turno interviene el señor Mardones Sevilla, para fijar su posición.


Debates de totalidad de convenios internacionales . . . (Página 11123)

Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, hecha en Viena el 5 deseptiembre de 1997. . . . (Página 11123)

En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene la señora Urán González.


A continuación se procede a las votaciones correspondientes a los dictámenes de las comisiones sobre diversas iniciativas legislativas, incluidas las votaciones de conjunto de aquéllas que tienen carácterde orgánicas.


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Finalmente se procede a la votación de las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997, que se rechazan por 15 votos a favor, 304 en contra y una abstención.


Se suspende la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


VI. CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 15/1998, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y EL FOMENTO DE SU ESTABILIDAD. (Número de expediente 130/000057.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños. Vamos a reanudar la sesión.
Se reanuda la sesión con el punto VI del orden del día: Debate sobre convalidación o derogación de dos reales decretos-leyes: el que hace el número 15 de 1998, de fecha 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, y el número 16 del presente año, de fecha 4 de diciembre, por el que se financia el Acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Javier Arenas Bocanegra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, como indicaba a la Presidencia, tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno, para su posible convalidación en la Cámara, el Real Decreto-ley, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad.
Quiero empezar diciendo en esta intervención que el Gobierno continúa con su política de adoptar todas aquellas decisiones que tengan, en opinión del propio Gobierno, relación directa con la creación de empleo, pero de manera muy particular la que tenga relación directa con la creación de empleo y el fomento de empleo estable. Todavía la estabilidad en el empleo sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro mercado de trabajo, sin perjuicio de que se haya detenido la tendencia de incremento de la temporalidad que se ha producido en los últimos años. La detención de esa tendencia se debe, señorías, al acuerdo que en su día firmaron los sindicatos y empresarios, en mayo de 1997, de fomento del empleo estable, que ha conseguido, como saben, a estas alturas que más de un millón de contratos indefinidos hayan sido suscritos al amparo de la nueva normativa que tuvo un amplio respaldo en la Cámara. En este caso no solamente se trataba de fomentar el empleo estable, sino de dar respuesta también, con una nueva regulación, a una modalidad en el desempeño de las actividades laborales, que es la referida al tiempo parcial, que también creíamos que era una asignatura pendiente en lo que significa nuestro mercado de trabajo.
En esa dirección, señorías, quiero señalar que la nueva regulación del contrato a tiempo parcial ha formado, desde el primer momento, parte del programa del Gobierno, y también ha constituido una parte fundamental de lo que significaba el plan de empleo presentado ante la Unión Europea para 1998. Quiero decir también con mucha satisfacción que la Cámara, el Congreso de los Diputados, ha instado al Gobierno a que lleve a cabo la regulación del tiempo parcial, con iniciativas de diversos grupos parlamentarios presentadas en el debate del estado de la Nación, entre los que quiero mencionar el Grupo Vasco, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo de Coalición Canaria, de manera singular el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en una moción específica en la que instaba al Gobierno a que a la mayor brevedad trajera a la Cámara una nueva regulación del contrato a tiempo a parcial y también una respuesta a lo que significaba la protección social de este tipo de contratos.
Pues bien, a partir del mes de junio se inician conversaciones, un diálogo permanente, con las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Les puedo hablar a SS.SS. de más de 200 horas de diálogo, unas ciento y pico horas con las organizaciones sindicales, más o menos tiempo con las organizaciones empresariales que, como conocen SS.SS., terminó con un acuerdo con las organizaciones sindicales, si bien en este punto quiero señalar que en la aportación que supone este Decreto-ley y los contenidos del mismo, hay ideas que fueron asumidas por parte del Ministerio de Trabajo en relación a las propuestas que fueron haciendo las distintas organizaciones empresariales. En este caso, me gustaría destacar todo lo que se refiere a las horas complementarias y también la especial insistencia, por parte de las organizaciones empresariales, de lo que significa la nueva regulación y las nuevas modificaciones que se producen en torno al contrato de relevo.
Al Gobierno le hubiera gustado, cómo no, que este acuerdo hubiera sido suscrito tanto por las organizaciones sindicales como por las organizaciones empresariales

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pero, señorías, nos queda la tranquilidad de pensar que siempre, en el necesario fomento de la negociación colectiva que cada vez debe tener mayor peso en lo que significa nuestro mercado de trabajo, tanto las organizaciones sindicales como las organizaciones empresariales tienen la oportunidad de mejorar el contrato a tiempo parcial estable y desde luego el Gobierno expresa su deseo de que en 1999, que será un año importantísimo en la negociación colectiva, el contrato a tiempo parcial estable -ojalá sea así- se convierta en uno de los ejes de esa negociación colectiva.
Por otra parte, señorías, teníamos la obligación -en este caso gustosa- de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico también la Directiva 97/81 que, como saben, incorpora el acuerdo marco europeo que en su día fue suscrito, el 6 de junio de 1997, por Unice, por la CES y también por CEEP. En este momento somos el primer país de la Unión Europea que incorpora esa Directiva a su ordenamiento jurídico.
Es importante señalar esta cuestión porque creo que mucho de lo que estamos haciendo en este momento en España en relación a los contratos a tiempo parcial estable procede del consenso previo establecido entre las organizaciones sindicales y los empleadores en el ámbito europeo. Además, creemos que el tiempo parcial estable es una auténtica necesidad de nuestro mercado de trabajo; es una auténtica necesidad en lo que significa la posible conciliación de la vida profesional y la vida familiar y también porque el contrato a tiempo parcial estable es prácticamente inédito en el mercado de trabajo en España. Según los datos oficiales, el contrato a tiempo parcial en España tiene una escasa incidencia -en torno al 8 por ciento del conjunto de los contratos-, mientras que en la Unión Europea está por encima del 16 por ciento y saben SS.SS. que en la Unión Europea hay países que están muy cerca del 30 por ciento en lo que es la utilización del tiempo parcial e incluso alguno está cercano al 40 por ciento. Además, hay un dato especialmente significativo para mí y es que, en España, más del 80 por ciento del conjunto de la contratación a tiempo parcial es a tiempo parcial temporal; sin embargo, en la Unión Europea más del 80 por ciento de los contratos a tiempo parcial están vinculados a la estabilidad, son contratos a tiempo parcial estables.
Por tanto, creemos que con la tramitación de este Decreto-ley, con el acuerdo que se ha producido con los sindicatos, nos estamos dotando de una medida efectiva de lucha contra el desempleo, de conciliación de la vida profesional y familiar y, en definitiva, mejorando las oportunidades en torno al empleo y la calidad de este empleo. En conjunto, este es un Real Decretoley que ha recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, que ha recibido también el dictamen favorable del Consejo de Estado y que ha sido sometido al trabajo de un grupo de expertos constituido dentro del Ministerio de Trabajo para que supervisaran su redacción. También he tenido el honor de someterlo a consulta de los distintos grupos parlamentarios -con poco tiempo, eso es cierto- antes de que fuera aprobado en el propio Consejo de Ministros y algunas de las observaciones que se han hecho por parte de los grupos parlamentarios han sido tenidas en cuenta en lo que ha sido la redacción final del Decreto- ley.
En mi opinión, en su contenido y con las modificaciones hechas, bien podría resumirse como un contrato a tiempo parcial que mezcla lo que significa la necesaria flexibilidad con la introducción de las horas complementarias, si bien es cierto que se prohiben las horas extraordinarias a partir de la nueva regulación; que esa flexibilidad se ve combinada con la aportación que supone la posible consolidación de las horas complementarias, añadiendo un importante incremento de estabilidad a este tipo de contrato. Finalmente, se produce también una nueva regulación de la protección social del tiempo parcial, lo que convierte a ésta en una figura atractiva para los empresarios y para los trabajadores. Insisto -lo he dicho anteriormente- en que nos gustaría que se hubiera producido el acuerdo pleno por parte de los empresarios, pero tenemos confianza en que esa incorporación se pueda producir a través de la negociación colectiva.
Las novedades ya las conocen sus señorías. Se establece y se define un límite para el contrato a tiempo parcial en relación a la jornada a tiempo completo, que se sitúa en el 77 por ciento. Como he dicho anteriormente, este contrato se formalizará a través de un modelo que se establecerá al efecto. Ya existe publicado por el Instituto Nacional de Empleo un modelo de contrato a tiempo parcial que, en su caso, podrá tener algunas correcciones. Se prohibe la realización de horas extraordinarias y se introduce la gran innovación de las horas complementarias a las que me refería anteriormente. Se clarifica lo que significa la figura de los fijos discontinuos y se consolidan determinados porcentajes vinculados en el tiempo de horas complementarias, incorporándose al contrato fundamental. Existe una nueva configuración del contrato de relevo; ahí he dicho que las organizaciones empresariales hicieron especial hincapié. Además, la protección social nos plantea realmente una accesibilidad real de los que trabajen a tiempo parcial en lo que significa el futuro de su protección social. Y al final también se establece en el Real Decreto-ley, como es lógico, un régimen jurídico de los contratos actualmente en vigor a través de la correspondiente disposición transitoria primera.
Señorías, estos son la filosofía, los motivos y la justificación que ha tenido el Gobierno para desarrollar este Real Decreto-ley y para traerlo a convalidación de esta Cámara, si bien he de advertir que vamos a estar siempre absolutamente abiertos a que en cualquier momento un acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales que plantee alguna modificación sobre el contrato a tiempo parcial pueda ser conocido, asumido y discutido en la Cámara. Pero creemos que el avance que se produce es importante, que el contrato responde a una auténtica y real demanda en nuestro mercado de trabajo, que va a ser muy positivo a la hora de conciliarla vida profesional con la vida familiar y que,

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como he dicho anteriormente, la mezcla positiva de flexibilidad, estabilidad y protección social lo convierten, en opinión del Gobierno, en un contrato atractivo para los empresarios y también para los trabajadores. Hay que mostrar también especial satisfacción porque en este caso el diálogo social, que en sí ya es positivo, porque de cualquier diálogo se extrae siempre alguna idea positiva, en este caso también haya sido fructífero y haya permitido un importante acuerdo con las organizaciones sindicales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea consumir el turno en contra? (Pausa.) El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Para ello, tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.


Hay una cosa en la que estamos de acuerdo, señor ministro de Trabajo, y es que el diálogo en sí es positivo siempre. Pero, fuera de esta afirmación, ciertamente todo lo que resta es desacuerdo.
Este Real decreto, para el que ya pedimos de salida el trámite como proyecto de ley, es un acuerdo en el que los sindicatos han hecho el máximo esfuerzo, sobre todo el de renunciar a la estrategia de confrontación y denuncia de las políticas neoliberales que este Gobierno está llevando a cabo. Y hay que reconocer también de salida que en general el acuerdo contiene mejoras de la figura del contrato a tiempo parcial, sin duda alguna, porque era difícil en cualquier caso empeorar la situación que nos había deparado la reforma de 1994.
De ese subsuelo, que no era un suelo, ciertamente, lo único que podía hacerse era elevarse, subir, mejorar, y eso es lo que hace el Real Decreto-ley pero, en cualquier caso, esas mejoras siguen manteniendo la estructura de un contrato que, más allá de lo que pueda parecer -y esta es la primera razón por la que nos oponemos-, más allá de que se pueda presentar como el mejor de los contratos posibles, en plena línea leibnitziana de pensamiento, diciendo que es para quienes no quieren trabajar toda la jornada, para quienes quieren estudiar o para facilitar el cuidado de los hijos, como si, efectivamente, fuera algo positivo, voluntario, sin embargo este contrato, que presentan como una panacea, como algo muy positivo, es un contrato para trabajadores y para un empleo de segunda categoría. Implica este trabajo menos salario, menor dedicación a la empresa y, por lo tanto, menor capacidad o posibilidades de promoción profesional y, en último término, también menor cualificación, menor formación profesional, es decir, un puesto para el trabajador relegado del conjunto de los trabajadores de la empresa, un puesto de segunda categoría. La prueba de ello es que es en el sector servicios donde se da fundamentalmente el contrato a tiempo parcial. ¿De qué bondad estamos hablando? En segundo lugar, ese tope del 77 por ciento de la jornada es excesivamente elevado para que no se confunda con la jornada completa y, en último término, no llega a los dos tercios que teníamos antes de la reforma de 1994.
En tercer lugar, la consolidación de las horas complementarias se retrasa dos o cuatro años, lo cual es excesivo, desde nuestro punto de vista, si queremos que realmente se haga efectivo para el conjunto de los trabajadores a tiempo parcial.
En cuarto lugar, las garantías de voluntariedad. Cuando ustedes hablan de voluntariedad lo hacen para que no se conviertan los contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial. De acuerdo. En cualquier caso, ¿qué garantías se pueden dar si el aparato administrativo laboral, si la inspección de Trabajo es tan exigua como la que existe hoy en el Estado español? ¿De qué voluntariedad estamos hablando? ¿Cómo se puede hablar de voluntariedad cuando existen tres millones de parados, cuando existen tres millones y medio de trabajadores con empleo precario? En estas condiciones del mercado de trabajo, ¿los parados van a tener realmente la voluntariedad de asumir este contrato, o van a ser más bien forzados por las circunstancias a tener que coger lo que les depara el mercado de trabajo, lo que se les brinda en último término? Este es un contrato forzoso a tiempo parcial, no es un contrato voluntario a tiempo parcial.
En quinto lugar, no existen más garantías de estabilidad que las subvenciones; por cierto, para continuar con la anterior experiencia del contrato - entre comillas- indefinido ha sido necesario prorrogar la ley de acompañamiento de los presupuestos de este año porque los empresarios, sin esas subvenciones, no se acogerían a las bondades de estos contratos. Más dinero, por tanto, para los empresarios para incentivar medios contratos, contratos de segunda categoría.
En sexto lugar, no es forzoso de forma igual para todos. Es forzoso en general, pero no de forma igual para todos, porque se va a destinar fundamentalmente a los colectivos más débiles en el mercado de trabajo de esta sociedad: las mujeres y los jóvenes. Se va a ampliar la feminización del contrato a tiempo parcial que ya existe hoy en día. Esa compatibilización de las responsabilidades familiares y profesionales entre el hombre y la mujer es la visión idílica que no tiene en cuenta para nada la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Patriarcal, por cierto, no tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con la sociología. Y, ciertamente, no es sólo un cambio de cultura o de mentalidad de los hombres la que tiene que haber, es un cambio de estructuras sociales; el mercado de trabajo es una estructura social y si hay posibilidades de que se destine un tipo de contrato de trabajo como éste a tiempo parcial a la mujer, será ahí donde se reproduzca y se incremente la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Estamos hablando, sin duda alguna, de facilitar el papel de segunda categoría de la mujer en esta estructura ya patriarcal del Estado español.


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En séptimo lugar, continúa la discriminación en las prestaciones sociales. Efectivamente, se produce un avance, una mejora, pero ustedes han desechado la fórmula que había antes de la reforma de 1994. ¿Por qué? El secretario de Estado para la Seguridad Social nos aporta dos razones. En primer lugar, la facilidad de la gestión. No lo entendemos, no entendemos por qué para facilitar la gestión de la Seguridad Social se puede seguir discriminando a los trabajadores. En segundo lugar, se plantea que así se pueden evitar la picaresca y el fraude. Por tanto, no hay que hablar de una aplicación del principio de contributividad. No. Aquí se rompe el Pacto de Toledo; el principio de contributividad no existe porque ahora ya no serán necesarios 30 años para cumplimentar los 15 sino que serán necesarios 20, más o menos, pero, en último término, sigue existiendo esa diferencia. Esa diferencia, ¿para qué? Para evitar la picaresca.
Pagan justos por pecadores y, sin duda alguna, sigue existiendo esa discriminación. A pesar de la mejora, no se hace definitivamente del todo.
En octavo lugar, las incentivaciones se van a hacer de nuevo a costa del Inem. Ahora, en el trámite de los presupuestos, estamos legalizando la situación. Efectivamente, se está legalizando pero no arreglando la situación. Siguen castigando las prestaciones del Inem y, a costa de ello, siguen planteando este tipo de incentivaciones que serán sine die si no se quiere retroceder; retroceso que ya se estaba contemplando en la aplicación de los contratos indefinidos.
En definitiva, como los Mandamientos de la ley de Dios, nuestras razones se resumen en una, señorías, y es que la fórmula del contrato a tiempo parcial como método de creación de empleo de este Gobierno es un sucedáneo de lo que tendrían ustedes que hacer -aparte de todas las políticas activas, que pueden tener su virtualidad y son necesarias y convenientes, ciertamente bien aplicadas y reconvertidas en sus objetivos y en sus cuantías-, que es ir reduciendo el tiempo de trabajo de forma generalizada: la ley de las 35 horas. El contrato a tiempo parcial es el sucedáneo de la ley de 35 horas que ustedes se niegan a hacer. Ustedes tienen su modelo de reparto del trabajo; es un modelo de derechas, es un modelo neoliberal. (El señor Arenas Bocanegra: Es de centro.) Sí, de derechas, no de centro, señor ministro, porque es un modelo desigualitario, insolidario o que, en último término, retrotrae la solidaridad hacia la clase, es decir, entre unos trabajadores y otros. Esa es la solidaridad que ustedes pretenden: pagar con el dinero del Inem la posibilidad de que haya trabajadores que, por un lado, tienen contratos completos, con horas extraordinarias, con destajos, con pluriempleo, y, por otro, trabajadores -que quieren que sean muchos- a tiempo parcial. Vamos a llegar al modelo anglosajón de los worker poors, de los trabajadores con menos salario. Efectivamente, esta fórmula de reparto del trabajo que reparte el paro y el salario es insolidaria. Por eso, sin ningún tipo de maximalismo, simplemente porque pretendemos luchar contra el dogmatismo, contra el maximalismo neoliberal, es por lo que nos oponemos y vamos a seguir oponiéndonos a este tipo de sucedáneos de lo que tendría que ser la auténtica política de empleo: ir repartiendo el trabajo de forma igualitaria entre todas las trabajadoras y trabajadores de este país cada vez que se producen los incrementos de productividad y de beneficios. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero del Pozo; además, se ha ajustado al tiempo de que disponía. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, hoy discutimos la convalidación del Real Decreto-ley que hace referencia a los contratos de trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. Las disposiciones que se contienen en este real decreto-ley, como dice el señor ministro, son fruto de las negociaciones establecidas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal, que las apoyan con su firma. Conviene decir también, sin embargo, que no cuentan con el apoyo de sindicatos nacionalistas de gran importancia en el ámbito de sus respectivas comunidades autónomas, y lo digo simplemente a efectos informativos. Y tampoco parecen contar, de momento, con el apoyo, aunque seguramente por motivos totalmente diferentes, de las organizaciones empresariales.
Desde nuestro punto de vista, el empleo y la calidad de éste es uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, sociedad que se presume desarrollada y que, sin embargo, no acaba de resolver este problema tan importante. No sólo existen grandes bolsas de desempleo, sino que gran parte del empleo que se crea y al que puede acceder mucha gente es de una ínfima calidad tanto desde el punto de vista salarial como del de la estabilidad o de la protección social.
Estamos dentro del área económica europea, dentro de los llamados países desarrollados, al parecer, en una fase de crecimiento económico acelerado y, sin embargo, el desempleo y la temporalidad siguen siendo elevadísimos. En este marco, el Gobierno, cíclicamente, nos presenta iniciativas -que son, obviamente, fruto del diálogo social- para mejorar la estabilidad y la calidad del empleo. No hace mucho tiempo discutimos las medidas a tomar para el fomento de la llamada contratación indefinida, de la que el señor ministro parece hacer un balance muy positivo. Nosotros seguimos creyendo que el número de estos contratos no se incrementó dentro de las previsiones que tenía el propio Gobierno; incluso, me parece que en estos momentos se están planteando modificar los incentivos destinados a este tipo de contratación. Ahora, el Gobierno nosanuncia, a bombo y platillo, medidas para fomentar el

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empleo a tiempo parcial y la estabilidad, y lo hace presentando este tipo de contratos como algo que es necesario para dar respuesta a la demanda de la gente; es decir, sería -según el Gobierno- una forma moderna y avanzada para permitir trabajar a personas que, teniendo otras ocupaciones, desearían trabajar solamente unas horas, casi como un divertimento. En realidad, señor ministro, en las circunstancias económicas y laborales por las que atraviesa el Estado español, a este tipo de contratación se ven obligadas a recurrir aquellas personas que no pueden acceder a un contrato estable, con jornada completa y, naturalmente, también con salario completo. A este tipo de contratos, curiosamente, acceden fundamentalmente las mujeres, quienes soportan, dentro de las malas condiciones generales del mercado laboral, la peor situación, y es ahí donde parece que va destinado claramente este tipo de contratos. Cuando nos habla el señor ministro de conciliar la vida familiar y profesional, ya sabemos quiénes van a conciliar ambos tipos de vida.
Nosotros coincidimos con la opinión de quienes afirman que reformas como ésta lo que hacen en realidad es consolidar unas formas de contratación que perpetúan la discriminación; dar, cada vez más, carta de naturaleza y normalidad a lo que debía ser excepcional o restringido a un grupo de personas que, por su propio interés o sus condiciones, accediesen voluntariamente a un tipo de contratación como éste. Pero no es el caso.
Nosotros discrepamos de los contenidos concretos del real decreto- ley, que nos parece mejorable, dentro de lo farragoso de su redacción, por cierto. Por eso vamos a votar en contra de la convalidación. A nosotros nos parece que debería tramitarse como proyecto de ley, de manera que esta norma que propone el Gobierno pudiese ser enmendada, y en todo caso mejorada, aun no compartiendo -repito- la filosofía global de la contratación a tiempo parcial. Es verdad que este real decreto-ley introduce algunas mejoras en la contratación laboral de los trabajadores, sin embargo, quedan abiertas demasiadas interrogantes en este aspecto. También nos preocupan los márgenes de flexibilidad que se dejan abiertos, a pesar de que las organizaciones empresariales preferirían que fuesen aún mayores; por decirlo de algún modo, preferirían, naturalmente, que fuesen ilimitados.
En resumen, señor presidente, no estamos de acuerdo ni con la filosofía que inspiran estas disposiciones ni con alguna de sus plasmaciones concretas. Estamos convencidos de que no van a servir para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores; antes al contrario, nos parece, como decía antes, que van a ayudar a dar carta de naturaleza a fórmulas de contratación no deseables. Y digo no deseables porque estoy seguro de que, para la mayoría de los que estamos aquí, son fórmulas que no desearíamos para nosotros mismos. Por eso vamos a votar en contra de su convalidación y pedimos que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


El trabajo a tiempo parcial es, sin lugar a dudas, una realidad muy significativa en el mercado laboral de la mayor parte de los países de la Unión Europea. También en nuestro país el contrato de trabajo a tiempo parcial es hoy ya una realidad indiscutible, y además de tendencia creciente. Circunstancias todas ellas que indudablemente van relacionadas con los cambios que se están produciendo en el sistema productivo. Esta realidad ha hecho que, recientemente, el tema del contrato a tiempo parcial haya merecido la atención por parte de todas las instituciones que se mueven en el ámbito del mercado laboral europeo. Cabe destacar en este sentido que en junio de 1997, el año pasado, se produjo un acuerdo-marco europeo sobre trabajo a tiempo parcial suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales europeas. De ese acuerdo-marco europeo surge la directiva 97/81, de 15 de diciembre, a la que este real decreto-ley, entre otras cosas, intenta dar concreción en el ámbito de nuestro país.
Nuestro país requería especialmente una nueva regulación por cuanto la anterior situación, desde luego, distaba mucho de responder satisfactoriamente a los principios que entendemos deben inspirar un mercado de trabajo moderno, adecuado, satisfactorio para los intereses de los trabajadores y que sirva a la cohesión social y al progreso económico. Esta nueva regulación que hoy se nos presenta en forma de real decreto-ley, que intenta dar traslación a los acuerdos suscritos por el Gobierno con las organizaciones sindicales mayoritarias de nuestro país, Comisiones Obreras y UGT, nos merece una valoración positiva, en primer lugar, porque responde a un acuerdo con los sindicatos. Queremos aprovechar para reiterar nuestra apuesta por el modelo de diálogo y de concertación, porque tenemos plena confianza en que las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales de nuestro país saben representar adecuadamente los intereses que constitucionalmente tienen asignados.
Creemos, por otra parte, que en este real decreto-ley hay una voluntad de definición rigurosa de lo que debe ser el contrato a tiempo parcial en el conjunto de modalidades contractuales.
Finalmente, creemos que existe también un nivel de protección mejor, adecuado a una realidad que va a ser creciente en el mercado laboral, y desearíamos que efectivamente tuviera una aceptación razonada y razonable por parte de las organizaciones empresariales, a pesar de que han entendido oportuno no suscribir este acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
Por todo ello, señorías, Nueva Izquierda va a apoyar este real decreto-ley, porque estamos de acuerdo con el compromiso y el acuerdo que le sirve de base.
Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
El señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley porque entiende que responde, en primer lugar, a una necesidad imperiosa en el mercado laboral español ante las cifras de paro y de desempleo que existen. Este decreto-ley trae unas fórmulas que vienen amparadas en largos trabajos de la Comisión Europea, casi desde 1990, que se concretan en un convenio que se aprueba en la reunión de Essen, de la Comunidad Europea, y que se refleja definitivamente en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea en la Directiva 97/81, que viene a señalar el cauce para incorporarlo a la legislación positiva de cada Estado miembro de la Unión Europea.
Entendemos que tiene también a su favor el efecto valorable, positivo, de lo que está ocurriendo con este tipo de contratos en Europa. Es un contrato, como bien ha señalado en su exposición el ministro Arenas, que se está reflejando incluso en países como Holanda, que tiene un modelo muy acertado que permite el carácter de voluntariedad y no de forzoso para este tipo de trabajo. El modelo holandés permite una utilización cercana al 37 por ciento en el mercado laboral de este tipo de contratos; contratos que, englobándose en la fórmula a tiempo parcial, tienen que ser caracterizados como estables y no temporales. ¿Qué era necesario para conseguir este tipo de contratos? Que se mantuviera un equilibrio entre las exigencias de los trabajadores y las necesidades de los empresarios, y yo creo que eso se consigue sin excluir ningún otro tipo de contrato. Esto es importante decirlo, porque la fórmula nueva que se trae en este real decreto- ley es una más además de las que existen en el mercado laboral español, no sustituye a ninguna otra ni la anula ni la suplanta. El concepto de voluntariedad no esté en decir si se coge o se deja una actividad, sino que está en que un trabajador o trabajadora con contrato a tiempo total, contrato fijo, al que por necesidades domésticas, por necesidades culturales o por necesidades sociales no le sea conveniente un trabajo a tiempo total y fijo, pueda optar por un trabajo a tiempo parcial. Este es uno de los conceptos de la voluntariedad, porque lo forzoso no existe en el mercado laboral, salvo en economías dirigidas en las que se manda a un señor a trabajar como si estuviera de soldado raso en el ejército.
Ese carácter de forzoso no está amparado ni por la directiva europea ni por el acuerdo marco de empleo. Esto es necesario decirlo, porque es una oferta más.
En comunidades autónomas como la canaria, que tiene un plan integral de empleo canario fundamentado en su inicio en una formación profesional, yo pregunto ¿hay mayor despilfarro de medios económicos que formar a una persona en paro con una actividad profesional, gastarse un dinero en ella los meses que está aprendiendo un oficio y terminar ahí porque no hay una oportunidad de colocación para esta persona? Yo creo que se debe hacer una política inteligente de adscripción de medios cuando se está gastando un dinero en la formación profesional, para que haya más facilidad para acceder a un trabajo, pero el trabajo tiene una cualificación, tiene una exigencia de especialización y debemos armonizarlo perfectamente en esa línea.
Se introduce, además -y éste es otro de los factores por el que damos nuestro voto favorable a la convalidación-, en nuestro ordenamiento jurídico laboral esta figura nueva de las horas complementarias, también dentro de una voluntariedad. En el documento que suscribieron la Administración, a través del Ministerio de Trabajo español, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se ve que hubo un debate amplio y profundo sobre...


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Mardones, si me permite S.S., como lo está habiendo en este momento de un tema tan capital como el que nos ocupa. Pero, llegados a este punto, siendo las diez menos diez de la mañana y viendo lo que nos queda por delante en el orden del día, quiero anunciar que la Presidencia empezará a ejercer las potestades que le concede el Reglamento para considerar suficientemente debatida una cuestión y reducir al máximo los tiempos de las intervenciones.
De lo contrario, no se podría terminar el Pleno en hora hábil para el cumplimiento de otros deberes de SS.SS. Por tanto, le ruego concluya y, a quienes quedan por intervenir, vayan pensando en sintetizar.


Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente, anunciando que por estas razones, porqueestamos discutiendo una materia muy importante en la vida sociolaboral del país, mi grupo, consecuente y congruente con la política que sigue y en relación con la información recibida del Gobierno y la participación, como señaló el ministro Arenas, va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias por su comprensión, como siempre, señor Mardones.
Señor Caballero, del Grupo Nacionalista Vasco (EAJPNV).


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) destacamos, en primer lugar, que este real decreto- ley contiene un conjunto de elementos que tanto en el plano de su contenido regulador como en cuanto a la protección social nos merece una calificación positiva.
En efecto, esta modalidad de contrato pretende ser un instrumento en la lucha contra el desempleo porque, entre otras cosas, puede permitir que trabajadores temporales pasen a ser fijos y se produzca un cierto

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aflore de la economía sumergida. Este tipo de contratación ha merecido la aprobación de los sindicatos estatales, aunque la patronal española no lo ha suscrito.
Hay que destacar también la mejora que supone la nueva medida en cuanto a la protección social que plantea. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Vasco tenemos que resaltar que con este tipo de contratos se discrimina una vez más al mundo de las cooperativas.
Recientemente, la Confederación de Cooperativas ha vuelto a denunciar la situación de discriminación legal que sufren las mismas en materia de incentivos de empleo, lo que les impide acceder a los mismos a la hora de realizar un contrato societario. Esto se manifiesta de nuevo con el real decreto-ley del que estamos hablando esta mañana, donde una vez más hay que echar en falta el olvido en relación con la figura jurídica del socio trabajador y del socio de trabajo. El mismo Consejo Económico y Social, en su dictamen favorable al anteproyecto de este real decreto, consideraba que el nuevo marco jurídico tenía que contemplarse también para los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas.


En segundo lugar, y por otro lado, coincido en que, como ha planteado el portavoz de Izquierda Unida, este tipo de contrato puede facilitar y perpetuar la normalización de una situación discriminatoria para la mujer trabajadora, dada la situación de partida y la mentalidad que en estos términos es dominante en la sociedad española. Lo escaso del salario y las coberturas sociales pueden confirmar el carácter de segundo ingreso de este salario femenino, entre comillas. La naturaleza auxiliar y marginal de las funciones realizadas puede hacer también impensable la promoción profesional, y la menor duración de la jornada de trabajo fuera de casa, en el caso de las trabajadoras, puede acentuar la dedicación de la mujer al trabajo dentro de casa, confirmado así como tarea definitiva. En resumen, el contrato a tiempo parcial puede mantener a las mujeres en una situación de inseguridad económica, lo que acentúa su posición subalterna, encerrándolas en un círculo del que difícilmente pueden escapar.
En tercer lugar, y coincidiendo con lo que planteaba el Consejo Económico y Social, tenemos también dudas sobre la licitud de la disposición adicional única habilitando y autorizando al Gobierno para modificar determinados aspectos de lo regulado.
Por todo lo dicho, valorando los aspectos positivos de este contrato a tiempo parcial, pero también considerando estos otros aspectos, el Grupo Nacionalista Vasco se va a abstener en la convalidación de este real decreto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
El señor Campuzano quiere intervenir en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Intervengo, señor presidente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán con respecto a este real decreto.
Como ya se ha recordado, debatimos hoy una iniciativa del Gobierno resultado del acuerdo con los sindicatos mayoritarios del pasado día 13 de noviembre y, como también recordaba el señor ministro al inicio de su intervención, lo hacemos en un proceso de modernización del mercado de trabajo iniciado en 1994, con una voluntad de creación de empleo y desde la perspectiva de dar estabilidad y flexibilidad a ese mercado de trabajo. Asimismo, lo hacemos en un momento en el que gracias a los recientes debates de la ley de acompañamiento se incluyen medidas que precisamente redundan en esta línea de lucha contra la precariedad y la temporalidad en el trabajo, de apoyo a los contratos indefinidos y de lucha igualmente contra las horas extraordinarias. Por tanto, hay esa coherencia del conjunto de políticas que en esta Cámara diversas mayorías políticas han impulsado desde el año 1994 y muy especialmente desde 1997.
De manera mucho más amplia, y en este caso de forma específica, estamos hablando de reducción del tiempo de trabajo. La propuesta, el debate, la reflexión sobre el tiempo parcial enlaza con esta idea.
Estamos hablando, en definitiva, de un cambio en el uso del tiempo de las personas, de buscar y explorar nuevas formas de cambio social y nuevas formas de desarrollo económico. Estamos, pues, en un proceso histórico determinado en esta sociedad posindustrial que es capaz de desarrollar formas atípicas de empleo.
La apuesta que hace el Gobierno y que hacemos los grupos que le prestamos apoyo parlamentario tiene sentido desde esta perspectiva más amplia: el tiempo parcial como fórmula de creación de empleo vinculada a las nuevas necesidades que el tiempo libre va a crear y también el tiempo parcial como fórmula para potenciar otras formas de vida. Vale la pena recordar que los diversos estudios que se han realizado sobre el tiempo parcial en toda Europa redundan en la idea de que el tiempo parcial es escogido como opción personal por parte de los ciudadanos en función de una asunción de mayores responsabilidades en el terreno de la familia, mayores posibilidades en el terreno de la formación, mayores posibilidades en el terreno del tiempo libre e incluso para personas con dificultades en su salud como fórmula de integración en el mercado laboral.
El Grupo Parlamentario Catalán comparte esta filosofía. Como también recordaba el señor ministro, en el último debate de política general se aprobó una propuesta de resolución de Convergència i Unió que mandataba al Gobierno precisamente a legislar en esta materia e incidía en esa necesaria protección del tiempo de trabajo. Porque hoy también se ha dicho que en la actualidad el tiempo parcial en el Estado español es escaso, un 8 por ciento, y que es precario y temporal, 86.000 contratos temporales y 1.300.000 contratos indefinidos vinculados a empleos de escaso valor económico, respondiendo a veces a necesidades coyunturales del mundo de las empresas y vinculado fundamentalmente al ámbito femenino.
Precisamente esta iniciativa pretende aumentar esa tasa de tiempo parcial en el

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mercado laboral español, disminuir esa precariedad y esa temporalidad e introducir empleo con valor económico, con carácter permanente y con protección social, para que hombres y mujeres que apuesten por estas formulaciones sean capaces de hacerlo desde su más estricta libertad.
El Gobierno ha procurado, como ha sucedido a lo largo de esta legislatura, que este real decreto viniese precedido y fuese el resultado del diálogo social y lamentamos que finalmente no se hayan podido sumar a él los representantes del mundo empresarial. Es evidente que el éxito de la reforma de 1997 se fundamenta en esa coincidencia, en esa complicidad entre sindicatos y empresarios.
Esperemos que el Gobierno tenga la capacidad de crear confianza y de incentivar a fondo, en el mundo empresarial, esta nueva modalidad, porque si el mundo empresarial, los empresarios, no creen en este contrato es evidente que su éxito puede ser escaso. En este sentido, nuestro grupo parlamentario va a trabajar para que el Gobierno apueste por esta línea.
Recordemos también que esta iniciativa responde a una directiva comunitaria, que entendemos que se cumple, y es de destacar el hecho de que la Comisión Europea haya manifestado el apoyo a la iniciativa de los sindicatos y del Gobierno.
Compartimos el contenido del real decreto, esta definición de una nueva modalidad contractual tipificada y formalizada, con un límite máximo de duración del 77 por ciento; compartimos la voluntariedad que nos parece que el texto garantiza; entendemos que la flexibilidad que introducen las horas complementarias puede ser interesante, pero recogemos también la inquietud que sectores empresariales vinculados a la pequeña y mediana empresa han manifestado en relación con esta cuestión. Insistimos en que va a ser importante que el Gobierno cree las condiciones de confianza. Asimismo, la protección social que el texto incorpora nos satisface extraordinariamente.
Para ir terminando, señor presidente, he de decir que el real decreto incorpora una disposición adicional única que abre la posibilidad a una modificación, por vía de ley, del contenido del mismo real decreto, a través del diálogo social. Nosotros, en la línea de buscar esos máximos apoyos sociales, entendemos que el Gobierno, si dentro de un tiempo observa que existen disfunciones en la redacción del actual decreto-ley, debería ser capaz de iniciar un nuevo proceso de redefinición del mismo. Además, y recogiendo lo que planteaba el señor Caballero, sería importante que en estas nuevas fórmulas contractuales tuviésemos presente la perspectiva del mundo cooperativo.
Finalmente, señor presidente, esta obsesión de creación de empleo, de vincular el conjunto de políticas públicas del Estado a la creación de ocupación, que es una obsesión de toda Europa, puede ser satisfecha con este contrato. Entendemos que un trabajo a tiempo parcial es infinitamente mucho mejor que la falta de trabajo. Desde esa perspectiva estamos convencidos de que este instrumento va a ayudar a la creación de ocupación de calidad; en definitiva, a luchar contra la principal lacra del conjunto de la sociedad del Estado español, que no es otra que el paro.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Reparen SS.SS. en cómo el esfuerzo de síntesis del señor Campuzano y del señor Caballero no ha perjudicado para nada la claridad y brillantez de sus exposiciones y sí hemos ganado mucho tiempo. (La señora López i Chamosa: Eso se llama hacer la pelota.) El señor Griñán, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Procuraremos también ser breves. Querría resumir, pero tampoco simplificar, señor presidente.
Estamos tratando de convalidar un decreto-ley que fomenta el empleo a tiempo parcial, y esto me trae a la memoria lo que sucedió hace tres años y pico, cuando en nuestro país se produjo el debate sobre el reparto del trabajo. El entonces jefe de filas de la oposición, señor Aznar, se sintió obligado a reflexionar sobre esta materia y dijo una frase lapidaria. Dijo que el reparto del tiempo de trabajo es una estupidez. Hoy, tres años y pico después, estamos aquí tratando de convalidar por decreto-ley una forma de reparto de trabajo, la del tiempo parcial, eso sí, a cargo exclusivamente del trabajador; una forma de reparto de trabajo que nosotros vamos a apoyar, que nosotros apoyamos, pero que nos hubiera gustado, sin duda, que hubiera llegado a la Cámara acompañada de alguna otra medida que procurara conseguir una reducción de la jornada máxima legal, a través de incentivos o a través de estímulos a las empresas, tal y como hemos propuesto, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, en esta Cámara en diferentes iniciativas que han sido rechazadas.
En todo caso, sobre la iniciativa del decreto-ley tenemos que decir que con el fondo del mismo tenemos conformidad. Creemos que la regulación que se pretende debe ser encomiada, está además avalada por un acuerdo con los sindicatos, pero tengo que manifestarle, señor ministro, que no tramitar esta iniciativa, una vez convalidada, como proyecto de ley hace que afloren tres reparos que, de no haber sido así, habrían sido menos importantes. Al no tramitarse como proyecto de ley, una vez convalidado, para el Grupo Socialista estas tres observaciones adquieren carácter relevante.
La primera de ellas se refiere a la redacción del texto del decreto- ley. Es una redacción muy enojosa, muy engorrosa, muy formalista y difícil de comprender. Realmente, se modifica un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 12, que bate hasta el récord del artículo 51. Éste contiene 42 párrafos, que además son párrafos densos, largos y de difícil comprensión. No soy yo solamente el que hace esta observación, se

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la hace también el Consejo de Estado y tiene relevancia porque es una norma que se ha escrito para ser aplicada por las empresas. Por tanto, si es difícil de entender, difícil va a ser su aplicación.
Habría sido bueno aligerar el texto, hacerlo más comprensivo, hacerlo más sencillo y más fácil de aplicar.
Hay alguna disposición, la disposición adicional única, que verdaderamente es una antología del disparate, porque en ella se viene a decir algo así como que para cuatro materias que se regulan como indisponibles en el decreto-ley, el Gobierno puede presentar iniciativas legislativas. Yo no sé si esto significa que para el resto de las cuestiones el Gobierno ha perdido la facultad de iniciativa legislativa que le confiere la Constitución. Como me imagino que esto no es así, lo único que debe significar es que dice algo obvio, que el Gobierno, a pesar de este decreto-ley, sigue conservando la capacidad legislativa en materia de derechos indisponibles laborales. Es una disposición que huelga, que sobra, que no hace nada en el decreto ley.
Por consiguiente, estas objeciones que les estamos haciendo sobre la forma en que ha sido redactado son relevantes, porque podría haberse mejorado en su tramitación como proyecto de ley y, al mismo tiempo, podría haber servido para que las empresas tuvieran en su mano la posibilidad de aplicarlo de una manera más simple y sencilla.
La segunda es una observación mucho más importante desde el punto de vista incluso de la relevancia constitucional. Creemos que se ha hecho uso del decreto-ley y nos da la impresión de que en alguna de las materias que se incluyen no hay razones de extraordinaria y urgente necesidad. Lo digo sinceramente porque el Tribunal Constitucional tiene reiteradamente dicho que solamente debe incorporarse como urgente necesidad aquella parte del derecho, aquella normativa que modifica de forma inmediata la situación jurídica preexistente. No ocurre así en este caso, porque se incluyen normas de Seguridad Social que difieren su entrada en funcionamiento al momento en el que entren en vigor los reglamentos que se tienen que dictar en apoyo del decreto-ley. Por consiguiente, hay algo que el propio Gobierno, cuando hace la disposición final, está declarando paladinamente que no es tan urgente o que, por lo menos, el sistema del decreto-ley no habría sido la forma más adecuada de incorporar esta legislación. He de decir que esto tiene relevancia y podría haberse subsanado si este decreto-ley, una vez convalidado, se hubiera tramitado como proyecto de ley.
La última observación que quería hacerle y que nos parece importante es la forma particular en que se han modificado normas de Seguridad Social. No sólo estas que le digo por decreto-ley, sino porque todos sabemos que, en el Senado, ayer mismo, y la semana que viene en el Congreso, se van a aprobar una serie de disposiciones como enmiendas a la ley de acompañamiento que, como mínimo, deberían haber merecido la reflexión de esta Cámara, la discusión sobre el fondo del asunto porque se trata ni más ni menos, en un caso, de prorrogar las bonificaciones a la Seguridad Social de los contratos indefinidos y, en otro, de introducir también aquí la prórroga o la bonificación de Seguridad Social del contrato a tiempo parcial estable. Por tanto, habría sido mucho mejor haber tratado este tema, primero, con los grupos parlamentarios, porque así se estableció en el Pacto de Toledo, haberlo visto con cierta profundidad y haberlo traído en un proyecto de ley que se tramitara en esta Cámara.
Hay otro tema más, señor ministro, que nos preocupa, que es la financiación de las mejoras de la proporcionalidad contributiva que se establece para este tipo de contratos. Está bien que se mejore la proporcionalidad contributiva de los contratos a tiempo parcial, pero también le digo, señor ministro, que toda mejora de la estricta proporción contributiva debe ser financiada, no por la solidaridad de los afiliados al sistema, sino por la solidaridad de todos los españoles. Es algo así como los complementos de mínimos. Por eso nos hubiera gustado tener la oportunidad de enmendar la ley, de enmendar este decreto haciendo que esa mejora de la proporción contributiva pudiera ser financiada por aportaciones del Estado y no directamente por las cotizaciones sociales.
Son tres objeciones que desaparecerán en el momento en el que nos diga que este decreto-ley convalidado se puede tramitar como proyecto de ley. Si eso es así, retiramos estas observaciones, porque estamos absolutamente de acuerdo con el fondo de la regulación y de las mejoras de la Seguridad Social, pero son tres observaciones de amplia relevancia, algunas de relevancia constitucional. Por tanto, tenemos serios problemas para votar afirmativamente la convalidación del decreto- ley si no se tramita, después de convalidado, insisto, como proyecto de ley. Si el Grupo Popular va a agotar turno, como espero que lo haga, le pido por favor que diga aquí, a la Cámara, si se va a tramitar o no como proyecto de ley este decreto-ley, una vez convalidado. Si se hace, no les quepa duda, votaremos a favor; si no, tendremos que abstenernos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.
El señor Hernando ejercerá como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. (La señora López i Chamosa: Y no le ha agradecido el esfuerzo de síntesis.)

También le agradezco al señor Griñán su esfuerzo de síntesis, que espero sirva de estímulo para los sucesivos intervinientes.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.


Presenta el Gobierno un real decreto-ley, una vez más fruto del diálogo social, en este caso para regular el contrato a tiempo parcial indefinido. Se trata de complementar, señorías, las reformas iniciadas a partir de 1996 y, en concreto, la reforma laboral de 1997. En este caso se trata de una reforma que afecta a un millón

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de personas que, en la actualidad, tienen una situación laboral de contrato a tiempo parcial, por lo que no cabe hablar de una situación laboral nueva, como han pretendido unos grupos exponer aquí.
Además, se trata de dotar de mayor calidad a nuestras relaciones laborales y a nuestro sistema jurídico de relaciones laborales. Es evidente, señorías, que las leyes, por sí solas, no crean empleo.
Modifican las condiciones, eliminan las trabas y adecuan el marco legislativo, pero todo ello, sin un entorno económico, político y social favorable que dé estabilidad, no permitiría, sin duda alguna, crear empleo.
Desde 1996 se han venido produciendo importantes cambios en este país para favorecer ese entorno. Se han reducido el gasto y el déficit público, se ha permitido la reducción de los tipos de interés, se ha luchado para mantener la inflación y los precios en unos niveles que están siendo históricos y se ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas. No sé si eso, señor Vaquero, es lo que usted llama políticas neoliberales, pero esas son las políticas que han permitido que hoy estemos incorporados a la moneda única, que se esté creando empleo en España y que España sea el país que más empleo crea en Europa. La mitad del empleo que se crea en Europa, señor Vaquero, se está creando en nuestro país.
Desde el Gobierno se ha venido luchando directamente contra la precariedad, por lo que esta no es una normativa nueva o aislada. Sin duda el objetivo del Gobierno ha sido y viene siendo eliminar y corregir la desigualdad social, en este caso a través de la vía jurídica. Y para ello, señorías, en la reforma laboral de 1997 se han eliminado los contratos basura, como aquel de lanzamiento de nueva actividad; se ha creado una nueva modalidad de contrato indefinido dirigido a los sectores más desfavorecidos, que ha permitido un millón de nuevos contratos indefinidos, aunque creo que en aquellos momentos también se planteó por parte del Grupo Socialista la necesidad de traer una tramitación jurídica distinta a esta Cámara, lo que hubiera retrasado esa reforma, que entonces entró en vigor, y hubiera provocado que hoy muchos españoles no hubieran tenido acceso a esos contratos indefinidos, retrasando la medida.
Durante este tiempo se han apoyado medidas para favorecer el acceso de las mujeres al empleo -el famoso coste cero del que hablábamos hace unos días-, así como de los discapacitados; se han incentivado las políticas activas, multiplicando por 3,5 el presupuesto para las mismas; se ha dado protección a modalidades contractuales antes llamadas contratos basura, que no la tenían, como los contratos en formación; se han establecido controles a las empresas de trabajo temporal; el Gobierno no sólo ha eliminado, además, incentivos que existían antes a la contratación temporal, sustituyéndolos por incentivos a la contratación indefinida, sino que, fruto también del diálogo social, acaba de incorporar medidas en el Senado que van a penalizar la contratación temporal, y hemos penalizado, señorías, el abuso de las horas extraordinarias. Ese es el marco de una política genérica y general de empleo, que ha permitido que estemos ahora en la situación en la que estamos. Hoy se trae un nuevo contrato indefinido, contrato indefinido a tiempo parcial, que no sólo responde a una directiva comunitaria sino que establece una nueva modalidad de reordenación del tiempo de trabajo; permite compatibilizar el trabajo con la formación, porque es mucho más fácil, señor Vaquero, tener tiempo para dedicarlo a la formación si uno dedica menos horas a la tarea laboral; flexibiliza y moderniza las relaciones laborales; pretende dar, señorías, seguridad jurídica en las relaciones laborales, eso que el señor Griñán ha denominado una redacción farragosa. La seguridad jurídica es uno de los principios fundamentales de nuestro derecho laboral y es lo que se ha hecho al dar una redacción como la que se ha dado al texto.
Además, es un real decreto que refuerza la voluntariedad de las relaciones laborales, que crea horas complementarias como una fórmula flexible en las relaciones entre empleador y empleados, que reduce la inestabilidad en el empleo, que hace viable la fórmula del contrato de relevo, que dota de dignidad social a unos trabajadores que, por el hecho de no trabajar a tiempo completo, no tenían unos derechos futuros en pensiones y prestaciones que ahora se les da, y que hace que esos derechos y prestaciones sean similares y equivalentes a aquellos otros que tienen un tiempo completo y, para ello, se establece el corrector del 1,5.
No cabe, señor Griñán, decir que este es un sistema que pueda mantenerse al margen de lo que es el sistema de reparto de nuestra Seguridad Social y que tiene que ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y al margen de las cotizaciones de los trabajadores, porque son tan trabajadores éstos como los que tienen un contrato a tiempo completo. Además, es un contrato que, en su formulación, deja la puerta abierta para que los empresarios puedan adherirse a este acuerdo en el futuro y deja en el ámbito de la negociación colectiva y bilateral el desarrollo de las relaciones laborales.
Por tanto, es una nueva apuesta que realiza este Gobierno, de acuerdo con los agentes sociales, en un clima de diálogo social que algunos han intentado boicotear y que, sin duda, apuesta por la estabilidad.
¿Es esta la línea adecuada? Señorías, tendríamos que ver solamente cuáles han sido los resultados de estos dos años y medio de medidas políticas en el ámbito económico y laboral y las consecuencias que hemos tenido.
Voy a recordar algunos datos del empleo con las diferencias entre 1996 y 1998. En este tiempo se ha propiciado que en España haya 570.000 activos más, 16.360.000 activos, es el récord de activos en España. Hay 1.150.000 ocupados más en este país, señorías, 13.325.000 ocupados, récord histórico; nunca ha habido, ni en la mejor época de empleo del Gobierno socialista, un número de ocupados como éste, el récord histórico que ustedes consiguieron fue de 12.600.000. Eso

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supone el 18 por ciento de los parado en EPA. (Rumores.) Entiendo que a algunos les moleste recordar estos datos...


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, ha de concluir.


El señor HERNANDO FRAILE: Acabo, señor presidente.


Son los datos que están ahí y evidencian, sin duda alguna, la inepcia de algunos otros que en el pasado tuvieron oportunidad de haber enmendado la situación de temporalidad, precariedad y paro que tuvimos en su momento.
Además, señorías, tenemos 13.700.000 afiliados a la Seguridad Social, un 11 por ciento de parados en el Inem y un Plan de empleo que ha sido definido como uno de los mejores planes por parte de la Comisión Europea.
En definitiva, se trata de una medida que avanza...


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Hernando, concluya.


El señor HERNANDO FRAILE: Concluyo ya.
Se trata de una medida que avanza en la nueva política del Gobierno de crear más empleo y crear empleo de más calidad.
Frase lapidaria contra frase lapidaria, señor Griñán. Alguien aquí dijo que ya no se podía crear más empleo y que para favorecer el acceso de los trabajadores a un empleo había que repartir el que existía. Se ha demostrado que en este país se podía crear más empleo y nosotros creemos que todavía se puede crear más. Eso es lo que desean todos los españoles y es lo que vamos a procurar y estamos consiguiendo con el apoyo de todos, en concreto gracias al apoyo de los agentes sociales y a los cambios que en política económica y laboral ha venido realizando este Gobierno.
Gracias, señor presidente; gracias, señorías. (El señor Griñán Martínez pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.


¿No pretenderá el señor Griñán tener ahora un turno de réplica, por alusiones o semejante? (El señor Martínez Noval pide la palabra.) Señor Martínez Noval, ¿qué desea su grupo?

El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, nuestro portavoz hizo una pregunta muy concreta a quien habló hace escasos segundos en nombre del Partido Popular. Nuestro grupo desea saber -y creo que puedo utilizar el verbo tiene que saber- si se va a tramitar o no como proyecto de ley, porque ha quedado claro en la intervención de nuestro portavoz que de la existencia o no de la voluntad de tramitarlo como proyecto de ley depende nuestro voto en relación con el decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor Hernando, tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente, y ruego excuse el Grupo Parlamentario Socialista por no contestar a la pregunta.
Nosotros no vamos a votar a favor de que se tramite como proyecto de ley.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sin duda el esfuerzo de prisa, sólo atribuible a la Presidencia en beneficio del común, es el que había originado la omisión.


- REAL DECRETO-LEY 16/1998. DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE FINANCIA EL ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE FORMACIÓN CONTINUA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 130/000058.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al otro decreto-ley, en el que sigue estando vigente aún más la norma de esfuerzo de síntesis.
Para la presentación del Real Decreto-ley número 16/1998, de 4 de diciembre, tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Javier Arenas Bocanegra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, con la brevedad que ha solicitado a todos los intervinientes en los debates de esta mañana, para solicitar la convalidación de un decreto-ley que además por su contenido permite también esa explicación breve, ya que se refiere a la financiación del acuerdo de formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como sabe, señor presidente, este acuerdo ha tenido ya financiación y tiene plenamente refrendo en lo que significa el Estatuto de los Trabajadores, en la convivencia del acuerdo en el marco de la comunidad vasca y el acuerdo también de formación continua a nivel nacional, a nivel estatal. Ha sido ya financiado en 1996, en 1997 y en 1998 y el decreto-ley responde a esa financiación completa para 1998, ya que parcialmente ha sido financiado a través del acuerdo nacional de formación continua que en su día firmaron los sindicatos, los empresarios y el propio Gobierno, y se refiere a una cuantía de 3.100 millones de pesetas.
Las razones de urgencia de ejecución vinculadas a la ejecución del presupuesto son las que han avalado al Gobierno para tramitarlo como decreto-ley y traerlo hoy a la convalidación de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)

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¿Algún grupo parlamentario desea explicitar el sentido de su voto brevemente? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Lasagabaster, que de tan brevemente que va a hacerlo no había pedido la palabra. Adelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Ya lo siento, soy bajita y estoy en la última fila, qué le vamos a hacer, no se me ve; en cualquier caso, se me oirá.
En primer lugar, nosotros vamos a apoyar favorablemente este real decreto porque creemos que responde, entre otras razones, a los acuerdos firmados en concreto por el Gobierno vasco y por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y en los que se establecía la financiación que correspondía a la Fundación Hobetuz que, como bien saben ustedes, en ésta se encuentran el Gobierno vasco, patronal y sindicatos.
Ciertamente, es una cuestión que hacía referencia a los fondos necesarios para la formación continua del año 1998. Las dilaciones que se han producido a lo largo de este año en conseguir los 4.600 millones y el hecho de que faltaran 3.100 millones para esta financiación ha supuesto también -creemos conveniente decirlo en esta sede parlamentaria- ciertos perjuicios por cuanto que estaban comprometidos para realizar los cursos de formación. En este sentido -lo hemos manifestado siempre a lo largo de los diferentes ejercicios presupuestarios-, nos parece que era mucho más conveniente que apareciera un crédito nominativo directamente en la medida en que podía facilitar lo que no puede ser otra cosa que la financiación, que es legítima, ya que a la Fundación Hobetuz le corresponde llevar a cabo esta formación continua. Dado que no se produce esa mención nominativa a esta cuestión, nos parece que este es un tema que habría que solventarlo para ejercicios posteriores, por cuanto que este año nos hemos visto en esta situación y realmente sí ha producido ciertos perjuicios a las personas, y sobre todo a la realización de esos compromisos y esos cursos de formación, que es lo que se pretende.
Al apoyar, como no podía ser de otra manera, este real decreto-ley, debemos tener in mente cómo podemos hacerlo para otros ejercicios presupuestarios, de forma que en ningún caso lo que es legítimo, lo que corresponde, lo que se ha pactado pueda llegar a esos fondos para la formación continua en modo y tiempo correcto para que no se produzca ningún perjuicio y que todos los cursos y compromisos se puedan realizar en manera y en tiempo adecuado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, con el laconismo escueto de la indicación de la Presidencia, pero con la generosidad amplia de solidaridad con la Comunidad Autónoma vasca y por las razones expuestas por el señor ministro de Trabajo, mi grupo votará favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: A usted, señor Mardones, por su extraordinaria capacidad de síntesis.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.


Como es lógico, el Grupo Nacionalista Vasco (PNV) va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley sobre la formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como conocen SS. SS., este real decreto viene a cumplir los compromisos adquiridos por el Gobierno y ratificados por esta Cámara a través de los Presupuestos Generales del Estado del año 1998.
Significa, por tanto, que la instrumentalización de este real decreto es la vía formal de unos compromisos adquiridos y pendientes de ejecutar. Pero, si bien estamos de acuerdo con la cuantificación económica de la formación continua para este año de 1998 en la comunidad Autónoma del País Vasco, no compartimos ni el momento ni la forma en que se realiza. No compartimos el momento porque los fondos llegan a finales de año. El decreto aprobado en Consejo de Ministro es del día 4 de diciembre, cuando ya se habían comprometido hace tiempo estos fondos y los programas de formación se están desarrollando a lo largo de todo el año. Con estos retrasos se tienen que renegociar aplazamientos de pago y se producen incertidumbres que repercuten en la marcha de los cursos de formación, ocasionando, en definitiva, perjuicio para todos: para las empresas, para los alumnos y para los centros docentes.
Tampoco compartimos la forma, porque estos fondos no deben ser librados vehiculizándolos a través de un decreto-ley. Lo curioso es que una parte de los fondos -los librados en agosto de este año- por importe de 1.500 millones de pesetas, con cargo a la financiación total, se efectuaron correctamente, como así se establecía en la disposición adicional decimosegunda de los Presupuestos Generales del Estado de 1998, por una enmienda que presentó precisamente mi grupo parlamentario, aplicando a la formación continua la partida presupuestaria correspondiente al Instituto Nacional de Empleo proveniente de las cuotas que aportan empresas y trabajadores para la formación profesional.


Ante esta situación nos surgen algunas preguntas que para algunas de SS.SS. pueden parecer ingenuas. ¿Por qué si existían fondos presupuestados y disponibles no se liquidaron los 4.600 millones de pesetas en una sola partida en agosto? ¿Por qué si los 1.500 millones se pagaron con fondos del presupuesto del Inem, estos 3.100 millones de pesetas tienen que provenir de

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fondos del Inem, pero no de su presupuesto sino de otros excedentes de tesorería? Porque de esta forma se ha retrasado injustificadamente la habilitación de esta partida con los perjuicios que antes he dicho.
Señorías, como ya conocen ustedes, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores establece que el sistema de financiación de la formación continua se hará de manera que ésta se financiará a través de cuotas de formación profesional integradas en los fondos del Inem. Son, por tanto, cuotas que se recaudan para un fin concreto: la financiación de la formación profesional, entre la que se encuentra la formación continua. Por consiguiente, el presupuesto que se destine todos los años a este capítulo debe cubrir la financiación de todos los acuerdos que haya suscrito el Gobierno con la Forcem y con cualquier otro organismo, en este caso con Hobetuz, que es el que desarrolla la formación continua vasca. Debo recordar a S.S. que este organismo, que nació por acuerdo interprofesional vasco, fue suscrito por el Gobierno del Estado. También debo recordar...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Zabalía, si tiene la bondad.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Concluyo enseguida, señor presidente.
También he de recordar a algunos de los representantes políticos y cargos públicos de algunos partidos políticos en el ámbito vasco que pretenden capitalizar la financiación de Hobetuz en Euskadi que la misma se ha conseguido gracias a las prioridades que marcó el Partido Nacionalista Vasco para el compromiso de investidura del presidente del Gobierno. En definitiva, señor ministro, señorías, estamos de acuerdo con el cometido del real decreto-ley en lo referente a la partida económica que contempla, pero no estamos de acuerdo con la demora que ha tenido en el libramiento de los fondos ni con el instrumento que se utiliza. Mi grupo parlamentario desearía que para el próximo ejercicio y posteriores se cumplan la ley y los compromisos para la financiación destinada a otros acuerdos interprofesionales sobre la formación continua.
En cualquier caso, señor ministro, estamos de acuerdo en el fondo.
Reconocemos el compromiso adquirido de forma definitiva para el futuro, pero entendemos desde mi grupo parlamentario que la complicación de este procedimiento se está realizando por unos motivos que desde luego usted, señor ministro, y yo conocemos y que se podrían evitar. Me refiero a la transferencia del Inem, solicitada por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, contemplada en el Estatuto de Gernika y reafirmada nuevamente en el Parlamento vasco el 20 de octubre del año 1995. No se lo pedimos sólo desde el Partido Nacionalista Vasco, sino desde el acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Parlamento vasco. De esta forma, además de cumplir con la voluntad de obligación existente en el Estatuto vasco, evitaríamos situaciones como las que se están debatiendo en estos momentos, que únicamente perjudican, en definitiva, a los destinatarios...


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, concluya, por favor.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Concluyo, señor presidente.


Digo que únicamente perjudican, en definitiva, a las empresas y a los trabajadores, destinatarios de estos recursos, porque para ellos estamos reclamando esta transferencia. No lo olviden, señorías.
Señor ministro, el objetivo de conseguir una formación de calidad y adecuada a las necesidades de la economía es mejorar la capacitación de los trabajadores como uno de los elementos fundamentales para alcanzar una economía más competitiva. Este es el objetivo que nosotros tenemos cuando pedimos la transferencia del Instituto Nacional de Empleo. Espero que en breve podamos tener esta transferencia y de esta forma evitaríamos, como digo, alguno de los problemas que ocasiona, como el de la instrumentalización de la financiación de la formación continua en el País Vasco, concretamente en Hobetuz.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente. Brevemente intervengo para anunciar dos posiciones de nuestro grupo en relación con esta iniciativa del Gobierno. La primera es que vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley porque estamos de acuerdo con su contenido. Nos alegramos de que en el País Vasco exista la posibilidad de un acuerdo interprofesional sobre formación continua que permita singularizar una parte de los fondos y los mecanismos de financiación de la misma y, por tanto, vamos a dar nuestro apoyo a este real decreto. La segunda es que nosotros desearíamos lo mismo, señor presidente, exactamente lo mismo.
(Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Por pedir que no quede!) En este momento en que se debate esta iniciativa, no puedo dejar de expresar nuestra satisfacción al País Vasco y al Grupo Parlamentario Vasco porque entendemos que se hace bien con esta iniciativa, pero mi grupo también desearía poder hacer lo mismo en el ámbito catalán.
Queremos expresar que el marco legal vigente permitiría que hoy también se hiciera esto en Cataluña. Hay hoy un marco legal que abre perfectamente la vía para que esto pueda también hacerse en el ámbito territorial catalán, al igual que en cualquier otra comunidad autónoma. Se podría hacer simplemente si las organizaciones empresariales y sindicales quisieran singularizar un acuerdo interprofesional de formación continua en su ámbito concreto. Por tanto, ya que en el País Vasco estas fuerzas sociales se han puesto de acuerdo para singularizar ese acuerdo, expresamos nuestro deseo de

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que pueda suceder también en cualquier otro ámbito de las comunidades autónomas de España, pero especialmente en Cataluña porque de esa forma podríamos participar también en una singularización de los procesos de formación continua. Sé que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre esta materia; hay todavía un proceso abierto, y será muy interesante conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.
Señor presidente, concluyo repitiendo que felicitamos al Gobierno vasco y al Gobierno por tomar esa iniciativa en relación al País Vasco y deseamos que podamos hacer un día lo mismo en nuestro ámbito territorial.
Nada más. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, en el momento en que me descuido... (Risas.) Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Pido disculpas por el estado de mi voz.


El señor PRESIDENTE: Me extrañaba, señor Navas, pero siga adelante.
(Risas.)

El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias por su comprensión.
Un año más -y van tres- nos encontramos con un decreto de financiación de la fundación vasca para la formación profesional continua que en el País Vasco se conoce con el nombre de Hobetuz.
Continuamos dando respuestas puntuales a la financiación del acuerdo vasco, con lo que sigue sin resolverse el encaje de su financiación ordinaria pero también el encaje de la formación continua vasca y la del conjunto del Estado. Izquierda Unida va a apoyar la ratificación del decreto de financiación de Hobetuz, pero queremos dejar constancia de que esta fórmula de financiación supone un fracaso del Gobierno central, del Gobierno vasco y, por qué no decirlo, en cierta manera también de las organizaciones sociales. Es un fracaso porque sigue sin encontrarse una fórmula normalizada de financiación que evite incertidumbres en lugar de este sistema de decreto tras una negociación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, sometiendo así a los vaivenes de la coyuntura política lo que requiere de una estabilidad institucional. Parte del fracaso también es de los agentes sociales, especialmente en el ámbito de Euskadi, donde la práctica de la exclusión y la falta de articulación con Forcem hace que sea cuestionado permanentemente el acuerdo vasco para la financiación continua. Quisiera insistir en este aspecto.
El Gobierno no puede limitarse a aprobar una financiación sin más.
Tiene que garantizar que la gestión que se hace de esos fondos respete la legalidad, en este caso la libre concurrencia a las ayudas de las organizaciones, instituciones y usuarios. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El modelo de formación continua, tanto el vasco como el estatal, se sostiene sobre la asunción por los agentes sociales, sindicatos y empresarios, de responsabilidades en la gestión de fondos de carácter público y, por tanto, no pueden ser administrados de forma discriminatoria. El Gobierno sabe o debería saber que Hobetuz tiene recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las tres convocatorias de subvenciones que ha realizado hasta la fecha precisamente por estas prácticas. La Administración central y el Gobierno vasco deben garantizar que no haya prácticas discriminatorias. En el caso del Gobierno vasco la responsabilidad es directa porque participa en la gestión cotidiana de Hobetuz. Hasta ahora hemos venido apoyando la financiación del acuerdo vasco y este año de nuevo lo haremos, pero nuestro voto no es incondicional.
Exigimos al Gobierno que ponga los mecanismos necesarios que garanticen en Hobetuz una gestión sin prácticas discriminatorias. Le exigimos también que desarrolle las fórmulas para articular la actividad de Hobetuz y de Forcem. Es decir, coordinar la formación continua vasca con el sistema de formación continua estatal, como prevé el segundo Plan nacional de formación profesional; en pocas palabras, llevar a cabo la tarea que no quiso o no supo hacer el consejero socialista del Gobierno vasco que impulsó la creación Hobetuz.
Izquierda Unida considera la formación profesional de los trabajadores como un factor fundamental para la promoción personal y profesional, además de la mejora de la actividad de las empresas.
Apoyamos el desarrollo de un sistema estable de formación continua gestionado por los agentes sociales, sin discriminaciones y que tenga un fuerte desarrollo territorial en su ejecución. Todo ello dentro de un sistema general de cualificaciones que permita la movilidad interterritorial de los trabajadores. Si esto no es así, traeremos de nuevo el tema al Congreso y exigiremos las responsabilidades oportunas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Navas.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la convalidación del real decreto y, en aras a la brevedad exigida por la Presidencia y al tiempo transcurrido, quisiera hacer dos preguntas concretas al ministro. En primer lugar, deseamos conocer los criterios en que se basa el Ministerio de Trabajo para determinar las cuantías que se confirieron en el año 1996, que fueron 972 millones; en el año 1997, que fueron 2.500 millones, y en el año 1998, decreto que convalidamos ahora, que fueron 3.100 millones. En segundo lugar, tengo que decir que cuando se produjo la transferencia de créditos, en el año 1996, esta transferencia vino avalada por un real decreto que convalidó

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esta Cámara. Sin embargo, en el año 1997 se sustrajeron a esta Cámara tanto el debate como el conocimiento de la cuantía y de las partidas, por lo que no pudimos manifestar el acuerdo o el desacuerdo en relación a la materia. Por ello quiero decirle, señor ministro, que, tal y como hicimos en el año 1996, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la votación a la espera de que usted responda o no en relación con lo planteado.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Cortajarena.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Procuraré también ser breve porque de alguna forma ahora se reproduce el debate que ya se planteó el 12 de diciembre de 1996, al que acaba de aludir la señora Cortajarena.
El Grupo Popular va a votar la ratificación y convalidación de este real decreto-ley, como no podía ser de otra forma, y aunque pueda entenderse que ha llegado tarde, como manifestaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, lo cierto es que ha llegado y finalmente se ha resuelto esta financiación. Desde esta perspectiva, nunca es tarde si la dicha es buena. Consideramos que la forma de real decreto permite y propicia el debate que ahora mismo se recordaba que no se produjo en el año 1997 y, por tanto, nos parece una fórmula jurídica garantista y que trae a esta sede parlamentaria la posibilidad de exponer los puntos de vista que se consideren pertinentes.
Quiero manifestar también -aclarando alguna cuestión- mi coincidencia con muchas de las palabras del señor Navas. A nosotros también nos preocupa esta cuestión, pero no aquí. No nos debe preocupar aquí el buen o mal funcionamiento de Hobetuz, el que se entre o no en discriminación, el que sea realmente un instrumento de calidad en pro de la formación continua y que al final redunde en la formación de los trabajadores y en la competencia de ellos mismos y de las empresas. Entendemos que la mayoría de edad y el respeto a las competencias autonómicas se debe debatir en todo caso en el Parlamento vasco y con el Gobierno vasco, que es el competente en la materia.
Quiero decir también que sería deseable que para el futuro se articule un sistema que no obligue, entre comillas -por emplear una expresión-, a traer a esta Cámara un debate anual a la hora de convalidar un real decreto de financiación. A ver si se busca algún otro hueco, alguna otra fórmula que permita un automatismo. Supongo que habrá habido dificultades con los interlocutores sociales respecto a las fórmulas jurídicas, pero esto se arreglará antes o después porque estoy convencido de que es voluntad del Gobierno, del ministro de Trabajo y, desde luego, de este grupo parlamentario el que se llegue a ese acuerdo.
Finalizo agradeciendo al señor Homs su voto favorable. Usted mismo se ha respondido. El acuerdo vasco de 27 de septiembre de 1995 es una derivación de la aplicación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, formulada por esa unión de voluntades que se practicó en su día entre todos los interlocutores sociales: empresas, sindicatos e instituciones y grupos políticos, que dieron esta virtualidad porque entendieron que era lo mejor para elevar la calidad en la formación continua. Si en otros sitios no se hace, será cuestión de sensibilidad o de falta de ganas; tal vez en el futuro se pueda realizar y se dé satisfacción a lo que usted plantea. En todo caso, los beneficiarios son trabajadores y empresas, pero los fondos también son aportaciones, vía cotización, de trabajadores y empresarios. Por tanto, nosotros articulamos algo que es una detracción salarial de una cotización que han prestado los propios trabajadores y empresarios para que pueda existir una formación continua a nivel de toda España y, en este caso, como se acordó en su día, a nivel del País Vasco vía Hobetuz.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Vamos a proceder a la votación sobre la convalidación o no de los dos reales decretos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ante el extraordinario contenido del orden del día de hoy y ahora que vamos a proceder a las votaciones de los dos reales decretos-leyes del punto VI del orden del día, quiero insistir en que en las intervenciones que tengan lugar en el día de hoy la Presidencia va a seguir haciendo uso de lo establecido en el artículo 73.2, de forma que por término general -y procuraremos ser, lo lamento, inflexibles- las intervenciones no deben sobrepasar los cinco minutos. Por tanto, en las enmiendas del Senado que a continuación se van a debatir, rogaría a todas SS.SS. que hicieran un esfuerzo semejante al que han hecho los portavoces que han intervenido ya en el debate correspondiente a los dos reales decretos-leyes. Quiero a su vez anunciar que las votaciones de las enmiendas del Senado -y téngase en cuenta que algunas de ellas son a la proposición de ley que tiene naturaleza orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- no se producirán hasta el final de todos los debates que constituyen el punto VII; sólo al final de ese punto se producirán las votaciones de las enmiendas del Senado.
Vamos a realizar las votaciones correspondiente a la convalidación o derogación, en primer lugar, del Real Decreto-ley 15/1998, sobre mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 166; en contra, 13; abstenciones, 132.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del citado real decreto-ley.
Se ha pedido, al menos por un grupo parlamentario, su tramitación como proyecto de ley, que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 147; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/ 1998, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 183; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real decreto-ley citado.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (Número de expediente 121/ 000107.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, al proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ¿Grupos que desean intervenir y fijar su posición sobre las enmiendas del Senado? (Pausa.) Veo al Grupo Canario. ¿El Grupo Mixto va a intervenir? (Denegaciones.) No va a intervenir. Muchas gracias. El Grupo Vasco, sí. En el Grupo Catalán parece que hay una mano oculta pero que corresponde al señor Silva.
En efecto. En el Grupo de Izquierda Unida veo la cercana mano del señor Ríos. El Grupo Socialista sí va a intervenir y el Grupo Popular también. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio para que pueda continuar el Pleno. Si SS.
SS. tuvieran la bondad de dejar de hablar en el hemiciclo podría hablar quien le corresponde, que es el señor Gómez Rodríguez, en nombre del Grupo de Coalición Canaria. Ruego al Grupo Catalán que tenga las reuniones de grupo fuera del recinto del Pleno.
Adelante, señor Gómez Rodríguez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con esta importantísima ley, que va a finalizar su camino legislativo, Coalición Canaria, tras manifestar su alegría por habérsele aceptado las mayor parte de sus enmiendas en este Congreso, así como en el Senado, quiere decir que acepta plenamente las enmiendas que vienen de la Cámara Alta y que va a votar favorablemente este texto legal que ha sido fruto del trabajo de todos los miembros de la ponencia y de la Comisión y fundamentalmente de los señores portavoces de los diferentes grupos políticos. En esta ley también ha colaborado eficazmente la Administración y podemos decir que, junto con la Lofage, ya tenemos la organización y las reglas de funcionamiento de la misma. (Rumores.) Consideramos que es un paso positivo...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gómez Rodríguez.
Señora Conde, señor Pérez Rubalcaba, señora Sainz, señores diputados por Alicante del Partido Popular.
Adelante, señor Gómez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Decía que consideramos que es un paso importante, un verdadero hito en las relaciones entre la Administración y los administrados, como hito fue la anterior ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, o como también lo fueron las de 1957 y 1958, que fueron leyes decisivas tras la primera de octubre de 1889.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En resumen, señor presidente, vamos a votar favorablemente las enmiendas a este proyecto de ley que vienen del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


En los distintos pasos que ha dado la tramitación de esta ley el Grupo Vasco ha tenido ocasión de manifestar reiteradamente el juicio positivo que le merecía tanto el proyecto de ley como los trabajos que se han efectuado en ponencia y Comisión y lo ocurrido tras su paso por el Senado. Debo manifestar que nos hubiera gustado una redacción distinta del título I en lo que hace referencia a las organizaciones públicas y sus relaciones. Creemos que nuestras enmiendas presentadas en el Senado aportaban una mayor corrección técnica que el texto definitivamente aprobado.
Respecto de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta, creemos que todas ellas puntualizan los aspectos más conflictivos, más problemáticos o más difíciles técnicamente de puntualizar, como son los que hacen

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referencia al cómputo del plazo del silencio, en qué supuestos se produce el silencio positivo, alguna referencia a la nulidad de pleno derecho (nos parece más perfecta la enmienda que fruto de la presentada por el Grupo Vasco se introdujo en el Congreso) y a las medidas provisionales para cohonestar la regulación que aquí se hace en relación con lo previsto en la recientemente entrada en vigor Ley de la jurisdicción contenciosa. Votaremos a favor de todas las enmiendas introducidas en el Senado manifestando que la que nos parece más importante y más novedosa no es estrictamente normativa, es la que hace referencia a la disposición adicional segunda, donde se contiene la previsión de que en un período que se fija el Gobierno deberá traer a la Cámara un proyecto de ley para regular lo previsto en el apartado 2 del artículo 107 de la ley. Creemos que esta es una asignatura pendiente que tenemos todas las administraciones, puesto que los medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los conflictos administrativos descargarían en gran medida, sin demérito de la tutela a la que tienen derecho los ciudadanos, la gran carga que pesa sobre las salas de lo Contencioso-administrativo. Para esto y para lo que ha ocurrido durante la tramitación de esta ley, sepa el Ministerio que contará con la colaboración que pueda prestársele desde el grupo al que pertenezco, tanto para la elaboración del proyecto como para su tramitación posterior en la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lo cargado del orden del día y lo acertado de las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco nos obligan a remitirnos a esa misma intervención y a asumirla total y absolutamente. Sí queremos hacer un cierto hincapié, en la medida en la que fuimos los autores de la enmienda que luego ha acabado convertida en esa disposición adicional segunda, en la importancia de desarrollar lo dispuesto en al artículo 107, apartado 2, de la Ley 30/1992.
Es cierto que los recursos de alzada y de reposición se contemplan más como un obstáculo que hay que superar para acceder a una tutela judicial efectiva, para acceder a los tribunales, que como medios para evitar conflictos o resolver los conflictos que ya se han planteado entre el interesado y la Administración. Ya en este trámite legislativo nos hubiese gustado efectuar el desarrollo suficiente del artículo 107 a fin de que permitiese la adopción por las diferentes administraciones -entre ellas, desde luego, las administraciones locales- de las ordenanzas o de los acuerdos necesarios para instaurar estos organismos con unas fuertes dosis de objetividad, de imparcialidad y prestigio que procediesen a realizar, tal y como se indica en la disposición, estas funciones arbitrales, conciliadoras y de naturaleza semejante. No ha podido ser así. En cualquier caso, estamos satisfechos con esta disposición adicional segunda y lo único que reclamamos es que este compromiso, para el que se ha fijado un plazo entendemos que generoso, debe cumplirse en sus propios términos y, por tanto, incluso sin necesidad de agotar ese período de año y medio, podamos ver en esta Cámara el proyecto o los proyectos de ley a los que allí se hace referencia. Por tanto, emplazamos al Grupo Parlamentario Popular en lo que quede de legislatura, y al que pueda sustentar a un Gobierno en una próxima legislatura, a cumplir el mandato de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que el trámite de esta ley está siendo hasta el final positivo; un trámite en el que todos hemos podido aportar nuestra manera de entender cómo debe ser el régimen jurídico de las administraciones públicas y qué elementos deberían mejorarse.
Nosotros tenemos que reconocer que se introduce un avance en cuanto al tratamiento del silencio administrativo positivo, aunque entendemos que con una enmienda del Senado a una disposición se ha establecido que el Gobierno tiene un plazo de dos años para regularlo, pero consideramos que hay un elemento que queda por desarrollar, y es la responsabilidad de los propios funcionarios.
No nos gusta una de las enmiendas que se ha introducido en el Senado a la hora de redactar el apartado VII de la exposición de motivos. El Congreso aprobó sustituir la referencia explícita a la responsabilidad disciplinaria y a la remoción del puesto de trabajo de los competentes para instruir y resolver el procedimiento, y lo que en realidad viene a hacer el Senado es un lavado del texto diciendo que se realiza una referencia explícita. Es muy distinto sustituir una referencia explícita que realizar una referencia explícita sobre la responsabilidad disciplinaria. En todo caso, espero que aunque se omita lo relativo a la remoción del puesto de trabajo por una actuación que entorpezca el funcionamiento o el esclarecimiento de algún acto administrativo, el texto pueda quedar bastante mejorado.
Hay otra enmienda del Senado que no nos satisface (hay cuatro que no mejoran el texto sino que más bien lo pueden empeorar), que es la relativa a los convenios de colaboración. El artículo 6, en su punto 5 establece que cuando la gestión del convenio lo haga necesario se podrá crear un consorcio. Pues bien, el Senado ha añadido: consorcio dotado de personalidad jurídica osociedad mercantil. No nos gusta porque después en la

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ley no se regula ese procedimiento, aunque en este artículo hace mención a esa innovación. Por este camino estamos trasladando hacia iniciativas y sociedades lo que son competencias y actuaciones de las propias comunidades, máxime cuando los convenios son la fórmula de actuar en los casos de competencias compartidas entre las distintas administraciones, elemento que en nuestro sistema constitucional debe derivarse en positivo; la colaboración entre administraciones se hace a través de convenir actuaciones mutuas.
Hay otra enmienda del Senado al punto 16 bis, artículo 59, práctica de la notificación, que tampoco nos gusta, y que desde nuestro punto de vista añade una modificación muy extensa Aunque hay una parte que es positiva -y que nosotros vamos a votar a favor- en el punto 16, artículo 58.4, cuando se especifica que la notificación debe tener el texto íntegro y un plazo máximo de duración, pero existe un desarrollo tremendo sobre el tema de la notificación en el artículo 59 que nosotros creíamos superado, y se ha recuperado parte de lo que estuvimos discutiendo en el Congreso y que no veíamos claro. Se especifica lo que habrá de hacerse cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y no hallarse éste presente, cuando los interesados son desconocidos, cuando la notificación es rechazada por el interesado, es decir se especifican una serie de puntos que son más bien parte de un desarrollo reglamentario que de un cuerpo legal. A la hora de discutirlo e introducirlo en el Congreso, no estuvimos de acuerdo porque este sistema para garantizar la efectividad de la notificación consigue hacer recaer en el ciudadano el peso que debería corresponder a la propia Administración, y nosotros no lo consideramos así. La Administración tiene que ser capaz de notificar en forma y con contenido al propio ciudadano antes de poder actuar sobre él.
Otra enmienda que tampoco nos gusta es la que se añade en el punto 17, artículo 62, relativo a la nulidad de pleno derecho. En el texto aprobado en el Congreso se establecía en el apartado g) lo siguiente: «Cualquiera otra que guarde analogía con los anteriores y que una disposición de rango legal califique de nulo de pleno derecho.» Pues en el texto que envía el Senado se elimina que esté en relación y se establece que cualquier otro que el Gobierno haga, es decir, «Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.» Pues bien, una disposición de rango legal puede ser un decreto, y ya no hace referencia a todos los puntos anteriores: los que son dictados por órganos manifiestamente incompetentes, los que están lesionando derechos y libertades de los ciudadanos susceptibles de amparo constitucional. En suma, es una precisión que a nosotros no nos gusta.
En todo caso, señor presidente, nos gustaría resaltar como enmiendas positivas introducidas en el Senado las que hacen referencia al apartado 10 del proyecto que salió del Congreso y que ha sido substantivamente mejorado con precisiones que en el Congreso no logramos establecer, sobre todo en lo que hace referencia al artículo 42 en los puntos 3, 4 y 5. Es la previsión que se establece dando un plazo cuando hay que obtener un informe previo para que se ponga en marcha una actuación administrativa, cuando lo que aquí aprobamos era que hasta que no llegue al órgano competente, estamos facilitando la Administración única.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, termine.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Creo que es positivo que se haya mejorado esa redacción, al igual que también es positiva la precisión que se hace en el punto 4 del artículo 58 y sobre todo la referencia que se ha hecho a la disposición adicional segunda en el artículo 3, porque da al Gobierno un plazo de tiempo para que se regulen los procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación y mediación, cuya definición no se encontró en el cuerpo del proyecto. Son 18 meses, año y medio, se hará en la próxima legislatura (espero que no se entienda que son 18 meses a partir de la próxima legislatura), y que empiece a funcionar a partir de la aprobación definitiva que hoy hacemos en la Cámara. En todo caso, este proyecto de ley tiene elementos para que la Cámara se congratule como un producto común, que ojalá sirva para hacer más ágil y más funcional la Administración y su régimen jurídico.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de todas las enmiendas aprobadas en el Senado a la Ley de Régimen jurídico y del procedimiento administrativo común. Con la rapidez con que estamos haciendo este debate, mi grupo quiere decir dos cosas: primero, reiterar lo que han dicho los restantes portavoces de los grupos, y es el esfuerzo de colaboración, de consenso y de acuerdo realizado por todos los grupos, la aceptación de enmiendas por parte de Grupo Popular y el esfuerzo por parte del Gobierno por hacer de esta ley el mejor de los textos posibles tanto en el trámite del Congreso como en el Senado. Hay que reconocerlo, porque es de justicia que así se haga.
Reconocido este esfuerzo, y a pesar de que vamos a votar a favor de todas las enmiendas, mi grupo quiere dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de la sensación agridulce que nos produce el texto. Lo positivo, y acabo de decirlo, es el acuerdo, el pacto; lo negativo es que no nos terminan de gustar muchas cosas del propio texto. No nos gusta como queda el título primero, relativo a las administraciones públicas y sus relaciones, pese a que ha sido modificado básicamente con el contenido de nuestras enmiendas en lo que hace referencia

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a la cooperación interadministrativa. Pensamos que se ha perdido una oportunidad histórica de oro para regular las conferencias sectoriales, los convenios y las relaciones interadministrativas que ahora mismo son el 80 ó 90 por ciento de las relaciones en la actividad de las administraciones públicas; se ha perdido una oportunidad de oro para avanzar en la regulación de estas relaciones de acuerdo con lo que se dijo en los propios pactos autonómicos suscritos entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el año 1992, o hacer una ley específica de cooperación interadministrativa aprovechando la oportunidad que daba la Ley de régimen jurídico. No ha podido ser así, se han aceptado algunas de nuestras enmiendas, pero creemos que es una oportunidad de oro que se ha perdido para avanzar en esta consideración.
Por último, señorías, seguimos sin estar de acuerdo con la revisión de oficio de los actos anulables por las mismas razones que planteamos en su momento cuando discutimos el texto en esta Cámara.
Sin gustarnos del todo, porque la ley no termina de colmar nuestra satisfacción, queremos dejar constancia clara y nítida de la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la disposición adicional decimosexta del texto de la Ley de régimen jurídico.
Señorías, el origen de esto se encuentra en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En la tramitación de esta ley vigente, se introdujo en el Senado una nueva redacción de la disposición adicional primera, fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Vascos, según la cual podría interpretarse que los actos de las Juntas Generales de los territorios históricos del País Vasco sólo serán susceptibles de control jurisdiccional en lo que se refiere a disposiciones de naturaleza administrativa sobre su personal y la gestión patrimonial. No lo dice con toda claridad la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y nada impide desde nuestro punto de vista que los tribunales sigan considerando a estos órganos como Administración pública, según se ha venido haciendo sistemáticamente hasta ahora. Sin embargo, una interpretación de dicha norma que no sea literal conduce ciertamente a la solución antes indicada. Esta disposición de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa enmendada en el Senado, como he dicho anteriormente, está siendo enormemente criticada por los comentarios de la doctrina -lo sé porque me los han mandado- que se están haciendo a la nueva Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, porque viene a romper lo que había sido la interpretación tradicional de este tema. Lo dice el Estatuto de Autonomía del País Vasco, lo dice el Tribunal Constitucional en sentencias reiteradas, una de ellas muy recientemente de 7 de febrero de 1998; es lo que viene siendo la interpretación en torno a la naturaleza jurídica de estos organismos y de estas instituciones.
Como consecuencia de esta disposición adicional, hemos vuelto a repetir en la Ley de régimen jurídico la misma interpretación. Se nos decía: por coherencia con lo que dice la Ley de lo contencioso, tiene que decir lo mismo la Ley de régimen jurídico de la Administración pública, y vuelve a repetirse en esta ley la misma interpretación, con lo cual venimos a ahondar en esa interpretación dudosa que ya la doctrina y la jurisprudencia dicen que no debía haberse realizado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Además, sabemos que en la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Partido Nacionalista Vasco legítimamente piensa plantear también una enmienda en el mismo sentido, con lo cual vamos a variar de manera sustancial lo que ha venido siendo el funcionamiento normal de las instituciones autonómicas, de las instituciones democráticas y de los diferentes territorios históricos.
Es una interpretación diferente, distinta que mi grupo no comparte.
En aquella ocasión votó en el Senado expresamente en contra de esta disposición adicional, hoy no podemos hacerlo porque no ha sido enmendada en el Senado; sin embargo queremos dejar constancia de la interpretación del Grupo Socialista que está estudiando, estudiará y así lo ofrece al Grupo Parlamentario Popular el acuerdo y el consenso, porque sé que el Gobierno y el grupo mayoritario tienen la misma preocupación, para que estudiemos la posibilidad de corregir lo que desde mi punto de vista es un error que se cometió en la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa y veamos de qué manera bien en la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional o bien en una proposición de ley específica o ad hoc que hagamos en un momento parlamentario ulterior, solucionemos esta situación y dejemos a los territorios históricos en lo que ha venido siendo la doctrina tradicional del Tribunal Constitucional y en la interpretación normal y ordinaria. Reconociendo la naturaleza jurídica específica, híbrida y compleja de estos organismos, no deberíamos avanzar en una interpretación que varía y confunde lo que debe ser el funcionamiento normal de los diferentes órganos que componen el entramado del ordenamiento jurídico español.
Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rubiales.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, aprobamos hoy el proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con el debate de las enmiendas que nos envía el Senado a las que nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente en la medida que han mejorado algunos aspectos que ya en su día en el debate ante esta Cámara quedó claro que reclamaban un tratamiento más completo.
No debatimos, por tanto, meras correcciones técnicas o formales, sino que las enmiendas inciden directamente

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en el régimen de garantías del ciudadano en su relación con la Administración.
Querría decir, al igual que ha sido puesto de manifiesto por anteriores portavoces, que el diálogo y la colaboración han sido las notas predominantes en el trámite parlamentario de este proyecto de ley. En esta reforma todos los grupos hemos aportado nuestras propuestas, nuestras reflexiones y en muchos casos yo diría que en lo fundamental hemos alcanzado acuerdos que dan respuesta a las distintas carencias que durante sus años de vigencia había venido demostrando la Ley 30/1992. Así lo hicimos en el anterior trámite del Congreso y con ese mismo espíritu nos envía sus enmiendas el Senado, siendo prueba de dicho espíritu de colaboración que tres de las enmiendas que hoy vamos a incorporar, quizás las más significativas, traen causa de la iniciativa de distintos grupos parlamentarios. Así se propone establecer un plazo máximo de tres meses de suspensión del procedimiento cuando deban solicitarse informes ante órganos de la misma o distinta Administración al objeto de que este supuesto no se utilice como subterfugio legal para dilatar indebidamente un procedimiento, algo que tanto preocupaba, y no sin razón, al señor Ríos. De otro lado y a iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) se introduce un mandato al Gobierno para que en el plazo de 18 meses remita a esta Cámara un proyecto de desarrollo normativo de las distintas formas de terminación convencional de los procedimientos.
Por último, y es algo en lo que insistió mucho la señora Rubiales, se clarifica el régimen de notificaciones al establecer una cautela que evite que emitida una resolución se puedan producir los efectos de silencio administrativo contrarios a la misma como consecuencia de que la notificación adolezca de algún requisito formal.
Pues bien, estas enmiendas junto con otras importantes aportaciones realizadas en distintos trámites no sólo por los grupos mencionados sino también por los diputados señor Gómez y señora Uría, han contribuido a enriquecer, a completar y en algún caso incluso, por qué no decirlo, a corregir y desarrollar los aspectos básicos del proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992 que envió a esta Cámara el Gobierno, una modificación que por un lado pretende simplificar la actuación de la propia Administración, que todavía hoy resultaba compleja y dispersa, y por otro fortalecer y favorecer la posición jurídica del ciudadano ante la Administración.
Entre ese conjunto de medidas se han introducido tres principios esenciales que deben marcar la actuación de las administraciones públicas: el de buena fe, el de confianza legítima del ciudadano ante la actuación de la Administración y el de lealtad institucional como criterio rector que facilite la colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones públicas. Asimismo, se ha reformado en profundidad la regulación del silencio administrativo, es decir los efectos producidos por la falta de respuesta de la Administración y en esa materia hemos apostado clara y nítidamente por la generalización de los efectos positivos del silencio, suprimiendo la controvertida figura de la certificación del acto presunto, esto es la posibilidad que hasta ahora tenía la Administración de dictar una resolución contraria a los efectos del silencio favorable al ciudadano. De otro lado, está el restablecimiento del recurso de reposición con carácter potestativo; la supresión de la obligación que pesaba sobre el ciudadano de comunicar previamente a la Administración su intención de recurrir; la racionalización del sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas; la creación de una comisión para reducir los más de 2.000 procedimientos existentes y la supresión de la facultad de revisión de oficio por la Administración de los actos anulables conforman un conjunto de medidas que persiguen agilizar, simplificar y facilitar las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Son éstos aspectos cruciales de una modificación que da respuesta y solución a una gran parte de las carencias y disfunciones que se habían puesto de manifiesto en la aplicación de la Ley 30/1992.
Termino, señor presidente, diciendo que todos somos conscientes de que en la mejora de la acción administrativa los procedimientos deben ser sencillos, ágiles y que garanticen plenamente los derechos del ciudadano. Todos somos conscientes de que la Administración del siglo que iniciamos tiene que configurarse como una Administración moderna, donde la eficacia y la eficiencia de la prestación de los servicios sean sus notas fundamentales. Todos somos conscientes de que una buena Administración no depende sólo de unas u otras normas, sino del quehacer diario en el que se adoptan decisiones y se realizan actuaciones que son en sí mismas el motor de funcionamiento de la propia Administración. Todos somos conscientes de que en virtud del mandato constitucional la Administración representa los intereses generales, y debe ser por tanto un instrumento al servicio de los ciudadanos. Por ello, todos hemos entendido que las relaciones de los ciudadanos con la Administración nos afectan por igual al margen de cuestiones ideológicas y esta convicción se ha reflejado en el trámite parlamentario, donde el consenso ha sido la nota fundamental y ha permitido que con las enmiendas que hoy vamos a incorporar la modificación de esta importante ley no sea finalmente fruto de una parte, sino el resultado del trabajo de todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bermúdez de Castro.


- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS ENTIDADES CAPITAL-RIESGO Y DE SUS SOCIEDADES GESTORAS. (Número de expediente 121/000114.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizadoel debate sobre las enmiendas del Senado a este

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proyecto de ley, pasamos a debatir las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de las entidades capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante una figura jurídica mercantil muy importante. Solamente por citar los últimos acuerdos europeos, diremos que el Ecofín, celebrado en Luxemburgo el 5 de junio, vio favorablemente el informe sobre capital-riesgo como la llave para creación de empleo en la Unión Europea. El Consejo Europeo de Viena, celebrado los días 11 y 12 de este mes, reconoció la importancia de desarrollar un mercado europeo operativo para el capital-riesgo e instaurar nuevas formas de financiación en las que participen tanto el sector privado como el sector público. El Consejo Europeo ha invitado a los Estados miembros a que informen sobre cómo aplican el plan de acción sobre el capital- riesgo. Por tanto, se están haciendo recomendaciones para que los países europeos regulen estas sociedades sin cicatería fiscal, como se pide por muchas instituciones comunitarias; es decir que haya generosidad por parte de los Ministerios de Economía y Hacienda.
Nuestro país tenía dos reales decretos que ya han quedado obsoletos, y ahora tenemos un texto legal bastante aceptable, donde se incluyen exenciones en materia de IVA, de impuestos sobre sociedades y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre cuyo contenido no me voy a extender por razones de concisión.
Nuestros juristas, nuestros asesores fiscales, los universitarios, los profesores, los ciudadanos se quedarán extrañados de que no se haya tenido en cuenta que existe y está vigente el estatuto del contribuyente, que en el artículo cuarto exige que cuando una norma tenga contenido fiscal hay que poner en su título las palabras normas tributarias. Y se quedarán más sorprendidos de que en esta importante ley, faltando a los más elementales principios de técnica legislativa, se haya regulado otra institución jurídica, como es el factoring, muy importante en la liquidez de las empresas, y que no aparece en el título, sino en una disposición adicional, como a hurtadillas, a escondidas.
Por todas estas razones, señor presidente, a la hora de la votación, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Para anunciar con mucha brevedad que nuestro grupo parlamentario va a apoyar la convalidación de las enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de ley, donde como ya es habitual se han introducido las correcciones gramaticales pertinentes en el texto del Congreso y que aprovecha el Senado para introducirlas.
Aparte de eso, también se han reforzado las potestades atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la supervisión de las sociedades y fondos de capital-riesgo y las sociedades gestoras y entidades de capital-riesgo. Esta potestad que ya venía ampliamente recogida en el proyecto de ley inicial, se ha visto como digo reforzada en algunos aspectos con las modificaciones introducidas en algunos artículos, como por ejemplo en las obligaciones de información y auditoría, obligando a estas sociedades de capital- riesgo y sociedades gestoras a facilitar la información que solicite la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También precisando en el artículo sobre infracciones la tipificación de ciertas conductas de resistencia o entorpecimiento y ocultación de información, y finalmente habilitando al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el establecimiento de las normas contables y los modelos que deben de cumplir las cuentas anuales de estas sociedades de capital-riesgo.
Como digo son modificaciones que no tienen excesivo contenido y que dejan el texto prácticamente de la misma forma como salió de esta Cámara. Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a dar su apoyo a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar con brevedad que apoyará en el Congreso de los Diputados todas las enmiendas introducidas en el Senado. Como este proyecto de ley tuvo competencia legislativa plena en el Congreso de los Diputados, es la primera vez que vamos a fijar la posición en el Pleno del Congreso sobre un proyecto que como ya lo dijimos al comienzo de la tramitación parlamentaria es necesario y positivo en la medida que engloba la legislación dispersa y cambiante a lo largo de todos los años en un único texto jurídico que reúne todas las disposiciones y toda la reglamentación de capital-riesgo. Manifestamos nuestro criterio favorable a la existencia de este proyecto de ley. No presentamos una enmienda de totalidad y hemos colaborado positivamente en el trámite del Congreso de los Diputados para mejorar y perfeccionar un proyecto de ley que tenemos confianza y pensamos ha de servir para impulsar y desarrollar un instrumento financiero que está cogiendo velocidad de

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crucero en los últimos años, que hoy mueve más de 65.000 millones de pesetas y que genera inversión activa y productiva superior a 45.000 millones de pesetas.
Los cambios que se han introducido en el Senado nos parecen positivos. Como decía el señor Zabalía, la mayor parte de ellos han sido de carácter terminológico, de carácter gramatical y nos parece muy interesante que este proyecto de ley haya pasado antes del frenesí enmendante que el Grupo Parlamentario Popular tiene últimamente en el Senado, de tal forma que no han tocado globalmente este proyecto de ley.
Se han introducido tres enmiendas, al artículo 21.2, al artículo 38 y a la disposición adicional segunda, que nosotros compartimos. Todo lo que sea mejorar la información y aclarar cómo va a ser la información que se exige a estas sociedades por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo lo que suponga mejorar la claridad respecto al régimen sancionador nos parece positivo, así como la nueva redacción dada al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Si algo tuviéramos que criticar a este proyecto de ley o al trámite del Senado es que no ha enmendado lo que a nosotros nos hubiese gustado enmendar y es que nos sigue pareciendo excesivamente magnánima la interpretación que se hace en el proyecto de ley respecto a las facultades, a las disponibilidades que se dan a las entidades de capital-riesgo para la gestión de sus propios capitales y de su propia inversión, así como la magnanimidad de carácter fiscal que se atribuye o se otorga a estas sociedades de capital-riesgo cuando obtienen los beneficios, cuando desinvierten en las inversiones que han hecho muchas veces con carácter poco arriesgado, valga la redundancia hablando de las sociedades de capital-riesgo.
Hay veces, señor presidente, que el riesgo de equivocarse en las inversiones que tienen algunas de estas sociedades es muy inferior al que podría generar la incertidumbre de que Irak iba a ser bombardeado por Estados Unidos, cosa que a mí me parece absolutamente deleznable.
Quiero decir que muchas veces el riesgo o la incertidumbre está excesivamente primada desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la gestión de su propio patrimonio y sería el único pero que este Grupo Parlamentario Socialista haría, no a las enmiendas del Senado, como he dicho anteriormente, sino al proyecto de ley que quedará como ley de capital-riesgo una vez aprobado, y que nosotros globalmente apoyamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tras su tramitación en el Senado llega hoy a esta Cámara el proyecto de ley que regula las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, norma que enlaza con las reformas económicas que desde 1996 el Gobierno viene adoptando en política financiera, con la finalidad de mejorar la financiación empresarial, muy particularmente de la pequeña y de la mediana empresa, de aquellas sociedades que por sus dimensiones, por las características de sus proyectos o por su fase de desarrollo necesitan de recursos ajenos cuando no alcanzan los mercados de capitales tradicionales.


Esta medida tiene como precedente, como SS.SS. conocen, la importante modificación que el Gobierno realizó del régimen financiero y fiscal de las entidades de capital-riesgo, introducida en el Real Decreto- ley de medidas urgentes de 1996, y representa, por tanto, el paso definitivo que viene a dotar de estabilidad a la regulación de ese tipo de entidades financieras, en la medida en que confiere un marco jurídico completo al sector, mejorando las disposiciones actualmente en vigor y acabando con una situación de reformas parciales, desde el año 1986, que se ha revelado en estos últimos años como un elemento negativo y entorpecedor de la confianza de los inversores para dar un espaldarazo definitivo al enorme potencial que tiene esta nueva medida de estímulo a la financiación empresarial.
Por tanto, señorías, esta ley de capital-riesgo es un instrumento financiero que consideramos novedoso y sobre todo muy interesante, que es necesario potenciar en nuestro país. En este sentido, introduce importantes novedades en cuanto al régimen jurídico, respecto de la definición, la autorización, la supervisión, la inspección, el régimen disciplinario y de las sanciones. Además, incorpora interesantes modificaciones fiscales y contempla la posibilidad de los préstamos participativos y de las actividades de asesoramiento, la diversificación de riesgos, las limitaciones de grupo y la regulación parcial de determinadas cesiones de crédito.
Como entendemos además que la flexibilidad no puede estar reñida con la transparencia, se establecen obligaciones de información con el objeto de garantizar la protección de los inversores.
Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar afirmativamente las enmiendas del Senado, que mejoran el texto en sus aspectos formales y técnicos, especialmente en lo referido a las garantías de información, a las sanciones, al ámbito fiscal y a las normas contables y modelos de cuentas anuales, y me atrevería a solicitar del Grupo de Coalición Canaria su apoyo al proyecto de ley.
Para lograr un mayor consenso, a pesar de que entendemos las objeciones que realizan, creemos que, en justicia, es un buen proyecto de ley y, en la medida en que el resto de los grupos de la Cámara van a aprobar y a reforzar el contenido de este texto, creo que sería muy importante para el desarrollo de la ley de capital- riesgo que también el Grupo de Coalición Canaria la aprobase.
Señorías, este ámbito está sufriendo un desarrollo muy interesante en los países de nuestro entorno, en los que los fondos de pensiones y también las compañías de seguros comienzan ya a destinar parte de sus

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recursos a invertir en empresas no cotizadas a través de este vehículo; concretamente, en 1997 aportaron el 8,1 por ciento de los nuevos recursos, por lo que, a nuestro juicio, se trata de una línea de trabajo de futuro y también de presente, si me lo permiten, en la medida en que los bajos tipos de interés son un magnífico caldo de cultivo para el capital-riesgo. Es una medida que va a potenciar el efecto crowding en nuestra economía, que tan buenos resultados está dando en este momento, y es en definitiva una ley que va a mejorar la capacidad de nuestro sistema financiero, para asignar recursos en función de las posibilidades de los proyectos que generen riqueza en el futuro y no tanto de la riqueza generada en el pasado. Dicho de otro modo, señorías, esta ley va a ampliar la capacidad de contribuir a renovar proyectos consolidados y a ofrecer posibilidades al desarrollo de las nuevas ideas.
Por otra parte, la resolución novena de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de Amsterdam definió ya el capital- riesgo como uno de los instrumentos fundamentales para la lucha contra el desempleo en la Unión Europea. A esto hay que sumarle que crear en España una estructura sólida de capitalriesgo va a permitirnos aprovechar los flujos financieros de instituciones internacionales como el European Technology Fund o fondo de fondos que el Fondo Europeo de Inversiones va a gestionar por cuenta y riesgo del Banco Europeo de Inversiones, para tomar posiciones en fondos nacionales de capital-riesgo cuando la legislación nacional lo permita, como es el caso de lo que estamos apoyando esta mañana en nuestro país.
Con el fomento del capital-riesgo, señorías, las pequeñas y medianas empresas se verán favorecidas por un nuevo agente de financiación, ya que al facilitar el acceso a recursos ajenos supondrá una solución oportuna a la escasez de recursos propios con que nacen y actúan nuestras pequeñas y medianas empresas, y la actividad desarrollada por las entidades de capital-riesgo impulsará la creación y la transformación de las mismas, así como la puesta en marcha de nuevos procesos productivos, de nuevas redes de comercialización y de distribución, e incluso la innovación de los métodos de gestión, amén de su incidencia sobre el volumen de la población ocupada.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Echániz, termine, por favor.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy concluyendo, señor presidente.
A juicio de la Unión Europea, señorías, es fundamental para una importante creación de empleo que haya un desarrollo del capital- riesgo en el territorio comunitario. Básicamente, lo que está en juego es la creación de un nuevo espíritu empresarial en la Unión Europea y, cómo no, también en España. El verdadero desafío político de los próximos años consiste en proporcionar los medios, las tecnologías y los instrumentos financieros necesarios para que pueda surgir una nueva generación de empresarios y tener éxito, es decir, para crear las condiciones para que prospere la diversidad en nuestro país.
Señorías, esta ley de capital-riesgo significa una apuesta decidida más del Gobierno del Partido Popular por la pequeña y por la mediana empresa, por los sectores innovadores, por un tejido a veces muy atomizado que está contribuyendo -y estamos seguros de que con esta norma lo va a hacer aún en mayor medida- a mejorar el empleo en nuestro país, a continuar luchando eficazmente por mejorar la situación de desempleo, culminando un proceso regulatorio de una actividad beneficiosa para el conjunto de la economía, garantizando la estabilidad y el crecimiento de un importante sector empresarial en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Echániz.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS GRAVES. (Número de expediente 122/000191.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al debate de las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado a esta proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Quiero destacar aquí que el Senado ha hecho una buena labor de perfeccionamiento, no solamente corrigiendo el estilo del texto que salió del Congreso de los Diputados con expresiones ramplonas -me refiero a la enmienda al preámbulo en el párrafo donde el texto que se envió a la Alta Cámara habla de blanqueo de bienes y de comercio ilícito de precursores, de un oscurantismo verdaderamente llamativo para la comprensión del castellano-, sino también con enmiendas de puntualización, como la del artículo 1, sobre unidadesestructurales, orgánicas y jerárquicas del Ministerio del

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Interior, competentes en la lucha contra este tipo de actividades delictivas e ilícitas.
Quiero destacar el principio de tipificación que da seguridad jurídica y que trae la enmienda al artículo 1.1, en el párrafo segundo, donde se hace ya una referencia explícita a una serie de artículos del vigente Código Penal. De no corregirse, esto hubiera ocasionado una inseguridad jurídica, dado que el principio de tipificación es importante porque estamos hablando aquí nada más y nada menos que de una proposición de ley de carácter orgánico, por lo que el principio de seguridad jurídica tiene que estar fundamentado aquí en el principio de tipificación de las figuras delictivas que se quieren perseguir.
También se ha hecho una encomiable enmienda de perfeccionamiento, la dirigida al artículo 2.1, donde se señala una serie de circunstancias y requisitos para el transporte y la manipulación de los productos que van a ser objeto de este tráfico ilícito.
En el debate sobre la toma en consideración de esta proposición de ley, este portavoz ya había advertido que había que buscar congruencia en las expresiones: agente encubierto, agente intermedio, espía o informador, etcétera. Quiero destacar en ese sentido la enmienda que introduce un principio de garantía y de dignidad de cualquier cuerpo de funcionarios, en este caso de los funcionarios de la Policía judicial, para que ninguno de ellos pueda ser obligado a actuar como agente encubierto, por estimarse que el derecho a la propia imagen es un valor constitucional, cuya preservación es necesaria incluso en el caso del agente encubierto, pues de otra manera estaríamos conculcando derechos constitucionales; la estética de las leyes debe ser compatible con la ética del principio de respeto a la dignidad del funcionario que, por razones obvias, se ve obligado a actuar de agente encubierto para la persecución de estos delincuentes.
Finalmente, señor presidente, la enmienda que está dirigida a este artículo 2, en su apartado 4, trae una serie de puntualizaciones verdaderamente imprescindibles de todo tipo de delitos, no solamente los de tráfico de estupefacientes y drogas, sino todos aquellos que son hechos por organizaciones criminales y bandas organizadas. La enumeración que se ha efectuado en la enmienda del Senado contribuye a darle este principio de seguridad jurídica, vía figura de la tipificación.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar, con satisfacción, a favor de estas enmiendas del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría tiene la palabra.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Intervengo a los solos efectos de manifestar la relevancia que para el grupo al que pertenezco tiene la ley que hoy pasa su trámite definitivo en esta Cámara, ya que es una ley absolutamente necesaria para evitar la impunidad en los delitos que se cometen mediante tramas organizadas.
Creemos que era una regulación técnicamente compleja, puesto que debe hacerse evitando cuidadosamente la incidencia y salvaguardando los derechos y deberes fundamentales. Por ello quizá nos encontramos con que las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado son más numerosas que en otros casos, la complejidad técnica ha obligado a ello y, además, está el hecho de que en el trámite del Congreso se trataba de refundir en alguna medida las proposiciones de dos grupos parlamentarios distintos más las enmiendas de todos los grupos, dado el gran consenso que imperó en esta ponencia y en el sucesivo trámite en Comisión.
Nos parece particularmente acertado cómo ha quedado el catálogo de delitos respecto de los cuales se pueden establecer los medios de posible infiltración para evitar su comisión. A este respecto me interesa destacar que a iniciativa del Grupo Vasco se introdujo la posibilidad de que se pudieran utilizar estos métodos en la averiguación de los delitos que hacen referencia al tráfico de trabajadores.
Votaremos a favor de todas las enmiendas que han venido de la Cámara Alta e igualmente manifiesto la conformidad del grupo al que represento con la nota de absoluta precisión técnica que nos ha sido presentada a los grupos por la letrada que nos ha asistido en los trabajos en la elaboración de esta ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar mantener la media de los cinco minutos por interviniente.
Han sido dos proposiciones de ley en las que se ha trabajado muy positivamente por parte de todos los grupos y en las que el Senado ha prestado una extraordinaria colaboración. Aquí tuvimos ocasión de anunciar y transmitir a los senadores la conveniencia de efectuar algunas mejoras técnicas, incluso alguna modificación importante de fondo, como era facilitar la sustitución de estas mercancías absolutamente peligrosas de cara a la entrega controlada con menos peligro de lo que podía suponer la entrega controlada de la propia sustancia tóxica, psicotrópica y de otra naturaleza. Nos felicitamos por ello.
La incorporación a instancia del Grupo Parlamentario Socialista de que ningún funcionario de la Policía judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto, pretendiendo -no lo dudamos en modo alguno- proteger a estos funcionarios, a nuestro juicio, va

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a producir unos efectos absolutamente contraproducentes, porque si algo puede proteger al agente encubierto es aquella causa de justificación de obrar en cumplimiento de un deber, y desde luego esa causa de justificación se ve notablemente debilitada atribuyendo el carácter voluntario a este tipo de servicios.
Nosotros entendíamos, sin oponernos a que tuviese ese carácter voluntario, que era una cuestión más vinculada al estatuto funcionarial, no susceptible de ser introducida a nivel de ley orgánica. Ya advertimos en el debate en Comisión que nos manifestábamos en contra de esa incorporación, aunque tampoco haríamos cuestión de ella. No vamos a votar en contra de esa enmienda, pero, por aquello de lo que pueda venir después, sí queremos dejar constancia de que entendemos que no ha sido una incorporación adecuada y que puede tener efectos contraproducentes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida coincide con la valoración positiva que se ha puesto de manifiesto por los anteriores intervinientes. Efectivamente, el trámite de discusión complementaria en el Senado ha servido para suplir algunas omisiones y, evidentemente, ha perfeccionado el texto. Sin perjuicio de que pueda haber algún que otro punto más bien de matiz con el que pudiéramos mostrar nuestra discrepancia, es un hecho cierto que nos parece satisfactoria esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere a adecuar nuestro texto represivo contra las actuaciones de la delincuencia organizada, que no pueden ser contempladas a la luz de lo que son otra clase de faltas o delitos.
Por ello, vamos a manifestarnos positivamente tanto sobre dichas enmiendas como en la votación final de conjunto a favor de dicho texto. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gago.


El señor GAGO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Se termina aquí el caminar procedimental de esta ley que, como dijeron los anteriores intervinientes, proviene de dos proposiciones, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Con las enmiendas de todos los grupos hemos intentado conseguir un resultado que fuera fruto del consenso, si no de la unanimidad, buscando un equilibrio entre la eficacia de la norma -es decir otorgar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Poder Judicial nuevas armas legales para luchar contra el crimen organizado, especialmente contra las figuras del narcotráfico y del blanqueo de dinero- y, al mismo tiempo, los derechos de los detenidos y de los encausados en cada uno de estos delitos. Creo que lo hemos conseguido y debemos de felicitarnos todos por ello.
Las enmiendas que se han introducido en el Senado, por un lado, son técnicas y las aceptamos y, por otro, son enmiendas que enriquecen el texto y que extienden sus efectos, que esperamos que sean beneficiosos, a otras formas del crimen organizado, regulan aspectos como la interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes o como el de la participación de los agentes encubiertos en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.
Me gustaría resaltar lo que los compañeros diputados de Coalición Canaria y de CiU han comentado antes sobre la no obligatoriedad de que los funcionarios de la Policía judicial actúen como agentes encubiertos. Nosotros nos opusimos a la supresión de este párrafo. En su día argumentamos que esta ley, que es la que regula la figura del agente encubierto, debe regular también este tipo de aspectos y que la supresión de este párrafo suponía un atentado contra los derechos fundamentales de la persona que se prevén en la Constitución y nos alegramos que se haya recuperado en el debate del Senado y que, por lo tanto, ese principio de no obligatoriedad y de voluntariedad de prestar servicio como agente encubierto sea una garantía para los funcionarios de la Policía judicial.
Por lo demás, esperamos que, una vez entre en vigor esta norma, los efectos positivos sean inmediatamente percibidos por la sociedad y los negativos por los delincuentes del crimen organizado. Puedo asegurarles como alcalde de una ciudad que es Vilagarcía de Arousa, famosa por cosas que uno quisiera que nunca más volvieran a suceder en ningún municipio, que nosotros y los ciudadanos de mi ayuntamiento estamos muy contentos y satisfechos con la aprobación definitiva de esta norma.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gago.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.


La señora CAVA DE LLANO I CARRIÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, tal y como han manifestado mis compañeros representantes de otros grupos parlamentarios, el paso de esta ley por el Senado ha supuesto una modificación sustancial en la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Estas modificaciones sustanciales obligan a mi grupo parlamentario, por haber contribuido a ellas, a realizar un rápido análisis sobre las mismas.


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En la primera de las enmiendas, en el párrafo quinto de la exposición de motivos se introduce una modificación consistente en la extensión de la entrega vigilada a otras formas de crimen organizado y no sólo a los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de dinero y comercio ilícito de precursores. ¿Por qué? Pues porque se supone que la eficacia de este instrumento de la entrega vigilada en la lucha contra la criminalidad es deseable que se extienda a otro tipo de figuras delictivas en las que sea necesario el concurso de organizaciones criminales. En definitiva, se trata, pues, de que delitos tan graves como pueda ser, por ejemplo, el tráfico de armas puedan ser combatidos conforme a lo previsto en el artículo 263 bis.
Otra de las modificaciones supone que se especifica a los efectos de esta ley la inclusión de todos los órganos competentes, el juez de instrucción, el ministerio fiscal, así como los jefes de las unidades orgánicas de Policía judicial, centrales o de ámbito provincial -de ahí la ampliación- precisamente para ordenar las entregas vigiladas conforme a lo previsto en la Orden del Ministerio del Interior de 6 de marzo de 1995, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.
Otra enmienda es la que se hace en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 263 bis, puesto que se considera oportuno incluir otros preceptos del Código Penal para extender el uso de entregas vigiladas a otras conductas delictivas no menos graves que el tráfico de drogas. Debe tenerse en cuenta que si bien el concepto de criminalidad organizada no está definido en el vigente Código Penal, sí se hace mención a él en los artículos 369.6, 369.7 y 371, todos ellos referidos al narcotráfico, pero esto no significa, sin embargo, que las organizaciones criminales puedan actuar sólo en este ámbito.
La existencia precisamente de redes internacionales de delincuencia organizada es parte esencial en la mayoría de las ocasiones de delitos tales como tráfico de armas y de obras de arte y falsificación de moneda. Se ha tomado como referencia, pues, el convenio por el que se crea una oficina europea de policía -me estoy refiriendo al Convenio Europol de 1995-, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea y que nace con la finalidad de combatir la criminalidad organizada transnacional, y se elabora un catálogo aproximado de cuáles son las formas más graves que adopta aquella. Este convenio, por cierto, ratificado por España el 9 de junio de 1997, contiene una serie de figuras delictivas que suponen la existencia de una estructura delictiva organizativa sobre el tráfico de estupefacientes, redes de inmigración clandestina, trata de seres humanos y tráfico de vehículos robados.
Hay otra modificación por la que se añade un nuevo apartado al artículo 263 bis, con referencia precisamente a la regulación de la interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes. Se considera fundamental que esto sea así y que la excepción a lo previsto en el artículo 584 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está plenamente justificada, ya que dicho artículo exige la presencia del interesado o de un representante en el momento de apertura y de registro de la correspondencia postal. Si tal garantía se llevara a efecto, se desbarataría lógicamente cualquier tipo de investigación dirigida a poner al descubierto las organizaciones criminales y sus conexiones.
Otra modificación es la relativa al apartado primero del artículo 282 bis, por la que se podrá autorizar a funcionarios de la Policía judicial a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. Estos instrumentos, señorías, son de vital importancia para permitir a los miembros de la Policía judicial infiltrarse en estas organizaciones, que en la mayoría de los casos son de una gran complejidad.
La enmienda número 6 se refiere al apartado 5 del artículo 282 bis, en la que se añade a la relación de delitos aquellos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, los delitos contra los derechos de los trabajadores, los delitos de tráfico de especies de flora y fauna amenazada, el delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal y los delitos contra el patrimonio histórico- artístico. Se han incorporado, por coherencia con otras enmiendas, todos aquellos artículos del Código Penal que contemplan delitos en los cuales cabe la posibilidad de que actúe un agente encubierto.
Por último, señorías, quiero manifestar que se ha detectado un error en el texto con motivo de la tramitación en el Senado. Se introdujo en la fase de ponencia una enmienda por la que se reconocía en el artículo 1 de la mencionada proposición de ley orgánica la posibilidad de autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas, a los jefes de unidades orgánicas de la Policía judicial centrales. Sin embargo, se ha omitido la inclusión de estas unidades en el número 3 del mismo artículo, donde se establece la obligación de dar cuenta inmediata al ministerio fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo. Dicha omisión, señor presidente, se debe a un error de carácter material que podría ser subsanado en este acto introduciendo la referencia de los jefes de las unidades orgánicas de la Policía judicial centrales en la redacción del número 3 del artículo 1 de la proposición de ley. Dicho apartado quedaría redactado de la siguiente manera: 3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. Continúa: Los jefes de las unidades orgánicas de la Policía judicial centrales o de ámbito provincial -ésta es la modificación- o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al ministerio fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si existiese procedimiento judicial abierto, al juez de instrucción competente.


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Señorías, señor presidente, rogaría que si cuenta esta modificación con el beneplácito de los portavoces de los grupos políticos, se subsanara este error material, lo que daría mayor claridad a ley.
Termino manifestando, como han hecho mis compañeros, mi satisfacción por el grado de consenso y por la aprobación de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos que hemos mencionado, que lógicamente harán más eficaz la lucha contra el narcotráfico y otros delitos graves.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Cava de Llano. Por parte de los servicios técnicos de la Cámara y de acuerdo con los portavoces, se verá la posibilidad o no de realizar esa modificación técnica que S.S. indica.
Muchas gracias.


- PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA. (Número de expediente 125/000010.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar al debate de las enmiendas del Senado a la proposición de ley relativa a la declaración de parque nacional de Sierra Nevada. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
De forma muy breve quiero decir que la proposición de ley que salió del Congreso en relación a la declaración de parque nacional de Sierra Nevada suscitó un largo trabajo parlamentario, por el que se llegó a un consenso, fundamentalmente en los límites y en el contenido de la protección de este parque nacional. De forma incomprensible, el trámite en el Senado, a pesar, insisto, de que la proposición de ley que salió del Congreso estuvo consensuada por todos los grupos parlamentarios, nos aporta una reducción del nivel de protección y de los límites del documento que salió del Congreso, que quiero dejar claro que recogía de alguna manera la propuesta de los expertos de la propia zona. En ese sentido hay cuestiones tan significativas como que, de hecho, toda la zona cercana a la estación de esquí queda fueran de protección, con lo cual se nos está anunciando un desarrollo de la urbanización en aquella zona, y, por lo tanto, vamos a votar en contra de todas las enmiendas que -insisto- significan reducción en los límites o en el nivel de proteccion. Es una pena que en el Senado se haya roto el consenso parlamentario pero también el consenso con los grupos ecologistas y con los profesionales más preocupados por esta protección.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Saura.


Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.


El Grupo Federal de Izquierda Unida considera que las enmiendas del Senado en buena parte son de carácter técnico y, por otro lado, se incluyen algunas enmiendas que nosotros presentamos en la Cámara Alta que venían a mejorar las posibilidades de gestión que va a tener el parque nacional, fundamentalmente respecto a determinadas zonas del contorno de la provincia de Almería. Estas enmiendas han sido admitidas, efectivamente es una contribución para que la capacidad de gestión se pueda llevar a cabo y nosotros entendemos que ello es positivo.
Esta proposición de ley ha sido en todo momento refrendada por las organizaciones sociales, ecologistas y de montañeros que han participado, fundamentalmente en el aspecto de la extensión de los límites del parque nacional, y por ello nos satisface en gran medida que finalmente todos los grupos hayan sido capaces de consensuar en términos generales estos límites, aunque no podemos decir lo mismo sobre la gestión. Nosotros hubiéramos querido que fuera una gestión más cercana a Andalucía. Desgraciadamente las leyes marco de los parques nacionales no facilitan esta labor y por ello nosotros creemos que en el futuro tendrá que abordarse esta cuestión.
No conviene que se retrase más la puesta en marcha y el funcionamiento de este parque nacional de Sierra Nevada, que es tan importante para la protección del medio ambiente en esta zona del Estado español y en particular de Andalucía, y, por tanto, nosotros, excepto en algunas enmiendas en las que nos abstendremos, vamos a votar, en términos generales, favorablemente a las enmiendas que vienen del Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Sol.


El señor DÍAZ SOL: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo respecto a las variaciones que se han producido en la discusión en el Senado, en segunda lectura, de la ley que crea el parque nacional de Sierra Nevada. Es indudable que, en este aspecto, el Senado ha demostrado claramente su carácter de Cámara de segunda lectura y ha mejorado el texto desde el punto de vista técnico; ha corregido el estilo -que en el Congreso no solemos cuidar tanto-, como se ha comentado a lo largo de las intervenciones de hoy respecto a otros proyectos de ley en que se han expresado opiniones parecidas. Pero también es verdad que se ha acabado de hacer una de las obras, digamos, más extrañas que se han producido en el Parlamento y es que, viniendo la proposición de ley del Parlamento de Andalucía con unos contenidos

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de gestión y de organización del parque nacional, aquí, en el Congreso, se le dio a esa ley un cambio total bajo el pretexto de apoyarse en una ley que está recurrida por la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Comunidad Autónoma de Aragón, como es la Ley 41/1997.
Esta ley, que tiene claros contenidos de inconstitucionalidad, y en mi intervención en la Comisión ya intenté demostrar que había párrafos que no eran tenidos en cuenta en la sentencia del Tribunal Constitucional, ha sido cambiada en los últimos puntos, en donde realmente podía existir algún resto de reconocimiento de las competencias de la comunidad autónoma.
Me refiero, por ejemplo, a la supresión del artículo 9.5, donde se atribuía a la Consejería de Medio Ambiente la responsabilidad de hacer un plan anual de trabajo, que ha sido suprimido, no sea que tuviera algo que ver con la gestión del parque nacional. Igualmente, se ha reducido de una forma arbitraria la representación de los municipios a los que afecta este parque nacional. Hay 44 municipios que se ven afectados, cuya representación queda reducida a diez representantes, lo cual va a generar unos conflictos innecesarios y no se entiende muy bien por qué esta variación dentro del patronato del parque. Pensamos que en el Senado se podía haber llegado a acuerdos sobre esta cuestión. Esta ley se apoya sobre una ley que pensamos que es inconstitucional y que ha sido recurrida y, por tanto, es casi seguro que también habrá un recurso de inconstitucionalidad respecto a esta ley.
Por último, quiero decir que, pese a esa profunda diferencia en las competencias de la gestión, que creemos que afecta a la autonomía de Andalucía, nos felicitamos de que una de las zonas más importantes desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de su exclusividad como hábitat, tenga el máximo de protección medioambiental. Esperamos que ese afán por parte del Gobierno de la nación de reservarse la gestión para ellos redunde en una eficacia, que en otros casos, como el del parque de Doñana, no se ha demostrado. Suponemos que Sierra Nevada, al estar aguas arriba, no se verá perjudicada, como en el caso de Doñana, que está situado aguas abajo, por los conflictos que se puedan producir.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Díaz Sol.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, el paso por el Senado de la proposición de ley por la que se crea el parque nacional de Sierra Nevada ha supuesto una mejora considerable en el texto de la ley, incluido el título, ya que la ley era constitutiva de la condición de parque nacional de Sierra Nevada, en concordancia con las leyes creadoras de parques nacionales; por ejemplo, la Ley 16/1995, de los Picos de Europa.Se han hecho algunas modificaciones que, como han dicho los anteriores intervinientes, han sido en esencia de tipo gramatical, muy adecuadas y correctas, y también algunas de ellas, como en la exposición de motivos, aclaratorias de las leyes a las que se referían, evitando el uso inadecuado de partículas, la reiteración y las deficiencias de puntuación. Junto a éstas, se han hecho otras modificaciones muy oportunas en los artículos 4, 6 y 10, así como la realizada en la disposición derogatoria segunda. También ha habido una cierta adecuación de las letras del articulado, en sustitución de expresiones, concretamente al artículo 2, letra a), lo que implica también la adecuación del resto de los apartados de dicho artículo, y en algunos artículos como, por ejemplo, el 3, en el apartado 1, donde se agrega una mención al anexo II de la proposición de ley que vemos hoy, en el que se relatan los términos municipales en los que se situará el futuro parque nacional de Sierra Nevada y que nos parece enormemente adecuado.
En el apartado 2 de la ley se amplía también la remisión a la Ley 4/ 1989, que da lugar a una mejor forma del articulado, y se hace una referencia expresa a la modificación. También nos parece adecuado que la ley que hoy vemos, al margen de lo que aquí se haya podido decir, se adapta a una modificación legislativa que hubo que hacer a la ley de 1989 por sentencia del Tribunal Constitucional. Esté la ley recurrida o no, lo que ningún grupo nos puede pedir es que se legisle de forma no concordante con la ley vigente. Por eso, señorías, nos parece lamentable que se insista en pedir que se adecue una proposición de ley a una legislación que ha sido recurrida y en contra de la que hay sentencia del Tribunal Constitucional.
Quedan mucho mejor expuestas y más completas las modificaciones que se hacen de la composición del Patronato en el artículo 7, un Patronato enormemente participativo y que se ajusta al Real Decreto 1760 de 1998, de 31 de julio, con una participación, que nuestro grupo considera ejemplar y completa, no sólo de órganos administrativos, sino también de entidades y asociaciones; una participación, como puede verse en el texto de la ley, de las más completas que hay para una organización de este tipo.
Otro carácter tiene la enmienda que suprime el apartado 5 del artículo 9, al que el representante del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho alusión, simplemente porque ese apartado entra en colisión con el apartado 3 del mismo artículo, que confería las competencias que él echa de menos en ese apartado 5 de la elaboración del plan anual de trabajo. El apartado 3 de dicho artículo lo remitía a la Comisión Mixta de Gestión y no a la Consejería, y no puede haber en el mismo articulado dos puntos contrapuestos.
Con carácter general, y por razones de precisión ortográfica, se han sustituido una serie de abreviaturas, lo que nosotros consideramos enormemente favorable en el texto de una ley, y la grafía aparece in extenso. También son muy loables otras modificaciones de referencia

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de estilo. Respecto a las pequeñas variaciones de límites, a las que hacía alusión el señor Saura, lamento decir que solamente indican el desconocimiento del consenso al que se llegó en el trazado de los límites, según el cual se respetaban las zonas de alto uso y desarrollo, y ha seguido habiendo este consenso por parte de todos los grupos, como aquí se ha hecho presente por Izquierda Unida.Es verdad que se han hecho algunas pequeñas modificaciones pero tan pequeñísimas que solamente han resultado afectados algunos límites de pequeñas parcelas de uso agrícola, como ya se contemplaba y como se había acordado por consenso de todos los grupos. Por otra parte, si resultasen afectados algunos pequeñísimos cultivos existentes en esta zona, hay ya medios de indemnización contemplados en la Ley de parques nacionales, no solamente los que contemplaba la Ley 4/1989, sino también en la modificación de los contemplados en la Ley 41/ 1997, realizada posteriormente, sobre todo porque es interesante poner de manifiesto que en ningún momento se va a perjudicar al pequeño agricultor que actualmente pueda tener algún interés y que pueda parecer lesionado en su derecho de uso y de disfrute, fundamentalmente porque se trata de una zona eminentemente deprimida desde el punto de vista económico.Creemos que también es de gran interés el mapa que aparece en el anexo I.
Por último, señorías, sólo nos queda felicitarnos por el deseo que hoy vemos realizado de que con un Gobierno del Partido Popular se pueda llevar a cabo un viejo anhelo de Andalucía, de dos provincias entrañables, Granada y Almería, y de quien hoy tiene el honor de dirigirse a esta Cámara, que desean conservar ese legado inestimable de riqueza natural, de riqueza cultural y de belleza sin límites que es el parque nacional de Sierra Nevada.
Por todo ello, señorías, nuestro grupo votará favorablemente las enmiendas del Senado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández de Capel.
Finalizado el debate del apartado VII del orden del día, enmiendas del Senado, vamos a proceder a la votación de todas y cada una de ellas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, si ocupan sus escaños y guardan silencio podremos conseguir cumplir las previsiones que estoy seguro que comparte la mayoría de la Cámara con la Presidencia.
Por favor, señor Trocóniz; es que no para. (Pausa.) Y sigue. ¡Señor Fernández de Trocóniz, por favor! Vamos a pasar a las votaciones de las enmiendas del Senado a los distintos proyectos y proposiciones de ley que se han debatido. En primer lugar, comenzamos por el proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Primero, enmiendas del Senado a los artículos 1.4, que se refiere al artículo 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, en su contenido; artículo 1.16 bis, que a su vez se refiere al artículo 59 de la Ley 30/1992; artículo 1.17, que se refiere al artículo 62 de la ley citada, y exposición de motivos, apartado III, sexto párrafo.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313 ; a favor, 299 ; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a los artículos 2.8, que se refiere a la disposición adicional decimoséptima, apartado 1, y a la exposición de motivos, apartado III, décimo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 299; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 310; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de Ley de modificación de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Pasamos a continuación al proyecto de Ley reguladora de las entidades capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
Enmiendas del Senado a la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 299; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.


El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas las enmiendas por unanimidad del Pleno del Congreso.
Pasamos a la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


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En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado, en una sola votación, con la corrección técnica anunciada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas las enmiendas por unanimidad del Pleno del Congreso.
Votación final del conjunto del proyecto de ley, por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, al haber alcanzado la mayoría absoluta del Congreso en la votación final de conjunto, queda aprobado el carácter orgánico de la proposición de Ley de modificación de la de Enjuiciamiento Criminal.
Pasamos a la proposición de ley relativa a la declaración del parque nacional de Sierra Nevada.
Las enmiendas del Senado se refieren, en primer lugar, al artículo 3, apartado 2, y a la nota final del anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 171; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 7, apartados 2. ll) y 5; a su vez, enmienda al artículo 9.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 170; en contra, 129; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado a la proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas las enmiendas del Senado a la proposición de Ley relativa a la declaración del parque nacional de Sierra Nevada por unanimidad del Pleno. (Los miembros del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, puestos en pie, exhiben pancartas con el siguiente texto: «50.o

aniversario de los derechos humanos. Estados Unidos bombardea al pueblo de Irak».-Rumores.) Silencio, señorías.


Ruego a SS.SS. que retiren los carteles. Es una manera de expresar una opinión, que ya seguramente ha sido percibida por los restantes miembros de la Cámara, pero les rogaría que retiraran los carteles.
Saben SS.SS. que, en nuestro régimen parlamentario, las manifestaciones de opinión sobre problemas tan graves como al que aluden esos carteles se examinan en el órgano competente, y que el Gobierno y los distintos grupos han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, para lo que puede ser el mismo día de hoy, en la Comisión de Asuntos Exteriores. Por tanto, tendrán SS.SS. oportunidad de manifestar su opinión allí. Les ruego que retiren los carteles.
Muchas gracias, señorías.


VIII. DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día. Debo advertir a SS.SS. que procederemos de la misma forma que hemos hecho a lo largo de este Pleno: con tasación del tiempo de las intervenciones y con votación al final del punto VIII de todos los proyectos que constituyen el mismo, alguno de los cuales tiene naturaleza orgánica, por lo cual quedan advertidos de que al final del punto VIII se producirán las votaciones.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO VIII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL APROBADO POR LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 121/000087.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del proyecto de ley orgánica de modificación del título VIII del libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10, de 1995, fecha 23 de noviembre.
Subsisten enmiendas de la señora Almeida, del Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir? (Asentimiento.); de Coalición Canaria, ¿va a intervenir alguien de este grupo? (Asentimiento.); del Grupo Socialista, ¿van a intervenir? (Asentimiento.); del Grupo Vasco, del Grupo Catalán, y en nombre del Grupo Popular intervendrá la señora Barrios. Vayan preparando bien sus argumentos para ser sintéticos, sincréticos, concisos y concretos.
Señorías, les ruego encarecidamente que hagan el favor de abandonar el hemiciclo si no tienen que intervenir en el debate, ocupen sus despachos más que sus escaños, pero dejen que transcurra el orden del día. No atasquen las escaleras.
Señora Almeida, adelante.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.


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En nombre del Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña, los Verdes, queremos manifestar y mantener las enmiendas que presentamos a la reforma del título VIII del libro II del Código Penal. A lo largo de la tramitación de estas enmiendas, lo que fue una propuesta del Partido Popular de modificación del Código Penal, en lo que se refería a los delitos contra la libertad sexual, ya no podemos decir que es iniciativa del Partido Popular, porque de aquella iniciativa afortunadamente queda poco, se ha modificado a través de la discusión parlamentaria en Comisión y han tenido aceptación muchas de las enmiendas que han hecho muy distinta la propuesta inicial.
Al efecto de querer proteger la libertad sexual de los menores se pretendió de nuevo, a través de la reforma del código, introducir una moralina absolutamente ajena a él y meter a nuestros menores en unas relaciones sexuales previamente determinadas, que afortunadamente hoy no son las que nos ocupan, o al menos todas las que se pretendían entonces.
Respecto a las enmiendas de nuestro grupo, se mantienen todavía dos de ellas al título que se modifica, en cuanto que se vuelven a meter en dicho título no sólo los delitos contra la libertad sexual sino contra la libertad y la indemnidad. El concepto de indemnidad nos parece ajeno a nuestro código, ajeno a los propios menores y ajeno a la libertad, y como lo que se debe proteger es la libertad, nos hemos opuesto. Por tanto una de las modificaciones que mantiene este grupo en sus enmiendas es la supresión del concepto de indemnidad.


Otra de las enmiendas que mantenemos va contra la modificación del capítulo II, que va a llamarse: Contra la prostitución y la corrupción de menores. Creemos que introducir de nuevo el término corrupción de menores en nuestro código es intentar buscar conductas morales y no penales, y más cuando lo define el propio código. Los conceptos que se refieren a la libertad y a la corrupción sexual no pueden ser considerados como un comportamiento de naturaleza extraña a la vida sexual de los menores. Utilizar esos términos en el Código Penal significa incluso tener una previsión acerca del comportamiento sexual de los menores, de los menos menores y de los mayores, porque a los 16 y 17 años ya se tiene un concepto de libertad y sin embargo se está orientando hacia un determinado comportamiento sexual que no es de libertad sino de predeterminación. Por eso las enmiendas que mantenemos en el día de hoy -otras muchas han sido retiradas por haberse llegado al consenso- van en orden a no intentar menoscabar la libertad, pero sí proteger el ejercicio de ella.
Todas las que se refieren a la protección del ejercicio de esa libertad por los menores de edad han sido mantenidas, incluso mantenemos otras para castigar mejor esas conductas, pero no estamos de acuerdo con todo lo que suponga menoscabar el ejercicio de la libertad sexual porque no queremos condicionar a los menores.


No aprovechemos nunca los momentos de tensión para modificar los códigos penales, que van a durar cuando esa tensión desaparezca. Ya se ha conseguido bastante al eliminar la tensión, pero quitemos también la indefinición que, más que proteger la libertad, puede atacarla. En ese sentido, damos por defendidas las enmiendas de nuestro grupo que se mantienen en este acto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida, especialmente por su esfuerzo de síntesis.
El señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En ese esfuerzo de síntesis, anuncio que de mis cuatro enmiendas retiro las números 54 y 56. Mantengo para votación las enmiendas 26 y 28, que paso a defender muy telegráficamente.
Coincido plenamente con el espíritu con que la señora Almeida ha defendido las enmiendas. Desde que entró el proyecto le hemos pasado, si no la lima, sí la lija para adaptarlo a un concepto democrático de libertades que inspira nuestra Constitución y el vigente Código Penal. En la enmienda número 26 mantenemos la edad de los 12 años frente a la de 13 años que introduce el proyecto ¿Por qué? Cuando el legislador hizo el Código Penal en 1995 ya se discutió sobre la edad de los 13 años. El derecho histórico español ha mantenido siempre esta cifra de los 12 años para estos casos, incluso nuestro Código Civil, en su artículo 177, viene a reconocer que el adoptado mayor de 12 años es sujeto de derecho capaz de consentir su propia adopción.
Si puede hacer esto, podrá también estar en el esquema de libertades.
Aquí, en un rancio puritanismo, se hace patente esta restricción de libertades, que hemos reducido, si no quitado del todo, como señalaba la señora Almeida.
Con la enmienda número 28 pedimos la supresión del apartado 3 del artículo 184 referido al acoso sexual porque nosotros mantenemos el principio de seguridad jurídica que se deriva de la tipificación de las figuras delictivas. La tipicidad, el concretar el tipo, no se hace en este apartado 3 cuando se dice: «Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación» Son todos términos ambiguos, amplios, subjetivos, que no introducen nada nuevo que justifique esta figura, aunque sí podrían derivarse principios de injusticia al dictarse determinadas sentencias en primera instancia.
Por esas razones, señor presidente, mantenemos nuestras dos enmiendas citadas, la número 26 y la número 28.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: De nuevo le manifiesto mi gratitud, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.


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La señora URÍA ECHEVARRÍA: El Grupo Vasco no mantiene enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene S.S. toda la razón. Disculpe mi error.Es el Grupo Socialista el que mantiene enmiendas, que defenderá doña Carmen del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
Tenían razón quienes me han precedido en el uso de la palabra. Este proyecto de ley llega hoy al final de una etapa, de una larga y azarosa historia, una historia que comenzó hace algo más de un año cuando el Gobierno aprovechó la aprobación por este Congreso de los Diputados de una serie de medidas destinadas a proteger de mejor modo la libertad sexual de los menores para enviar a esta Cámara un proyecto de ley en el que, junto a esas medidas, se destapaba el frasco de las esencias más retrógradas y se mezclaba moral y derecho, sustituyendo la protección penal de la libertad sexual por la imposición a golpe de código de una particular concepción de la moral sexual. Esta fue la opinión entonces no sólo de este grupo y de la oposición con carácter general, sino incluso de algunos de los grupos aliados del Gobierno, que llegaron a afirmar que veían con cierto espanto el proyecto de ley que aquí nos llegaba.
Después de esta larga y azarosa historia, de una tramitación de casi un año en ponencia y de abundantísimas enmiendas, incluso 15 del propio Grupo Popular, el texto que debatimos hoy aquí es bastante distinto del original. Sin duda, ha experimentado mejoras; entre ellas, quisiera señalar que en Comisión se ha introducido por unanimidad una serie de enmiendas de Convergència i Unió que adelantan parcialmente la protección prevista a las víctimas de malos tratos y que permiten en una serie de casos, como medida cautelar, ya sea en sentencia, el alejamiento del agresor de la víctima. Quiero señalarlo, señor presidente, no sólo porque es cierto, sino para información del Gobierno, que parece que no se ha enterado muy bien de la introducción de esta medida, puesto que, después de transcurrido un mes desde la aprobación de este texto por la Comisión de Justicia e Interior, envía a esta Cámara un proyecto de ley que contiene disposiciones idénticas, colocando al Parlamento en la curiosa situación de debatir dos proyectos de ley cuyos contenidos son, al menos en parte, exactamente iguales. También es cierto que el texto ya no contiene algunas de las perlas antológicas que tenía el proyecto de ley del Gobierno. En especial, se ha esfumado la brillante idea de penalizar cualquier tipo de relación sexual, beso incluido, entre menores de 15 años y mayores de 18, lo que sin duda hubiera supuesto un notable rejuvenecimiento de la población penitenciaria española.
El dictamen de la Comisión -mi grupo lo reconoce y reconoce el esfuerzo de todos los ponentes, incluido el de la ponente del Grupo Popular- es más presentable; la verdad es que hubiera sido difícil que resultara menos presentable que el proyecto enviado por el Gobierno, señor presidente. Sin embargo, estos cambios no son suficientes para que podamos dar nuestro apoyo a este proyecto de ley. Por ello, mantenemos parcial o totalmente un número significativo de enmiendas, absteniéndonos en la votación de totalidad. Obraremos así porque, pese al trabajo de la ponencia, el texto sigue plagado de incorrecciones.
La verdad es que los mimbres que nos había proporcionado el proyecto de ley hacían muy difícil llegar a construir un cesto mejor. Se mantienen penas desproporcionadas, aunque no tan acusadas como las que llegaron a esta Cámara; se mantienen, como señalaba el señor Mardones, definiciones vagas, como la del acoso sexual entre iguales, que vulneran el principio de legalidad y se mantiene una tipificación incorrecta de muchas conductas. Pero no es sólo la forma la que nos mueve a abstenernos, sino que nuestro motivo de oposición más importante, señorías, es el fondo.
Es verdad que el dictamen de Comisión que tenemos hoy ante nosotros ha limado en buena parte el afán catequista del proyecto de ley original, pero también es verdad que hay cuestiones que hacen que siga más pegado a aquella vieja idea de defensa de la honestidad y a la concepción del derecho penal como garante de la modalidad que a la protección democrática de la libertad sexual, y ello fundamentalmente porque se mantienen en él dos de las novedades que ya señalaba la señora Almeida y que envió el Gobierno a esta Cámara. En primer lugar, se mantiene presente, tanto en el título como a lo largo del articulado, el concepto de indemnidad sexual como objeto de protección. En cualquier Estado social y democrático de derecho, en cualquier Estado democrático y laico, señorías, el objeto de protección penal en lo que a la sexualidad se refiere es la libertad sexual. Las conductas sancionables son tanto aquellas que se realizan al margen de la voluntad de la víctima como aquellas que se realizan contra quienes todavía no pueden ejercitar esa voluntad para decidir.
Creemos que añadir este nuevo concepto de indemnidad a ese objeto de protección de la libertad sexual no aporta nada más que un sospechoso tufillo moral y un intento de hacer intocables a los menores, de encerrarlos en una urna y de impedirles el libre desarrollo de su personalidad constitucionalmente protegido, libre desarrollo de la personalidad que implica también el gradual desarrollo de la sexualidad.
Además, señorías, se mantiene otro aspecto de fondo en este proyecto de ley al que la oposición de mi grupo es radical. Se retipifica la conducta de corrupción de menores, que había desaparecido del Código de 1995, y se retipifica además en unos términos: «hacer participar a un menor e incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste» que siguen mereciendo sobradamente los reproches de generalidad, de imprecisión del tipo, de falta de respeto al principio de legalidad que llevaron hace tres años a eliminar este tipo del Código Penal y a sustituirlo por la protección y

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la sanción de las conductas concretas que pueden atentar contra la libertad sexual de un menor, bien sea el abuso, la prostitución, la agresión o la pornografía infantil. No caben, en realidad, señorías, otros supuestos de corrupción de menores.
Reconocemos aquí que el Código Penal vigente presentaba algunas deficiencias en la tipificación de estos casos, especialmente en la insuficiencia de las penas en determinados casos de abuso. Pero precisamente en uno de los aspectos con el que estamos de acuerdo -un aspecto que soluciona este proyecto de ley- es en el de posibilitar la pena de prisión en determinados casos de abusos sexuales que antes sólo eran castigados con multa. En opinión de nuestro grupo, señorías, ir más allá y volver a tipificar la corrupción no supone ninguna mejora en la protección de la libertad sexual del niño; supone simplemente una nueva confusión entre derecho y moral -una moral bien concreta, por cierto- y un atentado contra los principios de un Estado de derecho democrático y laico.
Quiero cumplir el compromiso de brevedad, señorías, y resumir. La postura del Grupo Socialista, en definitiva, será votar sí a aquellos contenidos que se corresponden con los compromisos que esta Cámara adoptó en su día unánimemente y votar sí a aquellos contenidos que adelantan la protección penal de las víctimas de malos tratos familiares. En cambio, nos opondremos al contenido retrógrado y moralizante de buena parte de esta reforma, que, lamentablemente, en nuestra opinión, desvirtúa sus aspectos positivos y nos impide votar favorablemente la totalidad del proyecto de ley.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora del Campo. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición contraria a las enmiendas? (Pausa.) Para un turno de fijación de posición, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Vasco votará a favor del dictamen de la Comisión, lo cual, si se contrasta con el voto que manifestó mi grupo en el primer paso de la tramitación de este proyecto en la Cámara, acreditará, salvo que hubiese una incoherencia manifiesta en la postura del Grupo Vasco -yo les aseguro que no es así- los profundos cambios que el texto que ahora votamos ha experimentado en relación con el proyecto inicialmente presentado a la Cámara. En aquel caso, apostamos por su devolución al Gobierno porque incurría, creíamos, en excesos notables, pese a que su objetivo era loable, puesto que era evidente -y así lo venían exigiendo el Defensor del Pueblo y distintas entidades- una tipificación distinta respecto de determinadas conductas, ya que la realidad había evidenciado que existían conductas no previstas en el Código aprobado en el año 1995. Creemos que el texto que se ha aprobado definitivamente es ponderado. Ha huido del exceso en la reglamentación de los comportamientos de los menores, que era uno de los errores en que incurría el texto inicial, e igualmente ha quedado erradicado del mismo lo que denominamos en el debate la corrupción de mayores, puesto que contenía previsiones inadmisibles desde el punto de vista de la tipicidad penal referidas a personas mayores de edad.
Creemos, y así lo manifestamos en el trámite de Comisión, que se ha reconducido el texto en aspectos tan importantes como la fijación de la edad referida a los abusos sexuales. Nos parecía que la edad de 18, idéntica a la de la mayoría de edad, era excesiva en la barrera de la protección y, finalmente, fruto de las enmiendas presentadas por mi grupo y por Convergència i Unió, ha quedado establecida en el límite de los 16.
Igualmente, mi grupo no era partidario inicialmente de la introducción del concepto de corrupción de menores. Sin embargo, de los debates en Comisión llegamos a la conclusión de que la jurisprudencia estaba forzando excesivamente la aplicación de otros tipos penales para evitar que determinadas conductas quedasen impunes. No somos, repito, ab initio, partidarios de hablar de corrupción de menores, pero creemos que, tal y como ha quedado tipificado en el artículo 189.3, en el que lo que se castiga no es el participar o realizar determinadas conductas, sino el obligar a participar, entra dentro de los objetivos que tenía previstos el legislador al abordar estas modificaciones normativas de la mayor protección de los menores.
Igualmente, nos manifestamos entonces de forma muy favorable a la introducción de las enmiendas 50 a 53, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que hacían referencia no estrictamente a lo que era el objeto del proyecto, sino a lo que se ha dado en llamar conductas referidas a la violencia doméstica. Creemos que es oportuna esta introducción y que indudablemente fuerza, como nos ha tenido que recordar el letrado que nos ha asistido en la Comisión, al cambio de denominación del proyecto de ley. No sé si es adecuado que se pueda producir en este trámite o deberemos esperar a las oportunas modificaciones en el trámite del Senado. Pansamos además, y en esto nos unimos a la manifestación que ha hecho la señora del Campo, que el Gobierno debería revisar y tener en cuenta que estas modificaciones van a ser aprobadas hoy en la Cámara -pendientes todavía de la tramitación en el Senado- para retirar o por lo menos corregir el proyecto de ley recientemente presentado en relación con la violencia doméstica.
Repito, al Grupo Vasco le parece que ha quedado más que aceptable el texto que hoy se nos trae a la Cámara y votaremos a favor del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Silva, por el Grupo Catalán.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


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Intervengo para manifestar el voto favorable al proyecto y para agradecer las expresiones tanto de la portavoz del Grupo Socialista, doña Carmen del Campo, como de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en relación con alguna de las enmiendas que pudimos incorporar, sobre todo referentes al maltrato de mujeres.
La proposición ha salido muy mejorada y aquellas afirmaciones que pudimos hacer el día del debate de totalidad hoy no son de recibo.
Decía doña Carmen del Campo que estamos ante un proyecto de carácter retrógrado y moralizante. Si tuviésemos que aguantar el palo solos, quizás nos impresionase, pero cuando el Consejo General del Poder Judicial en su informe admite la reintroducción del delito de corrupción de menores, cuando la Fiscalía General del Estado lo hace también y cuando -y a nosotros, como grupo parlamentario nacionalista nos interesa mucho- el Sindic de Greuges de la Generalitat de Cataluña también así lo manifiesta, entendemos que somos ya tantos palos que quizás la imputación sea equivocada.
Como ha manifestado antes la señora Uría, si examinamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de estos dos años encontramos cómo se están forzando tipos penales de una forma absolutamente impresionante que la propia Fiscalía General de Estado califica de una audacia interpretativa que vulnera el principio de legalidad.
Piensen SS.SS. que se está condenando por agresión sexual con intimidación a aquellas personas que han realizado determinados actos de naturaleza sexual con menores y a los que luego amenazan con decir a sus padres que fuman si se lo comentan a alguien o si no acceden a sus deseos. Una agresión sexual con intimidación, cuando la intimidación consiste en algo tan absolutamente nimio, parece que no tiene mucho sentido. El Tribunal Supremo, incluso en este mismo año, está castigando abusos sexuales con prevalimiento por la pura y simple diferencia de edad. Una sentencia de 13 de abril de este mismo año considera abuso sexual con prevalimiento la conducta sexual realizada por una persona de 42 años con una joven de 14, sin más consideración que la pura y simple diferencia de edad. Lo propio está haciendo en el abuso sexual por engaño. Cuando el menor es llevado a unas circunstancias tales como actuaciones sexuales en grupo, visionado de películas pornográficas, utilización de bebidas alcohólicas o cuando en ese ambiente se fuma tabaco el Tribunal Supremo está diciendo que eso es un abuso sexual por engaño porque se pone al menor en una situación en la que ignora la transcendencia de los propios actos. Señorías, es cierto que hay que poner coto a esa audacia interpretativa del Tribunal Supremo que lo que manifiesta es que por proteger precisamente a los menores se está saltando el límite absoluto del principio de legalidad.
Ya ofrecimos al resto de los grupos, al inicio de su tramitación parlamentaria, que podíamos intentar cubrirlo por otras vías, quizás definiendo o modificando el tipo de abuso sexual por engaño o cualquiera otra de estas circunstancias. Nosotros no hemos sido capaces de encontrar otra redacción y, por lo que hemos visto, los otros grupos tampoco. Si en el Senado nos ofrecen un tipo que no deba denominarse corrupción de menores pero que permita atender la protección de los menores en ese tipo de comportamientos, con ellos estaremos.
Para finalizar, quiero manifestar nuestro voto favorable y reconocer también que, primero, la proposición no de ley de la que deriva este proyecto tenía por objeto la protección no sólo de la libertad, sino también de la integridad sexual de los menores. Por tanto, no sólo de la libertad estricta, sino también del libre desarrollo de la personalidad de los menores, que también es un valor constitucional.
Yo no sé si se puede considerar una norma de carácter moral o un principio moral, pero es un valor constitucional y es al que mi grupo ha pretendido atender.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Señor Castellano Cardalliaguet, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en este turno para fijar posiciones. Es evidente que, como los anteriores intervinientes, tenemos que hacer referencia a la posición de nuestro grupo cuando se estudió la toma en consideración de este texto, que fue, evidentemente, el mantenimiento de una enmienda de totalidad. No vamos a ocultar que se ha hecho un esfuerzo en el trabajo de la ponencia para que, como otros han resaltado, el texto que hoy salga de esta Cámara tenga poco que ver con el texto que entró enviado por el Ministerio de Justicia, pero sí tenemos que lamentar que por una actitud de absoluta intransigencia el Grupo Popular, que parece ser que le hubiera gustado mucho más que se vote en contra, haya incurrido en la contradicción de corregir extremos mucho más importantes y, sin embargo, no aceptar la corrección de cosas que son mucho más accesorias. Y precisamente por ser accesorias no nos vamos a encastillar en una oposición hacia ellas y votaremos favorablemente el texto, pero nos gustaría resaltar esa falta de sentido de la flexibilidad.
En primer lugar, estamos en contra del termino corrupción de menores porque es un término absolutamente impropio. O se atenta contra la libertad sexual del menor mediante violencia, mediante engaño, con abuso de superioridad, con abuso de cualquier otro papel, o no existe ese atentado. Esa corrupción del menor se dará porque ese menor es inerme frente a determinadas actuaciones, lo que le coloca en situación de debilidad. Pero eso ya está contemplado sin necesidad alguna de que se utilice un término que no tiene por qué incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico sino que pertenece -y nos parece muy bien- a la terminología o a la fraseología que nace del mundo de la moral. Por ello, mientras no se corrija este extremo, la

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exposición de motivos no va a ser objeto de nuestro voto favorable.
En segundo lugar, en cuanto al capítulo IV, de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, no atentan contra la libertad de nadie porque a nadie se impele a realizar ninguna actuación que él no quiera realizar. Lo más que puede ocurrir es que esas actitudes de obscenidad o de mal gusto sean soportadas, pero eso pertenece al patrimonio exclusivo del que las soporta y no podemos entrar a valorar si han producido un daño o no en él porque, sinceramente, no son objeto de hechos concretos que puedan ser tipificados. Nos parece que los artículos 185 y 186 sobran por completo. Es más, aquí hay una especie de tutelaje que además es contradictorio porque se dice: «El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año, o multa de seis a doce meses.», lo que coloca al sujeto en actitud pasiva ante el conocimiento de cualquier clase de imágenes. Esto deberá suponer, ya de entrada, el que cojan ustedes los periódicos de hoy y se asomen a las últimas páginas de anuncios por palabras, y verán ustedes que todo ello es pura pornografía desde el punto en que ustedes lo contemplan. Por tanto, no hagamos el ridículo. No hagamos el ridículo, no confundamos ni más ni menos que el derecho a la libertad sexual, no confundamos la protección de la libertad sexual y no confundamos la pornografía con un elemental erotismo que forma parte del propio desarrollo humano. Estas actitudes están muy bien para las catequesis y se corresponden muy bien con determinadas formas de pensamiento, pero imponérselas a gente madura y adulta en un sistema democrático es absolutamente absurdo. El Código Penal, con un principio de mínima intervención, no puede estar para fijarse en el ridículo que hace un ciudadano cuando realiza un acto de exhibicionismo, que, con un poco de suerte, lo único que puede provocar es la risa en aquél que lo sufre. Por tanto, creo que es lamentable que se hayan empecinado ustedes en mantener estos atavismos. No sé si con ello darán ustedes satisfacción a la Conferencia Episcopal, pero evidentemente no deben pertenecer al mundo del Código Penal.
También hay que decir que el que se pueda dar un precepto como el artículo 189.3, que habla del que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o el desarrollo de la personalidad, va a convertir a nuestros jueces -tendrá que convertirlos- en psicólogos. Tendrán que hacer unos estudios profundísimos, porque puede ocurrir que ese menor, al que se está tratando de proteger en cuanto al desarrollo de su personalidad, esté bastante más formado que el que pretende influir en él.
Estas son cosas que no tienen ninguna razón de ser, y yo lo lamento sinceramente, porque nos gustaría que nuestro voto fuera afirmativo a este proyecto sin ninguna clase de reservas Lo va a ser, y creo que quizá porque se ha anticipado nuestro posicionamiento, nos hemos encontrado con esta actitud de absoluto empecinamiento o de cabezonería. A veces llego a pensar que es que hay alguien en el Grupo Popular que quiere que el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida y algunos más le voten negativamente, para aparecer como más triunfante; si no, no entiendo este posicionamiento, porque todo esto sobra en este texto legal. Es absolutamente innecesario su mantenimiento, no se puede objetivar, son todos juicios de intenciones, es un cajón de sastre que nadie sabe cómo va a ser interpretado por los tribunales.
¿Ustedes lo quieren mantener para parecer más castos y puros y estar contra todo elemento concupiscente? Manténganlo y, si les sirve para, según sus creencias, gozar de la gloria divina, lo celebraremos.
Ahora, para los que no tenemos que estar en estas tesis, nos parece que esto es, pura y sencillamente, hacer el ridículo. Estoy convencido de que cuando llegue la doctrina a examinar esta reforma dirá que la Cámara ha tenido una buena ocasión de evitar el ridículo pero que no ha sabido encontrar el mecanismo de escapar del mismo.
Aun así, repito, señor presidente, como lo importante es lo otro, vamos a votar a favor porque lo que nos interesa es la libertad sexual de los menores y de todos los ciudadanos y estar en contra de todo lo que sea violencia, engaño, intimidación o utilización de cualquier actitud de carácter prevalente, para que alguien no haga aquello que nazca de su propia naturaleza y de su propia voluntad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.


Intervengo, en nombre del Grupo Popular, para fijar la posición del mismo respecto del proyecto de ley del Gobierno que modifica el título VIII del libro II del Código Penal, de los delitos contra la libertad sexual. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Vamos a votar afirmativamente el texto que ha presentado el Gobierno porque nos parece coherente, novedoso en el sentido de que incorpora determinadas actuaciones delictivas que hasta este momento no aparecen reguladas en este título VIII, y además porque modifica el contenido de algunos de dichos delitos contra la libertad sexual, especialmente de los menores, que necesitaban determinadas correcciones.
Es cierto que en ponencia y Comisión, señor presidente, se han hecho ostensibles mejoras respecto al contenido del mismo, pero los miembros del Grupo Popular estamos muy satisfechos de la labor de nuestro Gobierno en la regulación de este texto que, más omenos de forma completa, viene respaldando lo que se

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solicitó en las dos proposiciones no de ley que salieron de este órgano legislativo.
Hace casi un año que llegó el proyecto de ley, en octubre del año pasado, y hemos estado debatiendo sobre el mismo. Por eso me llama la atención que don Pablo Castellano hable de falta de flexibilidad de la representante del Grupo Popular. Don Pablo Castellano, los delitos de exhibicionismo y provocación sexual que vienen regulados en el Código Penal actual no los ha incorporado el Gobierno del Partido Popular en esta modificación, los incorporó el Gobierno socialista y ustedes apoyaron dicha regulación. Nosotros no hemos hecho ningún cambio ostensible al respecto. Se lo recuerdo porque aquí cada uno tiene que responder de sus actuaciones pasadas y presentes. Nosotros, igual que ustedes y que el resto de grupos de la Cámara, queremos que la libertad sexual de nuestros menores sea protegida. Es por ello que hemos instado a nuestro Gobierno -y en eso tenemos toda la responsabilidad y vamos a apoyarlo en todo momento- para que regule al respecto con objeto de proteger a los menores.
Recogiendo el sentido de la intervención del representante del Grupo de Convergència i Unió, no me parece serio decir que este texto tiene carácter retrógrado y moralizante, como han expresado algunos de los intervinientes. No me parece serio porque entonces también sería retrógrado el Defensor del Pueblo, también sería retrógrado el Consejo de Europa, que lo dictó en la resolución número 1099, también serían retrógrados todos los miembros de la Conferencia de Estocolmo que intervinieron en ese sentido, también serían retrógrados todos los miembros de la Unión Europea que, en base al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, fijan una acción común. Y serían retrógrados todos los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dos de cuyas sentencias, las del 16 de septiembre de 1996, recogen la necesidad de fijar de nuevo el delito de corrupción de menores porque existe una laguna legal.
No sólo estamos de acuerdo con este texto por la incorporación de nuevos delitos graves, sino porque nos parece muy adecuada la precisa determinación que se hace de ciertas penas en este título del Código Penal y porque, sin lugar a dudas, se atemperan muy razonablemente algunas sanciones en términos de coherencia y proporcionalidad con los valores protegidos. Estoy hablando de las que se aplican en el artículo 181, los abusos sexuales inconsentidos o, en el artículo 183, los abusos sexuales con engaño o, en el apartado 3 del artículo 189, la corrupción de menores en donde se posibilita que el juez -y así lo han dicho anteriores intervinientes- pueda, en base a la gravedad de las actuaciones delictivas, aplicar la pena privativa de libertad o la pena de multa.
La regulación propuesta gana en claridad, de tal manera que se perfilan algunas redacciones de delitos incorporando criterios técnico-penales y sustituyendo vocablos comunes por otros especializados. Por ejemplo, la regulación de los artículos 179 y 182, en donde se modifican determinadas expresiones respecto al acceso carnal o la sustitución de la expresión culpable por la de responsable, así como la nueva redacción que se le da a las agravantes en el artículo 180, que nos parece más adecuada.
Respecto a la incorporación de nuevos delitos, consideramos que no es lo mismo el delito de prostitución que el delito de corrupción de menores. Cuando estamos hablando de corrupción de menores nos referimos a incorporar al menor en una actividad sexual envilecedora y degradante. Esa es en sí la gran trascendencia que tiene esta actividad delictiva, que incorpora al menor una actividad actividad sexual depravada y que va a atacar su libertad sexual de tal manera que cuando se desarrolle va a tener auténticas limitaciones en su orientación sexual.
No podemos hablar de prostitución de menores y de corrupción de menores dentro del mismo delito. Ya en el antiguo Código Penal, en el artículo 452.bis, b), se distinguía entre prostitución y corrupción de menores utilizando la conjunción disyuntiva «o», según se aplicara una determinada actuación delictiva u otra. El Grupo Popular considera que la regulación de la prostitución y de la corrupción de menores, tal como se fija en el apartado 3 del artículo 189, no es un concepto moral, sino que era y es un delito según se afirma, como he dicho anteriormente, en diversas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Pero no sólo se recoge este delito de corrupción sino también la agravación de los delitos si los culpables pertenecen a asociaciones u organizaciones que se dediquen a esta actividad. En la regulación que se hace del acoso sexual en el artículo 184 nos parece muy adecuado que se recoja este delito no sólo entre iguales sino, en el apartado 2, cuando se fundamente en un abuso de superioridad o con el anuncio tácito o expreso de producir un mal a la víctima, agravarla según las circunstancias que tenga la misma respecto a enfermedad, edad o situación personal.
Y, desde luego, la novedad del punto 2 del artículo 188, en donde se penaliza el favorecimiento directo o indirecto de entrada, salida o permanencia en el territorio español de personas para su explotación sexual con la agravación de cuando sean menores, no consideramos que tenga carácter retrógrado y no venía regulado. Y se fijan en el artículo 189.1, letra a), los delitos de exhibición en espectáculos pornográficos utilizando a menores y a incapaces, se añade la expresión público o privado y se penaliza la financiación de estas actividades, así como la financiación y la elaboración de material pornográfico con menores. Por último, resaltar la incorporación en la letra b), del artículo 189.1, de la penalización de la producción, venta, distribución y exhibición de material pornográfico que utilicen menores o incapaces cuando su procedencia sea desconocida o tenga origen en otro país.
Nos parece muy importante esta regulación porque se llega a penalizar la posesión, aunque en un la mitad inferior de la pena, del material para estas actividades;

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es decir, que se penaliza la cadena de actividades que van desde la financiación hasta la posesión de material pornográfico cuando en la actividad delictiva se incorporan menores. También hay una nueva regulación de la prescripción de los delitos que nos parece importante, sobre la condena de tribunales extranjeros para aplicar la reincidencia, así como la incorporación del aumento de la edad a los 13 años en el artículo 181 porque creemos que un menor de 12 años no puede dar su consentimiento a unas determinadas actividades sexuales que no van a potenciar su libertad sexual, más al contrario, van a facilitar la actuación de bandas organizadas o de pedófilos.
Acabo, señor presidente. Agradecemos todas las aportaciones que han hecho los diferentes grupos parlamentarios, diciéndoles que en todo momento las actuaciones de los pedófilos y de las bandas organizadas no tienen como finalidad sino la satisfacción de su perversión sexual o de sus necesidades económicas y nunca la potenciación de la libertad del menor y del incapaz, que es lo que pretende este texto y que nos parece muy satisfactorio.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Barrios.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 196.505.344 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, ESTABLECIDAS EN LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN EL RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO NÚMERO 5/234/1996, A FAVOR DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ESTOMATOLOGÍA. (Número de expediente 121/000125.)

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 1.498.900.000 PESETAS, EN LA SECCIÓN 33, «FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL», PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1992, A FAVOR DE LA GENERALIDAD VALENCIANA, RELATIVA AL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE 1989. (Número de expediente 121/000127.)

- PROYECTO DE LEY PARA LA CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 150.803.739 PESETAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE MAYO DE 1995, RELATIVA AL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE INUNDACIONES OCURRIDAS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES. (Número de expediente 121/ 000140.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Continuando con el orden del día, y por acuerdo de la junta de portavoces, el resto de los dictámenes van a ser debatidos en dos bloques. El primero de ellos corresponde a los puntos 39, 40 y 47, que son tres créditos extraordinarios. ¿Algún grupo desea intervenir para fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir en el crédito extraordinario que hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre, que afecta al Fondo de Compensación Interterritorial. Mi grupo mantiene dos enmiendas a este proyecto de ley para que, a través de la concesión del crédito extraordinario, se vean afectadas no sólo las comunidades autónomas que presentaron en su día el contencioso y que ganaron, sino para que se extienda a todas las comunidades autónomas que se vieron perjudicadas por la iniciativa que tuvo en su momento el Gobierno.
Esta es la defensa y el mantenimiento de las enmiendas que hace nuestro grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.
En relación con este mismo proyecto de ley que figura con el número 40 en el orden del día, anunciamos nuestro voto favorable, por cuanto este proyecto de ley da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo, a fin de reponer la cantidad de casi 1.500 millones de pesetas en favor de la Generalidad valenciana, es decir, de sus proyectos de inversión correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial de 1989.
Previamente, y esto es lo que quiero destacar, hubo una decisión del Consejo de Ministros que minoraba la participación en el Fondo de Compensación Interterritorial de la Generalidad valenciana, y hubo también el correspondiente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la misma Generalidad valenciana. Todo esto se produjo, señor presidente, en una época en que gobernábamos los socialistas en la Generalidad valenciana y en el gobierno del Estado, y cuando por parte del Partido Popular valenciano se acusaba al presidente Joan Lerma de sumisión a Madrid. Como siempre, señor presidente, la historia va dejando a cada cual en su sitio. De momento, no conocemos ningún recurso del Gobierno Zaplana en contra de una decisión del Consejo de Ministros, pese a la existencia de motivos.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, entendemos que no procede su aceptación por las razones ya apuntadas en comisión y en tanto en cuanto que en cierta medida mantiene la posición del abogado

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del Estado en un incidente de inejecución que quedó resuelto en el auto de 12 de enero de 1994, en la Sala tercera del Tribunal Supremo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular , tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: Para decir que, una vez más, igual que pasó en la Comisión de Presupuestos, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. No voy a hacer referencia a los datos aportados por el portavoz del Grupo Socialista. Solamente quiero decirle que, tal como ha citado, menos mal que en la época de Lerma en algo se opuso a Madrid, porque posiblemente no tenga más ejemplos que dar y por eso ha aprovechado para resaltarlo.
Al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quisiera decirle que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha querido meter en este trámite parlamentario al resto de comunidades autónomas, cosa que no ha lugar. Por ese motivo, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a votar en contra de las enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pascual.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 121/000129.)

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LA BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS. (Número de expediente 121/000130.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN. (Número de expediente 121/000131.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 121/000132.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/ 000133.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000136.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a continuación al debate conjunto de los dictámenes que corresponden a los puntos que van del 41 al 46 del orden del día.
El primero de ellos es el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la seguridad ciudadana; el segundo, el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas; el tercero, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión; el cuarto, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general; el quinto, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional y, sexto, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del derecho a la educación. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego mantiene su posición contraria a la modificación de la Ley 7/1985 y, asimismo, a la modificación de la Ley Orgánica de 1979 del Tribunal Constitucional a través de las enmiendas que presentó a estos dos proyectos de ley, que nos parecen sustanciales. Empezaré por la primera aludida.
Cuando fue el debate general señalamos que entre democracia y gobernabilidad se tomaba la vía de favorecer la gobernabilidad, como si tuviesen que ser términos antitéticos. Por eso especialmente fuimos contrarios a dar nuestro voto positivo, por el papel, a nuestro juicio desmesurado, que se le asigna a la Presidencia, a los alcaldes, a las entidades locales y a los presidentes, en concreto, de las corporaciones provinciales. Si en el primer caso se trata de reforzar mecanismos antidemocráticos, en el caso de las corporaciones provinciales, además de esto, se trata de reforzar una estructura administrativa del Estado con la cual nosotros discrepamos abiertamente por ser disfuncional, por mermar las capacidades en materia autonómica y ser un síntoma de la dificultad que tiene el Estado español por simplificar su estructura institucional.
En todo caso, en relación con las enmiendas que se refieren a las competencias de los alcaldes, hemos mantenido algunas sintomáticas, en concreto las referidas a

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que debía de estar más fiscalizado por el pleno el papel que la modificación asigna a los alcaldes para concertar operaciones de crédito y de tesorería, porque todos sabemos que no solamente es importante lo que se pide, sino cómo se pide. Por tanto, pensamos que tendría que haber una fiscalización por parte del pleno.
Otra de nuestras enmiendas hacía referencia a que la modificación atribuye al alcalde competencias que hoy son del pleno en contratación y selección de personal, que ya hemos dicho que iba a contribuir a aumentar el amiguismo y la fidelidad política, sobre todo en la manera de establecer los concursos y las retribuciones complementarias. Por eso pedimos que se suprima, efectivamente, el artículo 21.1,g) del proyecto de modificación.


Nos oponemos también a la capacidad que se le da al alcalde en materia disciplinaria del personal, que pensamos que debía de estar claramente fiscalizada por el pleno como hace la vigente ley de bases. Aparte de eso, el aumento de competencias del alcalde en materia de contratación, licencias, acciones judiciales y administrativas nos parece desmesurado y pensamos que había que mantener la vigencia de la ley actual.
Por otra parte, las atribuciones que se hacen del pleno a la alcaldía dejan a este pleno aún más debilitado de lo que ya estaba en la ley original. En definitiva, en el caso de las diputaciones provinciales, los artículos 33, 34 y 35 merecen nuestra oposición y hemos presentado enmiendas que no se aceptaron y, por tanto, para nosotros el cuerpo de esta modificación sigue siendo inasumible.
Por lo demás, vemos con muy buenos ojos que se haya aceptado la enmienda transaccional al artículo 77. La capacidad de obtener información por parte de los concejales y concejalas y de diputados y diputadas -que no figuraba en el proyecto de ley- era una grave dificultad actual, y aunque no se aceptaron las represalias de carácter administrativo contra los que hurtasen o dificultasen esa información, vemos que es un paso positivo y lo celebramos.
En cuanto a la modificación de la Ley de Aguas, seguimos manteniendo que no debían estar presentes las corporaciones provinciales en los organismos representativos en relación con las cuencas hidrográficas, sí las comunidades autónomas y, por supuesto, los ayuntamientos. Por tanto, mantenemos nuestro voto negativo.
Respecto a la ley de modificación del Tribunal Constitucional, ocurre exactamente igual. El tiempo dirá a quien sirve esta modificación, pero nosotros tenemos sospechas de que se trata de un submarino abiertamente cargado en contra de la capacidad competencial de las comunidades autónomas y no le vamos a dar nuestro voto favorable a estas enmiendas. Nosotros intentamos paliar el aspecto antiautonómico dejando claro que también habría que poder recurrir las leyes de ámbito estatal, no solamente las leyes autonómicas, y acelerar el proceso de trámite ante el Tribunal Constitucional para que las cosas fueran más fluidas...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez, le ruego vaya concluyendo.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente. Las cosas deben ir fluidas, no introduciendo tantos informes de distintos consejos.
Por todo ello -y ya termino, señor presidente-, nos vamos a abstener en la votación de la Ley Orgánica sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana; mantenemos el voto negativo sobre la Ley de modificación de las bases del régimen local; votaremos a favor de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión; votaremos a favor la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que supone una mejora clarísima; votaremos en contra de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y nos abstendremos en la Ley del derecho a la Educación, simplemente porque pensamos que no se dota de competencias económicas a las entidades locales para poder hacer frente a esa medida de colaboración y participación en la fundación de centros educativos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Nosotros ya dijimos que la principal crítica al conjunto de leyes que conforman lo que denominamos pacto local es que no afrontan el principal objetivo de dicho pacto local, que era incrementar fundamentalmente las competencias locales y, al mismo tiempo, implicar a las comunidades autónomas. Por tanto, nuestras objeciones no se dirigen tanto a lo que dicen las leyes, sino a lo que no dicen.
Del conjunto de enmiendas que hemos presentado, solamente quiero hacer referencia a un par de ellas. La primera la hemos presentado para que también las asociaciones municipalistas puedan recurrir la constitucionalidad o no en las mismas condiciones de representatividad que el proyecto de ley señala para los municipios.
El Partido Popular, grupo que sustenta al Gobierno, nos ha hecho llegar una transaccional que ya anuncio que aceptaremos.
La segunda enmienda importante, que parece que no se quiere aceptar, pretende que se despenalicen las coaliciones, igual que ocurre en países como Francia o Alemania, donde es posible que coaliciones de partidos, agrupaciones de electores y partidos políticos sumen sus votos a efectos de estar presentes en las administraciones supralocales.
Señor presidente, sólo quería señalar estas dos enmiendas y decir que nuestra crítica fundamental es a aquello que el pacto local no recoge.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.


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En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Ahorraré a la Cámara el juicio -que adelanto que es favorable- que a mi grupo le merece el conjunto de medidas que hemos dado en llamar pacto local. Simplemente me ceñiré al contenido concreto de las enmiendas que mi grupo mantiene todavía en este trámite respecto de cuatro de los proyectos.
En lo que se refiere a la Ley reguladora de las bases de régimen local, el Grupo Vasco mantenía las enmiendas 5 y 8, que hacían relación a una cuestión que creemos que es algo más que formal, intentando evitar en el texto el empleo de la expresión municipalización, puesto que es una expresión que sólo se utiliza -así lo creemos- en normas preconstitucionales, prefiriéndose en las posconstitucionales la gestión de servicios en régimen de monopolio.
No hacemos cuestión del tema y, como muestra de buena voluntad, retiramos en este trámite las enmiendas 5 y 8.
No podemos retirar la enmienda número 7, puesto que creemos que hace referencia a un mínimo que debe predicarse de las entidades locales en materia de autoorganización si tenemos en cuenta la autonomía local que respecto de ellas consagra la Constitución. Por tanto, no hemos entrado en el consenso del texto aprobado en Comisión y producido a través de las enmiendas 16, de Convergència i Unió, y 38, del Grupo Socialista, puesto que creemos que un mínimo que debe corresponder a cada corporación local es poder establecer en sus reglamentos la periodicidad que crea más conveniente o adecuada a sus propias características en la celebración de los plenos.
La enmienda número 10 hace referencia a un asunto que desde nuestra óptica tiene relevancia política: el que la previsión que con carácter excepcional figura en el artículo 67 de la Ley reguladora de bases sobre la posibilidad de que, previamente a la impugnación de un acuerdo, éste pueda ser suspendido, se predique no sólo respecto del interés de España, sino que también pueda predicarse del interés propio de una comunidad autónoma, siendo en este caso no el delegado del Gobierno, sino el presidente de esa comunidad quien tenga esta facultad.
La enmienda número 11 hace referencia al interés propio del grupo al que represento de que la referencia que se contiene en el artículo 73.3 a los Presupuestos Generales del Estado lo sea a las leyes de presupuestos propias de las comunidades autónomas.
La enmienda número 12 fue parcialmente aceptada, y consta en el dictamen de la Comisión, en lo que hace referencia a la redacción del artículo 75.1; no así en lo que hace referencia a la redacción del artículo 75.6. Sostenemos la enmienda con la pretensión de que los miembros de las corporaciones locales que durante el ejercicio de sus cargos hayan cotizado por las prestaciones de desempleo luego tengan derecho a éstas en los términos establecidos en la legislación vigente. Creemos que recogemos una vieja reivindicación de las asociaciones de entidades locales posibilitando que alcaldes y concejales puedan percibir estas prestaciones por desempleo acabado su mandato.
La enmienda número 13 recoge otra cuestión que se repite en otros de los textos que conforman el llamado pacto local: que cuando se hace referencia en el texto a las asociaciones de municipios de ámbito estatal se tenga también en cuenta la existencia de asociaciones de ámbito autonómico, aunque en estos casos se les exigiese unos porcentajes determinados de afiliación.
Con esto concluyo lo referente a la Ley reguladora de bases y paso a las enmiendas que mi grupo sostiene en relación con la Ley de Régimen Electoral General. Adelanto que las tres enmiendas que el Grupo Vasco mantiene en este trámite no hacen referencia a lo que el Gobierno ha presentado como proyecto de ley, sino que son aspectos traídos por este grupo a la Cámara, puesto que son materias suscitadas por el Grupo Vasco cada vez que se habla de modificación de la Ley de régimen electoral.
La enmienda número 5 pretende salvaguardar las competencias de las juntas electorales de comunidad autónoma. La enmienda número 6 pretende resolver una contradicción existente entre el tenor de esta ley y la recientemente entrada en vigor Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que nos gustaría que fuera examinada por el grupo mayoritario en la Cámara, a los efectos de que si efectivamente existe esta contradicción, como nosotros creemos que existe, si no es posible su votación hoy, sea resuelta en el debate en el Senado.
La enmienda número 7 pretende salvaguardar el régimen foral peculiar de los territorios históricos en cuanto a las competencias que ostentan sobre el régimen electoral municipal, conforme a lo establecido en el artículo 37.3 del estatuto vasco, cuestión de la que han oído hablar reiteradamente en esta Cámara.
La tercera ley a la que el Grupo Vasco mantiene enmiendas es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta enmienda se ha mantenido porque creemos que completa lo previsto, que ha sido extraordinariamente bien valorado desde la óptica del Grupo Vasco, en la disposición adicional cuarta del proyecto. Allí se plantea la salvaguarda del régimen especial previsto en el Estauto vasco respecto de la existencia de un organismo denominado comisión arbitral, llamado a dirimir las contiendas entre los órganos comunes de la comunidad autónoma y los de los territorios forales.
Se prevé también en el texto del proyecto el que los órganos de los territorios históricos puedan acudir directamente al Tribunal Constitucional para defender su ámbito propio de autonomía, es decir, se salva la legitimación activa. Creemos, sin embargo, que en el contenido del proyecto queda colgando -por decirlo en expresión coloquial- la legitimación pasiva, y por eso hemos incluido la enmienda número 2 de las que aparecen mantenidas para esta tramitación en la Cámara.


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A propósito de esta enmienda se ha sostenido por los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de una ley precedente que pretendíamos alterar el sistema de fuentes constitucionalmente previsto y que incluso introducía modificaciones respecto a lo establecido en el Estatuto de Autonomía vasco. Creemos que el régimen de fuentes constitucionalmente previsto no es ajeno a la previsión de la disposición adicional de la Constitución cuando salvaguarda los derechos históricos de los territorios forales y, desde luego, el articulo del Estatuto de Autonomía del País Vasco al que se ha referido la señora Rubiales no hace sino consagrar la postura que estas enmiendas pretenden: el artículo 25 del Estatuto vasco dice que son leyes lo aprobado por el Parlamento vasco, sin perjuicio de las competencias de las instituciones a las que se refiere el artículo 37 del presente estatuto. Mantenemos, por tanto, esta enmienda porque creemos que es la garantía de la salvaguarda del régimen foral, y nos felicitamos, no obstante, del debate que la señora Rubiales ha suscitado, anunciando incluso la presentación de futuras iniciativas.
Creemos que es un tema que hay que resolver por todos y que hay que debatir en esta Cámara, que es el órgano adecuado para ello.
Me referiré en último lugar a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sostiene en relación con la modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho a la educación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por favor, le ruego lo haga brevemente, señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, son cuatro las leyes respecto de las cuales se mantienen enmiendas, y es inevitable que sea más largo el trámite que cuando hablamos de un único proyecto de ley.
Manifesté en Comisión que este es el texto que menos entusiasmo suscita en el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), puesto que, a pesar de ser muy breve su contenido, a los dos artículos que prevé ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). Una de ellas hace referencia a la cuestión a la que anteriormente me he referido, es decir, a que no se tiene en cuenta la existencia de asociaciones de municipios de ámbito distinto del estatal cuando se habla de su participación en el consejo escolar. Y la enmienda que sostenemos al segundo de los apartados nos parece que hace referencia a una cuestión que desvirtúa la normativa actual, puesto que ahora nos parecía que estaba claro el escalón normativo en esta materia. La Ley reguladora de bases de régimen local contiene la previsión de la garantía institucional. La LODE y la Logse regulan sucesivamente los aspectos en lo que hace referencia a las formas en las que los ayuntamientos deben subvenir a la creación o al mantenimiento de centros escolares. Nos parece que lo que ahora se regula con el carácter de imperativo aparece como sujeto a convención con la modificación que se nos propone, y pretendemos mantener y someter a votación esta enmienda. Ello no obstante, puesto que albergamos dudas y tenemos todavía esperanza de que quizá en el trámite del Senado sea posible un arreglo o un acuerdo entre grupos en el sentido que hemos manifestado, no vamos a negar a esta ley la votación de su carácter de ley orgánica, con lo cual posibilitamos que, efectivamente, pueda pasarse a un trámite ulterior de debate en el Senado. Repetimos que tenemos dudas respecto del contenido de los dos preceptos, pero votaremos a favor de su consideración como ley orgánica.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
De manera coherente con anteriores posiciones respecto al contenido y oportunidad de los proyectos de modificación de determinadas leyes que atañen a la garantía del ejercicio de la autonomía local, mi grupo reitera su posición favorable a cada uno de los proyectos y a su objetivo común.
No obstante, sin menoscabo del talante de diálogo consensuador de las personas responsables en el Ministerio, y valorando muy positivamente la responsabilidad constructiva de los diferentes grupos políticos, mantenemos para su defensa y votación determinadas enmiendas que enmarcamos en dos grupos conceptual y políticamente distintos, que tienen como objetivo, por una parte, la defensa de las competencias en materia de régimen local de mi Gobierno y, por otra, la consideración a todos los efectos por el Gobierno del Estado de la asociación de municipios catalanes de los entes locales propios e históricos de Cataluña en las comarcas.
Dos son las enmiendas dirigidas a salvaguardar las competencias en materia de régimen local de mi Gobierno: la número 4, al apartado 5 del artículo 75 de la Ley del Tribunal Constitucional, cuya modificación propone que éste determine, mediante sentencia, la titularidad o atribución de la competencia controvertida. Este precepto contradice el texto constitucional, que delimita las pertinentes normas de naturaleza competencial del Estado y de las comunidades autónomas y la atribución por estos a las entidades locales, tal como ha insistido repetidamente la misma jurisprudencia constitucional que afirma que si la ley básica del Estado invade competencias locales o lo hace la ley autonómica le corresponde al Tribunal Constitucional ponderar si aquéllas son necesarias o si aseguran o perjudican la autonomía local. Del mismo modo, la enmienda 18 al artículo 49.c) de la modificación 14ª de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, intenta evitar que el legislador estatal pretenda regular como básica una materia que en su momento no reguló y que en Cataluña ha sido regulada de forma expresa hace casi 12 años en ejercicio de sus potestades

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y en desarrollo de la propia Ley 7/1985. El precepto modificador restringe pues nuestro espacio competencial, anula un precepto de nuestra ley propia jamás recurrido y jerarquiza que la ley estatal es de rango superior y mejor garante de la autonomía local que la ley autonómica, que lo ha venido ejerciendo desde hace ya 12 años.
El tema del segundo grupo de enmiendas recurrente en boca de nuestro grupo es la participación de las asociaciones de municipios mayoritarias de ámbito autonómico en organismos del Estado en los que se traten asuntos que afectan directamente a los municipios que representan.
Por último, con la enmienda número 5 a la Ley 2/1979, del Tribunal Constitucional, reclamamos la legitimación de las comarcas como sujetos actores para plantear conflictos en defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional, autonomía que tienen garantizada constitucionalmente por su condición de entes locales. Las comarcas, como saben ustedes, son los elementos estructurales y estructurantes propios de la organización territorial de Cataluña al lado de las provincias, que es un ente local administrativo político que en Cataluña se considera impuesto a la división natural y cuya función es sólo la de ser circunscripción electoral y división del Estado, lo cual no ha sido asumido socialmente en Cataluña en 150 años de su existencia.
Creemos que el contenido de nuestras enmiendas y las razones que sucesivamente hemos ido exponiendo avalan suficientemente el que pudieran ser apoyadas por los grupos presentes.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cumplido el trámite de ponencia y Comisión, entramos en la recta final de este paquete de proyectos de ley que afortunadamente vamos a llegar a tiempo de cumplimentar antes de que finalice el actual período de sesiones. El debate, en nuestra opinión, podría haber sido apasionado si verdaderamente se hubiesen abordado las reformas que ha venido reclamando la FEMP para llegar al pacto local que todos hubiésemos deseado. En este caso, entendemos que el Gobierno se ha limitado a presentar una serie de medidas que, en su opinión, mejoran los gobiernos locales. A nuestro entender, han propuesto tibias reformas en el ámbito competencial del Estado sin querer entrar en el fondo de la cuestión, que es definir con claridad el nivel competencial de los entes locales sin eludir sus responsabilidades o tratar de derivar el debate o negociación a otros ámbitos de resolución.
Izquierda Unida tiene una posición de rechazo absoluto al proyecto sobre protección ciudadana y mantiene todas sus enmiendas por considerar que la modificación que se propone no va dirigida a mejorar la seguridad ciudadana. Creemos que, al contrario, habilita nuevas normas que disminuyen los derechos de los ciudadanos e incrementa el poder y la capacidad sancionadora de los alcaldes en perjuicio de los derechos y libertades públicas.
En la Ley de bases del régimen local mantenemos nueve enmiendas que, en lo fundamental, pretenden impedir que los plenos tengan menores competencias y que los alcaldes tengan todo el poder ejecutivo en sus manos. Entendemos que lo grave de esta reforma legislativa es que algunas de las medidas que consideramos positivas están pensadas para encubrir lo que verdaderamente pretende hacer el Gobierno, con el beneplácito de los que aspiran a instaurar un modelo presidencialista de los ayuntamientos, reforzando la figura de los alcaldes en una nueva distribución de competencias que vacía de contenido la función de los plenos municipales y que despoja a los concejales del poder de decisión que su voto tiene en los plenos sobre los asuntos que a partir de la reforma serán competencia exclusiva de los alcaldes. A nuestro entender, la figura del alcalde va a condicionar totalmente la vida municipal al sustraer al pleno todas las competencias ejecutivas que anteriormente venía teniendo. Algunas de las modificaciones propuestas permitirán a los alcaldes aprobar cuestiones que hasta ahora requerían el concurso y aprobación de los plenos, con lo cual no estamos de acuerdo.
Mantenemos vivas dos enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión, aunque ha sido admitida una enmienda, la número 3, al artículo 9.2, que creemos que mejora la redacción de este proyecto.
A la modificación de la Ley del régimen electoral general mantenemos cuatro enmiendas dirigidas a eliminar la cuestión de confianza, porque consideramos que la introducción de esta cuestión en el ámbito local ligada a la aprobación de acuerdos de trascendencia para la corporación, como son los planeamientos urbanísticos, los presupuestos, las ordenanzas fiscales o el reglamento orgánico, ocasionará que en el futuro los que presidan las corporaciones locales podrán recurrir a la cuestión de confianza cuando no cuenten con mayorías suficientes para la aprobación de asuntos que sean de interés para los alcaldes. En definitiva, consideramos que queda un largo camino por recorrer para que la Administración local cuente con verdadera autonomía política y financiera, de acuerdo con la Carta Europea y también con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución española.
Para finalizar, adelanto que el voto de Izquierda Unida va a ir en los siguientes términos. Votaremos en contra del proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana; nos vamos a abstener en el proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora de las bases del régimenlocal; vamos a apoyar con nuestro voto el proyecto de

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ley orgánica que regula el derecho de reunión; nos abstendremos en el proyecto de ley orgánica de modificación del régimen electoral general y vamos a apoyar la modificación de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional así como la Ley que regula el derecho a la educación.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no son muchas las ocasiones que existen para que en esta Cámara se hable de los ayuntamientos españoles. Además, hoy se hace con una limitación de tiempo que voy a aceptar porque me parece razonable la pretensión de la Presidencia. En cualquier caso, los proyectos que hoy vamos a aprobar constituyen un conjunto de medidas que van a afectar a las corporaciones locales españolas y que tienen diversa incidencia sobre el futuro del funcionamiento de dichas corporaciones. Constituyen, por tanto, un paquete local que viene a dar satisfacción en parte a viejas reivindicaciones de ayuntamientos y diputaciones, pero que como tuve ocasión de decir en esta tribuna el pasado día 26 de noviembre, cuando se debatió la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, dista mucho de ser el pacto local que los ayuntamientos españoles vienen reclamando desde su asamblea general, celebrada en La Coruña en 1993, por mucho que el Gobierno quiera hacernos creer que con esto da cumplimiento a su compromiso con el sector local de este país. Quiero volver a insistir en que no es posible hablar de pacto cuando en estas medidas no existen los dos principales elementos que harían que fuera así: ni un incremento sustancial en la financiación de las corporaciones locales -más bien se ha producido lo contrario a través, cómo no, de la ley de acompañamiento en relación con la participación en ingresos del Estado de las corporaciones locales- ni un aumento de las competencias en favor de los ayuntamientos, aspectos que son sustanciales para que pudieran considerarse estas medidas como el cumplimiento del susodicho pacto local. Voy a destacar a continuación aquellos aspectos que me parece que tienen una mayor trascendencia para los ayuntamientos y diputaciones, así como advertir de los perjuicios que se les puede causar si prosperan algunos de los proyectos de ley que estamos discutiendo.
En relación con la Ley de bases del régimen local, las modificaciones que se plantean van en la dirección de introducir un mayor grado de gobernabilidad y de estabilidad, trasladando competencias que hoy son ejercidas por el pleno de la corporación y que tienen un eminente carácter ejecutivo al presidente de la misma, clarificando, por otra parte, las competencias del pleno y reforzando sus funciones de control. Se introduce asimismo la cuestión de confianza en el sector local, que se desarrolla en la modificación de la Ley del régimen electoral general, junto con una nueva regulación de las mociones de censura.
Esta nueva regulación de la moción de censura pretende evitar, al introducir una convocatoria automática, la no convocatoria del correspondiente pleno por el alcalde (como ustedes saben, ha habido casos en que esto ha sucedido) y, por otra parte, la cuestión de confianza vinculada a proyectos concretos quiere evitar situaciones de bloqueo en materias que tienen trascendencia en la gestión del gobierno municipal. Digo que no ha sido fácil encontrar un acuerdo en esta materia, aunque al final se han aceptado proposiciones por el Grupo Parlamentario Popular, por nosotros y por otros grupos, lo que ha hecho que aceptemos la propuesta que aquí viene y que, por tanto, retiremos las enmiendas números 31 y 33 a la Ley del régimen electoral general, y las enmiendas números 18, 19 y 20 a la Ley de bases del régimen local. Hay otras modificaciones en la Ley de bases que pueden no tener la trascendencia de las anteriores, pero que tienen su importancia en la medida en que van en la dirección de reforzar el papel de los ayuntamientos o de dar cumplimiento a pretensiones sentidas y lógicas de éstos, como puede ser la posibilidad de retirar vehículos abandonados en la vía pública, lo que -aunque a SS.SS. les parezca extraño- era una aventura para los ayuntamientos que hacía de dificilísima ejecución su retirada efectiva.
Es posiblemente, al menos desde mi punto de vista, el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el proyecto de mayor calado de todo este conjunto de medidas que hoy estamos viendo en esta Cámara. Se trata de abrir una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, por lo que podrán impugnarse aquellas leyes del Estado o de las comunidades autónomas que pudieran no resultar respetuosas con dicha autonomía. Tengo que destacar hoy aquí que no ha sido sencillo que este proyecto de ley llegue a esta Cámara para su aprobación, que espero que así sea. Ha sido la pertinaz insistencia, de un lado, de la Federación Española de Municipios y Provincias y, de otro, del grupo que yo represento lo que ha hecho variar la postura inicial del Gobierno en esta materia que de manera contumaz venía insistiendo en la inviabilidad de esta medida. Un informe del Consejo de Estado, favorable a nuestras tesis, ha hecho posible que el Gobierno haya asumido nuestro planteamiento en esta materia y hoy podamos aprobar este proyecto de ley, fundamental para garantizar la autonomía local.
Voy a referirme, por último, al proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho a la educación. Entendemos que el proyecto del Gobierno es un paso atrás en relación con la situación ahora existente del papel que desempeñan y las obligaciones que tienen contraídas los ayuntamientos en esta materia, ya que desregulariza el carácter básico de funciones

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que los ayuntamientos ya venían cumpliendo antes de la LODE y que fueron recogidos y los deja al albur de acuerdos entre ayuntamientos y comunidades autónomas sin precisar en ningún momento cuál es el punto de partida y, por tanto, cuál es el límite de las obligaciones de los ayuntamientos en la materia.El Grupo Socialista tiene presentada una enmienda cuyo objetivo es, por una parte, contemplar en la norma básica reguladora del derecho a la educación la distinción que ya han tenido en cuenta diferentes normas del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas en competencias educativas, que han concretado las obligaciones de los ayuntamientos según sea la titularidad de la propiedad, municipal o no, y el nivel obligatorio que se imparte en ese centro, de primaria o secundaria, y, por otra parte, plasmar en la ley educativa básica la extensión de la cooperación municipal a otros campos de la educación. De no aceptarse esa enmienda del Grupo Socialista, anuncio que nuestro voto será contrario a la aprobación de este proyecto de ley que consideramos sería regresivo para los ayuntamientos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LÓPEZ-MÉDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.
Sin duda alguna, en dos años y medio que lleva gobernando el Partido Popular, una de las tareas más importantes a la que nos estamos dedicando es a intentar desarrollar la Constitución. Son múltiples las leyes dictadas, especialmente en el área de las administraciones públicas, a fin de desarrollar la Carta Magna. Quisiera recordar, junto a la Ley del Gobierno, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado en desarrollo del artículo 103 de la Constitución. Asimismo, en desarrollo de este precepto constitucional para un mejor control por parte de los tribunales, la reciente Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa, que ha entrado en vigor hace escasamente tres días, al igual que la ley que hemos aprobado de modificación de la Ley 30/1992, que contiene importantes modificaciones en las administraciones públicas.
Singularmente quiero destacar en este punto el restablecimiento del recurso de reposición con carácter potestativo, medida pedida entre otros por la FEMP y que va a tener una notable incidencia en la vida local.
Precisamente en este contexto y con la finalidad de desarrollar la Constitución se inscribe el conjunto de seis proyectos de ley que hoy sometemos al Pleno de esta Cámara. Es finalidad de estos textos legislativos potenciar las entidades locales, fortalecer la autonomía local contemplada y consagrada en la Constitución, al igual que flexibilizar el funcionamiento de las instituciones locales para conseguir una mejor eficacia para los ciudadanos. Todo ello, señorías, lo hemos hecho con el mismo espíritu que alumbró el texto constitucional, con el espíritu de consenso. Han sido múltiples las reuniones que se han venido manteniendo entre todos los partidos políticos y el Ministerio de Administraciones Públicas. También en sede parlamentaria se ha mantenido la idea importante en todas las esferas de la vida de aceptar unos ideas de los otros desde el convencimiento de que nadie tiene el monopolio de la verdad o la razón. Fruto de ello es que buena parte de las 117 enmiendas que se presentaron a estos proyectos de ley están incorporadas o al menos transaccionadas. Como comprenderán, señorías, dado que dispongo del mismo tiempo que el resto de los portavoces para referirme a todas las enmiendas que permanecen vivas, tengo que remitirme con carácter general a lo que con acierto mis compañeros manifestaron en el trámite de Comisión y voy a limitarme aquí a hacer unas consideraciones generales.
En primer término, a propósito de la Ley de bases de régimen local, son numerosas las modificaciones que se contienen con la finalidad, entre otras cosas, de agilizar la gestión, y ésta es la intención de fortalecer sólo en algunos casos las competencias del alcalde. Pero al mismo tiempo se incrementa el control político, se incrementa la parte sustantiva destinada a control y se incrementa igualmente el número de plenos, con lo cual se fortalece, como decía, el control político, fijándose una periodicidad mínima según el tipo de ayuntamiento, de acuerdo con la transaccional a la que hemos llegado con el Grupo Socialista y con el Grupo Catalán. En cambio, no aceptaremos la propuesta del Partido Nacionalista Vasco que pretende que la periodicidad de los plenos la fije cada ayuntamiento.
Entendemos que ello daría lugar a una heterogeneidad no deseable que consideramos perturbadora especialmente en los ayuntamientos donde se dispusiera de mayoría absoluta, donde se tendería inevitablemente a intentar retrasar el control político por la oposición. Tampoco aceptaremos la enmienda que pretende suspender sin procedimiento administrativo las decisiones de las entidades locales por parte de laautoridad autonómica. La suspensión de este tipo es sin duda excepcional y debe ser objeto de interpretación restrictiva y no de ampliación. Reconocemos la importancia de los intereses generales autonómicos pero consideramos, con todo respeto, que no pueden ser equiparados a estos efectos a los intereses generales que afecten a España, tal como se refiere la Ley de bases. También particularmente nos oponemos a la enmienda número 12, del Partido Nacionalista Vasco, que es apoyada por otros grupos, en la cual se pretende introducir un apartado sexto en el artículo 75 en virtud del cual podrían tener los concejales derecho al desempleo cuando cesen en su cargo. El Partido Popular entiende que la actividad política es voluntaria y la aplicación de esta regla, además de poder ser generalizable a otros cargos públicos, podría suponer un cierto privilegio, por lo que no estamos de

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acuerdo. Me resta añadir que en la línea de buscar en este trámite el máximo consenso, ofrecemos la enmienda transaccional a la número 64, del Bloque Nacionalista Galego, que por lo que recuerdo en su intervención ha manifestado su aceptación. De ella dispone la Mesa, al igual que de unas correcciones técnicas de las cuales se ha dado traslado.
Otros proyectos de ley van en la idea de incrementar la participación de las entidades locales en el ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho de manifestación para mejor garantía del mismo, igualmente la libertad personal, y ahí está la modificación de la Ley de seguridad ciudadana, y la participación en el derecho fundamental de la educación en lo que se refiere a la construcción, conservación y mantenimiento de los centros públicos docentes, así como la vigilancia de la enseñanza obligatoria, sin que podamos aceptar la enmienda del Grupo Socialista, toda vez que pretende introducir algo inadecuado en una ley orgánica. Desde el Grupo Popular entendemos, porque es más respetuoso con las competencias autonómicas, que tienen que ser las administraciones competentes en materia educativa, hoy en día casi la generalidad o muy pronto la generalidad de las comunidades, las que lleguen a acuerdos con las entidades locales, pero consideramos que sería perturbador para los ayuntamientos congelar en una norma con rango de orgánica la pretensión que ellos mantienen.
Señor presidente, quiero hacer una valoración global. Es este, a juicio de nuestro grupo, el auténtico pacto local. Responde a la finalidad de potenciar las entidades locales y se ha llevado a cabo sobre la base de importantes acuerdos a nivel previo entre distintos partidos políticos y también entre el Gobierno y la FEMP. Quiero tomar como referencia el documento aprobado por unanimidad en ese organismo en septiembre del año 1996. Pues bien, en él se pedían 92 competencias de las cuales 60 corresponden a las comunidades autónomas y sólo 32 son precisamente del Estado. De esas 32 ya se han llevado a la práctica algunas en materia de tráfico, en materia portuaria y en materia de potestad sancionadora. Otras 23 se incluyen en estos proyectos de ley, por lo que sólo quedan pendientes cuatro de las 32 competencias del Estado. Quedan pendientes medidas que favorezcan a los ayuntamientos, pero nadie puede pretender que desde el Gobierno central, incluso desde este Parlamento, se diga a las comunidades autónomas qué es lo que tienen que descentralizar en favor de las entidades locales. Esto sería poco respetuoso con la distribución competencial y con la Constitución. Deseo recordar también que estas iniciativas, entre ellas particularmente la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es muy importante, son del Gobierno del Partido Popular. Somos partidarios de potenciar desde las comunidades autónomas la descentralización de competencias, y lo vamos a hacer en las comunidades que gobernamos; nos gustaría que también lo hicieran los demás, pero corresponde a otro ámbito muy diferente al Gobierno central y, desde luego, el Gobierno de la nación -y concluyo, señor presidente- tiene que ser respetuoso con las comunidades autónomas y cumplidor de su palabra y, en lo que a éste le compete, ha dado fiel cumplimiento a la palabra del presidente Aznar en su discurso de investidura, que es hacer, elaborar y aprobar entre todos el pacto local.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.
Vamos a entrar en el apartado IX del orden del día, debates de totalidad de convenios internacionales. ¿Qué desea, señor Mardones?

El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, con su venia, hay grupos que no han fijado la posición con respecto a estos proyectos de ley porque no han presentado enmiendas a los mismo y vamos a votarlas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, solicité a todos los grupos parlamentarios si deseaban fijar posición. No sé si en ese momento me di cuenta de su presencia en la sala pero han intervenido todos los grupos, aunque ahora puede intervenir usted a pesar de que sea fuera de turno. Le ruego lo haga con la mayor brevedad posible.


El señor MARDONES SEVILLA: Entendía, señor presidente, que estaban interviniendo los grupos que habían presentado enmiendas y las mantenían. Si no puedo hablar, me abstendré en la votación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, a efectos prácticos S.S. tiene la palabra. Yo había concedido la palabra en general, usted lo había percibido de forma distinta, pero el hecho es que puede usted intervenir a continuación.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En ese caso, vamos a votar favorablemente todos estos proyectos de ley, señor presidente. Quiero reconocer aquí que en las consultas que ha tenido nuestro grupo con el Gobierno y con el partido que lo sustenta, con el Grupo Popular, ha encontrado flexibilidad y cordialidad, sobre todo en su portavoz el señor LópezMedel, a la hora de realizar una correcta armonización respecto de lo que se había hablado con el Gobierno. Vamos a votar favorablemente todos y cada uno de estos proyectos, incluso aquellas enmiendas transaccionales que tengan la mayoría, por las siguientes razones.
Con respecto al primer proyecto de la protección de la seguridad ciudadana, y dentro del pacto social, porque es necesario mantener el principio de tipificidad en las infracciones que tienen que contemplar las

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ordenanzas municipales. Es un principio de seguridad jurídica para los ciudadanos y un principio de efectividad de la facultad sancionadora de los ayuntamientos.
En lo que se refiere al segundo proyecto, el de las bases del régimen local, se introduce la capacidad jurídica de los ayuntamientos de una manera muy singularizada y clara. Las competencias del alcalde y del pleno quedan suficientemente señaladas. Era una exigencia en el pacto local que esto se precisara y se diluyeran zonas grises de competencia. Lo mismo digo para la diputación. Quiero señalar que un problema cada vez más presente en la disciplina urbana es el de los vehículos abandonados en las calles. Nuestro grupo precisamente había insistido al Ministerio de Administraciones Públicas para que tuviera en cuenta este fenómeno que está perturbando la propia fluidez del tráfico. Se recoge en este proyecto de ley y por esa razón nosotros lo vemos muy favorablemente.
Con respecto al derecho de reunión, era necesario reconocer un principio de audiencia a los ayuntamientos cuando la autoridad gubernativa tiene que conceder la autorización de una manifestación por un itinerario urbano determinado de uso público, que al menos con un tiempo perentorio de 24 horas se consulte por la autoridad gubernativa al ayuntamiento y éste haga uso de su prerrogativa de informar los pros y los contras, cambios de itinerario, de horario, de día, etcétera.
En relación con el proyecto de modificación de la Ley de régimen electoral general podríamos tener un debate. Hemos querido respetar los principios políticos del pacto local y, aunque tenemos determinadas reservas de que la Ley Electoral General pueda ser objeto de posteriores modificaciones, sobre todo por lo que se refiere a las mociones de censura de los alcaldes y de los presidentes de los cabildos, creemos que al regularse más claramente tanto la moción de censura como la de confianza se produce un avance.
Respecto al penúltimo de los proyectos, el que se refiere al Tribunal Constitucional, era verdaderamente una obligación una vez que España había suscrito la Carta europea de autonomía local de Estrasburgo del año 1985, que ratifica en 1988, y que viene a conceder un reconocimiento de la autonomía de las corporaciones locales en el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional si se consideran agraviadas por leyes bien del Estado central, bien de la propia comunidad autónoma. Era una exigencia que estaba en este principio de autonomía municipal.
Y con respecto al proyecto del derecho a la educación, lo vamos a votar también favorablemente porque qué menos que dar esta competencia en los centros escolares a los ayuntamientos, pues es algo que dicta el sentido común.
Nada más. Gracias por su benevolencia, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS, HECHA EN VIENA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/ 000214.)

El señor PRESIDENTE: Ahora sí pasamos al apartado IX, punto 48: Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997, a la cual ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida, para cuya presentación tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, con la presentación de esta enmienda a la Convención nuestro grupo parlamentario no está planteando una actitud negativa o contraria a la misma, sino que más bien lo que ha pretendido es matizar algunos de los apartados que consideramos deben estar redactados de una forma diferente, pero no en sí todo el texto.
Señorías, creemos que es conveniente que en países como el nuestro, donde en realidad se ha procedido a desistir de la ubicación de posibles instalaciones que pudieran reprocesar el combustible gastado de material utilizado en las centrales nucleares o en cualquier otra instalación donde se pueda hacer y que tienen que transportarlos para su reproceso a otros Estados, bien se utilice el reprocesamiento o que esos materiales como desecho radiactivo queden en nuestro país y tengan la ubicación adecuada para salvaguardar tanto la seguridad del medio ambiente como la de las personas. En ese sentido creemos también, y es la línea que mantienen nuestras enmiendas, que los desechos radiactivos, el combustible gastado, no tiene que ser almacenado más que en el país donde se ha producido. Introducimos una enmienda en la que intentamos conseguir la prohibición del transporte de desechos radiactivos a terceros países, pensando fundamentalmente que en una situación de estas características puedan verse afectados países del tercer mundo precisamente porque se les pueda considerar las zonas más adecuadas por la migración de la población y por el interés que puedan tener los Estados a obtener unos ingresos por instalar cementerios nucleares en ellos. Creemos que eso no sería justo, consideramos necesario que cada país gestione sus residuos radiactivos, y por tanto pensamos, señorías, que esa enmienda debería incluirse en la convención.
También consideramos muy importante, señorías, que las legislaciones de los Estados que formen parte de la convención sean respetadas en cuanto a la información

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que se debe producir en esta materia. Estimamos que la convención es menos abierta en este sentido que la legislación que tiene el Estado español y consideramos oportuno que al menos se respete que otros Estados miembros firmantes de esta convención que puedan tener legislaciones más avanzadas en materia de información, puedan ponerla en práctica y no retroceder en lo ya avanzado.
Por nuestra parte, solo volver a recalcar que estas enmiendas no significan una negativa a la convención en sí.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Vamos a proceder por tanto a las votaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes al último punto del orden del día: dictámenes de las comisiones sobre diversas iniciativas legislativas, comenzando por el dictamen al proyecto de ley orgánica de modificación del título VIII, del libro II del Código Penal.
En primer lugar, se votan las enmiendas de la señora Almeida números 59 y 67.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, cinco; en contra, 299; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 136; en contra, 168; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 26 y 28, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 135; en contra, 171; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.)

Señor Murcia Barceló y compañía del tendido, por favor. (Risas.) Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 136; en contra, 171; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, se someten a votación el artículo segundo, que se refiere a los artículos del Código Penal 178, 187, 188, así como al 189, apartados 1, 2 y 5 y al artículo 190 y los artículos cuarto a octavo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad los referidos artículos del dictamen.
Artículo segundo, que se refiere a los artículos 185, 186 y 189.3 del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 171; en contra, 148; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo relativo a su vez a los preceptos mencionados.
Se somete a votación la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 174; en contra, 14; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Artículos 181.2 y 184.3 del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 182; en contra, 135; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 185; en contra, 132; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación final del conjunto del proyecto, por tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 136.


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El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobado, con su naturaleza orgánica correspondiente, el proyecto de ley de modificación del título VII, del libro II del Código Penal.


VOTACIONES (continuación):

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen correspondiente al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones a favor de médicos especialistas en estomatología. Se somete a votación el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Pasamos al dictamen correspondiente al proyecto de ley de concesión de otro crédito extraordinario, en la sección 33, para el Fondo de Compensación Interterritorial.


Comienza la votación del dictamen. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el dictamen.
Enmiendas al dictamen del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida .
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 17; en contra, 302; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 305; en contra, 12; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Pasamos a las enmiendas y al dictamen del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de bases del régimen local en materia de tráfico.
Enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las números 53 y 57, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 18; en contra, 303.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 52, 54 a 56, 58 y 60, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, cinco; en contra, 314; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Transaccional a la 64, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 315; en contra, dos; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional. (Rumores.) Ya les advertí que hay que estar atentos. (Risas.) Enmienda número 66, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 173; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, seis; en contra, 313; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Rodríguez.
Pasamos a las enmiendas del señor Alcaraz, también del Grupo Mixto, comenzando por la número 70.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 16; en contra, 174; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 17; en contra, 300; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


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Se han retirado las enmiendas de la señora Lasagabaster, y pasamos a las del Grupo Vasco (PNV). En primer lugar, la número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 152; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 11 y 13, del Grupo Nacionalista Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 23; en contra, 284; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV-EAJ), a excepción de la 5 y la 8 que están retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 22; en contra, 296.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 22; en contra, 284; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 17; en contra, 303; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la 25 y la 41, puesto que la 31 y la 33 se han retirado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 132; en contra, 183; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 146; en contra, 170; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, el artículo 3, segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 173; en contra, 136; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 305; en contra, tres; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Pasamos a las enmiendas al dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación de la a su vez orgánica del derecho de reunión. Al haber retirado su enmienda el señor Rodríguez Sánchez, votamos en primer lugar las que quedan subsistentes que son las del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 18; en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto por tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado no sólo la mayoría absoluta sino la unanimidad del Pleno, queda aprobado con naturaleza orgánica.


VOTACIONES (continuación):

El señor PRESIDENTE: Enmiendas y dictamen al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley del régimen electoral general. Enmienda del Grupo Mixto, señor Alcaraz.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 136; en contra, 171; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del señor Rodríguez, la número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, nueve; en contra, 300; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV-EAJ).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 22; en contra, 285; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, siete; en contra, 300; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 16; en contra, 303; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado las enmiendas del Grupo Socialista números 19 y 20, sólo queda viva la número 14, que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 148; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 308; en contra, uno; abstenciones, 12

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Se somete el texto a votación final de conjunto por tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 307; en contra, uno; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta del Congreso, queda aprobado el proyecto con naturaleza orgánica.


VOTACIONES (continuación):

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas y al dictamen del proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. En primer lugar, se someten a votación las enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, cinco; en contra, 303; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda del señor Alcaraz, del Grupo Parlamentario Mixto. Sometemos a votación la transaccional a su enmienda número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 315; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmienda subsistente del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 24; en contra, 281; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 23; en contra, 283; abstenciones, 14.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el conjunto del proyecto al tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta, queda aprobado con carácter orgánico el conjunto del proyecto.


VOTACIONES (continuación):

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas y dictamen al proyecto de Ley orgánica de modificación reguladora del derecho a la educación.
Comienza la votación. (Rumores.) No se preocupen, señorías, han sido un fallo de la Presidencia, por el que pido disculpas.
Enmiendas del Grupo Vasco. Se somete a votación la enmienda número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 36; en contra, 284.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 3 del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 136; en contra, 182; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 22; en contra, 284; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


Enmienda número 7, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 131; en contra, 173; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votaciones correspondientes al dictamen, en primer lugar, el artículo 1.
Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 313; en contra, dos; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 2 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 182; en contra, 130; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 185; en contra, 128; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto del proyecto de ley, por tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 186; en contra, 132; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta, queda aprobado con carácter orgánico el dictamen del proyecto. (Aplausos.)

VOTACIONES (continuación):

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el dictamen del proyecto de ley de crédito extraordinario para indemnizaciones derivadas de las inundaciones ocurridas en la provincia de Cáceres.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 318; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las enmiendas que la Mesa ha calificado como de totalidad, presentadas por el Grupo de Izquierda Unida a la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997.
Se someten a votación las enmiendas de totalidad en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 15; en contra, 304; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas y concluido así el orden del día.
Tras agradecerles el esfuerzo de síntesis, se levanta la sesión.
Buenas tardes.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.

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