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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 257, de 16/09/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1999 VI Legislatura Núm. 257

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 247

celebrada el jueves, 16 de septiembre de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 86190.) . . . (Página 13608)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud.
(Número de expediente 130/000074.) («BOE» núm. 195, de 16 de agosto de 1999.) . . . (Página 13609)

- Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 130/000075.) («BOE» núm. 212, de 4 de septiembre de 1999.) . . . (Página 13618)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 321-1, de 8 de julio de 1999. (Número de expediente 122/000287.) . . . (Página 13623)

Página 13606


Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 149-1, de 16 de noviembre de 1998. (Número de expediente 121/000149.) . . . (Página 13629)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 161-1, de 8 de marzo de 1999.
(Corrección de error en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 161-2, de 15 de marzo de 1999.) (Número de expediente 121/ 000161.) . . . (Página 13630)

- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 167-1, de 26 de abril de 1999. (Número de expediente 121/ 000167.) . . . (Página 13640)

Dictámenes de Comisiones de Investigación:

- Dictamen de la Comisión de Investigación para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, en el marco de la política agraria común. (Número de expediente 152/ 000002.) . . . (Página 13644)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la

mañana con carácter secreto.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de

los Diputados . . . (Página 13608)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de

los Diputados sobre declaraciones de

actividades de excelentísimos señores

Diputados . . . (Página 13608)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del

Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales

Decretos-leyes . . . (Página 13609)

Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud . .
. (Página 13609)

El señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría) comparece ante la Cámara, en nombre del Gobierno, cumpliendo un mandato constitucional, con el objeto de dar debida información sobre el Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico, adoptado por el Gobierno a la vista de la evolución de los indicadores de gasto en la prestación farmacéutica de los últimos meses. Explica las razones de la tendencia al crecimiento de dicho gasto farmacéutico que siempre fue motivo de preocupación para el Gobierno y las medidas adoptadas para contenerlo desde julio de 1996. Añade que, ante la situación actual, se ha decidido por el Gobierno una reducción coyuntural de los precios autorizados de los medicamentos financiados por la Seguridad Social que, por razones de urgencia, adopta la forma de Real Decreto- ley, pasando a explicar los resultados que se esperan obtener con la implantación de las medidas tomadas.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo

Página 13607


Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Amador Millán, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco . . . (Página 13618)

El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel Siles) solicita de la Cámara, en nombre del Gobierno, la convalidación del Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, como se hizo otros años.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Cortajarena Iturrioz, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Por alusiones intervine el señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, se aprueba la convalidación por 298 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprueba la convalidación por unanimidad.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 13623)

Proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de solidaridad con las víctimas del terrorismo . . .
(Página 13623)

Defienden la propuesta conjunta de todos los grupos parlamentarios el señor Peralta Ortega, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, se aprueba por unanimidad.


Enmiendas del Senado . . . (Página 13629)

Proyecto de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales . . . (Página 13629)

En turno de fijación de posiciones respecto de las enmiendas del Senado al proyecto de ley intervienen el señor Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 13630)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas . . . (Página 13630)

Defienden sus enmiendas al proyecto de ley los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Fernández

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Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado . . . (Página 13640)

Defienden las enmiendas presentadas al proyecto de ley los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y García-Hierro Caraballo, del Grupo Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Votaciones. . . . (Página 13642)

Sometida a votación la enmienda del Senado al proyecto de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales, se rechaza por 137 votos a favor, 174 en contra y dos abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al dictamen de la Comisión del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


A continuación se procede a las votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado.


A continuación se procede a la votación del dictamen de la Comisión, que es aprobado por 314 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Dictámenes de comisiones de investigación . . . (Página 13644)

Dictamen de la Comisión de investigación para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, en el marco de la política agraria común. . . . (Página 13644)

Presenta el dictamen de la Comisión el señor Mardones Sevilla, presidente de dicha Comisión.


Defienden los votos particulares presentados los señores Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno en contra de los votos particulares intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometido a votación el voto particular suscrito y defendido por los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, se rechaza por 144 votos a favor, 172 en contra y una abstención.


Sometido a votación el voto particular suscrito por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 143 votos a favor y 172 en contra.


Sometido a votación, finalmente, el dictamen de la Comisión de investigación, se aprueba por 172 votos a favor y 150 en contra.


Se levanta la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 86.190.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 12/1999, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
(Número de expediente 130/000074.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día sobre la convalidación o derogación de dos reales decretos-leyes, el primero de los cuales hace el número 12 del presente año 1999, de fecha 31 de julio, referido a medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Sanidad, señor Romay Beccaría.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. en nombre del Gobierno y cumpliendo un mandato constitucional, con el objeto de dar debida información, previa al debate y votación en esta Cámara, del Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico, que ha sido adoptado por el Gobierno a la vista de la evolución de los indicadores de gasto en la prestación farmacéutica de los últimos meses.
Como conocen SS.SS., el gasto farmacéutico presenta en los últimos años una tendencia al crecimiento que se fundamenta ciertamente en factores demográficos -aumento de la población protegida y mayor esperanza de vida-, así como en la introducción de nuevos medicamentos, más avanzados y de mayor precio, tanto orientados al tratamiento de enfermedades que carecían de este tipo de terapia como indicados para patologías ya conocidas, pero que, por su mayor eficacia, constituyen una alternativa farmacológica preferente.
No obstante, los niveles de gasto farmacéutico en España y su ritmo de crecimiento en los últimos años fueron motivo de preocupación para este Gobierno desde su formación. El porcentaje de gasto sanitario dedicado a medicamentos en España supera el 20 por ciento y se distancia claramente del de los países con los que habitualmente nos comparamos, en torno al 15 por ciento.
No menos preocupantes que este nivel de gasto eran los porcentajes anuales de crecimiento: del año 1986 a 1995, la factura de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud creció en términos netos, es decir, deducidas las aportaciones de la industria, un 14,40 por ciento; de 1990 a 1995, ese crecimiento fue del 11,32 por ciento.
Estas magnitudes resultaban insoportables para crecimientos presupuestarios en el entorno del 6 por ciento.
Nosotros tomamos medidas inmediatamente. En julio de 1996 conseguimos un nuevo acuerdo con la industria que, junto con otras medidas de gestión, permitió bajar el crecimiento neto del gasto en ese mismo año 1996 a un 9,58 por ciento frente al 11,5 de 1995. Ese año introdujimos medidas legislativas pertinentes para el registro de medicamentos genéricos y para el establecimiento de precios de referencia. En 1997 se produjo una rebaja de dos puntos en el margen de las oficinas de farmacia y de uno en el de los almacenes de distribución, lo que supuso una reducción del 3,87 por ciento en el precio de los medicamentos. La aportación de la industria llegó ese año a más de 20.000 millones, frente a 14.000 de 1995, con lo cual el crecimiento neto de la factura farmacéutica fue en 1997 del 2,89 por ciento. En noviembre de 1997, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al acordar la nueva financiación del Sistema Nacional de Salud, asumió la necesidad de obtener, a partir de 1998, un ahorro de 65.000 millones de pesetas anuales en el gasto de medicamentos, que deberían proceder de las siguientes medidas: ampliación de la lista negativa, introducción de genéricos, aplicación de precios de referencia y aportaciones de la industria.
El acuerdo con Farmaindustria de 22 de enero de 1998 remitió la consecución de ese objetivo, en 1998, a una lista negativa reducida, a una aportación de la industria de 39.000 millones de pesetas y al efecto de los genéricos; en 1999, a los efectos de la lista negativa, a una aportación de la industria de 26.000 millones y al mayor efecto de los genéricos y precios de referencia. En 1998 se alcanzó prácticamente el objetivo: la aportación de la industria fue la prevista, 39.000 millones. La entrada en vigor, el 1 de septiembre, de la lista negativa hizo posible que un crecimiento del 12,5 por ciento previsto en agosto para fin de año se redujera a un 10,5, lo que supuso un ahorro de 20.000 millones. La suma de las dos cifras da un ahorro próximo a los 60.000 millones frente a los 65.000 estimados en el acuerdo de financiación.
Todas estas medidas arrojan un balance muy positivo para los primeros dos años completos de este Gobierno, 1997 y 1998. La factura neta del gasto farmacéutico para el Sistema Nacional de Salud creció en esos dos años un 6,63 por ciento frente al 11,32 ya citado del período 1990/1995.
La evolución del gasto en los primeros meses de 1999 evidenció que las previsiones que habían servido de base al acuerdo con Farmaindustria de enero de 1998 no se cumplían. Los efectos de la lista negativa se habrían neutralizado por el consumo creciente de nuevos fármacos muy costosos. Ante esta misma Cámara tuve ocasión de explicar el importante aumento que estaba experimentando en el Sistema Nacional de Salud el coste medio de la receta, que ha sido de un 11,86 por ciento en los ocho primeros meses de este año. Esto sólo se explica por el gran consumo de medicamentos de reciente registro, que coinciden mayoritariamente con los más caros.
En el primer trimestre de este año el crecimiento del gasto ya había alcanzado un 10,59 por ciento. El número de medicamentos genéricos registrados y su consumo

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crecía ciertamente, pero como partíamos prácticamente de cero, las cifras de ahorro obtenidas por esta vía resultan claramente insuficientes para compensar esas otras partidas crecientes de gasto.
De mayo de 1998 a marzo de 1999 el número de envases genéricos consumidos en el Sistema Nacional de Salud ha pasado de 53.000 a 407.000, y el importe de la factura de genéricos ha crecido desde 86 millones a 568. Pero evidentemente se trata de cifras modestas comparadas con el gasto total de medicamentos.
Así las cosas, por el Real Decreto-ley de 16 de abril de este año, de medidas económicas, se redujo nuevamente el margen de los almacenes de distribución, en esta ocasión en 1,4 puntos, con una minoración de los precios de los medicamentos del 1,55 por ciento con efectos a partir del primero de junio. Aunque esa medida contribuyó a mejorar la evolución del gasto desde de su entrada en vigor, la situación a mediados de año, con un crecimiento acumulado a 30 de junio del 10,98 por ciento, exigía la adopción de medidas complementarias si se pretendía alcanzar este año y el próximo el objetivo de ahorro de los 65.000 millones previstos en el acuerdo de financiación, que a su vez prevé que llegadas estas circunstancias era preciso adoptar medidas complementarias.
Era necesario, pues, tomar algunas decisiones. Las medidas adoptadas hasta ahora no habían afectado a los precios industriales máximos de las especialidades farmacéuticas, a los que se refiere el artículo 102 de la Ley del Medicamento, no obstante su incidencia relevante en el precio final de los medicamentos, así como en el gasto farmacéutico y en el uso de los medios financieros destinados al Sistema Nacional de Salud. Tales precios han mantenido, como se apuntaba, una marcada tendencia al alza durante los últimos años, que no se ha corregido no obstante la reducción general de costes operada en la economía española ni los extraordinarios incrementos del consumo, si bien no se pueden desconocer las aportaciones que la industria ha venido haciendo en los últimos años al Sistema Nacional de Salud.
Con base en la situación descrita, se ha decidido por el Gobierno una reducción coyuntural de los precios autorizados de los medicamentos financiados por la Seguridad Social y que por razones de urgencia adopta la forma del Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio. De esta reducción de precios se obtendrá, con carácter general, un impacto promedio del 6 por ciento sobre el consumo del periodo junio 1998/ mayo 1999. Por cierto, en el Reino Unido, en el pasado mes de julio y con los mismos fines de contención del gasto se ha operado una reducción de precios de los medicamentos del 4,5 por ciento.
En términos más precisos, con esta medida legislativa se estiman los siguientes resultados. Primero, la revisión cuyo impacto respecto al periodo junio 1998/mayo 1999 en el precio de venta al público, IVA incluido, asciende a 59.411 millones de pesetas; se realiza en precios autorizados y deberá absorber la supresión de la bajada voluntaria de los laboratorios de noviembre de 1993, que desaparecería con la finalización del acuerdo con Farmaindustria de 1998.
Segundo. El impacto para 1999, al entrar la medida en vigor el 1 de noviembre a efectos de facturación del Sistema Nacional de Salud, se estima en 7.600 millones de pesetas netos, deduciendo el efecto de la eliminación de la bajada de precios de noviembre de 1993. Para el año 2000 el impacto neto previsto asciende a 52.400 millones de pesetas.
Con la reducción de precios, la creciente introducción de genéricos en el mercado -son ya casi trescientos y van a ser cuatrocientos a fin de año- y la aplicación de los precios de referencia, las tasas de crecimiento para el año 1999 se podrían situar en el entorno del 7 por ciento, descontada la aportación de 20.000 millones correspondiente a los primeros ocho meses y medio del pacto con Farmaindustria, y puede situarse entre el 5 y el 6 por ciento en el año 2000, porcentajes estos últimos más en relación con las previsiones de política económica.
La revisión llevada a cabo por el Gobierno no afecta a los formatos de precio inferior a 350 pesetas, por su bajo precio, antigüedad en el registro y haber sido revisados al alza recientemente como consecuencia de los acuerdos con el sector farmacéutico. Tampoco afecta a las especialidades no financiadas, a los envases clínicos, las especialidades calificadas de uso hospitalario, los medicamentos para diagnóstico y los anestésicos generales. Los precios se reducen de forma escalonada, desde un 4,87 por ciento para las especialidades comprendidas entre las 350 y las 1.000 pesetas de precio de venta de laboratorio, hasta un 9,15 por ciento para las especialidades de más 9.000 pesetas de precio de venta de laboratorio, justamente porque los mayores crecimientos de consumo se están operando en las especialidades de precios más altos.
Además de esa rebaja coyuntural de los precios, el real decreto-ley contiene, asimismo, una modificación de la actual regulación legislativa de las prestaciones de especialidades farmacéuticas no bioequivalentes y que se han incluido en el cálculo del precio de referencia. Las razones de la modificación son las siguientes. La aprobación por el Real Decreto 1.035/1999 establece el procedimiento para la aplicación del nuevo sistema de precios de referencia que afecta a especialidades farmacéuticas bioequivalentes agrupadas en conjuntos homogéneos, con la característica principal, entre otras, de estar formadas por especialidades con la misma composición cualitativa, cuantitativa, dosis farmacéutica, día de administración y presentación. Para la determinación del precio de referencia, en dicha norma se toman en cuenta las especialidades bioequivalentes o no bioequivalentes que cumplan la igualdad de características antes descritas. Así pues, el sistema previsto en el Real Decreto 1.035/ 1999 operaría de forma tal que las especialidades bioequivalentes, con precios superiores al de referencia, deberán ser sustituidas por especialidades genéricas, salvo que el paciente abone la

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diferencia entre el precio del genérico y el de la especialidad prescrita, todo ello sin perjuicio de la aportación que le corresponda.
Ahora bien, de acuerdo con dicho sistema pudiera suceder que se mantengan especialidades farmacéuticas no bioequivalentes y que se han incluido en el cálculo del precio de referencia cuyo precio sea superior al de referencia fijado. Esta situación estaría fuera de toda lógica si se tiene en cuenta que las especialidades bioequivalentes, con precios por encima del de referencia, van a ser sustituidas, mientras que las no bioequivalentes, al no cumplir la condición de intercambiabilidad no lo sean y, por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud debería financiar importes superiores al fijado como precio de referencia. Por ello, se ha considerado necesario, para el correcto funcionamiento del régimen de precios de referencia, que iniciará su desarrollo en breve la modificación legal que se incluye en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/1999 de 31 de julio.
Por todas las razones expuestas, y teniendo en cuenta la evolución del gasto farmacéutico en los últimos meses, el Gobierno, en uso de las previsiones del artículo 86 de la Constitución, ha considerado necesaria la adopción de las medidas urgentes que se recogen en el Real Decreto-ley 12/1999 de 31 de julio y para el que solicito a SS.
SS, en nombre del Gobierno, su ratificación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación? (Pausa.) De no ser así, ¿qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el señor Vázquez, en nombre del Grupo Mixto.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
El Real Decreto-ley 12/1999 que hoy discutimos sobre medidas de contención del gasto farmacéutico en el sistema sanitario público plantea una medida para intentar conseguir frenar este gasto, consistente, en lo fundamental, en limitar el precio industrial máximo a una serie de productos y, en general, rebajar el precio de los fármacos en un 6 por ciento, con lo cual el Gobierno espera ahorrar el año que viene -porque éste ya menos- 52.500 millones de pesetas en la factura farmacéutica.
Sin entrar a discutir acerca del éxito de las medidas adoptadas por el Gobierno en este campo que acaba de relatar el señor ministro con el entusiasmo que le caracteriza, sí quiero decir que esta medida concreta, desde nuestro punto de vista, es positiva, por más que sea discutible si la rebaja en el precio podría ser mayor o alcanzar a más productos o si pudo aplicarse con anterioridad en lugar de seguir insistiendo, por la vía de medidas como el medicamentazo, que, por cierto, volvieron a demostrar su ineficacia, además de suponer lo ya dicho en su día, como fue repercutir una parte del gasto sobre la economía de las gentes que cuentan con menos poder adquisitivo.Por tanto, valoramos positivamente que el Gobierno decida tomar medidas concretas de rebaja de los precios de los medicamentos y que esta decisión suponga no repercutir el asuntos sobre los mismos, las clases más desfavorecidas, así como valoramos que el Gobierno actúe concretamente en la línea de fijar precios máximos en lugar de lo habitual de dejar que el mercado lo regule todo.
Por ello, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, a pesar de que pueda haber ciertos desajustes a la hora de que haya en este período de transición distintos precios para el mismo medicamento, etcétera, y desde luego animando al Gobierno a buscar vías, que sin duda existen, que supongan una disminución del gasto público en farmacia sin que se ponga en peligro la atención igualitaria a las personas o signifique simplemente repercusión sobre sus bolsillos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.


Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez, por Coalición Canaria.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Coalición Canaria va a apoyar el texto presentado por el señor ministro en relación con las medidas urgentes para la contención del llamado gasto farmacéutico, y es que creemos que es tarea de todos apoyar las medidas de reducción de este gasto, que aunque sea el de España uno de los más bajos de Europa, sigue incrementándose. En nuestro país, lamentablemente, el ritmo de crecimiento es superior al del IPC y al del PIB, lo cual, desde el punto de vista de la economía pública y privada, es inadmisible y por todo ello apoyamos este decreto. Pero creemos que debemos aprovechar esta coyuntura para exponer con el mayor afán constructivo tres aportaciones.
Primero, consideramos que la denominación del gasto es inadecuada. No se debería llamar gasto farmacéutico, debería llamarse gasto público sanitario del medicamento, pero no gasto farmacéutico, porque eso induce a la población que no esté avezada en estos temas a creer que la oficina de farmacia es la causante de la subida de los precios, y todos sabemos, señorías, que el precio en España, como en el resto de los países de Europa occidental, viene determinado por el Gobierno, por la Administración central, y bendita sea la hora en que eso es así, porque, ¿qué sería de este país si fuese un mercado libre? Bastante tenemos ya con el oligopolio que se origina con Farmaindustria. No se olviden que en Farmaindustria hay 350 empresas laboratorios y cien dominan el 90 por ciento de los productos que se venden.


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Tampoco sería justo olvidar que la farmacia es una oficina de interés público, que es el tercer escalón, porque antes está, repito, Farmaindustria y luego está también el almacén, y no es el margen de la farmacia el mayor de los tres escalones.
Igualmente no podemos olvidar que no todo el gasto público se hace en farmacia. Los hospitales y establecimientos de la red pública, tanto del Insalud como de las siete comunidades autónomas, no van a las farmacias a adquirir sus medicamentos, los medicamentos se adquieren en los primeros escalones, laboratorios o almacenes, pero, repito, no van a las farmacias. Por todo ello, si la farmacia no interviene en el precio, si la farmacia no es todo lo que se vende en el sector público -no nos olvidemos de los hospitales- y tampoco es el sector que tiene la mayor participación, consideramos que debería llamarse gasto público del medicamento.


Otra cuestión que viene ligada a esta es la necesidad de tener estadísticas completas, fiables y consolidadas del gasto. Hace falta incorporar los gastos de las administraciones autonómicas, no solamente el farmacéutico, que se lleva a la perfección, sino también los gastos hospitalarios de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. ¿A cuánto asciende, a un 10, a un 15, a un 20 por ciento? Para afrontar este problema de una forma definitiva es necesario tener todos estos datos consolidados.
Por último, señor presidente, señorías, consideramos que ante la gravedad del problema y ante los esfuerzos que tanto la Administración central anterior como la actual han venido haciendo para reducir este gasto y que se han traducido en las medidas de contención y de reducción de los márgenes de almacenamiento y de farmacia de los dos medicamentazos, ya anulados quizá en sus efectos, en los convenios con Farmaindustria y en la afortunada aparición de los genéricos, sería necesario que el Ministerio no estuviese solo, sería necesario que toda la sociedad española, todos los estamentos y los organismos que tengan que ver con la sanidad se reunieran en una mesa de trabajo para conseguir la implantación de medidas no solamente coyunturales sino estructurales que de una forma permanente erradiquen este mal que hace que en el mismo año se tengan que adoptar con urgencia medidas que eran imprevisibles cuando se tomaron las anteriores. En esa mesa estoy seguro de que se hablaría de la necesidad de potenciar el escalón primario de la sanidad, de forma que el prescriptor -el médico- tenga medios humanos y materiales, así como tiempo suficiente para diagnosticar y recetar con serenidad.
Sería necesario potenciar la gerencia de establecimientos sanitarios para que aporten, en un sentido de solidaridad, los datos estadísticos para esa consolidación necesaria a fin de conocer el gasto público real del medicamento en España. Habría que incrementar la inspección farmacéutica para acabar con las bolsas de fraude -no nos olvidemos de la célebre cartilla del abuelo-. Habría que potenciar la mejora de la salud para no gastar tanto en sanidad.
Muchas serían las medidas que habría que adoptar, entre ellas, la dosificación, aunque haya que abrir los envases, y otras. Creemos que es hora de que se consiga esa planificación total y armónica de todos los organismos y entidades relacionadas con el gasto sanitario y quizá con pretensiones de pacto de Estado, para así poder seguir disfrutando de la bendita hora en que en España se estableció el Estado del bienestar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Caballero, por el Grupo Vasco.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, en relación con la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico, desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV) queremos hacer alguna consideración. Respecto del primer artículo, la reducción progresiva del precio industrial máximo nos parece equilibrada y no parece viable a la luz de las actuales tensiones con Farmaindustria pujar por reducciones mayores.
Tampoco parece viable, aunque pudiera ser deseable, reducir la lista de exclusiones eliminando de la misma al menos los apartados c), d), e) y f). En cuanto al artículo 2, pensamos que se trata de una cuestión que complementa el Real Decreto 1035/1999, por el que se regula el sistema de precios de referencia en la financiación de los medicamentos. Es una medida ya conocida que da coherencia al real decreto citado y que ha requerido una valentía por parte del Ministerio, al césar lo que es del césar, aunque también cabe decir que se podría haber optado por disposiciones igualmente efectivas y menos beligerantes como, por ejemplo, la declaración de oficio de la bioequivalencia de todas las especialidades farmacéuticas que por principio activo, forma farmacéutica, dosis, etcétera, pudieran pertenecer al grupo homogéneo citado.
En cuanto a nuestra posición, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) apreciamos en primer lugar las medidas que contribuyen a contener el desmesurado crecimiento del gasto farmacéutico, tanto por su impacto en la economía general como por su repercusión directa sobre el gasto sanitario público. En este sentido valoramos positivamente la prudencia, la viabilidad y los efectos que se pueden anticipar de las medidas propuestas. En segundo lugar y al margen de lo anterior, previo reconocimiento de la competencia estatal exclusiva para legislar sobre la materia, dado que las administraciones afectadas, por ser las que pagan la factura farmacéutica, son las comunidades autónomas con transferencias y el Insalud, conviene recomendar una mayor comunicación desde el Ministerio. A estos efectos, cabe señalar que una vez aprobado por el Consejo de Ministros este real decreto, en el departamento de Sanidad del Gobierno vasco se tuvo conocimiento a

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posteriori, a través de un fax, el día 5 de agosto. Obviamente, en este caso la consulta o al menos la información no es una obligación formal del Gobierno de Madrid pero sí una obligación moral o al menos una elemental cortesía. Hacerlo de otro modo no contribuye a generar adhesiones sino recelos y no es la primera vez que esto sucede así.
Finalmente, vamos a apoyar la convalidación del real decreto que estamos debatiendo por todo lo dicho anteriormente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, pienso que ninguno de los grupos parlamentarios que estamos representados en esta Cámara cuestiona las motivaciones que han inducido a su Ministerio a tomar por la vía de urgencia una decisión que tiene por objetivo parar la tendencia alcista que el gasto farmacéutico viene registrando en España. Desde ayer, día 15, los laboratorios farmacéuticos del Estado español están solamente autorizados para comercializar productos de acuerdo con la nueva tarifa, tal como ha quedado tras la aplicación del real decreto. Esta medida, señor ministro, se suma a la que con el mismo fin su Ministerio ya ha tomado en otras ocasiones: reducción del margen de las oficinas de farmacia, reducción del margen de los almacenes farmacéuticos, potenciación de los medicamentos genéricos con la preceptiva modificación de la Ley del Medicamento, los precios de referencia y la financiación selectiva de medicamentos.
Usted, señor ministro, y los distintos ministros de Sanidad que hemos tenido desde la democracia se han enfrentado constantemente con una doble situación. Por un lado, nadie, afortunadamente, quiere poner en duda las bondades del Sistema Nacional de Salud y lo que tiene de beneficioso para nuestra sociedad este modelo en el que nos hemos fijado y que queremos seguir; por otro, todos son conscientes de que la tendencia alcista, sin perspectivas positivas de poder contener el gasto farmacéutico, es una preocupación que hace cada vez más difícil el equilibrio con las políticas presupuestarias que la propia Unión Europea nos marca.
De todas maneras, señor ministro, y no quisiera que se interpretase esto como una crítica a su gestión y a su Gobierno, con independencia de los gobiernos y de los distintos responsables sobre la materia, mi grupo parlamentario piensa que muchas veces estamos intentando la cuadratura del círculo, porque alguna incompatibilidad existe entre mantener el Sistema Nacional de Salud con las premisas que nos hemos fijado, lo que todos nos hemos dado por bueno y positivo, y mejorarlo en la propia dinámica que la sociedad está marcando. Las nuevas tecnologías que sean asumibles por el sistema, los nuevos medicamentos, las nuevas prestaciones, incluso el mayor nivel de vida que la sociedad española en su conjunto ha ido adquiriendo nos hace proclives a que las expectativas de demanda sean cada vez más altas.
La propia pirámide de edad, el hecho de que la población del Estado español gane, afortunadamente, en años de vida y que en la base de la pirámide existan muchas personas mayores y menos personas jóvenes encarece todos los costes del sistema. Compaginar todo esto, que es muy legítimo, y al mismo tiempo conseguir que el porcentaje del gasto sanitario baje en relación al PIB es prácticamente conseguir la cuadratura del círculo. Además, tendríamos que tener en cuenta un fenómeno que a veces olvidamos o aparcamos en según qué tipo de discusión estamos, y es que si bien es cierto que el porcentaje de gasto farmacéutico en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es alto, también es cierto que los medicamentos del Estado español son los más baratos del entorno europeo y que el dinero que el Estado invierte en sanidad, en proporción a los servicios que presta y a la efectividad de los mismos, hace que resulten de los más económicos del entorno europeo. Por lo tanto, cuidado con fijarnos exclusivamente en las observaciones de que el porcentaje que estamos gastando en farmacia es alto, porque también depende de con qué lo comparamos y de qué denominador estamos partiendo.
No obstante, repito, comprendemos la problemática a la que tiene que enfrentarse el Ministerio y vamos a dar nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto. Señor ministro, insisto en que en el fondo siempre está la misma cuestión: más dinero para la sanidad.
Sé, señor ministro, que usted podría ahora decirme que con esta medida vamos a conseguir más dinero para la sanidad, y es evidente y no quiero negarlo, pero quizá no sea la forma deseable ni la que nos tenemos que fijar como objetivo que este mayor dinero para la sanidad venga de manera muy determinante, por más o menos imposiciones que se consigan, sea frente a los farmacéuticos, sea frente a los laboratorios o frente a todos juntos. En el fondo hay una decisión que es política, que es decir: estamos en época de preparar los presupuestos. Seguro que el Gobierno está por la labor, pero tengamos presente que estas medidas que sirven para frenar el impacto no tienen que estar reñidas, bien al contrario, con la conciencia plena de que es necesario que en la sanidad pública se invierta más dinero.
De no ser así, terminaremos en una trampa mortal, porque no va a ser compatible mantener las dos cosas a la vez. Todos queremos tratar a los enfermos de sida, todos queremos que nuestros mayores vivan más años y con más calidad de vida, todos estamos convencidos de que los medicamentos curan muchas veces o ayudan a mejorar determinadas dolencias y que, por lo tanto, en este sentido no son sólo un gasto, sino que repercuten en un ahorro de otro tipo de financiación sanitaria que se produciría de no ser por los medicamentos.


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Hay que tener presente otra cosa, señor ministro. Afortunadamente la España del siglo XXI está muy lejos de aquella en la que alguien decía que inventar, que inventen ellos. Hoy día nuestro país no puede permitirse que la industria farmacéutica esté continuamente demonizada, considerándola la culpable de todos los males de la sanidad. Si bien es cierto que se ha criticado, y muchas veces con razón, que determinada propaganda o determinados cruceros recreativos con cargo a la industria farmacéutica los estamos pagando entre todos los usuarios de la sanidad, también es cierto que la investigación y el desarrollo de los nuevos fármacos, cambiar medicamentos obsoletos por medicamentos nuevos tiene un coste importante que debe soportar la industria y que de no ser capaces de hacerlo compatible con la contención del gasto, va a provocar -y sería muy lamentable y seguramente nadie lo desea- que la industria farmacéutica de nuestro país desaparezca. En orden a evitarlo, señor ministro, sería deseable que las normativas que el Ministerio adopte lo sean por la vía del consenso y no de la imposición. Estoy convencida de que el Ministerio lo ha intentado, pero nunca hay motivo suficiente como para romper las vías de diálogo. La negociación siempre estará mejor que la imposición. A todo ello hay que añadir una cuestión que nos parece que también es básica y de sentido común: ahorro sí, racionalización del gasto también, más dinero para la sanidad y mejor gestión de los recursos que tenemos a nuestra disposición.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa, la señora Maestro tiene la palabra.
Están muy tribunos o tribunas -no sé cómo se diría- sus señorías. Lo digo porque con un orden del día tan apretado...


La señora MAESTRO MARTÍN: Con toda brevedad, señor presidente, subo a la tribuna simplemente por contribuir a que el debate sobre un tema como el gasto farmacéutico se dé con la debida importancia.
Mi grupo parlamentario, señor ministro, va a apoyar la convalidación del real decreto-ley. Entendemos que la medida contribuirá a reducir un gasto farmacéutico cuya valoración nosotros hemos estimado siempre -insisto- no tanto elevadísima o desproporcionada sino inadecuada y que no se corresponde con las necesidades de salud de la población.
En ese sentido no comparto algunas de las apreciaciones de la señora Riera. El problema fundamental no es el envejecimiento de la población, el problema fundamental no es la aparición de nuevos fármacos excesivamente caros, sino que hay una irracionalidad de fondo en el gasto. Por lo tanto, las reservas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la convalidación del real decreto-ley son una vez más porque este Ministerio de Sanidad y otros ministerios de gobiernos anteriores no se han atrevido a abordar de una manera integral todos los aspectos que inciden en el uso de fármacos en nuestro país.
Hay medidas clamorosas que todos los grupos parlamentarios dicen apoyar, incluido usted, señor ministro, y las recuerdo: algo tan sencillo como la adecuación del número de unidades a las necesidades de los tratamientos. Realmente que no se haya abordado una medida como esta, que supone que en muchos medicamentos se esté gastando un 50 por ciento más, contribuyendo a la inseguridad en el uso de fármacos mediante el almacenamiento en las farmacias privadas de las casas particulares, revela hasta qué punto no hay voluntad política de abordar el gasto farmacéutico y la racionalidad en el uso de medicamentos.
Señor ministro, vamos a apoyar esta medida. Creemos que es simplemente el exponente del fracaso de medidas anteriores, del fracaso de la exclusión de la financiación de determinados medicamentos, de no haber abordado el registro de medicamentos y de que continúen en el mismo medicamentos manifiestamente obsoletos financiados por la sanidad pública. No se ha abordado -y anuncio que tendremos ocasión de debatirlo en profundidad en esta Cámara- la presión sostenida, ilegal, de los laboratorios con respecto a la prescripción; no se ha abordado la presión «científica» que los laboratorios hacen a través de las publicaciones o el escándalo que supone la financiación de congresos, y muchas veces ni siquiera con congresos, la financiación de viajes de placer, que está incidiendo en la prescripción y violando toda la legislación nacional y europea.
No se están planteando, como ha dicho el representante de Coalición Canaria, las condiciones en las que se prescriben los medicamentos en atención primaria. Y a todo esto hay que sumar un largo etcétera, que no es el momento de recordar.
Mi grupo parlamentario no va a caer en el error de hacer demagogia con esto. La medida es positiva. El intento de contención del gasto es más que modesto, y queda pendiente, para este Gobierno y para los que le han precedido -y ojalá no ocurra así con los que sigan-, un abordaje integral de la política del medicamento en aras a que se consuma exactamente lo que las necesidades de salud de la población determinen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Maestro, por su concisión.
Corresponde el turno al Grupo Socialista, por el que intervendrá la señora Amador.


La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el 26 de mayo último, poco antes de acabar el anterior período de sesiones, el señor ministro de Sanidad comparecía en este Pleno y a pregunta de una diputada del Grupo Socialista, la señora Pozuelo, nos decía en relación con el gasto farmacéutico que el año pasado, 1998, se había conseguido un ahorro de unos 65.000 millones.
«Hasta ahora» -y cito literalmente

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lo que decía el señor ministro- «todas nuestras previsiones se han cumplido; en los tres años que gobernamos nosotros el gasto framacéutico se ha reducido; en los dos últimos años llevamos un gasto farmacéutico del seis y pico por ciento... En dos años hemos conseguido que el crecimiento del gasto farmacéutico bajara del 11,32 por ciento ... al 6,63 por ciento. Son casi cinco puntos de ahorro, suponen más de 50.000 millones al año que hemos podido dedicar a otras cosas mucho más necesarias.» Todo esto lo decía el señor Romay en el Pleno del 26 de mayo y así consta en el «Diario de Sesiones».
Dos meses después de estas afirmaciones, resulta que el Gobierno aprueba un decreto-ley, inefable decreto-ley, que es el que hoy nos trae a convalidación, que consta de dos artículos y una disposición adicional y que contiene una memoria muy ilustrativa. Esa memoria, cuya lectura recomiendo, dice cosas muy distintas a las que había dicho el ministro aquí dos meses antes. Dice que teniendo en cuenta las pesimistas previsiones con las que se inició el año 1998..., dice que los augurios para el año próximo son poco optimistas (Un señor diputado: ¡Ay, Romay, Romay!), dice que las cifras de crecimiento no se pueden afrontar, dice respecto al ahorro, al que el ministro se refería, que donde el ministro decía 20.000 millones son 8.000, y dice que es urgente, extraordinariamente urgente, adoptar medidas.
Señorías, la dignidad de este Parlamento exige que al menos tengamos la oportunidad de poner de manifiesto lo que constituye ya una verdadera farsa. Las cifras del gasto farmacéutico y las medidas para contener dicho gasto constituyen una sucesión de falsedades y manipulaciones, pero los hechos al final son contundentes y resulta que dos meses después de que el ministro nos diga en este Pleno lo orgulloso que está de cómo va el gasto farmacéutico se plantea un decreto- ley, señoras y señores diputados, que constituye, si me permiten la expresión, un ajuste de cuentas con la industria farmacéutica, que ha denunciado aquel acuerdo del que el Gobierno estaba tan orgulloso. Y el Grupo Socialista, que lleva explicando el contenido de ese acuerdo, no estuvo de acuerdo con las concesiones que aquel acuerdo contenía, ni estaba de acuerdo entonces ni está de acuerdo ahora con esta ruptura de las reglas del juego que supone este decreto-ley, porque, señor ministro, así gestiona cualquiera.
Dando instrucciones para que en la lista de espera no entre el que no pueda salir en seis meses y trayendo aquí la artillería de un decreto-ley para bajar los precios de los medicamentos, así gestiona cualquiera. Pero, claro, el sistema de precios de los medicamentos tiene un ordenamiento jurídico, está regulado en una directiva comunitaria y ustedes lo han ratificado al modificar la Ley del Medicamento manteniendo un sistema de fijación de precios que establece la Administración; usted, señor ministro, el Ministerio de Sanidad, fija los precios de los medicamentos, y hay unas reglas del juego que deberían ser respetadas. Por tanto, yo quiero decir hoy aquí que esta medida, el decreto-ley, puede tener consecuencias, aquí y en Europa, y además el Grupo Socialista quiere dejar constancia de que las posibles consecuencias de esta medida, consecuencias de todo orden, jurídicas, sancionadoras e indemnizatorias, son de la exclusiva responsabilidad de quien la está adoptando, que es el señor Romay como ministro de Sanidad en el Gobierno del señor Aznar. ¿Qué ha pasado, señor ministro, para que haya irrumpido usted con un decreto-ley con extraordinaria y urgente necesidad cuando tan bien iban las cosas en el gasto farmacéutico? Pues ha pasado que no es verdad, que el gasto farmacéutico está en una situación grave, que está desbocado, que todas las supuestas medidas tan eficaces que ha venido usted adoptando no han dado ningún resultado, que no son ciertas, que ha modificado usted la Ley del Medicamento cada año en la Ley de acompañamiento porque así lo había pactado con la industria farmacéutica; que mientras nos habla usted de los genéricos, resulta que a 31 de diciembre de 1998, según los datos de la propia industria, los genéricos ocupan una cuota de mercado del 0,2 por ciento; que la desviación en el año 1998 ha sido superior al 10 por ciento y que eso ha creado un problema financiero importante que en 1998 ha enjugado usted con algunos manejos presupuestarios -digo manejos en el sentido de que ha aplicado usted aportaciones de Farmaindustria y los ahorros de la incapacidad sin control en el Parlamento y sin consignación presupuestaria-. Y las previsiones de 1999, señor ministro, según la memoria del decreto-ley, y lo dicen ustedes, superan el 11 por ciento, y como el presupuesto de 1999 es sensiblemente igual al gasto de 1998, todo el crecimiento es desviación.
Todo esto, señor ministro, ocurre en el SistemaNacional de Salud mientras que hay una comunidad autónoma que no ha firmado el acuerdo con Farmaindustria, que no ha quitado medicamentos de la financiación pública porque no aplica su recorte, que no recibe aportación alguna extrapresupuestaria, que además está sufriendo la subida de precios de esos 800 medicamentos que ustedes concedieron como contrapartida, y resulta que en el año 1998, mientras el Sistema Nacional de Salud crecía el 10,8 por ciento, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha crecido el 8,9 por ciento. Y de enero a julio de 1999, mientras el resto del Sistema Nacional de Salud...


El señor PRESIDENTE: Señora Amador, ha de ir concluyendo.


La señora AMADOR MILLÁN: Señor presidente, voy a tratar de concluir lo antes posible, pero apelo a su benevolencia, porque este decreto- ley trata sobre un asunto muy importante para despacharlo en tan pocos minutos.


El señor PRESIDENTE: Adelante, adelante.


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La señora AMADOR MILLÁN: El resto del Sistema Nacional de Salud, señor ministro, de enero a julio de 1999, ha crecido el 11,4 por ciento y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 6,4. ¿Qué ha pasado, señor ministro? ¿Qué ha pasado? ¿Quiere explicarnos por qué ninguna cifra coincide? ¿Por qué en mayo nos dice una cosa y la memoria del decreto-ley dice otra? ¿Por qué hay extraordinaria y urgente necesidad para adoptar una medida de esta naturaleza? ¿Por qué todas y cada una de las medidas que ha adoptado su Gobierno han producido el efecto de llevar el gasto farmacéutico a cotas no conocidas hasta ahora? Dígame, señor ministro, por qué están excluidos de esta bajada de precios los medicamentos de uso hospitalario. La memoria del decreto-ley dice textualmente, en su página 5, que las ventas a instituciones hospitalarias están creciendo más rápidamente que las ventas con receta y sin embargo no se bajan los precios de las ventas a hospitales. Fíjese lo que dice la memoria de Farmaindustria del año 1998: El saldo deudor del Sistema Nacional de Salud en hospitales es de 120.340 millones a 31 de diciembre de 1998. Un 15,2 por ciento más de la deuda pendiente a finales del año anterior. Continúa la tendencia de progresivo crecimiento de la deuda pendiente observada a partir de 1996, señor ministro. La deuda del conjunto del Sistema Nacional de Salud se ha incrementado en un 53 por ciento desde 1996, mientras que entre 1993 y 1995, fíjese, había descendido el 21 por ciento. ¿Por qué hay deuda y este incremento de deuda, señor ministro, con el mejor presupuesto de la historia en sanidad, como lo califican ustedes? El artículo 2 del decreto-ley, señorías, produce una perplejidad que lleva al sonrojo. Se refiere a los precios de referencia, señor ministro. Los precios de referencia, regulados en sucesivas leyes de acompañamiento, como es su costumbre, se desarrollan en un decreto que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» el 29 de junio de 1999, señor ministro. Entra en vigor a los 20 días de su publicación y ha estado en vigor 12 días. Porque este decreto, señorías, del mes de junio de 1999, dice que los precios de referencia no se aplican a las especialidades farmacéuticas no bioequivalentes. Artículo 1.3 del decreto de junio de 1999. La memoria del decreto-ley que nos traen ustedes hoy dice literalmente que la situación que prevé este decreto estaría fuera de toda lógica. Y cuando el decreto dice que los precios de referencia no se aplican a los medicamentos no bioequivalentes, el artículo 2 del decreto-ley dice que sí se aplican. ¿Usted cree, señor ministro, que se puede legislar diciendo que no en el mes de junio y en el mes de julio diciendo que sí, sin dar una explicación? La disposición transitoria, señor ministro, dice que el decreto entra en vigor en una fecha para el sistema y por los periódicos y por la radio nos enteramos de que los consumidores van a tener que esperar a que los medicamentos se agoten en las farmacias, a que se acabe el almacenaje. Señor ministro, ¿cuándo una ley entra en vigor un día para uno y otro día para otro? ¿Cómo es posible que ni siquiera la disposición transitoria haya merecido la atención de una redacción respetuosa con la legalidad? Ese es el decreto-ley, señorías, que hoy vamos a convalidar. Y se va a convalidar, señoras y señores diputados, con el voto del Grupo Socialista, porque entre el Partido Popular y el Partido Socialista es público y notorio que hay muchas diferencias, pero seguramente la más importante es el sentido de la responsabilidad. Y, señor ministro, estamos en una situación grave, tenemos un problema de déficit serio que nos aleja de nuestros socios europeos. Su incompetencia, su falseamiento de la realidad y la opacidad en su gestión han creado un problema financiero en el Sistema Nacional de Salud grave, y concretamente en el gasto farmacéutico.


Por esas dos razones, por el problema del déficit y por el problema financiero creado en el sistema, el Grupo Socialista va a votar la convalidación de este decreto-ley, pero denunciando hoy aquí lo que este decreto-ley significa en un Gobierno del que usted forma parte, que en lo atinente al uso y abuso de decretos-leyes tiene un abultado currículum. Éste supera todas las previsiones. Las dos disposiciones del articulado y la transitoria, señor ministro, van a pasar a la historia, y el Grupo Socialista denuncia hoy las consecuencias que esta norma puede tener, deja constancia en el «Diario de Sesiones» y no va a consentir que se olvide ni que usted atribuya la responsabilidad de esta decisión al conjunto de esta Cámara, como le gusta tanto hacer. El Parlamento convalida este decreto-ley por las razones que cada portavoz ha expuesto. Las del Grupo Socialista son claras y contundentes, pero en modo alguno compartimos el atropello que significa esta medida ni la ruptura de las reglas del juego ni nos sentimos responsables de las consecuencias de futuro que sin duda va a traer, porque no todo vale, señor ministro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Amador.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Villalón Rico.


El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente. Atendiendo a su sugerencia, intervengo desde el escaño.
Señoras y señores diputados, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para apoyar la convalidación del Decreto-ley 12/1999, sobre medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, que acaba de presentar el ministro de Sanidad. Consideramos que la utilización del procedimiento legislativo, el decreto-ley, se ajusta de forma explícita a lo que podríamos denominar la urgencia y la importancia del tema que nos ocupa esta mañana. Se justifica en la urgencia por razones estrictamente presupuestarias, puesto que, dado su carácter anual, es necesario que se deje sentir de forma inmediata.


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Y en cuanto a la importancia de la cuestión, creo que todos somos conscientes de ello. Algunos de los diputados que han intervenido han puesto de manifiesto la importancia de este tema del gasto farmacéutico y sus palabras han sido coherentes con lo que al final van a votar. Otros han hablado de responsabilidades, pero han sido incoherentes, porque, después del discurso que acabamos de oír...


El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, apaguen ese móvil.
Lamentaría mucho tener que prohibir, en perjuicio de toda la Cámara, los móviles en el edificio. (Rumores.) No, la Presidencia se está dirigiendo a donde ya ha percibido que en algún momento se hacen sonidos inadecuados en determinadas intervenciones. (Pausa.) Agradezco que lo hayan apagado e insisto en que, en perjuicio de todos, puede producirse la prohibición absoluta de introducir móviles en el hemiciclo.
Adelante, señor Villalón.


El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente.
Estaba diciendo que todos somos conscientes de la importancia de lo que supone en el presupuesto sanitario de los Presupuestos Generales del Estado el gasto de farmacia y, por lo que he oído yo a lo largo de esta mañana, la gran mayoría de los grupos que han intervenido han sido coherentes en sus intervenciones con lo que al final van a votar, apoyando la convalidación de este decreto-ley.
Sorprendentemente, ha habido un grupo que, por lo menos en lo que va a votar, ha sido incoherente en relación con lo manifestado por su portavoz.


Señor presidente, si se me permite, haré una muy breve reflexión a la hora de hablar de política sanitaria. Cuando se habla de una buena política sanitaria, creo que hay que hablar de lo que es el binomio prestaciones sanitarias-política presupuestaria. Y es evidente que a lo largo de estos tres años y medio de legislatura la asistencia sanitaria ha mejorado de forma ostensible; es evidente que se han incrementado los recursos para las inversiones en material sanitario, en centros hospitalarios, en más prestaciones sanitarias, pero también es evidente que se ha correspondido con una buena política presupuestaria, con una política ajustada y donde ha habido control del gasto.
Esto que digo, señor presidente, para la política sanitaria en general, vale para lo que podríamos denominar política farmacéutica en particular. Es decir, se han mantenido las prestaciones farmacéuticas a lo largo de estos años de legislatura. Porque todos tenemos que recordar que en el verano de 1996 había algunos portavoces de la oposición que ya nos estaban asustando a todos los ciudadanos con que al parecer se iban a recortar las prestaciones farmacéuticas. Estamos a punto de terminar la legislatura y hemos visto que hemos mejorado las prestaciones farmacéutica. Esto se ha acompañado además, señor presidente, de un control del gasto farmacéutico. Porque los expertos en políticas presupuestarias dicen que lo más difícil del ajuste presupuestario en sanidad es el ajuste desde el punto de vista de lo que es el gasto farmacéutico. Eso dicen los expertos y la realidad también les da la razón. Vemos que en países de la Unión Europea sucede eso. Hoy el ministro ha comentado un caso parecido en el Reino Unido, pero hace unos años también sucedió en Alemania y en otros países. Las oscilaciones del gasto farmacéutico son variables según los diferentes indicadores que se tomen en distintos meses o circunstancias variables.
Tampoco nos tenemos que ir, señor presidente, a otros países de la Unión Europea. Podemos analizar lo que ha pasado en la década de los noventa en nuestro país. En la década de los noventa, refiriéndonos al gasto farmacéutico, hay que decir que entre los años 1990 y 1996 el crecimiento anual era en torno al 12,5 por ciento. Bien es verdad que en el año 1994 ese crecimiento fue menor, del 6,5, porque entró en vigor el decreto de financiación selectiva. Pero es que hay que decir que lo habitual en esos años era que el aumento de gasto farmacéutico fuera del 12, del 14, del 16, del 17 por ciento. Yo no sé si alguna ilustre diputada sabrá quién era la ministra en ese momento. Tampoco me tengo que remontar a los años ochenta, en que el aumento del gasto farmacéutico estaba en torno al 20 por ciento. ¿Qué es lo que ha pasado en los tres años del Gobierno del Partido Popular con respecto al incremento del gasto farmacéutico? La media de estos tres años está en torno al 7 por ciento, porque se han tomado medidas, tanto coyunturales como estructurales. Y antes el portavoz de Coalición Canaria hacía un llamamiento para tomar más medidas estructurales. Nosotros agradecemos la colaboración del ilustre diputado que nos hace propuestas, propuestas serias, para actuar sobre el gasto farmacéutico y no hace demagogia o es incoherente, como lo han sido otros diputados de esta Cámara que han intervenido.
El gasto farmacéutico, señor presidente -nos lo dicen los que se dedican a su estudio-, tiene una tendencia natural al crecimiento cada año, además con cifras que son, desde el rigor y la seriedad, para tener en cuenta. Es habitual que el gasto farmacéutico como crecimiento habitual esté en torno al 10 por ciento, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, pero, mientras que en años anteriores, como antes hacía referencia a los años ochenta y noventa, no se tomaba ninguna medida, el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Sanidad en estos años las ha tomado y por eso se ha ido rebajando el incremento del gasto farmacéutico.


¿Por qué se incrementa ese 10 por ciento que dicen los expertos? Antes, la señora portavoz de Izquierda Unida decía que no, pero ese es el estudio, el aumento de la esperanza de vida, la mayor cobertura, el hecho de que la participación de los ciudadanos en el gasto de recetas sea menor a lo largo de estos años. Esa es la realidad del gasto farmacéutico. ¿Cuál es la realidad de nuestro gasto farmacéutico? Que es el 25 por ciento del

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gasto sanitario. Teniendo en cuenta que el 25 por ciento es una cifra importante, seis o siete puntos por encima de lo que es la media de otros países de la Unión Europea, el Gobierno, a lo largo de estos tres años de legislatura, ha tomado varias medidas que seguramente los diputados de esta Cámara conocen, como es el decreto de márgenes de farmacia, la financiación selectiva, el acuerdo con la industria farmacéutica. Y ahora hay alguien que sale en defensa de la industria farmacéutica, cosa que me sorprende, porque resulta que cuando llegábamos a esos acuerdos, los criticaban; realmente la incoherencia ha sido el denominador común de su discurso. También la introducción de los genéricos. Antes se hablaba de que en el año 1998 había pocos genéricos. Es verdad, porque es una medida estructural pero a largo plazo; no puede ser una medida de hoy para mañana. Y ha dicho el ministro que al final de este año habrá 400 genéricos en el mercado farmacéutico. Los precios de referencia. Son medidas que ha tomado este Gobierno y que anteriormente nadie había tomado. A mí me sorprende que se digan ciertas cosas en esta Cámara, cuando alguien ha tenido la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y ha sido un desastre, tanto desde el punto de vista de las prestaciones como desde el punto de vista del control del gasto. (Rumores.) A ver si son ustedes objetivos y son coherentes.
Hacían referencia a la memoria que acompaña a este decreto-ley. Es evidente que en los primeros meses de este año había una tendencia al crecimiento un poco superior al 10 por ciento y, por poner un ejemplo, el presupuesto del Insalud para el año 1999 es el presupuesto liquidado del año 1998. Entonces daba la sensación de que el incremento podría ser entre el 10 y el 11 por ciento. Por eso se toman medidas. Hay que recordar que ya se tomaron en el Decreto-ley 6/1999, sobre medidas urgentes liberalizadoras del Gobierno. Se han tomado estas medidas de disminución de los precios de los medicamentos porque parece que es lo indicado.
Señor presidente, el decreto-ley, como se ha dicho a lo largo de esta mañana, consta de dos artículos. En el primer artículo se establece la disminución del precio de las especialidades farmacéuticas, en torno al 6 por ciento. El segundo artículo es más bien técnico, en relación con las especialidades farmacéuticas no bioequivalentes que se adaptan al decreto de precios de referencia. Con esto reducimos el incremento del gasto farmacéutico. Nos vamos a quedar en las cifras medias de esta legislatura en el año 1999, que es el 7 por ciento. Y, por supuesto, se toma una medida de carácter social, como es que a lo largo de estos tres años se ha reducido el precio de los medicamentos un 11 por ciento. Éstas son razones más que válidas para apoyar la convalidación de este decreto-ley. También se ha hecho referencia a una comunidad autónoma que se caracteriza por la restricción en las recetas a los facultativos, que se caracteriza porque se pagan los medicamentos con un retraso de más de 400 días y porque el gasto ha aumentado a lo largo de los años en torno a cifras del 10 y del 15 por ciento.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villalón.


Con su intervención concluye el debate del Real Decreto-ley 12. Vamos a pasar al siguiente sin votar el que acaba de ser debatido, para acumular las votaciones al final de este punto.
Quiero anunciar a la Cámara que, en principio, las votaciones de la mañana se producirán como sigue: las de los dos reales decretos- leyes, conjuntamente, después del debate que viene a continuación.
Después de esas votaciones, procederíamos a debatir y someter a votación la proposición de ley de todos los grupos parlamentarios sobre ayudas a las víctimas del terrorismo. Luego ya, tanto las enmiendas del Senado como los dos dictámenes de Comisión constituirían una tercera tanda de votaciones, que creo podrían calcularse para el final de la mañana. En función de los debates, tampoco puedo predecir si el debate sobre la Comisión de investigación y su posterior votación será antes o después del almuerzo. Eso ya queda para más adelante.


- REAL DECRETO-LEY 13/1999, DE 3 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE FINANCIA EL ACUERDO INTERPORFESIONAL SOBRE FORMACIÓN CONTINUA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 13/000075.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13, del presente ejercicio de 1999, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para su presentación ante el Pleno, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Trabajo, señor Pimentel. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Gracias, presidente.
Brevemente, quiero solicitar la convalidación al Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como ya se procedió en años anteriores, se presenta este decreto-ley, que supone la financiación de 3.450 millones a la Fundación Hobetuz, que es la que, en virtud del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, conjuntamente con el Gobierno vasco, desarrolla la formación continua en el ámbito del País Vasco. Hemos utilizado la fórmula del decreto-ley porque es un acuerdo que hay que financiar dentro de los presupuestos

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del presente año y por el procedimiento de urgencia era la vía más indicada. Este procedimiento ya lo hemos hecho otros años y tuvo la convalidación de esta Cámara.
Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de la convalidación? (Pausa) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
El señor ministro ha explicado de una manera concisa las razones por las cuales será absolutamente obligatorio y necesario financiar el acuerdo a la Fundación vasca Hobetuz. Pero permítame que utilice este turno de fijación de posición no solamente para decir que efectivamente vamos a aprobarlo, como no podía ser de otra manera, por entender la importancia de la formación continua para el mantenimiento y la creación de empleo, sino porque también es necesario, como hemos dicho en otras ocasiones, hacer unas reflexiones sobre cómo no se deben hacer las cosas o cómo mejorar las cosas en cuanto a los procedimientos. Lo dijimos ya anteriormente, cuando la extraordinaria y urgente necesidad nos llevaba al mes de diciembre. Hemos llegado al mes de septiembre y realmente creemos que no se puede proceder de la misma manera. Por varias razones. En primer lugar, porque no parece razonable que se utilice un real decreto-ley, aun cuando usted señale que se hace en aplicación de la disposición adicional decimosexta de los Presupuestos Generales del Estado. En teoría la formación continua tiene que financiarse con cargo a las cuotas abonadas por los trabajadores para este concepto y no parece razonable que todos los años haya que hacer una negociación, que puede ser más o menos dura o más o menos razonable, pero que en todo caso produce una inseguridad jurídica ciertamente, no sólo en cuanto a la cuantificación, que creemos razonable -los 5.000 millones, de los cuales se han abonado 1.550-, sino también en cuanto a la dilación en el tiempo y en cuanto a la inseguridad frente a contingencias que se pudieran producir. Recordemos que estamos hablando de la financiación de este año, que estamos ya en septiembre, y en otras ocasiones se han producido efectos mucho más gravosos cuando hemos llegado al 17 de diciembre en esta Cámara sin que se hubiera producido la transferencia de esos fondos para el mismo ejercicio.
Nosotros creemos que de una vez por todas esta cuestión tiene que zanjarse y que tiene que producirse una financiación con cargo a las cuotas de los trabajadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin tener que realizar esas negociaciones y tener que estar pendientes al final de un real decreto-ley que se financia con un remanente de tesorería y no con cargo a lo que debiera ser. Por eso, señor ministro, decimos una vez más que nos parece que hay que mejorar esta cuestión, que el dinero se tiene que transferir también en un primer trimestre para que pueda tener su eficacia y eficiencia más completa, que se calcule la financiación y que se realice de conformidad con las cuotas. En definitiva, señor presidente, señor ministro, si bien estamos de acuerdo en la cuantificación, no lo estamos en el procedimiento ni en la forma. Es verdad que se ha votado el 11 de mayo una resolución en relación con el informe de fiscalización de la Forcem, en la recomendación número 7, en el sentido que yo estoy explicando, es decir, en tener que determinar de manera detallada la financiación de las iniciativas públicas no solamente en la Forcem, sino cuantas otras hubiere, que en este caso sólo es la Fundación vasca Hobetuz, legítimamente, para que se financien de forma directa y no tener que seguir estos procedimientos de convalidación de reales decretos-ley.
Por último, señor ministro, no quisiera terminar mi intervención sin hacer mención a una cuestión en la que yo creo que estará usted de acuerdo conmigo, al menos en la literalidad y en la teoría, que es la aplicación del estatuto de autonomía. Pues bien, ustedes han decidido últimamente -no diría que al principio de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, pero sí ahora- ser firmes partidarios del cumplimiento de ese estatuto. Yo le pediría que se cumpla el estatuto, consideración a la que ustedes constantemente nos llaman.
Y en el cumplimiento del estatuto hay competencias relativas a la formación profesional continua, a la transferencia de esas competencias, en definitiva, lo que coloquialmente se llama la transferencia del Inem. Yo le pediría, señor ministro, que esto no se demore veinte años más; llevamos ya veinte años, y no parece que dejar pasar otros veinte años sea hacer coherente la teoría con la práctica. Por tanto, le pido que cumpla lo que el propio Partido Popular aprueba en el Parlamento vasco, que es recabar la transferencia de estas competencias, y de una vez por todas eliminemos tantos problemas y tantas cuestiones que lo único que hacen es ir en detrimento de quienes tenemos que beneficiar, que son los trabajadores, pues el instrumento de formación es capital -al menos así lo señalan todos- para el mantenimiento y la creación de empleo y también para la competitividad de las empresas.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Con gran brevedad. Vista la justificación que el señorministro del ramo ha presentado al respecto y que compartimos,

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en razón del principio de solidaridad desde nuestro grupo parlamentario con el Grupo Vasco (PNV) y del principio de concordancia a partir del título VIII de nuestra Constitución, relativo a las comunidades autónomas, tratándose como se trata de la convalidación de un Real Decreto-ley para financiar con cargo a los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo este acuerdo, que ya viene de 1995 y que fue ratificado recientemente por la Comisión tripartita en el ámbito del País Vasco para la formación continuada, entendiendo que tiene también el soporte legal de las disposiciones correspondientes (la adicional decimosexta de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado para el corriente año de 1999), así como el soporte económico con cargo a los fondos del presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Empleo, mi grupo, el Grupo de Coalición Canaria, va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley para garantizar la financiación del acuerdo interprofesional sobre la formación continua en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario, como es lógico, va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decretoley para la financiación de la formación continua del País Vasco, de Hobetuz. Éste, como saben SS.
SS., es un procedimiento habitual que con carácter anual aparece, en cumplimiento de los acuerdos que se establecieron en su día entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, para la financiación de la formación continua en el País Vasco a través de los Presupuestos Generales del Estado.
En este mismo trámite, el año pasado decíamos que no compartíamos el momento en que se estaba produciendo, puesto que estábamos convalidando el Real Decreto en diciembre de 1998, ni tampoco la forma en que se estaban tramitando los fondos para esta financiación, parte de ellos mediante un Real Decreto para un crédito extraordinario. Este año tenemos que reconocer el esfuerzo del Ministerio por adelantar el momento de la financiación -estamos tramitando la convalidación de este Real Decreto en septiembre-, que, por otra parte, era uno de los problemas que tenía esta institución, pues se estaban acumulando una serie de deudas a través del ejercicio presupuestario que no podían continuar. Entendemos que hay que señalar esta mejora en cuanto al tiempo, puesto que es un hecho. No así en cuanto a la forma ya que, como decíamos el año pasado y volvemos a reiterar éste, se mantiene el instrumento de financiación en parte a través de un crédito extraordinario que, aun proveniente de los presupuestos del Inem, no proviene de donde tiene que provenir, que aparece recogido en la disposición adicional decimosexta de los Presupuestos Generales del Estado y que también se señala en la legislación laboral vigente así como en el Estatuto de los Trabajadores. Y es que la financiación de la formación continua tiene que provenir de los fondos creados por las aportaciones de las empresas y de los trabajadores mediante sus cuotas a la formación.
Esto está establecido así y es un incumplimiento permanente que el Gobierno está teniendo. Lo curioso es que parte de la financiación sí se establece de forma legal, como son los 1.550 millones de este año, que se han financiado correctamente y además en tiempo porque se hizo antes del verano. Sin embargo, estos 3.450 millones tienen que ser financiados mediante eta fórmula, que entendemos, en primer lugar, que no cumple con la legalidad vigente y, en segundo lugar, que habría que erradicar definitivamente, porque no es adecuada y además está creando el problema de tener que estar permanentemente convalidando un Real Decreto-ley en esta Cámara.
Yo rogaría al señor ministro y al Ministerio que buscáramos alguna fórmula por la cual evitáramos esta forma de financiar, que en realidad no es más que cumplir con la legalidad que está establecida para la financiación de la formación continua de Hobetuz. Reitero que nos gustaría buscar alguna fórmula que garantizara además la estabilidad plurianual, de forma que no tuviéramos que estar todos los años presentando una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para recoger la financiación de la formación continua. Yo espero que, de acuerdo con el Ministerio, demos solución y estabilidad definitiva a la financiación de la formación continua en el País Vasco, y agradezco al resto de los grupos parlamentarios que van a apoyar la convalidación de este real decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, de nuevo nos encontramos con el proceso de ratificación de un decreto de su Gobierno sobre una materia fruto de un compromiso político entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco por el apoyo de éste a la investidura del presidente Aznar. Con esto pretendo subrayar que, en sentido estricto, no es fruto de un diseño general de la política de formación profesional, sino del pago de un apoyo político, aunque luego ese compromiso genere disfunciones: una de ellas, el origen y el carácter de los fondos, o la coherencia entre las actuaciones en el ámbito estatal y la gestión de esos fondos que se le transfieren.
En este tema el Gobierno no ha conseguido dar una solución satisfactoria al problema de la coexistencia deestos dos acuerdos sobre la formación entre los sindicatos

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y los empresarios, uno en el ámbito estatal y otro en el ámbito vasco.
Partimos de la convicción de que la formación continua de los trabajadores es un tema fundamental para su desarrollo profesional y el de las propias empresas. Consideramos también necesario que la formación continua forme un subsistema estatal junto a la formación profesional reglada y la formación ocupacional para los parados.
Entendemos que uno de los instrumentos para darle coherencia es el sistema general de cualificaciones que permita a los trabajadores acreditar sus conocimientos, entre otras vías, a partir de esa formación. La apuesta por la coherencia general del subsistema de formación continua debe ir unida a la necesidad de una descentralización de la ejecución de los fondos que permita diseñar planes de formación lo más ligados posible a la realidad de los sectores productivos y de la pequeña empresa. Esto supone acercar la gestión al ámbito de las comunidades autónomas. Así se aprobó en diferentes resoluciones en el último debate sobre el estado de la Nación.
A pesar de esta ausencia de la necesaria coherencia de un subsistema que establezca de una manera armónica qué aspectos son de competencia estatal y cuáles deben ser gestionados desde otros ámbitos, vamos a apoyar también este año el decreto de transferencia de fondos a la fundación vasca Hobetuz, sobre todo porque pensamos que este tiempo nos ha servido para ir consolidando un modelo de descentralización, y queremos subrayar qué elementos consideramos que han sido más negativos y que se deben mejorar para los próximos planes de formación que se vayan a diseñar.
Este año es para nosotros especial, se da una situación que consiste en que el segundo acuerdo nacional de formación continua, sobre el que se basa la actuación del Forcem, debe ser renovado. Por su parte, el acuerdo vasco de formación que crea Hobetuz tiene una vigencia inicial de cuatro años, y esos fondos que se le transfieren corresponden a su cuarta convocatoria anual de ayudas. Estamos, por consiguiente, en el momento final de una etapa que dará paso a otra, que para nosotros debería ser distinta, que superase esa serie de problemas que se han venido detectando en la gestión de estos fondos y en la coherencia y cohesión de los distintos planes de formación, por un lado porque el Gobierno ha permitido determinadas prácticas de exclusión de algunos agentes sociales en la gestión de Hobetuz, practicando el toma dinero y corre con el Gobierno vasco y la fundación Hobetuz, sin entrar en las condiciones de participación en las acciones formativas. Hay, como usted sabrá, recursos de distintos sindicatos a los diferentes planes presentados por Hobetuz. Por otro lado, la descentralización de fondos debe hacerse no mediante acuerdos coyunturales entre partidos políticos, que pueden cambiar por la coyuntura, en este caso con unas elecciones generales a la vista, sino mediante la regulación clara de la descentralización de determinados fondos y funciones. Ese aspecto debe ser insoslayable para el Gobierno, en lo que le queda de mandato y en la discusión que tenga con los agentes sociales, para la renovación del próximo acuerdo nacional.
En estos términos de criterios comunes estatales, descentralización en la gestión de las iniciativas y el respeto a la libre concurrencia está nuestro apoyo a la convalidación de este decreto. En la medida en que el Gobierno se aparte de estos criterios nosotros seremos profundamente críticos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Navas.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para informar al ministro de la postura que va a mantener el Grupo Socialista en esta materia. En la secuencia de las convalidaciones de los reales decretos sobre la formación continua desde el año 1996 nos hemos encontrado con tres dotaciones presupuestarias, provenientes de remanentes de tesorería, tres convalidaciones que se han remitido a la Cámara, y un ejercicio, el del año 1997, señor ministro, en el que ningún grupo sabe qué ocurre.
En septiembre del año 1995 se firmó el acuerdo interprofesional para la formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Gobierno socialista modificó el Estatuto de los Trabajadores y promulgó la Ley 11/1994, por la cual se le dio eficacia normativa y profesional a este acuerdo. Por tanto, la postura favorable del Gobierno socialista y del Partido Socialista a este acuerdo queda demostrada. Sin embargo, tenemos que hacerle una serie de preguntas que responden al planteamiento que ya hemos defendido en nuestras anteriores intervenciones. ¿Por qué razón, señor ministro, llevan cuatro años financiando incorrectamente este acuerdo? Que en el año 1996 lo hubiesen tenido que hacer por la prórroga presupuestaria y hubiesen tenido que usar esta vía no les da bula, a ustedes ni al Gobierno, para hacerlo durante tres años de forma inadecuada. Además, consta en la firma del acuerdo que su financiación deberá quedar incluida en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Con qué criterio determinan ustedes los remanentes? ¿Quiere contárnoslo, por favor? En el año 1996, fueron 972 millones; en 1997, 2.500. En 1998, fueron 3.100 millones y en 1999, 3.450. En total, 10.022 millones de pesetas.
Este Gobierno, que nos ha demostrado en esta semana que se cuestiona incrementar las pensiones mínimas en su tercer año de legislatura convocando al Pacto de Toledo para tomar esta decisión -que como Gobierno puede y debe tomar para el año 1999-, incrementa en un 400 por ciento la cuantía de remanentes para la formación continua en el País Vasco en tres años. No sabemos cuál es la razón, señor ministro.
Nuestro grupo se

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pregunta si ustedes no estarán pagando favores al PNV por las dos ausencias y las tres abstenciones que le regalaron el martes en esta Cámara en la votación de la iniciativa socialista para incrementar las pensiones mínimas y no contributivas en el ejercicio de 1999; o si le estarán devolviendo el favor de su incomprensible abstención en el tema del lino. Bien mirado, la verdad es que no parece un gran precio el cobrado por el PNV si se tiene en cuenta que miles de jubilados residentes en la Comunidad Autónoma vasca van a ver frenados sus ingresos en el año 1999 por la inestimable colaboración que les han prestado.
El acuerdo para la formación continua, como sabemos todos los aquí presentes, debe financiarse con el 0,3 por ciento de las cotizaciones para la formación profesional que figura en los presupuestos del Inem. Lo que en el año 1996 se pudo considerar como una situación extraordinaria -dicho por su propio portavoz en su intervención- ha pasado, por una unilateral decisión de su Gobierno -apoyado por el PNV, aunque a veces manifiestan su oposición-, a servir de modelo cada año para financiar este acuerdo. Señor ministro, el Grupo Socialista se opone a esta forma arbitraria de financiación, hecha con remanentes de tesorería, que permite utilizar los fondos destinados a la cobertura de los desempleados para prestaciones económicas o para su formación y usarlos para formar a los trabajadores ocupados en el País Vasco. Les adelanto ya que vamos a presentar una iniciativa en la Comisión de Política Social y Empleo y una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que la financiación de este acuerdo cumpla la norma y la legalidad.


Los socialistas vascos, señorías, estamos comprometidos y apoyamos el acuerdo para la formación continua en el País Vasco, pero, por favor, no queremos que se financie con las sobras de los presupuestos.
Señores del PNV, queremos una financiación real porque los vascos y las vascas, los trabajadores, tienen derecho a una formación financiada correctamente.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Cortajarena.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en cuanto a la convalidación de este Real Decreto-ley de financiación del acuerdo interprofesional de formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como se ha dicho, este es el tercer debate en la materia y yo no hubiera tenido ningún inconveniente en dar por reproducidos los argumentos y razones que en los dos precedentes debates expuse, pero como in extenso la gente ha intervenido, bien repitiendo bien introduciendo algún nuevo dato, alguna referencia, por breve que sea, haré referencia a la cuestión.
Resalto las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ya que al menos en este ejercicio se ha producido con antelación suficiente -todavía tenemos un cuatrimestre del año por delante- esta financiación que completa el conjunto de los 5.000 millones que se transfieren a Hobetuz en el año 1999. Como ha quedado puesto de relieve ya en el debate, 1.550 millones fueron ya transferidos en junio de este año.
Cuando doy por reproducidas mis palabras anteriores lo hago en todos los extremos. Supongo que hay razones de técnica presupuestaria que impiden hasta el momento haber alumbrado otro camino más idóneo -como han puesto de relieve otros portavoces- que en el que estamos ahora.
El que estamos planteando ahora no es ningún pago político, como algún diputado ha afirmado aquí, sino un compromiso de acuerdo del Gobierno derivado del estricto cumplimiento de la legalidad. Y el estricto cumplimiento de la legalidad, señor presidente, se refiere a que el 27 de septiembre de 1995 -hace prácticamente cuatro años-, en virtud del desarrollo del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, se configuró y constituyó la formación continua vasca, llamada Hobetuz.
Tal y como tuve oportunidad de exponer en el debate celebrado en esta Cámara, el 12 de diciembre del año 1996, el Gobierno popular ha venido a cumplir el mandato legal, a desarrollar una prevención legal, que era dotar de financiación a un sistema de formación continua válido y legalmente constituido. Cuestión diferente es, como se ha puesto de relieve, la perfectibilidad -que yo también reclamo- en cuanto a los instrumentos presupuestarios, pero no en cuanto a su cantidad ni al hecho de que se produzca, que es, en mi opinión, lo auténticamente relevante para el cumplimiento de la ley y para el cumplimiento de una formación continua posible dentro del País Vasco.
Pero como el Pisuerga pasa por Valladolid, evidentemente se habla de diversas cuestiones y no sólo de la convalidación de este real decreto-ley, y se aprovecha -legítima, pero inadecuadamente en mi opinión- para reclamar transferencias del Inem y cuestiones diferentes, como es el tratamiento del debate de las pensiones que el martes pasado tuvo lugar en esta Cámara. Me parece muy legítimo, pero no vienen al caso stricto sensu, al hecho de que lo que votan a votar SS.SS. es la convalidación de un real decreto-ley, que es oportuno, que no produce dilación sino que en este caso produce posibilidad de financiación material de Hobetuz, la formación continua vasca, y que, por lo tanto, es plenamente correcto.
Agradezco también el apoyo y la adhesión mayoritaria de la Cámara. Me gustaría que el grupo mayoritario de la oposición se adhiriera, pese a que ha manifestado, en lógica coherencia con sus anteriores debates -todo hay que decirlo-, un voto de abstención, que responde a la posición que ha venido manteniendo en los tres debates precedentes, que hasta el momento se celebraban por la época navideña y en este caso hemos tenido

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la suerte de que se haya celebrado con el principio del curso escolar en septiembre.
Vaya por delante el apoyo del Grupo Popular a la ratificación y convalidación del real decreto-ley. Apoyaremos siempre, como dije al principio de mi intervención, el cumplimiento de la legalidad, que no es el cumplimiento de ningún pago político, sino acuerdos políticos que se fundan y se basan en el cumplimiento estricto y desarrollo de la legalidad, cuestión que hasta que no llegó al poder el Gobierno popular -todo hay que decirlo- no se había cumplido.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor Zabalía, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, la portavoz del Grupo Socialista ha aludido a dos temas que no tenían que ver con este real decreto y por alusiones le pediría la palabra por un minuto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S.S. tres minutos para responder a las alusiones.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Simplemente dos aclaraciones a la portavoz del Grupo Socialista, señora Cortajarena.


Primero, usted no se ha enterado de que se van a subir las pensiones, a lo que el Partido Nacionalista Vasco va a dar su apoyo, hecho que va a tener la repercusión de subir pensiones a más de cien mil ciudadanos del País Vasco.
Segundo, cuando usted o su grupo pierdan alguna votación no nos miren a nosotros, mire a su grupo, porque si estuviesen todos no perderían tantas votaciones como las que están perdiendo últimamente.
Nada más. Muchas gracias. (La señora Cortajarena Iturrioz pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
Señora Cortajarena, el turno del señor Zabalía ha sido por alusiones, S.S. introdujo elementos de discusión que no eran propios del debate y, por tanto, no ha lugar a réplica.
Muchas gracias. (Pausa.- El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a las votaciones.
Vamos a comenzar con las votaciones correspondientes a los reales decretos-leyes que han sido debatidos y cuya convalidación se solicita.
Votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley que hace el número 12 del presente año, de fecha 31 de julio, sobre medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud.
(Rumores.) Señorías, lamentaría que por demorarse en conversaciones improcedentes en este momento se quedaran sin votar.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 298; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real decreto-ley mencionado. Nadie ha pedido su tramitación como proyecto de ley. En consecuencia, pasamos a votar el Real Decreto-ley número 13, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA DEL CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000287.)

El señor PRESIDENTE: Voy a reiterar, señorías, antes de pasar al siguiente punto del orden del día que, como saben, es la tramitación en lectura única de la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que las votaciones a lo largo de la mañana se ordenarán de la siguiente forma. Tras este debate, el de la proposición de ley a la que acabo de referirme, se producirá una nueva votación específica. Luego, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de creación de un colegio oficial de ingenieros técnicos forestales y los dos dictámenes de las comisiones los votaremos conjuntamente; las tres iniciativas al final de sus debates. A esas alturas ya podremos saber si el debate que resta, que es el derivado de la Comisión del lino, se hace antes o después del almuerzo.
Pasamos ahora, por tanto, a la proposición de ley que quedó incluida en el orden del día en este punto, suscrita por todos los grupos parlamentarios, que pretende adoptar determinadas medidas de solidaridad con las víctimas del terrorismo.


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El debate se va a ordenar por intervenciones de los grupos en función de su menor a mayor representación numérica. Por tanto, comenzamos por las intervenciones del Grupo Mixto, al que representarán tres portavoces, el señor Peralta, la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez. ¿Es así? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Peralta. (Rumores.) Por favor, señorías, silencio. Vuelvo a llamar la atención de las señorías que ocupan la parte central del hemiciclo y que tienen tendencia a querer convertirlo en el parqué de la Bolsa, formando corrillo. Señor Soriano, por favor.
Cuando quiera, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición de ley que todos los grupos vamos a apoyar en este acto es, en el fondo, la asunción por toda la sociedad española de la reparación justa a los daños causados durante décadas por una minoría. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Esta proposición de ley acredita una vez más, si era necesario, el que el terrorismo daña en definitiva a toda la sociedad española, sin perjuicio de que, evidentemente, sus más directos destinatarios han sido las víctimas que han sufrido en sus propias carnes o en las de personas allegadas a ellas la lacra y el dolor causado por los terroristas.
Esta proposición de ley es -políticamente hay que destacarlo- un nuevo paso más de todas las fuerzas democráticas en la estrategia unitaria que les ha permitido derrotar al terrorismo. Esta proposición de ley merece su apoyo también porque tiene un contenido justo de indemnización a todas las víctimas. Es una proposición de ley que se tramita, además, en el momento oportuno, cuando ya se vislumbra el fin del negro túnel del terrorismo. Sólo nos cabe desear, en nombre de Nueva Izquierda, y estoy seguro de que en nombre de todos los grupos que lo apoyamos, que esta proposición de ley contribuya efectivamente a que se acelere ese final que depende en exclusiva de que la organización terrorista renuncie definitivamente a la violencia y posibilite que el proceso político, el proceso de paz en el País Vasco, se desarrolle en un pleno respeto a las normas democráticas.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Eusko Alkartasuna y en este trámite, aunque sea breve pero no por ello menos sentido, es necesario volver a plantear dos cuestiones claves que ya señalamos de manera clara el pasado martes.
La primera es que esta proposición de ley es la expresión del reconocimiento y solidaridad de todos aquellos que han sufrido la violencia y violaciones de derechos humanos, sea cual sea su signo.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Lasagabaster, ¿puede parar un momento? (Pausa.) Cuando quiera.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Decía que es la expresión del reconocimiento y solidaridad y también es expresión del reconocimiento y solidaridad hecha en virtud del consenso de todas las formaciones políticas que en este momento estamos en esta Cámara. Esas son las dos cuestiones principales. Es importante que todos aquellos que se hayan sentido a lo largo de los años, por una u otra razón, víctimas de violaciones de derechos humanos o de violencia se sientan amparados por esta proposición de ley.
Estas son las claves de lo que queremos hacer. Es significativa la rapidez en el trámite, es significativo -al menos por primera vez, que yo haya visto- que tal aceleración se haya producido con su toma en consideración y aprobación en la misma semana. Eusko Alkartasuna ha sido siempre proclive a realizar este gesto sin poner en ningún momento obstáculo o problema alguno a esta cuestión porque tenemos que trabajar en este conflicto. Este era un primer gesto debido y necesario, aunque tenemos muchas cosas en las que seguir trabajando.
Este espíritu de consenso y de unanimidad, no exento de esfuerzos, es terriblemente importante para continuar así.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, tiene la palabra el señor Rodríguez, también por el Grupo Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ve en esta proposición de ley, que fue apoyada por todos los grupos de la Cámara, una llamada a la expresión libre y pacífica de las ideas y una consideración del fenómeno político de la violencia terrorista como un fenómeno que no puede ser más que excepcional. Lo normal, por lo tanto, es que un Estado democrático tiene que atenerse a unas normas democráticas y de funcionamiento, a los principios propios de un Estado de derecho para imponer una convivencia pacífica, y a esto responde la proposición de ley que considera a las víctimas del fenómeno terrorista como víctimas de un fenómeno anormal en una sociedad democrática, que es excepcional, que afortunadamente va a dejar de ser normal en muchas partes del Estado. Por consiguiente, los individuos que la padecieron deben ser amparados con una legalidad de carácter extraordinario por parte del Estado, una legalidad de carácter extraordinario que se

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debe aplicar a todas las víctimas por igual, amparar, reparar a todos y asumir los daños que se han causado. En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego sabe también que esta proposición de ley se inserta en un contexto que ayuda a la pacificación, al diálogo y a la comprensión mutua entre los ciudadanos del Estado español.
Por todo esto, apoyamos la proposición de ley y lo hacemos en este momento con más entusiasmo y sin reparo de ninguna clase.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Con gran brevedad porque no tengo más que ratificarme en lo dicho, en nombre de mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en la sesión del Pleno de esta Cámara del martes pasado, cuando dimos nuestras razones (el fundamento legal, el fundamento económico, el fundamento social y el fundamento político, especialmente la valoración política del principio de solidaridad con las víctimas del terrorismo) que justifican esta proposición de ley hecha por consenso, y reitero y entrecomillo la palabra consenso con el énfasis de un principio político, ennoblecedor y con la concordancia y sintonía de todas las fuerzas políticas de este arco parlamentario al respecto. Igualmente, hemos mantenido el consenso para la tramitación de esta iniciativa parlamentaria, utilizando el trámite más radicalmente abreviado de nuestro Reglamento, en lectura única, como se ha señalado oportunamente por el señor presidente de la Cámara, una tramitación directa y en lectura única de esta iniciativa legislativa, a la cual ninguno de los grupos, solidariamente, presenta ninguna enmienda de modificación o de rectificación y a los efectos de que con este uso perentorio del Reglamento de la Cámara las víctimas del terrorismo, los que aparecen aquí relacionados para percibir las ayudas y las indemnizaciones correspondientes, no tuvieran -fue otro de los pricipios de solidaridad- que esperar, en un trámite judicial ordinario, a ir recibiendo paulatinamente las indemnizaciones a las que las sentencias judiciales firmes habían condenado a los autores de los actos y asesinatos terroristas y la bonificación correspondiente a las víctimas al subrogarse. Hoy este tema, que el Estado recoge en sus presupuestos, nosotros lo vamos a apoyar sin ninguna dilación.
Señor presidente, y con esto termino, reiterando nuestros principios políticos coincidentes con los de los demás que han amparado esta tramitación desde su punto de vista de redacción en un inicio y hoy en su actuación final en esta Cámara, quiero que conste nuestro voto de apoyo lo más significativamente posible, con la misma armonía y con el cierre que la propia Administración general del Estado, a través del Gobierno español, ha realizado también favorablemente en la tramitación de esta iniciativa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


La utilización de la tribuna no es síntoma de extensión en la intervención puesto que se ha aportado por todos los grupos que éstas van a ser breves, sino porque quiero simbolizar simplemente en nombre del grupo al que represento la importancia que damos a la norma que hoy aprobamos.
Voy a ser breve y sintética. Quiero manifestar, en primer lugar, la satisfacción del grupo al que represento porque haya sido posible con el esfuerzo de todos esta rapidísima tramitación de la norma. En segundo lugar, quiero agradecer la labor del vicepresidente primero como tejedor de este acuerdo posible entre todas las fuerzas políticas y, en tercer lugar, quiero aludir a cuanto dije el martes.
Califiqué esta norma como un rescate del olvido, una medida contra el olvido. Ahora quiero además añadir algo en un fecha tan simbólica como es la de hoy, en la que se celebra el primer año de la tregua de ETA, que no es contradictorio con cuanto manifesté y que coincide con lo que hoy el lehendakari vasco expresa en un artículo publicado en casi todos los medios de comunicación.
Creemos que la ley que hoy aprobamos junto con otros factores que son igualmente importantes ha de servir como factor de superación del pasado.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Reiteramos fundamentalmente, y no puede ser de otra manera, lo que tuvimos ocasión de manifestar hace un par de días. Mi grupo sentía y siente una gran preocupación precisamente en este escenario de un año de tregua, que día a día parece que se hace más irreversible, ante que se pudiese llegar a dar por buena aquella cita, de la que nosotros discrepábamos absolutamente, que viene a decir que el que es misericordioso con el cruel siente indiferencia por el inocente. En algún momento quizá ha podido parecerlo sin perjuicio de que a lo largo de estos años, si bien de modo incompleto y más bien tardío, se hayan ido adoptando medidas importantes para las víctimas del terrorismo. Sin embargo, queremos que quede perfectamente claro

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que es precisamente esa inexistencia e indiferencia respecto del inocente lo que, desde luego, nos legitima para ser misericordiosos, generosos se dice también, con aquellos que han causado tanto y tanto dolor.
El objetivo de la ley -tampoco se trata ahora de explicitarlo- trata también -decíamos el martes- no tanto de compensar lo que de ningún modo es compensable o indemnizar lo que no es en modo alguno indemnizable, sino de efectuar un reconocimiento, compartido por toda la sociedad, del dolor que se ha causado a las víctimas; reconocimiento fundamentalmente en la medida en que han sido las víctimas propiciatorias, las que han recibido por la sociedad y a cuenta y cargo de ella los golpes que le iban dirigidos; aquellas víctimas propiciatorias que nos están reconciliando a lo largo de estos meses con la libertad, la convivencia, la tolerancia y la democracia. Es expresión también de la voluntad de la sociedad, como decía antes, no de compensar ni de indemnizar, sino de compartir auténticamente el dolor sufrido por las víctimas y por sus familiares. Si no fuera porque el número de víctimas ha sido tan crecido, cientos y cientos, miles de personas, quizá pudiese darse por buena también aquella expresión de que nunca tantos debimos tanto a tan pocos. Desgraciadamente han sido muchos.
En cualquier caso, como ocurre en el proceso de paz y en sus diferentes partes -y la moción que aprobó el Congreso de los Diputados hace unos meses hablaba de víctimas, de política penitenciaria, de otros extremos-, esta ley no deja de ser precisamente una ley, y, por lo tanto, no puede en modo alguno -lo decíamos también el martes- ni tiene por objetivo comprar el perdón -que no deja de ser más que un derecho moral de las víctimas-. De la misma forma, en este proceso de paz estamos avanzando sin exigir tampoco el arrepentimiento de los culpables, arrepentimiento que en este caso no sólo es un derecho -desde luego que lo es- de los culpables, sino también una obligación moral que no debe interferir en este proceso. Por lo tanto, señorías, después de manifestar también la satisfacción, como ya ha sido expresada, por el consenso respecto al contenido, por el consenso también respecto de la tramitación y por su rapidez, no puedo sino terminar la intervención, como decía el martes pasado, significando que no sólo se efectúa un reconocimiento, que no sólo se desea compartir el dolor, sino que en la medida de lo posible se solicita también de tantas y tantas personas a las que tanto debemos un cierto perdón por el comportamiento que desde los poderes públicos y desde los grupos políticos hemos tenido hacia ellos a lo largo de algunos años.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente. Subo a esta tribuna en nombre de Izquierda Unida no para hacer un discurso largo, sino para simbolizar la importancia que nosotros damos a este asunto. El aprobar esta proposición de ley y hacerlo sin enmiendas de ningún tipo por parte de los grupos parlamentarios, aprobando también que se haga por trámite de urgencia, batiendo un récord a la hora de la urgencia -el debate anterior lo tuvimos el martes-, simboliza, repito, la importancia que le damos a este tema.
Por segunda vez el Congreso aporta capacidad de diálogo y unidad. La primera vez fue cuando este Congreso, en función del debate sobre la necesidad de cambiar la política penitenciaria, aprobó por unanimidad la necesidad de una nueva política penitenciara, consensuada, dinámica y flexible. Otra cosa es que se cumpla más o menos esta resolución, aprobada en esta Cámara por unanimidad, que se cumple muy relativamente. Ahora, aprobamos por unanimidad una proposición de ley. El otro día tuve ocasión de aclarar ante esta Cámara, cosa que no se ha producido de manera suficiente ante los medios de comunicación y, consecuentemente, ante la opinión pública, la diferencia que existe entre una proposición de ley y un proyecto de ley. A veces se ha dicho que éste es un proyecto de ley que deriva de la iniciativa del Gobierno y no es así; estamos ante una proposición de ley, que parte de la iniciativa de los grupos parlamentarios, generalmente de la oposición. En este caso ha partido de todos los grupos parlamentarios, contando con el que apoya o soporta al Gobierno del Partido Popular. Por tanto, por segunda vez, sin líneas divisorias falsas, sin líneas divisorias que muchas veces se están utilizando de manera profusa y, a nuestro juicio, criticable, el Congreso de los Diputados llega a un acuerdo por unanimidad en un tema de enorme importancia. Ruego que esto se tenga en cuenta, porque la apuesta que hacemos no es sólo por honrar, por resarcir a las víctimas del terrorismo, que es muy importante, sino también porque, de forma equilibrada, hacemos una apuesta por le proceso de paz, una apuesta de cara al futuro y de cara a la normalización definitiva, y esto hoy tiene mayor importancia por cuanto que en este momento podemos aducir la necesidad de remarcar el primer aniversario -esperemos que sea el último porque se haya conseguido la tregua definitiva- de esta situación, que mejora con mucho la anteriormente sufrida por todo el país, singularmente en Euskadi.
Por tanto, apostamos por el proceso de paz; apostamos por la normalización definitiva; apostamos por el diálogo, no sólo por la información, por el consenso de todos los grupos, consenso que, si es dinámico, tiene que ser muy rítmico: información y acuerdo, no sólo información. En definitiva, apostamos también por que se consiga que esta unidad que hoy simboliza la aprobación que vamos a realizar de cara al trámite de urgencia se traduzca a todos los niveles. Aquí no está funcionando ningún tipo de línea divisoria, señores del

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Gobierno, señores del Grupo Popular; esperemos que la proyección que se haga desde aquí, superando cualquier tipo de línea divisoria, se exprese en la necesidad de un nuevo encuentro de todos los partidos democráticos, de todos los que han pasado por las urnas para conseguir la consolidación definitiva del proceso de paz y la normalización.
Al mismo tiempo, habría que decir que esta proposición de ley es muy importante, es muy completa, pero no totalmente; hay un compromiso de complementarla. Hay un compromiso en la dirección de que hay una serie de hechos que no han dependido de bandas organizadas, sino de otra serie de situaciones, en muchos casos ilegítimas, que se pueden considerar hasta cierto punto desestabilizadoras de la democracia, en muchas ocasiones antidemocráticas, que hay que recoger para el futuro. El otro día yo citaba el caso de Vitoria, el de la huelga de la construcción en Granada o el caso de la muerte del joven García Caparrós en el proceso de reivindicación de la autonomía plena para Andalucía. Es un compromiso que queda pendiente y que esperemos que se cumpla en lo sucesivo.
Termino, señor presidente. El Congreso aporta por segunda vez capacidad de diálogo, no hay línea divisoria en esta propuesta; aporta por segunda vez unanimidad, unidad, cambio de la política penitenciaria y aprobación de la solidaridad con las víctimas del terrorismo. Apuesta por un proceso irreversible de paz y por un entendimiento dinámico y flexible. Esta es la apuesta de fondo y esperemos que se tenga en cuenta y que no se reduzcan las posibilidades de conseguir un proceso irreversible, un punto de no retorno en toda esta situación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Alfredo Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señorías, la vida parlamentaria ofrece pocas ocasiones para que quienes representamos aquí al conjunto del pueblo español podamos expresarnos unánimemente en una misma dirección. Hoy no sólo vamos a manifestar el común acuerdo a una proposición en esta Cámara, sino que lo vamos a hacer con una misma voz, aunque esté compuesta de tonos distintos, la voz en la que se reconoce y en la que quiere hacerse oír nuestra sociedad, la voz del reconocimiento, de la gratitud, del acompañamiento, la voz de la solidaridad.
No merece la pena que hoy centremos nuestra atención en la sinrazón del terrorismo, que reiteremos nuestro rechazo y nuestro desprecio a toda violencia. Al menos hoy no concedamos el protagonismo a los verdugos y dirijamos nuestra mirada a las víctimas, porque reconoceremos en ellas a quienes han pagado personalmente por el odio dirigido contra toda la colectividad. Todos somos, pues, deudores del cruel sufrimiento que les ha sido impuesto y estamos éticamente obligados a no infligirles el añadido del olvido. No pueden tener el destino de haber sido los desafortunados parapetos que el cálculo criminal o el azar ha interpuesto entre la destrucción y cada uno de nosotros.
Sabemos quiénes son o fueron y lo que les debemos y por ello tienen que seguir presentes a nuestro lado, presentes en nuestra memoria.
La recuperación de la democracia hace ya más de 20 años permitió ordenar la vida colectiva en el respeto a la voluntad popular como fuente de toda legitimidad, en el reconocimiento y preservación del pluralismo y en la propuesta de la tolerancia respecto de las distintas posiciones ideológicas, religiosas, culturales o políticas; abrió el cauce adecuado para satisfacer las distintas aspiraciones de autogobierno expresadas por la vía democrática y pacífica. A lo largo de estos años el desarrollo social ha permitido el acceso de los españoles a niveles de bienestar desconocidos en nuestra historia y ha posibilitado el avance de la cohesión y de la solidaridad. Nuestra incorporación al proyecto europeo nos ha situado definitivamente en un área geográfica y de valores en la que rigen y se respetan los de las democracias asentadas.
A lo largo de este periodo tan fecundo nuestra sociedad no ha dejado de ser acosada por el terrorismo. Si hemos conseguido dejar atrás la mayoría de los problemas que nos dividieron dramáticamente y que sacudieron históricamente nuestra convivencia, no podemos afrontar el de las consecuencias de la violencia con la injusta ignorancia de quienes fueron sacrificados por la misma. La memoria y el reconocimiento frente al manejo o a la manipulación muestran la superioridad ética de la sociedad democrática frente a los proyectos de totalitarismo. Sabemos que no basta el reconocimiento cuando es además necesaria la solidaridad, pero tampoco debemos dar el protagonismo hoy, aquí, a esta parte de la proposición que delimita o pormenoriza la solidaridad. La generosidad en este debate está en las víctimas; en nosotros, si acaso, la gratitud.
Este Parlamento es plenamente consciente de que se ha abierto una puerta para que pueda desaparecer para siempre la violencia y se ha manifestado a favor de todos los esfuerzos que puedan servir para abrirla cada vez más, con el único límite de que la puerta siga siendo la de la entrada a la casa común de la democracia.
El reconocimiento de las víctimas del terrorismo no es ni puede ser ningún movimiento de tipo táctico, no puede depender de las variaciones en el escenario ni menos aún venir dictado por el cese de la violencia. La búsqueda de la paz no puede hacerse a costa del olvido, pero tampoco de la inaceptable homologación entre víctimas y verdugos. La generosidad y, si se quiere, la generosidad mutua, que requiere toda reconciliación que mire al futuro y no al pasado, no puede desarrollarse sin haber hecho el reconocimiento a esas víctimas y sin haber hecho del mismo reconocimiento,de ese reconocimiento, la principal de las bases éticas

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sobre las que apoyarnos para ofrecer y para permitir el perdón.
No es posible, pues, la paz sin honrar la memoria de las víctimas.
Este es el principal argumento moral, la declaración de principios que este Parlamento, como sede de la soberanía popular, quiere dejar hoy bien claro. Quiere unirse al duelo en honor de las víctimas, un duelo que quiere ser de solidaridad y de consuelo, que es precisamente todo lo contrario que el olvido.
Nada más, muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, señorías, en los mismos términos expresados por anteriores portavoces, subo a la tribuna simplemente para resaltar la importancia de la iniciativa que nos ocupa y del acto que vamos a culminar.
Yo quiero comenzar agradeciendo, porque me parece que así es de justicia, la valoración hecha hace unos minutos por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en relación con la labor que el Gobierno ha desarrollado en este asunto y específicamente la referencia hecha a la tarea del vicepresidente primero.
Yo quiero también señalar que el origen de esta iniciativa es, sobre todo y ante todo, una iniciativa de todos; una iniciativa conjunta y coetánea, de sociedad, de Gobierno y de Parlamento, sea cual sea el orden de los factores que se quiera establecer, sin que ello altere la naturaleza final del producto. Porque ésta es, sobre todo y ante todo también, una iniciativa de todos; una iniciativa en la que se ha dejado de lado, como no podía ser de otra forma, la legítima dialéctica Gobierno- oposición, la definición de posiciones legítimas, pero de naturaleza partidaria o particular, para, por el contrario, establecer un gran espacio político común de homenaje, de reconocimiento y de honor a las víctimas del terrorismo. Porque ésa es, fundamentalmente, la naturaleza, el sentido y el alcance de esta proposición de ley, que es la reparación moral, que es la reparación histórica a la experiencia, al sacrificio, a la entrega de aquellos que precisamente en virtud de esa entrega más han contribuido a hacer posible las actuales expectativas, los actuales horizontes de paz.
Quisiera, por tanto, señalar que las compensaciones de naturaleza material que esta proposición de ley incorpora, con ser importantes en la medida en que también pueden determinar una corrección de la situación que pueden vivir muchas de las familias de las víctimas, son sobre todo nacidas de ese origen, de ese fin, de ese objetivo, que no puede ser otro, que no es otro que el de rendir honor a todas ellas, en nombre, y sin distinción, del conjunto de la sociedad española.
Quisiera apuntar simplemente, a efectos de los servicios de la Cámara, la apreciación de un error que se ha deslizado en la transcripción del texto. Como ya hemos comentado, en el artículo 3, párrafo 2, letra b), cuando se hace referencia al supuesto de fallecimientos y cuando no hubiera recaído sentencia, enumerando los beneficiarios, en su línea sexta, la conjunción o debe ser sustituida, como es natural, por y, a los efectos de que la enumeración sea completa. Simplemente lo decimos para constancia técnica, para que el texto no salga del Congreso con un error puramente de transcripción.
Como decía, señor presidente, señorías, esto, finalmente, viene a ser la certeza de que esta Cámara, en representación del conjunto de la sociedad española, ha sabido cumplir con su deber. Y en este acto de homenaje y de honor a las víctimas cabe también que introduzcamos un profundo compromiso, propio de todos los grupos de la Cámara, en orden a abordar en el futuro nuestra propia relación, nuestro propio empeño y trabajo en común en pro de la paz. Porque si hemos sido capaces por las víctimas de dejar de lado aquello que legítimamente nos podía separar y conjugar (Gobierno, oposición, grupos parlamentarios, sociedad) todo lo que nos puede unir, todo lo mucho que nos une, también por la paz, conviene que en el futuro seamos capaces de seguir andando por ese camino, por una paz que, como ha dicho reiteradamente el Gobierno, como ha dicho reiteradamente el Grupo Parlamentario Popular, en lo que coincidimos, creo, todos los grupos de la Cámara, ni tiene significado electoral ni tiene alcance partidario ni puede ser un motivo de confrontación. La paz es una tarea de todos, cuyo único protagonista, por ser precisamente su gran beneficiario, es el conjunto de la sociedad española. Y en ese empeño por hacer próxima la paz, en esa tarea de todos por ganar la paz, es imprescindible que la metodología y el compromiso de fondo que hemos sabido aplicar a la gestación de esta proposición de ley sigamos llevándolosadelante en ese camino, primando lo que nos une, sabiendo dialogar respetándonos recíprocamente y no haciendo nunca del adversario legítimo, del legítimo competidor democrático, un enemigo.
En definitiva, señor presidente, señorías -y con esto concluyo-, creo que hoy el conjunto de los grupos de la Cámara pueden decirle a la sociedad española que hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad, que hemos sabido cumplir con nuestro deber y que hemos entendido perfectamente, y actuado en consonancia, el mandato que esa sociedad nos dio. Porque lo que esa sociedad nos dijo recientemente es que las víctimas del terrorismo, por ser quienes más han dado por la paz, por la libertad y por la democracia, merecían este reconocimiento de honor. Las víctimas son un patrimonio común, las víctimas son de todos, las víctimas, por tanto, no podían estar al albur de ese juego dialéctico Gobierno-oposición. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hoy hemos demostrado, con el comportamiento político y parlamentario de todos los grupos de la Cámara, que las víctimas sí son víctimas de todos, que las víctimas sí son un patrimonio común y que, por tanto, su evocación, su reconocimiento, su memoria tiene que ser siempre el mejor acicate

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para todos para andar el camino de la paz, respetándonos recíprocamente y primando siempre aquello que nos une.
Concluyo, señor presidente, señorías, diciendo que es cierto que aún nos queda mucho por recorrer en la búsqueda, en el logro de ese camino de la paz, pero que los demócratas tenemos que recorrer ese camino desde la voluntad -como tenemos todos- de construir una paz, desde la ley, desde la justicia y desde la solidaridad, que sea reflejo final de la enorme capacidad de conciliación que alberga en su seno la sociedad española. Pero precisamente por eso, éste es el momento de recordar también que los demócratas, todos los demócratas representados en esta Cámara, jamás le hemos vuelto la espalda a la paz y, por tanto, no tenemos deuda alguna con la paz. Son otros los que todavía tienen que decir sí definitivo a la paz, y esperemos que esta vez no pierdan esa sólida oportunidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos, en consecuencia y concluido el debate, a proceder a la votación. Llámese, por favor, a votación. (Pausa.) Votación sobre la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada por unanimidad del Congreso la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. (Aplausos.) Señorías, a efectos de su constancia en el «Diario de Sesiones», la Presidencia cree oportuno subrayar que el consenso en torno al procedimiento alcanzado por todos los grupos parlamentarios y el esfuerzo que luego han desplegado han permitido no sólo el resultado, sino también que esta sea la proposición de ley que más rápidamente se ha tramitado en el Congreso de los Diputados. (Aplausos.)

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. (Número de expediente 121/000149.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado al referido proyecto de ley? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene al palabra el señor Torres Sahuquillo.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente.


Quiero hacer una breve aclaración previa a la intervención. Yo mismo hablé ayer con los portavoces de los demás grupos parlamentarios sobre este asunto y les sugerí la posibilidad de no intervenir, puesto que el debate tiene que ser necesariamente breve y parecía que íbamos mal de tiempo hoy. Así lo acordamos, pero me acaba de comunicar la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que han cambiado de posición respecto a ayer y van a votar en contra de la enmienda, lo que me obliga a hacer una brevísima intervención. Pido disculpas a los portavoces de los demás grupos, porque no he tenido tiempo de decirles que sí iba a intervenir cuando ayer les pedí que no lo hiciéramos. Les pido disculpas. La razón es que me acabo de enterar ahora mismo.
Quiero decir brevemente, señor presidente, que del Senado viene una sola enmienda aprobada, enmienda que presentó mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, y que no pretende ni más ni menos que evitar que se pueda paralizar el procedimiento para constituir el Consejo General de Colegios Técnicos Forestales. La razón es que tal y como está redactado el proyecto, como salió del Congreso de los Diputados, un pequeño colegio, con muy pocos asociados, pudiera paralizar el procedimiento si no estuviera de acuerdo con algunas de las cuestiones que se plantearan allí, porque se exige la unanimidad de todos. Lo que nosotros planteamos en la enmienda es que si no se produce la unanimidad, se utilice el voto ponderado en función de los asociados que cada colegio tenga para que no sea posible paralizar el procedimiento, suponiendo -no es que nosotros lo supongamos- que hubiera una postura egoísta de unos pocos.
Esa es la enmienda y pensamos que es una pena que no se apruebe porque se agilizaría el procedimiento. Todos los colectivos quieren que haya un rápido avance y lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no pueda mantener la posición que ha mantenido en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias también por sus explicaciones de cortesía a los restantes portavoces.


¿Algún otro portavoz desea, en consecuencia, intervenir? (Pausa.) La señora Castro Masaveu tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.


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Tengo que aclarar que mi grupo en ningún momento ha cambiado la posición de su voto, porque precisamente de lo que se trata es de mantener la postura que el Grupo Parlamentario Popular ha sostenido cuando el debate se produjo inicialmente en esta Cámara. En aquel momento el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de las enmiendas del Grupo Socialista y ahora sigue manteniendo la misma posición votando en contra de esas enmiendas.
También he de manifestar con toda brevedad que existen solamente tres colegios profesionales, el nacional, el de Cataluña y el de Galicia, y que entendemos que aceptar la enmienda sobre el voto ponderado que propone el Grupo Socialista significaría dar la primacía al Colegio nacional en detrimento de los colegios autonómicos de Galicia y Cataluña. Nosotros consideramos que la postura del proyecto es más justa, puesto que lo que hace es que los estatutos del Consejo General se aprueben con el voto unánime, porque la importancia de esos estatutos debe requerir el voto unánime de los colegios, por lo que nosotros mantenemos el texto del proyecto y votaremos en contra de la enmienda.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castro.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/1995, DE 18 DE MAYO, DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 121/000161.)

El señor PRESIDENTE: Concluido así el debate sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales, pasamos al punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, comenzando por la correspondiente al proyecto de ley por la que se modifica la número 13 de 1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Dentro del Grupo Parlamentario Mixto, mantienen enmiendas el señor Vázquez y la señora Rivadulla. Intervendrá en primer lugar el señor Vázquez; no veo a la señora Rivadulla.
Adelante.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos hoy en el trámite de la discusión del dictamen elaborado en Comisión sobre la modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre la que nosotros en general seguimos manteniendo la misma opinión que expresamos en otras ocasiones. Creemos que es una reforma que era sin duda necesaria por las insuficiencias y la falta de operatividad práctica de algunos aspectos de la ley vigente, y que, sin embargo, ni en el proyecto de ley que presentó en su día el Gobierno ni en su discusión posterior aparecen plasmadas las reformas adecuadas para dar solución a los defectos detectados, cuando menos desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, que no comparte, como decía antes, la filosofía que inspira el proyecto y algunas de sus soluciones. En todo caso, sí reconocemos que hubo algunos aspectos que se mejoraron técnicamente. Sin embargo, creemos que el dictamen aprobado en Comisión sigue manteniendo, en lo sustancial, la filosofía del proyecto de ley, y en la medida en que nuestras enmiendas no fueron recogidas es obvio que tenemos que seguir creyendo que las modificaciones deberían caminar en el sentido de garantizar un mayor papel de las administraciones para poder disponer de mecanismos capaces de corregir los desequilibrios que el mercado genera, para incidir de una manera positiva en la disminución del paro y para fomentar el equilibrio territorial o la defensa del medio ambiente. Tampoco compartimos que no se dé una mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas en esta materia, que no se impulse de manera más decidida la transparecencia en la contratación o que se cuele la posibilidad de contratar trabajadores a través de las ETT por más que como disculpa se afirme que es un tipo de contratación que sólo se hará de forma limitada o excepcionalmente.
La modificación de la ley que se pretende aprobar, desde nuestro punto de vista, opta claramente por las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas, que han venido sufriendo discriminación y condiciones en la práctica de desigualdad y que desde luego con estas modificaciones van a seguir sufriéndolas.
Volver a insistir en que las pequeñas y medianas empresas constituyen la base del tejido económico, que son las generadoras de la mayor parte de empleos y que por tanto deberían ver reflejados sus intereses en esta ley es algo que parece obvio. La ley debería prever mecanismos suficientes para garantizar la posibilidad de acceso a los contratos, especialmente los de mayor cuantía por parte de las pymes, permitiendo la acumulación de características diversas; debería además resolver convenientemente, lo que no sólo no lo hace sino que incluso lo empeora, el problema existente respecto a los pagos de los contratistas a los subcontratistas y suministradores, problema éste de gran importancia, puesto que lo que aconteció en el pasado y que a la luz de la reforma va a seguir pasando es que a los subcontratistas se les paga tarde y mal sin que las empresas afectadas tengan mecanismos prácticos de reacción ante esta situación cuando nosotros creemos que la ley debería prever esos mecanismos que a su vez deberían ser aplicados para garantizar los pagos en un plazo razonable a este tipo de empresas. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Nosotros creemos que se sigue manteniendo una situación injusta y discriminatoria para estas

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pymes, que en muchas ocasiones la situación que se vive pone contra las cuerdas a este tipo de empresas, además de que, tal como está funcionando el problema de los pagos, sirve para financiar a costa de las pymes a las grandes empresas contratistas a través de la demora en los pagos más allá de lo razonable.
A nosotros nos preocupa que siendo todos conocedores de esta realidad, sin embargo no se resuelva. Por ello surge una pregunta inevitable y es por qué si todos los grupos políticos conocemos esta situación y por qué si desde el propio sector afectado se proponen soluciones que resolverían el problema o en todo caso es su opinión que lo resolverían -en ese sentido, por cierto, tenemos conocimiento de una transaccional que se va a presentar en el transcurso de este debate- por qué no se aportan las soluciones concretas a ese problema. En fin, cada quien puede contestar a esta pregunta como quiera. Cada uno puede escudarse en mil argumentos pero, desde el punto de vista de mi grupo, la única explicación posible es que se trata de perpetuar una situación que favorece de manera clara a las grandes empresas constructoras, que se benefician, como decía antes, de aplazar los pagos a subcontratistas y suministradores.
Podríamos seguir insistiendo en esto, podríamos decirlo más alto pero yo creo que no más claro. Nosotros creemos que estamos ante una modificación de la ley que no es neutral sino que se orienta en beneficio de los más grandes y que no resuelve algunos de los problemas más importantes que existen en la ley vigente y, en ese sentido, no sólo va a perjudicar a las pequeñas y medianas empresas sino que es más que posible que obligue a nuevas reformas en el futuro.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por la señora Rivadulla, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
De forma muy breve agruparé las enmiendas de la señora Rivadulla, que corresponden a los diputados de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, en dos bloques. Un primer bloque hace referencia a las enmiendas 144, 146 y 149, que no han recogidas en los trabajos en Comisión y en ponencia y que para nosotros eran fundamentales e importantísimas. Se trata de enmiendas que intentan integrar la dimensión ambiental en el ámbito de la contratación pública. Es decir, el objetivo de estas enmiendas es que el establecimiento de criterios ambientales en la contratación pública de suministros y servicios sea una herramienta importante para estimular a los diferentes sujetos del mercado y, además, que las empresas que libremente hagan la opción de producción respetuosa del medio ambiente tengan posibilidad de acogerse a incentivos de la Administración. Desde ese punto de vista quiero destacar la enmienda 149, por la cual proponemos que en el plazo de un año el propio Gobierno establezca un marco de contratación de las administraciones públicas con integración de la dimensión medioambiental.
El otro bloque de enmiendas que quiero defender son las números 143, 145, 147 y 148, que hacen referencia, por un lado, a diversas propuestas relacionadas con la contratación pública con entidades sin ánimo de lucro y, por otro, a la contratación con empresas que tengan en su plantilla minusválidos. Hemos propuesto en este conjunto de enmiendas la necesidad de introducir en los criterios de contratación pública ofertas orientadas al interés público y a la conveniencia social. Creemos que no sólo se deben tener en cuenta criterios de rentabilidad económica o de eficiencia mercantil, sino que también, dentro de las condiciones de contratación pública, existan criterios de interés público y de conveniencia social.
Finalmente, los trabajos en Comisión han acabado en una modificación de la disposición adicional octava que, de forma muy genérica a nuestro entender, recoge de alguna manera, en los apartados 1 y 2, estos dos aspectos, los aspectos de contratación con empresas que en su plantilla tengan minusválidos y, en el apartado 2, la contratación con entidades sin ánimo de lucro. Nosotros vamos a mantener nuestras enmiendas porque la redacción del texto que se nos trae desde la Comisión simplemente indica que los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas estos criterios.
A nuestro entender, el texto que debería salir hoy del Pleno del Congreso es que deberán, es decir, la obligatoriedad de que en las cláusulas administrativas de contratación siempre se incluyan estos criterios. Por esa razón votaremos favorablemente la disposición adicional octava en caso de que no se acepten nuestras enmiendas, pero mantendremos éstas porque creemos que favorecen de forma más clara y concreta tanto la contratación con entidades sin ánimo de lucro como la contratación con empresas que tengan en su plantilla trabajadores minusválidos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna e intentaré ser lo más conciso posible, pero creo que es preciso, para nosotros por lo menos, defender lo que ha sido nuestra aportación a este proyecto de ley y que mantenemos porque no ha tenido el consenso posible en Comisión. En el trámite en Comisión fueron detenidamente debatidas todas las enmiendas, por lo que voy a centrarme exclusivamente en aquellos aspectos que creemos que son importantes.


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Decíamos que era necesaria y urgente la actualización de este marco normativo y que la trascendencia que tiene la contratación en el ámbito de las administraciones públicas era otro de los aspectos que daban importancia a esta reforma. Era necesario adaptar la regulación del mercado, tanto a la configuración de un Estado de la autonomías, cuyos estatutos reconocen las competencias que en esta materia tienen las comunidades autónomas, como a la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria, asimilando esta normativa a la de otros países de la Unión.
En este aspecto nuestras enmiendas han tenido una componente técnica organizativa y también han acometido una serie de reformas que creemos que son importantes y que darían a este proyecto de ley la dimensión y el alcance que pensamos debe tener. Por una parte, me voy a referir a una enmienda, individualizándola, porque creo que es importante. Es la enmienda 45, a través de la cual pretendemos flexibilizar las condiciones para la entrada de nuevos operadores en el mercado de las telecomunicaciones.
El artículo 115 de la ley, en su apartado 2, b) establece la obligación, entre otras, de que para que los adjudicatarios de los contratos puedan ceder sus obligaciones y derechos a terceros es necesario que el cedente tenga ejecutado al menos el 20 por ciento del importe contratado o que tenga realizada la explotación al menos en un plazo de una quinta parte del tiempo de duración del contrato.
Entendemos, en primer lugar, que este requisito no debería resultar de aplicación en el supuesto de transmisión de títulos que regula la Ley General de Telecomunicaciones, puesto que si pretendemos flexibilizar el mercado de los servicios de telecomunicaciones es imprescindible posibilitar el acceso al mismo del mayor número posible de operadores como condición necesaria para introducir una mayor competencia en este sector. No me voy a extender porque saben SS.SS. el problema que tenemos precisamente con los aspectos relacionados con la inflación. Desde luego, creemos que se debe seguir trabajando en este ámbito, como digo, para poder flexibilizar y dar mayor posibilidad al número de operadores que puedan entrar en el mercado de las telecomunicaciones.


En segundo lugar, esta reforma de la Ley de contratos pretende abordar una problemática sobre la que mi grupo parlamentario no es la primera vez que se manifiesta. Me refiero a la regulación de los pagos a subcontratistas y suministradores. Como recordarán SS.SS., en julio del año 1997 se debatió en el Senado la toma en consideración de una proposición de ley por la cual proponíamos regular con mayor claridad, precisión y racionalidad el pago a subcontratistas y suministradores. La ley del año 1995 había dado un paso adelante en este sentido, pero la experiencia de estos años había puesto de manifiesto una falta importante de eficacia. Nuestra propuesta fue rechazada en aquel entonces por el Grupo Parlamentario Popular sobre la base -decía su portavoz- de que la única solución contractual que se reconoce en la ley como contratación administrativa es la que liga a la Administración con el contratista adjudicatario de la obra. Por tanto, no puede interferir en las relaciones de derecho privado existentes entre contratista y subcontratista. Insistía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en aquella ocasión en que la regulación de las relaciones entre contratista y subcontratista estaban en el ámbito del derecho privado.
Ahora, al parecer, ya no es este el motivo que se expone en esta reforma de ley. La reforma que propone el Gobierno contempla la regulación de los contratos con subcontratistas y suministradores que se derivan de contratos administrativos. Era lógico y confirma las razones que nuestro grupo parlamentario argumentó en aquel momento en el debate de aquella proposición de ley. El Gobierno ha entendido que no puede sostener el principio de no intervención en las relaciones privadas y que la Administración Pública contratante debe involucrarse en el control y el buen fin de las partes subcontratadas si verdaderamente quiere proteger el interés público.
Superados, por tanto, los argumentos legales que existieron en su momento, vamos a centrarnos ahora en el contenido de fondo. Desde luego, la redacción de los artículos 116 y 116 bis nuevo creemos que no aborda el problema desde una perspectiva real. De persistir esta redacción, lo que se va a conseguir es consolidar una mala situación.
El desequilibrio de fuerzas entre contratista y subcontratista es evidente. Se hace necesario, por tanto, no sólo regular esta relación sino establecer aquellas salvaguardas que impliquen el cumplimiento de las obligaciones restringiendo la arbitrariedad de las interpretaciones, que en muchos casos empujan a la parte más débil a hacer dejación de sus derechos por necesidades de mercado. Por eso, en la enmienda 37 establecemos el plazo para determinar el pago. Dice el texto que comienza cuando el contratista principal apruebe la factura emitida por el subcontratista. Es indudable que se da un margen de discrecionalidad, aunque posteriormente se den 30 días como máximo para conformidad o disconformidad, situación ésta que invalida el plazo. Nosotros proponemos que en su lugar el comienzo del plazo del pago se determine desde la fecha de presentación. Por cierto, quiero advertir que existe un error en la redacción de nuestra enmienda número 37, porque se dice fecha de presentación por el contratista principal y se quiere decir: fecha de presentación al contratista principal; es un error obvio leyendo el texto, pero quiero dejarlo puntualizado.


Lo mismo respecto de la garantía o aval. El texto establece que para pagos superiores a 120 días el subcontratista podrá exigir aval.
Podrá es una exigencia potestativa que a nadie se le escapa que el subcontratista no ejercitará ante las posibles consecuencias que la misma puede conllevar en las relaciones futuras. Sería, por tanto, un refuerzo de las garantías que se establezca el deber de exigir en vez de poder exigir. De la misma forma sería conveniente reforzar los requisitos

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de la subcontratación, facultando al contratista o subcontratista la puesta en conocimiento de las contrataciones realizadas en el órgano administrativo.
La nueva redacción de los artículos 116 y 116 bis deberá obligar a establecer ciertas preferencias. Por ejemplo, precisar, con respecto a la obligación de abono a los subcontratistas, la referencia del artículo 116 bis, en lugar del 104, que era una garantía de acuerdo con la regulación anterior. Por otra parte, otra consecuencia debe ser que el incumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos citados sea motivo de suspensión de la clasificación al contratista por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
Finalmente, proponemos que para la aprobación de las sucesivas certificaciones de obra el contratista principal deberá justificar y demostrar a la Administración el pago anterior a los subcontratistas y suministradores. Como pueden ver, señorías, lo único que pretendemos en este apartado es incrementar el grado de responsabilidad de la Administración ante las implicaciones económicas y sociales que se desprenden de la contratación administrativa.
Para terminar voy a hacer referencia al ámbito competencial de esta ley; una ley que como su nombre indica es de contratos de las administraciones públicas, no del Estado, como antiguamente, y por tanto debe establecer el régimen jurídico básico de la contratación pública sin impedir que las comunidades autónomas establezcan su propio desarrollo normativo de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Sin embargo, no es este el espíritu que se desprende del texto legislativo. A esta ley le sobra normativa básica. Algo se ha mejorado con la enmienda consensuada entre el Grupo Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero no es suficiente. Aparte de no ser suficiente, siempre estamos en la misma situación de que para conseguir algún desarrollo en el ámbito autonómico tenemos que ir arrancando nuestros derechos porque se necesita o no el voto; al final siempre es una contrapartida a pagar. Este es el problema de fondo. Además, la enmienda pactada entre el Grupo Popular y Convergència i Unió contempla siete artículos como ley básica que no lo eran en el texto inicial. En concreto, entre los requisitos para contratar, la regulación de la exigencia de solvencia económico- financiera y técnica al contratista, contemplada en los artículos 16, 17, 18 y 19, o el artículo 144 que regula la indemnización a cobrar por el contratista en casos de fuerza mayor, o el que hace referencia a la ejecución del contrato de gestión de servicios públicos, en el texto inicial no eran ley básica, ahora sí.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía, le ruego concluya.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Mi grupo parlamentario propone modificar completamente la disposición final primera -es nuestra enmienda número 48-, tanto en su contenido como en la técnica legislativa empleada. La técnica legislativa en cuanto a que la excepcionalidad debe estar referida a aquellos artículos que se consideren legislación básica y no considera legislación básica toda la ley por principio, dejando la excepcionalidad a las materias que no lo son. Creemos que esta técnica legislativa es absolutamente errónea y por ello se solicita en nuestra enmienda corregirla.
Respecto a su contenido, también consideramos que deben contemplarse como básicos, primero, dentro de los requisitos para contratar, los aspectos relacionados con la capacidad de contratar, el procedimiento y la excepción y el reajuste de garantías exigidas para los contratos de la Administración; en segundo lugar, por lo que respecta a las actuaciones, se debe ampliar la reducción del carácter básico en la ejecución y modificación de contratos; y en tercer lugar, respecto a la revisión de precios y extinción, habría que reducir el alcance de la aplicación de las causas de resolución reguladas en el artículo...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía, debe concluir.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente, en un minuto.
Todo lo anteriormente expuesto es en cuanto a la normativa reguladora de los aspectos generales de contratación. Más contenido tienen los aspectos relacionados con la ejecución. Habría que ampliar, por tanto, la consideración de no básico en los contratos de obra de la preparación del contrato en los aspectos de instrucciones técnicas y replanteo de obras y los plazos en procedimientos abiertos y restringidos. Curiosamente, en los contratos de gestión de servicios públicos todos estamos de acuerdo en reducir el alcance básico de la ejecución del contrato, que está en contradicción con el criterio que se ha aplicado en el contrato de obras. ¿Por qué en el contrato de obras sí y en el contrato de servicios públicos no? En los contratos de suministros se debería ampliar la reducción de la misma, igual que para el contrato de gestión de servicios. Estas son, como decía, las propuestas que en materia competencial recoge nuestra enmienda número 48, adecuando el tratamiento del régimen competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.
Señorías, reconociendo ciertas mejoras y algunos avances sobre el texto legislativo de 1995, para nuestro grupo parlamentario esta reforma es insuficiente, no cubre nuestras expectativas, principalmente en la regulación de las condiciones de pago a subcontratistas y suministradores, pero fundamentalmente no cubre nuestras expectativas en el ámbito parlamentario.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía, por favor.


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El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente.


Por tanto, en este trámite mi grupo parlamentario no va a dar el voto favorable al texto del proyecto de ley, distinguiendo en la votación lo que es el ámbito competencial, que está recogido en la disposición final primera, del resto del proyecto de ley. Y en cuanto a las enmiendas de los demás grupos votaremos de forma similar a como lo hicimos en el debate en Comisión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Simplemente quiero dejar constancia -y ahora sí termino, señor presidente- de que la enmienda número 42, aprobada en Comisión, no está incluida en el texto del dictamen de la Comisión y, por tanto, espero que los servicios de la Cámara puedan corregir este error.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará, señor Zabalía. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero hacer mención, en primer lugar, a que este proyecto de ley que hoy debatimos no obedece solamente a la voluntad política del Gobierno para regular el marco de las relaciones contractuales de las administraciones. Recordemos el acuerdo del Congreso, adoptado por unanimidad el 11 de noviembre de 1997, que instaba al Gobierno a traer a esta Cámara un proyecto de reforma de esta Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; recordemos también la recomendación de la Comisión Europea, de 12 de mayo de 1995, y la propuesta de directiva del Parlamento Europeo, de 30 de octubre de 1998, que invita a sus Estados miembros a adoptar una serie de medidas relacionadas con las contrataciones públicas. Por tanto, estamos ante una modificación requerida por todos los grupos de esta Cámara y también a instancias de las recomendaciones de la Comisión Europea.
Nosotros hemos defendido que el proyecto del Gobierno se tramitara en esta legislatura, y lo hemos hecho porque teníamos la clara voluntad y la esperanza de que en el trámite parlamentario se corrigiesen aspectos de la Ley de 1995 que no han funcionado con corrección, sobre todo lo que se refiere al pago de suministradores y subcontratistas. El texto que hoy debatimos desgraciadamente no da satisfacción a estas demandas requeridas por los grupos políticos y también por los propios interesados. Por eso nuestro grupo ha presentado 29 enmiendas a este proyecto de ley, de las cuales han sido aceptadas solamente dos. No voy a hacer en este momento una defensa pormenorizada de cada una de nuestras enmiendas por cuestión de tiempo -sería imposible hacerlo-, pero pretendemos que la actualización y modernización del marco jurídico en que se desenvuelven todas las administraciones dé lugar a una ley que, en primer lugar, profundice en la transparencia de los actos de las administraciones públicas.
Señorías, la transparencia en estos actos de las administraciones públicas se consigue facilitando información y datos de los actos públicos. De momento, en este trámite parlamentario el Grupo Popular se ha negado a aceptar que empresarios o asociaciones de empresarios o profesionales puedan solicitar información sobre adjudicaciones practicadas por la Administración. Si quieren SS.SS. pueden remediar esta situación recogiendo el sentir de nuestra enmienda número 120.
También en aras de esa transparencia creemos que habría que limitar todavía más las contrataciones directas y las mesas de contratación unipersonales. También creemos que no es lo más transparente posible que el órgano de contratación sea solamente el ministro o el secretario de Estado de turno. Es muy posible que tengamos percepciones muy distintas del concepto de transparencia el Partido Popular y nuestro Grupo, Izquierda Unida.
En segundo lugar, queremos que las administraciones públicas sean lo más objetivas posibles en sus contrataciones. En este sentido proponemos las enmiendas 133 y 134 a fin de limitar el alcance del artículo 125 de la Ley, que deja un amplio margen a la contratación conjunta de proyectos y ejecución de obras. Entendemos que el riesgo potencial que supone esta modalidad de contratación hay que limitarlo y no dar carta de naturaleza a lo que es excepcional.
En tercer lugar, auspiciamos que esta ley dé un tratamiento más justo y equitativo a los colectivos empresariales y profesionales que se mueven en torno a la contratación pública. En este sentido va la recomendación de la Comisión y del Parlamento Europeo y también el acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión del 11 de noviembre de 1997. Quiero hacer una breve referencia a este acuerdo porque me parece importante, ya que en aquel momento suscitó un grado de consenso importante. El texto del acuerdo era el siguiente. El Congreso instaba al Gobierno para que elaborara el correspondiente desarrollo normativo que posibilitara la equiparación de plazo de pago de precios pactados entre contratistas, subcontratistas o suministradores. El espíritu de aquel acuerdo creo que estaba muy claro. Incluso el portavoz popular, el señor Cámara, parecía que en aquel momento se sentía preocupado por la relación entre contratistas y subcontratistas. Luego hemos podido comprobar en el trámite parlamentario de esta ley que esa preocupación ha desaparecido y ha dejado paso quizás a la defensa de otros intereses que no son los de la pequeña y mediana empresa, no son los de los suministradores y tampoco son los de los subcontratistas. La alarma en el retraso de pagos en este país creo que ya es importante, de tal modo que ha llegado a la Unión Europea - de la que nosotros

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somos partícipes-, recomendando a sus Estados miembros que adopten las medidas jurídicas y prácticas necesarias con objeto de hacer respetar los plazos de pago contractuales en las transacciones comerciales y garantizar mejores plazos de pago en los contratos públicos. Es una recomendación que hace la Comisión. También hay una propuesta de directiva europea que va a obligar a los Estados miembros a que las condiciones de pago hacia los subcontratistas sean exactamente iguales a las del contratista principal. Por tanto, señorías, está siendo modificada la Ley de 1995 con cierta frecuencia y ésta que estamos haciendo también se va a ver abocada a modificaciones futuras, en breve, como consecuencia de la entrada en vigor de esta directiva. Creemos que es totalmente injusto el tratamiento que hace el artículo 116 bis sobre este asunto tan importante, ya que no tiene en cuenta el inicio de cómputo de los plazos desde la fecha de conformidad de la factura del subcontratista al contratista, deja un plazo abierto de 30 días para la aceptación o no de la factura, con lo cual posibilita que esos 30 días se puedan convertir en 60 ó en los que el contratista quiera; posibilita establecer fórmulas de pago superiores a 120 días cuando la Comisión Europea los está limitando a 60 y pretende rebajarlos a 45. Léase la directiva, señor Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le ruego que vaya concluyendo.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Finalmente, posibilita continuar con la práctica de emitir pagarés con cláusula de no a la orden, por lo menos en aquellas facturas que no superen el plazo de 60 días.
Nuestro grupo ha consensuado con otros grupos de esta Cámara una enmienda transaccional que recoge las números 124, 125, 126, 127, 128 y 129, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que se refieren a toda esta problemática, y esperemos que finalmente el Grupo Popular y otros grupos de esta Cámara que están un tanto tibios puedan manifestar su aceptación a estas enmiendas.
Señorías, nuestro grupo va a votar en contra del proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas, que vulnera el acuerdo del Parlamento del 11 de noviembre, que no recoge el sentir comunitario de protección a las pymes, que sigue favoreciendo a unos pocos en detrimento de muchos y que a su vez favorece la entrada de las ETT en la contratación pública...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le ruego concluya.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ...en detrimento de los trabajadores.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a defender globalmente el conjunto de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista a este proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas, que ya han sido debatidas en la Comisión y que han pasado su trámite con más pena que gloria porque el Grupo Popular ha mantenido una posición dura inquebrantable. Todos pensábamos que sobre este proyecto podían producirse mayores puntos de encuentro porque entendíamos que en la contratación administrativa se trataba de gestionar bien los recursos de la Administración pública y, por tanto, podía haber una mayor sintonía en muchos de los aspectos que la configuran, pero nos hemos encontrado con que se plantea una especie de contrato de adhesión: si están de acuerdo ustedes con este texto bien y, si no, hagan lo que quieran, pero no vamos a estar dispuestos a aceptar muchos de sus planteamientos.


Señorías, nosotros mantenemos en este trámite las mismas enmiendas que en Comisión, y me gustaría destacar algunos aspectos de las mismas porque entiendo que son fundamentales para ver cuáles son las diferencias que existen entre la filosofía del texto del Gobierno y del texto del Grupo Socialista. A la vista de lo manifestado en Comisión por el señor Cámara, he de entender que la reducción del ámbito de aplicación de la ley, exceptuando de la misma los contratos de seguros, bancarios y de inversiones, así como aquellos que tengan por objeto la creación literaria, artística y de espectáculos, entra dentro de esos criterios filosóficos que dice el señor Cámara de alejar de la contratación pública determinados sectores en base a su especificidad, a sus peculiaridades, a sus características, etcétera; es decir, todo aquello que a ustedes les viene bien poner encima de la mesa para justificar su decisión de eliminar del control público aquella gestión de recursos procedentes de los impuestos que ustedes pretenden que se gasten sin ningún control. No demonizamos lo privado, y de eso buenas experiencias hay porque en este país se iniciaron procesos de liberalización en la época del Gobierno socialista, pero les pido a ustedes que no demonicen lo público. Cada vez que pueden, en las modificaciones legislativas tienen intención -y lo hacen- de dar un bocado a la Administración pública para pasarlo al sector privado. En este caso concreto, cuando ustedes definen el ámbito de aplicación de la norma, lo que hacen es excluir determinados sectores de la misma para que en lugar de ser gestionados con arreglo a las normas de la contratación pública lo sean con arreglo a las normas de la contratación privada.
Se lo decía en Comisión y se lo reitero ahora, señor Cámara. ¿Por qué razón no quieren aceptar ustedes que cuando hablamos de solvencia técnica de las empresas no hay que incorporar aspectos de control y calidad

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medioambiental? No lo entiendo, porque ustedes han estado presumiendo en esta Cámara durante esta legislatura de que han sido los adalides del medio ambiente y, cada vez que se discute sobre quién es más o menos medioambientalista, resulta que ustedes presumen de que tienen un ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio horizontal y, por tanto, tiene que influir en todos aquellos sectores de la Administración. En este caso concreto lo que le estoy diciendo, señor Cámara, es que no hubiera pasado nada si a estas características técnicas de las ofertas hubieran incorporado criterios medioambientales, criterios de control de calidad, que no creo que sea ninguna barbaridad, en absoluto, y de hecho en la Unión Europea en muchos países se está funcionando así y se está trabajando en esa misma línea.
Nuestras enmiendas números 60, 62 y 64 ponen de manifiesto la existencia de una cortina de humo en un problema de calado cual es el del empleo, y dicen que con esta ley se fomenta el grado de estabilidad en el empleo; lo dicen y lo aseveran con muchísima rotundidad. Pues no es así. El hecho de que existan tres palabras sin importancia, «en su caso», echa por tierra su preocupación por las teorías sobre el empleo, porque al fin y al cabo no hacen sino dejar a la ley en las mismas condiciones que estaba antes cuando no figuraba esta norma. Ustedes plantean ambivalencias, fórmulas bonitas al decir «nosotros fomentamos la estabilidad en el empleo», «queremos que se mantengan las plantillas», pero añaden a continuación la expresión «en su caso» y ya la hemos liado. Lo que han hecho ustedes es cargarse el precepto e intentar evitar que esta norma se pueda cumplir y que haya obligación de cumplirla por parte de las empresas.
Hay un aspecto que usted en su intervención en la Comisión decía que era uno de los que habían motivado la presentación de esta ley en esta Cámara -y tengo que adherirme a lo que ha planteado tanto el portavoz de Izquierda Unida como algún otro portavoz respecto a la razón por la que se formula la modificación de esta ley- y es el de la subcontratación y el suministro. En ese aspecto, señor Cámara, le tengo que decir que ustedes con el texto que introducen están perjudicando seriamente a aquellos que dicen que van a beneficiar. La Ley de 1995 dice que el plazo del pago del contratista al subcontratista será el mismo que el que tiene el contratista respecto a la Administración. Lo que ustedes están planteando es, primero, que eso no sea así porque establecen 30 días para contestar y ver si la factura está o no bien hecha y, segundo, ustedes marcan una pauta mayor que viene motivada por la existencia de un acuerdo entre las dos partes. En una relación entre el contratista y el subcontratista lo normal es que quien tenga la llave de esa negociación, de ese contrato, no sea el subcontratista sino el contratista. En una contratación administrativa pública no puede ser que la Administración evada su responsabilidad en cuanto a conocer y a saber qué es lo que pasa con los subcontratistas en sus relaciones con el contratista que está gestionando recursos públicos. A pesar de que ustedes están diciendo que esto es una garantía mayor para percibir el subcontratista y suministrador el pago que tiene por parte del contratista, yo le tengo que decir que esta norma concretamente, esta norma tal y como viene establecida lo que hace es dar un paso atrás y llevar al subcontratista y al suministrador a la misma situación de inseguridad, de desequilibrio que existía anteriormente en sus relaciones con el contratista. Léalo usted, señor Cámara. Usted sabe perfectamente que cuando hay que sacar punta a una ley los recovecos que se encuentran son muchos. Si usted está facilitando que esos recovecos sean más grandes, indudablemente no va a haber ningún problema. Los grandes contratistas tendrán las puertas abiertas para hacer con los subcontratistas y los suministradores lo que les venga en gana, y usted lo sabe y es consciente de ello. Nuestra obligación es intentar que no se produzca ese desequilibrio y que se dé un trato igualitario por parte de la Administración respecto a aquellas sociedades, entidades o personas que están trabajando con cargo a fondos y a recursos públicos, y eso no se produce con esa modificación.


Por eso, señor Cámara, nosotros -y a esto ha hecho referencia el señor portavoz de Izquierda Unida- hemos elaborado una transaccional que de algún modo recoge todo el planteamiento que le he hecho, que intenta poner solución a esta situación de maltrato que reciben estas empresas en la contratación pública cuando son subcontratistas o suministradores, y hemos intentado aproximarnos a su tesis.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego que concluya.


El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Nos hemos intentado aproximar a su tesis, y usted tiene el texto de esta propuesta que hace referencia a las enmiendas 124, 125, 126, 127, 128 y 129, de Izquierda Unida, a las números 15, 16, 17 y 18, del Grupo Mixto, del señor Vázquez, a la 37, del Grupo Vasco, y a la 89, del Grupo Parlamentario Socialista. Es un paso de aproximación a sus planteamientos, es un paso en el que se acepta el pago en 90 días -60 más 30- cuando viene la factura, y es un paso en el que se acepta el que puede haber algún tipo de acuerdo en el que la posición del subcontratista quede garantizada mediante la fórmula que se plantea.
Yo creo que el esfuerzo que se hace, señor Cámara, deberían tenerlo muy presente porque indudablemente beneficiaría y daría satisfacción a un gran número de empresas en este país que con la norma que ustedes están estableciendo van a tener complicado, a partir de ahora, gestionar sus contratos con los contratistas principales.
Señor presidente, señor Cámara, dado que se me ha acabado el tiempo, doy por defendidas las restantes enmiendas del Grupo Socialista, que se someterán avotación y que me gustaría que tuvieran una mejor

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aceptación de la que han tenido hasta este momento a lo largo de este debate.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria sobre este importantísimo proyecto de ley cuyo origen es la Ley 13/ 1995, de 18 de mayo. Es importantísimo por la gran cuantía que supone en la contratación de las administraciones central, autonómica y local la actuación pública, también por el número y variedad de empresas que están afectadas, no solamente grandes empresas constructoras sino también muchas pymes, y ahora también van a estar afectadas muchas de las empresas llamadas de consultoría que han venido actuando con la Administración de una forma impune, sin pasar sus contratos al Tribunal de Cuentas.
La normativa comunitaria y leyes posteriores a la del año 1995 obligaron al Gobierno a presentar este proyecto de ley que trae y tiene como metas diversos puntos que no cabe la menor duda de que suponen un avance. Por ejemplo, se mejora la concurrencia, se da más publicidad y transparencia a los procedimientos de contratación, se hace una adaptación a la legislación comunitaria, se regulan los contratos que he mencionado de consultoría y asistencia, se introducen figuras como la del leasing o arrendamiento financiero y el de arrendamiento con opción de compra y la de los contratos con empresas de trabajo temporal. Sin embargo, tenemos que reconocer que pese a esa filosofía de progreso aún quedan muchas normas que es necesario promulgar -ahora se llama implementar- como consecuencia de directivas europeas que tendrán que incorporarse al texto de la legislación positiva española y a situaciones que creemos que no deben relegarse al sector privado sino que deben regularse dentro del sector público. Me estoy refiriendo al problema que existe sobre la situación en un plano de inferioridad del provisionista y el subcontratista en relación con el contratista principal con la Administración pública. Sin embargo, también consideramos que la ley regula la actividad de subcontratación con unos efectos que a lo mejor tendrán que ser corregidos en el futuro, aunque tenemos que dar una oportunidad a la ley a los efectos de estas normas que suponen un avance. Estimamos, igualmente, que la situación de bonanza que tiene la economía española actual no hace muy preocupante esta cuestión, pero hay que poner el parche antes de que se produzca el mal; hay que prever la posibilidad de normas complementarias para regular y resolver la situación financiera por créditos pendientes de pago a subcontratistas y suministradores, que por ahora no es angustiosa, pero que podrá serlo en el futuro.
Esperamos que las enmiendas que se han añadido como consecuencia del pacto con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) serán las suficientes para que las competencias autonómicas queden adecuadamente respetadas. Esto lo consideramos importantísimo, porque ya hay comunidades, como por ejemplo la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Autónoma de Canarias, que tienen legislación de segundo rango en materia de contratación administrativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.
Concluyo diciendo que esperamos que esta ley tenga éxito y, si no, que se modifique con toda la celeridad posible. De todas formas, anunciamos que vamos a votar favorablemente el dictamen de la Comisión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) negoció el proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas con el Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario en esta Cámara. Fruto de esas negociaciones, fruto de ese inicial consenso, ha sido el avanzar en determinados aspectos de este proyecto de ley y, aunque no hemos avanzado lo suficiente en otros, para nuestro grupo, el global de este proyecto de ley merece la aceptación y, por tanto, no hemos mantenido enmiendas vivas para el trámite de pleno.
Señorías, este es un proyecto de ley necesario; es necesario para adecuar plenamente la Ley de 1995 a la Directiva comunitaria de 13 de octubre de 1997; es necesario para superar determinadas rigideces que el contexto político del año 1995 impuso a la ley de contratos y, por tanto, había un común consenso en que debía avanzarse hacía una mayor simplificación, hacia una mayor transparencia, hacia una mayor concurrencia. Todo ello se refleja en el texto del dictamen de la Comisión, al igual que se refleja un avance en el ámbito de superar determinadas distorsiones económicas que se producían entre la empresa adjudicataria de los contratos y los subcontratistas y suministradores.
Finalmente, un reto más que nuestro grupo planteó para impulsar este proyecto de ley venía dado por la llamada cláusula social. El 13 de abril de este año, el Pleno de esta Cámara aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nosotros fuimos quienes introdujimos en esta

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Cámara el debate sobre el tercer sector, sobre la necesidad de potenciar ese tercer sector, esas entidades sin ánimo de lucro que están haciendo una gran función social y que nosotros queremos apoyar. En esa moción sobre el tercer sector había un mandato expreso: introduzcamos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas una cláusula social, una cláusula que dé preferencia a esas entidades sin ánimo de lucro en la adjudicación de determinados contratos de carácter social. Eso se ha conseguido, hemos introducido la disposición adicional octava; no es del tenor que nos hubiera gustado, pero es un avance clarísimo en este ámbito del tercer sector. Ahora, determinados grupos pueden decir: se debería haber hecho más. Muy bien, pero hemos sido nosotros quienes la hemos introducido a partir de la moción aprobada por el Pleno de esta Cámara. Creemos que es un avance y, desde esta tribuna, queremos invitar a las administraciones públicas a que hagan uso de esta cláusula social y la apliquen, a que den esa preferencia a las entidades sin ánimo de lucro cuando se trate de contratos de ámbito social.
También es importante destacar en este ámbito social que en los proyectos de obras se ha introducido el preceptivo estudio de salud y seguridad. Deberá presentarse ese preceptivo estudio de salud y seguridad y esperamos que ello contribuya a mermar la siniestralidad laboral.
En el ámbito autonómico también hemos avanzado, aunque estoy de acuerdo con el señor Zabalía en que no lo hemos hecho lo suficiente.
Esta ley, señorías, tiene demasiados artículos básicos, lo que es una clara evidencia leyendo incluso el propio formato. En este momento, el acuerdo no ha permitido avanzar más, aunque algo sí que hemos progresado, porque hay menos artículos básicos, como por ejemplo en aspectos tales como las sanciones por incumplimiento empresarial, el procedimiento y pago del importe de la revisión de precios o las causas y efectos de la resolución y modificación de los contratos, pero falta avanzar más en el ámbito autonómico. Queda pendiente, entre otros aspectos, un nuevo impulso a la extensión, en todas las administraciones y en todo el territorio español, de las clasificaciones empresariales otorgadas por los órganos de clasificación de las comunidades autónomas. Debemos avanzar más en ese efecto, porque, aunque se ha progresado, no ha sido suficiente, y es que se parte de una desconfianza de lo que hacen estos órganos...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jané, le ruego vaya concluyendo.


El señor JANÉ I GUASCH: Voy concluyendo, señor presidente.
Las comunidades autónomas son Estado y, por tanto, tienen plenos efectos esas clasificaciones.
En el ámbito de la subcontratación hemos dado un paso adelante.
Tampoco hemos avanzado lo que se debiera, pero hemos dado un claro paso adelante en favor de los subcontratistas, sin dejar de encontrar ese equilibrio necesario, puesto que una relación privada no puede ser regulada por una ley pública. Hemos avanzado y esperamos que se dé el paso decisivo, repito, que se espera a través de la normativa comunitaria; demos, como decía el portavoz de Coalición Canaria, una oportunidad a esa ley. Esos fueron los términos que habíamos acordado con el Grupo Popular, nosotros los respetamos y, por tanto, nos mantenemos en ese artículo 116 bis, que creemos que puede avanzar en un futuro. Es un primer paso.
Por último, destacar que se han introducido medidas importantes en la simplificación procedimental. Será potestativa la constitución por los licitadores de la garantía provisional...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Se impulsa una mayor utilización de procedimiento negociado, se suprimen determinados certificados que eran más burocracia y creemos que todo ello redundará en beneficio de una contratación pública más transparente, más rigurosa, pero también más ágil.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Finalizamos hoy la primera lectura que se hace de este proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para dar paso al Senado de lo que deba ser finalmente el texto definitivo de la ley, y es el momento de hacer una valoración de lo que ha sido el paso por la Comisión del dictamen de este proyecto de ley. Yo creo que el balance que debe hacerse, según nuestro punto de vista, tiene que ser satisfactorio, señor Morlán, puesto que el trabajo en Comisión ha permitido introducir mejoras en el texto, mejoras que yo creo que son indudables y a alguna de ellas han hecho referencia en su intervención los señores Zabalía y Gómez y en el último turno el señor Jané. Esto es una evidencia, ha habido una treintena de modificaciones de prácticamente todos los grupos, incluida alguna del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida. Creemos que es satisfactorio no por el número de enmiendas que se han incorporado al dictamen, sino por la calidad de las enmiendas presentadas y porque además el debate en Comisión estuvo presidido por un cierto clima de sosiego y de diálogo que yo creo que no se compadece con algunas de las afirmaciones que han hecho los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, pero lo cierto es que fue así. Recuerde, señor Morlán, que prácticamente la única discusión que mantuvimos usted y yo

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fue si la garantía se tenía que formalizar sobre la base del precio del proyecto o del precio de licitación. Esta fue la máxima de las discusiones que llegamos a alcanzar en aquella Comisión, sin perjuicio de que no llegáramos a un acuerdo sobre los puntos a los que usted ha hecho referencia, que ciertamente es así, pero reconozca conmigo que el debate se mantuvo en esos términos de sosiego político y de diálogo.
Además, ha habido algo muy importante y es que se ha mantenido un gran número de reuniones con representaciones amplísimas del sector al que va dedicado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Todos los grupos parlamentarios hemos mantenido reuniones sinceras con asociaciones de empresarios, con administraciones locales, administraciones autonómicas, etcétera. Por lo tanto, se puede decir, sin ningún género de dudas, que aunque no se esté de acuerdo con alguno de los puntos del proyecto de ley, sí que ha recabado en su mayor parte un consenso muy amplio entre asociaciones de empresarios -insisto-, administraciones autonómicas y administraciones locales.
Esto quiere decir que el grado de contacto que se nos debe de solicitar a los grupos parlamentarios de esta Cámara con la sociedad civil, a la que va dirigido el proyecto de ley, creo que no ofrece ninguna duda.
Decía que las modificaciones introducidas han sido importantes.
Ciertamente ha sido importante la incorporación, mediante la enmienda presentada por Convergència i Unió, de esta referencia al tercer sector, que era absolutamente necesaria, como quiera que había sido así aprobado en el debate sobre el estado de la Nación a iniciativa del Grupo Catalán y que va a permitir, ni más ni menos, que por fin el denominado tercer sector se incorpore altráfico mercantil que supone el trabajo con la Administración pública de forma decidida y que se mejore su situación con respecto a la Administración pública en este punto. Yo también quiero hacer extensivo el llamamiento que ha hecho el señor Jané a que las administraciones autonómicas utilicen este precepto.
También es importante la modificación que se introduce en materia de legislación básica y no básica, entre lo que ha de regular el Estado en materia de contratación administrativa y lo que debe regular la Administración autonómica. Quiero decirle en este punto al señor Zabalía, porque así ha sido el tono de su intervención en este tema, que no ha necesitado nadie arrancar del Gobierno nuevos elementos no básicos del proyecto de ley. No se trata de arrancar, señor Zabalía; se trata de acordar entre la Administración autonómica y la Administración central cuál es el ámbito de competencia, el ámbito de actuación en materia de contratación administrativa. El sesgo que ha dado a su intervención en materia de arrancar no lo comparto, fundamentalmente porque el Gobierno del Partido Popular también mantiene el poder en buena parte de las comunidades autónomas de España y reconocerá conmigo que tanto interés tiene el Partido Popular en incrementar las competencias en materia de contratación administrativa como lo pueda tener S.S. o el señor Jané. Ese es el contenido cierto de la aprobación de la enmienda con la transaccional que fue presentada por nuestro grupo, junto con el de Convergència i Unió, y esa es la globalidad del acuerdo que se alcanzó. Como digo, no comparto el sesgo que tiene que ver con arrancar del Gobierno determinado tipo...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Sí, voy acabando.
Repito que se incorporan importantes modificaciones que yo creo que van a permitir atajar muchos de los problemas que tiene la contratación administrativa y que se hace además en un ámbito político completamente distinto al que fue el del año 1995, señor Morlán.
En el año 1995 ustedes se tuvieron que dedicar a atajar una situación anormal. Ya va siendo hora de que algún Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, puesto que puede hacerlo porque se dan las condiciones políticas para ello, ataje el ámbito de la contratación administrativa en una situación absolutamente normal. Ya no hay condiciones de anormalidad en el sector de la contratación administrativa como ocurrió en el año 1995. Permita que alguien, por fin, se siente a determinar las reglas sobre las que debe de conjugarse el futuro de la contratación administrativa en situaciones de normalidad. Ya nadie se despierta por la mañana con asuntos relacionados con el ámbito de la contratación administrativa que después ustedes tuvieron que atajar. En esta situación política, el Gobierno del Partido Popular ha tenido que atajarlo de otra manera.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara, le ruego concluya.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Algunas de las importantes incorporaciones que se hicieron en aquella ley creo que han sido mejoradas en ésta y no debieran haber sido cuestionadas, por lo menos hasta el punto que lo hizo su señoría.
Quiero finalizar haciendo una referencia brevísima a lo que ha sido al final el debate de este proyecto de ley en relación con subcontratistas y contratistas. En el año 1995 se introduce un importante artículo que regula de forma tímida la relación entre contratistas y subcontratistas. Lo que hace el proyecto de ley en la actualidad es regularlo ya no de forma tímida, sino de forma decidida. ¿Por qué? Porque es una situación insostenible para muchas de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la contratación administrativa y se ataja de modo decidido.
Algunas de las precisiones que se hacen en el artículo 116 bis quizás hasta tengan carácter reglamentario, pero esta es la opción que ha tomado el Gobierno del Partido Popular y que nuestro partido asume.


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Hasta el momento no había ningún plazo en el que el contratista tuviera que presentar la conformidad a la factura. Ahora se dan 30 días de plazo máximo para dar conformidad a la factura. Antes no existía con su proyecto de ley. Se establece que el carácter general de ese plazo...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara, S.S. debe concluir.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Si, señor presidente, acabo de inmediato.
Se introduce en el artículo 116 bis esta consideración. Se introducen nuevas garantías para que los contratistas y subcontratistas puedan hacer frente mejor a su actividad comercial y no obtener las pérdidas que evidentemente están teniendo en la actualidad. Y le digo lo mismo que le decía al señor Gómez, con el que estoy plenamente de acuerdo.
Hay que dar una oportunidad a este proyecto de ley. Estoy convencido de que, en muchos de los aspectos cuestionados hoy, dentro de no demasiado tiempo se podrá comprobar que la eficacia que pretendía el proyecto de ley ha tenido su fruto y los problemas que actualmente tiene el sector se verán disminuidos con la aprobación de estas medidas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Cámara.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA SEGUNDA REPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL REESTRUCTURADO. (Número de expediente 121/000167.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 43 del orden del día, que es el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado.
Se mantienen, dentro del dictamen, enmiendas de los grupos parlamentarios Vasco, Izquierda Unida y Socialista.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente. Intervendré con la mayor brevedad posible.
Nuestro grupo parlamentario, efectivamente, tiene presentada una enmienda al artículo 3 de este proyecto de ley, que es el que fija el pago de las contribuciones al denominado Fondo de ayuda al desarrollo, abriendo una vía específica de financiación que no han contemplado las anteriores leyes de los años 1994 y 1997, que se referían a las dotaciones presupuestarias que a los efectos pertinentes consignaran las leyes de presupuestos generales.
La cuestión no es la de requerir vinculaciones rígidas desde un punto de vista presupuestario, sino ser consecuentes con la ordenación de las actuaciones financieras que se realizan en los artículos 27 y 28 de la Ley 23/1998, de Cooperación al desarrollo. Con arreglo a tales preceptos deben distinguirse dos vías de financiación, según se trate de acciones de cooperación multilateral, como es el caso del Fondo para el medio ambiente mundial, o de acciones de cooperación bilateral, ámbito en el que precisamente debe desenvolverse el fondo de ayuda al desarrollo y que, por lo expuesto, ha sido invocado en el proyecto de ley de un modo irregular, al menos formalmente considerado.
Es importante mantener un criterio de rigor en este tipo de acciones porque, si ya lo es en términos generales, adviértase que, lógicamente, en materia de cooperación lo es de un modo mucho más estratégico. No en vano se ha destacado que uno de los males más perniciosos de cara al impulso de la solidaridad cooperante radica en la falta de administración transparente de los recursos públicos destinados a este fin. Por lo tanto, mi grupo parlamentario mantiene esta enmienda al artículo 3, que se refiere precisamente al pago de la contribución.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Mi intervención será breve también, porque ya quedó clara cuál era nuestra posición en el debate que tuvimos en la Comisión de Economía.
A través de nuestra enmienda, no tratamos de posicionarnos en contra de la aportación española al Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado, sino todo lo contrario. Precisamente lo que pretende la enmienda es separar la financiación de los fondos de ayuda al desarrollo y el Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado, por dos razones claras. Una, porque los fondos de ayuda al desarrollo deben cumplir su función y deben estar separados de la aportación que se tiene que hacer a un fondo mundial al que España debería estar contribuyendo. A pesar de eso, Izquierda Unida ni siquiera está planteando que se aumente la aportación al Fondo, sino sencillamente que se separen las dos fuentes de financiación y que, en todo caso, el Gobierno, para el año 1999, apruebe un crédito extraordinario para hacer la aportación al Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado.
Señorías, no es este un tema en el que los recursos se tengan que dividir para atender dos cuestiones diferentes, aunque tengan que ver con el desarrollo de los

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países menos favorecidos. Estamos convencidos de que los fondos de ayuda al desarrollo deben aplicarse precisamente para esto y que los proyectos que nuestro país financie deben contemplar también la vertiente medioambiental, pero, en realidad, esto significaría extraer los recursos de los fondos de ayuda al desarrollo y no contribuir con las aportaciones que nos corresponden como país al Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado. Por eso mantenemos nuestra enmienda al artículo 3.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García-Hierro.


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor presidente.
También brevemente, para ratificar la posición que nuestro Grupo mantuvo en la Comisión de Economía respecto a la razón por la cual no presentamos enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se impulsó por el Gobierno Socialista en 1994.
Nuestro país fue uno de los promotores en crear este Fondo para el desarrollo del medio ambiente en los países más pobres, para unos proyectos tan importantes como reducir la emisión de gases que provoca en el cambio climático; proteger la capa de ozono; preservar la diversidad biológica; detener la contaminación de las aguas o mitigar la degradación de las tierras, su desertización y reforestación.
Todos estos proyectos, que deben financiarse con cargo a este fondo mundial en los países a los cuales les estamos pidiendo que su desarrollo contemple al mismo tiempo estas limitaciones para preservar el medio ambiente mundial, fueron la razón por la cual nosotros contribuimos a iniciar este proceso junto con otros países, y fueron aprobados por unanimidad de la Cámara.
Finalmente, en 1997 se incorpora la contribución de nuestro país al fondo, que es de aproximadamente 2.463 millones de pesetas, el 12,03 por ciento, que es lo que se plantea en este nuevo proyecto, mientras que anteriormente lo fue del 12,36 por ciento. A nosotros nos parece que la cantidad, además de ser menor, es insuficiente, teniendo en cuenta que el fondo mundial tiene en la actualidad un déficit de aproximadamente 657 millones de pesetas. Creemos, por tanto, que la aportación de nuestro país no tiene que ser cicatera, sino que al menos deberíamos contribuir con una cantidad igual a la del primer fondo, y por supuesto debiéramos seguir estando a la cabeza, como Alemania, Suiza, Italia u otros países, de quienes apuestan de manera decidida y clara por la conservación del medio ambiente mundial.
Nuestras enmiendas van en la dirección de incrementar en 657 millones de pesetas, es decir, pasar del 0,8 al uno por ciento, que también es una cantidad mínima, por eso planteamos que, de acuerdo con la ley de acompañamiento de los presupuestos de 1999, podría extraerse de las devoluciones de los fondos de desarrollo, que en el saldo del año anterior fueron aproximadamente unos 30.000 millones de pesetas. Esto no va a suponer ningún desajuste económico, no va a romper ningún plan de estabilidad de la Unión Europea, como se dijo por el Grupo Popular en la Comunidad, sino que va a reforzar ante el resto de los miembros el papel interesado, sensible, de nuestro país.
La última enmienda es una nueva adicional, que lo que plantea son las recomendaciones del Consejo General del Estado en su informe y lo que establece el propio Banco Mundial como obligación para los gobiernos, que es facilitar una información detallada, a través de una memoria, de un informe económico, de los proyectos que nuestro país presenta, de los proyectos que se financian y de la cuantía del conjunto de los miembros y su aportación a este fondo, para que podamos visualizar cuál es, en el proceso final, el desarrollo de estos fondos, si se están gestionando de manera adecuada y para los fines previstos.
Finalmente, nuestro Grupo comparte las enmiendas tanto del Grupo de Izquierda Unida como del Partido Nacionalista Vasco, porque entendemos que es fundamental el que haya una claridad a la hora de saber la partida presupuestaria y qué destino tiene la dotación de los fondos de cooperación. Creemos que es muy importante que no se detraiga...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora García- Hierro, le ruego concluya.


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Finalizo ya.
Decía que es muy importante que no se detraiga de otras partidas de cooperación al desarrollo, sino que sea una partida específica, un presupuestos específico para contribuir a dicho fondo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora García-Hierro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve, como los demás grupos que han intervenido.
El proyecto de ley que hoy debatimos tiene como objeto la autorización para la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado.
Para el Grupo Popular constituyen una buena noticia, señorías, todas las iniciativas que se realicen para financiar proyectos y

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actividades relativas al medio ambiente, al medio

ambiente mundial y al desarrollo sostenible de los países en desarrollo. Es de todos conocido que los grandes problemas medioambientales que amenazan nuestro

entorno no pueden resolverse a nivel local, ni siquiera a nivel nacional. Las medidas para reducir las

emisiones de gases que producen el efecto invernadero o para preservar la diversidad biológica entre otras

muchas, son medidas que deben tomarse de forma global. Los problemas a los que nos estamos refiriendo y sus consecuencias afectan a todo el planeta, por ello

adquieren especial relevancia las aportaciones a ese fondo.


El Gobierno de la nación, que ya mostró su especial sensibilidad ante esos problemas, y los grupos de esta

Cámara, hicieron posible, por Ley de 24 de abril de 1997, la participación del Reino de España en el Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado y la

contribución a la primera reposición de recursos.
Señorías, compartimos el fondo de las enmiendas

que aquí se han defendido por parte de los grupos parlamentarios y que son un claro exponente de la preocupación

medioambiental de los diputados que han intervenido; preocupación medioambiental que, como he dicho, compartimos plenamente. Creo que a todos

los que consideramos como algo esencial la defensa del medio ambiente nos parece siempre escasa cualquier

dotación presupuestaria que se consigne. No obstante, y pese a que las propuestas que se hacen desde la oposición

son sin duda alguna bienintencionadas, no dejan de ser propuestas que son fuente directa de un incremento de los créditos presupuestarios y, por tanto, de

un incremento del gasto. Cosa distinta es, señorías, como ustedes conocen, la labor de la oposición y la

labor del Gobierno. Asimismo, el Gobierno de la nación debe analizar cuestiones de necesidad presupuestaria

derivadas de otros compromisos económicos, tales como el cumplimiento del Pacto de estabilidad. Por ello, aún compartiendo el fondo de las enmiendas,

nuestro voto será negativo.
Por último, simplemente le quiero hacer una aclaración

a la portavoz del Grupo Socialista, que supongo que ha tenido un lapsus en su intervención, porque

hablaba de una tercera enmienda, una tercera enmienda que no es tal, porque se llegó a una transaccional y está incluida en el dictamen de la Comisión.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación.


(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los tres puntos del orden del día que se han debatido, comenzando por la enmienda del Senado al proyecto de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 137; en contra, 174; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la enmienda del Senado al citado proyecto de ley.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión al proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Vamos a votar separadamente las enmiendas y luego, en diversos apartados, haremos las votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las del señor Vázquez y dentro de ellas por la número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 15; en contra, 176; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 17; en contra, 296; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 6, 7 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, tres; en contra, 307; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la transaccional a las números 15 a 18, también a las 124 a 129 de Izquierda Unida, a la 37 del Grupo Nacionalista Vasco y a la 89 del Grupo Socialista. ¿Lo aceptan así los grupos? (Asentimiento.) Se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 142; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Vázquez.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 140; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 139; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Vasco (PNVEAJ). En primer lugar, las números 32 y 39.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 24, 27, 29 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, siete; en contra, 182; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 20, 21, 28, 34, 38, 44 y 48, del Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, siete; en contra, 306; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 31, 45 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 19; en contra, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos en este grupo las restantes enmiendas del Grupo Vasco (EAJ-PNV), ya que la 37 se votó con la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, comenzando por las 117, 121 y 130.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 15; en contra, 299; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 132, 133, 134 y 139 a 142.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 15; en contra, 175; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 115 y 123.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 145; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Las enmiendas 124 a 129 se votaron también con la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 141; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por las números 67, 69, 86 a 88 y 97.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 143; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista, teniendo en cuenta que la 89 se votó con la transaccional a varios grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos así a las votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, votamos el artículo único, que comprende los artículos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, números 21.1, 28, 69.3, 94.2 y 3, 125, 150, 152.2 y 4, 198.2, 203, disposición adicional octava, disposiciones transitorias décima y undécima, así como la disposición final única y la exposición de motivos del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 170; en contra, 15; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos citados.
Ahora se vota el artículo único, que alcanza a los artículos de la Ley 13/1995 números 5.2 y 3; 9, 17, 18, 19, 20, 25.1, 26, 37, 42.1 y 3; 53.3, 57, 79.2, 82.1, 84.2, 3 y 5; 87, 93.2 y 3; 100.2, 4 y 7; 111.2 y 4; 116.2 y 4; 116 bis, 130.2 y 3; 131, 141, 147.3 y 6; 153.1, 3 y 4; 155.2, 157, 158, 159, 183, 197, 199, 202, 215.2 y 3; y disposiciones adicionales tercera, novena y undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 160; en contra, 152; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición final primera de la Ley 13/1995 citada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 296; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314 ; a favor, 294 ; en contra, 16; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Pasamos al proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado, comenzando por una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 145; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 146; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 147; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Socialista.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 314; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR LA POLÍTICA DESARROLLADA MEDIANTE AYUDAS COMUNITARIAS AL CULTIVO DEL LINO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Número de expediente 152/ 000002.)

El señor PRESIDENTE: Al haber decaído el punto X del orden del día por no haber alcanzado totalidad la proposición de ley de creación del colegio profesional de pedagogos, pasamos al debate correspondiente al dictamen de la Comisión de investigación para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, en el marco de la política agraria común, que constituye el punto XI del orden del día.
El desarrollo de este punto y su debate se atendrá a los siguientes términos. En primer lugar, el presidente de la Comisión de investigación, señor Mardones, presentará el dictamen y luego se presentarán los votos particulares por quienes los han suscrito, primero por el Grupo Socialista junto al Vasco (EAJ-PNV) y al Mixto, a continuación el del Grupo de Izquierda Unida y en tercer y último lugar fijarán posición los grupos parlamentarios.


Señor Mardones, tiene la palabra. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.-Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego guarden silencio para poder continuar con el orden del día y que abandonen el hemiciclo si así piensan hacerlo.
Puede comenzar, señor Mardones. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, comparezco en mi calidad de presidente que he sido de la Comisión de investigación para analizar la política desarrollada mediante

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ayudas comunitarias al cultivo del lino en el marco de la política agraria común.
Disponen SS.SS. del amplio y detallado informe, dictamen y conclusiones, así como de los votos particulares que salen de los trabajos de esta Comisión a lo largo de los pasados meses inmediatos.
Por tanto, haciendo gracia a la Cámara para favorecer los debates que vengan sobre las conclusiones y los votos particulares, en los antecedentes, de sobra conocidos, relatará esta presidencia sucintamente la parte institucional.
La creación de la Comisión nace de unas iniciativas, en primer lugar, el 20 de mayo, del Grupo Parlamentario Socialista, 90 Diputados, que solicitan reglamentariamente la creación de una comisión al respecto, que lleva fundamentalmente siete puntos de investigación. El 20 de mayo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda-Unida y el Grupo Mixto presentan tambiénuna solicitud para analizar la distribución realizada de las ayudas comunitarias al cultivo del lino mediante una comisión de investigación. Y finalmente, el 24 de mayo, el Grupo Parlamentario Popular hace también una análoga solicitud de comisión de investigación para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino.
Con los trámites reglamentarios precisos se llega a su consideración en el Pleno de esta Cámara del 27 de mayo, en que es aprobada la creación de esta Comisión temporal de investigación, con un objeto, que es el señalado; tiene una composición con la ponderación adecuada de los grupos parlamentarios que forman la Cámara, se determina que el voto será ponderado y que culminará sus trabajos en el menor tiempo posible. De acuerdo con ello el día 17 de junio pasado se constituye esta Comisión, en un principio bajo la Presidencia del excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, don Federico Trillo. Tiene la composición que conocen SS.SS. en cuanto a la nominación de los señores diputados. Comienzan sus actuaciones el mismo día 17 de junio, a las que siguen dos más. Se acuerda una serie de sesiones de comparecencias que, al amparo del reglamento y por petición de todos los grupos parlamentarios, serán públicas para la presencia de los distintos medios de comunicación social y las comparecencias se efectúan a lo largo de los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de julio.
El siguiente punto del dictamen, que conocen SS.SS., trae toda la documentación que se acordó solicitar por la Comisión y que aportan el Gobierno y las comunidades autónomas. La documentación solicitada al Gobierno consta de 25 epígrafes; la solicitada a las comunidades autónomas se agrupa en siete apartados. Hay una solicitud de documentación especial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con ocho apartados especificados, y la documentación también solicitada a distintos órganos de la Unión Europea. Se señala también en el informe-memoria la documentación aportada por todas estas distintas administraciones generales y autonómicas públicas en cualquiera de sus elementos. En otro apartado figura la documentación que aportaron los comparecientes y, por la oferta que había hecho el portavoz del Grupo Mixto, una documentación presentada por miembros de la Comisión.
Las comparecencias, acordadas por la Comisión siempre con el voto ponderado que había ordenado Pleno, fueron de 35 personas físicas, que van desde el ámbito de las autoridades públicas de las distintas administraciones, general del Estado o de las comunidades autónomas, a entidades mercantiles de derecho público y privado, distintos entes generadores de procesos de transformación en el lino textil, así como personas que forman ámbitos muy variados y que se señalan ahí, hasta las 35 que he dicho.
El punto sexto habla del plazo de la emisión del informe, que se reguló de acuerdo con el mandato del Pleno, interpretado por esta presidencia, de culminar los trabajos en el menor tiempo posible. La celebración de las comparecencias acordadas por la Comisión y la ordenación de los trabajos de la misma constituyen el núcleo sobre el que se tomaron determinaciones: hubo debates, hubo controversias, hubo acuerdos.
Quiere señalar esta presidencia, aunque está en detalle en el informe- dictamen que tienen sus señorías, el aspecto referente al ritmo, ya que en los meses inmediatos a la constitución de la Comisión, pasadas las elecciones autonómicas, municipales, locales y europeas del 13 de junio, nos encontramos con la situación reglamentaria de que en los meses de julio y agosto era necesaria la solicitud de habilitación para que la Comisión pudiera desarrollar sus trabajos. Aquí surgió el problema del ritmo que debería seguir el desarrollo de los trabajos, que pudo ser, y de hecho lo fue, controvertido ante las diferentes denuncias por parte de diversos grupos parlamentarios representados en la Comisión, en primer lugar, sobre el retraso de la remisión de documentos por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas y sobre la necesidad de contar con los mismos con carácter previo a la celebración de las comparecencias.
Ello motivó que el presidente de la Comisión manifestara en la sesión del 8 de julio pasado que instaría para que la documentación fuera enviada sin demora alguna, como efectivamente así se hizo, mediante la remisión de los correspondientes oficios a través de la Presidencia del Congreso de los Diputados. Las posiciones de todos los grupos al respecto de esta cuestión controvertida del ritmo quedan suficientemente reflejadas en el amplio informe que tienen sus señorías.
Finalmente, después de la habilitación conseguida en el mes de julio con la demanda de la correspondiente satisfacción de la firma de señores diputados, la necesaria para el mes de agosto se hace por solicitud reglamentaria del Gobierno de la nación. En el mes de agosto se señaló el plazo del día 13 como límite para que los distintos grupos parlamentarios presentaran sus conclusiones y la reunión correspondiente de votación, previo debate, se celebró el día 17 de agosto. Dicho día y mediante el uso del voto ponderado, ante las propuestas presentadas por los distintos grupos y habiendo

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solicitado la presidencia si había posibilidad de cualquier ensamblaje de propuestas vía consenso y habiéndose manifestado por los señores portavoces miembros de la Comisión que no había ninguna línea que propiciase un consenso para textos comunes, se procedió a la votación de las propuestas presentadas por el sistema del voto ponderado, en el uso del cual las conclusiones que va a proceder a leer la presidencia son las que obtuvieron mayoría de votos por los emitidos por representantes del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, quedando las propuestas que se habían formulado por los demás grupos en la disposición de ser presentadas como votos particulares para esta sesión que nos reúne hoy en el Pleno.
Las conclusiones, que paso ya a leer formalmente, son las siguientes, elevadas, como digo, en razón del voto ponderado de mayoría ante esta sesión del Pleno.
Primera. El cultivo de lino en España, que había desaparecido prácticamente en los años cincuenta, reapareció en 1993 como consecuencia del cambio de normas reguladoras de la política agraria común aprobadas en 1992 por la Comunidad Europa. En las campañas 1994, 1995 y 1996 se produce un importante crecimiento en términos relativos de este cultivo, que pasa de las 186 hectáreas cultivadas en 1993 a 44.440 hectáreas en 1996. En la campaña de 1997, la superficie cultivada de lino fue de 46.414 hectáreas; en la de 1998, de 89.587 hectáreas; descendiendo en 1999, según estimaciones provisionales, en unas 12.000 hectáreas. Las causas de este desmesurado crecimiento del cultivo hay que hallarlas en un modelo de ayudas establecido en la Unión Europea, que durante varios años, hasta 1998, no exigía para la percepción de ayudas a la renta otra cosa que la siembra y posterior recolección de lino textil; ello puede haber dado lugar a la aparición, junto a empresarios que legítimamente confían en las perspectivas industriales de futuro del lino textil, de lo que puede calificarse como agricultores especulativos, productores cuyo principal estímulo, de forma absolutamente desproporcionada, si se compara con otros cultivos que perciben ayudas comunitarias, es el apoyo público y no el valor comercial de lo cultivado.
Segunda. A pesar de todo y aunque el crecimiento del cultivo de lino en España entra en el período 1993- 1997, puede calificarse como de muy notable. Ha de tenerse en cuenta que su importancia en el conjunto del sector agrario es muy escasa si se compara con el resto de los cultivos que reciben ayudas de la política agraria común: cereal, maíz, proteaginosa, oleaginosa, leguminosa, retirada y trigo duro. Resulta que el lino recibió en la campaña 1997-1998, última liquidada, ayudas por importe de 5.438,4 millones de pesetas, el 0,61 por ciento, mientras que el conjunto de las ayudas de la PAC ascendió a 883.743 millones de pesetas. En cuanto a las superficies cultivadas, el lino, en la misma campaña, representaba el 0,524 por ciento del total de superficies sujetas a las ayudas compensatorias de la PAC, 46.415 hectáreas, de un total de 8.855.838 hectáreas.
Tercera. A partir de 1996 y a raíz de las inspecciones realizadas en los ejercicios anteriores por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que denunciaban la existencia de una situación generalizada de caza de la prima, en referencia a las campañas de 1994 y 1995, se introducen importantes variaciones en la legislación comunitaria para intentar evitar que la elevada cuantía de la ayuda se convierta en el único motivo que induzca al productor a cultivar lino. Concretamente, la normativa europea, con la aprobación explícita y el apoyo del Gobierno español, en particular de la excelentísima señora ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio, estableció tres nuevos requisitos para la percepción de las ayudas, como son: Uno, la exigencia de un contrato de transformación de la varilla de lino cultivada en fibra de lino textil. Dos, la obligación de alcanzar un rendimiento mínimo por hectárea. Tres, la exigencia de un aval por el 100 por cien de la ayuda compensatoria, en garantía del cumplimiento de los requisitos establecidos para aquellos productores que se conviertan en transformadores directos. Asimismo, se dictaron normas dirigidas a la intensificación por los Estados miembros del control e inspección de cultivadores y transformadores.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por otro lado, la Comunidad Europea ha establecido un rendimiento mínimo de 1.000 kilogramos por hectárea para poder recibir la ayuda compensatoria que será incrementado progresivamente en los próximos años. Ello permite suponer que el cultivo de lino textil en España disminuirá su crecimiento, incluso se reducirá sensiblemente en un futuro inmediato, dada la dificultad real de alcanzar tales rendimientos mínimos en importantes zonas del país, principalmente por razones geográficas o pluviométricas.
Cuarta. Desde el punto de vista socioeconómico, la Comisión considera que no sería correcta ni aceptable una descalificación global del sector del lino textil en España. Existen elementos suficientes, de entre los que destacan las cifras de importación de lino, no sólo para el sector textil sino también en la industrial auxiliar del automóvil o en el sector de producción papelera, para creer que, con independencia de las deficiencias graves del actual sistema de ayudas europeas, se trata de uncultivo que podría desarrollarse con éxito y tener una salida comercial en diversos sectores. Para ello serían precisas importantes inversiones en la fase de cultivo y en la de transformación así como en cambios radicales en la comercialización.
La Comisión entiende que las administraciones general y autonómica, en el marco de sus respectivas competencias, deberían adoptar las medidas oportunas para que, mientras continúe vigente la actual organización común del mercado del lino y del cáñamo y el régimen de ayudas que de la misma se desprende, se potencie cuando menos la adecuada comercialización de la fibra de lino producida en España, incrementando así el valor

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añadido del producto. En cualquier caso, la Comisión entiende que los productores agrarios españoles no tienen por qué rechazar a priori un cultivo incluido actualmente en las ayudas de la PAC y por el sólo hecho de que no existan posibilidades reales de comercialización del producto obtenido, pues tal circunstancia se da, aunque en menor medida, en otros cultivos protegidos. En cualquier caso, es importante señalar que esta situación políticamente discutible, derivada directamente de una normativa aprobada en el seno de la Unión Europea, no ha de confundirse con el fraude, entendido como la creación artificial de las condiciones establecidas en la normativa comunitaria para obtener las ayudas.
Quinta. Se ha planteado el reparto competencial de la regulación de las ayudas al cultivo del lino. De la normativa vigente y de la mera observación de cómo ha sido llevada a la práctica en el conjunto del Estado se desprende una distribución competencial globalmente clara y precisa. Corresponde, en primer lugar, a las instituciones comunitarias la promulgación de los reglamentos, de directo y obligado cumplimiento en los Estados miembros de la Unión, en los que se señalan todos los requisitos esenciales para la percepción de las ayudas. En los mismos se especifica la cuantía de las ayudas, se definen los beneficiarios y sus obligaciones y se especifican las normas básicas de control, que son también de obligado cumplimiento para los Estados miembros. La normativa comunitaria no prejuzga el reparto competencial interno que cada Estado puede hacer en virtud de su modelo constitucional, sin perjuicio de las responsabilidades del Reino de España ante las instituciones comunitarias para el caso del incumplimiento de sus obligaciones.
El Gobierno, y en su conjunto la Administración general del Estado, actúa como interlocutor único ante las instituciones europeas en la elaboración de las normas y en su eventual fiscalización por aquellas. En este sentido, todos los representantes de las comunidades autónomas han hecho sentir su general descontento por la escasa participación que se les concede actualmente en esta relación con las instituciones comunitarias en sus distintos niveles.
Concretamente, y en lo referente a las ayudas al lino textil, son los responsables de la Dirección General de Agricultura quienes participan en las reuniones con los responsables de la Comisión Europea en las materias sustantivas, correspondiendo al Fondo Español de Garantía Agraria, Fega, la relación con el Feoga, en cuanto al mecanismo de pago de las ayudas. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, por orden ministerial o a través del Fega, según corresponda, dicta normas generales de coordinación, de acuerdo con las comunidades autónomas. Tales normas, de contenido sustancialmente idéntico al de las dictadas por los demás Estados de la Unión, recogen la normativa comunitaria. Tienen carácter básico, por lo que pueden ser desarrolladas, en particular en materia de controles, por las comunidades autónomas.
Finalmente, son las administraciones autonómicas las que se ocupan de tramitar, resolver y pagar las ayudas al lino textil; efectuar los controles administrativos y de campo previstos en la reglamentación comunitaria y en las normas de coordinación del Ministerio; controlar la realización de las labores normales de cultivo, las exigencias de la recogida y el cumplimiento del rendimiento mínimo del cultivo; conceder y retirar las autorizaciones para efectuar la transformación de las varillas de lino y controlar el cumplimiento de las condiciones en que se hayan concedido; controlar la ejecución de los contratos de transformación y el cumplimiento de los compromisos de transformación así como controlar la obligación de transformar la totalidad de la producción obtenida en las superficies para las que se solicita ayuda.
Sexta. De la información detallada recibida de las comunidades autónomas, a quienes, como queda dicho, corresponde en exclusiva la inspección y eventual detección de fraudes así como la autorización de las industrias transformadoras, no se detecta que exista en este sector un índice de fraude relevante, ni en términos absolutos ni en comparación con otros cultivos que dan derecho a la percepción de ayudas procedentes de fondos de la Unión Europea. Las comunidades autónomas poseen los instrumentos legales y administrativos necesarios para llevar a cabo un adecuado control de la producción del lino, de forma que no se produzcan irregularidades ni hechos que pudieran ser constitutivos de delito, como podría ser la venta de certificados de transformación, que acreditaría una transformación ficticia, con la finalidad de obtener una ayuda a la que en ningún caso se tendría derecho. De haberse producido tales irregularidades, éstas sólo se podrían detectar y reprimir por los servicios de inspección de las comunidades autónomas, pues puede así afirmarse que el control llevado a cabo por las comunidades autónomas en sus respectivos territorios, endurecido progresivamente en la medida en que se ha ido modificando la normativa comunitaria aplicable así como por iniciativa propia en el ejercicio de sus competencias, ha sido correcto. Hay que señalar que la Comisión Europea aplicó a España una reducción del 10 por ciento en la liquidación de las campañas de 1994-1995 por supuesta infracción por las comunidades autónomas de las normas de control e inspección. Esta decisión ha sido recurrida por el Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Séptima. La sucesión de varios incendios ocurridos en los últimos meses en determinadas instalaciones de empresas transformadoras de lino textil ha provocado una alarma y una desconfianza en la opinión pública más que comprensibles, a pesar de su exigua importancia en términos cuantitativos. Sin embargo, la Comisión considera que la información facilitada así como las actuaciones policiales y judiciales que se han seguido en cada caso no permite sostener una presunción de que tales incendios hayan servido para el cobro fraudulento de ayudas o para el encubrimiento de actuaciones irregulares.


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Octava. El grado de transparencia y publicidad de las normas comunitarias, nacionales y autonómicas, en materia de concesión de ayuda al cultivo del lino textil, tanto antes como después de su adopción, impiden que pueda imputarse a ningún alto cargo del Ministerio de Agricultura la utilización de información privilegiada.
Por otro lado, y como se desprende de conclusiones anteriores, la introducción del cultivo del lino textil en España es consecuencia directa de un generoso régimen de ayudas comunitarias y no de la supuesta actuación concertada de un grupo de personas que años más tarde habrían de ocupar cargos de confianza en la Administración bajo el Gobierno del Partido Popular.
Novena. La Comisión no tiene que realizar reproche político alguno a don Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa. El señor Ruiz Paz estaba vinculado con la empresa por un contrato laboral suscrito en 1996 y, por tanto, no fue nunca alto cargo del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, no estaba sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos y podía, por tanto, realizar las inversiones lícitas que estimara oportuno en cualquier sector empresarial. Por lo demás, la empresa Mercasa no tiene ninguna relación con el cultivo del lino ni con la tramitación y cobro de subvenciones agrarias, por lo que desde su posición en la empresa no podía influir directa ni indirectamente en la concesión de ayudas que otorgan las comunidades autónomas.
Décima. La Comisión ha acreditado que es absolutamente legítimo el cobro de ayudas comunitarias al cultivo del lino llevado a cabo por la esposa, y no por otros miembros de su familia, como falsamente se ha divulgado, del ilustrísimo señor don Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura, en fincas heredadas de su padre en 1990 y que se circunscriben a la campaña de 1995, 6.324.592 pesetas, y de 1996, 531.968 pesetas, antes del nombramiento de su esposo. Conviene reiterar que el señor Pérez Bonilla no tenía en función de su cargo en el Ministerio influencia alguna en la concesión a su cónyuge de unas ayudas por parte de una comunidad autónoma, conforme a unas condiciones ampliamente divulgadas.
Undécima. Por idénticas razones, la Comisión entiende que el excelentísimo señor don Carlos Moro no pudo influir en la concesión a su favor de unas ayudas por el lino cultivado en fincas de su propiedad desde 1994. Sin embargo, la Comisión manifiesta sus dudas sobre el alcance que deba darse a la expresión -entre comillas- mera administración del patrimonio personal o familiar -se cierran las comillas-, que se recoge en el artículo 4 de la Ley 12/1995, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración general del Estado. En consecuencia, manifiesta sus dudas sobre la eventual incompatibilidad en las actividades de don Carlos Moro en el ámbito agrícola con sus funciones como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Por ello, la Comisión, careciendo de competencias para establecer las posibles incompatibilidades de altos cargos, solicita que tales actividades sean examinadas expresamente por la Inspección General de Servicios de la Administración pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 12/1995.
Duodécima. Respecto a las imputaciones realizadas a don Nicolás López de Coca, la Comisión entiende que las actividades privadas desarrolladas por sus hijos, totalmente independientes de su padre desde 1993 en el ejercicio de su profesión de ingeniero agrónomo, son actuaciones privadas totalmente legítimas, que para nada comprometían la imparcialidad e independencia del que fue subsecretario y más tarde presidente del Fega, en el ejercicio de sus cargos. De nuevo ha de reiterarse que, por las razones ya expuestas, el señor López de Coca no pudo, en función de su cargo, interferir en la concesión de unas ayudas para cuya concesión tiene competencia exclusiva la Comunidad de Castilla- La Mancha, ni tampoco en el otorgamiento de una autorización en 1999 por la Comunidad para el funcionamiento de una planta de transformación del lino, en cuyo capital social participan minoritariamente sus hijos. Sin perjuicio de las consideraciones que pudieran hacerse en cuanto a la creación de una apariencia de conflicto de intereses a que su actuación pudiera dar lugar, el hecho es que el papel del señor López de Coca como presidente del Fega no le permitía beneficiarse de una supuesta información privilegiada ni le obligaba a abstenerse de expedientes concretos de concesión de ayudas a empresas con participación de miembros de su familia, que en ningún caso se tramitaron en el Ministerio de Agricultura sino en la correspondiente Consejería autonómica.
Decimotercera. Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, no cabe exigir a la excelentísima señora doña Loyola de Palacio, ministra de Agricultura entre 1996 y 1999, responsabilidad política alguna, en relación con el objeto de esta Comisión, derivada de un supuesto conocimiento de actividades presuntamente irregulares de personas designadas por ella para cargos de confianza en el Ministerio. Por el contrario, durante el tiempo en que doña Loyola de Palacio representó a España en el Consejo de Ministros de la Unión Europea se introdujeron en la normativa comunitaria importantes modificaciones legislativas para evitar la utilización fraudulenta o especulativa de la PAC en lo relativo al cultivo del lino. Por otro lado, merece reseñarse la aprobación bajo su mandato del Real Decreto 259/1999, de 12 de febrero, por el que se estableció la Comisión para el análisis y prevención del fraude en los sectores agroalimentario y pesquero. El proyecto del real decreto fue presentado en septiembre de 1998 a la consideración de la conferencia sectorial, que, tras un detenido estudio y tras solventar ciertas reticencias derivadas del hecho de que la persecución del fraude es directa competencia de las comunidades autónomas, lo aprobó por unanimidad. Una de las misiones específicas de la Comisión será formular propuestas para arbitrar adecuados mecanismos de coordinación y control con las

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administraciones autonómicas de los posibles fraudes, contribuyendo a la detección, persecución y erradicación de las actuaciones fraudulentas con motivo de las ayudas procedentes de fondos comunitarios. Éstas son las conclusiones que se votaron y aprobaron con el voto mayoritario de los grupos que se han señalado anteriormente. Quedaron para su posterior debate como votos particulares ante el Pleno de la Cámara los votos particulares presentados, uno, por el grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Mixto y, otro, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Esta Presidencia, antes de abandonar la tribuna, terminando su exposición, quiere rendir un tributo de gratitud y agradecimiento a las facilidades que encontró en los órganos superiores de esta Cámara, Presidencia y Mesa, así como en los servicios de la Cámara, ya que trabajamos en meses de no habilitación parlamentaria. En todos, personal auxiliar, subalterno, técnico, he encontrado apoyo; hicieron fundamentalmente posible y facilitaron el trabajo de los señores parlamentarios. Esta Presidencia quiere dedicar a todo el personal auxiliar de la Cámara este tributo de reconocimiento, dado que hubo sesiones, como la comparecencia final de la señora De Palacio, que terminaron a las cuatro horas y diez minutos de la madrugada del día 30. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MARDONES SEVILLA: Señorías, estamos en un trámite de cortesía al que todos nos hemos sumado, porque nos ayudaron ujieres, técnicos, todo el servicio de estenotipistas y taquígrafos de la Cámara, y creo que se lo merecen.
Esta Presidencia también quiere expresar su reconocimiento, por la magnífica labor desarrollada, al señor letrado que la Presidencia asignó a esta Comisión, don José Luis Peñaranda, que ha sido capaz de redactar todas estas conclusiones. Y la Presidencia, desde un punto de vista de cordialidad parlamentaria, quiere agradecer a todos los diputados y diputadas miembros de la Comisión el trabajo, la dedicación, respetando todas las disparidades, toda la polémica, que no sirvió más que para enriquecer el debate parlamentario. La Presidencia se encontró, como todas las presidencias de las comisiones de investigación, con una falta pormenorizada reglamentaria, que fue suplida con el buen entendimiento de todas las señoras y señores diputados miembros de la Comisión, a los que también quiero mostrar mi agradecimiento. El debate fue vivo, con criterios dispares, como ocurre en un debate parlamentario, pero se facilitó a la Presidencia el que, de la manera más satisfactoria posible para los intereses parlamentarios, permitiera que no existiera limitación de tiempo para las distintas intervenciones.
Éste es el dictamen de la Comisión, que esta Presidencia presenta respetuosamente. No les quepa duda, señorías, de que esta Presidencia tenía verdaderas ganas, humanas y parlamentarias, de dejar de serlo.
Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


¡Señorías, señorías! Al dictamen se han presentado dos votos particulares, el primero de los cuales va suscrito por el Grupo Socialista, el Grupo Vasco y el Grupo Mixto. Los propios suscriptores del voto proponen que el primero en intervenir sea el Grupo Socialista, que lo hará a través de su portavoz, don Luis Martínez Noval. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Chamosa, la llamo severamente al orden y severamente quiere decir que si he de volver a llamarla al orden la expulsaré del Pleno.
Lo que se puede decir en los pasillos no se puede decir en el Pleno, señora Chamosa. (La señora López i Chamosa pronuncia nuevamente palabras que no se perciben.) Señora Chamosa, la vuelvo a llamar al orden.
Adelante, señor Martínez Noval.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para hablar de dos escándalos. El primero, el que afecta al comportamiento de altos cargos del Gobierno de Aznar que han cobrado subvenciones por el cultivo del lino. El segundo, el que afecta a la Comisión del lino, a la propia Comisión del lino, y que se produce en el ámbito parlamentario cuando se pretende conseguir en ese ámbito, de la manera que sea, la más rápida exculpación de doña Loyola de Palacio, para que ésta pueda presentarse ante el Parlamento Europeo limpia de polvo y lino.
Hablemos del primer escándalo, el de los altos cargos. El escándalo surge cuando se conoce públicamente que altos cargos del Gobierno de Aznar o familiares de los mismos cobran ayudas por el cultivo de lino, con la particularidad, bastante relevante a mi juicio, de que estos altos cargos principalmente desempeñan sus funciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio, señorías, que es el que negocia con Bruselas las ayudas de la política agrícola común, fija la posición de España en la regulación comunitaria de estos asuntos, desarrolla la normativa comunitaria estableciendo normas básicas que han de ser aplicadas en el territorio nacional, realiza labores de coordinación con las comunidades autónomas y establece planes nacionales de control de las ayudas de la política agrícola común, entre otras funciones.
Es lógico, señorías, que la ciudadanía se sienta escandalizada.
Escandalizada ante unos comportamientos que afectan a quienes son responsables políticos y a su vez perceptores particulares o individuales de ayudas públicas. La sociedad no comprende, señorías, que unas ayudas destinadas a que los agricultores dispongan de una renta digna, que les permita seguir dedicándose

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al cultivo del campo, sean cobradas por unos altos cargos cuya actividad es otra, o así debe serlo al menos, porque a ello les obliga la ley, la Ley de incompatibilidades de altos cargos, cuando ésta exige que deben desempeñar sus funciones públicas con dedicación absoluta.
Frente a estos hechos, es entonces normal, señorías, que los ciudadanos se pregunten: ¿Cómo pueden los mismos altos cargos encargados de la política agraria y por tanto de gestionar -verbo entendido en el más amplio sentido de la palabra- las ayudas PAC, cómo puede esa gente, que son los encargados de esa política, cobrar esas ayudas? ¿No están acaso en una situación privilegiada respecto del conjunto de los agricultores, lo que les debe impedir precisamente recibir esas subvenciones? ¿Cómo pueden ser capaces de deslindar el ejercicio de sus funciones públicas, que han jurado desempeñar fielmente, cómo pueden compatibilizarlo con una actividad privada o familiar que les supone el cobro de unas subvenciones respecto de cuya actividad y sus resultados, lógicamente, deben buscar el máximo beneficio? Y siguen las interrogaciones, señorías.
¿Es este el comportamiento que cabe esperar de los responsables políticos en el ejercicio de su cargo? ¿Cabe esperar además eso cuando se les encomienda la ordenación y la gestión de los recursos públicos? Ante estas cuestiones, señoras y señores diputados, se constituye una Comisión de investigación, que, a pesar de los avatares a los que más adelante me referiré, ha constatado lo siguiente: Que el espectacular crecimiento a partir de 1994 del cultivo de lino en España ha estado asociado a la percepción de las ayudas otorgadas por la Unión Europea. Que el importe de estas ayudas resulta muy atractivo y remunerador, sobre todo cuando se dispone de grandes superficies de secano. Que el productor, además de cultivar lino, necesita del contrato de una empresa transformadora, que a su vez suele ser proveedora de semillas certificadas. Que se origina un círculo de producción, transformación y percepción de las ayudas que se cierra mediante el concurso de determinadas empresas, en las cuales participan estos altos cargos o sus familiares.
La Comisión también ha comprobado que el lino ya transformado no tiene apenas ninguna salida comercial. Sólo entre el 10 y el 15 por ciento se dedica a la industria papelera o a la de revestimiento de vehículos, sin que se sepa en estos momentos qué pasa con el resto del lino. Han sido muchos los comisionados que han preguntado sin encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Dónde está el lino? Esa pregunta no ha obtenido respuesta a lo largo de los trabajos de la Comisión.
También la Comisión ha constatado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo la dirección política de doña Loyola de Palacio, no tuvo ninguna preocupación ni por el desorbitado crecimiento del cultivo en España ni por intentar diseñar una política, con relación a este producto, con criterios de rentabilidad social. No ha existido ni se ha impulsado por el Ministerio responsable del sector ningún proyecto o programa de fomento de la mejora de la calidad de lino que se cultiva en España o que promoviera la búsqueda de salidas comerciales al mismo.
La laxitud -ese es el término exacto- del Ministerio de Agricultura había preocupado seriamente a la Comisión Europea, quien alerta a este departamento de nuestro país acerca del incremento espectacular que el cultivo del lino había tenido en España durante la campaña 1996-1697. Además, se ha podido comprobar que es con la llegada del Partido Popular al Gobierno cuando acceden a cargos de responsabilidad política ciertas personas que, de modo personal o a través de familiares, tienen fuertes intereses en este sector; que es durante este período cuando el número de hectáreas cultivadas de lino se incrementa en grandes proporciones y se empiezan a instalar industrias transformadoras ligadas a esos altos cargos.
La conjunción de elementos hace que los hechos basculen desde lo que podría denominarse una mala política o una ausencia de política a otra situación caracterizada por ser un asunto de corrupción política. Y es el que estos altos cargos hayan cultivado lino prevaliéndose de una posición privilegiada, hecho que les permite tener una mayor capacidad de análisis y de prospectiva acerca de las ventajas que reporta el cultivo de este producto, lo que empieza a producir una confusión entre lo público y lo privado, lo que hace que aparezcan por tanto fuertes conflictos de intereses.
A nuestro juicio, estos altos cargos de la Administración general del Estado con intereses en el cultivo y/o en la transformación de lino, bien por haber percibido directamente las subvenciones de lino o porque las han percibido sus familiares directos, han vulnerado la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración general del Estado. Esta legislación de incompatibilidades -recordarán SS.SS., por avatares ocurridos a miembros del Consejo de Ministros sobre los que hemos discutido reiteradamente en esta Cámara- obliga a inhibirse del conocimiento de los asuntos que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil. Esta misma ley les obliga a dedicarse al desempeño de sus funciones con dedicación absoluta. Por poner un único ejemplo: el señor López de Coca no sólo no se inhibió del conocimiento de los asuntos referentes al lino, sino que, amparándose en su condición de presidente del FEGA, del Fondo Europeo de Garantía Agrícola, realizó unas llamadas telefónicas al consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla- La Mancha para que éste revocara una orden de su Consejería que impedía la solicitud de las ayudas comunitarias durante la campaña 1999-2000 si se había cultivado lino en la campaña anterior. Este hecho demuestra la colisión entre la defensa de unos intereses públicos que, por su cargo hubieran tenido que defender, y la de unos intereses privados, ya que sushijos eran cultivadores de lino y, de hecho, esta orden

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les afectaba. Eran, además, los hijos del señor López de Coca accionistas de una empresa transformadora de dicho producto, de la que él mismo era avalista de un crédito de 70 millones de pesetas, solicitado por sus hijos para su inversión en la empresa transformadora.
Podríamos seguir constatando hechos, pero ya han quedado suficientemente expuestos en la propuesta de dictamen que ahora, como voto particular de diversos grupos parlamentarios, hemos elevado a este Pleno. Sin lugar a dudas, la presencia de estar personas con fuertes y crecientes intereses en el sector explica la actuación del Fondo Español de Garantía Agrícola, organismo con un importante papel en este sector y al que llegaban requerimientos de la Unión Europea y de las propias comunidades autónomas, y del que siempre, por parte del citado organismo, se recibía una respuesta claramente orientada a que se otorgara la subvención, sin exigencia de control ni justificación.
Analizados estos comportamientos y la correspondiente sanción política que a nuestro juicio les corresponde, hemos considerado a la ex ministra doña Loyola de Palacio responsable política de este escándalo. No es admisible, en modo alguno, el intento injustificado de la actual comisaria y de su grupo parlamentario de descargar su responsabilidad política en las comunidades autónomas con extensiones de lino, y exclusiva y explícitamente, de entre éstas, en aquéllas que son gobernadas por socialistas. A nosotros nos compete esta exigencia de responsabilidad política, así lo hemos entendido y así lo hemos hecho. Ahora bien, pese a las prisas que tanto el Gobierno como el Partido Popular han tenido, este asunto, señorías -se lo puedo asegurar-, no acaba ni aquí ni ahora. Sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo instituciones comunitarias y españolas, recordaré que a la Fiscalía anticorrupción le corresponderá examinar el alcance jurídico-penal de estos comportamientos.
Paso ahora, señorías, a abordar el segundo de los escándalos a los que pretendo referirme: el de la Comisión del lino. Comenzaré manifestando que el funcionamiento de la Comisión de investigación ha estado plagado de múltiples faltas -de rigor, de seriedad- y, por ello, creo que podemos definir su desarrollo como una burla y una farsa que se ha llevado a cabo aquí, en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Con oprobio hemos tenido que contemplar cómo -esta vez, en la Cámara- el interés general vuelve a subordinarse al interés particular del Gobierno y de aquellos que con él configuran el bloque gubernamental. Como esa subordinación se ha producido a través de un elenco amplísimo de irregularidades ocurridas en la ordenación y en el funcionamiento de los trabajos de la Comisión, quizás resulte útil a SS.SS. que sean enumeradas.
La documentación inicialmente requerida no llegó a tiempo y cuando lo hizo, lo fue de manera incompleta. Lo habitual fue que llegara tarde y mal. Quizás el ejemplo más paradigmático estuvo en el caso de la declaración de actividades y en la de bienes y patrimonio de algunos altos cargos, que sólo se pudieron analizar cuando éstos ya habían comparecido ante la Comisión. Hasta entonces, sus declaraciones habían permanecido retenidas, intencionadamente, en el Ministerio de la Presidencia, lo que constituye un exponente claro de la alergia que el Gobierno del Partido Popular tiene a todo lo que supone control parlamentario.
De las comparecencias tan sólo recordaré que se acumularon durante seis días y que fueron 36 los comparecientes, por lo que las declaraciones prestadas lo fueron, en muchos casos, sin la serenidad y la seriedad debidas. Inverosímiles, esperpénticos y escandalosos fueron los horarios de las sesiones, que llegaron a durar hasta 18 horas consecutivas. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Se optó deliberadamente por un modelo consistente en agotar a los diputados, comparecientes, miembros de los servicios de la Cámara y medios de comunicación, con sesiones maratonianas que duraron hasta la madrugada. En concreto, señorías, la ex ministra Loyola de Palacio (sin duda, una de las comparecencias capitales de dicha Comisión) inició su intervención en torno a las diez de la noche y terminó sobre las cuatro de la madrugada. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Qué escándalo! ¡Qué barbaridad!)

El despropósito en este aspecto fue de tal naturaleza que cayó en el ridículo. ¿Y esto para qué, nos debemos preguntar todos? Para dos cosas, señorías: para que los medios de comunicación no pudieran dar información cumplida y rápida de lo que sucedía en esa Comisión; y, sobre todo, para que la ex ministra Loyola de Palacio pudiera decir el día 30 de agosto, en su comparecencia de control previo llevada a cabo ante los diputados del Parlamento Europeo -por cierto, faltando a la verdad- que la Comisión de investigación del Parlamento español había concluido exonerándola de cualquier tipo de responsabilidad, incluida la política. Esfuerzo poco útil puesto que, como es sabido, a pesar de esa manifiesta mendacidad, la señora De Palacio ha aprobado su examen con severos reparos.
Por cierto, señor presidente y señores diputados, ¿qué ha sucedido con el escrito presentado por tres grupos parlamentarios el día 8 de septiembre, en el que se requería de la Presidencia del Congreso que, en su función de representante de esta Cámara, trasladase a su colega presidenta del Parlamento Europeo y a los grupos parlamentarios miembros del mismo, por supuesto a la mayor urgencia posible, que este Parlamento aún no había concluido el trámite de aprobación por su Pleno de las citadas conclusiones?

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ha de ir concluyendo.
(Protestas.) Señorías, el respeto al Reglamento no tiene nada que ver con los contenidos.
Adelante, señor Martínez Noval.


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El señor MARTÍNEZ NOVAL: Pues bien, señorías, en esta secuencia de irregularidades he de manifestar que las fechas elegidas para obtener las conclusiones, debatirlas y, en su caso, presentar las correspondientes enmiendas y votos particulares, fueron absolutamente inadecuadas. Más allá de los intereses particulares del Gobierno y de su grupo parlamentario, no existía razón alguna para que la Comisión de investigación se viera obligada a realizar sus trabajos y actividades en las fechas en las que lo hizo. La única justificación de tan arbitraria decisión fue la de preservar al Gobierno, con su presidente a la cabeza, de las responsabilidades que se contraían en el llamado asunto del lino. Téngase claro: no se quería que la opinión pública se enterara diariamente. Para conseguir tal propósito se recurrió a las más variadas estrategias y al empleo de las más bruscas decisiones posibles e imaginables. El último incidente de cuantos han ocurrido lo constituyó la desaparición o la no grabación de un debate clave para demostrar la legitimidad o ilegitimidad de las decisiones tomadas a partir del 29 de julio. Ese momento es en el que el Grupo Popular, junto con Convergència i Unió, imponen un calendario adicional de actividades a desarrollar durante el mes de agosto. Pues bien, de ese debate de la Comisión no queda rastro; no queda huella alguna de la advertencia de las minorías de que este punto no estaba incluido en dicha sesión, y más teniendo en cuenta la especificidad que respecto de este tema tienen las sesiones de los órganos del Congreso fuera de los períodos ordinarios; ni tampoco queda huella de la nulidad de la votación subsiguiente por falta del preceptivo quórum de presencia.
Dicho esto, permítanme, señorías, acercarme a este infeliz acontecimiento señalando que sabido es por todos que no ha habido consenso en el desarrollo y ordenación de los trabajos de la Comisión y que ésta, en todo momento, ha funcionado mediante una mayoría mecánica. El resultado de semejante proceder lo he descrito reflejando el caótico funcionamiento de la Comisión.
Señor presidente, la seguridad en el desempeño de nuestro trabajo político, la que hemos de tener dentro del Congreso y la que ha de trasladarse a toda la sociedad, ha quedado gravemente dañada y maltrecha con la desaparición o la no grabación de un debate esencial. Permítame decirle con rotundidad que cuesta trabajo admitir que hoy, a finales de siglo, en este momento en el Congreso de los Diputados de España puedan ocurrir estas cosas. A partir de ahora será difícil convencer a los ciudadanos de que cuando en el Parlamento se investiga ese trabajo se efectúa con seriedad y con rigor.
Conscientes de nuestra credibilidad por todas estas irregularidades, porque esta Cámara quedaba muy debilitada, observando que la desidia adquiría una inadmisible magnitud, nos vimos obligados a dirigirnos a la Mesa del Congreso de los Diputados para que, en la función que le otorga el artículo 31 del vigente Reglamento de la Cámara, velara no sólo por la buena marcha y eficacia de unos trabajos de extraordinaria importancia y enorme repercusión pública, sino para que también amparara a las minorías que formaban parte de la referida Comisión y, desde luego, para que protegiera la propia dignidad de los diputados y la imagen de esta Cámara. Duele reconocer, señoras y señores diputados, que en tan noble pretensión fracasamos. No encontramos el necesario apoyo solicitado. A pesar de los graves hechos que se estaban produciendo no encontramos amparo. La acción concertada entre el Gobierno y la mayoría que le apoya, dirigida a arropar a éste en su decisión de habilitar el mes de agosto, nos condujo a un punto intolerable; desde nuestro punto de vista, al mayor atropello que desde 1978 ha sufrido el Congreso de los Diputados. (Aplausos.) Señorías, la intromisión del Gobierno de la nación en los trabajos de una Comisión de investigación, habilitando en su exclusivo interés determinados días del mes de agosto para presentar y votar las oportunas conclusiones, lo que supuso una quiebra del equilibrio de poderes y una invasión clara de las competencias del Ejecutivo y Legislativo, no había ocurrido, no tiene precedentes en esta Cámara.
Es cierto que el Gobierno tiene, desde el punto de vista reglamentario, la capacidad de habilitar determinados períodos, pero hasta ahora nunca el Ejecutivo se había entrometido de manera tan brutal en un trabajo que nació en esta Cámara y que se estaba realizando en el seno del Parlamento. Desde nuestro punto de vista, la competencia reglamentaria del Gobierno para habilitar determinados períodos no puede socavar en modo alguno las competencias del Congreso de los Diputados ni arroyar literalmente los derechos de la minoría. Por tanto, siendo la Comisión de investigación para analizar...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, vaya concluyendo.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: ... la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, puramente parlamentaria, pertenecía al Congreso de los Diputados en su función máxima de control, y no al Gobierno de la nación, la decisión de cuándo, en qué condiciones, en qué días y en qué meses se había de realizar ese trabajo. Es más, en este orden de ideas, si la mayoría de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno del Partido Popular hubieran querido zanjar vergonzosamente los trabajos, degradando de paso el Congreso de los Diputados, podían haberlo hecho desde luego con la oposición clara y rotunda de los diputados socialistas, pero respetando el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Procedimientos hay para esa pretensión. Quizá por ello, porque explícitamente no se querían visualizar los mismos, se optó por inferir contundentes ataques a los que debían de ser los trabajos de una Comisión de investigación.


He subido a esta tribuna con una doble preocupación, que no ha hecho en modo alguno cómodo mi discurso,

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se lo confieso; ni como portavoz del grupo parlamentario ni como diputado de esta Cámara desde hace unos pocos años. Esa doble preocupación nace, de una parte, porque las peores sospechas albergadas por mi grupo en el momento de creación de la Comisión del lino sobre la gestión del Gobierno en este tema, y en concreto sobre la gestión de Loyola de Palacio y algunos de sus altos cargos, se han visto confirmadas incluso en una Comisión de investigación con connotaciones tan negativas como las que estoy relatando. Y de otra parte, señorías, porque la actuación de la Presidencia de esta Cámara en lo que atañe a la citada Comisión de investigación ha venido a confirmar, e incluso a superar, las peores expectativas. ¿Creen posible SS.SS. que el presidente del Congreso, actuando en funciones delegadas del órgano rector de la Cámara, no impidiera el atropello parlamentario que se ha producido a partir del 29 de julio y sus posteriores consecuencias, siendo como es nuestro presidente habilísimo jurista y avezado parlamentario? ¿Creen que es posible que, por olvido momentáneo de lo dispuesto en los artículos 67.3 y 73.2 de la Constitución española y 61.2 y 3 y 78.1 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, hayan sido allanadas todas las pretensiones de la mayoría y del Gobierno? Sinceramente, son muchos años -algunos compartidos con muchos de ustedes- los que llevo conociendo a quien en estos momentos ostenta la Presidencia de la Cámara, y no creo posible que nada de esto que estoy diciendo le pasara desapercibido. Tanto más cuanto que la convocatoria de la Comisión de investigación para la sesión que tiene lugar del día 20 al 29 de julio y el orden del día que se adjunta fue formalizada por el propio presidente. Por cierto, ¿creen SS.SS. que el Gobierno debe, en contra de cuatro grupos parlamentarios, entre ellos el mío propio, el de la minoría mayoritaria, fijar cuándo una Comisión tiene que debatir y votar tal o cual propuesta, teniendo en cuenta además lo que supone el mes de agosto en este país para el seguimiento de la actividad política y teniendo en cuenta además que se trata de una Comisión creada por los grupos parlamentarios y no a iniciativa del Gobierno? El Grupo Parlamentario Socialista considera sinceramente que esta actuación del Gobierno supone un atentado a las competencias constitucionalmente establecidas de control del Legislativo al Ejecutivo y constituye también un atentado a la dignidad y credibilidad parlamentarias. Todas estas razones le son puestas de manifiesto a la Mesa del Congreso por los Grupos Parlamentarios Socialista, Vasco, Federal de Izquierda Unida y Mixto, en sendos escritos de 30 de julio y 7 de septiembre. Al primero de esos escritos contesta el presidente ...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, debe concluir, y S.S. lo sabe.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Lo sé, señor presidente, y concluyo.
El señor PRESIDENTE: La paciencia de quien le habla es absolutamente ilimitada respecto de lo que S.S. tenga que decir en ejercicio de su legítimo derecho de libertad de expresión, pero la del presidente de la Cámara está limitada por el Reglamento. (Protestas.) Por tanto, S.
S. debe concluir. (Fuertes protestas.) Concluya, por favor, señor Martínez Noval.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Concluyo, señor presidente.


Al primero de dichos escritos contesta el presidente -según él mismo dice, actuando en funciones delegadas de la Mesa- de forma negativa a todos los asuntos que se le plantean en el mismo. Al segundo escrito, de reconsideración del primero, la mayoría de la Mesa ni siquiera contesta; simplemente, no lo admite a trámite. Y el Grupo Parlamentario Socialista se pregunta: ¿conoce la mayoría de la Mesa de la Cámara la jurisprudencia que sobre sus competencias ha establecido el Tribunal Constitucional? ¿Conoce la mayoría de la Mesa de la Cámara el contenido del artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados? ¿Sabe la mayoría de la Mesa de la Cámara...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ahora sí que tengo que velar por lo que se trata de un asunto no decidido y que está ahora mismo sometido a estudio por la Mesa. (Protestas.) Permítame que diga, ahora y en todo momento en que en el debate se quieran traer a colación en Pleno asuntos que están siendo considerados por la Mesa del Congreso, que no voy a tolerar que se pongan a debate en el Pleno. (Rumores.) Señorías, hay que respetar los procedimientos.
(Fuertes protestas.) En efecto, siempre, incluido este caso. Señor Martínez Noval -sé que usted me entiende muy bien-, omita cualquier referencia al asunto que todavía está pendiente de decisión. Y concluya, por favor.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, estoy refiriéndome a cuestiones que el presidente de la Comisión expuso en la lectura del dictamen de la mayoría. Son las mismas cuestiones, bien es verdad que abordadas desde otro punto de vista.
Pues bien, señorías, tanto por acción como por omisión, la ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, doña Loyola de Palacio, es responsable política del nombramiento de una serie de altos cargos de su departamento con fuertes intereses en el sector del lino, que mantiene y ampara aun después de conocer las actividades empresariales que en el cultivo de este producto venían desarrollando. Esta es la principal conclusión incorporada al voto particular presentado por mi grupo parlamentario y por otros grupos.
En lo que afecta a la Presidencia de la Cámara y también a la mayoría de su órgano rector, es mucho más grave lo ocurrido puesto que incide en la esencia misma de la representación ciudadana de la que somos titulares los que nos sentamos en estos escaños y, en

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consecuencia, menoscaba y debilita el sistema democrático que tiene su pilar más básico en este Parlamento. El trámite parlamentario de la Comisión de investigación del lino se ha arrastrado desde su creación y desde el inicio de sus trabajos con el consentimiento de la Presidencia de la Cámara. Para ello se ha vulnerado, de forma consciente e inequívoca, el Reglamento del Congreso, se ha actuado con sectarismo, se ha caído en una pobre y estrecha actitud partidista, lo que ha motivado que, desde nuestro punto de vista, su autoridad, señor presidente, esté perdida para dirigir esta Cámara y cualquier otra institución desde donde se deba actuar con neutralidad. (Aplausos.) Por todas estas razones, señorías, les pido el apoyo para nuestro voto particular.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez- Noval.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV para la defensa del voto particular de nuestro grupo sobre las conclusiones de la Comisión de investigación, para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino en el marco de la política agraria común, que hemos presentado conjuntamente con el Grupo Socialista y el Grupo Mixto.
En el Grupo Vasco, desde el principio, hemos entendido que el trabajo de la Comisión era para analizar políticas -como su mismo nombre indica- desde una perspectiva política y para sacar conclusiones políticas en su caso. No es posible presentar las conclusiones de esta Comisión sin hacer alguna referencia al método de trabajo que nos ha sido impuesto y que ha condicionado los trabajos realizados, devaluando en gran medida los resultados obtenidos. En las largas, precipitadas y en algunos casos nocturnas sesiones de esta Comisión, a lo largo de la segunda quincena de julio, hemos presenciado la comparecencia de cargos y ex cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando la señora doña Ignacia Loyola de Palacio era la máxima responsable del mismo, de diversos consejeros de Agricultura de comunidades autónomas con cultivo de lino y de responsables de empresas transformadoras del lino, junto con algunas otras personas.
Desde el Grupo Vasco hemos asistido, primero con sorpresa y luego con creciente indignación, a toda clase de retrasos en el envío de documentación solicitada al Gobierno español, con la falta de seriedad y respeto hacia el Parlamento que ello ha conllevado, y a increíbles manipulaciones en el desarrollo de la Comisión, que en algunos casos han sido verdaderas chapuzas y que también han sido denunciadas por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Pero lo que colma el vaso de agua es la misteriosa -y lo digo entre comillas- falta de grabación de una parte de la sesión del 29 de julio.
Entonces, según parece, se decidió por parte de CiU, el Partido Popular y el Grupo Canario celebrar una sesión el 17 de agosto para sacar las conclusiones y dar por finalizada la actuación de la Comisión. Antes de procederse a la votación el resto de los grupos abandonamos la Comisión, por lo que no existía quórum presencial para realizarla, y entendíamos, por consiguiente, que la decisión adoptada no era legal. Por ello, se elevó un escrito al presidente del Congreso, señor Trillo, solicitando que se declarasen nulos esos acuerdos, solicitud que fue denegada, alegando, entre otras cosas, que se abandonó la sesión una vez iniciada la votación, se supone que en base a la palabra del presidente de la Comisión, dado que no contaba con otro medio para comprobar lo denunciado.Naturalmente, y cómo ponerlo en duda, la responsabilidad es de los técnicos encargados de la grabación, ¡cómo no! Sin embargo, del informe técnico que nos ha sido entregado cabe también deducir que pudo haber orden del presidente de la Comisión para que no se grabase esa importante parte de la sesión. Sin comentarios.


Pues bien, después de las comparecencias realizadas, algunas de ellas con nocturnidad y alevosía, como ya se ha señalado, y examinada la documentación que nos llegó -la que nos llegó a tiempo y cuando tuvimos oportunidad de estudiarla-, desde el Grupo Vasco hemos ido sacando algunas conclusiones que hemos cotejado con las de otros grupos y que nos han llevado a presentar conjuntamente unas conclusiones con el Grupo Mixto y el Grupo Socialista y que prácticamente coinciden también con las que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Como se señala en la conclusiones a las que hemos llegado, avanzada la década de los 90 el cultivo del lino en España experimenta un crecimiento espectacular, hasta llegar a convertirse en el Estado europeo con más superficie cultivada de lino. Sin embargo, ese crecimiento espectacular no coincide ni mucho menos con una salida al mercado de la producción, lo que acredita que la evolución de ese subsector no viene motivada por exigencias del mercado, sino que resulta atribuible a la importancia de las ayudas comunitarias.
Pues bien, en primer lugar quiero destacar que, del estudio realizado, para el Grupo Vasco aparece claro que, bajo el mandato de doña Ignacia de Loyola de Palacio no ha existido la más mínima política de planificación, de investigación ni de ayuda a los agricultores y transformadores del lino; política que considerase de una forma global las ayudas, el cultivo y la transformación del lino, la comercialización de la fibra transformada y su posterior industrialización, investigación dirigida a mejorar el bajo nivel de calidad de la mayor parte de la fibra transformada obtenida, etcétera, todo lo cual ha llevado a las situaciones que nos han venido explicando los distintos comparecientes.


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Se ha jugado y se ha despilfarrado un dinero público, un dinero de todos los europeos, en el mejor de los casos sin saber muy bien a qué y para qué se dedicaba, y esta situación tiene un responsable político con un nombre concreto, y es la máxima responsable de la política agraria en aquellos momentos, la entonces ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, la señora doña Ignacia de Loyola de Palacio.
Por otro lado, y unido a lo anterior, para el Grupo Vasco (EAJ-PNV) aparece también la responsabilidad en el terreno ético de quienes, bajo el mandato de doña Ignacia de Loyola de Palacio y por consiguiente bajo su responsabilidad, han simultaneado cargos con la percepción de ayudas comunitarias al sector agrario, directamente o por medio de familiares directos, en un cultivo y en un producto que alguno de ellos confesó que no sabía para qué servía ni a dónde iba una vez transformado. Como dije en la misma Comisión, estamos hablando de ética, de responsabilidad ética, y no de estética, como en un desafortunado juego de palabras fue manifestado por la propia ex ministra ante la prensa y posteriormente también en su comparecencia ante la misma Comisión.
Lo que diferencia el proceso del desarrollo del sector del lino en España del que ha tenido lugar en otros Estados europeos, además de la falta de planificación ya señalada, es la presencia de altos cargos de la Administración y de directivos de empresas públicas con fuertes y crecientes intereses en el sector que estamos examinando, lo que también explica que desde esa misma Administración no se hayan adoptado en ningún momento medidas adecuadas para reorientar el crecimiento desordenado y puramente especulativo del sector. En una democracia, por lo menos en las democracias europeas asentadas, por encima de exigencias legales resulta un imperativo ético que ningún cargo público utilice su cargo en provecho propio o cercano ni que su ejercicio lo comparta con actividades privadas relacionadas con el mismo. Y de la situación creada en este aspecto de responsabilidad ética sobre las ayudas al cultivo del lino, vuelve a aparecer la responsabilidad directa de la ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien, por cierto, en su comparecencia ante la Comisión, de forma bastante prepotente, se permitió dar lecciones de democracia a los presentes. Y esto lo hacía ella, que todavía no hace muchos años, en un programa de la segunda cadena de la televisión francesa realizó la defensa del general Franco, recién fallecido, y del régimen franquista, haciendo así, a nuestro entender, una clara apología del terrorismo. (Rumores.) Sí, señorías, del terrorismo de Estado que representó el fascismo español durante 41 años. (Un señor diputado. ¡Muy bien!) Pero, además de la responsabilidad ética, aparece también la responsabilidad en el terreno de las incompatibilidades, como la del señor delegado del Gobierno en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ha obligado al mismo Grupo Parlamentario Popular a incluir este apartado, aunque sea de forma vergonzante, en sus conclusiones. Todo este montaje ha sido para salvar la cara, a nuestro entender, a la máxima responsable de la situación que se ha provocado por las ayudas al cultivo del lino que, repito una vez más, para nuestro grupo es doña Ignacia de Loyola de Palacio, en un momento en que el Gobierno español la había propuesto para un cargo de comisaria en el Gobierno de la Unión Europea. La señora De Palacio, tras una gestión que fue un desastre, porque alimentó la codicia de los buscasubvenciones; porque no se apostó por el cultivo del lino y su posterior desarrollo, sino por cobrar; porque descuidó la política pesquera; porque sólo hizo agitación respecto al aceite poniéndose al frente de manifestaciones; porque olvidó la agricultura de montaña y como ministra fue la clásica agitadora de la derecha terrateniente española (Protestas.-Aplausos.), sin criterio político alguno, en su comparecencia en el Parlamento Europeo, como ya se ha señalado, también mintió al afirmar que el Parlamento español la había exonerado de toda responsabilidad en el tema del lino, dado que el Parlamento español no había finalizado todavía sus trabajos al votarse hoy mismo las conclusiones de la Comisión.
Por último, a través de nuestro voto particular hemos mantenido las conclusiones que conjuntamente con el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto presentamos en la Comisión y que fueron rechazados por la mayoría existente en la misma. Mantenemos también las conclusiones presentadas, así como las cinco propuestas que se extraen de ellas, tendentes a que no vuelvan a repetirse las situaciones que hemos estudiado en los trabajos de la Comisión.
Quiero destacar la propuesta final referida a la necesidad de articular la fórmula que asegure la participación de las comunidades autónomas ante las instancias competentes de la Unión Europea cuando se trata de asuntos referentes a la política agraria común, propuesta que en numerosas ocasiones ya había sido formulada anteriormente por el Grupo Vasco.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!.- Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, como diputado de Nueva Izquierda y en nombre del Grupo Mixto subo a esta tribuna para defender el voto particular que hemos suscrito junto con el Grupo Socialista y con el Grupo Parlamentario Vasco a las conclusiones de la Comisión de investigación del lino.
Permítanme, señorías, que comience diciendo que se puede añadir poco a lo que ya se ha dicho por los anteriores comparecientes, especialmente por el representante

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del Grupo Socialista. Pero muy brevemente, señorías, permítanme que les diga con claridad que las instituciones democráticas de nuestro país, y especialmente esta Cámara, no se merecían en modo alguno el desprecio y el maltrato que el Grupo Parlamentario Popular les ha infligido, máxime cuando ello se ha producido no en función de la necesaria adaptación de las instituciones nacionales a la importancia creciente de las instituciones europeas, sino única y exclusivamente en función del evidente objetivo de ocupar, por parte de una destacada dirigente del Partido Popular, la ex ministra Loyola de Palacio, parcelas de poder en las mismas.
Se ha producido, insisto, un importante desprecio y maltrato a las instituciones democráticas nacionales, a esta Cámara. En efecto, se creó ante la evidencia y la innegable realidad de hechos escandalosos una Comisión de investigación con el objetivo no de investigar esos hechos, sino con el objetivo explicitado de exculpar políticamente a la ex ministra de Agricultura, tal y como ella misma tuvo -no se si decirlo- la irresponsabilidad de reconocer antes incluso de que la Comisión iniciara sus trabajos de investigación y comparecencias.
Y así consta publicado en medios de comunicación.
El funcionamiento cotidiano de la Comisión se ha sometido a una dinámica que en absoluto guardaba la menor coherencia con el objetivo teórico de investigar; se han acumulado innumerables comparecencias en pocos días, con unas jornadas inagotables, sin los medios adecuados para llevar a cabo el trabajo; se ha hecho referencia a la retención de documentación imprescindible por parte del Gobierno u otras entidades y, en todo caso, no a disposición de la Comisión que tenía que trabajar con las mismas. Se ha desconocido, señorías, el espíritu y la letra de la Constitución y el Reglamento, imponiendo, de forma absolutamente carente de fundamento, un calendario de trabajo en el propio mes de agosto, desconocido en la historia de la democracia española -sería bueno recordar que ni en el año 1977, cuando había que sentar las bases de la democracia, se trabajó-, y sólo explicable por los intereses partidistas del Grupo Parlamentario Popular. No se merecían, por tanto -insisto-, las instituciones democráticas españolas estos y otros maltratos infligidos por el Grupo Parlamentario Popular y sus aliados. En ningún caso debería haberse producido el daño que esas actuaciones han conllevado. Y mucho menos cuando ello se ha ejecutado en función no de reforzar el proyecto democrático, y en concreto la labor del control del Parlamento Europeo, sino de copar poder dentro de la Unión Europea, aunque fuera sobre la base del desprecio al Parlamento Europeo a quien la candidata a comisaria, doña Loyola de Palacio, se permitió manifestar que había sido exculpada políticamente por esta Cámara, lo que es evidente que no había tenido lugar ni entonces ni en estos momentos en que tengo el honor de dirigirles la palabra.
En segundo lugar, señorías, ¿por qué se han hecho tantas tropelías? Muy claro y sencillo. Porque los hechos eran incontestables y cualquier actuación mínimamente coherente sólo hubiera servido para extraer las consecuencias políticas lógicas de los mismos. ¿O no es verdad, señorías, que un grupo determinado de personas, vinculadas entre sí por sus relaciones con los órganos que elaboraban la política agraria del Partido Popular se dedicaron a cultivar lino? ¿No es verdad que esas mismas personas cuando el Partido Popular gana las elecciones generales de 1996 pasan a ocupar cargos significativos en la Administración central y, en concreto, en el Ministerio de Agricultura? ¿No es verdad que esas personas por sí mismas o a través de familiares se dedicaron entonces, en atención a las nuevas exigencias de la política comunitaria, no sólo al cultivo, sino también a labores de transformación del lino? ¿No es verdad que esas mismas personas no adoptaron medida alguna cuando se denunció las peculiaridades que tenía el sector del lino en España carente de cualquier salida comercial y que, sin embargo, en pocos años nos hayamos convertido en el país con mayor extensión cultivada de lino en el ámbito de toda la Unión Europea y cuando había países que tenían tradición de décadas de dedicarse a cultivarlo? ¿No es verdad que esas mismas personas no adoptaron ninguna medida efectiva cuando desde las instancias comunitarias se les requerían explicaciones y actuaciones? ¿No es verdad que esas mismas personas son las que contestaban a las comunidades autónomas que manifestaban su preocupación por la situación diciéndoles que mantuvieran un criterio absolutamente laxo, en absoluto coherente con lo que reclamaba la Unión Europea? ¿No es verdad que al estallar públicamente el escándalo algunas de esas personas se vieron obligadas a dimitir para evitar ser cesadas? Estos hechos son innegables, señorías, y la conclusión política de los mismos evidente: la responsabilidad por acción y por omisión de quien era ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio. Esto, señorías, era evidente, por más que se haya intentado confundir, y se ha intentado reiteradamente acusando a algunas comunidades autónomas con la desfachatez de que finalmente en las propias conclusiones oficiales se reconoce explícitamente que las comunidades autónomas, todas sin excepción han funcionado perfectamente. Se ha intentado confundir también afirmando que se estaba investigando en esa Comisión a todos los cultivadores del lino, cuando lo cierto es que el único objeto de investigación por parte de esta Comisión era un reducido número, muy reducido, de grandes cultivadores, propiamente terratenientes, afiliados al Partido Popular y que compatibilizaban sus tareas de dirección en la política estatal de agricultura con la gestión de sus intereses privados, ofreciendo un ejemplo evidente de colusión entre intereses públicos y privados y desde luego un hecho claramente reprobado por la opinión pública.


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Señorías, todos los de esta Cámara -la opinión pública ha entendido perfectamente esta situación- podremos aprobar formalmente unas conclusiones, pero la opinión pública tiene claro lo que ha pasado.
Buena prueba de ello -y tuve ocasión de decirlo en la propia Comisión- son los chistes que reiteradamente han aparecido en los medios de comunicación sobre esta materia y que sólo se explican porque movilizaban la alegría que la gran mayoría de la población española sentía al ver los apuros justificados que ha tenido que pasar esa minoría de altos cargos de agricultura que irresponsablemente llevaba a cabo una actuación de mezcla de intereses públicos e intereses privados.
Nada más y gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peralta.
Para la defensa de los votos particulares del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida y tengo que empezar lamentando la ausencia del ministro de Agricultura, lamentando la poca atención que él está prestando a este debate, que con toda seguridad le sería muy interesante seguir, porque no solamente estamos analizando actuaciones pasadas sino actuaciones que todavía se mantienen y que todavía están en la responsabilidad del actual ministro de Agricultura. Él que es diputado y sabe de la importancia de los debates parlamentarios debería de haber prestado mucha más atención de la que le hemos visto esta mañana.
Desde Izquierda Unida, cuando se aprobó en esta Cámara la creación de una Comisión de investigación sobre las ayudas al cultivo del lino, ya mostramos nuestras preocupaciones aquel día, ya mostramos nuestros temores sobre la voluntad del Grupo Popular y del Gobierno de llevar a cabo una verdadera investigación parlamentaria; pero créanme que no teníamos ni idea entonces de hasta dónde ustedes estaban dispuestos a llegar, no teníamos ni idea de que ustedes estaban dispuestos a forzar hasta el límite la propia credibilidad de la Cámara para conseguir sus objetivos.
Señorías, por el simple relato de los hechos verán ustedes las barbaridades cometidas, el desprecio con el que se ha tratado al Parlamento y el poco respeto que se ha tenido a la división de poderes. Ha tenido cierta gracia leer estos días el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones en el año 1996, en el que se hablaba de regeneración democrática, de respeto al Parlamento; un programa que se comprometía a regular el funcionamiento de las comisiones de investigación con el fin de que éstas tuviesen el objetivo de dilucidar responsabilidades políticas.
Pues bien, todo esto ha quedado reducido a una Comisión que no recibe en tiempo y forma la documentación solicitada al Gobierno; una Comisión con el calendario impuesto; una Comisión con jornadas de trabajo que terminan, como se ha dicho, de madrugada; una Comisión donde se ha aplicado una mayoría mecánica que nunca ha buscado el consenso; una Comisión en la que desaparecen grabaciones de importantes sesiones en las que los comparecientes son seleccionados por el propio Gobierno; una Comisión, en definitiva, que termina sus trabajos solamente con la participación de los miembros que suman la mayoría parlamentaria. En eso es en lo que han quedado las propuestas, las promesas del señor Aznar de regeneración democrática: en una verdadera farsa democrática con algunos episodios más dignos de Expediente X que de otra cosa.
Pero ustedes desde el PP, desde Convergència i Unió, desde la mayoría parlamentaria han ido más lejos. Cuando ya no les ha quedado otro recurso han llegado a utilizar a la Presidencia de esta Cámara para que les cubra sus despropósitos, y lo han hecho de una forma que ha dañado gravemente la credibilidad de la propia Presidencia del Congreso, de tal forma que ella sale devaluada hoy de este debate; hoy don Federico Trillo es menos presidente del Congreso de todos los Diputados, hoy el señor Trillo ha demostrado que ha actuado como un disciplinado militante del Partido Popular, porque ha firmado las resoluciones que su Partido le ponía por delante sin siquiera molestarse en consultar a los demás grupos políticos, en corroborar la opinión de los demás grupos políticos. Ha firmado resoluciones que si hubiésemos podido escuchar las cintas se hubiese comprobado que no respondían a la verdad. Todo esto lo han hecho ustedes, todo esto lo han forzado ustedes solamente con la intención de salvar un camino que para ustedes ya no tenía retorno, pero que ha llevado, como decía, al propio descrédito de la institución parlamentaria.
Ustedes comprenderán que no es posible presentar unas conclusiones de la Comisión sin hacer referencia a los métodos de trabajo que se nos han impuesto y que han condicionado evidentemente los resultados.
Señorías, nosotros seguimos creyendo que una Comisión de investigación parlamentaria es un importante instrumento que tiene el Parlamento para controlar una actuación del Gobierno; pero, cuando es la mayoría que apoya al Gobierno la que impone los métodos, sin el más mínimo interés por buscar un consenso con la oposición, cuando esta mayoría controla el desarrollo de los trabajos, cuando incluso se salta las normas de funcionamiento democrático, es evidente que lo que se pretende no es otra cosa que vaciar de contenido el objetivo último de las comisiones de investigación. Ya es difícil explicar que sea la mayoría que apoya al Gobierno la que al final acabe realizando el control de su propia gestión.
Por tanto, la primera conclusión a la que deberíamos haber llegado es que es necesaria una nueva reforma de la normativa de funcionamiento de las comisiones de investigación para evitar su descrédito y para conseguir que cumplan la misión de control que debe ser suprincipal y casi única tarea. Creemos que esta Comisión

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debe ser un ejemplo de lo que no se debe repetir, debe ser un ejemplo para que de verdad se tome conciencia de la importancia que tienen las normas de funcionamiento en un Parlamento.
Como decía, hemos sufrido una serie de actuaciones. Ha empezado por no admitirse todas las peticiones de comparecencias de manera que han quedado fuera de ellas personas implicadas muy directamente en el cultivo del lino, con importantes repercusiones, como son los responsables del FEGA o de la Secretaría de Estado de Comercio, pero también han quedado fuera -y eso puede explicar el apoyo, creemos, de manera demasiado vergonzante del Grupo de Convergència i Unió- las comparecencias de los presidentes autonómicos. Una vez seleccionado esos 35 comparecientes de forma unilateral por la mayoría parlamentaria, se condensaron, como ya se ha dicho, en seis días, de forma que no se nos dio ninguna posibilidad de disponer de tiempo entre una y otra comparecencia. No se nos dio ninguna posibilidad de poder repreguntar y pedir más documentación una vez oídas las comparecencias. Todo esto parecía irracional, parecía ilógico pero era una realidad que tenía un objetivo, que no era ni más ni menos que, al final, la Comisión de investigación fuese una farsa, fuese tan devaluada que no tuviese la mínima credibilidad.
En estas circunstancias, antes de iniciar los trabajos se anunció que era muy difícil llegar a una consenso, a unas conclusiones que fuesen realmente útiles para lo que se pretendía. Empezamos a entrar en el esperpento desde el primer día, cuando ya se nos propuso ese horario desproporcionado, pero también cuando se empezaron a ordenar las comparecencias de una manera que no entendíamos, porque lo lógico era o bien empezar desde los altos cargos del Ministerio para terminar con los profesionales del sector o a la inversa, empezar con los profesionales y terminar con los altos cargos. Pero no, se hizo una especie de bocadillo, empezando los altos cargos y terminando la ex ministra de Agricultura. A esa situación que podía ser tan falta de lógica, al final acabamos hallándole una explicación, como ya diremos. Pues bien, antes de empezar las comparecencias nos encontramos con que sólo tuvimos dos días para leer los papeles que se nos habían entregado; papeles, documentos, que no llegaban ni al 30 por ciento de los requeridos, en los que faltaba la mayor parte de los más importantes. Por ejemplo, faltaba algo tan relevante como el registro de bienes de los altos cargos que iban a comparecer; faltaba algo tan interesante como son los informes del Ministerio de Interior acerca de los incendios ocurridos sobre el lino. Cuando vinieron los altos cargos no les pudimos preguntar porque no teníamos su registro de bienes. Todo esto se permitió por la Presidencia de la Comisión, todo esto se permitió por el resto de los grupos políticos de la mayoría parlamentaria. Por tanto, empezamos los trabajos con muchas dificultades, repito, con sólo el 30 por ciento de la documentación requerida y solamente tuvimos dos días para leerla. De los documentos entregados nos encontramos con uno que era anónimo, no venía firmado y pretendía, en cierto modo, avalar algunas tesis de las defendidas por el Gobierno, teniendo que retirarlo ante la vergüenza de quienes lo habían enviado; repito, documento anónimo que no venía ni con firma ni con aval.
Por otra parte, se nos comunicó que podíamos hacer la lista de los cargos después de que estos hubiesen comparecido. De esta manera, es evidente que en sus comparecencias quedaron muchas dudas. Planteamos el volver a llamarlos pero, de nuevo, el rodillo de la mayoría parlamentaria nos lo impidió y se nos obligó a seguir un ritmo a todas luces ilógico e irracional. Pero quizá lo más grave de todas las anomalías sufridas en la Comisión fue cómo se condicionó, cómo se forzó la ampliación del calendario, planteando el tema fuera del orden del día, sin estar convocados previamente para ello, llegándose incluso a faltar a la verdad al plantear que los comisionados del PSOE, PNV, Izquierda Unida y Grupo Mixto abandonamos la Comisión una vez iniciada la votación, cuando es evidente que lo que ocurrió es lo que ocurrió y lo podemos demostrar no sólo los que estábamos allí sino también periodistas que estaban en la puerta cuando salimos.
Esto se podía haber demostrado de una forma muy fácil, simplemente escuchando las cintas. Sin embargo, cuando fuimos a escucharlas dichas cintas no estaban grabadas. No estaban grabadas no sabemos si, como decía, por un expediente X o por una voluntad explícita de quien presidía la Comisión. La realidad es que no estaban grabadas y eso ha impedido que una sesión que se celebró en el mes de agosto haya sido invalidada. Es grave, es vergonzoso que a estas alturas del siglo XX este Parlamento no pueda tener esa mínima garantía en su trabajo, y eso tiene una responsabilidad política, no sólo técnica, porque además del informe técnico se puede desprender cómo se desarrollaban los trabajos de la Comisión.
Seguimos manteniendo con toda la dureza el escrito presentado para denunciar la ilegalidad de la modificación del calendario de reuniones de la Comisión cuando se celebró una sesión fuera del orden del día y cuando se produjo una votación que no tenía quórum suficiente para celebrarse. Por consiguiente, con todas las limitaciones que he denunciado se han desarrollado los trabajos de la Comisión, trabajos que, repito, son incompletos pero que sí han dejado ver alguna luz, sí han permitido llegar a algún tipo de conclusión, porque a pesar de todos sus esfuerzos no han podido ocultar algunas evidencias.
Puedo comenzar señalando, como ya se ha dicho, que el cultivo del lino en España prácticamente desaparece, y se recupera a partir del año 1993, cuando viene una importante ayuda comunitaria. Y esto no es malo, no nos parece mal que desde la PAC se intenten recuperar cultivos prácticamente desaparecidos, desde la PAC se den ayudas a cultivos que no están en estos momentos en la Unión Europea en un buen nivel. Lo que sí nos parece mal es que años después se mantenga la misma situación, lo que sí nos parece mal es que

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el Gobierno no haya hecho nada por mejorar esa situación. Señorías, señor ministro, la responsabilidad de las distintas administraciones españolas en relación a las ayudas de la PAC no se puede limitar solamente a su reparto, ni siquiera al control de ese reparto con arreglo a la normativa europea. Tenemos la responsabilidad de hacer que esas subvenciones, esas ayudas tengan la máxima rentabilidad social, productiva para el conjunto de la economía nacional. Por esto es grave, es la primera evidencia de la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, de su ministra entonces, ya que en ningún momento le interesó que el cultivo del lino alcanzase ningún grado de rentabilidad en nuestro país. Las declaraciones de altos cargos, incluida la de la propia ministra en la madrugada, vinieron a demostrar que existía un desconocimiento total del cultivo del lino.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella, le ruego que concluya.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, señor presidente, concluiré, no le quepa la menor duda, en todo caso con menor tiempo del que ha empleado el Grupo Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego lo haga a la mayor brevedad posible.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Como decía, demostró desconocer, incluso, a dónde iba el lino cultivado. Nos dijo que ella no tenía ni idea de lo que se hacía con el lino. Hay una realidad y es que en este país solamente se consume el 20 por ciento del lino que se cultiva en España y el otro 80 por ciento se desprecia -no porque no haga falta, ya que tenemos que importar lino- , sino por la mala calidad. Se nos dijo por un representante de la industria transformadora que el lino que producíamos en España no llegaba ni siquiera a alcanzar el 50 por ciento de los parámetros de calidad exigidos. Por lo tanto, hay una simple regla matemática que deberíamos haber hecho todos en la Comisión, que algunos hicimos pero que, evidentemente, la mayoría gubernamental no quiso. Si en España se siembran 100.000 hectáreas de lino, con una producción mínima de 1.000 kilos por hectárea, tenemos en nuestro país una producción de 100.000 toneladas de lino. Si solamente utilizamos el 10 o el 20 por ciento, resultan sobrantes 80.000 toneladas de lino que nadie nos ha dicho dónde están, y créanme que es muy difícil ocultar una tonelada de lino, ya que no le cabe en el bolsillo a ningún cultivador. Hemos terminado la Comisión y no sabemos todavía dónde está el lino, para qué se utiliza. Es evidente que a nadie en el Ministerio de Agricultura le ha importado lo más mínimo aconsejar a los agricultores para que diesen una rentabilidad productiva al lino que cultivaban. Quienes tenían que diseñar la política del Gobierno sobre el cultivo del lino no lo han hecho, y no lo han hecho no por dejación, sino porque estaban directamente relacionados con el cultivo del lino, estaban directamente relacionados con el cobro de primas comunitarias y les interesaba que el lino no fuese un producto rentable, sino un cultivo especulativo porque en la especulación es donde ellos encontraban su negocio.
Entendemos, de las comparecencias celebradas, que el señor López de Coca, don Quintiliano Pérez Bonilla, don Carlos Moro y el señor González Ruiz de Paz han compatibilizado su trabajo en la Administración con un interés muy directo en la forma en que se repartían las ayudas comunitarias al lino y que esta relación ha condicionado, en el caso del señor López de Coca muy directamente, sus actuaciones en materia de agricultura. El señor López de Coca no solamente ha tenido relación a través de su hijo Ismael y de una cuñada, cobrando altas subvenciones, en torno a los 35-59 millones, sino que, como quedó demostrado, ha avalado en 70 millones de pesetas a su hijo, quedando patente que del mantenimiento de la rentabilidad de la empresas de su hijo dependía ese aval de 70 millones que el señor López de Coca le tenía prestado y, por tanto, cómo no iba a tener interés directo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella, S.S. debe concluir.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, concluiré, señor presidente, cuando sea oportuno.
En ese sentido les diré que tenía mucho interés en que el cultivo del lino a su hijo en concreto le fuese rentable.
Todas estas circunstancias han motivado una actuación que fue coordinada. Porque también se nos dijo que se habían producido unas llamadas telefónicas al consejero del Castilla-La Mancha para que se anulase una orden de dicha Consejería que impidiese la solicitud de ayuda al cultivo del lino durante la campaña 1999-2000 si se había cultivado lino en la campaña anterior. En la comparecencia del señor López de Coca se nos dijo que esto se había hecho para defender el interés de los agricultores, pero es una realidad que cuando le preguntamos al consejero de Castilla-La Mancha se nos dijo que solamente se recibieron tres llamadas en la Consejería y ninguna de ellas era de ningún sindicato agrario, sino precisamente de los tres altos cargos de la Administración, que son solamente quienes tienen interés en que no se endurezca la normativa del cultivo del lino para seguir especulando con él. Por tanto, no estamos solamente hablando de incompatibilidades en el Ministerio de Agricultura, sino de una actuación coordinada, de una concesión coincidente de estos tres altos cargos para que el Gobierno de CastillaLa Mancha cambiase la normativa y le permitiese seguir especulando con el cultivo del lino.
Señor presidente, señorías, para terminar, con toda sinceridad, nunca hemos llegado a entender por qué han montado ustedes este espectáculo. Tenían la mayoría parlamentaria suficiente, podían haber aprobado un calendario a su gusto, podían haber aprobado una conclusión a su medida, pero podían haberlo hecho guardando

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las formas parlamentarias. No entendemos por qué ustedes han forzado las sesiones de madrugada, no entendemos por qué han enviado tarde y mal la documentación, por qué han forzado el calendario, por qué le han obligado a jugar ese papelón al presidente de la Comisión tapándole la vergüenza a un gobierno que ha despreciado en todo momento al Parlamento, por qué han utilizado al presidente de esta Cámara de esta manera, que, repito, hoy es menos presidente de todos los diputados que nunca. En realidad solamente encuentro una explicación y es que ustedes han iniciado hoy el entierro de las comisiones de investigación. Ustedes quieren acabar con las comisiones de investigación por el camino más corto, ustedes quieren eliminar una comisión que les pueda controlar. Evidentemente, si lo que ustedes buscaban era blindar a la señora Loyola de Palacio, poco finos han estado; poco finos porque, como se ha demostrado en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, es evidente que no solo no la han blindado sino que han puesto de manifiesto, todavía mucho más, sus implicaciones, sus responsabilidades. Incluso la señora ministra tuvo que desmentirse en la Comisión y decir que no había hecho las declaraciones que salieron publicadas en la prensa.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella, termine.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, un minuto solamente.
(Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
Concluya de forma inmediata, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Evidentemente, señorías, después de haber aguantado hasta la madrugada haciendo el juego que ha marcado la mayoría del Gobierno, ustedes pueden escuchar aquí una serie de argumentos, aunque no les gusten. Decía que hoy aquí ustedes pueden aprobar unas conclusiones, las que quieran. Ustedes podrán tratar de echar lino sobre el escándalo que ha ocurrido, pero, evidentemente, los hechos van a ser muy tozudos, los hechos van a seguir estando ahí y lo que no pasa por ninguna parte es el lino transformado. Señorías, ha quedado plenamente demostrada la responsabilidad de la ex ministra.
Quiero terminar señalando la responsabilidad que en estos momentos, y agradezco que esté presente, tiene el señor ministro porque todavía hay circunstancias que pueden tener arreglo y el ministro se comprometió a arreglarlas. Por lo tanto, le exigiremos, señor ministro, que cumpla con su obligación y que cese a aquellos altos cargos que todavía siguen siendo cazaprimas, que todavía siguen siendo especuladores en el cultivo del lino.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra de los votos particulares? (Pausa.-Un señor diputado: ¿Cuándo se come?) En nombre del grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para manifestar que Coalición Canaria apoyará con su voto las conclusiones y dictamen de la Comisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco ante la Cámara en nombre de mi grupo para presentar las conclusiones de una Comisión de investigación que, en la medida en que nosotros votamos favorablemente, también pedimos.
Hemos trabajado en esa Comisión muy intensamente; hemos pasado más de 70 horas escuchando intervenciones de gente muy diversa, altos cargos de la Administración General del Estado, consejeros autonómicos, empresarios, líderes de asociaciones; hemos recibido una gran cantidad de documentación, y, después de todo ese trabajo, hemos puesto por escrito nuestras conclusiones, que son las hoy defendemos aquí. Conocemos la verdad y la queremos explicar a esta Cámara y a la opinión pública; otros también conocen la verdad y también han descubierto hasta qué punto una campaña electoral puede ser licencia para falsear la verdad y atacar el honor ajeno. (Rumores.- La señora Martínez González: ¡Que te quemas!-El señor Ros Maorad: ¡Qué papelón!) En este momento, quienes así han actuado, cuando hablan de problemas de forma no están actuando como defensores de la Constitución o del Reglamento, están utilizando un legítimo recurso que todos los abogados conocemos: quien ha perdido un pleito, porque sabía que no tenía razón, siempre tiene a su disposición los recursos por defectos formales para ver si por esa vía consigue impugnar ese pleito que sabe que ha perdido.
Ese es el papel que hoy han desempeñado aquí con los votos particulares. Porque, señorías, la forma es importante, pero no se nos puede acusar a nosotros de ridiculizar al Parlamento, como alguien ha hecho. Un portavoz ha llegado a decir en esta Cámara, y nadie se ha inmutado, que diga lo que diga la Comisión de investigación, la opinión pública ya se ha formado su sentencia. ¿No es eso despreciar al Parlamento? Todos recordamos el escándalo que se produjo en esta Cámara al final de la legislatura anterior, con motivo de determinados escándalos que agitaban la vida pública española, cuando a alguien se le ocurrió decir que,

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dijeran lo que dijeran los tribunales, la opinión pública ya tenía formada su sentencia. Hoy, señores, estamos exactamente en eso, pero al revés. (El señor Ros Maorad: Y tú en medio.) Ustedes creen que, diga lo que diga la Comisión de investigación, sean cuales sean los hechos, ya han ganado la victoria mediática y han conseguido transmitir esa imagen de confusión y, como ha dicho un portavoz, se dan por satisfechos con que los chistes en la prensa diaria descalifiquen el cultivo del lino o den la imagen de que este Parlamento es un cachondeo. Señorías, a ese juego no nos apuntamos.
Defenderemos la forma, la hemos defendido y la seguiremos defendiendo, pero ningún defecto de forma permitirá descalificar las contundentes conclusiones que hoy venimos a presentar aquí. ¿Podíamos reunirnos el 17 de agosto? ¿No podíamos? No lo sé. (Un señor diputado: Votaste sí.) Esta Cámara tiene sus propias autoridades en la interpretación del Reglamento y sus propios cauces de interpretación; parece que sí. Nada de todo ello es más que la anécdota para intentar hacer un ruido que oculta que la Comisión de investigación ha llegado a descubrir la verdad y ha puesto sobre la mesa, en primer lugar, que hemos trabajado y mucho y, en segundo lugar, que lo hemos hecho con transparencia y mucha.
Señor portavoz del Grupo Socialista, a estas alturas nos hace sonreír a los que hemos seguido este tema durante el mes de julio el que digan que hemos actuado de espaldas a la opinión pública; después les podemos entregar un dossier de prensa. Nos hace sonreír el que digan que las reuniones de trabajo se han hecho para ocultárselo a los medios de comunicación; le haremos llegar un dossier de prensa sobre hasta qué punto los medios de comunicación han seguido los trabajos de esta Comisión. Y, finalmente, tenemos unas conclusiones objetivas y claras, que son las que han sido leídas y sobre las que me voy a pronunciar a continuación; unas conclusiones que se derivan -y es importante poner las cosas en su contexto- de poner la lupa al 0,5 por ciento del total de los recursos de la Unión Europea que en materia agrícola se reciben en España; al 0,5 por ciento del total de los cultivos herbáceos que se realizan en España. Con esa lupa puesta -que rara vez ha sido puesta por este Parlamento a ningún otro cultivo y a ninguna otra ayuda-, hemos llegado a las siguientes conclusiones y diferenciado dos aspectos, que se han intentado confundir intencionadamente y que, como digo, nosotros creemos que deben ser distinguidos con toda nitidez. En primer lugar, el problema del régimen de subvenciones como tal y, en segundo lugar, la imputación a una serie de personas con nombres y apellidos de haber constituido una trama para cobrar esas subvenciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El régimen de subvenciones europeo al cultivo del lino merece nuestra crítica más radical y así ha sido planteado en las conclusiones y así lo defendemos aquí. Nos encontramos ante una organización común de mercado en el ámbito del lino absolutamente ineficaz, esperpéntica y que fomenta la especulación en el ámbito agrícola, un régimen que financia un producto con independencia de su calidad, un régimen elaborado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea que establece subvenciones no en función de la calidad de un producto, sino sencillamente por el hecho de ser cultivado, con independencia de que eso que ha sido cultivado y por lo cual se ha recibido una subvención sea a continuación abandonado en una carretera o incluso quemado. Esa es, efectivamente, una realidad y ese régimen merece nuestra crítica. Bien es cierto que ese régimen se ha ido perfeccionando progresivamente y en particular, señorías, desde 1996 se han ido endureciendo los requisitos para obtener esas subvenciones. Todavía no es un régimen que nos parezca satisfactorio, pero hoy se puede decir que las concesiones de ayudas al lino, las concesiones de ayudas a la renta en el ámbito son más duras desde 1996 que antes de dicho año y eso se ha hecho, señorías, por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y, por tanto, evidentemente, por parte del Reino de España y de quien allí le representaba.
Es, sin embargo, un producto válido y esa es otra conclusión que se deriva de esta Comisión. El hecho de que critiquemos duramente, y no quiero volver sobre ello porque no me quiero alargar más de la cuenta en esta intervención, que exista un régimen que me he atrevido a calificar de kafkiano por las consecuencias prácticas que tiene no ha de llevarnos a descalificar el cultivo del lino en España, señorías, y esa es una de las conclusiones a la que hemos llegado también. El lino es y puede ser no sólo en el ámbito textil, sino también en el industrial un cultivo con futuro en España. Lo es en Egipto, así que, ¿por qué no lo puede ser en España? Egipto exporta lino, señorías, lino de calidad. Hay demanda en el mercado y la hay en España y, por tanto, con que existieran unos determinados requisitos de calidad para la subvención y con que por parte de las administraciones públicas, con competencias en materia agrícola todas ellas, se articularan los mecanismos de impulso a las industrias de transformación y de impulso a la calidad, aquellos que tienen competencias en materia agrícola -volveré sobre esto-, si eso se hiciera, podría tener España una potente industria del lino en Europa. ¿Falta control en el sector del lino, señorías? No, no falta control. No hay fraude en el sector del lino en España. No existe fraude en absoluto en el sector del lino en España, señorías, y así lo han detectado las comunidades autónomas, que en el uso legítimo de sus competencias han inspeccionado, y así nos han informado a la Comisión, acerca de los niveles de fraude. Esas comunidades autónomas, del color político que sean, han desarrollado bien su trabajo, han inspeccionado, han controlado el cultivo del lino y han comprobado que no existe fraude, entendiendo por fraude, señorías, lo que fraude es: la manipulación de los requisitos para poder llegar a tener una subvención, nola aplicación estricta de unos requisitos absurdos que

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permiten cobrar por no hacer nada o por sembrar un producto inútil, sino la alteración de los datos que permiten llegar a percibir esa subvención. Eso es fraude, señorías, y en España no hay fraude del lino y desde aquí queremos manifestar nuestro más absoluto respeto al conjunto de agricultores españoles que han percibido, y que muchos de ellos seguirán percibiendo, ayudas al lino.
No vamos a criminalizar el cultivo del lino en España y en este contexto, señorías, y lejos de todo planteamiento estrictamente partidista, puesto que nada tiene que ver ahí la Administración de la Generalitat de Cataluña, es de justicia reconocer que en Cataluña este problema no existe (Rumores.) Y lo digo bien claro porque es un reconocimiento a la sociedad catalana, al medio rural catalán y a la pequeña y mediana industria catalana, que merece ese reconocimiento desde aquí. Ahí no ha habido especulación en el sector del lino, sin necesidad de que ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna autoridad política actuara, sencillamente se ha actuado con responsabilidad.
¿Cuál ha sido en este contexto el papel del Ministerio? No es el Ministerio de Agricultura quien ha controlado este tema. Su papel es mínimo, su papel ha sido evidentemente representar a España en Bruselas, sin oír a veces a las comunidades autónomas tanto como debería, impulsar un cierto endurecimiento, menor del que querríamos, de la organización común de mercado del lino y de los requisitos para obtener las subvenciones -ese es todo el papel- y transmitir unos fondos que recibe de Bruselas para entregarlos a las comunidades autónomas, que son quienes individualizadamente, una por una, cada una de las personas físicas o jurídicas que se lo solicitan, perciben las subvenciones. Ese es el papel de las comunidades autónomas, que son quienes posteriormente han realizado el control sobre el eventual fraude y el seguimiento. Y hay que decir -insisto- que no se trata de culpabilizar a las comunidades autónomas; hay que culpabilizar a un sistema de subvenciones -insisto- absolutamente mal organizado, que debería ser puesto en el marco global de lo que son las subvenciones agrícolas en el ámbito europeo, lo cual nos puede sacar totalmente de contexto.
Si dejamos este tema de lado y nos centramos en lo que son las imputaciones que propiamente dieron lugar a esta Comisión de investigación, entramos en los dominios de la falsedad, de la calumnia y de la pura imputación gratuita, señorías. No ha existido un fraude en el Ministerio de Agricultura, no ha existido ninguna trama en el Ministerio de Agricultura que se haya articulado para percibir no sé qué subvenciones ni ha habido ningún núcleo de corrupción en el Ministerio de Agricultura que alguien, a 15 días de una campaña electoral, haya tenido el honor y la valentía de sacar a la luz pública. Estamos hablando, señorías, de ayudas otorgadas por las comunidades autónomas, gestionadas por las comunidades autónomas, fiscalizadas por las comunidades autónomas, en cuya concesión nada tiene que ver el Ministerio de Agricultura. En nada pueden influir unas ayudas, señorías, cuyas condiciones de concesión son públicas, para cuya concesión han recibido todos los agricultores españoles estímulos por parte de las Cajas de Ahorro y de las asociaciones agrarias. No es que alguien se haya hecho -y permítanme la expresión- el listillo (Un señor diputado: El listón.) en función de no se sabe qué información; son las Cajas de Ahorro, son las entidades agrícolas las que han ido a llamar a la puerta de los agricultores para decirles que debían cultivar lino porque existía un reglamento que les subvencionaba si así lo hacían. (Rumores.-El señor Ros Maorad: Eso no es cierto.) No ha habido ningún tipo de información privilegiada. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Guardans. Señorías, les ruego que guarden silencio y no interrumpan al orador.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sencillamente no cabía tal información privilegiada. Hay que insistir en que lamentablemente -y es uno de los temas que políticamente mi grupo considera importante-, con el afán de atacar a la titular del Ministerio de Agricultura, el Partido Socialista, muy en particular en su voto particular, valga la redundancia, ha ignorado expresamente a las autonomías. Y eso lo ha vuelto a hacer hoy en su discurso el portavoz del Grupo Socialista describiendo la política agrícola española como si no existiera el título VIII de la Constitución, como si no existieran consejerías de Agricultura en las comunidades autónomas y como si no existieran estatutos de autonomía. Hay que recordar al Partido Socialista que existen autonomías y que, respecto de la que yo más conozco -e imagino que las demás también- son muy celosas de sus competencias, que son plenas en materia agrícola. Y las competencias en materia agrícola no son competencias de un jefe de servicio; son competencias políticas que se ejercen políticamente y que incluyen también todo este tema. Pretender ignorar las competencias autonómicas para cargar así la responsabilidad en el ámbito de la Administración general es una falta de responsabilidad que no se corresponde con el marco constitucional español actual.
Pero es que, además, es falsa, es expresamente falsa la imputación que se ha hecho a una serie de personas concretas, a altos cargos en dos casos, persona contratada en otro y alto cargo de otro Ministerio en un cuarto caso.
Antes de empezar a comentar esos nombres y apellidos particularmente, aunque ya se ha hecho en las conclusiones, permítanme, señorías, que les subraye algo que a este portavoz le parece muy importante destacar. Una dimisión nunca debe convertirse en prueba de cargo contra nadie. Y quien sostenga lo contrario que suba a esta tribuna y lo diga; quien considere que una dimisión, ante la presión de la opinión pública, ante la presión que supone verse en la portada de un medio de comunicación nacional un día sí y otro también con

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imputaciones gratuitas para preservar su nombre y para preservar la tranquilidad de su familia decida abandonar el servicio de la cosa pública y retirarse a su casa, quien considere que esa dimisión, por sí sola, es prueba de cargo, es motivo suficiente para su imputación, como se ha dicho aquí y como se viene diciendo en los últimos meses, que suba a esta tribuna y lo diga. Yo respeto el derecho de una persona inocente a dimitir, señorías.
Si pasamos a las personas concretas de quienes se ha estado hablando, se hicieron una serie de imputaciones al señor Ruiz de Paz (aparece ya detallado en el dictamen y conviene reiterarlo otra vez); una persona que tenía un contrato -no era ningún alto cargo- como director financiero de una empresa, dependiente administrativamente del Ministerio de Agricultura, sin ninguna relación ni directa ni indirecta con el cultivo del lino; una persona que, por tanto, tenía y tiene la perfecta libertad para realizar las inversiones que estimara oportuno, en cualquier campo, en el lino, en Telefónica o en la industria del cable. (Rumores.) En segundo lugar, un actual alto cargo del Ministerio de Agricultura, el señor Pérez Bonilla, de quien se dice -claramente, ya en el dictamen- que de todo lo que estamos hablando (esa trama de personas que se han lucrado durante años bajo el Gobierno del Partido Popular) es de una persona que fue nombrada director general de Agricultura cuando su mujer, años antes, había recibido en herencia unas propiedades, en esas propiedades había sembrado lícitamente lino y por ese lino sembrado había percibido el importe total, en 1995, señorías, de 6.300.000 pesetas; en 1996, esa personas que legítimamente estaba cultivando, y cuyo esposo fue nombrado director general (Rumores.), percibió todavía 500.000 pesetas de ayudas al lino, por un cultivo que ya tenía antes de que su esposo fuera nombrado director general. Tampoco este portavoz comparte esa idea -que es sobre la que se construye todo este esquema- de que cualquier propiedad de cualquier inversión de un familiar de un alto cargo es una inversión del alto cargo puesta a nombre de un familiar. Esa imputación no sólo es falsa, sino que me gustaría que fuera aplicada, por no ir más lejos, a la totalidad de los miembros de esta Cámara.
(Fuertes rumores.-El señor Ros Maorad: Sí, sí, muy bien.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo me niego a aceptar, señorías, que las inversiones legítimas y libres que pueda realizar una persona mayor de edad en el marco de la libertad que ampara la Constitución que todos nos hemos dado, automáticamente deban ser calificadas como inversiones de otra persona puestas a nombre de. Y aquí es donde encaja muy particularmente la situación del señor López de Coca. No es admisible que la legítima actividad financiera o mercantil de unos hijos se plantee siempre como si fueran simples testaferros de su padre. Da igual que tengan más de treinta años, da igual que sean ingenieros agrónomos, da igual que realizaran esa actividad antes de que su padre tuviera un alto cargo: son simples testaferros de su padre. (Rumores.) No compartimos esa visión. Desde Convergència i Unió, entendemos que la idea de la patria potestad romana ha sido superada hace muchos años, y en este momento respetamos la libertad de los hijos para invertir donde estimen oportuno. Si a eso sumamos lo que ya ha sido reiterado -y aparece en las conclusiones-, que, en ningún caso, ninguna de las personas que ha sido mencionada podía haber influido, ni en favor de su cónyuge ni en favor de sí mismo ni en favor de sus hijos, en la concesión de esas ayudas, porque esas ayudas han sido otorgadas exclusivamente por una comunidad autónoma -o por dos, en este caso-, es claro que no hay ningún tipo de responsabilidad. Y como no la hay, no la hay tampoco por parte de quien fue ministra de Agricultura durante ese período.
(Rumores.) No existe ningún tipo de responsabilidad política y mi grupo lo dice con la cabeza bien alta, porque es fruto de su propia investigación, no fruto de otras imputaciones o presiones que alguien quiera ver, creyendo que la verdad nunca puede lucir por sí sola.
(Rumores.) Finalmente, si examinamos la actuación de don Carlos Moro, actualmente delegado del Gobierno, lo primero que queremos decir es que tampoco desde el punto de vista de las subvenciones percibidas ha podido influir para nada en las cantidades que ha recibido. No tenía ni tiene facultad alguna de interferir en esas entregas que ha percibido por ayudas al lino, que se le han hecho en aplicación estricta de los reglamentos comunitarios y de la normativa estatal y autonómica, y donde él no podía haber influido en ningún caso.
Sin embargo, mi grupo ha planteado en el caso de don Carlos Moro otra cuestión que sigue manteniendo en este momento, y es la apariencia grave -puesto que no podemos ir más allá- de incompatibilidad seria sobre si le corresponde a un delegado del Gobierno, cuando cierra su despacho de delegado del Gobierno, irse a ejercer las funciones de empresario agrícola. Esa sí es una cuestión distinta sobre la que mi grupo, a la luz de la Ley de incompatibilidades, manifestó en la Comisión sus más serias dudas, y por eso solicitó y sigue solicitando que la Inspección General de los servicios de la Administración pública examine si esa actuación es o no compatible con la Ley de incompatibilidades. (Rumores.) Se nos ha hecho llegar un dictamen elaborado a instancia de parte por esa Inspección General y, lógicamente, sin más información que la que ha sido facilitada por el propio interesado. En ese dictamen precisamente del Ministerio de Administraciones Públicas se dice con toda nitidez, dirigiéndose al señor Moro, que sus actividades serían compatibles con la Ley de incompatibilidades evidentemente siempre que no fueran actividades profesionales, evidentemente siempre que se tratara de actividades que no tuvieran nada que ver con el tráfico mercantil, y evidentemente -insiste otra vez- siempre que se distingan de lo que es una actividad profesional.


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Pues bien, señorías, de la comparecencia de don Carlos Moro ante la Comisión de investigación -cuyo «Diario de Sesiones» esperamos sea facilitado a partir de hoy, con la aprobación de estas conclusiones, al Ministerio de Administraciones Públicas y a la Inspección General de los servicios- se desprende que don Carlos Moro sí ha estado, o al menos así lo parece, desarrollando una actividad profesional, cuando manifestó ante la Comisión de investigación: me considero delegado del Gobierno y dedico una parte de mi tiempo a las cuestiones agrícolas; o cuando dijo expresamente: tengo un contrato de transformación con tal o cual empresa; o cuando expresamente manifestó que era él personalmente quien compraba o vendía su producción o las semillas al respecto (si comprar o vender no son, al menos en apariencia, actividades mercantiles, solicitamos que se nos aclare, porque tienen toda la apariencia de serlo); o finalmente, cuando don Carlos Moro manifestó en la Comisión que estaba sometido al régimen fiscal de módulos. (Rumores.) Señorías, quien tributa por módulos es empresario.
Por tanto, solicitamos -y es la conclusión con la que termino mi intervención- que la Inspección General de servicios de la Administración pública emita un dictamen, no sólo a la luz de las afirmaciones que legítimamente pueda hacer el propio interesado, sino a la luz de sus afirmaciones ante la Comisión de investigación, y evidentemente a la luz de la inspección que, en sentido estricto, le corresponde hacer en cumplimiento de la ley a la Inspección General de servicios de la Administración pública. Estas son las conclusiones que mi grupo ratifica, y que ratifica, insisto y lo quiero reiterar en los términos políticos, con pleno convencimiento de que son la verdad y de que ningún debate sobre la forma -que es lo que hoy se ha intentado traer aquí- las podrá desvirtuar. Este portavoz no sabe si será capaz de hacerlas llegar a la opinión pública, porque es verdad que la opinión pública ya ha sido intoxicada durante dos meses con informaciones contradictorias que venden mejor que la verdad espesa, pero esta es la verdad, que aunque espesa es verdad.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Guardans i Cambó.
Por el Grupo Popular, don Jaime Ignacio del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, señorías, en 1994 don Carlos Moro sabía que en julio de 1996 iba a ser nombrado delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, por eso decidió iniciar una nueva experiencia agrícola entre las tierras heredadas de sus padres y sembró lino. (Rumores.) Desde entonces lo ha hecho cada año y, hasta la fecha, la suma total de las ayudas percibidas de Bruselas a través de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asciende a 55 millones de pesetas. Las dudas suscitadas a lo largo de los trabajos de la Comisión de investigación, que acaban de ser expuestas por el portavoz de Convergència i Unió, sobre si dicha actividad agrícola excedía o no de la mera administración del patrimonio personal han sido disipadas por la Inspección de servicios de la Administración del Estado, a nuestro juicio, en un informe que declara que no ha incurrido en ninguna vulneración de la Ley de incompatibilidades. Naturalmente, si la Cámara entiende oportuno que se emita otro nuevo informe no tenemos nada que decir, sino todo lo contrario.
Ese mismo año de 1994, don Gonzalo Ruiz Paz sabía que en 1996 iba a ser nombrado, mediante contrato laboral, director financiero de la empresa nacional Mercasa. Por eso decidió cultivar lino. El señor Ruiz Paz era y es un empresario agrícola, y el grupo familiar al que pertenece mantiene 80 puestos de trabajo y factura más de 500 millones de pesetas. Una de esas empresas, creada en 1995, cuando todavía no se exigía a los agricultores ningún contrato de transformación, es una agramadora. Para conocimiento de SS.SS., la varilla del lino que cultivan los agricultores se transforma en fibra de lino. (Rumores.) El señor Ruiz Paz no fue alto cargo del Ministerio de Agricultura ni su puesto en Mercasa tenía nada que ver con las subvenciones comunitarias ni, por supuesto, con la producción o transformación del lino.
En 1993, tres hijos de don Nicolás López de Coca, dos de ellos ingenieros agrónomos, que por supuesto sabían que en julio de 1996 doña Loyola de Palacio nombraría a su padre primero subsecretario del Ministerio de Agricultura y después presidente del FEGA, constituyeron una sociedad para dedicarse a actividades agrarias, entre ellas el cultivo del lino. Desde 1994 han venido cultivando unas 200 hectáreas de media anual y, además, poseen el 25 por ciento del capital social de una pequeña empresa agramadora cuyas actividades de transformación han dado comienzo en 1999. En total, los tres hijos del señor López de Coca han cobrado directamente o a través de sociedades participadas 75,5 millones de pesetas en cinco años. Estamos hablando de cantidades brutas, señorías. Para conocer la magnitud del extraordinario enriquecimiento que han tenido han de descontarse los gastos de producción, que vienen a representar aproximadamente un 60 por ciento del total de la ayuda.
Por último, en 1995 la esposa de don Quintiliano Pérez Bonilla, sabedora de que su marido iba a ser nombrado meses más tarde director general de Ganadería por doña Loyola de Palacio, tuvo la feliz idea de cultivar lino en las tierras que en 1990 había heredado de sus mayores. Percibió 6.300.000 pesetas de subvención y al año siguiente puso una pequeña cantidad de lino por la que recibió la astronómica cifra de 500.000 pesetas, en total 6.800.000 pesetas (Aplausos.), y no volvió a cultivar lino. Cuando los protagonistas de nuestra historia tomaron la decisión de cultivar lino, atraídos como otros muchos agricultores por la elevada cuantía de las ayudas comunitarias, debieron cumplimentar, de forma inexcusable, todos y cada uno de los numerosos requisitos exigidos por la Comunidad Autó noma

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de Castilla-La Mancha (Un señor diputado: ¡Bono!), única competente para la tramitación, inspección y pago de las ayudas de la política agraria común en aplicación de la normativa de la Unión Europea.
Al comienzo de mi intervención he identificado a todos los actores de la gran trama descubierta y denunciadaurbi et orbi por el presidente de Castilla-La Mancha, don José Bono, con la inestimable colaboración de su consejero de Agricultura, don Emilio Alonso. Un reducido grupo de personas, cuyas dotes proféticas les había llevado a adivinar que en 1996 el Partido Popular no sólo ganaría las elecciones sino que dos de ellos se iban a convertir en altos cargos del Ministerio de Agricultura, decidieron ponerse de acuerdo para comportarse como un clan organizado. (Rumores.) Conseguido el acceso a las altas esferas de la Administración, haciendo uso de información privilegiada y siempre bajo el manto protector de la ministra de Agricultura, se convirtieron en agricultores a tiempo parcial para lanzarse a la caza de la prima por el cultivo del lino, por cierto en el coto del señor Bono. (Aplausos.) ¿Y cuáles eran los objetivos del clan? Adviertan, señorías, la extraordinaria astucia y perspicacia de los integrantes de la mafia del lino: la finalidad de la confabulación era que los hijos del señor López de Coca y la esposa del señor Pérez Bonilla siguieran haciendo lo mismo que hacían bajo el Gobierno del señor González, es decir, cultivar lino bajo el control del señor Bono.
Esta es la perspicacia de los actores de la trama. (Aplausos.)

Señorías, todo esto sería para tomarlo a risa si no fuera porque se han dicho cosas tremendas, con gravísimo daño para la fama y el prestigio de personas honorables. (Rumores.) Escuchen, señorías, con el mismo respeto con el que nosotros hemos escuchado al portavoz del Grupo Socialista; les pido ese respeto.


El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!

El señor DEL BURGO TAJADURA: Se han dicho cosas tremendas, desde que el delegado del Gobierno en Castilla- La Mancha era el jefe de la mafia del lino -se han dicho y escrito- hasta que el Ministerio de Agricultura era una cueva de cazaprimas, chorizos, en roman paladino, donde sus altos cargos (Rumores.),...


El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!

El señor DEL BURGO TAJADURA: ... agricultores a tiempo parcial, habían entrado a saco en el fondo de las ayudas comunitarias, robándoselas a los agricultores honrados. Se ha dicho que este grupo de altos cargos creó las condiciones necesarias para que un cultivo cuya única finalidad -Bono dixit- es la de ser quemado se desarrollara en España para su lucro personal, aprovechándose de información privilegiada por su presencia en la mesa de negociación de Bruselas. (Rumores.) Se ha dicho que el grupo integrante de la trama posee o ha promovido empresas agramadoras con la única finalidad de vender certificados falsos de transformación. (Un señor diputado: ¡Así es!) Y en pleno delirio de cinismo y difamación se ha llegado a insinuar que, al verse descubiertos, prendieron fuego al lino para eliminar pruebas incriminatorias, todo ello con la complicidad del delegado del Gobierno en Castilla- La Mancha, interesado en evitar que las investigaciones de la Guardia Civil llegaran a buen puerto, al ser juez y parte, porque también su lino -Bono dixit- había ardido.
(Rumores.) Pues bien, todo lo anterior es radical y absolutamente falso, una patraña que -todo hay que decirlo- reportó pingües beneficios electorales a sus mentores. (Rumores.) Señorías, les recomiendo la lectura de las casi 700 páginas que integran los seis «Diarios de Sesiones» de la Comisión de investigación. (Protestas.) Comprendo su falta de tiempo para ello, pero me conformaría con que leyeran los que no han tenido la oportunidad de escucharlas de viva voz del presidente de la Comisión, al menos en su integridad, las conclusiones aprobadas por la Comisión, porque son rigurosas, justas y están sustentadas en hechos probados. El primero de todos, que no hay ninguna trama de altos cargos del Ministerio de Agricultura -la palabra trama, por cierto, ha desaparecido esta mañana en las intervenciones que he tenido el placer de escuchar-; que es falso que el ex presidente del FEGA y el director general de Ganadería cultivaran lino; que las ayudas concedidas a sus familiares por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ni son ilegales ni ética ni estéticamente reprobables ni, desde luego, han hecho ricos a sus perceptores; que nadie hizo uso de información privilegiada porque nada hay más transparente que la política agraria común, tanto antes como después de la toma de decisiones; que ni los dos altos cargos imputados ni nadie en el Ministerio de Agricultura durante el mandato de doña Loyola de Palacio han tenido función alguna en relación con los expedientes cuestionados de concesión de subvenciones; (Rumores.) que es falso que los altos cargos del Ministerio de Agricultura, injusta y calumniosamente acusados, se hubieran convertido en incendiarios para eliminar pruebas incriminatorias. Por el contrario, lo único cierto es que bajo el mandato de doña Loyola de Palacio la Comunidad Europea introdujo importantes reformas en los reglamentos de concesión de las ayudas al cultivo del lino, como la exigencia de rendimientos mínimos por hectárea y la necesidad de contar con un contrato de transformación, amén de reducir el importe de la ayuda por hectárea. De existir algún fraude, sólo podía ser detectado y sancionado por las comunidades autónomas, por lo que si fuera cierto que las agramadoras de Castilla-La Mancha hubieran vendido certificados falsos de transformación para facilitar el cobro de las ayudas, ello demostraría el fracaso e ineficacia de los servicios de inspección de la Consejería de Agricultura de dicha comunidad autónoma.
Merece una especial mención el comportamiento del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha en la

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Comisión (Protestas.), que ha faltado a la verdad consciente y deliberadamente en numerosas ocasiones y no solamente en su comparecencia ante la Comisión de investigación sino también ante las Cortes castellano- manchegas. Así, falseó las cifras de producción del lino afirmando que bajo el mandato de Loyola de Palacio se pasó de 3.000 a 100.000 hectáreas, siendo así que cuando la ex ministra se hizo cargo de su Ministerio en 1996 se habían superado ya las 40.000 hectáreas. No dijo la verdad al afirmar que la introducción y el rápido incremento del cultivo del lino se debió a la organización de una trama empresarial promovida por los altos cargos del Ministerio de Agricultura para facilitar la documentación necesaria para el cobro de subvenciones -estas son palabras textuales-, cuando la mayor empresa transformadora de la comunidad castellanomanchega pertenece a un empresario que pasa por ser amigo del señor Bono, al que autorizó el señor Bono una capacidad de casi 20.000 hectáreas de transformación de varilla de lino, más del doble de la concedida a ninguna otra... (Aplausos.-Protestas.) -un momento que todavía no he terminado- ...así como una subvención a fondo perdido, privilegio del que tampoco ha gozado ninguna otra empresa transformadora de España (Rumores.); y no dijo la verdad al afirmar que los incendios producidos en ciertas agramadoras, propiedad -según él- de los altos cargos, fueron provocados o consentidos; y no dijo la verdad al facilitar el monto de las ayudas percibidas por los supuestos implicados; y no dijo la verdad al manifestar que hasta 1999 no tuvo conocimiento de las denuncias de la Comunidad Europea que aludían a la posible existencia de cazaprimas en el cultivo del lino cuando en su comparecencia demostró conocer perfectamente un escrito de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, formulado en 1996, respecto a las campañas de 1994 y 1995, es decir, todavía bajo gobiernos socialistas, en el que se aludía a graves deficiencias de control detectadas en los servicios de las comunidades autónomas que habían podido dar lugar -y eso lo dice respecto a campañas gestionadas bajo gobiernos socialistas- a una situación de caza de la prima generalizada. Finalmente, demostró ser un experto en la aplicación de la ley del embudo cuando se vio obligado a confesar que hermanas suyas cobraban ayudas de la PAC, aunque en la comunidad andaluza, eso sí, pero ocultó, si bien luego rectificó enviando dos escritos a la Comisión, que también tenía -¡oh casualidad!- otro hermano que sí cobraba ayudas tramitadas por su propia Consejería sin que este hecho le hubiera llevado a formular ni inhibición ni abstención alguna. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Qué escándalo!) O cuando tuvo la desfachatez de acusar a la ex ministra de Agricultura por su falta de interés por el cultivo del lino, omitiendo que él mismo no formuló propuesta alguna en relación con dicho cultivo en ninguna de las numerosas comisiones sectoriales presididas por doña Loyola de Palacio y a las que asistió en representación de Castilla- La Mancha.Por último, y en el colmo de la inconsciencia, el señor Alonso reveló a la Comisión que el Gobierno castellano-manchego había encargado a sus servicios informes jurídicos ajenos por completo alas competencias de la Comunidad para utilizarlos como arma arrojadiza contra el Partido Popular, lo que podría constituir un presunto delito de prevaricación. (Aplausos.- Protestas.) Hubo también otra notable comparecencia ante la Comisión de investigación; me refiero a la del consejero de Agricultura de la Comunidad de Andalucía, don Paulino Plata. Tampoco este ilustre consejero dijo la verdad cuando informó a la Comisión que él mismo había visto en varias ocasiones al señor López de Coca negociar en Bruselas junto a la anterior titular del departamento, siendo así que nunca, nunca, la acompañó durante las negociaciones de la PAC ni en ninguna otra ocasión a Bruselas. (Protestas.) En otro momento de su comparecencia -les pido, señorías, que presten atención a lo que voy a decir ahora-, el consejero de la Junta de Andalucía puso el algodón como ejemplo de control bien hecho en contraste con lo que sucedía con las normas de control del lino, a las que calificó de extraordinariamente relajadas. Y al preguntársele sobre ciertas denuncias -aparecidas por cierto en el diario El País- en los medios de comunicación sobre un supuesto fraude en el algodón, el señor Plata, además de acusar al señor López de Coca de ser el filtrador de tales denuncias y de haber lanzado contra la Junta de Andalucía a los servicios de inspección de la Comisión Europea nada menos, manifestó que su consejería había quedado exonerada de cualquier responsabilidad. Pues bien, señorías tengo en mi poder un escrito -y quede constancia de que no lo he recibido a través del Ministerio de Agricultura- (Rumores.), dirigido al FEGA por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, fechado el 10 de marzo de 1998, en el que a resultas de la inspección realizada respecto a las cosechas de 1995, de 1996, que son responsabilidad de gobiernos socialistas, y de 1997 en el sector de cultivos herbáceos, se expresa la sospecha -y cito textualmente- de la existencia de irregularidades a gran escala que no permiten excluir la hipótesis de un fraude organizado, fraude que habría consistido en haberse declarado como cultivadas de girasol extensas superficies en realidad plantadas de algodón, con la finalidad de percibir simultáneamente las ayudas establecidas para cada uno de los cultivos. (Rumores.) Los inspectores de la Comisión Europea...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor DEL BURGO TAJADURA: ...imputaban a la Junta de Andalucía numerosas deficiencias e irregularidades en el control del cultivo de algodón que habrían podido facilitar el fraude. El señor Plata manifestó a la Comisión que la Junta había quedado totalmente exonerada, lo que no es cierto pues el asunto todavía colea en Bruselas y podría dar lugar a la imposición al Reino de España de una penalización, aunque el FEGA ha defendido la gestión de la comunidad autónoma.


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Pues bien, refiero todo esto porque en el llamado escándalo del lino se han tomado como dogmas de fe las consideraciones expuestas por los servicios de inspección de la Comisión Europea, redactadas en términos muchísimo más suaves que las del algodón -no hablan de fraude para nada- y que dieron lugar a una penalización, asómbrense, de 40 millones de pesetas. (Rumores.) Es decir, todo el escándalo del lino se ha traducido hasta el momento en una penalización de Bruselas de 40 millones de pesetas, cuando las penalizaciones que se ponen por Bruselas anualmente a España, al Reino de España, ascienden a alrededor de 20.000 millones de pesetas. Este es el escándalo del lino, señores. Imagínense, señorías, la sangre política que podía haber hecho el Partido Popular destapando el supuesto fraude del algodón por motivaciones electorales, haciendo públicos los informes de la inspección europea que aludían a la nefasta gestión de la Junta de Andalucía, y no se hizo porque dimos un ejemplo de responsabilidad en la gestión de los intereses nacionales que contrasta con la irresponsabilidad con que se ha actuado en el que bautizaron desde el principio como el escándalo del lino. (Aplausos.- Rumores.) Señorías -voy terminando, señor presidente-, en nombre de nuestro grupo, al expresar el pleno apoyo a todas y cada una de las conclusiones aprobadas por la Comisión de investigación, manifiesto ante esta Cámara que el presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de haber actuado en todo este asunto con manifiesta mala fe, por espuria motivación electoral. (Rumores.-Aplausos.) El presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de haber engañado a los agricultores de su comunidad al anunciarles la suspensión del pago de las ayudas al lino como consecuencia de la proliferación de cazaprimas para, a renglón seguido y en plena campaña electoral, enviar una circular tranquilizando a los sobresaltados productores afirmando que sus cobros no estaban en peligro porque en realidad el problema se había originado por cuatro o cinco personas, altos cargos del Ministerio de Agricultura o de la Administración central, perceptoras de importantes ayudas o relacionadas con las industrias transformadoras en que se habían producido incendios, todo lo cual era radicalmente falso. (Rumores.) El presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de haber calumniado a personas inocentes con la única finalidad de dañar al Partido Popular en general y a la ex ministra Loyola de Palacio en particular. (Rumores y protestas.-Aplausos.) Finalmente, el presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de haber dañado los intereses generales de la agricultura española al poner bajo sospecha de prácticas fraudulentas ante las autoridades comunitarias a todo un sector del que se benefician más de 4.000 agricultores; y veremos qué va a ocurrir ahora en Bruselas cuando el mismo comisario adopte decisiones en relación con este tema.


Concluyo, señor presidente. Desde el principio de su andadura...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor DEL BURGO TAJADURA: ...se ha pretendido ilegitimar los trabajos de esta Comisión de investigación con toda clase de subterfugios. Cuando no se tiene razón en el fondo, se intenta enmarañarlo todo con base en fútiles pretextos formales. Lo de menos son los argumentos, lo importante es hacer ruido y así confundir a la opinión pública. Pocas veces, señor presidente, y lo digo en su honor porque también su honor está siendo mancillado por acusaciones absolutamente falsas (Rumores.-Aplausos.), una Comisión de investigación ha trabajado con tanto rigor, ha manejado una documentación tan completa -hago un paréntesis-, remitida a tiempo, incluida la declaración de patrimonio de los altos cargos; por cierto, ninguna de las personas que han hablado o han establecido conclusiones ha podido decir, en absoluto, que de esas declaraciones de patrimonio se derivara ningún enriquecimiento ilícito o no justificado. (Rumores.-Un señor diputado del Grupo Socialista: ¡Faltaría más!) Hemos escuchado el testimonio de todos cuantos tenían algo que decir sin límite de tiempo ni cortapisas reglamentarias.
Algunos se quejan de las sesiones nocturnas, propias de los parlamentos europeos; se ve que tienen poca experiencia en ese tipo de cuestiones. (Rumores.) Yo he asistido a alguna comisión de investigación en la que, por cierto, 54 propuestas de comparecencia quedaron reducidas a siete; de los siete, cuatro se acogieron al derecho constitucional de no responder. En esta Comisión nadie lo hizo, todo el mundo expresó libremente las cosas que tenía que decir ante la misma.
Por otra parte -y esta es la gran contradicción en la que algunos grupos incurren-, después de descalificar la sesión de 29 de julio porque no existen cintas, cuando existe un acta que está redactada en un borrador por el letrado, que refleja por tanto lo que el letrado vio, acta que después es firmada por el secretario con el visto bueno del presidente (no se puede afirmar que no existe acta, existe acta y se levanta acta de lo que allí ocurre, no hay ningún precepto reglamentario que diga que en esas sesiones reservadas lo que da prueba es la cinta que se graba como mero auxiliar de quienes han de redactar el acta) (Rumores.) la mayor contradicción en que se puede incurrir...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. ¡Silencio!

El señor DEL BURGO TAJADURA: ... es que después de decir que todo esto es nulo y que todo lo que sigue después de la reunión del 29 de julio es nulo, resulta que el día 12 todos los grupos presentaron sus conclusiones y el día 17 todos los grupos acudieron a la Comisión a votarlas y a reservar sus votos particulares para este Pleno. Mayor inconsecuencia no se puede admitir. (Rumores.)

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En esta relación de los trabajos de la Comisión faltó una comparecencia -lo reconozco, señorías-, la del señor Bono. Pero eso no ha sido impedimento para que en la Comisión haya quedado constancia de hechos incontrovertibles que prueban su responsabilidad en uno de los montajes políticos más bochornosos, mezquinos y miserables de nuestra democracia.
Nada más. (Fuertes rumores.-Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Muchas gracias, señor Del Burgo. (Algunos señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.- Varios señores diputados dan golpes en los pupitres.) Señorías, guarden la cortesía y además de la cortesía, respeten el mobiliario. Todos se lo agradeceremos.
Vamos a proceder a las votaciones, haciéndolo, en primer lugar, con los votos particulares. Se votará en primer término el que han suscrito y defendido los grupos Socialista, Vasco y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 144; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado el voto particular suscrito por los mencionados grupos parlamentarios.
Se somete a votación el voto particular suscrito por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 143; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado también el voto particular del Grupo de Izquierda Unida.
Votación del dictamen de la Comisión de investigación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 172; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen de la Comisión de investigación para analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino. (Aplausos.) Se levanta la sesión.

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