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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 211, de 11/02/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1999 VI Legislatura Núm. 211

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 203

celebrada el jueves, 11 de febrero de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 70004) . . . (Página 11319)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (número de expediente 130/000063) («BOE» núm. 8, de 9 de enero de 1999) . . . (Página 11319)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

- Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, relativo a la celebración de la 21.a Reunión del Comité Coordinador del «Codex Alimentarius» para Europa (Madrid, 5 a 8 de mayo de 1998), hecho en Roma y Madrid el 5 de noviembre y el 22 de diciembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 260, de 17 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/000215) . . . (Página 11326)

Página 11316


- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 261, de 17 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/ 000216) . . . (Página 11326)

- Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, hecho en Nueva York el 15 de diciembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm.
262, de 17 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/000217) . . . (Página 11326)

- Retirada de la reserva al artículo 22 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (7-3-1966). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 263, de 17 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/000218) . . . (Página 11327)

- Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobada por la novena reunión de las Partes en Montreal el 17 de septiembre de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 264, de 17 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/000219) . . . (Página 11327)

- Memorando de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 12.a Reunión del Grupo Intergubernamental sobre frutos cítricos del Comité de problemas de productos básicos (Valencia, 21 a 25 de septiembre de 1998), hecho en Roma el 7 de agosto de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 265, de 17 de noviembre de 1998 (número de expediente 110/ 000220) . . . (Página 11327)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 7.673.674.489 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1996, por la explotación de los Servicios de Comunicaciones Marítimas de Interés Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm.
122-1, de 23 de junio de 1998 (número de expediente 121/000121) . . .
(Página 11327)

- Proyecto de Ley Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 134-1, de 31 de agosto de 1998 (número de expediente 121/000134) . . . (Página 11328)

- Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 159-1, de 24 de febrero de 1998 (número de expediente 124/000004) . . . (Página 11332)

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 215-1, de 17 de julio de 1998 (número de expediente 127/000011) . . . (Página 11337)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley sobre modificación del Régimen de Titularidad y Gestión de la Televisión Autonómica. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 108-1, de 24 de junio de 1997 (número de expediente 125/000012) . . . (Página 11342)

Página 11317


S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores diputados, que es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 11319)

Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social . . . (Página 11319)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría), con el objetivo de evitar la grave situación que podría producirse como consecuencia de dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en virtud de las cuales quedaba anulado todo el marco normativo estatal de selección de personal y provisión de plazas en los servicios sanitarios públicos. Expone que dicho Real Decreto-ley fue aprobado por el Gobierno atendiendo estas circunstancias excepcionales, haciendo uso de la previsión del artículo 86 de la Constitución y publicándose en el Boletín Oficial del Estado, para entrar en vigor de modo inmediato. A continuación pasa a explicar las razones de urgencia y excepcional necesidad que justifican el Real Decreto-ley 1/1999, solicitando a la Cámara su convalidación y que se tramite posteriormente como ley ordinaria.


En turno a favor interviene el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, se aprueba la convalidación por 272 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, se aprueba por 290 votos a favor y dos abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 11326)

Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, relativo a la celebración de la 21ª reunión del Comité Coordinador del Codex Alimentarius para Europa (Madrid, 5 a 8 de mayo de 1998), hecho en Roma y Madrid el 5 de noviembre y el 22 de diciembre de 1997 . . . (Página 11326)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998 . . . (Página 11326)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, hecho en Nueva York el 15 de diciembre de 1997 . . . (Página 11326)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Retirada de la reserva al artículo 22 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. .
. . (Página 11327)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobada por la novena reunión de las Partes en Montreal el 17 de septiembre de 1997. . . . (Página 11327)

Sometida a votación, se aprueba por asentimiento.


Página 11318


Memorando de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 12. a reunión del Grupo Intergubernamental sobre frutos cítricos del Comité de problemas de productos básicos (Valencia, 21 a 25 de septiembre de 1998), hecho en Roma el 7 de agosto de 1998 . . . (Página 11327)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 11327)

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 7.673.674.489 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea S.A., correspondiente al ejercicio de 1996, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional . . . (Página 11327)

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso.


Proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia . . . (Página 11328)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras Marón Beltrán, del Grupo Socialista del Congreso, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial . . . (Página 11332)

Se da por decaída la enmienda que se mantiene viva de la señora Almeida, por no encontrarse presente, fijando su posición el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Jover Presa, del Grupo Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura . . .
(Página 11337)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista del Congreso, y Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 11342)

Proposición de ley sobre modificación del régimen de titularidad y gestión de la Televisión Autonómica . . . (Página 11342)

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene la señora Almeida Castro, que sustituye al señor Alcaraz Ramos.


En turno de fijación posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Votaciones. . . . (Página 11349)

Por último se procede a las votaciones relativas a los diversos proyectos y proposiciones de ley debatidas y a las votaciones de conjunto de aquellas que tienen carácter de orgánicas.


Se suspende la sesión a la una de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 70004.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 1/1999, DE 8 DE ENERO, SOBRE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO Y PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000063.)

El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día, debate sobre convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Quiero anunciar que, al haberse retirado un punto de los que constituyen el décimo del orden del día, habrá un solo debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 1/1999.
Llamaré, entonces, a votación y con toda probabilidad se producirán conjuntamente las votaciones derivadas del punto siguiente, es decir, de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Luego comenzará el debate del punto duodécimo, en el que están incluidas algunas disposiciones con naturaleza orgánica. Por tanto, de acuerdo con el Reglamento, tengo que anunciar que las votaciones correspondientes a los proyectos de naturaleza orgánica se producirán al final de la sesión, que no puedo asegurar que no se produzca más allá de dos horas o dos horas y media.
Debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 1/1999, de fecha 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
Para la presentación de la disposición, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de Sanidad y Consumo, señor Romay Beccaría.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en el Consejo de Ministros del pasado día 8 de enero el ministro de Sanidad y Consumo propuso al Gobierno la aprobación de un Real Decreto-ley sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, al objeto de evitar la grave situación que podría producirse como consecuencia de dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respectivamente, en virtud de las cuales quedaba anulado todo el marco normativo estatal de selección de personal y provisión de plazas en los servicios sanitarios públicos.
Dicho real decreto-ley fue aprobado por el Gobierno atendiendo estas circunstancias excepcionales, haciendo uso de la previsión del artículo 86 de la Constitución y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de enero, entrando en vigor de modo inmediato.
Me corresponde presentar ante SS.SS. esta norma y darles una breve explicación de las razones de urgencia y excepcional necesidad que la justifican y que nos llevan a solicitar ante esta Cámara que se convalide dicho Real Decreto-ley 1/1999, para el que solicito simultáneamente se acuerde su posterior tramitación como ley ordinaria, por las razones que también brevemente detallaré a continuación.
El Real Decreto-ley 1/1999 tiene como causa los recursos contencioso- administrativos planteados por diversos sindicatos y por la organización médica colegial contra el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Entre otros argumentos, los recursos contra el Real Decreto 118/1991 plantearon la inconstitucionalidad formal del artículo 34.4 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que había servido de base para el reglamento de selección y provisión de plazas aprobado a principios de 1991 por el Gobierno.
Las razones de esta inconstitucionalidad no eran otras que la inadecuación de las leyes de presupuestos para regular materias de personal que no tengan incidencia directa alguna en el régimen de ingresos y gastos públicos propio de dichas leyes. Planteada esta cuestión de inconstitucionalidad por el Supremo ante el Tribunal Constitucional el 15 de octubre pasado, se ha dictado sentencia por la que, de acuerdo con la doctrina ya reiterada, se declara la inconstitucionalidad, por razones formales, de dicho artículo 34.4, sentencia de la que se ha derivado la posterior nulidad, por las mismas razones, del Real Decreto 118/1991, que es la norma de apoyo de los procesos selectivos actualmente en marcha en el Sistema Nacional de Salud, más de 35.000 puestos de trabajo entre plazas ya convocadas y pendientes de inmediata convocatoria a finales de diciembre de 1998, nulidad que ha sido dictada por el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 1 de diciembre pasado, pendiente aún de publicación.
Para evitar la paralización de los procesos selectivos en los diversos servicios de salud por nulidad de sus bases legales y reglamentarias, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha propuesto al Gobierno, con carácter excepcional, la aprobación de un real decreto- ley en el

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que no sólo se dé amparo al artículo 34.4 de la Ley de Presupuestos de 1990, anulada por el Constitucional, sino que se regule directamente la normativa de desarrollo sobre los procesos de selección y provisión de plazas contenida en el citado Real Decreto 118/1991, anulado por el Supremo.
De acuerdo con esta opción, se ha redactado y aprobadoel Real Decreto-ley 1/1999, en vigor desde el pasado 9 de enero, como antes he dicho, con el que se pretende evitar la paralización de las convocatorias de ofertas de empleo público en el sector sanitario, garantizando la normalidad y seguridad jurídica en el desarrollo de los procesos selectivos actualmente en marcha que afectan a millares de profesionales en toda España.
Aun cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobierno han tenido que actuar ante estos hechos con la urgencia que requerían las circunstancias, se ha contado con la colaboración y el consenso de las comunidades autónomas afectadas, como el propio Instituto Nacional de la Salud, por las resoluciones judiciales antes citadas.
Las sentencias de los tribunales fueron inmediatamente puestas en conocimiento de los servicios de salud de las comunidades autónomas con competencia en la asistencia sanitaria y se constituyó para analizar la situación un grupo de trabajo en el seno de la comisión de gestión del Consejo Interterritorial, que ha estudiado las alternativas posibles, concluyendo en la necesidad excepcional de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno. El texto del real decreto- ley ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con los criterios expresados en las reuniones del grupo de trabajo de la comisión de gestión del Consejo Interterritorial, integrado por los responsables de personal de todos los servicios de salud. En él se reproducen en su integridad los contenidos del artículo 34.4 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, y en gran medida el Real Decreto 118/ 1991, de 25 de enero, con algunas modificaciones como consecuencia de las reformas legislativas posteriores.
El texto fue informado por el pleno del Consejo Interterritorial el 14 de diciembre de 1998, en el que se ha manifestado la unanimidad de criterios respecto a la urgencia y necesidad del mismo. El texto fue sometido a criterio del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia antes de su definitiva aprobación por el Gobierno.
Asimismo, la norma fue puesta en conocimiento de las centrales sindicales más representativas del ámbito sanitario a nivel estatal, con quienes se han mantenido reuniones los días 22 y 23 de diciembre pasado a propósito del real decreto-ley.
La adopción de este real decreto-ley ha sido excepcional, obligada para el Gobierno en virtud de la situación creada por las sentencias antes mencionadas. Es propósito del Ministerio, de acuerdo con las directrices del dictamen del 18 de diciembre de 1997 de la subcomisión parlamentaria para la consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud, establecer un nuevo marco de relaciones laborales en los servicios sanitarios públicos y a tal efecto se está en negociación con las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales para elaborar la ley reguladora del estatuto marco del personal. En dicho contexto, la aprobación por el Gobierno del Real Decreto- ley 1/1999 por razones evidentes de urgencia y necesidad y su convalidación por la Cámara, ofrecen una oportunidad para transformar la normativa hasta ahora vigente, amparada por el real decreto-ley, introduciendo los criterios y directrices propuestos por la subcomisión parlamentaria.
Es por ello por lo que el Ministerio considera conveniente sugerir a esta Cámara de modo simultáneo la convalidación, la tramitación de esta norma como ley ordinaria por el procedimiento de urgencia, en los términos previstos en el artículo 86.3 de la Constitución, dando con ello oportunidad, a través de los grupos parlamentarios, de introducir cuantas modificaciones y mejoras se requieran en esta controvertida materia. El Gobierno lamenta la situación creada por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han anulado el marco normativo que servía de base para las convocatorias de selección y provisión de plazas en los servicios sanitarios públicos, aunque comprende las razones judiciales de la nulidad formal de ambas disposiciones. Asimismo, lamenta el retraso que se arrastra en la puesta al día de la legislación sobre personal estatutario. Es por ello por lo que reitero nuestro propósito de alcanzar en esta legislatura un acuerdo suficiente entre instituciones y representaciones sociales para elevar a esta Cámara un proyecto definitivo de estatuto marco del personal del Sistema Nacional de Salud que colme las legítimas aspiraciones de nuestros profesionales, esta vez con las bases para la consolidación y modernización de nuestro sistema sanitario en el ámbito de los recursos humanos. Las circunstancias judiciales sobrevenidas, que han obligado a la aprobación por el Gobierno de este real decretoley, dan, a mi juicio, una oportunidad a esta Cámara para avanzar en el tema estatutario mediante la transformación de esta norma aprobada por el Gobierno en una ley de selección y provisión de plazas que adelante en estos ámbitos el marco estatutario del futuro que todos deseamos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación del real decreto-ley? (Pausa.) No sé si vamos a tener que suprimir el turno en contra. ¿Turno a favor? (Pausa.) En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mingo Zapatero. (Un señor diputado: ¿Turno en contra?) He llamado a turno en contra y parece que no lo consume nadie. (Rumores.)

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Señor Martínez Sanjuán. (Un señor diputado: ¡Vaya día que llevamos!- Rumores.) ¡Vaya Pleno! (Risas.) Adelante, señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos esta mañana el Real Decreto-ley 1/1999, aprobado en el pasado Consejo de Ministros del día 8 de enero, que ha sido presentado por el ministro de Sanidad y Consumo hace unos momentos para su convalidación.
Intervengo en turno a favor para defender la posición favorable del Grupo Parlamentario Popular en base a los siguientes criterios.
Entiendo que el Gobierno ha tomado una decisión política que es oportuna, puesto que ha dado cobertura legal al vacío que ha supuesto la anulación del Real Decreto 118/1991, norma reguladora de la selección y provisión de plazas en el Sistema Nacional de Salud, y que se ha visto anulado por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en los pasados meses de octubre y diciembre.
Entendemos que la medida tomada por el Gobierno es adecuada porque, con un criterio continuista, reproduce casi en su literalidad el Real Decreto 118/1991, con el criterio y la pretensión que las distintas fases del proceso, es decir, la convocatoria, la realización de las pruebas de selección y la adjudicación de las plazas, tengan un soporte legal común a todas ellas.
Consideramos también que la medida adoptada por el Gobierno aporta seguridad, es tranquilizadora, sobre todo para los miles de aspirantes que llevan meses estudiando, preparando adecuadamente las pruebas que han sido convocadas o que están a punto de serlo en los próximos meses.
Estamos, señorías, ante una importante oferta de empleo que proporcionará a miles de facultativos la posibilidad de abandonar definitivamente su actual condición de interinidad que, como bien conocen SS.SS., se prolonga ya excesivamente en el tiempo. Para otro grupo representa la opción de poder acceder a puestos de superior jerarquía y responsabilidad en el lógico desarrollo de su carrera profesional. Y, por último, para el resto significa el acceso, por primera vez, a un puesto de trabajo en el sistema sanitario público español. Son tres argumentos que creo que tienen el suficiente peso específico para respaldar el presente real decreto-ley, respaldo que ha sido alcanzado en el Consejo Interterritorial, que ha sido alcanzado con los representantes sindicales y que espero que tenga el apoyo de todos los grupos de esta Cámara.
Me gustaría resaltar que, a la hora de promulgar el real decreto-ley, el Gobierno ha introducido un criterio de transitoriedad en la ley.
Desde el primer momento se entiende que este real decreto tiene un objetivo de vida efímero. Entiende que tiene que ser un puente entre el pasado y el futuro, y lo afirma taxativamente cuando pide, al igual que lo hace nuestro grupo parlamentario, que este real decreto-ley sea tramitado como ley ordinaria.
Y esta específica intencionalidad que introduce el Gobierno en el presente real decreto-ley se deriva de la opinión ampliamente mayoritaria en el sistema sanitario de que el modelo actual ha cumplido ya su tiempo, que adolece de importantes insuficiencias y que es necesario reformarlo. Así lo entienden los representantes de las comunidades autónomas, los expertos sanitarios en gestión, los sindicatos, los responsables de los servicios regionales de salud y cuantos expertos, en múltiples ocasiones y en distintos foros, han tenido oportunidad de hacerlo.
En la misma dimensión se sitúan los grupos de profesionales, los médicos, el colectivo sanitario, que en numerosas ocasiones ha insistido en la necesidad de la carrera profesional, en la necesidad de modificar el modelo retributivo y, sobre todo, en la necesidad de modernizar los procesos de selección y de provisión de plazas en la Administración pública. En ese mismo sentido, el informe de la subcomisión para la consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud, aprobado por esta Cámara, recoge en su punto décimo la conveniencia de establecer un nuevo modelo en el marco laboral y encuadrado en el estatuto marco profesional. Como nos ha comentado e informado el ministro, los trabajos preliminares para la elaboración de dicho estatuto marco ya se están llevando a cabo y están adelantadas las negociaciones con comunidades autónomas y con sindicatos. Es intención del Ministerio que podamos enviar a esta Cámara en la presente legislatura el correspondiente decreto-ley.
Señorías, estamos ante una magnífica oportunidad. Podemos hacer una nueva ley fruto del diálogo y de la colaboración de todos los grupos políticos. Podemos ganar tiempo y crear las bases legales para que el nuevo modelo de selección y provisión de plazas pueda incardinarse posteriormente en ese estatuto marco. Debemos ser capaces, a mi juicio, de garantizar en esta nueva ley la libertad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en todo el territorio nacional, armonizarla con suficiente flexibilidad para que el deseable incremento de la autonomía de la gestión de los centros sea una realidad. Debemos, a fin de cuentas, llegar a un acuerdo para delimitar los más adecuados criterios básicos que debe tener la ley.
Debemos, finalmente, señorías, hacer la reforma que los profesionales están demandando, y para ello el Grupo Popular ofrece un espíritu abierto de diálogo y colaboración, repito, para elaborar una ley que alcance el máximo apoyo posible en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias,señor presidente.


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Efectivamente, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional número 203/1998, de 15 de octubre, se declararon inconstitucionales los artículos 37.5.a) de la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, y 34.4 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. En los citados artículos, especialmente en el 34.4 de la ley, se incluía un novedoso régimen de provisión de plazas de personal estatutario de la Seguridad Social, que fue desarrollado en el Decreto 118/1991, que también sería impugnado por las mismas razones y afectado seriamente por la declaración de inconstitucionalidad contenida en la citada sentencia del Tribunal Constitucional.
El presente real decreto-ley sirve, por tanto, para promulgar una ley que recoja esas disposiciones, incluyendo además algunas de las normas desarrolladas reglamentariamente en ese real decreto. Desde nuestro punto de vista, debemos decir que el capítulo I del real decreto-ley nos parece correcto, ya que en las pruebas selectivas de acceso a la función estatutaria se observan en todo caso los principios de mérito, capacidad y publicidad. Por lo demás, se siguen manteniendo los criterios de provisión de puestos de carácter directivo, que siguen nombrándose por el sistema de libre designación exclusivamente a través de funcionarios públicos e incluso personal de alta dirección, que son revocados discrecionalmente por la autoridad política de turno. Y también se siguen designando por este sistema los coordinadores de equipo y responsables de enfermería por un periodo de cuatro años, que podrán ser renovados. Es decir, que se tiende a fomentar la provisión de puestos de alta responsabilidad sometidos únicamente a los criterios de la autoridad política que los nombra.
Además, se introducen una serie de novedades que sería preciso matizar. Por ejemplo, la irrenunciabilidad a los destinos adjudicados en un concurso de plazas sin incluir determinadas excepciones que parecen aconsejables, como causas de fuerza mayor o circunstancias graves que se produzcan a lo largo del tiempo. Se considera como mérito más valorado el de los servicios prestados, distinción ésta que nosotros creemos que merece tener un lugar preponderante pero que no debería ser tan exclusiva, dando importancia como méritos a reseñar a aspectos como la formación continuada del personal estatutario, que debe ser paulatinamente incorporado.
Nos parece adecuada la promulgación de este real decreto porque había un vacío legal ocasionado por la sentencia del Tribunal Constitucional mencionada y nosotros pretendíamos que se tramitase como proyecto de ley; ya lo anunció el señor ministro, lo cual nos satisface.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. Lo hace porque las razones de urgencia vienen determinadas por las convocatorias del personal estatutario de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social que ya se han celebrado. Hay en el texto del real decreto-ley una provisión para legalizar la situación del personal que ya ha celebrado pruebas antes de salir esta norma; hace también una reserva para las que están actualmente convocadas a fin de que contengan los principios de legalidad, y hace un enunciado de lo que es una normativa de concursos- oposición, de garantías, de la regulación de las pruebas en el sistema funcionarial español tradicional, desde el acceso a las mismas, la designación de tribunales, recursos, concursos-oposición, oposiciones, en fin, toda la normativa. Por tanto, desde un punto de vista técnico, nosotros consideramos que la redacción del texto de este real decreto-ley es felizmente acertada. Además, se ha hecho de acuerdo con las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Canarias ha dado su beneplácito para que mi grupo parlamentario pudiera mostrar su apoyo parlamentario a la convalidación de este real decreto-ley.
Como han dicho tanto el ministro como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, había que salvar la situación de vacío legal que se produce por las sentencias del Tribunal Constitucional, a la que dedicaré un comentario al final de mi intervención, señor presidente. Por tanto, era necesario armonizar el contenido de la Ley 66/1997, de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, que puso en marcha un procedimiento técnico precisamente para esta selección y al que viene a dar cobertura legal, dado que cuando se aprueba la Ley de acompañamiento 66/1997 no se ha producido todavía -este es un detalle importante- la sentencia del Tribunal Constitucional. En caso contrario, parecería que estamos deslegitimando la disposición correspondiente de la Ley 66/1997 respecto de la provisión de plazas del personal estatutario de la Seguridad Social. Y nos encontramos con un hecho que, por supuesto, merece el respeto político de la Cámara como es que la Administración, las comunidades autónomas, los sindicatos, están negociando el estatuto marco del personal estatutario. Será este estatuto marco al que habremos de sujetarnos. De aquí que sea necesaria una ley.
Por esta razón primera que acabo de exponer, mi grupo va a solicitar que se tramite como ley este real decreto. ¿Por qué? No para buscarle un trabajo excesivo a la Cámara, sino porque entendemos que es necesario ver el espíritu con el que el Tribunal Constitucional -esto quiero destacarlo, señor presidente- basa su sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley 4/1990, que es donde se incrustó este tema del personal. El Tribunal Constitucional viene a decirle a la Cámara y al Gobierno que no pueden utilizar la ley de presupuestos para esto. Pero mucho me temo que dentro de algunos

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años, con la hipertrofia que está sufriendo la ley de acompañamiento, que es una auténtica romería legislativa, el Tribunal Constitucional termine diciéndole a la Cámara y al Parlamento que la ley de acompañamiento no es una romería legislativa para meter todo lo que quepa en ella. Estamos privando de bucear a los eruditos y estudiosos del derecho en el espíritu del legislador. Cuando se estudian en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara proyectos singulares de ley, cuando en los seminarios de las facultades de Derecho hay que interpretar qué quiso decir el legislador con aquel artículo, cuando leemos el «Diario de Sesiones» de los Presupuestos Generales del Estado y pasamos a la ley de acompañamiento vemos que la precariedad expositiva es tremenda. Ahí no se sabe cuál es el espíritu del legislador, aquello es un juicio sumarísimo, se aprueban artículos en la ley de acompañamiento que nada tienen que ver unos con otros.
Esta, señor presidente, es una disciplina que creo deberíamos introducir en la Cámara para que no vayamos ampliando la hipertrofia de una ley de acompañamiento que, heredada del anterior Gobierno, se ha hecho cómoda. Es una especie de comodín en esta baraja que sirve ya para todo y tenemos que reconducir el espíritu de las leyes a la cuestión legislativa singularizada. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, porque aquí se ha utilizado la sentencia de tal Tribunal como un puro tecnicismo que ha anulado una ley, pero hay que leérsela, porque eso se lo dice a esta Cámara y al Estado en su conjunto. No es la Ley de Presupuestos Generales del Estado el lugar en el que ubicar esta cuestión de provisión de plazas de cualquier clase de personal, y vuelvo a hacer la advertencia. Es por esa razón de autodisciplina, señor presidente, que mi grupo pide que se tramite como ley, para que tengamos respeto al espíritu de la filosofía del derecho y de las leyes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señor URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Como profesora de derecho administrativo, en algunas ocasiones he planteado como pregunta de examen a mis alumnos la exposición de algún real decreto-ley para que me contestasen si creían que era adecuado lo que se regulaba en él con las previsiones del artículo 86 de la Constitución. En el caso del real decreto-ley que hoy nos trae el Gobierno a la Cámara para su convalidación, esto sería una crueldad para los pobres alumnos.
Estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en una cuestión de inconstitucionalidad que deriva de un recurso contencioso-administrativo. La cuestión de inconstitucionalidad lo es porque un precepto de una ley de presupuestos, la de 1990, que tuvo luego un desarrollo reglamentario en el Real Decreto 118/1991, ha sido declarada nula. La sentencia del Tribunal Constitucional dice, como tantas veces hemos sostenido desde el grupo al que represento, que las leyes de presupuestos no son lugar adecuado para regular una normativa como la que se contenía en su artículo 34 y la nulidad de este artículo ha arrastrado la nulidad del decreto.
Todo esto sucede cuando varias administraciones sanitarias están en pleno proceso de cobertura de plazas y de consolidación de empleo, proceso largo tiempo esperado por los colectivos afectados que se ha convocado, por cierto, conforme a otra norma que denominaré también anormal, la disposición adicional vigésima de la Ley de acompañamiento del año 1997. Todo este desastre se pretende ahora arreglar mediante otra normativa de excepción, mediante un decreto- ley. Desde el Estado, desde la Ley General de Sanidad de 1986, no se ha sabido dar una solución normativa estable al personal sanitario, ni siquiera se ha sido capaz de adoptar los regímenes jurídicos preconstitucionales. Los distintos intentos de abordar el tema se han hecho por mecanismos impropios, una ley de presupuestos, una ley de acompañamiento y ahora un decreto-ley, siempre con parcheos. La verdad es que, salvo en el caso de Navarra, que aplica su regulación completa de régimen funcionarial, en el caso del País Vasco, que tiene su propia ley de ordenación sanitaria, y en el caso de Cataluña, desde 1986 no se ha sido capaz de efectuar en el Estado ninguna oferta pública de empleo, incluso la Comunidad andaluza ha reproducido la norma estatal en un decreto propio, con una curiosa concepción del autogobierno, al menos desde la óptica del grupo al que yo represento.
Este caos ha hecho necesaria una solución normativa deprisa y corriendo. ¿Y qué es lo que se nos trae? Se nos trae un texto que en principio contiene menos aspectos básicos que el real decreto al que sucede y esto podría ser un avance, una herramienta, pero ¿a qué precio? Ocurre que, por las prisas, se mezclan en el decreto-ley aspectos que son claramente reglamentistas; junto a aspectos fundamentales del empleo público se meten, repito, aspectos que estaban antes en un real decreto y así deben seguir estando. Creemos que esto distorsiona gravemente el alcance de la reserva de ley y, desde luego, perjudicará la futura labor legislativa si, como ha anunciado el propio señor ministro y algún grupo ha solicitado ya, finalmente se tramita como proyecto de ley. Repito, esto, desde nuestra óptica, es una chapuza.
De una vez debe hacerse lo que viene llamándose el estatuto marco, pero no como se ha venido planteando hasta ahora, con un alto grado de detalle en lo básico, dejando para las competencias autonómicas los meros desarrollos reglamentarios. Esta es, desde luego, una opción política legítima, pero desde el punto de vista de nuestro grupo inaceptable y desde luego no se cohonesta con la capacidad de autogobierno que nos reconoce el Estatuto de Guernica.


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Siempre hemos sostenido -y al señor ministro le sonará- en clave de alternativa respecto de toda la función pública, pero también respecto de la sanitaria, la necesidad de establecer una cláusula de aplicación a la Comunidad Autónoma vasca en los mismos términos que el texto previsto en el amejoramiento navarro.Creemos que tiene perfecto anclaje en la disposición adicional primera de la Constitución. Desde el Ministerio para las Administraciones Públicas se nos contesta que esto no es posible si no está previsto en el Estatuto, desconociendo claramente lo que ya ha establecido el Tribunal Constitucional, que en la sentencia referida a la Ley de territorios históricos dice que la actualización de los derechos históricos puede producirse en el propio Estatuto o bien en cualquier norma estatal delimitadora de competencias, y tal es una norma que pretende fijar aspectos básicos.
En definitiva, y por todo lo dicho, señor ministro, no estamos por la labor, no vamos a convalidar este real decreto-ley, que tampoco da una solución normativa estable a un ámbito tan fundamental en la sanidad como es la regulación de sus recursos humanos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Señora Solsona, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a manifestar que nuestro grupo votará a favor del real decreto-ley que solucionará en parte la anómala situación recientemente creada.
En efecto, señorías, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 se modificaban los sistemas de selección de personal y la provisión de plazas y puestos de trabajo en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. El posterior Real Decreto 118/ 1991, de 25 de enero, desarrolló reglamentariamente dicho precepto.
Sin embargo, estas normas fueron declaradas inconstitucionales mediante sentencia del 15 de octubre de 1998, ya que se estima que la ley de presupuestos no es marco adecuado para la introducción de tal medida. Como consecuencia, al ser declarado nulo dicho artículo, la repercusión negativa que ello representa en el funcionamiento del ya avanzado estado de aplicación en el sistema sanitario es evidente.
Por ello, nos parece oportuna la adopción por parte del Gobierno de esta medida legislativa extraordinaria, que salva todo un proceso de cobertura de plazas y convocatorias ya en marcha.
También nuestro grupo pedirá su tramitación como proyecto de ley, a fin de que se puedan estudiar con mayor profundidad todos los aspectos que signifiquen conseguir una mayor eficacia sobre los procesos selectivos. Anunciamos que en la tramitación del real decreto- ley como proyecto de ley nuestro grupo presentará las enmiendas oportunas para liberar a aquél de excesiva regulación y para limitar los artículos que puedan considerarse rigurosamente básicos.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Solsona.


Señora Maestro, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley y pedirá asimismo, en el caso de que sea convalidado, su tramitación como proyecto de ley.
Hago míos, en buena parte, los contenidos de la intervención de la señora Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), en cuanto al desastre que ha supuesto desde la aprobación de la Ley General de Sanidad todo lo que tiene que ver con la ordenación de recursos humanos en el marco de la sanidad pública. La precipitación y la inadecuación de la tramitación de las diferentes normas ha supuesto, ni más ni menos, que la declaración de inconstitucionalidad formal por su tramitación en una Ley de presupuestos de 1990, que también anula, como ya se ha dicho, el Real Decreto 118/1991.
Desde hace tiempo los diferentes gobiernos de turno, incluido el Gobierno socialista, hablaban de la conveniencia de una ley básica que estableciera las necesidades, los perfiles básicos del personal sanitario al servicio de las administraciones públicas, una ley que adecuara la dotación de plazas a las necesidades sanitarias y el perfil de la carrera sanitaria, de la carrera profesional como elemento para incentivar la calidad en la atención sanitaria y la formación continuada de sus profesionales.
Sin embargo -insisto-, el caos y el desastre que ha rodeado todo lo que tiene que ver con la gestión de personal en la sanidad pública no obedece a la incapacidad o a la incompetencia de las diferentes administraciones, sino precisamente a la profundidad del proceso en curso de privatización de la sanidad, que evidentemente tiene en las características del personal sanitario -la estabilidad en el puesto de trabajo y la calidad en las relaciones laborales- un obstáculo importante que se intenta sortear desregulando al máximo todo lo que tiene que ver con las relaciones de personal. Desde el punto de vista de Izquierda Unida no es incompetencia, sino planificación consciente de la desregulación y del caos como medida favorecedora de la fragmentación del sistema sanitario público.
Más allá de aspectos formales que se pueden atribuir a este real decreto, los artículos a los que me voy a referir avanzan en la competencia de los centros, en la competencia de los gerentes, para llevar a cabo convocatorias descentralizadas en el ámbito de los centros sanitarios, con publicación de convocatorias y resultadosen los tablones de anuncios del centro, con lo cual la falta de publicidad y, por cierto, la fragmentación y la inequidad en el sistema sanitario hacen que estos factores actúen en detrimento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los objetivos en función de los cuales se establece la gestión sanitaria y la creación

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de servicios y personal se fijan a la medida de los gerentes y de los jefes y no de las necesidades de salud de los ciudadanos. Se incluyen en el proceso de selección medidas que a nuestro juicio aumentan la subjetividad y, por tanto, la arbitrariedad en la selección de personal como son la introducción de entrevistas y tests psicotécnicos, etcétera.
Otro de los temas que evidentemente actúa de manera complementaria al proceso de privatización es todo lo que tiene que ver con la provisión de plazas de carácter directivo, en las que, recordando la oposición del Partido Popular a la politización de las plazas de jefatura y de gerencia por parte del Partido Socialista, curiosamente se avanza decididamente en la línea de la politización de la gestión, no haciendo convocatoria y concurso público sino atribuyendo la libre designación a una cantidad de plazas absolutamente desmesurada, además de que los contratos de gestión se establecen por tiempo indeterminado y el cese es discrecional. Al mismo tiempo, incumpliéndose la Ley General de Sanidad, a nuestro juicio, los puestos de gerente de área que dicha ley establece que sean nombrados por el consejo de dirección y sean informados por el consejo de área, en este momento se incluyen dentro de las plazas de libre designación. El mismo planteamiento se atribuye a la provisión de jefaturas de unidad.
Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará en contra de la convalidación de este decreto- ley que, como han señalado algunos grupos parlamentarios, supone un parche más en el caos de la regulación de las condiciones de trabajo del personal sanitario y, por otra parte, es un instrumento que el Gobierno ha utilizado en la fragmentación del sistema sanitario público, medida fundamental para el desarrollo de las políticas de privatización del mismo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Socialista debo manifestar que daremos nuestra conformidad a la convalidación del real decreto-ley que se nos propone, no porque estemos de acuerdo con el contenido de este real decreto y con sus pequeñas modificaciones -sustanciales en algunos casos-, sino porque creemos que es totalmente necesario dar una cobertura legal a los concursos que en este momento se encuentran en trámite, dado que por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior han quedado anulados los soportes legales de los mismos. Por tanto, era necesario que, de una forma urgente, se estableciera una norma que permitiera dar cobertura a estos concursos actualmente existentes y creemos que debemos dotarnos de una ley realmente satisfactoria en cuando al tema de personal y no mantenernos en esta situación de parcheo.
Como decía, en este real decreto-ley que hoy nos ha presentado el señor Romay Beccaría existen algunas modificaciones respecto al real decreto anulado por el Tribunal Superior y nos preguntamos por qué.
Durante el mandato del Gobierno del Partido Popular hemos aprendido que estas pequeñas modificaciones -que se van introduciendo aprovechando circunstancias particulares, como son alguna ley de acompañamiento o ahora este real decreto-ley o alguna otra norma- nunca son gratuitas y tienen un largo alcance en fases posteriores, cuando se puede ver realmente lo que pretendían con ellas.
El señor ministro ya ha señalado que se va a pedir su tramitación como proyecto de ley ordinario. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y, por ello, votaremos a favor de que se tramite como proyecto de ley.
También quería indicarle que en este caso se ha perdido una oportunidad bastante importante para mejorar sustancialmente algunos aspectos en relación con la política de personal, ya que, a pesar de la urgencia, como ha dicho el señor ministro, este proyecto fue aprobado por el Consejo Interterritorial el 14 de diciembre y no hubo tiempo de consultar a los agentes sociales para ver qué opinaban sobre este tema. Por este motivo se ha producido una protesta de los agentes sociales, y, como ya es habitual también, en el Gobierno del Partido Popular sólo reaccionan ante las protestas que se producen fuera de la Cámara y no ante los requerimientos de la misma. Este es otro de los elementos que caracterizan la potenciación del papel del Parlamento que señaló ya en su discurso de investidura. Recientemente hemos tenido casos de éstos. Se ha producido una corrección rápida y una rectificación de posiciones ante el problema de la asistencia a menores inmigrantes cuando ha habido denuncias en la prensa, en los medios de información; se ha producido una corrección rápida en este real decreto-ley cuando ha habido protestas de los agentes sociales y de los sindicatos. ¿Qué indica esto, señor Romay, que faltan criterios en la acción de Gobierno, que falta capacidad de gobernar? Debo señalarle, como ejemplo, la respuesta que se dio a los sindicatos a los dos días de haberse aprobado el real decreto-ley. Se decía que la premura de tiempo les había impedido reunirse con los sindicatos, pero que no se preocuparan porque -palabras textuales del subsecretario de su Ministerio, señor Romay-: se supeditará la convalidación a su transformación en un ley de provisión de plazas.
Es decir, quien marca lo que debe hacer esta Cámara no es la autonomía de la propia Cámara sino el subsecretario de su Ministerio y, por tanto, usted y el Gobierno que nos dicen que van a supeditar la convalidación de este real decreto-ley que han aprobado a su transformación en un proyecto de ley. Me parece que ya es el súmmum de desconsideración hacia el Poder Legislativo, marcando ustedes cuál es la actuación que deben tener. Por otra parte, señala también el propio subsecretario que,

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con la aprobación de este nuevo texto, se regulará el 20 por ciento del estatuto marco, con lo que daremos un empujón importante a la negociación, algo que también abordaremos en la reunión con los sindicatos.
Señor Romay, su credibilidad es muy baja. Hoy nos ha dicho que lo importante era la elaboración del estatuto marco y que en esta legislatura ustedes lo iban a presentar. Supongo que esto casa muy poco con el hecho de que desde junio se hayan interrumpido las negociaciones para el estatuto marco con las centrales sindicales y los agentes sociales. Yo les pediría que procuren modificar sus criterios, que den más protagonismo a esta Cámara, que escuchen la opinión de los distintos grupos parlamentarios y que, como ofrecía el portavoz del grupo parlamentario que les da soporte, se trabaje en consenso en temas que afectan de una manera tan directa e importante al mundo sanitario y, por consecuencia, a todos los ciudadanos del país.
El que ustedes soliciten la tramitación como proyecto de ley, espero que no sea sólo una flor que no hace verano, sino que sea un sistema tradicional para cualquier real decreto-ley que ustedes presenten, ya que son muy aficionados a los mismos. Empezamos con éste cuya urgencia está justificada; es el número 1 del año 1999 y ya veremos cuando termine el año cuántos habrá. Inculque usted al resto de sus compañeros de gabinete que cualquier real decreto-ley que se tramite, se tramite también después como proyecto de ley, para que todos los grupos podamos opinar e introducir modificaciones.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Corominas.
Concluido el debate de la convalidación o derogación del real decreto-ley, vamos a proceder a su votación.


Llámese para votaciones. (Pausa.) Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 1, de 8 de enero de 1999, que acaba de ser debatido, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 272; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la convalidación.
Se ha pedido, tanto por el Gobierno como por diversos grupos parlamentarios, la tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley.
Se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 290; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, por tanto, la tramitación como proyecto de ley del real decretoley convalidado.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE LA 21. a REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CODEX ALIMENTARIUS PARA EUROPA (MADRID, 5 A 8 DE MAYO DE 1998), HECHO EN ROMA Y MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE Y EL 22 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000215.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes al punto undécimo del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre diversos convenios internacionales.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir antes de las votaciones o solicita la votación separada de alguno de los convenios? (Pausa.) Si no es así, y de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, procederemos a la votación por asentimiento.


Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, relativo a la vigésimo primera reunión del Comité Coordinador del Codex Alimentarius. ¿Lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN MADRID EL 15 DE JULIO DE 1998. (Número de expediente 110/000216.)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Eslovenia. (Pausa.) Se entiende también aprobado por asentimiento.


- CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000217.)

El señor PRESIDENTE: Convenio para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, hecho en Nueva York en 1997.
(Pausa.) Se entiende aprobado por asentimiento.


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- RETIRADA DE LA RESERVA AL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (7-3-1966). (Número de expediente 110/000218.)

El señor PRESIDENTE: Retirada de la reserva al artículo 22 de la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. (Pausa.) También se entiende aprobado por asentimiento.


- ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA NOVENA REUNIÓN DE LAS PARTES EN MONTREAL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/ 000219.)

El señor PRESIDENTE: Enmienda del Protocolo de Montreal, aprobada por la novena reunión en dicha ciudad, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. (Pausa.) La Cámara lo aprueba por asentimiento.


- MEMORANDO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 12.a REUNIÓN DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE FRUTOS CÍTRICOS DEL COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS (VALENCIA, 21 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1998), HECHO EN ROMA EL 7 DE AGOSTO DE 1998. (Número de expediente 110/000220.)

El señor PRESIDENTE: Memorando de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la duodécima reunión del Grupo Intergubernamental sobre frutos cítricos del Comité de problemas de productos básicos. ¿Lo acuerda así el pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 7.673.674.489 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996, POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL. (Número de expediente 121/000121.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos en consecuencia al punto duodécimo del orden del día.


Dictámenes de comisiones sobre diversas iniciativas legislativas, entre las que se incluyen, vuelvo a recordarlo, algunas proposiciones y proyectos que tienen naturaleza orgánica y que serán sometidos todos ellos a votación al final del orden del día, es decir, una vez concluido no sólo el punto duodécimo sino el decimotercero.


Pasamos, por tanto, al debate del proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario a la Compañía Trasmediterránea, correspondiente al ejercicio de 1996. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, al no existir enmiendas al punto 47 del orden del día, ¿algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Segura. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio. Un momento, señor Segura. Señor Hernández Moltó. Señor Ros. Señor Hernández Moltó y señor Ros.
Señorías. Señor Peón. Les ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Puede comenzar, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario por 7.673 millones de pesetas, para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea correspondiente al ejercicio de 1996, si bien es cierto que el Grupo Socialista lo va a votar favorablemente lo hacemos sin renunciar a llevar a cabo una serie de reflexiones y de consideraciones acerca de la evolución de la compañía de bandera, marítima, transportista de mercancías y de pasajeros, del Estado español, que está experimentando unas transformaciones que, sin duda alguna, a lo largo de los meses próximos van a ser objeto de análisis parlamentario en comisiones y muy previsiblemente en el Pleno de la Cámara, como consecuencia a su vez de otros proyectos de ley de créditos extraordinarios que el Gobierno tendrá que remitir a las Cortes Generales.
Con respecto a este proyecto, queremos señalar lo siguiente, una vez analizado el contenido de todo el expediente que lo acompaña. Se observa una diferencia muy importante entre la propuesta de liquidación que ha presentado la Compañía Trasmediterránea, que asciende a 8.377,4 millones de pesetas, y la cantidad que considera afectada la Intervención General del Estado a la cuenta del Estado, que cifró en 7.673,6 millones de pesetas. En consecuencia, debe quedar claro que hay 703,8 millones de pesetas referidos a diferentes partidas, entre las que cabe destacar consumo de inventarios, con una diferencia de 386,2 millones; trabajos y suministros exteriores, con una diferencia de 128,2 millones; e ingresos atípicos, con una diferencia de 147,7 millones.


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A efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», porque sin duda alguna éste será el primero de una serie de debates que lamentablemente nos van a conducir a situaciones de radicales discrepancias, reiteramos, en primer lugar, que el consejo de administración de la compañía eleva, para liquidar la cuenta del Estado del año 1996, una propuesta a la Intervención General del Estado y la Intervención General del Estado la disminuye, la rebaja, en 703,8 millones de pesetas. No sabemos qué ha ocurrido con ese dinero; no sabemos ni tenemos constancia de qué ha hecho el equipo directivo de la compañía para enmascarar esos 703 millones de pesetas, distribuidos en diferentes partidas presupuestarias. En segundo lugar, señorías, queremos dejar muy clara constancia de una secuencia temporal en la liquidación del contrato-programa. Debemos recordar que la compañía Trasmediterránea era una compañía privada que se estatalizó, fue asumida por el Estado en el momento de una grave crisis, en el año 1977, que se suscribió un contrato-programa con una duración temporal de 20 años, que ese contrato programa finalizó el 31 de diciembre de 1997 y que cada año la compañía presentaba al Gobierno la liquidación de las cuentas.
A modo de referencia, para que SS.SS. tengan conocimiento de ello, la liquidación de las cuentas de los años 1993, 1994 y 1995 no llegó nunca a 3.000 millones de pesetas. De pronto, el señor Trías de Bes, propuesto por el Partido Popular en el Gobierno para la presidencia de la compañía, asume dicho cargo a mediados de 1996 y presenta la liquidación de las cuentas de 1996. Recuerden que las de 1995 eran 2.700 millones de pesetas. Y hoy se aprueba aquí la liquidación de esas cuentas de 1996, 7.600 millones de pesetas. Además, por parte del consejo de administración de la compañía, se ha aprobado la liquidación de las cuentas del año 1997, 14.000 millones de pesetas.
Y se pide, para liquidar el contrato-programa, también analizado en el consejo de administración de la compañía, 25.000 millones de pesetas. ¿Qué está ocurriendo? Sencillamente, que se están externalizando servicios, con lo cual se liquidan contratos a altos ejecutivos, por cantidades de 40, 50 y 60 millones de pesetas, unipersonales. A continuación, esos ejecutivos montan gabinetes externos, a los que se les adjudica el desarrollo de las funciones que venían desempeñando cuando pertenecían a la plantilla. En segundo lugar, se han eliminado 350 puestos de trabajo. Y, en tercer lugar, y bajo mi responsabilidad personal, aunque, como es obvio, lo hago en representación del Grupo Parlamentario Socialista, alertamos de que existen auténticos lobbies, posicionados hoy en el seno de la compañía, que han traído consigo el cese fulminante del director general de la compañía, el señor Fuster, hace una semana, por parte del presidente, señor Trías de Bes, por cuanto hay notables discrepancias en la gestión de la compañía. En lugar de encargar barcos nuevos a astilleros españoles, en grave crisis, los han comprado, de forma que por supuesto será analizada, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, en la pertinente sesión de la comisión competente, a astilleros europeos, por cantidades superiores a las que ofertaron los astilleros españoles. Y ello ha traído consigo el cese fulminante del director general de la compañía, como he dicho, y naturalmente empieza a aflorar una gestión de la que esta Cámara no puede sentirse satisfecha.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le ruego vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVEL: Termino, señor presidente.
Una gestión de la que esta Cámara tiene la responsabilidad inexcusable, en defensa del bien público, de hacer un seguimiento.
En consecuencia, me tomo la libertad, y termino con ello, señor presidente, de alertar de que esta ley de crédito extraordinario de 7.600 millones de pesetas ha sido tramitada en esta Cámara sin la suficiente información documental, sin el suficiente software ni soporte. El Grupo Socialista incluso solicitó la comparecencia del máximo responsable político, que es el subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, que se ha negado a comparecer para explicar todo lo que está ocurriendo en la compañía.
Hoy vamos a aprobar un crédito extraordinario y podría ocurrir que en los meses próximos nos sintamos moralmente incómodos por haber aprobado una cantidad no documentada, no suficientemente explicada y que va a dar origen a debates notables próximos. Me responsabilizo de esta aseveración.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 121/000134.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 48 del orden del día: Proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Tampoco se mantiene ninguna enmienda. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente el proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia, en un tema tan crucial para el desarrollo de la planificación y la ordenación económica como es el desarrollo legislativo la ejecución en materia de ordenación del crédito, banca y seguros.


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Y lo hace aun a sabiendas del estrecho margen de maniobra que les queda a las comunidades autónomas en un contexto financiero internacional, y particularmente de la Unión Europea, donde esta ordenación del crédito, de la banca y de los seguros, queda excesivamente escorada en relación con las autoridades monetarias de carácter central. No obstante, esperamos que este proyecto de ley valga para que el Gobierno gallego pueda ordenar no sólo el crédito sino también a las entidades financieras del país, de la forma más positiva para su desarrollo económico.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, con gran satisfacción intervengo por primera vez en esta Cámara para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Convergencia i Unió, como ha hecho siempre en todas las propuestas que suponen aumentar el nivel de autogobierno de una comunidad autónoma, va a votar favorablemente este proyecto de ley orgánica.
Nunca hemos negado nuestro apoyo a todo aquello que pueda suponer mayores cotas de poder para una comunidad autónoma. Y muy especialmente celebramos hoy que una comunidad, con una realidad nacional histórica como Galicia, pueda aumentar sus competencias en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, a través de este proyecto de ley orgánica que a continuación vamos a aprobar.
Quisiera dejar constancia también del acierto y oportunidad de utilizar, como en esta ocasión, el mecanismo constitucional de transferencia de competencias del Estado a una o varias comunidades autónomas previsto en el artículo 150.2 de la Constitución, tal y como se ha hecho en esta legislatura, al transferir por ley orgánica a Cataluña las competencias en materia de tráfico para su policía autonómica, els mossos d?esquadra.
Convergència i Unió considera que el artículo 150.2 de la Constitución supone una vía posible para dar encaje constitucional a los mayores niveles de autogobierno que desde determinadas comunidades históricas, como Cataluña, reclamamos. El propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el debate de política general celebrado en el Parlament de Cataluña el pasado 29 de septiembre, afirmaba que la forma de entender y aplicar el Estado de las autonomías, por lo que respecta a Cataluña, está llegando a un final de etapa. El nuevo impulso competencial que queremos alcanzar pude conseguirse, decía el president Pujol, sin necesidad de retocar en nada la Constitución, pero, evidentemente, interpretándola de otra manera. Y, entre los distintos mecanismos para hacer posible esta nueva interpretación, se destacaban las posibilidades que deja abierta la redacción del artículo 150.2 de la Constitución, que ahora estamos aplicando, para transferir una nueva competencia a Galicia.
La Constitución tiene, en su artículo 150.2, una puerta abierta para posibilitar nuevos impulsos de futuro en el desarrollo competencial autonómico. Aprovechemos esta puerta, porque ello puede permitir una relectura de la Constitución que, sin modificar en nada su texto, suponga un avance en el reconocimiento de un Estado que es plural y plurinacional. A través del artículo 150.2 es posible que por ley orgánica, como hacemos hoy, se transfieran o deleguen a una o varias comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. La Constitución no menciona en ningún caso materias excluidas de esta posible transferencia a una o varias comunidades autónomas. Únicamente establece que las materias deben, por su naturaleza, dice la Constitución, ser susceptibles de transferencia o delegación. Por tanto, no se cita expresamente una materia no susceptible de ello. No pongamos, pues, puertas al campo.
No prohibamos lo que la Constitución no prohíbe y apostemos decisivamente por una interpretación dinámica que precise en cada momento qué alcance debe darse a este límite genérico de las materias susceptibles de transferencia. Otorguemos la máxima potencialidad posible a las leyes orgánicas de transferencia o delegación previstas en el artículo 150.2.
Señorías, el proceso de construcción de la Unión Europea nos ha obligado a compartir soberanía y ello ha sido jurídicamente posible porque el artículo 93 de la Constitución lo permite, mediante la aprobación de una ley orgánica. Por tanto, si, a través de leyes orgánicas, como las previstas en este artículo 93, ha sido posible un trasvase tan importante de competencias y soberanía para un ente supraestatal como es la Unión Europea, ¿por qué no dar también plena potencialidad a las leyes orgánicas del artículo 150.2, permitiendo mayores cuotas de autogobierno para una o varias comunidades autónomas? Desde Convergència i Unió apoyamos por tanto plenamente esta vía del artículo 150.2 y votaremos a favor de este proyecto de ley que permite hoy a Galicia asumir competencias en materia de ordenación del crédito, banca y seguros.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, he tenido que dirigirme al tocho que se nos entrega del Pleno para ver la propuesta que estábamos discutiendo, porque en un momento determinado, además de felicitar al nuevo diputado, no sabía si hablábamos de Cataluña o hablábamos de Galicia. Digo esto porque al tratar de situarme para saber si estaba en un debate

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sobre el modelo de Estado o en un debate para transferir el crédito, banca y seguros a Galicia, transferencias que ya tienen y disfrutan otras comunidades desde hace bastante tiempo, me he encontrado con la cruda realidad: con estas transferencias a la Comunidad Autónoma de Galicia y con que estamos procediendo en este trámite a través del artículo 150.2 de la Constitución, que no se ha inventado hoy, que lleva muchos años y que se ha usado varias veces en esta Cámara para otros trámites.
Además, durante la discusión, me he encontrado con que estas transferencias se hacen en un ámbito de competencias que facilita a la comunidad que las va a recibir su desarrollo legislativo y ejecución, no solamente la ejecución como otras comunidades tienen.
Me he encontrado después con que en el artículo 4 apartado c) se pone algunos límites a las transferencias, de acuerdo con el control que se ejerce a la hora de ceder transferencias, hay cierto grado de tutelaje que el Estado se reserva a la hora de interpretar si el ejercicio de estas competencias por la comunidad autónoma se hace de acuerdo con la ordenación económica general que el Estado se reserva en el artículo 149.1.11.ª de la Constitución. Por tanto, cedemos unas transferencias a la comunidad, que va a desarrollar en la medida que se ajuste a esta planificación o a esta previsión del Estado a nivel general, y ¡ojo!, que en este apartado c) del artículo 4 el Gobierno se reserva la posibilidad de que, en el caso de incumplimiento de esos requisitos por parte de la misma, se requiera a la comunidad o incluso se le retire la competencia.
Hicimos nuestras objeciones a esta propuesta a través de una enmienda al artículo 5, que fue admitida -fue la única enmienda que se presentó en este trámite- y que intentaba precisar las condiciones del traspaso de las competencias. Cuando hablamos de una competencia transferida tenemos que ver qué recursos y qué condiciones damos a la comunidad para ejercerla. Es ahí donde nuestra enmienda quería precisar que la comisión mixta tendría que establecer los medios materiales, personales y financieros para llevar a cabo esta competencia con efectividad. La enmienda fue aceptada por la ponencia y se ha incorporado.
Por tanto, estamos haciendo un ejercicio de transferencia que, en teoría, tendrá en cuenta, a la hora de medir y presupuestar, el valor del traspaso de estos servicios, cosa que todavía se hace con un criterio arcaico de coste efectivo de los servicios y se debe hacer teniendo en cuenta todos esos costes a la hora de ejercer el servicio.
Nosotros votamos en Comisión a favor de la aprobación de este proyecto de ley orgánica de transferencias, lo vamos a votar aquí hoy y, en otro momento, más sublime y más importante, tendremos oportunidad de discutir las grandes apreciaciones y aportaciones que hacen el señor Pujol y Convergència i Unió al nuevo impulso del Estado que debe de necesitar nuestro país; pero hoy no tocaba, a pesar de que me alegro de que un nuevo diputado se incorpore a la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista votará favorablemente este proyecto de ley mediante el cual se transfieren a la Comunidad Autónoma de Galicia competencias en materia de crédito, banca y seguros; competencias que no estaban contempladas en el Estatuto de Galicia de 1981.
Es motivo, pues, de satisfacción. Con ello aumentamos la capacidad de autogobierno, como corresponde al desarrollo autonómico, y se hace justicia en el caso concreto de una nacionalidad histórica como Galicia, que debería tener estas competencias en su estatuto y, desde luego, se hacen estas transferencia por el único procedimiento que puede hacerse: por ley.
Me gustaría, no obstante, situar en su justo lugar algunas afirmaciones que hemos escuchado referidas a la reclamación de estas competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia y a la falta de sensibilidad del entonces Gobierno socialista para dar respuesta.


Me remitiré al «Diario de Sesiones» de 30 de noviembre de 1995, en el que en el contexto de un debate de transferencias a Galicia el hasta hace muy pocos días ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy Brey, entonces diputado de la oposición, decía textualmente: Las cuestiones que afectan al desarrollo de la estructura territorial del Estado deben ser siempre objeto de consenso mayoritario y el proyecto de ley que se debate es producto del acuerdo entre Xunta de Galicia, Gobierno de España y ha tenido el apoyo previo del grupo parlamentario que represento. Añade que la línea de pactos es la buena y que cualquier gobierno que quiera actuar con un mínimo de responsabilidad debe pactar. Sigue la intervención, y en relación a una enmienda para incluir en aquel proyecto de ley la transferencia que precisamente viene hoy a Pleno, el señor Rajoy alega como lo más importante para no apoyarla una razón de forma como es que la propia Xunta de Galicia no ha pedido al Gobierno de España la transferencia referida de crédito, banca y seguros.
Aclarada queda, pues, la posición de cada cual y asumamos el papel histórico que nos ha tocado vivir. El Partido Socialista asumió siempre posiciones muy claras y reivindicativas para Galicia; otra cosa es el ruido que se genera a veces en el entorno, claramente interesado en minimizar u ocultar nuestra posición.
No voy a hacer historia, pero sí me referiré brevemente a que ya en el estatuto de 1936, plebiscitado el 28 de junio, que por los acontecimientos bien conocidos del mes de julio no llegó a refrendarse en esta Cámara, el Partido Socialista con hombres como Quintanilla y Casal, junto con el sector galleguista más progresista, jugaron un papel histórico bien decisivo. Ya más cercano también en el tiempo y, por tanto, en la

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memoria, el estatuto de 1981 estuvo precedido de una profunda fase reivindicativa en la que se movilizó masivamente el pueblo gallego y que fue llevada casi en exclusiva y en solitario por el Partido Socialista. Baste recordar una manifestación de un 4 de diciembre en la que muchos quisieron estar allí con el pensamiento, pero sólo algunos estaban.
Los «Diarios de Sesiones» y las hemerotecas son bien elocuentes y en ellos figuran las posiciones políticas de cada uno de los partidos que en esta Cámara defendieron e impulsaron el estatuto de Galicia de 1981 porque, aunque el futuro es lo que importa, y a mí me parece lo acertado, la historia tampoco debe olvidarse.
Finalizo, señorías, diciendo que ya que hemos desarrollado un marco competencial fruto del consenso y del diálogo, es evidente que hay que ser ambiciosos en su desarrollo legislativo y, si cabe, más reivindicativos en las políticas de cohesión y solidaridad que deben vertebrar y equilibrar las diferencias existentes entre gallegos y otras comunidades del Estado. Esa será, en definitiva, la bondad del modelo territorial: mejor gestión y mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Si crece el desorden territorial, si se acentúa la falta de solidaridad y pragmatismo, si no se amplía el marco de descentralización competencial a los ayuntamientos, estaremos retrocediendo en lo conseguido. Galicia tiene que desarrollar, ejercer e impulsar todas sus competencias en un marco de solidaridad fiscal, institucional y lealtad constitucional, y ahí podemos y debemos estar todos, de manera que los hombres y mujeres en este caso gallegos, de la montaña, el rural, de la costa o de las ciudades mejoren su capacidad adquisitiva, su nivel de vida en la agricultura, en la pesca, en la industria y en el desarrollo de los servicios, algunos tan fundamentales como la educación o la sanidad; sólo así habremos contribuido a saldar con nuestra actuación seculares deudas y olvidos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí motivo de satisfacción como diputada poder fijar la posición favorable del Grupo Popular a la aprobación de este proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la comunidad autónoma de Galicia mediante la que se transfiere, como ya se ha dicho perfectamente, la competencia de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de ordenación de crédito, banca y seguro.
Actuación que sin duda está en línea con la voluntad del Gobierno actual de profundización y de desarrollo del Estado de las autonomías y de dotarlas del mayor nivel competencial posible.
Con esta ley se da solución, como ya señalamos en Comisión, a una carencia, a nuestro juicio injustificada, del estatuto de autonomía de Galicia. Al igualar ahora el techo competencial en esta materia con otras comunidades autónomas que ya la habían asumido en los mismos términos, nuestro grupo piensa que es importante resaltar que la transferencia ha de producirse en los mismos términos, en los mismos niveles competenciales en que está asumida ya por las comunidades históricas.


Yo comprendo que a la diputada socialista señora Marón no le gustase escuchar en Comisión que esta competencia había sido anteriormente reclamada por la comunidad, pero que el anterior gobierno no había tenido la sensibilidad adecuada para dar respuesta a ella, y eso ha sido así. Más allá de que en una fecha determinada no se hubiera hecho, hay constancia clara de que fue en algún momento reclamada.
Los hechos, señora diputada, además se imponen y así lo avalan porque, como es sabido, se pretendió que Galicia lo asumiese pero simplemente en el nivel de ejecución, igual que tenían otras comunidades autónomas que no eran históricas. Ahora, afortunadamente, se utiliza para articular mediante esta ley orgánica una vía prevista en la Constitución que, efectivamente, como ya se ha dicho, se ha utilizado en otras ocasiones, y estoy segura que tanto usted como yo y en definitiva todos los miembros de esta Cámara nos congratulamos de que el nivel que se asuma sea precisamente también el de desarrollo legislativo con el que ahora se da una solución satisfactoria a esta demanda de la comunidad autónoma.
Termino señalando que el texto aprobado obedece a un acuerdo también previamente tomado en la Comisión mixta de transferencias, articulado mediante la ley orgánica y para el que fue preciso un diálogo y un acuerdo previo.
Sólo me queda reiterar nuestra satisfacción por que ello se haga también en el marco del consenso adecuado que el hecho requiere y que merece, coincidiendo estas palabras con la actitud y con lo que en su momento señalaba el ministro actual de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, de que la línea de pactos, de diáologo y de flexibilidad es la buena, pero hay que añadir también la voluntad, y hoy la del Gobierno está clara para Galicia en cuanto a resaltar, desarrollar e impulsar precisamente la ampliación de su marco de competencias, cosa que en las etapas anteriores no se hizo.
Desde luego coincido con usted en que es necesario impulsar y mejorar el nivel de calidad de vida de la sociedad gallega y de la sociedad de toda España, pero creo que precisamente desde el gobierno gallego, y desde luego también con el impulso y la ayuda del Gobierno a nivel del Estado central, estamos consiguiéndolo y desarrollándolo. Lo que precisamente no encontramos son esos impulsos en etapas anteriores por parte de un gobierno que no es el que hoy está gobernando en Galicia ni, afortunadamente, en España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sainz.


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- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 124/000004.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 49 del orden del día, proposición de ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica 6 de 1 de julio de 1985 del Poder Judicial.
Se mantiene una enmienda viva por parte de la señora Almeida.
(Pausa.) Decae al no encontrarse presente la señora diputada. ¿Grupos que desean fijar su posición) (Pausa.) En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente y disculpe S.S. que en un trámite cual es el de fijación de posiciones y que, evidentemente, por consejo de la Presidencia, aceptado por todo el mundo, se suele desarrollar con intervenciones hechas desde el escaño, este grupo parlamentario, sin querer dar ninguna solemnidad excesiva al trámite, baje a la tribuna, pero es que queremos enfatizar enormemente cuál es nuestra posición en este tema.
En su día y con muy buen criterio fue admitida a trámite por esta Cámara una proposición no de ley para que se modificara el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al lado de una institución respetable y memorable, cual es el Tribunal de Aguas de Valencia, figurara el tribunal consuetudinario y tradicional llamado Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Desde el principio esta proposición contó con nuestra conformidad y, por qué no decirlo claramente, con nuestra absoluta satisfacción, evidentemente no desde el punto de vista de pensar que instituciones de este tipo son residuos folklóricos ni arcaicos sino, al contrario, son antecedentes clarísimos de algo que nuestra Constitución proclama después: el derecho de la ciudadanía a participar en la Administración de justicia. Tribunales nacidos de la legitimidad más plena y directa, que es la ciudadanía sin ninguna clase de mediadores para encontrar, a través de su actividad, el amparo, el acogimiento de justas peticiones. Por ello es evidente que cuando se redactó la Ley Orgánica del año 1985 se cometió un agravio innecesario con nuestra comunidad murciana que ha llegado el momento de reparar y a ello es evidente que nos tenemos que sumar con auténtico entusiasmo. Y aquí debería acabar esta proposición de ley, que para algo se llama así: proposición de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, lamentablemente, no se ha reducido la actividad de la Cámara a tramitar esta proposición y resolverla. Lamentablemente la Cámara y su mayoría han aprovechado esta proposición de ley de modificación del artículo 19, aceptando la legítima enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para llevar a cabo hoy lo que en el lenguaje normal y cervantino se llama una solemne cacicada. Se está aprovechando una proposición de ley que nada tiene que ver con el Tribunal Supremo para, una vez más, producir modificaciones legislativas en las que ya, de entrada, el Consejo General del Poder Judicial no ha podido decir ni esta boca es mía.
De forma tan irregular entró en esta Cámara el estatuto de magistrados del Tribunal Supremo, también con motivo de otra proposición no de ley, a través de una enmienda, sin oír al Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, pensábamos que ya sería la última ocasión en que está Cámara conculcaría las más elementales normas del decoro parlamentario, las más elementales normas del rigor en la forma de legislar y del respeto a sí misma. Lamentablemente, nos equivocamos.


Ahora se introduce, so pretexto de los Hombre Buenos de Murcia, una enmienda de la que van a ser beneficiarios unas personas que serán buenísimas desde el punto de vista humano y a lo mejor unos profesionales más que capacitados, pero que lo que pretenden es tener un trato especial, privilegiado, discriminado y personal en relación al resto de los magistrados del Tribunal Supremo. Van ustedes a establecer, porque no van a contar con nuestro voto, dos clases de magistrados: los magistrados del Tribunal Supremo en ejercicio y los magistrados del Tribunal Supremo de tarjeta de visita o no ejercientes. A partir de ahora la función de magistrado del Tribunal Supremo no connotará la dedicación a tan prestigiosa tarea, sino que será un título más que colocar en el currículum, en contra de lo que esta Cámara ha decidido cuando estableció que la magistratura del Tribunal Supremo es magistratura de ejercicio y es magistrado del Tribunal Supremo el que ejerce como tal, y el que no ejerce como tal merecerá toda clase de respetos, pero no es magistrado del Tribunal Supremo.
Las presiones, las conveniencias partidistas, las afinidades ideológicas de personas que tienen nombres y apellidos llevan a que hoy aquí, y para cuatro personas en concreto, se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y algunos dignísimos magistrados de carrera que ocupan posiciones relevantes en otros órganos jurisdiccionales conserven, sin embargo, sin adscribirse al Tribunal Supremo, sin trabajar en él, el título de magistrado del Tribunal Supremo. O aquel día nos equivocamos cuando establecimos el estatuto del Tribunal Supremo o nos estamos equivocando hoy. Yo creo que aquel día no nos equivocamos, porque al menos hacíamos una norma de carácter general y queríamos solucionar una apetencia, un anhelo ampliamente mantenido por los miembros del Tribunal Supremo. Nos equivocamos hoy. Y tan nos equivocamos hoy, que hemos dado lugar con estas actitudes a que en el propio Tribunal Supremo se hayan despertado reacciones que no compartimos ni en el fondo ni en la forma, pero que tienen su lógica y se haya tenido que llamar la atención de esta Cámara diciendo: Señores,que este no es el buen camino. Y, sobre todo, señoras

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y señores, porque no es obligatorio ser magistrado del Tribunal Supremo; tampoco es obligatorio ser magistrado de ninguna otra jurisdicción; lo escogen libremente los titulares de estos órganos.
Lo lógico y lo normal es que si alguien quiere seguir manteniendo su puesto en algo tan absolutamente estimable y honorable como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que quede en él, pero cesando, lógicamente, de magistrado del Tribunal Supremo. Y si quiere presidir la Audiencia Nacional, que quede en ella, pero dejando de ser magistrado del Tribunal Supremo. No se puede estar aprobando una ley y todo lo contrario. No se puede estar cometiendo una auténtica -repito, y no me voy a cansar- cacicada y arbitrariedad. Las leyes, además del respaldo de la mayoría de la Cámara, para tener el carácter de legales tienen que tener una ratio o un interés que les dote de legitimidad. Y cuando la ley no sirve al interés general y posterga los principios generales con los que se da trato a todo el mundo para con ellos establecer situaciones de excepcionalidad, esa es una ley que, desde el momento mismo en que nace, carece de toda respetabilidad y está pidiendo a gritos ser inmediatamente derogada.
Sabemos en Izquierda Unida que, una vez más, esta va a ser la voz que clama en el desierto, y no se nos venga diciendo que en su día ya se aprobó esta medida en el Senado y que es un hecho cierto que nadie puede ir contra sus propios actos, porque al venir aquí fue rechazada.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Y si allí lo aprobaron con toda su legitimidad, aquí fue rechazado con más legitimidad, y esta es la última Cámara, que es la que lo dicta. (El señor Ollero Tassara hace signos negativos.) Pero, en todo caso, señor Ollero, ya que hace usted señas, en el Senado también entró esa enmienda sin haber pasado por el Consejo General del Poder Judicial, sin haberse pronunciado el organismo que, con nuestra Constitución en la mano y con la ley orgánica, tiene la obligación, aunque no sea de carácter vinculante, de hacer un dictamen, como una forma de participación ni más ni menos que del órgano de Gobierno de los jueces en una actuación tan importante como es la organización de los tribunales, que hemos querido que sea casi una competencia exclusiva de esa institución.
Hagan ustedes lo que les parezca conveniente, lo van a hacer así, pero que sepan que por lo menos en el «Diario de Sesiones» va a quedar constancia de que el Grupo de Izquierda Unida, cuando se sienta en esta Cámara, no se sienta al servicio de ningún interés particular, no se sienta al servicio del partido; se sienta al servicio ni más ni menos que de los intereses generales de la nación.
Por ello entenderán ustedes que pidamos votación separada del artículo 1, del 2 y de las disposiciones adicionales y finales de esta ley y que, desde luego, votemos en contra tanto en lo que se refiere a esta reforma del estatuto del Tribunal Supremo como también en lo que se refiere al pretendido recurso extraordinario de nulidad de actuaciones, ya que pensamos que el cauce adecuado para poder tratar este recurso con cierto rigor será la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Entenderán, decía, que sólo vayamos a dar nuestro voto favorable a la institución memorable, y no sólo por el tiempo, sino fundamental por lo que refleja de participación directa de los ciudadanos en la administración de justicia, del Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
Y, señor presidente, cuando llegue la votación de totalidad de ley orgánica, entiendan ustedes que, retorciendo nuestro criterio, nos vayamos a abstener, no queremos que mañana la demagogia pueda decirle a nuestro diputado por Murcia que hemos votado en contra de esa institución murciana. Como hay que votar la totalidad, nos abstendremos para dejarlo perfectamente claro y que nuestro diputado por Murcia don Pedro Antonio Ríos pueda decir que hemos apoyado un Consejo de Hombres Buenos desde la buena fe, pero que no hemos podido votar todo porque lo que no estamos dispuestos a apoyar es una enmienda, una reforma que no va guiada por la buena fe. Ustedes sabrán por qué intereses espurios va guiada.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
Le correspondería intervenir ahora al Grupo Calatán, pero estamos llenos de retrasos.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Pido perdón a la Cámara por el retraso, debido a que la sesión se está desarrollando con mayor celeridad de lo previsto.
Intervengo en términos similares a los que ha desarrollado ante SS.
SS. el representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para que seamos al menos dos las voces que clamemos en el desierto.
El proyecto sobre el que vamos a pronunciarnos ahora, acerca del dictamen de la Comisión, hacía referencia única y exclusivamente a la introducción de un apartado en el artículo 19 de la Ley orgánica del Poder Judicial referido a la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia con el que el grupo al que represento estaba absolutamente de acuerdo. No tenemosnada que decir de una institución de tanto arraigo

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tradicional como es la de los Hombres Buenos de Murcia. Sin embargo, por vía de enmiendas, y así consta tanto en ponencia como en Comisión, se le han añadido otros aspectos que se reducen a dos temas concretos a los que me referiré por separado.
El primero es el relativo al número de excepciones que se quieren tipificar en relación con el sistema establecido en la Ley orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, que permite que se siga siendo magistrado del Tribunal Supremo en destino distinto al propio Tribunal, hasta que se solicite, si éste no es de duración determinada, o hasta que finalice el periodo de cinco años si se trata de cargos de duración prefijada.Desde la óptica del grupo al que represento -así lo manifestamos en Comisión- se rompe el equilibrio del sistema anteriormente aprobado. Los magistrados del Tribunal Supremo tienen, desde luego, la especial relevancia con que les dota el artículo 123 de la Constitución y son, en consecuencia, remunerados de forma justa por ello. Pero esta calificación de magistrado del Supremo tiene una gran rigidez. Sólo debe ser magistrado del Tribunal Supremo quien ejerce en esa condición, es decir, por expresarlo en términos vulgares, quien está en el Tribunal Supremo y en él dicta sentencias.
Votaremos, por tanto, como ya lo hicimos en Comisión, para que estos aspectos salgan fuera del contenido inicial, así como la propia denominación de la modificación de la ley, que se llama de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Respecto del otro añadido al que me he referido, la regulación que se da al artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el grupo al que represento ha cambiado su criterio en relación con lo sostenido en Comisión debido a que ha tenido entrada en la Cámara una iniciativa legislativa de la relevancia de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Creemos que en esta legislatura la nulidad de actuaciones ha sido ya tocada en la Ley Orgánica 5/1997. Modificarla ahora con las enmiendas que mi grupo había prometido aportar en Comisión sería una segunda reforma, y una tercera la que se va a producir en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Creemos que la seguridad jurídica gana si, de momento, dejamos el texto tal y como está y esperamos a que sea la Ley de Enjuiciamiento Civil, un texto normativo completo, la que regule este aspecto.
Por ello, y como he indicado al empezar mi intervención, el voto de mi grupo será el mismo que ha anunciado el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Votaremos en contra de todos los añadidos a la ley, únicamente queremos que se reconduzca a sus términos estrictos iniciales y nos abstendremos en la votación correspondiente al carácter orgánico de la ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para la fijación de posición de su grupo, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, gracias por permitir esta intervención un poco tardía.
Señorías, lo que desea mi grupo es explicar la historia de este dictamen de la Comisión de Justicia. En primer lugar, queremos recordar que durante la tramitación de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada en 1997, en el trámite del Senado se presentaron diversas enmiendas y quiero hacer referencia concretamente a dos, a la enmienda número 34 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a la enmienda número 48 del Grupo Parlamentario Popular. Estas dos enmiendas, entre otras, hacían referencia al núcleo de lo que está siendo objeto de debate en el día de hoy, esto es, a la disposición transitoria tercera, apartado primero, de esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y establecían, tal y como fueron aprobadas en el Senado, dos aspectos fundamentales: por un lado, que el plazo de incorporación de un año para aquellos magistrados del Tribunal Supremo que ocupaban cargos fuera de dicho Tribunal no fuese aplicable ni a los excedentes, que podían mantenerse en esa situación hasta que acabase el plazo de excedencia, ni tampoco a aquellos otros magistrados del Tribunal Supremo que, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ocupaban cargos en otros órganos jurisdiccionales. He tenido ocasión de comprobar el resultado de la votación y quiero decir que estas dos enmiendas fueron aprobadas en el Senado por 196 votos a favor y sólo tres en contra y en el Congreso por 307 a favor, 12 en contra y una única abstención.


Saben SS.SS. -es cierto que estas materias parecen estar gafadas en esta legislatura- que el texto de esas enmiendas, después de ser aprobado por ese número de votos en el Senado y posteriormente confirmado en el Congreso, decayó en la medida en que no tuvo mayoría en la votación de conjunto como ley orgánica y, por lo tanto, prevaleció el texto inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados. Concretamente, la enmienda 48 del Grupo Parlamentario Popular, ya digo que introducida en el Senado y luego confirmada en el Congreso, establecía como justificación introducir una norma de derecho transitorio imprescindible para garantizar la situación de los magistrados del Tribunal Supremo que se encuentran desempeñando cargos de designación temporal en otros órganos jurisdiccionales y, en cuanto a la excedencia, se daba una justificación muy lacónica para prever este supuesto en la redacción del proyecto de ley.
Señorías, estas dos enmiendas, junto con una decena más, aprobadas como les digo por el Senado y por el Congreso, no pudieron incorporarse al texto definitivo por no haber tenido mayoría la ley orgánica en la votación de conjunto.
Ciertamente, el prestigio ante la sociedad de las instituciones del Senado y del propio Congreso determina que aquí no hacemos cosas, entiendo yo, inútiles o absolutamente contingentes y, por lo tanto, cuando varios grupos parlamentarios, incluso uno que hoy se va a pronunciar en contra, votó a favor en el Senado y luego volvió

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a votar a favor en el Congreso, razones tenía y fue lo que determinó que, cuando se presentó la proposición de ley de los hombres buenos de Murcia, mi grupo acogiese aquellas enmiendas que reunían estas dos características, haber sido aprobadas por el Congreso y por el Senado, y las presentase aprovechando esta circunstancia.
Posteriormente, la negociación con el Grupo Parlamentario Popular, con el propio Gobierno del Partido Popular, a la que posteriormente se adhirió el Grupo Parlamentario Socialista, ha determinado el texto del dictamen de la Comisión sobre el que nos tenemos que pronunciar hoy. Se nos podría decir ciertamente que aquí también cabe aplicar la cláusula rebus sic stantibus y que las circunstancias que determinaron la aprobación de esas enmiendas por tan amplia mayoría por el Senado y por el Congreso, habiendo variado en estos momentos tales circunstancias y habiendo finalizado el plazo de un año de incorporación de tales magistrados al Tribunal Supremo, carecen de sentido. Es una interpretación yo no diría irracional ni irrazonable, pero, desde luego, me parece mucho más razonable la interpretación que ha asumido Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular de entender que esas disposiciones de derecho transitorio tienen en estos momentos pleno sentido.
Por lo demás, señorías, querría decir dos cosas. Desde luego, no estamos ante unas enmiendas o ante unas leyes ad hominem.
Ciertamente, el estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo tiene un ámbito tan reducido que sus disposiciones transitorias obviamente tienen que tener un ámbito mucho más reducido todavía y yo creo que a nadie puede extrañar que, si el estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo tiene por destinatarios a los 95 ó 96 magistrados del Tribunal Supremo, las disposiciones transitorias de este estatuto vayan referidas a diez o a una veintena de personas.
Por lo tanto, aquí no hay enmiendas, no hay leyes al hombre, sino que lo que hay, y acabo ya, señor presidente, es un universo tremendamente reducido.
En segundo lugar, señorías, no ponemos en cuestión la magistratura de ejercicio, ni queremos ni podemos ponerla en cuestión. Mi grupo asume perfectamente el criterio de la magistratura de ejercicio. Por eso, nos tenemos que ver en la obligación de recordar aquella frase cervantina de no son gigantes, que son molinos; no se pretenda ver detrás de estas enmiendas lo que no existe. Se trata, pura y simplemente, de disposiciones transitorias que en pocos meses agotarán absolutamente su aplicación, sin poner en cuestión, vuelvo a reiterar, esa magistratura de ejercicio.
Por todo ello, señor presidente, por coherencia política, porque no es una ley singular y porque además no pone en cuestión la magistratura de ejercicio, mi grupo parlamentario votará a favor del dictamen y a favor de la totalidad del proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor del dictamen en su integridad, tal como viene de Comisión, y dado que ha decaído la única enmienda que quedaba subsistente me evita tener que pronunciarme sobre ella, señor presidente.
Como aquí ya se ha dicho, inicialmente este proyecto solamente pretendía la modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconociendo un tribunal consuetudinario, cual es el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Es evidente que ese reconocimiento tenía que hacerse necesariamente en esta ley orgánica, por mandato de los artículos 122 y 125 de la Constitución. Por lo tanto, respecto a este tema, yo creo que nada más hay que añadir. Se trata de un tribunal consuetudinario que basa su legitimidad en la tradición, en siglos y siglos de existencia, durante los cuales, voluntariamente, los afectados han aceptado sus decisiones. En ese aspecto, lo único que hacemos es reconocer y aceptar lo que dice la Constitución.
Como sabemos, a este proyecto de ley se añadieron dos nuevos aspectos durante la tramitación, que son aparentemente más importantes que el inicial. Uno de ellos, como aquí ya se ha dicho, consiste en unas pequeñas modificaciones a la regulación que hizo esta Cámara hace unos meses del incidente de nulidad de actuaciones. El otro son unas pequeñas modificaciones al régimen transitorio de las excepciones que se establecen a la nueva magistratura de ejercicio para los magistrados del Tribunal Supremo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Jover.
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles en el hemiciclo.
Discúlpeme, señoría; puede continuar.


El señor JOVER PRESA: Gracias, señor presidente.
El señor Castellano tiene razón cuando dice que no es una adecuada técnica legislativa utilizar la tramitación de cualquier proyecto de ley para introducir en él enmiendas que nada tienen que ver con su contenido. Esto, en técnica legislativa, es cierto, pero la verdad es que reglamentariamente es posible, se hace, se ha hecho muchas veces y me da la impresión de que incluso su propio grupo lo ha hecho en alguna otra ocasión. De manera que si en la medida en que el reglamento no lo prohíbe se puede hacer y se hace, hágase.
En todo caso, quiero recordar dos cosas a este respecto. El informe del Consejo General del Poder Judicial, al cual se refiere también el señor Castellano, no ha existido en esta modificación de la ley orgánica. Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la modificación que se hizo en el año 1994 establece la posibilidad de que determinadas enmiendas puedan ser sometidas a informe del Consejo General del Poder

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Judicial, pero tampoco está mandando al respecto; es más, que yo recuerde, tampoco se ha hecho nunca. De manera que no creo que éste sea un argumento para cuestionar la validez de esta enmienda y de este proceso legislativo que estamos realizando.
Y, yendo al fondo de la cuestión, primer aspecto: modificaciones que se hacen en el incidente de nulidad de actuaciones. Señor presidente, mi grupo cree que mejoran ese trámite, y lo mejoran fundamentalmente porque evitan que este trámite se pueda convertir en un proceso continuado de eliminación o de dilaciones indebidas. Se dice claramente que la resolución que se deniegue no debe ser susceptible de recurso alguno y posteriormente que tampoco lo sea la resolución final. Esas son enmiendas que mi grupo ya había presentado inicialmente en el trámite del Congreso y que fueron introducidas después en el Senado. Nos parece que lo mejoran. El argumento que se ha dado aquí de que está en tramitación una reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil y que por lo tanto es mejor esperar a esa tramitación, me parece que no es adecuado. En todo caso, si la Ley de Enjuiciamiento Civil regula este tema, lo hará solamente para el proceso civil, cuando en realidad aquí estamos haciendo una reforma de la ley orgánica que establece un trámite de nulidad de actuaciones que se aplica a todos los procesos. No veo por qué razón ahora no podemos, mediante esta pequeña enmienda, mejorar ese trámite en un aspecto que realmente lo mejora.
En cuanto a la disposición adicional nueva, que en realidad es transitoria, porque está en régimen transitorio, se introducen algunas excepciones, muy tasadas, ya se ha dicho aquí, al régimen de magistratura de ejercicio, que todos habíamos votado en esta Cámara.
Podremos estar de acuerdo o no, señor Castellano, con esta modificación; por supuesto que sí. Incluso puede ser discutible, pero yo quiero que quede muy claro que no solamente estas enmiendas fueron aprobadas por el Senado, sino que volvieron a esta Cámara y esta Cámara las votó favorablemente. Lo que pasa es que después en la votación de totalidad no se consiguieron los 176 votos necesarios y, por tanto, no fueron incorporadas al texto de la ley orgánica. Mi grupo fue uno de los que no votó esa modificación total, lo hizo porque en una votación de totalidad hay cosas en las que uno está de acuerdo y otras con las que no estábamos de acuerdo, en éstas estábamos de acuerdo y por eso habíamos votado a favor. Este es un aspecto que ha de quedar muy claro. En una votación de totalidad, y esto lo saben todos los señores diputados de esta Cámara, hay que votar el conjunto de la ley y hay que tomar una decisión que se refiere al conjunto, que no impide que en algunos aspectos de los que ahora se vota en contra se estaba a favor y esto lo sabe todo el mundo y es tan claro que no hace falta explicarlo para nada. Mi grupo no ha cambiado de posición, mantiene la misma que mantuvimos en su momento cuando votamos a favor de estas enmiendas, en el Senado y en el Congreso cuando volvieron. No creo que haga falta explicar más por qué razón votaremos ahora a favor de este texto.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jover.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Nos hallamos, sin duda, ante el debate de una iniciativa histórica por tres razones distintas. En primer lugar, y la más positiva, porque vamos a dar cauce legal a una institución histórica como es el Tribunal de los hombres buenos de Murcia, con la alegría de toda esta Cámara y no sólo de uno de sus diputados por digno que en este caso sea. En segundo lugar, es histórica porque el debate que estamos hoy desarrollando prolonga todavía un debate con el que casi se abrió esta legislatura, el de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa fundamentalmente al regreso de aquellos jueces que determinados partidos políticos habían incluido en sus listas electorales a las tareas jurisdiccionales en las que, curiosamente y sin audiencia del Consejo General del Poder Judicial, se introdujeron una tonelada de enmiendas sobre un supuesto estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo ante el estupor de nuestro grupo.
Histórica, en tercer lugar, porque, como muy bien ha señalado el señor Castellano, este texto que hoy se nos trae está lleno de historias con nombres y apellidos. Así es y es inútil intentar disimularlo.
Nuestro grupo nunca ha protagonizado esta curiosa historia que está deseando que termine cuanto antes. Su actuación ha sido fundamental, sobre todo en los comienzos de aquel curioso estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo que determinado grupo convirtió en texto alternativo sin molestarse en leerlo, porque si lo hubiera leído no hubiera presentado una enmienda en la que decía que, como contraprestación a las retribuciones adicionales que los magistrados tendrían se les imponía la gravísima incompatibilidad de no poder desempeñar cargos en partidos políticos. Así decía la enmienda que presentó determinado grupo cuando la Constitución les impide a los jueces y magistrados afiliarse siquiera a un partido. Nuestro grupo intentó en lo posible colaborar a una cierta racionalidad por la vía de enmiendas transaccionales, puesto que nunca hemos presentado enmienda alguna ni en aquel trámite ni en éste. Nada de lo que se discute aquí es fruto de ninguna enmienda directa presentada por el Grupo Popular y tengo especial interés en que eso quede claro.
Por un lado, nos encontramos con unas enmiendas que -como ha quedado dicho- venían del Senado y fueron aprobadas por todos, también por el Grupo Socialista, que por razones que no han quedado claras, porque no ha dicho en qué no estaba de acuerdo con aquel curioso asunto, al final, quizás por hacer perder una votación al grupo que apoyaba al Gobierno, se

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abstuvieron en la votación de conjunto de la ley orgánica, produciendo unos efectos para ellos curiosos como que determinada persona, asiduo visitante de la bodeguilla, se viera afectado por el motivo de esa votación. Así de claro, eso es lo que pasó y todo el mundo lo sabe.
Nuestro grupo ha intentado en lo posible imponer algo de racionalidad. Hemos votado siempre lo que votamos entonces sobre iniciativas que no eran nuestras, iniciativas que tenían una función transitoria. El problema de las disposiciones transitorias es que hay que hacerlas en muy poco tiempo porque si no pasa como en las fotografías, que salen movidas. Y esto sale movido, porque lo que era transitorio hace un año, ahora ya no es que sea transitorio, es que ha transitado ya mucha gente y el que estaba con un pie en el aire hace un año, ahora ya lo tiene en el suelo, hay cuatro nuevos que ahora lo tienen en el aire y así es imposible hacer disposición transitoria alguna, en ese lío nos hemos metido.
La postura de nuestro grupo ha sido, en primer lugar, respetar la magistratura de ejercicio, porque el propósito de esta disposición -no dramaticemos- es que no tenga un efecto retroactivo respecto a determinadas personas -pero la magistratura de ejercicio sigue en su funcionamente- y procurar que se hiciera en términos tales que no sólo no se tratara de una enmienda personalizada sino que no lo pareciera. Así lo dijimos en comisión y por eso presentamos una transaccional tan amplia que, como dijimos entonces, algunas de sus previsiones son sin objeto, es decir sin sujeto, porque nadie se va a apuntar a ellas, pero queríamos que nadie quedara fuera.
De todas maneras, a raíz del debate en comisión se han producido algunos hechos no aludidos en este debate y a los que mi grupo sí quiere aludir, concretamente dos hechos. En primer lugar, ha habido una asamblea de magistrados del Tribunal Supremo. Nosotros queremos dejar claro que si en el Tribunal Supremo hay un magistrado, dos, tres o quizá cuatro -creo que son cuatro- a los que se les pueda pasar por la cabeza la existencia de un consejo de generales del Poder Judicial no es porque nuestro grupo les haya dado pie a que puedan pensar así. Quizá haya ocurrido en otros casos, pero nuestro grupo nunca les ha dado pie a pensar así. Y mucho menos que ese presunto consejo inexistente pretenda plantear conflictos con el Parlamento. En absoluto, quede claro. Y es algo que no deja de gravitar sobre la postura que nuestro grupo está hoy defendiendo aquí.
En segundo lugar, en el Consejo General del Poder Judicial, cuyas decisiones respetamos absolutamente porque es un poder ajeno a éste, se han producido algunos hechos que, respetándolos, no viene mal que quede constancia de ellos en el «Diario de Sesiones».
Primer hecho. Se ha suspendido un concurso ya convocado, con nueve firmantes, suscribiendo una teoría que a los profesores de derecho nos sorprende un tanto, y es que las enmiendas que aquí discutimos son fuente del derecho. Es un asunto vanguardista que, por otra parte, no es la primera vez que ocurre, porque este diputado conoce todo, y ha llegado a haber una sentencia de un magistrado sobre un problema de propiedad intelectual que se apoyaba en una enmienda que este diputado había defendido aquí, desde una situación minoritaria de esta Cámara. Es decir, el asunto tiene precedentes, pero ahí queda.
En segundo lugar, se pretendía hacer una interpretación auténtica de nuestra enmienda, de la transaccional de todos, en el sentido de que esa enmienda permitiría a determinados magistrados del Tribunal Supremo, que siguen siéndolo, volver a cargos anteriores que habían abandonado para no dejar de ser magistrados de dicho Tribunal, previsión que nunca se ha abordado, en ningún caso, ni en ponencia ni en comisión, por ninguno de los grupos aquí reunidos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Tengo especial interés en que quede constancia en el «Diario de Sesiones» en que así es, porque aunque como profesor universitario sé que a la hora de la verdad las leyes dicen lo que los jueces dicen que dicen, las enmiendas no, las enmiendas dicen lo que decimos nosotros. Y nosotros nos hemos ocupado, sólo nos hemos ocupado, de que nadie que quiera ser magistrado del Tribunal Supremo deje de serlo en relación con la fase anterior, pero nunca hemos abordado la posibilidad de que alguien vuelva a su cargo, quiero que quede constancia de ello porque así es.
Visto todo este curioso asunto, sólo me queda aludir a la enmienda del PNV, que consiguió convencernos de que la incluyéramos y ahora pretende convencernos de que la desincluyamos, enmienda que está asumida en el texto, pero entendemos que lo mejora, como muy bien se ha dicho, sin perjuicio de que luego algunos de sus aspectos puedan ser objeto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o de que en el Senado algún grupo, si quiere, pueda volver a enmendarla. Por ello la vamos a votar a favor.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ollero.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA.
(Número de expediente 127/000011.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 50 del orden del día: Dictamen sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Se mantienen vivas a este dictamen dos grupos de enmiendas, uno de ellos firmado por la señora Almeida y otro firmado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


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Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para la presentación de sus enmiendas.
Señor Centella

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, intervengo para hacer un último esfuerzo, aunque uno sabe que es bastante difícil, para intentar convencer a algunos grupos de esta Cámara de la necesidad de modificar el texto que aquí se nos trae, debate que empezó con bastante mal pie, ya que recordamos cómo se silenció la única voz discordante del Parlamento extremeño a la hora de presentar la propuesta de modificación de su estatuto. Esa presentación quería aparentar una falsa unanimidad que no solamente no existía, sino que además trataba de ocultar lo que hoy nos tememos se puede afirmar y consumar, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español que va a dejar al pueblo extremeño como una autonomía de segunda categoría.
Creemos que no ha habido margen para modificar, para introducir enmiendas de mejora y, por tanto, vamos a seguir manteniendo nuestras enmiendas que tienen una sola intención, y es que el Estatuto de Autonomía de Extremadura tenga el mismo techo competencial que nuestra Constitución permite y que esta misma Cámara ha reconocido para otras comunidades, techo competencial que se le está negando por acuerdo del PSOE y el Partido Popular.
Nuestro grupo mantiene estas enmiendas porque creemos que el pueblo extremeño tiene suficiente capacidad para autogobernarse, tiene la suficiente capacidad para decidir por sí mismo en temas muy importantes y que nadie en este momento le puede negar ese derecho a tener un techo competencial máximo que nuestra Constitución permite y -repito- hoy se les va a negar aquí.
No nos engañemos, la propuesta que se nos presenta mantiene a Extremadura en la segunda división de la autonomía española, mantiene a Extremadura con una autonomía limitada cuando no hay lugar para ello y precisamente desde la Izquierda deberíamos saber lo que significa la defensa del máximo autogobierno para las comunidades más deprimidas. Significa, ni más ni menos, que defender un Estado solidario, un Estado donde todos los territorios tengan las mismas posibilidades de alcanzar su autogobierno.
Comprendemos que desde la opción política de la derecha se defiendan Estados desequilibrados, Estados donde no todas las comunidades tengan las mismas competencias, Estados confederales, pero no entendemos cómo desde la izquierda se puede defender también este modelo de Estado y tampoco entendemos cómo desde las tribunas públicas en las proclamas de los días de la comunidad se denuncian desigualdades, desequilibrios y a la hora de la verdad, que es cuando se discute aquí el Estatuto de Extremadura, los que piden el máximo autogobierno en las calles de los pueblos de Extremadura se conforman luego aquí con un techo muy inferior al que dicen defender.
Queremos acabar con ese doble lenguaje, queremos acabar con ese engaño que se hace a los extremeños y queremos que aquí y hoy se apruebe un Estatuto de Extremadura que le permita los mismos derechos que tienen comunidades que son limítrofes suyas. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Ante la naturaleza del acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pensamos que no es una cuestión de estética, no es una cuestión de memoria histórica solamente, es una cuestión que sufrirán los extremeños y las extremeñas con un texto que limita las competencias de autogobierno, un texto que mantiene diferencias entre las facultades de ese pueblo para autogobernarse y las de otros pueblos del Estado español. Por eso, mantenemos nuestra enmienda que se basa en tres elementos que no son simples declaraciones de intenciones, sino que van recogidas en el articulado de la ley que hoy esperamos se pueda modificar.
Buscamos, en primer lugar, dotar de más poder político para Extremadura. En segundo lugar, como ya se ha señalado, proponemos la necesidad de que este estatuto sea un paso hacia adelante en la configuración de un Estado federal. Por último, proponemos que es imposible desligar la financiación autonómica del modelo de Estado que se propone. Para ello es necesario la igualación de las competencias de todas las comunidades autónomas de este país, y es demagogia cualquier planteamiento que se haga sobre la autonomía plena de Extremadura cuando luego se viene a esta Cámara y se defiende un texto que no recoge estas competencias plenas, que no recoge las competencias necesarias en la sanidad, en el comercio exterior, en montes, en la gestión del sector público, en la administración de la justicia, en la capacidad de disolver el Parlamento extremeño. Seguro que hay grupos que se sonrojarían si en su estatuto de autonomía de su comunidad autónoma estuviesen explicitadas las condiciones que se le imponen al Gobierno extremeño para disolver su Parlamento. Creo que ningún grupo nacionalista se sentiría satisfecho de que en su estatuto de autonomía viniesen estas cláusulas tan limitativas para la capacidad de autogobierno de Extremadura.
Como ustedes ven, no estamos pidiendo ningún privilegio para Extremadura; al contrario, solamente estamos intentando defender, desde nuestra minoría, un trato igualitario. Por eso, nos sorprende que quienes gritan tanto en Extremadura denunciando desigualdades, quienes muchas veces se amparan en esa denuncia de la desigualdad para pedir el apoyo de los extremeños luego vengan aquí y voten, respalden estatutos que consagran esas diferencias, esas desigualdades y siguen condenando a Extremadura a una categoría inferior a la que la propia Constitución le permite. Por tanto, que nadie suba a esta tribuna a decir que con este estatuto se alcanza el máximo techo competencial, porque eso sería radicalmente inexacto.


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Nosotros queremos que Extremadura tenga un estatuto ni un centrímetro más allá del que ya tienen otras autonomías, que tenga unos derechos ni un centímetro más allá de lo que ya tienen otras comunidades autónomas. Eso no es pedir ni más ni menos que justicia para Extremadura, para un pueblo que ha demostrado que sintoniza con un sentimiento de autogobierno, que ha sido capaz de demostrar su capacidad de autogobierno. Nosotros pensamos que no tenemos ningún derecho a negarle esa capacidad que tiene. Nosotros entendemos que se podrían aprobar nuestras enmiendas, ya que serían positivas para el pueblo extremeño y éste a partir de ahora podría tener esa garantía y esa capacidad de autogobierno, que, repito, si se confirma al final el pacto del PSOE con el Partido Popular, ustedes les van a negar.
Para terminar, quería decir que no entendemos cómo puede haber grupos políticos que después de votar esta reforma del estatuto siguen hablando de federalidad del Estado español. Señorías, no nos engañemos, federalidad significa que todas las comunidades tengan los mismos derechos, que todas las comunidades tengan los mismos techos competenciales. Por tanto, quien después de votar aquí esta reforma del estatuto siga hablando de federalidad o nos está tomando el pelo o simplemente está haciendo un juego de cinismo político. Desde Izquierda Unida seguimos defendiendo un Estado solidario, un Estado federal y un Estado equilibrado entre todas las comunidades. Esto lo seguiremos defendiendo no solamente en esta Cámara desde la minoría, sino en Extremadura, porque estamos convencidos, por mucho que hoy ustedes nos dejen en minoría, de que sintonizamos con la mayor parte de los extremos y de las extremeñas y con el anhelo de un pueblo, que -repito hoy aquí- se va a ver privado de un derecho que ya tienen otros pueblos del Estado español.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Señora Almeida, tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando se plantea la aprobación de un estatuto de una comunidad, como es en este caso el de la comunidad extremeña, a nosotros nos parece que cualquier esfuerzo es poco para lograr la mayor representatividad de los grupos, siendo pequeños o menos pequeños, que forman parte del Parlamento extremeño y que han intentado aportar a este estatuto las ideas, iniciativas e incluso algunas simples enmiendas técnicas, lo que podría haber dado un nuevo estilo al estatuto. Pero no han encontrado ningún amparo a la hora de la discusión. No queremos pensar que la gente de Nueva Izquierda en Extremadura está en contra de un estatuto extremeño. Si algo quieren hacer es mejorarlo, perfeccionarlo, pero ninguna de sus enmiendas fueron admitidas en el Parlamento extremeño. Las hicimos en Nueva Izquierda, dentro del Grupo Mixto, en el Congreso de los Diputados, y ninguna de ellas se admitió. Nosotros pensamos que un estatuto debe sumar y aunar esfuerzos, y en ese sentido se tenía que haber hecho un gran esfuerzo. Tampoco se trata de imponer cosas desde las minorías que no sean comprendidas por el conjunto del pueblo extremeño, pero sí que la suma de esos intereses tenga la mayor aquiescencia y el mayor apoyo del pueblo extremeño. No se han admitido estas sugerencias de un grupo u otro y tampoco se comparten las de otro de una forma abierta. Se podía haber dado esa posibilidad y no aparentar un pacto cerrado entre dos fuerzas. Que no se admita la posible inclusión de estas enmiendas técnicas, la verdad es que a nosotros nos entristece un poco a la hora de celebrar entre todas las fuerzas el Estatuto de Extremadura.


Nosotros hemos presentado unas enmiendas. Algunas nos las podían haber razonado, pero hemos encontrado una cerrazón, tanto en el Parlamento extremeño como en este Congreso de los Diputados, ya que no se ha admitido ninguna enmienda, algunas técnicas, de Nueva Izquierda. Nos hubiera gustado participar de la colectividad que representamos, en menor medida, del pueblo extremeño. Sentimos que esto no haya pasado. Seguimos manteniendo nuestras enmiendas con la esperanza de que algunas de ellas sean incorporadas en el trámite de votación por los grupos que hoy han dado ese pacto como cerrado. En cualquier caso, no estamos en contra de que la decisión mayoritaria del Parlamento extremeño tenga un reflejo democrático, pero mantendríamos esa apuesta por una mayor integración, absteniéndonos en la votación total del estatuto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente el dictamen de la Comisión de esta propuesta de reforma estatutaria de Extremadura. Nuestro grupo siempre ha dado su voto favorable a todas las reformas estatutarias propuestas en esta Cámara a través de una iniciativa legislativa de la comunidad autónoma y de su propio parlamento, y en esta ocasión va a hacer lo mismo. En este sentido no vamos a apoyar las enmiendas que han quedado vivas en el debate de hoy de los grupos de Izquierda Unida y de Nueva Izquierda, sin entrar en el contenido estricto de muchas de ellas que pueden parecernos positivas, porque nuestro grupo parlamentario quiere ser estrictamente respetuoso con la voluntad mayoritaria de los grupos que integran la Asamblea

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de Extremadura. Como la mayoría de los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura no apoyan estas enmiendas, el nuestro tampoco lo va a hacer.
Finalizo esta intervención manifestando que Convergència i Unió desea que esta reforma estatutaria de Extremadura que hoy vamos a aprobar permita a esta comunidad autónoma seguir avanzando, fortaleciendo su nivel de autogobierno y definitivamente redunde en mayores cotas de bienestar para todos sus ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista, el señor Fuentes tiene la palabra.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nos encontramos hoy en el último acto en esta Cámara con la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Quiero recordar que dicha reforma llegó a este Congreso de los Diputados después de un amplio acuerdo de los representantes del pueblo extremeño, que, por inmensa mayoría, así lo decidieron. Quiero también recordar algunos de los aspectos fundamentales de esta reforma, tal como llegó al Congreso de los Diputados, que suponía modificaciones muy importantes en el estatuto actual. La reforma que aprobó la Asamblea de Extremadura supuso una mayor capacidad de autogobierno, mayores competencias para la Asamblea y para el propio presidente de la Junta de Extremadura. Se recoge la capacidad de la Junta de dictar legislación delegada, así como la posibilidad de crear una figura similar a la del Defensor del Pueblo y la creación por ley de un órgano de control económico y presupuestario, entre otras muchas cuestiones. En los sucesivos trámites parlamentarios en esta Cámara se han aportado importantes modificaciones a la ley que llegó de la Asamblea de Extremadura, referidas fundamentalmente a la facultad de la comunidad autónoma para participar en las demarcaciones notariales y registrales y también a la ejecución en materia de crédito, banca y seguros, etcétera.


Esta es la segunda vez que reformamos el Estatuto de Extremadura en el Congreso de los Diputados. Los socialistas la apoyamos porque nos parece la más adecuada en el momento actual. No es un punto final para nosotros. Tal vez dentro de unos años tendremos que analizar otras reformas, y en ese caso lo haremos como lo estamos haciendo hoy, intentando que una norma tan importante sea reformada con amplios apoyos parlamentarios.


Como ya expresé en la Comisión Constitucional, esta reforma no responde íntegramente a las aspiraciones de los socialistas. Nuestra disposición al diálogo y al consenso nos ha obligado a ceder en algunos puntos para llegar al común denominador que permita, como creo que hoy ocurrirá, un amplio apoyo parlamentario a esta modificación. Señor presidente, hace 16 años, por estas fechas, esta Cámara aprobaba el primer Estatuto de Autonomía para Extremadura. El Grupo Socialista desea que esta reforma sea un buen instrumento que le permita a la Asamblea y al Gobierno extremeño seguir mejorando las condiciones de vida de los hombres y las mujeres que viven en Extremadura.


Para terminar, señor presidente, permítame una pequeña reflexión que me atrevo a hacer al hilo de que estamos debatiendo hoy una reforma de un estatuto de autonomía en unos momentos en los que muchos ciudadanos oyen, en mi opinión con desconcierto y a veces con desasosiego, algunas afirmaciones sobre la estructura del Estado.
Tenemos estatutos de autonomía porque en España hay una Constitución democrática. Hay autogobierno y autonomía en Extremadura y en el resto de las comunidades autónomas porque existe la Constitución española y no por otro motivo. Aceptar esto supone basar las relaciones entre las distintas instituciones en la cooperación, la solidaridad y la lealtad constitucional.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fuentes.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Álvarez Álvarez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, para cualquier extremeño que se precie de serlo hablar de Extremadura siempre es un honor, y hacerlo desde esta tribuna un privilegio; nunca agradeceré lo suficiente a mi grupo parlamentario el haberme dado esta oportunidad histórica para mí como extremeño y, sobre todo, para Extremadura.
Por su ubicación geográfica, Extremadura es una comunidad periférica, obliga a acercarse a ella para conocerla y por eso ha tenido que superar, con el esfuerzo de todos los extremeños, muchas incomprensiones históricas y a veces clichés que distorsionaban la realidad de nuestra tierra. Con esta reforma de su estatuto de autonomía, la segunda que se produce desde que se aprobó en el año 1983, se profundiza un poco más en la capacidad de los extremeños para superar nuestra condición de periféricos que tanto ha limitado nuestro desarrollo y también se fortalece, sin lugar a dudas, nuestro protagonismo, nuestra identidad regional, que nos obliga, en primer lugar, a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de avanzar en el progreso, de abandonar el victimismo y a desarrollar un proyecto llamado Extremadura para todos los extremeños y para el conjunto del Estado español. Una de las señas de identidad de los extremeños es su concepto de la lealtad. En esta reforma del estatuto de autonomía la lealtad a la Constitución española, que ya ha sido puesto de manifiesto por algún portavoz que meha precedido en el uso de la palabra, está por encima

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de cualquier otra consideración y fuera de toda duda. También nosotros apoyamos esta posición.
Para Extremadura es histórica la reforma de su estatuto de autonomía, cuyo dictamen estamos en este momento sometiendo a la consideración de esta Cámara, porque adquiere una mayor autonomía. No quiere decir que tenga toda la autonomía posible; estamos haciendo camino. Con esta reforma se adquieren una mayor autonomía y unas mayores posibilidades de desarrollo. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular le va a dar su apoyo favorable. La mayor autonomía está justificada por un incremento de su nivel competencial en temas relacionados con el comercio exterior, denominaciones de origen, colegios profesionales, cámaras agrarias, cámaras de comercio, ordenación farmacéutica y otras muchas competencias, y muy especialmente en la capacidad de asumir la gestión, como establece la reforma, en materia de asistencia sanitaria y educativa. No solamente se aumenta el techo competencial en materia económica, generadora de desarrollo y bienestar para los extremeños, también se dota de mayores competencias a las instituciones; así el presidente de la Asamblea designará al candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, que es una novedad muy importante, y adquiere también facultades para disolver la Cámara anticipadamente si fuera necesario.
Esta propuesta de reforma, fruto del diálogo y del deseo de consenso entre todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura, que se concretó en un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que representan al 90 por ciento de la población extremeña, también contempla, como mejora y reforzamiento de este estatuto, la creación de dos instituciones cada vez más requeridas por el pueblo extremeño, como son el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas de Extremadura.


En el trámite parlamentario de la Comisión que se celebró en esta Cámara, respetando, como no podía ser de otra manera, la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo extremo en la Asamblea, se han incorporado al texto remitido por la Asamblea de Extremadura varias enmiendas con un marcado carácter técnico, que tratan de precisar con mayor claridad algunas competencias exclusivas de nuestra comunidad autónoma. Vía enmienda, y por unanimidad, se ha introducido también la competencia autonómica respecto de las demarcaciones registrales y notariales, así como el nombramiento de los respectivos registradores y notarios. Por su extremada posición, al igual que ocurriera en la Asamblea de Extremadura, no ha sido posible incorporar y aceptar algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto e Izquierda Unida, por entender que en algún caso sobrepasaban el marco de la Constitución española, y, en otros, porque, literalmente, coincidían con las enmiendas ya rechazadas en el debate parlamentario llevado a cabo en la Asamblea de Extremadura, y no se podía alterar la voluntad de aquel Parlamento.
Estamos convencidos de que la entrada en vigor de esta reforma estatutaria y su posterior aplicación, demostrará a aquellos que hoy no la apoyan -a quienes invitamos desde esta tribuna a que reflexionen y cambien el sentido de su voto- que van a perder una ocasión histórica de sentirse protagonistas ante la posibilidad de establecer un mayor autogobierno para Extremadura, de reforzar competencialmente sus instituciones democráticas, y de conseguir para Extremadura la convergencia normativa y competencial con el resto de las comunidades autónomas del Estado español que nos han precedido en la reforma de sus respectivos estatutos.
Con la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura se concluye el proceso que el presidente del Gobierno impulsó en el debate de investidura para que se armonizaran los techos competenciales y se estableciera un marco estable en la España de las autonomías. Decía al principio que Extremadura tendrá más autonomía con el estatuto reformado. Eso significa que los extremeños vamos a depender menos de los demás y mucho más de nosotros, es decir, nuestro futuro y el de nuestros hijos va a sustentarse fundamentalmente en nosotros mismos.
Y así como los extremeños de la diáspora han demostrado que son capaces de aportar su laboriosidad, su honestidad, su solidaridad y su entrega en cualquier rincón de España y del mundo donde se les acogió, también los extremeños que tenemos la suerte de vivir en Extremadura somos capaces y estamos dispuestos a aportar esos mismos valores para que en Extremadura sea una realidad la equiparación del bienestar para todos los extremeños. Es necesario que esta reforma estatutaria, que nos da más capacidad de autogobierno a los extremeños, signifique, además de una convergencia normativa legal, una convergencia en el bienestar y en el desarrollo social con el resto de las comunidades autónomas del Estado.
Con el convencimiento de que ese objetivo es compartido por todos los grupos políticos -aprovecho la ocasión para agradecer a aquellos que están dispuestos apoyarnos con su voto-, tanto de la Asamblea de Extremadura como de esta Cámara, y que el instrumento para lograrlo es el marco estatutario que hoy se reforma, el Grupo Parlamentario Popular apoyará esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Felicitamos a todos los que han colaborado, tanto en la Asamblea de Extremadura como aquí, en el Congreso, en esta noble tarea de mejorar esta norma de convivencia que es el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Felicitamos, igualmente, en el día de hoy, al pueblo extremeño que espera esta reforma con verdadera ansiedad e ilusión.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Álvarez.
(Aplausos.)

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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TITULARIDAD Y GESTIÓN DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 125/ 000012.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluido el debate del punto XII: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, pasamos, finalmente, al punto XIII: Debates de totalidad. Con el número 51, existe la proposición de ley sobre modificación del régimen de titularidad y gestión de la televisión autonómica, a la que se ha presentado una enmienda de totalidad de texto alternativo por parte del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Almeida. (Pausa.)

La señora ALMEIDA CASTRO: Perdón, señor presidente.


Estaba llamando a Manuel Alcaraz, que es el que lleva la enmienda a la totalidad porque no ha debido advertir que había terminado este punto. Solicito un minuto ya que estoy llamando al grupo. (Pausa.) ¿Podemos esperar cinco minutos?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, cinco minutos son muchos.
Esperamos un par de minutos. (Pausa.) Continuamos la sesión. El señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente. Pido perdón por el retraso.
Señorías, asistimos hoy a la reiteración de un debate. Voy a defender, en nombre de Nueva Izquiera-Iniciativa per Catalunya, una enmienda de totalidad con texto alternativo a la proposición que trae su origen de la Asamblea de Canarias, que permite la privatización de las televisiones autonómicas... (Pausa.) Señor presidente, estoy un poco mareado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto porque se encuentra ligeramente indispuesto el señor Alcaraz. (Pausa.) Suspendemos el Pleno hasta las 12.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, vamos a reanudar la sesión, ocupen sus escaños.
Efectivamente, ha sido un incidente menor y ya está prácticamente recuperado el señor Alcaraz, pero es mejor que otra compañera del Grupo Mixto intervenga. La señora Almeida va a defender el texto alternativo de la enmienda a la proposición de ley sobre modificación del régimen de titularidad y gestión de la televisión autonómica.
La señora Almeida tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Señor presidente, intervengo para sustituir al compañero Manolo Alcaraz que es el que lleva, en nombre de nuestro grupo Nueva Izquierda-Iniciativa por Cataluña-Los Verdes, esta enmienda a la totalidad. De entrada, queremos advertir que es la única forma reglamentaria de manifestar nuestra oposición a que se pueda proceder a la privatización de las televisiones autonómicas.
Este debate se ha realizado ya en dos ocasiones en esta Cámara: la primera, la discusión del 26 de marzo en donde se trataron proposiciones de ley de la Comunidad Autónoma de Madrid y un proyecto de ley. Aunque nuestros argumentos fueron entonces derrotados y hoy han sido tomados en consideración, se encuentra en Comisión la discusión de estas leyes, de cuyo resultado va a depender la posible privatización. Nosotros estamos en contra de esa privatización y, como digo, estimamos que la única forma de oponernos a ella es la presentación de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo.
No creo que tenga que profundizar ahora en la defensa de esta iniciativa porque ya tuvimos este debate y, por otra parte, estoy sustituyendo a nuestro compañero que se siente indispuesto. Nos remitimos a los argumentos dados en el debate del 26 de marzo y a las manifestaciones que se recogen en la exposición de motivos y en el contenido de la enmienda a la totalidad que presentamos. No estamos en contra de que haya televisiones privadas, pero el nuevo proceso de privatización de las públicas procede de una idea de falta de libertad en la propia televisión pública. Y en ese sentido, nosotros queremos oponernos y manifestar que lo público también garantiza la igualdad, aunque muchas veces esté manipulado, monopolizado o incluso esté partidistamente utilizado. Pero tenemos fe en que precisamente ese servicio de lo público es lo que puede generar la libertad de información y la seguridad de los ciudadanos de que van a tener una televisión que sirva no solamente para intentar hacer una programación con la que esté conforme, sino para educar en la libertad, para educar en valores y poder informar de lo que pasa en cada una de sus regiones autonómicas.
Creemos que ese es el sentido de nuestra enmienda: mostrar nuestra oposición a este tipo de privatizaciones. En ese sentido, mantengo y reitero la enmienda a la totalidad, esperando que los argumentos que dimos en el debate del 26 de marzo sean atendidos por los compañeros y compañeras diputadas en este Congreso y que se vote a favor de esta enmienda a la totalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Almeida.
¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)

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Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Comienzo mi intervención haciendo votos para que el compañero parlamentario, señor Alcaraz, recupere su salud. Lamento que él, como portavoz que iba a ser de esta iniciativa, me permita a mí entrar en otro tono, puramente formal, respecto a su persona, reconociendo la solidaridad que ha tenido en su compañera Cristina para hacer la defensa formal de la justificación de su enmienda de totalidad.
El Grupo de Coalición Canaria se va a oponer a la enmienda de totalidad presentada por las siguientes razones. En primer lugar, se trata de una enmienda de totalidad con texto alternativo a una iniciativa que, con el rango de proposición de ley, el día 6 del pasado mes de octubre en el Pleno de esta Cámara se acordó su toma en consideración, pasando al trámite de posibles enmiendas de totalidad -que es el caso que hoy tenemos aquí, a iniciativa del Grupo Mixto, que iba a ser presentada por el señor Alcaraz- o al de enmiendas al articulado.
Nuestro grupo político, consecuente con la postura manifestada también por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Parlamento de la Comunidad de nuestro archipiélago, defiende este texto que emana de la voluntad democrática del Parlamento autónomo de Canarias. En la exposición de motivos se dan las razones de base legal por las que el propio Parlamento de Canarias enjuicia que la situación legal de monopolio del Estado en el sistema de la televisión pública ha llevado a vaciar de contenido las competencias de la comunidad autónoma y de su Parlamento. En esta evolución, si nos estamos basando en el añejo Estatuto de la radio y la televisión o en leyes de 1983, desde luego, es un contrasentido democrático con las competencias estatutarias que tienen las comunidades autónomas que están actuando en el campo de los terceros canales de televisiones autonómicas. Por ello, se recalcan frases de la exposición de motivos debatida en el Parlamento de Canarias, cuando dice que la práctica aconseja revisar todas estas actuaciones, porque esta situación ha dejado sin contenido previsiones estatutarias referidas a la creación de una televisión autonómica y a la libre organización de los servicios propios por los poderes autonómicos de la correspondiente comunidad. Decimos también, y lo repetimos porque hacemos nuestra la frase del Parlamento de Canarias, que sin que el Estado deba mantenerse como titular exclusivo de un servicio sobre el que las comunidades autónomas gozan de competencia ejecutiva y aun normativa de desarrollo.
Dicho esto, en el debate -quiero recordarlo aquí- del 6 de octubre del pasado año, mi compañero de grupo don Paulino Rivero defendió la búsqueda de un modelo armónico que superara la situación de déficit que nos encontramos a veces en las televisiones estatales, públicas y autonómicas; un modelo de televisión en el que, siendo público su control, dependiendo en este caso de la voluntad soberana, democrática y política de la comunidad autónoma, expresada por su Gobierno y por su Parlamento, se cree la figura jurídica, se nombren los órganos de su consejo rector o de administración y el director de ese ente, pero no se excluya una gestión privada de la misma.
En la proposición de ley del Parlamento de Canarias se dan las dos alternativas: o televisión pública en sentido total y con control parlamentario, o la opción de una gestión privada, con la fórmula de una sociedad anónima, por ejemplo.
Hay otras iniciativas, señor presidente, que se han presentado, siendo la primera en fecha la del Parlamento Autónomo de Canarias, aunque por la regulación normativa de la Junta de Portavoces de la Mesa del Congreso entra la última al debate en esta Cámara, pero están también la de la Asamblea de Madrid y la iniciativa del Gobierno de la nación. Pues bien, aquí está la tercera, y vamos, con el mejor espíritu de consenso, a buscar el punto de encuentro para una regulación legal de las televisiones autonómicas que armonice competencias del Estado, que armonice competencias ineludibles e irrenunciables de las comunidades autónomas, de los gobiernos autónomos, al amparo del título VIII de la Constitución española, de sus estatutos de autonomía y de los Parlamentos autonómicos, y la gestión, para que no tengamos una televisión de nivel autonómico costosa, gravosa -en las palabras de mi compañero-, evitando déficit insorportables, yendo fundamentalmente a un control público y a un gasto austero y racional aceptable por la opinión pública.
Por estas razones, señor presidente, nos mantenemos en la defensa de la iniciativa del Parlamento de Canarias y, por tanto, vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Mixto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
El señor González de Txabarri tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco no comparte las razones que sustentan la enmienda a la totalidad en relación con el proyecto de ley de las televisiones autonómicas, que ha sido objeto de un debate muy reiterado y reiterativo en esta Cámara, como conocen SS.SS.
En definitiva, de lo que se trata es de que las comunidades autónomas puedan disponer del modelo de gestión de la televisión adscrita a su Parlamento, en unos casos, o vigente en relación con la Ley de los terceros canales. Es un aumento de ámbitos competenciales de las distintas comunidades autónomas, criterio del que participa el Grupo Parlamentario Vasco. No estamos, en todo caso, hablando de privatizaciones de las

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televisiones autonómicas, sino de que cada Parlamento autonómico sea el que legalice el modelo de gestión directa o indirecta que afecta a la televisión autonómica de la que dispone. Es una discusión que podría llevarnos a matizar distintas consideraciones; por ejemplo, la posición de Euskal Telebista, televisión fundada y creada por ley del Parlamento vasco, y que no está adscrita a la ley de los terceros canales, posición que en su caso habrá que mantener, al igual que los ámbitos de expansión de estas televisiones, que, curiosamente, por criterios políticos, conocen una serie de situaciones en lo que se llama el espacio radioeléctrico que merecerían la consideración de esta Cámara en el trámite mientras se estén discutiendo las distintas propuestas que en este momento están encima de la mesa en relación con esta cuestión. No parece razonable, señor presidente, por ejemplo, que Euskal Telebista se pueda ver en este momento en todo el Estado a través de los canales de pay per view, tan de moda en estos días, y exista un objetivo político muy marcado para centrar y cerrar sus ámbitos tanto en lo que respecta a otras comunidades autónomas distintas de la vasca como en lo que se refiere al ámbito radioeléctrico europeo. Existen, en consecuencia, discusiones que en los trámites de ponencia y de comisión deberán irse aquilatando para fijar posturas que nos lleven a las posiciones habituales de una sociedad europea regida precisamente por directivas europeas en relación con estas cuestiones.
En consecuencia, hay ámbitos que hay que aquilatar, hay ámbitos que hay que acordar y hay ámbitos que hay que transaccionar. Es una discusión que está abierta. Esta Cámara conoce distintas iniciativas provinientes de distintos Parlamentos europeos y la posición del Gobierno del Estado. En el Grupo Parlamentario Vasco queremos pensar que estaremos en condiciones de aquilatar todas esas posiciones, conociendo la riqueza de las distintas posiciones que los parlamentos autonómicos, los grupos parlamentarios y el Gobierno del Estado mantienen en relación con estos temas.
Será razonable, por tanto, señor presidente, que asumamos y aprovechemos esta oportunidad para actualizar un tema tan interesante como el de las televisiones autonómicas y la emisión en abierto que, como digo, está tan de moda en los últimos días.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recorder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero manifestar, en primer lugar, que lamento el episodio que ha padecido nuestro colega y amigo don Manuel Alcaraz, al que deseo que se restablezca de forma muy rápida.
La enmienda de texto alternativo que había presentado su grupo parlamentario ha sido defendida de forma muy digna por su compañera de escaño, doña Cristina Almeida.
Esta propuesta, que afecta a la iniciativa del Parlamento Canario, de hecho se viene a sumar a otras dos iniciativas que ya están en trámite en esta Cámara desde hace cierto tiempo, pretendiendo ambas -tres con la del Parlamento canario- fijar un nuevo marco para la televisión autonómica.Sin lugar a dudas, como se puso de manifiesto en el debate del 26 de marzo del año pasado, hay diferencias notables entre dichas propuestas, pero creo que todas ellas tienen un común denominador como es establecer un concepto más flexible de la televisión autonómica, otorgando mayor capacidad de decisión en su autoorganización a las comunidades autónomas para poder decidir, en definitiva, cómo creen ellas que debe ser su modelo de televisión.
La enmienda de texto alternativo que se plantea por los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, desde nuestro punto de vista, supone volver atrás en este esquema, ya que se fundamenta básicamente en la imposición legal del carácter público de la television autonómica. Como es obvio, porque lo hemos manifestado otras veces desde esta tribuna en los debates anteriores, nuestro grupo parlamentario discrepa rotundamente de dicho planteamiento. Es más, nos parece un planteamiento retrógrado y superado por la realidad del panorama audiovisual. Si analizamos la evolución de lo audiovisual en los últimos años, no sólo en este país sino en el conjunto de la Unión Europea, vemos que se ha caracterizado por un avance rapidísimo hacia la liberalización y la superación de las limitaciones legales que constreñían su desarrollo. Así, hemos pasado en muy pocos años de una televisión fundamentada en el monopolio estatal televisivo a la apertura en el Estado español, a la creación de los canales públicos autonómicos y, posteriormente, a la apertura a diversas iniciativas privadas: primero, los canales privados analógicos y después, los canales que utilizaban la tecnología digital vía satélite.
Pero a estas iniciativas, que no son nuestras sino que tienen un amplio consenso a nivel europeo y que incluso están siendo impulsadas decisivamente por la Comisión Europea, cabe añadirles en este momento un doble proceso. Uno es el de mayor presencia de los canales privados, y otro la irrupción de nuevos canales fruto de la tecnología digital. Creo que son dos procesos que van íntimamente ligados porque la tecnología digital, de alguna forma, está revolucionando la oferta de canales y es obvio que es imposible que puedan ser gestionados desde los poderes públicos.
A este proceso también se suma, fruto de las nuevas tecnologías, una apertura de las fronteras en cuanto a la recepción de canales. Es difícil poder mantener hoy en día aquel concepto ancestral de que el marco territorial donde se recibía un canal determinado era previamente fijado por ley.
Este proceso va acompañado, de forma similar a como ha sucedido en el mercado de las telecomunicaciones paralelamente a su liberalización, de la creación

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de organismos independientes reguladores que ejercen de árbitros en el mercado y que velan por el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, de defensa de los telespectadores, de defensa de la infancia y la juventud, normativa de publicidad, etcétera.
No podíamos ser menos y, como saben SS.SS., estamos metidos en este proceso de pleno. Cabe citar como ejemplo el debate vivo que se mantiene en relación a la tecnología de la televisión digital terrestre o bien el debate presente en esta Cámara, fruto de cinco iniciativas parlamentarias, de regulación de un órgano que podríamos denominar consejo superior de lo audiovisual, a imagen y semejanza de los que existen en nuestro entorno comunitario.
Todas estas iniciativas legales, como decía, se enmarcan en este proceso de apertura del mercado televisivo y todas ellas dotan de una mayor autonomía a las comunidades autónomas para que puedan decidir cómo quieren que sea su modelo televisivo. Quiero subrayar que, tanto con la propuesta del Parlamento canario como con la propuesta de la Comunidad de Madrid como con el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno y que se está tramitando en la Cámara sobre televisiones autonómicas, no se obliga a nadie, es decir, no se obliga a que ninguna comunidad autónoma privatice necesariamente sus canales.
Simplemente se abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan decidir si quieren gestionarlo directamente o bien mediante concesión a través de un tercero y, además, como aspecto positivo de la Ley de televisiones autonómicas, también quiero subrayar que se amplía el número de televisiones a dos canales, a diferencia del canal único que existía legalmente hasta el momento.
También quiero decir, señor Alcaraz, y quiero manifestarlo ante el resto de señores diputados, algo que no es nuevo, porque lo venimos defendiendo en esta Cámara desde siempre. Nuestro grupo parlamentario cree firmemente en la televisión pública y la defiende. Es más, yo siempre he dicho que la entrada en el mercado de los canales privados ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de que existan en este país una o varias televisiones públicas que dediquen una parte de su programación a lo que podríamos denominar programación de servicio público; una programación que, en principio, no tiene por qué ser rentable económicamente, pero que cubre unas necesidades de audiencia, y en el caso de Cataluña o de aquellas comunidades autónomas con lengua propia todos sabemos y creo que reconocemos el importantísimo papel que han jugado estas televisiones...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Recoder, vaya concluyendo.


El señor RECODER I MIRALLES: Termino ahora mismo, señor presidente.
Reconocemos el importantísimo papel que han jugado estas televisiones en la labor necesaria de normalizar el uso público de las lenguas de esas comunidades y ello solamente se podía hacer desde la titularidad pública de estas televisiones.
Yendo más allá, y ahora sí que termino, señor presidente, quiero manifestar que a la Cámara le sorprendería que nuestro grupo parlamentario dijera que va a votar en contra de una iniciativa que amplía el ámbito de decisión autonómico; por tanto, no les voy a sorprender y nuestro grupo parlamentario, tal y como he anunciado, va a votar en contra de la enmienda de texto alternativo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz Masats.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir de manera muy breve en honor al señor Alcaraz Ramos.
Quiero decir que, efectivamente, no podemos suplantar el protagonismo que él no ha podido tener hoy aquí, en esta Cámara, y esto lo digo porque sabemos el trabajo que cuesta hacer una enmienda de totalidad con texto alternativo; enmienda que compartimos en su totalidad, al cien por cien en su forma y en su fondo, y que vamos a votar de manera positiva.
Nosotros no vamos a hacer de nuestra intervención un acertijo, como en la anterior intervención. Nosotros creemos en la televisión pública y pensamos que tanto la titularidad, como la gestión y la producción deben ser públicas. No hay otra forma de creer en la televisión pública. Además, es urgente creer en la televisión pública y en su dimensión, dada la selva en la que se está convirtiendo el modelo audiovisual español, ya que los pocos límites que había para evitar la concentración se están quitando de en medio. Con respecto a la televisión privada, hemos pasado del límite del 25 al 49 por ciento, incluso se está dando permisividad total en el accionariado en distintos sectores. Nos encontramos con que, o hay un protagonismo serio de las televisiones públicas en cuanto a titularidad, gestión y producción, o vamos a un auténtico monopolio, si se quiere duopolio, que no sólo va a afectar a los intereses partidarios, sino a la democracia misma, al interés informativo, al derecho a la información, tanto de los que la dan como de aquellos que la reciben.
Por lo tanto, en función de esto, señor presidente, en un debate que ya en otras ocasiones hemos celebrado, por lo que se conocen sus contenidos y se conoce muy bien la posición de Izquierda Unida, votaremos a favor de esta enmienda de totalidad. En todo caso, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las explicaciones que se están dando, que encubren, en un terreno enormemente sensible, una posición nítidamente neoliberal que nosotros no vamos a compartir.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.


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Por el Grupo Socialista, el señor Martinón tiene la palabra.


El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras para expresar la satisfacción de mi grupo al ver que don Manuel Alcaraz, diputado de Nueva Izquierda, se recupera, al parecer satisfactoriamente, del pequeño incidente que ha tenido.
Esta enmienda de totalidad que se presenta desde las filas de Nueva Izquierda lo es a una proposición de ley presentada por el Parlamento de Canarias, que ya debatimos aquí en su día, y que básicamente contiene las mismas ideas que la presentada también en su día por la Asamblea de Madrid y que el propio Gobierno presentó en un proyecto de ley. Por cierto, son textos que llevan paralizados en esta Cámara muchos meses, no sé si ya superamos el año, el año y medio o incluso los dos años, y parece que o no hay voluntad de adoptar una posición o hay una actitud de prudencia ante la continua evolución del sector.
En cualquier caso, adelanto que mi grupo comparte algunas de las ideas esenciales de la enmienda presentada por Nueva Izquierda, pero hay aspectos que no los comparte y que, por lo tanto, no le van a permitir votar a favor. Si pretendemos que la titularidad y la responsabilidad política de estos canales autonómicos sean de la propia comunidad autónoma, parece que el ámbito de decisión de la comunidad autónoma debe ser sensiblemente superior al que se contempla en la enmienda que ha presentado Nueva Izquierda.
El texto que se está enmendando, que presentó en su día el Parlamento de Canarias y cuya toma en consideración se votó, contenía dos ideas básicas, señor presidente. Una, que la titularidad de los canales autonómicos sea de las propias comunidades autónomas. Me parece que es una idea que compartimos todos los grupos parlamentarios y, por lo tanto, no vale la pena que dediquemos mucho tiempo a ese asunto. Pero hay un segundo aspecto, que es el que se refiere a la gestión. El texto del Parlamento de Canarias, como el del Gobierno, todo lo que está defendiendo el Partido Popular y sus socios, tanto Coalición Canaria como algunos otros, quieren permitir la privatización de esas cadenas. Pero, señor Recoder, permítame una obviedad. Quieren permitir la privatización... (El señor Recoder i Miralles hace signos negativos.) ¿Todos no? Casi todos. ¿Por qué quieren que se pueda privatizar? Para poder privatizar. Es claro. ¿Tiene mayor importancia el asunto? ¿Es importante que haya o no una televisión pública o una televisión privada? En España hay televisiones privadas y hay televisiones públicas, pero estamos hablando de una televisión que cubre un ámbito determinado, que es el de la comunidad autónoma, el regional, el de una nacionalidad; utilicemos la expresión que prefiramos. Si sólo hay una televisión autonómica -y puede ocurrir que la haya, aunque la ley permita que pueda haber varias-, si la gestión de esa televisión se privatiza, no estamos permitiendo la participación de los distintos sectores políticos y sociales en la comunicación a esa comunidad.
El artículo 20 de la Constitución obliga a que las televisiones públicas, los medios de comunicación públicos en general, garanticen la participación de las organizaciones sociales y políticas con entidad que resulten relevantes, para, en una palabra, garantizar que esos medios públicos de comunicación sean plurales de verdad. ¿Hay garantía porque lo exija la Constitución o, por ejemplo, porque haya un control parlamentario para que eso sea así? No la hay. Ya vemos que en esta casa hay una Comisión de Control de Radiotelevisión Española y es evidente que no existe pluralidad, en términos razonables, en la Televisión española, no lo hay. Lo mismo podría decirse de muchas televisiones autonómicas que hoy existen y que son de titularidad y de gestión pública. La situación sería insoportable, desde el punto de vista democrático, si encima la gestión resultara privada, porque, como ya ocurre en algunas televisiones privadas, la participación de todos los grupos relevantes desde el punto de vista político y social sería nula o casi nula.
Parece obligado, señor presidente, que en esta selva de legislación sobre la televisión se ponga orden. Quizás se pueda aprovechar esta iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias y las otras que ha habido para intentar poner orden. El avance de las televisiones digitales probablemente obligue a que se reestructure y se definan los modelos de televisión que queremos para nuestro país. La normativa, la legislación que tenemos es antigua, caduca y necesariamente se hace imprescindible que se modernice.
Por último, no puedo sentarme sin dejar de decir - y acabo ya, señor presidente- que la actual situación también hay que cambiarla porque la arbitrariedad con la que ha actuado el Gobierno en relación con una petición que hizo en su día el Gobierno de Canarias hay que evitarla como sea. Lamento mucho que no haya ningún representante de Coalición Canaria, pero están los del Partido Popular que también se sientan en el Gobierno de Canarias. El Partido Popular y Coalición Canaria, sentados en el Gobierno de Canarias, pidieron al Gobierno de la nación el canal autonómico que por ley les corresponde. Esto ocurrió en diciembre del año 1996; dos años después, el Gobierno de la nación, el Gobierno de Jose María Aznar, se ha dignado concederle al Gobierno de Canarias ese canal que la ley le permite tener. Es evidente que esto no puede ser. Si la ley actual permite que el Gobierno de la nación haga estas barrabasadas, habrá necesariamente que modificar la ley, porque no es de recibo que una comunidad autónoma, en cuyo Gobierno se sienta incluso el propio Partido Popular, solicite del Gobierno de la nación la televisión que la ley le autoriza y que el Gobierno de la nación se permita tardar dos años en conceder la licencia pertinente. Algo, señor presidente, no funciona bien.
Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martinón.
Por el Grupo Popular, el señor Medina Toledo tiene la palabra.


El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en la actualidad el Congreso de los Diputados tramita tres iniciativas legislativas relativas a la televisión autonómica. Una, la del Parlamento de Canarias sobre modificación del régimen de titularidad y gestión de la televisión autonómica, cuyo debate de totalidad hoy nos ocupa y cuya toma en consideración se realizó el 6 de octubre del año 1998. Dos, el proyecto de ley reguladora del servicio público de televisión autonómica presentado por el Gobierno.
Y, finalmente, tres, la proposición de ley de la Asamblea de Madrid, que pretendía el mismo objetivo con la modificación de las leyes vigentes. Estas dos ultimas iniciativas, el proyecto de ley del Gobierno y la proposición de ley de la Asamblea de Madrid, fueron debatidas conjuntamente en esta Cámara el 26 de marzo de 1998, siendo rechazadas todas las enmiendas, tanto las de devolución como las de texto alternativo.
Durante el debate para la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias -la que hoy nos ocupa-, de 6 de octubre de 1998, el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria manifestó literalmente lo siguiente: Esperamos que esta proposición de ley, que queremos se incorpore a los dos expedientes que en este momento se tramitan -al de la Asamblea de Madrid y al proyecto presentado por el Gobierno-, adquiera un mayor dinamismo. El compromiso que esperamos escuchar hoy del Grupo Parlamentario Popular es que se van a acelerar estos proyectos de ley para ver que la voluntad del Gobierno es que cada una de las comunidades autónomas pueda tener una televisión adaptada a sus posibilidades económicas.
Fin de la cita.
Pues bien, señorías, hoy, en el primer Pleno del presente período de sesiones, se hace claramente visible la voluntad política del Gobierno, la del Grupo Parlamentario Popular y la de toda la Cámara para dar solución y satisfacción adecuadas a una aspiración legítima de las comunidades autónomas. Creo, señor Mardones, que su grupo estará satisfecho, y todo ello es además coherente con la postura manifestada por la portavoz de nuestro grupo, doña Ana Mato, en el debate del día 6 de octubre, cuando señalaba claramente cuál era el camino que se debía seguir para alcanzar los objetivos propuestos.
Cito también textualmente: En primer lugar, tomar en consideración esta proposición -eso se hizo exactamente el 6 de octubre- y, en segundo lugar, tramitar lo antes posible el proyecto de ley de televisión autonómica de manera que el Parlamento de Canarias, en el plazo más breve posible, de acuerdo con la ley y ajustándose al contenido de la ley que aprobemos en esta Cámara, pueda decidir de una vez por todas y con libertad si quiere una televisión autonómica pública, si quiere una televisión autonómica privada o si no quiere televisión autonómica.
Es pues evidente y claro que, en contra de lo manifestado aquí por algunos portavoces con una cierta ligereza, no se prejuzga cuál es la voluntad de las comunidades autónomas ni se impone modelo alguno. Se deja que cada comunidad autónoma decida claramente qué es lo que quiere hacer y -como doña Ana Mato decía muy bien- decida cuáles son las prioridades en cuanto al presupuesto público y en cuanto a la disponibilidad de una televisión que no necesariamente tiene que financiarse con cargo al erario público, lo cual no va en menoscabo de la posibilidad de que todos los grupos tengan acceso a ella ni de la pluralidad suficiente para garantizar la democracia. Y justamente, señorías, eso es lo que estamos haciendo hoy, acelerando el trámite del proyecto de ley y de las proposiciones de ley con él relacionadas.
Me apresuro a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, que es contraria a la aceptación de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Mixto, en particular por don Manuel Alcaraz Ramos, de Nueva Izquierda, y don Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Els Verts. Un breve repaso de los debates parlamentarios precedentes aquí citados muestran que los enmendantes son coherentes ahora con su postura de entonces. Y ello es así porque formulan una enmienda de totalidad reiterando prácticamente el mismo texto que presentaron en su día. Estoy convencido de que, si hubiese tenido oportunidad de ello, don Manuel Alcaraz habría defendido en los mismos términos los argumentos que en aquel momento dio.
De forma más precisa, quiero señalar que la enmienda de totalidad con texto alternativo sólo cambia de la de entonces en lo que les voy a decir: se desdobla en dos partes la letra h) del artículo 5, se hace una matización del artículo 9, invocando la legislación de la Unión Europea, se hace otra matización a la disposición adicional tercera y se suprimen las disposiciones transitorias. Pues bien, de forma igualmente coherente, los argumentos que esgrimió en aquel momento doña Ana Mato para el rechazo de la enmienda propuesta siguen hoy vigentes, por lo que vale la pena recordarlos de forma resumida. En síntesis, señorías, se trata de mantener como texto base el proyecto de ley del Gobierno aunque más amplio, pues contiene dentro de sí todos los aspectos esenciales de las dos proposiciones de ley que se han presentado, la de Canarias y la de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, creemos que por un deber de respeto a esos parlamentos hay que mantenerlas en sus términos y aceptarlas como están.
El posterior trámite de Comisión perfeccionará el texto base mediante las proposiciones de ley admitidas y las propuestas de los grupos parlamentarios. Aprovecho, señor presidente, para decir aquí que me sorprende, siendo un diputado con un menor número de años aquí, que algunas señorías ignoren que no hay ningún retraso cuando el trámite de enmiendas está abierto,cuando tradicionalmente -y aquí no podía ser de otra

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manera- los grupos parlamentarios -y en este caso también- piden una ampliación del plazo de presentación de enmiendas y eso está absolutamente vigente. Le diré que este proyecto de ley no sólo corre, sino que prácticamente galopa hacia una satisfactoria solución.
Voy terminando, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine en un minuto, señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Dos minutos son suficientes, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene dos minutos exactos.


El señor MEDINA TOLEDO: Recordaré cuáles son los objetivos políticos que no se cumplen con esta enmienda a la totalidad y que están contenidos en el proyecto de ley del Gobierno. Primero, disponer de una regulación de ley que debe ser global para la televisión autonómica, adecuándola a la situación actual de liberalización y competencia, es decir, de apertura y pluralismo en relación con los medios de comunicación. Segundo, en este proyecto de ley se les da más competencias a las comunidades autónomas. La televisión del tercer canal será una televisión de titularidad autonómica y serán las comunidades autónomas quienes decidan qué modelo de televisión y qué gestión quieren. Tercero, el proyecto de ley mantiene el concepto de televisión como servicio público sólo que de titularidad autonómica.Y cuarto y último, La televisión autonómica no lo es únicamente por sus contenidos, sino también por el ámbito territorial en que se desarrolla.


Señor presidente, lamento decir que en este paisaje de coherencia política de los enmendantes y de los grupos de Gobierno y sus coaligados desentona la postura oscilante del Partido Socialista y su grupo parlamentario. Verán SS.SS. que hay argumentaciones que sostienen lo que digo. El Grupo Socialista se opuso a la toma en consideración de esta proposición de ley emanada del Parlamento de Canarias en el Congreso invocando una actitud coherente con su postura de rechazo en el Parlamento de Canarias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Medina, si continúa usted con esta argumentación, debe hacerlo en su tiempo. Estamos debatiendo aquí una enmienda a la totalidad presentada por Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda. No me reabra nuevos debates porque tendría que conceder turnos si me los pidieran después. Usted lo valorará, la Presidencia le indica lo que puede pasar.


El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, acato sus decisiones. Sin embargo, verá que el portavoz del Grupo Socialista invocó al final de su intervención una situación respecto a una concesión que necesita una cierta aclaración. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Si el portavoz del Grupo Socialista solicita un turno, la Presidencia tendrá que dárselo y usted intervendrá al final.


El señor MEDINA TOLEDO: No tengo inconveniente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Eso lo decide la Presidencia.


El señor MEDINA TOLEDO: Estoy convencido de que la Presidencia así lo hará.
Abreviando, señor presidente, para hacer honor a lo dicho, lo cierto es que en el consejo de administración de la Radiotelevisión canaria los consejeros propuestos por el Grupo Socialista han propiciado e impulsado aceleradamente la creación de una televisión autonómica que, en opinión del Gobierno, contraviene la ley vigente. Sin embargo, ha manifestado el señor Martinón que se opone a todo tipo de televisión autonómica en el debate de toma en consideración.
(Rumores.- Varios señores diputados: ¡No!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías. Termine en un minuto, señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Todo ello, señor presidente, obedece a la única intención de propiciar un conflicto político entre dos leales socios parlamentarios en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento de Madrid.
Señor presidente, señorías, estoy convencido de que ese intento resultará estéril a corto plazo con las iniciativas legislativas en trámite, pues pronto dispondremos del cauce legal idóneo para satisfacer las aspiraciones de las comunidades autónomas en esta materia, e igualmente -y eso es lo importante-, se podrán adecuar ciertas situaciones de hecho al marco legal resultante de este proceso legislativo.
Por todos estos motivos, lamentamos no poder aceptar la enmienda a la totalidad que hemos debatido, porque su aceptación retrasaría el proceso y distorsionaría los objetivos políticos que se proponen a través del proyecto de ley del Gobierno. Por ello, nuestro grupo parlamentario votará en contra.
Señor Alcaraz, no me gusta hablar en términos pasados sino en términos presentes. Yo me congratulo de verle otra vez sentado en el escaño y espero verle pronto en plena actividad.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (El señor Martinón Cejas pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Medina.
Señor Martinón, me lo temía. Tiene la palabra por tres minutos.


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El señor MARTINÓN CEJAS: Es posible que algunas de las señorías aquí presentes no conozcan bien la pequeña historia de la televisión autonómica en Canarias. El Gobierno de Canarias, donde se sienta Coalición Canaria y el Partido Popular, toman la decisión de sacar adelante la televisión autonómica en Canarias, de ponerla en funcionamiento, de dar los pasos necesarios, y el primero de esos pasos es pedirle al Gobierno de la nación que le dé, conforme a la ley, la licencia del tercer canal de televisión. ¿Qué hemos hecho los socialistas en Canarias? Aceptar democráticamente esa decisión mayoritaria de las fuerzas políticas de Canarias, simplemente. Lo que nos ha parecido poco decoroso por parte de alguna fuerza política, concretamente del Partido Popular, es apoyar eso en el Gobierno, boicotearlo sin embargo en el Gobierno de la nación y luego boicotearlo en el propio consejo de administración. Eso es poner piedras en el funcionamiento ordinario y normal de las instituciones democráticas.
Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, y resulta obvio, tomaron la decisión de poner en marcha esa televisión y de hacerlo para privatizar su gestión, en una decisión legítima y que nosotros no compartíamos. No compartíamos ese modelo, no creíamos -y continuamos pensando igual- que fuera urgente, necesario y ni siquiera conveniente poner en marcha esa televisión, entre otras razones porque cuesta mucho dinero. Ellos dicen que la quieren privatizar porque así costará menos dinero, simplemente quiero que se den cuenta de que no habiéndola es como menos dinero cuesta.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martinón.
Tiene tres minutos, señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Gracias, señor presidente.


Yo creo que del tiempo sobra más de la mitad. La realidad no es tal como la cuenta el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
Tan pronto el Gobierno de Canarias ha solicitado de forma adecuada y de acuerdo con la ley vigente el tercer canal para una televisión pública autonómica, que es lo único que la ley actual concede, el Gobierno ha concedido la licencia. Por tanto, no es cierto lo que se manifiesta.
Segundo punto, la postura de facto del Partido Socialista en Canarias tampoco es la que su portavoz dice. Todo lo contrario, el consejo de la Radiotelevisión canaria ha permitido la aprobación de un procedimiento de contratación que privatiza de facto la televisión autonómica canaria, en contra de lo que dice aquí, que es ilegal en función de la ley vigente, y ahora está poniendo trabas a que podamos aprobar una ley que dé cauce a que ese hecho que ellos han propiciado pueda estar dentro del marco de la ley. Por consiguiente, hay que decir las cosas con el rigor y con la pureza que ustedes no acostumbran.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de totalidad de la proposición de ley, pasamos a la votación de las iniciativas que quedaban pendientes de ella. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los puntos que han sido objeto de debate y que vienen abarcados por los que se numeran en el orden del día como puntos XII y XIII, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, con los que vamos a empezar, y enmienda de totalidad a una proposición de ley.


VOTACIONES:

- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 7.673.674.489 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1996, POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL. (Número de expediente 121/000121.)

El señor PRESIDENTE: El primer dictamen se refiere al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea, correspondiente al ejercicio de 1996. Al no haber tenido enmiendas, se somete el dictamen directamente a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 121/000134.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen del proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia. Al no tener enmiendas, vamos a realizar, en primer lugar, la votación correspondiente al dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.


El señor PRESIDENTE: Queda también aprobado por unanimidad este dictamen.


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VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Este dictamen requiere, a su vez, una votación final de conjunto por tener naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Habiendo alcanzado la unanimidad de la Cámara, queda aprobado con el carácter de orgánico.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 124/000004.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica número 6/1985, del Poder Judicial.
Vamos a someter a votación seis bloques de enmiendas al dictamen. En primer lugar, el artículo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 316; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 297; en contra, 18; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición adicional, apartado 1, párrafo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 297; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el resto de la disposición adicional.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 291; en contra, 24; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de la disposición adicional.
Señorías, vuelvo a recordarles que no está permitido introducir en el hemiciclo artefactos inalámbricos o teléfonos móviles. Si lo hacen SS.SS. deben hacerlo con ese instrumento móvil desconectado. Si no es así y suenan como están sonando en el momento de la votación, ya saben SS.SS.
que les será requisado por la Presidencia. (Risas.) Les ruego que, en beneficio de la utilidad del instrumento, una vez abandonan el hemiciclo, lo desconecten o no lo introduzcan.
Votación sobre la disposición transitoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 297; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria.
Disposición final y exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 294; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición final y también la exposición de motivos.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación final de conjunto por tener la proposición naturaleza orgánica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 292; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Al haber superado la mayoría absoluta legal de la Cámara, queda aprobada con naturaleza orgánica.


- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE EXTREMADURA.
(Número de expediente 127/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, comenzando por las enmiendas de la señora Almeida, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, nueve; en contra, 290; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 15; en contra, 301;abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, el artículo único, punto 46, correspondiente a la disposición adicional quinta del Estatuto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 170; en contra, 141; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el referido artículo y la disposición.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 294; en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación final de conjunto por tener la proposición naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Habiendo alcanzado la unanimidad del Pleno, queda aprobada la naturaleza orgánica de la propuesta.


- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TITULARIDAD Y GESTIÓN DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 125/ 000012.)

El señor PRESIDENTE: Finalmente, enmienda de totalidad de texto alternativo a la proposición de ley sobre modificación del régimen de titularidad y gestión de la televisión autonómica, que ha presentado por el Grupo Parlamentario Mixto tan esforzadamente el señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 23; en contra, 171; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de totalidad.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Buenas tardes.


Era la una de la tarde.

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