Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 277, de 25/11/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1999 VI Legislatura Núm. 277

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 267

celebrada el jueves, 25 de noviembre de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes.


- Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden créditos y suplementos de crédito por importe total de 27.156.252.160 pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento, y se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de tarifas de las autopistas de peaje. («BOE» núm. 266, de 6 de noviembre de 1999.) (Corrección de error en «BOE» núm. 271, de 12 de noviembre de 1999.) (Número de expediente 130/000080.) . . .
(Página 14923)

Enmiendas del Senado.


- Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 135-1, de 31 de agosto de 1998.
(Número de expediente 121/000135.) . . . (Página 14931)

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 171-1, de 24 de mayo de 1999. (Número de expediente 121/000171.) . . .
(Página 14938)

Página 14920


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.


- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Brunei Darussalam para la supresión de visados, hecho en Kuala Lumpur el 8 y 13 de junio de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 380, de 11 de octubre de 1999. (Número de expediente 110/ 000291.) . . . (Página 14947)

- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República del Ecuador que modifica el Convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo de 1964, hecho en Quito el 30 de junio de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 381, de 11 de octubre de 1999. (Número de expediente 110/000292.) . . . (Página 14947)

- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del permiso de conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como Declaraciones que España va a formular al mismo. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 382, de 11 de octubre de 1999.
(Número de expediente 110/000293.) . . . (Página 14947)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.


- Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 330-1, de 4 de noviembre de 1999. (Número de expediente 122/000295.) . . . (Página 14947)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 158-1, de 8 de febrero de 1999. (Número de expediente 121/000158.) . . . (Página 14963)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 160-1, de 1 de marzo de 1999. (Número de expediente 121/000160.) . . . (Página 14966)

Declaración Institucional sobre el rechazo de la violencia que sufren las mujeres . . . (Página 14967)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de delitos de terrorismo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 189-1, de 29 de octubre de 1999. (Número de expediente 121/000189.) . . . (Página 14969)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 14923)

Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe total de 27.156.252.160 pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento, y se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de tarifas en las autopistas de peaje . . . (Página 14923)

El señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo) solicita, en nombre del Gobierno, el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre. Explica que los créditos extraordinarios se conceden para hacer frente a obligaciones de pago asociadas a la gestión de la inversión en infraestructura ferroviaria correspondiente a los años 1997 y 1998, y en carreteras durante el ejercicio 1997, para las que no había crédito suficiente, y el suplemento de crédito se concede para atender al pago del importe de las expropiaciones y servicios del eje transversal de Cataluña, declarado de interés general por la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. Asimismo hace una serie de consideraciones acerca de los gastos de inversión cuya cobertura se pretende con el Real Decreto-ley.


Página 14921


En turno en contra de la convalidación del Real Decreto- ley interviene el señor Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno a favor interviene el señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replica el señor Sabaté Ibarz, duplicando el señor Ortiz González.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano Vinué, Chiquillo Barber y Vázquez Vázquez (don Guillerme) del Grupo Parlamentario Mixto; Sedó i Marsal del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno por alusiones solicitan la palabra el señor Sabaté Ibarz y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto, siéndoles denegada por la Presidencia.


Enmiendas del Senado . . . (Página 14931)

Proyecto de ley orgánica de protección de datos . . . (Página 14931)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez y López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas . . . (Página 14938)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votaciones) . .
. (Página 14944)

En primer lugar se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe total de 27.156.252.160 pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento, y se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de tarifas de las autopistas de peaje, siendo convalidado por 167 votos a favor, 151 en contra y cuatro abstenciones.


A continuación se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, que es rechazada por 153 votos a favor y 166 en contra.


Enmiendas del Senado (Votaciones) . . . (Página 14945)

En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de protección de datos.


En segundo lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 14947)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Brunei Darussalam para la supresión de visados, hecho en Kuala Lumpur el 8 y 13 de junio de 1999 . . . (Página 14947)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del Ecuador que modifica el convenio de doble nacionalidad de 4 de marzo de 1964, hecho en Quito el 30 de junio de 1999 . . . (Página 14947)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Página 14922


Convenio establecido sobre la base del artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de privación del permiso de conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como declaraciones que España va a formular al mismo . . . (Página 14947)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 14947)

Proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social . . . (Página 14947)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez y López Garrido, la señora Rivadulla Gracia, y los señores Serrano Vinué y Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castellano Cardalliaguet del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales . . . (Página 14963)

En defensa de las enmiendas presentada, interviene la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pérez Solano, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas .
. . (Página 14966)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Declaración institucional sobre el rechazo de la violencia que sufren las mujeres . . . (Página 14967)

El señor presidente da lectura a una declaración institucional con motivo del día nacional contra la violencia doméstica que sufren las mujeres, que es aprobada por asentimiento.


Votaciones . . . (Página 14967)

En primer lugar se procede a las votaciones de las enmiendas y de los diferentes artículos y disposiciones del dictamen de la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.


Al tener la ley reformada y la proposición de ley que se somete a votación el carácter de orgánico, se procede a la votación final de conjunto, alcanzando la mayoría absoluta de la Cámara con 324 votos a favor y una abstención.


A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas y de los diferentes artículos y disposiciones del dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales e internacionales.


Asimismo se procede a la votación de conjunto, al tener el proyecto de ley carácter de orgánico, alcanzando la mayoría absoluta de la Cámara con 325 votos a favor y una abstención.


Por último se somete a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas, con la incorporación de las correcciones técnicas señaladas en el debate, que se aprueba por 324 votos a favor y una abstención.


Se somete a votación de conjunto el proyecto de ley aprobado, por tener asimismo carácter de orgánico, siendo aprobado por unanimidad.


Página 14923


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 14969)

Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de delitos de terrorismo . . . (Página 14969)

El señor presidente comunica que este punto del orden del día ha decaído.


Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 18/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE TOTAL DE 27.156.252.160 PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO, Y SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES REFERENTES A LA REBAJA DE TARIFAS EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 130/000080.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día. Debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley que con el número 18 tiene fecha de 5 de noviembre de 1999, por el que se conceden créditos y suplementos de crédito para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento y se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de tarifas de las autopistas de peaje.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco ante SS.SS. para solicitar el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe total de 27.156.252.160 pesetas para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento y se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de las tarifas de las autopistas de peaje.


Los créditos extraordinarios se conceden para hacer frente a obligaciones de pago asociadas a la gestión de la inversión en infraestructura ferroviaria correspondiente a los años 1997 y 1998 y en carreteras durante el ejercicio 1997, para las que no había crédito suficiente. El suplemento de crédito se concede para atender al pago del importe de las expropiaciones y servicios del eje transversal de Cataluña, declarado de interés general por la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. Dicha declaración requiere esta financiación adicional a la consignada en el Real Decreto-ley 12/1998, de 18 de septiembre, para hacer frente al pago de los terrenos y servicios afectados, lo que permitirá dar pleno cumplimiento a la citada disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. En ambos casos se trata de dotaciones crediticias adicionales para cubrir actuaciones que no se pueden trasladar a ejercicios futuros y para las que no se dispone de dotación en el ejercicio corriente, resultando por tanto amparadas por los artículos 63 y 64.1 del Real Decreto legislativo de 23 de septiembre de 1988, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 63, según la redacción dada al mismo por la Ley de 27 de diciembre de 1996, de medidas de disciplina presupuestaria, con cargo a los créditos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. Además, en el artículo 3 del real decreto- ley se regula la ejecución de la rebaja de las tarifas de las autopistas de peaje, previstas en el Real Decreto-ley de 16 de abril de 1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia. Las medidas contempladas en dicho artículo pretenden conseguir una inmediata aplicación de la reducción de las tarifas que abonan los usuarios de las autopistas de peaje, de modo que su efecto económico se produzca en el más breve plazo posible, lo que justifica la inclusión de esta norma en el presente real decreto-ley, dada su extraordinaria y urgente necesidad.


Permítanme, señorías, realizar algunas consideraciones acerca de los gastos de inversión cuya cobertura se pretende con el real decreto- ley que hoy se presenta a su convalidación. Los créditos extraordinarios previstos en el artículo 1... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio o atemperen el tono de las conversaciones a estas horas de la mañana que siempre, no sé por qué, suele ser más elevado.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Parece una capilla.


El señor PRESIDENTE: ¿Cómo dice, señor Martínez Sanjuán? (Rumores.)

Página 14924


Si no, el señor ministro va languideciendo, porque a estas horas es natural, y aquí no hay manera de escuchar.
Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Los créditos extraordinarios previstos en el artículo 1 completan los ya aprobados con este fin en el año 1998 y permitirán saldar definitivamente los pagos correspondientes a actuaciones del año 1997.
Los expedientes de gastos que van a ser financiados con el presente crédito extraordinario son en su mayor parte de escasa cuantía individual y de compleja tramitación administrativa, factor este último que impidió abordarlos en el año 1998. En este sentido, debe destacarse la complejidad de los expedientes correspondientes a los servicios afectados en los que interviene, junto a la Administración y la empresa constructora, la empresa de servicios públicos correspondiente y los titulares de dichos servicios públicos.
En lo que afecta a la concesión del suplemento de crédito para atender el pago del importe de las expropiaciones y servicios del eje transversal de Cataluña, dicha obra fue declarada de interés general por la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. Esta declaración de interés general se efectuó como consecuencia de la importancia de mejorar la accesibilidad que significaba canalizar los flujos de transporte de tránsito a través de Cataluña, de tráficos entre el resto de España y la frontera francesa y, al mismo tiempo, por la importante función de conexión entre las carreteras básicas de titularidad estatal, particularmente la N-II.
A pesar de la implicación de la Administración general del Estado en las citadas vías, se comprueba la creciente insuficiencia de la red estatal para hacer frente a los flujos de tráfico en tránsito que se concentran en las vías estatales costeras, N-340, N-II y la A-7, que aconsejan potenciar el itinerario basado en el reforzamiento del eje transversal. El nuevo itinerario puede comportar en el futuro el establecimiento de un nuevo eje básico, Tarragona-Montblanc (estudio informativo ya aprobado por el Ministerio de Fomento), Montblanc- Cervera (en estudio por el Ministerio de Fomento), eje transversal Cervera-Vic (construida media calzada), Vic-Olot y Olot-Figueras (en construcción por el Ministerio de Fomento). Este nuevo itinerario ofrece adicionalmente la ventaja estratégica para el Estado de la diversificación transfronteriza del tráfico en tránsito hacia el resto de Europa, por la posibilidad de mejor acceso del eje mediterráneo con los itinerarios que conducen a los pasos fronterizos del valle de Arán, de la Cerdaña y Andorra, a través del túnel del Cadí, del Coll d´Ares y de La Junquera, evitando el paso por la congestionada zona metropolitana de Barcelona y el frente litoral.
En base a la declaración legal como obra viaria de interés general contenida en la Ley 65/1997, el Real Decreto-ley de 18 de septiembre de 1998 concedió un suplemento de crédito en el entonces vigente presupuesto del Estado por un importe de 41.995 millones de pesetas para atender a su financiación. La consignación presupuestaria incluida en el Real Decreto-ley de 1998 no incorporaba el coste de los terrenos que fue necesario expropiar ni el correspondiente al traslado de los servicios afectados por la realización de las obras, cuyo importe asciende a 17.814 millones de pesetas. De esta forma, las obras viarias del eje transversal de Cataluña se configuraron como una infraestructura de interés general para el Estado cuya titularidad no quedaba definitivamente delimitada en tanto no se perfeccionara la de los terrenos y bienes demaniales correspondientes por aplicación de la Ley de 29 de junio de 1998, de Carreteras. En consecuencia, la compensación a la Generalidad de Cataluña por el coste de los terrenos y servicios de las obras del eje transversal es necesaria para consolidar la característica de interés general del Estado de estas obras y constituye una condición indispensable para proceder a su desdoblamiento y transformación futura en autovía, con las características propias de la red de autovías del Estado en la cual terminará por insertarse.
En relación con la ejecución de la medida de rebaja de tarifas, el presente real decreto-ley que se somete a la convalidación de SS.SS.
posibilita que en cada caso las concesiones de autopistas de peaje puedan llevar a efecto la medida de rebaja prevista en el texto normativo acordando reducciones selectivas y no lineales de las tarifas abonadas por los usuarios de las concesiones y tramos de las autopistas de su competencia. De esta forma se pretende que, al mismo tiempo que se producen los efectos antiinflacionistas de la medida, se consiga una profundización en el proceso de homogeneización tarifaria de las autopistas de peaje contribuyendo a la racionalización del sistema de transportes y a la colocación de los peajes en España en una media en el entorno de las nueve y diez pesetas por kilómetro, que viene a corresponder aproximadamente a la media de la Unión Europea. Con el propósito de mantener la eficacia económica de la medida, se prevé expresamente que la rebaja ponderada por ingresos de peaje de las tarifas aplicables, respecto del conjunto de concesiones y tramos de las autopistas de competencia de cada administración pública concedente, habrá de ser en cualquier caso del 7 por ciento respecto de las que se hallan anteriormente en vigor.
Por todas estas razones, señor presidente, solicito el voto favorable de la Cámara a la convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) El Grupo Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ni rebaja de los peajes ni mucho menos gratuidad; más bien, stock options bis o pelotazo

Página 14925


(Rumores.) y aquí no van a poder hablar ustedes del libre mercado ni de lo imprevisible de la Bolsa, porque de lo que se trata es ni más ni menos que de dinero público regalado, un verdadero trato de favor a unas empresas que en los últimos años están obteniendo un beneficio muy superior al razonable. No se trata de rebaja ni de gratuidad tampoco porque al final lo pagamos todos con los Presupuestos Generales del Estado y además lo pagamos más caro. No se trata de rebaja ni de gratuidad porque, además, se está modificando unas concesiones administrativas, con ruptura -y esto es lo más importante y lo más grave- de la economía de la concesión o del equilibrio financiero, pero en detrimento del interés público, renunciando la Administración a modificar los términos de la concesión en beneficio de los ciudadanos, que es de los que se tendría que preocupar, y favoreciendo que el concesionario obtenga un beneficio muy superior al tenido por normal en las condiciones de mercado.
Nosotros entendemos que la rebaja subvencionada por el Estado atenta contra la legislación vigente, dada la extraordinaria rentabilidad de las sociedades concesionarias. El principio del equilibrio económico financiero en las concesiones administrativas es el que garantiza también, y principalmente -por eso se debe mantener-, el equilibrio entre los intereses públicos y el interés privado. De acuerdo con la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la modificación de los contratos de las concesiones debe mantenerse dicho principio, que juega tanto a favor de las sociedades concesionarias como de la Administración en representanción de los usuarios, y por lo que respecta a las tarifas, se debería aplicar en la doble dirección de aumentarlas o de reducirlas.
Entendemos también que el equilibrio entre intereses públicos y privados ha quedado desestabilizado en beneficio de las concesionarias por los cambios llevados a cabo en los últimos tiempos por el Gobierno, que ha modificado significativamente la legislación de las concesiones de la explotación de autopistas, y por las modificaciones en los contratos de las concesiones, que han supuesto una mejora muy sustancial para las sociedades, cuyos resultados económicos se han visto aumentados de forma extraordinaria.
Según consta en el informe remitido por la delegación del Gobierno en Acesa, para 1997, por ejemplo, los beneficios antes de impuestos fueron un 70 por ciento de sus ingresos, habiéndose triplicado en los últimos diez años el volumen anual. El beneficio acumulado en el período 1974/1997, según dicho informe, es de 197.704 millones, que representa el 50 por ciento del valor activo revertible, lo que ya da una idea de la extraordinaria rentabilidad que produce este servicio público, porque, según nosotros, es un servicio público.
Entendemos también que el Gobierno no defiende los intereses públicos. El mantenimiento del equilibrio entre intereses públicos y privados constituye, como hemos dicho, responsabilidad de la Administración en representación de los usuarios, y a ella debe exigirse el restablecimiento de dicho equilibrio, claramente desestabilizado por los cambios realizados en beneficio de las sociedades concesionarias.
Por ello, en aplicación de la doctrina y jurisprudencia antes citada y dada la elevada rentabilidad de las sociedades, no era necesaria la prórroga de las concesiones, como hemos venido denunciando en esta Cámara, y muy recientemente, para rebajar las tarifas de peaje. Pero también es inadmisible lo que se contempla en el real-decreto que tratamos hoy, puesto que supone una nueva modificación de los contratos de las concesionarias para la rebaja del 7 por ciento de las tarifas de peajes en compensaciones a las concesionarias en cada ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y reiteramos que en aplicación de la legislación vigente y dada la extraordinaria rentabilidad de estas sociedades, la rebaja debería realizarse con cargo a sus beneficios.
Tampoco sabemos por qué se aplican unas rebajas a unos peajes y otras a otros, no se nos ha dicho: por qué resultarán peajes gratuitos en la B-30; por qué en la A-9 en Galicia no, ni por qué en la A-7 en Tarragona sólo servirá para los tráficos locales. Esto no va a resolver el problema que tenemos en Tarragona, permítame que particularice en mi circunscripción, porque de lo que se trataba era de desviar los tráficos pesados de la carretera N-340 a la autopista, y con esta medida, al menos tal como la explicaron ayer en Barcelona -que, por cierto, todavía no entendemos por qué no se nos facilita la información en esta Cámara-, no nos van a solucionar el problema; más bien vamos a continuar con lo mismo.
En fin, el Gobierno incumple la ley, porque tanto en el procedimiento de este decreto como en los de ampliación de las concesiones destaca la ausencia de informes de carácter económico y administrativo elaborados por los servicios estatales, y no se trata de una irregularidad procedimental de orden menor, sino de la ausencia de aspectos esenciales para cumplir la ley y asegurar el acierto de las decisiones.
Usted ya conoce nuestras propuestas. En primer lugar, restablecer el equilibrio económico financiero de las concesiones, y para ello el Gobierno, primero, debería subsanar las graves irregularidades producidas en los cambios antes citados, como también la ausencia de los preceptivos estudios económicos, y lo que creemos que debería hacer es remitir al Congreso los correspondientes a las modificaciones legislativas realizadas, a la ampliación de los períodos concesionales a las sociedades Aumar y Acesa en trece y cinco años respectivamente, etcétera, y a la rebaja del 7 por ciento, que tratamos hoy, de las tarifas acordadas en el Consejo de Ministros del pasado día 5. En segundo lugar, proponemos que de conformidad con la legislación vigente, la rebaja acordada del 7 por ciento en las tarifas de peajes sea con cargo a los resultados económicos de las sociedades concesionarias, en contraprestación a los elevados beneficios actuales. También proponemos que en la prevista aplicación selectiva de la rebaja se aborde como un primer paso la supresión de peajes en tramos

Página 14926


de autopistas donde las carreteras nacionales no garantizan la adecuada movilidad y la seguridad vial -ya se propone en algunos, pero no entendemos por qué en otros no-, así como, finalmente, establecer un fondo, que se nutriría con los importes o los impuestos pagados por las sociedades concesionarias de autopistas, incluidos el impuesto sobre sociedades y el IVA, destinado a financiar futuras operaciones de rescate de las concesiones. Por poner un ejemplo, lo que ustedes van a pagar con el procedimiento que se contempla en este decreto, tal y como lo han anunciado, en la B-30 de Barcelona alcanza una cifra de entre 33.000 y 40.000 millones de pesetas. En 1998, en informes dignos de todo crédito, atribuían al rescate solamente 12.000 millones. Observen la diferencia entre lo que nos va a costar lo que ustedes dicen que son rebajas y lo que al final va a ser mucho más caro para todos los ciudadanos.
Por lo que se refiere al eje transversal, nos encontramos con lo mismo que el año pasado -es la segunda vez que ustedes lo traen aquí-. Lo primero que les tenemos que decir es que nos engañó el señor CalvoSotelo en Comisión. Cuando mi compañero Jesús Caldera le preguntó a cuánto iban a ascender los suplementos de crédito que ustedes iban a traer a esta Cámara no nos dijo que de nuevo se iba a producir este del eje transversal. Nosotros entendemos que está bien que esta aportación vaya a Cataluña, pero que en todo caso debiera financiar obra nueva, tal como le dijimos el año pasado. En ese sentido, vamos a presentar enmiendas en el Senado para que, por ejemplo, el plan de carreteras, que por cierto tienen muy retrasado para Cataluña, pueda ponerse al día si es que al final nos admiten nuestras proposiciones.
En definitiva, señor presidente, señorías, espero que aquellos grupos que se sientan sensibilizados por un dislate como el que nos parece que es este decreto, y en particular Convergència i Unió, que anteayer, en el Parlament de Cataluña, presentó una proposición de ley para empezar a considerar el rescate de las autopistas, se sumen también a nuestro rechazo para que las cantidades que se prevé aplicar a la pretendida rebaja y a la gratuidad de las autopistas en este decreto puedan empezar a servir para rescatar los tramos prioritarios, en cuya necesidad coincidimos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté. ¿Algún grupo desea consumir turno a favor? (Pausa.) ¿El Grupo Popular? ¿El señor Ortiz? En nombre del Grupo Popular, y nunca mejor dicho, dada la secuencia, adelante.


El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Hay que partir de una afirmación esencial en la convalidación de este real decreto-ley -sobre la que naturalmente mi grupo está a favor, como es el sentido del turno-, en su tema central y nuclear, que es el crédito de 27.000 millones de pesetas para completar el eje transversal de Barcelona. Con este crédito extraordinario, que completa el que se concedió en el año 1998 de 41.000 millones de pesetas, se cierra definitivamente la conversión de esta carretera interior en carretera de titularidad estatal. Consiguientemente, todos los argumentos que se han consumido en contra se enfrentan con la realidad de que estamos en definitiva haciendo patrimonio carretero del Estado. Por tanto, no sé qué sentido tiene, en relación con este punto concreto, toda la teoría, ya conocida, en Pleno y en Comisión, en esta ocasión y en otras, en contra de las concesionarias de autopistas.
Estamos en presencia de un crédito extraordinario que se concede en función de completar los pagos en materia de expropiaciones de terrenos y de servicios, que permitirán que esta carretera interior, que completa fundamentalmente la red costera de autovías de Cataluña, pase a la plena titularidad estatal. No sé, en este orden de cosas, qué sentido tiene toda la exposición del señor Sabaté frente a este eje transversal que puede ser fundamental para Cataluña. Puede ser fundamental, como ha subrayado el señor ministro, porque permitirá un eje interior, en términos de autovía, cuyos puntos fundamentales serán: Tarragona, Montblanc, Cervera, Vic, Olot y Figueras, y que permitirá la mejor accesibilidad a los pasos fronterizos, concretamente el del túnel del Cadí, el de Coll d?Ares y el de la Junquera. Consiguientemente, señorías, estamos hablando de una carretera interior, que completará la red costera y que será íntegramente de titularidad estatal.
El resto de los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista no tienen más sentido que ser la expresión de su modelo de política de infraestructuras. Estoy harto de decir en Pleno y en Comisión que su modelo de política de infraestructuras tiene dos ejes fundamentales: uno, financiación sólo mediante impuestos y, dos, colaboración muy leve, muy reducida con el sector privado. La política de infraestructuras del Gobierno del Partido Popular tiene como eje la utilización no sólo del impuesto, sino del peaje fruto de un apoyo, de complementar la acción pública con la acción del sector privado.
Desde esa disparidad de modelos hay que entender la política de autopistas.
Ustedes, que ven por todas partes oscuridades y corruptelas, supongo que no tenían más remedio que hablar de los beneficios de las concesionarias de peaje -parece que les molesta que el sector privado se deje llevar por la búsqueda del beneficio- y apelan a que esta rebaja del 7 por ciento se haga con cargo a los beneficios de las empresas concesionarias, a través de no sé qué figura en nuestro Estado de derecho. ¿Cuál sería esa figura? ¿Una confiscación de ese beneficio? ¿Una expropiación de ese beneficio? Expliquen ustedes cómo se puede pedir o exigir o imponer a las concesionarias que renuncien al razonable beneficio en contrapartida de esa rebaja del peaje del 7 por ciento.
Por otro lado, hablan de prórroga de los períodos concesionales, de modificación de la normativa de autopistas, la fundamental de 1972.
Cuando estaban en

Página 14927


el Gobierno -y lamento tener que referirme siempre a ese punto de comparación- fueron ustedes los que empezaron a modificar el statu quo de las autopistas. Y ahí está el caso de Aumar, donde ustedes estuvieron a punto de firmar un contrato o una prórroga por un tiempo más largo que el que se ha acabado concediendo por este Gobierno y con una rebaja del peaje aún menor. En definitiva, me parece, señoría, que en este punto, como en tantos otros, carecen de autoridad moral para decir las cosas que dicen.
Por lo demás, señor presidente, debo desmentir la falta de cumplimiento de normativas de procedimiento a que el señor Sabaté parece haber hecho referencia. Creo que están claras las razones de urgencia, tanto en el caso del crédito extraordinario como en el del suplemento de crédito; y en lo que concierne a los peajes, es obvio que de lo que se trata, y es donde está la fundamentación de urgencia, es de evitar el retraso en la producción del efecto antiinflacionista que se pretendía con el Decreto-ley de medidas antiinflacionistas del que trae su causa el presente real decreto- ley.
En definitiva, entendemos que se han cumplido plenamente los trámites, el informe del Consejo de Estado y la memoria justificativa y económica que obra en el expediente -que debe de ser conocido por S.S., del Grupo Socialista-, y que el artículo 3 del Real Decreto, en lo que concierne a la rebaja selectiva y no lineal, no tiene otro propósito -como ha explicado el ministro- que permitir que, en aquellos tramos de autopista que sean vías de circunvalación o de la periferia de las ciudades, se produzca un efecto de compensación de tal manera que no opere el peaje en estos tramos y sí lo haga en el resto de tramos de la concesión. Parece una medida de justicia evitar que haya que pagar en tramos claramente urbanos y parece más que razonable esta selectividad en la aplicación de la rebaja del 7 por ciento.
Por todas estas razones, señor presidente, manifestamos nuestro desacuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en su exposición y mi grupo pide la votación favorable a la convalidación de este real decreto. (El señor Sabaté Ibarz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz. ¿Lo considera necesario S.S.? (Asentimiento.) Dos minutos de réplica.


El señor SABATÉ IBARZ: El eje transversal no pasa por Tarragona- Montblanc-Cervera, señor Ortiz; pero esto es otra cosa.
No estamos en contra de las concesionarias, estamos a favor del interés público. No estamos en contra de la colaboración entre el sector público y el sector privado, estamos en contra del pelotazo, del enriquecimiento desmesurado. Usted me habla de razonable beneficio; no se ha mirado las cifras, no me ha escuchado cuando le he dicho que el delegado del Gobierno en Acesa les pasó los datos; mírelos y entonces verá si son beneficios razonables o no tratándose de un servicio público. Si fuera una empresa privada, estaría de acuerdo con usted en cuanto al beneficio; pero se trata de un servicio público que muchas veces se ejerce prácticamente en régimen de monopolio porque las carreteras que están al lado están absolutamente colapsadas y no se puede pasar por otro sitio, señor Ortiz. Desde nuestro punto de vista, eso tiene que tratarse con más cuidado y más atención, sin aplicar exclusivamente los criterios de mercado, como parece que ustedes quieren hacer.
Finalmente, confiscación, no; hay que utilizar las leyes existentes, la jurisprudencia y, si hace falta, promover las modificaciones pertinentes o establecer una negociación más rigurosa con las concesionarias y tener criterios sobre por qué y dónde hay que aplicar las rebajas o los rescates de los peajes. Abra los periódicos y verá en todos ellos que tiene a la mayoría de las comunidades autónomas levantadas contra este decreto. Ustedes verán; después se quejan cuando ven las encuestas o se quedan mudos y no acaban de comprender por qué no acaban de despegar y que van perder las próximas elecciones.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos.- Un señor desde la tribuna de invitados: ¡Muy bien!- El señor Pérez de Tudela Molina: ¡Muy bien, chaval!- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté.
Un momento, señor Ortiz. La Presidencia debe recordar que desde las tribunas no se pueden hacer manifestaciones de agrado ni de desagrado. Es muy natural que los impulsos juveniles, que a tan temprana hora nos acompañan y nos honran con su presencia, se enardezcan pero, por favor, no se manifiesten.
Adelante, señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, simplemente quiero insistir en que los beneficios de las empresas privadas son susceptibles de gravamen, es decir, de tratamiento fiscal; en ningún caso de confiscación. Le pido al señor Sabaté que me diga qué fórmula que no sea la fiscal existe en un Estado de derecho para absorber los beneficios de las concesionarias privadas.


En cuanto a la cuantía del beneficio, me gustaría que me dijera en qué concesiones de las que están vivas se ha producido un cambio del esquema concesional fundamental de las autopistas distinto del que ha estado en vigor durante los catorce años de Gobierno socialista.
Insisto en que los primeros que modificaron el statu quo de las autopistas, de la Ley de 1972, fue el Gobierno al que apoyaba su grupo parlamentario.
Esto es todo, señor presidente; no quiero reabrir un debate (un señor diputado: no tienes más argumentos) que hemos mantenido en Pleno, en Comisión, en esta ocasión y en otras, y que no dudo que va a seguir guiando el interés del Grupo Parlamentario Socialista por buscar cualquier agujero, cualquier escándalo, con objeto de intentar modificar la realidad.


Página 14928


(Un señor diputado: El interés del ciudadano.) Esa realidad será que en marzo próximo ustedes volverán a perder las elecciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: Aleluya, aleluya.- Otro señor diputado: ¡Que te lo has creído!- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Levantiscos a estas horas. ¿Otros grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) No es obligatorio. En el Grupo Mixto, tres. Empezamos por el señor Serrano, luego el señor Chiquillo y luego el señor Vázquez.


El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
He de decir que hoy, señor ministro, nos lo ha puesto fácil. Le vamos a decir que no a este decreto por varias razones. Lamento decirle que de alguna manera hasta siento una cierta vergüenza, porque el despropósito es doble, y no es porque desde el Partido Aragonés no estemos de acuerdo en que se hagan inversiones y no es porque desde el Partido Aragonés no estemos de acuerdo en que se rebajen los peajes, en lo que no estamos de acuerdo es en a dónde van esos 17.000 millones y en la forma selectiva -y remarco selectiva- de la rebaja de peajes.
En esos 27.000 millones que comprende el decreto que usted pide hoy que aprobemos, sin lugar a dudas hay infraestructuras que son competencia de su Ministerio, con partidas presupuestarias que corresponden al territorio aragonés de las que se han ejecutado cero pesetas: aeropuerto de Zaragoza, plataforma logística, estación intermodal, desdoblamiento de carreteras, la carretera de Castellón, la circunvalación de Tarazona o la propia nacional 260 transpirenaica, que cuenta desde hace cinco años -cuatro años lleva usted como ministro de Fomento- con partida presupuestaria y que han sido incapaces de licitar.
Esa es una realidad y son un insulto a la inteligencia las declaraciones de algún dirigente del Partido Popular diciendo, en lo que respecta a la liberalización del tramo de la A-68 o, lo que nos gustaría, la liberalización de la N-II a su paso por Fraga, que antes de marzo se va a ejecutar. Señor ministro, espero y deseo que hasta que se liberalice ese tramo no haya ningún accidente, y menos todavía un accidente con muertos, porque, de ser así, usted y su Ministerio serían los responsables.


Desde Aragón estamos un poco cansados, ciertamente cansados, de que la estabilidad se pague a golpe de talonario a costa de las inversiones competencia del Estado, repito, de competencia del Estado.
A veces da la sensación de que el Ministerio de Fomento es una consejería de obras bis de la Generalitat de Cataluña. Esa es la realidad. Menos regalos y no hacer dejación de sus competencias. Me he quedado con la frase del portavoz del Partido Popular: hacer patrimonio carretero. A partir de ahora, vamos a acuñar esa frase.
Desde Aragón, nos vamos a liar a hacer autopistas, las vamos a ejecutar y con toda libertad las vamos a ceder para que el Estado incremente su patrimonio carretero en beneficio de todos, se supone.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar posición en el real decreto que nos ocupa en la mañana de hoy y querría hacer una diferenciación entre la primera parte del contenido del real decreto y la segunda.
Indudablemente, las extraordinarias urgencias que han llevado al Ejecutivo a tomar esta decisión han traído consigo unos inadmisibles olvidos y cuando se destinan suplementos de crédito por valor de 27.000 millones se dejan de lado, se olvidan -se ve que por las prisas electorales- cuestiones como los ejes viarios de los accesos a las grandes ciudades, como es el caso de Valencia, que tenían que estar concluidos en el año 1994 y por falta de voluntad política y de consignación no se han iniciado, o incluso proyectos expropiatorios no se han podido ejecutar por la falta de pago y de acuerdo con los propietarios, porque no había consignación presupuestaria. Ese olvido también se ha acuñado en los pagos a los propietarios afectados por expropiaciones de infraestructuras ejecutadas, con retrasos de cuatro y cinco años en el territorio de la comunidad valenciana.
Pero el gran olvido son la N-332, desde Valencia hasta Alicante, y la N-340, desde Valencia hasta Tarragona. Son dos olvidos inadmisibles porque hay que tener en cuenta que estas carreteras discurren por núcleos urbanos en los que se están exigiendo las variantes, y esas variantes no llegan y se van retrasando año tras año. Sólo en el real decreto que hoy nos ocupa se contempla la petición de la circunvalación a grandes ciudades, en el caso de Sagunto, trasladando el peaje de Puzol a Sagunto, pero estamos hablando de que en la N- 340, que atraviesa hasta diez núcleos urbanos, Alcalá, Vinaroz y Peñíscola como los más peligrosos puntos negros de la red viaria, y no se toman esas decisiones. En la 332, de Valencia a Alicante, hay hasta 15 variantes sin ejecutar; a pesar del convenio que usted firmó el año pasado de impulsar inversiones en la 332, en los presupuestos de 1999 y del año 2000 hay cero pesetas y hay hasta 15 puntos negros.
Esos olvidos en la 340 y en la 332 son inadmisibles y motivo suficiente para que no estemos de acuerdo con este real decreto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Vázquez Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Porque es necesario, vamos a expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de la convalidación

Página 14929


o no por el Congreso de este real decreto-ley. Efectivamente, este decreto aborda dos cuestiones diferenciadas; sobre la primera nosotros no vamos a entrar y sobre la segunda cuestión, que hace referencia a la rebaja en las tarifas de autopistas de peajes, sí vamos a entrar. Como es natural, acogemos favorablemente cualquier decisión del Gobierno destinada a rebajar las tarifas vigentes en las autopistas de peaje, por considerarlas caras en general y, de manera particular, para aquellas personas que por motivos de trabajo o estudio se ven obligadas a hacer uso de estas vías de comunicación de una manera habitual, porque el coste que les supone es muy gravoso, en especial para las personas con rentas más bajas. También podríamos hablar de los costes que suponen para las empresas de transporte, etcétera. Por tanto, desde nuestro punto de vista, cualquier rebaja siempre debe acogerse favorablemente.
Sin embargo, a la hora de ver concretadas las rebajas, no podemos estar de acuerdo con las que prevé el Gobierno para la autopista del Atlántico. Me explico. Por un lado, la propuesta que hace el Gobierno de rebaja concreta para esta autopista se centra en una disminución del peaje en el tramo Pontevedra-Vigo en torno al 20 por ciento, rebaja que sería similar o mayor -algo que aún no concreta del todo el Gobierno- en los tramos Rande-Vigo y Morrazo-Vigo. En primer lugar, hay que decir que, aún con la rebaja propuesta, el precio por kilómetro que deberán pagar los usuarios del tramo Pontevedra-Vigo será muy superior a esa media europea de nueve-diez pesetas/kilómetro que dice el Gobierno que se pagará en el conjunto de las autopistas de peaje del Estado; es decir, estos ciudadanos se verán discriminados respecto al conjunto del Estado sin motivo aparente.
En segundo lugar, porque para los otros dos tramos en los que el Gobierno propone rebajas, como decía, aún no concretadas totalmente, pero que podrían estar también en el entorno del 20 por ciento o algo superior, también conviene recordarle al señor ministro, por un lado, que el tramo Rande-Vigo que fundamentalmente da servicio a los ciudadanos del área de Redondela, soporta actualmente un peaje de 120 pesetas, absolutamente desproporcionado para los kilómetros de recorrido de ese tramo; por otro lado, que el tramo Morrazo-Vigo también soporta actualmente un peaje de 150 pesetas, igualmente desproporcionado en relación a los kilómetros de recorrido de ese tramo.
De todas maneras, esto no deja de ser curioso, y los diputados gallegos que estén aquí presentes comprenderán bien lo que digo. Si el tramo Rande-Vigo está en 120 pesetas y el tramo Morrazo-Vigo está en 150 pesetas, la concesionaria, desde luego, evalúa en 30 pesetas el paso por el puente de Rande. Pero esos son misterios que no están al alcance de los ciudadanos corrientes.
En todo caso, las rebajas propuestas en principio en estos tramos no satisfacen para nada las demandas de la sociedad, porque seguirían suponiendo un alto coste para los ciudadanos que , como los de la comarca del Morrazo, se ven obligados a utilizar la autopista por motivos de trabajo, de estudios o de salud y carecen de una alternativa gratuita por carretera. Desde nuestro punto de vista -y así lo hemos propuesto en varias ocasiones-, estos tramos citados, la Rande-Vigo, por ser en realidad una carretera de circunvalación, y el de Morrazo-Vigo, por no existir alternativa, deben ser liberados de peaje, como también debe ser gratuito el tramo de A Barcala en A Coruña. Por tanto, la gratuidad de estos tramos citados es la solución que debería haber adoptado el Gobierno para hacer creíble su propuesta de rebaja del coste de los peajes, de la misma manera que el Gobierno estableció la gratuidad en otros tramos considerados circunvalación de otras ciudades, que no voy a citar en este momento pero que ahí están, y de lo que nosotros, por cierto, naturalmente nos alegramos.
En lo que se refiere al resto del tramo Vigo-Pontevedra, lo mínimo que el Gobierno debería hacer para que está propuesta tuviera un mínimo de credibilidad sería que el precio por kilómetro no superase las famosas nueve-diez pesetas, como afirma que acontece en el conjunto de las autopistas del Estado.
Tal y como está formulada la propuesta del Gobierno de rebajas en las tarifas no puede ser apoyada por nuestro grupo y, en consecuencia, no vamos a votar a favor de este real decreto-ley porque su concreción en lo que hace referencia a Galicia nos parece absolutamente insatisfactoria. Nosotros seguiremos demandando del Gobierno la adopción de medidas en lo relativo a peajes que respondan a la realidad económica y social de nuestro país y ésta, desde luego, no lo hace.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.


¿Grupos que desean fijar la posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Tenía preparada una intervención, pero he ido tomando notas durante todas las intervenciones que se han producido y no sé si podré decir todo lo que quiero decir.
En primer lugar, quiero hacer constar que en mi intervención del pasado día 11, en una moción sobre autopistas, me refería a la falta de autovías base allí donde existen actualmente autopistas y estuve defendiendo que deberían construirse todas las autovías correspondientes a la N-340, incluso la zona de Valencia. Me refería entonces también a Aragón, a la Nacional que va de Zaragoza hasta Logroño y a todas las que correspondían a aquellas zonas en las que existen autopistas, pero no hay autovías.
Nuestro grupo tiene muy claro que las autovías que no están construidas en esta zona deben construirse, y lo vamos a seguir defendiendo continuamente. Lamento muchísimo que las intervenciones de los portavoces

Página 14930


del Grupo Mixto se hayan centrado en presentar la queja comparativa, situándose en el vagón de cola en lugar de en la locomotora. Cataluña siempre ha intentado ser locomotora y creemos que lo ha conseguido.
Por eso, aunque nos pongan las pegas comparativas, seguiremos defendiendo la necesidad de construir las autovías de toda la N- 340, desde Valencia, incluso la carretera hasta Alicante, la zona de Aragón y la zona hacia La Rioja y el País Vasco. Nos da igual lo que puedan pensar otros grupos, por envidia o por cualquier otra razón.
Respecto al decreto en sí, en el turno en contra se ha dicho que lo que iba destinado al eje transversal era lamentable e ilegal y que lo que se tenía que hacer era destinarlo a obra nueva. Pues precisamente en estos momentos está bien claro que los 17.000 millones no dejan de ser para el inicio de obra nueva, pues se destinan al desdoblamiento del eje transversal construido para transformarlo en una vía de doble capacidad, es decir, convertirlo en una autovía con las características propias de la red de autovías del Estado.
Respecto a la presentación del voto en contra, tengo que decir que contenía un cierto cinismo. Cosas veredes, se dice, y hoy las hemos visto. No hace mucho, todos los grupos, el Grupo Socialista, el Grupo Catalán y el Grupo Popular -que después, por las circunstancias que todos sabemos, no pudo votar-, defendíamos que el tramo de Tarragona que ahora se va a liberar, fuese liberado durante el tiempo que iban a durar las obras. Se ha dado libertad in aeternum, y ahora oímos aquí las palabras de una de las personas que firmó la transaccional y que ha defendido vehementemente esta posición en Tarragona, y he de decir que el «Diario de Sesiones» de hoy es un documento muy válido para poder ver que lo que se dice en un sitio, después se cambia en otro lugar (Rumores.) Se habla de pelotazo. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Mayor pelotazo o inicio de pelotazo podríamos encontrar cuando en otra legislatura, con otro gobierno, se ampliaron los plazos de todas las autopistas del Maresme que correspondían a una de las concesionarias, en la Mataró-Palafólls, para tener un peaje blando, mientras las demás zonas, incluso la de Tarragona, de la cual es diputado el señor Sabaté, pagábamos durante más años para que en la zona del Maresme la autopista fuera más barata. Verdaderamente, eso no es solucionar problemas. Además, este mismo mes de noviembre, el Tribunal Constitucional ha dicho que aquello que se hizo entonces era legal; por tanto, decir que es ilegal lo que se hace ahora, en base a lo que se hizo entonces, es verdaderamente marear la perdiz. Espero al «Diario de Sesiones», porque de su contenido alguien tendrá que responder.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En mi intervención de esta mañana pensaba anunciar que iba a ser muy breve y muy suave, como consecuencia de los enfados que se suele tomar el ministro de Fomento con los grupos parlamentarios de la oposición de esta Cámara. Pero en vista de la actitud que ha tenido esta mañana el ministro de Fomento, señor Arias, que nos ha abandonado ya, antes de que termine el debate de este real decreto, tengo que anunciar que, ante la falta de respeto de este ministro ante esta Cámara y ante los grupos de la oposición, no voy a intervenir en el debate y sólo voy a dar tres razones por las que mi grupo va a votar en contra de este real decreto.
Nos oponemos a que este Gobierno gobierne, valga la redundancia, por decreto, pues hay ya 18 reales decretos en lo que va de año. Nos oponemos a que en este momento en que se están tramitando los Presupuestos Generales del Estado nos venga el Gobierno con un presupuesto paralelo de 27.000 millones de pesetas, que más tiene que ver con acuerdos políticos con algunos de sus socios que con una realidad que sea necesaria en este momento. También nos oponemos a que este Gobierno siga beneficiando a las concesionarias de autopistas en detrimento de todos los ciudadanos de este país.
Por último, quiero reiterar que nos parece bochornosa la actitud del ministro de Fomento que, en la línea a lo que nos tiene acostumbrados, desprecia olímpicamente a esta Cámara, a los ciudadanos y a la posición. En estas condiciones, me niego a debatir más con este ministro y lo que tiene que hacer el Gobierno, si quiere respetar la voluntad de los ciudadanos y de esta Cámara, es cesar a este señor que no tiene vocación ni actitudes democráticas. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.-El señor Sabaté Ibarz pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernandez.
Señor Sabaté, ¿a qué efectos me solicita la palabra?

El señor SABATÉ IBARZ: Para contestar a las alusiones directas y a las descalificaciones que se han producido desde las filas de Convergència i Unió.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté, la alusión a la que se refiere S.S. es porque es diputado por Tarragona.


El señor SABATÉ IBARZ: No. No ha sido eso.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté, le ruego me escuche como yo le he escuchado a usted. No vamos a discutir usted y yo, como se puede imaginar.
En el resto de la intervención del señor Sedó se ha fijado una posicion, en nombre de su grupo parlamentario de Convergència i Unió, que no es coincidente

Página 14931


con la de S.S., que representa a su grupo. Por tanto, no ha habido alusiones personales y no tiene S.S. la palabra. (Rumores.) Silencio, señorías. Muchas gracias por la ayuda, pero silencio. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)

¿Señora Cunillera?

La señora CUNILLERA I MESTRES: Seguramente, el «Diario de Sesiones» dará la razón a quien la tiene.
El señor Sedó se ha referido reiteradametne al señor Sabaté, se ha referido a la circunscripción que ambos representan, se ha referido a intervenciones de otras legislaturas y a ésta. Si cree usted que esto no es contradecir sus argumentaciones, ya me lo explicará.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cunillera, no voy a explicárselo. Ya lo he dicho y en voz alta. He dicho que la posición que fija el señor Sedó no es coincidente con la que fija el señor Sabaté y eso no da lugar a ningún tipo de contradicción ni a ningún tipo de alusión y, por tanto, no ha lugar a un nuevo turno de palabra. (El señor Serrano Vinué pide la palabra.) Señor Serrano, ¿a qué efectos me solicita la palabra?

El señor SERRANO VINUÉ: A efectos de remarcar que ha habido alusiones directas que afectan al Grupo Mixto y, en todo caso, a la intervención que hemos hecho desde el Partido Aragonés, porque es necesario aclarar una serie de conceptos, ya que palabras como cinismo y envidia han sido utilizadas por el portavoz de Convergència i Unió.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Serrano, reitero los argumentos utilizados con la solicitud de palabra del señor Sabaté: no ha lugar a un nuevo turno para alusiones.


ENMIENDAS DEL SENADO

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de expediente 121/000135.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, como decía, al punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. He de recordar a SS.
SS. que por acuerdo de la Junta de Portavoces la primera votación se producirá al final del punto VIII, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, y, dado que las enmiendas al primer proyecto de ley tiene carácter orgánico, les anuncio que la votación no se producirá en ningún caso antes de las once y media de la mañana.
¿Grupos que desean fijar su posición con respecto a las enmiendas del Senado? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Rodríguez, en primer lugar.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Aparte de manifestar las reticencias que al Bloque Nacionalista Galego le sigue provocando el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, queríamos solamente fijarnos hoy en las cesiones de datos padronales a las administraciones públicas de la disposición adicional segunda, para dejar de manifiesto nuestra posición al texto que proviene del debate en el Senado, por no haberse reconocido que los órganos equivalentes al Instituto Nacional de Estadística de las comunidades autónomas no tengan capacidad también para poder hacer uso de los datos que el Instituto Nacional de Estadística tiene plenamente y poder además vehiculizarlos en lo que es el territorio de la Administración autonómica.
En ese sentido, pensamos que se pierde una gran oportunidad de darle coherencia a la ley, haciendo que esta disposición adicional segunda esté en concordancia con lo que figura en el artículo 31, que prevé para el censo promocional que los órganos estadísticos de las comunidades autónomas puedan facilitar determinados datos del censo electoral.
Por lo tanto, en coherencia con la ley, esta sugerencia, que además pensamos que es de los institutos de estadística de muchas comunidades autónomas, debía haber sido recogida.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señoría.
Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, los diputados de Nueva Izquierda vamos a votar negativamente a diversas modificaciones que ha introducido el Senado en la Ley de Protección de Datos y desde luego negativamente en la votación orgánica sobre este proyecto de ley. Nos parece que es un proyecto de ley que reproduce todos los elementos de ataque a la intimidad de las personas, que ya tenía la anterior ley vigente, la llamada Lortad (Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos), y añade otros nuevos ataques a la intimidad como consecuencia de la introducción de enmiendas en el Senado a los que voy a hacer alusión inmediatamente.
Nos vamos a encontrar aquí con que el Grupo Popular se ha olvidado que esta ley está siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional desde hace ya algunos años y está a punto de ser objeto por diversos motivos de una sentencia del Tribunal Constitucional, que seguramente se producirá al año que viene. Por cierto, el Grupo Popular introdujo un recurso de inconstitucional contra la Lortad ante el Tribunal Constitucional muy beligerante, incluso más amplio que el que tiene presentado el Defensor del Pueblo; sin embargo, repito, a estas alturas el Grupo Popular se ha olvidado de todo eso y le parece muy bien aquello que consideró inconstitucional hace algunos años y que es producto de un

Página 14932


recurso ante el Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo a aspectos concretos, como el artículo 21, que reproduce el actual proyecto de ley, comunicación de datos entre administraciones públicas; el artículo 24, que reproduce el actual proyecto de ley, de no dar información a los interesados sobre los datos personales que figuran en ficheros públicos cuando la Administración pública lo necesite -y lo dice de una forma muy vaporosa- para funciones de verificación y control. Estos y otros aspectos fueron considerados inconstitucionales por el Defensor del Pueblo, también por el Grupo Popular, y son objeto de un recurso que en este momento está planteado ante el Tribunal Constitucional. Si hoy aprobáramos la ley -que probablemente se va a producir- se dejaría sin objeto jurídico real ese recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por lo que habrá que reproducirlo. Ya tenemos un primer ejemplo de un fraude, querido o no querido, consciente o inconsciente, a una acción ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional decidirá el año que viene sobre el recurso de una ley que ya habrá sido derogada por este proyecto de ley, aunque éste reproduce los mismos artículos considerados inconstitucionales por el Defensor del Pueblo y por el Grupo Popular. Por tanto, éste un primer elemento que justifica nuestro voto en contra de un proyecto de ley que reproduce aquellos ataques a la intimidad que ya están contenidos en la vigente Lortad.
Además, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, la mera trasposición de una directiva comunitaria ha sido aprovechada en el proyecto de ley para introducir cosas que nada tienen que ver con la directiva comunitaria. Esto ha sido, sin duda, un campo muy propicio para los grupos de presión que han actuado en torno a este proyecto de ley y que, sin duda, han hecho su agosto, por ejemplo, empresas de márketing directo; Telefónica, cómo no, otra vez surge aquí Telefónica; empresas de telecomunicación y aseguradoras. Hay que constatar que estos grupos de presión, que naturalmente de forma lícita pueden hablar y actuar ante los grupos parlamentarios y sugerirles sus propuestas -esto no es ilegal-, han conseguido su propósito y han introducido modificaciones, no en los ficheros de titularidad pública, sino en una parte de la Lortad que está muy bien regulada, que son los ficheros de titularidad privada; ahí, como decía, han hecho su agosto y han conseguido introducir enmiendas en el Senado importantes sobre esos tres temas a los que me he referido.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López Garrido, le ruego vaya concluyendo.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.


Artículo 31, el censo promocional. Se le cambia el nombre al censo electoral y aparece una cosa que se llamará censo promocional que, sin consentimiento expreso del interesado, permitirá que todos los datos del censo circulen libremente a lo largo y lo ancho del territorio del Estado y más allá, por supuesto, porque las telecomunicaciones no tienen fronteras. Conviene traer aquí expresamente la redacción artículo del 28 que ha establecido el Senado porque es un ejemplo de otro favor a Telefónica. El Senado dice que tiene que incluir lo siguiente en el apartado 4 de dicho artículo: los datos que figuren en las guías de servicio de telecomunicaciones disponibles al público se regirán por su normativa específica; es decir, que las páginas amarillas o las guías de teléfono, todos esos datos que están ahí ya no se regirán por esta ley, sino por otra, que no se sabe si será ley, reglamento, y ni siquiera habla del carácter orgánico necesario; se deslegaliza por completo, por tanto, introduciendo un elemento frontalmente contrario a la Constitución española, que exige una regulación por ley orgánica de estos temas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López Garrido, le ruego concluya.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Por último, señor presidente, está la disposición adicional sexta nueva, que permite a las aseguradoras establecer ficheros comunes. Es decir, los datos que alguien da a una compañía aseguradora para que le asegure podrán ser utilizados por ella para cederlos a otras, crear ficheros comunes y, por tanto, cederlos a compañías para que tengan esos datos personales, sin que uno haya dado su consentimiento. En el fondo de todo ello (censo promocional, guías telefónicas, aseguradoras y ficheros comunes) existe siempre la ausencia de consentimiento expreso del afectado para que sus datos sean utilizados; ausencia de consentimiento expreso, tal como se dice en el proyecto de ley, que va contra la Constitución y contra la directiva comunitaria.
Por esas razones nosotros votaremos en contra no solamente de estas modificaciones sino del conjunto de las enmiendas del Senado en la votación orgánica.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor López Garrido.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Coalición Canaria ya desde los trámites en ponencia y Comisión mostramos una serie de reticencias, en base a la defensa de todo lo que es el título I de la Constitución española, en cuanto a derechos fundamentales de la persona que podían verse de alguna manera conculcados con la legislación que al respecto se había venido produciendo.
Limitándonos a las enmiendas que vienen del Senado, una vez enunciado este principio, nosotros en términos generales consideramos que el Senado ha hecho una labor de perfeccionamiento, aparte de las puras

Página 14933


enmiendas técnicas y de corrección de estilo, en una clarificación de determinados principios que vienen en estas enmiendas, que vamos a votar favorablemente, excepto la que seguidamente señalaré.
Creemos que en muchas de las enmiendas se han introducido mejoras que recogen principios para las comunidades autónomas, como es la presentada al artículo 48 en su principio sancionador, donde el texto que había salido de esta Cámara decía que contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos de una comunidad autónoma procederá recurso contencioso- administrativo; el Senado reconduce el tema, lo agota en la vía administrativa a nivel de la comunidad autónoma, diciendo que las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u órgano correspondiente de la comunidad autónoma agotan la vía administrativa, cosa que nos parece correcta.
Todas las enmiendas en términos generales han sido positivas como, por ejemplo, la disposición adicional cuarta, que viene a modificar el artículo 112.4 de la Ley general tributaria; la quinta, que es nueva, y por la que nos congratulamos de que se haya salvaguardado el principio competencial del Defensor del Pueblo. No olvidemos que ese principio competencial del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes tendría que ser consecuente, porque, si no, esta Cámara se estaría privando, a este nivel de defensa de derechos fundamentales, de un instrumento institucional, como es el Defensor del Pueblo. Igualmente es buena la enmienda del Senado a la disposición sexta nueva modificando el artículo 24.3 de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, dado que para ordenar este mundo del seguro privado es necesario darle una claridad legislativa y una seguridad jurídica, ya que tanto para el asegurado como para las compañías aseguradoras son necesarios estos datos.
Finalmente, es positivo que en estas disposiciones adicionales se haya introducido la salvaguarda de que todo dato relativo a la salud de la persona sólo podrá ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso del afectado.
Nuestra observación de fondo, porque vamos a votar en contra de ella, es a la enmienda a la disposición adicional segunda, señor presidente, acerca de la cesión de datos padronales a las administraciones públicas. No podemos pasar por esto. Nos parece verdaderamente conculcante de lo que señala nuestra norma fundamental que sin consentimiento del interesado, como dice el texto de la enmienda del Senado, se de una copia del fichero formado con nombre, apellidos, DNI, domicilio, sexo, etcétera, Por razones de salvaguarda de los principios del título I de la Constitución, vamos a votar en contra de esta enmienda a la disposición adicional segunda, que viene de la alta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente. Señorías, abordamos el último trámite parlamentario de lo que es la regulación de una ley orgánica que, desde la perspectiva del grupo al que represento, hace referencia a la configuración de un nuevo derecho fundamental, reconocido como tal en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que seconstruye a base de la combinación del artículo 18.4, referido a la esfera de intimidad de las personas, y el 10.2 de la Constitución, en relación con las normas del convenio 108 del Consejo de Europa sobre las facultades que han de ser reconocidas a las personas en lo que hace a la tutela de sus datos.
Hago esta observación inicial porque es el norte y la pauta que ha guiado la actuación de nuestro grupo en toda la tramitación de esta ley, y que va a ser también el norte que nos guíe a la hora de posicionarnos en relación con las enmiendas aprobadas por el Senado.
La configuración de un derecho fundamental de autodeterminación informativa y el respeto a las competencias que en esta materia tienen reconocidas las comunidades autónomas son las dos pautas que nos han guiado. Por ello, nos satisface que se hayan aprobado enmiendas del Grupo Vasco para dar un mejor título a la ley que no queda con el frío de orgánica de protección de datos; se añade que los datos protegibles no son cualesquiera, sino los datos de carácter personal. Nos parece igualmente bien que se haya incluido una referencia en el artículo 2 al ámbito territorial de la ley en materia tan lábil y tan difícil a la aprehensión como puede ser la utilización de la informática que, por definición, carece de fronteras.
Aprovecho ya, por seguir la sistemática del texto de la ley, y aunque no haga referencia a enmiendas, para manifestar que mi grupo está absolutamente insatisfecho de cómo ha quedado el artículo 2.2. c), en donde ha permanecido la exclusión de los ficheros de investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. Creemos que no se cohonesta con lo que es la finalidad de la ley y que, además, la exclusión que se contiene de esta materia en la directiva no es por otra circunstancia porque todavía configura el tercer pilar. Es decir, no se trata de materia respecto de la cual las instituciones europeas tengan disponibilidad. En todo caso, se hace además utilizando una terminología de formas graves de delincuencia organizada, que ni siquiera se cohonesta con las expresiones que al respecto utiliza el Código Penal, lo que creará graves defectos interpretativos, y en la práctica, como siempre, demérito en la tutela de los derechos de los ciudadanos que esta ley dice garantizar.
En el artículo 11, nos felicitamos de que se haya incluido la referencia que respecto de los comisionados de los parlamentos de comunidades autónomas se pretendía por nuestro grupo y la relativa a los tribunales de cuentas de la comunidades autónomas.


Página 14934


Respecto del artículo 21, me gustaría hacer idéntica objeción, aunque no ha habido enmiendas en el Senado, a la que manifesté en esta Cámara. Creemos que encierra un problema de inconstitucionalidad en la medida en la que permite la comunicación de datos entre administraciones públicas, si así lo autoriza la norma de creación del fichero. Puesto que esta norma, lo he dicho en todas las instancias, puede ser norma reglamentaria, creemos que se está autorizando a una cesión de datos sin norma de rango legal, que es lo que debiera ser, lo cual incumple el artículo 53 de la propia Constitución.
En relación con el artículo 28, quisiera hacer una observación parecida a la que ha manifestado el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor López Garrido, en cuanto a que ha habido un cambio respecto a lo aprobado en el Congreso sobre los repertorios de abonados al servicio telefónico, que ahora tienen un tratamiento distinto que los listados de los colegios profesionales. Se ha hecho un último apartado 4, donde se dice que los datos que figuren en las guías de servicios de telecomunicación, se regirán por su disposición normativa. Parece que alguien está empeñado en que estas empresas dejen de tener el régimen habitual respecto a los demás ciudadanos o poseedores de ficheros, criterio que mi grupo no comparte. Nos gustaría que fuese claro que las normas específicas por las que se puedan regir, habrán de ser siempre respetuosas de los contenidos de esta ley, en cuanto ley orgánica que es, tuteladora del núcleo esencial de este nuevo derecho fundamental que la ley pretende articular y regular.
En relación con la materia sancionadora, mi grupo no puede manifestar sino su satisfacción porque, finalmente, en el Senado se han acogido la mayor parte de sus enmiendas acerca de este ámbito de la ley, respecto del cual habíamos manifestado quejas sobre la incorrección técnica. Me resta referirme a las disposiciones adicionales, dos de las cuales tienen extraordinaria importancia desde la perspectiva del grupo al que pertenezco. En primer lugar, la disposición adicional segunda -ha aludido a ella el representante que ha intervenido en nombre del Bloque Nacionalista Galego-, referida a cesiones de datos padronales a las administraciones públicas, contiene una tremenda incongruencia en demérito de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, al haberse negado sistemáticamente el grupo mayoritario a incluir la referencia, además de al Instituto Nacional de Estadística, a los entes equivalentes de las comunidades autónomas. Así, se va a dar la circunstancia de que como hasta ahora había partidos creados ficticiamente para poder disponer de los datos censales, las administraciones de las comunidades autónomas vamos a tener que crear alguna empresa, también ficticia, que se dedique a la venta por correo y que pueda solicitar estos datos. De otro modo el traspaso de datos entre la administración general de una comunidad autónoma y el Instituto de Estadística estaría protegido por el secreto estadístico y, por tanto, vetado. Es un entorpecimiento en modo alguno justificado y que nos obligará a utilizar procedimientos no deseados por la ley, evitándose la claridad como siempre por suspicacias en relación con lo que las comunidades autónomas puedan hacer con el uso de sus competencias.
Indescriptible -y no se me ocurre otro calificativo- nos parece la inclusión de la disposición adicional sexta que se ha efectuado en el Senado. Si la ley hace referencia a la tutela de un derecho fundamental, por tanto, el derecho referido a la intimidad, a la autodeterminación informativa, no nos parece que pueda cohonestarse con un precepto como éste en el que se están protegiendo intereses meramente mercantiles, meramente de utilidad, de un sector determinado como es el de las compañías de seguros privados. Puede ser un interés atendible desde el punto de vista económico, pero en modo alguno de igual peso que el de la tutela de un derecho fundamental. Se dice -y en esto no engaña al texto de la disposición adicional sexta- que se pretende evitar fraudes, colaborar en la estadística actuarial, por tanto, todos ellos fines que pueden ser muy alabables, pero que en modo alguno justifican un régimen distinto en relación con los datos de los ciudadanos, que -repito- forma parte del núcleo duro constitucional. La inclusión de esta disposición adicional respecto de la cual mi grupo va a votar, lógicamente, en contra, evidencia -aunque así no lo quiera el Gobierno- qué intereses concretos le gusta tutelar al grupo mayoritario de la Cámara, que es el grupo, en definitiva, que apoya al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, con la votación de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley orgánica de protección de datos personales finaliza un largo trámite que nos lleva al cumplimiento por parte del Estado español de una directiva de la Unión Europea. Llevamos, señor presidente, más de un año de retraso en ese proceso. Por tanto, corresponde hoy a esta Cámara dar la aprobación definitiva a este proyecto de ley orgánica, dando así cumplimiento -repito- a un mandato de la directiva comunitaria e incluso atendemos al requerimiento que la Comisión Europea ya ha hecho al Estado español diciendo que estábamos incumpliendo el plazo previsto para hacer esa necesaria adaptación.
Las enmiendas del Senado, que es el trámite en el que nos encontramos, de manera global mejoran técnicamente este proyecto de ley; hay mejores técnicas puntuales. Ya dijimos los distintos portavoces, y concretamente quien les habla, en el trámite del Congreso que éste no era el proyecto de nadie en concreto. Ningún grupo de los que hoy estamos aquí nos sentimos plenamente satisfechos de este proyecto de ley. Pero

Página 14935


como todo proyecto de ley orgánica exige transacciones y consensos, nuestro grupo se manifiesta globalmente satisfecho, en cuanto redunda en el principio de un necesario consentimiento del afectado en el tratamiento de sus datos. Sin embargo, mi grupo también quiere hacer una salvedad.
Algunos aspectos, señalados por otros portavoces y en los que nuestro grupo coincide, quedan pendientes de una sentencia del Tribunal Constitucional; sentencia que dará respuesta a aspectos autonómicos y a aspectos de derechos fundamentales. Seguro que la próxima sentencia tendrá traslado en la nueva ley, pero -y mi grupo quiere mencionarlo, porque el portavoz de Nueva Izquierda ha dicho que se hacía un fraude al Tribunal Constitucional o un fraude a la antigua ley- mi grupo ha aceptado hacer una nueva ley, globalmente, sólo por el hecho de la seguridad jurídica. Íbamos a reformar tantos artículos que era mejor hacer un texto nuevo, pero esperamos mejorar muchísimo las competencias autonómicas con la sentencia del Tribunal Constitucional, que evidentemente la queremos acatar, y sin duda tendrá su traslado a la nueva normativa; por tanto, fraude, ninguno.
Entre las enmiendas del Senado querría destacar la nuestra al artículo 11, que es más comprensiva con lo que es el Estado autonómico. Se hace extensión -hay un régimen especial de la comunicación de datos al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas- e incluimos también, a instancias de mi grupo y del Grupo Vasco, la referencia a los órganos análogos al Defensor del Pueblo -en Cataluña tenemos al Sindic de Greuges- o al Tribunal de Cuentas -en Cataluña la Sindicatura de Comptes-. Somos Estado igualmente y, por tanto, esos órganos análogos han de tener el mismo tratamiento que el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, y nos congratulamos de la aceptación de esa enmienda, que redunda en un avance autonómico global de este proyecto de ley.
A partir de ahora queda claro que las agencias autonómicas de protección de datos son autoridades de control y pueden inspeccionar.
En el anterior texto no quedaba claro, pero ahora sí, como lo queda también que las autoridades de control de las comunidades autónomas, cuando se creen, van a poder inspeccionar, y serán las competentes, los ficheros del ámbito local de su respectivo territorio. No puede ser menos, son las autoridades competentes en materia de régimen local. ¿Quién tiene que controlar los ficheros de un ayuntamiento o de un ente comarcal? Evidentemente tiene que controlarlos la Agencia de Protección de Datos de la respectiva comunidad autónoma y nos congratulamos de ello.
Del mismo modo, en el consejo consultivo habrá un representante de cada comunidad que haya creado un órgano de protección de datos, y éste también es un buen planteamiento, no un representante de todas las comunidades. Nunca un solo representante -eso es el café para todos- puede trasladar el sentir de cada comunidad autónoma, ha de ser uno por cada comunidad que tenga un órgano de protección de datos.
Por tanto, nos congratulamos, pero no del texto que se ha dado en el Senado a la disposición adicional segunda. Creemos que el objetivo que perseguía mi grupo con dicha disposición adicional segunda era permitir a las comunidades autónomas crear sus propios registros de población. Ése era un objetivo que desaparece con la enmienda del Senado, al igual que la alusión al censo electoral. Nosotros consideramos que si el INE tiene los padrones municipales, si el INE tiene el censo electoral, las comunidades autónomas, que son Estado, para el uso estricto de competencias de esas comunidades autónomas, con el único objetivo de hacer su documento, su registro de población, deben tener esos mismos datos, y deben tener la copia actualizada, lo que se decía también en el texto del Congreso. Por tanto, votaremos en contra de la disposición adicional segunda porque nos satisface más el texto que salió cuando se aprobó el proyecto de ley en el Congreso.
Finalmente, votaremos en contra del artículo 29. Señorías, no entendemos por qué el Grupo Popular ha introducido la enmienda al artículo 29.1. No entendemos esa enmienda porque consideramos que la misma intenta limitar y matizar el principio de la publicidad pública registral, que es un principio establecido en nuestro ordenamiento jurídico, así como en el comunitario. Eso puede llevar a interpretaciones adversas en el ámbito registral. Determinadas empresas de publicidad pueden verse con resoluciones que les impidan un acceso público registral. No queremos acceso a registros que no sean públicos, pero no entendemos muy bien cómo el Grupo Popular ha introducido en el Senado esa enmienda al artículo 29.1, a la que votaremos en contra.
Por último y con ello concluyo, decía que éste no es el proyecto de todos. No es el proyecto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); no nos satisface plenamente este proyecto de ley. Hay aspectos que seguro que resolverá en su sentencia el Tribunal Constitucional, pero este proyecto de ley, señorías, es un paso adelante en la protección de los datos.
Quería terminar con un aspecto novedoso, el censo promocional. Se intentaba en el Senado, y creo que se corrigió en el Pleno, que el documento de empadronamiento no estuviese ligado a ese censo promocional. Quiero que conste en el «Diario de Sesiones» que la voluntad de esta Cámara es que se utilice el censo promocional porque existe el consentimiento de querer estar en él; no es que se reparta el censo electoral, es que se hace un nuevo censo, el censo promocional, formado por aquellos que están en el censo electoral y que quieren estar también en el censo promocional. ¿Cómo sabremos que quieren estar? Por el documento de empadronamiento que pasa por todos; en ese documento todos deberemos manifestar si queremos o no estar en ese censo promocional. Es una buena solución, es el documento que pasa por todos.
Con este espíritu, nuestro grupo apoya también el artículo 31 y espera que los poderes públicos, especialmente

Página 14936


el INE -al igual que, si deciden hacerlo, los institutos de estadística de las comunidades autónomas-, hagan un buen uso de ese censo promocional y que sean escrupulosos en el consentimiento de los afectados. No queremos que el censo promocional sea la invasión de los buzones ajenos, no queremos que sea una vía libre a la publicidad sin control; antes al contrario, queremos que sirva para controlar la publicidad comercial y que ésta se dirija a aquellos que quieren recibir esa publicidad que legítimamente muchas empresas llevan a cabo.
Nada más señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
No es casualidad que en las sucesivas intervenciones de los grupos se vaya coincidiendo no tanto en el rechazo, porque no se trata de ello, sino en la crítica a algunas de las enmiendas introducidas en el Senado, que no tienen coherencia ni siquiera con el propio texto.
Nosotros unimos nuestra oposición a las modificaciones realizadas en el artículo 28, tanto en el número 2 como en el 4 nuevo, porque no entendemos por qué ha de ser objeto de tratamiento distinto e individualizado la publicación de datos por la Compañía Telefónica cuando, al fin y al cabo, no se somete a otra limitación que la advertencia en sus publicaciones de que dichos datos no deben ser objeto de utilización por nadie para fines de otro tipo y que, por tanto, deben respetar la voluntad de los que figuran en ella. No entendemos por qué se tiene que hacer esta exclusión.
En la misma línea, también discrepamos notablemente de la introducción de las disposicionales segunda y sexta. En la segunda, es grave que se siga manteniendo discriminación con respecto a las comunidades autónomas porque, si tenemos un serio concepto del Estado, tan Estado es el más pequeño municipio como la jefatura del mismo, y no podemos andar con esta clase de distribuciones de carácter jerárquico. En tono coloquial, corregiría a mi querido amigo -y perdóneme que me tome esta libertad, señor Jané- pues, si dice que no le gusta la expresión café para todos, debe corregirla; lo que no le puede gustar es un café para todos, pero mientras haya café para todos y cada uno lo tome como le dé la gana, creo que le gustará. Lo digo porque es muy frecuente utilizar esta expresión. Efectivamente, esta disposición adicional segunda quiere café para todos y entiendo que haya un rechazo, no sólo por la insuficiencia sino porque no deja el menor margen de libertad.
En cuanto a la disposición adicional sexta, sinceramente, pedimos a los señores diputados que estén interesados en el texto que se la lean y, en cuanto se la lean y hayan soportado el rubor que les va a producir, inmediatamente estarán abocados a votar que no, porque no es que tenga nombres y apellidos, es que es fruto de una oficiosidad o de un deseo de favorecer una actividad determinada que no tiene por qué tener cobertura, y menos con la conculcación del derecho de los ciudadanos, que también existe aunque no lo diga la disposición, a no pagar, a transgredir o a hacer aquello que les parezca conveniente y que no necesita una tutela especial.
Llamamos también la atención sobre el artículo 3, porque no nos parece acertada la expresión «personas físicas identificadas o identificables». Creemos que es más correcta la expresión «los datos que permitan la identificación directa o indirecta», porque abre una posibilidad de cobertura mucho más amplia que la de personas identificadas o identificables, en cuyo caso, so pretexto de su concreción y pensando que el peligro es etéreo, se podría hacer una interpretación restrictiva de modo tal que algunos supuestos quedaran sin cubrir.
Al resto de las enmiendas a las que no he hecho alusión les vamos a dar el voto favorable. Nos parece un acierto que se haya eliminado la constante reiteración de la expresión «tratamiento automatizado», puesto que se trata del tratamiento de los datos, que en unos casos será automatizado y en otros puede que no lo sea. También nos parece que es bueno que se haya hecho un conjunto de correcciones de carácter técnico que le dan mayor concreción al proyecto. Por ello, nuestro grupo le va a dar su voto favorable.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, efectivamente somos pocos los que seguimos creyendo en la existencia del Estado. Nosotros ya nos habíamos manifestado con nuestro voto a la totalidad de este proyecto de ley en el anterior trámite parlamentario y ahora, cuando la ley llega modificada desde el Senado, necesariamente tenemos que volver a votar en contra de este proyecto de ley orgánica porque lo que nos llega no es una ley, lo que nos llega es un auténtico adefesio que supone, entre otras cosas, un atentado al artículo 18 de la Constitución, una permanente denigración de la inviolabilidad y de la intimidad del domicilio, proclamada por el artículo 18 de la Constitución, que va a pertenecer a todo el mundo salvo a quien habita en él; lo que nos llega, como ya se ha anunciado desde esta tribuna, es el triunfo de los lobbies, especialmente de Unespa; lo que nos llega es la desatención a los intereses que debe cubrir el Estado y, en definitiva, una concesión del Estado. Nosotros participamos de la idea de que las comunidades autónomas son también Estado pero, en la medida en que lo establece la Constitución,

Página 14937


y a través de esta ley nos llega un Estado feo, un Estado desequilibrado y un Estado de perfiles inciertos y confusos. Yo remito a quien quiera comprobarlo al artículo 41 del texto legal, y que se diga si ahí está trazada una raya suficientemente clara y delimitadora de lo que son las competencias de la Administración central y de las comunidades autónomas.
Hemos hecho, creo, más esfuerzos que ningún otro grupo para lograr una conciliación de los diferentes y contrapuestos puntos de vista, hemos pedido al director de la Agencia de Protección de Datos que mediara entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista y le hemos ofrecido una fórmula para resolver el enojoso problema del censo promocional. En primer lugar, decíamos que no se pueden matar mosquitos a cañonazos y que no hay por qué violentar la intimidad del domicilio para cualquier clase de venta a distancia o de oferta comercial, que muchas veces puede ser satisfecha con un censo disociado de nombres y apellidos. En segundo lugar, que para los casos en que las exigencias del comercio y de la vida económica lo requirieran, se hiciera un censo con el consentimiento expreso de los que quisieran pertenecer a él y, para ello, que no se considerara confeccionada la hoja del empadronamiento mientras no estuviera cubierta la casilla correspondiente. Desde el Instituto Nacional de Estadística se ha contestado diciendo que eso era muy complicado.
Naturalmente, es mucho menos complicado asaltar la intimidad del domicilio, que es lo que se hace en esta ley, a través de la guía de profesionales, del listín de teléfonos y del censo promocional.
No nos gusta el título de la ley ni su disposición derogatoria.
Creemos que es una operación fraudulenta contra las competencias jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. No nos gusta la forma en que han quedado los registros referentes al terrorismo y a la delincuencia organizada, porque va contra los propios actos del grupo parlamentario y se mantiene en el recurso existente en el Tribunal Constitucional, que fue firmado, entre otros, por el presidente de esta Cámara. Vemos absolutamente contradictorio, disparatado y una manifestación de la esquizofrenia política que a veces domina a los partidos y a los grupos parlamentarios que se adopte con toda caradura y cinismo una posición cuando se está en la oposición y otra diferente cuando se está gobernando.
Yo quisiera preguntar exactamente al Grupo de Convergència i Unió si, cuando desarrolle su Agencia de Protección de Datos y el consejo consultivo en su comunidad, va a permitir que haya 17 representantes de la Administración central, sobre un total de 26, y sólo 8, o menos, de la comunidad autónoma, o si va a tener la caradura y el cinismo de exigirlo sólo en el consejo consultivo de un órgano estatal, como es el consejo consultivo de la Agencia de Protección de Datos, que antes tenía 9 representantes, sólo uno de los cuales representaba a las comunidades autónomas, ahora tiene 26, 17 van a representar a las comunidades autónomas y sólo uno va a representar a la Administración del Estado. Harían muy bien el Senado y el Congreso en meditar si merece la pena tener un representante cada una de las Cámaras en el consejo consultivo cuando van a estar dominados mayoritariamente por el conjunto de representantes de las comunidades autónomas.


Termino con el asunto de Unespa. Nosotros teníamos una enmienda presentada en la que solicitábamos que se facultara el cruce de datos para combatir algunos de los grandes males que existen en la sociedad española: la necesidad de la lucha contra el delito, de combatir la evasión fiscal, el afloramiento de la economía sumergida y la lucha contra el fraude social; que se permitiera el cruce de datos. Se nos denegó, pero a Unespa se le ha permitido para hacer unas tarifas con menos riesgo, para hacer estudios de seguridad y evitar el fraude a los intereses de las compañías de seguros. Ahí sí se permite el cruce de datos. Sin embargo, para defender los intereses del Estado, no.
Lamentablemente, de la misma manera que los Estados -y lo vamos a ver dentro de poco- son incapaces de sobreponerse a su egoísmo para defender la justicia en la comunidad internacional, también tenemos que decir que hay grupos que por su localismo son incapaces de superar sus propios intereses en aras de la justicia y de una concepción armónica del Estado. Por todo ello, votaremos con satisfacción en contra de esta ley orgánica.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Navarrete.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Matador de Matos.


La señora MATADOR DE MATOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy afrontamos el trámite final de la reforma de la Ley Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, con el debate de las enmiendas que nos remite el Senado. Con toda brevedad, voy a aprovechar este turno para realizar alguna consideración en orden a resaltar la importancia de esta reforma.
Si bien el artículo 18.4 de la Constitución exige la existencia de una ley que limite el uso de la informática para proteger la intimidad y el honor, tenemos que decir que este proyecto de ley que debatimos hoy aquí -y que será aprobado si la mayoría cualificada de SS.SS. así lo considera-, que modifica la Lortad del año 1992, obligó a todos los ponentes a replantearse la mecánica legislativa de estudiar las modificaciones realizadas por el texto del Gobierno y las enmiendas planteadas por los distintos grupos al mismo. No sólo se han estudiado las novedades y sugerencias que la normativa europea nos exigía incorporar a la ley, sino que, sabiendo la importancia de esta materia, se planteó actualizar el texto artículo por artículo.
Queríamos establecerunos mecanismos jurídicos que impidiesen que

Página 14938


determinada información de nuestra vida, cuyo conocimiento deseamos preservar, no fueran registrados, acumulados o entrecruzados, así como poder acceder a los ficheros públicos y privados para saber si acumulan nuestros datos, estableciendo los cauces necesarios para corregir los inexactos, completar los insuficientes y cancelar los que no deben figurar. Toda esta labor no se ha hecho cerrando los ojos a la realidad social y económica de nuestro país; al contrario, conocedores de los errores, disfunciones, contradicciones y lagunas que se han detectado al aplicar la actual Lortad, los ponentes han intentado elaborar una ley más garante, rigurosa, técnica y coherente con la realidad que se quiere regular.
Queremos poner de manifiesto la importancia que ha tenido la regulación del censo promocional, destacando que el Instituto Nacional de Estadística tiene que desarrollar una publicidad institucional durante dos meses para que todos los ciudadanos puedan decidir posteriormente con una cruz si quieren estar en el listado, y así instituciones, fundaciones y empresas podrán adquirir los listados una vez excluidos quienes no quieran estar en los mismos.
Creemos que esta regulación es más positiva y real que la actual, que da la espalda a la realidad y deja totalmente desprotegidos a los ciudadanos que, constantemente, estamos recibiendo publicidad que no queremos en nuestros buzones.
Entrando ya en las enmiendas del Senado, nos parece de especial relevancia que en el propio título de la ley, que en el Congreso se había calificado como ley orgánica de protección de datos, se haya añadido «para mayor determinación de carácter personal». Respecto al artículo 2, se han incorporado reglas de competencia territorial, teniendo en cuenta la aplicación de las normas de derecho internacional público, puesto que no podemos olvidar que la finalidad de la directiva que hoy estamos transponiendo es también el flujo transfronterizo de datos entre los Estados miembros de la Unión Europea y terceros, siempre con la debida protección de los mismos.
Nos parece también muy adecuado que la letra a) del artículo 3 introduzca la expresión «personas físicas identificadas o identificables», para evitar la utilización de datos que permitan la identificación de esta manera. En el artículo 12, letra a), respecto al consentimiento exigido para la cesión de datos, se fija que podrá hacerse sin conocimiento del interesado cuando la autorice una ley; en la letra d), cuando tenga como destinatario instituciones autonómicas análogas al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas; en la letra e), cuando la cesión se produzca entre administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos, y en la letra f), cuando la cesión de datos relativos a la salud sean necesarios para solucionar una urgencia.
En el artículo 28, apartado 4, se recoge la regulación de datos que figuran en guías de servicios de telecomunicaciones, tal y como insta la directiva en materia de comunicaciones, dictada el mismo día que la ley que hoy estamos transponiendo. Respecto a infracciones y sanciones, reguladas en los artículos 44 y 45, se da una regulación más sistemática y clara, con un mejor baremo respecto a la culpabilidad del imputado, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, como consecuencia de las cuales se modificará la cuantía de la sanción.


Creemos que el texto remitido por el Senado ha resuelto importantes problemas técnicos, que se han clarificado con la mayoría de las enmiendas. Por todo ello, mi grupo espera que esta ley sea aprobada, porque es más garante, más rigurosa, más técnica y más coherente. Y quiero destacar aquí el amplio consenso alcanzado por parte de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS. (Número de expediente 121/000171.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 38 del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Serrano, que va a ser el único interviniente por parte de este grupo.


El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición del Partido Aragonés sobre las enmiendas que se incorporan al Congreso después de su trámite por el Senado. De forma general, quiero mostrar el rechazo más absoluto a la tramitación de esta ley. Por lo que se refiere a las enmiendas del Senado, vamos a votar a favor de aquellas que tienen relación con cuestiones de medio ambiente, definición del dominio público hidráulico y de carácter técnico. Quiero hacer mención especial a un escrito que nos ha presentado el letrado de la Comisión, proponiéndonos una serie de mejoras de carácter técnico, que en principio aceptamos; en cuanto al resto, nos abstendremos y, en todo caso, votaremos que no.
Señorías, estamos a finales de siglo y, sin lugar a dudas, el debate hidráulico se nos va a quedar como asignatura pendiente. El Partido Aragonés entiende que la política hidráulica del Estado, con las regulaciones legales que se han hecho en materia de aguas, va a significar -es bueno que lo remarquemos y que quede constancia en el «Diario de Sesiones»- un importante desequilibrio territorial. Los planes proyectados contemplan la despoblación, la mengua de la España interior frente a la pujanza y el potencial demográfico del litoral mediterráneo. Esto es así y desgraciadamente lo

Página 14939


vamos a constatar y, siempre que podamos, el Partido Aragonés va a hacer lo imposible para que esto se compense. Habría que recordar el artículo de la Constitución que hace referencia al equilibrio territorial y a las desigualdades entre los territorios. Tanto el Libro Blanco del agua, como la reforma de la Ley de Aguas y lo que en algún momento será el Plan hidrológico nacional, estos pilares van a impulsar lo que se llama con eufemismo las transferencias de agua, los trasvases hacia áreas de alto nivel económico y social, y pretenden justificar un supuesto potencial agrario superior, cuando muchas dotaciones satisfarán intereses turísticos y de recreo.
Asimismo, los planes estatales instaurarán el mercado del agua, que determinará el paso de las concesiones hidrográficas a manos de las que más dinero tengan. El agua irá, desgraciadamente, para aquellos que la puedan pagar.
Este recurso natural tan importante como es el agua, que va a ser factor de crisis en el próximo siglo -y ahí están los diferentes informes de Naciones Unidas y del Banco Mundial-, es básico para el desarrollo industrial, social, turístico y agrario de todos los territorios, de la España interior y, en concreto, de Aragón. Por eso, la defensa de este recurso, la defensa de estas cuestiones es algo que le ha caracterizado siempre al Partido Aragonés. Desde nuestro territorio venimos reclamando, desde principios de siglo, la regulación y el uso del recurso como motor de desarrollo y de corrección de los desequilibrios territoriales. Habría que hacer mención especial también a lo que la propia Carta Europea del agua marca en lo que respecta al uso de este recurso exclusivamente en aquellas cuencas de origen.
Frente a este situación, la reforma de la Ley de Aguas es, sin duda, la puntilla que va a suponer el coartar el crecimiento de muchos territorios; consagra el mercado libre del agua; se ceden los derechos hidráulicos a cambio de precios sin límites, o al menos los límites que se marcan en la ley no son suficientes; y sobre todo, lo que nos parece más grave, se perjudica al débil y se pervierte la esencia de un bien público como es el agua. A partir de ahora, con esta reforma de la Ley de Aguas -una de las conquistas de la reforma de la Ley de Aguas de 1985-, el agua va a dejar de ser bien público.
La postura del Partido Aragonés y de muchos aragoneses es de dignidad, de apelar a la justicia para frenar el desequilibrio territorial y social. Es bueno que dejemos constancia de la desertización y el olvido al que se están sometiendo determinadas zonas del Estado español.
Ahora y siempre, aprovecharemos cualquier foro para decir que el agua es factor clave del desarrollo territorial y que luchamos, lucharemos y seguiremos trabajando, en contra de nuestras bases, a favor del desarrollo de las obras de regulación del Pacto del Agua y, sobre todo, de algo tan importante y en estas últimas fechas en entredicho, de la recuperación del consenso hidráulico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Serrano.
En nombre del grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad, dado que la regulación de aguas en Canarias tiene su norma fundamental específica.
Votaremos favorablemente todas las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta porque perfeccionan y dan alcance técnico a modificaciones puramente formales del texto del Congreso. El Senado ha introducido una serie de enmiendas que entendemos que enriquecen, perfeccionan y dan un mayor margen de seguridad jurídica a la materia en cuestión, al tiempo que introducen algunas novedades complementarias que no estaban en el texto de nuestra Cámara. Por ejemplo, la modificación del artículo 84 de la vigente Ley de Aguas 29/1985, de 2 agosto, que señala los objetivos de la protección del dominio público hidráulico. Las especificaciones concretas y explícitas en el texto son fundamentales para prevenir lo que aquí se trata de hacer como norma jurídica.
En cuanto a la modificación del artículo 93, nos parece de sentido común pasar, de los cuatro años que habíamos señalado en esta Cámara para las autorizaciones de vertidos, a cinco años renovables sucesivamente, siempre que cumplan las normas de calidad y objetivos.
También es digno de señalar que en esta enmienda se amplían las autorizaciones de vertidos y la obligación de información por parte de las entidades locales sobre los vertidos de sustancias tóxicas y peligrosas depositadas en los colectores locales no sólo a las prohibidas por la normativa sobre calidad de las aguas, sino a todas las reguladas por dicha normativa. Esto supone una garantía importante que merece nuestro apoyo.
Hay otra enmienda -el punto cuadragésimo noveno- que pretende introducir una disposición adicional octava sobre plazos en expedientes sobre dominio público hidráulico. Creemos que enriquece la redacción dada por esta Cámara al régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común en la Ley 4/1999, de modificación de la anterior.
Para terminar, señor presidente, creemos acertada la enmienda que introduce una nueva disposición final segunda que obliga al Gobierno a que el desarrollo que se prevé en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley se haga por un decreto legislativo, y no mediante normas reglamentarias cuyo rango no se especifica. Creemos que el hecho de especificar que debe tratarse de un decreto legislativo da unas garantías afortunadas del principio de legalidad.
Por estas razones, votaremos favorablemente a todas las enmiendas que nos llegan del Senado a esta modificación de la Ley de aguas.
Gracias, señor presidente.


Página 14940


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo dará su apoyo a las enmienda del Senado a este proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas, de 1995. En su mayor parte, se trata de una corrección de errores técnicos, de acoplamientos en la numeración, y de otras modificaciones que mejoran ligeramente su redacción pues aclaran el texto inicial.
También es interesante la disposición final segunda del proyecto de ley, en la que se pide al Gobierno que elabore un texto refundido con la normativa vigente en materia de aguas. Ese texto refundido sobre la política hidrológica del Estado puede ser redactado en el próximo período de sesiones. Vamos quemando etapas, quizá muy lentamente, y ésta puede ser una etapa que nos quede pendiente. Supongo que en lo que queda de legislatura ya no habrá ningún debate más sobre el agua y tenemos pendiente el Plan hidrológico nacional, que algún día llegará a esta Cámara. Espero que los que estén o estemos aquí para discutir el tema del agua logremos el consenso que no se ha obtenido en esta reforma de la Ley de Aguas. Es importante el debate sosegado, siempre lo hemos dicho, básicamente también con el señor Ríos hemos sido protagonistas de esta frase de debate sosegado y máximo consenso. Ya digo que en esta reforma de la Ley de Aguas no ha podido ser así, pero en un próximo futuro de nuevas etapas de la política de aguas esperemos -y en ello nos encontrarán para lograrlo- que el consenso en lo que legislemos sea el máximo en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, este trámite debería y debe de servir para que los grupos analicemos cuáles son las aportaciones, cómo ha sido modificado el texto que el Congreso aprobó en el trámite del Senado. A este diputado le caben como dos sensaciones: una, el texto que salió del Congreso no nos gustaba porque ponía como solución al problema del agua el carro delante de los bueyes, en lugar de tener un plan hidrológico tenemos un mercado del agua, es decir, compramos y vendemos acciones; segunda, en lugar de tener un compromiso teníamos una actuación para meter la iniciativa privada en la inversión para solucionar los problemas de infraestructura hidráulica y le pagábamos a esa iniciativa privada, vía tarifas, después de una depuradora, después de una gestión que pudiese hacer. Desde esa óptica, que fue nuestra postura, es como yo puedo analizar cuáles son las aportaciones que el Senado ha introducido a este proyecto.


Hay una parte del trabajo de la Cámara Alta importante, sesudo, que precisa, corrige el texto, lo deja en su sitio, que a nosotros no nos parece mal, pero tampoco nos parece bien. No sé por qué cambiar la coma, poner el punto, precisar. Son lo que pudiéramos llamar enmiendas ni fu ni fa, son enmiendas que están bien porque es una lectura más sesuda, una segunda lectura que espero que pronto cuando el Senado funcione con otra dinámica ya no se cumpla y cumpla más otra función, tengamos otro modelo de Estado. En esa mayoría de enmiendas no voy a manifestarme, pero me van a permitir SS.SS. que me detenga, pueda entrar en la precisión de cuatro enmiendas que considero que el Senado ha introducido para mejorar el texto que mandamos desde el Congreso, porque favorecen la protección del medio natural, porque introducen mejores criterios en cuanto a la defensa del dominio público hidráulico y porque se compromete en un plazo, que espero que lo tenga que cumplir. Esas cuatro enmiendas que considero que mejoran el texto, que lo amplían, voy a respaldarlas, las vamos a votar a favor.
Hay seis enmiendas, seis precisiones que el Senado hace que no sólo no nos gustan, es que empeoran el texto y sobre todo corrigen al Congreso y corrigen a la legislación que tenemos en el país, algo así como diciendo: A la autoridad hidrográfica le vamos a dar plazos de funcionamiento distintos a cualquier administración. Además, de manera aleatoria, se dice: Para producir sanciones nos vamos a dar un año. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por favor, señorías. Señora Gil, por favor, un poco más bajo.
Continúe, señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Para producir una sanción, el organismo público de Correos, la entidad pública empresarial, tienen unos plazos que son los que les marca la ley, pero a las confederaciones les damos un año. ¿Por qué un año? Porque se les ha ocurrido. Pero para otras cosas les damos dieciocho meses y para otras les damos seis meses. Mire usted, esto es una arbitrariedad, en lugar de corregir y mejorar la ley lo que hacen es empeorarla. ¿Cuáles son estas precisiones, estas enmiendas que nosotros queremos en unos casos apoyar y en otros rechazar? Vamos a pedir el voto a favor para unas y el voto en contra para otras. Una de las enmiendas que introduce el Senado que es buena para el proyecto de ley que se aprobó aquí es todo lo referente al artículo 1 en el punto tercero.
¿Qué introduce el Senado? Da una nueva redacción al artículo 10 de la vieja Ley de Aguas. ¿En qué parte? Fundamentalmente cuando dice que las charcas situadas en predios de propiedad privada se consideran como parte integrante de los mismos, siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ambiental. ¿Qué es lo que está diciendo el Senado con

Página 14941


esto? Que a esas charcas situadas en predios de propiedad privada se les va a aplicar la legislación ambiental y además debe tener unas condiciones. Nosotros creemos que es un paso adelante, que es positivo. Es una ayuda a lo que es la defensa de los humedales en nuestro país.
Otra enmienda que el Senado ha introducido y que es positiva es la que se refiere al artículo 1, trigésimo, con esa nueva redacción del artículo 84 de la Ley de Aguas, donde se fijan como objetivos de la protección del dominio público hidráulico: a) Prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado general. b) Establecer programas de control y calidad en la cuenta hidrográfica. Es un compromiso a añadir a lo que aquí habíamos planteado; hay un compromiso para mantener, para desarrollar y para tener un control sobre esa calidad del agua porque, como ustedes saben, entre los problemas que tiene el agua uno de ellos es que no se reparte igual en todo el territorio, en unos sitios tenemos menos agua y en otros más, pero hay otro que sí es común a todos, que es el compromiso por mejorar la calidad del agua que recibimos cada uno. c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos. d) Evitar cualquiera otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico. Con esto, lo que está intentando es abordar un sistema de recuperación del dominio público hidráulico en todos los sistemas acuáticos que puedan estar asociados dentro de la cuenca. Esta enmienda lo que hace es comprometerse con la calidad del agua, orientar para que todas las confederaciones tengan planes concretos hacia esto. ¿Cómo lo regula? La verdad es que en el trámite del Senado no se puede establecer todo el trámite, toda la regulación; por tanto, lo que dicen es que reglamentariamente se establecerán los niveles de calidad.
Otra aportación que hace el Senado y que es positiva es la referente al punto trigesimonoveno. Se da una nueva redacción al apartado 4 del artículo 103. Este punto viene precisamente a mandatar la necesidad de que los organismos de cuenca y la autoridad ambiental, que en unos casos puede ser de comunidad autónoma y en otros casos puede ser el propio Ministerio de Medio Ambiente, tienen que comprometerse con una protección eficaz y con una gestión sostenible de los humedales para lograr la recuperación.
Por último, está el punto que antes he comentado -y que también ha comentado el portavoz de Convergència i Unió- que es el que habla de dar un año para que se haga un texto refundido. Es bueno para dar seguridad jurídica, para poder actuar, tanto los ciudadanos como el que la tiene que administrar, llámense confederaciones, tener la garantía de un texto refundido. Se da un año; a lo mejor es excesivo.
Tampoco es importante si al final se tiene, lo malo es que al final se pase el año y no lo tengamos, pero eso será otra cosa. ¿Cuáles son las aportaciones que consideramos negativas, con las que nosotros no estamos de acuerdo? Son las enmiendas que ha introducido el Senado al punto octavo del artículo único sobre el artículo 23.4. Mientras el Congreso decía que las confederaciones emitirán un informe previo en el plazo de dos meses desde que sean consultadas para los planes de la comunidad -les dábamos, por tanto, dos meses-, el Senado dice: No, dos meses no, en el plazo y en los supuestos que reglamentariamente se determinen. Es aquel viejo lema de Romanones de hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos. Miren ustedes, yo prefiero lo que aprobamos en el Congreso, porque es más preciso, es más concreto y sería más positivo para los propios ciudadanos, para los propios administrados.
Otra enmienda que el Senado ha introducido y que no nos gusta es la modificación del artículo único, decimonoveno, punto 14. El texto del Congreso decía que, en este caso, la competencia para autorizar el uso de estas infraestructuras hidráulicas correspondía a una autoridad, que era el director general de obras hidráulicas. El texto del Senado dice que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué es eso del Ministerio de Medio Ambiente? ¿A qué despacho se refiere? ¿A qué oficina? ¿A cualquiera? ¿Puede haber una orden del Ministerio que diga que el ordenanza de la puerta es el que va a autorizarlo? ¿Que es el servicio fulano? ¿Que es el servicio mengano? Con esta redacción el proyecto de ley pierde claridad. No estamos de acuerdo con esa enmienda que ha introducido el Senado.
Otra enmienda que ha introducido el Senado y que consideramos negativa es la presentada al punto trigesimotercero, en el artículo 93, punto 2. Aquí, el Senado corrige la plana al Congreso de manera innecesaria en el tema del control de los vertidos, que ha sido uno de los puntos de discusión que ha resaltado el grupo mayoritario de la Cámara, que soporta al Gobierno. ¿Cuál es el texto que aprueba el Congreso? Dice: Las autorizaciones de los vertidos tendrán un plazo de vigencia de cuatro años. Eso fue lo que decidimos aquí para controlar, para exigir y para garantizar. El Senado dice: Cuatro años, no; cinco años. ¿Por qué un año más? ¿Porque es mejor para controlar el vertido? ¿Porque es mejor para otro tipo de actuación? No compartimos esa aportación que hace el Senado y la vamos a votar en contra.
En el punto trigesimonoveno -que pasa a ser cuadragesimosegundo-, punto 7, el Congreso, refiriéndose a las autorizaciones que dábamos a las confederaciones hidrográficas, decía: El Organismo de cuenca tiene por objetivo aprobar y emitir las liquidaciones reguladas en este artículo. Nos estamos refiriendo a lo recogido en el artículo 106 de la Ley de Aguas. ¿Qué dice el Senado? Dice: El Organismo de cuenca aprobará las liquidaciones. ¿Por qué quitar «emitir» las liquidaciones? ¿Qué pasa, que no tiene que informarlas, no tiene que elaborarlas, no tiene que expedirlas? No nos parece acertado. Está debilitando lo que aprobamos en el Congreso.
La enmienda que hace al punto cuadragesimonoveno modifica esos procedimientos, a los que antes me refería, de la Ley de procedimiento administrativo. El

Página 14942


Senado hace aquí una precisión que consideramos que no es lógica ni justa, que es dar unos plazos de dieciocho meses para las concesiones, seis meses para la autorización de usos del dominio público hidráulico y un año para los procedimientos sancionadores.
¿Por qué no seguir lo que marca la Ley de procedimiento administrativo común, que además acabamos de aprobar? Este Gobierno es más inestable que un vaso de agua en medio de una tormenta. ¡Si es una ley que acabamos de discutir! ¡Si yo he participado en esa discusión hace apenas tres meses! Pues, no, ahora hay que modificarla, y para eso hacemos una explicación específica y, además, la introducimos en el propio Senado.
La última enmienda que nosotros no consideramos positiva es la que introduce un punto 8 en el artículo 115 de la ley, a través del nuevo punto cuadragesimoséptimo del proyecto de ley. Se modifica el artículo 106 en cuanto a lo que debe de tener consideración de gastos de funcionamiento. A nosotros no nos gusta que a través de este artículo se decida que van a ser gastos corrientes, es decir gastos de funcionamiento y conservación, todas las cantidades que el Estado y las confederaciones aporten para la construcción y explotación de obras hidráulicas. Incluso dice: o que sea concesionario de las mismas. No estamos de acuerdo en que sean gastos corrientes, porque esto es cambiar la ley presupuestaria. Si la ley presupuestaria dice que el gasto corriente es para mantener una cosa y que la inversión nueva es esfuerzo de inversión o transferencia de capital, aquí la modificamos y decimos que, para esto, no debe ser así.
Señor presidente, creo que hemos dejado clara nuestra opinión sobre el trámite del Senado. En todo caso, la lectura que debemos de sacar de este trámite de la Ley de Aguas es que hemos tenido una legislatura plagada de incidencias en los temas de agua, que empezó con un debate de investidura en el que nuestro presidente se comprometió a que en año 1998 tendríamos plan hidrológico nacional.
La ministra dijo un año después que habría un libro blanco, un gran debate final en 1997, para tener al terminar 1998 el Plan hidrológico nacional y se sacaron de la chistera una ley de aguas por medio.
Resultado: se ha pasado la legislatura, tenemos Ley de Aguas y mercado del agua y no tenemos Plan hidrológico. Es toda una joya de la legislatura perdida en la búsqueda del agua y del Plan hidrológico.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, afrontamos hoy el último trámite de la discusión y debate de un proyecto de ley que parece interesa más a los diputados y diputadas de esta Cámara que al propio Gobierno; que es muy importante para el Grupo Socialista, que esperaba que la señora ministra nos hiciera el honor de su compañía en este debate porque a pesar de ser el máximo disloque que ha planteado en la normativa de aguas es la mayor actuación política que ha tenido el Ministerio, a pesar de esa elaboración, de esa redacción, de esas consideraciones que son erróneas para llevar a cabo una buena y positiva gestión de aguas.
Esta reforma de la Ley de Aguas que viene del Senado ahora, introduce dos tipos de enmiendas y no introduce nada respecto a otros planteamientos que existen en la ley a los que el Grupo Socialista desde el principio ha manifestado su más rotunda oposición. Nos hubiera gustado que el Senado hubiera aceptado, que el Grupo Popular y el Gobierno hubieran aceptado enmiendas que tienen que ver con el núcleo gordiano de la ley, enmiendas que tienen que ver con el mercado del agua, pero no para su supervivencia, sino para su supresión. Tal y como ustedes contemplan esta reforma de la Ley de Aguas que hoy se va a aprobar con sus votos, nace un mercado generalizado de agua, un mercado libre, en el que la Administración hidráulica es un mero testigo de un contrato de compraventa en el que ustedes dicen de manera muy pomposa que hay una cesión de derechos de uso. Digo que es mero testigo porque los plazos que se le dan a la Administración para llevar a cabo esa intervención son plazos que ustedes saben son exiguos y, por tanto, dan forma a lo que ustedes pretenden y es que ese contrato libre, ese contrato de compraventa se produzca entre el que tiene el agua y el que la desea; entre el que está dispuesto a pagar un precio, sea cual sea el mismo y el que está dispuesto a venderla para obtener unos beneficios en esa compraventa en la que lo que se está mercadeando es un bien público, es un bien de interés general, es un recurso escaso, es un recurso que está territorialmente bastante mal distribuido y que como elemento que tiene que ser de articulación territorial, con su fórmula de mercado de agua lo que hace es posibilitar la concentración de la misma en pocas manos. Es decir, se puede producir una especulación en la gestión del agua en este país.
En el Senado no se ha incorporado ningún tipo de enmienda que vaya a enmendar esa situación. En el Senado no se ha pretendido que haya ningún control mayor por parte de la Administración para que ese mercado del agua en lugar de ser tan generalizado pudiera ir únicamente destinado a situaciones excepcionales, a situaciones de coyuntura. Pero ustedes no quieren modificarlo y plantean que el mercado del agua sea libre y en cualquier tiempo. Cuando hablan de temporalidad del contrato, como tiene que ver mucho con la concesión, esa temporalidad no está limitada a uno o dos años sino al tiempo de la propia concesión, con lo cual se introduce un factor de inseguridad jurídica por entender que el contrato que se suscribe es un contrato que entra dentro de las pautas del derecho privado sin ningún tipo de dificultades. Como digo, este es el nudo gordiano cuya modificación ustedes no han querido aceptar en el Senado.


Página 14943


Existe también otro aspecto importante que, a pesar de las enmiendas que se han planteado, ustedes no han querido aceptar. No puede ser que la declaración de interés general de las obras hidráulicas en este país se organice tal y como ustedes lo plantean, porque indudablemente no hay una pauta que se pueda seguir de manera homogénea. Ahora va a haber obras hidráulicas que las vamos a conocer en esta Cámara y va a haber obras de declaración de interés general que las conoceremos a través del Boletín Oficial del Estado. Va a haber obras de declaración de interés general que las vamos a ver a iniciativa de Gobierno, y va a haber declaraciones de interés general que van a surgir a través de peticiones que puedan hacer de manera interesada las comunidades autónomas u otras instituciones. Entonces, o somos capaces de decir qué es interés general y decidimos qué es interés general, y lo sometemos a una norma que posibilite el que todo el mundo tenga claro por qué esa actuación es de interés general, o esto va a ser la ley de la selva. En función de intereses partidarios, partidistas o localistas nos vamos a encontrar con declaraciones de interés general que no tienen nada que ver con el concepto jurídico, con el concepto más estricto de interés general.
En esto tampoco han querido introducir ninguna modificación en la reforma de la Ley de Aguas en el Senado. Sí que es cierto que han introducido cuatro enmiendas de este Grupo Socialista, algunas de las cuales mejoran sustancialmente el texto, y algunas de las cuales tienen un calado importante, pero tienen que ver con lo que no está contemplado como el nudo gordiano o con lo que es el centro del debate en este proyecto de la política de aguas, que es el mercado del agua que ustedes han recogido; tienen que ver con aspectos que, dentro de nuestra estructura de reforma de la Ley de Aguas, entendíamos como importantes, pero no de los más destacados.
Es cierto que considerar que las charcas situadas en predios de propiedad privada tienen que estar sometidas a la legislación ambiental es un aspecto positivo, y hemos de reconocer que ustedes lo han aceptado, y así se plantea en esta modificación que viene del Senado. También hemos de reconocer que ustedes han incorporado en el Senado una modificación del artículo 84 de la Ley de Aguas, cuando se definen los objetivos de protección del medio público hidráulico, y han aceptado la enmienda que nosotros hemos formulado a ese texto, por lo que entendemos que ustedes han comprendido que nuestras aportaciones en estos puntos son positivas y que mejoran la catalogación y los objetivos del dominio público hidráulico.También han entendido que era buena nuestra redacción sobre la protección de las zonas húmedas y su recuperación, de la misma manera que han entendido que era bueno también que en el plazo de un año se elaborara un texto que fuera el texto refundido de todas las normativas sobre aguas. Pero junto a estas enmiendas que incorpora el Senado, hay algunas otras que no nos gustan; hay algunas que son técnicas, algunas no tienen especial dificultad, pero hay algunas que no nos gustan. Hay una que nos llama profundamente la atención. Me estoy refiriendo a la enmienda que hace referencia al punto 14 del nuevo artículo 61, es decir, aquel que regula la cesión de derechos de uso del agua. En esa enmienda se dice que, cuando se utilicen las infraestructuras de interconexión, es decir, cuando se utilicen los trasvases para llevar a cabo o para posibilitar la celebración de contratos de cesión de derechos del uso del agua, de la compraventa, bastará con que alguien del Ministerio diga que eso puede hacerse.
En el texto que sale del Congreso y mantienen en el Senado, ustedes reconocen al ministro la facultad de cambiar la prelación de usos del agua; reconocen al director general que es el que tiene que dar esta autorización para que en los trasvases se pueda llevar a cabo esta cesión de derechos del uso del agua. Pero cuando viene del Senado no sé por qué arte, no sé con qué objetivos, no sé quien va a tener la firma, pero va a haber alguien dentro del Ministerio que va a firmar estos contratos de cesión de derechos del uso del agua, estos contratos de compraventa y los va a autorizar cuando se utilicen trasvases. Esto lo va a poder hacer desde el ministro, al director general de obras hidráulicas, secretario de Estado, presidente de confederación, ingeniero del servicio de no se qué; es decir, cualquier autoridad. Eso genera una serie de circunstancias que a nosotros nos preocupan, y que hay que denunciar porque marcan unas pautas de arbitrariedad que van a suponer un descontrol por parte de la Administración a la hora de llevar a cabo estos contratos, porque esta actuación tiene mucho que ver con lo que es el propio contrato de compraventa en sí, ya que indudablemente la Administración hidráulica sigue siendo mero testigo de lo que se hace por parte de los privados.
En definitiva, señorías, celebramos hoy el último debate de esta reforma de la Ley de Aguas y esperamos que el día 5 ó 12 de marzo, cuando se celebren las elecciones generales, podamos acudir con un texto que la modifique por tener ya nuestra responsabilidad de Gobierno, enmendando todo aquello que en esta reforma de la Ley de Aguas atenta y va contra el agua como recurso natural y público, contra los intereses de muchos ciudadanos y ciudadanas de este país y que va en beneficio de aquellos que económicamente pueden acceder al acopio de agua por el mero hecho de tener disponibilidades económicas y de plantear unas necesidades que no tienen nada que ver con su uso y con su gestión objetiva y necesaria en beneficio del interés público.
Decía el señor portavoz de Izquierda Unida que esta legislatura se había caracterizado únicamente por llevar a cabo esta reforma de la Ley de Aguas. Indudablemente ha sido una legislatura en la que el Ministerio de Medio Ambiente, con la ministra a su cabeza, no ha sido nada productivo. El libro blanco no vale para nada. Hay que modificar la reforma de la Ley de Aguas cuando se celebren las próximas elecciones.


Página 14944


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, vaya concluyendo.


El señor MORLÁN GRACIA: La no presencia del plan hidrológico nacional y la escasez de inversión en obras de regulación de saneamiento y depuración son, sin lugar a dudas, aspectos muy destacados de una gestión que nosotros criticamos muy duramente y que, con esta reforma de la Ley de Aguas que hoy se plantea, lo único que hacen es empeorar las cosas que ustedes habían recibido.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a ser breve, dado que el proyecto de Ley de Aguas ha sido ya ampliamente debatido en esta Cámara.
Con la votación dentro de breves momentos de las enmiendas aprobadas por el Senado...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora De Lara.
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles. (Pausa.) Los dejan conectados y, además, abandonados, lo cual ya es el colmo de los colmos.
Lo siento, señora De Lara, puede continuar.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Decía que con la votación dentro de breves momentos de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de Ley de Aguas finaliza el trámite parlamentario de este importante proyecto de ley, y los españoles dispondremos de una nueva Ley de Aguas que va a dar respuesta a las insuficiencias de la Ley de 1985 y a los nuevos retos que exige la gestión del agua a las puertas del siglo XXI, en concordancia con nuestra plena integración en la Unión Europea y con la necesidad de considerar el agua como un bien medioambiental de primer orden.
El proyecto de ley, señorías, tiene una finalidad fundamental: crear una nueva cultura del agua; pasar de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda; favorecer la capacidad de reacción de las administraciones y de los usuarios, frente a los efectos más negativos de una posible sequía; y fomentar, a través de diversas medidas, el ahorro del agua, su uso eficiente, una gestión eficaz y sostenible del recurso hídrico. De otro lado, señorías, las medidas previstas en el proyecto de ley aseguran la máxima protección del recurso en su calidad de bien medioambiental de primer orden. La novedosa regulación de la autorización de vertidos y la legalización del buen estado ecológico de las aguas, como un conjunto de normas y objetivos de calidad, no dudamos que contribuirán a su mejora.
Las enmiendas que se han aprobado en el Senado han sido ampliamente comentadas y no voy a referirme a ellas. Se han incorporado enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Vasco, alguna de nuestro grupo parlamentario, y una serie de mejoras técnicas que creemos que mejoran claramente el texto. También los servicios de la Cámara nos han informado de que se han detectado algunas incorrecciones técnicas en el texto que estamos hoy analizando y nosotros entendemos que deben ser subsanadas.
Lamento, señorías, que en este último trámite parlamentario se haya vuelto a mencionar lo que demagógicamente algunos grupos parlamentarios han llamado mercado libre del agua. No existe, señorías, no existe, como hemos indicado con reiteración, mercado libre del agua, por más que algunos grupos parlamentarios lo repitan machaconamente. En el proyecto de ley se flexibiliza el régimen concesional, se le da más agilidad para que sea efectivo en situaciones de sequía, y esa flexibilización se somete, señorías, a quince cautelas, quince, precisamente para que no exista mercado libre de agua. Porque desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el agua es, debe ser y seguirá siendo un bien de dominio público hidráulico.
El proyecto de ley que va a ser votado en breve ha tenido, señorías, un largo recorrido, y se ha sometido a una amplia consulta de todos los sectores implicados. El Grupo Parlamentario Popular entiende que el proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas es fruto del diálogo con la sociedad y que en el transcurso de esos dos años ha ido integrando distintos intereses y planteamientos. Porque, señorías, los problemas del agua en España son para nuestro grupo problemas de Estado y entendemos que deben tener el máximo consenso.
Ese consenso al que se han referido el resto de los grupos parlamentarios nosotros lo solicitamos arduamente porque entendemos que es entre todos los grupos parlamentarios, entre todos los partidos, como tenemos que solucionar el problema del agua en España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Finalizado el punto 38 del orden del día, si ningún grupo parlamentario desea intervenir en los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, como efectivamente veo que es, vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIONES)

- REAL DECRETO-LEY 18/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE TOTAL DE 27.156.252.160

Página 14945


PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO, Y SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES REFERENTES A LA REBAJA DE TARIFAS DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 130/000080.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a una serie de votaciones derivadas de los debates que han tenido lugar, sobre el decreto-ley, primero, y sobre las enmiendas del Senado a los proyectos de ley.
Comenzamos sometiendo a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios -hay una errata en el orden del día impreso- y suplementos de crédito para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Fomento y se adoptan medidas urgentes referentes a la rebaja de tarifas de las autopistas de peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 167; en contra, 151; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación del real decreto-ley.
Algún grupo parlamentario ha solicitado la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado. Se somete, por tanto, a votación dicha solicitud de tramitación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 153; en contra, 166.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIONES)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de expediente 121/000135.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día, constituido por las enmiendas del Senado a dos proyectos de ley.
Primero, al de ley orgánica de protección de datos.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado al título de la ley, al artículo 2.2 apartado c), al artículo 4.6, al artículo 6.2, al artículo 23.3, al artículo 30.3 y 4, al artículo 38, al artículo 44.2.a), al artículo 45.2, 3 y 6 y a la disposición transitoria segunda, antes tercera.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 181; en contra, 137; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 7.2 y disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 189; en contra, tres; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos ahora con las enmiendas a los artículos 12.4 y a la disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 186; en contra, 135; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 17, 20, 26.1 y 4, 29.4, 32.1 y 2, 34 apartados j) y k), disposición adicional primera y disposición transitoria tercera nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 319; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 26.2 y 32.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 187; en contra, 134; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 2.1, 11.2 letras a) c) e) y f), artículo 21.4, 27.2, disposición adicional cuarta, disposiciones transitorias primera y tercera y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 315; en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 3 letra j), artículo 7.6, artículo 11.1 y 2 letra d), artículo 21.1, artículo 28.1 y 3, artículo 31.2 y 3 y disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)

Página 14946


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 183; en contra, 139; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 169; en contra, 152; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional sexta.
Y pasamos a la segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 136; en contra, 184; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la disposición adicional segunda.
Pasamos al artículo 29.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 151; en contra, 170; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmiendas al artículo 3 apartados a) y f).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 302; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas a los referidos apartados y pasamos a las enmiendas al 28.2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 166; en contra, 153; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 317; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de protección de datos, que, al tener tal naturaleza, es decir orgánica, necesita alcanzar en una votación de conjunto la mayoría absoluta de la Cámara.
Se somete por ello y a tal efecto a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 183; en contra, 139; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta legal, queda en consecuencia aprobado el conjunto del proyecto con naturaleza orgánica.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS. (Número de expediente 121/000171.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley que lleva el número 29, de fecha 2 de agosto de 1985, de Aguas.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas de la Alta Cámara a la exposición de motivos, primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 305; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo único, puntos tercero, trigésimo, trigésimo noveno y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 319; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo único, punto vigésimo cuarto, punto a su vez 14; cuadragésimo segundo, punto 7; cuadragésimo séptimo, punto 8, y cuadragésimo noveno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 169; en contra, 150; abstenciones, tres.


Página 14947


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a dichos puntos.
Vamos a votar ahora las enmiendas al artículo único, trigésimo quinto, punto 2, y noveno, punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 171; en contra, 16; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan también aprobadas.
Artículo único, decimosexto, punto 6; decimoctavo; vigesimosegundo, punto 2; vigesimocuarto, punto 3; trigesimoquinto, punto 4, y disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 169; en contra, tres; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley de Aguas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIONES)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día, constituido por los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Rumores.) Señorías. ¡Qué impaciencia, señor Martínez-Pujalte! Decía dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que vamos a someter a votación por asentimiento, si ningún grupo se opone a ello.


- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y BRUNEI DARUSSALAM PARA LA SUPRESIÓN DE VISADOS, HECHO EN KUALA LUMPUR EL 8 Y 13 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000291.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, el canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Brunei para la supresión de visados.
¿Adhesión del Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias.


- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR QUE MODIFICA EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 4 DE MARZO DE 1964, HECHO EN QUITO EL 30 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000292.)

El señor PRESIDENTE: Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del Ecuador que modifica, a su vez, el Convenio de doble nacionalidad. ¿Asentimiento del Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias.


- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LAS DECISIONES DE PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE JUNIO DE 1998, ASÍ COMO DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO. (Número de expediente 110/000293.)

El señor PRESIDENTE: Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre las decisiones de la privación del permiso de conducir, hecho en Bruselas el 17 de junio de 1998, así como las declaraciones que España va a formular al mismo. ¿Adhesión del Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias por su adhesión, señorías, algunas tan expresas, como la de la señora Chamosa.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000295.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, dictamen de la Comisión y debate sobre la proposición de ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros.
Señorías, al tratarse de una proposición de ley orgánica, entendemos que la votación se producirá entre la una y media y dos de la tarde.
La Presidencia ha recibido del Grupo Mixto una propuesta de ordenación de sus intervenciones consistente en que la señora Rivadulla defenderá las enmiendas que figuran a su nombre y también dará por defendidas las del señor López Garrido. (Pausa.) Entonces, no hay acuerdo. Quiere intervenir también el señor López Garrido. Y el señor Rodríguez Sánchez, que no tiene enmiendas, pero quiere fijar su posición, dentro del turno del Grupo Mixto. Ya saben que tienen que respetar el tiempo. Yo sé que el señor Rodríguez suele ser muy preciso en cuanto a la distribución del tiempo, muy ajustado al tiempo de que dispone, pero, como lo previsto inicialmente era que la señora Rivadulla y el señor López Garrido tendrían una sola intervención, el tiempo que correspondería a la señora Rivadulla, según el menú que habían pasado a la Presidencia, tendrá que repartirse con el señor López Garrido. Repartirse. Muy bien.
Señor Rodríguez.


Página 14948


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego para manifestar nuestro apoyo al texto de la ley orgánica, que entendemos que se refiere a inmigrados por motivaciones socioeconómicas y/o políticas. Y lo hacemos llamando la atención del Gobierno sobre la necesidad de deshacer la duplicidad de intentar conseguir, por motivos de necesidad sociolaboral, mano de obra barata y, sin embargo, intentar por otros métodos manifestar cautelas o incluso rechazos a una cobertura social y legal a esta inmigración.


Pensamos que el texto de la ley no hace más que regularizar y legalizar lo existente, pero, aún así, con controles, con medidas tasadas e incluso con dificultades. No es, por lo tanto, un coladero, sino solamente una manera de reconocer que hay sobre 200.000 inmigrados, que merecen, cuando menos, ser regularizados en el Estado español. Que la ley lo haga intentando igualar derechos en sanidad, enseñanza, en otras ventajas sociales e incluso en parte de las libertades públicas con los de los ciudadanos del Estado español nos parece un acierto. Y además creemos que se hace en función del descubrimiento y de la constatación de que hay un auténtico comercio de carne humana y muchas situaciones verdaderamente espantosas que se dan con la inmigración dentro del Estado español.
Aunque pensamos que lo importante sería que todos los pueblos pudiesen trabajar en su propia tierra, entendemos también que la necesidad y la exclusión es lo que lleva a tantos inmigrados a venir a partes de la Unión Europea como el Estado español. Creemos que, en el fondo, lo bueno sería cambiar el orden internacional pero, mientras tanto, debemos regularizar y amparar a todos los inmigrantes por motivaciones socioeconómicas y/o políticas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a intervenir para defender el texto de esta proposición de ley, que votaremos a favor, en el trámite de totalidad, en su conjunto, aunque mantenemos algunas enmiendas que nos parece que mejoran el texto pero que no afectan para nada a su contenido, contenido al que se ha llegado por un consenso muy amplio de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y que creemos que debe mantenerse en el trámite que queda en esta Cámara y en el trámite del Senado.
La ley de extranjería se ha convertido en una de las más importantes leyes de esta legislatura porque pretende afrontar el gravísimo problema de la necesaria integración de la inmigración en nuestro país, un país que tiene uno de los más bajos índices de extranjeros en su territorio, entre un 1,7 y un 1,8 por ciento, frente a una media comunitaria del 6 por ciento. No hay, por tanto, un problema de inmigración si se tiene voluntad política para ello, pero es evidente que la vigente Ley de extranjería no sirve, está obsoleta y es una ley de desintegración, hecha con criterios de orden público y no con criterios de acogida y de salvaguarda de derechos básicos para el conjunto de ciudadanos que viven en este país. Por eso nos parece sumamente peligroso e inquietante que el Gobierno se haya puesto enfrente de lo acordado en esta Cámara y amenace con desvirtuar el conjunto de esta ley con manifestaciones que, desde nuestro punto de vista, alientan la xenofobia, cuando se considera altamente peligroso que haya una mayor integración de los inmigrantes en España. Nos parece que van contra el sentido profundo de lo que necesita este país, que es evitar fracturas sociales o evitar el crecimiento de grupos -todavía minoritarios, afortunadamente- xenófobos y racistas o la violencia que ello lleva aparejado.
Por último, quiero decir que, a nuestro juicio, el texto de esta proposición de ley consensuado en esta Cámara en absoluto contraviene, sino todo lo contrario, lo acordado en la cumbre de Tampere. Uno de los argumentos básicos empleados recientemente aquí por el ministro de Asuntos Exteriores para oponerse a esta proposición de ley es que va contra lo acordado en Tampere. Todo lo contrario, en ese texto de la cumbre de Tampere se aboga por una integración y por una equiparación de derechos de los extranjeros y de los nacionales en los países de la Unión Europea. Nos gustaría saber qué hay en el texto de la cumbre de Tampere que esté contradicho por el texto de la proposición de ley que se va a someter a votación de la Cámara esta mañana. Nada, todo lo contrario. Es una proposición de ley a la que, por cierto, le faltan algunas cosas y que no soluciona los problemas de la irregularidad de extranjeros en este país, por lo cual mantenemos algunas enmiendas a este respecto, pero que nada tiene que ver con una contradicción con Tampere. Si hay algo que contraviene dicho texto, es la vigente Ley de extranjería, eso sí que va contra Tampere, pero no la proposición de ley consensuada en esta Cámara, que va en la línea de lo acordado por Europa, y, por tanto, es un subterfugio y un argumento totalmente falaz decir que la causa de modificar profundamente esta proposición de ley es que vaya contra lo acordado por Europa.
Por ello nosotros votaremos a favor del texto de esta proposición de ley y esperamos que el consenso alcanzado en esta Cámara se mantenga en lo que resta de tramitación y que esta ley, importantísima y necesaria, salga adelante en esta legislatura.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde Iniciativa per Catalunya-Verds vamos a defender las enmiendas que mantenemos al dictamen

Página 14949


de la Comisión sobre la proposición de ley de derechos y libertades de los extranjeros en España. Nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente a impedir que las situaciones de irregularidad produzcan la expulsión de las personas extranjeras que están en nuestro país; van encaminadas también a facilitar la tramitación de los procesos de regularización a través de la exención del visado para aquellas personas que hayan de ser objeto de regularización y van en la dirección de impedir que las ONG puedan ser objeto de sanción por ayudar a las personas que se encuentran en situación de irregularidad en nuestro país. De otra parte, hay una enmienda que se refiere a equiparar a las mujeres inmigrantes con la situación de las españolas en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, que creemos que es de absoluta justicia, y otra enmienda relativa a que las actas que levanta la Inspección de Trabajo sobre situaciones de irregularidad que vengan producidas por la denuncia de alguna persona inmigrada que esté en esta situación conlleven la concesión de la residencia para aquella persona que formula la denuncia.
Señorías, para nosotros en este momento lo más importante no son estas enmiendas, porque hay algunas que se han incorporado al dictamen; para nosotros en este momento lo importante es el dictamen mismo de la Comisión, esto es lo que nos proponemos defender a capa y espada, porque la ofensiva es tan grande, la irresponsabilidad del Gobierno ha llegado a tales extremos que estaríamos dispuestos a renunciar a nuestras enmiendas, porque aquí se ha producido un consenso a lo largo de 18 meses, en los que, señorías y miembros del Gobierno, hemos trabajado en esta ponencia con rigor, con seriedad y con responsabilidad, y lamento que el Gobierno no aplique ahora todos estos calificativos que en estos momentos nos demanda. Hemos trabajado con mucha responsabilidad, hemos renunciado a mucho. Un tema muy querido por Iniciativa per Catalunya-Verds es el derecho de voto de los inmigrantes y no lo hemos hecho valer. Hemos entendido que esta ley no debía entrar en este asunto, que nos separaba y no nos unía, y en cambio hemos ido a aquellos aspectos que realmente nos unían y podían producir una ley de este tipo.
Las organizaciones no gubernamentales han trabajado estrechamente con nosotros y con el Gobierno, las hemos tenido a nuestro lado trabajando. Hoy las vamos a tener concentradas delante del Congreso de los Diputados y como testigos en esa tribuna de invitados para saber qué es lo que se dice en este momento. Lo único que ha producido el Gobierno es una crispación, ha intentado levantar miedos y amenazas, y esta ley no es una ley insensata, no lo es, y no es una ley partidista ni electoralista; es una ley en la que hemos intentado dar respuesta a la situación de miles de personas que están en nuestro país y que necesitan, para nuestra propia dignidad, tener un trato humano y en el que se demuestre no la solidaridad, sino el reconocimiento de aquellos derechos que son inherentes a la persona y que en la medida que nuestro país no los respeta nos denigra a todo el conjunto. Eso es lo que hemos intentado evitar a través de la modificación de la ley. ¿Qué pretende el Gobierno? No lo entendemos, sencillamente. Hay 30 enmiendas que penden como una espada de Damocles y que los ponentes de la ley no hemos tenido ocasión de conocer. No ha sido una ley de tramitación rápida, puesto que llevamos 18 meses. Decir eso es un insulto a la inteligencia. No es una ley que vaya a provocar que las mafias entren en nuestro país. En esta ley no nos metemos para nada en los procedimientos de control en frontera e incluso respetamos el procedimiento de expulsión de urgencia; eso se respeta. Respetamos que el Gobierno será competente para establecer un contingente que dirá cuántas personas pueden entrar y en qué sectores de actividad. Todo eso está contemplado en la ley.
Esta ley contiene una cosa muy importante, que es el procedimiento de regularización para aquellas personas que llevan dos años con nosotros, que son nuestros vecinos. Señorías, estamos hablando de personas que estarán empadronadas en un municipio o en una localidad.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, vaya concluyendo.


La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor presidente, un minuto y acabo, por favor.
Estamos diciendo que el tiempo máximo que estas personas permanecerán en una situación inhumana será de dos años. ¿Y después qué les daremos? Les daremos una residencia temporal, siempre que demuestren que tienen una oferta de empleo. Señorías, esto no es una bicoca, no vamos a acabar con la situación de penalidades de los extranjeros en nuestro país.
Quiero decir también que esta ley no incumple los compromisos europeos. El presidente del CITE de Cataluña, de Comisiones Obreras, Miguel Pajares, autor de un libro sobre la emigración en España, lo dice muy claramente en un artículo, en el que queda expresado que no hay ni una sola directiva que se oponga a lo que establecemos en esta ley.
Por último, queremos decir que estamos muy satisfechos por haber introducido una serie de mejoras en materia de seguridad jurídica, de derechos sociales, en educación, en sanidad y en políticas activas de regulación. Por eso, señorías, lo único que me interesa en este momento es defender el dictamen de la Comisión y me interesa instar a Convergència i Unió a que no se mueva ni un ápice de la situación en la que se ha manifestado hasta el momento.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, concluya, por favor.


La señora RIVADULLA GRACIA: Concluyo, señorías, con las palabras de los defensores del Pueblo de toda España, que nos piden que hagamos un esfuerzo para

Página 14950


lograr un texto que dé satisfacción a las legítimas expectativas de quienes pretenden que esta sea una tierra de libertad, de justicia y de solidaridad.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
El Grupo Mixto, sin duda, ha tenido hoy dificultades para llegar a un entendimiento definitivo en la ordenación de sus intervenciones, de forma tal que ahora me piden la palabra, para simplemente expresar su posición, el señor Serrano y el señor Chiquillo. A ello con toda concisión.
Señor Serrano.


El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Dada la importancia de esta proposición de ley, entendemos necesario que conste en el «Diario de Sesiones» el sí del Partido Aragonés a su tramitación, entendiendo que inmigración, despoblación y Aragón es un debate que está abierto en la sociedad aragonesa y que es tremendamente interesante.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Serrano.
Señor Chiquillo Barber.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Mi intervención, breve, en nombre de Unió Valenciana, es para apoyar el dictamen de la Comisión y dar nuestro apoyo firme e inequívoco a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros, mostrando la solidaridad de Unió Valenciana a todas aquellas personas que buscan en nuestro territorio unos derechos y un trato que en sus países de origen no han recibido.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Mardones para la defensa o exposición de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Para este trámite del Pleno de la Cámara el Grupo de Coalición Canaria, de las 15 enmiendas planteadas en un principio, mantiene vivas 14 y quiere explicar, en relación a este volumen de enmiendas, cuál es su posición al respecto.
Vaya por delante que nosotros vamos a apoyar todo el contenido de la proposición ley en los sentidos que la informan, de progresismo, de reconocimiento pleno de los derechos humanos y de tratar de evitar injusticias en esta situación. En los últimos meses, posteriores al momento en que Coalición Canaria presenta, desde sus debates en ponencia, lo que después serán esas 15 enmiendas -hoy 14 en este trámite-, se han producido una serie de circunstancias que mi grupo quiere que sean entendidas y valoradas. Es el hecho que se produce, en primer lugar, por una llegada masiva a partir de este verano de pateras de inmigrantes ilegales, procedentes del territorio marroquí y sahariano, a las costas de las islas canarias de Fuerteventura y Lanzarote. Aquello genera tal situación que en este momento, por ejemplo, la comisaría de Policía de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, está saturada por los atestados que tienen que hacer de los inmigrantes que van llegando. Las mafias marroquíes que traen a estos ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida los llevan a una trampa, porque a Canarias se puede llegar en patera, pero de Canarias no se puede salir en patera para el resto del territorio español y europeo. El control de las islas hace que todas estas desafortunadas personas víctimas del tráfico de la emigración, vergonzante y vergonzoso, caigan precisamente otra vez en los sistemas de detención policial, siendo devueltos en algunos casos al territorio marroquí. Las mafias han introducido la presencia de menores de edad en estos envíos, que generan unos problemas adicionales a la Comunidad Autónoma de Canarias. Prueba de ello es que tuvimos que presentar una enmienda -y este es otro dato-, por valor de 100 millones de pesetas, en los Presupuestos Generales del Estado para que la Comunidad Autónoma de Canarias pudiera atender, en centros de acogida dignos y de respeto a los derechos humanos, a esta población mientras fueran deportados nuevamente o devueltos a territorio del Reino de Marruecos.
Como consecuencia de todo esto, se produce un debate en esta Cámara en una interpelación, que lleva a una moción, que se aprueba el 28 de septiembre pasado, y junto a los tres puntos que planteaba Coalición Canaria se acepta la enmienda adicional que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, donde se recogen los acuerdos de cooperación económica, protección social digna, dentro de la justicia de un Estado social de derecho y de respeto a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, se pide una red de servicios sociales, que se va a complementar con estos 100 millones, así como unos controles de seguridad policial y de la Guardia Civil en el Archipiélago. No olvidemos que la llegada masiva de este flujo de inmigrantes marroquíes a Canarias se produce también como efecto del blindaje o del bloqueo que los servicios de la Guardia Civil del Estado español llevan a cabo en la zona del Estrecho sobre este tráfico ilícito, a través de las mafias marroquíes, de los desesperados que se suben en una patera. Por cierto, muchas de las pateras que llegan a Canarias llevan ya patrón y timonel, que regresan de nuevo a territorio marroquí como si fuera un viaje regular organizado en una compañía legal.
Hay otros hechos significativos con los que Coalición Canaria quiere ser concordante, los acuerdos adoptados los pasados días 15 y 16 de octubre en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Tampere, en Finlandia. Nosotros suscribimos que en la ley deberecogerse un trato justo de los nacionales de terceros

Página 14951


países, pero al mismo tiempo queremos señalar la conclusión número 20 de Tampere, que exige la necesidad de aproximar las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y de residencia de los nacionales de terceros países. Esto tiene que ser una llamada de atención para que en la próxima Conferencia de Helsinki el Gobierno español, a través de su presidente, plantee la necesidad de una legislación armonizada en todos los países de la Unión Europea, porque los emigrantes marroquíes que llegan en pateras no llegan jurídicamente a Fuerteventura, Canarias, a Algeciras, Cádiz, a Málaga, no llegan a España; llegan a Europa, a territorio de la Unión Europea. Por tanto, exigimos que haya una legislación homologable para que no se produzcan distorsiones o asimetrías improcedentes en estos puntos. Por todo ello, Coalición Canaria, a través de sus representantes en el Senado, ya que estas circunstancias no estaban recogidas, presentará unas enmiendas conducentes fundamentalmente a advertir de la fragilidad y peculiaridad del territorio fronterizo canario.
Señorías, somos en este momento la comunidad autónoma con mayor presión demográfica. El número de habitantes por kilómetro cuadrado es tres veces la media nacional y queremos que esto sea reconocido por los poderes del Estado como una facultad que el Gobierno autónomo de Canarias tiene precisamente en su actual Estatuto de Autonomía, Ley orgánica, en su artículo 37.1, que señala competencias del Ejecutivo canario de propuestas de regulación al poder central para las cuestiones de trabajo y de residencia de extranjeros. Si en un cupo de reparto como el que se pretende llegan, sobre un territorio superpoblado demográficamente, 40.000 emigrantes -con las consecuencias, al traer a la familia, de multiplicarlo por tres-, no queremos que se transforme en una circunstancia que produzca xenofobia, rechazo o desequilibrios laborales. Queremos señalar la fragilidad del territorio de Canarias y habíamos hecho estas advertencias en el hecho puramente formalista del tratamiento de los permisos de residencia y de trabajo que, a nuestro juicio, no ha quedado suficientemente garantizado en el origen de la proposición de ley que viene aquí. Queremos el respeto del sentido progresista de una legislación socialmente avanzada, armonizarla con los acuerdos de Tampere y los que se deriven de los mismos, que se armonice con las competencias del Gobierno de Canarias, señaladas, como he dicho, en el artículo 37 del actual Estatuto de Autonomía. Queremos que se valoren las circunstancias fronterizas por las que estamos recibiendo el impacto directo y pedimos el apoyo de las entidades del Estado para atender a todos estos inmigrantes en centros de acogida que reúnan las condiciones del decoro debido a la dignidad humana, y no las circunstancias verdaderamente esperpénticas que se están dado en este momento por no poder atender dignamente a todos estos inmigrantes.
De acuerdo con esta línea de cooperación, señor presidente, de espíritu abierto, en la inteligencia de estas salvedades y para que esta ley salga de acuerdo con los intereses generales de la nación expresados en sede parlamentaria, mi grupo, señor presidente, retira todas y cada una de las 14 enmiendas que traíamos a este tramite, para que no se diga que hay deseos de entorpecimiento por nuestra parte. En este momento, retiramos todas nuestras enmiendas y presentaremos otras en el Senado, en la línea que he señalado del aspecto de la peculiaridad canaria y de su solidaridad con todas las funciones de un Estado social, de justicia y de derecho dentro del seno de la Unión Europea...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con esto concluyo, señor presidente. ...
para que podamos disponer de una legislación adecuada, sensata, racional y equilibrada enmarcada en la justicia social de nuestro país y de las exigencias laborales y de todo tipo.
Votaremos favorablemente esta proposición de ley orgánica para que quede patente que no discrepamos del fondo en absoluto, sino que estamos únicamente por su perfeccionamiento, de una forma muy delicada, en un Estado como el español, que defiende los derechos humanos y forma parte de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


Señora Uría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, al Grupo Vasco no le quedan enmiendas en este trámite. No sé si este es el momento procesal oportuno para intervenir o deberé hacerlo después de los grupos que mantenían enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene S.S. razón. Es más conveniente, quizás, agruparlo en la toma de posición, que corresponderá entonces al grupo de V.S., al de Convergència i Unió y al Grupo Popular. Discúlpeme.
En consecuencia, pasamos a las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la palabra don Pablo Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, viene precedida la discusión en Pleno de esta ley y la defensa de las enmiendas de los que mantenemos correcciones al texto consensuado por una desafortunada y muy falsa polémica que desde luego es necesario aclarar antes de entrar a discutir las enmiendas, porque si quedara incontestada, pudiera parecer que se da la razón a quienes la han provocado y que se es cómplice en las intenciones con

Página 14952


que la han producido. Algo ya debe de estar pasando para que en los medios de comunicación y recogiendo expresiones de los promotores de la discusión, ya no se hable de la ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y se vuelva a una terminología que creíamos que habíamos superado: la ley de extranjería o la ley de inmigración.
Las palabras, una vez más, desvelan los intereses y hacen aflorar las intenciones.
Señor presidente, para Izquierda Unida -y tiene que quedar esto perfectamente claro- esta no es una ley administrativa ni una ley policial ni un reglamento nacido de los muy respetables acuerdos internacionales. Para Izquierda Unida esta es una ley de desarrollo de la Constitución española, es una ley de desarrollo del Estado de derecho. Por ello, esta ley es para nosotros una ley de mínimos, es una ley que tiene que servir de marco a las políticas de inmigración que optativamente los gobiernos de turno quieran desarrollar. Tiene que ser una ley del Estado y una cuestión de Estado que debe ir avalada por la mayor conformidad de las fuerzas políticas, tanto como el resto de las leyes del bloque constitucional, y en ese marco, después, cada uno según su criterio y el apoyo que tenga y las posibilidades que le conceda el momento, deberá incardinar las políticas de inmigración, deberá incardinar ese tema tan importante que es la atención de este fenómeno. Pero esta ley no es, bajo ningún concepto, repetimos, una ley que pueda ser expresión de actitudes partidistas. Tiene que ser una ley, como ley orgánica, que forme parte para nosotros del bloque constitucional.
Tiene que ser una ley, por encima de todo, de desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; declaración universal, no declaración particular. No hay una declaración española ni hay una declaración francesa ni una declaración italiana; hay una declaración universal y esta también rige los tratados de la Unión Europea y debe presidir todas y cada una de sus directivas, y mientras no se nos demuestre que hay una directiva que ha puesto en cuestión esos derechos humanos o que los discrimina, tendremos que rechazar cualquier interpretación de directivas o del Tratado de la Unión Europea que pueda conducir a semejante dislate.
Esta ley es, en suma, señoras y señores diputados, afortunadamente un test para esta Cámara. Con esta ley sencillamente se va a responder a una importante pregunta que está en la calle: ¿hay en España dos clases de hombres y mujeres: los que estamos bajo las garantías del Estado de derecho y los que están ignorados porque son simple mercancía? A eso se va a responder con esta ley hoy aquí y a eso se va a responder en el Senado, a si los hombres y las mujeres se definen por eso que tienen de irrepetible, por encima de las fronteras, del sexo, de la religión, del origen, de la procedencia, de las vicisitudes, de la cultura, o los hombres y las mujeres se definen por el lugar del que vienen, a conveniencia o deseo del gobierno de turno.
Esta es una ley que, repito, es un test porque nos va a poner a cada uno en nuestro sitio y va a decir quién puede seguirse reclamando de la democracia y puede reclamarse exactamente de la cultura europea o quién, por muchos adornos que se ponga de carácter centrista o liberal, sigue separando claramente los derechos para nosotros y la negativa de los derechos para los otros, para los ajenos. Por eso tiene mucha importancia esta ley y por eso entenderán ustedes que nosotros, en aras a esos principios, hayamos hecho dejación de muy legítimas aspiraciones, anexas todas ellas a estas declaraciones, y sacrifiquemos posiciones particulares al consenso que se ha logrado alrededor de la misma, repitiendo que no es nuestra ley, no es la ley que define políticas de inmigración, sino que es una ley marco y, en tanto en cuanto ley marco, va a gozar de nuestro apoyo, pero, ojo -y no es ni más ni menos que una advertencia clara-, si las maniobras de carácter dilatorio han quedado de momento desplazadas y se van a producir en el Senado, o si las que intentan vaciar de contenido una ley que para nosotros es de desarrollo constitucional se producen, a la vuelta del Senado esta ley no contará con el voto de Izquierda Unida. Si lo que se producen son correcciones que tratan de perfeccionar la ley, no les quepa a ustedes la menor duda de que volverán a gozar de nuestra anuencia y que seremos solidarios con el trabajo común, pero no vamos a admitir supuestos de carácter administrativo que se pueden contemplar y que deben ser lógicamente entendibles: el diferente estatus del residente temporal o el permanente, el diferente estatus del que tiene visado o no lo tiene, que claro que hay que tenerlos en consideración, pero jamás para que atenten a un derecho tan importante como es el derecho a una vida digna, el derecho a la propia personalidad, a la salud, a la educación. La educación de un ser humano no puede depender de si ha entrado de una u otra forma o de si tiene o no tiene papeles, aunque sólo sea, por lo menos para algunos de nosotros, por invocar una tradición humanista de la izquierda, y a lo mejor hay que recordarles a algunos que podrían invocar también una tradición cristiana de sus pensamientos, que, sinceramente, en muchas ocasiones, brilla por su ausencia.
Queremos dejar perfectamente claro que, como ley de desarrollo constitucional, no vamos a permitir que como tantas otras vaya vaciando de contenido la Constitución. Son ya demasiadas leyes las que pasan por aquí, invocan la Constitución, la reducen a retórica y la vacían de contenido. Si no se aceptan nuestras enmiendas, lo sentiremos, pero lógicamente una cosa es que nosotros las defendamos y podamos hoy perderlas y otra que los puntos fundamentales sean objeto del menor menoscabo.
Nos tememos seriamente que quienes están contra esta ley de mínimos, absolutamente de mínimos, no lo están porque la ley reconozca el derecho a la educación, que en algunos casos es reconocer el derecho, a lo mejor, a estar en unas aulas mal abastecidas y con muy poca calidad de enseñanza; ni lo están porque no quieran reconocer el derecho a la sanidad, que a lo mejor es reconocer el derecho a figurar en las listas de

Página 14953


espera de los ambulatorios, o por no reconocer el derecho a la asociación o a algunas otras grandes proclamaciones. No, lo que está subyaciendo detrás de la ofensiva contra esta ley es la defensa de las situaciones de arbitrariedad frente a las situaciones regladas del Estado de derecho. Alguien está pensando que esta ley puede producir peligro y daño al Estado de derecho, pero se equivoca y miente. Esta ley sólo puede producir peligro a quienes se están aprovechando de una situación de caos en virtud de la cual los trabajadores extranjeros no regularizados son objeto de explotación, sin Seguridad Social, sin los salarios legales, sin las condiciones de salubridad y de higiene en el trabajo. A ellos sí que les estorba esta ley. A lo mejor esta ley estorba a algún ausente que tiene que declarar su impotencia para combatir la delincuencia organizada y que tiene censadas 160 bandas criminales, pero no las tiene perseguidas; a los que sí tiene perseguidos es a ciudadanos que se pasean por la calle, a los que simplemente por el color de la piel se para todos los días. A ver si tenemos un poco de seriedad, porque de la regularización de todos esos inmigrantes lo único que va a salir para el Estado de derecho es más seguridad jurídica y más seguridad ciudadana, porque muchos de ellos, al no estar abocados a la explotación, no lo estarán al delito o a situaciones que crea la marginalidad.
Señoras y señores diputados, esta es una ley que precisamente viene a poner orden en un caos, en el caos nacido de la dinámica de los propios movimientos migratorios, y olvidar cuál es la razón profunda de esta ley es engañar a la ciudadanía. Lo lamentable es que detrás de esta polémica que ha calado en la opinión pública ha aparecido de nuevo la sospecha, la ignorancia, ha aparecido de nuevo la desconfianza ante algo tan importante para miles de ciudadanos como es el derecho a la vida y a construir su propia existencia. Aunque sólo fuera por el recuerdo de los que tuvieron que pasar por esas situaciones, de los que eran nuestros patriotas y nuestros compatriotas, deberíamos tener un poquitín más de cuidado. Desde luego, les voy a decir claramente que Izquierda Unida no va a negociar ningún derecho humano so pretexto de ninguna razón de Estado, porque la única razón de Estado que cabe para Izquierda Unida es la razón del Estado social y democrático de derecho, que no distingue ni en el color de la piel ni en las creencias; sólo distingue, pura y sencillamente, lo que significan actitudes democráticas y actitudes antidemocráticas.
Miente el que diga que esta ley es favorecedora de actividades contra nuestra comunidad. Lo que pueda tener de generosa -que no es generosa, porque yo no la calificaría así, sino de puramente realista- en el reconocimiento de los derechos y las libertades lo tiene de dura con aquellos que puedan cometer una infracción y con aquellos que supongan un peligro para nuestra comunidad. El Estado de derecho no queda desarmado. El Estado de derecho está desarmado hoy, porque en tanto en cuanto haya una persona que no esté protegida en sus legítimos intereses, ese Estado de derecho está siendo puesto en solfa. Ese Estado de derecho desde luego para nosotros no es un teatro de guiñol. Es algo muy importante. Es algo por lo que mucha gente se ha dejado la vida en el empeño.
Vamos a defender nuestras enmiendas, aunque casi tendríamos la tentación de hacer lo mismo que el compañero del Grupo Canario. Las vamos a defender porque no queremos caer en la trampa de: o sale la ley, renunciando todos a lo que podamos con tal de que salga adelante o, si no, no hay ley. Queremos que haya ley, queremos que sea inicialmente ésta y además nos gustaría que esa ley contuviera nuestras enmiendas. Voy a referirme sólo a dos, que son las más llamativas y que algunos de ustedes van a calificar como extremosas.
Una de ellas trata del sufragio municipal de los emigrantes. Algunos dirán inmediatamente que eso no viene en la Constitución, pero algunos también, como no nos quedamos en el artículo 20 ni en el 30, nos vamos al artículo 140 de la Constitución, que dice que para elegir alcaldes y concejales tienen voto los vecinos. Y vecino es una categoría jurídica distinta de ciudadano y distinta de nacional. Es el reconocimiento por parte de nuestros constituyentes de supuestos en los cuales aquel que, por el hecho simple de estar empadronado, de participar en la comunidad y de contribuir a ella, quiera o tenga necesidad o deseo de participar activamente en el sostenimiento de esa carga pública que significa la prestación personal del voto o ser elegido, tiene derecho a ello. Sé que ésta no es la filosofía imperante en la Cámara, porque cada día es más frecuente que se lea la Constitución con una mentalidad más restrictiva.
Vamos a defender otra enmienda. Vamos a defender que los emigrantes que vienen aquí a trabajar, no tengan que hacerlo sólo en la empresa privada, sino que puedan trabajar también en contratos laborales con la Administración y puedan acceder a la Función pública. Ante esta expresión, algunos se llevan las manos a la cabeza. Afortunadamente -y no contábamos con ello-, hemos encontrado en el camino de esta argumentación la defensa de esta posición en quien menos lo pensábamos, en alguien que es bastante dudoso que sea un demócrata de cabo a rabo, como es el ministro de Defensa -basta con ver su comportamiento en el Cesid-, que ha venido a decirnos últimamente que está dispuesto a tener extranjeros en el Ejército. Ahora va a resultar que es más fácil tener extranjeros en el Ejército que tenerlos de agentes judiciales o de policías locales o de oficiales de los registros. Empiecen ustedes a pensar cómo acabar con tanta discriminación administrativa, cómo respetar de verdad al ser humano o cómo hacer leyes que hagan de verdad realidad algo tan importante como los derechos y libertades de los ciudadanos.
Acabo, señor presidente, diciéndoles, pura y sencillamente, a muchos que han criticado la ley, que se la lean. Que no cometan la indecencia de seguir diciendo cosas que no se han leído. Esta ley no es ningún coladero, no se modifica ni una sola de las fórmulas o

Página 14954


requisitos para acceder al territorio nacional. Esta ley no fomenta ninguna clase de mafias policiales, a lo mejor descubre impotencias en la actuación del Gobierno. Esta ley no ofrece a los extranjeros ninguna clase de bicocas, les reconoce los derechos igual que a los demás ciudadanos. Esta ley quiere tener y ha tenido, detrás de cada uno de sus artículos, la visión puesta en seres humanos de carne y hueso, cuyo sufrimiento, cuyo dolor, cuya situación de proscripción y de discriminación, afortunadamente hemos tenido ocasión de compartir con organizaciones no gubernamentales, con instituciones que -¡ojalá ocurriera igual en todas las leyes!-, desde el primer día hasta el día de hoy, nos han estado dando su aliento, nos han estado impulsando y cuya frustración no será achacable bajo ningún concepto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que hoy cumple con su obligación en conciencia y lamentaría que los demás no estén a la altura de la misma.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.


Vuelvo a recordar a las personas que están en las tribunas, que sin duda no estaban en el anterior apercibimiento, que el Reglamento prohibe taxativamente muestras externas de agrado o desagrado hacia las intervenciones de los parlamentarios.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, que serán defendidas por la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Con su permiso, presidente.


Señorías, empezaré intentando dedicar dos minutos, no más, a recordar la posición de nuestro grupo en relación a las enmiendas. Vamos a votar a favor de la enmienda de Iniciativa per Catalunya al artículo 13.4, que es la misma que ha presentado Nueva Izquierda. Vamos a votar favorablemente la enmienda de Izquierda Unida al artículo 18.
a). Vamos a mantener nuestras enmiendas, que voy a decir telegráficamente, y vamos a explicar por qué no defendemos ninguna enmienda de Coalición Canaria.
Coalición Canaria presentó enmiendas muy en la recta final de nuestro trabajo, que no respondían al sentimiento, al espíritu y a la cultura en los que durante 18 meses habíamos trabajado el resto de los grupos. Por eso, no pudimos apoyar ninguna de esas enmiendas que ahora retira. Quisiera decirle al portavoz de Coalición Canaria, por lo que se va comentando por ahí, incluso por lo que se puede deducir de las palabras de su grupo en relación al Senado, que vuelva a leer sus palabras y piense si le parecería correcto que el presidente de Venezuela, Chávez, dijera esas mismas palabras en el Parlamento de Venezuela sobre la comunidad canaria en Venezuela. (Aplausos.) Nuestras enmiendas son sólo seis, algunas de ellas a petición de los demás grupos parlamentarios, fruto de que llegaron en el último día de la ponencia o incluso en la Comisión. Me explicaré. Los compañeros de los otros grupos políticos pidieron a nuestro grupo que redactara la exposición de motivos. La enmienda más importante que traemos hoy aquí es la exposición de motivos, respecto de la cual en la Comisión Constitucional algún grupo dijo que necesitaba terminar de leerla.
Presentamos una enmienda al artículo 36.4 simplemente para que se cambie el tiempo del verbo, para que deje de ser condicional y sea imperativo, porque estamos hablando de la renovación de los permisos cuando los inmigrantes tienen trabajo. Es decir, tienen permiso, tienen trabajo, pero tienen que renovar el permiso y mantener el trabajo. Pues que se haga automáticamente y no se deje en la redacción un tiempo condicional porque no responde al espíritu de lo hecho hasta ahora ni de lo que se quiere seguir haciendo con la ley.
Con la enmienda al artículo 37.2 pretendemos igualar las condiciones en los permisos especiales, en función de una propuesta de Coalición Canaria, en las situaciones y períodos de desempleo, porque el texto, tal y como acordó la ponencia, deja muy clara la protección al régimen general de la Seguridad Social y no habla de los otros regímenes de la Seguridad Social. Nosotros pedimos que la redacción incorpore los otros regímenes, porque en el régimen general de la Seguridad Social tenemos 148.000 inmigrantes no comunitarios trabajando y cotizando, pero en el de autónomos tenemos 52.000, en el régimen del hogar 36.000 y en el agrario 35.000, y esos ciudadanos y ciudadanas deben tener el mismo tratamiento en este artículo que los que están cotizando a la Seguridad Social.
Nuestro artículo 46 bis habla de las tasas. En la ponencia hemos hablado mucho de ello. Éste es un pequeño plagio nuestro a la ley italiana. Queremos que las tasas que entran en las arcas del Estado porque las pagan empleadores y trabajadores, y que en el año 1997 llegaban casi a mil millones de pesetas, pasen de Hacienda a Trabajo y Asuntos Sociales y se convierta en una cantidad finalista -aunque ya sé que a Hacienda no le gustan los recursos finalistas- para hacer programas de integración en el país o de retorno y de cooperación al desarrollo, aunque estamos abiertos a estudiar que se estime en el Senado que no haya tasas y, por tanto, se siga la línea que defiende Iniciativa per Catalunya de forma clara y desde el principio.
También planteamos una disposición transitoria en quinto lugar, que recoge una petición del foro de la inmigración, y era que aquellas personas que llevan más de seis años con permiso de residencia, en un período de diez, que es la característica de un porcentaje importante de personas, se les de el permiso de residencia permanente.
Por último, mantenemos un voto particular. En la Comisión Constitucional modificamos el párrafo c) del artículo 51 y creemos que se tiene que volver a la redacción anterior de la ponencia.
Decimos que tendrán sanciones muy graves quienes forman parte de organizaciones que inducen, facilitan, promueven o favorecen la

Página 14955


inmigración clandestina, y en la Comisión Constitucional votamos una enmienda añadiendo que eso será si las organizaciones tienen ánimo de lucro. Sinceramente, creo que debemos de retirar esas tres palabras porque, se tenga ánimo de lucro o no se tenga, no creo que haya nadie, habiendo una política de apoyo a la inmigración clandestina, que lo haga sin ánimo de lucro.
Estas son nuestras enmiendas, para las que pedimos su apoyo. El resto del tiempo lo dedicaré a defender la ley; una ley, señorías, que es mestiza. No podrá decir Coalición Canaria que es su ley, no podrá decir Iniciativa per Cataluna que es su ley, no podrá decir Izquierda Unida que es su ley y no podrá decir el PSOE que es su estatuto básico de los inmigrantes; es un mestizaje de todas las leyes. Como ven, tengo que volver a decir que no hay un proyecto de ley del Gobierno y que no hay un proyecto de ley del PP. Por eso, posiblemente, nacen tantos problemas, porque cejó en sus obligaciones el Gobierno, señor vicepresidente, no presentando un proyecto de ley tan importante como éste, en este momento, para nuestro país y tampoco lo hizo el grupo parlamentario (Aplausos.), aunque valoro profundamente el trabajo de los tres diputados del PP en la ponencia y las enmiendas que presentaron.
Dice el Gobierno que esta es una ley cara. Mis últimos minutos los dedicaré al tema jurídico, pero, como no soy jurista y vengo más del mundo social, voy a empezar a dar argumentos desde ese campo. En economía dicen que es una ley cara, pues a mí no me queda otro remedio que recordar los documentos que yo tengo del Gobierno actual, los documentos que se han hecho desde diferentes sitios o que se han hecho por universidades, a petición del Gobierno.
Price Waterhouse & Cooper hace un análisis del coste que tendrían los nuevos derechos, y se elige la sanidad por ser, posiblemente, el derecho cuya universalización para los irregulares más coste tendría.
Universalizar, extender la sanidad en torno a 70.000 inmigrantes irregulares que podamos tener en este momento en el país, se calcula que tendría un coste algo menor a 5.000 millones de pesetas.
(Rumores.) Oigo más a aquellos diputados que lo que digo.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene S.S. razón.
Señorías del Grupo de Convergencia i Unió, les he indicado en muchas ocasiones que por un especial y real efecto sonoro, las palabras pronunciadas en esos escaños suenan en todo el hemiciclo y se producen dos distorsiones: una, interrumpen el debate y, otra, nos enteramos de determinadas conversaciones quienes no debemos tener ningún interés en ello.
Por favor, ténganlo en cuenta en sucesivas ocasiones.
Adelante, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.


Una auditoría importante a nivel internacional y en este país le pasa un informe al Gobierno diciendo que la extensión de los derechos de la sanidad a los inmigrantes irregulares podrá tener un coste en torno a 5.000 millones. En un trabajo de la Universidad de Comillas, encargado por el Imserso, nos encontramos con que en el año 1997 ingresaron 994 millones por las tasas de los permisos de trabajo, y que, analizadas las cuotas a la Seguridad Social de los inmigrantes no comunitarios en 1998, ingresan 138.646 millones de pesetas en las arcas del Estado. Analizados los documentos de la Agencia Tributaria, por cuotas líquidas en el IRPF de inmigrantes no comunitarios han ingresado 12.700 millones de pesetas. Entre el debe y el haber, entre la suma y la resta me parece que tenemos que seguir recordando lo mismo que cuando hablamos de política emigratoria de los españoles en América latina o en Europa: están aportando más que lo que por política redistributiva les llega.
Pero lo que sí sucede es que hay otros estudios de los que a veces no hablamos, y Pablo tenía una intervención en esa dirección. Los últimos trabajos de la Universidad a Distancia, de fundaciones como la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, de la Fundación Argentaria, de la Fundación Encuentro, en torno a la desigualdad social que hay hoy en España dicen que las personas con más dificultad para integrarse son los mendigos, los drogodependientes, las personas sin techo, los inmigrantes y las minorías de cualquier realidad, y que esos cinco colectivos, si no se impulsan políticas sociales, si no se dedican más recursos a políticas sociales, será difícil que en la próxima década dejen de estar en indicadores de riesgo de exclusión social y que es necesario conseguir más recursos para hacer esa política. Eso es hablar de integrar.
Según les escuchaba, me venía una vez más a la memoria un pensador, del que he hablado alguna vez incluso en esta Cámara, Attali, por eso de recurrir a personas del Magreb. Yo decía que Attali era un poco cursi porque en sus últimos trabajos usaba la expresión: los políticos tienen que meter en su agenda los temas de las políticas migratorias, de los movimientos nómadas. Yo decía que era una cursilada hablar de incorporar en las agendas. Pues bien, ahora lo entiendo. Y es que en este país sólo hablamos, pero no actuamos; hablamos de política inmigratoria, pero llevamos cuatro años sin hacer nada real, decidiendo recursos y diseñando políticas para esta realidad. Hay que hablar menos de integrar y hay que hacer más en la integración.
Voy a ponerles un ejemplo. No hablemos de lo que va a costar mañana, sino de lo que tendría que costar hoy. Vamos al presupuesto de educación, que era el motivo por el que dos diputadas estaban tan acaloradamente hablando. En el año 1999, el presupuesto del Estado en política de educación hacía crecer un 6 por ciento la enseñanza pública y un 15 por cierto la concertada, y los hijos de los inmigrantes de las minorías étnicas no van a la escuela concertada, van a la escuela pública. El resultado es que estamos viendo un deterioro de la escuela pública, por la que tanto hemos luchado en toda la transición y primeros años de la democracia

Página 14956


y, por tanto, un deterioro de los resultados para la minoría étnica, para los hijos de los inmigrantes y para las personas con menos renta de nuestro país. (Aplausos.) Los trabajos que hace mi compañero Francisco Fernández Marugán me gustan -y ese es el motivo por el que los menciono mucho en esta Cámara-, y por eso recurro al producto interior bruto de los años 1995 a 2000, a los cuatro años de la gran decisión política del PP, los Presupuestos Generales del Estado, y tengo que decir, una vez más, que nos hemos encontrado con que, desde el último presupuesto que hicimos los socialistas, el de 1995, al del 2000, se ha reducido un 1, 8 el producto interior bruto en gasto social. Y si en cuatro años de un cuadro macroeconómico bueno se reducen los recursos a gastos sociales, se producen estas realidades. No me hable de lo que va a costar la ley cuando la cambiemos, que ya sabemos que es poco.
Hablen más, por favor, de acercarse a Europa, porque, reduciendo casi dos puntos de producto interior bruto en gasto social en estos cuatro últimos años, nos hemos alejado de Europa, que tiene el 28,5 de su producto interior bruto dedicado a políticas de bienestar y nosotros hemos descendido a algo menos del 20 por ciento. Acerquémonos a Europa en políticas de integración. (Aplausos.) No hemos olvidado a Finlandia -nos cae estupendamente ese país- ni a Tampere. No, señorías, está en los puntos 18 al 27. ¿Quieren que les diga cómo empieza el punto 18 de la Declaración de Tampere? Empieza diciendo: garantizar un trato justo, una política de integración más decidida, que se debería encaminar a conceder derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, sin discriminación en la vida económica, social y cultural, y desarrollando medidas contra el racismo y la xenofobia. Habla de un plan de acción contra el racismo, que mi grupo ha reivindicado en esta Cámara y todavía lo está esperando; de un observatorio del racismo y la xenofobia que colabore con el europeo,y que no existe en este país; de aplicar el artículo 13 del Tratado de la Comunidad para luchar contra el racismo y la xenofobia.
El diputado de Coalición Canaria hablaba del apartado 20. El apartado 20 dice que se tiene que tener una política de entrada en el país acorde con la evolución económica y demográfica. Le recomiendo la lectura de un artículo publicado hace poco en El País, de Carmen de Miguel: la economista versus medio demógrafa. Era soberbio. Recordaba que si tenemos que aplicar este artículo 20, deberíamos ser el país que más inmigrantes incorporara en los próximos años, porque somos el que tenemos índices de fecundidad más bajos de toda Europa (Aplausos.) y, a la vez, una reducción de la población. De verdad se lo recomiendo, porque es un folio de El País con un artículo estupendo. Para qué voy a intentar resumirlo si leyéndolo será mucho más interesante para ustedes. Así cada uno de los apartados de la Declaración de Finlandia.
Señorías, nuestro proyecto no contradice absolutamente en nada a lo que en la Declaración de Finlandia se decía, incluso cuando habla de una gestión más eficaz de los flujos. Déjenme recordar algo que también se publicó en El País. Se sonríen algunos diputados porque me lo han oído ya en la Comisión Constitucional, pero como esta semana se han vuelto a repetir de forma difusa tantos malestares, yo he aprendido a lo largo de esta vida que cuando se quiere luchar contra el racismo y la xenofobia, ante discursos difusos hay que ir a respuestas muy concretas y muy precisas, porque esa es la forma de hacer frente a esos comportamientos incorrectos. El CIS tiene un estudio muy claro sobre el tema de flujos, señorías, nos tenemos que tomar en serio este tema, porque en este país el 7 por ciento de las personas sin papeles eran familiares de irregulares que antes fueron regulares y que entraron con papeles en este país; el 42 por ciento de los irregulares llevan viviendo en este país entre 6 y 10 años; y el 20 por ciento de ellos más de 10 años. ¿Cuándo vamos a tomarnos esto en serio y a resolverlo?

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, ha de concluir.


La señora FERNÁNDEZ SANZ: Enseguida concluyo, presidente.
El 50 por ciento de los inmigrantes en España se quieren quedar a vivir. Esa es una garantía de integración y de la ciudadanía que tenemos que construir entre todos. El 70 por ciento (señorías, por favor, retengan este dato) de los inmigrantes, regularizados o no, llegaron a este país, lo dice el CIS, como turistas y sólo un 30 por ciento lo hicieron como estudiantes, después de haber pedido asilo con su visado de trabajo o reclamados por un familiar.
Exteriores dice que quiere tener más protagonismo. Con el crecimiento del presupuesto de Exteriores (si hubiera venido con un crecimiento significativo tendrían el apoyo de esta Cámara porque queremos más protagonismo de este país en el mundo), que no crece sino que mengua en relación a 1995, será imposible que tenga más protagonismo. La realidad es que entran como turistas y luego se queda un 70 por ciento. Si funcionara bien nuestra Administración exterior, a lo mejor las cosas se harían de otra manera.
Termino, señor presidente, diciendo que no se nos ha ido la mano.
Decía el señor Grandes -ya no me acuerdo de su expresión, la dirá él ahora cuando suba- que había sido una exageración. Déjenme repetir lo que he dicho a cada persona que ha manifestado miedo ante esta ley.
Señorías, la ley de 1985 se redactó bajo la interpretación de un Tribunal Constitucional que decía, en sentencias de 1984 y de 1985, que había tres tipos de derechos en nuestro país. Los comunes a todas las personas, que eran para todos, nacionales y no nacionales. Los derechos de sufragio, que eran reservados a los españoles, salvo tratado o ley de reciprocidad, y ahí mantengo mi pequeña discrepancia con el

Página 14957


señor Castellano. Es decir, nosotros para darle sufragio activo y pasivo a los inmigrantes, tenemos que cambiar la Constitución. Espero -no estaré aquí en la próxima legislatura- que mis compañeros propongan a la Cámara una modificación de la Constitución para dar el derecho al sufragio activo y pasivo a los inmigrantes en la próxima legislatura.
Decía también el Tribunal Constitucional que los demás derechos y libertades estaban en nuestras leyes si así se citaban, y si no, se necesitaban leyes específicas. Así se hizo la ley de 1985; una ley administrativista, cierto; algunos la llaman policial. A mí no me preocupa que lo digan. Me molesta que el señor Michavila diga en los medios de comunicación: El consenso que me satisface es estar en desacuerdo con una ley de 1985. ¡Qué bobada! ¡Qué desconocimiento de la realidad! Era una interpretación del Tribunal Constitucional de cómo se tenía que hacer una ley. Pero el Tribunal Constitucional en 1987, en 1990, en 1993 y en 1994 ha dicho que la Constitución no se debe de interpretar así. Y la Constitución es nuestra ley, la ley de todos, pero quien interpreta la Constitución es el Tribunal Constitucional, y eso debemos acatarlo cada uno de los que estamos aquí. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que ya no hay límites de derechos entre nacionales e inmigrantes en reunión, en asociación, en internamiento preventivo, en libre circulación, en derecho a la permanencia, en derecho a entrar y salir libremente del país, en derecho a la defensa y no expulsión sin audiencia del juez, en derecho a la tutela jurídica y en derecho a los recursos jurídicos.
El mes pasado, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia relativa al tratamiento que había recibido un ciudadano chino en el aeropuerto de Barajas, dando la razón al chino.
Se dice también: Hagamos esta interpretación constitucional para los regulares, pero no para los irregulares. Me vale lo que ha dicho Pablo Castellano respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas. Esta semana, una de las personas que trabajó para la ponencia, en el informe que hicimos sobre los inmigrantes, María Aurelia Álvarez Rodríguez, experta en esta materia, me hacía llegar la revista Migraciones, recordándonos que el derecho a la educación, el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria, y el derecho a los servicios básicos para conseguir la integración son derechos humanos y están en tratados que hemos ratificado, por ejemplo, la Convención de 1990. (Aplausos.) Agradezco al presidente los minutos que me ha dado. Termino diciéndoles que hemos tenido muy en cuenta el espíritu del Tribunal Constitucional a la hora de redactar. No nos hemos emborrachado haciendo la ley. Dice Pablo Castellano que es una ley de mínimos. Yo lo diré de otra manera: no es una ley de máximos. Espero que en diciembre aprobemos una ley que no sea tampoco de mínimos. Se dice que algunos intentan hacer sólo mejoras técnicas. Mi grupo parlamentario estará muy atento y muy receptivo a mejoras técnicas, incluso a escuchar con todo rigor a cualquier grupo político que diga que hemos hecho algo mal. Cuando se intenta una ley mestiza, siempre puede suceder eso. Pero nuestra conclusión, que le quede muy claro a quien quiera hacer revisiones profundas, es que no queremos recortar derechos, porque no se nos ha ido la mano. No queremos reducir el pasito que hemos dado, que tiene mucho que ver con el hacer legislativo de nuestro Tribunal Constitucional y con el sentimiento colectivo de la sociedad española. Queremos que se respete la política de Estado que hemos hecho a través del consenso de todos los grupos políticos. Queremos que el Gobierno -y se lo decimos claramente- respete democráticamente a esta Cámara, que no injiera en el Legislativo, que el Ejecutivo no quiera hacer un paréntesis del trabajo del Legislativo. Nosotros tenemos tanto interés en esta ley que está presente el senador que va a llevar el trabajo en el Senado, que tiene también enmiendas que elaborar, para matizar técnicamente y para mejorar algunos aspectos porque los asesores que hemos tenido nos han dicho que merecería la pena hacer un último esfuerzo. Quedan 20 días, y los diputados que hemos llevado esta ley y los senadores que la lleven estamos dispuestos a hablar, a dialogar, a pactar y a trabajar para tener la ley que necesitan los, a duras penas, 700.000 inmigrantes entre comunitarios y no comunitarios. Pero, sobre todo, estamos pensando en la segunda generación de inmigrantes, que van a ser ciudadanos españoles, mestizos, hijos de los que nacimos en este país, que a lo mejor han nacido en este país y que van a ser copartícipes del desarrollo de esta nación como cualquier otro.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Restan por intervenir los grupos parlamentarios que han de fijar su posición, aunque no mantienen enmiendas, comenzando por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), que será representando por la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, llegados a este trámite, al Grupo Vasco no le queda enmienda alguna. Todo lo que propusimos está incluido en el texto del dictamen que sustancialmente nos gusta. Nosotros también nos consideramos autores de él, aunque la señora Fernández no nos haya incluido en su enumeración. Nos gusta a nosotros y, por lo visto, a todos los grupos de la Cámara, si uno examina las votaciones efectuadas artículo por artículo y el resultado de ellas. Lo que en su día pudo ser ciertamente tedioso, hoy nos alegramos de ello, porque ahí queda para la posteridad el resultado obtenido por todos y cada uno de los artículos. ¿Cuáles fueron nuestras inquietudes en las enmiendas? La primera fue el reconocimiento de derechos y libertades de los extranjeros. Nuestras enmiendas tendían a ensanchar los estrechos límites de la ley vigente, intentando que derechos tales como el del artículo 19, constitucional, o el 22 se reconociesen con una mayor

Página 14958


amplitud a como lo están en la actualidad. Dimos también guerra -y así lo dije en Comisión- en relación con los principios rectores de la política social y económica. No todo lo que se regula como derechos y libertades son derechos fundamentales; por ejemplo, la vivienda, la sanidad o la educación, son principios rectores de la política social y económica y como tales debían ser contemplados.
Había que elegir un título competencial que le correspondiese al Estado para el reconocimiento del derecho, cuyo fondo en modo alguno negábamos, para que luego fuese posible su plasmación o su puesta en práctica o la ejecución, de acuerdo con lo establecido en cada caso por las normas respectivas de las comunidades autónomas.
Debo manifestar también que el título II, referido a las situaciones de los extranjeros, nos parece que se ha hecho con la seriedad y el rigor de los acuerdos tan citados de Tampere y teniendo siempre presente que los flujos migratorios de entrada en España afectan o pueden afectar directamente a los demás Estados miembros. Estas pautas, señorías, se han tenido en cuenta, pero, en este momento poco más puede deducirse de nuestras obligaciones europeas. Igualmente nos parece satisfactoria la regulación que se ha hecho de las infracciones en materia de extranjería con importantes novedades y la coordinación de los poderes públicos en la materia que se regula.
Para no entorpecer el acuerdo no trajimos al texto un debate sobre competencias policiales en la materia, que creemos que corresponden a la Ertzaintza y que suscitaremos en otro lugar, probablemente en el informe que deberá elaborar la subcomisión para el informe del modelo policial. Repito, no quisimos entorpecer en nada las posibilidades de acuerdo en este texto legal. Pero, llegados a este trámite es imposible no hacer mención de todo lo ocurrido en torno a la proposición desde el día que se produjo en Comisión la votación del dictamen.Las acusaciones -son más que meros comentarios- efectuadas por tres miembros del Gobierno y muy significadamente por su presidente sobre la falta de cuidado, de conocimiento o de preparación de los ponentes, y supongo que también de los miembros de la Comisión de Justicia, tienen un tufillo autoritario. Vienen a decir que no se puede dejar legislar a cualquiera, que el Gobierno lo haría mejor. Desde luego, esto lo solucionaban las viejas leyes de Jefatura del Estado, que siempre salían a gusto del caudillo, pero el sistema constitucional exige, cuando se trata de derechos y libertades, elaboración parlamentaria y, además, con mayorías cualificadas, es decir, con ley orgánica, que es posible que exceda de las querencias del Gobierno en muchos casos. Así funciona la democracia.


También la insustancialidad predicada de los ponentes tiene algunas respuestas fáciles, ya que en cuanto al costo del proyecto (ésta es una de las pegas más habituales) debe tenerse en cuenta que dos de los ponentes, el señor Campuzano y yo misma, pertenecemos a partidos que gobiernan en dos comunidades autónomas que van a tener que asumir el costo social que esta ley supondrá.
En todo caso, es el momento de decir que las mayores pegas por parte del Ministerio del Interior se ponen al reconocimiento de derechos, al reconocimiento al derecho a promover asociaciones que, en principio, es gratuito. Otros dos ponentes pertenecen al partido mayoritario de la oposición, que legítimamente tendrá aspiraciones de volver a gobernar; por tanto, deberá gestionar y responder de lo que se regula, y no es previsible que se aventuren en unas estrategias que luego no pudiesen asumir. Haber sido ministra de Asuntos Sociales y subsecretaria de Interior nos parecen experiencias muy poco criticables en la materia.


En cuanto a que hemos estado mal asesorados, permítame que le diga -y me gustaría que estuviese presente algún miembro del Gobierno, pero no es así- que para asesoría buena, excelente en este caso por el papelón que va a hacer, es la del Gobierno, y eso que hay que tener en cuenta que tiene de su parte todo el aparato burocrático de la Administración, con todos los cuerpos de elite a su servicio.
No es aceptable la idea de la sorpresa. El «Diario de Sesiones» de la Comisión de Interior y de Justicia acredita que el 21 de julio, en la comparecencia que se produjo del ministro Mayor Oreja para hablar de los asentamientos de gitanos rumanos en Malmea, a preguntas de esta diputada acerca de qué opinión tenía de los trabajos que se estaban realizando en la Comisión sobre la ley de extranjería, él los conocía, como así lo manifestó. Sí dijo que esperaba a los acuerdos de Tampere, pero no le suscitó sorpresa ni puso objeción alguna a lo hasta entonces trabajado, y estamos hablando del 21 de julio.
En el diario El País, que ya se ha citado otras veces, el 5 de agosto aparece una información a toda página en la que se dice que Gobierno y oposición quieren que la nueva ley de extranjería se apruebe antes de fin de año, y no conozco que hubiese desmentidos ni matizaciones en aquel momento.
Ahora va al Senado y veremos qué se nos propone. Mi grupo tiene la mejor disposición al acuerdo porque quiere que la ley se apruebe, pero sobre los pilares esenciales que inspiran esta reforma; veremos.
Que no pase lo que el diputado y catedrático de derecho constitucional, don Jordi Solé, decía sobre el Senado en su artículo publicado el pasado sábado. Decía que el Senado no se está comportando como Cámara Alta ni como primera Cámara, sino como recámara, en el sentido balístico del término, o sea en el de que el partido del Gobierno, que no tiene mayoría absoluta en el Congreso pero sí en el Senado, puede gastar sus últimos cartuchos cuando no ha podido imponer su voluntad en el Congreso.
En una viñeta también reciente, el dibujante Ramón dibujaba a dos ciudadanos que deambulaban y, en evangélica referencia, le decía uno al otro: Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que estaproposición de ley llegue a ser aprobada. Mi grupo

Página 14959


quiere que sea aprobada y colaborará para ello, pero quiere que sea aprobada esta proposición. Está abierto a negociaciones pero quiere que lo que se apruebe sea esta proposición y no otra distinta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el diputado don Carles Campuzano i Canadès.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a posicionar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el trámite de esta mañana, de votación y debate del dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de ley orgánica de derechos y libertades de extranjeros y de su integración en España.
Lo hacemos después de dieciocho meses de trámite parlamentario, de dieciséis largas reuniones de la ponencia en la Comisión Constitucional. En este sentido, me gustaría recordar, a efectos de que constase en la Cámara, el trabajo realizado por todos los ponentes. Éste no es un ejercicio de inmodestia sino para recordar el trabajo del señor Jordano, de la señora Fernández, del señor Sanjuán, de la señora Uría, del señor Castellano y de la señora Rivadulla, que han participado en estos meses con la voluntad de buscar espacios de consenso y solución de problemas, además con amplio diálogo con muchísima gente de nuestra sociedad. Hoy nos acompañan en la tribuna representantes de muchas de las ONG que han seguido con muchísimo detenimiento estos debates, y es bueno recodarlo. Además, todo este proceso de discusión y de esfuerzo se ha hecho con pleno conocimiento del Gobierno del Estado. En este sentido, todos los grupos tenemos la conciencia muy tranquila.
Sin embargo, esta mañana, este debate no encaja en un ambiente de distensión, de confianza y de seguridad por el trabajo hecho en la ponencia. Este debate de hoy nos llega después de quince días de debate público sobre esta materia, que seguro que no han ayudado en nada al trámite parlamentario de esta proposición de ley. En la sesión de esta mañana y en los próximos días, todos los grupos y el propio Gobierno deberemos hacer un esfuerzo para recrear ese consenso que, a nuestro entender, es el principal valor político del trámite parlamentario realizado.
Cuando a principios de esta legislatura diversos grupos proponíamos la reforma de la ley de 1985, y presentamos tres proposiciones de ley con las correspondientes enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, partíamos de la constatación de que la ley de 1985 había fracasado en buena parte de sus objetivos y recordábamos que la situación de la inmigración en el Estado español era sustancialmente diferente a la que se producía a principios de la década de los ochenta. Aquella ley, que en su título pretendía garantizar los derechos y libertades de los extranjeros en España, no los garantizaba; era una ley que mantenía importantes dosis de discriminación y tampoco se ha convertido en un eficaz instrumento de control del flujo migratorio. Las diversas bolsas de irregulares que se han creado a lo largo de estos años son indicativas de que la ley de 1985 y las políticas que la acompañaron no fueron eficaces. Esa situación ponía en dificultad los dos principios fundamentales que, a nuestro entender, debe evitar cualquier política de inmigración: los de integración social y de covinvencia entre las personas.
La evolución del escenario desde el año 1985 hasta ahora nos indicaba que si no éramos capaces de corregir esta tendencia, finalmente, en España, como ha sucedido en otros países de Europa, nos podríamos encontrar con que la cuestión migratoria terminase convirtiéndose de verdad en un problema. En estos meses de 1999, en mi país, Cataluña, y también en Andalucía, hemos tenido ejemplos de situaciones que indican que hay que empezar a corregir algunas tendencias de fondo que están ahí. Éste era el sentido de las proposiciones de ley de reforma que se planteaban a principios de esta legislatura, partiendo de una ley que no era positiva y de unas políticas que no habían sido suficientes. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Es bueno recordar, porque ha sido objeto de debates estos días, que con la ley de 1985, una ley estricta en materia de control de flujos, en estos años se han producido cuatro procesos extraordinarios de regularización; que el contingente, que es el principal instrumento para controlar la entrada de emigrantes procedentes de terceros países, ha sido pervertido, ya que se ha utilizado para regularizar la situación de inmigrantes en el Estado español, y que incluso en esta legislatura el Gobierno, de manera inteligente, ha creado el mecanismo de coordinación con las ONG, a través del Foro para la integración social de la inmigración, para regularizar a inmigrantes sin papeles que estaban en el Estado español. Además, el Imserso, también de manera correcta, ha desarrollado en Ceuta y Melilla programas de acogida de inmigrantes en situación irregular.
Nos podíamos preguntar si estos instrumentos producen efecto llamada.
Entendemos que el debate de fondo sobre la materia migratoria, sobre estas cuestiones (por qué la gente viene a nuestra sociedad, por qué se marcha de su país) es mucho más complejo, mucho más profundo, que el debate estricto sobre la ley. Por ejemplo, sería bueno recordar que Marruecos, que es el Estado que genera el mayor número de emigrantes hacia España y hacia el conjunto de Europa, tiene un altísimo nivel de crecimiento de su población; que de los 27 millones de habitantes de hoy puede pasar en el año 2010 -según algunas previsiones- a 34 millones; que persisten elevadísimas tasas de desempleo; que existe aún un tejido social y cultural débil y un lento crecimiento de su economía. Con esos problemas, no hay ninguna frontera que sea capaz de evitar que la gente cruce el mar Mediterráneo.
Quizás más que hablar del efecto llamada, deberíamos profundizar en el efecto salida, y tal vez también

Página 14960


deberíamos ser capaces de recordar que el fenómeno migratorio tiene una capacidad de creación de desarrollo de los países que emiten emigrantes. Recordaré, por ejemplo, que el retorno de ahorro generado por los emigrantes marroquíes supone cerca del 40 por ciento de la exportación de Marruecos o que por esa vía Marruecos ingresa más que por turismo o exportación de fosfatos. Quizás también podríamos preguntarnos si el efecto llamada es consecuencia de la petición, según el informe del BBV, de un contingente de 100.000 inmigrantes o de la realidad de nuestro mercado sociolaboral, que exige trabajadores provenientes de estos terceros países.
A nosotros nos parece que el debate de fondo, el debate importante, el debate necesario es éste, el de cómo afrontamos la complejidad de la inmigración en todo el sentido. La proposición de ley que hoy tramitamos mantiene los mismos elementos de control de flujos que funcionan en España desde 1985. No hemos hecho una ley de puertas abiertas, no la podemos hacer, no la queremos hacer, nadie la quiere hacer, ningún grupo la quiere hacer. Hemos planteado una proposición de ley que avanza -repito, avanza- en la perspectiva de la igualdad de derechos y deberes entre inmigrantes y ciudadanos españoles, renunciando explícitamente al derecho al voto, el derecho más político y que expresa de manera inequívoca la ciudadanía, y que enlaza con buena parte del sentido de la cumbre de Tampere cuando se planteaba avanzar en esta igualdad entre residentes y extranjeros y ciudadanos comunitarios. Y hemos hecho hincapié en los aspectos sociales de estos derechos: el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a los servicios sociales y el derecho a la reagrupación familiar, como instrumentos para garantizar la integración y facilitar la convivencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le ruego vaya concluyendo.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Y lo hemos hecho con un discurso en el que hablamos también de los derechos y obligaciones de los inmigrantes. La construcción de una sociedad pasa por derechos y deberes de todos.
Entendemos que es una proposición de ley que da estabilidad (uno de los factores más negativos de la ley de 1985 y de sus reglamentos de desarrollo es que -se apuntaba por la señora Fernández- han hecho que ese cerca del 42 por ciento de los inmigrantes en situación irregular sean personas que, en su día, tuvieron sus papeles en regla), que introduce elementos garantistas -como recordaba el señor Castellano-, que puede permitir el desarrollo de políticas públicas coordinadas en esta materia y que mejora los instrumentos de lucha contra las mafias. ¿Será suficiente esta ley para dar respuesta a todos los interrogantes que tenemos en materia de inmigración? Es evidente que no, señorías. La ley no puede ser la respuesta a estas cosas. Nos hace falta un discurso público consecuente y coherente, nos hace falta una política que responda a los principios de esta ley y que, sobre todo, apunte a los retos de futuro en esta materia. Hoy, la sensación que tenemos es que esa política no está definida. En esta Cámara y con el Gobierno, en los próximos meses, tenemos que ser capaces de definir de nuevo una política consensuada en esta materia para responder, de verdad, a todos los retos que tenemos planteados en relación con el fenómeno inmigratorio. Necesitamos afrontar colectivamente esta realidad de una manera inteligente, racional, basada en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. La ley avanza en algunas ideas, en algunas líneas, pero la ley, insisto, por ella misma, no va a resolver ninguno de los temas que tenemos pendientes.
Con la votación de esta mañana y con la previsión de los próximos días, la opinión pública se puede preguntar, ¿y ahora qué? Yo creo que es necesario un compromiso público y político de todos los grupos para que esta ley salga en esta legislatura (lo hemos dicho todos: el Gobierno, los grupos de la oposición y los grupos parlamentarios que participamos en la gobernabilidad del Estado); con voluntad de diálogo con todos los grupos, sin exclusión, para defender el espíritu de consenso de la ponencia; con voluntad de mejorar, de precisar, de delimitar, pero sin poder abandonar el sentido último que hemos querido darle a esta ley, que es esa integración social, ese valor de la convivencia, ese hincapié en los derechos que pueden permitir que la integración no se vea abocada a la marginalidad y a la exclusión, espacios donde la xenofobia y el racismo tan sólo pueden crecer.
El Gobierno ha irrumpido con fuerza en este debate -el Gobierno tiene la legitimidad para hacerlo-, pero a él hay que pedirle también generosidad con los grupos parlamentarios, por la misma razón que todos, orientados en este sentido, vamos a ser generosos con el Gobierno, para ser capaces en el Senado de permitir la aprobación de esta ley. Porque aquello que creo que ha movido a todos los ponentes, al señor Jordano, a la señora Fernández, al señor Sanjuán, al señor Castellano, a la señora Rivadulla y a mí mismo, era cumplir con las palabras que el señor Tahar Ben Jelloun explica en un fantástico libro, que supongo que SS.SS. conocen, El racisme explicat a la meva filla, que voy a leer en catalán muy brevemente. Dice: «Tothom té dret a la seva dignitat. Quan respectem algú, estem fent un homenatge, a través d?ell, a la vida, en tot el que té de bonic, de meravellós, de diferent i d?imprevisible. Quan tractem els altres amb dignitat, ens estem respectant a nosoltres mateixos.» Señorías, les pedimos tratar este tema con la dignidad que se merecen los inmigrantes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano. Le ruego

Página 14961


que haga llegar al servicio de taquígrafos el texto en castellano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular mantiene su plena identificación con los principios que han inspirado la proposición de ley que hoy debatimos, que creo que están perfectamente reflejados en el título de la iniciativa. Se trata de garantizar los derechos y libertades de los extranjeros en España y de lograr su plena integración social. En la consecución de estos objetivos nuestro grupo se sitúa en una línea tan avanzada como la que más. Nada más lejos de nuestro propósito que limitar o condicionar los derechos fundamentales de los extranjeros, nada más ajeno a nuestras convicciones que las actitudes discriminatorias. Por el contrario, estamos convencidos de la obligación moral de acoger, en la medida de nuestras posibilidades, a quienes buscan las condiciones imprescindibles para vivir con dignidad (a veces incluso simplemente para vivir), que por desgracia no encuentran siempre en sus respectivos países. Por eso hemos participado activamente en alcanzar el consenso de todos los grupos en torno al contenido básico de la proposición de ley.
En consecuencia, quiero fijar con la mayor claridad la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, a cuyas votaciones procederemos prácticamente a continuación. Y no creo que sea extemporáneo recordar que esta norma vendrá a superar, en una dirección resueltamente progresista, la actual ley de extranjería impulsada por la administración socialista. Y tampoco parece inoportuno el recuerdo de que iniciativas legislativas muy similares a la que ahora discutimos, postuladas por Izquierda Unida en su día, tropezaron en 1995 con el veto de la mayoría parlamentaria de la época, con su voto en contra, señora Fernández. Fue el Gobierno socialista quien no presentó un proyecto en diez años y cercenó una iniciativa legítima de una fuerza parlamentaria en este mismo Congreso de los Diputados. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Debemos ser conscientes de que las grandes corrientes migratorias representan y van a seguir representando uno de los rasgos más ostensibles del fenómeno de la globalización. Mientras los índices demográficos sean los que son, mientras las diferencias de desarrollo y renta sigan ensanchándose, las sociedades opulentas, entre las que por fortuna se encuentra la nuestra, estarán abocadas a convertirse en focos de atracción para los desheredados de la Tierra, y no tenemos por qué contemplar este fenómeno con temor ni pretender atrincherarnos frente a él en una ciudadela de egoísmo o miedo a la diferencia. (El señor Navarrete Merino: No.) Lejos de cualquier prejuicio racial o cultural, debemos ver en estos grupos de nuevos ciudadanos emergentes en nuestras sociedades elementos activos de dinamización de nuestra comunidad y soporte del mantenimiento de nuestro crecimiento productivo. Junto a la concepción humanista, que nos mueve a ver en el emigrante a otra persona, titular pleno del mismo derecho a la dignidad que reclamamos para nosotros y necesitada de un plus de protección por su vulnerabilidad, en un futuro inminente puede ser que veamos en la emigración la garantía de reemplazo de nuestras envejecidas sociedades.
De esta reflexión general debería deducirse que la emigración es una gran política de Estado que reclama el más alto consenso social y político, que todos deberíamos acertar a deponer pruritos de iniciativa o paternidad y vencer la tentación de hacer caricatura del adversario en términos maniqueos de progresista bueno versus xenófobo malo, y que hubiera sido preferible que la búsqueda de hacer una buena ley se hubiera impuesto sobre la necesidad de una dudosa urgencia.
Pero todo este cúmulo de incontrovertibles argumentos no nos exime de nuestra obligación de abordar la recta final de este debate, cuyo resultado gravitará inexorable sobre un largo futuro con actitud reflexiva, evitando precipitaciones y con el ánimo sincero de coincidir en soluciones no sólo razonables sino investidas de la imprescindible viabilidad. Porque, sobre las reflexiones apuntadas, aún hay que añadir que España no puede ni debe diseñar una política de extranjería autónoma con respecto a las previsiones del Tratado de Amsterdam, con respecto al acervo de Schengen, con respecto a las orientaciones y conclusiones de Tampere, de las que nuestro país ha sido el principal impulsor, siendo el Gobierno de España el que provocó e impulsó sus principales decisiones. ¿De qué se trata, entonces? Se trata de configurar un espacio no sólo geográfico sino jurídico común, sin fronteras interiores, que habilite la más plena circulación de las personas y en el que los residentes legales -lo subrayamos- extranjeros gocen de una progresiva equiparación de derechos con los nacionales de la Unión. ¿Cuál es la contrapartida forzosa de ese ambicioso empeño? Que los Estados miembros garanticen una gestión racional de los flujos de inmigración y luchen sin descanso contra las mafias, que se lucran con la inmigración ilegal.
Es una obligación de solidaridad de todos los Estados miembros para con sus socios de la Unión, que vincula con mayor intensidad a aquellos, como el nuestro, a los que la geografía dispensa la condición de frontera exterior de la Unión. Éstos son los principios que inspiran nuestra posición política y a los que creemos que no puede sentirse responsablemente ajeno ningún grupo de esta Cámara.
Por tanto, dos órdenes de motivos nos fuerzan a someter a la consideración de la Cámara los ajustes que, a nuestro juicio, resultan imprescindibles: de una parte, nuestra integración en un ámbito territorial en el que se está desarrollando una política migratoria común; de otro, la necesidad de mantener las medidas de control imprescindibles para posibilitar el ejercicio de nuestra propia política dentro de las directrices de la Unión Europea.


Página 14962


No es fortuito, señorías, el hecho de que en el actual título IV del tratado constitutivo, según el texto consolidado por el Tratado de Amsterdam, se regulen los visados, el asilo y la inmigración como políticas relacionadas con la libre circulación de personas. La libertad de movimientos dentro del territorio de la Unión exige a los países miembros la contrapartida de aceptar y aplicar unas directrices comunes respecto a la política de visados, asilo e inmigración.
A la concreción de esas directrices, cuyos perfiles y límites se fijan en el título IV del tratado, responden las conclusiones de Tampere, especialmente la recomendación de que los Estados miembros de la Unión vayan equiparando en derechos con sus propios nacionales a los residentes legales extranjeros, señora Fernández, no omita palabras, legales extranjeros. No se pueden hacer lecturas imprecisas y a medias. Ésa es justamente la posición que defendemos.
Otra de las ideas fundamentales de Tampere y del actual acervo comunitario en materia de extranjería es que cada Estado tiene que comprometerse a gestionar con eficacia sus flujos de inmigración, a controlar coherentemente los puntos de entrada, que son frontera interior para la Unión Europea.
A la espera de que en esta materia siga desarrollándose el acervo de Schengen y de que se aprueben nuevas normas comunitarias, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Amsterdam, la gestión racional de los flujos de inmigración es un deber de cada Estado, exigible con mayor rigor por la obligación de solidaridad muy particularmente con los llamados Estados Schengen, que han aceptado la completa supresión de sus fronteras con los socios para lograr plenamente la libre circulación interior de las personas.
La tercera conclusión importante de Tampere es que los Estados miembros deben sancionar severamente el tráfico ilegal de seres humanos. Por eso hemos propiciado las disposiciones finales incorporadas para reformar el Código Penal y por eso, reclamando la coherencia necesaria, propugnamos los acuerdos que permitan suprimir determinadas disposiciones incentivadoras de la entrada ilegal de extranjeros en España y en la Unión Europea, tales como la extensión de derechos socioeconómicos a situaciones de ilegalidad, el automatismo que se pretende imponer en la mayor parte de las decisiones y la institucionalización de un mecanismo permanente de legalización.
Estos aspectos concretos de la proposición de ley, que chocan frontalmente con nuestros compromisos comunitarios, impedirían, por otra parte, desarrollar cualquier política interna en materia de inmigración. La discrecionalidad de medidas concretas de gobierno resulta imprescindible para que esa política responda a los intereses españoles, mientras que, por el contrario, el automatismo de tales decisiones y de los procesos de legalización, juntamente con la difuminación de los límites entre situaciones de legalidad e ilegalidad, contribuiría a incentivar flujos no sólo excesivos, sino perjudiciales para esos legítimos intereses y perturbadores para la integración de los inmigrantes en la sociedad española. A esas razones obedecen los acuerdos que estamos impulsando para introducir en el texto las modificaciones necesarias, salvaguardando, en todo caso, el respeto de los derechos fundamentales y las prestaciones asistenciales de carácter humanitario en casos de urgencia y necesidad.
Después de estas reflexiones, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a dar su voto favorable al conjunto de la ley en la votación final atinente a su carácter orgánico. Porque entendemos que la proposición mejora, en una resuelta dirección progresista, la actual regulación de la extranjería; porque asumimos sustancialmente el trabajo de nuestros ponentes; porque no pretendemos ni hemos pretendido nunca, como tampoco lo ha pretendido el Gobierno, entorpecer el curso normal de la tramitación de la iniciativa; porque compartimos sin reservas la generosa asimilación de derechos y libertades entre nacionales y extranjeros residentes en situación de legalidad, así como el endurecimiento penal de las prácticas de explotación que la proposición aporta. La lealtad a la Cámara, señorías, nos obliga, sin embargo, a advertir que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho una relectura minuciosa del dictamen de la Comisión, a la luz, sobre todo, de los acuerdos y compromisos de España en el seno de la Unión Europea. De acuerdo con esa reflexión, nos sentimos en el deber de expresar nuestras discrepancias con algunas previsiones de la proposición, de las que dejaremos sin duda constancia con las peticiones de votación separada que transmitiremos a la Presidencia de la Cámara. Se trata de reservas de carácter técnico-jurídico. No pretendo, señora Fernández, minimizar su alcance e importancia, porque afectan a la imprecisión conceptual de lo que, a nuestro juicio, adolece la proposición sobre el status mismo del extranjero en situación de residencia legal; por las consecuencias que se atribuyen al empadronamiento, en detrimento de las competencias y responsabilidades exclusivas del Estado en la materia, a los mecanismos de regularización y a la equiparación cuasiautomática entre indocumentación y apátrida. En definitiva, se trata de tutelar e integrar a los inmigrantes que se encuentran entre nosotros y de encauzar la inmigración por vías legales. Los consulados en lugar de la patera o el polizonaje y de no provocar, aun llevados de los mejores sentimientos, efectos que no estamos en condiciones de prever, ni mucho menos de garantizar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor De Grandes, le ruego vaya concluyendo.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Terminaré en seguida, señor presidente.
Anunciamos, pues, nuestro propósito de enmendar en el Senado aquellos extremos de la ley que creemos insatisfactoriamente resueltos y confiamos en poder hacerlo con el mismo o parecido nivel de acuerdo que se fraguó en los últimos trabajos de ponencia y Comisión.
De entre todos los reproches que pudieran hacérsenos, señorías, el último que estaríamos dispuestos a asumir es el de erosionar intereses esenciales del Estado

Página 14963


o dificultar el cumplimiento pleno de sus compromisos con ese gran proyecto de libertad vivida y compartida, que es y constituye la Unión Europea.
Señorías, nuestra propuesta no supone en modo alguno establecer un período de carencia de derechos para los extranjeros que se encuentran en nuestro país. No tiene nuestro grupo parlamentario ni el Gobierno del Partido Popular sensación alguna de insensibilidad en el tema de la extranjería. Será bueno recordar que, sin una cobertura legal expresa, el Gobierno del Partido Popular ha extendido los derechos a la sanidad en el territorio del Insalud, a la educación y a los títulos en el territorio MEC. Será bueno que se sepa que el Gobierno ha facilitado el acceso a políticas activas de empleo a la totalidad de la población extranjera que se encuentra en España, lo que no habían hecho gobiernos precedentes. Anote el dato, señora Fernández, porque S.S. tiene el techo de cristal y cuando se mira no se ve nada. Del mismo modo, el Gobierno ha continuado, quizás con más efectividad que antes, las políticas de ayuda social a los extranjeros a través de los convenios de colaboración suscritos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con las ONG de ámbito estatal. Esto está permitiendo garantizar un nivel mínimo de subsistencia y alojamiento, una formación básica, sobre todo en el idioma, y un asesoramiento jurídico gratuito en la mayoría de los procedimientos que comportan la expulsión de un extranjero del territorio nacional. Recordemos también que, en el ámbito laboral, se han firmado acuerdos con el Reino de Marruecos y con las organizaciones patronales y sindicales para regular el trabajo de temporeros, adelantándose así el Gobierno a las previsiones del texto que estamos debatiendo.
No es, pues, voluntad del Gobierno interrumpir este tipo de política, y buena prueba de ello es que las partidas que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales han programado en los presupuestos del año 2000 para la integración social de inmigrantes duplican las consignadas en los presupuestos para 1999.
Termino, señorías. Nuestro grupo aboga por un lectura detenida de lo hecho hasta ahora por el Congreso de los Diputados, pide que se coteje con los acuerdos de Tampere y propondrá enmiendas que, de alcanzar consenso suficiente, permitirán la viabilidad de una nueva ley acorde con los intereses de España y los compromisos de nuestro país con nuestros amigos de Europa.
Nada más, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor De Grandes.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995 EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. (Número de expediente 121/000158.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al punto 43 del orden del día: Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.
En primer lugar, para un turno a favor de la enmienda que sostiene el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Vasco está absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que es cumplimiento de un tratado internacional ratificado por España, pero sostiene, con alguna duda teórica, la enmienda que ya defendió en Comisión y que someto al criterio de SS.SS. por si es necesario dar una ubicación distinta al precepto que modificamos en el trámite en el Senado. Veremos si soy capaz de explicar cuál es el criterio que sostengo.
El precepto modifica el artículo 423 en cuanto que incluye un nuevo cohecho, tanto activo como pasivo, referido a las transacciones internacionales y se introduce dentro del título XIX, que cobija los delitos contra la Administración pública. Se entiende que se está protegiendo como bien jurídico la Administración pública española. Si consideramos que hay unos nuevos sujetos posibles responsables de delito, los que se contemplan en el nuevo punto 3 del artículo 423, entendemos que es exigido que, además, exista la excusa absolutoria en los términos del artículo 427, tal como recoge el grupo al que represento. Si se ha considerado que, por razones de política criminal, los autores del cohecho que contempla este capítulo del título XIX pueden quedar libres de culpa en aquellos casos en los que ellos mismos faciliten la persecución del delito, igual tratamiento debe darse cuando esto ocurre en relación con transacciones extranjeras si este artículo está incluido en el título XIX.
Vistos los argumentos que utilizó para rebatir el criterio de esta diputada el representante del Grupo Parlamentario Popular, se me ha alcanzado que quizá halla una equivocación. Es posible pensar que no deba existir esta excusa absolutoria porque perseguir estas conductas es lo que pretende el tratado, en cuyo caso deberíamos sacar el delito que tipificamos del título XIX y crear un título nuevo y autónomo. Ya no estaríamos protegiendo la Administración pública española, sino un bien jurídico distinto, un cierto orden internacional en las transacciones económicas, a lo que parece nos obliga este tratado.
El criterio de mi grupo es el de que, de mantenerse el artículo donde está, en el título XIX, es coherente la excusa absolutoria que planteamos. En otro caso, debiera reflexionarse sobre la conveniencia de hacer en el Código Penal un título nuevo, con un bien jurídico nuevo protegido que permitiese incluir este artículo 423 que pretende proteger un orden económico en las

Página 14964


transacciones internacionales y que, indudablemente, con el paso del tiempo será enriquecido con otros títulos a medida que se vaya consolidando el tercer pilar en la Unión Europea o que, fruto de la cierta internacionalización en materia penal -todavía muy en pañales, pero ya incipiente-, tenga cabida en el Código Penal. La postura del grupo al que represento es, hoy por hoy, mantener la enmienda mientras el artículo 423 aparezca como apartado tercero a la actual dicción del título, pero no nos cerramos a su desaparición en el trámite del Senado si se considera que este precepto debe ir en título distinto y autónomo.
Votaremos a favor de la enmienda, pero no por ello rechazaremos el dictamen de la Comisión, porque lo que queremos es que en esta legislatura sea posible que esta modificación necesaria y técnicamente razonable vez la luz en el Boletín Oficial del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta breve modificación del Código Penal que vamos aprobar en este trámite, que deriva de la ratificación por España del convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros, no es, como lo será la ley orgánica que aprobaremos a continuación, una simple enmienda al Código Penal derivada de compromisos internacionales sin trascendencia de ningún tipo, sino que es auténticamente una actualización del Código Penal, derivada de compromisos internacionales, pero que atiende a una realidad concreta y lamentable pero de la que esta Cámara no puede más que hacerse eco y lo debe hacer hoy cuando se está aprobando esta ley. Es la existencia de auténticas prácticas de corrupción de empresarios españoles que practican en otros Estados, indefensos ante la corrupción y a los cuales criticamos precisamente por sus altos niveles de corrupción cuando hablamos aquí en términos de la globalización y de la necesidad de que esos países se desarrollen.
Esos mismos agentes económicos españoles, algunos de ellos con una moral perfectamente predicable, cuando operan en esos países del tercer mundo y en vías de desarrollo sí aceptan prácticas que en ningún caso admitirían en su propio lugar de origen. Ahí arranca el consenso que se logró en el seno de la OCDE para lograr la penalización mundial de esas prácticas, suprimiendo o superando el principio de la territorialidad de la ley penal y permitiendo que el castigo al corruptor no sea impuesto sólo en el país donde la corrupción tiene lugar, sino que pueda ser impuesto en el lugar de origen; concretamente, en este caso -hablemos claro-, que los corruptores españoles sepan que no van a tener impunidad a partir de ahora y que cualquier acto de corrupción que una empresa española pretenda realizar de un funcionario extranjero para conseguir un contrato beneficioso en Asia, en África, en América Latina o también en Europa -el orden se corresponde con la estadística de corrupción que marcan determinados foros internacionales- será sancionado. Esos empresarios, esos agentes económicos deberán saber que a partir de ahora el Código Penal también les sanciona en España y que podrán ser perseguidos por ello.
Si alguna eficacia tiene la ley penal es el hecho de que los eventuales infractores conozcan de su existencia, por lo que es muy importante que transmitamos esta sanción y que aparezca a la luz pública, porque, si no, difícilmente tendrá un reflejo preventivo, que es el que auténticamente tiene que tener por delante del sancionador que llegaría siempre a toro pasado.
Hay una enmienda pendiente, del Grupo Parlamentario Vasco, que como siempre es fruto del rigor más absoluto de su portavoz, doña Margarita Uría, en el trabajo parlamentario y legislativo, y así hay que decirlo. Lo que ocurre es que, como ha puesto de relieve la propia portavoz del Grupo Vasco desde la tribuna, ni siquiera ella misma está absolutamente convencida de que la enmienda deba plantearse en sus propios términos. Yo comparto su duda, que estemos hablando aquí del mismo bien jurídico que se protege cuando se habla de la corrupción del funcionario público español; estamos en otra sede, en otro contexto, por lo que no nos parece que esa enmienda deba ser aprobada en este trámite. Al mismo tiempo, animo al Grupo Parlamentario Popular -y asumo en nombre del Grupo de Convergència i Unió ese tema- a que en el Senado, con la urgencia que este tema lleva, por encima de disquisiciones políticas, puesto que aquí no estamos en un debate político sino de pura técnica jurídico-penal, le animo, decía, a que estudie la posibilidad de introducir un título nuevo del Código Penal que contenga el artículo que hoy vamos a aprobar; un título distinto que hable del buen orden económico mundial o algo por el estilo, puesto que ese es el bien jurídico protegido.
Por todo ello, mi grupo aprobará esta ley orgánica, el dictamen de la Comisión en sus propios términos y no votará a favor de la enmienda del Grupo Vasco.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Para evitar reiteraciones y en aras a la brevedad, sin cometer ningún delito de apropiación indebida, hago mía la intervención del señor Guardans en cuanto a la necesariedad, oportunidad, conveniencia y exigencia de que nuestro Código Penal rellene el vacío que suponela incorporación de las consecuencias de ese tratado

Página 14965


internacional dedicado a la persecución del cohecho activo y pasivo en materia internacional. Y hago mías también, sin ninguna duda, las expresiones de doña Margarita Uría en cuanto a la equiparación de esta clase de delitos con los de orden interno y a la conveniencia de recoger esa posibilidad de exención de responsabilidad para quien facilite el descubrimiento de los mismos, enfatizando el hecho de que sin esa enmienda muchísimos de nuestros presupuestos del Código Penal quedan sin contenido.
Se trata de transacciones que no se celebran a la luz pública y dejando vestigios por doquier sino que, bien al contrario, van amparadas celosamente en el secreto y llegar a percibirlas suele ser siempre fruto de alguna deserción que se produce -perdonen la expresión coloquial- en el seno de la banda, porque no le ha llegado la suficiente retribución. Es fundamental que haya un impulso para incentivar a aquél que se ha visto forzado porque tenía que escoger entre el mal menor de llevar adelante una operación comercial con evidente carencia de cierta ética o la nada, o a aquel otro que en un momento determinado, incluso creyendo en el arrepentimiento, desea colaborar con un orden internacional más justo.
Creo que debemos aprobar la enmienda. ¿Por qué? Señor Guardans, porque nuestro cariño a la Alta Cámara debe ser tal que les demos el trabajo, de modo que cuando allí llegue sólo les quepa una conveniente posibilidad de reordenación, que no tengan siquiera que formular la enmienda porque ya va incorporada al texto. Les colocamos a tiro -perdonen la expresión que no quiere tener ningún aspecto belicoso- el que la reordenen. Si tenemos un texto en el que estamos de acuerdo todos, una enmienda que nos gusta y consideramos conveniente y el único problema que tenemos es dónde la insertamos, seamos solidarios primero con la enmendante, segundo, con el texto que complementa y, tercero, con el Senado dejando que ellos la ordenen y, cuando vuelva, recibirán con mucho gusto nuestro voto favorable y será una muestra clarísima de fraternidad en las Cámaras que debe imperar, sobre todo a final de legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Solano.


El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
Como dice la exposición de motivos, este proyecto de ley orgánica tiene por objeto incorporar al Código Penal el delito de corrupción de agentes públicos extranjeros por aplicación del convenio de la OCDE, de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmado el 17 de diciembre de 1997.
Desde un punto de vista sistemático, el Gobierno ha optado, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto, por tipificar las conductas contempladas en el convenio, incorporando un apartado 3 al delito de corrupción, previsto y penado en el artículo 423 del Código Penal, postura que consideramos correcta. Naturalmente, la tipificación de estas conductas no pudo realizarse en el Código Penal de 1995 por razones temporales obvias, dado que el convenio se firmó el 17 de diciembre de 1997. Lo lamento, pero en este caso no se puede echar la culpa al Gobierno socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente el dictamen de la Comisión de Justicia e Interior de este proyecto del ley. Al propio tiempo, señor presidente, aprovechamos el turno para fijar la posición sobre la enmienda defendida por doña Margarita Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). La vamos a votar favorablemente porque consideramos que es correcta su postura de extender la excusa absolutoria del artículo 427 del Código Penal al particular que hubiere accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público, funcionarios públicos extranjeros o de organismos internacionales.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Pérez Solano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una enmienda de modificación al artículo del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, en la que, dejando igual la redacción que da el proyecto al artículo 423, propone que se modifique también el artículo 427 del Código Penal, a fin de que la excusa absolutoria en él prevista alcance a todos los sujetos posibles del delito.
El artículo 427 del Código Penal prevé la exención de pena por el delito de cohecho del particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente, realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos. La modificación del artículo 423 del Código Penal pretende dar cumplimiento al convenio de la OCDE, de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmado por España el 17 de diciembre de 1997, con la inclusión de un tipo delictivo que, aunque protege los bienes jurídicos consistentes en un correcto funcionamiento de la Administración y una conducta proba y legal de los funcionarios, se orienta primordialmente a tutelar la libertad y lealtad de la

Página 14966


competencia en las relaciones económicas internacionales, en particular, en la relación de los agentes económicos con las autoridades y funcionarios de terceros países, como ha indicado el Consejo de Estado en su dictamen. En este nuevo delito predomina teleológicamente la protección contra el ataque al orden socioeconómico, sin embargo, la estructura del mismo es similar a los delitos de cohecho. Es esta afinidad de los perfiles básicos de las figuras delictivas la que ha llevado a su inclusión dentro de las mismas, si bien no existe identidad total del bien jurídico protegido.
La excusa absolutoria del artículo 427 es posible y tiene su lógica en nuestro Código Penal porque la autoridad que debe actuar ante la denuncia del particular es la misma para el funcionario que para el particular. La autoridad actuante se sirve de esta exención de pena para perseguir eficazmente la corrupción de los funcionarios nacionales -dado que no tiene competencia sobre funcionarios extranjeros- allí donde se produce, ya que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración pública. No podemos olvidar que el convenio pretende castigar únicamente la conducta del particular. Lógicamente, los tribunales no son competentes para castigar actuaciones de funcionarios extranjeros en el ejercicio de su cargo contrarias a las obligaciones asumidas en relación especial de sujeción a la Administración pública de que dependen.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial, en las consideraciones hechas al anteproyecto de la Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995 que estamos debatiendo, manifestaba la necesidad de cumplir los compromisos internacionales en los estrictos términos en que dichos compromisos se hayan asumido sin alterar la estructura penal interna. Consideración ésta recogida en el dictamen del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 1998. En la práctica, es inviable la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Vasco de extender la excusa absolutoria, prevista en el artículo 427, cuando la solicitud de dádiva o presente haya sido realizada por funcionario público extranjero o de organismos internacionales, porque esta excusa no es posible cuando la autoridad que debe actuar no es la misma para el funcionario que para el particular.
Mi grupo no considera posible admitir la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco ante su inviabilidad práctica, a lo que hay que añadir que, desde un punto de vista estrictamente teórico, dejaría el convenio vacío de contenido, dada la finalidad que persigue de defensa de la competencia en el libre mercado -como ya manifesté en Comisión-, pues bastaría para ello el particular de un Estado firmante que ha accedido a la solicitud del funcionario extranjero de un Estado no firmante del convenio y que bien pudiera no perseguir a su funcionario para obtener un contrato y denunciar ante las autoridades españolas, en el plazo de diez días, al funcionario extranjero para quedar exento de pena.
En el preceptivo y citado dictamen del Consejo de Estado se dice textualmente: Mientras que los ordenamientos internos pueden establecer reglas que sujeten a sus autoridades y funcionarios, resulta más difícil superar las fronteras de la acción penal cuando se trata de actuaciones de los agentes económicos en países terceros fuera del propio territorio nacional y en relación con funcionarios y autoridades públicas de países terceros.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arquero, le ruego vaya concluyendo.


El señor ARQUEROS OROZCO: Ya termino, señor presidente.
Son los respectivos ordenamientos nacionales los que han de velar por la ética de la actuación de sus propias autoridades y funcionarios. Y añade: El cumplimiento estricto de los compromisos internacionales debe hacerse, en la medida de lo posible, sin alterar la estructura de la norma penal interna. Continúa diciendo que hay que interpretar el ámbito subjetivo del tipo en conexión con la extensión y límites de la jurisdicción penal española, según está establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entiendo cierra este debate y posiblemente la duda teórica de doña Margarita Uría.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Arqueros.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUÍMICAS. (Número de expediente 121/000160.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Arqueros.
Pasamos al punto 44 del orden del día: Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de prohibición de desarrollo y el empleo de armas químicas.
A este proyecto no hay ninguna enmienda viva. A pesar de ello, ¿algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.-Rumores.) Un momento señorías, tranquilidad que estamos en muy buena hora.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, intervengo únicamente a efectos de aceptar el cambio que se ha producido en una enmienda que la Comisión aceptó por unanimidad, una enmienda del Grupo Socialista, y creo que debe constar en acta que todos los grupos también estamos de acuerdo en el cambio de carácter técnico que se ha producido por los servicios de la Cámara, que han reubicado la enmienda, y

Página 14967


su primera ubicación, que la propia enmienda solicitaba en el artículo 566 del Código Penal, viene a ser ubicada en el artículo 567 por considerar todos los grupos, y asimismo los servicios de la Cámara, que es la ubicación más correcta.
Por otra parte, señor presidente, aprovechando que usted me ha concedido la palabra para terror de alguno de mis compañeros, quiero saludar como grupo la tipificación de determinadas conductas, que proceden de la convención de París de 1993, que prohibe las armas químicas, y este proyecto de ley, insisto, con la aprobación unánime de todos los grupos, hace posible la definición más correcta de determinadas conductas.
Este saludo quería hacerlo en nombre de todos los grupos y en el mío propio.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Barrero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Sí, señor presidente, muchas gracias.
Intervengo a los mismos efectos. Aprobamos hoy una modificación de la Ley orgánica del Código Penal. La convención sobre prohibición de armas químicas data, como SS.SS. saben, de enero de 1993; lo ratificó España en el año 1994; en 1995 se aprobó el nuevo Código Penal y en 1999 estamos modificando el Código Penal para adecuarlo a este tratado internacional. Esto consta en el «Diario de Sesiones» y es una reflexión también a todas SS.SS. de que las cosas en este sentido en el futuro deben de cambiar.
El portavoz socialista ha intervenido correctamente; hubo una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para que figurara en los artículos modificados del Código Penal la definición de desarrollo de armas químicas; estaba en la exposición de motivos, todos los grupos entendimos que podía pasar perfectamente al articulado, y el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de esta semana propuso además una modificación técnica para la ubicación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no en el artículo 566 del Código Penal sino propiamente en el artículo 567. El informe técnico de los letrados de la Mesa parece ser correcto a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y nosotros, señor presidente, expresamos nuestra conformidad a dicha modificación técnica.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Izquierdo.
Les confirmo tanto a usted como al señor Barrero que efectivamente la reubicación de esa enmienda, considerada como corrección técnica, figura en el informe del letrado, y así constará en el nuevo texto.
Muchas gracias, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL RECHAZO DE LA VIOLENCIA QUE SUFREN LAS MUJERES

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.Con carácter previo a las mismas, con motivo de los actos que se organizan el día 25 de noviembre, declarado Día nacional contra la violencia doméstica que sufren las mujeres y que ha motivado en los dos años precedentes una declaración institucional de la Cámara, voy a dar lectura a la que este año sometería a su aprobación tras redactarla por consenso con los portavoces de los grupos parlamentarios.
El Congreso de los Diputados considera que la protección y promoción de los derechos humanos que tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona debe ser una cuestión prioritaria para todos los países. Reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad y desarrollo y menoscaba el disfrute por parte de las mujeres de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Destaca que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que impide el pleno desarrollo de las mujeres en la vida social, económica, laboral, cultural y política. Subraya que la violencia contra las mujeres constituye un atentado contra la igualdad y contra su derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica y denigra a sus agresores; por tanto, la eliminación de cualquier forma de violencia constituye un reto para todos los hombres y todas las mujeres. Denuncia que, aun cuando se siguen silenciando las agresiones sufridas, en 1999 son millares las mujeres que han sufrido violencia y decenas las que han muerto a manos de sus agresores. Por todo lo cual, reafirma el compromiso de la Cámara para aunar esfuerzos y apoyar cuantas medidas puedan contribuir a que se erradique la violencia contra las mujeres a nivel individual y colectivo. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.-Aplausos.) Gracias, señorías.
Pasamos a las votaciones correspondientes, en primer lugar a las enmiendas y luego al dictamen, de la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e integración social.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de él, de la señora Rivadulla, comenzando por la que formula al artículo 13.4, con la que coincide la enmienda del señor López Garrido al mismo artículo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 142; en contra, 166; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda y la coincidente.
Restantes enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Página 14968


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 300; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Entiendo que ha sido rechazada la coincidente que subsistía del señor López Garrido. Se someten las restantes a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, seis; en contra, 298; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor López Garrido, y finalizan así las del Grupo Mixto, pasando, al haberse retirado las de Coalición Canaria, a las del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Enmienda al artículo 18, apartado a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 156; en contra, 167.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 11.3 nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 21; en contra, 297; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 14; en contra, 302; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Pasamos a votar en un bloque las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 143; en contra, 170; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Socialista, que nos permite pasar a las votaciones correspondientes al dictamen, comenzando por los artículos 4, título y apartado 1; 8.1; 9; 10.2; 12; 13.1; 14; 18. e); 19.2; 21; 25.2; 26; 30, apartados 2 y 3; 31.2; 34.1; 37.1; 39; 40.2; disposición adicional; título III y artículos 47 a 60.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 180; en contra, cuatro; abstenciones, 140.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos del dictamen.
Se somete a votación la disposición transitoria primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 164; en contra, 19; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria primera. (Aplausos.) Señorías ...
Artículo 7, puntos 2, 3 y 4, y artículo 17.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 163; en contra, seis; abstenciones, 156.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
(Aplausos.) Señorías...
Artículo 7.1, y resto del artículo 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 309; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Artículo 18. a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 309; en contra, 13; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; en contra, uno; abstenciones, una.


Página 14969


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Señorías, al tener la ley reformada y la proposición que se somete a votación el carácter de orgánica, procede una votación final sobre el conjunto del proyecto que ha de alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el conjunto de la proposición con carácter orgánico.
Pasamos al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.


Votamos, en primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.
Votación, a su vez, del conjunto del proyecto por tener también naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Al haber superado la mayoría

absoluta de la Cámara queda también aprobado el proyecto con naturaleza orgánica.


Dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de prohibición de

desarrollo y empleo de armas químicas.


Votamos, en primer lugar, el dictamen con la incorporación de las correcciones técnicas señaladas en el

debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:

votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Votación también de conjunto, por tener naturaleza

orgánica, alcanzando al Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:

votos emitidos, 325; a favor, 325.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad

del Congreso en Pleno, alcanzando la mayoría exigida para la naturaleza orgánica del proyecto.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995 EN MATERIA

DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 121/000189.)

El señor PRESIDENTE: Al haber decaído el último

punto del orden del día, se levanta la sesión. Buenas tardes.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal