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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 247, de 17/06/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1999 VI Legislatura Núm. 247

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 239

celebrada el jueves, 17 de junio de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 9/1999, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos, durante el mes de febrero de 1999, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (Número de expediente 130/ 000071.) («BOE» núm. 122, de 22 de mayo de 1999; corrección de errores en «BOE» núm. 130, de 1 de junio de 1999.) . . . (Página 13129)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Cooperativas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 125-1, de 27 de julio de 1998. (Número de expediente 121/000124.) . . . (Página 13134)

- Proyecto de Ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de la Fuerzas Armadas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 143-1, de 3 de noviembre de 1998. (Número de expediente 121/000143.) . . . (Página 13141)

Debates de totalidad de Convenios Internacionales:

- Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano- portuguesas, hecho en la Albufeira el 30 de noviembre de

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1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 330, de 10 de mayo de 1999. (Número de expediente 110/000259.) . . . (Página 13146)

Votaciones . . . (Página 13150)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud (procedente del Real Decreto- ley 1/1999, de 8 de enero). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 159-1, de 23 de febrero de 1999. (Número de expediente 121/ 000159.) . . . (Página 13150)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 171-1, de 24 de mayo de 1999. (Número de expediente 121/000171.) . . . (Página 13157)

Avocación por el Pleno:

- Del Proyecto de Ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. (Número de expediente 121/000162.) . . . (Página 13175)

Votaciones . . . (Página 13175)

Avocación por el Pleno:

- Del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (Número de expediente 121/000171.) . . . (Página 13175)

S U M A R I O

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes . . . (Página 13129)

Real Decreto-ley 9/1999, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos, durante el mes de febrero de 1999, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia . . . (Página 13129)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Interior (Mayor Oreja). Recuerda a la Cámara los movimientos sísmicos acaecidos en Murcia durante el mes de febrero de 1999 que produjeron efectos catastróficos en viviendas, edificaciones e infraestructuras en los municipios de Albudeite, Campos del Río y Mula. La situación en la que se encontraron numerosas familias con la destrucción de sus viviendas y los graves daños sufridos por las infraestructuras de esos municipios exigieron y exigen, según palabras del señor ministro, una respuesta de los poderes públicos, por lo que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 9/1999, de 21 de mayo, que somete hoy a la consideración de la Cámara. Explica el contenido de dicho real decreto-ley destacando algunas medidas como las ayudas a particulares, ayudas a los ayuntamientos y la creación de una comisión técnica mixta, copresidida por el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia y el consejero de Política Territorial de Obras Públicas de dicha comunidad autónoma, que estará compuesta por un representante de la Administración general del Estado, un representante de la comunidad autónoma y otro por cada una de las entidades locales afectadas que quieran incorporarse a la misma. Asimismo, añade, el artículo 10 del Real Decreto-ley, prevé la posibilidad de celebrar los convenios de colaboración que sean necesarios para la aplicación de las medidas previstas en la norma entre la Administración general del Estado, la comunidad autónoma y, en su caso, las corporaciones locales.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de IzquierdaUnida; Ortiz Molina, del Grupo Socialista del

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Congreso, y Cárceles Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 9/1999, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos, durante el mes de febrero de 1999, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se aprueba por unanimidad.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, solicitada por el Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 111 votos a favor y 114 en contra.


Enmiendas del Senado . . . (Página 13134)

Proyecto de ley de Cooperativas . . . (Página 13134)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzno i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Arnau Navarro, del Grupo Socialista del Congreso, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas . . . (Página 13141)

En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas introducidas por el Senado intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Moragues Gomila, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa y Díaz del Río.


Debates de totalidad de convenios internacionales . . . (Página 13146)

Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano- portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998. . . .
(Página 13146)

En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista interviene el señor Morlán Gracia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) . . . (Página 13150)

Proyecto de ley de Cooperativas . . . (Página 13150)

Se someten a votación las enmiendas del Senado, que son aprobadas.


Proyecto de ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas . . . (Página 13150)

Se someten a votación las enmiendas del Senado, que son aprobadas por 275 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones.


Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación.) . . .
(Página 13150)

Sometida a votación la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista del Congreso al Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998, se rechaza por 131 votos a favor y 155 en contra.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 13150)

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Proyecto de ley de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud (procedente del Real Decreto- ley 1/1999, de 8 de enero) . . . (Página 13150)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud (procedente del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero), intervienen el señor Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso, y Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 13157)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas . . . (Página 13157)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). Muestra su satisfacción por presentar en el día de hoy la reforma de la Ley de Aguas, porque con ello se está dando un paso más en los compromisos que asumió el presidente del Gobierno en el debate de su investidura, y explica que como el agua es un bien escaso hay que hacer de él un uso eficiente solidario y racional, y en la medida en que es un bien de dominio público es al Estado a quien corresponde establecer los principios que regularán su gestión. Pone de manifiesto que la reforma que presenta es fruto de una amplia participación social y del consenso logrado a lo largo de tres años de consultas, y confía en que el proyecto de ley pueda ser enriquecido con las aportaciones parlamentarias, dándole el tratamiento de cuestión de Estado.
Asimismo resalta el hecho de que no se trata de una nueva ley de aguas, sino de modificar aquellos artículos de la Ley de Aguas en vigor que no habían dado soluciones eficaces a problemas reales a lo largo de los últimos once años. Explica el contenido concreto de los artículos modificados y los objetivos que esencialmente mueven esta reforma, que es incorporar a la gestión de las aguas el principio de economía del agua, entendiéndola en dos vertientes: por un lado, como mejor utilización del recurso y, por otro, como acercamiento de los costes del recurso hídrico a los usuarios de una manera paulatina.


En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo intervienen los señores Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno en contra de las enmiendas presentadas interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de réplica intervienen los señores Morlán Gracia y Ríos Martínez, duplicando la señora De Lara Carbó.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Avocación por el Pleno. . . . (Página 13175)

Del proyecto de ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil . . . (Página 13175)

El señor presidente comunica que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, lo que se aprueba por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Votaciones.) . . . (Página 13175)

Proyecto de ley sobre selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud . . . (Página 13175)

Se someten a votación las enmiendas presentadas, que son rechazadas.


Sometido a votación el dictamen de la Comisión del proyecto de ley sobre selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud, se aprueba por 156 votos a favor, 133 en contra y una abstención.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votaciones.) . . .
(Página 13175)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas . . . (Página 13175)

Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución presentadas y debatidas al proyecto de ley, se rechazan por 133 votos a favor, 156 en contra y una abstención.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo suscrita y defendida por el Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 134 votos a favor, 155 en contra y una abstención.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo suscrita y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda, se rechaza por 134 votos a favor, 155 en contra y una abstención.


Avocación por el Pleno. . . . (Página 13176)

El señor presidente comunica que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda someter al Pleno de la Cámara la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, lo que se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 9/1999, DE 21 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1999, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 130/ 000071.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Se reanuda la sesión.


Punto VII del orden del día, debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 9, del presente año, de fecha 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos durante el mes de febrero en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Para la presentación de la norma, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. para cumplimentar el trámite de convalidación por esta Cámara del Real Decreto de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos que se produjeron durante el mes de febrero de este año en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Como SS.SS. recordarán, durante el mes de febrero de 1999 se registraron en Murcia más de 30 movimientos sísmicos, entre los que destaca por su importancia el producido al norte de Mula el día 2 de este mes, que llegó a alcanzar una magnitud de 5,2 grados en la escala de Richter. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Este fuerte terremoto, los movimientos sísmicos precursores y las réplicas que se produjeron llevaron a producir efectos catastróficos en viviendas, edificaciones e infraestructuras en los municipios de Albudeite, Campos del Río y Mula. Todo ello obligó al desalojo urgente de inmuebles, el posterior realojo y asistencia de los afectados, la retirada de escombros y la adopción de medidas de emergencia para el restablecimiento de los servicios esenciales.
Señorías, la situación en la que se encontraron numerosas familias con la destrucción de sus viviendas y los graves daños sufridos por las infraestructuras de estos municipios exigieron y exigen una respuesta de los poderes públicos para que, desde el principio constitucional de solidaridad, se contribuya al restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas.
En atención a estas circunstancias, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 9/1999, de 21 de mayo, que hoy someto a su consideración. De su contenido, quiero destacar las siguientes medidas que, sin duda, contribuirán a la reparación de los daños y a una gradual recuperación de los servicios en la zona.
En primer término, ayudas a particulares. Ayudas por alquileres, por un período de 18 meses, a aquellas familias cuya vivienda habitual hubiera resultado totalmente destruida o, debido al mal estado en que hubiera quedado, haya sido precisa su demolición, cuando fueran propietarios de la vivienda siniestrada. Ayudas por alquileres, por un período de 18 meses, consistentes en el abono de la diferencia entre el anterior y nuevo alquiler, a aquellos que ocuparan como residencia habitual, en régimen de alquiler, viviendas que hubieran resultado destruidas. Ayudas, por una cantidad

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máxima de 250.000 pesetas, para reposición de enseres de primera necesidad que hubieran sido destruidos o sufrido daños. Ayudas para la reconstrucción o reparación de las viviendas y, en este sentido, se concederá una ayuda equivalente al valor de los daños producidos, según tasación pericial efectuada o ratificada por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con un máximo de 6 millones de pesetas.
De estas ayudas se beneficiarán los propietarios de la vivienda que constituyera su residencia habitual, así como los que las tuvieran alquiladas a personas que las ocuparan como residencia habitual en calidad de usufructuarios o arrendatarios con contrato sometido a prórroga forzosa.
Exención en el impuesto sobre bienes inmuebles, en relación con las viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares de naturaleza urbana.
Por último, en cuanto a ayudas a particulares, autorización a los ayuntamientos para que, si lo estiman conveniente, aprueben la exención de la tasa por expedición de la licencia de obras.
El segundo capítulo se refiere a ayudas a los ayuntamientos. Se les financiará el cien por cien de los gastos de emergencia en que hubieran incurrido para garantizar la vida y la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales: demolición de edificios, retirada de elementos arquitectónicos dañados, suministro de aguas potables, así como los gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas ante la situación de emergencia.
Asimismo se considera una subvención por el Estado del 50 por ciento del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones correspondientes a servicios esenciales.
En cuanto a la financiación a ayuntamientos, por un lado, y a particulares, por otro, se consideran una serie de medidas que paso a continuación a enumerar.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil, abonará el cien por cien de las ayudas a particulares por alquileres y enseres de primera necesidad y el cien por cien de los gastos de emergencia de los ayuntamientos con cargo a un crédito extraordinario dotado con 449.507.591 pesetas.
El Ministerio de Fomento aportará el 50 por ciento de las ayudas a particulares para reconstrucción y reparación de las viviendas con cargo a un crédito extraordinario dotado con 1.500 millones de pesetas.
La comunidad autónoma aportará el 50 por ciento restante.
El Ministerio de Administraciones Públicas asume la subvención del 50 por ciento del importe de la reparación de las infraestructuras municipales con cargo a un crédito extraordinario de 362.711.297 pesetas.
Por último, señorías, se crea una comisión técnica mixta, copresidida por el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia y el consejero de Política Territorial y Obras Públicas de dicha comunidad autónoma. Estará compuesta por un representante de la Administración general del Estado, por un representante de la comunidad autónoma y otro por cada una de las entidades locales afectadas que quieran incorporarse a la misma. Esta comisión examinará las solicitudes de ayudas de los particulares y elevará al órgano competente la propuesta de resolución en la que se tendrán en cuenta los daños acreditados y la situación económica y social de cada solicitante. Asimismo, para el seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas, como es práctica habitual, se crea una comisión interministerial, en la que están representados los departamentos ministeriales afectados, así como la Delegación del Gobierno en la comunidad de Murcia.
Por último, el artículo 10 del real derecto-ley prevé, además, la posibilidad de celebrar los convenios de colaboración que sean necesarios para la aplicación de las medidas previstas en la norma entre la Administración general del Estado, la comunidad autónoma y, en su caso, las corporaciones locales. En este sentido, para la mejor gestión de las ayudas se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Murcia, que establece los criterios para la concesión de ayudas y los correspondientes mecanismos de pago y control.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Turnos a favor de la convalidación. (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley 9/1999, para atender los daños causados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los movimientos sísmicos que acaecieron en el mes de febrero de este año. De la misma manera que Coalición Canaria solicitó el mes pasado el voto para la convalidación de un real decreto-ley que trajo el Gobierno para atender los daños que habían producido una serie de fenómenos meteorológicos, inclemencias del tiempo y grandes marejadas en Canarias, Coalición Canaria da gustosamente su voto en esa línea de solidaridad constitucional para atender estos daños en la región de Murcia.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán de Convergència iUnió, tiene la palabra el señor Jané.


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El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere mostrar su solidaridad con los municipios, los habitantes y ciudadanos que sufrieron directamente el terremoto y los movimientos sísmicos el pasado mes de febrero y que muy directamente afectó a los municipios de Albudeite, Campos del Río y Mula. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la convalidación del presente real decreto-ley.
Esperamos que las medidas extraordinarias que este real decreto-ley contempla puedan dar respuesta adecuada a una situación catastrófica que afectó a viviendas e infraestructuras de esa zona de la comunidad murciana. Nuestro grupo quiere tener también en cuenta la propia intensidad del terremoto, que en algún momento alcanzó la escala 5,2 de Richter, que nos delata los numerosos daños materiales que el mismo causó. Nuestro grupo también quisiera que la comisión técnica mixta, integrada por representantes de la Administración general del Estado y de la comunidad de Murcia, actuara con rigor, con celeridad, con transparencia y que aplicara el criterio de equidad que exige el decreto-ley en la concesión de las ayudas a aquellos particulares que lo soliciten.
La suma de los créditos extraordinarios asciende a 2.360 millones de pesetas y, por tanto, esperamos que esta cantidad sea suficiente para paliar la catástrofe que causó el terremoto el pasado mes de febrero.
Una vez más, reiteramos la solidaridad con los ciudadanos de Murcia y esperamos que este decreto-ley pueda ser útil.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, siempre que viene un crédito extraordinario para hacer frente a un hecho como éste todos los grupos decimos que lo vamos a apoyar, con independencia de la valoración que nos merezca en alguno de sus extremos. En este caso concreto, considero que el real decreto del Gobierno llega tarde, es escaso y en algunas partes poco claro. Voy a decir por qué llega tarde: porque el seísmo se produjo el día 2 de febrero. El día 23 de febrero, fecha bastante importante en la historia de nuestro país, cuando habían pasado algunos días, este diputado presentó una pregunta en esta Cámara, y tuvo contestación del Gobierno el día 26 de marzo. El 26 de marzo, el Gobierno nos comunica a los grupos, a través de esta respuesta, que el Ministerio del Interior ha elaborado un borrador de real decreto-ley, y que para poder hacerlo ha tenido que esperar a conocer con rigor los daños producidos, los sectores afectados y a tener un conocimiento más detallado y una valoración más concreta. Pero eso se sabía el día 26 de marzo. ¿Por qué ha esperado hasta el 21 de mayo para presentar en las Cortes el real decreto si ya lo tenía elaborado en aquellas fechas? Y es que ha habido por medio una circunstancia que a mí no sólo no me gusta sino que repruebo, y es la puesta en marcha de este real decreto en medio de una campaña electoral, es decir, faltando seis días para producirse la votación se entregan nueve viviendas en Albudeite y unas actuaciones en Mula. ¿Por qué se han retenido dos meses estas ayudas a unos ciudadanos que estaban ansiosos de recibirlas, cuando el Gobierno tenía hecho el decreto, valorados los daños y la actuación prevista? ¿Por qué ha habido que esperar? A mí no me gusta jugar con el dolor y con el daño, y hay quien lo ha hecho, y eso no es positivo para ninguna actuación administrativa.
El real decreto es escaso. La valoración inicial de la comunidad autónoma, a los cuatro días de producirse los daños, se cifraba en alrededor de 7.500 millones de pesetas. Es verdad que, con posterioridad, se puso en marcha el consorcio de seguros para ver las viviendas que estaban afectadas y que podían ser recogidas por éste.
La valoración de todos los daños, en su conjunto, que habían sufrido las infraestructuras públicas, los servicios públicos -hay cuatro colegios seriamente dañados-, infraestructuras sanitarias, en fin, toda una serie de infraestructuras municipales y públicas, más lo que pudiéramos llamar viviendas e infraestructura privada, era en torno a los 10.000 millones de pesetas.
El real decreto del Gobierno comprende tres créditos extraordinarios: uno, de 440 millones de pesetas, para hacer frente a lo que pudiéramos llamar la situación de alquiler de determinadas familias, puesto que al día siguiente del seísmo, había que ubicar a una serie de familias con viviendas gravemente dañadas o con viviendas destruidas, porque se han producido daños, según el propio real decreto, en 4.664 viviendas. Otro, de 1.500 millones, para rehabilitación o construcción de viviendas, que debe ser cofinanciado con otros 1.500 que aporte la comunidad autónoma. Si se llega a esa cifra entre comunidad autónoma, que hace dos meses que ya tiene aprobados sus créditos extraordinarios, y el propio Estado, estamos hablando de de 3.000 millones de pesetas para hacer frente a los daños producidos en viviendas que han sido destruidas y, por tanto, no tienen más posibilidad que ser rehabilitadas o recuperadas. Por último, un crédito para hacer frente a las actuaciones de emergencia que tuvieron que afrontar los propios municipios. Por tanto, el crédito es escaso.
En cuanto a la propuesta, en algunos casos es farragosa o poco precisa. Fíjense que en el caso de los ayuntamientos dice que se les exime del IBI y que se les compensará vía participación en los ingresos del Estado u otra formula, y sigue diciendo que los ayuntamientos reduzcan la licencia de obras. Pero al que se le ha hundido una casa, tiene que rehabilitarla. El problema más grave viene en cuanto al tipo de subvención, que se aplicará a todas las viviendas destruidas al cien por cien, pero no se habla de las que no lo estén en ese grado del cien por cien. Se habla de las viviendas que estaban dedicadas a vivienda habitual, pero no se

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habla de ninguna otra actuación. Es verdad que se pone un requisito, y es que se pedirá información al consorcio de seguros, porque ha tenido una actuación determinada, para que no haya acumulación de servicios. El problema es que este sistema tendría que haber estado funcionando de manera ensamblada desde hace tiempo y no ahora, no para cambiarse información, sino para hacerlo efectivo. En todo caso, vamos a pedir la máxima transparencia en la adjudicación para que la distribución de los recursos por los responsables de las administraciones en cada uno de los lugares, sean los municipios, sea la comunidad o sea el Gobierno del Estado, se aborde con total rigor.
Se crea una comisión mixta para valorar y seguir la distribución, que es positiva, y en la que están presentes las tres administraciones.
También sería interesante tener en cuenta el seguimiento de los propios afectados o de las organizaciones que puedan nacer de los propios afectados. Se trata de que los recursos lleguen en cantidad suficiente a quien los necesita y que no haya ni una sombra de trato de favor, sino que todos los que tienen derecho a esta atención la reciban en las cantidades que necesitan.
Después de lamentar el retraso en la puesta en marcha, el haberlo hecho en medio de la campaña electoral, que no sea nítido, claro y preciso y que se pueda ampliar el proceso, después de estos cuatro meses de retraso, en otros tantos más para realizar algunas actuaciones -las de emergencia ya se han hecho para hacerse la foto en la campaña electoral-, esperamos que las demás no tengan que esperar a otra campaña electoral, sino que las puedan recibir antes de las fechas complicadas del verano. Apoyamos el real decreto con las tres limitaciones que he mencionado: que ha llegado tarde, que es escaso y que en algunos casos es poco preciso.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista va a votar favorablemente la convalidación del real decreto por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos durante el mes de febrero de 1999 en la Comunidad Autónoma de Murcia. Sin embargo, no me resisto a hacer una crítica que en cierto modo suscribe la que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que se han tardado casi cinco meses para tramitar este decreto -se podía haber hecho machismo antes- y las personas afectadas se han visto perjudicadas gravísimamente por esta tardanza.
Sería un disparate que se hubiera retrasado para hacerlo coincidir con las fechas electorales. Creemos que más bien se debe a la incapacidad de darle celeridad que a una intencionalidad electoral, porque sería todavía más grave.
Nos parece que, además de la tardanza y el cierto carácter oportunista que pudiera tener este decreto, sus contenidos y las previsiones de ayuda a los damnificados también podrían alcanzar el carácter de mezquino por la limitación que contempla en cuanto a recursos económicos. En cualquier caso, hay deficiencias importantes que sería bueno que se pudieran solventar.
Sirva a título de ejemplo lo siguiente. Se contempla que sólo se prestarán ayudas cuando se trate de residencia habitual. Tengo que recordar que el casco antiguo de la ciudad de Mula -el municipio más amplio en población y en casco urbano- está declarado como conjunto histórico- artístico nacional. Gran parte de las viviendas que componen este conjunto histórico-artístico nacional, como es lógico, no están habitadas de manera habitual. Este decreto no contempla la posibilidad de ayudar a la reparación de ese tipo de viviendas, con lo cual este casco antiguo estaría condenado a no tener previsto ningún tipo de actuación.
Por otra parte, el decreto contempla otras deficiencias, como se ha apuntado. Sirva también a título de ejemplo el que en uno de sus apartados se contempla el que se acredite la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a las reparaciones. No se determina cómo se va a acreditar esa insuficiencia de recursos económicos. Hay una indefinición total que nos puede llevar a situaciones en las que se resuelvan determinadas peticiones con excesivo carácter discrecional.
En relación a las ayudas que se contemplan para los ayuntamientos en materia de infraestructuras y equipamientos, nos parece excesivamente limitado el que se pueda llegar al 50 por ciento como máximo. En consecuencia, y ratificándonos en nuestra posición de aprobar la convalidación del decreto, solicitamos que, a los efectos de su perfeccionamiento y para cubrir estas lagunas que he apuntado, se considere la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cárceles.


El señor CÁRCELES NIETO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, si hay algún ejemplo paradigmático para la aprobación de un real decretoley es, sin duda, el caso de una catástrofe como la que ocurrió el pasado 2 de febrero en territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia, afectando a los términos municipales de Albudeite, Campos del Río y Mula.
Yo pensaba que era un trámite meramente formal, pero algunos grupos parlamentarios, como el de Izquierda Unida y el Partido Socialista, han tenido a bien afear la conducta del Gobierno en este asunto, diciendo, como principal argumento, que llega tarde y que ha sido oportunista. ¿Consideran SS.SS. que llega tarde este decreto porque llega el 21 de mayo? El señor Ríos decía que al cuarto día ya se conocían los daños. Comprenderán que no podemos aceptar de buen grado esa ligereza, porque un terremoto con una intensidad de 5,2 en la escala de Richter y que ha tenido más de

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30 réplicas, es lo suficientemente importante como para que afecte a las estructuras de los edificios, forjados, cimientos, etcétera, y en cuatro días difícilmente se puede valorar el daño. Se podrá apreciar en los días siguientes cuál es aproximadamente la valoración de los daños, a ojo de buen cubero, pero evidentemente es insuficiente para suministrar la información adecuada al Gobierno para que pueda dictar el real decretoley que, con una garantía de suficiencia, pueda albergar y acoger todas aquellas medidas necesarias para la reposición de esa situación.
Pues bien, señorías, tengo aquí precisamente -y SS.SS. deberían conocerlo- el informe de la Consejería de Política Territorial de la comunidad autónoma, con fecha 8 de abril de 1999, donde se certifican pormenorizadamente los daños que se han producido en estos términos municipales, que han ascendido a 8.899.890.000 pesetas. En Albudeite, de 608 viviendas, han resultado afectadas 508; en Campos del Río, de 887, han resultado afectadas 800; y en Mula, de 6.877 viviendas, han resultado afectadas 3.630. Esto quiere decir que en el término municipal de Albudeite han resultado afectadas el 83,55 por ciento de las viviendas; en Campos del Río el 90,19 por ciento, y en el término municipal de Mula el 52,78 por ciento. Han resultado, por tanto, afectadas 4.938 viviendas, del total de un parque inmobiliario de 8.372 viviendas, que supone casi el 60 por ciento de ese parque de viviendas. Si graduamos la gravedad del siniestro y la cuantificación de esos daños que se han producido en infraestructuras municipales y viviendas, ha supuesto, en términos de cuantía, de leve a moderado el 36 por ciento de la cantidad a la que me acabo de referir y de sustancial a grave, el 64 por ciento, con un importe final de 4.200 millones de pesetas, que se pueden cuantificar en este aspecto concreto.
Ha sido necesaria la demolición, total o parcial o con apeos para el desalojo, de un total de 290 viviendas. Por tanto, no podrán convencer SS.SS. a esta Cámara de que en el plazo de una semana o diez días, con esta relación de daños, se puede saber la cuantificación pormenorizada de los daños. Efectivamente, no cuatro, sino tres meses son los que han resultado necesarios para que los servicios técnicos multidisciplinares puedan conocer el ámbito, en una extensión suficientemente grande del territorio, de esa situación. Luego difícilmente, repito, a la semana o a los diez días se puede dar una valoración. Precisamente han sido los servicios técnicos -y la comisión mixta, que posteriormente ha desarrollado el trabajo- de urgencia de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de la región de Murcia los que, con extraordinaria celeridad, en el plazo tan sólo de tres meses escasos, han conseguido una inspección pormenorizada y una cuantificación de los daños causados en estos términos municipales. Es fácil comprender a partir de ahí que el 21 de mayo el Gobierno aprobara el real decreto-ley por el que se concedía un crédito extraordinario y se especificaban los procedimientos y ayudas para los afectados por esta catástrofe.
Como ha dicho muy bien el señor ministro del Interior, sobre el régimen de alquiler de viviendas y reposición de enseres, o sobre los gastos de emergencia, o sobre la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas, se ha concedido una financiación por un importe de 2.312.218.888 pesetas. A estos efectos y de conformidad con el real decreto-ley, el Gobierno de la comunidad autónoma, el 14 de abril, aprueba la Ley 3/1999, por la que concede también un crédito extraordinario de 2.500 millones de pesetas, con lo cual, una vez conocidos los daños -hay que pensar que el informe es del 8 de abril y el proyecto de ley se aprueba en la asamblea regional de Murcia el día 14 de abril-, transcurren exactamente seis días, seis días entre el conocimiento del informe de daños y la aprobación de esa ley. Por tanto, se ha tenido con suficiente celeridad y prontitud, de conformidad con los documentos, no sobre un discurso irreal, figurado, artificioso, que siempre trata o tiene el horizonte de afear una conducta que ha sido ejemplar, práctica y certera. No se puede decir a estas alturas que el real decreto-ley es confuso, cuando concede unas ayudas perfectamente delimitadas y establecidas y refleja los beneficios fiscales para los afectados y también para las corporaciones, como, por ejemplo, la exención del impuesto sobre bienes inmuebles, incluidos los recargos, o como la exención de la tasa por obra necesaria, donde serán compensados con la participación de los ingresos del Estado por parte de esas corporaciones locales, de esos ayuntamientos.
No podemos tener otra explicación a estos hechos e intervenciones que la de aprobar, pedir el apoyo y fijar una posición favorable a la convalidación del real decreto-ley que acaba de ser expuesto ante la Cámara, por ser evidentemente transparente, eficaz, ágil y justo, por todas las razones que hemos expresado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cárceles.


Vamos a proceder a la votación sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley que se ha debatido.


Ha pedido la tramitación como proyecto de ley me parece que el señor Ortiz, en nombre del Grupo Socialista. ¿Quizás algún otro grupo? (Pausa.) No. Suficiente. (Pausa.) Señorías, les ruego cierta presteza en la ocupación de los escaños correspondientes, porque el orden del día es apretado y la Presidencia desearía contribuir al común deseo de terminarlo antes de la hora del almuerzo, pero sólo con la colaboración de SS. SS. va a ser posible. Así que, por favor, ocupen sus escaños.
La votación que ahora se va a efectuar sobre el decreto-ley no tendrá continuidad en votaciones hasta que se debatan los puntos VIII y IX.
Vamos a acumular,por tanto, las votaciones correspondientes a dos puntos

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distintos, excepcionalmente, porque eso no es algo que creo que deba hacerse con habitualidad. De forma que debatiremos a continuación el proyecto de ley de cooperativas y el de Fuerzas Armadas, que han sido enmendados por el Senado, luego el convenio internacional sobre cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, y después de esos tres proyectos someteremos a una nueva votación... (Varios señores diputados: ¡No se oye nada!) Estamos teniendo serios problemas con el sonido. Ya le veo, señor Blanco. Espero que también le vean y me vean a mí los servicios de megafonía. ¿Me escuchan bien ahora? (Pausa.) Repito. Tras la votación del real decreto-ley, no haremos otra votación hasta el final del debate de totalidad del convenio internacional sobre cuencas hidrográficas hispano-portuguesas. Es decir, acumularemos las votaciones de los puntos VIII y IX, pasando luego a debatir y a votar después conjuntamente el dictamen de la Comisión sobre el personal estatutario del servicio de salud y el debate de totalidad y la modificación de la Ley de Aguas. Habrá dos votaciones más a lo largo de la mañana, al objeto de ganar tiempo.
Lo que sí les quiero rogar es que colaboren con la Presidencia, tanto los intervinientes, en la capacidad de síntesis, que estoy seguro que les acompaña en sus intervenciones, cuanto todas SS.SS., a la hora de concurrir a las votaciones tras las oportunas llamadas.
Vamos con la primera.
Votación sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley de medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos en la región de Murcia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 254.


El señor PRESIDENTE: Queda así aprobada su convalidación por unanimidad del Pleno.
Votación sobre su tramitación como proyecto de ley, que ha sido solicitada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 111; en contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada su tramitación como proyecto de ley.


ENMIENDAS DEL SENADO

- PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS. (Número de expediente 121/000124.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII: Enmiendas del Senado, comenzando por aquellas que se formulan al proyecto de ley de cooperativas.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis Mardones. (Rumores.) Señorías, por favor, guarden silencio por todo lo antedicho, de forma que pueda ya comenzar su intervención el señor Mardones. ¡Silencio, por favor! Señor Belloch y compañía.
Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Espero hacerme oír. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si lo logramos.
Señorías, por favor, comencemos a colaborar guardando silencio a la hora de abandonar el hemiciclo.
Señor Belloch y señor Eguiagaray. ¡Cómo estarán de enfrascados que es la segunda llamada al orden y no se enteran! ¿Alguien puede colaborar con la Presidencia en advertir a este grupo? Denles un aviso, por favor. Les estoy llamando al silencio. Gracias.
Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su amparo, señor presidente.
Mi grupo se congratula de que llegue por fin a la Cámara del Congreso de los Diputados el trámite final de este todavía proyecto de ley de cooperativas. Proyecto muy importante por la trascendencia que tiene en el mundo y en el planteamiento laboral, social, económico y político, el fenómeno del cooperativismo en cualquiera de los sectores, primario, secundario o terciario, donde se dé, ampliamente extendido ya y arraigado desde hace muchos años en la política social, laboral y económica española. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.


Señor Paniagua, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo se congratula de que vayamos a disponer ya en España, en el mundo cooperativo, de este fundamental instrumento de una nueva ley de cooperativas.
Voy a comenzar reconociendo por parte de mi grupo la amplia labor que se ha podido hacer en los trámites de ponencia y de comisión para modificar radical y sustancialmente el primitivo proyecto que envió el Gobierno. En segundo lugar, también quiero reconocer la permeabilidad que se tuvo en ponencia, sobre todo por el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, para rectificar una serie de errores y cubrir omisiones de aquel primitivo proyecto que habría posibilitado un disloque del mundo cooperativo. El parecido de lo que hoy vamos a aprobar definitivamente con lo que entró en la Cámara es verdaderamente lejano. Afortunadamente, sólo se parecen en el título.
Dicho esto, este portavoz quiere hacer un reconocimiento de manera especial al portavoz del Grupo Parlamentario

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Popular, señor Azpiroz, por la comprensión y la flexibilidad que ha tenido al entender lo que fueron aportes positivos de las múltiples enmiendas, en este caso de mi grupo -por supuesto, como de otros, pero yo hablo de las enmiendas que presenté en nombre de mi grupo-, al entender que estaban hechas en el mejor sentido de cooperación y de perfeccionamiento del texto originario.
Las enmiendas que hoy nos llegan del Senado, señor presidente, las vamos a votar todas favorablemente, adscribiéndonos también a algunas modificaciones que son complementarias en el trámite y que trae el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. También daremos nuestra conformidad, que anuncio previamente. El Senado no se ha limitado solamente a un trámite de puras correcciones técnicas, de mejora literaria, sino que, en colaboración con los grupos, ha hecho una labor complementaria de lo que no habíamos podido terminar en el trámite de Comisión de la Cámara y que ha sido recogido favorablemente -quiero decir esto para su satisfacción- en el trámite de la Alta Cámara.
Prueba de ello -y no hago más que una enumeración muy somera para terminar rápidamente, señor presidente- son las enmiendas introducidas al artículo 17, que enumera y regula la baja obligatoria del socio, que presenta peculiaridades respecto a la baja voluntaria y a la baja por expulsión. Igualmente, la enmienda al artículo 18.3 viene a clarificar la necesidad del agotamiento de la vía cooperativa previa al ejercicio de las acciones jurisdiccionales competentes.
También hay una enmienda que da nueva redacción al artículo 26.6, preservando la identidad cooperativa y diciendo que las entidades que no sean cooperativas no pueden disponer en ningún caso de mayoría de votos para la adopción de acuerdos en asamblea general.
Se introduce una nueva redacción del artículo 31, incorporando básicamente las normas sobre la impugnación de acuerdos de la Ley de Sociedades Anónimas, adaptándola a las sociedades cooperativas. Creo que hay que destacar el proceso, para evitar confusiones, pues los textos primitivos eran confusos y podrían haberse interpretado con inseguridad jurídica. La enmienda al artículo 44.1 precisa la diferencia, necesaria para la clarificación jurídica y por tanto para la seguridad, entre los socios y el consejo rector, dejando claro en estos conceptos que el comité de recursos tendrá competencias para decidir sobre el socio expulsado que en su caso tuviera un cargo rector, no solamente por razones de mejora técnica sino por seguridad jurídica.


Finalmente, las modificaciones al artículo 77.6 y al 98.3. La primera hace preferente la regulación de carácter general establecida por la ley de cooperativas en lo que resulta la aplicación a las cooperativas de segundo grado, que era necesario clarificar. La modificación al artículo 98.3, que acabo de citar, eleva el límite del 45 al 50 por ciento en las operaciones con terceros, para homogeneizar el tratamiento de estas cooperativas con las restantes.
Por tanto, señor presidente, valorando positivamente cómo queda el texto del proyecto con la incorporación de las enmiendas del Senado y congratulándonos de que en el mundo cooperativo español vayamos a disponer de este proyecto que calificaría de ejemplar en el mundo legislativo cooperativo de toda Europa, no tenemos que causar ningún sentimiento, digamos, de menosprecio a ninguna otra ley que esté en la Unión Europea, incluyendo las famosas y competenciales leyes del cooperativismo alemán, tanto en el sector agrario como en el de servicios. Con esta ley de cooperativas España se pone en la Unión Europea al primer nivel de calidad legislativa.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a su señoría, señor Mardones.
Pasamos al portavoz del Grupo Vasco (PNV), señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco de EAJ- PNV para fijar la postura de nuestro grupo en relación con las enmiendas introducidas en el Senado a la ley de cooperativas.
Resulta necesario hacer una breve exposición general sobre este proyecto de ley, que presenta una gran importancia para un sector específico de la clase trabajadora. Aunque no han transcurrido muchos años desde la anterior ley, se han ido produciendo hechos que aconsejaban una reconsideración de su contenido. En primer lugar, se ha culminado todo un proceso renovador de la legislación cooperativa en las comunidades autónomas con competencias en esta materia. Por otro lado, se ha ido produciendo una profunda reforma del derecho mercantil en general y del societario en particular, para adaptarlos a las directivas de la Unión Europea, lo cual resulta una referencia obligada para una regulación técnica y actualizada de las sociedades cooperativas. Por último, la experiencia de nuestro cooperativismo se ha enriquecido intensamente, en busca de una necesaria respuesta tanto a la evolución de sus realidades internas como a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo y exigente.
Desde el Grupo Nacionalista Vasco hemos entendido que todo ello debía tener reflejo y adecuada cabida en una norma que pretenda regular las sociedades cooperativas y promover su desarrollo en los umbrales del siglo XXI. Sin embargo, inicialmente el proyecto de ley de cooperativas enviado por el Gobierno al Congreso quedaba un tanto lejano a la hora de dar respuesta a los puntos anteriores y de llenar las actuales carencias del marco jurídico sobre el cooperativismo, lo que tuvo reflejo en el muy elevado número de enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios.
De todas maneras, el grado de consenso alcanzado en el trabajo desarrollado por la ponencia y posteriormente

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en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso permitió alcanzar un trabajo bastante desbrozado, superando las carencias técnicas y de contenido del proyecto del Gobierno. Ese trabajo tuvo en cuenta los avances e instrumentos jurídicos que en los últimos lustros se han desarrollado, tanto en nuestro derecho interno como en el comparado, y lo expuesto por los sectores sociales afectados, que han mostrado su satisfacción por lo conseguido. La incorporación plena a la Unión Europea refuerza, si era necesario, el presente empeño de adecuación normativa para que las sociedades cooperativas puedan afrontar desde una plataforma jurídica moderna y flexible los retos empresariales a los que tienen que hacer frente. No hay que olvidar que nuestras cooperativas cada vez tienen que desenvolverse en un mercado más exigente y competitivo y en el que la rapidez en la toma de decisiones es fundamental. Y para afrontar todo esto es necesario que las cooperativas puedan reforzar sus recursos financieros, actuar en cualquier campo social y económico y contraer las oportunas alianzas, pero no es menos ineludible que puedan dotarse de órganos de administración cada vez más ágiles y profesionales así como de superestructuras que puedan competir con otras ya establecidas. Por todo ello, la nueva ley debe eliminar las trabas existentes para el adecuado desarrollo de nuestras cooperativas, con el objetivo final de que éstas puedan situarse en el mercado con idénticas posibilidades que el resto de las empresas con las que deben competir.
El Senado ha introducido algunas enmiendas que mejoran técnicamente el trabajo elaborado en el Congreso y debo señalar que se ha cumplido razonablemente el compromiso adquirido en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso por parte del portavoz del Grupo Popular, señor Azpiroz, de que en el Senado sería incorporado todo lo referido al trabajo a tiempo parcial. Desde el Grupo Parlamentario Vasco de EAJ-PNV hemos considerado de gran importancia que la ley posibilite a las cooperativas contratar socios a tiempo parcial y que la Seguridad Social permita la aplicación en el régimen general a tiempo parcial de dichos socios, con el fin de que en el caso de finalización de contrato o disolución de la cooperativa se tenga derecho al desempleo. Resulta un objetivo básico para incentivar la creación de empleo y para dar mayores garantías sociales. De todas maneras, tal como queda la enmienda introducida en el Senado relativa a este punto, esperamos que el Gobierno no agote el plazo de un año previsto para regular la normativa correspondiente. En este punto de mi intervención no me duelen prendas reconocer en público lo que también he dicho en privado a los sectores sociales afectados, es decir, el gran trabajo y esfuerzo realizado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz, en busca del consenso con los diversos grupos.
Por otro lado, debo señalar que se ha detectado un error, del que parece que nadie nos hemos dado cuenta. Se ha detectado que el artículo 5, párrafo 2, ha sido suprimido sin motivo alguno a lo largo de su tramitación en el Congreso. Es un artículo que no ha sido enmendado en ningún momento y que se ha perdido en su tramitación. Incluso en el informe de ponencia en el Congreso se especifica que se habían incorporado enmiendas al artículo 5.3 pero ninguna al 5.2. Por ello estimamos que debe corregirse este error de la forma que corresponda, ya que no hay ninguna prueba de que haya habido ningún grupo en contra de la afirmación según la cual, salvo disposición estatutaria en contra, la distribución de excedentes será diferenciada.
Finalmente, he de decir que nuestro grupo va a apoyar las enmiendas introducidas en el Senado.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
También había pedido la palabra el Grupo de Convergencia i Unió.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Como han destacado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, llegamos al final del trámite parlamentario del proyecto de ley de cooperativas con una sensación positiva. El proyecto que inicialmente presentó el Gobierno en esta Cámara, resultado del trabajo del conjunto de los grupos parlamentarios y de la buena disposición de todos los portavoces, ha recibido importantes y positivas modificaciones. Los debates que en su día provocaron la presentación de diversas enmiendas a la totalidad, que se centraban en un aspecto sustancial del proyecto de ley, cual era su ámbito competencial, y que fueron objeto de preocupación de los grupos que no éramos enmendantes, tal como era la definición de la aplicación de esta ley, hoy quedan resueltos de manera satisfactoria. No tan solo en este terreno sino en otros aspectos importantes de la legislación en esta materia.
Convergència i Unió, en el trámite de esta ley, ha procurado buscar tres ejes. El primero, procurar que el cooperativismo, como fenómeno social, como fenómeno laboral, saliese consolidado con esta nueva ley que pretendía adaptar esta realidad al nuevo entorno. El segundo, clarificar el ámbito de aplicación de la ley. Y el tercero, introducir mayores dosis de racionalidad en su gestión. Objetivos generales que desde este punto de vista podemos considerar asumidos en el proyecto de ley que esta mañana vamos a aprobar.
En el trámite del Congreso, Convergèncìa i Unió presentó 41 enmiendas, 27 de las cuales fueron asumidas, bien de manera literal o bien transaccionadas con el Grupo Popular y con el resto de los grupos. De este conjunto de enmiendas destacaríamos las que hacen referencia al ámbito territorial. El proyecto de ley preocupaba al conjunto de los grupos de la Cámara, porque en su aplicación podía dar lugar a un vaciado de las competencias exclusivas que en esta materia teníamos las diversas naciones y regiones del Estado; era una cuestión que no preocupaba sólo a Convergència i

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Unió, sino también al PNV, a Coalición Canaria, a Izquierda Unida, al Grupo Socialista y a Eusko Alkartasuna. Con la redacción que hemos dado al ámbito de aplicación de la ley se resuelve. Va a ser una ley que se aplique a aquellas cooperativas que de manera inequívoca tengan una vocación y un carácter estatal. Es más, no sólo hemos mejorado la propuesta inicial del Gobierno, sino que hemos clarificado, en un sentido de mayor concepción autonómica, la legislación previa al proyecto de ley. Incluso, en otros aspectos colaterales que hacían referencia al ámbito competencial, como era el ámbito de actuación del Consejo para el fomento de la economía social, también ha quedado resuelto ese aspecto de que esta es una ley aplicable al conjunto de cooperativas estatales y por tanto el conjunto de políticas que se derivan de esta ley son aquellas que competen al Estado, no a las comunidades autónomas.
En segundo lugar, y en esa línea de racionalidad del sector y de adaptación a la nueva realidad económica y social, creemos que la liberalización hasta un 50 por ciento de las operaciones con terceros también es otra de las novedades que introduce el proyecto de ley, resultado del trámite parlamentario. Por tanto, responde a una demanda del sector que en el proyecto inicial no estaba contemplada y nos parece que encuentra un punto de equilibrio en las diversas concepciones que a lo largo del debate parlamentario se habían planteado.
La tercera novedad importante que se ha incorporado a la ley y que ha sido objeto de un trabajo importante de esta Cámara a lo largo de esta legislatura es la aceptación de la inclusión de las sociedades cooperativas en toda la política de incentivos de fomento de la ocupación. Nos hemos encontrado con varias iniciativas del Gobierno orientadas a fomentar la ocupación en el conjunto de la economía, que a menudo excluían la realidad de las cooperativas. Hoy, con una enmienda introducida por nuestro grupo parlamentario, queda muy claro que ese conjunto de medidas de fomento del empleo estable deben también contemplar la realidad de las cooperativas.
Estas tres enmiendas de nuestro grupo son las que nos dejan más satisfechos en términos de política global en esta materia. Luego, podríamos hacer un amplio repaso del conjunto de medidas que se han introducido...


El señor PRESIDENTE: Sería mejor que no fuera demasiado amplio para ir ganando entre todos tiempo, se lo agradecería.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Siguiendo el consejo de la Presidencia, no entraremos en las mismas.


En el Senado se han introducido modificaciones positivas. La vinculación de la determinación del domicilio social de la cooperativa con la definición contemplada en el ámbito de la ley nos parece importante. A su vez nos parece importante haber normalizado un aspecto que no quedó resuelto en el Congreso, que era ese límite del 50 por ciento de la actividad también en las cooperativas de servicios, que creemos que fue un error del Congreso no haberlo resuelto.Finalmente, señalo la posibilidad que se abre de manera definitiva acabando con la actual ambigüedad de la ley de que las cooperativas de trabajo asociado puedan también incorporar socios a tiempo parcial, dejando en manos del Gobierno una próxima regulación reglamentaria de esta materia.
Quedan cuestiones que no están resueltas. Algunas de ellas son resultado de alguna omisión del trabajo de la Cámara, que creo que esta misma mañana resolveremos, como la previsible desaparición involuntaria del segundo párrafo del artículo 5.2, que el conjunto de portavoces entendemos -y los servicios de la Cámara así lo podrán resolver- que debe incorporarse. En tercer lugar, a nuestro grupo parlamentario no le satisface el tratamiento que finalmente da la ley al tema del registro y vamos a hacer un seguimiento parlamentario de la disposición final tercera; nos parece que ahí queda abierta una posible fuente de conflictos. Tampoco nos satisface el tratamiento fiscal de las cooperativas de iniciativa social que ha dado el Senado. Hay un contencioso, no sólo en esta materia sino con el Gobierno en general, con la política fiscal en relación a todo lo que sea ánimo de lucro, a todo el tercer sector, y tendremos que continuar trabajando para normalizar la presencia de las cooperativas de iniciativa social. Nos preocupa también la redacción final del tratamiento de las secciones de crédito de las cooperativas, especialmente pensando en una realidad como la catalana, en que las cooperativas agrarias juegan un papel fundamental en el equilibrio territorial del país. Entendemos que la propuesta que se hace en la Ley de cooperativas del Estado no ha de servir de precedente, al menos en Cataluña, a la hora de afrontar el tratamiento legal de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias.
Por tanto, y termino, señor presidente, nos sentimos satisfechos del trabajo parlamentario realizado en este ámbito. Sin embargo, estamos seguros de que, como siempre, una buena política necesita más que una buena ley y, a partir de ahora, será necesario que el Gobierno asuma al menos tres ideas. En primer lugar, que en el territorio las cooperativas, y especialmente las cooperativas agrarias, juegan un papel de reequilibrio, de respuestas a necesidades que van más allá del papel que estrictamente juegan las cooperativas por encima de la ley. En segundo lugar, las cooperativas constituyen en el tejido industrial y en el tejido de nuestras ciudades un buen instrumento para la creación de ocupación de aquellos sectores que encuentran en este ámbito una línea para avanzar y resolver sus propias necesidades. Y, en tercer lugar, se están considerando las cooperativas como un sector emergente para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. Para que en estos frentes las cooperativas jueguen su papel eficaz, insisto, más allá de esta ley, que entendemos que hoy es una buena ley, va a convenir que exista una buena política. Esperamos que el Gobierno responda a las expectativas que crea la ley.


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Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Pasamos al Grupo Federal de Izquierda Unida, que será representado por el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.


Para la aprobación de esta ley de cooperativas ha habido un trabajo, sin duda arduo y paciente, pero al mismo tiempo fructífero. Yo pienso que en este caso ha habido, cosa que no se produce en otros proyectos de ley, un buen talante. No podemos quejarnos, por tanto, desde el Grupo de Izquierda Unida, tal como está el panorama privatizador en nuestro país y, en general, en Europa. La ley puede ser un instrumento para defender una economía más social y más eficaz. Por ello, estamos contentos con el conjunto de la misma. Se han introducido algunas enmiendas en el Senado. La más significativa para Izquierda Unida es la que afecta a la disposición adicional novena, para la que pide una votación separada, con la supresión de la parte del artículo que dice: «... así como el previsto en las normas tributarias aplicables a las entidades sin fines lucrativos.» Es decir, el límite de los beneficios tributarios de las entidades sin ánimo de lucro con configuración cooperativa, en la redacción final del Senado del proyecto de ley no podría sobrepasar lo previsto en la Ley 20/1990. Para evitar esta situación proponemos recoger los mismos beneficios reconocidos en la legislación tributaria a entidades sin ánimo de lucro, ya que lo contrario sería fijar en la ley una clara discriminación negativa para las cooperativas que carezcan de ánimo de lucro, vulnerando, por consiguiente, el artículo 129.2 de la Constitución. Por tanto, propondríamos al resto de los grupos que quedara tal como salió del debate del Congreso de los Diputados y no se aceptara la enmienda que ha introducido el Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su concisión, señor Frutos.
Pasamos al Grupo Popular. (El señor Arnau Navarro pronuncia palabras que no se perciben.) Perdón, señor Arnau, le pido mis disculpas. Mi ánimo de avanzar me hace cometer estos errores.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré ser conciso, atendiendo a la petición de la Presidencia, aunque estoy seguro que me va a permitir decir todo lo que tengo que decir.


El señor PRESIDENTE: Naturalmente.


El señor ARNAU NAVARRO: Sin perjuicio de reconocer el esfuerzo que ha hecho en el debate de este proyecto de ley el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que decir que piensa que esta ley sigue siendo innecesaria y que votaremos en contra de algunas de las enmiendas aprobadas por el Senado, porque no podemos estar, por ejemplo, de acuerdo con la nueva excepción al derecho de información, introducida en el Senado en el artículo 16.4. Ya dijimos en el debate de totalidad que el proyecto presentado por el Gobierno limitaba tanto el derecho de información de los socios que podía decirse que los trabajadores de cualquier comité de empresa, de cualquier empresa, tenían más derechos que los socios de una cooperativa en lo que afecta a información sobre la marcha de la empresa. Todos sabemos que los socios son los dueños de las cooperativas y a los socios se les negaban informaciones básicas sobre la marcha o situación económica de la cooperativa y hasta se les negaba el derecho a disponer de los estatutos, del libro de registro de socios, de las actas de la asamblea, etcétera. La Comisión de Política Social y Empleo corrigió tan importante deficiencia vinculada al principio democrático que debe informar la gestión de todas las cooperativas.
La única excepción que cabría contemplar en cuanto al derecho a la información de los socios a conocer la marcha de la cooperativa sólo puede estar vinculada a los legítimos intereses de la propia cooperativa; es decir, sobre el derecho individual del socio prevalece el derecho de la cooperativa -o sea, del colectivo de los socios-, de tal forma que el consejo rector puede negar la información cuando proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa, tal y como reconoce la legislación vigente de 1987; es decir, se anteponen los intereses de la cooperativa, como he dicho, a los intereses individuales del socio. Las excepciones sin embargo que añade el Senado a proporcionar la información se vinculan a la propia petición o al peticionarioy se dice que puede negarse cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso manifiesto por parte del solicitante. Como comprenderá, señor Azpiroz, entendemos que esta apreciación del consejo rector sobre el carácter de la petición o del peticionario es casi psicológica. Por ejemplo, si estima el consejo rector que el peticionario es un pesado, un incordiante o un quisquilloso, esto no debería prevalecer para negar un derecho básico como es el derecho a la información de los socios de todas las cooperativas.


Tampoco podemos aceptar algunas excepciones incluidas en el punto 4 del artículo 28 sobre el principio general de nulidad de los acuerdos de la asamblea general sobre asuntos que no consten en el orden del día de la propia asamblea general, como el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores, interventores, auditores o liquidadores o la revocación de estos cargos sociales. Nos parece que la revocación de un cargo en la cooperativa es un asunto grave e importante en la marcha de la misma y que, por ello, debería constar en el orden del día. Se nos podría decir que el orden del día lo fija habitualmente el consejo rector y que lo normal es que el consejo rector no actúe contra sí mismo a la hora de exigirse responsabilidades,

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etcétera, pero frente a esto cabe recordar que los socios tienen el derecho también a incluir asuntos en el orden del día con el número que determina el artículo 24.2.
Tampoco nos parece acertado que la destitución de consejeros, si no consta en el orden del día de la asamblea, se pueda adoptar por la mayoría que determina el artículo 35.3. (No doy mayores argumentos, señor presidente, por mi promesa de ser conciso.) Por otra parte, no aceptamos la enmienda al artículo 70, letra d), en relación con la disolución de la cooperativa, si el número de socios se reduce por debajo de los mínimos legales o si el capital social se reduce por debajo del mínimo estatutario, que es lo que se prevé. Es decir, si se reduce el número de socios por debajo del mínimo o el capital social por debajo de lo fijado por los estatutos, la cooperativa debe disolverse. Pero la enmienda del Senado concede un año para resolver este problema, mientras que el texto que salió del Congreso establecía el plazo de seis meses.La ampliación a un año nos parece exagerada porque mantiene lo que, en definitiva, es una irregularidad durante demasiado tiempo; es decir, una cooperativa podrá estar hasta un año sin tener el número mínimo de socios ni establecido el mínimo de capital por los estatutos.
Por otra parte, en relación con las operaciones con terceros, el Gobierno y el Grupo Popular han sido incoherentes, contradictorios y han carecido absolutamente de criterio. Los límites se han ido homogeneizando en el debate, pero carece de sentido el límite que se pone a las cooperativas de transportistas -el artículo 100.2- , condicionando tales operaciones a que exista una norma específica que las autorice. La legislación vigente equipara estas cooperativas con las cooperativas de servicios.
Por último, en relación con la disposición adicional novena también votaremos en contra, aceptando los argumentos que ha señalado el señor Frutos, por cuanto se refiere al régimen tributario y suprime la aplicación a las cooperativas de las normas tributarias aplicables a las entidades sin fines de lucro.
Por lo demás, señor presidente, el resto de las enmiendas en unos casos mejoran el texto en cuanto copian la Ley de 1987. Por ejemplo, la enmienda al artículo 26.6 -no le vamos pedir, señor Azpiroz, derechos de autor- mejora el texto en cuanto recoge la única enmienda socialista aceptada en el Senado, la enmienda número 65; en todo caso son mejoras técnicas que vamos a aceptar.
Pese a que se han aceptado en el debate las razones que llevaron al Grupo Parlamentario Socialista a presentar una enmienda de totalidad contra el texto del proyecto del Gobierno, de forma que el texto que hoy aprobamos no se parece al que presentó el Gobierno, podríamos considerarlo como fruto de una proposición de ley del Grupo Popular y no fruto de un proyecto del Gobierno, pese a haberse aceptado que teníamos razón en lo que afecta al ámbito de aplicación de la ley y las correspondientes competencias de las comunidades autónomas. Y en lo que atañe a los derechos de lo socios, pensamos que esta ley sigue siendo innecesaria, en primer lugar, porque la Ley vigente de 1987 no está obsoleta y por tanto ni se mejora, ni se moderniza, ni se perfecciona, no hay ningún progreso técnico ni social, se retrocede una vez más de mano de la derecha y, en todo caso, pensamos que habría bastado una proposición de ley que modificara tres o cuatro artículos de la Ley de 1987 para adaptarla a algunas normas comunitarias, pero no perseguía necesariamente un proyecto de ley el sector social de las cooperativas.
En segundo lugar, y voy terminando, la falta de criterio del Gobierno y del Grupo Popular y sobre todo la falta de convencimiento sobre los motivos que justifican el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que no es algo caprichoso que se le ocurrió al legislador constitucional, sino que está basado en la necesidad de una mejor atención a los ciudadanos, esa falta de criterio y de convencimiento ha llevado al Grupo Popular a contradecir al Gobierno popular, de forma que se ha pasado de un proyecto de ley que presentó el Gobierno, que desconocía y negaba las competencias de las comunidades autónomas en materia de regulación de las cooperativas, a un texto, que salió de la Comisión de Política Social y Empleo y que nos devuelve el Senado, que hoy aprobamos, que prácticamente hace imposible que se aplique esta ley estatal, porque esta ley se aplicará cuando las actividades de las cooperativas se desarrollen en el territorio de varias comunidades autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal. En función de lo que la propia cooperativa desee, habrá un territorio en el que predomine la actividad cooperativizada, por lo que la ley del Estado quedará inaplicable siempre o casi siempre. En todo caso, entre una opción, la que negaba las competencias a las comunidades autónomas, y ésta que en muchos casos va a negar la competencia del Estado, nosotros preferimos la opción que da las competencias a las comunidades autónomas, porque el mundo cooperativo está muy pegado al terreno y debe ser la administración más cercana la que lo regule, lo que no quita ni es óbice para que denunciemos el corrimiento de tierras que se ha producido, fruto del tambaleo y de la vacilación en los principios.
En definitiva, señor presidente, creemos que este proyecto de ley de cooperativas no va a pasar a la historia, porque en gran medida nos parece superfluo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arnau.
Decía antes que el señor Azpiroz había sido reiteradamente aludido y será quien represente en el debate al Grupo Popular.
Adelante.
Me da la impresión de que el sonido no está bien, si pueden den cobertura.


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El señor AZPIROZ VILLAR: Señor presidente, muchas gracias. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, si todos tuvieran su voz, no haría falta megafonía.


El señor AZPIROZ VILLAR: Lamentablemente, señor presidente, yo no la tengo, pero procuraré utilizar la que Dios me ha dado para decir lo que tengo que decir, y lo primero es agradecer sinceramente las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios y muy especialmente la de los señores Caballero y Mardones por su generosidad más que amplia con la intervención de mi grupo y con la de mi persona en el debate de Comisión y en el de ponencia aquí en el Congreso.
Hay que felicitarse porque en muchas ocasiones se dice que esta es una Cámara sin contenido, pero hoy aquí se ha demostrado, se ha demostrado a lo largo del debate en ponencia y Comisión y se ha demostrado en el Senado que los legisladores de vez en cuando también legislamos. Cuando se hacen aportaciones por todos los grupos, cuando se consensúa, cuando se modifican los proyectos traídos por el Gobierno, se nos dice, como acaba de manifestar el representante del Grupo Socialista, fino conocedor de la materia cooperativa, que estamos cayendo en incongruencia y en contradicción. Me gustaría que en esto haya coherencia también de su parte y se nos diga donde se quiere quedar, si cuando hay un debate parlamentario se quiere modificar, se quieren incorporar innovaciones, se quieren hacer adaptaciones y se quieren o no cambiar los textos. En eso sí me gustaría que existiera una cierta coherencia por parte del portavoz del Grupo Socialista, que honestamente creo no ha tenido.
No voy a reproducir el debate no sólo por las reiteradas llamadas de atención del señor presidente, que naturalmente también por eso, sino porque no se debe reiterar lo ya dicho. No sé si es mi condición de vasco lo que hace que creamos que no se deben repetir machaconamente determinadas cuestiones. El debate de Comisión no lo voy a reproducir y, por tanto, me voy a centrar fundamentalmente en los aspectos más relevantes que consideramos ha incorporado el Senado a través de su debate y a través de las enmiendas que nos ha planteado al texto que le remitimos.
Quiero poner de relieve que hemos cumplido -lo han dicho los señores Caballero y Campuzano- un compromiso importante en relación a una preocupación común de todos los grupos, como era incorporar el contrato a tiempo parcial y su aplicación en el ámbito cooperativo, en el ámbito de los socios de las cooperativas de trabajo asociado y de los trabajadores de las cooperativas. Esto se ha conseguido, y apelo a que el Gobierno -estoy convencido- intentará adecuar jurídicamente de una forma positiva, y que introduzca seguridad jurídica para todos, esa adaptación que se le concede y habilita por parte de la introducción del Senado, y por nuestra ratificación ahora aquí, de un año para que esta cuestión quede definitivamente resuelta. Ojalá sea en menos tiempo, y hacemos la misma apelación que anteriormente se ha efectuado.
Esta es una ley compleja y quizás, por los años que llevo de diputado, convenga hacer reflexiones de este tipo de vez en cuando.
Las leyes vienen con un objeto y una naturaleza determinados e incluso con artículos concretos que definen el ámbito de aplicación de la ley. Si analizamos esa perspectiva de la ley, es intachable lo que entre todos, absolutamente entre todos, hemos hecho en esta Cámara y también en el Senado, que es regular las relaciones societarias, las relaciones internas y las relaciones externas de las sociedades cooperativas, dotarlas de instrumentos que están en el derecho mercantil y actualizarlas y dotarlas de competencia. Ocurre, sin embargo, y viene siendo tradicional, que en cualquier proyecto de ley, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los sectores afectados procuran aprovechar con razón ese instrumento legislativo para plantear automáticamente todas las reivindicaciones que tienen al respecto y al final sucede, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa ahora, que nos encontramos habitualmente hablando también de cuestiones de Seguridad Social y de cuestiones fiscales y mercantiles que desbordan muchas veces el objeto stricto sensu del proyecto y de la regulación que se pretende efectuar.


En este sentido, he de hacer una petición aun entendiendo las razones que el señor Frutos ha expuesto en relación a la disposición adicional novena del proyecto en la formulación que ha venido desde el Senado. He de decirle que entiendo su preocupación y si en algo sirve mi modesta aportación me ofrezco a intentarlo porque, como muy bien ha apuntado el señor Campuzano, en el fondo hay una cuestión de filosofía política, que probablemente en un futuro inmediato todos debamos abordar, en relación al denominado tercer sector y la ubicación de medidas específicas que en su conjunto le queramos dotar. Este es un debate político de importancia que se viene anunciando, que se viene configurando, pero que todavía no tiene la madurez o no lo hemos abordado con la madurez con que en un futuro presumiblemente inmediato debamos hacer. No obstante, he de decirle que aun entendiendo su posición en relación a las cooperativas sin ánimo de lucro y su fiscalidad, en técnica legislativa no me parece bien en cuanto a una postura de derecho razonable el texto que desde el Congreso remitimos al Senado, porque venía a decir que el régimen tributario aplicable a las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro se han establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, del Régimen Fiscal de Cooperativas. En principio, como norma general parece lógico que las cooperativas tengan el régimen fiscal atribuible a las cooperativas; cuestión diferente es si hay que modificar ese régimen. Y añadía: «... así como el previsto en las normas tributarias aplicables a las entidades sin fines lucrativos.» Yo no conozco, y puedo estar equivocado,

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que en nuestro derecho tributario existan estas dualidades que se apuntan en la disposición adicional novena que el Congreso aprobó, es decir, que uno se pueda regir por una legislación tributaria así como por otra, dos paraguas para una misma lluvia. Comprendo su preocupación, se lo digo sinceramente, pero me parece que aprobar hoy, si se produjera una votación separada como usted parece que tiene voluntad de plantear, nos llevaría a una situación no sé si de nulidad de pleno derecho, pero probablemente nos encontraríamos con una situación de enorme incertidumbre e inseguridad jurídica que al final iba a perjudicar lo que se pretende favorablemente resolver.
Por tanto tiene mi palabra, si así lo desea, de que estamos dispuestos a trabajar en una mejor solución del futuro para el tratamiento fiscal de estas cooperativas, pero nos parece -insisto- que el texto como vino es un texto que no se puede técnicamente aceptar.
He de decir, señor presidente, por concluir -y de esta felicitación que como diputado y como legislador me hago y hago extensiva a todos los grupos que han participado activamente, positivamente, en dotar de una mejor ley que creo que lo hemos conseguido en pro del sector cooperativo-, que no obstante nos hemos olvidado, por la trama tan compleja y tan diversa que regula la ley que ahora vamos a aprobar, de dos cuestiones sobre las que llamo la atención de los servicios jurídicos de la Cámara, para que, con la anuencia que creo que todos los portavoces han dado, incluso públicamente han manifestado desde un principio, se puedan rectificar.
El párrafo segundo del punto 2 del artículo 5 del proyecto, por una extraña situación ha desaparecido, cuando dicho artículo por nadie fue enmendado en ninguna fase, ni aquí ni en la Cámara Alta; en consecuencia, estimamos que se debe reponer, porque ha habido algún error de transcripción.
La segunda cuestión se refiere al párrafo in fine del punto 2 del artículo 84, en el que en la regulación de la suspensión del contrato por causa de adopción se dice que: «En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, la suspensión tendrá una duración máxima de ocho semanas...», cuando la legislación laboral en la materia viene estableciendo que el período es de 16 semanas. Creo que este lapsus hay que corregirlo, y yo pediría a los compañeros que tengan la oportunidad de legislar en relación con un tema que viene en el orden del día de hoy, que no va a ser objeto de debate de totalidad por no tener afortunadamente enmienda de totalidad en contra, que es el proyecto para la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y como presumiblemente van a avanzar positivamente en esta materia, que se acuerden de que el sector cooperativo ha acogido como causa de suspensión la adopción por los períodos que ahora están en vigor en la legislación laboral, para que las mejoras que en el futuro se produzcan afecten también a la ley que ahora nosotros vamos a aprobar.
Al señor Arnau quiero decirle que algunas de las cuestiones que ha planteado -con esto concluyo- fueron ya objeto de debate en comisión, por lo que doy por reproducidas las razones y fundamentos que allí expuse.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señores portavoces, por su contribución y por las generosas palabras que algunos han tenido con nosotros.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Con esta intervención concluye el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de cooperativas.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/ 000143)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas que la Cámara Alta ha formulado al proyecto de ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Grupos que desean intervenir sobre las enmiendas del Senado.? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar nuestro apoyo en general a las enmiendas que el Senado ha introducido en el proyecto de ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, y hacer constar en concreto nuestra identificación con la adicional que va destinada precisamente a posibilitar la enajenación de bienes inmuebles conforme a algunos criterios que harán posible que muchos inquilinos accedan a la propiedad, sobre todo inquilinos de bajo nivel de renta, en condiciones que esperamos que se hagan retroactivas para todos aquellos que aún no han alcanzado esta propiedad debido a ciertas dificultades de carácter económico.
Nosotros seguiremos la aplicación normativa de esta ley y esperamos que se haga siempre con el posicionamiento más ventajoso para los sectores más desfavorecidos que se ven afectados por ella.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Señor Mardones, por Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Termina hoy en la Cámara un trámite largo. Algunos pensaron del proyecto que presentó el Gobierno que iba a ser un paseo militar y, gracias al trabajo de los

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grupos parlamentarios, a la comprensión del grupo que sustenta al Gobierno y a la del Ministerio de Defensa, ha sido posible introducir unas mejoras muy sustanciales que han puesto a disposición de las Fuerzas Armadas, de los profesionales, un colofón a la anterior Ley aprobada recientemente del régimen del personal militar de las Fuerzas Armadas en una cuestión que, aunque parezca baladí, está considerada por todos los ejércitos fundamental, porque el militar no es solamente un civil de uniforme sino también un padre o madre de familia; es el núcleo económico de una vida familiar, y una vida familiar tiene una representación escénica que es la vivienda. La legislación anterior venía generando una serie de conflictos de orden jurisdiccional, familiar e, incluso, disciplinario. Hoy mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que llegan del Senado, porque se ha producido una sustancial modificación del texto primitivo. Por ejemplo, el artículo 6. Cuando entra en esta Cámara el proyecto originario es prácticamente un artículo con un solo párrafo.
Hoy es un artículo amplio sobre el derecho de uso de vivienda militar. Se han recogido una serie de enmiendas de los grupos, se ha perfeccionado, se ha hecho una correlación, afortunadamente positiva, con la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos en aquellos aspectos de derecho común, civil y constitucional, con las salvaguardia de las especificidad militar. Venimos a dotar a nuestro personal militar, hombre o mujer, de un instrumento de seguridad jurídica. El objetivo que señala la ley, fundamentalmente de orden estratégico y social, sigue siendo el facilitar la movilidad geográfica del militar en servicio activo, mediante el apoyo a sus necesidades de vivienda por cambio de destino y localidad, pero esto genera un fenómeno que se da solamente cuando ese militar deja de estar en activo, con esa familia que le acompaña, y pasa a la situación de reserva.
Vamos a votar favorablemente esa ley porque resuelve, a nuestro juicio, ese problema. Nos congratulamos de la claridad de objetivos y de que se haya recogido en el artículo 6, con las enmiendas que presentó mi grupo y defendió este diputado, el derecho de uso de vivienda militar, fundamentalmente porque se ha dado acogida a los causahabientes y se ha solucionado el problema que acompañaba a los hijos y huérfanos de la familia militar. Esto es muy importante decirlo: el actual artículo 6 va a permitir una seguridad jurídica de los hijos, de los causahabientes, de los hijos del titular con minusvalía y de las edades que se contienen en la ley. Se ha hecho un gran perfeccionamiento y todo está asegurado jurídicamente.
No quiero ahondar en los argumentos que esgrimí en la Comisión respecto a la garantía que tiene que haber en el apartado a) del artículo 6, que relaciona a las personas en análogo vínculo de afectividad con el cónyuge. Como en la disposición final de la ley el Gobierno y el Ministerio de Defensa quedan facultados, pedimos la prioridad de los hijos, hecho que se puede demostrar con el Registro civil con las leyes vigentes, hasta que tengamos una ley de parejas de hecho, y que el Invifas se encargue de garantizar la relación de afectividad con el cónyuge en un período de dos años. Allá el Invifas y el Ministerio de Defensa con este problema. Se han mejorado fundamentalmente las garantías del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), recogiendo la experiencia de esta institución dentro del Ministerio de Defensa.
Con la aprobación de esta ley nos congratulamos no sólo del perfeccionamiento de las garantías que se dan a través del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sino de la seguridad jurídica que va a recibir la familia militar porque, con un ejército profesional, tiene cubierto el objetivo de garantizar vivienda al personal en activo. No nos olvidemos de que, por imperativo del reglamento, al pasar a la reserva los militares no pueden quedar huérfanos de una legislación que les ampare, no pueden quedar en la inseguridad jurídica, deben tener derecho a seguir bajo el techo que les permitan las circunstancias legales.
Para finalizar, me congratulo de que, con la aprobación de esta ley se derogue el perturbador Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre.
Pocos reales decretos han tenido el penoso honor de recibir tantas recusaciones e impugnaciones por el personal militar. Este desdichado real decreto que hoy derogamos propició cantidad de recursos que llegaron al Ministerio de Defensa dando lugar incluso situaciones de indisciplina, ya que no había lanzamiento judicial que se pudiera cumplir para expulsar de la vivienda militar a la familia o causahabientes de estos militares. Aquel real decreto dejó en situación lamentable y penosa a los huérfanos militares, hijos, causahabientes y familiares en grado ascendente y descendente, cuya situación hoy es afortunadamente recogida en la nueva redacción del artículo 6. Señor presidente, no hubo un solo desahucio, una única sentencia, un juicio de valor de entonces, realizado bajo aquellas circunstancias, que no fuera recurrido. Con esa derogación ha desaparecido aquella situación lamentable, por lo que nosotros damos nuestro voto afirmativo a todas las enmiendas que llegan del Senado.
Nos congratulamos en bien de la disciplina de las Fuerzas Armadas y en bien de la familia militar de los servidores de España.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


El señor Campuzano ha pedido la palabra por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Concluimos el trámite de este proyecto de ley de movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Hemos afrontado un debate en el que hemos pretendido buscar un equilibrio entre dos necesidades: tanto las que se derivan del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, con la necesaria movilidad

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de sus miembros, como la de ser capaces de gestionar un conflictivo y difícil conjunto de un parque de viviendas con unos precedentes en materia legislativa y de gestión. Con este proyecto de ley el Gobierno pretendía crear unas condiciones que hiciesen desaparecer en el futuro esa fuente de conflictividad, creando al mismo tiempo el marco que garantizase la movilidad de unas Fuerzas Armadas que van a ser cien por cien profesionales. Combinar estos dos criterios operando en esa realidad en la que los precedentes eran nefastos y negativos era realmente complejo.
El conjunto de enmiendas que hemos introducido tanto en el Senado como en el Congreso sirven para reforzar ese equilibrio. Nuestro grupo parlamentario afronta este debate final moderadamente satisfecho. El trabajo parlamentario ha servido para introducir racionalidad y una mayor sensibilidad hacia esa realidad que preocupa a los grupos parlamentarios y a la sociedad. Quienes pueden verse afectados negativamente por esta legislación, y quien es seguro que ya se ha visto afectado negativamente por la gestión en esta materia, han sido siempre las personas con ingresos más modestos. A quienes va a afectar principalmente esta ley no es a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas con mayores recursos económicos, ni mucho menos. Esta ley afecta de manera especial a aquellas personas con menor capacidad adquisitiva. Nuestro grupo ha tenido especial preocupación por los colectivos de viudas, mujeres separadas o divorciadas, huérfanos y militares retirados, que son los que en el proceso previa a esta ley han encontrado muchas veces la incomprensión de la Administración.
Hemos procurado introducir mejoras en la gestión de ese patrimonio público que, al mismo tiempo, no abriera el camino a otro de los riesgos que desde el primer momento hemos tenido presente todos los grupos: la posibilidad de que alguien especule con las ventas que se deriven del nuevo marco legal.
A partir de ahora se impone vigilar la aplicación de la ley y de las medidas que se abren para gestionar de manera sensible esta realidad.
Nuestro grupo parlamentario va a hacer un seguimiento muy expreso de una disposición nueva, la séptima bis, en la que se introducen otras medidas de carácter especial tendentes a facilitar el ejercicio del derecho de uso vitalicio -subrayo vitalicio- de su vivienda militar a retirados, jubilados, viudos y viudas y, en su caso, los beneficiarios señalados en el apartado 2 del artículo 6 de la presente ley. Se abre una vía para que la gestión que haga el Gobierno en esta materia tenga en cuenta a esas personas que pueden verse afectadas por el proceso que ahora abrimos.


Nos alegramos de que esta ley reconozca una realidad social existente como es la de las parejas de hecho. Nos dejó satisfecho que el texto que presentó el Gobierno resolviera esta cuestión, porque era coherente con la legislación que se viene desarrollando en esta Cámara en esta materia desde principios de los años ochenta. Lo que podría ser objeto de crítica es el hecho de que en esta Cámara no hubiera sido capaz de desbloquear la tramitación parlamentaria de la ley de parejas de hecho.
Para nosotros eso sí es objeto de crítica, pero no el que en esta ley abordemos esa realidad social que existe también en las Fuerzas Armadas como son las parejas de hecho. Desde ese punto de vista, nos parece que el tratamiento que se contiene en el proyecto de ley es positivo.
Para terminar, estamos satisfechos de haber avanzado en ese equilibrio y atentos para que el Gobierno desarrolle y aplique la ley de forma que responda a este mandato que le da el Congreso. Esperamos ser capaces de introducir esa movilidad en los miembros de las Fuerzas Armadas pero no a costa de la gente y, menos aún, de aquellos con recursos económicos más escasos. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.


Pese a la moderada satisfacción generalizada que se produce en las diferentes intervenciones, nuestro grupo no está satisfecho del resultado final de esta ley, no lo estuvo en el momento que salió de esta Cámara y no lo está de las enmiendas que se introducen en el Senado, enmiendas que en algunos casos mantienen el criterio, con alguna corrección, en otros lo mejoran y en otros empeoran la redacción inicial, lo cual necesariamente se traduce en una preocupación.
El artículo 7 determina que va a ser el ministro quien fije los cánones de uso y tasas, y es verdad que en este caso dice que, una vez fijado, el incremento anual será de acuerdo con el IPC. Nosotros hemos defendido criterios relacionados con el salario base, con su composición y con la cédula de vivienda de protección oficial, y no la discrecionalidad del ministro en el establecimiento de los precios de alquiler. Si hoy existe una situación injusta, de esta manera se va a mantener o, si no, incrementar. Hay que tener en cuenta que en ciertos casos en algunas ciudades, como Madrid, estamos hablando de infravivienda, y me parece que la resultante final va a ser de nuevo injusta.
En el artículo 11 que salió de esta Cámara, que hace referencia a las ayudas a la propiedad, se marcaba un criterio inversamente proporcional a la renta per capita, y eso sí introducía algún elemento de corrección en la modulación de las ayudas referidas a la situación de las personas que en este momento tienen el problema de las viviendas militares. Se vuelve a dejar a la discrecionalidad del Gobierno y del Ministerio, que sin duda va a significar una situación final injusta.
En la disposición adicional tercera, que hace referencia al precio de la vivienda, vistas las condiciones de las viviendas, tendríamos que haber sido capaces de buscar una modulación en el precio final que reflejara las condiciones reales, porque, al final, esto va a significar unos beneficios para unos pocos -eso es

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cierto-, pero un quebranto importante para una gran mayoría y para aquellos cuyas viviendas están en peores situaciones.
Nuestro grupo no considera positiva la redacción relativa a la venta de las viviendas, de la misma forma que para mejorar algunas de las situaciones más difíciles había que haber introducido criterios de acceso diferido a la vivienda, lo cual eso hubiera supuesto una situación más aceptable para nuestro grupo. El resultado final de esta ley es injusto. No sé si guarda o no equilibrio entre las necesidades de Defensa y las de los afectados, pero en todo caso es injusto. Primero, porque concede excesivas facultades al Ministerio y al Invifas. Segundo, porque mantiene los alquileres a la discrecionalidad del ministro. Tercero, porque el precio de venta no se va a ajustar a las diferentes situaciones de la vivienda y no se ha introducido un criterio de acceso diferido. Cuarto, porque no se considera la calificación inicial de estas viviendas, que eran de protección oficial, ni se aplica la legislación y los criterios que corresponden a esa calificación. Y por último, porque el tema de los afectados no se ha tratado como un problema social, ni el de la vivienda como un bien social. Por tanto, no vamos a votar favorablemente.
Si se quería haber evitado la especulación la modulación en las ayudas y en la compra marcaban el camino. La especulación es susceptible en aquellas viviendas que tienen ciertas condiciones, pero en infravivienda el criterio de especulación no tiene ningún sentido. Dicho esto, que vamos a votar en contra de la mayoría de las enmiendas, debemos añadir que hay algunas situaciones que significan mejora, por lo que vamos a votar favorablemente el artículo 6, la disposición adicional segunda y la disposición adicional séptima bis, que recogen algunos de los elementos importantes. Desde aquí y mediante un ejercicio de control al Gobierno debemos ser capaces de controlar este proceso, porque, de no hacerlo así, no se va a mejorar sustancialmente y vamos a mantener situaciones injustas que deberíamos haber previsto en el desarrollo de la ley y de las enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.


Por el Grupo Socialista intervendrá don Alberto Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que se han introducido en el Senado, como no podía ser de otra forma, porque ya nuestro grupo apoyó el proyecto de ley en la tramitación en esta Cámara.
Como han recordado otros portavoces, es un proyecto que ha sido sustancialmente mejorado por la voluntad y por la capacidad de negociación y de acuerdo que han mantenido el Ministerio y el Grupo Parlamentario Popular, hecho que ha permitido el trabajo de todos los grupos y que la ley satisfaga en un porcentaje suficientemente importante como para que todos los grupos de la Cámara lo voten afirmativamente.
Este portavoz ha de reconocer que hoy se encuentra en la misma situación paradójica que durante su trámite en las Cámaras. Esta es una ley novedosa, que se titula de movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuya novedad fundamental reside en que se sustituye el derecho a ocupar una vivienda por una compensación económica para un ejército nuevo, para un ejército profesional. De esta cuestión, que es la fundamental de la ley, ningún grupo ha dicho una sola palabra. Es una ley de movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las necesidades que los distintos destinos y los cambios de residencia imponen a la larga vida profesional de los militares, pero de todas estas cuestiones no se ha hablado ni un solo segundo. Solamente se ha hablado del controvertido tema de la venta de las viviendas, cuya solución nosotros compartimos porque la ley enfoca correctamente el problema y el régimen transitorio -como ha recordado alguno de los portavoces- y clarifica el derecho de los causahabientes, fundamentalmente, a la ocupación o a la compra de las viviendas.
Quiero recordar que la legislación actualmente en vigor sólo reconocía la posibilidad de ocupación de vivienda militar a los militares en activo. Podemos tildar todas las ocupaciones de viviendas que se han producido en las Fuerzas Armadas de situaciones sociales: huérfanos, viudas, retirados, divorciados, etcétera, ocupantes de viviendas militares que, con la legislación en la mano, deberían haber dejado estas viviendas a favor de los militares en activo en las Fuerzas Armadas. La posible adquisición de las viviendas en los lugares donde la reorganización de las unidades ha dejado sin interés militar dichos emplazamientos estaba ya regulada por una normativa que esta ley reforma en muy pocos aspectos.
Reconozco que aclara algunos aspectos, pero el procedimiento de adquisición de las viviendas es sustancialmente igual al que estaba vigente hasta este momento.
El Grupo Socialista cree que la ley debería haber resuelto un par de problemas con el fin de facilitar la movilidad geográfica de las Fuerzas Armadas, pero no ha sido así. Quiero recordar, como hice en la intervención en la Comisión, que el derecho a la compensación económica no se le reconoce a todos los miembros profesionales de las Fuerzas Armadas, es decir, la clase de tropa queda excluida, hasta los seis años, de recibir una compensación, cuando es la que tiene más dificultades, hecho que estamos viendo porque en las convocatorias actuales difícilmente se cubren los mínimos indispensables que tienen las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la ley también obvia un problema relativo a las necesidades logísticas de vivienda. Aunque se ha rectificado a lo largo de la tramitación, en algunas zonas muy concretas de nuestro país como, por ejemplo, en las plazas de África -se recoge en la ley y por ello el Grupo Socialista

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está especialmente satisfecho- pueden plantearse problemas, así como también puede haberlos en las cabeceras de zonas militares donde la concentración de tropas hace necesaria la existencia de viviendas.
Esta ley olvida que el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas podría acometer una política de construcción de viviendas que solucionara este problema.
A pesar de estas cuestiones que he citado y de la situación paradójica en que se ha tramitado esta ley, el Grupo Socialista reconoce, como he dicho al principio, que tanto el Gobierno como el Partido Popular han dado muestras suficientes de flexibilidad y de capacidad de acuerdo negociando, aceptando y transando un buen número de enmiendas. Nuestro grupo, que, como digo, ha participado en estas negociaciones, en estas transacciones, está suficientemente satisfecho y, por tanto, va a votar favorablemente todas las enmiendas introducidas en la tramitación del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moragues.


En último lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Arsenio Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, culminamos hoy un proceso importante, el de la ley de medidas para la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Lo expresado por los diferentes grupos políticos demuestra una vez más que en esta Cámara existe una voluntad de consenso, de acuerdo, una voluntad real de diálogo que ha hecho que esta ley, que no recoge exactamente las particularidades de cada uno de los grupos políticos, incluido el Grupo Parlamentario Popular, saque adelante una cuestión tan importante como la que hoy vamos a aprobar.
Probablemente algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha dado en el quid al decir que esta ley pretende resolver un problema que existe a todas luces y enfocar de manera diferente de cara al futuro las diferentes ocupaciones de los pabellones y de las viviendas militares.
Decía la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que eran situaciones injustas las que se producían. Es importante hacerse en alto la pregunta siguiente: situaciones injustas ¿para quién? ¿Para quiénes están utilizando las viviendas en contra de toda la normativa legal vigente, para quiénes están utilizando las viviendas y deberían haberlas dejado de utilizar de acuerdo con las diferentes normativas que han salido o para aquellos que, militares en activo, deberían tener la posibilidad de ocupar unas viviendas en diferentes plazas españolas mientras no ha existido ningún tipo de indemnización por cambio de residencia? Seguramente ha habido cantidad de situaciones injustas, pero para eso sacamos hoy adelante este proyecto de ley: para tratar de solucionar una cuestión que no es nada sencilla por la cantidad de normativa que ha habido en los últimos años y por las situaciones que se han venido consolidando, pero que, al final, salen adelante con una norma que, sin tener en cuenta las particularidades de cada uno de los grupos políticos que conformamos la Cámara, hemos sido capaces de acordar y con la que todos coincidimos en que resolvemos un problema histórico de cara al futuro.
Señalado que se pretende solucionar un problema del pasado sin mirarlo ni revisarlo permanentemente y dar una solución de futuro para aquellos que están en activo, no podemos olvidar que en este momento existen 40.047 viviendas del Invifas y más de 5.000 pabellones que se integran en la denominación de viviendas a las que se les aplicará la ley, es decir, unas 45.000 viviendas en las que viven unos 17.000 militares en activo de los 51.000 cuadros de mando que existen en la actualidad y que, como decía el señor Moragues, en este momento hay 5.000 militares en activo que están cobrando la compensación económica y, una vez que entre en vigor esta ley, la cobrarán la totalidad de los militares que no tengan vivienda militar.
Es importante tener en cuenta, como decía el señor Mardones, que esta ley incluye a los hijos con una minusvalía del 65 por ciento y a los menores de 25 años en los mismos términos que recoge la normativa legal vigente para otras cuestiones, como puede ser la Ley 40/1998, del 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y demás normas tributarias de efectos fiscales, así como también la Ley de Arrendamientos Urbanos. También hay que tener en cuenta que de lo que estamos hablando, señor Mardones, con este precepto es de consolidar esta situación para unas familias que ya están ocupando unas viviendas y cuya situación no tendría ningún sentido consolidar para el futuro con una ley que nada va a tener que ver con las situaciones que se han producido hasta este momento. Se reconoce el uso a los cónyuges separados o divorciados legalmente a los que por sentencia judicial se hubiera atribuido el disfrute de la vivienda. En el artículo 6 de esta ley se ha traducido exactamente lo recogido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en la que se habla de los cónyuges o aquellas personas en análoga relación de afectividad a la del cónyuge -estoy leyendo la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos-, e incluso se hace referencia al artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que no podrá haber ninguna diferencia en razón de sexo, edad, religión etcétera, es decir, a la normativa legal vigente en la democracia española. No se incrementa el precio de la vivienda en las casas con las inversiones realizadas por el Invifas en los últimos cinco años y se rebaja el tiempo mínimo de servicio de seis a cinco años de los militares no permanentes para poder abordar la compensación por vivienda. Y tengo que decir al señor Moragues que si ha habido un debate importante sobre esta situación, no es menos cierto que los miembros que salen de las academias de suboficiales

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o de oficiales no tienen posibilidad de acceder a viviendas hasta que han perfeccionado ese período. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo importante, con la contribución del Grupo Socialista, para tratar de conseguir una norma que rebaje esas situaciones. En definitiva, se han tomado medidas durante estos tres años como el pago de las plusvalías, que en este momento asume el Invifas y que antes se endosaba al comprador, o aquella situación que reconocía el uso de la vivienda militar en igualdad de condiciones al personal en activo y al personal en la reserva transitoria, que en este momento queda completamente subsanado por la aplicación de esta ley.
Señorías, creo que si algo hay que destacar en este momento es la voluntad de consenso de la Cámara por tratar de conseguir definitivamente que lo que ha sido hasta este momento un problema, no para estas Cortes, no para el Ministerio de Defensa, sino sobre todo para los usuarios de las viviendas militares, quede resuelto. Sin duda habrá casos que no se encuentren perfectamente reflejados ni reconocida su situación en este momento, por eso, a partir de este momento corresponderá al Ministerio de Defensa aplicar debidamente esta ley y hacer uso debido de todos aquellos puntos que aquí recogemos para tratar de aplicarla a través de los cauces y en las situaciones a las que hacían referencia, con el apoyo a la ley, grupos tan distintos como el Bloque Nacionalista Galego, el Grupo Socialista, Convergència i Unió o el Partido Popular.
Lo cierto es que este grupo parlamentario, que en modo alguno ha pretendido, como no lo ha pretendido el Gobierno, que esta ley fuera un paseo militar en estas Cortes, sino todo lo contrario, una ley de consenso, como ya hemos demostrado con la Ley del régimen del personal militar, aunque no guste a todos los estamentos, ha cumplido con su deber y obligación, y en lugar de enzarzarnos en lo que nos separa, nos hemos concentrado en lo que nos une y hemos resuelto un problema histórico que nuestro grupo espera que no se vuelva a producir.Por ello, con el reconocimiento de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, anuncio, como no puede ser de otra forma, el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a este importantísimo proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Con su intervención concluye el debate sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley con el expresivo título de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, enmiendas que serán luego sometidas a votación, con la autorización que ya les anuncio, por si quieren comentarlo las señorías que han intervenido en el debate, a los servicios jurídicos para adecuar la ordenación de algunos preceptos que han de cambiar por la introducción de enmiendas en el Senado, no ya correcciones técnicas, especialmente en relación con el artículo 14 del proyecto, según me señalan los servicios jurídicos.


DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS HISPANO- PORTUGUESAS, HECHO EN ALBUFEIRA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998. (Número de expediente 110/000259.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día, que comprende el debate de totalidad del convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998.
Al proyecto de convenio se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista que tiene naturaleza de totalidad -según calificación de la Mesa-, que defenderá en su nombre don Víctor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta esta propuesta de denegación de la autorización solicitada por el Gobierno para la ratificación de este convenio, que, me permito recordarles, tiene como objeto definir el marco de cooperación entre las partes para la protección de las aguas superficiales y subterráneas de los ecosistemas acuáticos y terrestres directamente dependientes de ellos y para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana.Me voy a permitir fijar la posición del Grupo Socialista con esta enmienda de totalidad, que no es una enmienda de totalidad similar a la que se presenta a otras normas, pues la especificidad de la tramitación parlamentaria de este tipo de iniciativas nos hace efectuar las siguientes consideraciones.
En primer lugar, ésta que podríamos considerar enmienda de totalidad lo es solamente a aspectos muy determinados del citado documento, que vienen consignados más específicamente en el anexo II del mismo. En segundo lugar, deseamos que se consolide el buen entendimiento entre ambos países que se refleja con la firma de este convenio, y hemos de agradecer al Gobierno portugués la buena disposición que ha tenido en todo momento para que este acuerdo se llevara a cabo. En tercer lugar, nuestra posición de no ratificación de esta solicitud no tiene nada que ver con los acuerdos sobre la gestión del agua en las diversas cuencas transfronterizas y somos conscientes de que las buenas relaciones que existen en política de aguas a ambos lados de la frontera han de ser cada vez más estrechas. Por tanto, que nadie diga, interprete o afirme

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que el Grupo Socialista está en contra de un acuerdo que las autoridades portuguesas han firmado de buena fe. En cuarto lugar, se trata de plantear modificaciones muy concretas, de indudable repercusión social, a este lado de la frontera, que nada tienen que ver con una adecuada política de aguas a desarrollar entre ambos países. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Es en los puntos de los anexos, más concretamente en uno de ellos, donde queremos fundamentar nuestra oposición a esta ratificación. El que más rechazo nos produce es el contenido en el anexo II cuando se hace referencia, en los impactos transfronterizos, en el número 4, letra c), a «instalaciones para almacenamiento de productos peligrosos, incluso radiactivos, o de eliminación de residuos en función de su capacidad y del recorrido potencial de propagación hasta la frontera». Desde nuestro punto de vista, este punto debiera desaparecer del convenio. El hecho de que se contemple la posibilidad de impacto transfronterizo para el almacenamiento de productos peligrosos e incluso radiactivos, es decir el hecho de que se hable del impacto de un cementerio nuclear, da pie a pensar que el Partido Popular o el Gobierno piensan en la próxima construcción de esta instalación, ya que en Portugal no tienen por qué almacenar este tipo de residuos porque en principio no tienen centrales nucleares.
Desde octubre de 1996 hasta abril de 1999 ha funcionado en el Senado una ponencia para el estudio de la problemática generada por los residuos radiactivos. Después de tres años de trabajo, de comparecencias de expertos y de muchas aportaciones de gente preocupada por este problema, el Partido Popular presentó un informe, que fue rechazado incluso por los propios senadores del PP, en el que se incluían las siguientes propuestas. Continuación de los trabajos para la construcción de un almacenamiento geológico profundo, en particular un laboratorio subterráneo experimental para almacenamiento de residuos radiactivos de larga vida y actividad.
Construcción de almacenamientos transitorios o centralizados para almacenar transitoriamente los residuos de centrales nucleares.
Elaboración de una ley de residuos radiactivos. Estas propuestas, como he dicho antes, fueron rechazadas por todos los grupos, incluso por los senadores del Partido Popular.
Los senadores socialistas se opusieron en aquel momento a este informe, puesto que no existe consenso científico y tecnológico internacional sobre la solución al almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad. Si el Partido Popular quiere que se construya un almacenamiento geológico profundo o un almacenamiento transitorio para defender determinados intereses, lo que debiera hacer es decirlo, lo que debiera hacer es plantearlo, decir claramente cuándo y dónde lo quiere hacer. Queremos saber cuáles son las intenciones de haber contemplado en este convenio ese párrafo que nada tiene que ver con lo que ha de ser una política hidráulica, una política de aguas entre ambos países.
En segundo lugar, no hay necesidad alguna de construir almacenamientos transitorios centralizados, pues pueden almacenarse en cada una de las piscinas de las centrales nucleares en las que se generan los propios residuos.La inclusión de este apartado en un convenio de estas características, desde nuestro punto de vista, implica la voluntad del Gobierno español de acometer la construcción de este tipo de instalaciones. Si es así, como he dicho antes, que lo diga y que lo conozca todo el mundo, y si no es así, le pediría al Gobierno y le pediría al Partido Popular que se retirara este párrafo, a fin de evitar que ni siquiera se piense en llevar a cabo este tipo de iniciativas.
Existen otro tipo de razones -más que rechazo al texto, que nos parece correcto en su expresión literal-, pero para hacer una crítica a cómo ha quedado redactado el propio convenio y la responsabilidad que tiene el Gobierno español respecto a sus relaciones con el Gobierno de Portugal. Me estoy refiriendo a las dudas que van a plantearse a partir de ahora en una serie de aspectos que consideramos importantes. La reforma de la Ley de Aguas respecto de la cesión de derechos de agua que en un punto posterior del proyecto vamos a discutir, unida al reconocimiento expreso de no conocer el número exacto de aprovechamientos, implica la existencia de dudas muy razonables sobre el cumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones precisas con el Estado portugués en todo lo relacionado con aprovechamientos, caudales, concesiones, mercado de agua, etcétera. Solamente una base de datos muy precisa que ahora no tenemos podría atender las obligaciones que el Estado español asume respecto al portugués.
En la presentación de esta enmienda de totalidad hacíamos referencia a un problema que se le plantea al Gobierno español y no al portugués -es problema del Estado español-, ya que la falta de publicación de los planes hidrológicos de cuenca introduce una seria dificultad en cuanto a su aplicación porque no están en vigor. Por tanto, de mala manera se puede decir que la planificación hidrológica española va a poder hacer frente a los compromisos que están planteándose en este convenio.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MORLÁN GRACIA: Acabo enseguida, señor presidente.
Por último, la falta de transposición de la Directiva 97/11 de la Unión Europea, que se deriva del Convenio sobre evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterizo, que tenía que haber sido transpuesta a más tardar el 14 de marzo del presente año, introduce dudas razonables.
Pero ya digo, no son estos últimos temas, relacionados con el impacto, con la falta de transposición de la directiva, con la no publicación de los planes hidrográficos de cuenca o con el propio desarrollo de la Ley de

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Aguas, los que motivan con rotundidad esta enmienda de totalidad.
Esta enmienda está basada en la existencia de ese párrafo que consagra la posible existencia más o menos futura de un cementerio nuclear en España y lo que hace el Gobierno español es anticipar esa posibilidad. Para evitar que eso se produjera, respetando el conjunto del convenio en todos los aspectos relacionados con el agua, nos gustaría que ese párrafo desapareciera del texto del convenio.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán. ¿Grupos parlamentarios que deseen utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando hablamos de la toma en consideración de convenios internacionales se produce el debate en esta Cámara en unos términos en los que cualquier modificación significa una enmienda a la totalidad, es decir, devolvérselo al Gobierno para que modifique, precise y articule otro texto. Es muy difícil que, en un convenio de cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas entre Portugal y España, podamos pasar por alto que no se haga mención de algunos de los problemas que han surgido como causa del debate de la enmienda a la totalidad que ha defendido el portavoz del Grupo Socialista, don Víctor Morlán.
¿Por qué? Primero, porque no afecta al texto definitivo del convenio, pero sí a los anexos. Segundo, porque estamos hablando de los efectos que sobre las aguas tienen determinadas actuaciones medioambientales.
Tercero, porque esos efectos pueden no ser sólo sobre las aguas, sino sobre la relación transfronteriza que tienen algunas de nuestras ciudades. ¿De qué estamos hablando? De los impactos que puede producir el almacenamiento, por un lado, de materias peligrosas, de materias radiactivas o de cualquier otro tipo. Un país como el portugués, que tiene una necesidad de agua tremenda, que necesita que se concreten determinadas actuaciones, lógicamente está en condiciones de aceptar todo lo que tenga que aceptarse. Pero es que tanto si se produce el almacenamiento en nuestro territorio -en el caso del almacenamiento radiactivo, porque en Portugal no tienen centrales nucleares-, como si se produce en territorio portugués, porque así lo decidan, sea a un lado de la frontera o al otro, consideramos que la actuación del almacenamiento debe ir unida a la desaparición o desmantelamiento de las centrales nucleares y a medidas muy diferentes de las que aquí se plantean. Pero no solamente estamos hablando de almacenamientos radiactivos, de cementerios nucleares, podemos estar hablando de cementerios de otras materias. Estamos viendo cómo en Europa los países desarrollados van buscando que sus residuos se resitúen en algunas zonas -digamos que en vías de desarrollo- vía compensación. Ese uso no nos parece bien en la relación internacional. Estamos utilizando determinados países de los que sacamos las materias primas hoy para almacenar nuestros residuos de las zonas desarrolladas vía compensación de obras determinadas que administran las administraciones competentes.Por eso consideramos que es un abuso de la necesidad poner en este convenio algo que puede ser necesario hoy para el Partido Popular a la hora de gobernar o de tomar decisiones, o por el Gobierno que en cada caso sea competente, pero que no es bueno para los ciudadanos de ambos países establecerlo en un convenio. Porque al final, ¿qué es lo que se quiere decir aquí? Si nosotros hacemos el almacenamiento y les puede afectar a ustedes, ustedes ya aceptan que eso se va a recibir sin una confrontación, una oposición que nos impida ponerlo en marcha. A priori es un perjuicio para un tipo de desarrollo, para un tipo de relación más compatible con el medio natural, máxime cuando estamos hablando de aguas y cursos de aguas.
Hace poco, cuando debatíamos sobre el Libro Blanco del agua, una de las cosas que detectaba el Libro Blanco del agua era el volumen de contaminación radiactiva que tienen nuestros cursos a causa de nuestras propias centrales nucleares, algunos de ellos, en la zona de influencia del Tajo-Segura, en porcentajes altísimos, por encima de lo permitido, que se van reduciendo conforme avanza el cauce por la mezcla de otros afluentes o de otras vertientes. Aquí estamos hablando de una situación parecida. Portugal está en la cola de todos nuestros grandes cursos fluviales, pero no tiene por qué recibir una calidad de agua, una calidad ambiental o una calidad del aire en función de unas actuaciones que aquí podamos llevar a cabo.
Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda, sabiendo que no es una enmienda a la totalidad stricto sensu, porque no quiere cambiar todo lo que se ha negociado; lo que quiere es conseguir la precisión, para evitar que se pueda cometer esta barbaridad. Lo malo es que nos encontramos en un convenio y eso significa la devolución al Gobierno para que precise esto. Fíjense que incluso en la argumentación que ha dado el portavoz socialista es el Gobierno el que tendrá que resituarlo en la nueva negociación, suponiendo que se aprobara.
Hombre, atrasa un poco o aplaza la discusión. En todo caso, tampoco sería un problema para que la pudiéramos respaldar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Reconociendo que no es mala táctica parlamentaria la de presentar una enmienda a la totalidad a una propuesta

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de denegación de autorización basada en una serie de argumentos que se expresan por escrito para después situar el debate en una materia completamente distinta a la que aparece en el Boletín Oficial de Las Cortes, tengo que señalar que la decisión de negociar este convenio se tomó en la 10ª cumbre bilateral hispano-lusa celebrada en Mallorca en 1993, que en septiembre de 1995 tuvo lugar la primera ronda de negociaciones pero que no se dieron avances reales hasta 1997 y 1998.
El Grupo Socialista presenta una propuesta de denegación de la autorización solicitada por el Gobierno al Parlamento que basa en una serie de razones que constan en el «Boletín Oficial de las Cortes» y a las que yo me voy a referir, porque entiendo que son las que justifican la iniciativa del Grupo Socialista. El Grupo Socialista se basa en una pretendida imposibilidad de cumplimiento de los términos del convenio por una serie de razones. Apunta la incompatibilidad con la reforma de la Ley de Aguas promovida por el Gobierno y remitida a esta Cámara; asegura que la transferencia de derechos, la privatización del agua e incluso la creación de sociedades estatales son incompatibles con los términos del Gobierno; subraya que la no publicación de los planes hidrológicos impiden el intercambio general de información que contempla el convenio y, por último, denuncia el retraso en la trasposición al derecho español de la Directiva 97/11, a la que ha hecho referencia el señor Morlán.
Tras un análisis detenido del texto que ha presentado el Grupo Socialista a esta Cámara y no de las razones accesorias que ha apuntado el señor Morlán en su intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tengo que señalar que el Grupo Socialista no aporta en la iniciativa ninguna razón ni contra la filosofía ni contra los objetivos concretos del convenio, y es de justicia reconocer que así lo ha dicho el señor Morlán en su intervención. No llega a defenderlo pero tampoco lo rechaza expresamente, lo que, por otra parte, significa un cierto ejercicio de coherencia por parte del Grupo Socialista, ya que la génesis de este convenio se produce precisamente durante un gobierno socialista, en la cumbre bilateral de Mallorca de 1993, a la que antes he hecho referencia. Incluso el texto que fue objeto de las negociaciones políticas ulteriores también procede de la época de los gobiernos socialistas. Este convenio constituye, por tanto, el resultado de una actuación de Estado que es ajena a consideraciones de índole partidista y el Grupo Parlamentario Popular entiende que este es el único enfoque posible para el conjunto de relaciones entre dos países amigos, vecinos y aliados como son España y Portugal.
En segundo lugar, carece de fundamento la alegación de una supuesta incompatibilidad entre la reforma de la Ley de Aguas y este convenio con Portugal, porque en esta reforma no se introduce ninguna medida que impida el cumplimiento escrupuloso de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el convenio, en especial la de facilitar mutua y recíprocamente información.
En tercer lugar, no está justificada la alusión a una reducción de las inversiones en obras hidráulicas. Baste recordar que en 1998 se han recuperado los niveles inversores de 1996, que gran parte de estas inversiones se destinan a la mejora de la calidad de las aguas, concretamente para la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales, que es un aspecto fundamental de este convenio y que la alusión a las sociedades estatales tampoco tiene fundamento alguno porque precisamente dichas sociedades estatales, aparte de contribuir a mejorar la gestión de las competencias en materia de aguas, van a suponer un extraordinario y profundo esfuerzo inversor complementario.
En cuarto lugar, da la impresión de que el Grupo Socialista no se ha informado suficientemente a la hora de redactar esta propuesta de denegación, porque en todo momento Portugal ha estado informada de todo lo relativo a la elaboración de los planes de cuenca. El eventual retraso en la publicación oficial no ha impedido en ningún momento la entrega recíproca de información de forma bilateral. Los planes están plenamente vigentes y eficaces desde su aprobación por el Real Decreto 1664, de 24 de julio de 1998, y el único texto pendiente de publicación lo es sólo a efectos de facilitar su consulta.
En quinto lugar, y por último, la iniciativa del Grupo Socialista se refiere a un retraso en la trasposición de una directiva comunitaria relativa al impacto ambiental. Sin entrar en las causas y la justificación de este retraso, se constata que no constituye impedimento alguno para la aprobación y posterior entrada en vigor del convenio, porque en el convenio se incluye un listado de tipología, adaptaciones y de características mínimas que deberán ser sometidas a una evaluación bilateral de impacto ambiental, lista -la contemplada en el proyecto- que es incluso más detallada y estricta que la de la futura directiva, aparte de que la directiva está ya siendo aplicada en ambos países.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Seco, le ruego concluya.


El señor SECO GORDILLO: Estoy concluyendo, señor presidente.
Llama la atención que el Grupo Socialista se separe del consenso que tradicionalmente ha existido en las políticas de Estado, concretamente en política exterior y especialmente en lo que se refiere a las relaciones con un país vecino y hermano como es Portugal y que lo haga por pretendidas razones de forma, de imposibilidad de cumplimiento -ese es el texto, señor Morlán, de su iniciativa y no otro-, y no por discrepancias sobre el fondo del asunto. Uno no puede sino preguntarse si tiene algo que ver que a continuación, en esta misma sesión parlamentaria, vayamos a debatir la modificación de la Ley de Aguas que presenta el Gobierno a esta Cámara.
Concluyo, señor presidente, señalando que me gustaría que fuéramos serios en esta Cámara, que discutamos

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sobre la Ley de Aguas lo que tengamos que discutir en el debate que se va a producir a continuación, pero que no enturbiemos un convenio con el país vecino y hermano de Portugal para preparar el terreno de un debate posterior. En consecuencia, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular entiende que el convenio beneficia a ambos países, tanto a España como a Portugal, y votará en contra de la propuesta de denegación de autorización del Grupo Socialista y a favor del convenio.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Seco.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego desconecte ese artefacto que porta. Señor MartínezPujalte, le llamo al orden y además le prevengo muy seriamente que si en alguna ocasión llega a producirse la llamada telefónica le retiraré el teléfono. (Aplausos.) Vuelvo a recordar a SS.SS. que el uso de ese tipo de artefactos está prohibido en el hemiciclo.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.):

- PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS. (Número de expediente 121/000124.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.
Enmiendas del Senado, en primer lugar, al proyecto de ley de cooperativas. Sometemos a votación las enmiendas a los artículos 16.4, 28.4, 35.3, 70.1 d) y 100.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 154; en contra, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Se vota ahora la disposición adicional novena.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 156; en contra, 131; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición.


Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 286; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de cooperativas.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/ 000143.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a aquellas enmiendas que la Cámara Alta ha formulado al proyecto de ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se someten a votación todas las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 275; en contra, 10; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al citado proyecto de ley.


DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.):

- CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS HISPANO- PORTUGUESAS, HECHO EN ALBUFEIRA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998. (Número de expediente 110/000259.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al punto IX, enmienda de totalidad que ha formulado el Grupo Socialista proponiendo la denegación de la autorización al convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998. Se somete a votación la enmienda de totalidad del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 136; en contra, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la enmienda de totalidad.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (PROCEDENTE

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DEL REAL DECRETO-LEY 1/1999, DE 8 DE ENERO). (Número de expediente 121/000159.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último bloque de debate, constituido por los puntos X y XI del orden del día, que serán sometidos posteriormente a votación.
Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud, procedente del Real Decretoley 1, del presente año, de fecha 8 de enero. Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor Caballero intervendrá para la defensa de sus enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (El señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.- Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego guarden silencio al abandonar el hemiciclo.
Puede comenzar, señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en este debate para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) ha mantenido después del trabajo efectuado por la ponencia y la Comisión de Sanidad y Consumo.
He de señalar que en la fase previa al debate de hoy en el Pleno gran parte de las enmiendas que habíamos presentado al proyecto enviado por el Gobierno han sido admitidas.
Me gustaría hablar en primer lugar de la organización general de la sanidad y el Sistema Nacional de Salud, cuyos antecedentes más primarios lógicamente se encuentran en el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de salud -artículo 43 de la Constitución-, que efectúa dicho reconocimiento integrando este derecho entre los principios rectores de la política social y económica y encomendando a los legisladores la tarea de articular el conglomerado de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. Conviene indicar que la previsión constitucional se desmarcó de la existencia de un régimen público de la Seguridad Social -artículo 41 de la Constitución-, lo que hacía prever la necesidad de que los poderes públicos configuraran un sistema público de sanidad separado de la Seguridad Social, pretendiendo por tanto la transformación de éste y la creación de una acción pública sanitaria de carácter universal desvinculada de la previsión social pública. El planteamiento del constituyente habría que completarlo con la referencia al esquema correspondiente de reparto competencial. La Ley 14/1986, General de Sanidad, ejecutó los mandatos constitucionales y configuró el sistema público de sanidad estableciendo su progresivo deslinde de la Seguridad Social, algo que va materializándose poco a poco en la medida en que se han ido efectuando los procesos transferenciales en cuanto a las organizaciones de servicios y en la medida en que se han ido regulando exclusivamente para sanidad aspectos como las prestaciones, la financiación y otros. En el plano organizativo, la Ley General de Sanidad estableció el concepto coordinador del Sistema Nacional de Salud como elemento aglutinador de la auténtica base de organización que corresponde a las comunidades autónomas con competencias, a través de su respectiva organización de medios personales y materiales que la ley denomina servicio de salud. Las leyes de Euskadi han atribuido este papel a Osakidetza.
En cuanto a la organización de la sanidad y sus medios, el fenómeno citado de desvinculación respecto a la Seguridad Social y de configuración de la organización pública propia de sanidad ha tenido diversos hitos históricos. Por lo que se refiere a los medios materiales destinados a la asistencia sanitaria, las comunidades autónomas con competencias han configurado su servicio de salud aglutinando progresivamente los centros sanitarios procedentes de la organización de Seguridad Social junto a los precedentes de titularidad local y a los nuevos que ha ido creando. (Rumores.) Interesa destacar que los centros sanitarios pertenecientes a la organización de Seguridad Social...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Caballero.
Señorías, les ruego guarden silencio.Señora Rubiales, por favor.
Puede continuar, señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.


Decía que interesa destacar que los centros sanitarios pertenecientes a la organización de Seguridad Social han permanecido atados al patrimonio de la Seguridad Social, de modo que por falta de un tratamiento económico financiero definitivo sobre dicho sistema por parte del Estado no se ha transferido a nadie la titularidad y sólo se han transferido derechos de uso. La perspectiva puede ser distinta para el Estado, que tiene en el Insalud el servicio de salud de su ámbito territorial de competencia. Sólo teóricamente es la organización pública de sanidad, porque en la práctica no ha variado su anterior concepción como organización de Seguridad Social, mientras que para una comunidad autónoma, como es el caso de Euskadi, tiene en Osakidetza una organización exclusivamente para sanidad, desligada completamente de la Seguridad Social.
En cuanto a los medios personales de la organización de sanidad, en la trayectoria descrita podemos ver que la historia del personal destinado en los centros sanitarios ha seguido los siguientes pasos.
En primer lugar, en cuanto a la situación preconstitucional, la concepción preconstitucional de una sanidad de Seguridad Social conllevó una organización peculiar de personal, hasta el punto de que el personal de la Seguridad Social al que se le encomendaba las funciones de asistenciasanitaria dispuso de un régimen jurídico especial

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para su relación de empleo. El llamado régimen estatutario de la Seguridad Social surgió como consecuencia de una labor compilativa de finales de los sesenta y principios de los setenta para reducir la dispersión de normas sectoriales sobre empleo público que excepcionaban el régimen general de los funcionarios civiles del Estado, caso similar al docente. Sus peculiaridades entroncan con el espíritu liberal del servicio sanitario y con el régimen de especialidades que tienen las profesiones sanitarias. Con todo, la mayor especialidad era práctica al atribuir a la jurisdicción social, entonces magistraturas, el conocimiento de la conflictividad laboral, haciendo una excepción de trato respecto a los tribunales contencioso-administrativos competentes en los asuntos de los funcionarios públicos. Según la Ley General de Sanidad de 1986, ya en el esquema postconstitucional, el personal de la organización pública de sanidad estaría compuesto lógicamente por el personal procedente de los centros de Seguridad Social más el personal de nuevo ingreso que en lo sucesivo fuera accediendo a los respectivos servicios de salud. La Ley General de Sanidad simplemente planteó el esquema, llamando incluso estatuto marco a la norma del Estado de carácter básico que debiera tratar la Función pública en el ámbito de los servicios de salud con arreglo a la Constitución. En la etapa de Gobierno del Partido Socialista, los gobiernos del PSOE tuvieron en sus manos varios borradores de estatuto marco pero no llegaron nunca a su aprobación en el Congreso. En su lugar se han seguido aplicando las normas preconstitucionales reguladoras de los estatutos jurídicos del personal de la Seguridad Social, satisfaciéndose sus lagunas con la propia legislación de Función pública y con los acuerdos de condiciones de trabajo que ha ido produciendo la negociación colectiva en el ámbito de cada servicio de salud. En la etapa de Gobierno del Partido Popular, el acuerdo en la subcomisión formada en el Congreso retomó el objetivo de elaborar el estatuto marco de personal. Se contó con un borrador elaborado con cierto consenso, no total, parado hasta octubre de 1998 para no interferir en los procesos electorales sindicales. También se produce entre 1997 y 1998 un intento de actualizar toda la regulación de Función pública, llegándose a elaborar el llamado estatuto básico de la Función pública, que también quedó paralizado. En estos momentos, la preocupación al presentar este proyecto de ley reside sobre todo en salvar los procesos de OPE que están en marcha, si bien una vez consolidado el real decreto-ley en el Congreso sigue teniendo gran importancia contar con una ley que disponga la cobertura necesaria en el futuro.
Entrando ya concretamente en el ámbito de las tres enmiendas que tenemos mantenidas para este debate, anuncio que vamos a retirar las enmiendas 1 y 21 en base a mantener el consenso con el grupo del Partido Popular y con los dos grupos que apoyan al Gobierno.
Mantenemos la enmienda 16, relativa a la aplicación de esta ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en base a la disposición adicional primera de la Constitución.
Al mantener una nueva disposición adicional entendemos que se trata de atender y conjugar las realidades políticas, jurídicas y fácticas que afectan al servicio de salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hay que constatar la disponibilidad del ordenamiento jurídico en general como marco apropiado para actualizar los derechos históricos que hubieran podido corresponder al pueblo vasco como tal en virtud de su historia y que reconoce, ampara y respeta la Constitución española a través de su disposición adicional primera.
La justificación práctica más expresiva está en la composición completamente distinta que presenta también el entramado de agentes sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, patente en su servicio de salud y en el propio marco organizativo singular de este mismo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana) : Muchas gracias, señor Caballero.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida mantiene al real decreto tramitado como proyecto de ley. Para que SS.SS. puedan entender algo de lo que está sucediendo, es indispensable denunciar que una vez más el Grupo Parlamentario Popular ha utilizado de manera absolutamente torticera el Reglamento del Congreso para impedir que los grupos parlamentarios podamos ejercer nuestro derecho de propuesta y nuestro derecho de enmienda a una ley.
El Real Decreto de enero 1999 pretendía modificar el artículo 4 de la Ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional al considerar esta ley impropia para regular los asuntos que en ella se contenían. No obstante, todo lo que está sucediendo en torno a la reforma del sistema sanitario ha permitido que el Grupo Parlamentario Popular continúe utilizando esta Ley de acompañamiento para aspectos tan trascendentales como la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud con la creación de fundaciones sanitarias. Es decir, que el error legislativo que pretendía subsanar este real decreto está mantenido e incrementado con la Ley 50/1998 y, por tanto, una sentencia coherente del Tribunal Constitucional pudiera abundar en la misma jurisprudencia que llevó a la anulación de este real decreto. Por consiguiente, señorías, las enmiendas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida defiende en este momento no son enmiendas al proyecto de ley porque la técnica parlamentaria lo ha impedido. El Grupo Parlamentario Popular se ha encargado de dar la vuelta,desde el título a la exposición de motivos, a todo el

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contenido del real decreto, de modo que no había manera de enmendar lo que realmente es un proyecto de ley en estos momentos.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley mantiene aspectos absolutamente inadmisibles. Nosotros, como es natural, estamos preocupados por la cantidad de pruebas selectivas de concurso que la sentencia del Tribunal Constitucional suspendió y apoyamos, como no podía ser de otra manera, que la norma siga en vigor de modo que esos procesos de selección de plazas puedan realizarse a la mayor brevedad posible, pues llevan ya un retraso considerable por estos nueve años que han transcurrido desde que se pretendió regular estos aspectos en 1990. Mi grupo parlamentario mantiene enmiendas que básicamente están dirigidas a cuestionar la forma en la que el Grupo Parlamentario Popular pretende proveer las plazas de personal directivo. Los que de SS.SS. sigan el debate sanitario recordaran cómo el Grupo Parlamentario Popular, coincidiendo en esto con Izquierda Unida, denunciaba en aquel entonces la forma de proveer plazas de personal directivo por el mecanismo de libre designación. Desgraciadamente, la llegada al Gobierno del Partido Popular ha incrementado el ámbito de la discrecionalidad en la utilización de plazas de libre designación que alcanza a todo el personal directivo, incluidas las jefaturas de unidad. Esta discrecionalidad amplísima en la selección de plazas de personal directivo de los servicios sanitarios es especialmente grave cuando el propio Ministerio de Sanidad, el Insalud, atribuye a este personal directivo la capacidad de decisión para la transformación de los centros sanitarios en fundaciones sanitarias. Los puestos de libre designación con contratos de alta dirección y la revocación del cargo por la misma autoridad que lo designó hacen que el conjunto del personal directivo sea rehén político en este caso del Gobierno del Partido Popular y sea absolutamente dócil, por la cuenta que le tiene, para llevar a cabo los deseos del Partido Popular en cuanto a la transformación del sistema sanitario.
Este proyecto de ley tiene también aberraciones y, en opinión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el trámite normal de un proyecto de ley del Gobierno y el dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado hubieran rechazado, sin ninguna duda, aspectos tan relevantes como los que voy a señalar a continuación. En el artículo 5.5 se propone que con carácter extraordinario, y sin que en ningún momento se regule qué quiere decir ese carácter extraordinario, para acceder a una plaza determinada el concurso consistirá en la valoración (se decía global, no baremada, ahora no se dice nada) discrecional, sin que haya ningún tipo de baremo ni de prueba objetiva utilizada como elemento de evaluación, del curriculum profesional, docente, etcétera. Es decir, se plantea la adjudicación arbitraria de plazas con carácter extraordinario, insisto, sin que nadie regule qué quiere decir extraordinario. Otro elemento que desde mi punto de vista no hubiera superado la comparación con el cuerpo jurídico que regula la provisión de plazas es que se mantiene que los miembros de los órganos de selección de personal estatutario puedan ser personal fijo de las administraciones públicas, etcétera, o de los centros concertados o vinculados al Sistema Nacional de Salud. Es decir, se propone exactamente que el personal de clínicas privadas participe y decida en la selección y provisión de plazas de personal estatutario. Son aberraciones jurídicas de primera magnitud, insisto, y una torticera técnica legislativa no ha permitido que los controles del Estado...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le ruego concluya.


La señora MAESTRO MARTÍN: Termino inmediatamente, señor presidente.
... que los controles del Estado que garanticen y aseguren que las leyes que este Congreso de los Diputados aprueba no contradicen flagrantemente el cuerpo jurídico previo y que elementos de seguridad y de garantía no son vulnerados. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pide el voto afirmativo para las enmiendas que mantiene, aun con toda la precariedad que parece instalada en la técnica legislativa que caracteriza la tramitación de este proyecto de ley, y anuncia que votará en contra del dictamen.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Maestro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Es este un proyecto de ley esperado por los profesionales de la sanidad pública que ha sufrido una accidentada y no siempre adecuada gestación. Posiblemente el camino seguido no ha sido el más acertado, pero lamentarse a destiempo tampoco nos conduciría a ninguna otra parte. Como aquí ya se ha dicho, su objetivo es establecer por parte del Gobierno las bases normativas de selección y provisión de plazas del servicio público sanitario. Dado que dentro del ámbito de la legislación compartida, y pese a que hubieran podido obviarse en esta norma ordenamientos que se asemejan por su carácter a normas complementarias, nuestro grupo da explícitamente su voto favorable al texto que hoy se presenta ante la Cámara porque crea un marco unitario que, aunque mejorable, da la posibilidad del desarrollo legislativo por parte de las administraciones con competencias en la materia.
Las enmiendas presentadas en su momento por nuestro grupo fueron aceptadas en Comisión por el Grupo Popular y apoyadas por los grupos Vasco y de Coalición Canaria, y han abierto en varios puntos del articulado, de manera razonablemente satisfactoria, la

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posibilidad de opciones diversas de desarrollo en defensa y apoyo de las competencias autonómicas y la singularidad de su sistema de salud. Asimismo han evitado la persistencia en el proyecto de elementos homogeneizadores que hubieran condicionado aquella capacidad normativa para poder desarrollar una política sanitaria propia. Por ello, señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo suscribe el dictamen de la Comisión.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Corominas.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo hoy, aquí, un proyecto de ley que demuestra una vez más cuál es el talante del Partido Popular y del Gobierno que sustenta este grupo en relación con los temas sanitarios y con el papel que cree debe desempeñar el Parlamento. En todo lo que llevamos de legislatura no se ha producido ninguna discusión de un proyecto de ley siguiendo los trámites normales que prevé el Reglamento de la Cámara. Los únicos que se han discutido son aquellos que provienen de su transformación en proyecto de ley a partir de reales decretos-leyes. Este es otro. En su momento el real decreto- ley que da soporte a la discusión que hoy tenemos aquí estaba justificado al haber quedado derogado el Real Decreto de 1991, que quedó anulado por sentencia del Tribunal Superior y, por tanto, estaba justificada la urgencia del mismo para dar cobertura a las convocatorias que estaban en marcha. Una vez más, el Partido Popular ha aprovechado esta circunstancia para transformar radicalmente este real decreto-ley, derogándolo en su totalidad y modificando el título que tenía , para elaborar un proyecto de ley por la vía de las enmiendas. No se ha atrevido a presentar, como hubiera sido lo correcto, una enmienda de totalidad al real decreto-ley, que es lo que de hecho ha sucedido, sino que se ha limitado a presentar enmiendas parciales, lo que ha impedido una tramitación adecuada por parte de los distintos grupos parlamentarios para que pudieran presentar enmiendas al mismo. Además, este real decreto se ha tramitado como proyecto de ley por compromisos anteriores del Gobierno. Antes de que llegara el real decreto al Congreso de los Diputados, el subsecretario de Sanidad había manifestado ya a algunos interlocutores sociales que no se preocuparan porque lo iban a modificar en su trámite como proyecto de ley a su paso por el Congreso. Por tanto, las decisiones se toman fuera de este hemiciclo y hay compromisos con determinados grupos sociales antes de que los representantes de la soberanía popular tengan ocasión de analizar estos temas.
Estas razones de fondo invalidan el proyecto de ley que hoy discutimos, y serían causa suficiente para votar en contra. No podemos olvidar que en democracia las formas son muy importantes, pero las formas son también el fondo, y en los tema sanitarios nunca se han mantenido estas formas. Lo venimos denunciando reiteradamente, lo hemos manifestado por activa y por pasiva, pero la política continúa siendo la misma.
Pero no sólo por la forma estamos en contra de este proyecto de ley, sino por el fondo. Hay elementos contradictorios, hay una mala técnica legislativa y hay algunos aspectos que pueden dar lugar a confusiones graves. Tal como ha quedado redactado este proyecto de ley, pretende dejar las manos libres para que la discrecionalidad de las distintas comunidades autónomas y del Insalud sea tal que puedan regular como quieran la selección de personal. Este proyecto se podría reducir a un artículo único, el artículo 5, y a alguna disposición adicional. Veamos el artículo 5 que, a nuestro entender, es el más importante. En dicho artículo se fijan los procedimientos para la selección de personal y se dice que será, con carácter general, a través del concurso-oposición, como venía siendo. Pero inmediatamente se desnaturaliza este sistema, como sucede en casi todos los aspectos, y se señala que cuando las características socioprofesionales del colectivo lo aconsejen, será por oposición, y cuando las peculiaridades de la tarea específica lo aconsejen, será por concurso. ¿Quién determina cuáles son las características socioprofesionales del colectivo? ¿Quién determina cuáles son las peculiaridades de las tareas específicas? Evidentemente, no está descrito ni se piensa describir. Por estas razones, el carácter general del concurso-oposición queda totalmente anulado.
En este artículo hay, además, un punto 5, que antes mencionaba la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por el que se dejan las manos totalmente libres. Cuando con carácter extraordinario se determine -se supone por la gerencia del centro, que será nombrada a dedo- el acceso a una plaza determinada, consistirá en un concurso sin baremo. Es una valoración global.
Finalmente, en el último punto de este artículo 5, que es el que determina el súmmum de las contradicciones, se recoge la formación de los tribunales. Dice que podrán formar parte de los tribunales cualquier personal fijo de las administraciones públicas o de los centros concertados o vinculados al Sistema Nacional de Salud, como también comentaba la portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Me parece que es la primera vez en la historia que un competidor -con una de las concepciones que el Ministerio quiere implantar, que es la competencia regulada entre proveedores públicos y privados- del sistema público, que son los proveedores privados, va a determinar qué personal va a trabajar en la empresa competidora pública.
Esperemos que el Partido Popular impregne esta filosofía en todas sus acciones y en la contratación de personal en las empresas privadas la Administración pública también tenga algo que decir, en justa correspondencia con lo que se les ofrece en este punto 8 del artículo 5.


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Por tanto, ya se ve que este artículo no se sostiene demasiado.
También se introduce una novedad, que es la creación del personal estatutario temporal. Es decir, no se dice que el personal temporal se regirá por el régimen estatutario, sino que se le da la categoría de personal estatutario. Es una novedad que puede tener también sus repercusiones. No se fijan las normas que se van a seguir para la contratación de este personal estatutario temporal. Se dice que se utilizarán procedimientos que permitan la máxima agilidad.
Evidentemente, el procedimiento que permite la máxima agilidad es el nombramiento discrecional y rápido por parte de la dirección. Aquí sí que se introduce una discriminación respecto al personal estatutario fijo, en el sentido de que este personal tendrá un período de formación, mientras que el personal eventual tendrá un período de prueba.
Finalmente, en esta línea de falta de rigor, quiero señalar algunas disposiciones adicionales. Por ejemplo, en el título de la disposición adicional décima debería decirse: sistema de provisión de puestos de carácter directivo del Insalud, porque no afecta a todos los sistemas de salud, sino que hace referencia explícita al Insalud, y no se señala. Aquí hay una contradicción que espero que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me aclare. Se dice en esta disposición adicional décima que los puestos de carácter directivo se proveerán por el sistema de libre designación y que en las convocatorias para la provisión de estas plazas podrán participar tanto el personal estatutario como los funcionarios públicos. Por tanto, no se entiende muy bien lo que dice el punto 4, de que se podrán proveer estos órganos de dirección de acuerdo con el régimen laboral especial de alta dirección...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Corominas, le ruego concluya.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente. Termino enseguida.
Si en la provisión de estos órganos de dirección sólo puede participar el personal estatutario o funcionario, algunos de los gerentes actuales difícilmente podrían mantenerse en su puesto de trabajo.
Por último, en la exposición de motivos también hay algunas incorrecciones y afirmaciones que no se contrastan con el título. Por lo que se refiere a nuestra posición en relación con las enmiendas, vamos a votar a favor de las presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida y en contra de la presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Esperemos que este proyecto de ley que, como decimos, consagra la discrecionalidad en la selección y provisión de plazas en los sistemas de salud, en el que se equipara a una institución sanitaria de la Seguridad Social, como el Insalud, a una organización de un sistema de salud -por tanto, no sé si quieren cambiar el régimen jurídico o no-, no sirva ni se utilice para que familiares y amigos de portavoces y altos cargos directivos del PP ocupen cargos en el Sistema Nacional de Salud.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Corominas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Villalón.


El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo al dictamen de la Comisión de Sanidad sobre el proyecto de ley de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud. En primer lugar, señor presidente, me parece obligado hacer un comentario a los que han servido de introducción a los dos portavoces de los grupos de la oposición, en el sentido de que no hay debate, que es el gran discurso que tienen establecido a lo largo de esta legislatura en materia sanitaria. Dicen que no hay debate, que hay ocultismo. Pues bien, si a lo largo de esta semana, en este Pleno, consideran que no ha habido debate parlamentario en materia sanitaria cuando se han debatido tres iniciativas legislativas, si ustedes consideran que no hay debate cuando el ministro comparece aquí habitualmente en las sesiones de control o en las sesiones donde comparecen los altos cargos y si ustedes consideran que no hay debate sobre esta ley, que se ha debatido en el ámbito social, en el ámbito político, que se debatió cuando se presentó para su convalidación el decreto-ley, que se debatió en su momento en la Ponencia, que se debatió también en la Comisión y ahora en el Pleno y posteriormente ustedes podrán presentar todas las enmiendas que consideren oportunas en el debate que se produzca en el Senado, pienso que mantienen que no hay debate por una cuestión de formas, fundamentalmente. Y cuando dicen que no hay debate, me da la sensación de que ustedes no quieren que haya debate; simplemente se fijan en una cuestión y en ella se amparan para no establecer ninguna propuesta, ninguna iniciativa parlamentaria respecto a cualesquiera de las circunstancias que se puedan debatir en política sanitaria.
Señor presidente, también hay que hacer un recuerdo histórico al señor Corominas -que se ha confundido de decreto y de leyes-, porque ha motivado el hecho de que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley. Hay que decir -y todos somos conscientes de ello- que la mala praxis de gobiernos anteriores originó que el Gobierno tuviera que aprobar por vía de urgencia el Decreto-ley 1/1999. El señor Corominas ha recordado, y es así, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 34 de la Ley de Presupuestos de 1990 y, como consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo establece la invalidez del Decreto 118 del año 1991 -no del año 1988, como decía el señor

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Corominas- que venía a desarrollar el artículo 34 de la Ley de Presupuestos del año 1990.
Ante estos fallos judiciales, el Gobierno actual se vio en la obligación de rellenar -si se me permite la expresión- ese vacío legal ante la posibilidad de que se paralizaran numerosas convocatorias amparadas en dichas normas. Por ello, aprobó el Decreto-ley 1/1999 que, como ustedes recordarán, fue convalidado en esta Cámara en el mes de febrero. Cuando se debatió aquel decreto- ley, nuestro portavoz ya advirtió que teníamos en cuenta la urgencia y necesidad que había tenido el Gobierno de enviarlo a la Cámara, pero nuestro portavoz también dijo en su momento que no nos gustaba el decreto-ley; no nos gustaba ni en la configuración ni en la estructura porque era un remedo del Decreto 118. Y no nos gustaba no porque fuera un recuerdo de ese Decreto 118, sino porque una norma que se establece para desarrollar una ley no puede ser luego una ley.
Y eso es lo que nosotros anunciamos en su momento -por lo tanto, lo dijimos a los cuatro vientos-, dijimos que íbamos a presentar unas enmiendas para modificar, de forma amplia, ese decreto-ley, para que el proyecto de ley tuviera otro formato.
También dijimos que para participar en esa nueva formación del proyecto tendríamos que acudir a todos los sectores interesados. Por ello, nosotros, tanto desde el Ministerio como desde el grupo parlamentario, hemos tenido conversaciones con organizaciones sindicales, con las comunidades autónomas y con los partidos políticos que han querido participar; es decir, que el proyecto que ha llegado a la Comisión y que en ella se ha debatido ha sido el resultado de una amplia negociación con todos los sectores sanitarios. Ha habido algún grupo que no ha querido participar, teniendo conocimiento de lo que se estaba tratando. Allá ustedes con su responsabilidad. Por eso, cuando entramos en el meollo del proyecto de ley, tenemos que decir que el decreto-ley no nos gustaba, pero que, ante la necesidad de que los servicios de salud tuvieran una ley básica, que posteriormente se desarrollara por las comunidades autónomas que tienen transferida la gestión e incluso por el Estado, en el territorio denominado Insalud, establecimos un ideario, con el fin de solucionar los problemas que tienen planteados muchos profesionales sanitarios. Ése es el gran ideario que nos ha inspirado a la hora de presentar las enmiendas que ahora estamos debatiendo y el que ha configurado este proyecto de ley que vamos a votar ahora en el Pleno de la Cámara. Tenemos que decir que en él no solamente ha influido el hecho de que hubiera un vacío legal, no solamente ha influido el hecho de que no nos gustara el decreto-ley, como anunciamos en su momento, sino que nos hemos inspirado en las recomendaciones parlamentarias del Congreso de los Diputados, en las recomentaciones de la subcomisión para la modernización y consolidación del sistema sanitario. En esas recomendaciones, en materia de recursos humanos, se planteaba una demanda, que ustedes conocen perfectamente: que se aprobara el estatuto marco. Con este proyecto de ley damos los primeros pasos de lo que puede ser un futuro estatuto marco, entendiendo tal estatuto marco como un elemento dinamizador en materia de personal, en el que se habrá de encontrar un equilibrio entre la autonomía de gestión y las garantías de los derechos de los profesionales. Yo creo que ése es uno de los objetivos que hemos conseguido con estas enmiendas y con el proyecto de ley que tenemos en la actualidad: hacer compatible la modernización de la gestión con el mantenimiento de la unidad del régimen jurídico y la libertad de circulación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud.
También hemos pretendido otra cosa: establecer los principios de planificación y periodicidad en las convocatorias al objeto de impedir el alto nivel de interinidad existente en la actualidad; alguien es el responsable de tanta interinidad, aunque, por supuesto, ahora no voy a entrar a analizar cuáles fueron los motivos que han originado a lo largo de los años la situación que ahora tenemos.
También queríamos -lo he dicho antes- la participación activa de los profesionales, y prueba de ello es que en una disposición -creo recordar que es la disposición adicional tercera- damos participación a los profesionales. En el seno del consejo interterritorial se ha constituido una comisión, participada por las organizaciones sindicales, para que establezca las recomendaciones -recomendaciones es el término que le gusta a la portavoz de Convergència- en relación con la estructura y el contenido de los baremos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le ruego que concluya.


El señor VILLALÓN RICO: Termino, señor presidente.
Esta ley básica, como decía, ordenada en 12 artículos, dividida en cuatro capítulos, establece el objeto y el ámbito de aplicación, los requisitos de participación, la promoción interna y los procedimientos de movilidad voluntaria. Nosotros consideramos que las disposiciones adicionales están establecidas atendiendo a necesidades muy especiales, como pueden ser el Instituto Nacional de la Salud o algunos regímenes forales, y que no entrarían en lo que es el bloque de la ley, como ley básica, que vamos a aprobar a lo largo de esta mañana.
Hemos querido tener un talante de consenso, hemos admitido un gran número de enmiendas; hemos admitido las dos enmiendas que nos ha presentado el Grupo Socialista, pero, a pesar de todo, lo único que recibimos de ustedes es el rechazo, la falta de talante, de sintonía, el no querer llegar a un consenso. No sé qué es lo que pretenden ustedes, porque dicen unas cosas, cambian y dicen lo contrario; el discurso que ha hecho hoy el señor Corominas es distinto del que hizo el otro día en la Comisión de Sanidad. Realmente, aludiendo al diputado del Grupo Socialista y a la diputada señora...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, debe concluir.


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El señor VILLALÓN RICO: Un segundo, señor presidente. Termino inmediatamente.
Lógicamente, no voy a contestar a los planteamientos que ustedes han hecho, que son los que hicieron en su momento en la Comisión. Han vuelto a traer aquí el debate habido en la Comisión, que ya se contestó en su momento. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a apoyar este dictamen, porque creemos que, con una gran participación social y política, hemos conseguido una buena ley, que, además, abre el camino que estaba cerrado por lo que decía, la mala praxis de Gobiernos anteriores, y, por otro lado, establece un nuevo camino con respecto a las demandas de los profesionales sanitarios.


Para terminar, diré que vamos a votar en contra de las enmiendas que se han defendido a lo largo de esta mañana por parte de Izquierda Unida y, con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, quiero decir que sobrepasa el debate de política sanitaria; seguramente la enmienda que mantiene el Grupo Vasco corresponde más a un debate constitucional.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Villalón. (El señor Corominas i Busqueta pide la palabra.) Señor Corominas, ¿a qué efectos me solicita la palabra?

El señor COROMINAS I BUSQUETA: Al efecto de lo que acaba de señalar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a que me aludía directamente. Ha terminado diciendo que me aludía y, por tanto, pienso que, ante declaración de parte, no cabe duda.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Corominas, S.S. no ha sido aludido con respecto a lo que supone alusión en el Reglamento, sino mencionado. El Grupo Parlamentario Popular ha fijado posición, igual que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, y no ha lugar a ningún turno de réplica.
Muchas gracias, señor Corominas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS. (Número de expediente 121/000171.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto XI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas y, dentro de ellas, al proyecto de ley de modificación de la Ley 29, de 2 de agosto de 1985, de Aguas, al que se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad, dos de ellas de devolución, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y dos con texto alternativo por parte de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida.


En primer lugar, antes de la defensa de las enmiendas de devolución, para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante SS.SS. para decirles, en primer lugar, que para mí, como ministra de Medio Ambiente, es un gran honor asistir hoy a la presentación de esta reforma de la Ley de Aguas, porque con ello estamos dando un paso más en los compromisos que asumimos, en los compromisos que asumió el presidente del Gobierno en su debate de investidura, de dotarnos en España de una nueva política del agua. El proyecto de ley de modificación que hoy presentamos es precisamente un paso más en esta línea, a fin de dotarnos de un instrumento que resuelva los problemas de gestión del agua que están planteados. Y digo que es especialmente gratificante para mí, como ministra de Medio Ambiente, porque, como saben todos ustedes, es la primera ocasión, al existir por primera vez en España un Ministerio específico de Medio Ambiente, que la política del agua puede llamarse como tal, alejándonos de otros planteamientos realmente obsoletos por los que se entendía la política del agua como política de infraestructuras hidráulicas, de obras hidráulicas, como política esencial y exclusivamente contemplada como de regadíos. Necesitábamos dotarnos de una nueva cultura del agua, y estamos cumpliendo con los plazos que nos dimos para llegar a ese nuevo concepto de política del agua en esta primera legislatura.
Todos sabemos que el agua es un bien muy escaso, un bien del que hay que hacer un uso eficiente, solidario y racional, y por eso todos tenemos la obligación de gestionarlo correctamente, de cuidarlo como recurso natural, de preservarlo, pero desde luego la obligación de no malgastarlo, de no despilfarrarlo, y en la medida en que es un bien de dominio público y, por mucho que algunos insistan, seguirá siendo un bien de dominio público -no existe ninguna modificación en este sentido en la reforma que hoy planteamos-, es precisamente al Estado, a la administración hidráulica, a quien corresponde establecer unos nuevos principios por los que todos lleguemos a la conclusión de que hay que gastar menos agua y, sobre todo, que hay que gastarla mejor.
Por eso yo creo que, como estamos hablando de un problema de gestión del recurso hídrico, tenemos que decir que este proyecto de ley que hoy presentamos para la modificación de la Ley de Aguas de 1985 es un instrumento fundamental para resolver esos problemas de gestión.
Creemos que vamos a lograr una mejor satisfacción de las necesidades de los usuarios y, en definitiva, estamos hablando de la eficiencia del empleo del agua. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Por tanto, la gestión del agua es el principal desafío que afrontamos, y queremos dotarnos de unos mecanismos de flexibilidad para que sea real la acomodación

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del régimen legal actual a las demandas reales. Nos dotamos de instrumentos eficaces en una gestión de aguas del siglo XXI y establecemos una capacidad de reacción, diría yo, a problemas que se plantean de una manera cíclica en España, que son los problemas de la sequía. Con esta ley de aguas queremos evitar en alguna medida que, cuando se planteen nuevos ciclos de sequía, tengamos los problemas, todavía muy recientes, que tuvimos en el año 1995, cuando no solamente los regantes se vieron afectados, sino que 10 millones de españoles padecieron serios problemas de abastecimiento. Creemos que con esta ley nos dotamos de unos instrumentos flexibles y eficaces, que nos van a permitir solucionar esos problemas, cuando lleguen, con mayor agilidad.
A continuación, señor presidente, señorías, quiero decir que esta ley, como toda la política de aguas, como toda la política del Ministerio, ha sido fruto de un consenso. No estamos ante una ley de laboratorio, ante una ley que hacen unos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y la quieren imponer, sino una ley en la que se ha venido trabajando para lograr consensos muy importantes a lo largo de estos tres años.
Puedo decirles que en mayo de 1997 fue presentado el primer borrador del anteproyecto de ley al Consejo Nacional del Agua. A partir de ahí, fue distribuido a comunidades autónomas, a ayuntamientos, a usuarios, a expertos, a universidades, a organizaciones ecologistas, a sindicatos agrarios y a cuantas entidades y personas lo solicitaron. Fruto de esta amplia consulta social fueron unas cien alegaciones, que en gran medida fueron incorporadas a ese primer anteproyecto de ley, que enriquecieron el debate y el proyecto de ley que hoy presento a todas SS. SS.
Ni que decir tiene que para obtener todas esas alegaciones ha habido multitud de reuniones, llevadas fundamentalmente por la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, concretamente por el secretario de Estado de Aguas y Costas y por su equipo, que han dado lugar a multitud de seminarios, de jornadas y de congresos en los que esa reforma de la Ley de Aguas fue objeto de análisis y debate.
En esa línea de consenso ha seguido todos los trámites, no solamente los reglamentarios sino algunos que nos parecían realmente esenciales. Por ejemplo, ese análisis se ha complementado no solamente con informes que planteó la conferencia sectorial de Medio Ambiente, que dedicó varias sesiones a la reforma de la Ley de Aguas, sino con un informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, así como del Consejo Nacional del Agua. Igualmente, debatieron e informaron este proyecto de ley la Comisión Nacional de la Administración Local y el Consejo Económico y Social. Concretamente en el caso del Consejo Económico y Social, fue el propio secretario de Estado quien tuvo la ocasión de defenderlo ante él y contestar a las preguntas que le hicieron antes de que el Consejo Económico y Social emitiera su informe.
Por tanto, estamos hablando, señorías, de un proyecto fruto de una amplia participación social, fruto del análisis de la realidad social que hoy regulamos, que ha buscado el consenso y creemos que en gran medida lo ha obtenido; evidentemente, lo ha obtenido hasta llegar a este punto. Por eso, al presentar este proyecto de ley quiero decir que ésa sigue siendo la voluntad del Ministerio y de la ministra que hoy se dirige a SS. SS. Desearíamos que, a lo largo de este debate parlamentario, este proyecto de ley pueda ser enriquecido con nuevas aportaciones parlamentarias. Ése es el talante con el que presentamos este proyecto de ley, en el deseo de que, en esta Cámara y en el Senado, se le dé tratamiento de cuestión de Estado, pues cremos que, cuando hablamos de los problemas del agua en España, estamos realmente hablando de problemas de Estado. Por eso, por encima de actitudes partidistas, todas ellas muy nobles, deberíamos hacer un gran esfuerzo por consensuar este proyecto de ley de aguas, con todas las enmiendas que sea necesario asumir.
Si quisiéramos señalar otras características de este proyecto de ley, diríamos que, además de este gran consenso, de esta integración de distintos intereses y planteamientos, estamos ante una reforma de la Ley de Aguas. Con esto quiero decir que hemos huido en todo momento de romper con la Ley de Aguas de 1985 y dotarnos de una nueva. Por tanto, no es este el planteamiento, sino que es simplemente la necesidad de modificar aquellos artículos que no habían dado las soluciones eficaces a problemas reales a lo largo de estos once años, porque sin lugar a dudas han cambiado muchísimo las circunstancias en España en torno a la política del agua. España se ha incorporado posteriormente a la Unión Europea, se ha dado mucha más importancia a las exigencias medioambientales, a los valores medioambientales -de ahí que el Gobierno de José María Aznar haya querido incorporar la política del agua a un Ministerio de Medio Ambiente, sacándola de la tradicional concepción de la política hidráulica ligada siempre al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Fomento-, se ha producido una desregulación en sectores muy importantes, en el sector eléctrico, en el sector agrario, que tienen una gran relevancia en la política del agua. Hemos continuado desarrollando el modelo constitucional español, por lo cual las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen una gran participación en la gestión del agua.
Todo eso, si lo unimos a problemas muy específicos de los últimos años, en los que se ha producido un exceso de uso y de consumo en nuestra gestión del agua, nos ha llevado a ver cuáles eran las carencias que tenía esta ley y es ahí donde hemos presentado modificaciones.
Las modificaciones llegan a un total de 41 artículos, de los 113 que tiene la ley actualmente en vigor. Se introduce además un nuevo título con siete artículos, regulando el concepto de obra hidráulica como una especialidad más dentro de la obra pública. Incorpora también cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final. Es una reforma

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parcial de esa ley y siguen en pie principios clásicos y tradicionales que no podían ser modificados, como que el agua es un bien de dominio público, el sistema concesional. Únicamente se refuerza el planteamiento de los recursos económicos y financieros, porque no estaba teniendo una correcta gestión. Podíamos decir que esta ley lo que quiere resolver es la insuficiencia del régimen legal de la desalación y la reutilización, la escasa relevancia de incentivos normativos para una política de ahorro en el consumo, el vacío legal respecto a la obra pública hidráulica, la escasa autonomía de decisión que se reserva a los usuarios respecto a la gestión del recurso, el grave problema de nuestras aguas subterráneas, sobreexplotadas, en gran medida desconocidas, contaminadas y sin sistemas de gestión eficaces en muchos casos, la falta de coordinación entre las distintas administraciones territoriales y la necesidad de impulsar el deslinde del dominio público hidráulico.
Si quisiéramos hacer una breve referencia a cuáles son los principios que nos mueven a esta reforma de la actual Ley de Aguas, debería decirles que esencialmente es incorporar a la gestión de las aguas el principio de economía del agua, principio que, a nuestro entender, tiene dos manifestaciones. Por una parte, se entiende la economía como mejor utilización del recurso; por tanto, incentivos a la política de ahorro, buscar una nueva cultura del ahorro en la utilización del agua. Y, por otra parte, un principio de economía, entendido como acercamiento del valor económico del recurso hídrico a los usuarios, acercamiento de los costes a los usuarios de una manera paulatina. En ese sentido, y sabiendo que esto es un paso más, sin lugar a dudas un pilar fundamental que va a culminar en esa nueva política del agua con el próximo plan hidrológico nacional que presentaremos en esta Cámara, tengo que decir que, para que efectivamente vean ustedes que es un hecho real cuando decimos que el trasvase tiene que ser el último recurso, la última posibilidad, de la que nos dotemos en España, lo que hacemos con esta reforma de la Ley de Aguas es ver de qué forma podemos dotarnos de nuevos recursos hídricos. Y es que somos conscientes de que las nuevas tecnologías en este momento, señorías, permiten acudir a nuevas técnicas, como es, por ejemplo, la desalación o la técnica de la reutilización.
Lo que hacemos con esta reforma de la Ley de Aguas es fomentar la desalación y la reutilización. La desalación no tenía una plasmación legal, no estaba contemplada en la anterior Ley de Aguas, y por eso no se ha utilizado este instrumento tan eficaz, en una España que tiene 8.000 kilómetros de costa, para procurar al lado de él un incentivo realmente importante. Solventamos el problema de una desalación que se hizo a través de una regulación, en un decreto, no digamos que un parche, pero sí para salir de una situación angustiosa, como fue la sequía del año 1995, y ya lo consolidamos, dentro de la reforma de la Ley de Aguas, dotándolo de la fuerza legal que necesitamos. Lo mismo podríamos decir con relación a la reutilización. Son dos nuevos instrumentos para obtener nuevos recursos hídricos de los que podríamos denominar recursos no convencionales.
Igualmente, señorías, acudimos, en esa obtención de nuevos recursos hídricos, a la correcta gestión de las aguas subterráneas. Porque, señorías, la ley de 1985 estableció la demanialización de las aguas subterráneas, que a partir de entonces pasaron a ser ya también bienes de dominio público. Pero es lo cierto que no ha habido una gestión eficaz de las aguas subterráneas. Probablemente porque no se dotó a la Administración hidráulica de los instrumentos necesarios, nos hemos encontrado con que las aguas subterráneas no han estado bien gestionadas y eso ha llevado a que se planteen problemas tan graves como la salinización de los acuíferos con la que nos encontramos en estos momentos, que está produciendo verdaderos problemas medioambientales.


En esta nueva regulación de las aguas subterráneas, que evidentemente siguen siendo bienes de dominio público, acudimos a la participación esencial de los usuarios. Entendemos que sin la participación directa, sin que los usuarios sean los propios gestores de las aguas subterráneas, no podríamos conseguir su auténtica regulación. Por eso acudimos a una gestión conjunta de aguas superficiales y de aguas subterráneas, en la medida en que establecemos las juntas de explotación conjuntas de aguas subterráneas y superficiales y damos una prioridad a la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas, que van a tener cada vez más protagonismo. Ya digo que sólo contando con la participación de los usuarios será posible esa gestión eficaz.
Nos dotamos de tres nuevos recursos hídricos para tener más recursos hídricos al alcance de los usuarios que necesitan esta disponibilidad del agua. Y les decía que se trata de establecer una nueva cultura del ahorro y para establecer esa política del ahorro en la gestión del agua tenemos que dotarnos también de unos incentivos a esa política del ahorro. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, fomentando una política de ahorro en los consumos, para lo cual se establece en esta nueva ley de reforma de la Ley de Aguas la obligación general de medir los consumos del agua. Difícilmente podremos ahorrar si desconocemos cuánto estamos gastando o malgastando -permítanme que así me exprese-. Se establece la obligación de esos contadores, de esa homologación de los contadores, para saber los consumos del agua; y no solamente eso, sino que, en la línea de incentivar el ahorro, de acercar los costes al usuario, establecemos también unos incentivos económicos en la medida en que, al establecer los consumos de referencia, las situaciones de referencia según los planes de cuenca, en función de los cultivos, en función de las zonas, de la climatología de cada una de las zonas en las que se cultiva, se establecen las dotaciones de referencia. Esto significa que aquellos usuarios que estén consumiendo menos agua de la dotación de referencia tendrán un incentivo al ahorro, pues van a pagar menos

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tasa, menos canon, mientras que los que excedan ese consumo de referencia lógicamente van a tener una penalización. Por tanto, incentivamos esa política del ahorro.
Por otra parte, también establecemos, señorías, un uso mucho más racional en la reasignación de recursos cuando acudimos a la flexibilización del régimen concesional. Ya les he dicho, señorías, que no cambiamos el régimen concesional. Es un principio básico, un bien de dominio público, se adscribe a los usuarios a través de autorizaciones y concesiones y, por tanto, sigue en pie el régimen concesional. No nos inventamos ningún régimen concesional, no nos inventamos, señorías, ningún mercado del agua. No existe ningún mercado del agua. A quienes dicen que hay un mercado del agua les digo que ya existe en la realidad en la medida en que ya hay un artículo en la vigente Ley de Aguas, el artículo 61, creo recordar, que efectivamente establece esa transferencia de concesiones. Lo que ocurre es que es teórica, no ha sido ágil, no ha sido eficaz, y solamente los grandes usuarios, las hidroeléctricas, han podido hacer uso de eso que hoy algunos llaman mercado del agua y que no es tal.
En definitiva, lo que pretendemos es llegar a un uso más óptimo, que los usos se racionalicen y que se dé satisfacción a las necesidades sociales de unos recursos que ya han sido repartidos, que ya tienen una concesión, permitiendo que, de manera voluntaria, los usuarios puedan establecer un contrato de cesión de los derechos de uso. No es más y no es menos. Por tanto, es completamente falso que se diga que aquí se establece un mercado. A quienes quieren entender que esto es un mercado, les digo -lo he dicho antes y lo diré muchas más veces-, permítanme la expresión coloquial, que pinchan en hueso. No se establece ningún mercado, en el sentido mercantilista de la palabra.
Nadie va a poder hacer negocios con estos contratos de cesión de los derechos de uso. No va a haber posibilidad de especulación económica, como algunos están diciendo. Señorías, quien eso afirma lo hace por partidismo, sencillamente por hacer política, y flaco servicio hace a quienes a lo mejor no van a tener acceso a leer la ley. Por eso, señorías, he de decirles que no sé si son 24 ó 26 los controles que establece esta reforma de la ley, para que, si alguno tenía la tentación de lucrarse, no tenga esa posibilidad.
No solamente esos contratos de cesión son voluntarios, a nadie se le imponen, sino que además son temporales. Se establece una prelación de usos y sólo se podrán establecer entre los titulares que tienen derecho de igual o de mayor rango, respetando la jerarquía de usos que establece la vigente Ley de Aguas. Necesita una previa autorización administrativa. Por otra parte, en ningún caso puede superar lo que esté utilizando ya el cesionario de esos derechos de uso. Lo que se llaman derechos de papel, aquellos usos que ha tenido a su alcance un cedente pero que nunca ha usado, no podrá transmitirlos. Ahí podría existir un enriquecimiento. Está prohibido.
Y aun en el supuesto de que quisiera transmitir todos los derechos reales, los usos reales que él ha estado utilizando, también tiene que someterse a otra consideración, y es que la Administración, por vía reglamentaria, va a establecer un valor medio del caudal en función de circunstancias excepcionales, de tal forma que, si un regante estaba utilizando 20.000 hectómetros cúbicos al año, los que fuera, la realidad es que, si se decide que por razones específicas de las consideraciones adecuadas, no ha lugar a transferir todos esos usos reales que ha tenido, se le obliga a que solamente pueda ceder tantos. Los contratos deben hacerse por escrito y, hechos por escrito, poniendo todas las características de este contrato, incluido el tema del precio, habrán de comunicarse a las comunidades de usuarios y al organismo de cuenca. Hay que establecerlo antes de 15 días y el organismo de cuenca tendrá un mes, si es que las concesiones se van a establecer entre miembros de la misma comunidad de usuarios, o dos meses, si las cesiones se hacen entre miembros de distintas comunidades de usuarios.
En política de regadíos, hace falta también un informe previo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El organismo de cuenca, cuando tenga conocimiento de este contrato de cesión de los derechos de uso, puede no autorizar la cesión. Lo puede hacer de una manera motivada y en el plazo que acabamos de decir. Las razones que puede esgrimir son varias. Puede decir que es contrario al régimen de explotación de los recursos en la cuenca; puede decir que perjudica derechos de terceros o puede decir que por razones ambientales no es conveniente que se establezcan, por ejemplo, para reservar los caudales ecológicos. Por todas estas razones, puede negarse la autorización. Pero es más, el organismo de cuenca, cuando conozca estos contratos, también puede ejercitar el derecho de adquisición preferente, mediante lo cual rescataría, sin llegar a ningún tipo de expropiación, esos caudales que tenía previamente cedidos.
Y sigo con las cautelas, con la tutela administrativa, sigo recordando a SS.SS. -porque luego vamos a escuchar cosas que obvian por completo lo que el artículo 56 de la ley dice y que no se corresponden con la realidad- que puede haber una compensación económica. Esa compensación económica, señorías, es libre, en la medida en que el contrato es voluntario. ¿Qué significa que es libre? Significa que es libre siempre que se atenga a todos los condicionamientos que hemos dicho con anterioridad. Y en el supuesto de que alguien quisiera plantear, si me permiten la expresión, un contrato leonino, excediéndose en esa compensación económica, cabe la posibilidad de tener también un precio máximo reglamentariamente establecido; por tanto, tampoco podrá excederse de una cuantía que la propia Administración haya establecido mediante un reglamento.
Hay muchas más cuestiones, como que se considera el uso efectivo de la concesión para evitar la caducidad de esa concesión por parte del que la he cedido. Y, en el supuesto de que lo que se vaya a hacer es utilizar ese agua para regadíos, se establece la obligación por

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parte del cedente de decir cuáles van a ser los predios que va a dejar de regar por esa cesión de aguas que hace. Simultáneamente, el usuario de ese nuevo contrato de cesión tiene la obligación de establecer, también por escrito, puesto que son las condiciones del contrato, qué predios va a regar. Seguimos con los controles de la Administración, para quien siga diciendo que es un mercado libre. Si además hacen falta instalaciones hidráulicas, utilizar infraestructuras hidráulicas, se necesitan unos permisos previos. Si son entre particulares, ellos lo van a acordar sin ningún problema.
Si hay que acudir a necesidades de infraestructuras hidráulicas que dependen de la Administración, se necesita la autorización previa de utilización de esas infraestructuras. Y si, por el contrario, hiciera falta crear nuevas infraestructuras, simultáneamente, al conseguir esa autorización, habrá que presentar también el proyecto de qué tipo de infraestructuras se van a realizar para hacer ese tipo de cesiones de derecho de usos. En el supuesto de que el contrato fuera para abastecimiento de poblaciones, un nuevo control es que las autoridades sanitarias digan cuál es la calidad de esas aguas que se van a ceder. Hay otro apartado que dice que el incumplimiento de todos los requisitos que voy enumerando, leyendo el texto de cada una de estas condiciones de la cesión, puede plantear, ni más ni menos, que la caducidad del derecho concesional al cedente. ¿Creen ustedes que alguien tiene interés, si tanto lucro piensan que va a suponer una concesión, en perder esa concesión por incumplir todos estos requisitos limitativos de lo que para algunos se llama mercado del agua? Léanse ustedes, señorías, lo que dice con todo rigor y exactitud el artículo 56.
Se pueden inscribir además los contratos de cesión en el registro de aguas. Y quiero salir al paso de algo que oiremos seguramente a continuación, porque ya hemos tenido ocasión de oírlo con profusión a lo largo de estos días en los medios de comunicación. Existe un grupo que dice que cómo se va a hacer todo esto si la Administración no conoce cuáles son las cesiones que existen y que hay 500.000 concesiones de agua que no se conocen. Señorías, yo creo que se están confundiendo claramente -no sé si con intención o sin ella- los términos. En primer lugar, quiero decirles que la Administración no solamente conoce todas las concesiones, sino que administra mes a mes todas. Esta es la realidad. Frente a quienes dicen que las desconoce, la Administración las conoce y las administra. Por lo tanto, el hecho de que puedan existir algunas que no están en el registro de aguas no significa que no existan esas concesiones, que no se reconozcan esas concesiones y que no sean legales.
He de recordar a SS.SS. que el hecho de la inscripción en el registro de aguas no es un elemento constitutivo de la concesión. Y si a lo que quieren referirse es a la situación de ilegalidad en la que se encuentran algunos pozos, no hablemos de concesiones. Los pozos ilegales no tienen concesiones. Por consiguiente, si no tienen concesiones, no es que la Administración las desconozca, es que no existen en los pozos ilegales concesiones legales. Luego no es que las desconozca la Administración, sino que no existen. Quiérese decir con esto que la posibilidad que ahora se brinda a los tenedores de agua -estos sí que son aguatenientes-, que no tienen legalidad porque no tienen ninguna concesión, al ver que pueden ahorrar, que pueden tener un incentivo económico del agua que no están usando, probablemente va a motivar un incentivo a la legalización de los pozos ilegales, porque eso que no es una concesión, haciéndolo concesión, les puede permitir algunos réditos económicos que en este momento no están obteniendo. Luego de obtener algo, sería un beneficio. No entendemos cuando se plantean alternativas, como oiremos a continuación, diciendo que la alternativa es que no queremos -dice un grupo- mercado del agua y sí creamos un banco del agua. Señorías, no asistamos a la ceremonia de la confusión. El proyecto de ley que estoy presentando esta mañana no crea un mercado del agua, como acaban de comprobar todas SS.SS, por lo que dice exactamente la reforma de esta ley de aguas y, en cambio, lo que sí crea es un banco del agua. Por tanto, bienvenidas sean aquellas personas que en forma de alternativa asumen los planteamientos del proyecto del Gobierno.
En esa línea de promover esa política de ahorro, yo sí quisiera decir cómo vamos a establecer estos nuevos principios de la política del agua. Los vamos a establecer de dos maneras: Primero, impulsando la autonomía de decisión de los usuarios del agua y, segundo, atendiendo de una manera muy especial a las exigencias medioambientales. Y esto sí que es una gran reforma, que se plantea en esta modificación de la ley. Cuando hablamos de exigencias medioambientales, a veces se hacen ciertas críticas. Yo comprendo que es molesto leerse los proyectos de ley, pero si se viene a hablar a la Cámara y se quiere hablar con rigor a la opinión pública sobre cuáles van a ser las reformas, conviene decir la verdad, porque, si no, se llaman a engaño aquellos usuarios y regantes que luego van a ver que no se producen en la realidad, cuando se aplique la ley, los catastrofismos que algunos anuncian. Esta modificación de ley, señorías, lo que hace precisamente, por primera vez, es dar importancia esencial a los valores medioambientales del agua, que hasta ahora no han sido contemplados.
Señorías, hay 11 artículos que se refieren a las exigencias ambientales del agua, que se no se planteaban hasta ahora. ¿Por qué? Porque los tiempos van avanzando, porque hay más exigencia y más sensibilidad ambiental, porque hay más preocupación por la calidad de las aguas, no solamente por la cantidad. España ha entrado en la Unión Europea. La Unión Europea está ultimando una directiva-marco del agua y, lógicamente, en una modificación de ley, lo que hay que hacer es seguir las pautas que tendremos que aplicar cuando la directiva-marco del agua, con el paso de los años, sea una norma de obligado cumplimiento para el ordenamiento jurídico español. Por eso, siguiendo ese concepto

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del buen estado ecológico de las aguas, que va a imponer la directiva-marco de la Unión Europea, aplicamos ya, en esta modificación de la ley, qué es el buen estado ecológico de las aguas y cómo los usuarios deben ser los que lo controlen. Establecemos también el concepto claro de caudales ecológicos. Y por primera vez en la historia de este país, señorías, se establece una prohibición y una reserva absoluta en los sistemas de explotación a los caudales ecológicos, caudales que serán absolutamente respetados, salvo que, por circunstancias especiales, para abastecimiento, hubiera que alterarlos. Con esta excepción, los caudales ecológicos quedarán al margen del reparto de un tipo de usos, por muy nobles que fueran.
Esto no se lo hemos oído destacar a nadie, y no quiero alargarme, pero aquí están los 11 artículos que hablan de la importancia de la calidad de las aguas. Por ejemplo, damos mucha importancia en esta modificación de la Ley de Aguas a un nuevo canon, que en realidad es nuevo en cuanto que controla de una manera más exigente los vertidos.
Vamos a un concepto muy omnicomprensivo de lo que son vertidos. A partir de esta ley, cuando entre en vigor, habremos acabado con ese incentivo que tenían muchos usuarios del agua de arriesgarse a tener que pagar una multa, que no siempre les llegaba, en vez de declarar su vertido, que les obligaría a pagar un canon de vertidos. Cuando esta ley entre en vigor, digo, todos los vertidos tendrán que pagar un canon; evidentemente, todos los que sean legalizables, porque aquellos que no lo sean automáticamente serán sancionados y no podrán seguirse produciendo.
No puedo extenderme mucho más, pero quería hablar, señor presidente, de la importancia que damos a la decisión de los usuarios del agua.
Se ha dicho, y lo volveremos a oír, que no se potencian las confederaciones hidrográficas, sino todo lo contrario. Yo quiero decir que lo que se hace en la potenciación de las confederaciones hidrográficas es democratizar cada vez más su gestión, potenciando de manera muy específica el derecho que tienen los usuarios a participar en la gestión del agua. Verán ustedes cómo, a los órganos de gestión de las confederaciones hidrográficas, donde existe participación de los ciudadanos, se les da mucha más importancia, para que sean los usuarios y los regantes los que tengan la posibilidad de corresponsabilizarse con la Administración hidráulica en el principio de gestión eficaz, de gestión sostenible, del recurso hídrico.
Quiero decirles, por tanto, que estamos situándonos ante una administración del agua mucho más participativa y también les diría que mucho más transparente. Porque, aunque existe una directiva que obliga a la información de los ciudadanos, no siempre se ha estado utilizando. Por eso, en esta reforma de la Ley de Aguas, se establece un artículo específico, en el que, inspirándonos en la regulación del derecho a la información, se atribuye este derecho en materia de aguas, lo que lógicamente va a exigir dotar de más medios materiales y humanos a las confederaciones hidrográficas, para que puedan atender este derecho a la información de los ciudadanos. Se potencian, como digo, potestades de las comunidades de usuarios, en materia de sanción, en materia de gestión de aguas subterráneas, como ya he dicho, e inclusive en materia de cánones y tarifas. Y he dicho antes, y lo reitero en este momento, que el propio establecimiento de control de medición de consumos queda en manos de las comunidades de usuarios y regantes, en colaboración con la Administración hidráulica.
Voy terminando, señor presidente, pero quería decir que en esta reforma de la Ley de Aguas existe algo importante y es la intensificación de la coordinación entre administraciones. Se impulsa la colaboración de la Administración hidráulica con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, por ejemplo en materia de usos de los suelos, para poder asesorar e intervenir, tanto en épocas de sequías como en materia de inundaciones, en una competencia que tenemos transferida, que evidentemente no está en manos de la Administración hidráulica, como es la ordenación del territorio, pero de cuya colaboración sin duda se obtendrán innumerables réditos.
Por la misma razón se establece una coordinación específica a la hora de declarar obras de interés general. Ya he dicho antes cómo se establece el criterio de regulación, de lo que debe entenderse por obra hidráulica, como una especialidad de la obra pública. Y es un contrasentido que hasta ahora otras obras públicas tengan una regulación específica y en cambio en la obra hidráulica exista la limitación de que cada vez que se declare una obra de interés general haya que acudir a un procedimiento de ley específica, actuación por actuación, cuando está ocurriendo de otra manera en todas las demás obras públicas, incluidas las actuaciones que se hacen en la costa.
Lo que se impulsa en esta reforma de la Ley de Aguas es el deslinde del dominio público hidráulico. Yo creo que es sumamente importante que todos ustedes conozcan esos riesgos que están corriendo los cauces de nuestros ríos, tanto para personas como para bienes, y algunos hemos tenido en los últimos años, lamentablemente, que comprobar lo que se ha producido. Hacemos un esfuerzo normativo para que el Ministerio de Medio Ambiente realice cuanto antes el deslinde de aquellos tramos de nuestros ríos sujetos a una presión por la obra del hombre muy descontrolada y que ha causado enormes perjuicios.
Termino, señor presidente, diciendo que lo que pretendemos con esta reforma de la Ley de Aguas es dotarnos de los instrumentos adecuados para que España pueda entrar en el siglo XXI con una correcta gestión de su política del agua. Hemos dicho cuáles son las reformas que establecemos con relación a la cantidad de aguas y la importancia que damos desde un Ministerio de Medio Ambiente a los problemas de la gestión de la calidad, insistiendo muchísimo en la nueva regulación del canon de control de vertidos, en la disposiciónque planteamos de nuevas exigencias para el respeto

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de caudales ecológicos; hemos establecido unos nuevos criterios de gestión del agua, dando una participación muy específica a los usuarios y a los regantes. En definitiva, lo que pretendemos es reformar, contemplando las nuevas realidades, ese mal uso que hasta ahora se ha venido haciendo de nuestra política del agua.
Creemos, por tanto, que en esta legislatura estamos dando un paso muy importante con la presentación de este proyecto de reforma de la Ley de Aguas, en la línea de terminar con una política hidráulica que realmente ha quedado obsoleta, por las causas a las que antes me refería, dotándonos por otra parte de unos mecanismos flexibles que nos permitan afrontar con otra disposición, tanto por parte de la Administración como de los usuarios, los nuevos periodos cíclicos de sequía que lamentablemente vendrán; queremos estar mejor dotados, con instrumentos legales, para no llegar a las consecuencias tan negativas que anteriormente han tenido. En definitiva, contemplando lo que será la nueva directiva marco en el agua, acabaremos solucionando en esta legislatura los problemas que han contemplado generaciones, pero sin una solución adecuada, problemas que han planteado auténticas guerras del agua, que, en definitiva, eran debidos a una mala instrumentación jurídica y a una mala gestión del agua. Este proyecto de ley en gran medida viene a paliar esas dificultades con las que nos hemos encontrado. Sin duda culminará con esa regulación que estableceremos a través del plan hidrológico nacional y podremos seguir intensificando las acciones, tanto en calidad de las aguas como en la gestión correcta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.
Entramos en el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto de ley. En primer lugar, la presentación y defensa de las dos enmiendas de totalidad de devolución presentadas por el Grupo Mixto.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la modificación que el Gobierno actual hace de la Ley del 2 de agosto de 1985, debe entenderse, en primer lugar, como una insatisfacción de nuestro grupo en relación con el funcionamiento de esta ley que no se había adaptado a una nueva configuración autonómica del Estado español. Por tanto, el régimen jurídico del dominio público hidráulico no estaba, a nuestro juicio, satisfactoriamente resuelto a la luz de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta insatisfacción venía dada y sigue, permanece, porque en el caso de Galicia contamos con la Cuenca Hidrográfica del Miño que prácticamente afecta a todo el territorio del país, a las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra y está integrada en la Confederación Hidrográfica del Norte que no tiene el peso específico ni su centro en nuestro país. Por tanto, ver como un territorio importantísimo como es la Terra Chá luguesa, como son los valles de Monforte o ver como todas nuestras ciudades y villas, prácticamente desde el norte hasta la desembocadura en la frontera con Portugal de este río y toda su cuenca hidrográfica, quedan al margen competencial de la comunidad autónoma de Galicia, no puede ser satisfactorio para ningún gallego consciente de la importancia que tiene el agua en nuestro país. Es más, los dos regadíos más importantes, el del valle de Lemos y el de Limia, también están hurtados a la competencia de la comunidad autónoma. Por tanto, en este sentido hay una insatisfacción ya histórica que la actual modificación no viene a resolver. Es más, pensamos que en la modificación del Gobierno existe una profundización, en cierto sentido, en la degradación de los títulos competenciales que por lo menos algunas comunidades autónomas debíamos tener en materia de aguas y medio ambiente.
No se solventa algo que a nuestro juicio es errático para el caso gallego, que es la consideración de cuencas intracomunitarias o intercomunitarias por lo que antes dije. Nuestra cuenca del río Miño afecta a cantidad de afluentes de ríos pequeñísimos que prácticamente hacen inviable que ningún poder político pueda ejecutar decisiones acertadas en materia de planificación del territorio, precisamente por la dependencia del exterior. A mayor abundamiento, el artículo 44 modificado de la actual ley, de la ley que se nos propone, declara obras de interés general de competencia del Estado con una extensión, sobre todo en el apartado 3, que permite declarar obras de interés general sobre cuencas de competencia autonómica a través de ley o decreto ley. La modificación de los apartados 1, 2 y 4 del artículo 20 reincide en la identificación de organismo de cuenca con confederación hidrográfica que en el caso gallego, por todo lo que les dije, no es aceptable desde ningún punto de vista, a no ser que se empezase por reformar el criterio de confederación hidrográfica y adaptarlo a la realidad territorial y a la realidad de las aguas en nuestro país.
La solución que se da en el artículo 23 de propiciar la colaboración, los convenios o incluso incorporar la representación de las comunidades autónomas a la junta de gobierno de los organismos de cuenca, no es satisfactoria porque no se trata de un problema de presencia, que por lo demás estaría siempre escorada a favor de los cuatro miembros del Estado, del presidente nombrado por el propio Ministerio, sino sobre todo por la carga competencial que queda muy por encima -la del organismo de cuenca, la confederación hidrográfica- de la capacidad competencial de la comunidad autónoma sobre su territorio. Es curioso que se haya optado por esta solución cuando las comunidades de usuarios van a ser diversas y van a estar territorializadas. Además, la ley alude a que habrá comunidades

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de usuarios por unidades hidrológicas o incluso por algunos pequeños espacios de carácter territorial. Con este criterio, nosotros presumimos que la Confederación Hidrográfica del Norte y su organismo de cuenca va a ser un auténtico galimatías donde la capacidad competencial de Galicia va a ser prácticamente nula.
El segundo aspecto es el que hace referencia a la privatización de un recurso público, y vamos a decir privatización de un recurso público porque la ley reincide y agudiza lo que es la degradación del concepto de declaración de las aguas continentales como dominio público estatal. No sabemos si esto es convertir la competencia pública estatal en un mercado del agua, pero el artículo 56 bis no va a racionalizar el uso del agua, va a provocar, en el mejor de los casos, una distorsión de la prelación de usos, porque no tiene otro sentido posibilitar que se concentre capital en sectores sensibles, como es el del agua, y no va a ser para actuaciones ecológicas, no va a ser por supuesto para aumentar la calidad, no va a ser para tener en cuenta los servicios públicos, sino en todo caso será para regadíos y por lo tanto para negociar con el agua para regadíos, para el abastecimiento a grandes núcleos urbanos que pueda ser interesante desde el punto de vista económico. Puede ser que no se cree un gran mercado, pero lo que sí se va a crear es una transferencia en función del negocio, si no no tendría ningún sentido, es mejor dejarlo en manos públicas desde todos los puntos de vista.
Los contratos privados de cesión de derechos concesionales de aguas públicas significan una dejación de funciones que la ley atribuye a los poderes públicos y es ésta la única manera de justificar además el carácter público del recurso. Lo público, sin embargo, la modificación que se nos presenta, es sólo símbolo legitimador y todo lo más una cierta regulación de un derecho privado que se reconoce sobre un bien que es de todos y que sólo la Administración debía de tutelar y, en todo caso, tasar responsablemente de una forma muy directa y muy clara sin mayores intermediarios o sin mayores concesiones que aquélla directa que hace.
Por tanto, yo creo, señora ministra, sin ánimo de polémicas, que el artículo 56 bis va a provocar, desde luego donde haya intereses económicos, si no un mercado cuando menos un negocio. Puede ser que eso sea legítimo; nosotros no lo compartimos, vuelvo a decir, en un recurso tan terriblemente sensible desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de los servicios públicos, desde el punto de vista ecológico y medio ambiental.
Acabo con el tercer criterio de nuestra discrepancia. Yo sé que la ley tiene aspectos positivos desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, pero también es insuficiente desde el punto de vista de partida que tenemos, que es una degradación terrible, y en concreto, en un país como Galicia, que tiene unos recursos hídricos abundantísimos, le puedo asegurar que la degradación de nuestros ríos es total, sobre todo en relación con la falta de industrialización.
Por tanto, si no se hace un procedimiento de control más riguroso que el que aparece en la ley, con mayores compromisos y no solamente con tasas o con castigos, no creo que se solucionen los problemas. Por ejemplo, cuando se dice en el artículo 90 que habrá un procedimiento de evolución de impacto ambiental si se presumen riesgos graves para el medio ambiente, pensamos que se debía haber resuelto de forma más matizada y mucho más amplia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rodríguez, vaya concluyendo, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente.


También desde la perspectiva gallega nos llama la atención que no haya ni una sola alusión al uso del agua para fines hidroeléctricos en las minicentrales que están provocando problemas y discusiones graves, y sería interesante que figurase en la ley, porque cuando se habla de obras hidráulicas con una modalidad singular y específica de obras públicas, en este caso, aunque además muchas veces se comparten para otros usos estos embalses con fines hidroeléctricos, sería interesante que apareciese en la ley.
Acabo ya, señor presidente. Resumimos en tres cuestiones la discrepancia. Primero, no simplifica las funciones competenciales con preferencia -desde nuestro punto de vista debía de ser así- por la gestión única y lo más territorializada posible, haciendo un uso del artículo 150.2 de la Constitución española para dar competencias armónicas, únicas y territorializadas en planificación de suelo, urbanismo, medio ambiente y aguas. Segundo, desatiende la responsabilidad pública y, por tanto, posibilita la conversión del agua en un negocio, no sé si es mercado, pero no es racionalización ni economía ahorrativa. Tercero, trata de forma genérica territorios, ciclos hidrológicos, aguas superficiales y subterráneas, incluso criterios cuantitativos y cualitativos que hoy son diametralmente opuestos en las distintas zonas del Estado español. Por tanto, no supera las deficiencias de la Ley de 1985, en cuanto al marco competencial que a nosotros nos gustaría, y empeora los aspectos referidos al dominio público del agua; de ahí nuestra enmienda de totalidad de devolución.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, usted ha empezado diciendo que ésta era una propuesta de modificación legal con un gran consenso. Yo he de decir que esto no es cierto. En esta Cámara hoy se van a ver cuatro enmiendas a la totalidad, una del Bloque Nacionalista Galego, la nuestra, de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, una

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del Partido Socialista y otra de Izquierda Unida. Pero, además de las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios que he citado, existen opiniones de profesionales, de entendidos en materia hidráulica que cuestionan a fondo la propuesta que usted nos ha hecho. Pero quiero darle un consejo. Usted no puede intentar descalificar las propuestas que hacemos desde otros grupos parlamentarios, simplemente calificándolas de partidistas. Son opiniones distintas a la política que su Gobierno y usted dirige que, además, están mejor soportadas social y políticamente en este país, desde el punto de vista de la tradición del derecho público de aguas, que las que el Gobierno plantea.
Hay que reconocer, ciertamente, que el texto que discutimos hoy ha mejorado en relación a los primeros anteproyectos de ley que presentó el Gobierno, pero todavía hay motivos importantes para presentar enmiendas a la totalidad, que voy a concretar en dos por un problema de tiempo. Cuando nos decía la señora ministra que diéramos explicaciones profundas de las razones de la enmienda a la totalidad, quiero decirle que eso lo podríamos hacer si tuviéramos solamente la mitad de su tiempo. Quiero insistir que el proyecto ha mejorado en relación con el proyecto inicial, que no hay consenso ni en esta Cámara ni fuera de la misma y que fundamentalmente tenemos dos razones para rechazarlo. La primera es que rechazamos, desde Iniciativa per Catalunya-Els Verds, el tema del mercado del agua. No sé si es mercado o negocio. Pero señora ministra, ¿como llama usted a una concesión, desde la Administración, a unos particulares a cambio de nada, que éstos van a poder vender, no en función del mejor uso del agua, sino en función de la mayor rentabilidad económica? Eso, ¿cómo se llama? Si usted me inventa la palabra, la digo. ¿Qué se va a poder hacer en este país con una concesión de agua a un particular, que no le ha costado nada, que va a poder vender en unas determinadas condiciones, a las que luego me referiré, en función de lo que sea rentablemente mejor y no socialmente mejor? A eso nos oponemos.
Reconocemos mejoras importantes en la ley en relación con los primeros anteproyectos, pero en eso no estamos de acuerdo, y eso no es partidismo, es defender lo que hasta ahora ha sido tradición del derecho público español, lo que existe en Europa. Usted nos trae una propuesta foránea de dos países, que no voy a entrar en ella, sobre las consecuencias que ha producido en esos dos países, y concretamente lo que se hizo en California en relación a la necesidad de exigencias de usos o modernización de los regadíos. Por tanto, señora ministra, nuestra primera razón de oposición a esta ley es que se está privatizando un derecho de uso público. Nosotros podemos coincidir con usted en un aspecto fundamental que, además del problema de la escasez de agua en España o de un reparto territorial desigual del agua, existe otro problema y es la forma de asignación del agua. Pero este problema tiene diversas soluciones a las que no me puedo referir ahora porque no tengo tiempo, pero hay multitud de estudios jurídicos, concretamente el de Antonio Embid, que a mí particularmente me encanta, que da solución a eso. Porque si hay asignaciones de agua en el pasado que no se corresponden con las necesidades, es fácil, revise la concesión. Fíjese, revise la concesión, no nos traiga todo este invento.
Usted dice: esto no es mercado, no se va a hacer negocio, tenemos 26 controles. Me he acordado de una cosa. En el año 1979 fui teniente alcalde de una ciudad importante de Cataluña, y pedí asesoramiento a una empresa externa para mejorar y agilizar un determinado tipo de licencia municipal; teníamos 12 controles. Lo primero que me dijo esta empresa externa fue lo siguiente: Cualquier procedimiento con 12 controles tiene dos peligros: o no se controla nada, o la burocracia de 12 controles no sirve para nada. Usted nos ha dicho no 12, sino 26. Le aseguro que un procedimiento con 26 controles burocráticos de diversas administraciones acaba en dos cosas: o no se soluciona el problema coyuntural del agua porque se eterniza la autorización, o se dan burocráticamente y se saltan todos los controles. No haga procedimientos de 26 controles, hágalos de dos y de tres, pero no de 26.
Señora ministra, lo que le estoy diciendo es que, aceptando y reconociendo el problema de la asignación del agua, su propuesta no nos gusta porque privatiza un derecho público y sobre todo porque tiene otras posibilidades jurídicas. Quiero decirle, además, que la aprobación de los planes de cuenca del verano pasado daba la oportunidad de revisar las concesiones, y eso no se ha hecho. Había una posibilidad de haber revisado las concesiones a partir de la aprobación de los planes de cuenca del verano pasado.
En concreto, y acabando este primer punto, señora ministra, lo que su Gobierno nos plantea es que, en relación a la reasignación de los recursos del agua, sean los particulares los que, con el objetivo de rentabilidad económica, no de uso social, decidan la reasignación del agua. No estamos de acuerdo, y esto no es partidismo, sino defender los intereses generales. No intente usted confundir el partidismo con la defensa de los intereses generales, que tiene otras respuestas técnicas.


El segundo bloque de consideraciones por el que nos oponemos es que esta ley es una ley más que lamina, que no tiene en cuenta que este Estado es un Estado de las autonomías con competencias. A nuestro entender es absolutamente incomprensible que no se contemple, por ejemplo, que las comunidades autónomas puedan tener un proceso de participación o de decisión sobre las obras de interés general, y que existan mecanismos donde desde Cataluña, o desde Galicia, o desde Andalucía (digo desde Cataluña porque soy de Cataluña) estos temas no queden laminados por la Administración central o, por ejemplo, que en el tema de la regulación del canon de vertidos, que no me voy a extender, en absoluto se contempla que hay en algunas comunidades autónomas -en Cataluña desde1985- que funciona, y no se contempla en absoluto la

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existencia de ese otro tipo de canon y cómo se va a relacionar y a complementar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Saura, vaya concluyendo.


El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.
En nuestro caso estamos convencidos de que el canon de vertidos en el mejor de los casos ha de ser supletorio del canon de saneamiento de vertidos que hay en otras comunidades autónomas.
Acabo diciéndole, señora ministra, que el texto ha mejorado en este proceso, no tengo ninguna duda, pero hay dos cuestiones de fondo, simplificando, por las que mantenemos esta enmienda a la totalidad.
En primer lugar, insisto en que su propuesta de mercado de agua va en contra de la tradición pública, pero fundamentalmente de los fines sociales de un bien como el agua; y, en segundo lugar, estamos en un Estado de las autonomías, no en un Estado centralista, donde hay que respetar, contemplar y desarrollar las competencias que las comunidades autónomas tienen. Piense, para acabar, señora ministra, que todo el mundo decimos que la política de aguas ha de ser objeto de materia de consenso. Usted no va a poder implementar una política de aguas con la mitad de la Cámara en contra de este proyecto y con numerosísimos estudios y opiniones de profesionales entendidos en el tema que cuestionan el fondo de la propuesta que hoy nos plantea.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Saura.
A este proyecto de ley se han presentado también dos enmiendas de texto alternativo, la primera de ellas del Grupo Socialista. Para su defensa el señor Morlán tiene la palabra.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista plantea una enmienda de totalidad de texto alternativo porque entiende que en este proyecto de ley existen numerosos aspectos que son fuertemente criticables y rechazables. Antes de entrar en su valoración, me permito hacer una serie de comentarios respecto a la intervención de la señora ministra, porque ha venido a presentar un proyecto de ley y ha hecho algo que no debiera hacer, y es ponerse la venda antes de la herida.
Todavía no hemos hablado y ya ha dicho lo que íbamos a plantear. Me imagino que será porque es usted consciente de que este proyecto adolece de muchos defectos que debían de corregirse en este proceso del debate en el Congreso de los Diputados.
Señora ministra, no nos parece aceptable que un proyecto de estas características venga por el trámite de urgencia. No es bueno que este debate social, en el que hemos participado en los últimos momentos, se traiga a la Cámara de la soberanía popular en 20 días, con un verano por delante y sin posibilidad de estudiar a fondo todo el texto del proyecto, y no sólo por nuestra parte, sino también por parte de otros grupos políticos. Seguramente estoy defendiendo mejor las tesis de otros grupos políticos que la mía propia, pero democráticamente no es bueno que las cosas se planteen tal y como usted lo ha hecho. En segundo lugar, hay algo que no cuadra. Los informes que usted ha referido del Consejo Nacional del Agua, de la comparecencia del secretario de Medio Ambiente, de las organizaciones, de intelectuales o de las personas que los hayan llevado a cabo, están hechos antes de la última modificación de esta reforma. Y, una de dos, o la modificación no vale para nada o, si vale para algo, no se puede decir que estos informes sean válidos. Si la modificación no vale para nada, tenemos que rebobinar lo que hemos dicho hasta ahora y seguir manifestando nuestra apreciación definitiva: que ustedes están generando un mercado libre del agua.
Luego entraré con detalle en estos planteamientos.
Basamos nuestra enmienda de totalidad de texto alternativo en tres aspectos que consideramos fundamentales. En el primero de ellos, pretendemos una generalización del dominio público hidráulico, apostamos por el principio de unidad del ciclo hidrológico. Para ello planteamos la inclusión de las aguas subterráneas sin ningún calificativo, sin renovables, todas las aguas subterráneas. En el segundo, planteamos la inclusión de las aguas desaladas y reutilizadas sin ningún tipo de dudas, para que no haya ninguna interpretación errónea de si están o no en algún momento determinado.
Entendemos que tiene que haber una protección del dominio público hidráulico que tenga como objetivo, y así viene consignado en nuestra enmienda alternativa, prevenir el deterioro del estado ecológico y contaminación de las aguas. No digo que ustedes no lo planteen, porque es cierto que algunos aspectos que estoy comentando coinciden con su texto. ¿Qué sucede? Que hay puntos que los apoyamos porque entendemos que son correctos, y este es uno de ellos. Pero para que exista esa protección del dominio público hidráulico proponemos que haya un programa de control de calidad de las aguas en cada cuenca.
También pretendemos impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos, y en nuestro texto alternativo proponemos las fórmulas para llevarlo a cabo.
Señora ministra, no confunda aprovechamientos con concesiones, que no es lo mismo, y usted y yo lo sabemos, pero usted ha dicho desde este atril que alguien lo confundía, y aquí no lo confundimos. Las concesiones sabemos que existen y los aprovechamientos no sabemos que existan todos. Usted en su libro blanco dice que hay, aproximadamente, 500 aprovechamientos en este país, de los cuales 250.000 no se sabe dónde están, y de los otros 250.000 hay 125.000 que sí están constatados, y sobre los otros 125.000 tienen serias dudas de su existencia o características y determinaciones.
Señora ministra, para proteger este dominio público deberemos conocer en qué consiste. Hagamos en este

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país un registro de masas de agua para el abastecimiento de núcleos de población de más de cien habitantes, con la finalidad de saber de qué manera llega el agua a cada uno de los habitantes de este país.
Hagamos un registro de zonas protegidas para peces y baño, de acuerdo con lo que dice la Unión Europea, de zonas sensibles y de protección de hábitat. Hagamos un programa de riesgo de zonas inundables de dominio público, a fin de prevenir las posibles inundaciones. Con todo esto, me imagino que estaremos contribuyendo, de acuerdo con lo que dice nuestro texto, a la protección del dominio público hidráulico.
El segundo de los aspectos es el papel básico que juegan en nuestra alternativa las preocupaciones ambientales, que no digo que su texto no las tenga, señor ministra. No me venga usted diciendo que ustedes dicen que sí que las tienen y que nosotros que no. No digo que ustedes no las tengan, digo que nosotros también las tenemos y que las hacemos constar en todos y cada uno de los artículos que configuran nuestro texto alternativo. Por ejemplo, para nosotros es relevante la regulación de las zonas húmedas, que usted no ha regulado. Sería bueno que se comprendieran en esta reforma los criterios que establece la Convención de Ramsar. Para nosotros es relevante el respeto a la legislación ambiental en el uso privativo del agua y las charcas, en los precios de los particulares; son relevantes también las medidas encaminadas a mejorar el estado ecológico de las aguas; es relevante adoptar más armas contra los vertidos ilegales; es relevante adoptar más decisiones respecto a la mayor protección de las aguas subterráneas, y es relevante la ampliación de la protección de dominio público hidráulico a los biosistemas asociados en las cuencas.
Un tercer punto hace referencia al desarrollo de la planificación hidrológica. Señora ministra, nosotros, que somos muy amigos de la planificación hidrológica, más que usted y más que el Gobierno, como quiera que influye en un mejor estado ecológico de las aguas y contribuye a su ahorro, entendemos que deben contemplarse dos parámetros a un mismo nivel: la cantidad y la calidad de las aguas.
Junto al objetivo general de conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico, está el de satisfacer las demandas de agua y el equilibrio y desarrollo territorial. Queremos que los planes hidrológicos de cuenca se sometan a declaración de impacto ambiental, a fin de conseguir un mejor estado ecológico de las aguas; queremos que sean un instrumento de consenso a través de la información y la participación pública.
El desarrollo de estos tres aspectos supone el que nuestra alternativa contemple los siguientes puntos: modificar la estructura institucional de la administración del agua, fortaleciéndola mediante la formalización de la incorporación de las organizaciones sociales, económicas y de defensa ambiental en el Consejo Nacional del Agua. Me da la impresión, señora ministra, de que el hecho de apostar por que estos representantes de colectivos ciudadanos estén en el Consejo Nacional del Agua o aumenten su presencia en dicho Consejo, no contribuye sino a desarrollar con mayor fluidez, seguridad y rigor, las políticas de ahorro que usted tanto defiende y que ha planteado en esta tribuna. Queremos ampliar la participación de las comunidades autónomas en las juntas de gobierno y en los consejos del agua de los organismos de cuenca. En nuestro texto alternativo planteamos incorporar a las juntas de gobierno y consejos del agua a los entes locales y a las organizaciones sociales, económicas y de defensa ambiental. Si este tipo de organizaciones están en el Consejo Nacional del Agua o en los consejos de cuenca, el hecho de que se reserve una cuota de participación en esa junta de gobierno es una forma de fomentar esa participación que usted ha pretendido y ha anunciado en su intervención, pero que después no figura en el texto de la reforma que nos somete a su consideración. Pretendemos agilizar el funcionamiento del organismo de cuenca mediante la creación de una comisión permanente como órgano ejecutivo de la junta de gobierno.
Para nosotros, la estructura que tienen actualmente las confederaciones hidrográficas no puede pasar de una junta de gobierno de la cuenca en la que haya 25, 20 ó 40 miembros, sin ninguna capacidad ejecutiva porque, al fin y a la postre, acaba decidiendo el presidente, a un órgano de decisión colegiado en el que estén representadas las distintas partes que hemos dicho configuraban los consejos del agua.
Señora ministra, en la disposición derogatoria que acompaña al texto alternativo solicitamos la supresión de las sociedades de agua, derogando los artículos que la regulan en la Ley de acompañamiento de 1996, porque se ha demostrado que no valen para nada, que lo que han hecho hasta ahora perfectamente lo podían haber hecho los organismos de cuenca. Lo que sí es cierto -usted ha hecho referencia a ello y se ha puesto la venda antes de la herida- es que solicitamos la creación de los bancos públicos de recursos hídricos. Pero no como ustedes, señora ministra. Usted dice: Bienvenidos los que quieren los bancos públicos. De los bancos públicos hablábamos nosotros ya en el año 1983, aquí, en Aragón y en muchos sitios, como entidades públicas empresariales dependientes del organismo de cuenca, porque queremos fortalecer el organismo de cuenca, no queremos que este tipo de actuaciones queden fuera del mismo. ¿Con qué objeto? Con el de intervenir en la reasignación de recursos hídricos en supuestos excepcionales, que contempla el artículo 56 de nuestro texto, y de apoyar técnicamente al organismo de cuenca en todo lo relativo al registro de agua y al catálogo e inventario de aprovechamientos.
Pretendemos también el establecimiento de un plan para reforzar y modernizar los organismos de cuenca para que cumplan con eficacia sus competencias. En eso coincidimos con usted, señora ministra, porque lo ha anunciado aquí. Pero si no recuerda mal -espero que tenga buena memoria-, en su última comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente dijo que este fortalecimiento se produciría en la legislatura siguiente

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porque ahora no podía ser. Puesto que es tan importante este fortalecimiento que usted reconoce, queremos que un plazo breve, por ejemplo de tres meses, nos diga en qué consiste, nos avance ese programa y veremos si estamos o no de acuerdo en cómo pretende fortalecer estos organismos de cuenca.
Queremos hacer una regulación de las obras hidráulicas más en consonancia con su utilidad pública, que evite la arbitrariedad en su declaración y ofrezca fórmulas claras de gestión y financiación. Para nosotros la declaración de interés general supone la atribución al Estado de su competencia y financiación. Frente a esa distribución que establecen en el texto, en el que unas son declaradas por ley, otras por real decreto y otras por el Consejo de Ministros, sin que nadie conozca cuál va a ser su destino, nosotros entendemos que todas han de ser declaradas por ley y, por tanto, conocidas por esta Cámara e incluidas en el Plan hidrológico nacional correspondiente.
Destacamos de nuestro texto alternativo que las obras de conservación y control del dominio hidráulico son de interés general.
Señora ministra, usted habla de políticas de ahorro. Quiero decirle que en nuestro texto hay un propuesta concreta que espero consideren y evalúen positivamente porque es una aportación necesaria para el futuro de nuestro país. La aplicación de las directivas comunitarias va a imponer una serie de fórmulas encaminadas a la modernización de las conducciones urbanas de saneamiento y depuración, al cambio de la tuberías, porque muchas de ellas tienen compuestos que afectan al medio ambiente, a la existencia de residuos no queridos. Por ello, solicitamos que se elabore ese plan nacional para que en sucesivas fases -que va a ser muy costoso y difícil llevar a cabo- se desarrolle sin ningún problema. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) He dejado para el final el tema relacionado con el artículo 56 bis, relativo al denominado mercado del agua, regulado en dicho artículo.
Nosotros planteamos una alternativa respetuosa con el carácter de bien público y ambiental del agua y, como consecuencia, presentamos una alternativa que tiene tres elementos importantes a destacar.
Primero, la creación de los bancos públicos de recursos hídricos, como he indicado anteriormente. Segundo, la modificación del artículo 56 bis respecto a las situaciones de excepcionalidad. Y tercero, lo que usted pretende, señora ministra: agilizar y simplificar los trámites concesionales, pero para eso no hace falta más que modificar el Reglamento de dominio público hidráulico y no montar el lío que han montado con el artículo 56. Por todo ello, partimos de una premisa fundamental: conocimiento de los aprovechamientos -no hablo de las concesiones- que existen en España, y lo hacemos a través de la elaboración de un programa al que ya he hecho referencia anteriormente: la inscripción en el registro de aguas y un inventario de todos esos aprovechamientos.
Nuestra negativa al mercado del agua que se regula en el proyecto -y digo mercado del agua- viene dada, como siempre hemos indicado, por considerar que se inicia un proceso privatizador del agua.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MORLÁN GRACIA: Acabo, señor presidente. ¿Quién garantiza que se vende sólo el agua que no se utiliza, como usted está diciendo? Dice siempre S.S. que no se trata de vender, que únicamente se va a ceder el uso del agua que no se utiliza, pero eso no figura en ningún sitio, eso lo dice usted. Y, luego, ¿quién es el que dice qué agua se utiliza y cuál no? Se ceden en parte o en todo unos derechos de uso de agua a cambio de una compensación económica y, esto, como decía hace un momento el señor Saura, en derecho se llama contrato de compraventa. No es que se ceda un derecho, sino que se cede o se vende el volumen de agua que ampara ese derecho que, por otra parte, ha sido obtenido de manera gratuita. Por tanto, se está autorizando la especulación con el agua y el agua, señora ministra, es un recurso natural. Si la Administración le da a usted la posibilidad de usar ese agua y usted la vende por un precio que es todo beneficio, usted está especulando con un bien público y, como eso es así, no podemos aceptar la fórmula que usted propone; no podemos aceptar que se produzca esta eufemísticamente llamada cesión de derechos de ese agua, pero que, en realidad, es un mercado del agua. La previa autorización administrativa no es más que una cortina de humo, porque pasa un mes, el organismo de cuenca no dice nada y no hay ningún problema para la transmisión de ese derecho. El silencio administrativo positivo, señora ministra, es lo que echa por tierra el que esa autorización administrativa no tenga valor alguno y la prueba es que ustedes no han sometido a consulta de todos esos organismos, personas y entes que han informado la reforma de la Ley de Aguas de hace unos meses.
La venta entre particulares se lleva a cabo sin publicidad y libre concurrencia, y la adjudicación de la cesión de uso por la Administración con publicidad y libre concurrencia, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que los particulares, como es un contrato privado, no tienen ningún problema; no hay libre concurrencia, no hay transparencia y se hace lo que se quiera porque todo se conoce después de haberse producido. A la Administración le dicen: usted sea buena. Vamos a ver si es posible que las cosas cambien y vayan en otra dirección. Señora ministra, el cedente de derechos cede lo que no es suyo, la posibilidad de cambiar de uso y de predio, y el cesionario adquiere lo que el cedente no puede dar.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Termino, señor presidente. Mediante esta reforma pseudo legal, y dudamos que sea constitucional -todo se verá en el momento en que esta Cámara apruebe...


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El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, ha de concluir irremisiblemente.


El señor MORLÁN GRACIA: Termino.
Decía que con esta reforma, que dudamos que sea constitucional, inician un proceso cuyo alcance no han medido, cuyo coste social, económico y ambiental nadie ha valorado, que no resuelve los problemas de agua en España y que no tiene precedentes en ningún otro país. Señora ministra, espero que los grupos de la Cámara aprueben esta enmienda de texto alternativo que proponemos, porque con ella se respeta el interés general, el interés de todos los ciudadanos españoles, ya que consideramos el agua como un bien de dominio público y, aunque usted lo considere, este proyecto de ley no se tramita así.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.


Queda la enmienda de Izquierda Unida, que defenderá el señor Ríos Martínez.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a empezar por un comentario positivo al texto que el Gobierno nos ha remitido. El texto del Gobierno mejora sustantivamente el borrador originario que nos remitió en mayo de 1997, tanto en los límites para ceder las distintas concesiones como en los elementos medioambientales, cifrándolos en ahorro de agua y en una gestión del agua más rigurosa.
Me gustaría empezar mi intervención explicando por qué considerábamos que era necesaria la reforma de la Ley de Aguas, aun siendo una buena ley la que teníamos en las manos, y comentando lo que yo considero dos defectos políticos importantes y un defecto personal. Los dos defectos políticos son los siguientes. Uno, que en la presentación del proyecto el Gobierno ha tenido poca consideración con el soporte parlamentario que en un debate de totalidad le puede dar su grupo, y ha seguido una estrategia parlamentaria única: ha defendido el proyecto y ha replicado a la vez a las hipotéticas propuestas, en una formula que no se ajusta a derecho parlamentario. El segundo defecto político es todavía peor: alguien se ha situado en un concepto y una forma de gobierno que no es la tradicional en la democracia. Es el argumento de que quien tiene una propuesta hace partidismo -y ha dicho más- o viene a hacer política, que parte de la posición de que el Gobierno es neutral y la política es interesada, concepción que en el anterior régimen llevaba al jefe del Estado anterior a decir a sus ministros que no se metieran en política, que es lo que ha venido a hacer más o menos quien ha presentado el proyecto en nombre del Gobierno. Y hay un defecto personal que todavía es peor: el concepto de un único camino de la verdad; eso sí, nos ha librado de la excomunión a los demás y solamente ha dicho: Yo tengo la verdad, llevo la propuesta de la verdad y los demás les van a decir mentiras.
Es una concepción del único camino de la verdad que está bien para unas determinadas creencias que han llevado a lo largo de la historia a conflictos muy complicados.
Por último, antes de comentar nuestra propuesta, quiero referirme a que en el debate anterior habíamos hablado de una posición un poco complicada en política. La ministra ha empezado diciendo que quieren defender una nueva cultura del agua, lo que yo le alabo; que quieren ajustar un nuevo régimen legal a la realidad de la demanda y que quieren cumplir un compromiso que está abierto a diálogo y consenso.
Yo le agradezco que lo haya traído así a la Cámara -no sea que suceda como con las lentejas: que si las quieres las tomas y, si no, las dejas-, lo que nos permite modificarlo en el trámite parlamentario.
Pero fíjese que el primer borrador de este proyecto de ley, antes del Libro Blanco del agua, es de mayo de 1997; se ha discutido con mucha gente y dice que viene consensuado. Pues con alguna gente, sí; que yo conozca, hay organizaciones agrarias que no son Asaja, por ejemplo, COAG y UPA, que no están de acuerdo con la propuesta de la reforma; hay organizaciones ecologistas que tampoco están de acuerdo y hay una modesta parte de grupos parlamentarios que tienen, por cierto, más número de votos de ciudadanos que los que le apoyan, que tampoco estamos de acuerdo y que tenemos nuestra parte de verdad, que es subjetiva, por fortuna, o relativa en cuanto a algunos planteamientos.
Ha remitido a la Cámara un proyecto de ley y una petición a la Mesa en un escrito argumentando por qué el trámite es de urgencia. ¿Saben ustedes por qué es necesario tramitar con urgencia este proyecto? Por el riesgo de sequía que hay en este país, como se indica en el escrito que ha firmado el Ministerio que nos lo remitió. Pues hace una semana era mentira todo esto. Relativizo las palabras y los compromisos de los que proponen el actual texto. Y eso que vengo de una cultura totalmente contraria: la cultura oral de que un pacto y un compromiso se sella con un apretón de manos y vale, no hace falta escribirlo. Pues yo no me fío ni de lo que está escrito con esta cultura y con la experiencia que tengo. ¿Cuál es el objetivo con el que viene Izquierda Unida a defender un texto alternativo? No podemos devolver el texto al Gobierno porque sería aplazar la discusión del agua. Queremos discutirlo y proponemos un proyecto que intenta resituar el problema del agua en otros parámetros. El Gobierno ha preferido centrarlo en tres objetivos: uno, necesitamos modificar el régimen legal y, por tanto, abordamos una reforma en la cesión o compraventa de las distintas concesiones -como le quieran llamar- mucho más regulada de lo que en origen estaba. Con esta ley en la mano no es necesario un plan hidrológico para que se pueda acometer todo tipo de actuaciones sobre el agua. Por lo que yo conozco, no es que se hayan producido cambios en cuanto a los usos porque, a la hora de calificar los usos, el primero es el abastecimiento. ¿Son prioritarios en el uso los complejos turísticos que necesitan ser abastecidos o no

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lo son? ¿Puede producirse una modificación si son prioritarios en el uso? ¿A qué precio pueden pagar el agua esos consumidores? Porque yo puedo comprar una concesión a un agricultor que tiene equis hectáreas de producción, a quien le cuesta el agua 9 pesetas y, de golpe y porrazo, le sube y decide vender la concesión a 35 pesetas pues le gana más que trabajando y plantando. Otro puede pagar 35 pesetas, no para plantar lechugas, pero sí para hacer otra cosa. Se puede producir un cambio de usos.
Se están comprando en este país fincas agrícolas rurales a precio de suelo urbano. Hace apenas dos años se produjo una venta en Castilla- La Mancha en hectáreas. ¿Sabe por qué? Porque había un pozo dentro.
Se ha pagado a precio de suelo urbano, a 15.000 pesetas metro cuadrado. ¿Por qué? Porque dentro hay un pozo que después se puede usar. También se está produciendo un cambio de usos agrícolas. ¿Sabe por qué? Porque la agricultura competitiva, capaz, que se da en la costa es opuesta a la del interior, donde producir frutales u otro tipo de alimentos es mucho más complicado y no más rentable. Hay plantaciones de hortalizas que, según sus cálculos, pueden pagar el agua hoy entre 10 y 90 pesetas. Ahora no está establecido el precio del agua y se está pagando a 60, 70 ó 40 pesetas. Usted dice que van a poner un tope máximo, por cierto que no viene en la ley, lo van a hacer en un reglamento de precios. Se lo dice alguien que proviene de un lugar que no tiene dificultad en hablar de precios del agua, pero en otros sitios sí hay problemas para hablar del precio de agua porque no tienen ese hábito.
Ustedes hacen el ajuste para momentos de sequía o para optimizar el agua en función de la cesión o compraventa libre que se pueda producir en el mercado y establecen un mercado de la concesión que pueda haber en función de hacerlo más rentable y que merezca la pena cederlo a otros. Por tanto, no sólo no lo están impidiendo sino que establecen un mecanismo favoreciéndolo. Además, establecen otro mecanismo, una reforma, que sigue siendo presidencialista, de los organismos de cuenca, que están ligados a las empresas o a los organismos que se dedican a traficar o negociar con el agua y que no tienen relación con las hectáreas que riegan, porque hay estructuras de sindicatos de regantes que dicen que riegan pero que no tienen tierra regada o es muy poca la que riegan que van a decidir junto con la empresa que se ha creado en cada confederación. De tal manera que hay una empresa de gestión de agua, de obra hidráulica que, en función de la compraventa de cesión que se pueda hacer -se compran determinadas concesiones, se paga el agua a 45 pesetas, se va a determinados sitios de este país y se puede comprar muchas concesiones-, habla con otra empresa que se dedica a hacer obras hidráulicas y se lleva el agua a la zona que quiera, dentro de la misma zona de influencia o de otra. Eso lo pueden hacer aquí sin ningún plan. ¿Hay limitaciones, existen unos requisitos? No las hay.
Hay más, el tercer paso. Limitan las exigencias que hoy tiene la ley para el trámite que debe llevar a la declaración de interés público e incluso destrozan las competencias municipales y la licencia. El ayuntamiento participará y dará su opinión en trámite, pero hoy tiene que aprobarlo. También reducen las exigencias, se quitan todos los resortes que les limitan para la otra pata de la reforma; una reforma que ustedes ya intentaron antes y tuvieron problemas legales. No pudieron gestionar el capítulo VIII, de inversión en activos financieros, porque había que ajustar legalmente la fórmula para dinamizar la inversión privada en la obra hidráulica. Para eso han establecido mecanismos que reducen los límites a esa inversión privada. Por tanto, han introducido una reforma que crea el tercer pilar.
Un hecho más grave es que la posibilidad de ceder va a ir en perjuicio de la unidad de explotación familiar agraria, que constituye hoy el 80 por ciento de la realidad productiva agrícola, y a favor de las grandes empresas. Hay empresas que facturan 10.000 millones de pesetas produciendo lechugas 28 días por mes, lo están haciendo hoy. Ese negocio es rentable. Sin embargo, tener una pequeña explotación no lo es y se va a producir un trato a favor de estas grandes empresas que facturan mucho dinero comprando terrenos en zonas que hoy no tienen agua para llevarla a esos lugares. Ustedes facilitan el negocio con la escasez del recurso, no la regulación básica. Por eso, la literatura, que comparto en el 80 por ciento de lo que ha dicho, va por un lado y la letra concreta va por otro. La letra concreta no dice eso. Tienen mucha facilidad para anunciar, prometer y decir, pero luego no consta. Ya he sacado aquí varios ejemplos concretos. Yo le rogaría que me explicase cómo se reflejan aquí algunos de los compromisos adquiridos: ¿Dónde está reflejado en el proyecto de ley la cuantía del límite máximo del precio del agua? Me gustaría, si usted pudiera, que me lo dijera, porque no lo está, al menos yo no lo he encontrado. Es posible que yo haya hecho una lectura rápida pues sólo he leído tres veces el proyecto; son pocas, pero son tres. Quizás algunos diputados lo han leído menos veces.
¿Cuáles son las propuestas que Izquierda Unida querría hacer? Fundamentalmente, nosotros querríamos un modelo diferente. Primero, la titularidad del agua debe de ser de la sociedad. Segundo, el Estado es el gestor, bajo tres principios: de conservación, de equidad y de eficiencia. Tercero, las confederaciones deben de ser garantes y democráticas, abiertas a la participación, no a ser escuchadas sino a participar en la toma de decisión. Cuarto, una reasignación del recurso agua basada en la gestión de la demanda, en el ahorro, en la optimización. Quinto, todo debe entrar en el recurso global de la planificación hidrológica: las aguas subterráneas, la desalación y la reutilizada, que ustedes no ponen; como el agua desalada está en el mar que la coja el que pueda y que la distribuya, pero no figura en la posibilidad de planificación. Sexto, planificación hidrográfica, nosotros estamos de acuerdo con la planificación hidrológica, no

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al revés. Con esta ley ustedes necesitan poco, al final se van a quedar con una relación de obras, si es que elaboran ese plan hidrológico, pero va a estar muy dificultosamente comprometido.
Séptimo, tasas finalistas en la gestión del régimen económico. ¿Por qué? Porque el régimen económico financiero que hoy existe en el recurso agua, que ustedes no modifican, no lo establece. ¿Cómo? Hay dos cánones: el de ocupación y utilización o concesión, que debíamos destinar a la protección y mejora del dominio hidráulico, y el canon de vertidos que, además de ser más exigente, debería de ser finalista en cuanto al estudio, control, protección y mejora del medio que lo pueda recibir.
Proponemos que una ley que supuso un avance considerable, un progreso fundamental en el año 1985, que tenía aspectos positivos en la ampliación del concepto del dominio público, en la extensión a los recursos hidráulicos, en la adaptación competencial, contenga hoy la superación de las limitaciones que tenía, limitaciones tales como son el carácter restrictivo para la atribución de dominio público, la falta de principios reguladores nítidos en los sistemas de asignación, la cicatería en la participación en las confederaciones y en los órganos de decisión, y los nuevos problemas que han surgido: la dimensión medioambiental del recurso, que no se tenía en cuenta, el alto crecimiento de las demandas tradicionales, la emergencia de otras demandas nuevas, los complejos turísticos, los grandes demandantes de recursos, la agricultura competente de la costa, hay una guerra entre la agricultura de costa y la agricultura de interior, les guste más o menos...


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ha de ir concluyendo.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, voy a ser muchísimo más breve que la exposición del Gobierno.
Octavo, la regulación de las obras hidráulicas en cuanto a prioridades determinadas como es el abastecimiento urbano, que sigue siendo prioritario y que puede esconder camuflados proyectos que no son de recurso industrial: un complejo turístico residencial camufla un campo de golf como un parque temático, no es una demanda prioritaria pero puede llevarse recursos agrícolas. Se dice que lo tiene que aprobar la confederación. ¿Pero qué confederación si a su cabeza está el que ustedes nombren? Será el que ustedes nombren. La política que ustedes hacen, y la política que ustedes hacen con todos los problemas de este país es la privatización, el negocio, es una política contraria a la racionalidad que necesita el recurso agua.
Por eso defendemos este texto alternativo. Espero que concrete esa voluntad de consenso con las más de ciento y pico enmiendas que vamos a presentar para ver si es verdad que usted está dispuesta a modificar el proyecto, porque el talante que ustedes tienen respecto a la política de aguas en este país es lo contrario de lo que se necesita para resolver el problema del agua: una política de altura, de Estado, abierta al diálogo para consensuar, permanente, y lo que usted está haciendo es otra cosa totalmente distinta. En definitiva, puede ser que la mayoría sea ciega y que la única que vea la verdad sea usted.


El señor PRESIDENTE: Señorías, el portavoz de Izquierda Unida ha señalado, con razón, que la exposición del Gobierno ha sido prolija y detenida (La señora Gil i Miró: ¡Extensa!) -esa es una observación de S.S. que no comparte la Presidencia-, y así lo ha valorado y agradecido la Cámara. Ello ha permitido que la defensa de las enmiendas de totalidad -y no digamos ya las que fundamentan un texto alternativo- se haya extendido hasta estas horas, llegadas las cuales la Presidencia tiene que anunciar, por razón de la finalización del debate, de los compromisos que posteriormente tiene la propia Cámara, como la constitución de una Comisión de investigación convocada para después de la finalización del Pleno y, sobre todo, por el artículo 76 del Reglamento, que el asunto está suficientemente debatido. En consecuencia, los grupos que vayan a fijar su posición lo harán ateniéndose a términos temporales estrictos que distribuirá la Presidencia. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.) Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, desearía intervenir para consumir un turno en contra de las enmiendas de devolución.


El señor PRESIDENTE: El turno en contra que puede consumir S.S. está también comprendido en la aplicación del artículo 76. En consecuencia, S.S. tiene la palabra para consumir el turno en contra, pero sabiendo ya -como primera interviniente le ruego lo comprenda- que el tiempo estará limitado en función de lo que la Presidencia observe que va siendo el desarrollo del debate.
Adelante.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular. Voy a intentar ser breve, como solicita el señor presidente, aunque le ruego que sea benevolente porque tengo que contestar a cuatro enmiendas de devolución. (Rumores.) Supongo, señorías, que lo que ustedes han solicitado...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
No nos perdamos en la hojarasca procedimental. A la cuestión.


La señora DE LARA CARBÓ: Intentaré ser breve, dentro de lo que pueda, señorías. (El señor Hernández Moltó: ¡Al grano, al grano!) Mi primera reflexión de esta mañana es, después de oír las intervenciones de los portavoces y pese a que han intentado destacar los aspectos que no les gustaban

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del proyecto de ley, que siento satisfacción porque no he escuchado razones de fondo para la existencia de las enmiendas de totalidad. Lo que han expuesto SS.SS. se podría haber resuelto con unas cuantas enmiendas parciales, porque, como ha explicado la ministra, en el trámite de ponencia estamos abiertos a estudiar detenidamente todas estas sugerencias. Además, siento satisfacción porque he deducido de sus explicaciones que ustedes están de acuerdo con la política de ahorro que fomenta el proyecto de ley, a través del Ministerio de Medio Ambiente, así como con el carácter medioambiental que el proyecto de ley quiere dar al agua. Esta es mi primera explicación respecto a lo que he oído aquí esta mañana. Los puntos críticos que han expuesto las señorías de los cuatro grupos parlamentarios son bastante coincidentes. Voy a incidir sólo en aquello en lo que han coincidido dada la escasez de tiempo que me concede el presidente.
Se ha hablado de que se privatiza el agua, cómo no, se viene hablando hace dos años de ello; se ha hablado de que se legaliza un mercado libre del agua y se ha hablado de la escasez de medidas de protección ambiental del agua. El portavoz de Izquierda Unida nos ha dicho que se lo ha leído tres veces detenidamente, no sé si todos los portavoces lo han leído tan detenidamente, pero después de su lectura nadie puede seguir hablando de mercado libre del agua, nadie puede seguir hablando de privatizar el agua. Lo que ustedes se esfuerzan en llamar mercado libre del agua es textualmente flexibilizar la transmisión de los derechos concesionales. Ustedes saben que, manteniendo el agua como un bien de dominio público y sujeto a planificación, no se privatiza sino que este mecanismo permite con agilidad reasignar sus usos. ¿Con qué objetivo? Se ha dicho ya aquí esta mañana y se ha repetido otras veces en esta Cámara: conseguir una gestión más eficaz de agua y ahorrar agua. Es decir, eficacia y ahorro de agua. Estos son los objetivos del contrato de cesión en este proyecto de ley. Lo que se plantea en este proyecto es un contrato de cesión voluntaria y temporal, escrito y comunicado a los organismos de cuenca, a las comunidades de usuarios y que deberá ser inscrito en el registro de aguas con un objetivo prioritario: optimizar el consumo. En definitiva, como he dicho, señorías, ahorrar agua. ¿Se oponen ustedes, se oponen sus grupos parlamentarios, al ahorro de agua que implica este proyecto de ley? Creo que ustedes no se oponen a ello y espero que en ponencia, como he citado anteriormente, podamos ponernos de acuerdo en muchas de las enmiendas que ustedes presenten.
Por otra parte, tampoco he visto en los proyectos alternativos que han presentado ninguna medida para fomentar el ahorro de agua. A lo mejor es que no he leído tan detenidamente como ustedes el proyecto de ley, pero no las he visto.
El proyecto de ley que presenta el Gobierno crea un mecanismo para incentivar el ahorro en los consumos de agua, permitiendo al que tiene una concesión vender a un tercero el agua que no utilice; esto es, sin duda, incentivar el ahorro y un mejor reparto. Esta transferencia de derechos permitirá que la misma cantidad de agua quede redistribuida entre los propios usuarios. ¿Creen, señorías, realmente, que hay algo que objetar a este reparto? Gracias a Dios, desde que se empezó a debatir el tema del proyecto de modificación de la Ley de Aguas hasta el día de hoy han ido cambiando algunas de las actitudes que han mantenido los grupos parlamentarios.
He oído con gusto que hoy no se ha dicho aquí que se iban a beneficiar las empresas eléctricas, lo cual creo que es un gran paso que hemos dado hacia adelante. El texto normativo establece además garantías para que no se produzcan desviaciones ni abusos en las transferencias de concesiones. Por consiguiente, señorías, con toda seriedad, ¿dónde está el mercado de aguas del que ustedes hablan? El otro día en mi intervención indiqué que el artículo 61.2 de la aún vigente ley prevé expresamente que cualquier concesionario puede transmitir su concesión a quien quiera, es decir, esa transmisión de concesiones hoy ya es legal, señorías; a la luz de la Ley de Aguas de 1985, es legal la transmisión de las concesiones. Además de ello, el Plan nacional de regadíos horizonte 2005 del anterior Gobierno socialista incluía la posibilidad de la cesión concesional y para nada se mencionaba que el Estado tuviera que ser intermediario, es decir se admitían las cesiones libres de agua. Por consiguiente, seamos serios, señorías, y no hablemos de lo que no se dice exactamente en la ley.
Decía el portavoz de Izquierda Unida que su grupo quería que se abordara el problema del agua desde una perspectiva medioambiental.
Esto es, señor Ríos, exactamente lo que quiere el Grupo Parlamentario Popular, esto es lo que quiere el Gobierno y esto es lo que hace el proyecto de ley: impulsar la dimensión medioambiental de las aguas continentales, y lo hace en varios puntos del proyecto de ley. Por un lado, regula los caudales ecológicos como restricción general de todos los sistemas de explotación; atribuye a las confederaciones la promoción de la eficiencia ambiental de los diferentes usos del agua; introduce la valoración ambiental de las autorizaciones y concesiones de uso y subordina al nuevo contrato de cesión de derechos las afecciones ambientales negativas que pudiera provocar; legaliza el concepto de buen estado ecológico de las aguas y, para conseguirlo, establece una nueva regulación del canon de vertido, dada la escasa eficacia que ha tenido el actual canon regulado en la Ley de 1985.
Creo que nadie, señorías, ninguno de los grupos parlamentarios que han intervenido, puede decir con seriedad que no se tienen en cuenta las medidas, las diferencias ambientales en este proyecto de ley de aguas.
Analizando el texto alternativo que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, quiero decirle, señor Ríos, que he encontrado que era una curiosa mezcla entre el texto de la vigente Ley de Aguas, una parte de los conceptos del proyecto de ley del Gobierno y algunos conceptos nuevos, de los cuales, dada la

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premura de tiempo, me voy a referir solamente a dos. Por un lado, en sus artículos 114 a 117, se propone un canon o tarifa universal para todos los usuarios del agua. Es decir, usted propone, señor Ríos, poner un precio para el agua. El Grupo Parlamentario Popular entiende que el objetivo que tenemos ahora es gestionar con eficacia el régimen de repercusión de costes previstos en la ley actual, y que establecer un precio para el agua supondría una carga muy onerosa para nuestra agricultura, en términos comparativos con el resto de competidores europeos, y que va más allá de lo que exige el borrador de directiva marco, actualmente en discusión en la Unión Europea.
Nuestro grupo cree, señorías, señores de Izquierda Unida, que no hay que ponerle precio al agua como tal bien.
También quiero mencionar la disposición derogatoria del texto de Izquierda Unida, en la que se propone derogar normas por las que se declaran de interés general determinadas obras hidráulicas, que incluyen desde una serie de presas a obras de saneamiento y depuración, desaladoras, todas las obras del convenio de colaboración entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras y calidad de aguas y la regulación de la Rambla Cerverola, así como la recarga artificial del acuífero de Vall d´Uxo.
Creo que sería interesante que el señor Ríos, en el turno de que va a disponer, nos explicara por qué se niega, por qué no quiere que se declaren de interés general estas obras, por qué no desean estas obras.


El señor PRESIDENTE: Señora de Lara, le ruego que no provoque nuevos turnos y que vaya concluyendo, por favor.


La señora DE LARA CARBÓ: Concluyo enseguida, señor presidente.
En cuanto a una aclaración que ha pedido el señor Ríos, quiero indicarle que los trasvases quedan completamente excluidos en el artículo 56.14. Léase el proyecto de ley y verá que allí quedan excluidos.
Al Grupo Socialista quiero decirle que hemos examinado con detenimiento su texto y creo que lo que presentan como una novedad en su mayoría son los contenidos del proyecto de ley del Gobierno con algunas aportaciones, aportaciones que en algunos casos pueden crear conflictos constitucionales, ya que no tienen en cuenta las competencias de las comunidades autónomas. Y en algún otro caso lo que se hace en el proyecto de ley -y concretamente lo hicieron ayer usted y la señora Narbona en la rueda de prensa- es adueñarse de un concepto de algo que crea el proyecto de ley del Gobierno. El proyecto de ley del Gobierno crea los bancos de agua y ayer usted y la señora Narbona, en una rueda de prensa -creo que de forma vergonzosa-, se apropiaron de los bancos de agua como si fuera una iniciativa suya. En el proyecto de ley, señor Morlán, están los bancos de agua y usted lo sabe. Bancos de agua que ustedes al principio de las negociaciones con el Gobierno y con el Grupo Popular no aceptaban y que terminaron aceptando. Por consiguiente, digamos que usted acepta lo que ha propuesto el Ministerio de Medio Ambiente, lo que propone el proyecto de ley, pero no tiene usted la paternidad de los bancos de agua, señor Morlán.
En este momento la alternativa al contrato de cesión de derechos regulado en el proyecto de ley, la alternativa que presenta el Grupo Socialista, es denominada por ustedes reasignación temporal de recursos, pero viene a ser lo mismo, señorías. La única diferencia es que en su asignación temporal de recursos actúa de oficio la Administración, conforme a la ley de expropiación forzosa. Esta alternativa nos llevaría de nuevo a un procedimiento administrativo complejo, que impediría hacer frente con rapidez a situaciones de emergencia.


La última propuesta moderna, como la llamaban ayer usted y la señora Narbona, novedosa, la alternativa del Partido Socialista es que desaparezcan las sociedades estatales de agua. Si piden ustedes hoy que desaparezcan, no sabemos lo que pedirán mañana o el próximo mes, porque la última petición que ustedes hicieron al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno fue incluir en estas sociedades estatales a las comunidades autónomas correspondientes. Yo creo que se discutió y se llegó a la conclusión de que podían estar las comunidades autónomas que quisieran cooperar en ellas. Sin embargo, ahora ustedes nos sorprenden pidiendo que se supriman las sociedades y, por consiguiente, que dejen de efectuarse todas las inversiones previstas por estas sociedades. Sería conveniente, señor Morlán, que ustedes acudieran a las comunidades autónomas afectadas a decirles que ustedes no quieren que se haga toda la obra hidráulica que implica la supresión que ustedes desean de las sociedades.
Para terminar, en cuanto a la regulación de las zonas húmedas que usted solicita, hay un plan de humedales que está elaborando el Gobierno, cuyo borrador ha enviado y le ha valido ser elegida como sede de la próxima conferencia internacional en el año 2002. La modernización de las conducciones que usted solicita es competencia municipal; dígaselo usted a los ayuntamientos, a las entidades locales. Usted no quiere las sociedades estatales, pero sí desea sociedades públicas para los bancos de agua. Se observan algunas incongruencias entre lo que quieren y no quieren, entre el día que ustedes desean una cosa y al día siguiente la contraria. Pese a ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular está completamente abierto en el trámite de ponencia a estudiar detenidamente todas las enmiendas que presenten todos los grupos parlamentarios para conseguir este consenso, un consenso que, aunque ustedes lo niegan, se ha conseguido después de un amplio debate con una gran parte de la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora deLara. (El señor Morlán Gracia pide la palabra.)

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Señor Morlán, tiene un minuto para réplica.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora de Lara, yo le pediría que leyera bien los documentos que le entregan porque la urgencia con que quieren ustedes tramitar este proyecto de ley le ha impedido conocer perfectamente nuestro texto.
Por muchas impertinencias que usted venga diciendo, como hace de vez en cuando, respecto al Grupo Socialista, le tengo que indicar que los bancos de agua no los han inventado ustedes, en absoluto. Vaya usted al año 1983, como le he dicho antes, y verá dónde se hablaba ya de bancos de agua.
En segundo lugar, señoría, como ustedes se empeñan en tener las sociedades estatales -y no sé por qué razones, por qué negocios-, lo que planteamos es que por lo menos estén controladas y no estén, como ustedes plantean, al libre arbitrio de cuatro o cinco señores que son los que las dirigen.Hay otra cosa, señora de Lara. No funcionan, y lo que no funciona tiene que desaparecer. En la cuenca del Ebro, que es mi cuenca, en tres años, después de todos los recursos que tiene, ha hecho dos proyectitos de nada, que los podía haber hecho perfectamente la Confederación Hidrográfica del Ebro. En las otras cuencas no funcionan y, por lo tanto, sobran. Estamos planteando que se aplique la Ley de expropiación forzosa. Léasela, señora de Lara, y verá cómo ese mecanismo garantiza los derechos de todos.
Usted sigue planteando que existe contradicción entre nuestras enmiendas y lo que decimos o hacemos. Lo que sí le puedo decir es que nosotros respondemos a lo que escribimos, y lo que escribimos está en este texto alternativo que usted no ha tenido la gentileza de leerse.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Señor Ríos Martínez.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, voy a intervenir muy brevemente.
Esta técnica de decir parte de lo que propone uno a la hora de argumentar puede llevar al engaño. Una cosa buena que ha dicho la portavoz del Grupo Popular, que me ha gustado, es que el Gobierno propone la posibilidad de vender el agua que no se consume. Antes la ministra no ha dicho eso, ahora la portavoz del Grupo Popular sí lo ha dicho. Bueno, pues vender el agua que sobra no garantiza ningún ahorro, lo que garantiza es el negocio de quien puede pagar el agua a 20 pesetas y la vende después a 60 pesetas. El negocio del agua no garantiza el ahorro, garantiza la sobreexplotación y también diferentes usos agrícolas. Por tanto, las propuestas de Izquierda Unida son dificultar el negocio del agua; que haya garantías medioambientales para las obras que ustedes reducen. Nosotros hacemos un capítulo entero para regular la obra pública hidráulica como una clase especial de obra pública a la que hay que exigirle unas condiciones mínimas, que ustedes relativizan y quitan. Por último, democratizar la gestión del agua para que desaparezcan sindicatos de regantes que no riegan, sino que venden agua, y aparezcan organizaciones de la gente que riega y consume agua, que son los verdaderos beneficiarios de ese recurso.
Lo lógico es que a la hora de discutir la propuesta pudiéramos cotejar los distintos modelos que se establecen. El reto que nos ha hecho sobre la Comisión lo vamos a ver. Habría que adquirir un compromiso solamente -y con esto termino, señor presidente-. Para facilitar el diálogo, ¿el Grupo Popular va a establecer un calendario de comparecencias que hemos pedido los grupos y va ampliar el plazo hasta que terminen las comparecencias para poder tener la tranquilidad de consensuar y negociar, o nos van a imponer a la trágala aprobarlo cuando quieran y como quieran?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Señora de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Quiero contestar al señor Morlán diciéndole que, efectivamente, ni el Gobierno ni el Grupo Popular se han inventado los bancos de agua, ya existen en otros lugares, pero lo que hace el proyecto de ley es regularlos.
En cuanto a que las sociedades estatales de agua no funcionan, quiero decirle, señor Morlán, que sí están funcionando y concretamente en la cuenca del Ebro, el canal de Lodosa, de 150 millones de pesetas, ha obtenido la financiación del 50 por ciento por parte de los regantes, cosa que ocurre por primera vez en este país. Luego sí funcionan, señor Morlán. Quiero preguntarle únicamente que, si no funcionaban, ¿por qué pedían ustedes hace dos meses que la Comunidad Autónoma de Andalucía pudiera estar en la Presidencia de las sociedades estatales? ¿Por qué lo pedían ustedes si no funcionaban, señor Morlán? Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora de Lara, muy sinceramente, por la concisión que ha mantenido en sus intervenciones. ¿Algún otro grupo parlamentario desea fijar su posición dentro de los mismos términos? (Pausa.) Señor Sedó, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Poco a poco se van quemando gradualmente etapas y avanzando en la temática hidrológica. Con ello llegaremos al final de la legislatura a tener preparada la normativa cumbre que es el plan hidrológico, que se debatirá, en todo caso, en la siguiente legislatura porque en ésta no dará tiempo. De todas maneras, hemos de reconocer que con este texto se recogen mejoras puntuales y se actualizan determinados aspectos de la actual ley,

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y además supone la entrada en la liberalización, algo que era necesario.
Quiero decir que mi grupo reconoce que ha habido diálogo con las administraciones afectadas o competentes y que el consenso ha existido, pero que hay que enriquecer la ley y hace falta debatir aspectos que todavía quedan pendientes, y deseamos que en el trámite de enmiendas lleguen a buen fin.Por todo ello, nosotros no vemos la necesidad de apoyar las enmiendas y nuestro voto será en contra de las mismas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó por su concisión y su capacidad de síntesis.
En consecuencia, concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones que tenemos aún pendientes, la del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de personal estatutario de los servicios de salud y la de las enmiendas debatidas a la modificación de la Ley de Aguas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- DEL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000162.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones pendientes, quiero someter a este Pleno la aprobación por asentimiento del acuerdo de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, de la avocación del proyecto de ley de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final de dicho proyecto? (Asentimiento.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIONES.):

- PROYECTO DE LEY SOBRE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (Número de expediente 121/ 000159.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión al proyecto de ley sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, comenzando por la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, dos; en contra, 268; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1 y 21, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 115; en contra, 155; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan también rechazadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 132; en contra, 156.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 156; en contra, 133; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.):

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS. (Número de expediente 121/000171.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos así a las enmiendas de totalidad que se han presentado y debatido al proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas de totalidad de devolución que se han presentado, dos por el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 133; contra, 156; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de devolución.
Se somete a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo suscrita y presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 134; en contra, 155; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de texto alternativo del Grupo Socialista.


Pasamos a votar la que también con texto alternativo ha suscrito y presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 134; en contra, 155; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

El señor PRESIDENTE: ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final de este proyecto? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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