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DS. Senado, Pleno, núm. 63, de 05/11/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1997 VI Legislatura Núm. 63

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta la fecha por el Ministerio de Medio Ambiente, para la protección de las costas españolas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000372).


--De don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de participación del Gobierno en la elaboración de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Júcar (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000375).


--De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método que aplica el Gobierno para conocer las infracciones a la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000369).


--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si dispone la esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores remunerados con fondos públicos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes

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Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000366).


--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones que piensa emprender el Gobierno para llegar a un acuerdo positivo respecto a la enseñanza de la Historia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000364).


--De don Manuel Nieto Ledo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que, sin modificar el proyecto de presupuesto para educación para 1998, se corregirá la tendencia iniciada el pasado año de disminución en las dotaciones aplicadas a la enseñanza pública (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000367).


--De don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los fines que pretende alcanzar el Gobierno con la iniciativa de modificar el régimen de precios fijos de venta al por menor de determinados libros de texto y material didáctico complementario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000370).


--De don José María Escuín Monfort, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la creación de un total de ochenta nuevas plazas de magistrado en el año 1997 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000374).


--De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000376).


--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar como servicio público el transporte aéreo con las Illes Balears, con precios, frecuencia y niveles de calidad razonables (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000365).


--De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y depurar responsabilidades, en relación con los hechos acaecidos acerca de la investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada en las Islas Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000368).


--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de los efectos producidos por los regímenes forales y el Concierto Económico con el País Vasco en el traslado y asentamiento de empresas procedentes de otras Comunidades Autónomas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000371).


--De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las mejoras que tiene previsto abordar el Gobierno respecto de las pensiones de viudedad y orfandad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000373).


--De don Jaime Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno respecto a la evolución que ha experimentado la contratación indefinida de los jóvenes a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000377).


Segundo

Interpelaciones:

--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las iniciativas que pretende desarrollar el Gobierno con el fin de reducir el tiempo de espera para la incorporación a la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia, así como de equiparar la duración de la misma a la del servicio militar obligatorio y de lograr la eliminación de la bolsa de espera (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000060).


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--De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política general del Gobierno en materia de inmigración (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000061).


--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con el desarrollo estatutario y, particularmente, con lo establecido en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en lo que respecta a la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma en materia de investigación científica y técnica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000059).


Tercero

Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 47, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000047) (Número de expediente C. D. 121/000031).


--Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 48, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000048) (Número de expediente C. D. 121/000034).


--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 49, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000049) (Número de expediente C. D.
121/000036).


--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el contrato-programa, correspondiente a 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 50, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000050) (Número de expediente C. D. 121/000054).


--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de Desarrollo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 51, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000051) (Número de expediente C. D. 121/000059).


--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 52, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000052) (Número de expediente C. D.
121/000055).


--Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 12, de fecha 4 de octubre de 1997) (Número de expediente S. 625/000002) (Número de expediente C. D. 125/000006).


Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley del sector eléctrico. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 55, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000055) (Número de expediente C. D. 121/000062).


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SUMARIO

Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.


PREGUNTAS (Página 2640)

De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta la fecha por el Ministerio de Medio Ambiente, para la protección de las costas españolas (Página 2640)

El señor Calvo Poch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Calvo Poch. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de participación del Gobierno en la elaboración de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Júcar (Página 2641)

El señor Ruiz-Ayúcar Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ruiz-Ayúcar Alonso. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método que aplica el Gobierno para conocer las infracciones a la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Página 2643)

La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si dispone la esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores remunerados con fondos públicos (Página 2645)

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De don Josep Varela y Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones que piensa emprender el Gobierno para llegar a un acuerdo positivo respecto a la enseñanza de la Historia (Página 2646)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don Manuel Nieto Ledo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que, sin modificar el proyecto de presupuesto para educación para 1998, se corregirá la tendencia iniciada el pasado año de disminución en las dotaciones aplicadas a la enseñanza pública (Página 2648)

El señor Nieto Ledo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Nieto Ledo. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los fines que pretende alcanzar el Gobierno con la iniciativa de modificar el régimen de precios fijos de venta al por menor de determinados libros de texto y material didáctico complementario (Página 2650)

El señor Iglesias Marcelo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iglesias Marcelo.


Página 2637


En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don José María Escuín Monfort, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la creación de un total de ochenta nuevas plazas de magistrado en el año 1997 (Página 2651)

El señor Escuin Monfort formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Escuín Monfort.


De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Página 2652)

El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar como servicio público el transporte aéreo con las Illes Balears, con precios, frecuencia y niveles de calidad razonables.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y depurar responsabilidades, en relación con los hechos acaecidos acerca de la investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada en las Islas Canarias.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de los efectos producidos por los regímenes forales y el Concierto Económico con el País Vasco en el traslado y asentamiento de empresas procedentes de otras Comunidades Autónomas.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las mejoras que tiene previsto abordar el Gobierno respecto de las pensiones de viudedad y orfandad.


Esta pregunta ha sido retirada.


De don Jaime Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno respecto a la evolución que ha experimentado la contratación indefinida de los jóvenes a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral.


Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 2653)

De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las iniciativas que pretende desarrollar el Gobierno con el fin de reducir el tiempo de espera para la incorporación a la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia, así como de equiparar la duración de la misma a la del servicio militar obligatorio y de lograr la eliminación de la bolsa de espera (Página 2653)

El señor Varela Flores realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Varela Flores, por el Grupo Socialista, e Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política general del Gobierno en materia de inmigración.


Esta interpelación ha sido aplazada.


De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con el desarrollo estatutario y, particularmente, con lo establecido en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía

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del País Vasco, en lo que respecta a la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma en materia de investigación científica y técnica.


Esta interpelación ha sido aplazada.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2662)

Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales (Página 2662)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de 47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores (Página 2662)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Página 2663)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el contrato-programa, correspondiente a 1996 (Página 2663)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de Desarrollo (Página 2663)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional (Página 2663)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras (Página 2663)

No habiéndose consumido turnos a favo ni en contra, en el de portavoces hacen uso de la palabra la señora Gorostiaga Sáiz, por el Grupo Socialista, y el señor Fernández Rozada, por el Grupo Popular.


Se aprueba la proposición de ley por 136 votos a favor y 85 abstenciones.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE

Página 2639


LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2665)

--De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley del sector eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2665)

El señor Chao Gómez, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Calvo Poch consume un turno en contra. El señor Franco Gútiez defiende la propuesta de veto número 2. El señor Bueno Fernández consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Franco Gútiez, por el Grupo Socialista, y Bueno Fernández, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 90 votos a favor, 136 en contra y 4 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas 1 a 34, 36, 37, 39 a 69, 71 a 74 y 76 a 85, retirando las números 70 y 71. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas 86 a 90 y 93 a 96, retirando las números 91 y 92.


Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor Albistur Marín defiende las enmiendas números 97, 103, 107, 111 y 114, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Los señores Alegre Escuder y Gibert i Bosch defiende las enmiendas números 116 a 118, 120, 122 a 124, 126 a 129, 131 a 151, 153, 154, 156 a 182 y 184 a 199, del Grupo Socialista. El señor Gil-Ortega Rincón consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Simó i Burguès, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por el Grupo Socialista, y Unceta Antón, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.


Títulos I a III.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, 11 a 14, 20 a 22, 26, 27 y 29, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 129 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 7 a 10, 15 a 17, 19, 23 a 25 y 31, del Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 213 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 18, 28, 30 y 32 a 34, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 127 en contra y 89 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 87 a 89, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 90, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 212 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 86, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 203 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 103, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 89 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 97, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 4 votos a favor, 211 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 118, 120, 127 y 146, del Grupo Socialista, por 95 votos a favor, 121 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 116, 117, 122 a 124, 126, 128, 129, 131 a 140, 142 a 145 y 147 a 149, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones.


Títulos IV, V y VI.


Se rechaza la enmienda número 37, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 130 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 53, 56 y 57, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 214 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54 y 55, del Grupo Mixto, por 129 votos en contra, y 89 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 93 y 94, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.


Página 2640


Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 203 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 120 en contra y 85 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 150 y 161, del Grupo Socialista, por 95 votos a favor, 122 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 151, 153, 154, 156 a 160 y 162 a 166, del Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 129 en contra y 2 abstenciones.


Títulos VII, VIII, IX y X.


Se rechazan las enmiendas números 64, 68 y 69, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 58 a 63, 65 y 67, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 215 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 127 en contra y 87 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 170, 178 y 179, del Grupo Socialista, por 96 votos a favor y 122 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 167 a 169, 171 a 177, 180 a 182 y 184 a 189, del Grupo Socialista, por 90 votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.


Disposiciones.


Se rechazan las enmiendas números 71 a 74, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 130 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 78 a 81, 83 y 84, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 214 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 76, 77, 82 y 85, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 133 en contra y 83 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 95, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 96, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 129 en contra y 86 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 119 en contra y 85 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 190 a 192, del Grupo Socialista, por 91 votos a favor, 123 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 193, 194, 196 y 199, del Grupo Socialista, por 85 votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 198, del Grupo Socialista, por 87 votos a favor y 131 en contra.


Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con la enmienda número 195, del Grupo Socialista, por 213 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.


Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con la enmienda número 197, del Grupo Socialista, por 213 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba una enmienda de correcciones técnicas al texto del dictamen, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba el texto del dictamen con las modificaciones introducidas, por 132 votos a favor, 85 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos.


Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON PEDRO LUIS CALVO POCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES DE DESLINDE REALIZADAS HASTA LA FECHA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS (680/000372).


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: preguntas. En primer lugar, la de don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta la fecha por el Ministerio de Medio Ambiente para la protección de las costas españolas.
Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.


El señor CALVO POCH: Buenos días, señor Presidente

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Señorías, señora Ministra, la pregunta, tal y como la ha mencionado el Presidente de la Cámara, es sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta la fecha por su Ministerio para la protección de nuestras costas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo Poch.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
El tema de los deslindes de las costas que plantea su señoría es realmente importante de tener en cuenta. Sin alarmismos de ningún tipo hemos de reconocer que la situación de las costas, de nuestro litoral, es realmente preocupante en la medida en que se ha roto el equilibrio que existía desde hace muchos años, debido no solamente a condiciones climatológicas --que estamos viendo son totalmente incontrolables--, sino sobre todo por acciones del hombre no siempre adecuadas a lo que se plantea somo regresión de la costa. Por ello, el Ministerio da mucha importancia a los deslindes, tema que es realmente dificultoso porque hay mucha guerra de intereses de un tipo o de otro a la hora de plantearlos.
En ocasiones nos encontramos con ocupaciones de hecho, con apariencia de legalidad, bien de inscripciones registrales, permisos, licencias de obras que dificultan y hacen complicado establecer estos deslindes. Sin embargo --reitero--, es la forma más eficaz de defender el litoral y de garantizar no sólo el futuro de esas costas también para nuestros hijos, para ese disfrute paisajístico, sino también para zonas que son especialmente sensibles, por lo que debemos proteger y garantizar la seguridad de esas personas y de las cosas.
Por lo tanto, los deslindes constituyen un punto de referencia del sistema jurídico de la Ley de Costas. Por todas estas dificultades es por lo que cuando llegamos al Ministerio nos hemos encontrado con que, a pesar de que la Ley del año 1969 obligaba a que se realizaran todos los deslindes de las costas españolas en un plazo de seis meses, sólo se había ejecutado un tercio de ese deslinde.
El Ministerio de Medio Ambiente se ha puesto a ello por las razones que antes he explicado, y dentro de los deslindes que estamos desarrollando puedo referir a su señoría que desde mayo de 1996 a octubre de 1997 se han realizado 90, que corresponden a 430 kilómetros de costa. En este mismo año de 1997 tenemos previsto otros 75 tramos de deslindes, lo que completará un total de unos 350 kilómetros. Así pues, seguiremos estableciendo este deslinde puesto que, como digo, constituye la garantía y la protección de las personas, su seguridad, así como la protección, desde el punto de vista medio ambiental, de las magníficas costas españolas.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente; muchas gracias, señora Ministra.
Ciertamente, la Ley en vigor no establece precisamente un sistema de deslinde claro y rápido, sino que es lento y confuso, lo que ha retrasado su realización durante mucho tiempo y, sin duda, la sigue ralentizando, lo cual le da un doble valor al trabajo realizado por el Ministerio a lo largo de este último año.
Es vital y es de responsabilidad de las Administraciones Públicas acabar con toda situación de desprotección y de inseguridad jurídica, que en algunos casos se producen antes de realizar un deslinde e incluso después.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario le insta a que permanezca en esta tarea, que redunda en beneficio del medio ambiente, porque sólo de esta manera conservaremos una de las mayores fuentes de riqueza de nuestro país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo Poch.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, señor Calvo, son complicados los deslindes porque exigen múltiples actividades técnico-jurídicas: obtención de cartografía adecuada, estudios geomorfológicos y botánicos, confección de relaciones de interesados mediante la utilización de datos registrales y catastrales, citaciones, información pública y oficial, actas de apeo, redacción de los proyectos de deslinde y propuesta de resolución de los expedientes y esto puede hacer que los expedientes que se vayan tramitando vayan más lentos de lo que nosotros desearíamos. Sin embargo, tenga la garantía el señor Senador de que entre los temas medioambientales de los que el Ministerio tiene que ocuparse está el de la protección de la costa, porque nos hemos propuesto salvar la costa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON JESUS MARIA RUIZ-AYUCAR ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL GRADO DE PARTICIPACION DEL GOBIERNO EN LA ELABORACION DE LOS PLANES HIDROLOGICOS DEL TAJO Y DEL JUCAR (680/000375).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de participación del Gobierno en la elaboración de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Júcar.
Senador Ruiz-Ayúcar, tiene la palabra.


El señor RUIZ-AYUCAR ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.


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Ultimamente han aparecido en Castilla-La Mancha innumerables dípticos, trípticos, cartas, mensajes en todos los medios tanto escritos como hablados y en televisión, utilizando todo aquello que se estimaba oportuno para dar a conocer la consecución de los planes hidrológicos del Tajo y del Júcar. Pero lo curioso de estas informaciones es que para nada aparece la intervención del Gobierno de España y se dice que lo ha conseguido el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso, mi pregunta y la que se formulan muchos castellano-manchegos es si el Gobierno de España y, en concreto, el Ministerio de Medio Ambiente, han tenido alguna participación en la elaboración de estos planes.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ruiz-Ayúcar.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, yo no voy a entrar en polémicas, que me parecen absolutamente estériles, porque los ciudadanos van a saber juzgar. Si efectivamente la labor de aprobación de los planes de cuenca hubiera sido debido sólo al Gobierno de Castilla-La Mancha, esta consecución se hubiera logrado en los gobiernos anteriores. Luego, comprenda usted que la participación del Gobierno de España ha sido, y tenía que ser así, fundamental y determinante. Ya digo que, de lo contrario, máxime cuando los dos Gobiernos, el de Castilla-La Mancha y el de España, eran del mismo partido político, hubiera sido mucho más fácil la negociación. Sin embargo, lo que hemos demostrado es que a través del talante negociador del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la metodología del diálogo para lograr esos consensos es como se ha logrado esa paz que realmente hacía falta para consensuar algo tan importante, de cara a la planificación hidrológica que necesita España, como era aprobar los tres planes de cuenca que, qué casualidad, dependían y estaban bloqueados precisamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Y es que, señorías, es muy lamentable que cuando había que defender intereses muy concretos de los ciudadanos, cuando había que empezar a desbloquear algunos derechos que históricamente estaban asignados, injustamente y en exclusiva, a una Comunidad como era la valenciana, y había que desbloquear esa situación para, sobre la base de los datos técnicos y rigurosos de las demandas reales, de los recursos realmente existentes, ponerse a consensuar cuál tenía que ser la planificación hidrológica que necesitaban esos planes de cuenca hubo quienes desde la responsabilidad de sus Gobiernos, el de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España en la Administración anterior, jugaron mucho más a los protagonismos personales, al obstruccionismo, y eso llevó, en perjuicio de los ciudadanos, a que quedaran pendientes de aprobación los tres planes de cuenca más difíciles de aprobar, porque se habían convertido en auténticos escollos políticos.
Señorías el talante del Ministerio de Medio Ambiente no ha sido más que el de lograr esa planificación hidrológica que necesita España, compromiso del Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que queremos poner en marcha para este próximo año 1998 y que exigía, como así lo demandaron las Cortes Generales, la aprobación previa de los planes de cuenca para, posteriormente, llegar a la planificación hidrológica.
Nosotros hemos querido que fuera una planificación consensuada y por eso digo que nos va a dar exactamente igual el que se quiera manipular, como ya se hizo, incluso declarando persona «non grata» a la Ministra de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, cuando simultáneamente se estaban llevando a cabo las negociaciones que se estaban produciendo día tras días, porque ha llevado meses.
Por lo tanto, el orgullo y la satisfacción del Gobierno de España en este momento es que gracias a ese talante negociador, y objetivando los datos, solicitando que se pusieran de acuerdo en la contemplación de todas las demandas reales, tanto presentes como futuras, y teniendo en cuenta todos los recursos hídricos de que disponían esas cuencas, se pudiera lograr el consenso al que hemos llegado. Hemos demostrado una vez más que con partidismos y obstruccionismos no se llega a ninguna parte, y que cuando la política se entiende como actitud de servicio para encontrar soluciones a problemas graves que tienen los ciudadanos se pueden establecer esos consensos y se llega a acuerdos tan importantes como los que ya hemos plasmado, y eso nos da la posibilidad de pensar que con este mismo talante negociador conseguiremos el plan hidrológico nacional que necesitan todos los españoles.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Ruiz-Ayúcar.


El señor RUIZ-AYUCAR ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra. Luego sí parece que el Gobierno de España y el Ministerio de Medio Ambiente han tenido participación en la elaboración de estos planes, lo mismo que me parece entender y saber que también ha tenido participación en conseguir que esa carretera nacional III a Valencia que tanto tiempo tuvo también paralizado el Gobierno del Partido Socialista, así como el establecimiento y la solución del terreno de Anchuras, han sido logrados precisamente mediante esa capacidad que decía la señora Ministra de diálogo con un Gobierno que no había sido capaz de entenderse con uno de su misma ideología política.
Para mí lo más grave de todo no es que no solamente no se haya reconocido la intervención del Gobierno de España, sino que nunca en la historia de la España democrática la propaganda personal del señor Bono había llegado a extremos de tal categoría en lo que se refiere a los centenares y centenares de millones invertidos en la campaña de promoción personal, no sólo del Gobierno, sino del Presidente,

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sino que si esos millones se hubiesen invertido en algo más productivo que en la promoción personal, como por ejemplo en sacar a los castellano-manchegos de ser la región donde existen más analfabetos de España, que ocupa los mismos lugares --el 16 ó 17 de las regiones españolas-- desde que los gobiernos socialistas entraron a gobernar tanto en España en 1982, como en Castilla-La Mancha en 1983, no habría necesidad, como hace el señor Bono en un alarde de irresponsabilidad absoluta, de echar la culpa a los analfabetos de nuestra región, de echar la culpa a las uvas y a las aceitunas.
Por eso quiero agradecerle a usted, señora Ministra, la aclaración dada no a mí, porque yo ya me imaginaba y sabía perfectamente lo que nos iba a decir, sino de cara a los medios de comunicación, porque pueden dar lugar a que esto se dé a conocer en toda nuestra España y en toda nuestra Castilla-La Mancha y de esa manera, sin que usted haya realizado esa campaña personalista para dar a conocer los resultados, ha evitado el gasto inútil de tantos y tantos millones de pesetas.
Por eso le agradezco la aclaración y espero que a partir de ahora tengamos todos un conocimiento más exacto de lo realizado por el Gobierno de España.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ruiz-Ayúcar.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muy brevemente, señor Presidente, para decir que el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. La Ley de Aguas atribuye esta competencia al Gobierno de la Nación y, por tanto, lo que tendría que haber hecho el Gobierno anterior es lo mismo que ha hecho este Ministerio de Medio Ambiente. Por eso quiero decirle que el señor Bono no puede atribuirse la exclusiva ni el monopolio en la medida en que no solamente es papel fundamental el del Gobierno de España, sino el de todas las demás Comunidades que han intervenido en la negociación de estos planes y de todos los usuarios que tienen votos en esa negociación.
Quiero decirle, además, que lo único que pasó en la Administración anterior es que la negociación quedó bloqueada completamente por los personalismos de dos miembros del mismo partido, pero en el momento en el que el señor Bono entendió que no cabían los personalismos en este caso y que no cabía el obstruccionismo porque perjudicaba a los intereses de Castilla-La Mancha decidió sumarse a las negociaciones. Lo que sí ha hecho es intentar la manipulación política diciendo, por una parte, que yo era persona «non grata» en Castilla-La Mancha y, por otra y simultáneamente, que nunca hubiera soñado con que este Gobierno concediera tanto y tan bueno para los castellano-manchegos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL METODO QUE APLICA EL GOBIERNO PARA CONOCER LAS INFRACCIONES A LA LEY 25/1994, DE 12 DE JUNIO, DE TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552/CEE SOBRE LA COORDINACION DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION TELEVISIVA (680/000369).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método que aplica el Gobierno para conocer las infracciones a la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas García.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, se trata --como usted sabe-- de la transposición de la Directiva de televisión sin fronteras vigente desde el 12 de julio de 1994. En ella se regula la publicidad y el patrocinio televisivo y, en concreto, la publicidad ilícita, la publicidad prohibida; se prohíbe la publicidad encubierta y se regulan la publicidad de bebidas alcohólicas y los tiempos máximos de publicidad que, en líneas generales, se limitan a un 15 por ciento de emisiones diarias, a no más de 12 minutos por hora con interrupciones no superiores a intervalos mínimos de 20 minutos.
Asimismo, se garantiza una cuota mínima de pantalla de un 51 por ciento de tiempo anual para producciones europeas y, de ellas, un 10 por ciento para productoras independientes de las televisiones, se dictan normas para la protección de los menores frente a la publicidad y la programación, como, por ejemplo, la no incitación a la compra, la protección contra la pornografía y la violencia, y también para los principios de programación.
La propia Ley atribuye al Gobierno las funciones de control e inspección y a su Ministerio el ejercicio de estas funciones y la aplicación de sanciones graves, aunque las sanciones muy graves se las atribuye al propio Consejo de Ministros. También se informará a la Comisión Europea del grado de cumplimiento de los artículos 5 y 6 de esta Ley.
Como usted comprenderá, Ministro, la complejidad de esta Ley requiere que haya un procedimiento muy sistematizado de control, de inspección y de sanciones en todas las cadenas de televisión tanto públicas como privadas durante todas las horas de emisión y para todos los aspectos regulados en esta Ley. Por eso, quiero preguntarle, Ministro, lo siguiente: ¿Qué método utiliza el Gobierno para hacer cumplir esta Ley que por su fundamento

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constitucional tiene carácter de norma básica en nuestra legislación?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El Gobierno, señoría, utiliza el mismo método que se viene utilizando en España desde 1992 e, incluso, con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva comunitaria mediante su incorporación al ordenamiento jurídico español. Anualmente se confecciona un informe estadístico de las presuntas irregularidades que realizan empresas, que son las que nos ofrecen la asistencia técnica, contratadas mediante el procedimiento de concurso. En los años 1992 y 1993 la empresa adjudicataria fue Ecotel. En los años 1994, 1995 y 1996 la empresa adjudicataria fue Sofres, A. M. Y en el año 1997 ha resultado adjudicataria la empresa Infoadex. En función de los estudios e informes que realizan estas empresas se ponen en marcha los procedimientos administrativos correspondientes.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
No me extraña que la Ley no se cumpla en absoluto si usted sigue el procedimiento de antes de que entrara en vigor la Ley. Además, por muchas cosas que usted dijera de interés no puedo creerle porque no tiene usted ninguna credibilidad, señor Ministro, después de negarse recientemente a la creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales que había aprobado ya, por unanimidad, este Senado a propuesta del Partido Popular.
No puedo creerle tampoco después de que expertos de toda fiabilidad estén diciendo --y el Ministerio queda impasible-- que una banquero con cuentas pendientes con la Justicia está comprando programas en una cadena, precisamente programas especialistas en juicios paralelos.
Señor Ministro, tampoco puedo creerle cuando en las jornadas que se clausuraron ayer sobre la violencia se dice y se afirma que cada niño ha presenciado, antes de terminar la escuela, unos 8.000 asesinatos y más de 100.000 actos violentos de otro tipo, y el Ministerio sigue sin aplicar la Ley y sin hacerla cumplir.
Tampoco puedo creerle después de que el señor López Amor tiene la desfachatez de actuar en contra del criterio mayoritario de su Consejo de Administración elegido parlamentariamente, precisamente en un aspecto que defiende los principios de programación, y el señor López Amor actúa en contra de sus criterios de programación y el Gobierno permanece impasible.
Tampoco puedo creerle cuando el Consejero Delegado de Telefónica Cable, que es un monopolio que usted mismo ha sacado del control público, se esmera en explicar cómo su empresa cifra el gran reto de Telefónica en crear contenidos televisivos, y confirma así el uso de Telefónica como un instrumento de control político que el Partido Popular quiere hacer, eso sí, con la ayuda inapreciable de los NODO del señor Sáenz de Buruaga, que también parece que pretende... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Senadora Arnáiz, vaya terminando.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Termino, señor Presidente.
... que pretende establecer en España el pensamiento único, esa realidad trucada, al servicio de los intereses más inconfesables del Gobierno.
Señor Ministro, un estudio de Zenit Media, que es una empresa no adjudicataria, pero también de prestigio, dice que este año entre mayo y junio se han emitido un 20 por ciento más de minutos de publicidad que en el mismo período del año pasado, aunque en realidad la eficacia de esa publicidad ha caído en un 30 por ciento porque hay una saturación publicitaria excesiva.
Dígame, Ministro, ¿qué sanciones ha impuesto su Ministerio ante todos estos incumplimientos reiterados y permanentes? Dígame, ¿se han borrado del diccionario del Gobierno las palabras «interés general», excepto para lo que es millones por retransmisiones de fútbol? Ministro, no tiene usted ninguna credibilidad y está abandonando a los usuarios...


El señor PRESIDENTE: Senadora Arnáiz, debe terminar, está doblando el tiempo que le corresponde.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Simplemente quiero decirle al Ministro que no escurra el bulto, que no hable de los 15 años pasados, que esta Ley es de 1994, y que responda con gallardía --si es que puede-- de sus obligaciones contraídas en este tiempo (Rumores.), que para eso a usted y a mí nos pagan.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ha traído usted preparado un alegato verdaderamente espectacular que no tiene nada que ver con la pregunta que ha formulado, nada más que en su principio y en su final, y en el resto nada de lo que la pregunta implícita o explícitamente plantea.
Señoría, hay siempre una «excusatio non petita, accusatio manifesta» en todas las intervenciones de su Grupo Parlamentario. No se refieran ustedes al pasado. ¡Claro!, cuando el pasado resulta desfavorable al interviniente, es muy cómodo sentar esa afirmación, pero es que ocurre que la Ley, como ha dicho su señoría, está en vigor desde el año 1994 y en los archivos del Ministerio de Fomento, de la Secretaría General de Comunicaciones, no hay apenas

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rastro de ningún expediente sancionador que el Gobierno socialista haya abierto en aplicación de una Ley que está en vigor desde el año 1994. Por tanto, son ustedes los que no han cumplido con la Ley. (La señora Arnáiz de las Revillas García: Usted, usted.) En segundo lugar, señoría, yo no me he opuesto a la creación de un consejo audiovisual, lo único que he dicho en esta Cámara es que en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones se abre un camino, votado por todos los grupos parlamentarios, también por el suyo, de atribuir las competencias en el ámbito audiovisual a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y crear, dentro de dicha Comisión, un órgano específico con autonomía para ocuparse de los contenidos audiovisuales.
Eso lo ha votado su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, y es perfectamente legítimo tener una opinión distinta de que se cree un órgano separado. Son opiniones perfectamente legítimas. Pero le digo, señoría, que los países que tienen más experiencia en este terreno no tienen dos órganos sino un único órgano, por ejemplo, los países anglosajones. En segundo lugar, Francia, que tiene efectivamente dos órganos y un consejo Superior de Audiovisual, está planteándose la unificación de ambos organismos en uno único por resultar muchos más pertinente, muchos más adecuado y mucho más eficaz.
Señoría, hoy aparece en los medios de comunicación la dimisión del Consejero de consenso del Consejo de Radiotelevisión Española porque, habiendo votado a favor de las posturas del Director General de Radiotelevisión en una ocasión, ustedes le han increpado por deslealtad al Grupo Parlamentario Socialista. Como puede comprender su señoría, si ustedes interpretan así el funcionamiento del Consejo de Radiotelevisión, lo que hace el Director General está perfectamente justificado, y quienes no tienen credibilidad son ustedes, puesto que han querido aprovechar el vacío existente y el boicot (Fuertes rumores.) que ustedes plantean en el Consejo de Radiotelevisión a la elección de los nuevos miembros para ganar una votación que ustedes no deberían ganar porque no tienen la mayoría, ni el consejo, como ha dicho el Consejero dimisionario, tiene en estos momentos la representación pertinente de las mayorías. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Háblenles ustedes; díganselo!) Y, señorías, no traiga usted a colación a Telefónica. Ya he dicho en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados que la actuación más inmoral de la historia de la democracia española la cometió un Gobierno socialista al poner un monopolio público al servicio de los intereses de un grupo privado. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡No ha contestado nada!--El señor Rojo García:¡Qué sectario! ¡Tienes mucha cara!) Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de fomento.


--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI DISPONE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE COLABORADORES REMUNERADOS CON FONDOS PUBLICOS (680/000366).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si dispone la esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores remunerados con fondos públicos.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señor Ministro, ¿dispone la esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores remunerados con fondos públicos? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento. (El señor Rojo García: ¡Vale para todo!--Risas.)

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor Presidente, la esposa del Presidente del Gobierno dispone de dos funcionarias para atender a sus necesidades de Secretaría y apoyo en relación a los actos oficiales en los que, por su condición, interviene.
El referido personal es eventual, y se halla adscrito a la Secretaría y Oficina del Presidente del Gobierno. Esta situación es idéntica y no difiere en nada a la referida a las esposas de anteriores Presidentes de Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señor Ministro, no me sorprende la pregunta (Risas.--Fuertes rumores.), quiero decir la respuesta que ha dado usted.
(Risas.--Rumores.) Pero seguid, seguid rebuznando.
Lo que sorprende es que usted me la conteste, que sea el Ministerio de Fomento al que tenga que contestar sobre las actividades y los colaboradores de doña Ana Botella. No sé si usted nos podrá iluminar en cuanto a lo que procura dicha señora a través del Ministerio de Fomento.
Es de todos conocida, a través de los medios de comunicación, la actividad institucional que realiza la señora Botella, esposa del Presidente del Gobierno: entrevistas, declaraciones, inauguración de Jornadas, visitas, asistencia a actos públicos e institucionales, viajes dentro y fuera de España, Cumbres latinoamericanas de esposas de Presidentes de Estado y de Gobierno, aparte de aquellos actos realizados como acompañante de su marido, el señor Aznar.
Por ello, es comprensible, o al menos lógico, que la mujer del Presidente del Gobierno goce de una representatividad por vía de consorte, no por otra, así como del equipo correspondiente. Pero que doña Ana Botella esté asistida por colaboradores o funcionarios capaces no impide que el

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resultado de sus actuaciones esté reñido con la transparencia en el uso de los bienes y recursos públicos. (Rumores.) Las remuneraciones, los pluses de funcionarios adscritos o colaboradores están justificados siempre que sean públicos y notorios y no estén incluidos en otros servicios. Asimismo, se deberían conocer los gastos ordinarios que la actividad desarrollada genera: uso de ordenadores (Risas.), teléfonos, faxes, telegramas, tarjetas e invitaciones, material de oficina, vehículos, viajes, etcétera.
Por otra parte, no es edificante, ni respetuoso, ni ejemplar que la actividad desarrollada por la señora Botella, sin precedentes anteriores --a pesar de sus palabras-- en los Gobiernos democráticos, sea considerada como la organizada por la segunda dama del Reino --Sánchez Dragó «dixit» en un medio de comunicación nacional--, y que dicha señora vaya rodeada de un séquito --sinónimo, según Sainz de Robles, de cortejo, corte, comparsa, o comitiva de servicio--, como así han sido definidos sus acompañantes en el mismo diario de comunicación, durante el último viaje a Japón.
Se debe rectificar esta imagen, o desmentirla. Que la actividad de la señora Botella sea efectiva y que el modelo de su representación social elegido por ella sea admitido, exigen que no se dupliquen funcionarios o colaboradores ni funciones, evitando solapamientos en los gastos que se realizan a cargo del Erario público. La luz y taquígrafos, en lo que respecta a la actividad de la mujer del César, siempre se demandan; háganlo realidad.


El señor PRESIDENTE: Senador Castro, vaya terminando.


El señor CASTRO RADABAN: Con su respuesta espero que se zanjen los interrogantes planteados. Si no es así, tendríamos que realizar otras iniciativas parlamentarias.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra, señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con su señoría en la necesidad de la plena transparencia en todas las actividades públicas de todos los que tienen relación con el Estado, el Gobierno y las instituciones públicas.
Sinceramente, me gustaría que ustedes hubieran aplicado esa transparencia durante los catorce años que gobernaron.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento. (El señor Castro Rabadán pronuncia palabras que no se perciben.) Ruego silencio.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS ACCIONES QUE PIENSA EMPRENDER EL GOBIERNO PARA LLEGAR A UN ACUERDO POSITIVO RESPECTO A LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA (680/000364).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones que piensa emprender el Gobierno para llegar a un acuerdo positivo respecto a la enseñanza de la Historia.
Senador Varela i Serra, su señoría tiene la palabra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿por qué ha provocado tal reacción el proyecto de Decreto sobre las Humanidades? Porque, más allá del lamentable procedimiento utilizado en su tramitación, y de la probable invasión de competencias de las Autonomías, tal Decreto amenaza gravemente el modelo constitucional de Estado plural, en el que las distintas nacionalidades y regiones que lo constituyen son respetadas y se sienten instaladas en él con la suficiente comodidad para colaborar en proyectos comunes.
Para quienes creemos en tal modelo, es enormemente frustrante un Decreto que nos presenta una Historia castellano-céntrica, predestinada desde tiempos remotos a la unidad contemporánea, y donde la periferia está sólo formada --según expresión del Objetivo 5-- por diversidades lingüístico-culturales.
Señora Ministra, ¿hay tan poca sensibilidad en su Gobierno como para no ver que toda la concepción que subyace en el citado Objetivo 5, y no sólo la expresión «carácter unitario», es irritante e inaceptable? Contrariamente a lo que se dice, no nos preocupa que se enseñe Historia de España en Cataluña --pues, obviamente, ya se hace--, sino qué tipo de Historia de España se enseña en el resto del Estado, porque nos interesa que se ayude a deshacer recelos seculares y concepciones tergiversadas.
Apostamos por una Historia que refleje la realidad sobre la piel de toro de pueblos clara y soberanamente diferenciados durante siglos, que han seguido después historias entremezcladas, con relaciones no siempre fáciles, pero que pueden presentar un balance común satisfactorio. Y más lo sería, si los Gobiernos contribuyesen, no a azuzar resquemores, sino a aunar ilusiones y voluntades.
Por ello, pregunto, ¿qué acciones piensa emprender el Gobierno para llegar a un acuerdo positivo, necesario para todos, respecto de la enseñanza de la Historia? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


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La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Senador Varela que haya entrado en el fondo de la cuestión. Creo que es importante que este debate se despolitice y que, una vez hecho el debate de competencias, que ya se hizo cuando se aprobó la Logse --por cierto, con el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió-- y se decidió que le correspondía al Gobierno la fijación de las enseñanzas mínimas comunes y a las Comunidades Autónomas la del currículum y la de los planes de estudio, que deberían incluir dichas enseñanzas, me alegro mucho de que, por fin, vayamos a descender al debate académico y científico, en el sentido de saber qué es lo que le sobra o lo que le falta a nuestro proyecto.
Su señoría pregunta qué acciones va a emprender el Gobierno para lograr un acuerdo en esta materia. Señoría, el Gobierno jamás ha dejado de impulsar el diálogo; todavía no ha aprobado nada, sino que ha presentado el proyecto de reforma de las enseñanzas mínimas comunes porque entendemos que las actualmente vigentes son vagas, poco concretas y permiten que se den hechos o acontecimientos históricos, en el caso de la lengua un desconocimiento general de algunas de las principales figuras de la literatura universal o de la española o de la de cada una de las Comunidades Autónomas, que nosotros creemos que no deben de seguirse produciendo.
Además, después de 10 años de escolarización obligatoria, después de que hemos hecho el esfuerzo de prolongar desde los 14 a los 16 años el tiempo de permanencia en las escuelas, el Gobierno tiene que cumplir la obligación que la Ley le impone y garantizar que el nivel de conocimientos de los alumnos de las escuelas españolas, no solamente no desciende --era un clamor generalizado que había descendido en estas materias humanísticas--, sino que se eleva, porque ésa es la voluntad del Gobierno, en la que entiendo que coincidimos con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Queremos mejorar la calidad de la enseñanza, y en este caso estamos hablando de las materias humanísticas de la ESO, pero vamos a continuar por el Bachillerato, por la Primaria y por las materias científicas.
En el caso concreto que pregunta su señoría, le tengo que decir que el hecho de que el Gobierno jamás ha dejado de impulsar el diálogo lo tiene su señoría bien claro cuando ahora mismo estamos dialogando. Se ha remitido oficialmente a todas las Comunidades Autónomas el proyecto para que hagan llegar sus sugerencias y cualquier cuestión que, a su juicio, sobre o falte en el proyecto, porque, aunque es materia de la estricta competencia del Gobierno y el debate político ya se hizo en el año 1990 con la Logse, entendemos que el proyecto debe de ser enriquecido con cuantas aportaciones o sugerencias quieran hacer los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
Además de eso, este Gobierno, esta Ministra entregó el día 7 de octubre al Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, es decir, 15 días antes de presentarlo en mano a la opinión pública, este proyecto de modificación de las enseñanzas mínimas en materia de Humanidades en la ESO.
Por tanto, señoría, este Gobierno está impulsado el diálogo. No tiene el monopolio de la verdad, no somos dogmáticos y estamos muy dispuestos a que nos enriquezcan con cualquier aportación que quieran hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA. Muchas gracias, señora Ministra.
Mi pregunta es altamente política, señora Ministra. Yo creo que con «P» mayúscula, de sentido de Estado, y me parece que el procedimiento que ustedes han utilizado en la tramitación del decreto es de política pequeña. Esta es nuestra queja.
De todas maneras, para encauzar el debate nosotros recogemos con satisfacción su renovación de voluntad de diálogo. Insisto en que, sorprendentemente, la tramitación no parece que haya sido acertada con esa voluntad porque estamos de acuerdo con la necesidad de que haya un impulso de la enseñanza de la historia en nuestro sistema de enseñanza, pero no de cualquier historia, sino de una con la que todos nos sintamos cómodos y, por tanto, cómodos en el Estado. Pero insisto en que todo puede reconducirse si hay esta voluntad de diálogo real, por lo que nosotros pensamos que es urgente que se reúnan, que discutan los temas a fondo y con una voluntad noble y real de llegar a acuerdos.
Me permito finalizar mi intervención con una aportación a esta reflexión.
El historiador Jaume Vicens Vives, que murió en junio del año 1960, pocos meses antes de su muerte escribió el prólogo al libro titulado «Aproximación a la Historia de España». Un libro muy interesante. En el mes de febrero de ese mismo año escribió otro prólogo a otro libro, también muy importante, titulado «Noticias de Cataluña». En este prólogo, de aproximación a la Historia de España, dice lo siguiente: Castilla se encuentra enfrentada desde 1898 con una grave crisis de conciencia. Esta crisis, que la desasosiega, ha querido hacerla derivar de las actitudes negativas de otros pueblos hispánicos, tal el catalán. Reacción muy comprensible, e incluso eficaz para la psicología colectiva castellana.
Nosotros estamos para que esta eficacia no se use y para que haya convivencia y acuerdos en común.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela i Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, senador Varela, por sus aportaciones.


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Quiero decirle solamente dos cosas: El programa de Historia --ya que no se discute la Lengua ni la Literatura ni la Geografía-- no contiene ninguna valoración. Contiene una sucesión de hechos y lo que hay que discutir es si se deben conocer o no. No tiene valoración de ningún tipo.
Las Comunidades Autónomas harán sus planes de estudio y, si quieren, harán o no las valoraciones. También las harán los centros escolares y el profesor en el aula. Es absolutamente aséptico. Quiero que su señoría lo estudie en profundidad y me diga si hay alguna cuestión que entiende contiene valoraciones que no debe tener.
Quiero decir una cosa más y decírselo a toda la Cámara, a esta Cámara que lo es además de representación territorial: Uno de los objetivos de este proyecto, no solamente en la Historia, sino en la Geografía, en la Lengua y en la Literatura, es que en todas las Comunidades Autónomas de España se conozca lo esencial de la Lengua, de la Literatura y de la Historia de las otras Comunidades Autónomas. Entendemos que no es correcto que cada una de ellas se limite a lo que antes eran unas vagas e inconcretas enseñanzas mínimas comunes que permiten, por tanto, ignorar lo sustancial de los hechos históricos y de los conocimientos geográficos que los españoles tienen que tener, no sólo de su Comunidad Autónoma o de España, sino de Europa o del mundo entero.
Si ustedes miran el temario de Lengua y Literatura y el de Geografía e Historia podrán comprender cómo no será posible que un niño del territorio español, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma donde estudie, desconozca los hechos fundamentales de la Lengua y Literatura de las otras Comunidades. Con esto me refiero muy especialmente a Cataluña.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.


--DE DON MANUEL NIETO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE, SIN MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EDUCACION PARA 1998, SE CORREGIRA LA TENDENCIA INICIADA EL PASADO AÑO DE DISMINUCION EN LAS DOTACIONES APLICADAS A LA ENSEÑANZA PUBLICA (680/000367).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Nieto Ledo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que, sin modificar el proyecto de presupuesto para educación para 1998, se corregirá la tendencia iniciada el pasado año de disminución en las dotaciones aplicadas a la enseñanza pública.
Tiene la palabra el Senador Nieto Ledo.


El señor NIETO LEDO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, del análisis de los presupuestos para 1998 se deduce que la enseñanza privada concertada volverá a tener mejor tratamiento presupuestario que la enseñanza pública. Sin embargo, en el manifiesto en defensa de la enseñanza suscrito recientemente por 19 asociaciones de ámbito ideológico dispar, y que usted ha apoyado tan efusivamente, se dice textualmente: La enseñanza pública tiene la responsabilidad básica de universalizar la instrucción educativa. Necesita que las administraciones educativas le otorguen una atención especial que le permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada, debiendo armonizarse con el derecho de la enseñanza privada a recibir los fondos públicos a través del concierto educativo, de acuerdo con las necesidades objetivas de escolarización, y según la actual legislación establecida.
Mucho nos tememos, señora Ministra, según se deduce de los presupuestos de 1997 y los de 1998, que esta armonía a la que hace alusión el citado manifiesto, se está rompiendo. Por ello, hemos hecho la pregunta anterior al Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto Ledo.
Tiene la palabra la señora Ministras de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en el presente año 1997 el gasto público por alumno creció en un 3,8 por ciento y en el proyecto de Presupuestos para 1998 el gasto medio por alumno en la pública vuelve a incrementarse otra vez sobre el incremento anterior, esta vez en un 7,7 por ciento.
Lamento desilusionar a su señoría, porque estas cifras dejan claro que ni en el presente año ni en el próximo se disminuyen las dotaciones presupuestarias para la enseñanza pública. Al contrario, se aumentan y mucho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
Tiene la palabra el Senador Nieto Ledo.


El señor NIETO LEDO: Señora Ministra, lamento que mis cuentas sean diferentes, porque de un breve análisis de los presupuestos de educación de 1997 se deduce que supusieron una disminución del 2,5 por ciento respecto a los de 1996, que acumulados al 3,5 por ciento de la inflación de 1996 por ser presupuestos prorrogados y del 2,2 por ciento de la inflación de 1997 suponía que tenían que aumentarse en un 8,2 por ciento los presupuestos de 1998 para mantener lo que podíamos llamar el poder adquisitivo del sistema general de la enseñanza en la etapa en la que el Gobierno popular ha estado en el poder.
Estas frías cifras a las que he hecho alusión han significado nada más y nada menos la tendencia de quebrar un aumento progresivo de los presupuestos de educación durante 20 años; también desoír las recomendaciones de varios organismos internacionales y nacionales como el Consejo

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Económico y Social, desde el que se recomienda que debe seguir creciendo el gasto público en educación para cimentar cualquier proyecto de futuro.
Y las citadas restricciones se han traducido en una reducción de los gastos de funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil en 590 millones de pesetas; de los institutos de secundaria en 975 millones; de los centros públicos de educación especial en 120 millones y en la partida destinada a comedores escolares en 1.526 millones, y no digamos en las inversiones. Las inversiones en educación infantil y primaria en el año 1997 disminuyeron aproximadamente en un 20 por ciento respecto a 1996 y las inversiones en secundaria disminuyeron aproximadamente en un 44 por ciento.
Sin embargo, usted sabe muy bien que la partida correspondiente a los centros concertados en el año 1997 creció en un 4,35 por ciento, a pesar de la reducción general de un 2,5 por ciento de los presupuestos y que incluso se incluyeron partidas que tradicionalmente no venían incluidas, como era la financiación de 37.000 puestos escolares en educación infantil.
Un argumento más es que en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo se concertó a 34 nuevos colegios de educación primaria, que supusieron 209 unidades nuevas de educación primaria. Sin embargo, mientras tanto se suprimieron en la enseñanza pública 776 unidades, siguiendo la lógica que usted ha implantado de adaptar los presupuestos a la reducción de la demografía. Esta lógica sí se aplica en la enseñanza pública pero no en la privada, como he citado.
Su respuesta para paliar esta situación ha sido aumentar en un 6 por ciento los presupuestos de 1998. Sin embargo, se vuelve de nuevo a quebrar la tendencia. Esto ha supuesto que en la enseñanza privada aumentan en un 9,15 por ciento y en la enseñanza pública en un 5,5 por ciento. Es decir, que ese 2,2 por ciento de inversiones de déficit que supone la estancia en el Gobierno del Partido Popular en el sistema general se traduce en la enseñanza pública en un 2,5 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Senador Nieto, termine, por favor.


El señor NIETO LEDO: Señor Presidente, termino.
Y estas cifras no son mías, sino que están avaladas por la página 154 del Informe del Defensor del Pueblo, donde se dice: Las consecuencias de las restricciones han ocasionado en el sector educativo repercusiones más amplias que las que procede tratar en el presente apartado, hasta el extremo de haberse abierto el debate sobre el carácter público o privado de la enseñanza. Esta Institución ni quiere ni debe pronunciarse al respecto, pero sí hacer constar que sería desleal con la enseñanza pública hacerla competir con la privada, estando sometida a restricciones presupuestarias que no padece o puede paliar de algún modo la enseñanza privada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultural.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Vuelve su señoría con el asunto de la disminución del 2,5 por ciento del presupuesto educativo de este año. He explicado una y mil veces, y en esta Cámara varias, que esa cifra que su señoría da viene de la comparación con unos presupuestos del Ministerio que incluían los de las universidades que fueron transferidas a lo largo del año 1996 y 1997 y, por lo tanto, no es que hayan desaparecido del presupuesto sino que figuran en la rúbrica «Transferencias a las Comunidades Autónomas» universidades como las de Baleares, Madrid, Extremadura, muchas de ellas que han sido transferidas en los últimos años.
Los datos ciertos son que en el año 1997 el gasto por alumno en la enseñanza pública crece el 3,8 por ciento y que a ese crecimiento de casi el 4 por ciento de este año se le va a sumar, si las Cámaras lo aprueban cuando se someta el proyecto de Presupuestos, un 7,7 por ciento de incremento acumulativo del gasto por alumno en la pública en el próximo año. Y además habla su señoría de la inversión, cuando sabe que este año estamos invirtiendo 33.000 millones de pesetas, lo que nos va a permitir terminar y abrir en este curso 63 nuevos institutos y colegios y empezar las obras para que en el próximo haya 56 más, es decir, 119 centros nuevos que se van a poner a disposición del alumnado español del territorio MEC, a pesar de la disminución de más de 70.000 alumnos en el curso presente y otros 70.000 en el próximo.
Pero lo que parece que preocupa a su señoría son las dotaciones para la enseñanza concertada, a la que yo no llamaría privada porque la enseñanza privada es aquella que los padres pagan fuera de los pagos que el contribuyente hace. Vuelvo a repetir a su señoría que para el año próximo, que es el que le preocupa, la función educación no universitaria tiene 994.000 millones de pesetas, casi un billón, y de ellos, 865.930, el 87 por ciento, se destinan a la enseñanza pública y 128.000 financiarán la enseñanza privada.
Tiene razón su señoría cuando dice que ha habido un incremento de 10.000 millones. ¿A qué se debe ese incremento de 10.000 millones de pesetas sobre una cifra total de un billón? Pues se debe, señoría, a la implantación generalizada del primer ciclo de la ESO --como sabe su señoría, los de doce y trece años, que estaban antes en un módulo de primaria, ahora están en un módulo de secundaria, que cuesta bastante más--; a la implantación parcial del segundo ciclo de la ESO, que será el primer trimestre del año que viene; a la actualización de las retribuciones del personal docente de la concertada, que sube como suben las retribuciones de la pública; y a una cuarta razón, señoría, que es precisamente --y ustedes lo recordarán-- el acuerdo de homologación de salarios de la privada concertada, firmado por mi antecesor el 16 de junio de 1995. Esas son exactamente las partidas que justifican los 10.000 millones en que se incrementa este año la enseñanza concertada,

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que sigue representando casi un 13 por ciento sobre el cien por cien del total de los gastos de educación, mientras se educa a un 30 por ciento, aproximadamente, de la población en la zona del territorio MEC.
Lo que quiero decir, señoría, es que el Partido Socialista debería dejar también en este caso de utilizar el doble lenguaje. El señor Pérez Rubalcaba decía este verano que para la enseñanza concertada era imprescindible que hubiera una dotación de 30.000 millones de pesetas.
Nosotros hacemos una dotación de lo estrictamente imprescindible para atender a los gastos que la enseñanza concertada tendrá este año, que es exactamente un tercio de lo que ustedes pedían, y a ustedes eso les parece excesivo.
Pues no estamos de acuerdo en esa cuestión, señoría. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la enseñanza pública, como también en la concertada. Su señoría no dice toda la verdad cuando dice que se cierran unidades en la pública y se abren nuevas en la concertada; eso es verdad, pero también es verdad que se han cerrado muchas unidades en la concertada. Y este Gobierno, señoría, no está dispuesto a dejar de permitir que los padres elijan el tipo de educación que quieren para sus hijos, y atendiendo a ese derecho y a esa libertad de elección reconocida por la Constitución y por las leyes que la desarrollan, habrá unas unidades que se tengan que abrir y otras que se tengan que cerrar, sea en la enseñanza pública o sea en la concertada.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.


-- DE DON JUAN IGLESIAS MARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS FINES QUE PRETENDE ALCANZAR EL GOBIERNO CON LA INICIATIVA DE MODIFICAR EL REGIMEN DE PRECIOS FIJOS DE VENTA AL POR MENOR DE DETERMINADOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO COMPLEMENTARIO (680/000370).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los fines que pretende alcanzar el Gobierno con la iniciativa de modificar el régimen de precios fijos de venta al por menor de determinados libros de texto y material didáctico complementario.
Senador Iglesias Marcelo, tiene su señoría la palabra.


El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señora Ministra, ¿qué objetivos pretende alcanzar el Gobierno con su iniciativa de modificar de forma escalonada y en tres años el régimen de precios fijos de venta al por menor de determinados libros de texto y de material didáctico complementario que se contiene en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el objetivo que pretende alcanzar el Gobierno no puede estar más claro: el Gobierno pretende abaratar el precio de los libros de texto que las familias tienen que afrontar cada vez que llega el mes de septiembre.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.


El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo de reducir para las familias el coste de los elementos de educación es un propósito plausible en el que, evidentemente, no podemos por menos que estar de acuerdo. El objetivo es un objetivo compartido.
Pero el procedimiento que el Gobierno ha elegido para conseguirlo constituye, a juicio del que hace la pregunta y de muchos otros sectores sociales que así lo han manifestado públicamente, un error. Constituye una equivocación que va a tener efectos contradictorios con los propósitos iniciales y, además, preveo que consecuencias derivadas muy poco deseables y que seguramente no se contemplan en el propósito inicial del Gobierno.
Es un error presentar el libro de texto como una mercancía más sujeta al régimen de competencia de mercado, porque es una mercancía, pero es algo más que una mercancía. El libro de texto es un instrumento esencial al servicio de la educación y de la cultura que requiere un tratamiento especial fuera de lo que es el sistema de competencia pura y dura del mercado. Y eso es, en principio, un error. Es un error plantear un régimen de competencia de descuentos fortísima en el proyecto de ley, de hasta el 25 por ciento el primer año, hasta el 50 por ciento el segundo año; precio libre y, por lo tanto, descuento en cuantía indefinida el tercer año. Porque eso terminará produciendo, como la experiencia avala, el dominio del mercado por parte del más fuerte. Permitirá eliminar la competencia y, posteriormente, cuando el mercado esté dominado, producirá una regresión en el precio de los libros de texto y, en definitiva, como la experiencia ha demostrado, los padres terminarán pagando más por lo que al principio parece que van a pagar menos.
Pero hay efectos perversos e indeseables de esa medida, como ya se ha hecho constar. La dominación de los más fuertes terminará produciendo la eliminación de muchos puntos de distribución de libros de texto. Sabe su señoría con seguridad que para muchas pequeñas librerías la venta de libros de texto supone entre el 25 y el 35 por ciento de su facturación anual. Su eliminación será un hecho lamentable. Supondrá la eliminación de pequeñas redes de distribución,

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la eliminación de pequeñas editoriales y la eliminación de grupos de autores que no van a tener la posibilidad de plasmar sus ideas en libros de texto.
La experiencia internacional está muy clara. Quien puso precio libre a los libros de texto ha tenido que regresar a un sistema de precios controlados, porque las consecuencias son perversas.
Mantener una red razonable de librerías para la distribución nos parece una medida positiva. Si no, ¿qué imagen van a tener nuestros escolares cuando vean que los libros de texto se compran en las grandes superficies junto a las patatas, las hortalizas o junto a otros productos? Nos parece una imagen realmente lamentable.
Yo invito a la señora Ministra, que ha hecho gala hace un momento de una posición no dogmática, de apertura al diálogo, a la discusión y al consenso, a que sobre este tema iniciemos un diálogo y un consenso, porque seguramente hay muchas soluciones que no pasan por el sistema de descuento, sino por ayudas, subvenciones, becas. Discutiremos si la gratuidad de los libros de texto va anexa al concepto de gratuidad de la enseñanza. Estableceremos un sistema de políticas compensatorias para las familias más necesitadas: el efecto perverso del coste de los libros no incide por igual sobre todas las familias, y eso es absolutamente evidente. Para esa discusión, nosotros estamos dispuestos a dialogar con su señoría, pero la declaración no dogmática que ha hecho le ofrece la posibilidad de rectificar un error, y si no lo hace tendremos que lamentarlo en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a su señoría dos cosas: primero, que reconozca que está de acuerdo con el Gobierno en el propósito que nos anima, el de abaratar el precio de los libros de texto; segundo, que haya hecho el ofrecimiento de diálogo.
Lo primero que puedo decirle es que, probablemente, el ofrecimiento que hayamos elegido no sea el óptimo, puede, incluso, que sea un error, como dice su señoría, pero yo me niego a hacer lo que han hecho los gobiernos de su señoría durante trece años: absolutamente nada, y permitir que se hayan encarecido los precios de los libros de texto, reconocido por los editores, un 25 por ciento en los últimos cuatro años. Este mismo año, señoría, cuando la inflación en el mes de agosto estaba en el 1,8 por ciento, los editores hicieron pública una nota, después de un año de reuniones con el Ministerio para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo se podrían abaratar los precios de los libros de texto, en la que ellos mismos reconocían que los precios de los libros este año subían un 3,9 por ciento, casi un 4 por ciento, prácticamente el doble de la inflación.
Por tanto, señoría, desde esta misma tribuna le ofrezco al Partido Socialista un pacto para lograr el fin que nosotros perseguimos, que es el abaratamiento del precio de los libros de texto, especialmente en la enseñanza obligatoria. No me cite la experiencia internacional, porque le veo a su señoría muy influenciado por las presiones de algunos editores.
La experiencia internacional la tiene usted perfectamente descrita en el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ha puesto los puntos sobre las íes de lo que realmente ocurre con el sistema de precio fijo y que es absolutamente falso que dicho sistema esté generalizado en toda Europa. En este momento, en Europa no hay más que tres países, uno de ellos España, en los que el sistema de precio fijo se mantiene por ley, y se oculta por los editores que uno de ellos, Portugal, acaba de sacar el libro de texto del sistema de precio fijo, por tanto, quedamos Francia y España.
Hay un clamor generalizado --su señoría lo reconoce y yo se lo agradezco-- por parte de los padres ante el encarecimiento del precio de los libros de texto. Lo que el Gobierno propone posiblemente no sea la mejor solución, y no somos dogmáticos, señoría, me encantaría que el Partido Socialista, o cualquier otro Grupo de esta Cámara, nos ofreciera una solución mejor. Lo que nosotros proponemos es que se puedan hacer descuentos por encima del 5 por ciento, que es a lo que limita la ley del precio fijo. ¿Que le parece mucho a su señoría el 25 el primer año, y hacerlo gradualmente en tres, o que su señoría cree que no se debe llegar a la liberalización total? Nosotros estamos abiertos a ello, a lo único a lo que no queremos renunciar, y espero que su Grupo tampoco, es a abaratar el precio de los libros de texto.
Hemos hecho muchas cosas por aliviar a las familias del problema que sufren al principio de curso. Por primera vez, hemos establecido una convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto, lo que va a permitir que 200.000 familias, las que tengan el nivel de renta menor, tengan una ayuda de 10.000 pesetas para adquirir los libros de texto. A esto hay que añadir las 105.000 ayudas que ya había para el segundo ciclo de la ESO en los Presupuestos de 1997. Hemos tomado iniciativas para dar una respuesta clara a los padres que se encuentran con los elevadísimos gastos que para cualquier familia supone el mes de septiembre, sobre todo cuando tienen más de un hijo.
Quiero recordar a su señoría que durante trece años el Gobierno socialista no ha hecho absolutamente nada en esta materia más que permitir que los precios de los libros de texto se encarecieran en un 25 por ciento en los últimos cuatro años.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.


--PREGUNTA DE DON JOSE MARIA ESCUIN MONFORT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CREACION

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DE UN TOTAL DE OCHENTA NUEVAS PLAZAS DE MAGISTRADO EN EL AÑO 1997 (680/000374).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Escuín Monfort, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la creación de un total de ochenta nuevas plazas de magistrado en el año 1997.
Tiene la palabra el Senador Escuín Monfort.


El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, quiero recordarle que en el Pleno de esta Cámara del Pasado 23 de abril anunciaba que en los Presupuestos de este año se crearían 80 nuevas plazas de magistrado. Poco después, mediante Real Decreto 610/1997, de 23 de mayo, se crearon 25 plazas, que dotaron las plantillas de la Audiencia Nacional con 19 magistrados, y 6 entre las Audiencias Provinciales de Cádiz y Málaga. Pero, señora Ministra, estamos ya a finales de año y todavía faltan por crear 55 plazas de magistrado, y dado el escaso espacio de tiempo que queda para que termine el ejercicio tengo la preocupación de si dentro de este período podrá cumplir el compromiso de crear las 55 plazas de magistrado que quedan de aquellas 80 que usted anunció en este Senado. Por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de la creación de un total de 80 nuevas plazas de magistrado para 1997?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Escuín Monfort.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ha relatado cómo el 23 de abril me comprometí a la creación de las plazas. Efectivamente, de aquella relación se crearon 25 con anterioridad y quedan 55 plazas restantes. En la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado que se está celebrando en estos momentos se está examinando el Real-decreto por el que se crean las 55 plazas restantes y a las que me comprometí ante esta Cámara. Espero que en fechas próximas sea visto por el Gobierno y, por consiguiente, estén en funcionamiento tal y como me comprometí en aquella comparecencia.
Voy a referirle a su señoría que de las 55 plazas restantes 39 corresponden a órganos colegiados --14 a Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid y País Vasco y 25 a las Audiencias Provinciales de Almería, Sevilla, Jaén, Barcelona, Palma de Mallorca, Santander, Alicante, Castellón, Valencia, Madrid y Bilbao-- y, finalmente, 16 a órganos unipersonales, correspondientes a plazas en Sevilla, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Torremolinos, Alcalá de Guadaira, Ciudad Real, Sueca, San Javier, Getxo, Palma de Mallorca, Valencia, Dos Hermanas, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca y Alcobendas.
Señoría, creo que con esto doy por cumplida la obligación que asumí ante esta Cámara y así lo constato ante sus señorías.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Escuín Monfort.


El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señora Ministra, queda perfectamente contestada mi pregunta y despejada mi preocupación. El cumplimiento escrupuloso del anuncio que usted efectuó en este Senado demuestra sin más la seriedad y la competencia de su Ministerio.
Muchas gracias, señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Escuín Monfort.
¿Señora Ministra? (Pausa.) Gracias.


--DE DON DIONISIO GARCIA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PONER EN FUNCIONAMIENTO UN NUEVO JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON (680/000376).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Senador García Carnero, tiene la palabra.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la carencia de medios materiales y de medios humanos ha sido tradicionalmente considerada como la razón fundamental de la lentitud en la tramitación de los procedimientos judiciales, que es, probablemente, uno de los mayores motivos de queja y preocupación de los ciudadanos en general. Y esa preocupación que tienen los ciudadanos en general señoría, la tiene también nuestro Grupo Parlamentario y la tiene el Grupo Territorial al que me honro en representar, el Grupo Territorial de Senadores Populares de Castilla y León.
Quiero decirle también, señoría, que hemos visto con agrado --y así lo saludamos y así se lo transmitimos--, en primer lugar, la respuesta que acaba de dar usted a la pregunta anterior, con una mayor dotación de medios personales, pero también, en segundo lugar, la incorporación en los Presupuestos Generales del Estado de este año de una dotación para la creación de nuevos juzgados de lo contencioso-- administrativo, una en cada una de las provincias de nuestra Comunidad, y de dos Institutos de Medicina Legal también en nuestra Comunidad, mayor dotación de medios que sin duda contribuirá a que pueda agilizarse la

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justicia y, sobre todo, pueda transmitirse la idea de una justicia más rápida y, por lo tanto, más eficaz.
Sin embargo, señora Ministra, en nuestra Comunidad existe una preocupación por la atención a un sector al que también hay que dotar de las garantías necesarias que la Constitución le ofrece: el sector de los penados, de las personas reclusas o privadas de libertad, y los juzgados de vigilancia penitenciaria juegan un papel primordial para el cumplimiento de esas garantías.
En nuestra Comunidad, la de Castilla y León, existe en este momento un solo juzgado de vigilancia penitenciaria en la ciudad de Valladolid que tiene que atender a las nueve provincias, a los numerosos centros penitenciarios que componen ésta, la más extensa de las Comunidades de España.
Si tomásemos como referencia cualquiera de los índices estadísticos, desde la población reclusa, el número de provincias, el número de centros, etcétera, se constataría a todas luces la insuficiencia de sólo ese juzgado de vigilancia penitenciaria para atender a tan amplio territorio y población.
Nos consta, señoría, que la voluntad del Ministerio es, en primer lugar, reconocer esa carencia y, en segundo lugar, dotar de mayores medios para cubrir esa necesidad. Es por ello por lo que, en nombre del Grupo Territorial de Senadores de Castilla y León, querríamos conocer de su señoría --y por lo tanto del Gobierno-- cuál es la previsión que tiene el Ministerio de Justicia en lo relativo a la creación de un mayor número de juzgados de vigilancia penitenciaria en la Comunidad de Castilla y León.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
La preocupación que ha manifestado su señoría es compartida por el Gobierno puesto que, efectivamente, desde el año 1988 la Ley de Demarcación y Planta establecía dos Juzgados de vigilancia penitenciaria para Castilla y León, uno con sede en Valladolid, y con el amplio territorio que su señoría ha señalado, y otro con sede en Burgos, que todavía no está puesto en funcionamiento.
Las deficiencias en el ámbito de la vigilancia penitenciaria llevaron al Gobierno a redactar un proyecto de ley Orgánica Reguladora del Procedimiento ante los juzgados de vigilancia penitenciaria que se encuentra, como digo, en sede parlamentaria, y que de alguna forma viene a condicionar la constitución de nuevos juzgados.
Sin embargo, señoría, es voluntad del Gobierno en la anualidad próxima, una vez que se dé luz verde a esta normativa, así como la puesta en funcionamiento de los nuevos centros penitenciarios de Salamanca, Palencia y León, no solamente poner en funcionamiento el juzgado ya creado, sino aumentarlo con uno más, cuya sede se decidirá en función del trabajo de estos centros penitenciarios.
Tenga su señoría la completa seguridad de que es un tema que preocupa al Departamento porque, evidentemente, los juzgados de vigilancia penitenciara son los encargados de dotar de protección a las personas reclusas cuyos derechos no pueden ser conculcados.
Este es el compromiso que en este momento puedo asumir. No obstante, según se vaya avanzando daré a su señoría cumplida respuesta a todas aquellas preguntas que quiera formularme.
Muchísimas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.


INTERPELACIONES:

--DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE PRETENDE DESARROLLAR EL GOBIERNO CON EL FIN DE REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA INCORPORACION A LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA, ASI COMO DE EQUIPARAR LA DURACION DE LA MISMA A LA DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y DE LOGRAR LA ELIMINACION DE LA BOLSA DE ESPERA (670/000060).


El señor PRESIDENTE: Terminadas las preguntas, pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las iniciativas que pretende desarrollar el Gobierno con el fin de reducir el tiempo de espera para la incorporación a la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia, así como de equiparar la duración de la misma a la del servicio militar obligatorio y de lograr la eliminación de la bolsa de espera.
Tiene la palabra el Senador Varela Flores.


El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, señora Ministra, la interpelación que hoy tratamos aborda un tema que ha sido objeto de numerosas iniciativas parlamentarias. La objeción de conciencia como causa de exención del deber del servicio militar obligatorio fue una cuestión muy debatida desde su reconocimiento constitucional y su tratamiento normativo ha estado acompañado de recursos, impugnaciones y sentencias del Tribunal Constitucional.
Pero no es hoy la Ley de objeción de conciencia como derecho el objeto de este debate, sino su consecuencia: la prestación social sustitutoria del servicio militar y los problemas que plantea que, desde luego, no son nuevos.
Desde el reconocimiento del derecho a objetar y el establecimiento de la prestación social, tanto el número de objetores como de puestos disponibles para el cumplimiento de su servicio ha ido en aumento, superando las previsiones que la Administración hacía sobre su desarrollo,

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y es que las tendencias de nuestra sociedad, empezando lógicamente por los jóvenes, también han ido evolucionando de forma constante.
Si el número de objetores ha ido creciendo, la sociedad, sin embargo, tiene una capacidad limitada para darles ocupación. Pero la cuestión es que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la nación, antes Socialista, ahora Popular, el problema subsiste y es difícil de resolver.
Nosotros nos hacemos cargo de ello y, por eso, planteamos esta interpelación desde una actitud de colaboración. Deseamos tener un mayor conocimiento de la evolución de la objeción y de la prestación para aportar ideas o apoyar iniciativas que pretendan darle una solución adecuada.
En su comparecencia del 17 de octubre del pasado año 1996, el señor González, Secretario de Estado de Justicia, afirmaba que el objetivo principal era conseguir la inmediata incorporación de los objetores a la prestación social, una vez obtenido el reconocimiento de su condición y siempre que ellos no quisieran demorarla. Pero en ese momento tal pretensión se encontraba con el escollo --decía él-- de una bolsa de 130.000 objetores pendientes de realizar la prestación social. Anunciaba un plan de choque con diferentes medidas imaginativas para atajar el problema, estableciendo unos objetivos de creación de nuevos puestos de actividad a un ritmo de 15.000 por año, lo que no deja de ser un esfuerzo importante. Un esfuerzo y un ritmo que ya se venían desarrollando antes de la existencia del llamado plan de choque. Así se había llegado en el mes de mayo del año 1995 a disponer de 72.738 puestos de actividad, según sus datos, y el número de objetores de conciencia declarado en 1995 fue de 72.832. Por lo tanto, unas cifras muy próximas entre sí, lo que permitía afirmar que las cosas entraban en vías de solución una vez que --es necesario recordarlo-- en ese año se había producido por primera vez desde 1986 una reducción de declaraciones de objetores de conciencia que se aproximó a las 5.000 respecto al año anterior.
Mientras las cifras de la objeción empezaban a bajar --aunque yo creo que es más correcto afirmar que se estabilizaban. Porque el hecho de que se reduzcan un año tampoco quiere decir que se invierta definitivamente la tendencia y continúen bajando en años sucesivos-- la dinámica de creación de nuevos puestos de actividad continuaba su marcha. Veamos unas cifras para hacernos una clara idea. Si el 31 de diciembre de 1995 había 66.514 puestos, en enero 70.721, en marzo 72.738, en mayo 78.022; es decir, en el primer trimestre de 1996 se crean 11.508; en el segundo semestre 13.579; y en el primer semestre del presente año se crean menos, 8.326 solamente, podemos concluir, siendo benévolos, que casi se mantiene la dinámica anterior y que el plan de choque no resuelve el problema.
Además, continuando con el análisis de las cifras, que advierto son las aportadas por el Gobierno en diferentes respuestas a preguntas de Diputados y Senadores, si la bolsa heredada era de 130.000 objetores y en 1996 se producen 93.279 nuevas declaraciones, suponiendo que en ese año el número de los que hicieron la prestación fue de 90.000, que es mucho suponer porque no había plazas para tantos, la bolsa no disminuyó sino que aumentó. Y si tomamos el presente año 1997 con el objetivo de tener a finales del mismo 105.000 puestos de actividad y en septiembre ya se había alcanzado la cifra de 90.542 declaraciones, podemos concluir de nuevo que el denominado plan de choque puede resultar insuficiente para dar respuesta a la creciente demanda y acabar con la bolsa mencionada.
Hablando de bolsa me gustaría saber qué ha sido de ella, porque en una respuesta del día 17 de marzo pasado se afirmaba que el número de objetores que llevan más de un año en situación de disponibilidad era solamente de 52.129. ¿Cómo se han esfumado los otros? En algún lugar deben figurar porque la prensa del pasado fin de semana afirmaba que se estaba pensando en amnistiar a unos 150.000 objetores que llevaban esperando un tiempo superior a un año.
Sin embargo la carrera de números es, a mi modo de ver, una parte del problema; la otra, de la que apenas se habla, es la de la calidad de los puestos que se crean o están en funcionamiento, entendiendo por calidad el servicio desarrollado desde el mismo, su utilidad para la sociedad, el grado de dedicación exigido, porque en ese afán totalmente justificado de crear el número de puestos que la situación ha venido demandando, han surgido muchos que no sirven para nada, que únicamente cumplen el papel, incluso escaso en muchos de ellos, de sujetar al objetor por el tiempo establecido o de contribuir a esta estadística que no deja de tener algo de absurda. Hay puestos en los que se cumple con la mera presencia sin actividad que realizar, en otros se hace parte del trabajo que corresponde al personal de la entidad, proporcionándole a éste un descanso remunerado, y en otros se ficha y desaparece durante el resto del día. No se tome esto como una crítica a la gestión de la Dirección General de Objeción de Conciencia; no, es una crítica al funcionamiento del mismo sistema, pero que necesita de su reconocimiento para recibir un tratamiento adecuado y razonable.
Ante este panorama cabe preguntarse si no sería mejor establecer los puestos de actividad que son realmente útiles --que son muchos sin duda--, que prestan servicio a la sociedad, que hace que quien los desempeña sienta que está cumpliendo un servicio eficaz para resolver un problema a una persona, a un colectivo o al conjunto; porque yo creo que en una democracia es necesario justificar el sacrificio pedido por la utilidad alcanzada, y que el esfuerzo, o mejor incluso la dependencia estéril, sólo sirve para desacreditar al sistema.
Los que creemos que la defensa del Estado es irrenunciable y que el servicio militar obligatorio es necesario mientras no se sustituya por unas fuerzas profesionales, debemos de coincidir también en que los puestos de la prestación social, además de servir para un reparto equitativo de las cargas en relación a quienes hacen el servicio militar, deben atender a necesidades reales. Esa sería la mejor forma de lograr credibilidad para el conjunto formado por el servicio militar y la prestación social.
Para abordar este problema es necesario tener en cuenta que forma parte de un complejo, el de servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria de ese servicio

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militar y, por tanto, su evolución y tratamiento está en función de las decisiones que se adoptan sobre el modelo de Fuerzas Armadas. Tiene la prestación social una posición supeditada al deber primero, que es el del servicio militar, y debe tenerse presente el criterio de justicia en la distribución de las cargas. De todas formas, la situación de servicio militar obligatorio ha cambiado a los ojos de los españoles desde el anuncio de su desaparición en plazo determinado. Ahora hay un escenario nuevo. En cinco años --que yo creo que tiene que ser menos-- habrá unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales, y mientras se llega a ello se produce una modernización de las mismas que tiene como consecuencia la reducción de sus efectivos humanos en un número muy significativo, al tiempo que cada año se incrementa el número de profesionales. El resultado inmediato es que cada año se necesita reclutar a menos jóvenes para el servicio militar. Tanto es así, que hace aproximadamente 10 ó 12 días el Gobierno decidió recuperar la figura del excedente de cupo del servicio militar, que afectará a cerca de 17.000 jóvenes el próximo año, y según parece todavía es mayor la cifra de los no necesarios, que llegaría a los 55.000. Ello nos hace pensar que, a pesar de todo, existe un número suficiente de jóvenes en nuestro país dispuestos a cumplir las necesidades de la defensa mediante su servicio militar durante estos años de transición al nuevo modelo, y también pensamos que están fuera de lugar las intenciones publicadas del Ministerio de Defensa de modificar las condiciones de la objeción de conciencia restringiéndolas en un momento en el que incluso se plantea la objeción sobrevenida.
Señorías, nos hemos abstenido de presentar iniciativas que incluso figuran en nuestro programa electoral porque había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre objeción de conciencia presentada por CiU y que podría ser el soporte adecuado para ellas. Si esa proposición no hubiese sufrido otra dilación que la ordinaria, es muy probable que en estos momentos el problema de la demora en la incorporación al puesto de actividad hubiera quedado resuelto.
Y acabo. Salvo que usted, señora Ministra, me demuestre lo contrario, me atrevo a afirmar que el plan de choque ha fracasado; las medidas en él previstas son las ordinarias, las que se pueden y deben acometer desde la propia Administración, pero lo que realmente necesita este problema es la adopción de soluciones políticas, con reflejos en iniciativas legislativas que las Cámaras han de aprobar. Eso sí sería un plan de choque para una situación nueva, la liquidación a corto plazo de la prestación social sustitutoria, del servicio militar obligatorio también en vías de liquidación.
Espero, señora Ministra, que usted nos anuncie las iniciativas necesarias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela Flores.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Varela, su señoría no ha recordado, porque se ha referido a la comparecencia del Secretario de Estado, no a las reiteradas comparecencias de esta Ministra para hablar de este asunto, que no es la primera vez que comparezco ante esta Cámara en relación con lo que la Ministra entiende como un derecho fundamental.
En diciembre del pasado año, en respuesta a una interpelación de la Senadora Coral Rodríguez Fouz, tuve ocasión de informar a sus señorías sobre las medidas adoptadas pocos meses antes con el fin de reducir la bolsa de objetores pendientes de realizar la prestación social sustitutoria. Hoy, por contra a la versión que se ha dado con anterioridad, creo poder demostrar que el plan diseñado en la Dirección General y en el Ministerio ha dado buenos resultados, sin que ello signifique ninguna medida de autocomplacencia ni de triunfalismo.
Desde las coordenadas de la convicción personal de que la objeción de conciencia ha de ser tratada con seriedad y respeto, como lo exige su naturaleza de derecho fundamental, quiero comparecer en este momento ante sus señorías para dar cuenta de cómo el Ministerio de Justicia ha tratado de garantizar el ejercicio de dicho derecho. Puedo afirmar que al día de hoy ningún joven solicitante ha manifestado que se haya puesto ninguna limitación al respecto de su decisión de objetar al servicio militar.
Otro de los principios rectores de la política del Departamento es cumplir con escrupulosidad toda la normativa dispuesta en materia de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria, sin que el incremento de objetores modifique el citado criterio; ni se van a endurecer las condiciones de realización de la prestación social a la que su señoría ha hecho referencia, ni se van a plantear exigencias no previstas en el Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria.
Su señoría manifiesta que el número de jóvenes que se han declarado objetores ha ido en aumento superando el ritmo de creación de puestos de actividad destinados al cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Sin embargo, durante el pasado año 1996, y por primera vez en la historia de la prestación social, el número de puestos de actividad ha superado al número de objetores de conciencia reconocidos, se han reconocido 91.204 nuevos objetores para un total de 91.601 puestos de actividad existentes a final de año; puestos de actividad que entiendo son dignos y necesarios. No comparto lo expresado por su señoría respecto a la falta de necesidad de esos puestos de actividad ni de que se ocupen plazas de trabajo de forma encubierta.
El importante incremento de jóvenes que solicitan el reconocimiento de la condición de objetor de conciencia podría ralentizar el proceso de normalización de la prestación social iniciado en el mes de mayo de 1996, sin que ello impida que el objetivo final se cumpla en la fecha prevista: finales de 1998. Pero el obstáculo más difícil de salvar es la bolsa de objetores pendientes que había en el referido mes de mayo de 1996; por no hablar de herencias, pero sí de cúmulo de objetores encontrados, había más de 130.000 objetores de conciencia pendientes de realizar la prestación

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social, lo que ha condicionado el resultado de las medidas adoptados por el Ministerio para la normalización de la prestación social.
Las previsiones se van cumpliendo no obstante, y los resultados demuestran --en opinión del Ministerio y de esta Ministra que tiene el honor de comparecer ante sus señorías-- que el camino elegido es el mejor.
A 30 de septiembre de 1997 se han concertado más de 105.000 puestos de actividad para la realización de la Prestación Social, que era el objetivo de creación de puestos para finales del presente año.
A pesar del incremento de objetores, la cifra de los jóvenes que se encuentran pendientes de realizar la prestación social ha pasado de más de 130.000, en mayo de 1996, a 101.645, reducción, en mi opinión, significativa. No sólo se ha reducido la cifra de objetores pendientes heredada de la anterior Legislatura, sino que se ha absorbido el crecimiento de nuevos objetores reconocidos.
Se han tomado medidas urgentes y adecuadas a los constantes cambios que se producen en materia de objeción de conciencia y de prestación social sustitutoria con objeto de estar a la altura de la reclamación social y, sobre todo, de los jóvenes españoles que demandan un esfuerzo de la Administración.
Con la publicación del Real Decreto 1248/97, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre convalidación de servicios voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria y se modifica parcialmente el Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, el Departamento ha conseguido dar cumplimiento a la Ley 6/96, de 15 de enero, del Voluntariado, puesto que se ha fomentado la acción voluntaria entre los jóvenes y, además de cumplir otra medida prevista en el plan de choque de 24 de julio de 1996, permite que los objetores de conciencia puedan cumplir la prestación social mediante la realización de servicios voluntarios que, posteriormente, le son reconocidos a efectos de la citada prestación social sustitutoria.
Con este sistema no debería haber ningún objetor, salvo que no estuviera bien informado, que deseando cumplir la prestación social sustitutoria encontrará dificultades para realizarla. No es obstáculo para que los objetores de conciencia puedan realizar la prestación social sustitutoria el que en su lugar de residencia habitual no haya puestos de actividad.
De hecho, los resultados son claros. Las solicitudes estimadas de convalidación de servicios voluntarios se han incrementado en más de un 400 por ciento en los nueve primeros meses del presente año respecto de todo el año 1996.
En la línea de facilitar el cumplimiento de la prestación social a todos los objetores de conciencia, el Ministerio ha firmado un convenio de colaboración para la realización de la prestación social de los objetores de conciencia en el extranjero con los Ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales. Para los jóvenes residentes fuera de España implicaba un esfuerzo añadido a la realización de la prestación social, ya que debían trasladarse a entidades ubicadas en el territorio nacional.
El Gobierno ha tenido en cuenta a este colectivo minoritario y ha hecho posible que no tengan que trasladarse a España para realizar la prestación social sustitutoria.
En el mismo sentido, se pretende aprovechar la coyuntura de la Proposición de Ley 122/24, a la que su señoría ha hecho referencia, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria para --como he dicho antes, señoría-- mejorar las condiciones de realización de la prestación social, incluyendo una reducción de su duración para equipararla, en la medida de lo posible, a la del servicio militar obligatorio, y para establecer la corresponsabilidad en la gestión de las Comunidades Autónomas que lo deseen y la fijación de límites al tiempo de espera para realizar la prestación social sustitutoria frente a la indefinición actual de la Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, procurando que el límite que se establezca no sea tan reducido que haga inviable la prestación social, cofigurándola como una situación --entre comillas-- de privilegio frente al cumplimiento del servicio militar.
Al hilo de lo expuesto, quiero hacer una referencia al proceso, porque así lo ha hecho su señoría, de profesionalización de las Fuerzas Armadas y su incidencia en las circunstancias que afectan a la prestación social sustitutoria, con especial mención del debate que se está tratando de suscitar en torno a la despenalización del incumplimiento de la prestación social.
Creo --como ya he dicho ante esta Cámara-- que la situación actual debe mantenerse porque está en juego el interés público de la defensa. En definitiva, como su señoría ha dicho, el interés público de todos los españoles en el que su señoría cree.
Dejar sin efecto en este momento los artículos 527 y 528 equivaldría a implantar una fórmula de aministía encubierta y daría lugar a la quiebra del derecho de igualdad, por cuanto son muchísimos los jóvenes que sí han respetado la normativa legal.
En estos momentos hay más de 70.000 objetores de conciencia que sí están cumpliendo su deber de realizar la prestación social.
En mi opinión, actualmente no existe justificación para suprimir una parte de un cuerpo legal tan importante como es el Código Penal. Mientras exista la obligación de cumplir un deber constitucional, tiene que existir una decisión coercitiva que impida el incumplimiento.
Pero dicho esto, también quiero decir que es voluntad del Ministerio de Justicia que en el momento en que esté asegurado ese interés público por otras vías diferentes a las del mantenimiento del servicio militar obligatorio, no transcurrirán ni veinticuatro horas sin que el Departamento elabore y presente a la Cámara las propuestas de modificaciones legislativas que despenalicen el incumplimiento de unas obligaciones cuyo mantenimiento ya no será necesario. El desarrollo de este proceso implica un mínimo de responsabilidad por parte de todas las instituciones, responsabilidad que, en mi opinión, exige respetar el calendario establecido, que es garantía de hacerlo bien.
El Gobierno ha fijado un calendario que tiene en cuenta, tanto la importante función de las Fuerzas Armadas, como el interés de la prestación social sustitutoria. Si

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se provoca con medidas irresponsables el adelanto de los plazos señalados se podrían deteriorar las necesidades de las Fuerzas Armadas y perjudicar los compromisos internacionales que tiene España con determinadas organizaciones.
En otro orden de cosas, el Gobierno espera que la citada proposición de ley, a la que su señoría y yo misma hemos hecho referencia, permita mejorar --insisto, mejorar-- las condiciones de los objetores de conciencia, y al mismo tiempo que el tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas sea un proceso prudente y lo más pacífico posible. Con este objetivo, el de la prudencia y la paz, se compaginan ambas obligaciones y se procede a adecuar la función de la defensa de las Fuerzas Armadas con la función social de la prestación social sustitutoria. De ahí que quiera salir al paso de ciertas informaciones que se emiten sobre supuestas aministías y a las que su señoría ha hecho referencia cuando ha mencionado el titular de un determinado medio de comunicación.
Señoría, es imposible que sea cierta esa cifra de 150.000 objetores --creo recordar-- porque en este momento, como le he dicho a su señoría, no existe ese número de objetores pendientes sino que existen 101.000, y de ellos, con más de un año no se llega a los 40.000 objetores. Es, pues, absolutamente imposible que esa noticia haya salido de fuentes oficiales y esté contrastada con los datos reales existentes en el Ministerio de Justicia.
En este momento sólo me queda hacer una llamada a su señoría para que, con ese ánimo constructivo que ha manifestado desde el primer momento, entre todos nos pongamos a trabajar sabiendo que el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno, y más concretamente desde el Ministerio de Justicia, está dando sus frutos. Efectivamente, se trata de un tema muy complejo en el que confluyen muy diversos intereses, pero creo que su señoría ha jugado con datos que no se corresponden con la realidad. Por el contrario, los que yo le he dado a su señoría son los auténticamente reales.
El plan de choque diseñado en su momento ha dado bastante más resultado que el que su señoría ha reconocido aquí y, como le digo, no se trata en modo alguno de que el Gobierno pretenda endurecer la prestación social sustitutoria sino, antes al contrario, el Gobierno intenta hacer posible, en la medida en que sus señorías así lo deseen, que los jóvenes que se declaran objetores de conciencia puedan con toda facilidad hacer uso de un derecho contenido en la Constitución de la forma más útil para la sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (El señor Varela Flores pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Por el artículo 87 tiene la palabra el Senador Varela Flores por tiempo de cinco minutos.


El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, por un lado su señoría me tranquiliza y por otro me decepciona. Me tranquiliza cuando usted afirma que no va a haber ningún recorte en los derechos al ejercicio de la objeción de conciencia, aunque parece que eso no es compartido por algunos de sus compañeros de Gabinete.
Los datos que he mencionado no me los he inventado. Son los que ha ido proporcionando su Ministerio durante estos meses a preguntas de Senadores y Diputados. Es decir, no los he sacado de los medios de comunicación.
Unicamente he sacado de dichos medios esa cifra de 150.000 posibles indultados a través de la proposición de ley de Convergència i Unió.
Y también digo que me ha decepcionado porque esperaba, señora Ministra, que su señoría aportara algo más y, sobre todo, que reconociera que el problema subsiste, que el problema no se resuelve con ese esfuerzo al que usted llama plan de choque.
Efectivamente, se toman medidas, se abren nuevas canteras, pero eso no llega a atajar el creciente número de declaraciones de objeción de conciencia que se producen cada año. No sé exactamente cuál es la cifra en estos momentos; conozco la del mes de septiembre, que supera los 90.000, pero faltaban todavía cuatro meses para que finalizara el año, por lo que me imagino que ya sobrepasan con mucho los 100.000.
En cualquier caso, en septiembre solicité la comparecencia de su señoría en Comisión para que abordara estos temas, aportara todos los números al respecto, y se refiriera a la evolución, tanto de la objeción de conciencia, como de los puestos de la prestación social sustitutoria creados a través del denominado plan de choque.
En mi primera intervención he dicho que no voy a regatear ningún tipo de elogio, al igual que tampoco voy a hacer ninguna crítica, sobre el funcionamiento del plan; creo que se trata del funcionamiento ordinario de la Dirección General de la Objeción de Conciencia, de lo que tiene que realizar. Pero eso es insuficiente para resolver el problema, y éste consiste en que sigue aumentando el número de objetores y que la sociedad española no tiene capacidad suficiente para dar a cada uno de ellos un puesto útil de servicio.
Su señoría ha dicho que todos los puestos son necesarios, pero no es así.
Conozco muchos casos en los que se va a fichar por la mañana, y no se vuelve durante todo el día. Otros, en los que no se va durante todo el tiempo y se deja el número de teléfono para ser llamado si aparece la Inspección. Otros muchos, en los que se está supliendo el trabajo de los funcionarios, que tienen una mayor relajación a la hora de realizar sus tareas, al haber un ayudante para llevarlas a cabo. Por tanto, conozco muchos casos en los que no sería necesario hacer ningún esfuerzo económico ni tener sujetos a una serie de jóvenes que seguramente tienen otras cosas más interesantes y útiles que hacer en esta etapa crucial de sus vidas.
Por tanto, creo que, en primer lugar, conviene reconocer que el problema está ahí. ¿Está usted, señora Ministra, en condiciones de afirmar que el problema queda resuelto por esta vía? Porque, siendo optimistas, y considerando que el plan funcione, llevaría más de diez años acabar con esa bolsa de espera de objetores de conciencia. Dentro de

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cuatro años no tendremos este problema, porque habrá un ejército profesional y no existirá la prestación social sustitutoria; pero se producirá uno nuevo: que en otros muchos casos, en los que estas plazas cumplen una función real, existirá un vacío que será necesario cubrir de alguna manera, y los poderes públicos tendrán que hacer un esfuerzo para que dicho vacío no repercuta en los nuevos servicios que la sociedad ya está acostumbrada a recibir.
Me parece bien que sea la proposición de ley del Grupo de Convergència i Unió la que sirva de soporte a estos cambios legislativos. La equiparación en la duración del tiempo es una de las medidas a adoptar, entre otras cosas, porque con ello se logra de manera automática el aumento de los puestos: se reduce en el 25 por ciento el tiempo de la prestación y, correlativamente, aumenta un 25 por ciento el número de puestos disponibles para los objetores de conciencia. También me parece extraordinaria la incorporación inmediata, es decir, ese plazo de un año, como se establece en la proposición de ley, que ustedes han enmendado en ese punto concreto por no aceptarlo, y no así mi Grupo. Por tanto, en estos momentos hay una incoherencia por su parte que no se puede sostener, al haber mostrado su Grupo parlamentario su desacuerdo. Otra cosa es que, como el escenario en este caso es muy cambiante, también cambien las posturas y se adapten a las nuevas situaciones.
Por otro lado, creo que hay que utilizar otro instrumento, de pura lógica, que es el siguiente. Si tenemos un número suficiente de jóvenes dispuestos a realizar el servicio militar obligatorio, pero superior al de puestos necesarios, y se recupera la figura de la excedencia de cupo, en el caso de la prestación social sustitutoria --que está en función del cumplimiento del servicio militar obligatorio, es una forma de garantizarlo--, si también existe un número determinado --aunque vaya en aumento-- de puestos para esta actividad, pero el de jóvenes que están esperando es superior, creemos que también es necesario la excedencia de cupo para no mantener una situación artificiosa, ya que estos instrumentos estaban indicados para un modelo que ya ha fallecido.
Falleció el año pasado y estamos caminando hacia otro. En muy poco tiempo estos jóvenes ya no van a realizar ninguna de las dos cosas.


El señor PRESIDENTE: Señor Varela, vaya terminando.


El señor VARELA FLORES: Ya termino, señor Presidente.
¿Qué va a suceder con esa bolsa que todavía existirá, aunque mermada, en el mejor de los casos, si nosotros damos como buena su valoración de la evolución, aunque no la consideramos así porque los datos que ustedes nos han aportado nos están informando en otro sentido? Simplemente tendremos, no digo que amnistiar, pero sí liberar de la prestación y del servicio a decenas de miles de jóvenes. Me parece que la situación más equitativa es acometer ahora el problema e ir eliminando aquellos que nos van sobrando cada año para realizar, tanto el servicio militar, como la prestación social sustitutoria.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Se abre un turno de intervención de los grupos parlamentarios.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en este debate en nombre de mi Grupo para, una vez más --y ya son muchas--, incidir en las mismas cuestiones, razones y argumentos que siempre ha sostenido el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Empezaré por admitir, señora Ministra, sus esfuerzos, aunque sinceramente he de decirle que yo hubiera preferido que fueran dirigidos a otros menesteres.
A decir verdad, el tema que motiva la presente interpelación del Grupo Parlamentario Socialista me produce a estas alturas cierto rubor y bastante vergüenza ajena, al tiempo que no deja de asombrarme esta iniciativa, que ya fue formulada en esta Cámara en términos similares hace exactamente un año, según se ha explicitado hace un momento.
El problema, si es que hay que llamarlo así y no previsión desastrosa, parece que tan sólo es de hoy y no de ayer, como surgido por generación espontánea, cuando la verdad es que ostenta una larga historia para la que jamás ha existido ni existirá capacidad de solución, ni siquiera medianamente digna, a pesar de sus dignos esfuerzos, señora Ministra.
Esto lo decimos hoy con la misma rotundidad y firmeza con la que siempre nos hemos manifestado en todo lugar sobre este particular.
Toda esta imposibilidad que gradúa el total fracaso de un sistema incapaz de solucionar absolutamente nada es fruto de una legislación errónea y de imposible cumplimiento en todos sus ordenamientos, una legislación creada de espaldas a una realidad presente y muy tozuda, en todo momento y en avance de constante incremento, hasta llegar al colapso, haciendo que el hecho, como tantas veces ocurre, anteceda al derecho. Es una legislación y unas falsas expectativas creadas ciertamente por el Grupo Parlamentario Socialista en el poder y con el amparo del Partido Popular, entonces en la oposición, haciendo que causa y efecto vayan hoy de la mano.
Sin embargo, parece como si el Grupo Parlamentario Socialista se nos presentara hoy aquí como un ser impoluto que nada tiene que ver con el desastre social, con el «crack» a que ha devenido el sistema diseñado con motivo de la objeción de conciencia, el servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria, etcétera, por no hablar de la insumisión, e interpela al actual Gobierno sobre el particular, sobre una problemática de orden social y muy grave, pero que proviene de largo tiempo y que desde sus orígenes hasta hoy --lo mismo será mañana--

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no tiene solución. ¿cuándo terminaremos por convencernos de todo ello? Ya en diciembre de 1991 fuimos en este foro como la voz de quien clama en el desierto y objeto de total desacuerdo, cuando en referencia a la prestación social sustitutoria decíamos y preguntábamos: ¿Qué plan existe? ¿Qué posibilidades de atención o encuadramiento se hallan previstas para tantos y tantos objetores de conciencia? Conflictivas son la aplicación práctica de la legislación y el cumplimiento mismo de la prestación social, porque es evidente la carencia de plazas concertadas suficientes para realizar la prestación impuesta.
Añadimos: no hay previsión ni provisión de unas sustituciones sociales compensatorias equilibradas, y éste es un problema latente que va a quedar sin solución. De nada sirve, continuábamos, que los ciudadanos traten de cumplir una legislación que la Administración es y será incapaz de cumplir en la parte que le afecta. De esto hace ya la friolera de seis años.
Siguiendo con la historia, en febrero de 1994, en este mismo foro, nos expresábamos así: A todos estos jóvenes se les obliga a una prestación sustitutoria que carece de respuesta adecuada para tan numerosa demanda.
La quiebra del sistema no tiene remedio, puesto que el número de objetores seguirá creciendo geométricamente y de modo imparable sin descontar con que muchos de ellos terminarán por incorporarse al colectivo de insumisos, etcétera. La suma de ambos colectivos más las incorporaciones venideras, harán que el Ejército de reemplazo se vaya al garete por la vía de los hechos, dado que carecerá de los recursos humanos pretendidos con la visión ciega de la conscripción universal.
Decíamos también que todo ello se merecía una reflexión y una toma de conciencia, por ser responsabilidad nuestra y responsabilidad del Gobierno. A esto nos replicó el señor Belloch, desde este mismo estrado, entonces Ministro de Justicia e Interior, en los términos siguientes: No existe ningún riesgo en cuanto a que no tengamos plazas para el futuro, están ustedes equivocados. Es verdad que esta cuestión creció mucho más de lo que se preveía --de lo que preveía él, digo yo, ése es un problema, pero lo vamos a arreglar. En breve presentaré un programa integral de reforma de la prestación social sustitutoria para garantizar su pleno y eficaz funcionamiento con adecuación a la entidad y a la dimensión del problema y con un nivel de estructura que lo resuelva. Garantizaremos, decía, la efectividad y la seriedad con rigor. Vamos a arreglar la cuestión por obligación y por responsabilidad. Hasta hoy.
Sin embargo, una vez más, la realidad es la que termina por imponerse a las palabras y a los deseos. Imposible ha sido solucionar hasta hoy el problema. Ha sido imposible en el pasado, tanto como lo será en el futuro. Y esta imposibilidad es consecuencia de la manifiesta incapacidad de reconducir ese ingente fenómeno social que conforman los jóvenes objetores y también--por qué no decirlo-- los jóvenes insumisos y la amplia comprensión y apoyo que buena parte de la sociedad les confieren, convirtiendo en posible aquello que no hace mucho tiempo se consideraba imposible.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
No estamos ante un problema, más bien estamos ante un fracaso rotundo, ante una derrota irreversible de las instituciones del Estado, que se ven efectivamente desbordadas por la realidad, siempre terca de los hechos que, primaria y fundamentalmente, han surgido del rechazo cultural generalizado de los jóvenes hacia la conscripción universal, al servicio militar obligatorio y hacia el hecho militar en su anterior y actual concepto estructural. Es la derrota de unas leyes y decretos que pudieron nacer de un acto de voluntad pura --eso sí--, pero en modo alguno acomodados a la realidad social, siempre cambiante, ni ajustables a las circunstancias y necesidades propias del cuerpo social al que se destinaba.
No hay medida de choque que valga a estas alturas, con miles y miles de nuestros jóvenes en una especie de indefensión absoluta, en pleno desconcierto y sin luz alguna sobre su futuro inmediato, que no sienten deseos ni precisan de la prestación social sustitutoria para sentirse verdaderamente útiles y dentro de la sociedad a la que pertenecen.
Se ha fracasado rotundamente en el tratamiento institucional y jurídico.
Por respeto a la realidad social existente, que nunca engaña, mi Grupo, señora Ministra, señorías, estima de necesidad que el Gobierno elabore con urgencia, antes lo dijimos y lo pedimos, lo que pudiera denominarse una ley de punto final, que sin duda el colectivo de jóvenes valorará en su justo precio, así como la sociedad entera a la que servimos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, estamos ante una cuestión, sin duda, de una rabiosa actualidad y que con la aplicación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales, que también lo tenemos a corto plazo, se podía pensar que este es un asunto que debería quedar aparcado, ya que quedará sin efecto a partir del año 2000, y no voy a entrar ahora en si es el 2000, 2001 ó 2003. Pero creo que no debe quedar aparcado, sino al contrario, ya que todo esfuerzo para cubrir adecuadamente y con garantías este período transitorio que se nos avecina facilitará la aplicación del nuevo modelo con toda normalidad, sin problemas ni sobresaltos, y asegurará el futuro del mismo. Por tanto, nos parece oportuna e interesante la interpelación del Senador Varela.
El número de jóvenes que se han declarado objetores ha ido en aumento y a pesar del esfuerzo en crear y concretar nuevas plazas, no se ha evitado la existencia de una importante bolsa de objetores de conciencia, que esperan a ser llamados para el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y que no debería demorarse. Por consiguiente, saber cuáles son las iniciativas del Gobierno para intentar paliar

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este problema y en general todo lo que afecta a la objeción de conciencia, repito, es interesante e importante.
Desde mi punto de vista, el debate ha sido francamente constructivo, aunque sin duda, y esto es bueno, con disparidad de criterios --y en algunos casos, Senador Bolinaga, con total disparidad de criterio-- pero yo diría que se han hecho referencias a cuestiones realmente importantes: a las innumerables iniciativas que ha habido al respecto; a la evolución de los jóvenes y a la capacidad de la propia sociedad para resolver este problema; a la actitud de colaboración por parte del propio Senador Varela; al problema grave de la bolsa y plan de choque, así como a su fracaso; a las críticas que ha habido al sistema, y que es lógico que existan; a que los puestos deben atenderse con necesidades reales y a las irregularidades detectadas en este cumplimiento y a la posibilidad --y esto es bien cierto que lo recogemos-- de hablar de excedencia en cuanto a este punto concreto.
La señora Ministra, lógicamente, ha resaltado unos mejores resultados de los que se han indicado hasta el momento a las garantías establecidas a la agilización constatada; a una reducción de la bolsa, que era más importante tiempo atrás; a nuevos convenios en el extranjero; ha aceptado una fijación de límites, aunque también ha remarcado que sin llegar a una reducción inviable y al compromiso de despenalizaciones futuras.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, me gustaría decir lo siguiente. Nuestro Grupo está tan sensibilizado y preocupado por esta cuestión, que es cierto que en el mes de junio pasado presentamos en el Congreso una proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
No voy a defender ahora, porque creo que no toca, esta iniciativa, más que nada porque contiene modificaciones legislativas que yo creo que van más allá de lo que pretendía y de lo que ha sido el debate de esta interpelación. Pero lo remarco por lo siguiente. Primero, para defender que es interesante hablar y profundizar sobre la objeción de conciencia y que al hacerlo no estamos en absoluto comprometiendo la aplicación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, siempre que este debate se haga con claridad y normalidad. Segundo, que estamos de acuerdo en que hay que dar una salida a la importante bolsa actual. Tercero, que creemos que se deberían ampliar los sectores en los que se pueda desarrollar esta prestación. Cuarto, que puede facilitarlo el que se traspase la gestión y la inspección a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias que les otorguen sus Estatutos de Autonomía. Y, quinto, que sin duda apoyamos plenamente la equiparación de la duración de esta prestación a la del Servicio Militar obligatorio.
Esta sería nuestra posición respecto a este debate, que, repito, consideramos interesante, y por nuestra parte, señora Ministra, señorías, no nos queda más que estar a la espera por si se presenta una nueva iniciativa al respecto.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para posicionarme en torno a las dos intervenciones anteriores.
Celebro que el Senador Carrera reciba de forma positiva esta iniciativa por nosotros planteada y el contenido que en ella hemos tratado de explicar. Yo creo que la forma de atajar el problema es buscar nuevas soluciones. Hemos visto que las planteadas hasta ahora han servido para ir soportando un sistema, pero que en estos momentos ese sistema está roto.
Y con esto voy a contestar al Senador Bolinaga, que ha hecho una intervención tan pesimista, tan cargada de contenido negativo. Usted ha criticado lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero no he escuchado ni una sola idea, ni una sola aportación para resolver esta cuestión, si bien ha hecho una referencia a una ley de punto y final. Imagino que la ley de punto y final vendrá dada una vez que desaparezca el último soldado que esté haciendo el Servicio Militar obligatorio. No hay mejor ley que ésa, y creo que la señora Ministra ha hecho referencia a esa fecha diciendo que no tardaría ni 24 horas, una vez que esto se produzca, en adoptar las iniciativas necesarias para que todos los demás asuntos pendientes queden, lógicamente, saldados.
Ha hecho su señoría una crítica al sistema diseñado por el Partido Socialista, pero usted no parte del punto original, que es el reconocimiento constitucional del ejercicio de un derecho, y a partir de ahí es necesario un desarrollo legislativo para atender a dos cuestiones: la primera, básica, la aportación de jóvenes al Servicio Militar obligatorio; la segunda, supeditada, el establecimiento de un sistema para que los objetores de conciencia cumplan también con un servicio y, por lo tanto, que haya una distribución justa de las cargas con los deberes de los jóvenes españoles.
Me parece que es también necesario señalarle que la historia ha cambiado.
Desde el año pasado, en que se produce el acuerdo entre Convergència i Unió y el Partido Popular para profesionalizar las Fuerzas Armadas, estamos en un escenario nuevo, y por lo tanto conviene replantearse los instrumentos que teníamos para mantener el sistema anterior. El sistema anterior ha decaído. Estamos en un momento de transición y todo tiene que ser revisado. Por lo tanto, yo creo que usted no debe confundir lo que es la coherencia que un partido debe mantener en los planteamientos que ha hecho a lo largo del tiempo con el inmovilismo cuando ese partido no se adapta a las nuevas necesidades. El escenario, como digo, es otro totalmente diferente, y los planteamientos tienen que ajustarse a las necesidades del nuevo. Creo que eso es coherencia. (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien, Guillermo!) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.


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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, el Senador Socialista interpelante pretende en el texto de su iniciativa parlamentaria que el Gobierno manifieste cómo va a lograr la eliminación de la bolsa de espera, cómo va a reducir el tiempo de espera para la incorporación de los objetores a la prestación social sustitutoria y cómo va a equiparar la duración de dicha prestación social sustitutoria a la del Servicio Militar obligatorio. Es en relación con estas cuestiones y por su mismo orden como pretendo trasladar a la Cámara la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a la bolsa de espera y su eliminación, es evidente --los datos cantan-- que en mayo de 1996 existía ya una bolsa de objetores, heredada por este Gobierno de la gestión del anterior, cifrada en 130.000 jóvenes pendientes de poder realizar la prestación social sustitutoria.
Son éstos, sin duda, a los que alude el Senador socialista cuando se refiere literalmente a la existencia de una importante bolsa de objetores de conciencia que esperan a ser llamados para el cumplimiento de la prestación social sustitutoria durante cuatro o cinco años. Y digo que son éstos pues no otros pueden ser. Evidentemente, hace cuatro o cinco años, el tiempo que dice que llevan esperando, era el anterior Gobierno el que nos regía, y no el actual. Por lo tanto, todos los objetores de conciencia que desgraciadamente llevasen esperando ese tiempo configurarían la bolsa heredada a la que antes he aludido y que la señora Ministra ha calificado como el obstáculo más difícil de salvar.
Sobre la mala gestión que propició aquello no voy a centrarme ahora, pues, además de que ya fue denunciado en su día desde múltiples foros públicos, sociales e institucionales, y entre éstos, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, ahora hemos de aludir al presente, agradeciendo además al Senador interpelante la oportunidad que facilita al Gobierno para exponer, y a la Cámara para conocer, los frutos de su plan de choque.
Al presente, digo, para valorar cómo de aquí a finales de 1998, conforme estaba previsto, se pueden ir cubriendo razonablemente los objetivos del referido plan. Unos objetivos que, por cierto, el anterior Ministro, señor Belloch, había señalado que se cumplirían por su parte para 1996, en que, decía, podríamos considerar normalizada la situación. Y afirmaba: La previsión es muy realista; esto, normalmente, se va a producir aunque no haya mucha ayuda. Luego se fueron ustedes, y nos dejaron los 130.000.
Pues bien, por una parte hay que decir que las nuevas e imaginativas soluciones que contenía el plan de choque para la normalización de la prestación social sustitutoria --la calificación de «imaginativas» es de su compañero de escaño, el Senador Marín Rite-- han tenido unos resultados positivos, sin ánimo de ser triunfalistas, que, ya relatados por la señora Ministra, evito reiterar, pero que, en todo caso, favorecen la paulatina eliminación de la bolsa y, desde luego, que las previsiones se vayan cumpliendo.
Por otra parte, me satisface que el Senador interpelante convenga conmigo --y, desde luego, con la posición del Gobierno-- en que, para evitar que la referida bolsa se incremente, no cabe bajo ningún concepto plantear el endurecimiento de las condiciones de realización de la prestación social sustitutoria, sino el escrupuloso cumplimiento de la normativa. Aunque confío en que también convendrá en que el Servicio Militar obligatorio se realice en las condiciones más razonables y de mayor utilidad social. Y en definitiva, y desde luego, que ambos servicios a la sociedad se traten de manera equilibrada lo que evitará es, como bien ha comentado la señora Ministra, interesadas objeciones, más de conveniencia que de otro tipo.
Con respecto a cómo va a reducir, más bien diría a cómo está reduciendo el Gobierno el tiempo de espera para la incorporación de la prestación social sustitutoria, hay que indicar que ello está siendo facilitado por la propia y paulatina supresión de la bolsa, por el incremento selectivo de puestos de actividad, por el aumento de la colaboración con aquellas entidades que habitualmente cuentan con un mayor número de objetores, por el incremento del establecimiento de convenios y por la eliminación de tiempos muertos ya prevista en el plan de choque, así como por la realización de llamamientos más frecuentes y, lo que es de gran importancia, por la aprobación y aplicación del Reglamento sobre convalidación de servicios voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria, agotando las posibilidades del artículo 15 de la Ley del Voluntariado.
Todo ello está propiciando, con la ampliación de la oferta, que se puedan ir cumpliendo los objetivos hasta llegar a alcanzar el resultado previsto para finales de 1998. En todo caso, la voluntad manifestada por la señora Ministra señala la posibilidad de fijar límites al tiempo de espera para realizar la prestación social sustitutoria frente a la indefinición de la actual Ley de 1984, lo que constituiría una garantía más de los ciudadanos con respecto a la actuación de nuestra Administración y a su diligencia.
Cabe plantear otras medidas, el Grupo Parlamentario Popular está valorando y sopesando meditadamente algunas más. Lo curioso es que se plantee por alguien que ha estado tanto tiempo en el Gobierno y que antes no lo ha hecho bajo la excusa de que ha cambiado el escenario. A nuestro entender, el único escenario que ha cambiado es que ustedes antes eran Gobierno y ahora son oposición.
Finalmente, y con relación a la equiparación de la duración de la prestación social sustitutoria a la del servicio militar, que se plantea ahora por primera vez, tras sus trece años de Gobierno en que no lo hicieron, no podemos aceptarlo y nos satisface lo que ha manifestado la señora Ministra al referirse a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de Convergència i Unió, todo ello enmarcado en el firme criterio del Gobierno de no aprobar innecesarias medidas radicales que puedan provocar, por razones ajenas a las de conciencia, un fuerte desequilibrio en favor de la objeción y en detrimento del Servicio Militar, derecho y deber constitucional de servicio a España por parte de nuestros jóvenes.
En cualquier caso, no quisiera dejar de subrayar que si la presente interpelación es interesante, y lo es, pues ha posibilitado

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que el Gobierno nos exponga con claridad y datos su positiva política es un problema muy serio, muy difícil, como ustedes mismos lo han calificado y reconocido, más interesante aún hubiera sido haber contado con idénticos criterios y eficaz actuación por parte del anterior Gobierno que, como prometió y no cumplió, debía haber solucionado el problema en la anterior legislatura.
Por eso, el planteamiento que ustedes exponen como oposición, escudándose en un cambio de escenario que ya le he interpretado, señor Senador, me viene a recordar aquella frase, hoy ya casi lapidaria, que utilizó, atribuyendo a su oposición, el que un día fue Presidente del Gobierno, líder y Secretario General --hoy ya no lo es-- de su Partido: Nosotros eso, y además un huevo duro.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iríbas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para agradecer el tono de todas y cada una de las intervenciones, indistintamente de que se han efectuado pronunciamientos que yo no comparto.
Mi posición al respecto no coincide con la intervención realizada por el Senador representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, evidentemente, pero creo que a través del diálogo y trayendo los temas donde deben ser debatidos con toda serenidad, es como se puede encontrar mejores soluciones al problema. El problema existe, yo no puedo afirmar que en diecisiete meses hayamos solucionado el problema, pero lo que tampoco puedo hacer, porque no sería justa con las personas que han dedicado muchas horas a este asunto en los últimos diecisiete meses, es no manifestar ante la Cámara que el plan diseñado en su momento ha tenido un resultado positivo, y siempre con respeto absoluto al derecho de los jóvenes a objetar, y también al deber de los jóvenes, hoy por hoy así recogido, de colaborar en un trabajo distinto, en una función distinta de lo que es el Servicio Militar.
Quisiera hacer un llamamiento a los distintos responsables para que el tema lo tomemos como lo que es, un tema fundamental para nuestros jóvenes, pero también para nuestra sociedad. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Como he dicho antes, no vengo con afán triunfalista, pero sí con datos ciertos y, para no cansar a sus señorías en este momento con cifras, que como no tienen otro soporte más que mis palabras pueden ser cuestionadas, sí me gustaría remitir por escrito a todas y cada una de sus señorías las cifras concretas, a fecha 30 de septiembre de 1997, respecto a reducción de plazos de espera, puestos de incorporación, etcétera, para que tengan constancia efectiva de que el plan diseñado ha tenido un resultado cierto.
Insisto en la observación de ser responsables con el período transitorio que nos queda. Asimismo, hay que ser responsables también para trasladar a nuestros jóvenes la responsabilidad que tienen que asumir en este momento. No lancemos mensajes que no son constructivos, porque con ello lo que estaremos haciendo es atacar un afán de solidaridad que es lo más lejano a lo que deben hacer los representantes del pueblo de España.
Con esta llamada termino mi exposición agradeciendo nuevamente la intervención y el tono empleado por todos los señores intervinientes.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA OCTAVA AMPLIACION DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EN LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE SU FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES (S.
621/000047) (C. D. 121/000031).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, a continuación al punto tercero del orden del día, que es el conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero es el proyecto de ley por el que se autoriza la participación de España en la octava ampliación del capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley. No habiendo turno a favor, en contra ni turno de portavoces, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es y así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el que se autoriza la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su fondo de operaciones especiales.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 47.830.121.054 PESETAS, PARA CANCELAR LOS MAYORES GASTOS OCASIONADOS POR CORRECCIONES FINANCIERAS IMPUESTAS POR LA UNION EUROPEA POR SOBREPASAR LAS CUOTAS DE PRODUCCION LACTEA EN LOS AÑOS 1990, 1991 Y 1992, REALIZAR PAGOS FUERA DE PLAZO Y OTRAS DE DIVERSOS SECTORES (S.
621/000048) (C. D. 121/000034).


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios, por un importe de 47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores.
No se han prestado enmiendas. No habiendo petición de intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Así es, así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios, por importe de 47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y DE UN SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 536.679.448 Y 63.339.367 PESETAS, RESPECTIVAMENTE, PARA SATISFACER RETRIBUCIONES DE JUECES EN PRACTICAS Y DE PROFESORES ORDINARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (S. 621/000049) (C. D. 121/000036).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
No habiendo petición de intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado este proyecto de ley.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 1.386 MILLONES DE PESETAS PARA AJUSTAR LA SUBVENCION DE EXPLOTACION DEL ESTADO A MINA LA CAMOCHA, S. A., AL IMPORTE FIJADO EN EL CONTRATO-PROGRAMA CORRESPONDIENTE A 1996. (S. 621/000050) (C. D.
121/000054).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de la explotación del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el contrato-programa correspondiente a 1996.
Si no hay petición de intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado dicho proyecto de ley.


--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN LA SEPTIMA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO (S. 621/000051) (C. D. 121/000059).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proyecto de ley por el que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de Desarrollo.
No hay intervenciones de petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales dicho proyecto de ley.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 4.989.841.962 PESETAS PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995, POR LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES NACIONAL (S. 621/000052) (C. D. 121/000055).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.989.841.962 pesetas para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
Si no hay petición de intervención, propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales dicho proyecto de ley.


--PROPOSICION DE LEY PARA LA INCLUSION DE LA VARIANTE DE PAJARES EN EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (S. 625/000002) (C. D. 125/000006).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proposición de ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras.
Sobre esta proposición de ley hay petición de palabra. En primer lugar, tiene la palabra la Senadora Dolores Gorostiaga.


La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el 18 de marzo el Congreso aprobó una proposición no de ley de Izquierda Unida en la que se instaba

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al Gobierno a impulsar la construcción de la denominada variante ferroviaria de Pajares, así como a recuperar los créditos necesarios para finalizar los estudios previstos a la obra y permitir su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado. Esta proposición no de ley fue aprobada por unanimidad.
En este momento estamos ante el mismo tema. Pero con unos matices de importancia para nuestro Grupo: estamos ante una proposición de ley con un artículo único que tiene el objeto de que sea incluida en el Plan Director de Infraestructuras una obra; de la inclusión de una obra en un plan estratégico, en el Plan Director de Infraestructuras. Las leyes, normalmente, se las interpreta como mecanismos generalistas de solución de problemas que no tienen vehículo ni instrumento para su solución por otros procedimientos normativos; pero, señorías, en este momento estamos tratando no de un problema sin solución, sino de una obra que depende únicamente de la decisión de un Gobierno y de un acuerdo del Consejo de Ministros.
Hay otro matiz importante: se pide la inclusión de una obra en el Plan Director de Infraestructuras, Plan Director de Infraestructuras ampliamente debatido, Plan del anterior Gobierno y que el Grupo Parlamentario Popular no reconoce. En sucesivas intervenciones representantes del Grupo Parlamentario Popular le han llamado de todo: cosa, documento de consulta, esquema orientador de inversiones, decisión unilateral del Gobierno socialista e incluso han abogado claramente por su definitiva jubilación. Por tanto, se trata de obligar al Gobierno a incluir una ley en un Plan en el que ni cree ni reconoce.
Señorías, para llevar a efecto una obra concreta sólo se necesita una decisión del Gobierno, un presupuesto y su ejecución, y a esto se le instó al Gobierno en la proposición no de ley aprobada en el Congreso.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, ante estas manifestaciones, se va a abstener, igual que hicimos en el Congreso, porque no nos parece la vía adecuada, y eso porque somos conscientes de la importancia de la obra de que se trata. Lo que queremos es que se haga, que se presupueste, que se ejecute lo más rápido posible sin marear la perdiz.
Señorías: acuerdo de Consejo de Ministros, presupuesto y ejecución. Y ahora tenemos la ocasión clarísima de ver la voluntad del Gobierno en este tema: los Presupuestos Generales del Estado, en los que, por cierto, se han reflejado para estudios para esta obra 58.125.000 pesetas.
Nosotros creemos que ahí se ve la voluntad del Gobierno.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Gorostiaga.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.


El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, resulta difícil de entender la postura del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido del voto que ha anunciado, absteniéndose en la aprobación de una proposición de ley para incluir la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras.
Yo, como testigo de excepción durante muchos años en mi calidad de portavoz en la Junta General del Principado, puedo aseverar que el trabajo realizado por todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, de la región asturiana, a excepción del Partido Socialista, fue ímprobo para intentar conseguir el desbloqueo de las comunicaciones por ferrocarril y llevar adelante iniciativas que permitiesen la inclusión en los planes de los gobiernos de España de la variante ferroviaria de Pajares.
Debo de decir que a lo largo de los últimos años el Partido Socialista fue evolucionando positivamente, acercándose tímidamente a las posiciones de la mayoría del pueblo asturiano que reclama, creo que con honda preocupación, la construcción de una variante ferroviaria que no deje aislada precisamente a la región asturiana y que de forma continuada ha sido objeto de voto negativo por parte del Partido Socialista.
Resulta que ese posicionamiento, a mi juicio ambiguo, de la abstención en lo que es tan fundamental para el futuro del desarrollo de la región asturiana, no sólo en planteamientos de infraestructuras y de comunicaciones, sino también para la posibilidad de la reactivación de la economía de esta región, resulta chocante, cuanto más si tenemos en cuenta que han pasado de la negativa a este voto tímido, ambiguo, de abstención y que en el Congreso de los Diputados defendió dicha abstención el propio Secretario General de los socialistas asturianos. Lo lamento profundamente, porque creo que estamos ante una buena ocasión para que los asturianos unidos seamos capaces de conseguir lo que esta iniciativa pretende y que es la voluntad de la mayoría del pueblo asturiano, plasmada en resoluciones de la Junta General del Principado que han pedido a las Cortes Generales, a través de esta proposición de ley, que se incluya la variante ferroviaria de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras que no se contempla en su redacción actual.
Por otra parte, nosotros estamos en condiciones de asegurar que el documento sobre estrategia de comunicaciones de julio de 1988 ya contemplaba esta posibilidad de solucionar definitivamente el problema del trazado centenario de la conexión de Asturias con la meseta y, por extensión, con el resto de España y con la propia Comunidad Europea.
Como quiera que si dicha realización no se incluyese en el denominado Plan, significaría de hecho la definitiva marginación de Asturias de las comunicaciones ferroviarias, esta proposición de ley, señorías, va a significar el dar sentido positivo a esa petición mayoritaria del pueblo asturiano y considerarla como prioritaria y primordial para que la relación de estas obras denominadas variante de Pajares sean incluidas dentro del Plan Director de Infraestructuras, dándose a las mismas, como antes decía, la mayor prioridad en su fecha de ejecución, configurando así el corredor ferroviario Madrid-Oviedo como línea ferroviaria de velocidad alta.
Resulta difícil, de verdad, poder entender un planteamiento como el que nos ha hecho la Senadora que intervino

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en nombre del Grupo Parlamentario Socialista porque, al final, uno no llega a la convicción de ver si lo que mantienen es una estrategia política que les permita salir del paso o si, de lo contrario, lo que quieren es que no se ejecute una obra tan necesaria para el futuro de las comunicaciones y del desarrollo de la economía de la región asturiana porque, entonces, cabe la sinceridad de seguir diciendo y manteniendo posiciones contrarias y votar que no, por las explicaciones que ha dado.
Pero lo que no caben, señorías, son componendas que permitan, por una parte, salvar o intentar lavarse la cara y, por otra, seguir aduciendo cuestiones realmente intrascendentes en lo que es la apoyatura del voto de la abstención. Probablemente la Senadora que intervino desconoce un poco esa situación, y es normal, aunque su cercanía precisamente desde Cantabria le debería de permitir estar más al día en lo que es la gran presión que en Asturias tenemos para conseguir esta obra, pero probablemente le hayan mandado decir o leer aquí lo que efectivamente nos dijo y se olvide de que en estos momentos, resueltas las comunicaciones por carretera desde Asturias con la meseta --y creo que muy positivamente-- queda efectivamente la posibilidad de la ejecución de esta variante ferroviaria que, curiosamente, va a ser el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, el que ya la va a poner en marcha, como la propia Senadora ha dicho, después de estar en el «Boletín Oficial del Estado» la licitación de la ejecución del proyecto definitivo. Por lo tanto, si eso es así, yo creo que recordar aquí el actual trazado centenario, en una situación prácticamente tercermundista, porque con 179 curvas --más del 50 por ciento del trazado es en curva--, con 79 túneles, con una velocidad media de 50 kilómetros por hora, una máxima de 70, con un trazado obsoleto y penoso, y con una inversión en el tratamiento integral de la línea, en el TIL, en los últimos años de casi 40.000 millones de pesetas, resulta chocante que pueda haber aquí voces que sean capaces de mantener una abstención ante una actitud, que debe de ser positiva, con voto también positivo, para la que la ejecución de esta variante ferroviaria, y teniendo como tiene de antecedente el tener que incluirse en el Plan Director de Infraestructuras, pueda ser una realidad.
Yo, en todo caso, señorías, quiero finalizar diciendo que si queremos situar al ferrocarril asturiano en condiciones de competir con otras regiones que tienen unas comunicaciones que les permiten un movimiento de tráfico y de mercancías capaces de albergar la esperanza de situarnos en el siglo XXI con esas posibilidades, sólo cabe el votar positivamente.
En segundo lugar, superar los actuales estrangulamientos en infraestructuras, en seguridad en el transporte, es también algo que deberían de tener muy en cuenta los socialistas. En todo caso pienso que la mayoría de esta Cámara va a aprobar esta propuesta de ley, y lamento que un grupo tan importante, al menos cuantitativamente hablando, como es el Grupo Parlamentario Socialista, tenga una vez más que ausentarse de un debate como es éste porque para mí esa ausencia significa votar abstención ante el clamor del pueblo asturiano para que pensemos que el desarrollo precisamente de infraestructuras, y en este caso en materia de ferrocarriles, pasa por la inclusión en el Plan Director de Infraestructuras de la ejecución de esta variante ferroviaria de Pajares.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pregunto a sus señorías si se puede votar por asentimiento. (Pausa.) No. En consecuencia, vamos a llamar a votación. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, quiero saber qué es lo que vamos a votar, si la proposición de ley o la posición del PP.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted sabe qué es lo que se vota, creo yo.


El señor ALEU I JORNET: Votaremos la proposición de ley, supongo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Claro.


El señor ALEU I JORNET: Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación la proposición de ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 136; abstenciones, 85.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO (S. 621/000055) (C. D. 121/000062).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, sometemos a debate y a su futura votación el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley del sector eléctrico.
Se han presentado dos propuestas de veto que se van a debatir a continuación. Pero, previamente, pregunto si se ha designado a algún Senador para la presentación del dictamen. (Rumores.) Señorías, les pido un poco de atención para poder empezar el debate de este dictamen, y pido especialmente la

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atención de los señores Senadores que no me atienden porque están hablando en estos momentos. Les agradezco su esfuerzo.
El Senador Chao tiene la palabra.


El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el proyecto de ley del sector eléctrico. Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 17 de octubre. El plazo de enmiendas concluía inicialmente el 21 de octubre y fue ampliado hasta el día 23. El proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia.
Se han presentado un total de dos vetos: el número 1 de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y el número 2 del Grupo Parlamentario Socialista. También se han presentado 237 enmiendas: de la 1 a la 85, de los señores Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente; de la 86 a la 96, del señor Ríos Pérez; de la 97 a la 115, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 116 a la 200, del Grupo Parlamentario Socialista; de la 201 a la 217, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y, por último, las enmiendas números 218 a 237, del Grupo Parlamentario Popular.
Los Senadores que designó la Comisión, a propuesta de los grupos parlamentarios, para formar parte de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Ricardo Bueno Fernández, don Pedro Luis Calvo Poch, don Francisco Gil-Ortega Rincón, don Luis María Huete Morillo, don Clemente Sanz Blanco, don Juan José Unceta Antón y don Virgilio Velasco Bueno. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don José Luis Alegre Escuder, don Angel Franco Gútiez y don Arseni Gibert i Bosch. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Joan Horaci Simó i Burguès. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Francisco Javier Albistur Marín, y por el Grupo Parlamentario Mixto, don José Nieto Cicuéndez.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar del proyecto de ley el día 27 de octubre, incluyéndose en el informe las enmiendas 218 a 237 del Grupo Parlamentario Popular; 201 a 204, 206, 208 a 212 y 216 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 98, 100 a 102, 108, 109 y 115 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Se subsanaron, igualmente, por la Ponencia algunas erratas contenidas en el texto.
El día 30 de octubre la Comisión procedió a dictaminar, rechazándose los dos vetos presentados e incluyéndose en el dictamen las enmiendas 119, 121, 125, 152, 155 y 200 del Grupo Parlamentario Socialista; 35 y 38 de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente y 205 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Igualmente, fueron introducidas en el texto, basándonos en propuestas transaccionales, las enmiendas 130, 141, 183 del Grupo Parlamentario Socialista; 99, 104, 105, 106, 110, 112 y 113 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 212, 214 y 217 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la 70 de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Por otra parte, la Comisión introdujo por unanimidad hasta un total de 20 modificaciones técnicas o gramaticales. Para su debate ante el Pleno han formulado votos particulares los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente: veto número 1 y enmiendas números 1 a 34, 36, 37, 39, 69 y 71 a 85. El Grupo Parlamentario Mixto, asimismo, ha presentado las enmiendas números 86 a 96, originariamente presentadas por el señor Ríos Pérez. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha formulado las enmiendas números 97, 103, 107, 111 y 114, y el Grupo Parlamentario Socialista las enmiendas números 116 a 118, 120, 122 a 124, 126 a 129, 131 a 140, 142 a 151, 153, 154, 156 a 182 y 184 a 199.
Señorías, quiero remarcar que en los trámites de Ponencia y Comisión se ha realizado un trabajo concienzudo, introduciéndose en la ley más de 60 enmiendas y un considerable número de correcciones gramaticales. Sólo me resta felicitar por el trabajo efectuado en Ponencia y Comisión, trabajo continuado hasta esta misma mañana, a los señores portavoces y al resto de los señores ponentes, así como a la letrada y a los servicios de esta Cámara. Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señorías.
Para defender el voto particular presentado por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente tiene la palabra el Senador Nieto.


El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, empezaré comentando que, independientemente de que reconozco que este proyecto de ley ha mejorado en los trámites de Ponencia y Comisión en el Senado, lo cierto es que todavía no nos da plena satisfacción, motivo por el que vamos a mantener el veto.
Desde nuestro punto de vista, el objetivo fundamental de este proyecto de ley debería basarse en garantizar la satisfacción de las necesidades del servicio eléctrico y en mejorar la gestión de la demanda, junto a la utilización de técnicas y dispositivos encaminados al ahorro de electricidad, objetivo que creemos no se cumple en dicho proyecto.
A nuestro juicio, en este proyecto de ley se introducen elementos desregularizadores respecto de lo que deberían ser el mercado del sector eléctrico y su mantenimiento. Dado que el servicio eléctrico es por sí mismo de interés nacional, debe garantizarse que llegue a todas partes, incluso a aquellos lugares --hoy en día son pocos-- a los que, desgraciadamente, teniendo necesidades de dicho servicio, todavía no llega.
Creemos asimismo que este proyecto introduce algunos elementos lógicos de una filosofía que no compartimos y

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que intentaré definir. Me refiero a esa filosofía que preconiza aquello de: más sociedad menos Estado, filosofía que, indudablemente, nosotros consideramos insolidaria, ya que esa expresión de más sociedad lo que en realidad quiere decir es más interés privado, menos interés público y, en definitiva, menos capacidad distribuidora para acabar con las desigualdades sociales. Por tanto, ése es uno de los aspectos de este proyecto de ley con el que no estamos de acuerdo.
Pero tampoco nos gusta ese otro aspecto liberalizador del proyecto --dicho con todas las comillas que queramos--ya que entendemos que estamos hablando de un sector que es fundamental e importantísimo, el de la energía eléctrica, tanto para el desarrollo económico, como para el desarrollo de los ciudadanos. Por tanto, nosotros creemos que en un sector como éste, enormemente estratégico, debe haber y debe mantenerse un peso público importante, no abriendo la espita para que haya en él cada vez un menor peso público.
También consideramos que un proyecto de ley sobre el sector eléctrico debería tener una planificación imperativa y no un sentido de planificación indicativo. ¿Por qué? Pues porque de ser así, el interés privado, el de las empresas privadas, haría que al final éstas se convirtieran en monopolio y, monopolio por monopolio, preferimos el monopolio público al privado.
Por tanto, el Estado debe desempeñar un papel importante en la regularización, en la fijación de precios en relación con los diferentes tipos de consumidores para que, buscando una igualdad, para cada consumidor haya un precio concertado, un precio único tasado por la intervención del Estado. Y es que no estamos hablando de un mercado cualquiera sino del mercado del sector eléctrico, con todas las implicaciones que tienen las fuentes de energía, un mercado en el que se preserve el medio ambiente y donde se den mayores garantías y se estimulen los combustibles menos contaminantes.
En definitiva, debería primar lo que se establece en la filosofía de la declaración de principios, cosa que en la práctica no parece que vaya a quedar reflejada.
Con esto, señor Presidente, doy por finalizada mi defensa del veto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Supongo que sus señorías acumularán el turno de respuesta. Por tanto, para la defensa de su veto, tiene la palabra el Senador don Angel Franco.
(El señor Calvo Poch pide la palabra.) Perdón, Senador Franco.
Senador Calvo, ¿se van a acumular las respuestas a los dos vetos?

El señor CALVO POCH: No, señor Presidente. Cada respuesta correrá a cargo de un Senador distinto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por tanto --y dispense, Senador Franco--, tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.
Señor Nieto, me sorprende una vez más que, tras el trámite en Ponencia y comisión, el Grupo Mixto --en este caso, Izquierda Unida-- mantenga una actitud que podríamos definir como conservadora, en la medida en que lo que usted plantea no es una crítica pormenorizada al modelo que proponemos con la nueva ley, sino que desea que el sistema español se retrotraiga a anteriores circunstancias. Digo esto, porque palabras como intervencionismo, regulación, planificación, etcétera, forman parte de un modelo ya aprobado en nuestro país, y no precisamente en tiempos que yo recuerde a título personal.
En todo caso, hay cosas que ustedes no consideran importantes, como, por ejemplo, la mejora de la competitividad de la industria a través de una reducción de sus costes energéticos. A eso les llaman elementos desregularizadores, e incluso creen que esa reducción de coste puede ser tachada de elemento de insolidaridad. Cuando menos, es algo curioso.
Por otro lado, sus señorías deben saber que su propuesta es contraria y contradictoria con la Directiva comunitaria. Su compañera en el Congreso, la señora Diputada Urán González, lo reconoció cuando afirmó: No estamos de acuerdo con la Directiva europea. Evidentemente, si no están de acuerdo con ésta, tampoco pueden estarlo con el proyecto de ley que debatimos en estos momentos. Y no sólo no comparten la filosofía de este grupo parlamentario, o la del Gobierno que propone la ley, sino tampoco un modelo que está avalado por su funcionamiento en el conjunto de la Unión Europea. Así al referirse a la diferenciación que se hace al establecer consumidores cualificados, su señoría está negando la autoridad de la Directiva comunitaria, puesto que ésta prevé que puedan existir dichos consumidores.
Para finalizar, he de decir que su afirmación acerca de que no se potencian lo que ha denominado como combustibles menos contaminantes no se corresponde con la realidad. En este sentido, tengo que asegurarle que con este proyecto se apuesta claramente por potenciar las energías renovables, y por ello se refuerza el régimen jurídico singular para este tipo de instalaciones. Por ejemplo, incluimos la venta de su energía, o el sistema de distribución, a través de una enmienda que se ha introducido «ad maiorem» en la Cámara, con el reconocimiento del derecho a una prima sobre el precio de la electricidad, que permite la viabilidad económica de estas instalaciones. Por tanto, tenga su señoría la más absoluta certeza de que existe un tratamiento preferencial para las energías renovables, e incluso más avanzado que el planteado por la propia Directiva europea.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo Poch.
Senador Franco, ahora sí, su señoría tiene la palabra para la defensa de su veto particular.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señoras y señores Senadores, yo creo que estamos ante uno de los proyectos de ley más importantes que han de pasar por esta Cámara en esta legislatura --y no lo digo como suelen decir los profesores que su asignatura es la más importante--; estamos ante un proyecto de ley que intenta regular un sector, como es el eléctrico, que tiene una extraordinaria importancia para la vida económica y social de España.
Este proyecto de ley regula algo muy importante para los consumidores, tanto los domésticos como los empresariales, para las empresas del sector, para los suministradores de materias primas, para los productores independientes y para los ciudadanos en general, interesados por el coste de la energía, por la seguridad y por el impacto medioambiental del suministro eléctrico.
Por eso, señoras y señores Senadores, este sector necesita un marco regulatorio estable, que vaya evolucionando al servicio de los ciudadanos y no puede estar sometido a los vaivenes de la coyuntura política.
La primera observación que queremos dejar patente ante todos ustedes es que con esta aprobación se instala a este sector tan sensible para la vida española en la crisis y anunciamos que lo que se aprueba por mayorías simples, en su momento se cambiará por mayorías simples. Y lo decimos claramente para que no quede ninguna duda a las empresas del sector eléctrico, al mundo financiero y al conjunto de los ciudadanos españoles.
Es verdaderamente lamentable que el Gobierno de la Nación y su Ministro, el señor Piqué, no hayan dedicado para hablar con el principal partido de la oposición sobre un sector tan sensible ni un 0,5 por ciento del tiempo que han dedicado para negociar y pactar con las empresas dominantes del sector.
Teníamos en nuestro país una Ley que regulaba el sistema, la Losen, que es flexible, abierta, avanzada desde el punto de vista de la competencia, tanto en generación como en suministro de energía eléctrica, tanto para ampliar la libertad de opción de los consumidores como la creación de un organismo corregulador independiente que garantice la independencia y la objetividad en el funcionamiento del sistema.
Pues bien, ustedes han preferido no desarrollar la Losen, que tenía margen y capacidad suficientes, y nos traen hoy un proyecto de ley que no han querido discutir ni negociar con el Grupo Parlamentario Socialista.
Les decimos lo siguiente: este proyecto de ley beneficia a una inmensa minoría y perjudica a una inmensa mayoría. Concreto más: beneficia a las empresas del sector y perjudica a la mayoría de los consumidores. Es la razón fundamental por la cual planteamos este veto y solicitamos la devolución del proyecto al Gobierno.
Digo que beneficia fundamentalmente a la inmensa minoría, a las empresas del sector, por varias razones. En primer lugar, porque ustedes entregan sin criterios objetivos, de forma desmesurada, a las empresas del sector un billón 900.000 millones de pesetas. Estos criterios con los que ustedes han operado, desde nuestro punto de vista, son excesivos, carentes de objetividad.
Nosotros calculamos que lo que hay que devolver al sector, el tránsito hacia la competencia, no debe exceder del medio billón de pesetas. Una broma pesada, o no pesada, ligera. Ahí es nada. Un billón 500.000 millones de pesetas que ustedes deciden entregar, regalar, a las empresas del sector, y después montan escándalos farisaicos y ficticios, con 35.000 millones de pesetas de la expo porque hay diferencias contables.
Sean, señores del Partido Popular, un poco más rigurosos y expliquen a los ciudadanos por qué tienen que pagar un billón y medio de pesetas más en la factura eléctrica, cuando lo que nosotros planteamos no es que no haya necesidad de pagar a las compañías los costes hacia la transición para garantizar un sector estable, saneado financieramente y competitivo, sino que también se defiendan los intereses de los consumidores.
Por ello, decimos que los costes del tránsito a la competencia tienen que ser fijados por el órgano regulador independiente, por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que, año a año, con criterios objetivos, determinará cuál es la cantidad que tiene que ir a las distintas empresas en base a los criterios que he planteado: garantía de consistencia de las empresas eléctricas, competitividad, modernización y capacidad de asentarse en el futuro.
En segundo lugar, creemos que la fundamentación de estos costes se hace antes de la bajada de los tipos de interés. ¿Cuánto se han ahorrado las empresas eléctricas por la bajada de los tipos de interés? ¿O también hay que pagar los costes que han reducido de la bajada de los tipos de interés por segunda vez a las empresas eléctricas? Por eso, nosotros hemos dicho que se deje lo que hay que financiar a las empresas eléctricas en manos del operador independiente, de forma objetiva, donde están representados los intereses más independientes y objetivos. Es neutro y, por consiguiente, puede garantizar dicha objetividad con más eficiencia.
Finalmente, ¿por qué decimos que esta ley viene a santificar la autorregulación del mercado? No creemos que lo que ustedes plantean en esta ley como instrumento de competitividad se pueda producir con los mecanismos que introducen. Le voy a constatar simplemente dos o tres: Ustedes restringen la capacidad de elección de los consumidores en un sistema en el que la oferta es muy restringida y solamente la competencia puede venir del ámbito de la demanda. Ustedes restringen, repito, a través de los límites que posibilitan, los consumidores cualificados. Son pocos los que van a poder elegir. Nosotros queremos, a pesar de que en las enmiendas se corrija algo, que la capacidad de elegibilidad de los consumidores se acelere cuanto antes, que puedan elegir y hacerlo a través fundamentalmente de las comercializadoras, que es otro de los instrumentos que prácticamente congelan en la norma y que dificultará, si ya no por la vía de la demanda, por la vía de la oferta, que pueda dinamizarse el precio de la electricidad.
Por consiguiente, ustedes hablan de liberalismo, pero en lo que conduce en la práctica es a un duopolio en el sector, que va a controlar la competencia en el sector y que va a controlar algo más importante para nosotros, que es el control de las redes eléctricas, el control del operador del sistema y del operador del mercado.


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¿Cómo va a ser posible la competencia si ustedes plantean que va a haber una serie de empresas privadas en cuyo capital van a participar las empresas eléctricas con un monto cercano al 40 por ciento del capital? ¿Cómo ese núcleo duro controlará las empresas que permiten el acceso a la red y la competencia, cuando ellas van a ser juez y parte? Ustedes consagran con esta norma la autorregulación del sector y el predominio de los duopolios eléctricos que en estos momentos existen en España, que tienen, además, nombre y apellidos.
Es por esto --porque ustedes quieren poner el sistema en manos de las empresas del sector, porque ustedes no garantizan la competencia tal y como la titulan en su norma y porque ustedes garantizan de una forma exagerada unos beneficios a las eléctricas que tienen que pagar todos los consumidores-- por lo que nosotros consideramos que esta norma tiene que ser devuelta al Gobierno.
Hablábamos de los consumidores. Si unos ganan, pueden ustedes decir que otros también ganan, pero menos. Nosotros decimos que con esta norma los consumidores españoles pierden a corto, medio y largo plazo. Y pierden a corto, medio y largo plazo porque ustedes solamente garantizan la bajada de las tarifas durante cuatro años, mientras ustedes garantizan beneficios a las empresas durante diez años. ¿Quién nos garantiza a nosotros, si no está en la norma que las tarifas seguirán bajando a partir del cuarto año, que las presiones de las compañías eléctricas no impidan, en función de quien esté en el Gobierno, la bajada de tarifas y que por esa vía venga la compensación a los costes de transición a la competencia? Por consiguiente, tienen una doble vara para medir: por un lado, la vara que beneficia a los pequeños empleados del sector y, por otro, la vara para medir al conjunto de los consumidores.
Pero es más, en estos momentos la bajada de los tipos de interés permite a las compañías eléctricas hacer una bajada superior a la que han hecho.
Para que baje este año la energía eléctrica no ha hecho falta que se haga la ley del sector eléctrico, que era otra de las coartadas que ustedes planteaban. Ya hablaremos posteriormente de las bajadas que ustedes plantean y compararemos con otro tipo de bajadas para decir públicamente que lo que queda patente con esta norma es la inseguridad para los consumidores privados y otros consumidores mayoritarios y la garantía de que con esta norma salen ganando los núcleos duros de la electricidad española, tanto por la vía de las ayudas como por la vía del control de un sistema que es fundamental para el desarrollo político, económico y social del país.
Ustedes han pasado del proteccionismo de la empresa de los viejos tiempos al proteccionismo de algunas empresas frente a la mayoría de empresas.
Ustedes son, desde la perspectiva económica, los neoliberales que utilizan el cuño o la expresión para convertirse en los máximos proteccionistas de intereses privados y pequeños, como son en este caso las empresas del sector eléctrico.
Quiero decir que hemos corregido esta norma, porque creemos, aunque no la compartimos, que es necesario que salga de esta Cámara, si es que sale, con las mínimas aristas. Y por eso he de resaltar dos enmiendas que hemos incorporado: en primer lugar, una enmienda mediante la cual se prohíbe a las compañías eléctricas que corten el suministro de los privados por el hecho de que no les paguen la electricidad y hemos incorporado un elemento corrector: que sea el informe preceptivo de la Administración Pública quien determine si el corte ha de ejecutarse o no.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Franco, termine.


El señor FRANCO GUTIEZ: Hemos presentado además, en segundo lugar --y acabo--, una enmienda que también mejora este texto, que nosotros creemos que tiene que ser devuelto al Gobierno, que propone que el Gobierno haga un plan de energías renovables que permita garantizar que, de aquí al 2012, nuestro país tenga un 12 por ciento de generación desarrollada a través de las energías renovables. Mejoramos el texto con ésta y con otras enmiendas, pero no se trata sólo de mejorar este texto, para lo que ya hemos hecho un esfuerzo, sino que la cuestión es el problema de fondo.
No estamos de acuerdo --y con esto acabo, señor Presidente--, como antes he dicho, porque esta norma consolida la posición dominante de las grandes compañías del sector: hace una autorregulación convirtiendo en juez y parte a las compañías del sector; crea un duopolio que va a consolidarse sin mecanismos de control para la garantía de los consumidores y tiene una política excesivamente restrictiva para la posibilidad de elegir. Los consumidores, desde luego, nada podrán hacer hasta el año 2007.
Muchas gracias, señor Presidente, por su generosidad. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bueno Fernández.


El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, obviamente, vamos a participar en el turno en contra del veto planteado por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley del sector eléctrico.
Ya en Comisión tuvimos ocasión de cambiar algunas impresiones, y en aquel momento también se manifestó al Grupo Parlamentario Socialista y al Senador Franco la posibilidad de llegar a algunos acuerdos sobre las enmiendas, como así fue. Obviamente, no se trataba sencillamente de oponernos a su veto y rechazarlo por el mero hecho del contenido de sus manifestaciones, sino porque es un proyecto de ley que se defiende por sí mismo, tiene vida propia, es moderno, mira al futuro. Lógicamente, no hay necesidad de que yo me explique aquí en exceso, cuando la exposición de motivos y el propio proyecto de ley tienen la fuerza y la claridad suficientes y yo diría que, sobre todo, cuando se ha instalado en la realidad mirando al futuro.


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La preocupación del señor Franco parece que son los consumidores, los posibles beneficios de las empresas del sector y también el aumento que pueda haber en las tarifas. Yo le puedo recordar que solamente desde 1982 a 1996 han subido las tarifas un 7 por ciento y que en estos momentos, y según se contempla en el protocolo y está previsto en el espíritu de la ley, se plantea una rebaja de la tarifa y ya este año se produce prácticamente un 3 por ciento, un 2 por ciento en 1998 y un 1 por ciento más en los tres años sucesivos. Quiero decir que el proceso se está siguiendo a la inversa: las tarifas subieron y ahora bajan.
Hablaba, además, de la posibilidad de mayores ingresos por parte de las empresas, reconociéndonos también la gran labor realizada por este Gobierno por la bajada del tipo de interés. Obviamente, todo forma parte de una política del Gobierno. En el debate del Congreso --creo recordar que fue concretamente en diciembre de 1994, cuando la Losen-- se decía que ni el Partido Popular ni el Grupo Parlamentario Popular tenían posibilidad de plantear en el futuro una modificación del sector. La modificación está aquí, se ha hecho, el proyecto de ley está aquí y previsiblemente se aprobará, aun cuando sea con mayoría simple, si no se recoge el aviso a los navegantes --dicho en términos en los que todos nos entendemos-- que hemos hecho a las empresas del sector, a las que avisamos de que una mayoría simple puede aprobarlo, pero también puede modificarlo. Yo, que soy de Cantabria, llamo a eso aviso a los navegantes. De todas maneras, creo que con la marcha que lleva el Gobierno Popular las cosas van a navegar muy bien durante mucho tiempo y no va a ser preciso hacer ningún aviso especial, e incluso les recordaría que ustedes también pueden participar en la mejora de España, tanto en su economía como en el sector eléctrico.
No quiero alargarme en exceso, señorías. Es indudable, y todos lo sabemos, que el suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero dentro del sector eléctrico, en la parte que nos corresponde, cuando se habla de un proceso liberalizador hemos de decir que también el Gobierno mantiene sus cautelas, como es obvio, en defensa de los intereses de todos y, sobre todo, de los consumidores. En ese sentido, está previsto y así se contempla en el artículo 10 del propio proyecto de ley. Pero, al mismo tiempo, también hemos de decir que todo este proceso de liberalización lleva un tratamiento y un camino que durará 10 años, en los que paulatinamente se irá llegando a la situación que todos deseamos y que todos consideramos como ideal.
Efectivamente, señorías, este proyecto recoge las necesidades planteadas para que en el presente y en el futuro esté consolidado y modernizado el sector. Rompe un poco con todo lo establecido en la Losen, porque, admitiendo incluso que en aquel momento ya había algún inicio y algún atisbo de proceso de liberalización, por lo que nosotros continuamos en esa línea, avanzamos mucho más, adaptándonos a la Directiva europea. En este sentido, aun cuando pudiéramos hablar más, creo que esto queda claro en la propia ley, y prueba de ello es que de las casi 300 enmiendas presentadas creo recordar que sólo quedan vivas unas 80, habiéndose aceptado bastantes; ha habido un diálogo entre todas las fuerzas que, directa o indirectamente, participan en la misma, además de contemplarse en el protocolo firmado recientemente, en el cual se contemplaba también la bajada de tarifas.
Obviamente, señorías, nosotros entendemos que nos adaptamos a la Directiva de la Unión Europea, que el proyecto de ley es bueno, que mejora la Losen. Y también que es mejorable, como todo lo hecho por personas.
Para terminar, señorías, les diré que avanzamos en este sector, que lo normalizamos, que cumplimos con lo dicho y que planteamos el futuro abaratando precios y mejorando, en general, la economía, puesto que la mejora de este sector va en beneficio de toda la economía española.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debido a la inmediatez de mi intervención en relación con la defensa y el contraataque de los turnos de veto puede parecer que me voy a mezclar en ese debate y me voy a separar. Me voy a separar porque la posición del Grupo al que represento, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en esta ley ha cambiado, si es posible decirlo, 360 grados respecto a la antigua Losen. (Rumores.) Repito: 360 grados a los comentarios provenientes del Grupo Parlamentario Socialista. Lo digo porque ciertamente es así. Es decir, no solamente 180 grados, sino que hemos dado la vuelta a una ley que estaba vigente y que creemos que no servía ni estaba ejerciendo una función eficaz y activa en el sector.
Nuestra satisfacción, por otra parte, radica --siempre hago comparaciones, y lamento hacerlas, porque con ello no quiero atacar a nadie-- en que hemos tenido una acogida por parte del Ministerio para discutir cada uno de los borradores de la ley que nos han sido presentados. Y esta ley que hoy discutimos y a la que yo llamaría, en honor a las personas que trabajaron en ella, la «ley Carmen Becerril», o la «ley Nemesio Fernández Cuesta», porque creo que verdaderamente la han trabajado con eficacia y con mucha paciencia y dedicación, tiene muchas aportaciones que nuestro Grupo ha podido presentar y que han sido acogidas. Aportaciones que queríamos hacer, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la liberalización del mercado, con la liberalización del sistema, con la mejora de las condiciones de acceso de los clientes a una energía eléctrica más barata y también con una reducción significativa de la intervención del Estado y sus organismos en el sector.
Sin embargo, esta ley no nos acaba de satisfacer del todo --siempre tiene que quedar algún pequeño granito-- en función de que la Administración Central sigue siendo todavía una administración temerosa con las actuaciones de las Comunidades Autónomas; y así como los Estatutos

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de autonomía reconocen a determinadas Comunidades Autónomas una capacidad de gestión específica en esta materia, la Administración Central, en este caso, debería mostrar una postura más abierta, más valiente de ceder la gestión, debería reconocer la gestión y quedarse como garantizadora del marco que la ley establece. Para nosotros ése sería un elemento satisfactorio.
Creo que hemos logrado un avance, y en ese sentido hemos encontrado en los representantes del Partido Popular una acogida, así como en los representantes anteriormente citados del Ministerio de Industria, pero todavía creemos que hacen falta más esfuerzos en esta materia. Vienen nuevas leyes, en especial la Ley de Hidrocarburos, y me imagino que en ella se podrá encontrar la posibilidad de avanzar en materia de reconocimiento de la Administración autonómica.
Poco más tengo que decir. No vamos a apoyar ninguno de los dos vetos, porque creo que las razones que yo vengo exponiendo son suficientes como para decir que nos sentimos identificados con la Ley, quizás no con todo, que creemos que esta ley ha contribuido a introducir una clara liberalización en el sector, que todavía hay elementos de acceso a lo que pueden ser las consecuencias de la liberalización que deben ser mejorados, yo no lo niego. También digo que si las aportaciones realizadas por otros grupos políticos, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, hubieran sido aceptadas hubieran contribuido a mejorar esta ley. Creo que el trabajo realizado por Convergència i Unió ha sido importante y significativo; no estamos de acuerdo en todos los aspectos, pero ha sido importante y significativo para darle ese carácter liberalizador que buscábamos. En ese sentido, sí podemos decir que hemos llegado con un gran consenso al final de la aprobación de esta ley.
Por ello, me quiero felicitar y quiero felicitar a todos. Esperemos que sea una ley definitiva, que no vuelva a esta Cámara, o al Congreso, más que para ser adaptada a los tiempos, y que contribuya a ser impulsora del sector, un sector generador de riqueza en el Estado, generador de riqueza en las Comunidades Autónomas y, sobre todo, que sea un elemento de competitividad significativo para la industria. Confiemos en que así sea, por ello hemos trabajado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Desea intervenir alguien en el turno de portavoces? (El señor Franco Gútiez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Franco Gútiez.
Señoría, estamos llamando a votación por equivocación, le digo esto porque si usted abrevia no paramos dicha llamada.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular no ha rebatido, salvo con buenas intenciones, los argumentos que he utilizado para plantear la devolución de esta ley al Gobierno, pero querría hace algunas matizaciones. (Rumores.) Hay intentado vender a la ciudadanía que la aprobación de esta ley conlleva una bajada automática de las tarifas eléctricas. (Rumores.) Yo he de decir también en honor a la verdad que desde el año 1990 hasta el año 1996 los ciudadanos españoles se han ahorrado un 18 por ciento en la tarifa eléctrica en relación con el IPC; no teníamos el proyecto que ustedes traen y la energía produjo un ahorro en función del IPC del 18 por ciento. (Rumores.) Con esta norma, que regala un billón y medio de pesetas a los sectores eléctricos y que van a tener que pagarlo los consumidores españoles, al final, el monto del ahorro que prometen...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, puede usted continuar.
Lo que ha ocurrido es que en el momento en el que ha pedido su intervención ya habíamos llamado a votación. Ruego que disculpe, pero continúe, por favor. (Rumores.)

El señor FRANCO GUTIEZ: ¿Puedo esperar un segundo a que entren? (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por favor, pido a los señores Senadores silencio porque todavía estamos en el debate y no en el proceso de votación. Les pido silencio y pido al Senador Franco Gútiez que continúe.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias por su amabilidad y benevolencia, señor Presidente.
Decía, y repito, que los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular y el propio Gobierno han intentado ligar esta reforma con la rebaja del precio de la electricidad, y tenemos que ser rigurosos para que los ciudadanos puedan comparar con equidad.
Yo decía que de 1990 a 1996 los ciudadanos españoles se ahorraron un 18 por ciento en el pago de las tarifas eléctricas. Con la ley que trae el Partido Popular hoy, si hacemos un planteamiento homogéneo de los próximos cuatro años, ustedes dicen: tres este año más dos del IPC, cinco; y así, haciendo una proyección en función de la inflación y de lo que ustedes dicen, se va a ahorrar menos el consumidor español con la norma que ustedes plantean que sin esta norma. No va a llegar al 18 por ciento el ahorro energético para la inmensa mayoría de los consumidores españoles y a cambio ustedes nos regalan a los ciudadanos españoles con el pago, mediante factura eléctrica, de un billón 500.000 millones de pesetas que ustedes regalan a las empresas del sector sin saber por qué.
Por consiguiente, ésta es una ley que beneficia netamente a los grupos industriales eléctricos y que perjudica a los consumidores españoles, que no les beneficia, como ustedes plantean, entre otras cosas porque en los próximos años esta ley no genera competencia, esta ley genera autorregulación y esta ley pone en manos del sector eléctrico, en manos de las empresas eléctricas, que son poquitas, el control del sistema eléctrico, un instrumento tan sensible para el desarrollo del conjunto del Estado.


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Y eso es lo que ustedes no tratan de rebatirnos en esta ley, porque ustedes montan unas empresas privadas que se van a hacer cargo de la red eléctrica, del gestor del sistema y del operador del mercado, es decir, todo el sistema en manos de quien no quiere la competencia, porque, ¿cómo van a querer la competencia Iberdrola o Endesa, a la que ustedes ya están preparando el terreno para poner al frente a otro amigo?

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Franco Gútiez, se le terminó su tiempo.


El señor FRANCO GUTIEZ: Termino ya, señor Presidente.
Por consiguiente, esta ley tiene buenas intenciones de liberalización, pero las mata con el desarrollo de la misma, con la autorregulación y con la falta de competencia por la restricción de la elegibilidad y, en segundo lugar, pone un coste tremendo encima de los consumidores españoles que lo pagaremos en diez años y no garantizamos que al cabo de cuatro años no sigan subiendo las tarifas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Debo advertir a los señores Senadores que, por un error de coordinación, hemos llamado a votación antes de la hora. Estamos en la última intervención de turno de portavoces y tiene la palabra el Senador Bueno por tiempo de cinco minutos.


El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Tras la intervención del Senador Franco, me va a permitir corregir un error que he cometido anteriormente. Antes he dicho que las tarifas eléctricas habían subido un 7 por ciento. No, me había confundido; del año 1982 a 1996 han subido un cien por cien. Por ello, agradezco que en su segunda intervención me dé la posibilidad de intervenir, pues comprendo que el compañerismo entre los parlamentarios a veces permite estas cortesías, que agradezco, pero aprovecho para recordarle que la subida fue del cien por cien y que estamos hablando de una rebaja del 8 por ciento.
Parece ser que estamos hablando de unos antagonismos claros.
Indudablemente --el Senador Albistur lo ha mencionado anteriormente--, este proyecto de ley es totalmente distinto a lo planteado en la Losen y, por cierto, desde diciembre de 1994, el Partido y el Gobierno Socialista no hizo ningún desarrollo en este aspecto con vistas a confeccionar el Reglamento oportuno para conseguir los fines que pretendía.
Sin embargo, decía antes y recuerdo ahora que el proyecto de ley tiene la gran ventaja de que se defiende por sí mismo, y lo hace porque mejora, enriquece, ordena, plantea y ofrece un futuro realmente magnífico para todos. Digo para todos porque, cuando hablaba de un billón 500.000 millones, también está planteado --y en la intervención del Ministro en el Congreso así se constató-- un ahorro en el costo de entre 800.000 y un billón de pesetas, fluctuando un poco por la bajada de intereses.
Por lo tanto, decía antes --no voy a agotar el tiempo que me concede el señor Presidente-- que es un proyecto de ley que es bueno, que mejora la Losen, que es perfeccionable --como todo--, pero que, indudablemente, nos lleva a Europa, liberaliza el mercado, nos actualiza, rebaja precios, mejora la economía, etcétera. Obviamente, como supongo considerará oportuno el Senador Franco --quien ha dado todas las explicaciones que le ha requerido su Partido--, estamos en una circunstancia en la que lo mejor sería que reflexionaran sobre el fondo de su voto y, si nosotros nos oponemos al veto, posteriormente, en el articulado del proyecto de ley lo apoyen con nosotros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno Fernández.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular presentado por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 91; en contra, 136; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
A continuación, sometemos a votación el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 90; en contra, 136; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado este voto particular.
Si me permiten sus señorías, les voy a explicar cómo será el desarrollo posterior del debate de las enmiendas. Habrá una única intervención por grupo para todas las enmiendas presentadas a lo largo de la ley y un turno de portavoces. No se votará hasta el final del debate total. Por lo tanto, ahora empezaríamos con la primera intervención, que es la defensa de las enmiendas que propone el Senador Nieto Cicuéndez. Probablemente, antes de levantar la sesión, podremos debatir también las enmiendas del Senador Ríos Pérez y, posteriormente, durante la tarde haríamos el resto del debate de la ley. Se lo digo para conocimiento de sus señorías.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a empezar haciendo una consideración global de las enmiendas y, por tanto, no me voy a detener en ninguna en particular.


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cComo sus señorías podrán observar por las enmiendas presentadas, creo que hemos hecho un gran esfuerzo porque, no solamente nos hemos quedado en el veto, sino que, a través de dichas enmiendas, hemos tratado de hacer un proyecto de ley alternativo o diferente al presentado aquí, en esta Cámara, y ello está reflejado en las enmiendas. Por tanto, tenemos política sobre este tema tan importante, como se ha resaltado en el debate de los vetos.
Dentro de esta consideración, quería hacer una alusión en el sentido siguiente: Señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, señores Senadores del resto de los grupos de la Cámara, a veces hay una tendencia de escudarnos, o por lo menos este Senador así lo piensa, en que las directivas europeas pueden convertirse en un cajón de sastre y usarlas o manejarlas al antojo o a la conveniencia de las políticas que se quieren desarrollar. Es verdad que el proyecto de ley que se trae y el que se apruebe aquí no está en contradicción con las directivas europeas, como tampoco lo estaría si se aprobara una ley diferente en el marco que planteamos a través de las enmiendas, tanto nosotros como el Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, las directivas europeas permiten hacer políticas distintas en bastantes materias y en ésta en concreto lo permiten porque no hay ninguna contradicción entre éstas y ninguna de las enmiendas que aquí se plantean.
Dicho esto, quería reflejar rápidamente cuál es el objetivo de las enmiendas. El objetivo es estimular el ahorro energético, que es un aspecto importante, ya que la energía es un bien público que hay que estimular y que no puede estar pendiente de cuestiones de tipo exclusivamente economicista, sino dentro de un planteamiento más amplio.
Y por eso lo importante es que un sector de estas características tenga un control y una participación pública cada vez mayor, y la ley lo que hace es partir de otra filosofía y, por tanto, en aras a la libertad de comercio y a la libertad de competencia --lo que aquí ya se ha reflejado-- va a beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Esa es una filosofía de esta ley que no compartimos y que está reflejado en las enmiendas.
También hay otro aspecto importante, a nuestro juicio, por referirse al uso de la energía, que es regular mejor la participación de los consejos de administración y de los consejos consultivos, e indudablemente, como ha dicho también el Senador del Partido Nacionalista Vasco, el problema de la mayor participación de las Comunidades Autónomas y de los agentes sociales (sindicatos, empresarios, etcétera), algo que no se contempla en la ley. Asimismo, la ley debería contemplar los sectores medioambientales. Tenemos un montón de enmiendas referidas --y creemos que con bastante rigor-- a estos temas para hacer efectivas las dos cosas, el desarrollo de la energía al servicio de los ciudadanos y que el medio ambiente no solamente no se siga dañando, sino incluso que se corrijan aspectos ya deteriorados por el tema de la energía.
En cuanto a las redes de alta tensión, en la ley sólo hay una serie de recomendaciones, cuando deberían existir medidas cada vez más coercitivas tendentes al enterramiento de los cables de los tendidos eléctricos. En este tema también existe una contradicción, porque al considerar la energía como un tema de interés nacional, si hay que establecer nuevas líneas, habría que estudiar la posibilidad de establecer medidas expropiatorias igual que cuando hay que hacer una carretera o una infraestructura de interés público. Al ser la energía un tema de interés público tiene que haber una salvaguarda y un mayor control sobre estos temas por parte de los poderes públicos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. Esto no queda suficientemente recogido en la ley.
Por lo tanto, se usa el interés público para beneficio privado como si cada ciudadano, en aras de esa libertad de comercio, igual que puede ocurrir si hacemos una ley de la telefonía, pudiera apuntarse a una compañía distinta.
En definitiva, debe existir una regulación, porque si se deja solamente en manos privadas que haya 4, 6, 8 ó 10 compañías eléctricas, al final, es un monopolio de interés privado que se concierta con capitales de unas en otras y, por tanto, a través de las enmiendas, pretendemos que sean los poderes públicos, por ser de interés nacional, los que regulen los precios, las prioridades, la planificación, etcétera. Repito que, a través de las enmiendas, planteamos una ley articulada y creemos que contemplamos los factores del uso de esta fuente de energía, del estímulo de la misma, del estímulo al ahorro, porque el ahorro de la energía también es una fuente de riqueza. Por tanto, creemos que estas enmiendas iban encaminadas a este fin.
Por último, quiero comunicar, porque no está recogido, que han sido aceptadas las enmiendas números 35, 38 y 70, que ha sido transaccionada y afecta a la enmienda número 75. Por tanto, las enmiendas números 35, 38, 70 y 75 quedan retiradas.
Quiero mostrar mi agradecimiento, aunque no estamos de acuerdo. No obstante, reconocemos el trabajo que se ha hecho en la Ponencia y en la Comisión; lo cortés no quita lo valiente. Se ha hecho un trabajo efectivo y hemos intercambiado puntos de vista, pero llegamos a una conclusión y, para no volver a pedir la palabra, me voy a posicionar sobre el resto de las enmiendas. Votaré favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y después, conforme avance el debate, veremos si se aceptan algunas enmiendas del Senador Victoriano Ríos y, si no, sí que votaré algunas de ellas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré acabar pronto porque estamos en fase hipoglucémica y es más conveniente para que los pocos que estemos podamos oír o entender lo que queremos decir.
En primer lugar, quiero plantear con cierta crudeza que para Coalición Canaria ésta es una ley que no le va, ni le va a Coalición Canaria ni le va al archipiélago canario, es una ley más bien continental que insular.
El concepto de isla eléctrica tiene unas características especiales, que España a veces ha indicado, y cuando se es

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isla se es doble y triplemente isla eléctrica; por lo tanto, los planteamientos para nuestra capacidad organizativa de la energía eléctrica son bastante distintos.
Tenemos varios grupos de enmiendas. En primer lugar, retiro las números 91 y 92, que corresponden a los Títulos II y III.
Respecto a las números 86, 88, 89 y 90, se pretende reflejar en el proyecto de ley que existen competencias planificadoras autonómicas respecto a las redes o instalaciones de su competencia; que los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas pueden adoptar también las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica en supuestos excepcionales; que las Comunidades Autónomas con competencia para ello regulen las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares.
Con la enmienda número 87 se pretende que en los sistemas insulares y extrapeninsulares la planificación de la generación de energía también deba tenerse en cuenta por los instrumentos del planeamiento urbanístico.
En los Títulos del IV al VI mantenemos las enmiendas números 93 y 94.
La enmienda número 94 tiene el carácter de concretar las competencias autonómicas en la materia, tal como se explicó en la defensa del turno anterior.
La enmienda número 93 pretende salvar las situaciones de monopolio u oligopolio que se pueden dar en un determinado momento con el consiguiente peligro de abuso de posiciones dominantes. La solución que se presenta está de acuerdo con la Directiva 96/92 del Parlamento Europeo y del Consejo y consiste en que la Administración puede tener en estos casos excepcionales la opción de acudir a un procedimiento de licitación y no estar sujeto al procedimiento de autorización.
La enmienda número 96 incide en las competencias autonómicas en la materia, dejando claro que el carácter de legislación básica de esta ley no puede ir en perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas en sus Estatutos de Autonomía.
La enmienda número 95 es, quizá, la enmienda clave de Coalición Canaria.
El proyecto de ley que el Ministerio mandó al Congreso de los Diputados no tenía este concepto limitativo y bloqueador de la libertad de la energía eléctrica en los archipiélagos y en las plazas de Melilla y Ceuta. Fue introducido por el Grupo Parlamentario Popular, dándole hasta el 2007 esa posibilidad. Ahora en este Senado la fecha ha pasado del 2007 al 2000.
Yo quisiera profundizar un poco más en esta enmienda y en su importancia.
Para nosotros se trata de bloquear la competencia en nuestro archipiélago después de privatizar Unelco, que es Endesa en Canarias, es decir, Unión Eléctrica de Canarias. No nos satisface ni el texto que salió del Congreso de los Diputados al aceptar la Ponencia la enmienda número 323 del Grupo Parlamentario Popular que contemplaba un período de transición a la competencia hasta el 31 de diciembre del 2007, ni el texto que ha salido ahora en la Ponencia del Senado al aceptar la enmienda número 233 del Grupo Parlamentario Popular que rebaja dicha fecha hasta el 31 de diciembre del 2000. En la justificación se dice que es «para que haya un acercamiento no traumático al régimen de competencias».
La exposición de motivos de la ley dice claramente que un sector esencial como el eléctrico, suministrador de energía y electricidad a los ciudadanos, debe ser liberalizado para generar competencia, eficiencia, mejora en la calidad y en los costes del servicio. En esto estamos casi todos de acuerdo. La competencia es buena para el sector eléctrico. No queremos monopolios u oligopolios que pueden abusar de su posición dominante, y si existen, que sean públicos.
Por otra parte, en Canarias existe una situación de monopolio natural --como ya había dicho-- creada por la empresa pública Unelco del Grupo Endesa. En la aplicación de esta ley se interpreta que hay que privatizar Unelco, dentro de la privatización de Endesa, pues no se puede segregar.
Si se privatizan Endesa y, con ella, Unelco habrá un período de transición para la competencia y en Canarias tendremos una situación de monopolio legal de una empresa privada, por lo que Canarias no se ve beneficiada del juego de la libre competencia en el sector eléctrico. Por dicho motivo, pretendemos que se elimine la disposición transitoria decimoquinta y lo hago extensivo a que lo piensen las señorías de las islas Baleares, de Ceuta y de Melilla.
Se pueden hacer varias interpretaciones sobre cuál es ese intento de Endesa a través del Grupo Parlamentario Popular, al no venir del Ministerio. En primer lugar, parece, quizás hasta inaudito, que del Congreso al Senado se pase, al hablar de la situación de la competencia --«competencia», la palabra divina de un sistema liberal puro--, del 2007 al 2000 sin más explicaciones. ¿Por qué este regalo de siete años? ¿Qué se persigue con esta disposición transitoria decimoquinta? Sencillamente, crear un monopolio privado por ley. Pero puede interpretarse que con los escasos tres años de ahora la modificación hecha hoy frente a la de los días anteriores sólo pretende que en el proceso de privatización se aumente el precio de las acciones de Unelco, ya que sería disuasorio para cualquier intento de competencia y subiría su cotización con el blindaje de estos tres años. La cuantía global quedaría muy alejada de las posibilidades de las Cajas canarias de ahorro y del capital privado del archipiélago.
Pero hay más, señorías. El siguiente párrafo de la disposición transitoria decimoquinta, tantas veces ya indicada, dice que durante este período no será exigible la separación jurídica de actividades entre producción, transporte y comercialización, contraviniendo la Directiva de la Unión Europea e infringiendo directamente el Estatuto de Autonomía de Canarias que en su artículo 30.26 indica que la Comunidad tiene competencias exclusivas en instalaciones de producción, distribución y transporte de energía. También en su artículo 32.8 reserva al sector público autonómico recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de posibles monopolios.
Señorías, para el archipiélago canario la empresa Unelco es pública y ahora se quiere hacer un monopolio privado. La empresa da un servicio esencial en el archipiélago, no solamente para generar energía eléctrica, sino

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para la producción de agua potable y como base para un desarrollo futuro de las telecomunicaciones que en su economía representa el cien por cien de los recursos entre el turismo y la agricultura.
Y termino ya, señorías, diciendo que Coalición Canaria considera esta disposición transitoria de una agresión creo que innecesaria. Si esto lo hacen los actuales amigos, es lógico replantearse la actualidad de esa amistad o reflexionar sobre si este pacto no estará ya agotado.
En la tramitación en el Congreso se dieron desde las alturas seguridades diciendo que se iba a resolver. De no ser así, Coalición Canaria lo interpretaría como un claro acto no amistoso. En cualquier caso, nosotros seguiremos esperando a la nueva tramitación en el Congreso para que se suprima esta disposición transitoria decimoquinta.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión en la intimidad de los presentes. En esa confidencialidad, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos el Senador Albistur, para que exprese sus sentimientos sobre esta ley.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
El comienzo de la sesión de esta tarde es casi como una partida de tute, en el sentido de que vamos a jugar cuando ya están todas las cartas repartidas. Los que dan las cartas, que son los señores que están a mi derecha geográfica, ya han decidido que tienen los cuatro caballos y los cuatro reyes, y tenemos que ver si nosotros disponemos de unos cuantos ases, para, por lo menos, tratar de hacer unos «punticos».
Para no perder tiempo y con el objeto de ir avanzando, me voy a centrar en tres de las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo.
La primera, relativa al artículo 2, apartado 2, es la relacionada con la consideración de servicio esencial, tema en el que nosotros hemos venido insistiendo permanentemente en las negociaciones mantenidas en el Ministerio y posteriormente en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara.
Es verdad que se ha quitado todo aquello de servicio público; se han buscado conceptos diferentes para definir lo que es el servicio dado a la sociedad a través de las operadoras en el sistema, pero nos sigue pareciendo que en lo que se refiere al servicio esencial se encierra en la ley una trampilla para, en un Estado de Comunidades Autónomas, con una Constitución que reconoce competencias de gestión, como he dicho en mi intervención de esta mañana, y con unos Estatutos donde se reconoce, además, la capacidad de ejecución de las Comunidades Autónomas, poder volver a buscar las razones de intervención del Estado.
Ya sé que no he podido tocar ninguno de los corazones del Ministerio ni del Partido Popular --a fin de cuentas el Partido Popular en este caso no hace más que ser mentor de lo que el Gobierno le dice--, pero como el Consejo de Estado les recomendó que buscaran otro término y no han sabido hacerlo, esperábamos que hubieran tenido, por lo menos, la suficiente agilidad para mantener un equilibrio en el Estado de las Autonomías, pero no lo han hecho, y nosotros mantenemos esa enmienda.
Me voy a referir a otra enmienda que tiene que ver precisamente con el argumento de carácter de ejecución por parte de las autonomías, como es el relacionado con la enmienda, para nosotros anteriormente 107, al artículo 21, apartado 3, en la cual establecíamos que las autorizaciones, a las que se refería el apartado 1 de dicho artículo, relacionadas con el régimen especial, debían ser otorgadas por las Comunidades Autónomas.
Entendemos que al desarrollarse la actividad de generación y producción de energía eléctrica en un marco con competencia libre, tal y como la ley se plantea como objetivo, toda autorización de las instalaciones se enmarcan en un ámbito puramente de administración, en un ámbito que correspondería precisamente, por aplicación de los Estatutos correspondientes, a las Comunidades Autónomas.
Esta mañana yo decía que había un temor por parte de la Administración a confiar en la gestión de las Comunidades Autónomas. Hoy día ese temor no tiene sentido alguno, y yo diría que, además, un Estado moderno, como pretende ser el Estado en el cual estamos incluidos, no debería caer en este tipo de actuaciones en función de la abundante comunicación existente entre la Administración central y la periférica. Debería cumplirse la ley de forma organizada y, además, estrictamente jurídica, de acuerdo con la letra de los Estatutos y de la Constitución, y reconocer las capacidades o las competencias de administración y de ejecución a las Comunidades Autónomas.
Finalmente, tengo que hacer referencia a nuestra enmienda número 103, en relación con una cuestión que no hemos sido capaces de cambiar, y en esto tiene que ver, no ya el Grupo Parlamentario Popular, sino Convergència i Unió. Entendemos nosotros que la energía circulada que ahí se plantea como uno de los elementos clave a efectos de obtención de primas, no es sino un elemento más de los que deben considerarse. Desde luego, para este viaje no necesitábamos esas alforjas, y es introducir una discusión que de alguna forma resulta absolutamente estéril cuando, además, el establecimiento de las primas debe hacerse por vía reglamentaria.
Nosotros pretendíamos introducir racionalidad en la modelación del futuro sistema de retribución de la distribución y, por ello, que fuera posible tomar un parámetro representativo para definir el modelo que debería configurar los costes que resultan de la distribución a la energía circulada, pero situándola en su debido lugar. Nos parece que en este asunto han primado intereses excesivamente particulares

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que perjudican a otras Comunidades Autónomas, no solamente a la nuestra.
Como ésta va a ser mi última intervención, diré que, tanto que se nos acusa a los partidos nacionalistas --y lo digo ante la escasísima audiencia, pero para que conste en acta-- de tener una mirada particularista y pequeña, limitada y localista, precisamente no hemos querido dar a esta ley...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Albistur, llevamos unos cuantos minutos de retraso.


El señor ALBISTUR MARIN: Sí, señor Presidente, pero dado que lo que voy a decir lo hago en un Senado que pretende representar a las Comunidades Autónomas, voy a terminar dentro de un segundo o de dos como mucho.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Usted puede terminar dentro de un segundo, pero no por esta causa principal.


El señor ALBISTUR MARIN: Hemos pretendido darle la mayor amplitud posible, de forma que lo que nosotros entendíamos que era bueno lo fuera para todo el Estado y para todas las Comunidades que lo componen. Esa ha sido nuestra intención. Pensamos que así debería ser también para otros grupos políticos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para exponer la primera parte --creo-- de la intervención, tiene la palabra el señor Alegre.


El señor ALEGRE ESCUDER: Gracias, señor Presidente.
Dice usted al manifestar que es la primera parte, puesto que el Senador Gibert, de mi Grupo Parlamentario, defenderá la otra parte de las enmiendas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Senado un total de 85 enmiendas a este proyecto de ley, además del veto, de las cuales quedan vivas en estos momentos 76, puesto que nueve se aprobaron en el trámite de Comisión, y ni una sola en el trámite de Ponencia.
En este sentido, quisiera corregir al Senador Bueno cuando esta mañana dijo que quedaban alrededor de unas 80 enmiendas vivas, que serían las 76 nuestras más 80, aproximadamente, de los Senadores Nieto y Román.
También el Presidente de la Comisión, en la presentación, dijo que en el trámite de Comisión se habían aprobado más de 70 enmiendas. Quiero señalar que las del Grupo Parlamentario Socialista fueron nueve, es decir, un buen porcentaje que indudablemente tenemos que agradecer. Estas enmiendas que voy a defender corresponden a los títulos I, II y III, relativos a las disposiciones generales, competencias administrativas, planificación eléctrica, ordenación del suministro y régimen económico, así como a las disposiciones adicionales primera, decimotercera y transitorias quinta, decimotercera, decimoquinta y una posible nueva decimoséptima en el caso de que fuese aprobada nuestra enmienda.
Sobre estos Títulos y disposiciones el Grupo Socialista tiene su particular visión, muy diferente de la del grupo mayoritario de la Cámara. Respecto de éstos, de nuestras enmiendas y, en definitiva, de lo que el proyecto de ley ofrece a los españoles, nos encontramos con que el Gobierno pretende que una magnífica ley, aprobada en diciembre de 1994, la conocida como Losen, pase a mejor vida. Y así, va a resultar cierta una frase lapidaria del portavoz del Grupo Popular en aquel debate, quien dijo: Si mi grupo llega al Gobierno de la nación, esta ley se derogará.
Pues bien, señorías, ya tienen prácticamente conseguido lo que tan rotundamente manifestaron entonces. Aquella ley, vigente todavía, marcaba un hito fundamental en aquellos momentos de cara precisamente a lo que ustedes pretenden. Admitía, y sigue admitiendo, un juego extraordinario, un abanico de posibilidades para desarrollarla, con vistas a esa situación de competitividad deseada por todos, al abaratamiento de los precios de la energía sin perder calidad de suministro, y con las mismas garantías para satisfacer todas las necesidades de servicios eléctricos existentes hoy y de cara al futuro. Y lo que es mejor: todo ello podía conseguirse con la Losen sin poner --como va a ocurrir-- patas arriba todo el sector.
El Senador Albistur decía esta mañana que se había dado un giro de 360 grados a la Losen. Lo decía hablando en primera persona, sintiéndose satisfecho; y lo entiendo. Mi grupo tal vez hubiera dicho lo mismo si hubiese tenido la posibilidad de negociar durante cinco meses con el grupo mayoritario. En este sentido, mi compañero el Senador don Angel Franco dijo que habíamos tenido el 0,5 por ciento del tiempo de contacto con el Gobierno para realizar esas negociaciones, pero yo diría que ni siquiera hemos dispuesto de ese tiempo.
Señorías, el nuevo marco regulador eléctrico responde exclusivamente a lo acordado --diríamos que con nocturnidad, etcétera-- en el Protocolo que el Ministro de Industria afirmó con las empresas eléctricas. Aun así, no va a haber forma de controlar todo el desbarajuste que se va a organizar; porque esto va a suponer un desbarajuste en el sector, y además, innecesario. Y todo, para conseguir un abaratamiento que nosotros difícilmente vamos a ver, puesto que la generación que realmente entrará en competencia con la nueva planificación va a ser forzosamente muy limitada, al partir de la existencia de un parque de centrales con una potencia instalada en estos momentos capaz de generar sobradamente la energía eléctrica que demanda el conjunto del mercado, y al que actualmente se retribuye --al parque en cuestión--, no en función de sus ofertas, sino de acuerdo con los costes estándares previstos en el marco legal estable.
Eso ha hecho posible hasta ahora un cierto reparto ordenado de las horas de funcionamiento de las centrales o, dicho de otra forma, un relativo equilibrio asumido por todos en cuanto al balance de producción neta por orígenes, es decir, por las diferentes energías empleadas.
La primera consideración que es necesario efectuar es que, debido al sistema de retribución que se pretende implantar,

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el costo del combustible va a tener tal influencia en las ofertas que presentarán los distintos tipos de centrales, que se producirá entre éstas una verdadera compartimentación en función de la energía primaria utilizada, de lo que claramente se puede deducir que el orden de entrada en funcionamiento de los grupos de producción en este nuevo mercado de generación está ya total y lamentablemente predeterminado. Para quien procede de una cuenca minera --en la que además hay dos importantes centrales térmicas--, y tiene la obligación y la vocación de defenderla, esto es algo muy difícil de asumir, a pesar de todo lo que se diga sobre el consumo garantizado y el plan de la minería, que, en realidad, es un plan para liquidar la minería.
Entre tanto, está muy claro que con esta ley va a ser imposible evitar abusos de poder de mercado de alguna determinada energía, que dejará fuera del sistema a otras durante quizá demasiado tiempo.
El proyecto de ley que nos ocupa, en cuanto a la planificación que se contempla en la misma, nos ofrece serias dudas de que pueda conseguirse una producción adecuada, dado que las respuestas ante las necesidades dependen de la exclusiva voluntad de los agentes que se encuentran sin los mecanismos necesarios en un país como el nuestro, con un elevado nivel de dependencia energética y aislado del exterior por el bajo nivel de infraestructuras de transporte.
Nos preocupa que la planificación quede abandonada por las consecuencias que pueda tener para la seguridad de abastecimiento en el futuro, puesto que difícilmente el mercado será capaz de tomar decisiones de inversión a largo plazo que permitan atender en condiciones, o, por lo menos, como hasta ahora se ha hecho, un servicio que ustedes califican de esencial y que nosotros preferimos que se siga llamando público, con titularidad pública, sin que ello impida que la actividad se lleve a cabo por la iniciativa privada, como el actual marco normativo permite.
Aquí hay un juego semántico entre lo que el Senador Albistur ha comentado antes y lo que nosotros pretendemos. Parece ser que lo esencial supera a lo público, pero, en cualquier caso, nosotros preferimos que se siga llamando servicio público. Es lo que pedimos en una de nuestras enmiendas.
La cuestión medioambiental tampoco responde en este proyecto de ley a la sensibilización existente en nuestra sociedad. Tímidamente expresaba --digo expresaba-- la voluntad de que los criterios de protección del medio ambiente deban informar las actividades porque, al menos en el trámite de Comisión, conseguimos la aprobación de nuestras enmiendas, que decían con mayor contundencia que los criterios deben ser condicionantes para el ejercicio de la actividad eléctrica en cualquiera de sus aspectos.
Y, además, la ley debe recoger e incorporar mecanismos para introducir en los costes del suministro eléctrico los correspondientes a la protección del medio ambiente, a la vez que todo ello signifique un avance importante en la promoción del ahorro, en la eficiencia energética y en la potenciación de las energías renovables, manteniéndonos absolutamente firmes en nuestra postura de querer un sector eléctrico más eficiente y con menor impacto medioambiental.
Con nuestras enmiendas pretendemos avanzar en el otorgamiento de derechos a los consumidores, los cuales se van a ver obligados a pagar esos dos billones de pesetas salidos de ese diálogo íntimo del Gobierno con las compañías eléctricas en un momento en el que lo único que ha ocurrido es un volver a empezar para beneficiar a dichas compañías, sin que ello suponga mejora significativa para la ciudadanía, y sí en cambio la posibilidad futura de una pérdida real de eficiencia en el suministro, sobre todo en algunas zonas del país --y son muchas--, en las que la actividad eléctrica pueda carecer del atractivo suficiente frente al negocio asegurado de abastecer a las grandes ciudades.
Son varias las enmiendas de mi Grupo tendentes a clarificar con definiciones apropiadas la separación que creemos debe de existir entre las actividades de distribución y de comercialización en un sector como el eléctrico en el que, por sus especiales características, deben de convivir áreas de monopolio y de mercado, dado que no puedan aplicarse a dicho sector las mismas pautas de liberación que a otros.
La primera, la distribución, al ser una actividad de red, saben sus señorías que se define hoy como la transmisión de electricidad a tensiones inferiores a 220 kilovoltios, en definitiva, transmisión al por menor, a diferencia de las grandes redes de transporte, que lo hacen a tensiones superiores a la citada.
La distribución, pues, mantiene un régimen de monopolio, lo que obliga a establecer una distinción clara que haga posible la introducción de normas de transparencia, que permitan la regulación adecuada de los ingresos de esa actividad monopólica y que eviten la subsidiación de la comercialización con fondos provinientes de la distribución, lo que podría hacer imposible la competencia para el resto de los comercializadores.
Sin embargo, la comercialización debe de asumir por completo la venta de energía a los consumidores finales, bien sean los que tengan capacidad de elección de suministrador, los llamados consumidores cualificados, o aquellos que no la tengan, consumidores a tarifa, a los que, evidentemente, hay que proteger mediante tarifas máximas, en tanto en cuanto no haya competencia efectiva para todos.
Nuestras enmiendas pretenden definir muy claramente estas áreas concretas, en las que la indefinición entre actividades reguladas y no reguladas puede suponer la posibilidad de apertura de un frente de disputas legales.
La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional o la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, como ustedes han dado en llamar al organismo regulador del sector --es un cambio importante--, debe presentar un balance equilibrado entre entre los objetivos que se le encargan y las facultades que se le atribuyen.
Nuestras enmiendas van en este sentido, al pedir que sea este órgano regulador quien pueda con sus informes participar debidamente, como nosotros entendemos y como se aceptó en Comisión, y tengan carácter preceptivo en las funciones que el artículo 8 señala para ellas. Pero pretendemos más. Queremos que sea este órgano el encargado

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de la aprobación de los peajes de transporte y distribución. Esto no se nos admitió en Comisión. Esperamos que reflexionen y lo puedan aprobar al final de esta sesión, evitando así que las facultades de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico queden lejos de las atribuidas en otros países a órganos reguladores similares al nuestro.
Hay ejemplos de mayores competencias, como ocurre en Estados Unidos, donde hay dos órganos como el nuestro, en Canadá, en Méjico, Finlandia, Argentina y Colombia. Portugal e Italia tienen un nivel como el nuestro y Chile lo tiene por debajo. Pero todos los que están delante de nosotros tienen capacidad consultiva, normativa, arbitral y operativa, entrando en ellas el marcar los precios y tarifas, conceder las licencias y las autorizaciones a las instalaciones, la supervisión de las condiciones de suministro, la solicitud de información, inspecciones y sanciones.
En otra parte de nuestras enmiendas pretendemos incorporar textualmente los apartados tres y cuatro del artículo 14 de la Directiva 96/92 de la Unión Europea, que hace referencia a la contabilidad de las empresas eléctricas integradas para que la debida separación de sus cuentas, en función de las diferentes actividades llevadas a cabo den lugar a la necesaria transparencia exigible entre sociedades vinculadas con idénticas obligaciones que el resto de las de la Unión Europea.
Pasamos a defender brevemente las enmiendas correspondientes al Título X, artículo 59 a 67, a los que presentamos solamente seis enmiendas. Es una parte de la ley que se ocupa exclusivamente de las infracciones administrativas establecidas en la misma, calificándolas, como saben muy bien sus señorías, en muy graves, graves y leves, aplicando a las mismas unas sanciones adecuadas a la escala de la infracción. Prácticamente todo el Título está copiado de la anterior Ley, de la Losen, y pretendemos que la única modificación que han introducido en el apartado tres del artículo 60 vuelva al texto original para evitar la subjetividad, al referirse a los materiales e instrumentos aplicados que deben ser homologados, ya que tal como está redactado el texto --como digo-- introduce un cierto elemento de subjetividad.
Las restantes cinco enmiendas a este Título mejoran, a nuestro juicio, significativamente no sólo el proyecto de ley que debatimos, sino incluso la Ley anterior, la Losen, eliminando la cuantificación porcentual existente en la aplicación irregular de las tarifas, tanto en las infracciones muy graves como en las graves. Por otra parte, consideramos que esta ley no puede fijar el marco normativo de las empresas como pretende el texto actual.
Las enmiendas correspondientes a las disposiciones adicionales --solamente hay tres-- pretenden otorgar al Consejo de Seguridad Nuclear mayor capacidad normativa en el ámbito de sus propias competencias, a la vez que suficientes facultades de instrucción y resolución en los expedientes sancionadores, puesto que las infracciones en materia nuclear, por lógica, son infinitamente más graves que las administrativas a las que hemos hecho referencia y, por tanto, precisan de la intervención completa de quien mejor y con mayores conocimientos puede actuar sobre ellas, que es precisamente el Consejo de Seguridad Nuclear.
Nuestras enmiendas a las disposiciones transitorias pretenden elevar el techo establecido por la ley en la consideración de consumidores cualificados, rebajando el tipo de consumo necesario para ello, así como el tiempo en alcanzar tal posibilidad y, por otra parte, fijar un período de transición hasta principios del 2003 para que todos los consumidores puedan alcanzar la condición de clientes elegibles. Y en este período decimos que los distribuidores podrán ejercer la actividad de comercialización del suministro eléctrico a tarifa, pero eso sí con separación contable de ambas actividades.
Sobre este punto, está nuestra enmienda a la disposición transitoria decimotercera, para nosotros de gran importancia. Creemos que es la única vía posible para llegar a un cierto grado de competitividad, y el único camino que tenemos es el de la demanda, ya que hemos argumentado con anterioridad que a través de la oferta va a ser difícil conseguirlo dado el grado de concentración existente, pues no pensamos que sean ustedes capaces de tomar el mismo camino que tomó el Reino Unido, y luego hablaremos algo de ello.
En consecuencia, si de verdad quieren ustedes una mejora real, si es cierto lo que pretenden, que es abaratar el precio de la energía eléctrica, aprueben nuestra enmienda a la disposición transitoria decimotercera, lo que permitirá aumentar la elegibilidad, consiguiendo que sean más y antes los ciudadanos que puedan elegir a su suministrador.
Con el texto actual, el proyecto de ley se abre al mercado a poco más del 28 por ciento y eso gracias a alguna ligera modificación que se hizo en el trámite de Comisión. Pero todo ello es poco, señorías. Reflexionen sobre nuestra enmienda en el poco tiempo que queda para proceder a la votación y sean capaces de reconocer con su aprobación que tenemos razón.
Quisiera añadir unas reflexiones en un último intento de mover sus voluntades para no dejar esta ley tal como pretenden, porque de ser así van a quedar totalmente condicionadas las políticas energéticas no solamente las de este Gobierno, para las que ya no hay remedio, sino, y lo que es peor, de los que le sigan, dado que las decisiones que se están tomando --y entre ellas la fundamental, la de las privatizaciones-- por su propia naturaleza van a ser irreversibles.
Entre tanto, los ciudadanos se encuentran con un discurso político sobre la reducción insignificante de precios frente al hecho cierto del beneficio incuestionable que esta ley va a suponer para las empresas eléctricas y ello teniendo en cuenta que el 80 por ciento de la producción está en manos del duopolio que todos conocemos. ¿Dónde va a estar la competencia? Esta estructura existente supone arrancar con una concentración horizontal excesiva sin que de este proyecto salga algo para evitarla.
Para que realmente haya competencia, debería haber --si lo que pretenden es que verdaderamente haya competencia-- una mayor dispersión empresarial del sector. Por ejemplo, todos conocen la situación de la Banca, con más de 50 bancos importantes y más de 80 cajas. Ahí sí que se puede producir la competitividad.


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En el sector eléctrico países como Argentina tienen más de 40 empresas compitiendo, empresas de un tamaño parecido, y en otros países en los que hay concentración compiten a otro nivel, por ejemplo, el caso de Holanda, que está interconectada con el mercado europeo, en España es imposible por la falta de interconexiones. Países que quieren liberalizar, que están en un proceso similar al que estamos atravesando ahora, aplican otra solución: por ejemplo, en California, en Estados Unidos, los «stranded cost», o sea, lo que aquí se llama costes de transición a la competencia, se pagarán a las empresas eléctricas que hagan las reinversiones necesarias para garantizar la competencia efectiva. En Australia existe un sistema parecido. En Inglaterra, como les he querido decir antes, no se adoptaron esas medidas a la liberalización, sino que se arrancó como en España, con pocas empresas, y el resultado fue que los precios no bajaron hasta que las autoridades les obligaron a desinvertir.
En España nuestro caso es peor al no disponer de instrumentos legales para obligar a desinvertir y tampoco esta ley los crea.
Después del análisis de todo lo dicho, me cuesta creer que ustedes puedan pensar que el sector se va a optimizar así. Y lo peor no es esto: nos preocupa enormemente --y ojalá me equivoque-- que los únicos cambios que se produzcan sean los de reducciones drásticas de personal, sobre todo en las térmicas de carbón.
Con los datos que tenemos en la mano, no sabemos cómo se las van a arreglar para conseguir en las térmicas --no hablo de las de carbón de importación, sino de las de carbón autóctono o nacional, como quieran ustedes llamarlas-- para conseguir que el costo del kilovatio no supere la seis pesetas. Sumen ustedes retribución de los kilovatios/hora generados al coste marginal del sistema, retribución correspondiente hasta los costes de transición a la competencia, garantía de potencia, centrales de carbón nacional --una peseta kilovatio--, costes permanentes del sistema, costes de diversificación, y es de suponer que no quieran sobrepasar las seis pesetas para no perderlo por el camino de los costes de transición a la competencia, en cuyo caso la única vía posible es la que digo que nos tememos, es decir, las reducciones de personal en las centrales térmicas de carbón.
Señoría, nosotros no queremos negarnos a la evidencia de la necesidad de una reforma; sería absurdo por nuestra parte. Lo que ocurre es que la Losen permitía, permite, una reforma pausada, gradual y adecuada a nuestra realidad, y, en cambio, querer reformar, como pretenden ustedes, de la noche a la mañana nos puede llevar, señorías, al desastre o, cuando menos, a unos resultados que creo personalmente y creemos en mi Grupo que son bastante dudosos.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alegre Escuder.
Tiene la palabra el Senador Arseni Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender las 37 enmiendas que no ha defendido el Senador Alegre, correspondientes a los títulos IV a IX, inclusive, de la ley y a algunas disposiciones adicionales, transitorias y finales.
¿Qué pretenden estas enmiendas? Pretendían modificar sustancialmente la ley, y si esto no es posible --y parece que no lo es--, por lo menos desenmascarar el significado real de la ley que se va a aprobar esta tarde aquí; desenmascarar el resultado final de una ley que, a nuestro juicio, conduce a la autorregulación por parte de las compañías, a la eliminación de la competencia, pues sería absurdo pensar que si la ley está hecha por un procedimiento de autorregulación de las propias compañías, condujera a la competencia --las compañías no quieren competencia--, y otro resultado es que la ley, al no conducir a la competencia, perjudica directa o indirectamente y a medio plazo a los usuarios y, finalmente, no liberaliza. Es decir, privatiza un oligopolio, y no sólo en las Islas Canarias, como decía esta mañana el señor Ríos, sino también en general. Privatizar es una condición necesaria para la competencia, pero, evidentemente, no suficiente, y la consolidación de un oligopolio no conduce, por descontado, a la misma.
Veamos algunos aspectos, los más centrales, de estas enmiendas, pues no voy a detenerme en una por una. Hay un grupo de enmiendas que va de la 156 a la 166, exceptuando la 165, y también las enmiendas números 195 y 196, a la transitoria novena, de las que la básica, porque las demás son coherentes con la misma, es la 166, que propone un nuevo artículo 38 bis y que lo que pide, en definitiva, es que la Red Eléctrica de España funcione como operador del mercado, del sistema y gestor de la red de transporte.
Mencionábamos nosotros la conveniencia de una mayoría pública en su capital, pero no es ésta la cuestión. Estábamos dispuestos a aceptar una transacción en la que esta condición no se cumpliera; es más, hemos aceptado una transacción no porque ésta nos satisfaga --quería dejarlo claro--, sino simplemente porque es el mal menor, ya que mejora el texto anterior, pero no nos satisface. Estamos casi igual de descontentos con la transaccional que hemos aceptado que con el texto original, y aprovecho para retirar nuestra emienda número 195, que es una de las que daba soporte a esta transacción.
Decíamos que no se trata tanto de defender la mayoría pública como del hecho de que, por el medio que sea, haya fórmulas de garantía de la neutralidad e independencia de la empresa de que se trate: operador del sistema, operador del mercado y gestor de la red pública. Si esto no es así, si no hay neutralidad e independencia, si esta función está en manos de las compañías, no solamente estamos hablando de autorregulación en los aspectos legales, sino que estamos hablando de autorregulación operativa, es decir, permanente en todos los pasos de la gestión del sistema.
Hay otro grupo de enmiendas, el que va de la número 168 a la 182, en las que la básica --porque las demás son coherentes con ella-- dice que el suministro de energía eléctrica a los usuarios, bien a tarifa o a elegibles cualificados, será realizada por las comercializadoras, con un matiz, una transaccional nueva, la enmienda número 199,

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de nuestro Grupo, que atribuye a los distribuidores la capacidad de suministrar la tarifa hasta el 2003 como fórmula transitoria.
Nuestro Grupo entiende que la función de distribución es un monopolio natural y que, por lo tanto, debe limitarse a un peaje fijado preferentemente por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, no por el Gobierno --pero esto es un asunto menor-- y quien debe suministrar y contratar energía deben ser las comercializadoras.
La ley crea nominalmente la figura del comercializador, pero en realidad consolida una concentración vertical: los distribuidores serán en realidad los comercializadores efectivos, y las figuras se funden de tal manera que con el plazo de transición que ustedes les atribuyen en la ley los comercializadores difícilmente proliferarán y serán desagregaciones de los propios distribuidores, que serán, a su vez, filiales de las compañías generadoras. Y el resultado no puede ser otro que un monopolio vertical y, por lo tanto, de no competencia, ni siquiera cuando todos los usuarios sean elegibles, si es que alguna vez lo llegan a ser.
Dos enmiendas, las números 193 y 194, pretendían modificar sustancialmente el acuerdo del Gobierno del Protocolo Eléctrico con las compañías en relación a los costes de transición a la competencia. Se trata de esos dos billones de los que tanto se ha hablado y, por lo tanto, no voy a insistir en ello, pero hay que tener en cuenta el decremento de tarifas que se está produciendo. Cuando se firmó el Protocolo, la cantidad pactada nos parecía excesiva, y así lo manifestamos. Pero en aquel momento la tónica de los tipos de interés todavía no estaba consolidada, como lo está ahora, es decir, sólo el hecho de la baja de los tipos de interés ya debiera haber comportado una revisión a la baja de esta cantidad, aunque sea como cifra límite, y esto no se ha producido.
Nuestra propuesta es de un 3,2 por ciento a cuenta de la tarifa, porque reconocemos que hay costes de transición, que se revise dicha cifra anualmente y, por lo tanto, que se reconozcan los costes que realmente se hayan producido.
Con la ley tal como está, señores del Grupo Parlamentario Popular, el resultado nos parece muy claro. Las tarifas bajarán en parte a costa de estos costes de transición, es decir, «chupando» --por decirlo de una manera gráfica-- de esos costes de producción, y después, cuando se haya terminado la transición, habrá colusión de precios, porque con el mercado liberalizado y con un duopolio la colusión es fácil y está escrita.
Hay una enmienda también importante a nuestro juicio y sobre la que también hay una transacción --y con base en dicha transaccional aprovecho para retirar la enmienda número 197-- que, al igual que la anterior, tampoco nos satisface pero que hemos aceptado porque entendemos que mejora algo el texto original, que se refiere al calendario y magnitudes de elegibilidad. La ley proponía 20 gigavatios de consumo mínimo para ser elegible y, además, por punto de consumo. Señorías, 20 gigavatios son, aproximadamente, 400 usuarios, que hoy ya disfrutan de una tarifa bonificada. Por lo tanto, el 1 de enero del 2003 no hay ni una sola ventaja para ningún usuario, porque estamos hablando de 400 que hoy ya tienen tarifa bonificada. La transacción baja a 15 gigavatios, y reconocemos que entonces tienen cabida unos 300 usuarios más. Por lo tanto, algo hemos ganado.
En cualquier caso, ustedes conducen el proceso de elegibilidad hasta el 2007. Nosotros proponíamos, en primer lugar, que el consumo fuera en todos los casos agregado, no por puntos de consumo. En segundo lugar, un calendario de unas magnitudes inferiores, que permitían que este proceso de elegibilidad fuera más rápido.
¿Razones? Una ya la he dado. En principio, con los 20 gigavatios no habría nuevos elegibles. Pero hay otra razón de mucho peso, a nuestro juicio. Todos los usuarios, todos, van a pagar alícuotamente, según el consumo, los costes de transición a la competencia. Sin embargo, al coincidir el 2007 con el final de la transición, todos aquellos que no sean elegibles hacia el 2007 no podrán beneficiarse en absoluto de la competencia, en los supuestos de que se introdujera.
Por otra parte, está el tema de la agregación, que ha defendido con mucho acierto, a mi juicio, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. A través de una enmienda de Convergència i Unió se ha introducido a Renfe y a los transportes metropolitanos, aunque no vemos la diferencia de que no puedan ser consumos agregados para otras empresas distintas de éstas, ya que son consumidores de un volumen que reconoce la ley. No entendemos francamente por qué no se puede considerar el consumo agregado.
Hay otras enmiendas menores, relacionadas también con la competencia, en las que no me voy a detener. Sólo voy a hacer mención a una de ellas. Nos parece que sería lógico que las hidroeléctricas con caudal condicionado, que las hay, sea por usos prioritarios o sea por caudales intermitentes, pudieran beneficiarse también de las primas al régimen especial, incluso con una producción de entre 10 y 50 megavatios.
Por otro lado, me gustaría también detenerme en la enmienda número 170, que pretende completar las obligaciones de los distribuidores, en función de mejorar las garantías de calidad del servicio.
La última enmienda a la que quiero referirme es la número 173. Ustedes excluyen las líneas directas de suministro que se puedan instalar de los beneficios de la expropiación y de la servidumbre. En esas condiciones nos parece que es imposible que se construya ninguna línea directa, o prácticamente imposible. Si ustedes o el Ministerio hubieran entrado en una negociación seria sobre este conjunto de enmiendas creemos sinceramente que esta ley podría ser bastante mejor, y sobre todo que podría ser sin duda bastante más perdurable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Gil-Ortega.


El señor GIL-ORTEGA RINCON: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, voy a realizar un único turno en contra e intentaré dar respuesta a todas y cada una de las enmiendas que aún permanecen vivas a este proyecto de ley. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Intentaré hacerlo lo más rápidamente posible, aunque es cierto que iré artículo por artículo para que ninguna enmienda quede sin justificar.
Al artículo 1 sólo se ha presentado la enmienda número 1, de Izquierda Unida, y no se acepta ya que trata de cambiar prácticamente todo el texto de dicho artículo, con el objetivo de garantizar las necesidades de servicios eléctricos y la seguridad del suministro. Entendemos que ello se asegura y se garantiza con el texto propuesto en el proyecto de ley.
Al artículo 2 se han presentado tres enmiendas; dos de ellas son coincidentes, la número 116, del Grupo Socialista, y la número 2, de Izquierda Unida. En ambas se solicita cambiar «servicio esencial» por «servicio público». Entendemos que el texto propuesto es más adecuado, y que es fundamental --y así lo pretende la ley-- el principio de libre iniciativa empresarial, que en el párrafo 1 de este artículo se menciona, para adecuarse a la realidad del mercado.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la enmienda número 97, que igualmente se rechaza por idéntica razón. Quiero aprovechar la ocasión para decirle al Senador Albistur que hoy no comienza la partida, sino que hoy termina. La partida empezó hace mucho tiempo. Se dieron las cartas hace más de dos meses, y cada uno ha tenido tiempo de jugar las suyas.
Al artículo 3 se han presentado, y quedan vivas, la enmienda número 117, del Grupo Socialista, y las números 3, 4 y 5, de Izquierda Unida.
No aceptamos la 117, dado que no parecería lógico dejar a dos órganos diferentes la fijación de tarifas: a la Administración General del Estado las finales y a la Comisión los peajes.
Las números 3, 4 y 5, de Izquierda Unida, tampoco se pueden aceptar. En la primera se propone incorporar un nuevo apartado a) al artículo 3.1 del proyecto, y ello ya está regulado en el Título VIII dedicado a suministro. La número 4 porque no se ajusta a la regulación de planificación eléctrica, y la 5 por estimar que la interpretación del contenido de las competencias del Estado no deben realizarse en un proyecto de ley.
Al artículo 4, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la número 118.
Tampoco se puede aceptar, ya que se considera que la actividad de distribución, dada la complejidad de esta redes, resulta difícilmente planificable.
Izquierda Unida presenta a este artículo la número 6, y el Senador don Victoriano Ríos, de Coalición Canaria, la 86. La número 6 no se puede aceptar por considerar que la interpretación del contenido de las competencias del Estado no deben realizarse en un proyecto de ley, como hemos mencionado anteriormente. La 86, de Coalición Canaria, tampoco se acepta ya que, aunque en el artículo 131 de la Constitución se garantiza un proceso participativo en la elaboración de la planificación económica, aunque ésta articule y garantice en el proceso planificador la intervención del Ejecutivo y del Legislativo como decisores y paralelamente de las Comunidades Autónomas, en el Plan consultivo y asesor entendemos que las competencias planificadoras son del Estado.
Al artículo 5 se presentan dos enmiendas, la 120, del Grupo Parlamentario Socialista, que no puede admitirse, ya que el sistema por el que se ha optado en el proyecto de ley es el de planificación sólo del transporte.
La número 87, de Coalición Canaria, tampoco puede admitirse por las razones expuestas, así como la número 86.
Al artículo 6, Izquierda Unida presenta las enmiendas número 7, 8 y 9, que no pueden aceptarse ya que la Comisión asume funciones de carácter ejecutivo, con lo que los miembros de la misma no pueden depender del poder Legislativo.
Al artículo 7, no se acepta la enmienda número 10, de Izquierda Unida, por considerar que el texto propuesto en el proyecto de ley es más completo que el de la enmienda, ya que en los 32 miembros están representados al Consejo de Seguridad Nuclear, agentes sociales y defensa del medio ambiente.
Al artículo 8 del proyecto de ley, al Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 122, 123 y 124. La 122 no se acepta por las mismas razones expuestas en el número 117. Las 123 y 124 se rechazan igualmente porque los términos de esta función son los mismos que tiene actualmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Izquierda Unida ha presentado las enmiendas números 11, 12, 13 y 14, las cuales no se pueden admitir, ya que la capacidad de la Comisión para informar sobre disposiciones de carácter general en materia eléctrica se contempla en el apartado 2 del artículo 8.1 del proyecto de ley. De igual forma, para la enmienda al artículo 8.1 Octava se considera suficiente la previsión que se realiza en la función Décimoctava de la Comisión.
En Título II, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al artículo 9 las enmiendas 126, 127, 128 y 129. Las 126 y 127 no se aceptan porque se considera conveniente que la venta de energía a tarifa, que es la máxima regulación, sea ejercida por un agente cuya actividad esté regulada, como es la distribución y no por los comercializadores, cuya actividad está sometida al libre mercado. Además, lo propuesto en la enmienda se aplicará automáticamente en el momento en que no existan tarifas.
La número 128 no puede ser aceptada, porque los distribuidores para poder vender a clientes a tarifas tienen que tener la capacidad de comprar como clientes cualificados. La 129, que intenta evitar la verticalización del sistema eléctrico, tampoco se acepta ya que ello está garantizado en la separación de actividades que exige el proyecto de ley.
Izquierda Unida tiene dos enmiendas a este artículo, las números 15 y 16, que no pueden aprobarse ya que la Compañía de Ahorro Eléctrico, tal y como se regula en la propuesta, sería la que desempeñase funciones de ahorro y eficiencia energética, que están asumidas en un sentido más amplio por el IDAE en la Administración General del Estado.


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Al artículo 10 Coalición Canaria presenta las enmiendas números 88 y 89, que no pueden aceptarse porque ya existe una previsión en el artículo 10 del proyecto para la adopción de las medidas que garanticen el suministro de energía eléctrica para todo el conjunto del Estado.
Al artículo 11 se han presentado las enmiendas números 131, 132 y 133 de modificación y adición, del Grupo Parlamentario Socialista, y no podemos admitirlas ya que por una parte los productores sólo adquieren energía en su condición de comercializadores. Las enmiendas números 132 y 133 tienen la misma justificación que se dio a la presentada al artículo 9.
La enmienda número 17 de Izquierda Unida pretende modificar totalmente el artículo 11 y su aportación, desde nuestro punto de vista, no mejora la redacción, ya que no regula nada sobre la producción. El concepto de explotación justificada con el que se inicia el propuesto artículo 11.1 es ajeno al proyecto de ley.
Al artículo 12 se han presentado dos enmiendas, la número 18 de Izquierda Unida y la número 90 de Coalición Canaria. La enmienda número 18 propone sustituir la expresión «podrá ser excluida» por la de «estará» y no puede ser aceptada por considerar que es una excepción transitoria. En relación con la enmienda número 90 tampoco se acepta por ser reiterativa de otras presentadas, que ya han tenido respuesta anteriormente, como la número 86 del mismo grupo.
El Grupo Parlamentario Socialista propone una nueva redacción del artículo 13.6 con la enmienda número 134, que pretende someter las importaciones y exportaciones de energía al abono de los costes de diversificación y costes permanentes del sistema. No podemos aceptarla, ya que a los costes de diversificación y permanentes sólo pueden estar sometidos los consumos nacionales, por lo tanto, las exportaciones no.
La enmienda número 19, de Izquierda Unida, en la que se propone cambiar la totalidad del texto, no puede admitirse ya que la propuesta no realiza previsión alguna sobre la adquisición de la energía y, además, la exigencia de la directiva, que es la apertura de mercado, va mucho más allá de lo que propone dicho texto.
Al artículo 14 se ha presentado la enmienda número 135, del Grupo Parlamentario Socialista, que no se acepta por las mismas razones que se expusieron en la enmienda número 126. La enmienda número 20, de Izquierda Unida, pretende cambiar todo el artículo y, aunque es encomiable el esfuerzo que ha hecho por modificar toda la ley, que hay que reconocer, no puede admitirse, ya que la distribución puede vender en tarifa.
Al artículo 15 el Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda número 136 e Izquierda Unida las números 21 y 22. Las enmiendas números 136 y 22 por las que se pretende reforzar la protección del medio ambiente no se aceptan. Desde nuestro punto de vista son innecesarias porque esto mismo ya está recogido, sin ir más lejos, en la exposición de motivos y, en todo caso, las condiciones medioambientales no vendrán derivadas del régimen de tarifas o peajes, sino del régimen de autorización de las instalaciones. La enmienda número 21 de Izquierda Unida tampoco es aceptada porque está implícita ya en el texto de la propuesta que se hace.
En el artículo 16 las enmiendas números 137 y 138 propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista no pueden admitirse, ya que lo que pretenden sería discriminatorio en la apertura del mercado.
Las enmiendas números 23 a 27, ambas inclusive, de Izquierda Unida, del señor Nieto Cicuéndez, no pueden admitirse, en algunos casos, como en el de la número 23, porque la propuesta no es compatible con el sistema del mercado que se pretende. La enmienda número 103, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, también a este artículo 16, tampoco puede ser aceptada porque hay elementos para la retribución de la distribución que ya están contemplados en el proyecto de ley.
En el artículo 17 las enmiendas 139 y 140 del Grupo Parlamentario Socialista no pueden ser admitidas. La número 139 porque iría en contra de los términos de régimen de mercado y la número 140 se rechaza por las mismas razones expuestas en las enmiendas presentadas al artículo 9.
Las enmiendas números 28, 29 y 30, de Izquierda Unida, no se aceptan ya que, como en ocasiones anteriores, no se ajustan al modelo de mercado.
La enmienda número 92, de Coalición Canaria, ha sido retirada en el Pleno de hoy.
Al artículo 18 se presentan las enmiendas números 142 y 143. No pueden aceptarse y la justificación ya fue dada, y sirve la misma, al comentar la enmienda número 17, presentada al artículo 3.
Al artículo 19 presenta cuatro enmiendas el Grupo Socialista, que son las números 144, 145, 146 y 147. Como es norma general, no pueden ser aceptadas por las mismas razones que las dadas en las enmiendas números 126 y 128 del mismo Grupo.
Las enmiendas números 31, 32 y 33, de Izquierda Unida, no pueden ser aceptadas por razones idénticas a las ya expuestas, al no ajustarse al modelo de mercado. La enmienda número 32 no se acepta por coherencia, porque si no se aceptó la creación de la Compañía de Ahorro Eléctrico tampoco procede aceptar este modelo de financiación.
Al artículo 20, el Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 148 y 149. La enmienda número 148 pretende la incorporación textual de los apartados tres y cuatro del artículo 14 de la Directiva 96/1992 de la Comunidad, a fin de asegurar la máxima transparencia. Se rechaza por considerar que la separación contable tiene que ser una garantía de transparencia en la gestión de las empresas, y el proyecto lo asegura, además de dar cumplimiento a la Directiva. La enmienda número 149 sentimos no poder aceptarla, puesto que ha sido presentada una enmienda transaccional y no ha sido aceptada por el Grupo Socialista.
La enmienda número 34, de Izquierda Unida, no se acepta por no adaptarse al modelo de mercado ni tampoco a la Directiva.
Al artículo 21, el Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 150, que no se acepta por considerar que el

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sistema de licitación no se adecua al modelo de libertad establecido que contempla el proyecto de ley.
La enmienda número 107, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tampoco se puede aceptar de acuerdo con el artículo 149.1.º de la Constitución.
Asimismo, tampoco se aceptan las enmiendas números 36, 37 y 39, de Izquierda Unida. Hay que decir que la número 38 ya fue aceptada en Comisión.
Coalición Canaria presenta la enmienda número 93 y no se admite por considerar que no existe planificación en el ámbito de la generación.
Al artículo 22 sólo se presenta la enmienda número 40, de Izquierda Unida, y no puede ser admitida debido a que lógicamente en la concesión administrativa se determinará, en su caso, el curso de las aguas.
Al artículo 23 se presenta la enmienda número 41, de Izquierda Unida. No se acepta por no ser compatible con el modelo de mercado.
Al artículo 24 presenta el Grupo Socialista la enmienda número 151, y no puede ser aceptada por las razones ya expuestas en la número 129 del mismo Grupo.
Izquierda Unida presenta la enmienda número 42, que pretende suprimir los puntos 2, 3 y 4 del artículo, y no puede aceptarse por considerar necesaria esta previsión para el desarrollo del mercado.
Al artículo 25 se presentan las enmiendas números 43 y 44, de Izquierda Unida. Tampoco se aceptan por no ajustarse a la Directiva.
Al artículo 26 se presentan las enmiendas números 45, 46 y 47, de Izquierda Unida. Las tres enmiendas no se ajustarían al concepto de mercado que pretende la ley y, por lo tanto, deben ser rechazadas.
La enmienda número 94, de Coalición Canaria, tampoco es aceptada, ya que se alegan competencias del Estado en esa materia.
La enmienda número 153, del Grupo Socialista, al artículo 27, no puede admitirse ya que la definición del proyecta está de acuerdo con el concepto de autoproductor recogido en la Directiva.
Por último, a este artículo, la enmienda número 48, de Izquierda Unida, se rechaza por considerar excesivamente extensivo incluir instalaciones renovables hasta 100 megavatios.
Al artículo 28 de Izquierda Unida presenta la enmienda número 49, y no es aceptada ya que la regulación del proyecto de ley establece un trato diferenciado en función del tamaño de las instalaciones.
Al artículo 30 el Grupo Socialista presenta la enmienda número 154, y se rechaza porque son condicionantes que no se derivan del funcionamiento del sistema eléctrico.
Izquierda Unida presenta las enmiendas números 50 y 51, que también son rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda número 156, al artículo 32, de supresión. No puede ser aceptada por considerar que va en contra del principio de libertad de establecimiento para la producción que promulga el proyecto de ley.
Las enmiendas números 52 y 53, de Izquierda Unida, no se aceptan, ya que el cambio de nombre que se propone no se adecua a la diferenciación entre el operador del mercado y el sistema del proyecto de ley que contempla, además de no ajustarse al modelo de mercado.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 157, 158 y 159, al artículo 33. La enmienda número 157 no puede ser admitida porque es necesario definir el objeto y características fundamentales del sujeto que ha de realizar la operación del mercado con carácter previo a regular sus funciones.
La enmienda número 158 no se acepta por ser necesario contemplar las incidencias que pueden presentarse que justifiquen la no petición de fuerzas con carácter excepcional.
La enmienda número 159 tampoco puede ser aceptada porque el Comité de agentes del mercado garantiza la existencia de un órgano al margen del operador del mercado en el que pueden tener presencia todos los que participan en dicho mercado, sean o no accionistas.
La enmienda número 54, de Izquierda Unida, no puede ser admitida, ya que no se ajusta nuevamente al modelo de mercado.
La enmienda número 160, al artículo 34, del Grupo Parlamentario Socialista, pretende suprimir el apartado 1 de dicho artículo por coherencia con el modelo socialista. Nosotros rechazamos esta enmienda por creer necesario definir el objeto y características del sujeto que ha de realizar la operación del sistema con carácter previo a regular sus funciones.
Izquierda Unida presenta también a este mismo artículo la enmienda número 55, que no puede ser admitida, ya que está regulado en el proyecto de ley que el operador del sistema sea una sociedad mercantil privada, de acuerdo con las funciones que le asigna el artículo 34 del proyecto de ley.
La enmienda número 111, al artículo 35, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no se acepta, ya que no hay conflicto de interés entre las actividades operación del sistema más gestor de la red con ser titular de instalaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 161, 162, 163 y 164, al artículo 36, la primera de modificación y el resto de supresión. No pueden ser admitidas por no haber exclusividad en la construcción de las redes de transporte.
La enmienda número 56, de Izquierda Unida, al artículo 37, no puede admitirse por las mismas razones que se han dado para la enmienda número 55.
Las enmiendas números 165 y 166, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 38, no pueden ser admitidas. La primera de ellas por idénticas razones a la que fue presentada al artículo 3.1.c), que fue rechazada. Y, la segunda, porque, de acuerdo con las definiciones de los artículos 33 y 34 del proyecto de ley, el operador de mercado y el operador del sistema deben ser sujetos separados con funciones distintas.
La enmienda número 57, de Izquierda Unida, no se acepta por considerar que existen consumos conectados directamente a la red de transporte.


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La enmienda número 167, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 40, no podemos admitirla, ya que la planificación no es obligatoria en materia de distribución, además el proyecto prevé otros mecanismos para asegurar la calidad del servicio.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 168 a 171, al artículo 41. Idéntica respuesta merecen a las presentadas a los artículos 9.1 y 9.3, por lo que no podemos admitirlas.
La enmienda número 172, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 42, es de sustitución. Se podría contestar, por no ser reincidente, en los mismos términos que para la 117.
Izquierda Unida presenta la número 58, que se rechaza igualmente por entender que la mayoría de los consumos se realizan a través de las líneas de distribución.
La enmienda número 173, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 43, pretende suprimir el apartado 3. No puede admitirse, ya que las líneas directas no son de interés general.
La enmienda número 159, de Izquierda Unida, no es aceptada, ya que se considera que el texto propuesto por esta enmienda es contrario a la Directiva de la Comunidad.
Al artículo 44, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 174, que se rechaza por las mismas razones que ya fueron expuestas para las números 126 y 128.
La enmienda número 60, de Izquierda Unida, no puede aceptarse, ya que no se ajusta al modelo ni a la Directiva, como viene siendo costumbre en las enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario.
En relación a la enmienda número 61, no se acepta porque la expresión propuesta en esta enmienda no es coincidente con la que presenta este proyecto de ley.
Al artículo 45, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado siete enmiendas, de la número 175 a la 181, ambas inclusive. No puede admitirse ninguna de ellas, la número 175, porque, al margen de lo indicado en las números 126 y 128, sobre la venta de los distribuidores a tarifa, éstos siempre mantendrán determinadas obligaciones en relación al suministro.
El resto tampoco pueden ser admitidas por las razones ya expuestas anteriormente.
La enmienda número 62, de Izquierda Unida, no puede aceptarse por estar en desacuerdo con la Directiva.
En el artículo 46, la enmienda número 182, del Grupo Parlamentario Socialista, no se acepta por las razones expuestas en las enmiendas números 126 y 128.
La enmienda número 63, de Izquierda Unida, no se acepta por no estar en concordancia con el modelo de la ley.
Al artículo 50, la enmienda número 64, de Izquierda Unida, tampoco se puede aceptar, ya que el suministro de energía eléctrica es un contrato privado entre dos partes, y puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones entre ambas.
Al artículo 60, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 184, 185 y 186. La 184 no puede ser aceptada porque el proyecto de ley es más amplio en materia de seguridad, ya que se supone que incluye esta exigencia en los instrumentos materiales para los que exista normalización y homologación; la número 185, porque el sistema sancionador tiene que mantener una graduación tanto en las infracciones como en las sanciones, e igualmente la número 186 no es aceptada porque el Reglamento de contabilidad para las empresas eléctricas está regulado en el proyecto de ley. Por tanto, tiene que tener reflejo en el sistema sancionador.
Las enmiendas números 65 y 66, de Izquierda Unida, tampoco pueden ser admitidas porque el operador de mercado existe, y la número 66, concretamente, por no estar de acuerdo nuevamente con el modelo de mercado.
Al artículo 61, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 187, que no puede ser aceptada por las mismas razones dadas en la enmienda número 185; la número 188 porque sería desproporcionado que un incumplimiento de estas características lleve directamente a la suspensión de beneficios, y la 189 por las mismas razones que las expresadas en la 166.
Las enmiendas números 67, 68 y 69, de Izquierda Unida, no se admiten, y volvemos a insistir en lo mismo: la protección del medio ambiente está garantizada en esta ley.
La enmienda número 70 ha sido retirada por el Senador que la presentó, por ser aprobada en Comisión.
En relación con las disposiciones adicionales, a la tercera se ha presentado la enmienda número 71, de Izquierda Unida, y se desestima por considerar que es ajena al contenido de la ley.
A la adicional cuarta, Izquierda Unida presenta dos enmiendas, las números 72 y 73, y no se acepta ninguna de ellas por considerar que el texto propuesto está más ajustado al proyecto de ley.
A la adicional quinta, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 190, que se rechazada por entender que corresponde a la Administración General del Estado, y no al Consejo, la facultad de iniciar los procedimientos sancionadores.
Izquierda Unida ha presentado también la enmienda número 74 --ya que ha retirado la 75--, que no se admite por ser el texto de la ley más adecuado que el presentado por Izquierda Unida.
A la disposición adicional sexta, Izquierda Unida ha presentado la enmienda número 76, que no es aceptada por coherencia, al haber sido rechazadas las enmiendas presentadas al artículo 16.
A la disposición adicional octava, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos enmiendas, la 191 y la 192. La primera no se acepta por las mismas razones expuestas en la enmienda 190, y la 192 por no ser posible conceder al Consejo de Seguridad Nuclear una potestad como es la reglamentaria, que el artículo 91 de la Constitución atribuye al Ejecutivo.
A la disposición transitoria cuarta, Izquierda Unida presenta la enmienda número 77, de modificación, que no puede ser aceptada por las siguientes razones: al número 1 porque es contradictoria con la Directiva, al número 2 porque se trata de un traslado de costes a los consumidores y al número 3 porque se considera la revisión incorrecta.


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A la disposición transitoria sexta el Grupo Parlamentario Socialista presenta dos enmiendas, la 193 y la 194, de sustitución y adición respectivamente.
La enmienda número 193 no puede ser aceptada, ya que conceptualmente no son ayudas; además, el procedimiento propuesto para su cobro por las empresas introduce gran inseguridad jurídica y obligaría a mantener el período transitorio durante más de 30 años.
La enmienda número 194 tampoco puede ser aceptada porque en los cálculos de los CTC se han tenido en cuenta todos los costes de las inversiones de acuerdo con el marco regulador existente.
También Izquierda Unida presenta a esta disposición las enmiendas 78, 79, 80 y 81, que intentan suprimir esta disposición y redactar una nueva, y por ello no son aceptadas.
A la disposición transitoria octava, Izquierda Unida presenta la enmienda número 82, que no se acepta por no considerar adecuada la técnica de desdoblamiento efectuada en relación con el contenido de la disposición transitoria octava para las enmiendas 82 y 85 presentadas por ese Grupo Parlamentario.
A la disposición transitoria novena, el Grupo Parlamentario Socialista presenta las número 195 y 196. La 195 está sometida a transacción y, por lo tanto, votaremos a favor. Proponen que sea Red Eléctrica de España quien realice las funciones de operador del mercado, operador del sistema y gestor de la red. La enmienda 196, por lo tanto, no puede ser aceptada.
También aquí el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta la enmienda 114, que no se acepta ya que no hay razón para que el operador del sistema no tenga la propiedad de las instalaciones de transporte. Tampoco se admite la número 83, de Izquierda Unida, a esta disposición transitoria novena.
La enmienda 197 del Grupo Parlamentario Socialista, también está sometida a transacción.
La número 84, de Izquierda Unida, se rechaza, ya que lo que pretende es suprimir la disposición decimotercera, y su supresión sería contraria a lo dispuesto en la Directiva.
En relación a la disposición transitoria número 15, la emienda número 198, del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gil-Ortega, como se terminó su tiempo, le rogaría que terminase cuanto antes.


El señor GIL-ORTEGA RINCON: Termino ya, señor Presidente.
Nos hemos quedado sorprendidos con la enmienda número 95, de Coalición Canaria, que prácticamente estaba recogida en la número 236, del Grupo Parlamentario Popular, y que en Comisión entendimos que prácticamente había sido aceptada porque estaba incluida. La intervención del Senador nos ha dejado con cierta preocupación porque no entendemos a qué se debe.
Si no la retira, nos veremos obligados a votar en contra.
Por último, también se rechaza la enmienda número 199, del Grupo Parlamentario Socialista; la 85, de Izquierda Unida, y la 96, de Coalición Canaria.
Señor Presidente, sé que ha sido un poco rápida la explicación; eran muchísimas enmiendas para el poco tiempo disponible, pero quiero decir que, como el Senador Alegre ha dicho, en diciembre del año 1994 dijimos que si merecíamos el voto favorable de la población española, traeríamos una nueva ley; la hemos traído, hemos cumplido el compromiso, y nada mejor que cumplir las promesas.
Esta nueva ley, desde luego, va encaminada a mejorar el servicio y a que la energía sea más barata para todos los ciudadanos. Con ello, doy por terminada mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gil-Ortega.
Su señoría no ha sido ni rápido ni lento, porque, como usted sabe, desde Zenón, el tiempo es muy relativo.
Turno de portavoces. El Senador Ríos Pérez tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como, al parecer, se me ha invitado por el Grupo Parlamentario Popular a retirar la enmienda número 95, da la impresión de que no me oyeron. No solamente la mantengo, sino que lo que me preocupa es que vayan a votar en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
No pensaba utilizar este turno para lo que lo voy a utilizar. Quería haberlo eludido, pero para no alargar este debate ni tener que pedirle a usted, como anteriormente le había anunciado, una intervención excepcional, lo voy a consumir.
Señor don Paco Gil, estoy encantado y agradecido, además, por todas sus explicaciones, con las cuales no estoy de acuerdo. Pero le quiero decir que, aunque la partida termine hoy, se le meten cartas por el camino, y éstas son dos cartas que se han metido por el camino que verdaderamente desvirtúan el proyecto de ley, primero, porque la hacen mucho más intervencionista. Seguimos teniendo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Redesa hasta el año 2003, por una enmienda que ustedes han aceptado, y también seguimos manteniendo la limitación a aquellos industriales y a aquellas actividades industriales que pueden calificarse como consumidores cualificados precisamente porque se sigue manteniendo que, en el consumo anual, se tenga que seguir midiendo el punto de

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suministro y la instalación. Yo no he firmado esto, Esperemos que haya tiempo, de aquí al debate final en el Congreso, para buscar una solución, pero esto no es lo que la ley, habiéndola pactado, decía anteriormente.
Por un lado, limitamos la presencia del sector público hasta el año 2000 y, por otro, estamos introduciendo de nuevo una limitación a la elegibilidad, sobre lo que tanto nos ha hablado el señor don Angel Franco, y respecto de la que yo también he manifestado que era una de nuestras grandes preocupaciones.
Por esa razón, yo quiero dejar claro que nosotros, en este caso, no hemos firmado con el resto de los grupos dos enmiendas que nos parecen un retroceso en los objetivos que la ley perseguía.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.


El señor SIMO I BURGUéS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser muy breve. Sólo deseo decir que nuestro Grupo va a votar favorablemente el proyecto de ley del sector eléctrico por entender que éste necesitaba de la correspondiente regulación con el fin de alcanzar los objetivos que en la exposición de motivos se señalan, garantizar el suministro eléctrico y su calidad, y que éste se realice al menor coste posible, todo ello compaginado con la protección del medio ambiente, aspecto importantísimo dadas las características de este sector económico, y dentro del propósito liberalizador del proyecto de ley que nos ocupa. La complejidad técnica del sector eléctrico hacía necesario garantizar que su funcionamiento, como se señala en la mencionada exposición de motivos, se produzca sin abusos de posiciones de dominio y con respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia que en este marco de liberalización de establecen.
Al mismo tiempo, deseo agradecer al Senador Albistur la forma en que ha tratado la enmienda número 103. Tengo que manifestar que, con su elegancia parlamentaria y muy veladamente, ha venido a decir que no era aceptada por otros partidos, y yo creo que en este caso se refería a Convergència i Unió. Lo siento, señor Senador.
También quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Popular por aceptar, ya en Ponencia, doce de las diecisiete enmiendas presentadas y transaccionar las cuatro restantes y una que retiramos en Comisión.
Nuestro Grupo ha tratado de contribuir con sus enmiendas a esclarecer y mejorar el texto de la ley y a facilitar, por tanto, que sus objetivos, antes señalados, puedan ser alcanzados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Simó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso, me voy a referir a una cuestión previa, para posteriormente hacer un breve comentario a modo de resumen.
En cuanto a la cuestión previa, señor Gil-Ortega, es de tipo lingüístico.
Se trata de que en la mayoría de su intervención su señoría ha dicho que estas enmiendas no se pueden aceptar o admitir; creo que eso es algo impropio, ya que en este trámite parlamentario las enmiendas se votan a favor, en contra, o se produce la abstención, pero no es un problema de admitirlas o no. Por otra parte, entiendo que en el Ministerio se deben pasar las noches diciendo que no se pueden admitir, para que usted pueda argumentar que votará en contra.
Respecto del breve comentario a modo de resumen, es el siguiente. Mal acaba lo que mal comienza. La gestión de esta ley está viciada de origen, porque nació a través de la firma del llamado Protocolo eléctrico, negociado sólo entre el Gobierno y las compañías eléctricas. Más tarde, se dio audiencia a otros agentes que debían intervenir. Pero en el fondo, esta ley no es más que la transposición de los compromisos regulatorios firmados en el citado Protocolo eléctrico; aunque hay que decir que en el caso de los compromisos adquiridos con las compañías se cumplen los compromisos regulatorios, pero en cuanto a los compromisos firmados más tarde, y por otras razones, con las zonas mineras, no ocurre lo mismo.
Sólo hace falta ver el presupuesto que vamos a debatir durante las próximas semanas para darse cuenta de ello.
El resultado de todo esto --que empezó mal y, a nuestro juicio, también acaba mal-- es que se consolida la autorregulación, le ley no conduce a un sistema de competencia efectiva --precisamente porque la autorregulación por parte de las compañías no puede conducir a ese tipo de sistema--; se perjudica a los usuarios --la no competencia siempre les perjudica--; se remuneran muy generosamente, con dos billones de pesetas, no los costes a la competencia, sino a la no competencia --y esto es casi un sarcasmo-- y, como consecuencia de todo esto, no se liberaliza, sino que, como ya hemos dicho, se privatiza un duopolio.
Por otra parte, se crea otro problema al que no nos hemos referido, y es que, cuando exista competencia internacional en el mercado --se tardará unos años para ellos, porque realmente la competitividad hoy es muy poca--, nuestras empresas no estarán acostumbradas a competir. Y estamos convencidos de que mucho más importante que el tamaño de las empresas es el hábito en la capacidad de competir.
Asimismo, el Señor Gil-Ortega tampoco ha hablado de garantías medioambientales. Señorías, referencias retóricas al medio ambiente, todas las que quiera; pero garantías, ninguna.
Además, a nuestro juicio, se encuentran ustedes ante una paradoja, que es la siguiente. Las compañías querían una ley de este tipo, y la han conseguido. Pero no les gusta que el Grupo Socialista diga que se modifican leyes, y es lógico, porque debería haberse trabajado con un mayor espíritu

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de búsqueda de una ley de consenso. Ellos y ustedes han querido evitar eso, y creo que se ha notado en este debate. Digamos que ha habido un cierto simulacro de negociación, con algún avance y buena voluntad, que no menospreciamos en absoluto, y se ha producido una mesura de tono, lo que siempre es de agradecer. Han intentado crear una aparencia de poca controversia, y nos parece lógico. Pero creemos que nadie, y tampoco las compañías eléctricas, debería llevarse a engaño.
Esta ley no sale consensuada. Algún día, algún Gobierno, cualquier Gobierno que quiera un modelo de competencia real en el sector, tendrá que modificarla.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Unceta.


El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esta ley del sector eléctrico --que presumiblemente se aprobará hoy en esta Cámara-- supone un importante paso hacia adelante en el ámbito energético de nuestro país. Esta ley que nos ha presentado el Gobierno mejorará --y creo que es el sentir mayoritario de los grupos parlamentarios de la Cámara-- la competitividad de las empresas industriales españolas. Y todo ello, señor Presidente, señorías, porque entendemos que la energía eléctrica es un elemento fundamental para la competitividad de las mismas.
Señorías, el objeto de esta ley, a través de su desarrollo, tiene un punto final que es la reducción de los costes energéticos. Ley, señor Presidente, que, a través de los debates parlamentarios en días pasados en Ponencia y Comisión, y hoy en este Pleno, ha sido enriquecida con la incorporación de no menos de 65 enmiendas aportadas y consensuadas entre todos los grupos parlamentarios del Senado.
Por ello, desde esta tribuna, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer constar el agradecimiento a todos los portavoces intervinientes en esta ley, por la forma y fondo de los debates y máxime, en este caso, por la brevedad y escaso tiempo habido, dado el trámite de urgencia que fue declarado para esta ley.
Es cierto, señorías, que el camino por el que ha transcurrido la ley del sector eléctrico para derogar la Ley 40/1994, conocida como la Losen, ha sido en el marco de una política real de liberalización, eliminando impedimentos y trabas políticas de mantenimiento del poder desde el Gobierno que la citada Losen mantenía obstaculizando innecesariamente el funcionamiento del mercado y del sector eléctrico.
No puedo, por otra parte, dejar de señalar, señor Presidente, señorías, en el ánimo de hacer justicia, que la Ley 40/1994 inició, es cierto, pero de una forma tímida y escasa, el camino hacia la liberalización del sector y que es necesario.
El Gobierno socialista entonces, en diciembre de 1994, no fue capaz de abandonar los tics de intervencionismo estatal en el sector, como acusamos entonces desde el Grupo Parlamentario Popular, y no fuimos los únicos, cuando fue debatida la Losen.
La Ley del Sector Eléctrico, señor Presidente, señorías, respeta los principios básicos de seguridad, calidad y derechos de los consumidores privados a tarifa. La Ley del Sector Eléctrico que nos ha presentado el Gobierno, señorías, tiene, al menos a juicio del Grupo Parlamentario Popular, dos fundamentos esenciales: la Directiva 96/92 de las Comunidades Europeas y la actitud primordial manifestada por todos los sujetos que actúan directa e indirectamente en el sector, garantizando, señor Presidente, como primordial el servicio a todos aquellos que lo demanden dentro de nuestro país. Señorías, este principio se superpone a cualquier ánimo liberalizador y justifica lo que la Ley determina como servicio esencial.
Por otro lado, señor Presidente, señorías, en un somero análisis de la Ley, debido al tiempo limitado de este turno de portavoces, debo señalar que la Ley del Sector Eléctrico que sale hoy del Senado y que nuestro Grupo Parlamentario apoya, no concede igual tratamiento a todas las actividades destinadas a producir y suministrar energía eléctrica, como al hilo de la intervención de distintos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista nos hacían presumir.
Distingue claramente las que tienen consideración de actividades reguladas, como son las englobadas en la distribución y transporte, que configuran como es natural un monopolio natural, basando su existencia en infraestructuras para el servicio eléctrico.
La producción y comercialización se someten en la Ley a hacer efectiva la competencia empresarial de una forma clara, buscando la incidencia positiva que la libre competencia tiene en todos los mercados en la fijación de precios.
Y como aspecto importante a señalar, en cuanto a la gestión económica y técnica del sistema, señorías, hay que destacar que aun teniendo carácter de actividad regulada, el ordenamiento legislativo de la Ley del Sector Eléctrico es de carácter puramente instrumental, sin que ello impida el desarrollo del mercado y la coordinación de las actividades de producción y transporte.
Señorías, la libertad de establecimientos de nuevos centros de generación, sin prejuzgar fuentes de energía primaria, hoy conocidas y futuras que puedan aparecer y siempre respetando las normas medioambientales, tienen un tratamiento abierto y liberal para los mercados actuales y los que se puedan crear en el futuro.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Unceta, ha terminado su tiempo.


El señor UNCETA ANTON: Señor Presidente, le ruego que me conceda un minuto más.
Es de hacer notar asimismo, señor Presidente, la ampliación preferencial que de forma clara y con el carácter de que el Gobierno podrá utilizar primas superiores a las previstas, como se recoge en el artículo 30 en su párrafo cuarto, por primera vez utilicen como energía primaria la energía solar fotovoltaica entre otras. Se abren sistemas, señorías, por primera vez en su funcionamiento, a un mercado

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mayorista de nuevos mercados de futuro y, algo muy importante, la definición de acceso a las redes de transporte y distribución en regulación abierta. Algo, señorías, indispensable para la creación de ese mercado. No es menos importante, señorías, desde nuestro punto de vista, el establecimiento de la diferenciación entre la comercialización y distribución que se aplicará a los posibles clientes cualificados que determina la Ley.
Señorías, podía seguir enumerando más ventajas que plantea esta ley frente a la Losen, pero tengo que terminar, y termino, señor Presidente, para de nuevo resaltar la voluntad de diálogo y consenso en las transacciones y enmiendas incorporadas directamente al texto que ha existido de todos los grupos parlamentarios del Senado.
Señor Presidente, señorías, todos hemos asumido renuncias a posiciones en aras de que la ley saliera de la Cámara con el mayor consenso posible.
Sin caer en falsos triunfalismos creo que esto ha sido un ejemplo de la capacidad de acuerdo y las posibilidades de afrontar la labor legislativa futura, de forma razonada, como lo demuestra la incorporación de más de 150 enmiendas en los trámites parlamentarios del Congreso y del Senado.
La ley, señorías, por parte del Grupo Parlamentario Popular, será votada afirmativamente con una vocación de permanencia, garantizando el suministro de energía eléctrica a nivel nacional, la libre iniciativa empresarial en el sector y el apoyo a la expansión económica que existe en el ámbito energético.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, las distintas enmiendas presentadas por los grupos y formuladas por bloques. Enmiendas relativas a los títulos I a III.
Primero, se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 y 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 87; en contra, 129; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, uno; en contra, 213; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas números 18, 28, 30, 32, 33 y 34.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, dos; en contra, 127; abstenciones, 89.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto originales del Senador Ríos, números 87, 88, y 89.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 88; en contra, 127; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda número 90.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, dos; en contra, 212; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 86.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 203; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas a los mismos títulos del Grupo Parlamentario e Senadores Nacionalistas Vascos. Empezamos por la número 103.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 89; en contra, 128; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 97.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, cuatro; en contra, 211; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 118, 120, 127 y 146.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 95; en contra, 121; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación el resto de las enmiendas, es decir, las números 116, 117, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 131 a 140 y 142 a 149.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 88; en contra, 127; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación las enmiendas correspondientes a los títulos IV a VI, primero la enmienda número 37, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 87; en contra, 130; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, también del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas números 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 53, 56 y 57.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, uno; en contra, 214; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54 y 55.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; en contra, 129; abstenciones, 89.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación, también del Grupo Parlamentario Mixto, procedentes del Senador Ríos, las enmiendas números 93 y 94.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 87; en contra, 126; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, de los mismos títulos, las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, primero la número 107.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 12; en contra, 203; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, también del mismo Grupo, la enmienda número 111.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 13; en contra, 120; abstenciones, 85.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Ahora vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, primero las números 150 y 161.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 95; en contra, 122; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, las enmiendas números 151, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165 y 166.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 87; en contra, 129; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas correspondientes a los Títulos VII a X, empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto, y en primer lugar, por las enmiendas números 64, 68 y 69.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 87; en contra, 128; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 58 a 63, más las números 65 y 67.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, dos; en contra, 215; abstenciones, una.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 66, del mismo Grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, dos; en contra, 127; abstenciones, 87.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las enmiendas números 170, 178 y 179.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 96; en contra, 122.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación el resto de las enmiendas: 167, 168, 169; de la 171 a la 177, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188 y 189.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 90; en contra, 127; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas correspondientes a las disposiciones.
Empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto, números 71, 72, 73 y 74.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 87; en contra, 130; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 78, 79, 80, 81, 83 y 84.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, dos; en contra, 214; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación las enmiendas números, 76, 77, 82 y 85.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, dos; en contra, 133; abstenciones, 83.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, procedente del Senador Ríos, número 95 Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 88; en contra, 127; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 96.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, tres; en contra, 129; abstenciones, 86.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 114, de los Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 119; abstenciones, 85.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas números 190, 191 y 192, del Grupo Socialista, teniendo en presente que la 195 y la 197 soportan enmiendas transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 91; en contra, 123; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 193, 194, 196 y 199.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 85; en contra, 126; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Pido a sus señorías un poco de silencio, porque hay unos cuantos compañeros suyos que están siguiendo las votaciones y el mucho hablar les puede distraer de los números. Sé que es un momento pesado, pero que forma parte de nuestra actividad y, por tanto, les pido de veras un poco de atención sobre este tema. (Aplausos.)

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Ahora vamos a someter a votación la enmienda número 198.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 87; en contra, 131.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda transaccional, sustentada por la enmienda 195.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 213; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación sometemos a votación la enmienda sustentada por la número 197.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 213; en contra, tres; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
Vamos a someter a aprobación por asentimiento la enmienda transaccional de correcciones técnicas al texto del Dictamen, firmada por todos los grupos.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así consta.
Vamos a someter a votación el texto del Dictamen de los Títulos I al X, artículos 1 a 67, disposiciones adicionales primera a decimocuarta, disposiciones transitorias primera a decimosexta, disposición derogatoria, disposiciones finales primera y segunda y exposición de motivos según el Dictamen, con una corrección que es la siguiente. Leo textualmente: Se ha advertido un error en la disposición transitoria cuarta del Dictamen de la Comisión ya que no debe aparecer el apartado segundo, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión.
Se somete a votación conjuntamente el texto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 132; en contra, 85; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y cinco minutos.

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