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DS. Senado, Comisiones, núm. 541, de 09/12/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1999 VI Legislatura Comisiones. Núm. 541

COMISION DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MOYA SANABRIA

celebrada el jueves, 9 de diciembre de 1999

ORDEN DEL DIA:

Dictaminar los siguientes proyectos de ley:

--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prohibición del desarrollo y empleo de armas químicas (Número de expediente 621/000171).


--Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Número de expediente 621/000165).


--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (Número de expediente 621/000170).


Se abre la sesión a las diecisiete horas y treinta y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El acta de la reunión anterior está en poder de los señores portavoces.
¿Algún señor Senador desea hacer alguna observación acerca del acta? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento, y así consta.


DICTAMINAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:

--ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL, EN MATERIA DE PROHIBICION DEL DESARROLLO Y EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS (621/000171).


El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el desarrollo del orden del día, pongo en conocimiento de la Comisión

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que al no haberse presentado enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prohibición del desarrollo y empleo de armas químicas, dicho proyecto de ley pasa directamente a conocimiento del Pleno sin que esta Comisión tenga que dictaminarlo.


--ORGANICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (621/000165).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, dictamen del proyecto de ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El proyecto de ley tuvo su entrada el 18 de noviembre, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial, terminando el plazo de presentación de enmiendas el día 30 del mismo mes. Se han presentado 61 enmiendas con la siguiente distribución: 14 de los señores Román Clemente y Cámara Fernández; cuatro del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; 20 del Grupo de Convergència i Unió; 12 del Grupo Socialista y 11 del Grupo Popular. La Ponencia ha estado integrada por los señores Cañellas Fons, Capdevila i Bas, Iglesias Marcelo, Martínez García y la señora Vindel López, se reunió el pasado día 2 de diciembre y emitió el correspondiente informe.
El informe de la Ponencia ha introducido diversas modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, derivadas de la aprobación de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. La Presidencia tiene constancia de que la Ponencia se ha vuelto a reunir inmediatamente antes de celebrarse esta Comisión. Por tanto, ruego al portavoz de la Ponencia que haga saber a la Mesa si se ha introducido alguna modificación sobre el informe ya emitido.
Senadora Rosa Vindel, tiene la palabra.


La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, en la reunión previa a la presente convocatoria la Ponencia ha aceptado admitir las siguientes enmiendas: la número 2 y la número 7 del Grupo Mixto; las números 15, 16 y 18 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; las números 34, 36 y 37 del Grupo de Convergència i Unió, todas ellas en sus propios términos. Además se han aceptado dos transaccionales, una a la enmienda número 26, del Grupo Socialista, y otra a la enmienda número 35, del Grupo de Convergència i Unió. He de decir, con toda la satisfacción del mundo, señor Presidente, que todas ellas han sido aceptadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia se alegra de todo ello, inclusive de la unanimidad.
Se han admitido las enmiendas números 15, 16 y 18 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La 17 ¿no? Tiene la palabra la señora Vindel.


La señora VINDEL LOPEZ: La 17 no.
El señor PRESIDENTE: Me comunica el señor Letrado que, con independencia de las enmiendas, ha habido algunas correcciones técnicas.
Tiene la palabra la señora Vindel.


La señora VINDEL LOPEZ: Sí, señor Presidente, pero se lo dejaba al señor Letrado para que nos ilustrara a todos.


El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿se pueden incluir?

La señora VINDEL LOPEZ: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Procede entrar entonces a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, las correspondientes a los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández. Las enmiendas van de la número 1 a la 14, pero como se han admitido la 2 y la 7, tiene la palabra el Senador Román Clemente para defender el resto de las enmiendas.


El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera agradecerles esta deferencia, pero el ritmo trepidante que nos hemos impuesto en el día de hoy y el hecho de que tampoco seamos demasiado puntuales a la hora de comenzar algunas sesiones ha llevado a que algunos grupos tengamos que simultanear la defensa de nuestras enmiendas.
Doy pero defendidas las enmiendas que restan en los términos en que vienen expresadas, y con esto se entiende que en el Grupo Mixto no hay más enmiendas y que doy por defendidas las que hay.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Román Clemente. Siento la premura del tiempo, pero estamos tan ajustados que tenemos que empezar puntuales porque, si no, algunos señores Senadores tendrán que irse rápidamente.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cañellas Fons.


El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Dada la defensa de las enmiendas que ha hecho, en sus propios términos, el Senador Román Clemente, mi Grupo quiere simplemente manifestar que se opone a todas las demás que han quedado vivas por cuanto son cuestiones que ya se debatieron en el Congreso de los Diputados y que entendemos que están perfectamente resueltas en el proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cañellas.
Pasamos a la enmienda que queda viva del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y puesto que se han admitido últimamente las enmiendas números 15, 16 y 18, salvo error por mi parte, la única que queda viva es la número 17.
Tiene la palabra el señor Gangoiti Llaguno.


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El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco al Grupo Popular que haya incorporado al informe de la Ponencia las enmiendas números 15, 16 y 18 y doy por defendida la enmienda número 17, en sus propios términos, para mantenerla para el Pleno.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gangoiti.
¿Se va a consumir el turno en contra? (Pausa.) El señor Cañellas tiene la palabra.


El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Ya hablaremos, en todo caso, en el Pleno, cuando la defiendan con argumentos.


El señor PRESIDENTE: Conforme, Senador Cañellas.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene presentadas las enmiendas números 31 a 50, menos las números 34, 36 y 37, que ya han sido admitidas por el informe de la Ponencia.
Señor Capdevila, tiene la palabra para turno de defensa.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con la misma brevedad con que lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra. Mantenemos vivas las enmiendas números 31, 32, 33 y de la 37 a la 50. Dichas enmiendas corrigen lo que nosotros entendemos que debe clarificarse: primero, que se trata de menores o jóvenes y, segundo, sustituir la expresión «Letrado del menor» por «Letrado defensor del menor o del joven».
Agradezco al Grupo Parlamentario Popular la sensibilidad que ha tenido al aceptar las enmiendas números 34, 36 y 37 en sus propios términos y la transacción que se ha acordado a la enmienda número 35.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.
Teniendo en cuenta la transacción acordada con la enmienda número 35, con lo cual ya no queda viva, tiene la palabra el señor Cañellas en turno en contra.


El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar a los diversos portavoces que han intervenido hasta ahora que las enmiendas se han incorporado por unanimidad de los ponentes, no de un solo Grupo; no hay que poner medallas a nadie si no se ponen a todos.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, las hemos estado discutiendo en Ponencia y hay algunas que nos parecen realmente innecesarias. Ya hemos llegado casi a un preacuerdo sobre sustituciones de denominaciones como la del Letrado, la del menor, la del joven, y está a resultas de la revisión que se hará del texto del proyecto. En todo caso, nos opondremos a las enmiendas si de aquí al Pleno, cuando se haya hecho esta revisión, las siguen manteniendo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cañellas.
Enmiendas números 19 a 30 del Grupo Parlamentario Socialista, salvo la 26, que, al parecer, también está apoyada por una transaccional.
Tiene la palabra, Senador Iglesias.


El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente. Intentaré ser breve, aunque me temo que no tanto como los que me han precedido en el uso de la palabra.
En primer lugar, nosotros tenemos que explicar muy bien nuestra posición parlamentaria ante este proyecto de ley, porque hemos recorrido un camino largo desde un veto inicial en el Congreso de los Diputados, con un texto alternativo descompuesto en las partes fundamentales del proyecto de ley, a una posición de abstención en la votación final de conjunto, que, por tratarse de una ley orgánica, tuvo que hacerse en el Congreso en el momento final de su tramitación. Hemos pasado, pues, de una oposición frontal a la ley a una posición de abstención en la que tenemos una visión más favorable de la ley de la que teníamos al principio, pero manteniendo algunas reservas significativas sobre el contenido de la ley, algunas objeciones de carácter técnico que hemos concretado en esta ocasión en una propuesta de enmienda a la regulación de la responsabilidad civil que el proyecto de ley establece y que rompe con el contenido y la tradición de la responsabilidad civil que establece el Código Penal y la responsabilidad civil «ex delicto». A nosotros nos parece que la norma que se introduce en esta ley es bastante extraña porque establece la responsabilidad solidaria de los tutores, responsables, guardadores de hecho, etcétera, y esa responsabilidad solidaria con los autores de los presuntos delitos puede ser moderada por el juez en el caso de que no exista una conducta dolosa o culposa de los tutores, de los guardadores de hecho, etcétera, lo cual es una regulación bastante sorprendente, que rompe con la tradición de la responsabilidad civil en el Código Civil, cuyo artículo 1.903 establece con toda claridad cómo se ejercitan las acciones civiles: Los tutores, guardadores, etcétera, serán responsables no sólo por sus propios actos, sino también por aquellos de los que son responsables. Y después enumera casos concretos de responsabilidad civil terminando con un párrafo que señala lo siguiente: Esa responsabilidad civil no se ejercerá en el caso de que por parte de los tutores, guardadores, etcétera, se haya puesto la diligencia de un buen padre de familia para prevenir los hechos que han ocasionado los daños.
El precepto que estamos examinando contempla la responsabilidad civil solidaria de los tutores, guardadores, etcétera, respecto de las acciones cometidas por los menores; es decir, responsabilidad compartida igualmente y al mismo nivel por todos, independientemente de que haya o no dolo o conducta culposa. Si hay dolo y culpa en la conducta de los guardadores, evidentemente tendrán responsabilidad civil, aparte de que pueden tener responsabilidad penal, porque si hay imprudencia o dolo en la conducta de los tutores respecto de la conducta de sus tutelados, lógicamente deberán responder penalmente y, como consecuencia,

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también civilmente. En ese caso, lo de la responsabilidad solidaria nos parece muy bien, pero en el caso de la responsabilidad cuando hay ausencia de dolo y de conducta culposa, nos parece que para guardar los derechos de los perjudicados respecto de la responsabilidad de los menores, que pueden ser insolventes, bastaría con establecer la responsabilidad civil subsidiaria, que guardaría, en todo caso, los derechos de los perjudicados pero no metería en el mismo paquete de responsabilidad, por mucha moderación que ejerza el juez, la de los tutores o guardadores. Pensemos en los profesores de un centro cuyos alumnos menores de edad cometen durante las horas de clase un delito que lleva aparejado responsabilidades civiles. Los profesores tendrán que responder solidariamente con los menores de los daños ocasionados. El juez moderará esa responsabilidad, pero, en cualquier caso, nos parece que la regulación debería ser corregida.
Creemos que este texto es poco garantista todavía y que deberían establecerse unas garantías más amplias. Creemos que el proyecto de ley muestra una ambigüedad esencial de fondo que hay que reconocer que es difícilmente evitable; es decir, no es fácil salvar la ambigüedad fundamental de este proyecto de ley, pero nos gustaría que se caminara un poco más en la dirección de salvar las ambigüedades del texto.
Por último, nosotros tenemos que presentar una objeción importante no tanto al contenido del proyecto de ley como a la previsión de los recursos y de los medios que la memoria económica que lo acompaña pone sobre la mesa. La previsión de recursos nos parece absolutamente insuficiente, como ya lo han hecho notar Comunidades Autónomas que tienen competencias respecto de la ejecución de las sentencias que de este tipo de procedimientos se puedan derivar y en la que, naturalmente, van a tener que participar muy activamente. Nos parece que la escasez de recursos de la memoria económica hace correr el riesgo de que esta ley se convierta en puro papel mojado y que termine provocando una frustración evidente en los amplios sectores que tienen gran interés en que esta norma sea promulgada y entre en vigor. Estos son los puntos principales de nuestra discrepancia.
Hay un punto clave de nuestra posición política que nos obliga a hacer una reflexión sobre el núcleo esencial, fundamental de esta ley, en qué consiste, qué es en realidad esta ley de la responsabilidad penal de los menores, es decir, de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de una ley que es un código penal del menor añadido al Código Penal de los mayores como una extensión hacia atrás de éste, es decir, una especie de expansión hacia los límites iniciales del Código Penal de los mayores? ¿Estamos hablando de un Código Penal en el sentido de los mayores, disminuido moderado, reducido etcétera, o estamos hablando de una ley que tiene que ser esencialmente diferente, nueva, radicalmente distinta, porque los fundamentos últimos de esta ley son distintos de los fundamentos últimos del Código Penal? Nosotros entendemos que esta ley no es el Código Penal disminuido, aplicado a los menores de edad. Entendemos que ésta nunca podría ser una ley con la que, en virtud de determinadas circunstancias familiares o de posibilidades económicas, se pudiera correr el riesgo de implantar una justicia de clase en la que los menores de edad, en función de las circunstancias familiares, tuvieran tratamientos diferenciados, más o menos favorables, lo que nos parecería especialmente odioso. Por otra parte, no pensamos que este código penal tenga que convertirse en una especie de barrera defensiva de una estructura social que siente una determinada alarma frente a hechos juveniles de importante significado y frente a los cuales determinados grupos sociales mayoritarios sienten la necesidad de defenderse. Nos parece que un código penal defensivo respecto de las acciones de los jóvenes que el mundo de hoy contempla sería un error monumental.
En definitiva, ¿cuál es la clave de la ley? Nos parece que es fácil de entender, aunque no se exprese en ninguna parte, y es que la madurez del ser humano y la plena responsabilidad civil y penal nace de la adquisición de la autonomía personal para la existencia y la autonomía personal de carácter moral. Cuando uno está en plenitud de esa autonomía personal, es responsable penal y civilmente, es una persona adulta. ¿Qué ocurre hasta que llega ese momento? Que hay una situación de tránsito y de cambio desde situaciones de irresponsabilidad penal plena, que la ley define antes de los 14 años. Hasta los 14 años no hay responsabilidad penal. Hay, por tanto, una declaración formal de irresponsabilidad penal y una situación transitoria en la que, sin haber plena responsabilidad penal, hay, sin embargo, un avance cualitativo y una profundización en la adquisición de la autonomía personal que va desde los 14 hasta los 18 años, tramo en el que se es cada vez más responsable personalmente pero no plenamente. Estadísticamente hablando, cuando se llega a los 18 años se adquiere responsabilidad penal plena. Individualmente hablando, hay casos que se escapan de ese promedio estadístico y, por tanto, hay personas mayores de 18 años que no han adquirido la plenitud de la autonomía personal, existencial y moral, y es por eso por lo que el Código Penal abre, en su artículo 69, la puerta a la consideración de una especie de prolongación de la minoría de la responsabilidad penal desde los 18 a los 21 años. Y eso, que es fundamentalmente una circunstancia personal de los sujetos que cometen infracciones que están tipificadas en el Código Penal, es lo que constituye la clave de este texto, que, por tanto, no debería ser --aunque lo parezca-- un código penal de los menores, sino un sistema de educación y de rehabilitación social de los menores con el pase de las responsabilidades limitadas que los menores pueden tener a partir de los 14 años. Eso es lo que constituye la clave, el arco de toda la construcción teórica de esta ley y donde debería apoyarse la totalidad del desarrollo de la ley, algo que nosotros no vemos --en algunos sitios sí pero en otros no--, y nos parece que el Código Penal de los mayores está demasiado presente. Yo creo que a veces tenemos mala memoria, y sería bueno recordar las cosas que aprobamos en esta Casa, las cosas que decimos y las que votamos por unanimidad. Hace seis meses esta Cámara aprobó el informe de la Ponencia para el estudio de la problemática de los hechos y comportamientos violentos relacionados con los menores de edad, editado hace pocos meses. Se trata de

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un documento de un extraordinario valor, cuyo contenido esencial, aparte de los votos particulares, fue votado por unanimidad de la Cámara. En él se leen cosas como las siguientes: Hay un lazo innegable, una relación clara: una infancia sometida a malos tratos desemboca en una adolescencia, en una mayoría de edad caracterizada por el ejercicio activo del maltrato, la violencia sobre los demás o la delincuencia; es decir, la víctima de ayer corre el riesgo de transformarse en el victimario de hoy o del futuro; el menor agresor puede ser justamente considerado, en alguna medida, como un menor agredido.
En esos dos párrafos, en los que resumo una documentación y unas aportaciones importantes, se podría apoyar lo que yo llamaría el principio de contextualidad para entender y corregir la conducta de los menores infractores, sin cuyo concurso --el del principio de la contextualidad-- ni se puede entender la conducta de los menores, que resultaría indescifrable, ni se podría articular verdaderamente un sistema de reeducación y de rehabilitación que exige ese principio de contextualidad como un elemento fundamental. Por ejemplo, el informe dice: La Constitución española y la Convención Sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, etcétera, establecen como deber esencial del Estado la protección integral de los menores, el interés superior del niño y de los adolescentes. Este criterio debería convertirse en el principio fundamental que rige toda la arquitectura judicial de este texto y, en caso de conflicto, debería ser el valor prevalente, no un valor secundario.
Otra propuesta de ese informe que también aprobamos por unanimidad dice: El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar dotaciones presupuestarias suficientes que aseguren la aportación de los medios personales y materiales necesarios para la plena eficacia de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ley que en aquel momento estaba en tramitación parlamentaria. Este es un documento de un valor enorme que define lo que yo llamaría el espíritu de la ley de la responsabilidad penal de los menores, al que deberíamos atenernos muy rigurosamente. El texto sólo lo hace en parte.
Ateniéndonos a esa clave, a esa interpretación del Código, al contexto general que plantea el informe que se aprobó por el Pleno de la Cámara hace seis meses, nosotros hemos presentado un conjunto de 12 enmiendas --en este momento son únicamente 11 al haber una enmienda que ha sido transaccionada, lo que agradecemos al Grupo mayoritario--, en las que, por un lado, pedimos que se definan los fines esenciales de la ley, que figuran en el preámbulo pero no figuran en el articulado, y aunque para la hermenéutica de la ley quizá sea suficiente, no estaría de más que se dijera con claridad, y, por otro lado queremos establecer un conjunto de precisiones que van en busca de una mayor garantía de las responsabilidades penales de los menores, por ejemplo, la aclaración de las bases de su responsabilidad penal cuando hablamos no de hechos consumados, sino de tentativas de hechos y actos preparatorios respecto de los cuales las responsabilidades no pueden ser iguales. Por ejemplo, las condiciones para la detención, para la aplicación de medidas cautelares, la no aplicación a los menores de las normas especiales para la detención que se refieren a los actos terroristas, la posibilidad de ampliación del plazo de detención o la prisión incomunicada para los menores de 18 años me parece que son normas excesivamente duras, que, por otra parte, colocan en la gravedad de los delitos el acento que debería ponerse en las posibilidades y en la esperanza de recuperación de los jóvenes infractores, que deberían ser el elemento fundamental de incidencia de esta ley. Por ejemplo, en una de las enmiendas proponemos que la expresión «libertad vigilada» sea sustituida por «libertad asistida»; hay otras posibilidades, como libertad tutelada, porque, sin modificar el contenido de la medida, la medida consiste en lo que dice, y nos parece bien que consista en eso, pero el hecho de que se hable de libertad vigilada coloca al menor en el foco de atención de una discriminación negativa como en una precaución o prevención respecto de sus negativas posibilidades de recuperación, y nosotros preferiríamos que en esa medida, que es correctora, pusiéramos el énfasis en los aspectos positivos de la medida, es decir, en la confianza de que ese menor pudiera recuperarse. Por tanto, no deberíamos hablar de vigilarle, sino de ayudarle, de asistirle o de tutelarle. Hablaríamos de libertad asistida o libertad tutelada, diciendo lo mismo. No estamos modificando la medida, pero sí estamos modificando el nombre que, de alguna manera, representa lo que la ley ofrece a primera vista a los jóvenes.
Hay otras enmiendas en las que pedimos, por ejemplo, que se eliminen las referencias a la gravedad de los hechos, a la alarma social, que recuerda demasiado al Código Penal de los adultos y que olvida que quienes están ahí implicados en infracciones son menores de edad en los que una responsabilidad penal limitada por falta de autonomía personal, existencial y moral hace que no estén en la plenitud del conocimiento y de la libertad necesarias para poder decidir con conocimiento de causa lo que están haciendo; por tanto, son responsables limitadamente. Esto hay que corregirlo, naturalmente, porque ahí hay un germen importante de desarreglos futuros enormes que deberíamos considerar, y no recargar la mano excesivamente sobre el Código Penal de los adultos. Deberíamos hablar fundamentalmente de que los jóvenes tienen posibilidades de recuperación, las tienen verdaderamente, y si no las tienen, cuando pasen cinco años veremos lo que ha pasado, porque esta ley --y con esto termino-- nace con pretensiones de experiencia y de prueba; no es un código cerrado, no es una doctrina terminada. No la hay en ninguna parte del mundo, en ninguna parte existe esa doctrina terminada, sino que se están haciendo ensayos y tanteos. La privación de libertad, ¿tiene sentido educativo? Habrá que verlo.
Los educadores sabemos que para los alumnos no hay nada que les favorezca tanto como los estímulos positivos ni hay nada tan negativo como los castigos, y cuanto más débil es el alumno, más destructivo es el estímulo negativo; cuanto más inteligente, más positivos son los estímulos negativos, es decir, a los listos, inteligentes y conocedores los estímulos negativos pueden hacerles saltar hacia adelante, y para los otros, los estímulos negativos es posible

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que acaben convirtiéndolos en delincuentes. Pero no anticipemos el futuro; el futuro nos dirá lo que pasará con esta ley.
En cualquier caso, esta ley nace --hay que decirlo-- con vocación de que dentro de unos años --no muchos-- se haga una revisión de su contenido, una modificación, posiblemente, de las medidas que se aplican y, quizá, una modificación de su filosofía. Es en el intento de hacer presente el espíritu que queremos que impere en esta ley por lo que hacemos estos discursos un poco largos y defendemos las enmiendas para que queden claras nuestras posiciones.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias. Posteriormente le iba a dar un turno de portavoces, no sé si lo ha realizado ya.
¿Turno en contra? (Pausa.)

La señora VINDEL LOPEZ: Sí, señor Presidente, muchas gracias.
Voy a hacer una mezcla del turno de portavoces y del turno en contra, si sus señorías me lo permiten.


El señor PRESIDENTE: Yo no tengo ningún inconveniente, porque, además, los portavoces del resto de los grupos se han ausentado, así que, si quieren, se puede hacer.


La señora VINDEL LOPEZ: Muy bien.
En primer lugar, me gustaría decir, señor Presidente, que esta ley responde a varios mandatos. El primer mandato es el de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, que trata sobre la competencia y el procedimiento en los juzgados de menores. En segundo lugar, se basa en una moción del Congreso de los Diputados aprobada por unanimidad en una fecha ya ciertamente lejana, el 10 de mayo de 1994. En tercer lugar, se basa en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. En cuarto lugar, se basa en la Convención de los Derechos del Niño, naturalmente, y, por último, se basa en la Ley Orgánica 10/1995, más conocida como Código Penal, por cierto, una Ley que fijaba, efectivamente, la mayoría de edad penal en los 18 años y exigía la regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores de dicha edad en una ley independiente. A mí me da la sensación de que el anterior Ministro de Justicia --y creo que también de Interior-- nos podía haber enviado a las Cámaras ambos proyectos, lo que hubiera sido muy bueno porque hubiéramos ganado mucho tiempo. Seguramente, si hubiéramos conseguido alumbrarla como una buena ley en aquel entonces, este Gobierno no hubiera tenido que presentar el actual proyecto de ley.
Dicho esto me gustaría decir también que hay varios criterios orientadores que inspiran este proyecto de ley, cuales son dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 36/91, de 14 de febrero, y la 60/95, de 17 de marzo. Este proyecto ha sido además conscientemente guiado por varios principios generales. En primer lugar, la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad. En segundo lugar, el reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto a los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor. En tercer lugar, la diferenciación de diversos tramos, a efectos procesales y sancionadores, en la categoría de infractores menores de edad. En cuarto lugar, la flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto. En quinto lugar, la competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y el control judicial de esta ejecución.
En resumen, señor Presidente, señorías, en el derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Esto viene así escrito, y muy bien desarrollado después, en la propia exposición de motivos. El proyecto de ley tiene 64 artículos y varias disposiciones, pero tengo que resaltar que casi la mitad de los artículos, 33 de ellos, no han recibido ninguna enmienda, lo que me indica que ha tenido la aceptación de sus señorías, y ello me causa, por qué no decirlo, una gran satisfacción.
Como una es de natural optimista, como muy bien ha descrito el Senador Iglesias, lo que empezó siendo una postura frontalmente contraria y un veto, se transformó en el último camino hasta llegar aquí en una abstención, y como, insisto, soy de natural optimista, no sé si hoy, pero quizá cuando se vea en el Pleno la semana que viene, igual hasta conseguimos la aprobación de todos los grupos parlamentarios. Esa es la idea que anima al Grupo Parlamentario Popular; de ahí que entiendo que la Ponencia ha hecho muy buen trabajo admitiendo enmiendas en sus propios términos y ofreciendo transaccionales a las que no se podían admitir en sus propios términos en asuntos que entendemos que son de una gran importancia.
Me gustaría decir que el Grupo Socialista concibe esta ley como lo que es, porque hay un párrafo muy significativo en el artículo primero, apartado 1, que ha sido objeto de enmienda por el Grupo Socialista, la número 19. El Grupo Socialista mantiene la definición del proyecto, y lo define diciendo: «Esta ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce y menores de dieciocho años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las leyes especiales.» Por tanto, no hay por qué negarle el carácter que tiene, sobre todo cuando viene exigido por una ley importantísima como es el Código Penal. Ni el principio del interés del menor ni el principio de intervención mínima exigen que conductas de relevancia penal como son la tentativa, la conspiración, la proposición, la provocación para cometer un delito queden impunes, en perjuicio de la víctima y de la sociedad en general. Además, el interés del menor no requiere que sea sancionado lo menos posible, sino que las sanciones que se le apliquen por su comportamiento delictivo sean lo más reeducadoras posible; de aquí que nosotros entendamos que es importante que las mismas se apliquen a todo un supuesto de revelación de una actitud criminal y no sólo a los casos de resultados más

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graves. No es lo objetivo, es decir, el resultado, sino lo subjetivo, es decir, la actitud, las carencias educativas, lo más determinante de un derecho penal juvenil separado del Derecho Penal ordinario.
La libertad asistida será seguramente una denominación mucho más satisfactoria, desde el punto de vista literario, que la de libertad vigilada, pero ésta es una expresión tradicional que se utiliza en los demás países de nuestro entorno, se entiende perfectamente lo que se quiere decir con ella, y, desde luego, estamos, repito, ante una ley penal, nos guste o no nos guste, exigida por el Código Penal. A mí, sinceramente, fuera del Derecho Penal o de la característica penal de esta ley, me parece una expresión extraordinaria y también francamente extravagante, en el sentido más literal, en una ley de estas características.
Por lo que se refiere a la enmienda número 22 al artículo 17, la articulación de la detención tal y como pretende el Grupo Socialista supone, desde nuestro punto de vista, no solamente una restricción de los supuestos de detención, que entendemos haría fácilmente inservible el sistema de medidas cautelares previstas en el artículo 28, sino que además dificultaría extraordinariamente las labores de investigación del delito. Además, entendemos que la articulación de la detención, tal y como expone la enmienda, supone un auténtico prejuicio sobre la culpabilidad del menor. También entendemos, sin perjuicio de lo anterior, que la legislación no sólo debe establecer con mayor precisión la regulación de la detención del menor, sino que el respeto a los derechos fundamentales debe establecerse con la misma intensidad para los mayores y para los menores, garantizando que el régimen de la detención se haga de tal forma que no perjudique al menor, que sea custodiado en dependencias adecuadas y con la debida asistencia; por tanto, no justificamos el trato diferenciado en los supuestos de detención.
Por lo que respecta a la enmienda 24, el derecho al que se refiere ya viene contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución Española y, por tanto, es aplicable al caso. Sin embargo, entendemos que la funcionalidad de denunciar derechos fundamentales en leyes de desarrollo, como hace el Grupo Socialista, sólo puede justificarse si ese enunciado amplía su significado o si se especifica su contenido en el ámbito del derecho fundamental en relación con la materia de que se trate. En este sentido, entendemos que resulta superfluo reiterar con idéntico enunciado un derecho fundamental contenido ya en la Constitución y que, por tanto, alcanza tanto a adultos como a menores.
Por lo que se refiere a las entidades privadas, éstas no tienen que funcionar necesariamente a requerimiento del menor o de su familia, pero el recelo que manifiesta esta enmienda no exige, desde nuestro punto de vista, que se prescinda en este ámbito de las mismas, sobre todo porque constituyen una facultad del derecho, no una imposición, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa; es la facultad de utilizar las pruebas periciales privadas.
La enmienda 26 ha sido retirada.
Por lo que se refiere a la enmienda número 27, el inciso que se pretende suprimir con esta enmienda está en armonía con la legislación general y con las finalidades de las medidas cautelares. No se trata de que lo educativo exija siempre la restricción más amplia posible de las medidas limitativas de los derechos del menor, sino que aquellas medidas limitativas tengan una finalidad razonable, que en lo que respecta a las medidas cautelares no es exactamente la misma que la de las medidas sancionadoras. Aquí no se trata de educar con medidas cautelares, sino de establecer un régimen de equilibrio entre la atención a los derechos del menor y al buen éxito del procedimiento.
Por lo que se refiere a la responsabilidad subsidiaria de padres y tutores, tengo que señalar que ha sido ampliamente debatida desde el principio en la elaboración del anteproyecto. Se trata, señor Presidente, señorías, de una opción de política criminal. Había dos soluciones: la primera, hacer recaer sobre la espalda de la víctima objetivamente las consecuencias económicas del delito, o, la segunda, hacerla recaer sobre la espalda de aquellas personas que tienen encomendada la guarda del menor, también objetivamente. Sinceramente, ha habido que elegir, y nos ha parecido preferible, si ustedes quieren, como principio del mal menor, elegir la segunda alternativa, es decir, no hacer recaer la responsabilidad sobre la espalda del menor, sino sobre la de las personas que están a cargo de él.
Por lo que se refiere al coste económico, creemos que, una vez establecidas las necesidades, se podrá determinar qué parte de su coste corresponde al Estado y qué parte a las comunidades autónomas. No olvidemos que se trata de materias cuya competencia corresponde a comunidades autónomas en el ámbito de ejecución de medidas, y, en consecuencia, éstas gozan de autonomía presupuestaria.
Finalmente, la enmienda número 30 propone que se hagan las modificaciones legales que resulten necesarias, lo que entendemos que no es propio de esta ley ni de este lugar, sino que se tendrá que hacer en la discusión que se entablará no ahora, sino en su día, cuando se redacten esas modificaciones legales necesarias. De momento, creemos que basta con las previsiones genéricas que se contienen en la disposición final tercera de este proyecto de ley.
Estas son, señor Presidente, señorías, las razones por las que el Grupo Popular se opone a la admisión de estas enmiendas y, por tanto, a su incorporación al proyecto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Vindel.
Como preguntaba anteriormente, ¿se puede dar por consumido el turno de portavoces, o quieren hacer uso de él? (Pausa.)

El señor IGLESIAS MARCELO: Yo le agradecería que me concediera la palabra por dos minutos.


El señor PRESIDENTE: La presidencia no tiene inconveniente. Sólo había hecho una interpretación muy personal de sus intervenciones y creí que había hecho una intervención general y después la de las enmiendas.
Tiene la palabra, Senador Iglesias.


El señor IGLESIAS MARCELO: Gracias, señor Presidente.


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Deseo intervenir para referirme a la intervención de la Senadora Vindel.
En primer lugar, en cuanto a su alusión a los futuribles y sobre qué hubiera pasado si ocurriera no sé qué cosa, entiendo que es una consideración que en filosofía estamos acostumbrados a decir que es inútil, que no lleva a ninguna parte. Lo que hay que ver es lo que pasa ahora, no lo que pudo pasar si hubiera pasado tal cosa. Si no pasó, no pasó. La ley sigue mejorando; mejoró en el Congreso de los Diputados y ahora en la Ponencia también ha mejorado, y por ello, naturalmente, nuestra actitud respecto de la ley, que fue de oposición y de abstención, ahora es de consideración positiva, si no globalmente, sí parcialmente, es decir, que mejora, y lo reconocemos. Sobre todo, decimos algo que nos parece muy importante: es mejor que haya esta ley que el que no haya ninguna, y, por tanto, nosotros defendemos ésta aunque no salga a nuestro gusto. Es mejor que exista y que se empiece a aplicar cuando la norma entre en vigor.
Respecto a la consideración de la extravagancia, me atengo a su significado literal, es decir, estamos pagando extra Código Penal de los adultos. Nuestra intención es definir un territorio en el que el Código Penal aparezca sólo en la periferia y que el núcleo esencial de la ley no sea esencialmente punitivo, coercitivo, sino fundamentalmente educador, reeducador habilitador de los jóvenes.
Por último, en cuanto a que las medidas cautelares no tienen por qué ser educativas, tiene toda la razón, pero no pueden ser antieducativas, no pueden ser destructivas de la personalidad de los jóvenes, porque entonces son malas medidas cautelares ya que no tienen la cautela en lo fundamental, que es que el joven se convierta en un adulto verdadero, y si no lo consigue, las medidas cautelares no sirven para nada, por muy tranquilos que se queden algunos cuando las impongan.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Señora Vindel, ¿quiere hacer uso de la palabra?

La señora VINDEL LOPEZ: Sí, señor Presidente, muchas gracias.
En aras de la brevedad procesal, doy por reproducidos todos mis argumentos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Vindel.
Del tenor de las intervenciones se presume que la Ponencia no introduce ninguna otra modificación que aquellas que expusimos al principio del debate de la Comisión.
Como tenemos por costumbre en la Comisión, al haberse introducido algunas modificaciones en el texto de la Ponencia con posterioridad a haberse publicado el mismo, vamos a dar lectura a las modificaciones que, a su vez, están introduciendo en estos momentos.
El señor Letrado tiene la palabra.


El señor LETRADO: La Ponencia ha modificado su informe en lo referente al artículo 28 fundamentándose en la enmienda número 26 del Grupo Parlamentario Socialista, y el apartado 1 de este artículo empezará de la siguiente manera: «El Ministerio Fiscal, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito o el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor, podrá solicitar...», y el resto del precepto sigue como aparece indicado en el informe de la Ponencia ya distribuido.
Con relación al artículo 25, habrá una redacción nueva de este precepto, que rezará así: «Artículo 25. Participación del perjudicado e inexistencia de acción particular y popular», y empieza el artículo: «En este procedimiento no cabe, en ningún caso, el ejercicio de acciones por particulares, salvo lo previsto en el artículo 61.1 de esta ley, sobre ejercicio de acciones civiles. No obstante lo anterior, cuando el delito haya sido cometido por personas que hayan cumplido 16 años en el momento de la comisión de los hechos, con violencia o intimidación, o con grave riesgo para la vida o integridad física de las personas, el perjudicado podrá personarse en el proceso, tanto en la fase instructora como en la fase de audiencia, con las siguientes facultades: Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que en el mismo se soliciten y acuerden. Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y la circunstancia de su comisión, salvo lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor.
Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción, ya sea en fase de audiencia, a cuyos efectos el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de careo, si ésta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos.
Asimismo, con carácter previo a la remisión por el fiscal del escrito de alegaciones con el expediente al Juzgado de Menores, el Ministerio Fiscal concederá al perjudicado que se hubiere personado un plazo de cinco días para que valore el conjunto de la prueba practicada y, en su caso, proponga aquellas que debieran realizarse en la fase de audiencia.
Cuando proceda a la celebración de la audiencia, el juez invitará al perjudicado personado en la causa a que manifieste lo que tenga por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas, y tras éstas se le oirá en relación a los hechos probados resultantes de las mismas y a la participación del menor, sin que en ningún caso pueda realizar manifestación alguna sobre la procedencia de las medidas propuestas.
Contra la delegación por el fiscal de la personación del perjudicado en fase instructora, podrá éste reiterar su petición ante el Juzgado de Menores en el plazo de cinco días. Contra la denegación de la práctica de una prueba por el fiscal no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de volver a solicitarla en el escrito de alegaciones o en la fase de audiencia.
Contra los autos y providencias de los jueces de menores que afecten al ejercicio de las facultades reconocidas en este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 41.2.
Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores, el perjudicado podrá interponer recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1, fundamentado en la incompetencia del juzgado, la inadecuación del

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procedimiento, el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio que haya producido indefensión al perjudicado o en la falta de apreciación de algún elemento de prueba esencial para la calificación de los hechos, pudiendo, si fuera necesario, solicitar su práctica en los términos prevenidos por el artículo 41.1.» Esto trae consigo también la modificación del artículo 35. La rúbrica es: «Asistentes y no publicidad de la audiencia», y el precepto empezaría diciendo: «La audiencia se celebrará con asistencia del Ministerio Fiscal, el perjudicado personado, en su caso...», el resto igual que el precepto, tal y como está en el informe de la Ponencia. También trae consigo la modificación en la exposición de motivos del apartado II.8, que diría así: «Sin embargo, la ley tampoco puede olvidar el interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporación a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa principal. En este ámbito...», sigue el párrafo igual. Siguiente párrafo: «Asimismo, la ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de dicieséis años, un régimen de intervención del perjudicado en orden a salvaguardar el interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento previamente educativo y sancionador del menor.» Párrafo siguiente: «Esta ley arbitra un amplio derecho de participación a las víctimas ofreciéndoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos. Sin embargo, esta participación se establece de un modo limitado, ya que respecto de los menores no cabe reconocer a los particulares el derecho a constituirse previamente en parte acusadora con plenitud de derechos y cargas procesales. No existe aquí ni la acción particular de los perjudicados por el hecho criminal ni la acción popular de los ciudadanos, porque en estos casos el interés prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el interés del menor.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Letrado.
Incorporada la lectura al acta taquigráfica, pasamos a la votación del informe de la Ponencia.
Como ya saben sus señorías, este proyecto de ley consta de 64 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria y siete disposiciones finales, precedidas de un preámbulo. ¿Se puede votar en bloque? (Pausa.) (El señor Iglesias Marcelo pide la palabra.) Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS MARCELO: Solicitamos votación separada de los artículos 1, 5, 7.4, 17.1, 17.4, 22, 27, 28.2 y 61 y de la disposición final tercera.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, a votar en primer lugar los artículos 1, 5, 7.4, 17.1, 17.4, 22, 27, 28.2, 61 y la disposición final tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos, por tanto, a votar el resto del proyecto de ley, conforme a como anteriormente se ha enumerado.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad de los asistentes.
Finalizada la votación, ruego a los señores portavoces que designen a la persona que ha de presentar el texto del dictamen al Pleno.
Senador Prada, tiene la palabra.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Popular, proponemos que sea su señoría quien presente este proyecto de ley al Pleno.


El señor PRESIDENTE: ¿Existen alegaciones a la propuesta? (Pausa.) Una vez más, el Presidente la acepta.


--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL, EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DE AGENTES PUBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES (621/000170).


El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: dictamen de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el 30 de noviembre, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes, terminando el plazo de enmiendas el día 4 del presente mes.
Se han presentado dos enmiendas, la número 1 y la número 2, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Procedemos a entrar en la defensa de dichas enmiendas. Como ya le consta a la Comisión, el Senador Gangoiti ha preguntado si se podían dar por defendidas en sus propios términos por haberse tenido que ausentar, y así han sido aceptadas. Por tanto, el turno a favor de las enmiendas ya se ha realizado en sus propios términos.
¿Turno en contra? (Pausa.) Antes de entrar al turno de portavoces, vamos a suspender un momento la Comisión, y ruego a los señores portavoces que se incorporen un momento para intentar corregir entre todos una palabra que aparece ahora mismo en el texto de la ley y de la que quizá convendría hacer una modificación técnica. (Pausa.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Caballero, en nombre del Grupo Socialista.


El señor CABALLERO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para manifestar la posición favorable de nuestro grupo parlamentario al proyecto de ley respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos porque pensamos que llevan razón al considerar que el bien jurídicamente protegido de las transacciones comerciales internacionales es perfectamente diferenciado y exige, en su caso, el tratamiento en un título nuevo y aparte.
Doy también por reproducidas las razones que manifestó el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso para aprobar este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero decir que se aceptan las dos enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos a este proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda número 1, se acepta tal y como se refleja en la presentación de la propia enmienda. En cuanto a la enmienda número 2, proponemos una transaccional sobre la misma, en el sentido de que se suprima, por una corrección de mejora técnica exclusivamente, lo que no afecta al contenido de la enmienda, que se acepta tal cual se expresa en la publicación, el término «las mismas penas», en el último párrafo, y se añada al final una coma, después del artículo 423: «, en sus respectivos casos». Entendemos que es la fórmula que tradicionalmente viene utilizando el Código Penal y sería más positiva.
Para terminar, señor Presidente, la ratificación que en su día España hizo del Convenio de Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que se firmó el 17 de diciembre de 1997, conlleva la necesidad de tipificar penalmente este tipo de conductas, que se contemplan en el referido convenio. El objeto de este proyecto de ley es, efectivamente, adecuar el Código Penal y exige, como dice la enmienda número 1, que sea contemplado en un título nuevo y aparte, y por ello aceptamos el contenido de las dos enmiendas, con la modificación que hemos señalado a la Presidencia y a la Mesa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: A la vista de lo expuesto en el debate, procedemos a votar las enmiendas, con la propuesta de transaccional que ha presentado el Partido Popular.
Señor Caballero, ¿está conforme?

El señor CABALLERO MUÑOZ: Sí, señor Presidente, la transacción se hizo a instancias del señor Letrado, y por una mejora técnica se aceptó.


El señor PRESIDENTE: Mi pregunta es si procedemos a votar en primer lugar las enmiendas y después las transaccionales, o si votamos directamente ya con las transaccionales expuestas. (Pausa.) Votamos, por tanto, las enmiendas números 1 y 2 con la transaccional.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE Se aprueban, por tanto, por unanimidad la enmienda número 1 presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y la número 2 con la transaccional expuesta.
Pasamos a votar, por tanto, el dictamen, con la inclusión de la transaccional y la enmienda anteriormente expuesta.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba, igualmente, por unanimidad.
Este proyecto de ley orgánica consta, por lo tanto, de un artículo precedido de ese preámbulo, con las enmiendas incorporadas al mismo.
Finalizada la votación, procede, por lo tanto, designar al miembro de la Comisión para que haga la presentación del dictamen.
Senador Prada, tiene la palabra.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular propone nuevamente que sea su señoría quien presente el que probablemente sea el último dictamen de la Comisión de Justicia de esta legislatura que preside tan bien su señoría.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Le agradezco su designación.


El señor MARIN RITE: Estoy de acuerdo, pero no diría yo que sea el último dictamen.


El señor PRESIDENTE: Senador Marín Rite, sea el último o no sea el último, lo admito y acepto la designación con el mismo honor.
Se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos

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